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MARCO TEORICO
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Dentro del presente capítulo, se abordan una serie de antecedentes cuyos
aspectos teóricos-conceptuales, permiten la ubicación del área objeto de estudio
de esta investigación para un mayor aprovechamiento de su contenido. Asimismo,
se manejan elementos indispensables que servirán de base para la sustentación
de las categorías, subcategoría y unidades de análisis de las mismas.
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En esta sección se incluye un conjunto de investigaciones relacionadas al
estudio que se pretende realizar, sobre las penas corporales e incorporales en el
Proceso Penal Venezolano. Las cuales fueron considerados por presentar
elementos teóricos importantes que ayudaron a consolidar la presenta
investigación; tal como se expone.
En este sentido, se presenta el trabajo realizado por Suárez Soto Luis Alberto
(2010), titulado “Los Ilícitos Tributarios sancionados con penas privativas de
libertad en Venezuela y Colombia”; presentado en la Universidad Dr. Rafael
Belloso Chacín para optar al título de Abogado de la República Bolivariana de
Venezuela. El cual estuvo dirigido a analizar comparativamente los ilícitos
tributarios sancionados con penas privativas de libertad en Venezuela y Colombia;
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basados en las constituciones nacionales de cada nación respectivamente, el
Código Orgánico Tributario (2001), Ferrajoli (1995), García (2004), Ley 599 de
2000; entre otros.
El tipo de investigación fue documental, con diseño bibliográfico y
transeccional. Se analizaron fuentes documentales y la recolección de datos se
realizó mediante el uso de fichas; cuyos contenidos fueron analizados
documentalmente. Los resultados indicaron que en el caso venezolano, son tres
los tipos penales introducidos por el Código Orgánico Tributario con pena privativa
de libertad, incluyendo la defraudación tributaria, falta de enteramiento de
anticipos y divulgación o uso personal indebido de información confidencial,
mientras Colombia incluye la pena a contribuyentes incursos en evasión fiscal, por
omisión del agente de retención o recaudación y no consignar las retenciones en
la fuente y el Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, se indicó que la legalidad tributaria constituye una garantía
constitucional de primer orden, tanto en la Legislación Penal Venezolana como
Colombiana. Los principios constitucionales conexos con la regulación de los
ilícitos tributarios incluyen al debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho de
petición, acceso a la justicia, presunción de inocencia, igualdad procesal, derecho
a ser notificado y oído de los cargos, a no declarar contra sí mismo, y el de no
retroactividad.
Ahora bien, con respecto a la tesis del garantismo penal, la imposición de
penas privativas de derechos, en el caso de Colombia, poseen un lugar
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secundario en la intervención positiva del Estado, mientras en la venezolana el
articulado obvia las garantías penales, así como los mecanismos consagrados por
la Constitución Nacional de 1999 para la protección de los derechos
fundamentales del ciudadano. Se observó que la legislación penal colombiana ha
tendido a la prestación de un beneficio social, mientras la venezolana se orienta
punitivamente.
Por consiguiente esta investigación fue tomada como antecedente porque
permitió estudiar el análisis comparativo, sobre los ilícitos tributarios sancionados
con penas privativas de libertad en Venezuela y Colombia; logrando con ello
visualizar el campo de estudio de la presente ¡investigación, es decir las
penalizaciones privativas de libertad como penas corporales no sólo a nivel
nacional sino también desde la perspectiva jurídica de otros países.
De igual forma se tomó como antecedente, el estudio propuesto por Acuña
Edwar; Carmona Mariana; Guerra Romer y SalomMilangela (2009) el cual se titula
‘Análisis del Destacamento de Trabajo como formula alternativa de cumplimiento
de pena en el proceso penal venezolano”; de la Universidad Dr. Rafael Belloso
Chacín; para optar al título de Abogado.
El cual tuvo como objetivo analizar el destacamento de trabajo como fórmula
alternativa de cumplimiento de pena en el Proceso Penal Venezolano, bajo el
enfoque teórico de autores como Leal y García (2008), la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), el Código Procesal Penal Venezolano
y Birkbeck (2003).
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El tipo de investigación utilizada fue la documental por cuanto la información
recabada fue extraída de textos, leyes entre otros. La población de estudio estuvo
conformada por libros y textos referentes a la materia. La técnica e instrumentos
de recolección de datos necesaria para el desarrollo de la presente investigación
fue la observación directa documental.
Además se utilizó como instrumento la guía de observación diseñada por los
investigadores, de tal manera que se recopilaron datos, obtenidos mediante la
misma. La validez del contenido se efectuó por los facilitadores que conforman el
Comité Académico de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas Escuela de Derecho. El tratamiento de la información por tratarse la
misma de tipo documental, fue estudiado cualitativamente e interpretado.
Se concluyó que otras condiciones jurídicas, las fórmulas de cumplimiento de
pena se encuentran previstas en la Ley de Régimen Penitenciario y en el Código
Orgánico Procesal Penal, instrumento que establece lo relativo a su solicitud,
otorgamiento y revocatoria. Pese a que dichas medidas, y entre ellas el
destacamento de trabajo, se encuentran judicializadas, el órgano ejecutor lo
constituye la administración a través del Programa de Reinserción Social adscrito
al Ministerio de Interior y Justicia, ya que desde 1999, es supervisado por medio
de los Delegados de Prueba.
Este estudio fue tomado como antecedente por presentar un soporte teórico
certero para esta investigación sobre el cumplimiento de pena en el Proceso Penal
Venezolano, aunado a ello describe un amplio contexto metodológico que puede
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ser utilizado para plantear técnicas y procedimiento que conlleven al diseño de
instrumentos de recolección de datos eficientes.
Finalmente se seleccionó el trabajo de investigación presentado por
OcantoDayana; Orellana Alexis y Osorio Sahily (2007), titulado “Análisis de la
Responsabilidad Penal del Adolescentes en relación con el Tiempo de la
Imposición de la Pena, Establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño
y del Adolescente (Lopna) en el Estado Venezolano”; presentado en la
Universidad Dr. Rafael Bel/oso Chacín como requisito para al optar al título de
Abogado de la República de Venezuela.
El objetivo de la presente investigación fue analizar la Responsabilidad Penal
del Adolescente en relación con el tiempo de imposición de la pena establecido en
la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) en el
Estado Venezolano. Bajo el contexto teórico de la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el Código Penal Venezolano, doctrinas de Raúl Sojo Blanco (2.000),
entre otras.
