Universidad de Buenos AiresFacultad de Ciencias Sociales

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Materia: Legislación ComparadaCátedra: Dr. Henoch Aguiar

UNIDAD 4: GOBIERNO ELECTRÓNICO Y AGENDA DIGITAL

EJE TEMÁTICO 3: POLÍTICAS PÚBLICAS Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

EJE TEMÁTICO 3: POLÍTICAS PÚBLICAS Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

UNIDAD 4: GOBIERNO ELECTRÓNICO Y AGENDA DIGITAL

Bibliografía obligatoria:AGUIAR, Henoch. “Políticas digitales para los municipios” y “Reflexión Final” en El futuro no espera. Políticas para desarrollar la Sociedad del Conocimiento. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2007. Cap. IX. PRINCE, Alejandro. Gobierno digital en la Argentina. Un breve white paper. Buenos Aires, 2002.KAUFMAN, Ester. “E-Democracia local en la gestión cotidiana de los servicios públicos: modelo asociativo (Público-Privado) de gobierno electrónico local”, en FINQUELEVICH, Susana (coord.); E-Política y E-Gobierno en América Latina, 2005.LAUFER, Darío. Apuntes sobre e-gobierno en la Argentina. Definiciones del concepto, historia del decreto y pautas de análisis para tomar en cuenta en los trabajos. Documento de la cátedra, Buenos Aires, 2009. MIMEO.GUERÍN, Ana Isabel y GÜIDA, María Clara. La estrategia digital argentina en el marco de la Sociedad del Conocimiento. Documento de la cátedra, Buenos Aires, 2009. MIMEO.Decreto 512/2009. Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina.Agenda digital 1 y 2 de Chile.Decreto Nº 378/05 Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico.Ley Nº 25.506/2001 de Firma Digital.

Bibliografía indicada:SASSEN, Saskia; “Elementos para una sociología de la globalización” y “El estado frente a la economía global y las redes digitales” en Una sociología de la globalización. Katz Editores, Buenos Aires, 2007. Cap. I y II.Casos de E-government I: Chile Compra.Casos de E-government II: Morón Compra.Casos de E-government III: Municipio de Extremadura, España.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

PRINCE, Alejandro. Gobierno digital en la Argentina. Un breve white paper. Buenos Aires, 2002.

UN BREVE WHITE PAPER. GOBIERNO DIGITAL EN LA ARGENTINA

1) Definiciones e introducción

El Estado tiene al menos un triple rol en su relación con la tecnología de la información, las

telecomunicaciones e Internet.

a) Como dador del marco normativo y regulatorio general y específico, y de las condiciones

sociopolíticas y económicas estructurales adecuadas.

b) Como promotor y catalizador de la iniciativa privada a través de lineamientos, políticas y

programas claros y eficaces para todos los actores involucrados, en busca del desarrollo local y

adopción de estas tecnologías.

c) Como usuario modelo y principal, tanto en la administración como en el gobierno.

Ejemplo del primer rol, es por ejemplo la apertura competitiva de las telecomunicaciones. El

Programa Sociedad de la Información y las abortadas leyes de competitividad para empresas de software y

call centers son ejemplos del segundo rol.

Es el tercer rol, conocido universalmente como e-government, el que nos interesa presentar en estas

páginas. Proponemos que el concepto sea traducido como Gobierno Digital y que sea separado y tratado en

dos dimensiones, la administración, y el gobierno propiamente dicho.

Definimos provisoriamente a Gobierno Digital como a la aplicación intensiva y estratégica de la

tecnología de la información, las telecomunicaciones e Internet a las actividades del Estado Nacional, los

Estados provinciales, los Municipios y los Entes Estatales o Mixtos.

El Estado en todos sus niveles constituye, al menos en nuestro país, la más grande organización,

medida en recursos humanos o presupuesto. Por otra parte, y más allá de las ideologías, penetra o participa

de un modo u otro en casi todas las dimensiones de la sociedad y la economía. Por lo tanto, su peso e

influencia en el desarrollo o adopción del mundo digital es de fuertes efectos. Así lo han entendido países del

primer mundo como EUA, Canadá y otros. El Estado debe ser el usuario principal y ejemplar.

En Argentina, desde casi todos los niveles de la administración pública y gobierno, a lo ancho del

espectro político, y a lo largo de distintas provincias o distritos, se han dado indicios de creciente

compromiso con el tema.

Algunos podrán criticar la ausencia aún de un programa integral, o lo incipiente y aislado de algunos

esfuerzos en curso. Es bueno destacarles que los principales especialistas del tema en el mundo nos explican

que esta es una etapa inicial esperable, sobre todo contando con limitaciones presupuestarias, una pesada

burocracia y la natural resistencia cultural al cambio.

Explicitemos brevemente la separación de Gobierno Digital que hicimos al principio, en e-administración y

e-gobierno. Por administración digital entendemos a la aplicación de Internet y la tecnología de la

información y telecomunicaciones (TIC) a las áreas, actividades y procesos del Estado, asimilado a una

organización de cualquier tipo (por ejemplo, una muy gran empresa). Esto es, aplicar tecnología en los

procesos y operaciones de sus recursos humanos, sus comunicaciones, sus compras, su "facturación y

cobranza" (impuestos), la gestión etc. En esta categoría entran no sólo las actividades intraestatales, sino sus

relaciones con otros Estados y organizaciones (proveedores) y con el ciudadano en su rol de "cliente

forzoso" del Estado y de su burocracia.

Por Gobierno Digital propiamente dicho (¿podríamos decir e-política?), entendemos exclusivamente

a la aplicación de tecnología a las actividades políticas de los distintos niveles de gobierno en su relación con

sus gobernados en su condición de ciudadanos electores. Votaciones, referendum o plebiscitos electrónicos,

y audiencias públicas online, así corno chateo con legisladores entran en esta categoría. Podría considerarse

que las actividades de partidos y candidatos utilizando estas tecnologías podrían caer dentro de esta

categoría, incluyendo por ejemplo la propaganda y asimismo la financiación o fund-rising online. Esta

segunda categoría o categría específica de e-government amerita una profunda discusión por sus

implicancias, y desde lo práctico requiere de una gran maduración y estabilidad de los sistemas, y por sobre

todo de seguridad. La reciente sanción de la Ley de Firma Digital es auspiciosa en este sentido.

Un caveat debe ser hecho: la promesa del e-government es similar a la de la e-conomy, un

perfeccionamiento, una "eficientización del mercado, las organizaciones, los procesos y sus out-puts. En la

dimensión política y entre otros beneficios nada despreciables, es de esperar entonces como emergentes

mayor transparencia y control, mejores mecanismos de participación, y una relación más continua y directa

con los representantes y funcionarios. La salvedad es que esto llevará tiempo, esfuerzo y recursos, y necesita

de profundo análisis y discusión, necesita de actitud y no sólo de aptitud. La tecnología no es mágica, no

solucionará de un día para otro todos nuestros problemas, pero lo que es seguro es que paso firme a paso

seguro, sí puede ayudar, y mucho.

En otras palabras, y utilizando terminología del management estratégico, Gobierno Digital es la

reinvención y eficientización del gobierno a través de reingenierías de base tecnológica.

2) Algunas consideraciones particulares

Propusimos que el concepto e-government se traduzca como Gobierno Digital. Aún no siendo

perfecta o completa esta traducción, al menos evita la lectura restringida que e-gobierno (o i-gobierno) puede

producir, cual es pensar que el concepto se restringe sólo a la aplicación de Internet a las actividades del

gobierno, cuando debe considerarse a toda la tecnología de la información, las telecomunicaciones,

incluyendo a Internet (TIC).

Gobierno Digital, así podría compararse con el no menos amplio concepto de Economía Digital (o e-

conomy). Esto nos permite inferir que las promesas de su concreción son similares. Si perfeccionamiento y

eficiencia son los beneficios teóricos de la economía digital, lo son también para el Estado Digital, en cuanto

organización, y en la administración y gestión de todos sus procesos y actividades. Si pasamos a la

dimensión tal vez más pura del Gobierno Digital, esto es la relación con los gobernados a través de

aplicaciones digitales, las promesas son la transparencia, y una relación de participación y diálogo más

directa y veloz entre los ciudadanos y sus representantes. En definitiva coadyuvar al cumplimiento de los

ideales jeffersonianos y fundacionales de la democracia liberal y constitucional moderna. No es poco...

No cabe duda. Eso explique tal vez porque no sólo en el primer mundo, sino por estas tierras

también, y a lo ancho del espectro político, lejos de oposición al concepto, haya, como ya lo expresamos,

amplia adhesión.

Pero hagamos algunas salvedades...

Las aplicaciones de la TIC a la relación con los gobernados (chateo con diputados, voto electrónico,

portales de información pública, etc) tienen mejor prensa, y a veces motivan más a los políticos y

funcionarios, y son fácilmente visibles e incluso apreciables por la gente. Pero así como en una gran empresa

no podemos implementar una buena solución de manejo de relaciones con los clientes (CRM: customer

relationship management) si no existe una sólida y previa implantación de ERP, en lo relativo a Gobierno

ocurre exactamente lo mismo. Y debemos comprender que en nuestro país el nivel de informatización e

interconexión de los distintos niveles del gobierno es muy pobre. Esta etapa previa o concurrente debe ser

implementada con rapidez y eficacia. El Estado, la mas grande organización del país, y probablemente una

de las más ineficientes y seguramente una de las menos informatizadas, debe convertirse en el más grande y

mejor usuario de tecnología de la información. Pronto.

Haciendo esto, la informatización eficiente del Estado, no sólo se posibilita la otra fase, la de la

relación con el ciudadano, que puede avanzar en paralelo pero es dependiente, sino que el Estado estaría

ayudando a reactivar el sector o mercado local de TIC. Otro de sus roles. Y tanto y más directamente que con

un plan sectorial. Esta informatización del Estado debería promover el desarrollo de las empresas de

software y servicios locales, implementadoras y proveedoras de sus propias soluciones o de productos

internacionales.

Esta informatización y concetividad del Estado debería atender a los paradigmas de esta "Era del

acceso" como la define Jeremy Rifkin, y del core competence, es decir concentrarse en su misión, no en

tareas accesorias. El Estado no debería comprar equipamiento, ni encarar desarrollos de software internos ni

propietarios. Debe utilizar en cambio las ventajas del outsourcing.

¿Comprar y repartir computadores que se hacen obsoletas en 18 meses para las escuelas, sin poder

sostener el mantenimiento ni el entrenamiento de docentes, y encima a crédito? No. Mejor subcontratar

prestadores del servicio, empresas que brinden horas de PC y de acceso a Internet a los alumnos de escuelas

públicas, gratuita o a costos muy accesibles, mediante subsidios directos o concesiones especiales.

¿Supercomputadora propia? No, alquilar es decir compartir el tiempo de alguna. ¿Tener

desproporcionadas plantillas de empleados de sistemas, cada día peor pagos y peor reentrenados, pero que

hacen que se gaste más en sueldos de sistemas en proporción del gasto frente a privados eficientes? No.

Subcontratar.

¿Decidir y diseñar qué requerimientos tiene el Estado para armar los pliegos de compra? No.

Encargar relevamientos integrales de necesidades y requerimientos a consultoras internacionales reconocidas

asociadas a locales si parece adecuado...

3) El Estado gasta poco...

Si aceptaron la definición de Gobierno Digital propuesta, y si tienen una idea aproximada del "estado

del arte" de los distintos esfuerzos locales, ya saben que no estamos bien, y más allá de la coyuntura.

Desde hace muchos gobiernos, el uso de tecnología de la información y la conectividad no es ni

intensivo ni estratégico.

Por un lado, y por diversos motivos que todos ya deberíamos conocer, el Estado Nacional ha venido

gastando desde hace años mucho menos que lo necesario en informática. Si, sé que el "sentir popular" es que

se gasta mucho o demás en todo, pero en este caso; lo malo es que se gastó de menos.

Tanto a nivel macro como micro, en los países del primer mundo, aquellos donde podemos ver,

incipientes, los beneficios de la economía digital, se viene gastando o invirtiendo en TIC un porcentaje del

PBI o de la facturación (según el caso) que es superior al 3 %. En nuestro país, y a lo largo de la última

década ese porcentaje es para ambas relaciones levemente superior al 1 %. Aunque son difíciles las

mediciones sobre el Estado o Administración Pública, el mercado y los funcionarios involucrados coinciden

con las estimaciones de Prince & Cooke en que es mucho menos que el 1 % respecto del gasto nacional.

Así que se gasta de menos, y además se gasta (y se ha gastado) mal, y sin hablar de la corrupción o

de las compras para la "foto" de campaña, como los consabidos repartos de Pc's en escuelas. Como

expresamos párrafos antes, la proporción del gasto en personal del sector TIC es mucho más elevada que en

el ámbito privado, y eso que los sueldos individuales son menores en algunos casos.

Las causas generales de estos "malgastos" son similares a las de otros malgastos... pero en este caso

lo agrava la ausencia (aún) de un Plan de Gobierno Digital Integral (PGDI), consensuado, de mediano y

largo plazo, en base a un relevamiento y diagnóstico correcto del equipamiento actual, y de los procesos y las

necesidades tecnológicas del estado en todos sus niveles. Y este Plan debe ser una Política de Estado,

independiente de partidos, funcionarios o gobiernos de turno.

Gobierno Digital no es distribuir Pc´s ni inaugurar portales a diario. Como dijimos al principio, se

trata de una reinvención, de reingenierías sucesivas, de diagnósticos y de planes. De consistencia y

coordinación a largo plazo. El front-office también es más fotogénico en el mundo público, pero no puede

hacerse nada coherente sin un sólido back-office. No tiene mucho sentido el mundo "e" sin la base TI

(tecnología de la información). Y desde esa base, el Estado Argentino en casi todas sus áreas y en sus varios

niveles, está atrasado.

4) Argentina no escapa a las etapas teóricas del e-government:

Varias consultoras internacionales definen 3 etapas en la implementación del gobierno digital. Sus

nombres son bien descriptivos. La primera es llamada de Experimentación, una segunda definida como de

Integración y la tercera, la final y promisoria, la de la Reinvención.

La etapa inicial está claramente marcada por el lanzamiento o implementación de aplicaciones muy

simples, crudas, tal como pagar multas de tránsito, o más simplemente aún (pero no por eso poco importante)

brindar información online aunque planas, sin transacciones o ni siquiera herramientas del tipo tool-content.

Una característica definitoria de esta etapa es la casi total falta de coordinación entre áreas o niveles de

gobierno. Otra característica es que la mayoría de los proyectos de esta fase abortan estrepitosamente o

quedan difuminado s silenciosamente. Son esfuerzos pioneros, es verdad, pero en muchos casos responden

sólo a voluntarismos, son aislados y sobre todo ineficaces. La Portalmanía, marcada por el surgimiento para

cada área de gobierno de un Portal... es un síntoma claro de que se está atravesando esta etapa.

Lo ideal es que en esta etapa, y con un alto grado de coordinación y centralización, se hiciera un

relevamiento y diagnóstico serio, pero las cosas reales, no siempre son las ideales. Esta etapa parece casi

inevitable, hasta los países del primer mundo la han sufrido también, aunque muy breve y con aprendizaje

rápido, y sobre todo, con más margen para perder plata y tiempo...

La etapa 2 y siempre siguiendo a sus claros nombres, implica el comienzo de la integración de los

proyectos entre niveles o áreas. Son más racionales e incluyen trabajos más serios sobre bases de datos y

procesos administrativos, son reingenierías sucesivas. Es una etapa definida por a aparición masiva de

transacciones y del portales one-stop. La concentración o centralización ya es casi imprescindible así que la

pelea de poder está implícita, y depende mucho la superación exitosa de la fase, de quién sea el "campeón"

ganador, su equipo de expertos y por supuesto, del Plan.

De la etapa final digamos metafóricamente que es el final feliz de la promesa digital aplicada al

gobierno de la sociedad civil. Transparencia, eficiencia, productividad, diálogo y participación fluida y en

tiempo real, es decir parte importante de los reclamos y demandas de nuestros ciudadanos.

5) Más vale tarde...:

Sería agradable pensar que nuestro país pudiera haber saltado, leap-frog mediante, directamente a la

etapa 2, buena falta nos hace, pero no. El planteo teórico del "salto de rana" podrá beneficiamos sólo en la

etapa menos estratégica del producto o solución. Si la Ley de Moore sigue vigente, seguro compraremos

soluciones más económicas, rápidas y poderosas. Y si la ley de Metcalfe sigue vigente también, con una red

de redes cada vez más grande, la externalidad positiva de ingresar a ese mundo será inconmensurable.

Del lado negativo nos queda ver que seguiremos sufriendo el time-lag. Nuestros proyectos de

gobierno digital - tendrán un retraso en la adopción significante y eficaz de unos 4 a 6 años respecto del

primer mundo.

Y, de acuerdo a la macroeconomía imperante en este duro comienzo de año 2002, y de diversos

parámetros de distribución, empleo, poder adquisitivo y ventas del sector TIC, no podemos pronosticar otra

cosa que una brecha digital creciente, dentro del propio país, y respecto del primer mundo digital.

DR. ALEJANDRO PRINCE

Presidente de Prince & Cooke

KAUFMAN, Ester. “E-Democracia local en la gestión cotidiana de los servicios públicos: modelo asociativo (Público-Privado) de gobierno electrónico local”, en Finquelevich, Susana (coord.); E-Política y E-Gobierno en América Latina, 2005.

E-DEMOCRACIA LOCAL EN LA GESTIÓN COTIDIANA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:

MODELO ASOCIATIVO (PÚBLICO-PRIVADO) DE GOBIERNO ELECTRÓNICO LOCAL 1

INTRODUCCIÓN

Algunas formas de gobierno electrónico habilitan instancias participativas cotidianas en el campo de

lo que se reconoce como Gestión de las Políticas Públicas. Esto es posible, ya que el uso intensivo y

democrático de las TICs permite formas interactivas donde los destinatarios pueden intervenir activa y

colaborativamente en los procesos burocráticos informados en línea, y en el diseño de los servicios derivados

de los mismos. Es más, el gobierno electrónico puede transformarse en el espacio donde se consensúen las

decisiones de impacto para la comunidad, sean estas públicas o privadas.

Para arribar a ese tipo de modelo participativo y de conjunción público privada, vale hacer algunas

aclaraciones previas. Las primeras rondan las preguntas siguientes: ¿Qué se entiende por gobierno

electrónico y cuáles son sus modelos? ¿Cuáles son sus diferencias cualitativas con “el modelo asociativo de

gobierno electrónico”? ¿Cuáles prácticas de participación conlleva el último modelo? ¿Qué interés pueden

tener sectores de la comunidad para asociarse al mismo? ¿Qué diferencias requiere en la gestión pública?

¿Qué tipo de información y servicios transitan por ese modelo?

A través de las respuestas se delinearán formas participativas que van más allá del sistema

representativo tradicional y de su expresión electrónica reconocida como “voto electrónico” (aunque el

mismo pueda tener otros usos que los relativos al momento elecctoral).

Gobiernos electrónicos

Los gobiernos electrónicos son espejos de los gobiernos reales. No constituyen manifestaciones

virtuales fantásticas desconectadas; aunque en ese sentido exista toda una creencia (sostenida por intereses

empresariales). Lo que anda mal en la realidad de las organizaciones no tendrá un resultado feliz en el campo

de lo virtual; lo que es igual; que decir que: un buen gobierno puede tener un buen o mal gobierno

electrónico o no tenerlo en absoluto; y, al mismo tiempo, que un mal gobierno jamás podrá tener un buen

gobierno electrónico fuera de lo que es un portal diseñado a “todo lujo”: primer efecto de encandilamiento

que luego, al ingresar, producirá frustración por sus incongruencias, inmensa dificultad para obtener

información valiosa y fórmulas auto referenciadas a sus gobernantes.

Ahora se puede avanzarse sobre lo que puede entenderse como un buen gobierno electrónico (el

“mal gobierno” surgirá por oposición). ¿Qué características debe tener una plataforma básica mínima de un

buen gobierno: la combinación eficaz de TICs, reingenierías de estructuras y cambios de culturas

1 Ester Kaufman es Abogada (UBA) y Master en Ciencias Sociales (FLACSO). Actualmente es miembro de LINKS. También coordina el proyecto FLACSO de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de FLACSO Sede Argentina, forma parte del Grupo Promotor del Foro Permanente Informático y es parte del Programa de Gobierno Electrónico nacional (áreas, estas últimas, de la Oficina Nacional de Tecnología Informática, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Argentina)

organizacionales. El objetivo es facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la información pertinente a sus

intereses, la que se vincula con la gestión pública y en particular a algunos servicios gubernamentales de

importancia para el día a día de los ciudadanos. Del mismo modo, existen servicios internos de gran

importancia que pueden ir desarrollándose desde esta plataforma. Implican un estadio mayor: la formación

electrónica (e-training), la contratación electrónica (e employment), la integración de acciones empresariales,

la adquisición integrada (e-procurement), gestión de registros electrónicos y gestión de casos empresariales.

Para sobrepasar esa plataforma inicial, y también su segundo estadio, se debe incorporar una

continua optimización y desarrollo de las relaciones internas y externas. Las relaciones internas comprenden

la vinculación de gobierno a gobiernos (redes entre distintos niveles dentro de un mismo territorio nacional)

y la que se configura entre el gobierno y sus empleados (a través de Intranets o formas alternativas). En las

relaciones externas están incluidas las del gobierno con los ciudadanos y con el mundo empresario;

contemplándose también los vínculos y enlaces con organizaciones de distinto tipo, tanto nacionales como

no nacionales, al igual que con gobiernos extranjeros (sistema global de redes). El sistema termina

cerrándose en un círculo planetario virtual.

La mayoría de los países desarrollados han logrado resultados alentadores en la implantación de esos

sistemas y su impacto sobre sus sociedades, no sólo por la generación de información y servicios para la

comunidad, sino también porque su implementación redunda en una contribución a la disminución de la

brecha digital y a la posibilidad de incorporar mayor cantidad de sectores al desarrollo productivo. La

tecnología juega un rol fundamental hoy en día, y aquellos pueblos que desechen u obstaculicen el

crecimiento en este sentido pasarán a estar excluidos de la globalización y las posibilidades ciertas de

crecimiento2.

MODELO ASOCIATIVO

Este modelo comprende un redireccionamiento hacia formas asociadas que transitan sobre modelos

de redes donde el gobierno se incorpora sólo como un punto de coordinación importante y no de dirección,

siguiendo las tendencias crecientes en ese sentido (OECD: 2001)3.

2 En el Informe 2001 de Desarrollo Humano del PNUD se sostiene que “ha llegado el momento de formar una nueva alianza entre la tecnología y el desarrollo”. En lo que hace específicamente a las TICs, afirma que “pueden proporcionar acceso rápido y de bajo costo a la información en casi todas las esferas de la actividad humana (…) Internet está quebrando barreras geográficas, aumentando la eficiencia de los mercados, creando oportunidades para la generación de ingresos y posibilitando una mayor participación local”.3 Citizen as Partners. OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy Making (Colección “Governance”) 2001. Versión preliminar elaborada por Marc Gramberger

En este modelo, los servicios ofrecidos electrónicamente son tanto públicos como privados, y los

ciudadanos, representados por sus asociaciones, están incluidos como socios del sistema (Government to

Partners: G2P). Estos ciudadanos actúan como sociedad civil y también, si les cabe, como fuerzas

productivas. Su implementación incluye el planeamiento estratégico que adecua las administraciones

públicas para su puesta en red con los asociados. Sus beneficios se registran en la accesibilidad a la

información y servicios por parte del público en general y en una participación más intensa de los partners,

quienes están incluidos en los procesos de toma de decisiones de políticas sectoriales ligadas a los servicios

prestados y a la información en línea. La entrada al mismo se da a través de un portal compartido por

gobierno y grupos asociados (económicos, educativos, culturales, etc.), que está individualizado como el

ingreso al gobierno pero que también lleva a la ciudad o localidad digital de pertenencia de sus socios,

transformando el contenido del portal y sus redes de sustento en un bien público de la comunidad, lo que

evita la disrupciones de sus servicios causadas por los cambios administrativos y políticos.

¿Qué tienen que ver los gobiernos locales con ese modelo? Mucho, ya que ellos son, en definitiva,

los más aptos para desarrollarlos; dado que tienen mayores posibilidades de convocar a una actividad

integradora y participativa que avance en ese sentido. No se trata sólo de tener voluntad política para buscar

estos apoyos sino también un comportamiento proactivo y articulador de lo público y lo privado, de lo local

y lo global; ya que sin ser el centro, el gobierno electrónico es la pieza más importante de las redes del

sistema precisamente por cumplir esos roles integradores. Uno de los aspectos más apreciados de estas

formas es la potenciación que brindan al desarrollo económico, fruto también de las exigencias del sector

privado de condiciones económicas más abiertas, más dinámicas y competitivas.

A grosso modo se pueden mencionar como sus puntales sinérgicos a los gobiernos, ciudadanos y

fuerzas productivas aunque se hayan hecho identificaciones más precisas en el gráfico anterior, nunca lo

suficientemente demostrativo de la diversidad real. El sistema social evoluciona hacia un mayor grado de

complejidad y madurez, donde las segmentaciones de posibles socios o usuarios son crecientes y también la

demanda en calidad y la atención. Se trata de satisfacer intereses individuales e intereses colectivos; y, al

mismo tiempo, promover la cohesión social y ejecutar las políticas públicas articuladoras hacia un entorno de

globalización, considerando cada parte como relevante. Es la muerte del usuario o el ciudadano abstracto 4 así

como de los sistemas relativamente autosuficientes de territorios y soberanías.

Estas formas asociativas han tenido distintos grados de desarrollo en las experiencias

internacionales:

1) el de consultas a los distintos sectores de la comunidad con el objetivo de dar información

segmentada conforme a perfiles de usuarios y también servicios apropiados a los requerimientos

diversificados;

2) el de habilitar a la comunidad para que participe en el diseño, implementación y evaluación de los

servicios sectoriales puestos en línea, y 3) el de integrar sociedades mixtas con participación

accionaria (como en el caso de la Generalitat Valenciana y su modelo Infoville aplicado a más de

100 ciudades de Europa, donde el gobierno conserva el 51% del paquete y el resto se divide entre

los sectores organizados que se ha hecho mención en este apartado)5

4 En este trabajo se habla tanto de “usuarios” como de “ciudadanos” para evitar la exclusiva referencia a estos últimos (“Atención al ciudadano”, invocación casi única de identificación de los receptores en América Latina). Los ciudadanos no son los únicos habitantes de un territorio con derecho a reclamar servicios, también están los niños, adolescentes o los extranjeros). Además, la delimitación a un territorio como espacio de impacto significa una subutilización de las TICs. La inclusión del término “usuarios” se realiza porque la incorporación de estos sistemas al mundo global supone que los destinatarios pueden ser todos los habitantes del planeta como lo entiende el gobierno australiano al dar la opción, al visitante, de leer su portal en cuarenta y un idiomas diferentes. 5 www.infoville.es

Modelo Infoville (Generalitat Valenciana)

E- DEMOCRACIA EN EL MODELO ASOCIATIVO. OTROS MODELOS. ABIERTOS DE

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Deben existir canales intensivos de información y servicios procesados vía portal (ventanilla única

virtual), sostenidos en paralelo por formas alternativas (hasta que el acceso universal sea una realidad). Estas

formas son los Call Centers y las mesas de entradas únicas descentralizadas (móviles o fijas), también

llamadas “ventanillas únicas presenciales” (donde se puede iniciar cualquier trámite y requerir toda

información). El conjunto de estas formas requiere acompañarse por instancias de consultas sistemáticas y

desarrollos de prácticas participativas activas en relación al diseño, implementación, monitoreo y evaluación

de las políticas que este modelo comprende, principalmente en temas de promoción económica y los

referidos a la vida cotidiana, aunque también en asuntos políticos. Una experiencia interesante es la

desarrollada por el gobierno de Nueva Zelanda. Parafraseando a uno de sus funcionarios, Michael Bott

(2001):

El involucramiento y consiguiente participación de los ciudadanos y de las OSC en el

gobierno electrónico debe darse desde el día número “uno”. Esto significa que dichos

actores participen en todo plan, programa o proyecto que se emprenda...Se necesita luchar

por un sentido de pertenencia de la comunidad a estas formas de gobierno si los funcionarios

pretendemos que sirvan para aumentar la participación democrática.6

En cuanto a los canales de participación, si bien los portales y sitios web son el exponente más

llamativo y extendido de los gobiernos electrónicos, existen también otros medios virtuales como el correo

electrónico, los foros de discusión, los chats o las votaciones on-line.

Los canales de comunicación e interacción que señala Miquel Salvador Serna (2002) son:

6 Traducción de la autora.

• Sitios web7

• Portales (asociados a la idea de ventanilla única: one stop shops), con desarrollos de colaboración

interdepartamental e interinstitucional para que los servicios se construyan sobre la base de

necesidades y episodios de vida de los ciudadanos, no según la división orgánica propia de cada

organización política8

• Correo Electrónico, que debería permitir la conexión entre autoridades políticas y ciudadanos.

• Listas de distribución, asociadas a la idea de hacer circular información y documentación a quienes

se suscriben9

• Foros web y Foros de noticias: en ellos los ciudadanos pueden ver las opiniones de los

participantes en el debate e interactuar y compartir comentarios

• Chats en línea: Esta posibilidad habilita a los participantes a intercambiar opiniones en tiempo real.

• Encuestas: Muchas veces los gobiernos incluyen encuestas en sus sitios web acerca de la calidad de

sus servicios o sobre distintas políticas públicas. Como en todas estas manifestaciones hay que

considerar que el universo relevado es sumamente pequeño para ser significativo por la

inexistencia del acceso universal.

La mayoría de los sitios, cuando se desarrollaron por primera vez, sólo servían como testimonio

presencial y eran pasivos. En las webs del gobierno se podía ver una fotografía del alcalde, de los miembros

electos, quizás algo de información acerca del ayuntamiento o de las autoridades locales. Eso era todo. La

segunda etapa transita por abrir instancias interactivas y contar con un motor de búsquedas. El tercer paso es

habilitar la realización de transacciones. En los gobiernos donde existe integración de lo público con lo

privado y se está en esa tercera etapa: puede gestionarse en línea un nuevo contenedor de basuras, la

asistencia a un curso o la obtención una beca de formación o, incluso, establecer una cita con el médico. El

nivel superior de transformación es la personalización del sitio conforme al perfil del visitante.

La Comisión Europea, en su “Libro Verde sobre la Información del Sector Público y la Sociedad de

la Información” (1998), ofrece la siguiente categorización de estas etapas:

7 Su existencia está extendida a la mayoría de los gobiernos nacionales. Existe una gran diversidad de sitios e y constituyen un estadio inferior a los portales.8 Ejemplos señalados por el autor son: e-Citizen Gateway (Singapur: http://www.ecitizen.gov.sg/), FirstGov (EEUU: http://www.firstgov.gov/), Citizen’s Guide (Finlandia: http://www.suomi.fi/), Public Counter 2000 (Holanda: http://www.ol2000.nl/), UKOnline (Reino Unido: http://www.ukonline.gov.uk/), Service Public (Francia: http://www.service-public.fr/), o Administracion.es (España: http://www.administracion.es/)9 El referido autor trae como ejemplo a Minnesota (http://www.e-democracy.org/) donde, a través de una lista de distribución, los ciudadanos que se registran pueden dar su opinión y debatir con otros

La OCDE (2001) en Citizen as Partners, también ensaya una categorización de niveles, los que

identifica como de:

I.- Información: gobierno hacia ciudadanos: una sola vía de relación.

II.- Consultas: El gobierno pregunta para recibir feddbacks de sus ciudadanos acerca de sus decisiones

políticas: es una relación de doble vía. Ejemplos: encuestas, comentarios sobre proyectos

legislativos.

III.- Participación activa: de los ciudadanos en la decisión y producción de políticas. Es una relación de

doble vía, o ida y vuelta, basada en el principio de “partnership” o modelo asociativo

Según las experiencias registradas en países miembros, la OCDE revela las prácticas esos niveles

tanto en su forma presencial (encuentros del gobierno con expertos y/o grupos de ciudadanos; encuestas y

consultas a usuarios internos, externos y a organismos públicos) como en su forma virtual (a través del portal

y otras formas ya mencionadas). En relación a esta última identifica:

I.- En el nivel informativo, supone la suficiente disponibilidad de información para garantizar

participaciones responsables. Ello se logra mediante la digitalización y/o puesta a consulta de la

información legislativa y del ejecutivo, así como también la referida al sector privado asociado.

Incluye documentos oficiales, publicación de proyectos, publicaciones de políticas, guías,

manuales, reportes, normas, información importante de y para cada sector no gubernamental. En

este nivel también se aseguran la presencia de datos referidos a la composición y características

partidarias del Concejo Deliberante, sus proyectos en marcha y normas sancionadas, así como los

links a otros organismos locales, nacionales, internacionales (públicos o privados) para permitir el

acceso a la información que contienen.

II.- Nivel de consulta: Se registran políticas que apuntan a la implementación de buzones electrónicos

dentro de cada área temática, la creación de listas por temas de distribución de e mails, el

desarrollo de medios electrónicos de comunicación con los concejales, los bloques, y las

comisiones legislativas y la implementación de herramientas necesarias para feedback en la página

inicial y al interior del portal.

III.- Nivel de participación activa: Identifica los foros de discusión y de chats sobre episodios de vida.

Respecto a las actividades legislativas/administrativas propiamente dichas, señala la creación de

una entrada virtual (dentro de la ventanilla única) para la recepción de iniciativas de ciudadanos,

grupos u organizaciones, con respuesta de los pasos legislativos/administrativos de los proyectos

presentados. Al interior de la participación activa puede distinguirse si la misma es vinculante o

no. Sólo cuando lo es genera el sentido de pertenencia a que se hizo mención más arriba.

Por otra parte, dentro de la concepción de modelo electrónico asociativo, estos niveles deben

también contener:

a.- La evaluación participativa de la marcha del proyecto de gobierno electrónico (por medios físicos y

electrónicos)

b.- El diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de datos que permitan medir la

participación de la comunidad en el gobierno electrónico, la satisfacción en la implementación de

ese gobierno y la apertura del gobierno electrónico para hacer efectiva la participación en cada

política sectorial

c.- Políticas de capacitación a nivel de gerencia pública para el desarrollo de habilidades y

competencias vinculadas a la participación comunitaria en el gobierno electrónico: técnicas de

comunicación, relaciones públicas, negociación, mediación, estrategias, etc.

REINGENIERÍAS INSTITUCIONALES

Es imposible pensar el modelo descrito sin remitirse automáticamente a la necesidad de producir

cambios culturales e institucionales profundos en los gobiernos. Las barreras organizativas son el principal

obstáculo, barreras fuertemente asentadas en razones jurídicas y políticas y también en una cultura resistente

afincada en una administración fuertemente compartimentada. Lo tecnológico tampoco se libra de ser

obstáculo, porque la transversalidad en la comunicación interinstitucional que requiere un buen gobierno

electrónico tropieza con barreras técnicas y problemas de interoperabilidad entre sistemas y tecnologías que

en muchos casos se han heredado del pasado y, en lo esencial, no han sido construidos para

intercomunicarse.

Una buena receta es partir del estado real de las organizaciones públicas, lo que es especialmente

relevante cuando los gobiernos de las municipalidades y regiones latinoamericanas no tienen un pasado

uniforme, ni parejo con las realidades de otras latitudes, además de una ausencia de “burocracia tradicional”,

al estilo weberiano (profesional, autónoma y no invadida por clientelismos políticos) Así, muchos de los

gobiernos electrónicos que se pretendieron implementar, y se implementaron, construidos en base a los

recetarios internacionales dieron como resultado montajes tecnológicos superficiales e ineficaces sobre:

“Organizaciones del Estado de bienestar inmaduras que no estuvieron organizadas mediante líneas

burocráticas estrictas.