El tipo de investigación fue de carácter documental. La población de estudio
estuvo conformada por objetos referentes a la materia. La técnica e instrumentos
de recolección de datos necesaria ‘ara el desarrollo de la presente investigación
fue la observación directa documental. Además se utilizó como instrumento la guía
de observación.
La validez del contenido se efectuó por los expertos que conforman el Comité
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Académico de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho. El tratamiento de la información por tratarse la misma de tipo
documental, fue estudiado cualitativamente e interpretado.
Los resultados arrojaron que el Sistema de Responsabilidad Penal del
Adolescente se presenta como un juicio de desvalor que recae sobre un hecho o
acto humano y como juicio de este tipo mancilla o socava los pilares
fundamentales sobre los cuales se sustenta el comportamiento y las buenas
costumbres, vale decir disciplina, obediencia, y respeto, a este juicio de desvalor
se le llama injusto o antijurícidad, que es la desaprobación del acto, culpabilidad
que es la atribución de dicho acto a su autor.
En consecuencia este estudio fue tomando en cuenta porque exponen desde
una perspectiva analítica el tiempo de imposición de penas cuando el imputado o
los imputados son adolescentes; de allí que su contexto legal debe ser
ampliamente manejado, ya que de ello depende o no la culpabilidad de los
mismos; planteamiento éste que resulta interesante a la presente investigación si
se toma en cuenta que en la misma se trabajará para tratar de analizar las Penas
Corporales e Incorporales en El Proceso Penal Venezolano.
Delincuente ante; para Ossorio (2000) es un castigo impuesto. En otras
palabras, ambos autores trabajan la definición de penalizaciones como puniciones
o sanciones que deben pagar las personas cuando cometen una falta que legal:
.ente se considera un delito; sólo que utilizan diferentes términos para enunciar
sus definiciones.
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En efecto, la pena es, la consecuencia lógica del delito, y consiste en la
privación o retención de ciertos derechos del trasgresor que debe estar
previamente establecida en la ley, y que es impuesta a través de un proceso,
como retribución, en razón del mal del delito cometido. Ahora bien, del análisis de
lo anteriormente expuesto, se deduce que las penalizaciones pueden ser definidas
como los medios jurídicos de castigo con los que cuenta el Estado para reaccionar
frente a los delitos o falta infringidos por las personas naturales o jurídicas; de allí
que las penas puedan considerarse consecuencias directas de los delitos
cometidos; que incluyen sanciones corporales y no corporales.
2. BASES TEÓRICAS
2.1. LA PENA
Tal como lo expresa el Código Procesal Penal Venezolano la pena es pues la
consecuencia lógica del delito y consiste en la privación o restricción de ciertos
derechos del trasgresor que debe estar previamente establecida en la ley y que es
impuesta a través de un proceso como retribución en razón del mal del delito
cometido.
Tal concepto de pena se adapta a la naturaleza misma de esta sanción y se
enmarca perfectamente dentro de las previsiones de nuestra Constitución la cual
contiene diversas disposiciones relativas a la sanción penal y entre otras cosas en
materia de derechos individuales se refiere a la garantía de no poder ser
“considerado a sufrir pena que no esté establecida en ley prexistente ”ni poder ser
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considerado en causa penal sin antes haber sido notificado personalmente de los
cargos y oído en la misma que indique la ley y a la imposibilidad de que algún
ciudadano pueda ser condenado a pena de muerte o a penas perpetuas o
infamantes o restrictivas de la libertad que exceden de treinta años o la pena de
extrañamiento salvo como conmutación de otra pena y a solicitud del mismo reo.
Uno de los problemas más complejos que se plantea en esta materia y que
da lugar a las mas diversas opiniones de acuerdo a posiciones filosóficas y
doctrinas es el relativo al porque de la pena y a su finalidad.
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL
2.3. PENAS CORPORALES
Tal como lo señala el Código Penal, en su artículo 9; las Penas Corporales
son aquellas que restringen la libertad de los individuos. Al respecto, Moreno
(2002, p. 252), señala que “las Penas Corporales son aquellas que afectan la
integridad corporal de un sujeto, su vida o su salud”.
Es decir, son la que afectan la persona física del condenado.De igual forma,
este mismo autor, es enfático al exponer que las Penas Corporales en el sentido
estricto del término de penas que afectan la integridad corporal, la vida del sujeto o
su salud, no existen en el derecho venezolano; pues la Constitución reafirma
principios humanitarios que hacen prescribir la pena de muerte, las penas
perpetuas e inflamantes y cualquier tortura, sufrimiento físico o moral a persona
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alguna. Por tanto se trata de penas restrictivas de libertad, que como tales afecten
en mayor o meno medida la libertad del sujeto impidiendo u obstaculizando su
desplazamiento e implicando la mayoría de ellas la internación en sitios de
reclusión penitenciaria.
En este sentido, Ossorio (2000, p. 734) señala que las penas corporales son
aquellas que recaen sobre la persona o integridad física de un delincuente. De allí
que pueden ser calificadas como corporales el Presidio, la Prisión, Arresto,
Relegación a una Colonia Penal, Confinamiento, Expulsión del territorio de la
República.
En razón de lo expresado anteriormente, puede exponerse que las penas
corporales son restrictivas de la libertad de un individuo, ya que limitan en cierto
sentido, el desplazamiento, autonomía o independencia de un sujeto; pues lo
confina a su internación en centros de reclusión o ha determinados lugares donde
el imputado pasaría a cumplir la pena asignada por infringir la ley. Tomando en
cuenta este planteamiento a continuación se presenta el análisis descriptivo de las
diversas penas corporales que existen en Venezuela.
2.3.1. PRESIDIO
El Código Penal enuncia el presido como la más grave de todas las penas
corporales que se dan en Venezuela; pues según el artículo 12, los sujetos
impuestos de estas deberán cumplirlas en las penitenciares que establezca y
reglamente la ley y sus características se encuentran tipificadas en la ley de
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régimen penitenciario. En consecuencia quedan como accesorias de esta pena de
presidio la interdicción civil durante el tiempo que dure la condena, la inhabilitación
política por el mismo tiempo y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una
cuarta parte de la pena una vez ya terminada.
Al respecto, Ossorio (2000, p. 788) acota que el presidio es el
establecimiento penitenciario en el que cumplen sus condenas los penados por los
delitos graves. Grisanti (2003, p. 289) señala que esta pena comporta los trabajos
forzados, dentro o fuera del respectivo establecimiento donde se cumplirá la
misma, conforme lo determina la ley, la cual fijará también el tiempo que haya de
pasar el reo en aislamiento. En todo caso los trabajos serán proporcionales a las
fuerzas del penado, a quien, en sus enfermedades, se cuidará en la enfermería
del establecimiento o en locales adecuados, con la debida seguridad.