Escuelas públicas, hospitales, y servicios sociales y comunitarios crecieron de formas variadas, y en

muchas de ellas los profesionales, no los burócratas, a menudo fueron los actores clave” (Pollit, 2002: 277).

Para favorecer un proceso planificado y exitoso resulta clave un verdadero enfoque integrado.

Avanzar en esta línea requiere importantes procesos de aprendizaje institucional, donde las denominadas

“buenas prácticas”, si bien funcionan como un referente importante, deben ser necesariamente

reinterpretadas a partir de la propia realidad institucional.

Utilizar estrategias de “exploración institucional” se plantea como una opción adecuada al

alcance transformador de las TIC, que debe recordarse, son tan solo un medio para

conseguir otros fines, esto es, una transformación integral del modelo de gobierno local.

Atreverse a experimentar utilizando el potencial de cambio de las TIC puede resultar más

productivo que empeñarse en opciones de “explotación” de las instituciones vigentes que, en

muchas ocasiones, tan solo permiten modificaciones dentro de su ámbito acotado de

funcionamiento, lejos de las exigencias de buena parte de las realidades latinoamericanas

(Serna: 2002)

DESIGUALDADES Y ACCESO UNIVERSAL

Se podrá decir que estas formas no incluyen a toda la sociedad y se tendrá razón. Resultaría inútil su

implementación sin el desarrollo paralelo de la ciudadanía electrónica; esto es, de la existencia de

posibilidades extendidas de acceso y utilización de las TICs por parte del conjunto de la población y de las

instituciones de la comunidad, así como de sus empresas. No sólo se trata de mejorar los sistemas de

información y de atención al público o de explicitar cuáles son los compromisos de calidad, sino también de

potenciar los sistemas de consulta que aporten al gobierno información relevante sobre las prioridades de los

ciudadanos en los diferentes aspectos que cubren los servicios públicos, sobre sus expectativas y

preferencias, sobre su nivel de satisfacción y sobre las posibles áreas de mejora en aquellas fuerzas

productivas que se encuentren asociadas.

Paralelamente cada gobierno debe trabajar sobre las causas que pueden generar las desigualdades en

el acceso. Existen las exclusivamente tecnológicas como la imposibilidad de acceso a un dispositivo, en

principio un ordenador, para poder llegar a la red. Para ese universo hay que insistir con el acceso más

tradicional como la ventanilla presencial (o mesa de entradas) la cual también puede encontrar, en la

tecnología, nuevas posibilidades; como las ventanillas integradas únicas o las oficinas móviles, con la ayuda

de los Call Centres, como se dijo. También se reconocen las dificultades de índole cultural, producto de la

ausencia de formación digital, especialmente en aquellas personas que por edad tienen dificultades de

formarse, pertenecientes a las generaciones consideradas after computer.

Frente a ellas se deben seguir pensando en formas presenciales y telefónicas como las indicadas.

Existe otro aspecto cultural: las barreras idiomáticas. Al gobierno le cabe insistir con la enseñanza de

idiomas, sobre todo el inglés (el idioma de Internet), por un lado y, por el otro, impulsar políticas de

nacionalización de contenidos incorporando los idiomas locales y los de sus grupos migratorios.

Respecto a la búsqueda de medios más habituales de acceso, es interesante la experiencia del Reino

Unido expuesta por Doug Forbes en las Jornadas del Proyecto CERES. La tendencia relatada parece apuntar

hacia la televisión interactiva. Algunos tramos de su discurso fueron los siguientes:

Lo que está pasando es que la convergencia entre el teléfono, la informática y la televisión

está haciendo que algunas de las empresas de televisión en el Reino Unido empiecen a

desarrollar conexiones a Internet y brazos activos, como la [e-TV active] y vemos que en el

futuro aún habrá más. Y estas empresas van a llevar la iniciativa de los equipos de conexión

para televisores [set top boxes] para la población, y lo estamos viendo ya en algunos

campos... El panorama muestra que en varios lugares, junto a la TV interactiva se cuenta

con set-top box se puede conectar a Internet, a los equipos de vídeo del hogar y posiblemente

cuente con una Web-cam para su uso en servicios sociales, médicos (o de otro tipo), y utilice

de tarjetas inteligentes que se pueden cargar con dinero y que permiten pagar. Ya hay varios

de estos dispositivos en el mercado y están operativos, pero se basan en la televisión

interactiva y en ciertos tipos de televisión. Recuerde que si sólo el 50% de la población se

puede permitir y puede utilizar los ordenadores, habrá otro 50% de la población que ni se

los puede permitir ni los puede utilizar. Por ello, sugerimos que la televisión interactiva será

un factor decisivo en el futuro.

LA SEGMENTACIÓN DE LOS DESTINATARIOS, LA CLASIFICACIÓN DE LA

INFORMACIÓN, LOS EPISODIOS DE VIDA, LA PARTICIPACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE

ACCESO

La segmentación de usuarios en colectivos con problemáticas comunes conlleva a necesidades muy

concretas de relación con las administraciones públicas y, consecuentemente, una demanda específica de

servicios que bien pueden ser de información, de tramitación en línea o incluso de servicios finales de

atención como la educación a distancia o la telemedicina. De esta segmentación nace la consideración de

servicios público privados integrados en función de identificación de status (desempleados, mujeres,

familias, empresarios, jóvenes, niños, trabajadores, etc.), estilos de vida (deportes, cine, teatro, turismo, etc.)

y también de lo que se ha dado en llamar “episodios de vida” donde se unifica y organiza la información,

orientándola hacia alguna circunstancia biográfica relevante: el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la

perdida de empleo, cambiar de vivienda, abrir un negocio, entre otros.

El resto de la información de entrada al portal, pública o privada consiste, en las buenas prácticas, en

“temas” desarrollados en un lenguaje coloquial, que llevan el nombre que la gente usa para esas actividades

(desterrando la identificación gubernamental excepto cuando se ejerce la opción de ingresar a áreas técnico

administrativas donde, aún manteniendo el estilo llano, se hace mención a los nombres de los programas y a

sus textos normativos). Esta transformación del lenguaje comunicativo surge de haber relevado el conjunto

social, haberlo segmentado y también de un proceso de detección de lenguajes, intereses, perspectivas y

necesidades de los diferentes actores a quienes se les puede dar una menor o mayor participación en este

proceso. Tales esfuerzos significan la simplificación de los procedimientos, buscar sinergias entre los actores

responsables, orientarlos a la prestación de servicios integrados que superen barreras de competencias entre

centros directivos de un mismo gobierno y enmascarar las complejidad internas de los procedimientos que

vuelven los trámites tediosos. También se verá cómo los gobiernos electrónicos brindan opciones

comunicativas concretas para dar respuesta al problema del acceso universal10

UN CASO ESPECIAL: EL MUNICIPIO DE LEICESTER (U.K) http://www.leicester.gov.uk

Se toma este municipio como un ejemplo de participación y preocupación hacia el universo de sus

habitantes, sean ciudadanos o no (traducciones y Revitalising Neighbourhoods), adultos o niños (Concerned

about a child), de categorización de servicios públicos y privados (A a Z y Leicester Active), de diseño de

“Episodios de Vida” (Life Events) y de modelo asociativo (Leicester Partnership).

PARTICIPACIÓN

Revitalising Neighbourhoods es un programa de participación de los barrios que se desarrolla junto a

un plan del gobierno para reducir la brecha entre barrios ricos y pobres a través de un fondo especial. Sus

objetivos son: 1) aumentar el nivel de involucramiento de la población local con sus vecindades y con las

10 Se analizan sólo portales (frente o front office) pues no existe posibilidad de acceso a registros de cómo, cada uno de los gobiernos elegidos, organizó su trastienda o su back office.

decisiones que se tomen respecto a ellas; y 2) mejorar los servicios brindados. ¿Cómo pretenden

conseguirlo? Constituyendo foros locales, estableciendo acuerdos, determinando los roles y

responsabilidades de los coordinadores de cada barrio, brindándole recursos al proyecto. Los foros locales

representan a cada barrio y designan sus propios coordinadores. Deciden sus prioridades y ayudan a

desarrollar los planes comunitarios. Cada foro tiene su presupuesto y consensúa cómo lo gasta.

MODELO ASOCIATIVO:

Esta entrada lleva a un sitio llamado “Leicester Partnership”. Los objetivos declarados del sitio son

unir a la comunidad, desarrollar los servicios públicos y hacer de Leicester un mejor lugar en el cual vivir.

Los asociados se organizan en subgrupos que trabajan en áreas definidas como prioritarias: diversidad,

seguridad comunitaria, educación, salud y asistencia social, ambiente y trabajo. Este sector del portal, con

sus páginas conexas da opciones para comunicarse en línea y también dejar todo tipo de opiniones y

sugerencias: “Déjenos saber cómo podemos mejorar esta sección”. En la imagen siguiente (que surge del

mismo sector del portal) se muestra la estructura de los asociados, donde se identifican, entre otros: la propia

agencia gubernamental (Leicester Regeneration Agency), grupos educativos, culturales, de seguridad, de

salud, las organizaciones de servicios públicos, los sectores económicos y los grupos comunitarios.

EVENTOS O EPISODIOS DE VIDA

Tal como se señaló, son modos de agrupar momentos de la biografía en que las personas necesitan

mayor información y servicios. Muchos gobiernos comparten con la comunidad la responsabilidad de

determinarlos. En esos casos esta agrupación está precedida, mantenida y aumentada por chats y foros donde

la misma comunidad va determinando el agrupamiento de la información y servicios considerados

importantes, sin importar su fuente pública o privada. Lo relevante es brindar los servicios que la gente está

pidiendo para cada una de esas ocasiones, no cuál es el organismo o asociación prestador (información

burocrática). Para el caso de ser pertinente, las instituciones aparecerán pero de un modo integrado al resto

de la información. En Gran Bretaña ésta es una práctica habitual y lo demuestra la aparición sistemática de

nuevos eventos. Otros portales sólo copian resultados.

Los eventos de vida en Leicester están clasificados en: contrayendo matrimonio, previniendo el

crimen, deudas, mudanza, aprendiendo a manejar, desempleo, teniendo un bebé, pérdidas de seres queridos,

empleo, enfermedad, buscando a los ancestros, empezando, cambiando o abandonando la escuela.11

Como ejemplo se resume el contenido de alguna de las entradas de estos eventos, aclarando que

siempre dan opciones para obtener asesoramiento vía teléfono.

• Previniendo el crimen: Recomendaciones acerca de cómo reducir el riesgo personal, de la vivienda

y del automóvil. Ofrecen, además, una serie de vínculos a sitios específicos, enlace a la policía

del condado y a las web de los partners dedicados a la lucha contra el delito y el desorden;

también links a los grupos responsables de remover graffitis, webs de consejos legales y de

protección al consumidor.

• Desempleo: Aconsejan cómo enfrentarlo mediante contactos con equipos especializados del

gobierno, con sitios de capacitación pública libre de cargos y donde el cursante puede dejar a sus

niños al cuidado de forma gratuita y también obtener transporte libre. Contactan con OSCs que

11 Cada comunidad debería agrupar los eventos conforme a sus propias prioridades, tal como parecen haberse hecho en Leicester y en otros sitios.

se encargan de la capacitación y de dar apoyo de todo tipo a los desocupados, consejos para

buscar trabajo y formación para cambiar de perfil profesional.

• Teniendo un bebé: Planeamiento del embarazo, qué hacer ante un posible embarazo, qué sucede

durante el mismo, diferentes opciones de partos, lo que se espera después del parto, servicios

para el cuidado de los recién nacidos, links a secciones especializadas de bibliotecas, otros

dedicados a la salud, OSCs. de madres y las dedicadas a cuidar bebés; también, dónde encontrar

consejos médicos acerca de la contraconcepción y sobre la técnica de amamantamiento.

• Mudanzas: Búsqueda de una vivienda enlazando a sitios de ventas o alquileres y listados de

inmobiliarias. Para los recién arribados a Leicester se les ofrecen vínculos a sitios

gubernamentales y no gubernamentales donde encuentran información de cada barrio acerca de

su polución, posibilidad de inundaciones, escuelas, precios de las propiedades, estadísticas de

crímenes, tráfico de área, transportes, atracciones, cómo conectarse con los concejales del área y

con dentistas, oculistas, atención médica y farmacias. Finalmente, dan asesoramiento a los

homeless sobre hostales donde dormir, con sus horarios y teléfonos.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Los ejemplos tomados son:

• Servicios de la A a la Z: Se ha elegido al azar la “A”. Allí aparecen servicios tan disímiles como:

vehículos abandonados, parques, accesos para gente discapacitada, actividades de ocio,

adopción, educación de adultos, Centro Africano Caribeño, AID/HIV, polución, monumentos

antiguos, animales, arquitectura y bibliotecas.

• En actividades ligadas al ocio insertan algunas como: conciertos, deportes, conferencias, compras

en Leicester (comercios), mercados, museos, festivales, Centro Espacial, cómo viajar hacia y en

Leicester. Toda esta información es público – privada y supone redes asociativas y de

responsabilidades entre todos los sectores.

CONCLUSIONES

La tecnología, bien usada, es un potenciador de interacciones y, también, una excelente excusa para

la reformulación de la arquitectura entre lo público y lo privado, una oportunidad para generar interacción en

lo virtual y, aprovechando la falta de acceso universal, habilitar, en base a modelos participativos virtuales,

mundos paralelos reales también interactivos.

¿Cómo se construyen estos mundos? En principio, rebobinando los hilos ya desplegados, donde los

informáticos y las empresas de TICs han quedado como los reyes de estos temas. Se los necesita, pero sólo

como una herramienta más. Los fenómenos de confluencia Sociedad, Gobierno y TICs necesitan, con

urgencia, una ocupación de territorio por parte de las Ciencias Sociales. No es posible siquiera empezar

desarrollos semejantes sin la realización de un trabajo con la comunidad (local para el caso) que permita la

segmentación y la búsqueda de entidades representativas para la participación primero y para la asociación

después. Estas tareas requieren del auxilio de equipos académicos que apunten a la planeación participativa;

a la elaboración de metodologías de diseño, implementación, evaluación y monitoreo de procesos y

resultados; a la recopilación de información tanto cuantitativa como cualitativa, a la observación documental,

al desarrollo de talleres de discusión entre la comunidad y el gobierno, etc. (Ziccardi, 2003:18)12

Utilizando como metáfora la realización de un concierto: a los informáticos (y a las empresas del

sector) les cabe la función de fabricar los instrumentos y mantenerlos en buen uso; pero los músicos de la

orquesta son otros y la partitura tiene también otra procedencia. El tipo de concierto, desde esta concepción,

debe ser producto de políticas públicas convocantes; la partitura, efecto de la actividad de modelos

asociativos como los indicados. El concierto lo ejecutan todos, por si mismos o por las obras que crean.

12 De este modo se trabaja en otros proyectos participativos. Un ejemplo es el desarrollado por la UNAM con la comunidad de la ciudad de México y su gobierno. Según un informe (Ziccardi, 2003), para la etapa del pre-diagnóstico: “recopilamos el material existente, diseñamos y aplicamos una encuesta a residentes, usuarios y comerciantes, realizamos observaciones y relevamiento de información en el campo, entrevistamos a vecinos, dirigentes vecinales y sociales, representantes políticos y funcionarios del aparato central del gobierno de la ciudad y de las delegaciones. Esta metodología de análisis fue uno de los principales y más originales aportes de este trabajo, respecto a los de otros consultores, y permitió llegar a los barrios con un pre-diagnóstico profundo y bien sustentado...(12)..(En la) realización del diagnóstico con la comunidad y la elaboración de propuestas en los talleres...se desarrolló...un trabajo basado en la combinación del saber de los profesionistas que lo condujeron y los conocimientos, percepciones, imágenes, historias de la colonia y de las vidas de quienes habitan, trabajan o usan estos espacios urbanos...(13)..Se partió de una evaluación técnico-social de los problemas y se buscaron propuestas que contemplaban los intereses particulares o grupales...En este ejercicio partimos de que existen problemas e intereses muy diversos entre quienes habitan...la ciudad...(14)...”La otra etapa es la consulta pública. En este caso se preparó un documento que fue entregado a los vecinos “con un conocimiento más profundo e integral de sus barrios...Ellos podrán apropiárselo y darle seguimiento a las propuestas para que estas se realicen...(17)”

LAUFER, Darío; Apuntes sobre e-gobierno en la Argentina. Definiciones del concepto, historia del decreto y pautas de análisis para tomar en cuenta en los trabajos. Documento de la cátedra, Buenos Aires, 2009.

SOBRE EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA ARGENTINA

Darío Laufer

La implementación de estrategias y sistemas de e-gobierno en la Argentina exige que los investigadores en

ciencias sociales tomen en cuenta los aspectos políticos y los comunicacionales de la cuestión, que a su vez

se relacionan con otras problemáticas como las políticas de digitalización e informatización de los estados

nacionales, las iniciativas regionales y globales de e-gobierno, y las dinámicas que se generan entre el estado

y el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

Existen diversas formas de abordaje para analizar la cuestión denominada gobierno electrónico o e-gobierno

(que surge de la traducción al castellano del neologismo en inglés e-government) y cada uno de los aspectos

mencionados es importante para el análisis del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, surgido del decreto

378/2005 dictado por el poder Ejecutivo Nacional el 27 de abril de 2005.

En este trabajo, nos ocuparemos de los siguientes aspectos:

Análisis de los procesos de informatización del Estados Argentino

Definición de gobierno electrónico y servicios previstos por software

Definiciones políticas para comprender cómo se da la implementación de gobierno electrónico en la

Argentina

Categorías de análisis

Historia del gobierno electrónico

La implementación de estrategias y software para dar servicios a los ciudadanos mediante una plataforma de

gobierno electrónico surgió a finales de la década del 90 en Europa, Estados Unidos y Canadá, al tiempo que

concluía el proceso de informatización de la administración pública. Los principales objetivos de estas

iniciativas consistían en generar rutinas de software para que los trámites que los ciudadanos hacían en las

oficinas estatales pudieran ser gestionados a través de una plataforma electrónica de servicios13.

A nivel regional, la principal iniciativa sobre este tema es la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico,

firmada en Pucón, Chile, a mediados de 2007 durante el Encuentro de Ministros de Administración Pública

y Reforma del Estado, surgida dos años después del decreto 378.

En esa reunión, en la que participó el gobierno argentino a través de José Alberto Bonifacio, Director del

Sistema Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de Administración Pública, dependiente de la

Secretaría de la Gestión Pública del Poder Ejecutivo Nacional, se definieron los lineamientos que deberían

tener las implementaciones de gobierno electrónico en los países de Iberoamérica.

13? Becerra, Martín. Sociedad de la Información: proyecto, convergencia, divergencia. Cap IV. Las cosas contra las palabras: documentos e indicadores. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, febrero de 2003.

“A los efectos de la presente Carta Iberoamericana se entienden las expresiones de “Gobierno

Electrónico” y de “Administración Electrónica” como sinónimas, ambas consideradas como el uso de

las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los

ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la

transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las

denominaciones establecidas en las legislaciones nacionales. La adopción del Gobierno Electrónico en

la gestión pública por parte de los Estados iberoamericanos se propone la satisfacción de las

necesidades así como contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo que jamás podrá consistir en una

simple respuesta a las ofertas tecnológicas que provienen del mercado. En atención a que el Gobierno

Electrónico se encuentra indisolublemente vinculado a la consolidación de la gobernabilidad

democrática, tiene que estar orientado a facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el

debate público y en la formulación de la política en general o de las políticas públicas sectoriales,

entre otros medios, a través de consultas participativas de los ciudadanos.”14

En la Argentina, el decreto 378/05 de gobierno electrónico está inspirado en el E-Government Act de los

Estados Unidos, promulgado en 2002. Sin embargo, la legislación local tiene un sesgo diferente ya que se

trata de un decreto promulgado por el Poder Ejecutivo y no se sancionó por ley, lo cual obturó el debate en el

Congreso, y por ende, la efectividad de su implementación.

Originalmente, se otorgó un plazo de 180 días para realizar el nombramiento de elances entre los ministerios

y la Jefatura de Gabinete, encargado de coordinar el Plan Nacional de Gobierno Electrónico en el Poder

Ejecutivo, ámbito de acción del decreto.

En el inicio se planificó un tiempo de diagnóstico de estos temas:

Grado de informatización del estado Argentino.

Análisis técnico de los equipos informáticos hallados.

Usos que se le dan esos equipos.

Sistemas de gestión utilizados.

Grado de conectividad en el PE.

Plataformas operativas.

Este diagnóstico se está llevando a cabo aun hoy. Al cierre de este trabajo, se habían presentado unos 150

diagnósticos, pero el estado aun no había resuelto de qué forma se implementaría el Plan Nacional, qué

ámbitos del PE estarían involucrados, y cuál es el presupuesto que se destinará para la puesta en marcha del

plan, que debería ser tratado en el Congreso.

El mercado de las TICs

Para comprender la cuestión del gobierno electrónico, es necesario ahondar en lo que significa el uso de las

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

14 Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros deAdministración Pública y Reforma del Estado. Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de junio de 2007. Descargada el 31 de julio de 2009 de http://www.clad.org.ve/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf/view

Una de las primeras distinciones surgen de la diferenciación entre el hardware para acceder a los servicios de

gobierno electrónico, y el software, entendido como la interfaz de experiencia del usuario y como el sistema

de gestión que presta el servicio.

El Estado Argentino tuvo diversas olas de informatización, lo cual hace que las plataformas operativas

existentes en todos los niveles de la Administración Pública sean heterogéneas. Las olas de informatización

están ligadas a los momentos en los cuales el estado se dispone a hacer inversiones en tecnología porque

cuenta con los recursos, o porque se torna necesario para ofrecer servicios a los ciudadanos.

Por otra parte, también se relaciona con la capacidad de la industria de las TICs de proveer sistemas y

equipamiento útil para esto. Las dos últimas olas de informatización del estado argentino se dieron entre

1993 y 1998, y luego entre 2003 y 2008. La primera coincidió con la masificación de las PCs como

herramientas de trabajo para procesamiento de texto, cálculos, y con el lanzamiento de Internet comercial (en

1995 en la Argentina) lo cual hizo crecer la base instalada de equipos informáticos en las empresas y

hogares.

1996 1997 1998 1999

Cantidad de PCs

vendidas

293.600 370.000 420.000 450.000

Variación porcentual 12,9% 26,0% 13,5% 7,1%

1996 1997 1998 1999

Parque Informático 1.465.000 1.705.000 1.915.000 2.225.000

La segunda ola estuvo asociada a la masificación de Internet y al incremento de la cantidad de líneas de

telefonía celular, industrias cuyo rimo de crecimiento está relacionado con la Ley de Moore15.

15 En abril de 1965, Gordon Moore, fundador de Intel, publicó un artículo en la revista Electronic predijo quela cantidad de transistores que entran en un procesador se duplicaría cada 18 meses. Unos años después corrigió esa predicción, y aumentó el plazo a 34 meses. Véase más información en el artículo Lo quiero todo, todo. Revista Information Technology número 101, septiembre de 2005.

Fuente: Intel

Esta ley es la que marcó el desarrollo de la industria de las TICs en todo el mundo, generando una capacidad

productiva inédita en los países fabricantes de tecnología, lo cual derivó en una gran oferta de bienes y

servicios disponibles en todo el mundo. Esto se dio porque la escala de producción mundial hizo que los

costos de la tecnología se abarataran constantemente, al tiempo que las capacidades de los dispositivos eran

cada vez mayores16.

Además, este proceso se dio en la década del 90, cuando las empresas del sector TICs expandieron sus

operaciones comerciales hacia los países de América Latina, ya sea por presencia directa o por contratos de

distribución de sus productos. En esa época, el proceso de globalización comenzaba a ser definido por los

expertos como una fuerza centrífuga surgida desde los países centrales, que incidía en los ámbitos políticos,

gubernamentales y económicos de los estados. “Sólo algunos estados, como los Estados Unidos y Gran

Bretaña, están diseñando las nuevas normas y la nueva legalidad necesaria para garantizar los derechos y la

protección de las empresas y los mercados globales”, señala Saskia Sassen17.

La cuestión del gobierno electrónico y la globalización tienen otros puntos de encuentro. Cuando surge una

iniciativa local o regional, en general está acompañada de un programa de diferente alcance (puede ser

supranacional, por ejemplo como crédito de organismo de financiación internacional), por lo cual la escala

de implementación de una estrategia de gobierno electrónico, siempre se relaciona con una instancia

diferente a la del estado nacional a la cual deberá rendirle cuentas. Eso se conoce como Accountablity, y es

la función de control que ejercen los organismos multilaterales de crédito para ofrecer financiación por un

proyecto.

El software como hecho cultural

A partir de la lectura del libro online Software takes command de Lev Manovich18, emerge una nueva

cuestión: la necesidad de realizar estudios culturales sobre el software.

Esta iniciativa obedece a varias cuestiones, la más relevante, que el software ocupa un espacio cada vez

mayor en la vida social. Y no se trata sólo de las redes sociales porque eso implica obturar otras funciones de

gran relevancia, que merecen mayor atención, como la cuestión del gobierno electrónico.

El software permite hacer seguimiento de paquetes físicos, de datos y personas, establecer rutina, construir

perfiles de grupos sociales, analizar consumos, elaborar estadísticas permanentes, crear mundos, copiar y

editar, crear avatares y nuevas personas que se relacionan con otras en mundos digitales.

Analizadas individualmente, cada una de estas capacidades ofrece un espacio de exploración muy

interesante. Por ejemplo, en la creación de avatares en metaversos se establece una continuidad entre los

videojuegos, la soledad de las ciudades y la necesidad de narrar la historia propia desde un Yo reconocible

por el Otro. Sobre esto habla Paula Sibilia19 cuando dice que el cuerpo es la nueva utopía.

16 Cohen, Daniel. Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial. “La Sociedad de la Información”, Katz Editores, Buenos Aires, 2007, pág. 15. 17 Sassen, Saskia. “El Estado frente a la economía global y las redes digitales”, en Una sociología de la globalización, Katz Editores, Buenos Aires, 2007. 18 Manovich, Lev. Software takes command. Versión 20 noviembre de 2008, descargada el 22 de julio de 2009 desde http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html. 19 Sibilia Paula. La intimidad como espectáculo. Editado por Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.

En este trabajo nos interesamos en la creación de interfaces de usuario para que la gestión de gobierno

electrónica sea interesante para los ciudadanos, y les permita obtener la información que están requiriendo, o

que debe ser pública, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, lo que sucede en el ámbito del entretenimiento y las relaciones sociales, debe ser tomado en cuenta

por los responsables de la gestión de gobernó electrónico ya que serán qienes faciliten provean las

herramientas de acceso a la información cuyo uso sea complementario y esté actualizado, con el fin de captar

la atención de los ciudadanos, ofreciéndoles sus servicios bajo los parámetros de accesibilidad y calidad que

requieren.

En la generación de trámites, guías de usuario, rutinas e interfaces, los comunicadores deberán tener qué una

opinión competente, ya que el proceso de gestión de gobierno electrónico requiere de sus capacidades para

crear los circuitos que un ciudadano deberá recorrer para poder gestionar sus servicios.

Conceptualizaciones teóricas

Para el análisis y la implementación de estrategias de gobierno electrónico, es necesario poner en juego

diversas categorías como democracia y acceso a la información, en el contexto de globalización mencionado

antes.

De acuerdo con las nociones de democracia que presenta Cass Sunstein presenta en su libro Republic.com20,

al momento de pensar las reformas que podrán derivarse de la impementación de un Plan de Gobierno

Electrónico, deberían tomarse en cuenta tres cuestiones fundamentales:

1) Fomentar la exposición a materiales, temas y posiciones relativas al ejercicio pleno de la ciudadanía

que determinados individuos no elegirían de antemano, o por lo menos una exposición suficiente

para dar lugar a un cierto grado de comprensión y curiosidad que devenga en una mayor

participación y pluralismo.

2) Partir de la importancia de una serie de experiencias comunes entre los ciudadanos y promover el

sentirse parte de la comunidad.

3) Exponer cuestiones fundamentales de política y principios, en combinación con una variada y rica

serie de posiciones sobre tales cuestiones.

La tesis principal de este autor es que un sistema de comunicaciones fragmentado pondría en peligro un

orden democrático que funcionara adecuadamente. Por lo tanto, expone seis propuestas que funcionan como

punto de partida para pensar una reforma estatal democrática:

1) Generar ámbitos deliberativos y de participación diversos, que sean divulgados a través de Internet,

que garanticen el debate entre personas de distintas opiniones

2) Un sistema de democracia deliberativa en buen funcionamiento necesita un cierto grado de

información para que los ciudadanos puedan participar en sus labores de control y deliberación.

20 Sunstein, Cass. Republic.com. Princetown University Press, Princetown, 2000.

3) Debe existir un mecanismo a través del cual se produzca una autorregulación voluntaria que asegure

el pluralismo en los diversos sitios de cada nación.

4) El estado deberá promover las subvenciones económicas a los sitios web y a la programación

televisiva con el fin de garantizar un acceso igualitario a los medios.

5) Los sitios web más visitados deberán disponer de enlaces pensados para entrar en contacto con

importantes cuestiones democráticas, ofreciendo obligaciones de transmisión y reenvío de los

contenidos que proveen.

6) Las obligaciones de transmisión para los sitios web deberán incluir enlaces pensados para asegurar

que los visitantes conozcan los sitios que expresan un punto de vista contrario, diferentes,

complementarios, pertenecientes a diversas ofertas culturales, cuestiones macro de la política y de la

gestión (por ejemplo, información sobre la historia de la administración de los municipios), con el

fin de asegurar una mayor democratización de los contenidos.

El problema más importante para este autor es que un sistema de libertad de expresión no debe interpretarse

en absoluto desde el punto de vista del consumidor y el consumo ya que una república no es una democracia

directa, y que un buen sistema democrático dispone de instituciones pensadas para garantizar un cierto grado

de reflexión y debate.

Si un sistema de democracia deliberativa en buen funcionamiento necesita un cierto grado de información

para que los ciudadanos puedan participar en sus labores de control y deliberación, entonces las funciones

del Estado deberán contemplar en sus formas de manifestación no sólo a los tradicionales medios de

comunicación sino también a los sitios web subnacionales y municipales, y la Internet en cualquiera de sus

manifestaciones.

Bajo esta idea lo que intentaremos es dar cuenta del nivel de relación que se presenta en cada uno de los

casos entre el nivel municipal / regional y el estatal nacional. Debido a que analizamos en ambos casos

estamos tratando con países federales, consideramos fundamental prestar atención a los elementos que hagan

referencia a esta relación entre los diferentes niveles estatales.

Al mismo tiempo relacionaremos los niveles de participación propuestos desde los dos sitios para dar cuenta

del nivel de democracia alcanzado en cada uno de los países y cómo este determina la construcción de la

gobernabilidad desde un medio electrónico, así como las distancias que se presenten, si es que las hay,

respecto de la gobernabilidad tradicional, entendiendo por esto la relación política hereditaria de cada uno de

los municipios trabajados.

La noción de Gestión Municipal

Según Daniel García Delgado21, el interés por lo local y la gestión municipal es heredero de una serie de

investigaciones producidas a lo largo del proceso de transición y consolidación de la democracia. Si bien con

anterioridad a estos últimos quince años predominó un enfoque jurídico e histórico de lo municipal, a partir

de la década del ochenta la teoría de la transición comenzó a rescatar lo local poniendo el acento en la

21 García Delgado, Daniel, Hacia un nuevo modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en Argentina, Buenos Aires, Editorial

Norma, 2000.

necesidad de descentralizar y de mejorar la participación municipal, como uno de los factores necesarios

para la consolidación del régimen democrático.

Del mismo modo, la teoría de los nuevos movimientos sociales impulsó el reconocimiento social de la

multiplicidad de actores y problemáticas existentes en las comunidades y naciones, al tiempo que abrió la

posibilidad de profundizar la democracia a partir de este reconocimiento.

Pero lo que es nuevo en la década del noventa es el énfasis en la desburocratización y en los requerimientos

de eficacia y eficiencia de la gestión estatal orientada al desarrollo local, como así también a una

planificación estratégica y a una mayor injerencia municipal en la política social.

Este cambio de modelo de gestión está vinculado con otra constatación, y es que en el marco de la

globalización aparece un nuevo rol de las ciudades: una tendencia a que se constituyan como centros de

decisiones y estrategias propias.

Este proceso de reforma tiende a fomentar el buen manejo de los fondos públicos, planificar las actividades y

la elaboración de presupuestos en tiempo y forma (por programa participativo, por ejemplo), y también la

informatización del municipio. La eficacia y el desempeño son nociones vinculadas a la calidad de los

servicios, a un ciudadano redefinido como cliente, consumidor o usuario, lo que supone una lógica de gestión

basada en la demanda más que en la oferta, y en suministrar información y capacidad de control sobre la

administración. En este sentido, preferimos utilizar la categoría de ciudadano en tanto beneficiario de una

ciudadanía que tienda a ser plena y que implique una concepción de Estado “ciudadano-céntrica”.

La cuestión de la participación política

Según Norberto Bobbio22, este término es utilizado generalmente para designar toda una serie de actividades

vinculadas a la participación de los ciudadanos en los distintos niveles del Estado. Por eso su utilización da

cuenta de prácticas individuales y sociales, orientaciones políticas, compromisos durante los procesos típicos

de las democracias occidentales (actos electorales, manifestaciones, protestas).

Este autor destaca tres formas o niveles de participación política:

1) Presencia: menos intensa y más marginal, se trata de comporta-mientos esencialmente receptivos o

pasivos en situaciones en las cuales el individuo no hace ninguna aportación personal.

2) Activación: el sujeto desarrolla, dentro o fuera de una organización política, una serie de actividades

de las cuales es delegado permanente, o de las que se encarga vez por vez, o de las cuales puede ser

él mismo promotor.

3) Participación: situaciones en las cuales el individuo contribuye directa o indirectamente en una

situación política.

El ideal democrático prevé una ciudadanía atenta a los desarrollos de la cosa pública, informada sobre los

acontecimientos políticos, al corriente de las principales cuestiones, capaz de elegir las distintas alternativas

propuestas por las diferentes fuerzas políticas, y comprometida de manera directa o indirecta en forma de

participación.

22 Bobbio, Mateucci, Pasquino, Diccionario de Política, Barcelona, Siglo XXI, 1999.

Este concepto de ideal democrático y de ciudadanía propuesto por Bobbio será nuestro criterio a la hora de

interpretar los modos de aparición del sistema democrático en cada uno de los municipios analizados.

Siguiendo la perspectiva de Bobbio, entenderemos por política al derivado del adjetivo de polis (polítikos),

que significa todo lo referente a la ciudad, y en consecuencia, ciudadano, civil, público, y también sociable y

social. Aclara el autor que en la Edad Moderna el término perdió su significado original y se emplea

comúnmente para indicar la actividad o el conjunto de actividades que de alguna manera tiene como término

de referencia la polis, es decir, el Estado. Pero como analizamos anteriormente, haremos hincapié también en

el contexto de globalización en el cual se insertan las estrategias de gobierno electrónico, ya que su análisis

en el contexto estado-nación es insuficiente porque el proceso de globalización relaciona entes

supranacionales con otros municipales o regionales (subnacionales).

La idea de cultura política

Según el Diccionario de Términos de Sociología de la Cultura, compilado por Carlos Altamirano 23, el debate

teórico en torno a esta idea se centra en las definiciones, los paradigmas y las metodologías con una pregunta

siempre abierta sobre la interacción entre cultura e instituciones y una cadena de nudos problemáticos.

Frente a las vertientes institucionalistas –que han vuelto a tener predominio en los últimos veinte años– o los

análisis sistémicos del proceso político, muchos autores ubican la cultura como variable relevante e incluso

independiente cuando se define la tipología del Estado y del Gobierno, los factores de estabilidad o cambio,

las bases del autoritarismo y, en particular, las claves de la democracia.

Al finalizar el siglo XX la cultura política se liga a los fenómenos de rotación de época: la transformación de

las sociedades capitalistas, los desafíos de la globalización, el redoble de la informática y los medios de

comunicación, o el crash (choque) de civilizaciones (Hungtinton).