En efecto, el condenado a presidio, ante todo, está obligado a realizar
trabajos forzados pero no inhumanos, porque el mismo Código Penal establece
que estos trabajos deben ser proporcionales a la fuerza del penado, y que, en
caso de que el penado se enferme, debe ser atendido enla enfermería del mismo
establecimiento penitenciario, o en locales especiales, cuando así lo amerite la
gravedad de la enfermedad. Además, cabe indicar que la condenación a presidio
de uno de los cónyuges es causal de divorcio consagrada en el ordinal 5 to del
artículo 185 del Código Civil.
2.3.2. PRISIÓN
Tal como lo señala el artículo 14 del Código Penal, las penas de prisión
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deben cumplirse en los establecimientos penitenciarios que establezca y
reglamente la ley y en su defecto en alguna de las mismas penitenciarias
destinadas al cumplimiento de las penas de presidio. En este caso se mantendrá
la debida separación entre los condenados a una u otra pena. Y por lo que
respecta a las accesorias le corresponde solo la Inhabilitación Política durante el
tiempo que dure la condena y Sujeción a la Vigilancia de la autoridad por una
quinta parte del tiempo de la condena desde que ésta termina, según lo que
establece el artículo 16 del mismo Código.
En este sentido, Grisanti (2003, p. 290) refiere la pena de prisión no conlleva
la obligación de realizar trabajos forzados, el condenado a prisión únicamente está
obligado a realizar los trabajos de artes y oficios que puedan verificarse dentro del
establecimiento penitenciario; y, además, tiene la facultad de elegir entre ellos
aquellos que en mayor medida se conformaren con sus aptitudes, con sus
capacidades y con sus anteriores ocupaciones. Es decir, si se impone una pena
de prisión a un maestro,entonces se le pondrá a dar clases en la escuela que
debe existir en todo establecimiento penitenciario, porque es una actividad.
Ahora bien, aunado a las anteriores acotaciones, es necesario sumar la
definición que Ossorio (2000, p. 789) da sobre prisión caracterizándola como una
pena corporal del orden privativo de libertad, de duración y carácter variable de un
país a otro. En otras palabras, el tiempo que dure el imputado de un hecho
delictivo en la cárcel va a depender de las normativas legales que cada país
posea.
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En efecto, en Venezuela cuando el tiempo de la prisión no haya de exceder
de un año después de deducido el tiempo de la detención, computable según el
artículo 40, no podrá el reo ser enviado a establecimientos penales de la Nación,
situados fuera de los límites del Estado, Distrito Federal o Territorio Federal donde
hubiere sido sentenciado en Primera Instancia, sino que cumplirá la pena en la
cárcel local respectiva.
2.3.3. ARRESTO
El arresto, en palabras de Moreno (2002, p. 254) es la pena corporal más
leve de las penas que implican el aislamiento del sujeto y se cumplen en las
cárceles locales, cuarteles de policía o cuando lo disponga la ley en fortaleza así
como también en cárcel política; ya que ciertos hechos delictivos que atentan
contra la independencia y seguridad de la Nación, se catalogancomo delitos
políticos; estableciendo el Código Penal para su casi rio el arresto en fortaleza o
cárcel política.
Ahora bien, con respecto a esta pena el Código Penal expresa en su artículo
17 que el arresto se cumplirá en las cárceles locales o en los cuarteles de policía,
según lo determine el Tribunal ejecutor de la sentencia, sin que en ningún caso
pueda obligarse al condenado a trabajar contra su voluntad. Sin embargo, cuando
lo disponga expresamente la ley, se cumplirá el arresto en Fortaleza o Cárcel
Nacional. Cabe señalar que esta pena comporta la suspensión, mientras se la
cumple, del empleo que ejerza el reo.
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De igual forma, el artículo 18 expone que las mujeres cumplirán las penas de
presidio, prisión y arresto en establecimientos especiales, y mientras no se funden
y hayan de cumplirlas en los establecimientos comunes, estarán siempre
separadas en éstos, de los hombres. Asimismo este Código establece que el
Presidente de la República podrá ordenar en determinado caso, por órgano del
Ministerio de Justicia, que las mujeres cumplan las mencionadas penas, prestando
sus servicios en los establecimientos oficiales de beneficencia, hospicios y
hospitales, con las debidas seguridades y bajo absoluta prohibición de salir de
éstos hasta el término de la pena.
En este sentido, Ossorio (2002, p. 101) expresa que la pena de arresto hace
referencia a la detención provisional de un presunto reo. Es decir, es la detención
por un tiempo breve como corrección o castigo por haber cometidouna falta legal.
Sin embargt .este autor es enfático al destacar que este tipo de pena puede en
muchas oportunidades, crear confusiones al momento de ejecutarla; ya que el
arresto pudiera ser ilegal, es decir, que se efectúe sin cumplir con los requisitos ue
la ley establece.
En virtud de lo anteriormente planteado, para efecto de esta investigación, el
arresto puede definirse como la pena corporal privativa de la libertad de menor
gravedad; que consiste comúnmente en un encierro de corta duración; o dicho de
otra manera, es el acto de autoridad mediante el cual se aprehende a una persona
para privarla de libertad por breve tiempo; sea por causas correccionales, penales
o para someterla a proceso.
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2.3.4. RELEGACIÓN A COLONIA PENITENCIARIA
Según el artículo 19 del Código Penal, esta pena asigna al reo la obligación
de residir en la colonia que señale la sentencia firme que imponga la pena, entre
las que creare la ley o disponga fundar el Ejecutivo Nacional en los territorios
federales, así como también en las fronteras despobladas de la República. De
igual forma, este artículo establece que el relegado estará sometido a las reglas
de vigilancia que paute el reglamento de la colonia para impedir las deserciones,
pero no a trabajos forzados. De allí que, esta pena tiene como accesoria la
suspensión, mientras se la cumple, del empleo que ejerza el condenado.
Al respecto, Moreno (2002, p. 256) señala que la Relegación a una Colonia
Pena!, es una pena impracticable en la actualidad, por no existir las colonias
aludidas. Asimismo este autor destaca que el relegado como lo señala el Código,
queda sometido a las reglas de vigilancia establecidas en el reglamento de la
colonia y debe someterse como pena accesoria, la suspensión del empleo que
realiza.
En este sentiao, Grisanti (2003, p. 291) acota que la idea inicial de esta pena
de Relegación a Colonia penitenciaria es dar al condenado a ella un cierto margen
de libertad, para que pueda moverse libremente en el ámbito de la colonia
penitenciaria, mucho mayor que el ámbito de un establecimiento penitenciario.
Esta ha sido la idea inspiradora de la creación y aplicación de esta pena; sin
embargo, esta pena ha sido radicalmente desvirtuada; pues lejos de servir a la
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readaptación del delincuente, tal como lo refiere el autor antes citado, constituye la
universidad del delito, en donde se hace el curso de doctorado, de especialización
en esta materia; ya que el régimen carcelario es mucho más severo, mucho más
cruel que en los establecimientos penitenciarios normales y corrientes.
Asimismo, continúa el autor citado, es frecuente ver como una persona
cuando la van a mandar a una colonia penitenciaria mata, comete un delito más
grave que acarrea pena de presidio, porque prefiere una pena de veinte (20) o
treinta (30) años de presidio en lugar de una pena de dos (2) años de Relegación
a Colonia Penitenciaria.
2.3.5. CONFINAMIENTO
Tal como lo establece el Código Penal en el artículo 20, la Pena de
Confinamiento consiste en la obligación impuesta al reo de residir, durante el
tiempo de la condena, en el Municipio que indíque la sentencia firme que la
aplique, no pudiendo designarse al efecto ninguno que este ubicado a una
distancia de menos de cien (100) kilómetros, tanto de aquel donde se cometió el
delito como de aquellos en que estuvieron domiciliados, el reo al tiempo de la
comisión del delito, y el ofendido para la fecha de la sentencia de Primera
Instancia.
Cabe destacar que, según el Código, el penado estará obligado, en
comprobación de estar cumpliendo la sentencia y mientras dure la condena, a
presentarse a la Jefatura Civil del Municipio con la frecuencia que el Jefe Civil
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indique, la cual no podrá ser más de una vez cada día ni menos de una vez por
semana. Asimismo, el artículo indica que es pena accesoria a la de confinamiento
la suspensión, mientras se la cumple, del empleo que ejerza el reo.
En este sentido, Ossonio (2002, p. 213) expresa que la pena de
confinamiento, consiste en relegar al condenado a cierto lugar seguro para que
viva en libertad, pero bajo la vigilancia estricta de las autoridades. Cabe destacar
que según este autor, este tipo de pena no figura en todos los Código Penales que
existen a nivel mundial; sin embargo en el casovenezolano si está contemplada,
en el mismo, aludiendo a ella el artículo 20 de dicho código.
Aunado a las expresiones anteriormente expuestas, Grisanti (2003, p. 292)
acota que la pena de confinamiento consiste, elementalmente, en la obligación
impuesta al reo de residir en un Municipio determinado del cual no debe salir,
porque si sale de él mientras está cumpliendo la condena, incurre en la
perpetración de un delito contra la administración de justicia que se llama delito de
“Quebrantamiento de Condena”.
En virtud de lo antes expuesto puede inferirse que la pena de confinamiento
implica, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente,
que es en este caso la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, para
demostrar que no ha salido de la zona en la cual está confinado, y que por lo tanto
está cumpliendo la pena de confinamiento que le fue impuesta en virtud de una
sentencia condenatoria definitivamente firme.
Claro está que el lugar en donde es confinada la persona se escoge
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estratégicamente a unos cuantos kilómetros de donde pueden vivir la víctima del
delito o los familiares, en caso de homicidio, para evitar alguna venganza que
pueda haber y que ha habido en casos concretos.
2.3.6. EXPULSIÓN DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA
Como lo dice el artículo 21 del Código Penal, esta pena impone al reo la
obligación de no volver al territorio de la Republica durante el tiempo de la
condena. Al respecto, Moreno (2002, p. 257> acota que en la ley especial
correspondiente se prevé que tal pena, como conmutación de otra, puede ser
acordada por el ejecutivo a solicitud del reo por los dehtos establecidos en el
Código de Justicia Militar. Cabe destacar que, tal como lo señala este mismo
autor, que la Constitución de la República hace referencia a esta pena como el
extrañamiento del territorio de la República; la cual comporta como accesoria la
suspensión mientras se la cumpla, del empleo que ejerza el reo.
En virtud de lo anteriormente expresado, hay que advertir que la pena de
expulsión o extrañamiento de la República solamente se puede aplicar a un
venezolano, lo sea por nacimiento o por naturalización, cuando se satisfagan las
dos condiciones siguientes:
1.- Que se trate de conmutación de otra pena más grave en pena de
expulsión o extrañamiento de la República.
2. Que tal conmutación tenga lugar a solicitud del reo, que en este caso es
un venezolano, lo sea por nacimiento o lo sea por naturalización.
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2.7. LAS PENAS INCORPORALES
Tal como lo señala el Código Penal, en su artículo 10; las penas no
corporales son aquellas que no afectan directamente la libertad del sujeto, sino
más bien otros derechos de naturaleza primordial o de otro orden. Al respecto,
Grisanti (2003, p. 289) señala que las penas no corporales pueden ser penas que
impliquen la pérdida de derechos morales, patrimoniales o pecuniarias.
Entre ellas están la sujeción de la vigila ia de la autoridad pública, la
interdicción civil por condena penal, la inhabilitación política, ¡a inhabilitación para
ejercer alguna profesión o cargo, la destitución o suspensión de empleo, las
multas, la caución de no ofender o dañar, la amonestación o apercibimiento, la
pérdida de los instrumentos o armas con que se comete el hecho punible y de los
efectos que de el provengan y el pago de las costas procesales.
2.7. 1. SUJECIÓN A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD PÚBLICA
El Código Penal, establece en su articulo 22 que la sujeción a la vigilancia de
la autoridad pública no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria
a las de presidio o prisión y obliga al penado a dar cuenta a los respectivos Jefes
Civiles de los Municipios donde resida o por donde transite, de su salida y llegada
a estos. Al respecto Moreno (2002, p.261) señala que esta pena impone al
condenado a dar cuentas a los respectivos Jefes Civiles de los Municipios de
donde residen, cuando salen o llegan a estos.
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En este orden de ideas, Gracanyi (2003, p. 293) refiere que la persona
sometida a la vigilancia de la autoridad se puede desplazar libremente por el
territorio de la República con una sola restricción; cuando llegue a un lugar o
cuando salga de él, tiene la obligación de dar cuenta de su ingreso o de su salida
a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, e igualmente cuando
resida en un Municipio determinado tiene la obligación de comunicarlo así a la
Primera Autoridad Civil del Municipio.