En nuestro caso particular de análisis, tomaremos el concepto de cultura política para dar cuenta de aquellas

prácticas tradicionales que caracterizan el tipo de relación establecida entre ciudadano y gobierno, tanto a

nivel nacional como subnacional y municipal. En este sentido, creemos válido rescatar de la propuesta de

Altamirano la relación que se plantea entre el ámbito de lo político y las alteraciones que este sufre a partir

de la globalización y el “redoble de la informática y los medios de comunicación”.

Sobre el progresismo

Según Raymond Williams24, el término progresista como término de caracterización política, es

comparativamente reciente. Apareció a mediados del siglo XIX en la forma socialistas y progresistas,

conservadores y progresistas. El término opuesto, conservador, también era por entonces reciente en un

sentido político, aunque se lo había utilizado desde el siglo XIV en el sentido general de preservador, y

conservador tenía una aplicación política bastante anterior. Progresista es un término difícil en política

porque tiene tras él una historia, aún puede usarse como opuesto al término conservador pero en su sentido

más general de perfeccionamiento es un adjetivo que prácticamente todos los partidos políticos aplican a sus

propias propuestas.

23 Altamirano, Carlos (comp.), Términos de Sociología de la Cultura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.24 Raymond Williams, Palabras Claves, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 2001.

Personalismo: la democracia en pañales

Según el historiador Luis Alberto Romero25, la cuestión del personalismo emerge en oposición al gobierno

institucional o republicano. “Son tipos puros, pues en cada situación real hay una combinación de ambos.

Hay dos situaciones completamente diferentes, antes y después de que se produzca la construcción

institucional del Estado, con el monopolio estatal del uso de la fuerza que ello implica”.

Lo contrario a los personalismos, sostiene Romero, son las instituciones: la república y las instituciones

republicanas. Entonces, podríamos entender que a mayor personalismo menor funcionamiento de las

instituciones. Por eso, dice el autor, es muy complejo construir ciudadanía de la idea de democracia y

república, porque la democracia puede ser muy personalista, y la república puede ser no democrática. Las

reglas y sus consecuencias no son algo natural sino que resultan de un gran trabajo.

Profundizando la cuestión

La aplicación de tecnologías a procesos del Estado ayuda a cumplir con dos objetivos del gobierno digital: la

reducción de costos y la transparencia. Gobierno electrónico no es un conjunto de sitios y sistemas sin

relación. Se requiere de una política planificada para que el estado nacional, provincias y municipios, usen la

informática para facilitar la gestión pública, mejorar el servicio al ciudadano y lograr participación,

desarrollo e integración a la economía mundial.

Según Sin Chung Kai26, legislador distrital de Hong Kong, que posee un Master en Administración de

Negocios y experto en gobierno digital, cualquiera sea la tendencia de un gobierno, estos tienden a ser

burocráticos y egocéntricos en términos de prestación de servicios. A su vez, señala que las desventajas del

gobierno digital están dadas por la dificultad de garantizar la seguridad de los datos en Internet y la brecha

digital existente tanto a nivel interno en los países con menores recursos como a nivel de los intercambios de

información entre diferentes naciones.

Por su parte, Héctor Rodríguez27, ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de

Argentina, y vicejefe de gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, sostiene en su artículo sobre la

digitalización de la AFIP un punto importante: más allá de lo rica que sea la informatización del Estado,

detrás de cada función que se ofrezca de forma remota debe haber un sistema informático que disponga al

instante de la información necesaria y en forma confiable; y que además procese la demanda y la satisfaga.

El objetivo de esta estrategia consiste en no desalentar a los primeros usuarios para que se comience a

generar una cultura de uso de los sistemas en red ya que permiten al Estado ahorrar recursos y derivarlos a

otros sectores.

Desde esta perspectiva, Celeste Wisniowski28, Licenciada en Relaciones Internacionales, sostiene que el

gobierno digital representa para el Estado la oportunidad de generar un incremento de la productividad y

también una reducción de los costos utilizando tecnologías basadas en Internet. En este sentido, la

incorporación de la red a la administración tributaria resulta fundamental para mejorar el comportamiento de

25 Luis Alberto Romero, en La Nación Revista, Buenos Aires, 7 de noviembre de 2004. 26 Chung Kai, Sin, “El fin del gobierno egocéntrico”, en Revista Actuar, Buenos Aires, Nro. 1, enero-junio 2002.27 Rodríguez, Héctor, “Respetarás al contribuyente”, en Revista Actuar, Buenos Aires, Nro. 1, enero-junio 2002.28 Wisniowski, Celeste, “Cobrar mejor para recaudar más”, en Revista Actuar, Buenos Aires Nro. 1, enero-junio 2002.

la recaudación y lograr un mayor control de la evasión de impuestos. Para el contribuyente ofrece una

sensible disminución de la posibilidad de error, facilidades para el cumplimiento de las obligaciones,

extensión de los horarios de atención, incremento de la seguridad y mayor transparencia, ya que le permite

acceder automáticamente a la información respecto de sí mismo con la que cuenta el sistema.

Para garantizar la accesibilidad, la autora describe los siguientes mecanismos:

Puntos de información de gobierno en lugares públicos.

Acceso mediado por facilidades on line.

Computadoras personales en el lugar de trabajo.

Servicios multimedia digitales.

Establecimiento de centros comunitarios de tecnologías o telecentros.

Para Alejandro Prince29, el concepto de gobierno digital abarca dos aspectos en cuanto a la relación con los

ciudadanos. Por una parte, el Gobierno electrónico propiamente dicho, en el sentido de concepción del

ciudadano en tanto elector. Por otro lado, la e-administración cuya concepción del ciudadano es en tanto

cliente. El Gobierno electrónico refiere a las tecnologías aplicadas a las actividades políticas: los gobernados

son los ciudadanos electores. La e-administración se caracteriza por ser la aplicación de las tecnologías de la

información y la comunicación a áreas, actividades y procesos estatales. En este caso, el ciudadano es

concebido como cliente de la burocracia del Estado. Siguiendo a Prince, es importante dejar en claro que la

concepción que aquí manejaremos de gobierno digital no abarca exclusivamente la utilización de Internet

como herramienta de comunicación sino que refiere a la aplicación de todas las tecnologías al servicio de la

relación ciudadano-Estado.

Según Alejandro Prince el estado tiene al menos un triple rol en su relación con la tecnología de la

información, las telecomunicaciones e Internet:

a. Como dador del marco normativo y regulatorio general y especifico, y de las condiciones sociopolíticas

y económicas estructurales adecuadas.

b. Como promotor y catalizador de la iniciativa privada, mediante lineamientos, políticas y programas

claros y eficaces para todos los actores involucrados, en busca del desarrollo local y adopción de esas

tecnologías.

c. Como usuario modelo y principal, tanto en la administración como en el gobierno.

En la dimensión política es de esperar mayor transparencia y control, mejores mecanismos de participación y

una relación continua y más directa con los representantes y funcionarios.

Asimismo, este autor presenta tres etapas en la implementación del gobierno digital. La primera es llamada

“de experimentación”: supone el lanzamiento o implementación de aplicaciones muy simples como pagar

multas de tránsito o acceder a información on line. Sostiene Prince que esta etapa se caracteriza por la casi

total falta de coordinación entre áreas o niveles de gobierno. La segunda etapa denominada “de integración”

implica la integración de los proyectos entre niveles o áreas, se incluyen trabajos más serios sobre bases de

29 Prince, Alejandro, “El Estado: impulsor, usuario y regulador”, en Revista Actuar, Buenos Aires, Nro. 1, enero-junio 2002.

datos y procesos administrativos. Se destaca por una aparición masiva de transacciones. La tercera etapa

significaría una relación fluida, transparente, eficiente, productiva y dialógica entre el gobierno y la sociedad

civil.

Derrick de Kerckhove, investigador del instituto Marshall Mc Luhan de Canadá, sostiene que “el gobierno

electrónico es el sistema por el cual la mayoría de los servicios que tiene que ofrecer un gobierno está a

disposición de los ciudadanos on line (en forma electrónica), lo que permite reducir mucho la burocracia y

hacer más transparentes los procesos administrativos”.

En una entrevista realizada por el Diario La Nación30 propone una fórmula simple: Gobierno electrónico más

transformación de la actividad política en administración de servicios para los ciudadanos debería dar como

resultado un Estado justo, honesto y eficiente.

El especialista en tecnologías de la comunicación está convencido de que la clave para el desarrollo de los

pueblos se encuentra en Internet. Un uso racional de la red de redes virtuales, dice, no sólo permitiría a los

ciudadanos del mundo liberarse de burocracias estatales corruptas o negligentes (con el consiguiente ahorro

de energía y recursos financieros), sino que, además, reportaría el beneficio adicional de despojar a la

política de su componente pasional.

Este autor sostiene que la principal diferencia entre la Argentina y Canadá es que allí han superado la fase

del cibercafé: todos tienen su computadora, su conexión online. La evolución en Argentina es la misma que

en Canadá, aunque un poco más tardía, afirma. A la hora de definir el gobierno electrónico, De Kerckhove

afirma que es el sistema por el cual la mayoría de los servicios que tiene que ofrecer un gobierno está a

disposición de los ciudadanos online (en forma electrónica), lo que permite reducir mucho la burocracia y

hacer más transparentes los procesos administrativos. En el futuro, dice, la política se orientará cada vez más

hacia una función administrativa.

La idea del gobierno electrónico es que los gobiernos sean verdaderamente un servicio público, que es lo que

deberían ser aunque nunca se consideren a sí mismos de esa manera y tiendan a poner al público a su

servicio.

Links: un primer abordaje

Para llevar a cabo el análisis de la construcción del sitio desde la perspectiva comunicacional, Claire

Harrison31 analiza que en los enlaces subyacen principios retóricos y semánticos que guían su lectura y

navegación. La autora entiende que la retórica es el “por qué” del enlace, y que la semántica es su “a dónde”,

de modo que esta clasificación permite elaborar diversas funciones que cumplen según sus nodos de destino.

Enlace Función Primaria

Autoritativo Describe las políticas legales y formales de una organización,

información de contacto, y todo aquello que legitima el sitio y su

contenido.

30 “Entrevista a Derrick De Kerckhove”, en Diario La Nación, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2004. 31 Harrison, Claire, “Hypertext Links: Whither thou goest, and why”, en First Monday, volume 7, number 10, Octubre de 2002.

Comentario Provee información acerca del sitio y/o de su contenido.

Amplificador Brinda más datos sobre el contenido del sitio al ofrecer detalles o pintar el

“cuadro general”

Ilustrativo Ofrece ejemplos específicos dentro de categorías más amplias.

Conmutador Transforma el modo de lectura en otro que requiere un tipo de actividad

diferente.

De referencia/

Cita

Brinda información que complementa el sentido del sitio.

Autoselectivo Permite al usuario delimitar la búsqueda en función de su edad, sexo,

ubicación geográfica, situación personal, etc.

Marco de Propuestas para un Gobierno Digital Local

A continuación, presentamos una serie de propuestas que consideramos pertinentes como aporte para el

desarrollo de un más complejo y adecuado gobierno digital en la Argentina.

Utilizar la plataforma para construir ciudadanía y fortalecer la democracia. No como medio poco costoso

de propaganda gubernamental, partidista o específicamente del político/a. Esto es, fortalecer el

institucionalismo por sobre el personalismo.

Aprovechar las ventajas del dispositivo electrónico: pensar desde el modelo digital.

Desde este enfoque, generar otras posibilidades a los ciudadanos no contempladas en el modelo anterior

de gestión, además de organizar las posibilidades del modelo tradicional en el nuevo sistema.

Utilizar la participación de los ciudadanos, sus opiniones y críticas, no como información preciosa para

generar discursos con amplio auditorio en los meses de campaña para las elecciones, sino como activos

que permiten la evaluación continua del proceso y que permiten corregirlo o ajustarlo. En otras palabras,

pensar al ciudadano como usuario o beneficiario y no como cliente.

Generar otros canales de acceso y agenda en los ciudadanos sobre el modelo digital. No sólo

estableciendo centros equipados en bibliotecas o en otros espacios a tal efecto, sino brindando la buena

noticia a través de medios tradicionales como folletos en las facturas de los servicios. No sería un

gobierno digital si sólo fuese para entendidos. Todos los ciudadanos deben saber qué posibilidades

brinda el sitio del gobierno. Es posible pensar para esto descuentos en el pago de impuestos o servicios

para implantar este modelo.

Tener en cuenta las particularidades y hábitos específicos argentinos: no trasponer, adaptar. En este

sentido, es importante no olvidar las modalidades de pago más usadas en nuestro país, el acceso

restringido a tarjetas de crédito, el no tan común uso de la tarjeta de débito en los sectores mayoritarios.

Se deberá pensar en modos de pago de amplio acceso o se deberá generar uno específico.

El Gobierno Digital Local deberá funcionar las 24 horas. Esto se basa en la idea de l construcción de

ciudadanía.

Es necesario comprende asimismo que la digitalización de la Argentina dependerá del modelo político

que lleve adelante y de los niveles de democratización e institucionalidad alcance.

Los sitios gubernamentales estarán ligados a este desarrollo, como así también al crecimiento del acceso

a Internet desde los hogares, cuando el país se acerque el fin de la etapa de cibercafé descripta por De

Kerckhove.

Bibliografía

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Laufer, Darío, “Lo quiero todo, todo”, en Revista Information Technology número 101, Buenos Aires,

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GUERÍN, Ana Isabel y GÜIDA, María Clara. La estrategia digital argentina en el marco de la Sociedad del Conocimiento. Documento de la cátedra, Buenos Aires, 2009. MIMEO.

“ LA ESTRATEGIA DIGITAL ARGENTINA EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD DEL

CONOCIMIENTO. ”

Guérin, Ana Isabel y Güida María Clara

1. INTRODUCCIÓN

“En un mundo en cambio, el que se queda en el mismo lugar retrocede.”32

La presente ponencia forma parte de un trabajo de investigación más extenso, cuyo objetivo es

profundizar los estudios respecto de la implementación de Políticas Digitales en la Argentina, en el contexto

Latinoamericano de desarrollo digital, en el marco de la Sociedad del Conocimiento. El mismo implica

abordar las especificidades de dichas políticas, su implementación a partir de la estructuración de una

“agenda digital” estratégica de carácter nacional, su puesta en práctica y sus consecuencias e impacto tanto

en la administración pública como en la sociedad civil, en el marco general de esta “sociedad transparente o

de cristal” que gradualmente ha ido surgiendo y desarrollándose como resultado de la revolución tecnológica

y el advenimiento de la llamada “era digital”.

Bajo el título “La Estrategia Digital en Latinoamérica: agenda(s) digital(es) para la construcción de un

país digital en la Sociedad del Conocimiento. Estudio comparado.” el proyecto tiene como objetivo explorar

y analizar la elaboración y puesta en ejercicio de los planes de desarrollo digital implementados en cada uno

de los países latinoamericanos, en pos de realizar un análisis comparativo del proyecto de país que, con miras

a la Sociedad del Conocimiento, se encuentra contenido en los mismos, en sus metas, fines, modos de

aplicación y resultados.

Para su puesta en práctica, tomamos como eje de análisis la noción de agenda digital, en tanto política

pública para profundizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en tanto eje

impulsor del progreso de un país o región determinada. En este sentido, entendemos que la implementación

de una agenda digital constituye una herramienta de gran importancia en la consecución del crecimiento y

desarrollo -no sólo económico, sino también político y sociocultural- de la sociedad y en logro de una mayor

igualdad e inclusión social. Partimos de la conceptualización de que la implementación de políticas públicas

digitales, en tanto Políticas de Estado permiten modernizar el Estado y aumentar la transparencia del sector

público; incrementar la competitividad nacional y reducir las diferencias regionales de desarrollo; aumentar

la equidad, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades; optimizar la eficiencia de las políticas sociales

y; enriquecer las diversas identidades culturales; entre otros aspectos.

32 “Velocidad y cambio son notas características del mundo actual (…)La loca carrera de la pequeña Alicia detrás del Conejo en la historia infantil narrada por Lewis Carroll hacia 1865, enuncia una misteriosa ley que paradójica y proféticamente regirá más de cien años después nuestra cruda adultez (…)”. REGGINI, Horacio C. “Palabras de apertura” Encuentros académicos. Formación de Ingenieros en la Argentina. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería, Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, 11 de agosto de 2004. Disponible en: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_20/a_7893/7893.html

Dicha investigación se enmarca, entonces, en el marco general de un nuevo tipo de sociedad -basado

esencialmente en el intercambio de intangibles- originado en un importante proceso de innovaciones

tecnológicas que, desde hace una década, han ido marcando, paulatinamente, el ingreso a una nueva Era de

carácter digital. Ésta ha provocado cambios tan radicales como la reducción del tiempo y la quiebra de las

distancias espaciales: el eje temporal y el eje espacial han sido profundamente alterados por la llegada de las

nuevas tecnologías. Como afirma Henoch Aguiar, “el escenario internacional muestra la creciente

relevancia asignada a las redes de conocimiento en el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas”33. En

otras palabras, la Sociedad del Conicimiento se estructura en base al surgimiento de nuevas tecnologías que

modifican hábitos y costumbres; y se caracteriza fundamentalmente por la interacción continua, la conexión

al instante y el flujo e intercambio inmediato de información.

El antiguo paradigma industrial ha dado paso, ahora, a un nuevo paradigma tecnológico-informativo

caracterizado por dos expresiones específicas y esenciales que se fusionan e interactúan, complementándose:

Internet -no sólo como tecnología, sino también como producción cultural- y el conocimiento. De este modo,

la Revolución Digital y la resultante Revolución del Conocimiento han generado un quiebre que ha marcado

el pasaje de la Era Industrial a la Era de la Sociedad del Conocimiento, en donde, en palabras de Henoch

Aguiar, “el principal generador de valor económico es el saber, el valor agregado intelectual a las cosas y a

las acciones (…) El desarrollo imparable de la informática y de las comunicaciones acelera la creación y

difusión de conocimientos, impacta transversalmente en toda actividad, cambia las estructuras de las

relaciones entre las personas, modifica las organizaciones y revoluciona estructuralmente el modo de

crecimiento y competencia de las economías nacionales, reconfigurando el mapa mundial”34.

De acuerdo con Martín Becerra, nos encontramos ante un proceso social caracterizado por una

progresiva importancia de “la información como insumo y proceso productivo”35, que se encuentra en pleno

desarrollo. En dicho proceso, según Manuel Castells, “las condiciones de generación de conocimiento y

procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada

sobre el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la

información”36. Estas tecnologías han cambiado radicalmente los escenarios de acción; sin embargo no

influyen, por sí solas, en las conductas de los hombres: el problema radica en el uso que se haga de ellas y en

la manera en que se capacite a la sociedad para su uso y para que ésta desarrolle una efectiva participación en

las cuestiones de carácter público.

Como sostiene Aguiar, esta nueva sociedad basada en el conocimiento nos brinda una ocasión única para

hallar “una nueva estrategia de crecimiento de país, basada no en la riqueza de nuestra tierra, sino en la

capacidad de nuestra gente, en la educación, en la creatividad, en el ingenio y la adaptabilidad de nuestros

profesionales, en fortalezas intelectuales”37. En este sentido, nos preguntamos acerca de ¿qué rol adquiere el

Estado en tanto promotor de nuevas tecnologías?, ¿qué políticas digitales han puesto en marcha los Estados

33 AGUIAR, Henoch. “Introducción”, en El futuro no espera. Políticas para desarrollar la Sociedad del Conocimiento. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2007. Pág. 13.34 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 17 y 21.35 BECERRA, Martín. Sociedad de la Información: proyecto, convergencia, divergencia. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2003.36 CASTELLS, Manuel. Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica. Cataluña, 2001. En Unidad 1. Legislación Comparada. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – UBA, 2007. Pág. 7.37 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 27.

Latinoamericanos en los últimos años?, ¿cuál es el grado de acceso real que tienen los diversos sectores de la

sociedad?, ¿cuál es nivel de participación que poseen los distintos actores sociales?, ¿cuál es el grado de

digitalización y de adecuación de las TICS que poseen las diferentes sociedades latinoamericanas?

Teniendo en cuenta que este es el momento adecuado para dar “el salto cualitativo (…) para encontrar

la equidad, el crecimiento y el bienestar”38 y siguiendo esta línea de interrogantes, la propuesta del proyecto

de investigación apunta, entonces, a abordar las diversas estrategias desarrolladas por los distintos países de

América Latina en materia de competitividad digital y realizar con ello un estudio comparativo, haciendo

especial hincapié en el caso Argentino.

A continuación, analizaremos específicamente aquellas políticas digitales que se implementaron en

Argentina, teniendo como ideal la ejecución de una agenda digital que englobe todos los aspectos vinculados

a promover la digitalización, la inclusión, el acceso y la transparencia. El objeto de la presente exposición es

reflexionar acerca de las políticas digitales que se están llevando a cabo en nuestro país a nivel nacional en

tanto Políticas de Estado que conllevan un determinado proyecto de Nación con miras al desarrollo en la

Sociedad del Conocimiento y cómo las mismas se articulan en un único documento o plan de acción: la

Estrategia de Agenda Digital Argentina, aprobada por el Decreto N° 512/09 del PEN el pasado 7 de mayo.

Asimismo, a nivel provincial abordaremos el caso paradigmático de la Agenda Digital de San Luis, provincia

que de un tiempo a esta parte está siendo conocida como “la meca digital de Argentina”.

2. ¿QUÉ ES UNA AGENDA DIGITAL?

“Hay muchas formas para agrupar los requisitos de competitividad digital de un país”39. La elaboración

de una agenda digital nacional es una de esas formas.

Siguiendo la Declaración de Principios de la Primera Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la

Información (CMSI), Ginebra 2003, entendemos por agenda digital la consecuencia de un esfuerzo conjunto

de un grupo de trabajo multisectorial -conformado por instituciones de gobierno, organizaciones

representativas del ámbito empresarial, sector académico y de otros poderes del Estado- resultante en un

acuerdo público-privado sobre una estrategia-país, que contempla diversas iniciativas con el objetivo de

contribuir al desarrollo mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para

incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y

la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural de la

Nación y de sus pueblos originarios40. Como sostiene Aguiar, “el término agenda digital no debe ser

entendido con un alcance restrictivo, como si fuera algo que concierne a un sector de la sociedad, porque se

trata de un desafío mucho más grande, de un cambio de Era (que implica un nuevo sistema tecnológico,

económico y social; y) que a nadie deja indiferente”41.

En este sentido, entendemos que la implementación de una agenda digital constituye un mecanismo de

gran relevancia en la consecución del crecimiento y desarrollo -no sólo económico, sino también político y

sociocultural- de la sociedad y en el logro de una mayor inclusión social e igualdad. Partimos, entonces, de la 38 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 20.39 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 34.40 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html 41 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 34 y 35.

conceptualización de que la implementación de políticas públicas digitales, en tanto Políticas de Estado42

permiten modernizar el Estado e incrementar la transparencia de la administración pública; aumentar la

competitividad nacional y disminuir las diferencias regionales de desarrollo; acrecentar la equidad, la calidad

de vida y la igualdad de oportunidades; mejorar la eficiencia de las políticas sociales y; enriquecer las

diversas identidades culturales; entre otros aspectos.

En otras palabras, una agenda digital constituye una política pública diseñada con el objeto de

profundizar el desarrollo de las TICs como eje promotor del progreso de un país o región determinada43.

Como afirma Aguiar, es necesario que cada nación elabore su propia agenda en pos de organizar las

acciones a desplegar con el objetivo de incorporarse con éxito a la Era Digital. Siguiendo a este autor, dichas

acciones pueden ordenarse en seis pilares principales, autónomos pero interrelacionados en un plan general.

“Educación para la Sociedad del Conocimiento, inclusión a través de lo digital, desarrollo de la economía

del conocimiento, legislación digital, gobierno electrónico y desarrollo intensivo de las comunicaciones

(son) como las seis columnas de un templo griego: todas ellas indispensables para asegurar la estabilidad y

permanencia de la nación digital, sede de la Sociedad del Conocimiento”44.

En este contexto, la educación, en tanto espacio de múltiples relaciones sociales en el cual se accede en

forma compleja a un capital acumulado y que posee un papel esencial en la constitución de los sujetos

sociales, adquiere una importancia primordial. El III Congreso Online del Observatorio para la

Cibersociedad definió a la alfabetizacion digital como el proceso que se propone proporcionar

“competencias dirigidas hacia las habilidades comunicativas, sentido crítico, mayores cotas de

participación, capacidad de análisis de la información a la que accede el individuo”45. Es decir, no sólo se

busca enseñar a los ciudadanos a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas generando contenidos

educativos que le permitan aprender fácilmente el uso de las herramientas sino que alfabetizar significa

también transmitir los conocimientos tecnológicos de tal manera que los ciudadanos puedan analizar,

42 Entendemos el concepto de Política de Estado en tanto “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención interés o movilización de otros actores en la sociedad civil”. En este sentido, la agenda de un país se forma a partir de innumerables problemas que afectan a un cierto número de personas y, que fluyen cotidianamente hacia el gobierno en busca de solución. Asimismo, de acuerdo con Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell, la noción de cuestión remite a “asuntos (necesidades, demandas) <<socialmente problematizados>>. Toda cuestión atraviesa un <<ciclo vital>> que se extiende desde su problematización social hasta su resolución. A lo largo de este proceso, diferentes actores afectados positiva o negativamente por el surgimiento y desarrollo de la cuestión, toman posición frente a la misma” (OSZLAK, Oscar y O’DONNELL, Guillermo Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. En Unidad 1. Políticas y Planificación de la Comunicación. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. Pág. 113.) Al igual que para dichos autores (que analizan el Estado Latinoamericano), en nuestro caso y para la perspectiva adoptada en este trabajo, interesan especialmente aquellas cuestiones respecto de las cuales el Estado también toma posición.43 Es menester destacar que consideramos el concepto de desarrollo no como una noción directamente asociada a las ideas de crecimiento económico y progreso, como se pensaba hasta no hace mucho tiempo atrás-: “venía de arriba hacia abajo, partía de modelos relativamente inflexibles y de estrategias uniformes, estaba ligado a intervenciones económicas [...] trazadas por los propios organismos de financiamiento y se preocupaban más por la difusión y la modernización a ultranza, que por la participación activa de la sociedad” (REY, G. Los densos tejidos de lo simbólico. América Latina en las relaciones entre cultura y desarrollo. Ponencia presentada en las Jornadas de Cultura y Desarrollo. Fundación Aloban. Pamplona (España). Noviembre 2006. En Unidad 1.Taller Anual de la Orientación en Políticas y Planificación de la Comunicación. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. Pág. 55.); sino como un discurso socialmente elaborado, que posee “una imaginación sociopolítica y que es construido como una invención históricamente singular” (REY, G. Op. Cit. Pág. 56.) y que debe ser repensado desde un paradigma diferente, más acorde a la situación real de pobreza, desempleo, exclusión y marginación que se vive actualmente en la mayoría de los países de América Latina. Esta posibilidad de reelaboración del concepto permite que los procesos culturales se transformen en los contextos a partir de los cuales se construyen y negocian los rumbos del mentado desarrollo. De este modo, como sostiene José Luis Coraggio, es posible desarrollar una nueva mirada, en la cual los agentes económicos no sean separados de sus identidades sociales, ni de su historia y su inserción en el mundo simbólico e institucional llamado cultura.44 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 15 y 35.45 www.cibersociedad.net

interpretar y generar sus propias opiniones a partir de acceder a los contenidos que circulan por la red. El

advenimiento de la Sociedad del Conocimiento y la consecuente mediación estructural de las tecnologías

digitales en los procesos cognitivos nos exige con una urgencia cada vez mayor que incorporemos “la

cultura del permanente intercambio con los demás, de informaciones, de conocimientos y de proyectos”46.

Siendo las escuelas lugares de intersección de redes y procesos de construcción de las subjetividades, las

exigencias para lograr un desarrollo pleno con miras a la Sociedad del Conocimiento imponen un nuevo tipo

de trabajo fundamentalmente asociativo, colaborativo y de co-construcción permanente donde, a partir de

diversas prácticas de interpelación, los actores sociales47 se constituyan como sujetos de educación activos.

En suma, una nueva mirada de y desde la educación se vuelve imperativa, pues estas transformaciones

evidencian “el pasaje de la centralidad cultural del sistema educativo a diversas formas de reforma del

mismo y reubicación en un campo nuevo”48.

Por otra parte, la International Telecommunications Union define a la brecha digital como “la división

entre países y personas en los países que tienen acceso real a la tecnología de información y comunicación

(TICs) y la usan efectivamente, y los que no lo tienen”49. Por tanto, para implementar una real democracia de

las TICs es fundamental tener en cuenta el acceso que todo ciudadano debe tener a la infraestructura

informática, es decir, la computadora, el acceso a la red y, consecuentemente, el acceso a los contenidos que

en ella circulan. Como bien dice Alejandro Prince, la manera en la que se busque el objetivo es indiferente,

algunos países promueven y subvencionan el acceso personal a las TICs, en tanto que otros buscan generar

centros públicos de acceso.

Sin embargo, para garantizar un uso efectivo de las TICs, no basta con garantizar un acceso real a la

infraestructura, ya que si pensamos que el objetivo final es la inclusión digital, habrá muchos ciudadanos que

no sepan de qué manera utilizar estas nuevas herramientas digitales. Lo importante es incluir, entonces, por

ejemplo, a las comunidades aborígenes, a los niños, a los ciudadanos de la tercera edad y a los ciudadanos de

bajos recursos. Así, como afirma Michael Gurstein, “lo que cuenta es tener acceso, y con ese acceso, poseer

los conocimientos, habilidades y estructuras de apoyo organizacionales y sociales para hacer un uso

efectivo de la tecnología, para facilitar la concreción de los objetivos sociales y comunitarios”50.

Relacionado con esto último es que se entiende por gobierno electrónico al “uso de las tecnologías de la

información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de

46 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 31.47 Entendiendo el concepto de actor social en términos de Mario Robirosa, como: “ese ‘otro’ con que nos topamos en una relación de interacción. Puede ser un individuo, un grupo, una organización o una institución de cualquier tipo – una empresa, un organismo de gobierno, una organización de la comunidad, etc.-. Lo que caracteriza o identifica a un actor social es su posición particular dentro de un escenario, su papel o rol –lo que hace o podría hacer en él- y sus propósitos e intereses respecto de ese escenario o lo que se procesa (ocurre) en él”. ROBIROSA, Mario. “Articulación, negociación, concertación” en Acto Social, Año V, Nº 16, 1996. Pág. 1. 48 CARLI, Sandra. “Pensar la educación. Dilemas del presente y conceptos disponibles” en Revista Tram(p)as de la Comunicación, Investigación en Comunicación y Educación. Límites, alcances y perspectivas. Año 3, N° 29, septiembre 2004, pp. 44-51. Facultad de Periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de La Plata. Ed. Periodismo y Comunicación. Pág. 2.49 Bridges.org, 2001, citado en The DOT Force ann the Digital Divide, J. Nathan Parham and Su-Yong Song, The University of Michigan –Ann Arbor, School of Information, “Global E-Commerce”, http://cavaja.com/final.pdf 50 GURSTEIN, Michael. “Uso efectivo: una estrategia informática para la comunidad más allá de la brecha digital”, en FINQUELEVICH, Susana. Desarrollo local en la Sociedad de la Información. Municipios e Internet. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2005. Pág. 113.

información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana

en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz”51.

Asimismo, para fomentar e incrementar los flujos de la información y la comunicación y desarrollar la

industria del software en el marco de una economía digital, se requiere de la participación activa del Estado

en pos de promover la formación de técnicos TIC a partir de la implementación de un sólido sistema de

financiamiento.

Finalmente, como consecuencia del advenimiento de este nuevo tipo de sociedad, el derecho -que no

puede mantenerse ajeno a esta situación- debe reaccionar para adecuarse a la nueva realidad y brindar la

estructura normativa pertinente a los cambios que se han suscitado. Como afirma Aguiar, “lo digital, la

aparición de la Red de Redes plantea muchísimos desafíos, jurídicamente espinosos de resolver”52.

En suma, el papel de la Agenda Digital en Argentina debe ser el de guiar las próximas políticas para

concretar un desarrollo autónomo y sustentable basado en la información y el conocimiento.

3. LA ESTRATEGIA DE AGENDA DIGITAL ARGENTINA

3.1. Antecedentes

3.1.1. ¿Agenda Digital o Políticas Digitales?

Hasta este año nuestro país no se manejaba a nivel general en base al concepto de “Agenda Digital” del

mismo modo que lo hacen desde hace algún tiempo países como Chile53, sino que, de acuerdo al modo en

que el gobierno se manejaba en las temáticas relacionadas con los asuntos anteriormente mencionados,

consideramos que podemos hablar de “cuestiones” y de “políticas estatales” tal y como trabajan estos

conceptos Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell.

Por ende, basándonos en el proceso que describen dichos autores, mediante el cual una cuestión se

transforma en una política estatal, al tomar el Estado una posición respecto de la misma, podemos decir que,

hasta principios de este año, el Estado argentino no hacía foco en una “Agenda Digital” sino en una

diversidad de “Políticas Digitales” que, según la Lic. Andrea Caldararo, Directora de Contenidos de la

Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación, “todavía no tienen una acción coordinada y unificada

a nivel nacional”54. Asimismo, como afirmó Ricardo González Oro, de la Federación Argentina de

Municipios, en la V Cumbre de Alcaldes “hay una difuminación de conceptos que no está clara en la

51 UNESCO. Gobernabilidad Electrónica. Fortalecimiento de las capacidades de la gobernabilidad electrónica. El Proyecto de Gobernabilidad Electrónica en Latinoamérica, África y el Caribe, se firmó con la intención de promover el uso de las TIC’s en las municipalidades, tratando de conseguir, de esta manera, una mejora en la gobernabilidad local. http://portal.unesco.org/ci/en/files/14896/11412266495e-governance.pdf/e-governance.pdf 52 AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 48.53 El gobierno de este país hace desde hace más de 6 años un uso explícito del término “Agenda Digital” y, en base a este concepto, elabora sus políticas digitales de manera ordenada y pública. Chile tiene una página en Internet en la cual el actual gobierno de Michelle Bachelet explica su agenda digital, en tanto política pública para profundizar el desarrollo de las TICs como una plataforma para el progreso, -iniciada en 2003 bajo el nombre de Agenda Digital y que en la actualidad se concibe como una Estrategia Digital a ser culminada hacia 2012-, publica periódicamente artículos al respecto y, abre la posibilidad a la ciudadanía de opinar sobre los proyectos en cuestión. Esta estrategia-país tiene como objetivo “contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos originarios. Las TIC no son un fin en sí mismas. Son instrumentos para modernizar el Estado, incrementar la productividad y acortar las diferencias entre grandes y pequeñas empresas, mejorar la eficiencia de las políticas sociales, disminuir las disparidades regionales de desarrollo y aumentar la equidad. De esta forma, la Agenda Digital busca poner a las TIC al servicio de estos objetivos nacionales”. http://www.estrategiadigital.gob.cl/ 54 http://www.pyp-uba.com.ar/news16/news16.htm

actualidad. Están los términos informáticos, públicos, administrativos t políticos por diferentes vías. Es

necesario ordenarlos (es necesario invertir la lógica reinante y) discutir la administración y las políticas, no

la tecnología, eso ya está entre nosotros. Lo importante es que los términos de e-government o ciudades

digitales no deben ser proyectos aislados de una comuna sino políticas de Estado que apunten a planes

concretos con objetivos a corto, mediano y largo plazo”55.

Como consecuencia de ello, tanto la Nación como las provincias, ciudades y municipios han avanzado

de forma desigual en el uso de las TICs desplegando experiencias disímiles de acuerdo a la priorización de

determinadas problemáticas en particular56. En este proceso, el principal organismo de la administración

pública dedicado a planificar y promover la difusión de las TICs en nuestro país ha sido el Programa para la

Sociedad de la Información (PSI)57, con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas

(ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En suma, el proceso de formación de estas políticas digitales se ha ido dando a partir de ciertos

problemas de interés general que el Estado ha ido considerando como lo suficientemente relevantes e

indispensables de resolver58. La mayoría de los problemas que forman parte de las políticas digitales de este

país están “respaldados por organizaciones poderosas y argumentos culturalmente significativos”59.

3.1.2. El rol de la sociedad civil en la consecución de una Agenda Digital

Desde hace más de cinco años que diversos actores sociales, entre los que se cuentan diferentes sectores

de la sociedad como las universidades, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, los

55 Hacia las ciudades digitales pensadas como política de Estado. Diario La Capital, Mar del Plata, 3 de Septiembre de 2009. Disponible en: http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2009/09/03/119752.htm (El subrayado es nuestro).56 Entre las múltiples acciones que el Estado ha implementado en materia de políticas digitales estos últimos años, podemos destacar una serie de normas relacionadas con la prestación de servicios de Internet, donde las definiciones políticas relacionadas con estas temáticas ampliaron luego su alcance para abordar temas sociales, de contenidos, y económicos. Entre las primeras podemos destacar el Decreto N° 62/90 PEN. Pliego de bases y condiciones para la prestación de servicios telefónicos (que estableció un doble régimen para el servicio de acceso a Internet: la salida al exterior en régimen de exclusividad y la libre competencia en el ámbito nacional); las Resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones N° 81/96, 94/96 y 194/96 (con la intención de regular la prestación del servicio de enlace, las condiciones en las que deben proveerse los vínculos internacionales y, los requisitos que deben cumplir las empresas que brindan Internet en el ámbito local); el Decreto N° 554/97 (que declaró de interés nacional para todos los habitantes del territorio argentino el acceso a Internet); la Resolución N° 2132/97 (por el cual la Secretaría de Comunicaciones convocó a la Primera Audiencia Pública sobre Internet, especificando los que tres componentes básicos del problema de Internet en la Argentina a ser tratados eran el ancho de banda disponible, el tráfico de usuarios y, el equipamiento del cliente y el servidor); el Decreto N° 1279/97 (que extendió la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión al servicio de Internet); la Resolución 499/98 Características de la modalidad de facturación para INTERNET 0610 (que aprobó la tarifa y modalidad “Llamada Internet”); el Decreto N° 764/00 de Desregulación de Servicios de Telecomunicaciones; el Decreto N° 558/08 de Reglamento General de Servicio Universal. A estas normas se sumaron, luego, la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales; la Ley Nº 25.506/01 de Firma Digital; la Ley N° 25.690/03 de Proveedores de Internet. Software de protección de acceso a ciertos sitios; el Decreto N° 378/05 Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico; la Ley N° 26.388/08 de Delitos Informáticos. Para mayor información, ver los considerandos del Decreto N° 512/09.57 Dependiente primero de la Secretaria para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva y luego de la Secretaria de Comunicaciones, este órgano tiene como objetivo la elaboración de políticas y proyectos necesarios para difundir información, conocimientos e intercambios mediante la utilización de procesos informáticos. “El PSI es una iniciativa a nivel nacional y está organizado por proyectos que se proponen fomentar el desarrollo tecnológico en diferentes áreas (facilitar el uso de Internet, promover el desarrollo de las TICs en la gestión pública nacional y local, poner a disposición del sector académico y científico una red de alta velocidad para la transmisión de datos, e incentivar la informatización de la sociedad con sentido de equidad social y geográfica), con el fin de lograr que los beneficios de la Sociedad de la Información lleguen a todos los habitantes del país” (IBÁÑEZ, Rubén Darío y FAZIO, María Eugenia. Informe preliminar del observatorio argentino sobre iniciativas para la difusión social de las TICs. Proyecto OLISTICA. Observatorio Latinoamericano del Impacto Social de las TIC para la Acción. Disponible en: http://www.funredes.org/olistica/documentos/doc4/) 58 ELMIGER, María Belén y GÜIDA, María Clara. Sudáfrica: Políticas Digitales en la Sociedad del Conocimiento. Buenos Aires, 2006. Disponible en: http://www.catedrasaguiar.com.ar/ 59 AGUILAR VILLANUEVA, L. “Estudio Introductorio”. En El estudio de las políticas públicas. En Unidad 3. Teorías del Estado y la Planificación. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. Pág. 5.

especialistas y el sector empresarial -algunas empresas privadas especializadas en tecnología y Cámaras del

sector TIC (como CABASE, CESSI y CICOMRA)- han venido impulsando la elaboración de una agenda

digital nacional que, desde una visión integral, contemple el objetivo primordial de la inserción de la

Argentina en la Sociedad del Conocimiento a partir del diseño de acciones localizadas y específicas que

conduzcan al desarrollo de la educación, a la inclusión digital, al desarrollo de la capacidad científica y

tecnológica, al gobierno electrónico, a la modernización de la economía y a la adecuación regulatoria o

normativa, entre otras cuestiones. Como afirma Susana Finkelevich, “la intervención de distintos sectores de

la sociedad (…) es lo que puede eventualmente asegurar acceso y usos más equitativos a la Sociedad de la

Información para todos los estratos sociales y no sólo “algunos”” 60.

La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de

Córdoba, La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de La Punta, la Universidad Nacional de San

Luis, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional y; universidades más

pequeñas, que muestran características de avanzada como la Universidad Nacional de Quilmes, la

Universidad Nacional General Sarmiento, el Instituto de Tecnología de Buenos Aires, la Universidad San

Andrés y, la Universidad del Comahue; entre otras, son sólo algunas de las tantas casas de altos estudios que

se han abocado al análisis de la temática y a su promoción61.

Por otra parte, es menester destacar la labor de las redes de organizaciones digitales intersectoriales e

interdisciplinarias, agrupadas muchas de ellas en la Red de ONGs Digitales de Argentina (RODAr) 62, cuya

misión es la de “actuar precisamente como un vínculo entre las instituciones estatales, el sector científico, la

sociedad civil y las empresas para lograr la implementación de la Agenda Digital que el país tanto

necesita”63 en pos de que las TICs estén al servicio del desarrollo y la equidad; puesto que, aunque en nuestro

país su desarrollo es incipiente, su avance es irrefrenable. Es notable la ausencia de las organizaciones

gubernamentales entre los actores convocados para la puesta en práctica de este proyecto: las mismas no se

cuentan como actores destacados, no por menospreciar su importancia, sino en tanto la red considera que

éstas “todavía no son ágiles”64 ni están firmemente encaminadas a la consecución de acciones consensuadas

y estratégicas que permitan el desarrollo en materia de tecnologías de la información, las comunicaciones y

el conocimiento.

60 URANGA, Victoria. “Susana Finquelievich: No hay brecha digital” en Mujeres en conexión Chile. 15 de Diciembre de 2008. Disponible en: http://www.mujeresenconexion.org/?q=node/165 61 De acuerdo con la investigación Las Universidades Argentinas en la Sociedad del Conocimiento llevada a cabo por Susana Finkelevich y Alejandro Prince, a partir de un estudio realizado por la consultora Prince & Cooke, en general, “las universidades públicas están más avanzadas que las privadas en el uso de las TICs y en la adopción de innovaciones tecnológicas” (“Universidades argentinas y nuevas tecnologías, en la Sociedad del Conocimiento” en Educación y TIC. Educ.ar. Disponible en: http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/inclusion-digital/universidades-argentinas-y-nuevas-tecnologias-en-la-sociedad-del-conocimiento.php).62 Esta red define como Organizaciones de la Sociedad Civil Digitales a “aquellas fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias y otras organizaciones sin fines de lucro, locales, nacionales y/o internacionales, que tienen fines o actividades principales con un alto compromiso con el desarrollo integral de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y sus distintos temas, como brecha digital, nueva economía, industria TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), gobierno electrónico, democracia digital, entre otros” (http://www.rodargentina.net/fundamentos.php). Reúne entre sus miembros a diversas OSCs, tales como la Asociación Civil Actuar, la Asociación Civil Links, el Centro Redes, la Sociedad de la información para las Américas, la Fundación Iberamericana de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones (FITIC), la Fundación Compañía Social EQUIDAD, la Fundación Evolución, el Instituto Tecnología y Desarrollo (Fundación Gestión y Desarrollo) y, la Fundación Digital, entre otras. 63 URANGA, Victoria. Op. Cit.64 URANGA, Victoria. Op. Cit.

3.2. La Agenda Digital Argentina

3.2.1. La agenda y sus actores

El 7 de mayo del corriente año el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 512/09 que aprueba

el Documento Base de Estrategia de Agenda Digital Argentina, que establece la visión, la misión, los

objetivos generales y un plan operativo para lograrlos, consistente en las áreas de acción, las iniciativas y

metas correspondientes a cada una de dichas áreas -además de un glosario detallado de los términos

considerados fundamentales en este nuevo campo de trabajo- de lo que se considera un “plan de mirada

federal”65 o “estrategia nacional de inclusión digital y apropiación de los beneficios de la Sociedad del

Conocimiento”66.

El documento parte de la definición de “Agenda Digital” como un “camino, o plan nacional para la

inclusión y apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios de la

Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC (…) Es un proceso (…)”67. Es

decir que la concibe como una decisión de carácter general que expresa los lineamientos políticos

fundamentales y las prioridades que derivan de ellos, trazando el curso deseable y probable del desarrollo

nacional a partir del diseño de programas y proyectos específicos -constituye el parámetro técnico-político

dentro del cual éstos se enmarcan- para el ámbito de aplicación seleccionado. Empero, el documento

considera que esta agenda es un “plan o proceso”, tomando ambos conceptos como sinónimos, cuando ellos

lejos están de serlo en materia de planificación. De acuerdo con Ezequiel Ander-Egg, un plan constituye el

grado inmediatamente inferior de una política -enunciado guía, de carácter macro-, que especifica el área de

aplicación y el período concreto en el cual se va a intervenir; mientras que un proceso implica una actividad

continua y unitaria que no finaliza con la mera formulación del plan, sino que se desarrolla de manera

permanente e involucra la existencia de un organismo planificador que controle el plan y lo lleve a cabo. Es

preciso que estos niveles operacionales de la planificación no sean confundidos, en pos de lograr una mayor

claridad y efectividad en los cursos de acción a implementar con el propósito de alcanzar determinados

objetivos, mediante un uso eficiente de los medios y recursos disponibles.

Asimismo, considera que se trata de “una construcción colaborativa, abierta y permanente”68, motivo

por el cual sienta las bases para la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial presidido por el Jefe de

Gabinete de Ministros, dirigido por el Secretario de Gabinete y Gestión Pública y, conformado por los

representantes de los distintos Ministerios, de las cámaras empresarias del sector, del ámbito científico

académico y de la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de mostrarse “abierto y plural”, el plan ha sido

fuertemente criticado desde el mismo momento de su presentación por diversas construcciones comunitarias

-tales como las ONGs relacionadas con el Software Libre, la Cultura Libre, Wikipedia y Wikimedia- y

calificado de “sesgado y absolutamente empresarial”69. De acuerdo con los detractores de esta propuesta,

65 “Presentación de la Agenda Digital Argentina en la Casa de Gobierno” en Argentina.ar. 8 de Mayo de 2009. Disponible en: http://www.argentina.ar/_es/pais/C1904-presentan-la-agenda-digital-argentina.php 66 “Agenda Digital Argentina” en Noticias CLAD. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Disponible en: http://www.clad.org.ve/noticias/agenda-digital-argentina-1 67 Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 2.68 Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 2.69 BUSANICHE, Beatriz. “Las sillas vacías de la Agenda Digital Argentina” en CanalAR. Tecnología a diario. 18 de Junio de 2009. Disponible en: http://www.canal-ar.com.ar/Noticias/Noticiamuestra.asp?Id=7513

esto se debe a que en su proceso de elaboración hubo determinados sectores como “las cámaras del sector

informático y de telecomunicaciones (que imprimieron su propia visión en el documento) y algunas ONGs

de conocidos lazos con las mismas empresas del sector”70 que contaron con una “voz privilegiada” e

impusieron su impronta empresarial en el documento71. Según Beatriz Busaniche, otras voces también

relegadas del debate fueron los medios de comunicación comunitarios, las asociaciones y gremios docentes,

los legisladores nacionales, así como numerosas administraciones provinciales y municipales. En suma, se

evidencia una intención de desarrollar una estrategia operativa de planificación, caracterizada por la creación

de un espacio de articulación multiactoral que, al momento, no tiene su correlato en la práctica sino que

permanece como una mera declaración teórica de principios.

3.2.1. Objetivos, Misiones y Funciones: las bases de la (poco original pero nueva) estrategia

El mentado documento estipula, en primer lugar, que la agenda encuentra su punto de partida en una

visión particular que sintetiza fundamentalmente los principios esenciales de la Cumbre Mundial de la

Sociedad de la Información (CMSI) elaborados el 2003 en Ginebra. En este sentido, practica una suerte de

“reformulación” -que no dista mucho de la letra original de la Declaración de Principios y de la visión

plasmada en las agendas digitales de Chile y Uruguay- por la cual entiende que el individuo se encuentra en

el centro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y debe apuntarse a su desarrollo a través del

uso de las TICs. En tanto se considera que estas últimas permiten “la mejora de la calidad de vida, la

generación y transformación de los servicios que impulsen la competitividad, la igualdad de oportunidades,

la inclusión social, la democratización de la información y del conocimiento y su producción, enriqueciendo

al mismo tiempo la identidad cultural del país”72 desde la misión de la agenda digital se busca favorecer su

uso y apropiación, así como los cambios sociales que se requieran en pos de su aprovechamiento. Como

podemos observar, el foco está puesto, principalmente, en la cuestión educativa: en tanto se entiende que la

Sociedad del Conocimiento no se apoya únicamente en las máquinas y la tecnología sino en las capacidades

humanas, las políticas implementadas en este sentido buscan centrarse en la “puesta en valor del capital

humano (…) en brindar competencias a las personas para apropiarse de la tecnología, mejorarla y actuar

con ella”73.

Por otra parte, el alcance delimitado por el documento abarca a la totalidad del territorio nacional y a

todos los actores y sectores sociales, en base a lo cual define su objetivo general: incrementar el acceso, la

utilización y apropiación de las TICs como agente de desarrollo social, propiciar la producción local de

bienes y servicios TIC, por medio del fortalecimiento institucional y la puesta en práctica de iniciativas

estratégicas, con miras a aumentar y mejorar la participación de Argentina en la Sociedad de la Información

y del Conocimiento y a situar al país como referente en la materia para América Latina y el Caribe. Más allá

70 BUSANICHE, Beatriz. Op. Cit.71 Esta cuestión se evidencia en ciertos apartados del documento, como ser en aquellos donde, en vez de hacer hincapié en la “producción cultural argentina” ésta se limita a “la producción de la industria de contenidos” -omitiendo totalmente que la cultura no se produce únicamente en el entorno industrial- y; donde se considera “población activa” en la materia sólo a aquellos sujetos que “trabajan en empresas que ofrecen productos y servicios informáticos”.72 Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 4.73 EDUC.AR. Pensar el país: Agenda Digital Argentina. Disponible en: http://portal.educ.ar/debates/sociedad/brecha-digital/pensar-el-pais-agenda-digital.php

de ello y de ciertos lineamientos estratégicos -muy a grandes rasgos planteados-, es notable la ausencia de

objetivos específicos a cumplimentar.

De acuerdo a estos fines, que definen un modelo general a alcanzar, el documento postula una

metodología participativa, que fomente el diálogo y la co-construcción de consenso entre los diversos actores

y sectores involucrados, y un monitoreo y evaluación correspondientes a sus distintos niveles de

implementación. Sin embargo, más allá de estas declaraciones teóricas de voluntarismo participativo y de

observación-monitoreo de la ejecución del plan y su ajuste ex-post, el texto no va más allá de la mera

postulación de un ideal, pues del documento no se desprende acción concreta alguna que dé cuenta del modo

de llevar estas cuestiones a la práctica; ni tampoco se han especificado estas cuestiones, así como otras tantas

relacionadas con las metas a alcanzar y la forma de hacerlo -que veremos a continuación-, por parte del

grupo de trabajo a cargo de llevar a cabo la agenda digital o de aquellos que se erigen como voceros de la

misma.

3.2.2. Ejes de acción e iniciativas

De acuerdo con los objetivos planteados, el plan nacional presentado busca eliminar la brecha

tecnológica, impulsar el desarrollo de los sectores vinculados a lo digital y posicionar a la Argentina en un

lugar destacado en la Sociedad del Conocimiento. En consecuencia y, siguiendo varias de las propuestas

realizadas por los sectores empresarios y unas pocas de las ONGs Digitales, la agenda nacional estipula la

necesidad de encarar simultáneamente cinco ejes temáticos considerados como estratégicos y transversales:

infraestructura y conectividad, contenidos y aplicaciones, capital humano, financiamiento y sostenibilidad y,

marco legal.

El primer eje de acción, infraestructura y conectividad, apunta a desplegar y ampliar los niveles de

conectividad por medio de iniciativas que permitan fortalecer las redes nacionales existentes, con miras a

conectar entre sí diversas localidades en un marco de interoperabilidad y a través del uso de servicios Web

de actores tanto públicos como privados. Es dable destacar el cuidado del medioambiente que se busca

propiciar con estas medidas, en tanto se busca que los programas se orienten a un uso racional y responsable

de la energía y de la disposición de los residuos electrónicos.

Contenidos y aplicaciones, el segundo eje destacado, precisa la imperiosidad de “desarrollar, alentar y

fortalecer la producción de contenidos y aplicaciones locales que respondan a las necesidades específicas

de los diversos actores y sectores del país”74, fundamentalmente a partir de la implementación de portales de

información que favorezcan la interacción de los distintos actores políticos y sociales.

El tercer eje, capital humano, apunta al fortalecimiento de las capacidades de los sujetos para el uso y

generación de conocimiento sobre y por medio de TICs, trabajando intensivamente en las áreas de

educación, alfabetización y capacitación. La actualización de las currículas y la formación de recursos

humanos especializados en TICs son dos de las metas más relevantes a las que apuntan las iniciativas

contenidas en este eje.

74 Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 24.

En cuarto lugar, la implementación de políticas solidarias para financiar el gasto e inversión en TICs que

promuevan la inclusión social para paliar la brecha digital es el objetivo fundamental del eje financiamiento

y sostenibilidad. Para ello, se busca fomentar políticas públicas que conformen una base de conocimiento en

materia de TICs y estimular su uso en las pequeñas y micro-empresas, a través de adecuados planes de

financiamiento.

Finalmente, un marco legal dinámico, flexible y contemple “el uso universal de las nuevas

tecnologías”75 se postula como el elemento indispensable que atraviesa los ejes anteriores.

En suma, como mencionamos en un principio, directa e indirectamente, la mayoría de los ejes de acción

apuntan fundamentalmente a fortalecer la cuestión educativa, en tanto la agenda considera que las

transformaciones globales que han impactado en la sociedad, el gobierno y el mundo laboral, tienen un peso

fundamental en la educación. “El volumen creciente de información disponible, el crecimiento exponencial

del número de usuarios de Internet, la tendencia de los usuarios a apropiarse de la red y generar una voz

pública como nunca antes en la historia de las sociedades son algunos de los rasgos que presenta el siglo

XXI”76 -consideran quienes tuvieron a su cargo la presentación del plan presidencial. En este sentido, en la

elaboración de gran parte de la agenda colaboraron varios representantes del Ministerio de Educación, en pos

de articular las acciones diseñadas con las políticas educativas actualmente en marcha. De acuerdo con Laura

Serra, Gerente del portal Educ.ar, la educación con TICs adquiere un nuevo sentido y se ve beneficiada con

la existencia de un plan nacional que haga hincapié en cuestiones centrales y concretas como la conectividad,

la digitalización de documentos y contenidos, la legislación, entre otras. De este modo, según los voceros

presidenciales, “la agenda funciona reivindicando la tecnología como Política de Estado, instalando el tema

en el imaginario social, legitimando contenidos y prácticas escolares”77.

Ahora bien, esta particular selección -la elección de estos ejes de acción y sus contenidos específicos- da

cuenta de una determinada toma de posición teórica en el campo en cuestión, de una cosmovisión

profundamente marcada por la Teoría del Capital Humano, cuyo supuesto base es considerar a la educación

y la formación como una elección e inversión racional que los individuos realizan, con el fin de incrementar

su eficiencia productiva y sus ingresos78.

Sin embargo, más allá de ésto, es menester destacar muchas de las metas planteadas dentro de las

distintas áreas de acción, en tanto demuestran una preocupación e interés fehacientes en cuestiones tales

como la interacción entre las instancias de gobierno local y la ciudadanía; el cuidado ambiental; la

capacitación del total de la población -incluyendo a los funcionarios públicos- y no sólo de aquellos que se

encuentran en situación de desventaja en materia de alfabetización digital y que habitualmente son

caracterizados como los “sectores más pobres de la sociedad”; la preservación de los archivos históricos y

75 Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 26.76 EDUC.AR. Op. Cit.77 EDUC.AR. Op. Cit.78 “La Teoría del Capital Humano, haciendo uso de microfundamentos, considera que el agente económico (individuo) en el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación (seguir estudiando o no) arbitra, entre los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los costos de la inversión (por ejemplo, el costo de oportunidad -salario que deja de percibir por estar estudiando- y los costos directos -gastos de estudios). Seguirá estudiando si el valor actualizado neto de los costos y de las ventajas es positivo. En efecto, como se puede apreciar la Teoría del Capital Humano considera que el agente económico tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en base a un cálculo.” (DESTINOBLES, André Geráld. El Capital Humano en las Teorías del crecimiento económico. Textos Universitarios, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México, 2006. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2006a/agd/1c.htm )

del patrimonio documentado de la Nación; entre otras cuestiones. Ahora bien, dependerá de los métodos y

actividades para su efectiva puesta en práctica la obtención de resultados que nos permitan hablar -o no- de

la existencia de un viraje y un verdadero salto cualitativo en las políticas, ya no sólo digitales, sino de

proyecto de país de una Nación que busca posicionarse en la Sociedad del Conocimiento con todo lo que ello

implica.

4. UN CASO PARADIGMÁTICO: LA AGENDA DIGITAL DE SAN LUIS

4.1 Una política de Estado: La agenda digital de San Luis

San Luis se encuentra atravesando un proceso histórico de transformación de su provincia signado,

básicamente, por la revolución digital que está llevando a cabo, y que trae aparejada un aumento de la

innovación, la productividad y el desarrollo de la región. “Es posible que no haya habido en el transcurso de

la historia una ventana de oportunidad tan tangible, dada la magnitud del cambio paradigmático al que se

enfrenta, para aprovechar la ocasión y cosechar los frutos de este cambio”79. Parece ser que San Luis está,

justamente, aprovechando proactivamente este momento de cambio de paradigma a nivel mundial.

Dicha provincia comenzó a desarrollar su política de impulso y masificación de las TICs en el año 1998

enmarcada en el Plan Agenda San Luis Digital. Éste contiene 235 iniciativas y tiene como objetivo

primordial mejorar el desarrollo y la calidad de vida de la población sanluiseña.

El armado de dicho plan, que contempla una duración de 20 años, considera la tecnología como una

herramienta para alcanzar la digitalización, lo cual permite un real desarrollo digital que introducirá a San

Luis de manera definitiva en la sociedad de la información y en la economía digital.

El denominador común de todas las iniciativas digitales es bregar por la igualdad de oportunidades y la

transparencia y eficiencia en el sector público. De este modo, la Agenda San Luis Digital realmente es un

plan de una gran coherencia interna y, como se verá, la coherencia también se repite entre la teoría y su

puesta en práctica.

Desde el ámbito gubernamental provincial se estimula constantemente el desarrollo y la difusión de las

nuevas tecnologías. Bajo el lema de “la tecnología le puede mejorar la calidad de vida a todos los

sanluiseños”80, la administración provincial pone en práctica múltiples estrategias para lograr sus objetivos.

El gobierno actúa conjuntamente con la Universidad de La Punta (ULP) que, a su vez, creó el Parque

Informático donde actualmente realizan sus actividades 11 empresas de servicios vinculadas a la tecnología y

que exportan productos.

Dentro de este marco, el 1° de octubre se llevó a cabo la tercera edición de una muestra tecnológica de

gran envergadura conocida como “San Luis Digital”. La misma fue organizada de manera conjunta entre el

gobierno provincial y la Universidad de la Punta, donde más de 80 empresas afines se hicieron presentes a la

vez que cada uno de los ministerios provinciales expuso los avances al respecto de la las iniciativas digitales.

En suma, el gobierno puntano busca alcanzar un crecimiento sostenido, progresivo y democrático

utilizando a las TICs como herramientas, aunque teniendo siempre en cuenta que éstas son un elemento

necesario pero nunca suficiente para la consecución definitiva de dicho objetivo.

79 KOSACOFF, 2008: Pág. 15.80 http://blog.guiasenior.com/archives/2009/08/tecno-san-luis-digital-2009.html

El mentado plan se inició en el año 1998 con la contratación del Ministerio de Industria de Canadá para

que diseñase un Plan Maestro de la Autopista de la Información y, dos años más tarde, se llamó a licitación

pública nacional e internacional con el objeto de generar una red de comunicaciones que pudiera llegar a

todas las regiones de la provincia.

Recién en el 2001, el plan comenzó a ejecutarse a partir de la adjudicación a la Empresa NEC Argentina

SA la confección de la Autopista de la Información, la red de banda ancha que llegara a todo el territorio

provincial.

El objetivo de inclusión digital de la Autopista de la Información está contenido, por cierto, en el plan de

la agenda digital. Ésta, en líneas generales, tiene como objetivo: “exportar productos con contenido

tecnológico; tener una red densa de usuarios de Internet; más profesionales en ciencias e ingeniería; y

conseguir una población con educación secundaria completa”81. Asimismo, la agenda consta, básicamente,

de seis ejes fundamentales dentro de los cuales se reparten las 235 iniciativas:

El primer eje es el de la infraestructura, donde se busca un incremento de la conectividad y el acceso; es

decir, que todos los habitantes de la provincia tengan la posibilidad de acceder a Internet acortando así

distancias espaciales y culturales.

El segundo eje se focaliza en torno al gobierno electrónico, donde se intenta que éste se desarrolle de la

manera más integrada y transparente posible con el objeto de facilitar la resolución de problemas

burocráticos a los ciudadanos así como también mejorar la gestión de empresas privadas, logrando que tanto

la esfera pública como la privada tengan sus servicios digitalizados y permitan realizar trámites de manera

on-line.

La tercera esfera de acción es la productiva, donde se busca incentivar la utilización de las nuevas

tecnologías en las empresas para disminuir las distancias existentes entre las grandes empresas y las chicas y,

a su vez, estimular el desarrollo del comercio electrónico en la provincia.

La capacitación y la educación conforman el cuarto eje de acción, que establece como meta que en el

proceso escolar se utilicen las nuevas tecnologías, siendo las mismas consideradas como un elemento

importante dentro del proceso educativo

La quinta esfera corresponde a la tecnología, donde se busca incrementar la industria de servicios

tecnológicos globales para posicionar a la provincia como plataforma de este tipo de servicios.

La última esfera corresponde al marco legal que intenta, atravesando todos los ejes anteriores, darle un

contexto de desarrollo legal a los avances de las nuevas tecnologías.

4.2 El gobierno puntano a la vanguardia de la implementación de la agenda digital

Bajo la premisa de incluir digitalmente a la población puntana y socializar conocimientos, podemos

observar que la puesta en práctica de las iniciativas de la agenda digital, durante estos últimos dos años, se ha

producido básicamente en tres ejes de los seis contenidos por la agenda digital: acceso y conectividad,

digitalización y educación y capacitación.

81 http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4595-D-2009

4.2.1 Por una provincia verdaderamente equipada y conectada

La acción más importante vinculada a la inclusión digital es la implementación de conexión a Internet

gratuita e inalámbrica (Wi Fi), en todos los pueblos de más de 20 habitantes.

El 10 de octubre de 2008 se presentó también la Ley VII -0635-2008- Régimen de Fomento Internet

Inalámbrico WI-FI gratuito en toda la Provincia, gracias a la cual Municipios, comerciantes, bancos, e

industrias podrán adquirir antenas WI- FI. Esta multiplicación de antenas de WI-FI redunda en un beneficio

para todos los puntanos. Es importante destacar que la red que está conectada a la ULP desde donde se

conectan los chicos tiene vedado el acceso a sitios para ellos nocivos.

Según el articulado de la ley, esta iniciativa esta destinada “a estimular e incentivar la participación del

sector privado en el desarrollo de acciones que permitan a los ciudadanos de nuestra provincia y a quienes

nos visitan acceder de forma gratita a Internet Inalámbrica Wi-Fi”82.

Esta ley también permite que los empleados públicos y pasantes puedan acceder a créditos para la

compra de computadoras con algunas facilidades, como ser: el pago en cuotas y un interés nulo de dichos

créditos. El objetivo pactado para fines del 2009 es que la velocidad de conexión a Internet sea de 1 gigabyte.

El 21 de septiembre de 2009, la Agencia Financiera de Loterías, Casinos y Juegos de Azar anunció que

fueron compradas más de 39.000 computadoras por parte de los trabajadores de la administración pública,

siempre manteniendo la misma política en todo el radio de la provincia: en cuotas y sin interés. A su vez, los

compradores reciben un bono fiscal equivalente al 50% de la compra en concepto de pago de impuestos, otra

facilidad que se incluye dentro del plan de financiación. “En vez de pagar los impuestos, ponen antenas y

nosotros les pagamos el impuesto automotor, de ingresos brutos y de la vivienda, y si no lo necesitan lo

pueden transferir”83, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Provincial.

4.2.2 Por un gobierno digitalmente transparente y eficiente

Dentro del eje llamado gobierno digital vale destacar toda la digitalización realizada del sistema de

gobierno para lograr una mayor eficiencia y transparencia que redunde en una economización del tiempo de

los ciudadanos. En otras palabras, se trata de una estrategia de gobierno que busca reemplazar los papeles por

información digital.

Un gran avance vinculado al gobierno electrónico fue la puesta en funcionamiento de las herramientas

necesarias que conforman la infraestructura para la firma digital, emitiendo, a su vez, el certificado raíz que

validara los demás certificados.

La autoridad de aplicación de la Ley de Firma Digital de la provincia es la ULP, ya que fue la que emitió

el certificado raíz que la amerita a otorgar las licencias que habilitan a certificadores y a emitir los

“certificados de clave pública”, indispensables para poder corroborar la veracidad de las firmas digitales.

En un mundo digital tan desregulado y azaroso, resulta de gran importancia su regulación para generar

confianza y seguridad en el espacio a través de poder saber a ciencia cierta la autoría de los documentos

82 www.rentas.sanluis.gov.ar/.../2008/.../LEY_VIII_0635_2008.pdf83 http://www.albertorodriguezsaa.com.ar/ARS/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=1&InfoPrensaId=133

digitales. Al poder certificar con una firma el emisor de los correos electrónicos, transacciones comerciales

digitales y la integridad de documentos varios, se cierra, para San Luis, un capítulo de incertidumbre que

reinaba en la red. Como afirma Alicia Bañuelos, rectora de la ULP “Será válida si yo puedo certificar quién

lo envía y en carácter de qué lo envía”84.

Los organismos de justicia y el Tribunal de Penas de San Luis ya se encuentran en vías de utilización de

esta nueva herramienta, mediante la cual los abogados podrán, por ejemplo, enviar sus escritos firmados

digitalmente con la misma validez que la que tenía el papel.

Yendo por este camino, el próximo objetivo es, según declaró la rectora de la ULP, la introducción de un

chip en el documento de identidad de cada uno de los sanluiseños para que puedan emitir su firma digital.

A nivel legal, la firma digital está enmarcada dentro de la Ley de Firma Digital de la provincia que se

sancionó de manera conjunta con la Ley N° 25.506/01 de Firma Digital Nacional. En el mismo sentido, se

los especialistas encuentran trabajando, a su vez, en el desarrollo de la historia clínica digital y el

seguimiento vehicular. Respecto de este último, ya se están realizando pruebas experimentales. La iniciativa

llamada “Mi próximo colectivo” consta de un dispositivo GPS que se instala en los colectivos y permite,

tanto a los usuarios como a las empresas de transportes y al gobierno provincial, saber dónde se encuentran

los diversos colectivos y a qué velocidad van, entre muchos otros datos.

4.2.3 Una estrategia para alcanzar el desarrollo equitativo en educación

El eje de capacitación y educación en TICs es el más desarrollado por el gobierno de San Luis. Uno de

los programas más importantes es “Todos los chicos en la red”. La idea contempla, esencialmente, que cada

niño posea una computadora con un software de apoyo escolar. Esta meta, que lleva el nombre de “modelo 1

x 1”, se está implementando en las diversas regiones de San Luis desde agosto de 2008.

La administración que encabeza Alberto Rodríguez Saa lleva entregados, hasta el momento, 5.300

equipos a chicos de escuelas primarias y a 422 educadores en 28 localidades. Todos poseen conexión gratuita

a Internet a través del sistema WI-Fi, anteriormente señalado.

El gobierno provincial también lleva a cabo el programa de “Alfabetización y actualización digital”, a

través del cual brinda cursos para las pequeñas y medianas empresas y a los profesionales. Ya se capacitaron,

también, el 82% de los docentes de la provincia, no sólo respecto de la utilización de las TICs sino también

en la actualización de materias ejes, como ser matemática y ciencias naturales.

Desde el gobierno sanluiseño se trabaja con la noción de “nativos digitales” considerando que los niños

deben acceder a una computadora antes de los 6 años. Por su parte, la rectora de la ULP afirmó al respecto:

“estamos empeñados en que San Luis tenga la mejor educación del país”85.

La gestión de Rodríguez Saa apuesta fuertemente a la inversión en tecnología en el área educativa con la

fuerte convicción que ésta repercute positivamente en la educación de los alumnos. El impacto de la

inserción tecnológica en el ámbito escolar tampoco queda librado al azar: el gobierno realiza un monitoreo

84 http://www.sanluis.gov.ar/sl/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=10&InfoPrensaId=2980 85 ttp://www.sanluis.gov.ar/sl/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=11&InfoPrensaId=1731.

permanente para evaluar los resultados. Una de las mediciones evidencia que, mediante el uso de la

computadora, los alumnos mejoraron su rendimiento en la materia lengua en un 10%.

San Luis aborda no sólo las diferencias socioeconómicas sino también las etáreas, considerando

relevante también la inclusión de adultos y personas de la tercera edad en la Era Digital. El gobierno puso en

marcha las iniciativas: “Abuelos en red” y “Abuelos bloggeros” dirigidos a la tercera edad. A su vez, en los

dos últimos años se inauguraron 56 centros de inclusión digital, con el objetivo fundamental de que los

adultos puedan reinsertarse en el aparato escolar y se inserten en el digital. Alicia Bañuelos, al respecto

señaló: “En San Luis se invierte para que, por ejemplo, los padres de los chicos que hoy cuentan con su

computadora también puedan seguir estudiando. Aquí se construye y eso nos diferencia de otros

proyectos”86. Las estrategias de inclusión digital, entonces, incluyen iniciativas para todos los sectores de la

sociedad puntana integrando, a su vez, la educación con el acceso a las TICs.

5. UNA MISMA NACIÓN, DOS AGENDAS DIFERENTES: MUNDOS DIVERGENTES PERO

COEXISTENTES

Retomando los lineamientos planteados al inicio del presente trabajo y, en particular, las nociones de

Ander-Egg, puede decirse que, si bien a nivel nacional con la sanción del Decreto N° 512/09 Argentina

recién está comenzando un esbozo de plan digital -donde trata de articular e integrar las políticas digitales

actualmente en vigencia con los nuevos lineamientos nacionales-, en la provincia de San Luis lo digital

constituye efectivamente una Política de Estado contenida en plan concreto de Agenda Digital desde hace

tiempo ya. Y esto marca una diferencia casi abismal entre el desarrollo de lo digital entre los niveles nacional

y provincial.