Ahora bien desde el punto de vista de la aplicación práctica referida a esta
ana, es necesario hacer una crítica a la forma como se ejerce esta vigilancia por
parte de la autoridad competente; pues la misma debe ejercerse en forma
discreta, de lo contrario, es decir, si se ejerce de manera manifiesta, puede
constituir, y de hecho constituye, un serio obstáculo en la regeneración, en la
resocialización de la persona que ha sido condenada a presidio o a prisión, que
tienen como accesoria la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, una vez
concluida la pena en ambos casos.
En efecto, una vez satisfecha la pena de presidio o de prisión que tienen
como accesoria la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, y el imputado
ha logrado un empleo o un cargo; si la vigilancia de la autoridad no se ejerce con
la discreción debida, esa falta de discreción por parte de la autoridad llevará casi
seguramente a la pérdida del empleo de esa persona.
En consecuencia, la persona que ha cometido un delito castigado con pena
de presidio o con pena de prisión, y ha satisfecho la pena, pero como pena
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accesoria está subordinado a la vigilancia de la autoridad, y haya obtenido un
empleo, que luego pierda por (a indiscreción en la vigilancia llevada a cabo por
parte de la autoridad competente, es casi seguro, que tal persona vuelva al
camino delictivo; pues se le ha cerrado el camino lícito del cual estaba derivando
el medio o los medios indispensables para su subsistencia.
Por ejemplo, si alguien ha logrado un empleo en una fábrica y se presenta la
autoridad competente, manifestando claramente al jefe que ese individuo ha sido
condenado a la pena de prisión o de presidio por la perpetración de un delito de
homicidio, o de un delito de hurto, entre otros, es casi seguro, que la persona que
cumplió la pena, pierde el empleo y si esto pasa, esa persona normalmente
volverá a delinquir. De manera que, para evitar esta consecuencia, hay que
ejercer en forma discreta, con la cautela del caso, esta vigilancia por parte de la
autoridad competente.
2.7.2. INTERDICCIÓN CIVIL POR CONDENA PENAL
Según el artículo 23 del Código Penal, la Interdicción Civil por causa criminal
no podrá ¡mponerse como pena principal, sino únicamente como accesoria de la
de presidIo. Sus efectos son privar al reo de la disposición de sus bienes por actos
entre vivos y de la administración de los mismos, de la patria potestad y de la
autoridad marital. Ahora bien, la administración de los bienes del entredicho se
proveerá conforme lo dispone el Código Civil respecto de los que se hallan en
interdicción.
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En este sentido, Moreno (2002, p. 262) es enfático al exponer que la pena de
interdicción civil por condena penal es una pena accesoria a la de presidio, en
virtud de la cual el sujeto queda privado de la libre disposición de sus bienes por
actos entre vivos y de su administración, así como de la patria potestad o
autoridad marital.
Al respecto, Grinaldi (2003, p. 294) señala que el condenado a una pena de
interdicción civil por causa criminal no puede disponer de sus bienes por actos
entre vivos, pero si puede disponer de ellos mortis causa, es decir, puede testar y
disponer de sus bienes por testamento.
2.7.3. INHABILITACIÓN POLÍTICA
Tal como lo señala el artículo 24 del Código Penal, la Inhabilitación Política
no podrá imponerse como pena principal, sino como accesoria de las de presidio o
prisión y produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o
políticos que tenga el penado y la incapacidad, durante la condena, para obtener
otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. También perderá
toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin poder obtener
las mismas, ni ninguna otra durante el propio tiempo.
Al respecto, Moreno (2002, p. 263) refiere que. la Inhabilitación Política no es
otra cosa que una pena accesoria a la pena principal de presidio o prisión, y se
traduce en la incapacidad del condenado, mientras cumple la condena, para
obtener cargos o empleos públicos y para el goce del derecho activo y pasivo
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(votar y ser electo) del sufragio. Lógicamente, la aplicación de esta pena accesorIa
corresponde a un Juez de la causa, quien el pronunciar el dispositivo condenatorio
aplicará al reo, adicionalmente a la privación de libertad, la restricción a los
derechos políticos-ciudadanos antes mencionados, comenzando entonces a
contarse paralelamente el plazo respectivo. Cumplida la condena o ehminada la
misma por indulto, el ciudadano recupera pues los derechos respectivos.
En este sentido y atendiendo a lo antes expuesto, según lo refiere Grisanti
(2003, p. 294) hay varias conclusiones a las que se puede arribar al tratar de
analizar el contenido de lo que según el Código Penal es la pena de inhabilitación
política. La primera de ellas es que como pena que es una facultad reservada al
Poder Judicial que sólo puede ser decretada por un Juez, previa la tramitación de
un juicio con todas las formalidades legales, y se materializa mediante la
prohibición de ser elector. La segunda es la de que la única Inhabilitación Política
validamente contemplada, es la que recae sobre el reo por el mismo tiempo que
dure la condena que le sea impuesta.
2.7.4. INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE ALGUNA PROFESIÓN,
ARTE O INDUSTRIA
En el artículo 25 del Código Penal se estable que la Inhabilitación para el
Ejercicio de alguna Profesión, Industria o Arte no puede ser perpetua ni absoluta,
sino temporal y limitada a determinada o determinadas profesiones, industrias o
artes. Puede imponerse como principal o como accesoria. Al respecto,
34
Crísantí(2003, p. 294) señala que hay que hacer notar ante todo que esta pena no
puede ser perpetua, es decir, no puede durar indefinidamente, ni tampoco puede
ser absoluta, en otras palabras no puede.
Comprender todas las actividades a las que se entrega una persona, sino
que necesariamente ha de ser temporal y además debe estar referida o limitada a
determinada profesión, a determinado arte o a determinada industria del cual o de
la cual se ha abusado para perpetrar un delito.
En este sentido, Moreno (2002, p. 265) expresa que la inhabilitación para
profesión, oficio, industria, comercio o cualquier otro derecho priva al penado de la
tacultad de ejercerlo durante el tiempo de la condena. El ámbito de la inhabilitación
ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia y, lógicamente, ha de
guardar relación con el delito cometido. Tal determinación será siempre necesaria
dado los términos genéricos con que se suele expresar esta pena en el Código
Penal.