En primer lugar, nuestro país recién inició este año el proceso de integrar sus políticas digitales, antes

concebidas como políticas concretas en pos de dar solución a determinadas cuestiones consideradas

fundamentales para la sociedad, pero dispersas en cuanto a sus posibles niveles de articulación (es ejemplo

de ello la profunda desvinculación existente en las políticas desarrolladas en torno a la protección de los

datos personales, los delitos informáticos y la firma digital, entre otros temas). En otras palabras, la agenda

se encuentra aún “en pañales” y no nos es posible, entonces, realizar un estudio de las iniciativas

efectivamente implementadas y del accionar del Grupo de Trabajo Multisectorial.

En segundo lugar, las características generales de la agenda y los planteos en ella contenidos, generan

que la misma sea considerada, más que como la condensación de una planificación proyectiva87 con miras a

la transformación de nuestro país en materia digital con miras a la inclusión en la Sociedad del

Conocimiento, como una mera declaración de principios, como un ideal futuro al cual la Argentina debería

arribar. La agenda carece fundamentalmente de un nivel de concreción del programa de acción delineado en

proyectos específicos con actividades interrelacionadas y coordinadas entre sí que se encuentren contenidas

en programas coherentes e integrados, los cuales permitirían operacionalizar el plan mediante la realización

86 http://escuelaslibres.mcye.misiones.gov.ar/actualidad/18-nacional/673-san-luis-un-modelo-de-agenda-digital-que-crece.html 87 Siguiendo a Martín Zucchelli, consideramos la noción de planificación proyectiva en tanto acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas adecuadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos.

de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos para un período de tiempo determinado.

La falta de periodización y de un análisis de viabilidad y factibilidad son otra de las grandes carencias de

dicho documento. Esto redunda, asimismo, en la falta de datos estadísticos certeros acerca de la situación

actual de nuestro país en materia de políticas digitales y en la consecuente ausencia de los niveles deseables a

alcanzar.

Otra cuestión de gran relevancia es la relacionada con la participación de los distintos actores sociales y

políticos no sólo en el diseño del plan, sino también en su puesta en práctica. Más allá de las meras

declaraciones contenidas en el documento y en los discursos del Ejecutivo y sus voceros respecto de la

agenda, en el momento de la acción, del debate y de la toma de decisiones, la realidad es totalmente otra: una

participación desigual y una visión sesgada de la situación social nacional caracteriza gran parte del mentado

documento. Mientras que las empresas privadas especializadas en TICs, las cámaras del sector empresario y

ciertos actores del sector político han tenido una gran injerencia en el sistema de decisiones, muchos sectores

de la sociedad civil quedaron relegados de dicha instancia. En este sentido, se pone de relieve la existencia

de niveles de participación disímiles y muy marcados: como afirman Mario Robirosa, Graciela Cardarelli y

Antonio Lapalma, no es lo mismo formar parte que tener parte y tomar parte88. Mientras unos pueden

brindar su opinión y tomar decisiones, a otros muchos sólo “les toca” recibir la información, y nada más…

En este sentido, a diferencia de la iniciativa nacional, San Luis se encuentra atravesando un proceso

continuo de implementación de su plan de agenda digital. Durante los últimos tres años y, a través de un

trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la Universidad de la Punta, con la colaboración del sector

privado, se implementaron numerosos programas y proyectos enmarcados dentro del Plan macro de agenda

digital y se dinamizó notablemente el sector. Podemos afirmar que existe aquí una clara decisión política,

pro-actividad y definición por parte de la administración provincial. El objetivo general de la provincia

puntana es claro: lograr un desarrollo socio-económico a través del desarrollo de las TICs. Esto comprende, a

grandes rasgos, la implantación de programas educativos en las escuelas, el ofrecimiento de diversos

servicios a los ciudadanos y la facilitación del acceso a las TICS y a las diversas informaciones

gubernamentales.

Este grado de avance en la práctica se traduce en cifras concretas: San Luis tiene actualmente un 67,3%

de penetración de Internet, 77 localidades poseen Wi-Fi gratuito y un 69% de los hogares poseen, al menos,

una computadora. El precepto de inclusión digital ha crecido de manera asombrosa. Vale aclarar que el

Gobierno provincial lleva invertidos más de u$s100 millones en conectividad y equipos, por nombrar

algunas cifras: la implementación de la Autopista de la Información tuvo un costo de u$s81 millones y $76

millones fueron invertidos para que la conexión Wi Fi llegase a todos los pueblos, incluyendo a los de más

de 20 habitantes. Por otra parte, los planes de subvención respecto a las compras de computadoras, a partir de

la concesión de créditos por el 50% del valor real de las mismas, forman parte de las facilidades otorgadas

por el gobierno que, en los últimos dos años, han redundado en el aumento de más del 30% respecto de los

hogares con computadora. Esto permite dar cuenta del papel proactivo que tiene el gobierno provincial,

88 De acuerdo con estos autores, formar parte implica pertenecer, ser integrante; tener parte apunta a poder brindar la propia opinión en el desempeño de las acciones y; tomar parte refiere a poder influir a partir de la acción. ROBIROSA, Mario, CARDARELLI, Graciela y LAPALMA, Antonio. Turbulencia y Planificación Social.  Capítulo 1. UNICEF. Siglo XXI.

ofreciendo diversas maneras para que la población pueda incluirse digitalmente. En este escenario

continuamente cambiante donde predomina una sobreabundancia de información y de conocimiento, el

gobierno de San Luis entiende que el foco hay que ponerlo en la capacitación digital de las camadas jóvenes

y su vinculación con las nuevas tecnologías. “Tenemos un plan a 20 años que tiene por objetivo exportar

más productos de contenido tecnológico, tener una red densa de usuarios de Internet, mas profesionales

dedicados a ingeniera y ciencia y sobre todo, la mayor parte de nuestra población con estudios secundarios

completos y las habilidades que necesitan para enfrentar el futuro”89, afirmó la rectora de la ULP.

Este desarrollo sostenido hace que San Luis se encuentre a la vanguardia de la Era Digital a nivel

nacional y que sea, de manera simultanea, estudiada a nivel internacional. Lo cual es paradigmático, ya que

la provincia dispone sólo del 1% del presupuesto nacional para llevar a acabo estas políticas, uno de los

presupuestos provinciales más bajos de la Argentina. Como consecuencia de ello, es dable pensar que las

empresas privadas no se ven atraídas en invertir en una región que no les resulta rentable. San Luis tiene tan

sólo 400.000 habitantes, sin embargo, el Estado provincial con una casi inexistente ayuda nacional, genera y

pone en práctica múltiples proyectos para que el objetivo vinculado a lo digital sea posible.

San Luis progresa, de manera continua, insertándose en la sociedad del conocimiento sin miedos ni

titubeos. Las TICs en dicha región avanzan cada vez más y más rápido, para que, en poco tiempo, estén

realmente al alcance de todos. El gobierno local es el promotor y actor involucrado más importante:

diagnostica, planifica, pone en práctica y monitorea resultados. Aquí radica la gran diferencia que

encontramos respecto de la Agenda nacional que expone y propone pero no va más allá -hasta el momento-.

Seria entonces muy provecho, para todos los ciudadanos argentinos, que la agenda nacional comenzase a

traducirse en acciones y que se transformara, por tanto, realmente en una política de Estado.

6. A MODO DE CIERRE

“Los gobiernos electrónicos son espejos de los gobiernos reales:

lo que funciona mal en la tangibilidad de las organizaciones no

tendrá un resultado feliz en el campo de lo virtual. Un buen

gobierno puede tener un buen o mal gobierno electrónico o no

tenerlo en absoluto; pero un mal gobierno jamás podrá tener un

buen gobierno electrónico”90.

Si entendemos que Argentina se define como un país federal en el cual las provincias, si bien se rigen

por una Constitución Nacional, no pierden por ello su autonomía y su poder de decisión, no nos debería

sorprender que la provincia de San Luis se haya ubicado a la vanguardia del desarrollo digital91.

Ahora bien, si cada provincia tiene su propia autonomía, ¿de qué sirve, entonces, generar un plan de

agenda digital a nivel nacional? La respuesta es clara: la agenda digital nacional debería desarrollarse e

89 http://www.bloggers.com.ar/system/noticia_detalle.php?id_prod=2887&id_cat=62

90 KAUFMAN, Ester. “Redes asociativas, TIC y formación de funcionarios” en FINQUELEVICH, Susana. Desarrollo local en la sociedad de la información. Municipios e Internet. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2005. Pág. 22.91 Es menester recordar que cada provincia tiene su propia Constitución Provincial, por tanto la Carta Magna podría llegar a entenderse, pues, como un poder general delegado por cada una de las provincias.

implementarse en aquellas regiones de la Argentina que no puedan ejecutar, por sí solas, los cambios

estratégicos vinculados a la inclusión y el acceso de las nuevas tecnologías.

En este sentido, la provincia de San Luis no debería estar continuamente remarcando el escaso

porcentaje del presupuesto nacional que obtiene para la ejecución de la agenda digital. Es muy meritorio que

las provincias que se encuentran bien posicionadas a nivel económico puedan desarrollar estos planes

digitales independientemente de la ayuda nacional que debería direccionarse hacia las regiones del país de

menos recursos.

Vale remarcar que las agendas descriptas en los apartados anteriores poseen objetivos y metas similares,

y siguen, también, los lineamientos de estipulados en las agendas de Chile, Perú y Uruguay, entre otras. Sin

embargo, lo interesante no son tanto sus coincidencias como sus divergencias y disparidades.

La estrategia de San Luis resalta a todas luces por sobre la iniciativa nacional, debido a numerosas

cuestiones.

En primer lugar, fue planificada hace exactamente once años. En su nacimiento, no se abrieron todos los

frentes de acción al mismo tiempo sino que, se priorizó el eje de la inclusión digital creando en dicho año la

Autopista de la Información. En segundo lugar, la puesta en práctica de la agenda llama la atención no

solamente a nivel nacional sino también internacional. Las diversas metas propuestas se materializando año a

año. Por último, otro punto importante a resaltar concatenado a los dos anteriores .es la cuantificación y el

monitoreo constantes que realiza el gobierno provincial sobre cada una de las metas propuestas la única

manera de ver realmente cuáles acciones se van materializando en hechos y cómo la provincia evoluciona

hacia la inclusión digital.

Respecto de la agenda digital Argentina nos llaman la atención, básicamente, dos cuestiones: la primera

es que se haya considerado el plan digital como un punto de llegada y no como un punto de partida para

comenzar a generar estrategias que realmente produzcan una inclusión digital nacional. Una segunda

característica a señalar es la manera sesgada y empresarial con la que está redactado el documento base.

Numerosos actores sociales, desde ONGs hasta legisladores nacionales, intentaron formar parte de la

redacción pero no pudieron, sólo tuvieron voz aquellos vinculados al sector empresarial, aquellos que ven en

esta agenda una forma de desarrollar su propio negocio.

La tendencia mundial del sistema actual está signada por el siguiente paradigma: para lograr el

crecimiento de un país – económico y sus repercusiones a nivel social, educativo y cultural, el país debe

formar parte de la era digital, debe estar incluido –también- de manera digital. Esto es sabido por todos. Por

tanto, muchos países ya tienen el documento base de su “agenda digital nacional”. Ahora bien, que un país

tenga los lineamientos de una agenda digital sin ponerla en marcha resulta tan poco eficaz como que una

persona tenga una computadora y no sepa como usarla. Esto sucede con la agenda digital de Argentina hoy.

Nos jactamos de tener el documento base sobre la agenda digital, que no deja de ser, sin embargo, tan sólo

una mera enunciación. Una agenda debe estar signada por objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por

metas. Y lo más importante: por los resultados que son, en definitiva, la materialización de los objetivos,

acciones concretas que redundan en un beneficio para los ciudadanos, el objetivo final de toda agenda

digital.

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Decreto 512/2009. Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 512/2009

Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por finalidad concertar e impulsar la "Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina".

Bs. As., 7/5/2009

VISTO el Expediente Nº 2181/2009 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes Nº 25.036, Nº 25.326, Nº 25.467, Nº 25.506, Nº 25.856, Nº 25.922, Nº 26.032 y Nº 26.388, los Decretos Nº 554 del 18 de junio de 1997, Nº 1018 del 1º de septiembre de 1998, Nº 1335 del 11 de noviembre de 1999, Nº 252 del 17 de marzo de 2000, Nº 383 del 12 de mayo de 2000, Nº 378 del 27 de abril de 2005, Nº 533 del 24 de mayo de 2005, Nº 558 del 3 de abril de 2008 y Nº 1266 del 31 de julio de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el mundo contemporáneo se caracteriza por las profundas transformaciones originadas en el desarrollo y difusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad.

Que dichas transformaciones requieren el dictado de diversas normas tendientes a regular distintos aspectos de la aplicación de las nuevas tecnologías.

Que la Ley Nº 25.036 modifica la Ley Nº 11.723 de Propiedad Intelectual con el objeto de proteger jurídicamente a los programas de computación fuente y objeto y las compilaciones de datos o de otros materiales.

Que el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley Nº 25.326 dictada en su consecuencia, garantizan el derecho al honor y a la intimidad de las personas a través de la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, y establecen los medios y acciones para el ejercicio de estos derechos.

Que la Ley Nº 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación estableció el marco general de la actividad y estructura del sistema, fijando las responsabilidades del Estado Nacional, entre otras, las de generar las condiciones para la producción de conocimientos apropiables por la sociedad argentina, financiándola conforme criterios de excelencia; orientar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, estableciendo prioridades en áreas estratégicas que sirvan al desarrollo integral del país y de las regiones que lo componen; promover la formación y el empleo de los/as científicos/as y tecnólogos/as y financiar actividades de investigación y desarrollo.

Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital representa un avance significativo para la inserción de nuestro país en la sociedad de la información y en la economía digital, al reconocer el empleo y la eficacia jurídica de la firma electrónica y de la firma digital.

Que la Ley Nº 25.856, a fin de promover la producción de software, estableció que dicha actividad debe considerarse como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepción de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por parte del Gobierno Nacional.

Que persiguiendo idénticos fines, la Ley Nº 25.922 creó un Régimen de Promoción de la Industria del Software, que reconoce beneficios para todos aquellos sujetos que desarrollen actividades en el sector.

Que la Ley Nº 26.032 dispuso que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se consideran comprendidas dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

Que la Ley Nº 26.388 modificó el Código Penal y estableció la tipificación penal de los denominados delitos informáticos.

Que por Decreto Nº 554/97 se declaró de Interés Nacional el acceso de los habitantes de la REPUBLICA ARGENTINA a la red mundial de Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia.

Que el Decreto Nº 1018/98 creó en el ámbito de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES entonces en la

órbita de la PRESIDENCIA DE LA NACION, el Programa para el desarrollo de las comunicaciones telemáticas "argentina@internet.todos" en el ámbito de la REPUBLICA ARGENTINA; que, además, promueve la constitución de CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) en el ámbito nacional.

Que el Decreto Nº 1335/99 declaró de interés nacional el proyecto "UNA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA CADA ARGENTINO" en el marco del Programa "argentina@ internet.todos".

Que el Decreto Nº 252/00 creó en el ámbito de la ex SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOVACION PRODUCTIVA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, el PROGRAMA NACIONAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION (PSI), el que conforme su modificatorio, Decreto Nº 243 de fecha 26 de febrero de 2001, se encuentra actualmente bajo la responsabilidad de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y tiene como objetivo la elaboración de las políticas y proyectos necesarios para difundir información, conocimientos e intercambios mediante la utilización de procesos informáticos.

Que el Decreto Nº 383/00 creó EDUC.AR, SOCIEDAD DEL ESTADO, con el objetivo de administrar, desarrollar y potenciar el Portal Educativo del ex MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, actualmente MINISTERIO DE EDUCACION, destinado a la inclusión, creación, transmisión e intercambio de los contenidos pertinentes para el conjunto del sistema educativo nacional.

Que el Decreto Nº 378/05 aprobó los lineamientos estratégicos que rigen el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de los organismos de la Administración Pública Nacional.

Que el Decreto Nº 533/05 encomendó al ex Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de EDUC.AR, SOCIEDAD DEL ESTADO, la organización, implementación y realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y multimedial destinados a fortalecer y complementar las políticas nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación.

Que el Decreto Nº 558/08 sustituyó el Anexo III del Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000 estableciendo un nuevo Reglamento General del Servicio Universal, entendido como el conjunto de servicios y programas, variables en el tiempo, definidos por el ESTADO NACIONAL, destinados a la población en general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y sus condiciones sociales, económicas y las referidas a impedimentos físicos; encontrándose comprendidas todos los servicios de telecomunicaciones sin importar tecnologías, estableciendo en la misma norma el modo en que se implementarán dichos servicios y programas.

Que el Decreto Nº 1266/08, modificatorio del Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002, establece que la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá como objetivo entender en la planificación e implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, coordinando con organismos nacionales, provinciales y municipales; entender en la formulación de programas de asistencia a los organismos del Sector Público Nacional y a las provincias que así lo requieran y que tengan por objeto la modernización de la gestión, el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios, y la incorporación de nuevas tecnologías de información; actuar como autoridad de aplicación del Régimen Normativo que establece la infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley Nº 25.506, como así también, en las funciones de ente licenciante de certificadores, supervisando su accionar; entender en la administración y coordinación de la Red Telemática Nacional de Información Gubernamental en sus aspectos técnicos, económicos y presupuestarios; entender en la definición de estrategias y estándares sobre tecnologías de información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información en la Administración Nacional, entre otras.

Que en consecuencia, la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, viene desarrollando un conjunto de proyectos, programas y acciones tendientes al cumplimiento de sus responsabilidades primarias, habiendo llevado a cabo durante el año 2008 un intenso trabajo colaborativo con actores de los sectores público, privado, científico académico y de la sociedad civil, con la finalidad de encontrar puntos de coincidencia y acuerdos en torno a la direccionalidad estratégica que debería imprimirse a las iniciativas TIC que impulsan todos estos sectores.

Que a partir de lo pautado en las normas mencionadas y considerando las acciones de los sectores público y privado, de la sociedad civil y del sector científico académico, se advierte un notable avance respecto al

empleo de los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todos los sectores de la sociedad.

Que dicho uso, asimismo, ha impactado positivamente en la creación de nuevos y mejores vínculos entre el Estado Nacional y los habitantes, y en la mejora de la gestión y el tratamiento de la información pública.

Que dichas iniciativas deben ser profundizadas, pero fundamentalmente coordinadas y puestas bajo una dirección estratégica común, a fin de consolidar la inclusión y apropiación de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento por parte del Estado, diversas instituciones y las personas, mediante el uso intensivo y estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Que la importancia de las transformaciones que trae consigo el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todos los ámbitos de la sociedad hace necesario definir una política nacional que permita orientar los esfuerzos públicos y privados a fin de crear las condiciones para su incorporación y expansión en beneficio de la Nación y de sus habitantes.

Que resulta imprescindible, entonces, jerarquizar la temática, encauzar su definición y adecuación permanente mediante el acuerdo y la concertación con los principales sectores y actores vinculados a ella, con un criterio participativo y abierto, reflejando, inequívocamente, la importancia que el tema reviste para el desarrollo de nuestro país y el compromiso político del Estado.

Que se trata, entonces, de una política de Estado que debe mantener continuidad en el tiempo y desarrollar acciones concertadas, que sean adecuadamente difundidas, ejecutadas y evaluadas.

Que en tal sentido, el instrumento adecuado es una ESTRATEGIA DE AGENDA DIGITAL, con características propias y sostenibles, que resulta imperativo construir integrando a todos los niveles del sector público, sector privado, sociedad civil y sector científico académico.

Que esta ESTRATEGIA tendrá por objetivo contribuir a una mayor y mejor participación de la REPUBLICA ARGENTINA en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, aumentando el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como factor de desarrollo Social y favoreciendo la producción local de bienes y servicios vinculados a las nuevas tecnologías.

Que resulta necesario, en consecuencia, crear un ámbito específico de coordinación multisectorial a fin de impulsar la ESTRATEGIA DE AGENDA DIGITAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Que la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA y sus organismos dependientes, la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION y la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, han tomado la intervención de su competencia.

Que la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones que emanan del Artículo 99 incisos 1º y 2º de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL que tendrá por finalidad concertar e impulsar la "ESTRATEGIA DE AGENDA DIGITAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA".

Art. 2º — El GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL tendrá como objetivo proponer políticas y acciones por implementar tendientes a:

a) Fomentar proyectos que aumenten la competitividad y la productividad del país mediante criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ampliación y mejora en la infraestructura de telecomunicaciones, creación de nuevos mecanismos de apoyo a la innovación tecnológica en el sector privado y apoyo a la pequeña y mediana empresa.

b) Apoyar acciones que promuevan, a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la reducción de las desigualdades sociales y regionales, y que mejoren la calidad de vida de

las personas.

c) Apoyar los mecanismos que conlleven a un aumento de la participación ciudadana en el proceso de desarrollo mediante el fortalecimiento de los vínculos de la sociedad civil con el Estado y con el sector privado, así como, sostener el proceso de modernización del Estado y la introducción de mejoras en la gobernabilidad, con énfasis en los procesos de descentralización y coordinación para brindar servicios públicos.

d) Establecer los mecanismos que aseguren la sostenibilidad de la Agenda Digital Argentina, recomendando y facilitando el desarrollo de las capacidades necesarias que respondan a los desafíos que plantea la nueva economía del conocimiento.

e) Procurar el acceso universal con el fin de que todos los habitantes puedan ser incluidos en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

f) Favorecer la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación como herramienta para mejorar la equidad en el acceso y calidad del aprendizaje, tanto en procesos de alfabetización e inclusión en la currícula, como de circulación y producción del conocimiento.

g) Propiciar la innovación en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

h) Incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso productivo.

i) Difundir programas y mecanismos de financiamiento de las iniciativas de la Agenda Digital.

j) Salvaguardar el acervo cultural nacional y regional, particularmente a los pueblos originarios.

k) Priorizar la producción de contenidos nacionales y locales.

I) Posicionar al país como un referente en políticas de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe.

Art. 3º — Incorpórase como ANEXO al presente el "DOCUMENTO BASE PARA LA ESTRATEGIA DE AGENDA DIGITAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA", que empleará el GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL para la formulación de propuestas de políticas y acciones conforme los objetivos establecidos en el artículo 2º, el que se difundirá en el sitio de Internet http://www.agendadigital. ar para permitir, mediante herramientas colaborativas, la recepción de opiniones y propuestas de toda persona interesada.

Art. 4º — El GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL será presidido por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, su dirección ejecutiva estará a cargo del SECRETARIO DE GABINETE Y GESTION PUBLICA, y estará integrado por dos representantes designados al efecto, uno titular y otro alterno, de los Ministerios de CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, de EDUCACION, de PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de PRODUCCION, de RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, de SALUD, de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del INTERIOR, de DESARROLLO SOCIAL y de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, e igual número de representantes por las entidades del sector privado, de la sociedad civil y del sector científico académico, cuya incorporación resolverá el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 5º — El GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL desarrollará su labor conforme los siguientes parámetros:

a) Todos sus miembros se desempeñarán con carácter ad honórem.

b) Elaborará un proyecto de Reglamento Interno de Funcionamiento dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia del presente decreto, el que deberá ser aprobado por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

e) Podrá solicitar la opinión y asesoramiento de personas de reconocido prestigio del ámbito público, científico, académico y empresarial, cuando resulte conveniente en atención al tema por tratar.

d) La SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS prestará apoyo administrativo brindando los recursos necesarios para el funcionamiento del Grupo que se crea por el artículo 1º del presente, sin que ello implique una mayor erogación presupuestaria.

Art. 6º — Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para que dicte las normas aclaratorias y

complementarias del presente decreto y adopte las resoluciones que resulten conducentes para su implementación, pudiendo delegar dichas facultades.

Art. 7º — Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al presente decreto y a proponer a sus respectivos representantes para integrar el GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL que se crea por el artículo 1º del presente.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa. — José L. S. Barañao.

ANEXO – DOCUMENTO BASE PARA LA ESTRATEGIA DE AGENDA DIGITAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

1. INTRODUCCION

La Agenda Digital puede ser definida como camino, o plan nacional para la inclusión y apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios de la Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Es una ruta, no un puerto. Es un proceso, una construcción colaborativa, abierta y permanente. Para correr este camino, es necesario primero visualizarlo y planearlo, para luego marcarlo construirlo, haciéndolo transitable para todas las personas.

La crisis sociopolítica y económico-financiera que vivió Argentina hizo que se postergara temporariamente la integración de los planes y programas tendientes al desarrollo de la Sociedad de la Información (SI). Desde 1998 se generaron en el país programas parciales relativos a la Sociedad de la Información, en distintas jurisdicciones, con un desarrollo en líneas de trabajo paralelas, con visiones, agendas y proyectos propios —en detrimento de una estrategia nacional con visión integradora y participación colectiva— por lo que se percibe la necesidad de una adecuada coordinación entre ellos.

Resulta imperativo entonces, construir una Agenda Estratégica Nacional propia, sostenible, con visión integral, comprometida con las obligaciones asumidas por la Nación para cumplir con los Objetivos Desarrollo del Milenio, con los compromisos expresados en los documentos resultantes de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y de la Estrategia para la Sociedad de la Información en América Latina (eLAC); una Agenda que integre y unifique todas las iniciativas en curso, genere nuevas iniciativas, e involucre a actores y autoridades claves, integrando a todos los niveles del sector público, al sector privado, a la sociedad civil, al sector del trabajo y al científico académico. Para esto se cuenta con:

• Liderazgo del máximo nivel político en la definición de la Estrategia para la Sociedad de la Información en la figura Presidencial.

• Definición como política de Estado.

• La obvia jerarquía (por la implicación presidencial) para conseguir que actores y organismos participantes se involucren y se facilite el logro de los objetivos propuestos.

• Espacios de trabajo multi-participativos que faciliten, el logro de perspectivas integrales, sustentadas en las visiones comparadas de todos los actores involucrados en el proceso.

• Una concepción de la presente Agenda en términos reales, no como mega plan de díficil concreción y pocas posibilidades de éxito.

• Incorporación de las iniciativas en desarrollo, por ejemplo las referidas a gobierno electrónico y a ciencia, tecnología e innovación productiva, entre otras.

• La conciencia en todos los sectores de la sociedad, de la necesidad de generar la sostenibilidad de la Agenda Digital Argentina como factor de equidad social.

• La comprensión de la importancia de una planificación integral que contemple las grandes metas, pero que paute su implementación a través de una sucesión de pequeños objetivos alcanzables, sólidos y factibles.

• La concepción de esta Agenda, no como producto acabado, sino como proceso dinámico, constantemente alimentado por contribuciones provenientes de los distintos sectores.

Para ello se creará un grupo de trabajo multisectorial y abierto con representantes del sector público (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), del sector privado, del sector del trabajo, Organizaciones de la Sociedad Civil, del ámbito científico técnico y académico y Universidades. Este grupo planificará e impulsará la estrategia operativa para el desarrollo de la Agenda Digital y será liderado por los representantes del gobierno; aportando así la institucionalidad necesaria para implementar la propuesta, reportando directamente al Jefe de Gabinete de Ministros.

La estrategia se concentrará en:

I. Fomentar proyectos que aumenten la competitividad y la productividad del país mediante la mejora de la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios basados en TIC, mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones, mecanismos de apoyo a la innovación tecnológica en el sector privado, apoyo a la pequeña y mediana empresa, etc.;

II. Apoyar acciones que promuevan, a través de la aplicación de las TIC, la reducción de las desigualdades sociales y regionales y que mejoren la calidad de vida de las personas;

III. Apoyar los mecanismos que conlleven a un aumento de la participación ciudadana en el proceso de desarrollo mediante el fortalecimiento de los vínculos del Estado con la sociedad civil y con el sector privado, así como a sostener el proceso de modernización del Estado y la introducción de mejoras en la gobernabilidad, con énfasis en los procesos de descentralización y coordinación para brindar servicios públicos;

IV. Establecer los mecanismos que aseguren la sostenibilidad de la Agenda Digital Argentina, recomendando y facilitando el desarrollo de las capacidades necesarias que respondan a los desafíos que plantea la nueva economía del conocimiento;

V. Procurar el acceso universal con el fin de que todos los habitantes puedan ser incluidos en la Sociedad de la Información y del Conocimiento;

VI. Favorecer la integración de las TIC en la educación como herramienta para mejorar la equidad en el acceso y calidad del aprendizaje, tanto en procesos de alfabetización e inclusión de TIC en la currícula, como de circulación y producción del conocimiento;

VII. Propiciar la innovación;

VIII. Incrementar el uso de las TIC en el proceso productivo;

IX. Difundir de manera extendida programas y mecanismos de financiamiento de las iniciativas de la Agenda Digital;

X. Salvaguardar el acervo cultural nacional y regional, particularmente de los pueblos originarios;

XI. Priorizar la producción de contenidos nacionales y locales;

XII. Posicionar al país como un referente en políticas de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe.

2. ESTRATEGIA.

2.1. Visión

La visión se define teniendo en cuenta la Declaración de Principios de Ginebra de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI)1, en la que se declara el deseo y compromiso de construir.

———

1 http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html

"... Una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos".

En este marco la visión definida es la siguiente:

La persona es el centro de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, orientada al desarrollo a través del acceso universal a los beneficios de la Sociedad de la Información y el uso de las TIC para la mejora de

la calidad de vida, la generación y transformación de los servicios que impulsen la competitividad, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la democratización de la información y del conocimiento y su producción, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural del país.

2.2. Misión

Favorecer el uso y apropiación de las TIC y los cambios sociales necesarios para su aprovechamiento, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico y social de Argentina.

2.3. Alcances

La Agenda Digital Argentina se concibe como la herramienta que guía, orienta y rige la política nacional en esta materia; constituyendo el marco de referencia ineludible para todos los actores y sectores.

2.4. Objetivo General

Contribuir a una mayor y mejor participación de Argentina en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, instalando al país como referente en América Latina y el Caribe, aumentando el acceso, uso y apropiación de las TIC como factor de desarrollo social, y favoreciendo la producción local de bienes y servicio TIC, a través del fortalecimiento institucional y la implementación de una serie de iniciativas de carácter estratégico, que permitan el desarrollo de dicha estrategia.

2.5. Metodología

Participativa, a través del diálogo con los diferentes actores involucrados en la temática, para generar consensos amplios en su definición; con la finalidad de que resulte una potente política de estado para abordar la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Los protagonistas de esta estrategia son quienes habitan nuestro país. La participación del gobierno se establece a los efectos de la coordinación entre todos los sectores y actores sociales, procurando aunar criterios para la realización de las distintas acciones, cuidando que las mismas favorezcan la integración de todas las personas, las empresas y comunidades menos favorecidas, contribuyendo con la producción y desarrollo nacional a la inserción en el mercado global.

Todos los proyectos serán monitoreados y evaluados concomitantemente con su desarrollo y de modo ex post para garantizar los ajustes necesarios.

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

• Fomentar el uso de las TIC en el sector público, el privado, en el ámbito académico y en la sociedad civil.

• Propiciar la constitución de alianzas público-privadas en las diferentes áreas de acción.

• Incorporar y aprovechar las iniciativas ya desarrolladas e implementadas tanto por los organismos de gobierno como por parte de empresas, asociaciones, instituciones científico académicas y la sociedad civil.

• Impulsar la investigación, desarrollo e innovación en materia de TIC.

• Propiciar la constitución de alianzas entre el sector privado y el sector académico.

• Procurar el acceso universal con la finalidad de generar igualdad de oportunidades.

• Actualizar el marco normativo con relación al uso de las TIC.

3.1. Lineamientos estratégicos sectoriales:

• Gobierno: incluye Educación, Justicia, Salud, Seguridad, además de los servicios y aplicaciones transversales.

• Sector Productivo.

• Sector de TIC.

• Investigación e Innovación.

• Previsibilidad Ambiental.

• Sociedad Civil.

4. AREAS DE ACCION

4.1. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

Plataforma tecnológica que posibilite el acceso universal a los servicios. La Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información definió a la Conectividad como "… El acceso

universaI, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las TIC".

El conjunto de las personas y organizaciones del país requiere, para su inserción y progreso, de los medios tecnológicos que le permitan ejercer una ciudadanía activa en la Sociedad del Conocimiento.

La evolución natural del sector TIC genera un crecimiento permanente de productos y servicios, incluyendo crecientemente a colectivos y poblaciones que pueden acceder a los bienes y servicios informáticos y de comunicaciones, pero, al mismo tiempo, incrementando la brecha con los que carecen de estos accesos.

Más allá de la insuficiencia de estadísticas consolidadas y consensuadas —un insumo estratégico para establecer las líneas de base de esta Agenda—, es posible considerar a modo de contexto que, según cifras del INDEC, a mediados de 2008, la telefonía fija contaba con un parque de alrededor de 9 millones de líneas en servicio, lo que significa una penetración del 23%; la telefonía celular alcanzaba los 44 millones de líneas y se gestionaban 4.500 millones de mensajes de texto mensuales; las conexiones de banda ancha rondaban 28 millones; y las conexiones dial-up servían a cerca de 700 mil usuarios. Se estimaba, para la misma fecha, que los accesos a Internet eran utilizados por más de 15 millones de usuarios, y llegaban a una penetración en hogares del 25% para un parque de computadoras personales de alrededor de 7 millones de unidades.

Sin embargo, existen sectores sociales y geográficos que no llegarían a un grado de desarrollo sostenido, por cuanto no están en condiciones de satisfacer sus necesidades a través de la oferta actual del mercado; en consecuencia se requiere de políticas de Estado que tiendan a corregir las asimetrías producidas por la oferta de servicios e impulsen líneas de acción coordinadas entre el sector público, el privado y las organizaciones sociales y educativas.

4.1.1. Infraestructura

Se entiende por infraestructura un conjunto de recursos que, actuando en forma interdependiente y coordinada, brindan el sustrato a distintas actividades de un sistema social organizado. Las sociedades modernas se caracterizan por la presencia de un conjunto de infraestructuras fácilmente reconocibles, como la red vial, el sistema de agua corriente, el sistema de telecomunicaciones, el sistema de distribución eléctrica, y otros intangibles, tales como el marco legal.

Los componentes esenciales de una infraestructura, también conocidos como su base instalada, comprenden un conjunto de elementos que incluyen artefactos tecnológicos, estándares, estructuras organizacionales, marcos normativos, patrones de comportamiento y preferencias sociales de los usuarios.

Las infraestructuras, en general, son elementos esenciales del entramado social y además se constituyen en componentes estructurales fundamentales de una economía, al permitir acceder al conocimiento en tiempo real y la producción y comercialización de bienes y servicios, sin ser ellas mismas parte del proceso de producción. Así, por ejemplo, las rutas del país (infraestructura vial) no forman parte del proceso de producción de los alimentos pero dan sustento a la actividad al permitir su transporte.

Hoy día, y gracias a estas tecnologías, resulta posible intercambiar todo tipo de información (voz, datos, imágenes, etc.) e incluso integrar procesos que antes se encontraban fragmentados.

Así, por ejemplo, muchas operaciones bancarias, el pago de diversos impuestos, las compras del supermercado, el seguimiento de los beneficios sociales y aun el trabajo mismo pueden ser realizados desde el hogar o desde centros de acceso público a Internet, a través de diferentes dispositivos como celulares, ordenadores personales, dispositivos portátiles de trabajo o de esparcimiento, etc.

Mucho se ha escrito en el nuevo siglo sobre la necesidad de los países de Centro y Sudamérica de integrarse al mundo digital. Se ha hecho especial hincapié en que la implementación de acciones basadas en TIC para disminuir la brecha socioeconómica y digital que separa a sus habitantes, redundará en una mejor calidad de vida para aquellos con menos recursos. En definitiva, se trata de poner a disposición del conjunto de la sociedad el acceso a la información y el conocimiento, por medio de las TIC.

Sin infraestructura de conectividad, de redes y servicios, sin su expansión constante, se dificulta no sólo la participación generalizada de los ciudadanos y habitantes de Argentina en la Sociedad de la Información, sino también el posicionamiento favorable del país en el conjunto de las naciones. Para ello es ineludible contar con equipamiento, dispositivos y redes de comunicación interoperables.

4.1.2. Conectividad

Se considera conectividad a la capacidad inherente de comunicación de la sociedad con su entorno global, usando conjuntamente las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la producción de su industria de contenido B. El objetivo final de la conectividad es permitir a cada habitante su inclusión en una

Sociedad de la Información y del Conocimiento, y brindarle servicios permanentemente actualizados, siguiendo el ritmo de las innovaciones tecnológicas.

4.1.3. Desarrollo

A pesar de que en los últimos cinco años el sector TIC o ha dejado de crecer en cantidad de usuarios, prestaciones y cobertura, posibilitando que cada día sea mayor el número de los que acceden y saben emplear las TIC, subsisten zonas geográficas y ámbitos sociales no alcanzados por estas tecnologías, debido a una combinación de complejos factores.

El potencial de esta nueva forma de comunicación no se ha desarrollado en su totalidad, por diversas razones, entre las que podemos señalar.

• Una franja significativa de la ciudadanía aún carece de acceso o no hace utilización del mismo por factores múltiples, entre los cuales se cuentan la ausencia de infraestructura material en ciertas zonas del país, su costo y la falta de desarrollo de procesos educativos masivos orientados a capacitar en las nuevas habilidades que la participación activa en la Sociedad del Conocimiento requiere;

• La interoperabilidad entre estructuras sociales formales aún enfrenta dificultades debido a la ausencia de protocolos estandarizados para el intercambio de información;

• Un marco legal que, en general, requiere aún de ajustes frente a los avances veloces y continuos de la tecnología, existiendo además extensas áreas con deficiencias de precisiones legales para el intercambio de información sensible;

• La gestión de políticas públicas prioritarias en la agenda de gobierno como la justicia, la salud, la educación, la seguridad, la promoción del desarrollo económico, científico-tecnológico y la exportación, entre otras, aún están adaptando sus estructuras de gestión a estas nuevas tecnologías, en los niveles nacional, provincial y municipal;

• Se han realizado muchos esfuerzos desde el Estado para la producción de información y de software por parte de diferentes áreas de la Administración Pública, sin embargo, tradicionalmente, esta producción se realizó sin contemplar su reutilización, lo que constituye un obstáculo para que se cumplan principios fundamentales para el funcionamiento del gobierno electrónico como son la simplificación registral y la ventanilla única. Es deseable que las acciones coordinadas, siguiendo planes de acción específicos, no dejen de lado premisas como la reutilización libre de esta producción por parte de otras áreas del propio Estado.

No obstante lo enunciado precedentemente, la reciente creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Decreto Nº 558/08 de Reglamentación del Servicio Universal y los esfuerzos de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) en la estructuración de un marco de interoperabilidad para el gobierno electrónico son indicios claros de la voluntad política de avanzar en la reducción de la denominada brecha digital.

La Agenda Digital Argentina requiere, necesariamente, un proyecto de infraestructura y conectividad en el que la comunidad toda (gobierno, instituciones no gubernamentales, empresas y las personas) debe actuar en forma colaborativa, multisectorial y coordinada, facilitando el acceso equitativo en las diferentes áreas geográficas y los grupos sociales, para permitir que los beneficios de este nuevo paradigma en la gestión del conocimiento, lleguen a cada rincón del país y permitan la vinculación con el mundo.

El estudio y adopción temprana de TIC es tan importante como considerar que la modernización tecnológica no es en sí misma sinónimo del de crecimiento si ésta no se hace siguiendo criterios de adopción orientados a facilitar el desarrollo.

Tanto la infraestructura como la conectividad son, a la vez, vehículos y potenciadores de las posibilidades de desarrollo local y regional mediante la apropiación de las herramientas de gestión y producción de conocimiento basadas en TIC.

Dado que por definición la Sociedad del Conocimiento sigue la premisa de una Sociedad Red, surge inmediatamente la necesidad de contar con un soporte material eficaz y eficiente para la comunicación e intercambio entre los diferentes modos y los distintos niveles de la mencionada Red, que garantice la estabilidad, la seguridad y la interoperabilidad de los diferentes sistemas involucrados.

Desde la perspectiva planteada, el que la competitividad y el desarrollo basado en Investigación y Desarrollo locales sean aspectos estratégicos de esta Agenda deben considerarse en los modelos de infraestructura y conectividad, ya que presuponen diseños que soportan actividades educativas y de desarrollo científico-tecnológico mediante redes avanzadas académicas y orientadas a la innovación.

No debe ser ajena a los Sistemas de Desarrollo de Infraestructura y Conectividad la necesidad de contar con modelos educativos que generen el capital humano necesario para desarrollar, capacitar, difundir y sostener los programas de gestión de la infraestructura y la conectividad, en especial considerando que en virtud del ordenamiento jurídico de nuestro país y vocación de esta Agenda, la impronta federal será una constante en el desarrollo de estos modelos.

En consonancia con lo anterior, la interoperabilidad es un concepto clave por sostener como valor estratégico dado lo heterogéneo de los sistemas de los diferentes niveles de las administraciones públicas y privadas, y es un principio fundante de esta Agenda el construir sobre lo ya establecido, respetando las autonomías propias de cada jurisdicción. Se considera, por tanto, a la interoperabilidad basada en estándares abiertos, como otro factor estratégico que interrelaciona a la infraestructura y a los Contenidos, generando una sinergia que propicia las buenas prácticas, estimula la productividad y racionaliza el gasto tanto público como privado. La necesidad de adoptar y promocionar los estándares abiertos se basa en su demostrada capacidad de promover la interoperabilidad.

Se considera necesaria, asimismo, la figura de una Internet federal, con capacidad de llevar conectividad de alta capacidad a todo el territorio y a sus habitantes, garantizando un nivel de calidad equitativo, utilizando al Servicio Universal como una de las herramientas claves para incluir a las comunidades que aún no lo están.

Es importante que esta Agenda se desarrolle en consonancia con las políticas de integración regional e internacional, para lo cual es necesaria la participación en foros internacionales vinculados a los temas referentes a esta Agenda.

Finalmente, el desarrollo del gobierno electrónico aparece como otro factor de expansión de la Sociedad del Conocimiento con fuerte impacto en la infraestructura y la conectividad, ya que su implementación motoriza la utilización de estas tecnologías y cataliza su desarrollo y uso por la comunidad, en personas, en empresas, en el sector científico, tecnológico y académico y en gobiernos locales.

4.7.4. Objetivo Estratégico

Desarrollar y extender la conectividad a través del fortalecimiento de las redes del país, siguiendo un modelo que contemple criterios de eficiencia, estabilidad, interoperabilidad, flexibilidad, sostenibilidad, e igualdad de oportunidades. Este modelo atenderá criterios compensatorios en beneficio de los sectores más otorgados, utilizando de manera racional las capacidades ya instaladas y favoreciendo el desarrollo local.

4.1.4.1. Iniciativas

1. Desarrollar acciones de conectividad bajo el modelo previsto con un seguimiento permanente a fin de optimizar los procesos y los objetivos futuros de esta Agenda.

2. Definir un modelo matricial con variables de priorización de acciones de conectividad que posibiliten su expansión bajo los parámetros enunciados en el Objetivo Estratégico.

3. Generar un cuerpo de estándares abiertos consensuados y desarrollar y difundir los principios de la interoperabilidad e implementar pautas de certificación de la misma.

4. Promover y difundir la utilización de Servicios con soporte Web para intercambio de información pública entre plataformas tecnológicas diversas.

5. Favorecer la conservación medioambiental en el sector TIC.

6. Construir un marco jurídico que contribuya al desarrollo digital inclusivo de la Argentina.

4.1.4.2. Metas

1. Conectar e integrar localidades con soporte TIC para servicios esenciales que operen como modelo para replicación a escala de la iniciativa.

2. Establecer un modelo de prioridad y selección de accidentes de conectividad que potencie el impacto social de las infraestructuras desarrolladas.

3. Establecer un Marco de Interoperabilidad, diseñando mecanismos para la promoción de ontologías, terminologías controladas, metadatos y modelos estandarizados y el establecimiento de repositorios y registros de los mismos, tanto en instituciones públicas como privadas.

4. Generalización del uso de Servicios con soporte Web por parte de actores públicos y privados para intercambio de información pública.

5. Promover programas que tiendan al uso racional de la energía y la disposición de residuos electrónicos.

4.2. CONTENIDOS Y APLICACIONES

Contenidos refiere a la información que se procesa a través de las TIC y Aplicaciones a las funciones que se le dan a los contenidos y las TIC.

La evolución actual de la Sociedad de la Información en Argentina permite percibir a las TIC como una poderosa herramienta para la inclusión social, el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Tal como lo destaca la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en "La sociedad de la información en América Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo", la lógica de crecimiento de las TIC en América Latina y el Caribe se ha construido fundamentalmente a partir del desarrollo —con diverso grado de apoyo y participación de los gobiernos nacionales— del mercado de hardware y software, del sector de las telecomunicaciones y las políticas de regulación. Los distintos aspectos emergentes relacionados con el uso y la producción de contenidos y aplicaciones fueron posteriormente moldeando el desarrollo de la Sociedad de la Información en la región y viceversa.

A los fines de este documento, consideramos:

- Contenido: toda aquella información, en tanto conjunto organizado de datos procesados, que constituye un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno.

- Contenido digital: la información digitalizada que se puede almacenar sin que se pierda parte de la misma, pues ésta es acotada o limitada de origen.

- Aplicación: a aquel programa informático diseñado para facilitar al usuario la manipulación del contenido digital para la realización de una determinada actividad. De acuerdo con estos enfoques, se proponen nueve principios para ser tenidos en cuenta como marco conceptual subyacente a las estrategias y políticas referentes a aplicaciones y contenidos digitales, como elementos claves e integradores de la Sociedad del Conocimiento. Es importante mencionar que estos principios no están presentados jerárquicamente. Todos ellos tienen importancia para la construcción y desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en Argentina.

Al momento de describir este marco conceptual de los procesos de generación, recopilación e intercambio de datos e información, como se dijo, se consideran los siguientes principios:

1) Fomento a la generación y uso de contenidos locales, teniendo como objetivos:

• el aseguramiento de la disponibilidad —de acceso y de elección— a los contenidos y aplicaciones adecuados;

• la soberanía digital, en tanto capacidad de actuar con autonomía como sociedad en la generación y acceso a los recursos necesarios;

• la defensa de lenguas y culturas, para el fortalecimiento de la identidad cultural.

2) Promoción del uso de aplicaciones de ejercicio de Ia ciudadanía como apoyo en la acción y administración:

• del Estado en sus distintos poderes y niveles (nacional, provincial y municipal);

• del sector privado;

• de la sociedad civil.

El objetivo es fomentar la utilización de aplicaciones adecuadas para las distintas funciones, propendiendo a facilitar el acceso de la ciudadanía a la información (transparencia de la gestión) y a la realización de los trámites administrativos (eficiencia administrativa). Así, el uso de las aplicaciones y contenidos digitales contribuirá a mejorar la gestión pública y privada, la relación entre Estado y sociedad, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En este marco podrán brindarse servicios en línea, con una administración que siempre atienda, simplificando las relaciones en la sociedad (ciudadanos y habitantes, sector privado y sector público).

Se construirá así la base para utilizar estratégicamente las TIC, facilitar la participación ciudadana, favorecer la producción colaborativa de conocimiento y nutrir la esfera pública y privada con información relevante. La digitalización de contenidos con las aplicaciones adecuadas tornará accesible la información gubernamental, logrando una mejor transparencia de la gestión.

Este objetivo, deberá traducirse en acciones concretas en áreas sensibles del Gobierno, tales como:

• Justicia: Mejorará la eficiencia del Sistema Judicial y la prestación del servicio de justicia a la comunidad a través de la aplicación de las TIC.

• Salud: Apoyará la gestión de Salud con el uso de aplicaciones y contenidos digitales. Entre otras cosas, permitirá extender los servicios de Salud a la mayor parte de la población; generará mayores posibilidades de prevención de epidemias, eficiencia en el uso de los recursos y una mejora en el funcionamiento de los sistemas de salud, focalizadas en el paciente.

Estos procesos se dirigirán a transparentar decisiones de gobierno y facilitar la realización de trámites.

3) Generación de contenidos y aplicaciones de valor. En este aspecto se debe valorar la producción colaborativa, el desarrollo a través de procesos participativos e inclusivos de la sociedad en su conjunto y la digitalización con sentido, para mantener registros históricos de sucesos vinculados con personas o bienes, su cultura, su educación, etc.

Para ello, resultará importante enfocar los aspectos educativos, de investigación y desarrollo y de estímulo a los generadores de contenido. La educación es fundamental para el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La preparación intelectual será, cada vez más, factor diferenciador de las naciones y motor de su desarrollo. Deberá profundizarse el proceso de mejora permanente de la educación, creando incentivos para favorecer la producción del conocimiento de alta calidad y excelencia y la capacidad de difundirlo y de usarlo.

La investigación y desarrollo coadyuvará a la reinserción de Argentina en el mundo como país capaz de producir y proveer bienes y servicios basados en el conocimiento. Resultará prioritaria la consolidación de la capacidad de innovación científica y tecnológica entendida como el uso de las herramientas digitales para la plena inclusión del individuo. También será importante el estímulo a los distintos actores para que se genere información relevante y se facilite el acceso a la misma por parte de toda la sociedad. Esto promoverá un interés y provecho genuinos en el uso con sentido de la tecnología disponible, así como la demanda de innovaciones tecnológicas que respondan a las nuevas necesidades impulsando el proceso de desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en el país.

4) Prioridad de estrategias que sostengan a la neutralidad tecnológica, sin imposición de ningún tipo de tecnologías específicas, tanto en contenido como en aplicaciones. Así, la posibilidad de asegurar el derecho a la libre elección de tecnología en la implementación de acciones de la agenda digital, garantizará que siempre la sociedad pueda escoger la mejor opción disponible.

5) Sostenimiento de los criterios de usabilidad —facilidad, nivel o modalidad de uso— y accesibilidad —independientemente de capacidades técnicas o físicas—.

Se entiende por aplicaciones y contenidos accesibles aquellos que pueden ser usados correctamente por personas con capacidades diferentes. Por ejemplo, las páginas Web de un sitio accesible se transforman correctamente al reproducirse en navegadores o dispositivos preparados para asistir en posibles deficiencias físicas, sensoriales o cognitivas de los usuarios, o por las barreras tecnológicas y del entorno de trabajo existentes. Según varias pautas estándares (como las WAI2 —Web Content Accesibility—), para que una aplicación y sus contenidos sean accesibles, debe albergar un contenido fácilmente comprensible y navegable. Este contenido debe presentarse de manera clara, con un lenguaje simple y con mecanismos obvios de navegación para moverse entre las páginas. Estos aspectos también afectan directamente a la usabilidad de la aplicación, es decir, la calidad de la aplicación y su contenido según la perciben los usuarios que acceden. Además de los ya mencionados, incluye aspectos como la facilidad de aprendizaje, o la posibilidad de realizar búsquedas. Al hacer éstas y otras tareas posibles para usuarios con capacidades diferentes, se las está haciendo también más fáciles para los usuarios en general. Es decir, se mejora la usabilidad y accesibilidad del sitio Web para todos los usuarios, según la filosofía del Diseño para Todos.

6) Garantía de acceso a contenidos y aplicaciones básicos:

a) Para las comunicaciones: herramientas destinadas a comunicar, transmitir y difundir información a través de la tecnología. Las estrategias por desarrollar deben facilitar el acceso universal a la tecnología y las comunicaciones;

b) Para la producción: herramientas destinadas a la generación de información y conocimiento con la tecnología a través de estructuras de producción y comunicación de conocimiento, distribuidas y descentralizadas, tanto en lo geográfico como entre distintos grupos y comunidades;

c) Para la colaboración: herramientas y destrezas destinadas a facilitar acciones para compartir

productivamente a través del uso de la tecnología que promueva la creatividad y el intercambio;

d) Para los servicios: herramientas que permitan obtener los beneficios del uso y acceso de la información a través de la tecnología.

Los emprendimientos de innovación tecnológica, además de generar nuevos puestos de trabajo y modernizar el conjunto de la economía, su productividad y eficiencia, jugarán un rol clave en esta promoción. La política debe incentivar el uso de la informática y las comunicaciones en todo el tejido económico argentino, así como el fortalecimiento de la innovación, modernización y vinculación tecnológica en las actividades productivas y de gestión.

7) Desarrollo de condiciones y políticas destinadas a la interoperabilidad de contenidos, aplicaciones y dispositivas para lograr que sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos, ya que es una condición necesaria para que los usuarios (humanos o mecánicos) tengan un acceso completo a la información disponible. En tal sentido, resulta importante destacar las recientes iniciativas para dotar la Web de interoperabilidad, como lo son la Web 2.0, los servicios Web y la Web semántica.

8) Conservación de contenidos, teniendo en cuenta criterios de selección, seguridad y durabilidad en el tiempo, que devienen en derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as de la sociedad del conocimiento.

En particular, la temática de la seguridad adquiere nuevos enfoques y nuevas soluciones en el marco de la Sociedad de la Información. Desde la creciente necesidad de contemplar la seguridad de la información, las redes y aplicaciones, cada vez más difundidas en todas las actividades de la Sociedad, hasta la contribución que se puede efectuar desde las aplicaciones y contenidos a todos los aspectos de la seguridad de las personas, los bienes y las instituciones.

9) Focalización en aplicaciones y contenidos que faciliten el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Estas herramientas serán claves para garantizar estos derechos fundamentales de la Sociedad del Conocimiento, en tanto aseguren a su vez la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información.

4.2.1. Objetivo Estratégico

Desarrollar, alentar y fortalecer la producción de contenidos y aplicaciones locales que respondan a las necesidades específicas de los diversos actores y sectores del país, incluyendo aquellos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía como apoyo en la acción y administración del Estado en sus distintos poderes y niveles, del sector privado y de la sociedad.

4.2.1.1. Iniciativas

1. Asegurar que los organismos de la Administración Pública Nacional incluyan en sus portales información relevante, útil y oportuna, proporcionando información sobre los procesos de adopción de decisiones, con el objeto de facilitar la relación del gobierno con los ciudadanos y otras personas interesadas; empleando herramientas de la Web 2.0 o superior.

2. Contribuir a desarrollar un portal latinoamericano para proporcionar información sobre prácticas de uso de las TIC en micro, pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la sociedad civil con acento en la inclusión socio digital.

4.2.1.2. Metas

1. Lograr que los gobiernos locales incrementen la interacción con las personas y con otras ramas de la administración pública tomando en cuenta los enfoques de ventanilla única, accesibilidad y usabilidad.

2. Capacitar a los funcionarios públicos, particularmente a los encargados de adoptar decisiones, del gobierno nacional, provincial y local en el uso de TIC de acuerdo con sus niveles y de forma de lograr un impacto positivo en la ejecución de sus funciones.

3. Definir estándares para que los organismos de la administración pública incluyan en sus portales información relevante, útil y oportuna, conteniendo información sobre los procesos de adopción de decisiones, con el objeto de facilitar la relación del gobierno con los ciudadanos y otras partes interesadas. Producir contenidos de interés público.

4. Promover la producción local y el intercambio regional de contenidos, en particular, aquellos que apunten a la preservación de la identidad cultural.

5. Promover enlaces y redes cooperativas entre instituciones científicas y tecnológicas, para fortalecer la

adaptación de las TIC y sus capacidades innovadoras.

———

2 http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility.

6. Conseguir la preservación, digitalización y catalogación de archivos históricos, documentales y artísticos.

7. Identificar, desarrollar y promover iniciativas para el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (incluyendo Internet, telefonía fija y celular, y medios de comunicación tales como radio y televisión) en el sector productivo y la sociedad civil, apuntando a la gestión estratégica y operacional, para aumentar el valor agregado, la competitividad y la mejora de las condiciones de trabajo.

8. Realizar campañas de introducción a las soluciones y servicios TIC, y cursos de capacitación relacionados con sectores de actividad o producción específicos, a través de entidades gremiales y empresarias (Asociaciones, Cámaras sectoriales y regionales, etc.)

4.1 CAPITAL HUMANO

Se refiere a las habilidades y conocimientos desarrollados por la persona. Tiene una fuerte incidencia en la productividad en la Sociedad de la Información puesto que se basa en la creación, difusión y utilización de los saberes.

El Capital Humano (CH) es un factor fundamental para el avance y crecimiento de todos los ámbitos sociales, económicos y políticos de la Sociedad de la Información.

En la Sociedad de la Información, el CH es un tema esencial de política pública. De su desarrollo y actualización permanente dependerá el éxito de diversas áreas tales, como Gobierno Electrónico, Educación, Justicia, Salud, Seguridad, Ciencia y Tecnología, y el sector productivo en general, incluyendo a todas las empresas productoras y usuarias de bienes y servicios de TIC.

Existen muchas definiciones de CH que sugieren una mayor o menor relación con los niveles de formación y con los conocimientos de las personas. El CH suele identificarse, por un lado, con los niveles alcanzados de educación (formal, no formal y del conocido "aprendiendo al hacer") y, por otro, con la cantidad y calidad de conocimiento valioso que ha sido acumulado por los individuos y los grupos de individuos a lo largo de los años. Estas dos dimensiones del término CH están fuertemente determinadas por el entorno del individuo y por las condiciones que refuerzan aquellas capacidades y talento innatos, así como las posibilidades de adquirir nuevas capacidades y competencias a través de la formación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define al CH como el conocimiento que las personas adquieren durante su vida y que usan para producir buenos servicios o ideas en el mercado o fuera de él. Como puede apreciarse, la OCDE no hace referencia a la fuente de adquisición del conocimiento (formal, informal, familiar, escolar, en el trabajo o por placer), ni a la naturaleza de la capacidad adquirida.

A los fines del presente documento, definiremos el alcance del CH como el universo total de la población (niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas con capacidades diferentes) que incluye a los que activamente trabajan en los distintos sectores de la sociedad y a los potenciales talentos.

Entre la población activa consideramos: personal de las empresas que ofrecen productos y servicios TICC (Tecnologías de Información, Comunicaciones y Call Centers) y el personal que se desempeña en áreas o actividades TICC en empresas de todo tipo y tamaño, tanto en el ámbito público nacional, provincial o municipal como en organizaciones no gubernamentales, utilizando u ofreciendo productos y servicios TICC, dándole un valor agregado a la tecnología como viabilizadora de oportunidades en lo social y cultural. También se incluye al personal científico y técnico que se desempeña en tareas de investigación y desarrollo, en la investigación y evaluación de bienes y servicios de fuerte contenido TIC, y en sus impactos sociales y económicos.

Por lo tanto, el valor diferencial por excelencia y la competitividad de las empresas, organizaciones y oficinas públicas estarán directamente relacionados con la capacidad y responsabilidad de atraer, retener y desarrollar el CH, fortaleciendo o desarrollando equipos de trabajos coherentes con los que el nivel de la organización y la producción le estén exigiendo.

4.3.1. Capital Humano e Investigación y Desarrollo

En el marco descripto, la Investigación e Innovación incluyen desarrollos en centros públicos y privados, relaciones productivas entre estos centros y las empresas de todos los sectores de la sociedad, el proceso de

transformación del conocimiento en innovación y su diseminación. Es necesario producir un círculo virtuoso entre el CH formado en base a un conocimiento constantemente renovado y cambiante y el CH que a su vez re-crea y produce este conocimiento, por medio de la investigación y el desarrollo.

Para industrializar el conocimiento, la experiencia producida en cualquiera de los sectores mencionados precedentemente debe estar incorporada a objetos, prácticas, usos y productos. De acuerdo con algunos autores los países que más lo utilizan, llegan a incorporar en un 25% el conocimiento en sus procesos productivos.

El CH desde la perspectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación, debe considerar ante todo el contexto, necesidades y demandas nacionales, teniendo en cuenta además las recomendaciones y mejores prácticas regionales e internacionales. En términos generales, la formación de recursos humanos debería integrarse a las áreas y focos estratégicos acordes con procesos de relevamiento, identificación, discusión y consenso de las principales cuestiones que atañen a los sectores de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i).

En el sector de educación y formación de recursos humanos especializados, se perciben los siguientes rasgos:

• Es necesario multiplicar los esfuerzos en estimular estudios superiores sobre la SI y nuevas carreras que formen nuevos saberes y profesionales adecuados para generar las competencias específicas necesarias por competencias específicas se entienden aquellos conocimientos relacionados con la operación de tecnologías o procesos productivos determinados.

• Gran parte de la educación superior referida a la SI se limita a la formación de ingenieros y científicos "duros". Las Ciencias Sociales y la Economía tienen un importante rol que jugar en la SI: el avance del conocimiento científico, el desarrollo de aplicaciones de este conocimiento y su contribución a la formulación, panificación, divulgación, etc., de políticas dirigidas a la solución de los problemas sociales, incluyendo los relativos a la Ciencia y Tecnología (CyT).

• Se requiere fortalecer la relación entre el sistema educativo y el de CyT. Para ingresar con pie firme en la SI, el sistema educativo debería formar investigadores que produzcan nuevos conocimientos para el sector de CyT, para que este último se involucre en todos los niveles de formación.

• Incrementar y profundizar las intervenciones del sector académico argentino en la SI, a fin de alcanzar prácticas de colaboración, coordinación y trabajo conjunto con otros sectores.

En este sentido, al Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación "Bicentenario" (SECYT 2006-2010) manifiesta en su Prólogo: "Se trata de pasar a un modelo de desarrollo en donde la capacidad de agregar valor a partir del trabajo calificado de nuestra gente y de la capacidad de innovar y crear ciencia y tecnología propias se conviertan en el factor principal de nuestro crecimiento".

Así, este Plan Bicentenario establece prioridades para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de investigadores, científicos y tecnólogos, a fin de fortalecer la generación y el acervo de conocimientos locales. Al mismo tiempo, incluye los requerimientos de investigación necesarios para apoyar las estrategias y acciones de otras áreas del gobierno nacional, tendientes a la solución de problemas y al aprovechamiento de las oportunidades tanto en la producción de bienes como en la prestación de servicios a la población.

4.3.2. Capital Humano TIC: Análisis de la situación

Con el crecimiento demostrado por el sector TIC y su influencia positiva en la economía del país a partir de la crisis del modelo de convertibilidad (diciembre de 2001), los estudios sobre el uso y la producción de TIC realizados en Argentina en los últimos años, han señalado que las empresas han ido incorporado paulatinamente las TIC en sus procesos productivos. Estos estudios también muestran desaceleración para difundir y desarrollar una industria competitiva de software y servicios informáticos vinculada al faltante de CH TIC, que se prolonga desde el año 2005, profundizada con el ingreso de grandes actores internacionales que estarían influenciando en el mercado laboral, captando recursos humanos calificados y, en consecuencia, distorsionando la escala salarial local.

La faltante de CH TIC se refiere principalmente a los "perfiles críticos" que ocupan tanto los niveles bajos como los medios de la pirámide: programadores, técnicos en mantenimiento y servicio, administradores de redes, analistas, líderes de proyecto, ingenieros, licenciados en sistemas, especialistas en comunicaciones y otras disciplinas relacionadas, son los más demandados. Su escasa disponibilidad sugiere que se deben adecuar las respuestas del sistema educativo alentando a los jóvenes hacia estas orientaciones profesionales. Con respecto al perfil del CH TIC, 68% de las personas que trabajan en empresas TICC tienen formación

universitaria o terciaria y 70% tiene manejo de segundo idioma en forma intermedia o fluida. Más allá de su escasa disponibilidad, lo anterior confirma que los Recursos Humanos empleados por el sector son de alta calificación.

La demanda de CH TIC proviene tanto de las organizaciones y empresas usuarias de TIC como del sector de empresas de oferta TIC. Las empresas del sector TIC incorporan en sus áreas especí- ficas mayor cantidad de profesionales relacionados con las ingenierías y ciencias informáticas y en menor medida profesionales de otras ramas como las Ciencias Económicas. Las empresas usuarias de TIC se inclinan más hacia la incorporación de perfiles de Sistemas e Ingeniería. Ambos tipos de empresas compiten por CH TIC tanto en el área de Sistemas y similares, como en el área de las Ciencias Económicas y Administración.

La oferta del CH TIC tiene su origen en el sistema universitario, el sistema terciario no universitario y la formación profesional, como así también idóneos que adquirieron sus competencias en el trabajo, otros ámbitos o de manera autodidacta.

4.3.3. Diagnóstico de la Situación actual3

El mercado de CH argentino se define como complementario y competitivo en relación con los recursos que puede aportar tanto a nivel nacional como internacional, lo que constituye una de sus ventajas. En el ámbito regional, la oferta diversa, la cercanía geográfica, los servicios post-venta ágiles y a costos moderados y la sustitución de servicios anteriormente brindados desde el exterior constituyen en la actualidad inmejorables oportunidades.

En el año 2006, el nivel de empleo en el sector TICC en Argentina fue alrededor de 284.000 personas (la mitad en forma directa y la otra mitad trabajando en tecnología en el resto de las empresas de la economía y en el área pública); esto equivale a casi el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA) de la Argentina. Para fines del año 2007, este indicador se estima que llegó a más de 300.000 empleados.

En cuanto a la demanda de nuevos puestos de trabajo de perfiles críticos del sector, se espera que exceda entre 17.000 y 21.000 la oferta generada por el sistema educativo para el período 2006-2009. Asumiendo que la demanda de profesionales siguiera creciendo a un ritmo superior al de la oferta, nos encontraríamos ante una hipótesis "negativa" de evolución del CH TIC: la brecha entre la oferta y la demanda (el faltante de CH TIC) lejos de reducirse, se incrementaría en los próximos años. De mantenerse las tendencias actuales y verificarse cierta desaceleración en la demanda de CH TIC y, paralelamente, una mejora en la respuesta de la oferta (producto de la propia dinámica del mercado), las curvas de oferta y demanda tenderían a encontrarse en 2009 ó 2010.

Una de las respuestas está en que el total de egresados del sistema académico de las carreras específicas en su conjunto, en los niveles universitario y terciario, ha crecido en los últimos años, pero a una tasa que no supera el 5% anual. Además, del total de ingresantes, no se recibe más del 12,7% en promedio, en todo el sistema universitario.

Es esencial que el CH sea tomado en cuenta como uno de los ejes centrales de toda iniciativa digital, dado que actúa como un factor multiplicador para el aporte de una SI inclusiva, competitiva y con más oportunidades para todos sus ciudadanos. Sobre la base de lo expuesto, se presentan las siguientes propuestas específicas.

4.3.4. Objetivo Estratégico

Desarrollar y fortalecer las capacidades humanas para la apropiación, uso y producción de conocimiento sobre y a través de las TIC con el fin de mejorar la calidad de vida y aumentar la competitividad en la producción y exportación de bienes y servicios de fuerte valor agregado.

4.3.4.1. Iniciativas

1. Implementar programas inclusivos de formación en TIC que respondan a las necesidades de la Sociedad del Conocimiento.

2. Promover la incorporación de CH en los diferentes sectores productivos, sociales y económicos para optimizar el funcionamiento de las áreas que utilizan y producen TIC.

3. Producir diagnósticos situacionales; evaluación y monitoreo; identificar desafíos; mejores prácticas, así como recomendaciones que faciliten la creación y la transferencia del conocimiento sobre y a través de las TIC.

4.3.4.2. Metas

1. Producir programas de formación en uso y apropiación productiva de TIC específicos para:

• Tercera y cuarta edad;

———

3 Datos tomados del estudio "Situación y Perspectivas del Capital Humano TICC en Argentina", CICOMRA, Oct. 07.

• Personas con capacidades diferentes;

• Niños y jóvenes;

• Población rural;

• Docentes;

• Población económicamente activa pública, privada y de las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC);

• Poblaciones vulnerables.

2. Actualizar las currículas en todos los ámbitos de formación para que incluyan el estudio y utilización de TIC en todas las disciplinas.

3. Incentivar la formación de Recursos Humanos específicos en TIC a través de campañas de difusión y programas e incentivos (por ejemplo becas) que promuevan y faciliten el estudio de carreras TIC.

4. Estimular las alianzas I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación) entre los sectores productivos (fundamentalmente las asociaciones productivas entre empresas TIC y centros de investigación nacionales y subnacionales públicos y privados), programas de desarrollo social, educativos, científicos y culturales.

5. Favorecer el desarrollo de empresas creadoras de empleo y de emprendimientos de alta tecnología.

6. Estimular los intercambios científicos tecnológicos) entre Argentina y los países de la Región, incluyendo la movilidad de científicos y técnicos entre estos países.

7. Implementar y fortalecer redes existentes que vinculen a los centros de formación y educación —tanto públicos como privados— con el sector productivo.

8. Crear un Observatorio multisectorial, coordinado por el Estado y conformado por un grupo de trabajo especializado para realizar diagnósticos situacionales, evaluación y monitoreo; identificar desafíos y mejores prácticas, así como para efectuar recomendaciones que faciliten la creación y transferencia de conocimiento sobre y a través de las TIC, estudios que se constituirán en insumos para la toma de decisiones. Para todos los casos, resulta necesario definir indicadores, estándares y métricas para optimizar el proceso de implementación de las líneas de acción definidas en la Agenda Digital Argentina.

4.4. FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

Instrumentos financieros que posibilitan desarrollar y hacer sostenibles las iniciativas y proyectos.

En el entendimiento de que la Agenda Digital es viable sólo si contiene una estrategia para financiar sus objetivos, tanto a corto como a mediano y largo plazo, se aborda esta Area de Acción. El desarrollo de la Sociedad de la Información se podrá impulsar sólo si se movilizan coordinada y simultáneamente recursos públicos, sociales y privados.

La movilización eficiente de las fuentes de financiamiento disponibles para el desarrollo digital requiere una visión de conjunto que abarque las actividades que pueden ser desarrolladas autónomamente por los sectores privado, público y social y las que deben ser necesariamente encaradas a partir de la interacción de dos o más de éstos, lo que demanda significativos y persistentes esfuerzos institucionales.

Dado que las tecnologías digitales son esencialmente transversales, existe una multiplicidad de instituciones que deberán coordinar estratégicamente todas las dimensiones del desarrollo digital. Esto genera el desafío de lograr la coordinación y coherencia de iniciativas. Esas estrategias suponen políticas de financiamiento que implican la amplia utilización de todos los instrumentos existentes y el desarrollo de nuevos, originados tanto en aportes públicos como privados, con el Estado constituido en un agente promotor y catalizador del desarrollo. Esta estrategia de financiamiento no estará completa si no se logra una amplia difusión de los mecanismos disponibles de modo tal de asegurar el acceso equitativo a dicha información, generando las herramientas necesarias para tal fin.

La Sociedad de la Información supone el fortalecimiento de la capacidad de creación, distribución y

apropiación de información por todos. Dado que se trata de un tema transversal, intervienen muchas instituciones e individuos, por lo que es imprescindible mantener la transparencia respecto a las fuentes utilizadas o disponibles. El objetivo de este programa es promover la coordinación de iniciativas entre el sector público y privado, así como al interior del sector público en todos los niveles (nacional, provincial y municipal), incluyendo la contribución de las agencias multilaterales.

Los conceptos de racionalidad, solidaridad, eficiencia y transparencia, no pueden estar ausentes en esta Agenda.

La desigualdad de ingresos, productividades y desarrollo territorial han determinado las brechas digitales del presente. Esta Agenda se fija como objetivo hacia el futuro la implementación de políticas solidarias para el financiamiento del gasto y la inversión en TIC que promuevan la incorporación de todos los sectores y particularmente aquellos sectores sociales vulnerables, regiones atrasadas y a las micro y pequeñas empresas.