2.7.5. DESTITUCIÓN DEL EMPLEO O SUSPENSIÓN DEL EMPLEO
El artículo 26 del Código Penal, expresa textualmente que fa destitución del
empleo produce como efecto la separación de él, del penado, sin poder ejercerlo
otra vez sino por nueva elección o nombramiento. Mientras que el artículo 27,
expone que la suspensión del empleo impide al penado su desempeño durante el
tiempo de la condena, con derecho, terminada esta, a continuar en el, si para su
ejercicio estuviera fijado un período que entonces corriere aún.
35
Esta pena puede imponerse como principal o como accesoria. De igual forma
el artículo 28, refiere que no se consideraran penas la remoción que, del empleado
a quien este siguiéndose juicio, disponga laautoridad de cuyo libre nombramiento
sea el respectivo des ¡9Q, ni la suspensión provisional en el ejercicio de su cargo
que, en el mismo caso, se haga conforme a la ley procesal, del empleado que
tenga derecho a gozarlo por tiempo determinado.
Mientras que el artículo 29, señala que cuando las penas de inhabilitación
política, de destitución y de suspensión de empleo recaen sobre personas
eclesiásticas, se limitan sus efectos a los cargos, derechos y honores en cuya
provisión o pase ha habido intervención oficial; más, en todo caso, los
eclesiásticos que incurran en dichas penas quedan impedidos, por el tiempo de su
duración, para ejercer en la República la jurisdicción eclesiástica, la cura de almas
y el ministerio de la predicación.
En este sentido, Grisanti (2003, p. 295) acota que en este caso, el penado es
separado del cargo, del oficio que estaba desempeñando y no lo puede ejercer
otra vez, como no sea en virtud de un nuevo nombramiento o de una nueva
elección, según que el cargo deba ser provisto por designación o por medio de
una elección.
2.7.6. MULTA
Según el Código Penal, en el artículo 30, se establece que la pena de multa
consiste en la obligación de pagar al Fisco del respectivo Estado, o a las Rentas
36
Municipales del Distrito Metropolitano de Caracas en sus casos o al Fisco
Nacional si el juicio se inicio en un Territorio Federal, la cantidad queconforme a la
ley deter ,ine la sentencia. Si el juicio ha sido por falta, la multa será en beneficio
del respectivo Fisco Municipal.
Al respecto, Grisanti (2003, p. 295) señala que la pena de multa, es la pena
patrimonial por excelencia, hasta el extremo que algunos piensan que es la única
pena patrimonial. Pero no es así, porque pena patrimonial es toda aquella que
acarree consecuencias patrimoniales directas. Claro está que en forma mediata
toda pena acarrea consecuencias patrimoniales, incluso las privativas de la
libertad (el presidio, la prisión, entre otros); pero se entiende por pena patrimonial,
no únicamente la pena de multa sino toda pena que implique, desde el punto de
vista patrimonial, una pérdida directa, como la destitución o suspensión del
empleo y, por antonomasia, la pena de multa.
2.7.7. CAUCIÓN DE NO OFENDER O DAÑAR
Tal como se expresa en el artículo 31 del Código Penal, la pena de caución
de no ofender o dañar, obliga al condenado a dar las seguridades que estime
necesarias el Juez ejecutor. Al respecto, Grisanti (2003, p. 296) refiere que en
este caso, el Juez le pide una seguridad a la persona de que no va a delinquir,
que puede ser una garantía real o una garantía personal (una fianza), e incluso si
no puede constituir una garantía real, ni una garantía personal, la simple palabra
del condenado, y lo pone en libertad y se hace efectiva entonces la garantía dada,
37
en el momento en que la persona perpetre un delito. En Venezuela, en concreto,
según sostiene la mayoría delos penalistas, no se establece para un delito
determinado en forma específica esta pena de caución de no ofender o dañar, que
se queda por tanto en una mera declaración de principio general.
2.7.8. LA AMONESTACIÓN O APERCIBIMIENTO
El artículo 32 del Código Penal, señala que la amonestación. o
apercibimiento, es la corrección verbal que el Juez ejecutor da al penado en los
términos que ordene la sentencia, extendiéndose acta de aquella, que se publicara
en el período oficial. Al respecto, Grisanti (2003, p. 297) es enfático al referir que la
pena contra el honor es aquella que está referida en el artículo 32 del Código en
los términos de amonestación y apercibimiento.
Mientras que Moreno (2002, p. 267) señala que la amonestación y el
apercibimiento, se refiere a una pena no infamante o un regaño que da el Juez al
penado, siendo prohibida algunas de ellas como los azotes, el herraje, entre otros
que causen daños físicos, pues en Venezuela según la Constitución están
absolutamente proscritas.
2.7.9. LA PÉRDIDA DE LOS INSTRUMENTOS O ARMAS CON QUE SE
COMETIÓ EL HECHO PUNIBLE Y DE LOS EFECTOS QUE DE EL
PROVENGAN
Según el artículo 33 del Código Penal, la pena de los instrumentos o armas
38
con que se comete el hecho punible y de los efectos que de elprovengan es
necesariamente accesoria a otra pena principal, y se la ejecutara así: las armas
serán decomisadas de conformidad con el Capítulo 1 del Título V del Libro
Segundo de este Código; y los demás efectos serán asimismo decomisados y
rematados para adjudicar su precio al respectivo Fisco Nacional, del Estado o
Municipal, según las reglas del artículo 30.
2.7.10. EL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES
En el artículo 34 del Código Penal se expresa claramente que la condenación
al pago de las costas procésales no se considerara como pena sino cuando se
aplica en juicio penal y en este es necesariamente accesoria de toda condena a
pena o penas principales y así se aplicará, quedando obligado el reo: a reponer el
papel sellado que indique la ley respectiva en lugar del común invertido, a inutilizar
las estampillas que se dejaron de usar en el proceso, a las indemnizaciones y
derechos fijados por ley previa y a satisfacer los demás gastos causados en el
juicio o con ocasión de los que no estuvieren tasados por la ley, serán
determinados por el Juez, con asistencia de parte.
Así mismo, en este mismo artículo, se hace referencia a un parágrafo único,
el cual expone que los penados por una misma infracción quedaran solidariamente
obligados al pago de las costas procesales. Los condenados en un mismo juicio
por diferentes hechos punibles, sólo estarán obligados solidariamente al pago de
las costas comunes.
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2.8. CRITERIO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS
En líneas generales el código penal sigue el criterio clásico de aplicar la pena
básicamente en función del hecho y de su gravedad imponiendo una medida que
permite establecer variaciones de acuerdo al mayor o menor daño social y a las
atenuación del hecho, de esta manera entonces nuestro sistema adopta as
siguientes reglas en el Art. 37 del Código
1.- Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos
limites se entiende que la normalmente aplicable es él termino medio que se
obtiene sumando los dos números y tomando la mitad.