Dado que se trata de la asignación de recursos presupuestarios y financieros escasos, el propósito es elevar la productividad de la inversión en TIC, asegurando una eficaz labor pública de coordinación sujeta a evaluaciones que permitan ajustar y corregir las iniciativas emprendidas. La eficiencia será el paradigma orientador del esfuerzo en desarrollo digital, con criterios de complementariedad entre agencias del gobierno, el ámbito educativo y el sector privado.

Los recursos deberán manejarse con una adecuada rendición de cuentas de su utilización. El propósito será hacer explícito el esfuerzo fiscal en la promoción de las TIC, lo que será crucial para impulsar acuerdos público-privados basados en pactos fiscales para el desarrollo digital. Para ello, se manejarán sistemas de indicadores de TIC para la evaluación del impacto de esta política pública.

Esta Agenda incluirá, en una primera etapa, el financiamiento de: (1) el acceso, (2) el uso de las TIC en el sector público, (3) el uso de las TIC en el sector privado, especialmente en micro y pequeñas empresas, (4) el desarrollo de capital humano, (5) la investigación, desarrollo e innovación en TIC (abarcando empresas, universidades e instituciones del sector), y (6) relevamiento y análisis de datos.

1. La universalización del acceso implicará contar con una moderna y segura infraestructura de telecomunicaciones de máxima cobertura. Esta financiación irá de la mano de una política de infraestructura de TIC y de su marco regulatorio. En ese sentido se sostendrán desde el financiamiento servicios mínimos garantizados en todo el territorio nacional. En este momento del desarrollo de la Sociedad de la Información y de la Economía del Conocimiento se entiende como fundamental que esa cobertura mínima incluya una conectividad de calidad tal que permita la transmisión de contenidos audiovisuales.

2. El Estado es, en primera instancia, el instrumento de que dispone la sociedad para la formulación, ejecución o coordinación de la ejecución de políticas públicas que responden a la agenda de cuestiones sociales priorizadas por el sistema político en el marco de la democracia. Es en ese marco que los ciudadanos y las organizaciones empresariales y sociales se relacionan cotidianamente con el Estado, como proveedores, pagadores de impuestos, receptores de servicios sociales (educación, salud, pensiones, entre otros) y, en general, como ciudadanos, es fundamental promover el uso de las TIC en el sector público, para que el Estado no sólo sea más eficiente y transparente, sino también para que difunda el uso de las tecnologías digitales. Se entiende que se deberá incluir una línea de acción que financie la definición de estándares y la interoperabilidad entre los sistemas de gobierno electrónico, tanto hacia el interior del territorio nacional como para la integración regional. En lo que hace al uso de las TIC, a los efectos de la modernización de la gestión de políticas públicas específicas (como ser: Salud, Educación, Apoyo a PyMEs, Medio Ambiente, etc.) se hace necesaria la financiación de proyectos específicos que en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico contemple las especificidades, y las prioridades, de cada Area de Política.

3. Se impulsará el uso masivo de técnicas digitales en empresas, especialmente micro y pequeñas. Esta línea de acción incluirá tanto la eliminación de las barreras que puedan existir para el acceso a los instrumentos de financiación disponibles para la incorporación de tecnología digital en las empresas (incluyendo mecanismos de difusión de los instrumentos disponibles), como la articulación con las acciones de capacitación y con el fortalecimiento de las organizaciones para el acceso a los instrumentos de financiación.

4. Los niveles de uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación dependen no sólo de la velocidad de aprendizaje de niños y jóvenes, sino también de adultos. La inversión en alfabetización digital, bibliotecas públicas digitales, educación escolar y universitaria basada en TIC, e-learning o educación digital a distancia, redes de educación y capacitación en Internet, movilidad de estudiantes e investigadores, cooperación con universidades y centros de investigación internacionales, son prioridades de toda estrategia de desarrollo digital. Otro ítem a destacar, paralelo al anterior, es la calificación de la fuerza laboral de todos

los sectores sin la cual no se podrá conseguir el uso masivo de herramientas digitales en la sociedad.

5. Se impulsarán políticas públicas para conformar una base de conocimiento en TIC y para desarrollar aplicaciones innovadoras, de modo de crecer en el modelo de país productor de bienes y servicios que pueda reinvertir en el mismo país las ganancias de aprendizaje, sin deteriorar las condiciones de competitividad de largo plazo. Además, se promoverá el desarrollo de soluciones tecnológicas que se adecuen a las particularidades del país y así se puedan satisfacer demandas específicas de los distintos sectores que componen la sociedad. En consecuencia, se ponderará el desarrollo con valor agregado local de la tecnología que contribuya a aumentar el acceso, el uso y el impacto de las TIC. Como parte de esta estrategia se deberá impulsar formación de personal técnico y profesional necesario para el desarrollo del sector TIC.

4.4.1. Objetivo Estratégico

Implementar políticas solidarias para el financiamiento del gasto y la inversión en TIC que promuevan la incorporación de todos los sectores, y particularmente de aquellos sectores y regiones vulnerables, y a las micro y pequeñas empresas, de modo de morigerar las brechas digitales del presente, que fueron provocadas por la desigualdad de ingresos, productividades y desarrollo territorial.

4.4.1.1. Iniciativas

1. Identificar a los sectores que han quedado rezagados en la integración a la Sociedad de la Información (sectores y regiones vulnerables, micro y pequeñas empresas) y promover el financiamiento de acciones que tiendan a acortar dicha brecha.

2. Impulsar políticas públicas para conformar una base de conocimiento en TIC y para desarrollar aplicaciones innovadoras, de modo de crecer en el modelo de país productor de bienes y servicios que puedan incorporar aprendizajes y saberes, sin deteriorar las condiciones de competitividad de largo plazo. Dentro de estas políticas de promoción de la innovación, se prestará especial atención al financiamiento de proyectos específicos que, en el marco del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, contemplen las especificidades, y las prioridades, de cada Area de Política (Salud, Educación, Justicia, Medio Ambiente, etc.).

3. Fomentar el uso de las TIC en las micro y pequeñas empresas, mediante instrumentos de financiamiento adecuados, y actividades de difusión de los mismos.

4.4.1.2. Metas

1. Financiar el Observatorio para la determinación de la dimensión de la brecha digital, con el objeto de identificar regiones y sectores vulnerables. Utilizar la información relevada para brindar un servicio de calidad a dichos sectores y regiones.

2. Incrementar los recursos que permitan financiar iniciativas de I+D para conformar una base de conocimiento en TIC, e iniciativas de I+D+i; entre los sectores productivos y el sector científico, de modo de desarrollar aplicaciones innovadoras, que aumenten la capacidad competitiva y exportadora del país.

3. Financiar proyectos específicos de I+D+i que se articulen con el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, de modo de resolver de manera efectiva problemas planteados por cada Area de Política (Salud, Educación, Justicia, Medio Ambiente, etc.) en un contexto de interoperabilidad, basado en criterios de racionalidad.

4.5. MARCO LEGAL

Requerido para impulsar, promover y regular el desarrollo y uso de las TIC.

El desarrollo de la Sociedad de la Información requiere un marco jurídico adecuado, que fundado en los principios y valores vinculados a la justicia, la equidad y la libertad, potencie el desarrollo de las nuevas tecnologías, promoviendo más y mejor acceso a ellas. Las nuevas tecnologías vinculadas a la información y las comunicaciones han penetrado la sociedad en todos sus planos. Una parte importante de la vida humana se despliega hoy en el ciberespacio. Allí los seres humanos se informan, se educan, se conocen, se comunican, se divierten, realizan transacciones mercantiles, se relacionan socialmente, interactúan con el Estado y acceden a múltiples servicios.

Esta intensa y creciente actividad humana, canalizada a través de las TIC, demanda un marco jurídico apropiado, que resguarde el acceso libre e irrestricto a la información y al conocimiento, promoviendo la colaboración, la innovación y el desarrollo, al tiempo que asegure los valores de la justicia, la libertad, la equidad; y el respeto de los demás derechos inherentes a las personas.

Iniciar el camino que conduzca a ese marco legal, implica un desafío que obliga, en primer lugar, a identificar los posibles obstáculos y establecer un marco legal con la suficiente flexibilidad y apertura que permita adecuarse a los constantes cambios, sin frenar el desarrollo y generando un ambiente sustentable para las actividades económicas y sociales. El carácter global y transfronterizo del fenómeno, conlleva más que nunca, una necesaria actitud de cooperación con la comunidad regional e internacional.

La celeridad del cambio tecnológico genera una dinámica vertiginosa en la sociedad, que el orden jurídico sólo podrá acompañar en la medida en que encuentre adecuados mecanismos de flexibilidad y apertura.

Si bien las nuevas tecnologías han generado una explosión en materia de conocimiento, innovación, desarrollo económico y acceso a la información, un mal uso de las mismas puede dar lugar a nuevas formas de inequidad y marginación así como profundizar conocidas desigualdades, en la medida en que la brecha tecnológica existente entre países y sectores sociales, no encuentre en el marco legal y en las políticas de Estado una forma de corrección y superación sostenible en el tiempo.

4.5.1. Principios rectores

Como en toda sociedad, en la Sociedad de la Información deben existir principios rectores que aseguren el desarrollo del ser humano integralmente concebido.

Podemos hallar algunos de estos principios rectores en los documentos que han sido suscriptos en el marco de la muy importante agenda internacional que en torno a la problemática de la Sociedad de la Información se ha desarrollado desde el año 2001, agenda en la cual nuestro país ha tenido una activa participación.

La Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información resalta que se debe generar confianza en los usuarios y seguridad en la utilización de las TIC, reafirmando la necesidad de continuar promoviendo, desarrollando e implementando, en colaboración con todas las partes interesadas en un ambiente multiparticipativo, una cultura mundial de ciberseguridad.4 Esta cultura requiere acción nacional y un incremento de la cooperación internacional para fortalecer la seguridad, preservando al mismo tiempo la protección de la información, privacidad y datos personales.

El mismo documento destaca la importancia de la persecución penal de la ciberdelincuencia, tomando en cuenta que estas acciones delictivas pueden producir sus efectos en una jurisdicción distinta de aquélla donde se comete el delito. De allí la necesidad de concebir instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales eficaces y eficientes, para promover la cooperación internacional, entre otros, de los órganos judiciales y administrativos con competencia en la aplicación de las leyes en materia de ciberdelincuencia.5

Destaca también la importancia de combatir el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, en Internet, respetando los derechos humanos y en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.6

En el plano regional, el Compromiso de San Salvador destaca la necesidad de fortalecer las políticas nacionales para la Sociedad de la Información desde una perspectiva regional, incluidas la coordinación y participación de organismos públicos, la sociedad civil y el sector privado y académico, dentro de sus respectivos roles y responsabilidades, en el diseño y la difusión de programas sobre las TIC7.

El desarrollo de la Sociedad de la Información requiere un marco jurídico adecuado que facilite y potencie el aprovechamiento de las nuevas tecnologías garantizando el ejercicio efectivo de los derechos a los diferentes protagonistas. A efectos de impulsar el desarrollo de Internet, Argentina tiene la oportunidad de establecer un marco jurídico que dé un adecuado tratamiento a temas tan importantes como el rol de los diferentes prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, el de los usuarios como generadores de contenido, Internet como un nuevo marco social o el fomento del comercio electrónico, entre otros. 8 Entre otras tareas, se debe trabajar en la permanente revisión y actualización de temas tales como la protección efectiva de la privacidad y de los datos personales, el acceso a la información pública, los delitos informáticos, las herramientas como la firma digital y el documento electrónico, la defensa del consumidor digital, el comercio electrónico, el gobierno electrónico, los contratos virtuales, derecho intelectuales en Internet, emisión de moneda virtual y nuevos tipos penales propios del mundo virtual.

Marcos regulatorios razonables que consideren lo expuesto precedentemente, pero que no generen interferencias de mercado, ni costos innecesarios a los diferentes operadores, dotarán de seguridad jurídica al actuar de estos protagonistas y fomentarán la inversión en el sector TIC.

La especificidad y complejidad de cada uno de los temas que se abordan sucintamente deberá ser objeto del esfuerzo y trabajo sostenido y conjunto durante los próximos años para alcanzar con éxito su diseño e

implementación.

El Derecho no es —ni puede ser— ajeno a los cambios tecnológicos; debe ser capaz de crear las herramientas necesarias para regular en forma adecuada las nuevas relaciones jurídicas surgidas de la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Desarrollar las respuestas apropiadas desde el ámbito jurídico producirá una transformación del orden jurídico tradicional para poder responder exitosamente a las necesidades de nuestro tiempo.

Por todo lo expuesto, la Agenda Digital deberá incluir como uno de sus ejes estratégicos la construcción del marco jurídico que contribuya al desarrollo digital Inclusivo en la Argentina, fomentando que la operación de la infraestructura de telecomunicaciones y datos sea neutral, permitiendo a los usuarios de Internet el acceso a la información y al conocimiento de manera equitativa, igualitaria y mediante un trato no discriminatorio, que permita el constante desarrollo de Internet como una red libre y abierta, garantizando la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información y de las redes, que redundará en mayor innovación y en el ofrecimiento de más y mejores servicios de la Sociedad de la Información.

Este marco legal deberá servir para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos este país, incrementar la competitividad de nuestra industria, brindar seguridad jurídica a quienes inviertan en el sector, desarrollar los recursos humanos, proteger a los grupos vulnerables de la ciberdelincuencia, mejorar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas con igualdad de oportunidades y eficientizar el sector público y privado.

———

4 Como se indica en la Resolución Nº 57/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros marcos regionales relevantes.

5 Punto 40, Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información.

6 Según se indica en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/60/L.1 Punto 44, donde se hace referencia al Artículo 85 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.

7 Párrafo 60, Compromiso de San Salvador.

8 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo del Consejo, del 8 de junio 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

4.5.2. Objetivo Estratégico

Generar un Marco Legal dinámico que contemple el uso universal de las nuevas tecnologías.

4.5.2.1. Iniciativas

1. Garantizar el libre goce de los derechos establecidos en nuestra Constitución a las actividades que los usuarios realicen en línea, promoviendo la cultura, la educación, el comercio, el esparcimiento, el intercambio de ideas, justicia, la seguridad y la salud.

2. Proponer un marco jurídico con la flexibilidad adecuada para adaptarse a los vertiginosos cambios tecnológicos.

3. Establecer el adecuado marco jurídico para fomentar la inversión, la investigación y el desarrollo de las TIC en el país, mediante el establecimiento de reglas claras.

4.5.2.2. Metas

1. Conformar un grupo de trabajo multisectorial para el análisis y propuestas de adecuación, armonización y actualización de los marcos jurídicos necesarios.

2. Otorgar a los consumidores que participen del comercio electrónico una protección transparente y efectiva.

3. Garantizar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, reconociendo su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública y la obligación de ésta de garantizar ese derecho.

5. PLAN OPERATIVO - CUADRO RESUMEN

6. GLOSARIO

ACCESIBILIDAD: Es la posibilidad de que un sitio o servicio Web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor número posible de personas, independientemente de las limitaciones personales que tengan o de aquellas limitaciones que sean derivadas de su entorno.

Esta característica es muy importante dado que el impacto de las aplicaciones está asociado con la facilidad de acceso por parte de los usuarios, individuales y corporativos.

BANDA ANCHA: Denominación que se aplica a la transmisión de datos de alta velocidad y elevada capacidad que permite la transmisión integrada y simultánea de diferentes tipos de información. Permite el flujo de información de varias redes en un único cable.

BRECHA DIGITAL: División que existe entre países, ciudad y campo, hombres y mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, debido a que unos seres humanos cuentan con acceso a las TIC y saben aprovecharlas y otros no.

CIUDAD DIGITAL: Es aquella en la que, utilizando los recursos que brindan la infraestructura de telecomunicaciones y de informática existentes, entre ellas Internet, brinda a sus habitantes un conjunto de servicios digitales a fin de mejorar el nivel de desarrollo humano, económico y cultural de esa comunidad, tanto a nivel individual como colectivo.

CUMBRE MUNDIAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION (CMSI, Túnez, 2005): Cumplió con el cometido de introducir a la Sociedad de la Información como temática dentro de las agendas nacionales. De este modo durante lo siguientes años se desarrollaron y elaboraron las estrategias nacionales, ciber-estrategias o estrategias-e, como marcos de acción que sustentan la construcción de la Sociedad de la Información en diferentes regiones y naciones.

e-LAC: Es una estrategia para América Latina y el Caribe regionalmente concertada que concibe a las TIC como instrumentos de desarrollo económico e inclusión social. Es una estrategia con visión de largo plazo (hacia 2015) acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se concreta en planes de acción de corto plazo con metas cuantitativas y cualitativas.

GOBIERNO DIGITAL: Aplicación intensiva y estratégica de las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones e Internet en las actividades del Estado.

GOBIERNO ELECTRONICO: El uso de las TIC para mejorar los servicios e información ofrecidos a ciudadanos y habitantes, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar la transparencia del sector público y la participación ciudadana.

INTERNET: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas voluntariamente,

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.

INTEROPERABILIDAD: Es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos. Es una propiedad que puede predicarse de sistemas de naturaleza muy diferente, a nivel informático.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM): Los 8 objetivos que 189 países, que forman parte de la ONU, deben alcanzar hasta el 2015: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

La meta 18 de los Objetivos del Milenio expresa: "En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las de las TIC".

SERVICIOS WEB (en inglés Web Services): Son un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Son servicios utilizados para transmitir y recibir datos por aplicaciones heterogéneas de diferentes organizaciones o empresas.

SOCIEDAD DE LA INFORMACION: Estado de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros —ciudadanos, empresas y administración pública— para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que prefieran.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: Es la evolución de la Sociedad de la Información y se caracteriza por ser un espacio en el cual la adquisición, procesamiento, organización, almacenamiento, recuperación, utilización, monitoreo, distribución y venta de información salvaguarda la cultura y difunde el conocimiento, conformando actividades prioritarias para la economía de los países que fomentan, debido a su alto índice de generación de valor agregado.

USABILIDAD Y UTILIDAD DE SITIOS Y SISTEMAS: Usabilidad se refiere a la facilidad de uso de los sitios y sistemas, mientras que utilidad se refiere a que los usuarios encuentren útiles estos sistemas. Tanto la usabilidad como la utilidad son factores que influyen en la adopción de los mismos.

WEB 2.0: Es la segunda generación Web, basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, las wikis, etc., que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre Usuarios.

WEB SEMANTICA 3.0: Se basa en añadir metadatos semánticos a la Web. Esa información adicional —que describe el contenido, el significado y la relación de datos— se debe proporcionar de manera formal, para que así sea posible evaluarlos automáticamente. El objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos y reducir la mediación de operadores humanos. Permite que los gestores de contenidos interpreten documentos y realicen procesos inteligentes de captura y procesamiento de información.

Agenda digital 1 y 2 de Chile.

AGENDA DIGITAL 2004-2006

La Agenda Digital (AD) es el resultado de un trabajo iniciado en abril del año 2003 con la constitución del

Grupo de Acción Digital (GAD), presidido por el Coordinador Gubernamental de Tecnologías de

Información y Comunicación, conformado por instituciones de gobierno, organizaciones representativas del

ámbito empresarial, sector académico y de otros poderes del Estado.

El resultado de este esfuerzo es un amplio acuerdo público-privado sobre una estrategia-país, mirando a la

celebración del Bicentenario en 2010, y un Plan de Acción para el período 2004-2006, que contempla 34

iniciativas.

Su objetivo es contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de información y

comunicación (TIC) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades

individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo

tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos originarios. Las TIC no son un fin en sí mismas.

Son instrumentos para modernizar el Estado, incrementar la productividad y acortar las diferencias entre

grandes y pequeñas empresas, mejorar la eficiencia de las políticas sociales, disminuir las disparidades

regionales de desarrollo y aumentar la equidad. De esta forma, la Agenda Digital busca poner a las TIC al

servicio de estos objetivos nacionales.

La Agenda Digital incorpora plenamente los principios establecidos por la Primera Cumbre Mundial de la

Sociedad de la Información, realizada en Ginebra entre el 10 y el 12 de diciembre de 2003 y define una

posición pro-activa de Chile con vistas a la segunda fase de la misma, a realizarse en Túnez en noviembre de

2005.

Quienes subscribimos la Agenda Digital nos comprometemos, desde nuestros respectivos ámbitos público y

privado, a trabajar coordinadamente para materializar esta visión común, pensando en las actuales y futuras

generaciones, especialmente en quienes están aún rezagados y marginados del progreso.

La Agenda Digital se propone que Chile sea un país desarrollado en lo digital para el Bicentenario. Esto

significa:

Contar con una sólida y segura infraestructura de información de banda ancha, disponible en todo el país –

incluyendo la zona austral–, accesible para todos los chilenos y chilenas, sea desde sus hogares, lugares de

trabajo o desde una red de Infocentros y cibercafés de alcance nacional y local.

Tener una población activa, alfabetizada digitalmente y una fuerza de trabajo, mayoritariamente calificada en

el manejo usuario de TIC e Internet.

Disponer de un Estado en línea al servicio del ciudadano, donde Gobierno, Congreso, Poder Judicial,

Gobiernos Regionales y Municipios contribuyan desde sus respectivos ámbitos al desarrollo digital del país.

Ampliar la conectividad de las empresas a la Red e intensificar el uso avanzado de internet en sus negocios,

incluído un comercio electrónico altamente desarrollado.

Alcanzar una masa crítica de empresas TIC, capaz de competir internacionalmente.

Contar con un marco jurídico-normativo moderno que facilite el desarrollo de la sociedad de la información,

asegurando la libertad de expresión, la democracia, la transparencia, el acceso al conocimiento y la cultura,

así como la protección de los derechos de creadores e innovadores, de empresarios, trabajadores y

consumidores.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO 2004-2006

Chile ha logrado en los últimos cinco años avances que lo sitúan ante una extraordinaria oportunidad

histórica. Hay una notable convergencia entre la dinámica del mercado, la política del Gobierno, la

aspiración social y el consenso político. Esto permite ponerse la meta de ser un país digitalmente

desarrollado para el Bicentenario y, al mismo tiempo, alcanzar el objetivo más inmediato, de duplicar su tasa

de conectividad a Internet al comenzar 2006.

El Plan de Acción 2004-2006 está concentrado en promover la universalización del acceso y la sofisticación

del uso de las TIC, en especial a través de Internet, por parte de las personas instituciones y empresas,

impulsando así su desarrollo sostenible.

La lógica del Plan de Acción es promover la demanda masiva de Internet, para lograr la expansión de los

mercados electrónicos y de las TIC. Ello abrirá nuevas oportunidades de negocios para la industria de

telecomunicaciones, tecnologías de información y servicios digitales vía Internet. Al mismo tiempo, generará

mayor igualdad de oportunidades, preparando a las chilenas y chilenos para los desafíos que impone este

nuevo mundo.

Del mismo modo y considerando que toda la población tiene relaciones con el Estado, la digitalización de los

servicios públicos genera efectos de promoción y difusión de las TIC, pues ciudadanos y empresas harán más

esfuerzos para acceder a Internet si quieren obtener más y mejor información, así como mayores ahorros en

tiempo y costos en trámites. Todo ello promoverá la competitividad y el desarrollo social del país.

Además, el contexto internacional es muy favorable para el desarrollo de Internet y de las tecnologías

digitales. En efecto, las dos etapas de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra

2003, Túnez 2005), los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, la participación

en APEC y la relación con Latinoamérica, presentan hoy amplias oportunidades para expandir la

cooperación y la convergencia de estándares y normas internacionales. Este marco abre una oportunidad para

que el país logre un rol protagónico en este proceso.

Para impulsar esta agenda el Grupo de Acción Digital se compromete a difundir, promover y materializar las

iniciativas de este Plan de Acción, incluyendo en él las mejoras que sean necesarias. Asímismo, realizará un

monitoreo público del cumplimiento del Plan, constituyendo para tal efecto grupos de trabajo específico por

cada uno de los ejes.

En función de ese objetivo, para el período 2004-2006 se ha establecido un Plan de Acción con 34

iniciativas, agrupadas en seis áreas de acción: acceso; educación y capacitación; gobierno electrónico;

empresas; industria TIC y marco jurídico-normativo. De este conjunto de iniciativas destacan siete

prioridades:

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN CHILE: AVANCES Y DESAFÍOS

El mundo contemporáneo se caracteriza porque todo el accionar humano está basado crecientemente en

tecnologías digitales. La experiencia mundial indica que, bien utilizadas, éstas potencian extraordinariamente

la capacidad de crecimiento, bienestar, equidad, enriquecimiento cultural y desarrollo de los países. Esto es

lo que se ha denominado emergencia de sociedades de la información.

Habiendo transcurrido poco más de dos décadas desde su inicio, se constata que en el mundo hay diversos

ritmos de crecimiento respecto al acceso y uso de Internet. En lo macro, ello depende del ingreso per cápita,

del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de los avances en equidad, así como de la extensión de la

democracia y la libertad de expresión. En lo micro, ello depende del marco regulatorio en el sector de las

telecomunicaciones, de la modernización tecnológica que alcancen las empresas, de la formación de capital

humano en TIC, así como de la modernización del sector público.

En este contexto, la presencia o ausencia de estrategias y políticas públicas con alto grado de consenso,

puede acelerar o retardar la expansión y uso de las redes digitales, afectando directa e indirectamente el

crecimiento de las naciones.

LOS AVANCES

En los últimos cinco años Chile logró importantes avances, al punto de alcanzar el liderazgo digital en

América Latina.

Hacia fines de 2003, cerca de un millón de hogares tenía computadores, la mitad de ellos con acceso a

Internet. Asimismo, cerca de 100 mil empresas estaban conectadas a la red.i Además, existen casi 320 mil

conexiones a banda ancha, alcanzando niveles de penetración similar a los de algunos países desarrollados

menos avanzados. También hay que destacar los progresos del Gobierno Electrónico, que sitúan al país en el

rango de los países desarrollados, al tiempo que una comunidad de innovadores del sector público impulsa

mejoras en los servicios del Estado, favoreciendo así el desarrollo de Internet. En efecto, todos los servicios

del Gobierno Central tienen portales en Internet y están disponibles 170 trámites en línea. Al mismo tiempo,

el exitoso despegue de la factura electrónica constituye la primera aplicación concreta de la Ley de

Documento y Firma Electrónica.

Esto fue posible gracias al crecimiento de los últimos quince años, la apertura económica que permitió la

reducción de precios de los equipos, la duplicación del ingreso per cápita que favoreció el incremento de la

demanda de bienes y servicios TIC. También ha contribuido una política pública explícitamente orientada al

desarrollo digital, en la que destacan la regulación para facilitar el despliegue de una moderna infraestructura

de telecomunicaciones, el desarrollo del Gobierno Electrónico y la expansión de la Red Enlaces en el sector

educacional.

Chile fue el primer país de Latinoamérica que realizó un esfuerzo por elaborar una Estrategia de Desarrollo

Digital.ii Una somera evaluación de la misma permite constatar que diez de las once acciones prioritarias

fueron satisfactoriamente cumplidas.

En el período 1998-2003 los usuarios de Internet se han quintuplicado, los establecimientos educacionales

conectados a la red se han duplicado y el número de pequeñas empresas con acceso a ella se ha triplicado.

Ya no se trata de miles de personas conectadas. A fines de 2003 se estimó que unos 3,7 millones de chilenas

y chilenos acceden a Internet desde sus hogares, trabajos, establecimientos educacionales e Infocentros. Para

fines de 2005, esta cifra bien podría superar los cinco millones, no sólo por el aumento de conectividad de

hogares y empresas, sino por la extendida presencia de Infocentros y cibercafés. Todo ello indica un

acelerado proceso de adopción de tecnologías digitales que, junto a la globalización, está facilitando la

emergencia de nuevas oportunidades de desarrollo económico 8 y social.

LOS DÉFICIT

Pese a los avances logrados se pueden identificar seis grandes déficits, los cuales orientan la Agenda Digital para el período 2004-2006:

Brecha digital y baja penetración de la banda ancha. El crecimiento en conectividad ha sido rápido, pero aún existe una importante brecha digital que refleja la desigual distribución de ingresos que persiste en el país. Las estimaciones para 2003 muestran una realidad muy dispar. En efecto, en el decil de mayores ingresos el 50% de los hogares tiene acceso a Internet, lo que contrasta con sólo el 0,7% para el decil de menores ingresos. Lo anterior tiene expresión territorial. El Censo 2002 revela que en las diez comunas más conectadas –zona Oriente de Santiago– hay 115 mil hogares con acceso a Internet, es decir, 31,8% de penetración. Ello contrasta con lo que ocurre en las 100 comunas menos conectadas, donde hay sólo dos mil hogares con acceso a Internet, equivalente al 0,8% de penetración. En el ámbito de las empresas, prácticamente todas las grandes y medianas tienen acceso a Internet –mayormente vía conexión dedicada–, mientras que el 40% de las pequeñas y sólo el 15% de la microempresas tienen acceso a la red. Chile ha dado pasos importantes en la construcción de una infraestructura de información en banda ancha, cuya capacidad se ha multiplicado 24 veces en los últimos tres años, alcanzando el liderazgo en Latinoamérica. Sin embargo, aún mantiene un fuerte rezago respecto a los estándares de países desarrollados. Y esto constituye un desafío estratégico para la competitividad y también para la equidad, especialmente para quienes accedan a Internet desde escuelas, empresas, Infocentros y cibercafés.

Falta de masividad y calidad del capital humano en TIC.Enlaces es la red digital escolar más desarrollada de América Latina. No obstante, Chile necesita realizar esfuerzos adicionales para profundizar la incorporación de las tecnologías digitales en el ámbito de la

educación. Hay que superar déficits de infraestructura tecnológica (banda ancha y PC’s), pero también queda el reto de introducir plenamente estas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Otro aspecto crítico es el déficit en materia de capacitación en TIC de la fuerza laboral. El 75% de la fuerza de trabajo de 2014 estará compuesta por quienes hoy trabajan o buscan empleo. El aprendizaje digital de la generación presente resulta crucial para incrementar la competitividad de la economía chilena.

Desigualdad en los avances del gobierno electrónico. Hay un significativo contraste entre el acelerado avance de numerosos Servicios del Gobierno Central y el lento desarrollo digital en Municipios y en Salud Pública. Y si bien es cierto que se está completando la fase informacional del Gobierno Electrónico, se requiere consolidar la masificación de varias iniciativas críticas tales como compras públicas realizadas electrónicamente, factura electrónica y trámites vía Internet.

Débil acceso y uso de TIC en las empresas. La totalidad de las grandes y medianas empresas está conectada a Internet, pero en 2003 un 60% de las pequeñas y un 85% de las microempresas permanecían sin acceso. A ello se agrega la baja proporción de firmas que desarrollan usos más avanzados de Internet, los cuales se relacionan directamente con una mayor productividad. En general, la empresa chilena usa Internet para relacionarse con bancos y Gobierno, pero todavía efectúa pocos trámites y escaso comercio electrónico con proveedores y clientes.iii

Escaso desarrollo de la industria TIC. Con importantes excepciones, todavía no emerge una masa crítica de empresas de tecnologías de información y comunicación, tanto nacionales como extranjeras, capaz de proveer una oferta de alta calidad, especialmente en software, servicios digitales y contenidos. Por ello se hace indispensable una política de desarrollo de este sector que pueda tener creciente importancia en la economía chilena.

Marco jurídico-normativo incompleto y que carece de coherencia integral. La Ley de Documentos y Firma Electrónica (Ley 19.799) constituyó un importante avance, pero el país requiere completar el marco jurídiconormativo necesario para facilitar la transición hacia la sociedad de la información. En este sentido es preciso actualizar la legislación sobre propiedad intelectual para el mundo digital, equilibrando el fortalecimiento de los derechos de autor con los derechos de los consumidores. Asimismo, se requiere perfeccionar la Ley de Delitos Informáticos.

OBJETIVOS 2010

Para el 2010, año del Bicentenario, aspiramos a un Chile digitalmente desarrollado, alcanzando los niveles

mínimos de los integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esto

implica alcanzar los siguientes seis objetivos generales:

Una sólida y segura infraestructura de información en banda ancha.

Ella deberá estar disponible en todo el país –especialmente en la zona austral– y haber consolidado

la convergencia tecnológica entre voz, imagen y datos. En particular, la totalidad de las empresas grandes,

medianas y el sector público tendrían que estar conectadas con banda ancha. Lo mismo debería ocurrir con

todas las universidades y liceos, así como escuelas y centros de capacitación. Igualmente, el 100% de las

pequeñas empresas y la mitad de las microempresas debiera contar con acceso a Internet. A nivel de hogares,

es factible aspirar a que la mitad de ellos tenga acceso a la red. El desafío es mantener las tasas de

incremento del acceso a Internet con creciente calidad, superando obstáculos tales como la desigual

distribución del ingreso, las restricciones que confronta la micro y pequeña empresa, así como los problemas

de conectividad en zonas rurales y en ciertas regiones. Esto implica adecuaciones progresivas al marco

regulatorio, para así facilitar el desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha,

impulsada por el sector privado.

Una población activa alfabetizada digitalmente y una fuerza de trabajo calificada con estándares de

excelencia mundial en TIC.

Esta visión supone la masificación de los medios electrónicos en los procesos de aprendizaje, tanto

en escuelas, liceos, universidades como centros de capacitación. Hacia 2010, Chile deberá tener una

industria de e-aprendizaje de calidad mundial.

Un Estado en línea al servicio del ciudadano.

Este ha de sustentarse en una supercarretera digital y en una plataforma que asegure plena coordinación entre

los servicios nacionales y locales, entregando información, realizando trámites, interactuando con los

ciudadanos y las empresas. En particular, deberá estar consolidado el uso avanzado de tecnologías digitales

en todos los poderes del Estado, incluyendo los gobiernos regionales y locales.

Un comercio electrónico altamente desarrollado.

El comercio electrónico empresa-empresa y empresa- Gobierno debiera estar masificado para centenares de

miles de firmas, al tiempo que varios millones de consumidores pudieran realizar compras y trámites vía

Internet.

Fomentar una masa crítica de empresas TIC capaces de competir internacionalmente.

Esto se dará particularmente en algunos nichos de la industria de tecnologías de la información y

comunicación, especialmente en contenidos, servicios digitales y software.

Un marco jurídico-normativo moderno que facilite el desarrollo de la sociedad de la información. Este marco

asegurará la libertad de expresión, la democracia y la transparencia, un ambiente seguro para el comercio

electrónico y la privacidad de las personas, el acceso al acervo cultural científico-tecnológico de la

humanidad, así como la protección de derechos de creadores e innovadores, empresas y consumidores.

Para alcanzar los seis objetivos descritos, el Plan de Acción para el período 2004-2006 se desarrollará en

torno a seis grandes pilares: acceso, educación, gobierno electrónico, empresas, industria TIC y desarrollo

del marco jurídico normativo. Estos seis pilares se fortalecen con una activa cooperación internacional para

ampliar el potencial y facilitar las acciones de cada uno. Los contenidos específicos se exponen en el

apartado siguiente.

PLAN DE ACCIÓN 2004-2006

MASIFICACIÓN DEL ACCESO

Logros

Chile es una economía exportadora con una amplia red de Tratados de Libre Comercio. Por ello el desarrollo

de la infraestructura de telecomunicaciones constituye un pilar crítico para su progreso económico y el

bienestar de sus habitantes.

El país cuenta con una robusta red de telecomunicaciones que lo coloca en una posición de vanguardia a

nivel latinoamericano en cuanto a conectividad, con una penetración de aproximadamente 24 usuarios por

cada 100 habitantes, equivalente a 3,7 millones de beneficiarios.

En 2003 el acceso a Internet llegó a 500 mil hogares, 100 mil empresas, 4.700 escuelas y liceos, 226

instituciones de educación superior, 1.300 Infocentros, todos los servicios del Gobierno Central, trece

Gobiernos Regionales y 320 Municipios.iv

El acceso a banda ancha tuvo un crecimiento notable. Para diciembre de 2003, las cifras indican 320 mil

conexiones (40% del total) y un millón de usuarios.v

Sin embargo, el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ubica a Chile en el 43°

lugar en materia de acceso digital, lo que representa un significativo rezago respecto de los países

desarrollados. Esto ocurre principalmente en hogares y empresas, dado que la brecha es menor en cuanto a

Gobierno y establecimientos educacionales.