2.- El término medio se reducirá hasta el inferior o se aumentara hasta el
superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o
agravantes que concurran en el caso concreto.
3.- Si concurren agravantes y atenuantes el juez deberá compensarlas por su
puesto no en forma matemática sino según su prudente árbitro. Una sola
agravante puede inclinar la balanza hacia el extremo superior aunque se den dos
atenuantes.
4.- La pena se aplicara sin embargo en el límite superior o inferior, cuando
así lo disponga expresamente la ley. Así mismo se traspasará uno a otro limite
cuando así sea menester, en virtud de disposición legal que ordene aumentar o
rebajar la pena correspondiente al delito en una cuota, parte que entonces se
calculará en proporción de la cantidad de la pena que el juez habría aplicado al
reo si no concurriere el motivo de aumento o de a disminución.
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2.8.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Junto al sistema de penas, especialmente retributivo, en la mayoría de las
legislaciones se prevé otro conjunto de medidas que no tiene que ver con la
represión del hecho delictivo cometido ni la culpabilidad del sujeto sino que miran
fundamentalmente a la prevención de nuevos delitos y a la readaptación de los
sujetos, aplicándose sobre la base de determinadas características personales
que hacen pensar en una inclinación particular al delito o en la tendencia mas
marcada hacia la comisión de tales hechos, características que algunos
denominan peligrosidad criminal.
Tales medidas de seguridad pueden en algunos casos sustituir las penas o
complementarlas, cuando se ha cometido un hecho descrito en la ley como
punible. En supuestos tales como el de la imputabilidad por enfermedad mental
en que la pena correspondiente al hecho se sustituya por la medida de seguridad
de internación en hospital psiquiátrico o en el caso de la prohibición de concurrir
a locales donde expendan bebidas alcohólicas.
2.8.2. CONSECUENCIAS CIVILES DEL HECHO TIPIFICADO COMO DELITO
Después de hacer referencia a consecuencia lógica de la comisión de un
hecho punible y otras consecuencias o medidas que puedan resultar aplicadas
con ocasión de un delito cometido o también en razón de su posible
verificación. El hecho que la ley describe como delictivo además de producir un
daño social por lo que se hace acreedor de una pena, puede ocasionar un daño
41
privado o la lesión de intereses individuales que son susceptibles de ser reparados
o indemnizados lo que hace surgir la responsabilidad civil o la obligación de
reparar tal daño causado. Ahora bien no siempre el hecho que s considerado
como delictivo genera responsabilidad civil.
2.8.3. OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
De acuerdo con lo establecido en el Art. 120 del Código Penal, la
responsabilidad civil comprende:
1.-La restitución: Debe ser hecha de la misma cosa siempre que ello sea
posible el pago de los deterioros o menoscabos, a regulación del tribunal, tal
restitución debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que
la posea legalmente salvo su repetición contra quien corresponda la restitución
implica la devolución de a cosa objeto del delito al perjudicado cuando de ella
haya sido privado por el hecho.
2.- La repartición del daño causado: El pago equivalente al valor de a
perdida de la cosa a regulación del tribunal valorando la entidad del daño; para lo
que se deberá tomar en cuenta el precio de la cosa y el grado de afección en que
la tenga el agraviado.
3.- La indemnización de perjuicios: Ocasionados no solo a la víctima o
sujeto pasivo del delito sino también, a os perjuicios irrogados, por razón del
derecho punible a su familia o a un tercero, y el importe de tal indemnización será
regulado así mismo por el tribunal en los mismo términos fijados para la
42
reparación del daño.
2.8.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
PENA
Consecuencia lógica del delito y consiste en la privación o restricción de
ciertos derechos del trasgresor que debe estar previamente establecida en la ley y
que es impuesta a través de un proceso como retribución en razón del mal del
delito cometido.
CÓDIGO PENAL VENEZOLANO
El Código Penal es fundamento indefectible del Estado social, democrático,
de justicia y Derecho, postulado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. La importancia trascendental de ese código radica en que recoge los
principios científicos del Derecho Penal y es su hontanar: su cauce permite la
realización práctica de la justicia penal.
PENAS CORPORALES
Se trata de penas restrictivas de libertad, que como tales afecten en mayor o
meno medida la libertad del sujeto impidiendo u obstaculizando su desplazamiento
e implicando la mayoría de ellas la internación en sitios de reclusión penitenciaria.
PRESIDIO: El código enuncia como la mas grave de toas a ésta pues según
este código en su Art. 12, los sujetos impuestos de estas deberán cumplirlas en
las penitenciares que establezca y reglamente la ley y sus características se
encuentran tipificadas en la ley de régimen penitenciario. En consecuencia quedan
43
como accesorias de esta pena de presidio la interdicción civil durante el tiempo
que dure la condena, la inhabilitación política por el mismo tiempo y la sujeción a
la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte de la pena una vez ya terminada.
PRISIÓN: A diferencia de la pena de presidio estas deben cumplirse en las
Naciones aunque en defecto de estas pueden ordenarse su cumplimiento en las
Penitenciarias destinadas al presidio. Y por lo que respecta a las accesorias le
corresponde solo la inhabilitación política durante el tiempo que dure la condena y
sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la
condena desde que ésta termina, según lo que establece el Art. 16 del Código
PENAL.
ARRESTO: Es la más leve de las penas que implican el aislamiento del
sujeto y se cumplen en las cárceles locales o cuarteles de policía o cuando lo
disponga la ley en fortaleza o en cárcel política. Ciertos hechos delictivos que
atentan contra la independencia y seguridad de la Nación que se catalogan como
delitos políticos y en los que el Código Penal hace mención al arresto en fortaleza
o cárcel política.
RELEGACIÓN A COLONIA PENITENCIARIA: Según el Art. 19 del Código
Penal, esta pena impone al reo la obligación de residir en la colonia que señale la
sentencia firme que imponga la pena, según algunos autores como Chissone, es
una pena impracticable en la actualidad por no existir las colonias aludidas. El
relegado como lo señala el código, queda sometido a las reglas de vigilancia
establecidas en el reglamento de la colonia y debe someterse como pena
44
accesoria, la suspensión del empleo que realiza.
CONFINAMIENTO: Como lo establece el Art. 20 del Código Penal, esta pena
consiste en la obligación impuesta al reo de resistir durante el tiempo de la
condena en el municipio que indique la sentencia firme que se aplique, no
pudiendo designarse al efecto ninguno que diste menos de cien kilómetros tanto
del lugar donde se cometió el hecho como de aquellos en que estuviesen
domiciliados. La pena de confinamiento tiene como pena accesoria, la suspensión
del tiempo que ejerza mientras cumple la condena.
EXPULSIÓN DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA: como lo dice el Art. 21
del Código Penal esta pena impone al reo la obligación de no volver al territorio de
la Republica durante el tiempo de la condena. En la ley especial correspondiente
se prevé que tal pena, como conmutación de otra, puede ser acordada por el
ejecutivo a solicitud del reo por los delitos establecidos en el Código de Justicia
Militar.
LAS PENAS NO CORPORALES
Estas penas no afectan directamente la libertad del sujeto, sino más bien
otros derechos de naturaleza primordial o de otro orden.
LA SUJECIÓN A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD PUBLICA: esta
pena impone al condenado a dar cuentas a los respectivos jefes civiles de los
municipios de donde residan o por donde transiten de su salida y llegada a estos.
INTERDICCIÓN CIVIL: es una pena accesoria a la de presidio, en virtud de
la cual el sujeto queda privado de la libre disposición de sus bienes por actos entre
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vivos y de su administración, así como de la Patria Potestad y autoridad marital. Y
por lo que respecta a la administración de sus bienes, el entre dicho queda
sometido a tutela según el régimen establecido en el código civil para los
entredichos por derecho intelectual.
INHABILITACIÓN POLÍTICA: Es solo accesoria de la pena de prisión y de
presidio y produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o
políticos que tenga el penado y la incapacidad, durante la condena para obtener
otros, y para el goce del derecho activo y pasivo de sufragio.
INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE ALGUNA PROFESIÓN ARTE
O INDUSTRIA: Es la pena temporal que solo puede extenderse al lapso que fije la
sentencia, que no puede ser absoluta, y que se limita a determinadas profesiones,
arte o industrias además puede imponerse como principal o accesoria.
Destitución del empleo: Se impone como principal o accesoria y produce el
efecto de separar de su empleo al penado sin que pueda ejercerlo otra vez sino
por nueva elección o nombramiento.
SUSPENSIÓN DEL EMPLEO: Impide como lo expresa el Código Penal, el
desempeño del empleo mientras dure la condena, con derecho a que, terminada
esta puede continuar en el sí para ese momento corriente aun el periodo fijado
para el ejercicio del empleo.
MULTA: Esta pena consiste según lo expresa el Art. 30 del Código Penal, en
la obligación de pagar al Fisco Nacional o Municipal, según sea el caso, la
cantidad que determine la sentencia, conforme a la Ley.
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CAUCIÓN DE NO OFENDER O DAÑAR: Obligar al condenado a dar las
seguridades que estime necesarias el juez ejecutor, como lo dice el Art. 31 del
Código Penal. Entre tales condiciones o seguridades por supuesto pueden
incluirse las económicas o de naturaleza primordial como el deposito de una
determinada cantidad de dinero. Tales seguridades exigidas deberán quedar
limitadas en el tiempo a juicio del sentenciador.
3. SISTEMA DE CATEGORÍAS
Toda investigación debe estar fundamentada por diferentes enfoques
teóricos que amplíen la descripción del problema, para ello se utiliza la teorización
de las categorías que sirven para sustentar y construir bibliográficamente un
estudio. A través de una definición conceptual, que expresa la posición teórica,
que abriqa la conceptualización de la problemática de estudio abordando la
variable principal.
En este sentido, como aporte de lo investigado se realiza una definición
nominal, donde los investigadores exponen su propio concepto, como aporte a la
ciencia del derecho, esta última acompañada de una definición operacional, la cual
se realiza sistemáticamente.
3.1. DEFINICIÓN NOMINAL
Penas Corporales e incorporales
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3.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Las penas corporales según el Art. 9 del Código Procesal Venezolano
en el sentido estricto del termino de penas son las que afectan la integridad
corporal o la vida del sujeto o su salud, no existen en nuestro derecho y ni pueden
existir, como tampoco las penas que afectan el honor de las personas o penas
infamantes.
Las penas incorporales según el Art. 10 del Código Penal Venezolano no
afectan directamente la libertad del sujeto, sino más bien otros derechos de
naturaleza primordial o de otro orden.
3.3. DEFINICION OPERACIONAL
Las penas corporales e incorporales son la consecuencia lógica del delito
cometido por el transgresor, dichas penas consisten en la privación o restricción
de ciertos derechos las cuales deben estar previamente establecidas en la ley y
que es impuesta mediante un proceso realizado por el órgano juridiccional
competente
Cabe destacar que tales conceptos de penas se adaptan a la naturaleza
misma de las sanciones correspondientes y se enmarca perfectamente dentro de
las previsiones de la Constitución la cual contiene diversas disposiciones relativas
a la sanción penal y entre otras cosas en materia de derechos individuales.
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FUENTES: Carrero, González, Gonzalez, Ortuñez (2012)
Objetivo General: Analizar las Penas Corporales e Incorporales en el proceso penal Venezolano
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA
UNIDAD DE ANÁLISIS
1. - Analizar las penas corporales estipuladas en el Código Penal Venezolano.
Penas Corporales e Incorporales en el
Proceso Penal Venezolano
Penas corporales estipuladas en el Código Penal Venezolano. .
Presidio Prisión Arresto Relegación a colonia penitenciaria Confinamiento Expulsión del territorio de la republica
2. Analizar las penas incorporales contempladas en el Código Penal Venezolano.
Penas incorporales contempladas en el Código Penal Venezolano
Sujeción a la vigilancia de la autoridad pública - Interdicción civil por condena penal - Inhabilitación política - Inhabilitación para el - Ejercicio de alguna profesión, arte o industria - Destitución del empleo - Suspensión del empleo - multa - Caución de no ofender o dañar:
3 Analizar los criterios de aplicación de las penas contempladas en el Código Penal Venezolano.
Criterios de aplicación
Culpabilidad Prevención
4- Analizar la imposición de las penas privativas de libertad durante el periodo de Julio del 2011 a Julio del 2012 impuestas en procesos penales en el Municipio Maracaibo por el Tribunal Sexto de Ejecución.
Imposición de las penas
Potestad Sancionadora de los tribunales de Ejecución con Penas Privativas de Libertad
CUADRO 1
OPERALIZACIÓN DE LA CATEGORIA