El rezago digital se combina con una importante brecha digital, que está determinada por la desigual

distribución del ingreso, la diferencia de productividad entre grandes y pequeñas empresas, así como las

diferencias en infraestructura de telecomunicaciones entre la Región Metropolitana y el resto del país.

Sin embargo, en los últimos tres años ha emergido el acceso comunitario a Internet vía escuelas e

Infocentros, lo que ciertamente ha compensado las desigualdades de acceso en el hogar y en el trabajo. En

efecto, el siguiente gráfico, basado en la CASEN 2000, evidencia que la conexión desde hogares está

concentrada en el decil de mayores ingresos y constata que el acceso a Internet desde lugares de trabajo está

mejor distribuido. Cabe destacar que el gran factor de equidad proviene desde la Red Enlaces e Infocentros,

que se concentra en los deciles de menores ingresos.

La situación ha mejorado sustancialmente en los últimos tres años. Entre 2000-2003 los establecimientos

escolares de la Red Enlaces aumentaron desde 5.335 a 8.352, los Infocentros se incrementaron de unas pocas

decenas a 1.300, ocurriendo lo mismo con los cibercafés.

En el ámbito de las empresas, prácticamente todas las grandes y medianas firmas tienen acceso a Internet –

mayormente vía conexión dedicada–, pero sólo el 40% de las pequeñas y apenas el 15% de las

microempresas tienen acceso a la red digital mundial.

Desafíos

No cabe duda de que ahora en adelante el país confronta la fase difícil de expansión de la conectividad.

De continuar las actuales tendencias económicas, la penetración de Internet mantendrá su ritmo de expansión

hacia 2006. Sin embargo, considerando que la distribución del ingreso difícilmente se modificará en el corto

plazo, el 70% de ese crecimiento se dará en el quintil de hogares de mayores ingresos, que así alcanzará

estándares de países desarrollados. Empero, en los cinco deciles de menores ingresos, la conectividad en los

hogares todavía no superará el 10%. En el caso de banda ancha el crecimiento ha sido notable, pero si no hay

una significativa reducción en los costos de acceso –cuyo promedio en el año 2003 fue US$ 55– es posible

que a partir de 2006 haya una importante reducción en la tasa de expansión, especialmente en el segmento de

hogares y microempresas.

Considerando este contexto, el desafío es mantener el ritmo de avance de la masificación del acceso a la red

con creciente calidad, definiendo una estrategia que supere obstáculos tales como la desigual distribución del

ingreso, las restricciones que confronta la micro y pequeña empresa, así como los problemas de conectividad

en zonas rurales y apartadas como Aysén y Magallanes. El contexto es favorable. En los próximos años, tres

fuerzas facilitarán la expansión de Internet. Primero, el crecimiento económico que será mayor al del trienio

2000-2003 y que facilitará el aumento de la demanda. Segundo, la sostenida baja de precios en equipos y

costos de acceso.vi Tercero, la expansión del acceso comunitario a banda ancha vía escuelas, Infocentros y

cibercafés.

Esto será particularmente importante para el 50% más pobre de las familias chilenas, que todavía no

disponen de ingresos para tener un computador en la casa, ni menos una conexión a Internet. Pero es

necesario y es posible hacer mucho más. Por un lado, el sector privado debería desarrollar ofertas

comerciales de computadores conectados a Internet, para hogares de menores ingresos y microempresas. Al

mismo tiempo, el Gobierno impulsará su acción subsidiaria orientada hacia zonas alejadas o rurales, así

como a comunidades de bajos ingresos y microempresas. Finalmente, y no menos importante, el propio

Estado deberá expandir y consolidar sus redes digitales banda ancha, dando especial prioridad al acceso de

servicios públicos en regiones y comunas, incluyendo establecimientos educacionales y de salud.

Objetivo 2010

Para 2010, Chile deberá haber alcanzado a países desarrollados en materia de conectividad. Esto implica

habilitar una sólida y segura infraestructura de información en banda ancha en todo el país –especialmente en

la zona austral– que consolide la convergencia tecnológica entre voz, imagen y datos. En particular, la

totalidad de las empresas grandes, medianas y el sector público debieran estar conectados a banda ancha. Lo

mismo tendría que ocurrir con todas las universidades y liceos, así como escuelas y centros de capacitación.

Igualmente, el 100% de las pequeñas empresas y la mitad de las microempresas debieran tener acceso a

Internet. A nivel de hogares, es factible aspirar a que la mitad de ellos tenga acceso a la Red.

El desarrollo de la industria de telecomunicaciones y de los múltiples servicios que operan sobre las redes

digitales, debe ser visto como un proceso orientado a conformar un mercado cada vez más eficiente. Este

mercado está compuesto, de una parte, por suministradores de infraestructura de acceso a los clientes (redes

de pares de cobre, cable coaxial, inalámbricas, tendido eléctrico y redes móviles) y de otra, por múltiples

proveedores de servicios (p.e. suministradores de contenidos y aplicaciones como telefonía IP, datos,

servicios de valor agregado y otros). Estos últimos dispondrán de condiciones adecuadas (tarifas planas de

acceso a Internet, desagregación de redes, etc.) lo que les permitirá acceder y utilizar la infraestructura de

telecomunicaciones para brindar sus servicios de manera competitiva.

Iniciativas 2004-2006

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Logros

La formación del capital humano en Chile constituye una de las inversiones cruciales para asegurar el

crecimiento económico de mediano plazo, disminuir la pobreza y crear oportunidades de progreso para toda

la población.

El sistema educacional chileno ha logrado conformar redes digitales de significativa importancia.

Los principales logros en esta materia se han obtenido a partir del proyecto Red Enlaces del Ministerio de

Educación, nacido a principios de la década de los noventa y cuyo propósito es lograr integrar el uso de las

tecnologías de información y comunicación con el proceso de aprendizaje en todos los liceos y escuelas.

Hoy, luego de más de doce años de implementación, Red Enlaces tiene una cobertura de más de ocho mil

escuelas y liceos –con 60 mil computadores– sobre un total de 10.476 establecimientos educacionales

públicos y subvencionados. Asimismo, hay casi 88 mil profesores capacitados en el uso de TIC, de un total

de 120 mil.viii Todo esto permite afirmar que un 97% de la población escolar de nuestro país tiene algún tipo

de acceso a tecnologías de información y comunicación.

Ahora bien, de los ocho mil establecimientos que tienen acceso a equipos computacionales, 4.700 –que

agrupa a la mayor parte de la población escolar– tienen acceso a Internet. De estos, a septiembre de 2003, un

80% poseía conexión conmutada y otro 20% a banda ancha entre 300- 512 Kbps. Esta última cifra revela un

importante salto respecto a la situación prevaleciente a principios de 2003, donde no más del 1% de los

establecimientos conectados a Internet contaban con banda ancha.

Al mismo tiempo, todas las instituciones de educación superior tienen acceso a Internet y catorce

universidades están conectadas a Reuna II (Internet II).

En el ámbito de la capacitación se han producido también importantes avances en los últimos doce años. Los

montos y cobertura de la franquicia tributaria SENCE para capacitación digital han aumentado

significativamente. Entre 1999 y 2003, el número de trabajadores beneficiados pasó de 74 mil a 132 mil

personas. A ello deben agregarse 23 mil trabajadores capacitados en TIC vía FONCAP y ChileCalifica.

En 2003 se lanzó la Campaña Nacional de Alfabetización Digital a través de la Red Nacional de Infocentros,

mediante la cual se capacitaron 120 mil personas mayores de 15 años que no estaban en el sistema

educacional. Las materias fueron: uso básico de computador y procesador de textos, comunicación vía correo

electrónico, navegación en Internet, realización de trámites con servicios públicos e instituciones privadas.

Esto irá generando una creciente demanda de acceso a Infocentros y cibercafés, lo que ayudará a su

consolidación.

En 2003, casi medio millón de personas egresaron de cursos en tecnologías de información y comunicación,

considerando desde la alfabetización digital hasta la educación de posgrado.

En suma, Chile está realizando un significativo esfuerzo en educación y capacitación digital, orientado a la

población adulta económicamente activa. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Desafíos

La Red Enlaces y las redes de formación técnica deben desarrollar el acceso a Internet vía banda ancha. Pero

los retos van más allá de la conectividad. El principal desafío es aumentar y profundizar

la plena integración de las tecnologías digitales como recurso de aprendizaje para el currículo y su uso en las

aulas de clase. Es en este aspecto donde la inversión en contenidos digitales, capacitación avanzada de

profesores y difusión de mejores prácticas, constituyen ejes fundamentales de desarrollo.

Si bien la educación ha logrado importantes avances y dispone de un programa de reformas que la OCDE

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) calificó recientemente como uno de los más

ambiciosos de América Latina, todavía no está en condiciones de garantizar el desarrollo y la equidad que el

país requiere. Sus potencialidades se ven coartadas por la falta de escuelas efectivas capaces de compensar

las desigualdades de origen socio-familiar de los alumnos.

También hay déficits en la calidad que presentan los sistemas de capacitación –particularmente de

trabajadores más calificados– y, en el nivel superior, por el insuficiente desarrollo de los sistemas de

formación de diplomados y posgrados de alta calidad.

Todos estos aspectos terminan limitando la competitividad del país, tanto en el largo plazo como en los

escenarios que emergerán en la próxima década. En efecto, el 75% de la fuerza de trabajo de 2014, estará

compuesta por quienes hoy están trabajando o buscando empleo. En una década de acelerado cambio

técnico, la inversión en educación y capacitación de las actuales generaciones de trabajadores constituye un

imperativo de extraordinaria importancia.

Objetivos 2010

La educación permanente utilizando medios digitales constituye unos de los principales esfuerzos que el país

debe emprender en los próximos años. Para 2010 hay dos grandes objetivos en esta línea:

Primero, universalizar el aprendizaje digital básico en la mayoría de la población chilena y, al mismo

tiempo, consolidar niveles estructurados de aprendizaje avanzado –de calidad mundial– para estudiantes de

educación media y superior, así como para profesionales y técnicos.

Segundo, expandir el uso de tecnologías digitales para potenciar metodologías de aprendizaje que aseguren

una educación y capacitación de alta calidad, promoviendo especialmente el eaprendizaje (e-learning) como

herramienta masiva de formación de recursos humanos en TIC.

Iniciativas 2004-2006

ESTADO EN LÍNEA

El uso de las TIC en los órganos de la administración mejora los servicios e información ofrecidos a los

ciudadanos, aumenta la eficiencia y la eficacia de la gestión pública e incrementa sustantivamente

la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Y considerando que toda la

población tiene relaciones con el Estado, ya sea como contribuyente o como receptora de servicios públicos,

el uso gubernamental de las tecnologías digitales tiene un efecto catalizador y promotor de la economía

digital y de la sociedad de la información.

Las tecnologías digitales potencian pero no sustituyen el buen gobierno. La experiencia de Finlandia –el país

más avanzado en e-gobierno– evidencia que la clave no está en el gasto en tecnologías de información, sino

en la asignación inteligente de recursos escasos. En este sentido, el desarrollo del Gobierno Electrónico, debe

guiarse por dos criterios básicos. Primero, que existan objetivos claramente establecidos y bien alineados con

las prioridades nacionales.

Y segundo, que haya una percepción pública acerca de que la mayor eficiencia y efectividad de los servicios

públicos se debe, entre otros factores, a la introducción de las nuevas tecnologías de información y

comunicación.

Logros

Chile ha logrado un importante desarrollo del Gobierno Electrónico. En efecto, de acuerdo a un reciente

estudio realizado por Naciones Unidas,xv nuestro país se ubica en el grupo de los 25 gobiernos que disponen

de un mayor grado de e-readiness, por encima de países como Bélgica, Israel y Luxemburgo.

Un modelo simple de desarrollo del Gobierno Electrónico identifica cuatro fases: presencial, informacional,

interactiva y transaccional. En este sentido puede afirmarse que en 2003 el gobierno chileno completó sus

fases presencial e informacional a nivel central y está rápidamente avanzando hacia las fases interactiva y

transaccional. Los indicadores son varios:

Alta conectividad y presencia en la web.

La casi totalidad de los servicios públicos centrales tienen servidores de correos y conexiones a Internet.

Todos usan las tecnologías digitales para el apoyo de sus procesos internos. Existen 239 portales de

ministerios y servicios públicos en plena operación. Estos sitios proporcionan información básica sobre el

funcionamiento de la repartición pública respectiva, a través de muchos de ellos ya se pueden realizar

trámites y, en su mayoría, disponen de canales de comunicación con la comunidad. No es casualidad

entonces que en el estudio referido, el gobierno chileno aparezca en segundo lugar después del

norteamericano en cuanto a presencia en la web mundial.

Importante núcleo de trámites electrónicos.

El gobierno chileno dispone de más de 170 trámites y servicios en línea vía Internet ofrecidos por distintas

reparticiones públicas, los que son posibles de acceder a través de una sola dirección: www.tramitefacil.cl.

xvi Ello ha permitido reducir tiempos, simplificar trámites, mejorar la disponibilidad horaria y la

accesibilidad geográfica. El proceso no se ha detenido y continúa ampliándose. El número de proyectos en

curso es muy significativo.viii

Crecientes grados de transparencia.

Gracias a la profusión de portales del sector público, se ha incrementado la transparencia, disponibilidad y

entrega de información pública. Estudios preliminares indican que, al contabilizar toda la información

chilena disponible en Internet, el sector público tiene mayor participación que el privado y académico

juntos.xviii

Buen Gobierno.

Permanentemente se introducen nuevas formas y procedimientos internos en la Administración que permiten

la integración de los sistemas de diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna de los

mismos.

Desarrollo de la democracia. El uso de las TIC por los organismos públicos permite al ciudadano

desempeñar un rol activo en el quehacer del país, facilitando nuevas formas y espacios de participación.

Déficits

A pesar de los avances descritos en materia de Gobierno Electrónico, hay importantes deficiencias, atrasos y

desafíos que superar, entre los cuales destacan los siguientes:

Desarrollo desigual del gobierno electrónico.

Hay un evidente contraste entre los significativos avances de algunos servicios en el Gobierno Central y los

atrasos observados en el Gobierno Local. En efecto, 320 municipios de un total de 341 están conectados a

Internet y, de éstos, sólo poco más del 40% tiene acceso dedicado.xix También existen importantes

dificultades para implementar avances en el uso de las tecnologías digitales en el sector público de salud.

Hay también contrastes entre los logros obtenidos por la Administración del Estado y los poderes Legislativo

y Judicial.

Baja capacidad y cobertura de la red digital del Estado.

Aunque se ha logrado desarrollar una Intranet del Estado que conecta a poco más de 27 mil estaciones de

trabajo de 27 entidades públicas, es indudable que esta red no posee capacidad ni cobertura suficiente para

dar cuenta de las crecientes necesidades del sector público en su conjunto.

Insuficiente desarrollo en el uso de tecnologías digitales para un back office integrado.

Buena parte del esfuerzo gubernamental en tecnologías digitales se ha concentrado en desarrollos de front

office para atender usuarios y ciudadanos. Con excepción de algunas entidades públicas importantes, la

mayor parte de los servicios públicos está recién iniciando cambios en el back office, vale decir en la gestión

y organización. Esta insuficiencia se hace patente cuando se trata de asegurar la coordinación interservicios.

Aquí reside el principal desafío de gestión pública y de aplicación inteligente de las TIC.

Seguridad digital del sector público.

El sector público descansa sobre una compleja red de infraestructura de información que, como resultado de

la creciente interconectividad, está expuesta a amenazas, en un número y variedad cada vez mayores. La

protección efectiva de esta infraestructura esencial en el sector público requiere determinar una estrategia de

seguridad de la infraestructura digital de este sector, con el fin de reducir vulnerabilidad, mitigar daños,

acelerar tiempos de recuperación en caso de fallas o actividades maliciosas, así como lograr identificar

causas y/o fuentes de estas actividades para su análisis y/o investigación.

Objetivo 2010

El objetivo para el Bicentenario es lograr un sector público en línea al servicio del ciudadano, basado en una

supercarretera digital y con una plataforma que asegure plena coordinación entre sus servicios nacionales,

regionales y locales, no sólo entregando información y realizando trámites, sino interactuando con los

ciudadanos y las empresas. En particular, deberá estar consolidado el uso avanzado de tecnologías digitales

en la Salud Pública y en los Gobiernos Regionales y Municipios.

Asimismo, se trabajará en la definición e implantación de las normas técnicas que permitan asegurar la

eficiencia y eficacia de las transmisiones electrónicas y la interoperabilidad de los distintos tipos de

documentos electrónicos, todo ello en un marco de seguridad y confidencialidad de la información que se

transmite.

DESARROLLO DIGITAL DE LAS EMPRESAS

Las tecnologías de información y comunicación constituyen una herramienta fundamental para incrementar

la productividad de las empresas y, por esa vía, la competitividad del país. El desarrollo

de la demanda de productos y servicios digitales, constituye una de las piedras angulares de la Agenda

Digital 2004-2005.

Logros y desafíos

En 2003 casi el 100% de las grandes y medianas empresas, así como el 40% de las pequeñas, contaban con

conexión a Internet, con creciente presencia de la conectividad a banda ancha.xxi No obstante, en lo que se

refiere a los usos más avanzados de las TIC, se constatan importantes déficits. Las empresas usan Internet

para informarse de lo que hace el sector público y para conocer el estado de sus cuentas corrientes y

depósitos, pero –con excepción de algunos servicios básicos que tienen rápida masificación en Internet–

realizan pocas transacciones. Al mismo tiempo, sólo el 15% de las empresas se relaciona con sus

proveedores y clientes vía Red. Más aún, sólo el 25% de estas tiene sitio web. Estos resultados no son

buenos si los comparamos con los de los países desarrollados que efectúan tres a cuatro veces más

transacciones de compra y venta.xxii Las principales barreras percibidas por los empresarios y gerentes para

la adopción de tecnologías digitales, son el desconocimiento, la falta de percepción de su relevancia, la

inseguridad y la desconfianza, obstáculos de comunicación con los encargados de informática, así como

complejidad y costo. En definitiva, muchos empresarios todavía no perciben el retorno de la inversión en

usos avanzados en TIC. Sin embargo, los que han implementado estas soluciones tienen una visión

favorable: un 66% considera que aumentó la eficiencia, un 57% estima que incrementó la productividad y un

49% declara haber obtenido reducción de costos.xxiii La difusión de las tecnologías de información y

comunicación en las empresas, ha tenido hasta ahora dos grandes impulsores: el sector público y la banca.

Para el período 2004-2006 es probable que estos sigan siendo los principales vectores de expansión masiva.

Sin embargo, cabe destacar la emergencia de los marketplace privados y públicos (p.e. ChileCompra) que

incentivan el uso creciente del comercio electrónico en encadenamientos productivos. A ello contribuirá

también la masificación del uso de la factura electrónica en las empresas.

Objetivo 2010

Para el Bicentenario el objetivo es que la totalidad de las empresas grandes y medianas y la mayoría de las

pequeñas hayan incorporado dentro de sus prácticas los usos avanzados de las tecnologías digitales e

Internet. Esto es, todas las empresas grandes y medianas deberán tener acceso a una banda ancha de por lo

menos 2Mbps, al tiempo que todas las pequeñas y la mitad de las microempresas deberán tener acceso a

Internet. También tendrá que haberse consolidado una masa crítica de encadenamientos productivos –

principalmente exportadores– intensivos en comercio electrónico y uso avanzado de TIC. Igualmente, todas

las empresas deberán llevar contabilidad electrónica y estar en línea con el sector público, realizando la casi

totalidad de sus transacciones vía Internet.

DESPEGUE DE LA INDUSTRIA TIC

El desarrollo de la oferta de productos y servicios digitales, orientados tanto a las empresas, al Estado como a

los usuarios finales, constituye un factor fundamental de la Agenda Digital 2004-2006.

Logros y desafíos

En Chile, la industria de tecnologías de información y comunicación es de reciente formación –sin

considerar la de telecomunicaciones– y está compuesta mayormente por medianas y pequeñas empresas poco

consolidadas. La industria de contenidos digitales está recién emergiendo, la de hardware es pequeña y la de

software confronta grandes desafíos.xxvi Además, uno de los factores fundamentales para el despegue de la

industria TIC, vale decir el circuito virtuoso entre empresas, universidades y centros de investigación, no ha

estado presente en el caso chileno.

Igualmente, en el mundo existen estándares y certificación de calidad de los productos y servicios, tendientes

a garantizar la homogeneidad y la satisfacción de los clientes globales. Sin embargo, hasta ahora sólo pocas

empresas del sector TIC local han incorporado estas prácticas.

Objetivo 2010

En el caso de la industria de las tecnologías de información y comunicación, el propósito es doble: por una

parte, consolidar una masa crítica de empresas nacionales proveedoras de productos y servicios digitales de

calidad mundial, en torno a aplicaciones tecnológicas avanzadas para los sectores industriales verticales que

poseen ventajas competitivas. Por otra, conformar un núcleo relevante de inversiones extranjeras de alta

tecnología en Chile, en torno a los servicios en línea, off-shore. Para dar soporte a esta industria TIC se

alentará la conformación de un sistema nacional de innovación, con alta interacción empresa-universidad e

importantes niveles de inversión en Investigación y Desarrollo TIC en los sectores relevantes del país.

MARCO JURÍDICO

Logros y desafíos

La construcción del marco jurídico-normativo para la sociedad de la información dio su primer paso con la

aprobación de la Ley de Documento y Firma Electrónica. A diferencia de la experiencia de otros países

latinoamericanos, Chile pudo desarrollar una aplicación de impacto rápido y masivo: la factura electrónica y

ahora las compras públicas electrónicas. Adicionalmente en los años 90, Chile aprobó la Ley de Delitos

Informáticos y la Ley sobre Protección de la Vida Privada, las que constituyen importantes piezas del

desarrollo jurídico que el país requiere.

Las iniciativas necesarias a impulsar en el área tendrán por objeto remover las limitaciones existentes en el

ordenamiento jurídico para proveer el marco institucional adecuado que respalde y fomente el desarrollo del

comercio electrónico, Gobierno Electrónico y uso de tecnologías de la información y comunicación.

Asimismo, se busca dar seguridad suficiente a las personas para así aumentar el grado de confianza en la

operación de las plataformas electrónicas.

Objetivo 2010

Para el Bicentenario, Chile deberá haber completado el conjunto de reformas jurídicas e institucionales que

asegurarán el despliegue de una sociedad de la información basada en la libertad, la equidad y la solidaridad.

Asimismo, todas las barreras y obstáculos para el desarrollo de la economía digital deberán estar superadas.

COOPERACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL

En este sentido, en cada uno de los pilares se debe buscar estrecha cooperación internacional, en particular en

el ámbito latinoamericano, indispensable para alcanzar los propósitos de la Agenda Digital de Chile.

Además, la economía digital del país debe aprovecharse del alto valor de la red de los acuerdos de libre

comercio bilaterales y multilaterales que mantiene. En particular son cuatro los espacios de cooperación,

para los cuales Chile debe perseguir una estrategia pro-activa:

Promoción de la infraestructura.

Todos los países de la región realizan esfuerzos para ampliar su infraestructura digital. Para que esto se

cumpla, es necesario: Primero, avanzar en la convergencia regulatoria adaptada a las necesidades de la

región. Las normas técnicas, la desagregación de redes, el intercambio de experiencias de adaptación de

marco regulatorio a las nuevas tecnologías, constituyen elementos cruciales. Segundo, en una región donde

la distribución es tan desigual, el acceso comunitario (Infocentros, telecentros) constituirán la principal forma

de acceso. Compartir experiencias y construir modelos sustentables es el principal desafío.

Cooperación en gobierno en línea.

Algunos de los gobiernos de la región –Chile es uno de los más avanzados– han desarrollado plataformas

técnicas y servicios públicos electrónicos de alta eficacia y calidad con sus necesarias capacidades

organizativas y de recursos humanos. En este sentido Chile promoverá iniciativas latinoamericanas de

cooperación en gobierno en línea, que incluya la transferencia de tecnologías, plataformas, servicios y sus

correspondientes conocimientos y capacidades.

Cooperación en el marco jurídico-legislativo.

Para asegurar la interoperabilidad de transacciones en las redes digitales es necesario promover en Chile un

marco legal coherente con los esfuerzos de otras naciones, principalmente aquellas más avanzadas. Además,

la región muestra una gran heterogeneidad en términos de marcos jurídicos-legislativos, lo que significa

límites para la consecución de mercados más amplios para Chile. Estos pueden ser vencidos a través de

proyectos de cooperación regional en materias que tengan como resultado esperado procesos de aprendizaje

institucionales de otros países.

Cooperación en investigación y desarrollo.

La relación desempeño-precio de bienes y servicios intensivos en tecnologías de información y

comunicación es cada vez más alta. Estas barreras pueden ser superadas a través de la promoción de

iniciativas regionales en investigación y desarrollo y enseñanza de post grado. Por otra parte, existe un

espacio factible de cooperación que trata de la combinación entre cambio digital y cambio en la gestión de

empresas e instituciones.

INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN

Para impulsar esta agenda el Grupo de Acción Digital proseguirá con su esfuerzo por difundir, materializar y

monitorear las iniciativas comprometidas. Adicionalmente, el Grupo de Acción Digital se constituirá en un

espacio de diálogo, donde todos los actores nacionales podrán proponer iniciativas, políticas, normativas y

proyectos de Ley.

El monitoreo de la Agenda Digital, se hará en forma pública, transparente e interactiva. Para ello se

desplegará el portal www.agendadigital.cl en el cual estará disponible la Agenda Digital, así como un plan de

trabajo con indicadores definidos, que facilitarán el monitoreo de los compromisos asumidos. Cada seis

meses, el Grupo de Acción Digital realizará evaluaciones que permitirán corregir rumbos y mejorar la

eficiencia de las iniciativas que se estén impulsando.

Adicionalmente, se trabajará en la elaboración de la Cuenta Satélite de Tecnologías de Información, sistema

complementario a las cuentas nacionales, que permitirá medir la incidencia del sector TIC en el PIB, así

como en la generación de indicadores de impacto de la Sociedad de la Información, para evaluar de que

manera las iniciativas digitales influyen en nuestra sociedad.

Cada uno de los seis lineamientos de la Agenda Digital considera grupos de trabajo público-privados, que

tendrán como rol coordinar iniciativas, impulsar la difusión y discusión de temáticas relevantes, así como

monitorear el avance del cumplimiento de las metas.

Decreto Nº 378/05 Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno

Electrónico.

PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO Y PLANES SECTORIALES DE GOBIERNO ELECTRONICO

Decreto 378/2005

Apruébanse los Lineamientos Estratégicos para la puesta en marcha de los mencionados Planes. Organismos comprendidos de la Administración Pública Nacional. Objeto. Principios Rectores. Instrumentos. Protección de datos sobre personas físicas y jurídicas. Autoridad de aplicación.

Bs. As., 27/4/2005

VISTO el Expediente Nº 004385/2004 del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Nº 25.506, el Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y modificatorios y los Decretos Nros. 103 del 25 de enero de 2001, 624 del 21 de agosto de 2003 y 1028 del 6 de noviembre de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Estado es el mayor ente productor/tomador de información del país, por lo que resulta esencial la utilización de herramientas tecnológicas para aumentar los niveles de transparencia de los actos públicos y dar rápida respuesta a las necesidades y requerimientos de la población.

Que el empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y especialmente Internet, está transformando las relaciones entre las personas y las organizaciones públicas y privadas, resultando un instrumento idóneo para facilitar el acceso a la información y a los servicios del Estado, integrar los distintos niveles de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, dotar de transparencia a la actividad del Estado, digitalizar con validez legal la documentación pública y permitir el intercambio de información entre el Estado y los particulares mediante canales alternativos al papel.

Que en el ámbito de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL se ha registrado una aplicación desigual de los avances en las Tecnologías de la Información, según las incumbencias de cada jurisdicción, sin una visión integral desde el punto de vista de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL y de las necesidades de los habitantes y ciudadanos en su conjunto.

Que por la Ley Nº 25.506 de Firma Digital se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones fijadas en la misma y en sus normas reglamentarias, constituyendo un elemento esencial para otorgar seguridad a las transacciones electrónicas, a través de la identificación fehaciente de las personas que intercambien información en formato electrónico.

Que el Decreto Nº 1023/01, por el que se aprueba el Régimen de Contrataciones de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL con el objeto de favorecer la transparencia en los procedimientos, incluye un capítulo destinado a transacciones electrónicas, de modo que las contrataciones comprendidas en dicha norma puedan realizarse en formato digital firmado digitalmente.

Que en este marco, resulta imprescindible definir un Plan Nacional de Gobierno Electrónico cuyos objetivos sean promover el empleo eficiente y coordinado de los recursos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la creación de nuevos y mejores vínculos entre el Estado Nacional y los habitantes y ciudadanos y para una mejor gestión de la información pública.

Que dicho Plan Nacional de Gobierno Electrónico supone integrar los distintos Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de cada jurisdicción y organismo de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

Que para aprovechar plenamente las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a fin de potenciar la gestión del Estado, se requiere de una acción coordinada que involucre a todas las jurisdicciones a fin de llevar adelante la implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico.

Que para el avance integrado del Plan Nacional de Gobierno Electrónico resulta necesario favorecer el desarrollo de los organismos más postergados en materia informática, estableciendo acuerdos con el sector privado y el académico.

Que en virtud del dictado del Decreto Nº 624/03 y modificatorios, la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS entiende en el diseño, implementación y

seguimiento de la política de modernización del Estado, y en la definición de estrategias sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información en la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

Que la presente medida se dicta en virtud lo dispuesto por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Apruébanse los Lineamientos Estratégicos que deberán regir el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de los organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, los que como Anexo I forman parte integrante del presente decreto.

Art. 2º — El presente decreto será de aplicación a los organismos comprendidos en el artículo 8º incisos a) y c) de la Ley Nº 24.156 y modificatorias.

Art. 3º — Para la elaboración e implementación del respectivo Plan Sectorial de Gobierno Electrónico, que integrará el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, las máximas autoridades de los organismos alcanzados por el artículo anterior serán las responsables jurisdiccionales de las siguientes acciones:

a) Asignar a un funcionario del organismo de jerarquía no inferior a Director o equivalente la función de enlace con la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los fines de la elaboración e implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico en el ámbito de su jurisdicción. Tal nominación deberá comunicarse a la mencionada Subsecretaría dentro de los TREINTA (30) días de aprobado el presente y no generará erogación alguna al organismo.

b) Realizar, en un plazo no mayor de CIENTO VEINTE (120) días de aprobado el presente, un informe de "Diagnóstico de la situación del Organismo con respecto al Plan Nacional de Gobierno Electrónico" para ser presentado ante la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que permita evaluar las capacidades, condiciones, recursos y necesidades de cada jurisdicción para la elaboración e implementación de un Plan Sectorial de Gobierno Electrónico. El citado informe se realizará siguiendo los lineamientos de la Guía que para tal finalidad elaborará la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

c) Desarrollar, mantener y promover sistemas integrados basados en Internet para la prestación de servicios y la provisión de información al público.

d) Monitorear la implementación de los estándares de interoperabilidad establecidos por la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

e) Disponer las medidas necesarias para que las comunicaciones se efectúen preferentemente mediante tecnologías informáticas, optimizando para ello la utilización de los recursos electrónicos disponibles en los distintos organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

f) Disponer las medidas para la simplificación de los trámites, en especial aquellos en los cuales participen varias jurisdicciones, con el objeto de facilitar las transacciones a los habitantes, ciudadanos y usuarios.

g) Remitir a la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la información que se solicite relativa al avance del Plan Sectorial de Gobierno Electrónico.

Art. 4º — La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS evaluará el informe Diagnóstico de cada organismo, y de acuerdo a ello, establecerá el plazo para la elaboración del respectivo Plan Sectorial de Gobierno Electrónico Plurianual.

Asimismo, fijará los criterios y plazos para la incorporación de los organismos a los programas y procesos que se establecen en el presente decreto.

Art. 5º — En el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS desarrollará, administrará y mantendrá los siguientes programas e instrumentos:

a) GUIA DE TRAMITES, que facilite a los habitantes y ciudadanos información fácilmente comprensible, homogénea y precisa con relación a los trámites que deben realizar con organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

b) PORTAL GENERAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, accesible por Internet, que permita acceder en forma ágil y sencilla a la información de los distintos organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

c) SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, accesible por Internet, que permita a los habitantes y ciudadanos que hayan iniciado una tramitación ante algún organismo de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, realizar consultas sobre el estado del mismo.

d) VENTANILLA UNICA para el habitante/ciudadano: definiendo e implementando las tramitaciones para su constitución y coordinando para ello acciones a nivel Nacional, Provincial, Municipal y con organizaciones de la sociedad civil.

e) PORTALES TEMATICOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA: que contengan vínculos a toda la información disponible en Internet relacionada con cada tema y que se encuentre publicada por diferentes organismos.

f) DIRECTORIO EN LINEA DE ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, accesible por Internet, en el cual se publiquen los números telefónicos y las direcciones de correo electrónico y postal de todos los organismos que componen la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL y sus responsables.

Art. 6º — La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE definirá las estrategias, normas y procedimientos tendientes a:

a) La implementación de la Tramitación Electrónica de Expedientes, con la utilización de Firma Digital.

b) La interoperabilidad en la interacción entre organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL y entre éstos y los habitantes y ciudadanos para la presentación electrónica de documentos y para la interconexión entre aplicaciones informáticas mediante la utilización de Servicios Web ofrecidos por el ESTADO NACIONAL.

Art. 7º — La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será la Autoridad de Aplicación del presente decreto, quedando facultada para dictar las normas complementarias, aclaratorias y reglamentarias a que dé lugar la implementación del mismo.

La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA en los casos que corresponda dará intervención a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en su carácter de organismo de control de cumplimiento de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 29 de dicha ley.

Art. 8º — Exceptúase a la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION de la integración de sus sistemas con los restantes organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

Art. 9º — Se invita a los Gobiernos Provinciales, Municipales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la Nación, como así también a Universidades y a Empresas prestadoras de servicios, privatizadas o concesionadas, a adherir al presente decreto.

Art. 10. — El gasto que demande la aplicación de lo dispuesto en el presente será atendido con cargo a los créditos de cada jurisdicción y organismo.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Horacio D. Rosatti.

ANEXO I

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO Y DE LOS PLANES SECTORIALES DE GOBIERNO

ARTICULO 1º.- Objeto. El Plan Nacional de Gobierno Electrónico impulsará el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) por parte del ESTADO NACIONAL para mejorar la relación del gobierno con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión y los servicios públicos e incrementar la transparencia y la participación, para una mayor integración y desarrollo de la sociedad.

ARTICULO 2º.- Principios Rectores. Serán principios rectores del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y

de los respectivos Planes Sectoriales:

MEJOR SERVICIO AL HABITANTE Y CIUDADANO: unificar, simplificar y facilitar la vinculación de los habitantes y ciudadanos con el Estado mediante la utilización de las TICs para mejorar la calidad de dicha relación y reducir los tiempos y costos involucrados en las transacciones.

MEJOR GESTION PUBLICA: mejorar la calidad de los procedimientos y sistemas de información de cada organismo y promover la articulación entre los mismos para lograr una administración pública eficiente y transparente.

REDUCCION DE COSTOS: utilizar todas las potencialidades de las TICs para simplificar los procedimientos internos del Estado y de interacción entre éste y el habitante y ciudadano, con el objetivo de obtener significativas reducciones en los costos involucrados en dichas tramitaciones.

TRANSPARENCIA: facilitar el acceso de los habitantes y ciudadanos a los actos de gobierno y a la información pública mediante su publicación en Internet.

PARTICIPACION: generar nuevos espacios de intercambio de información y opinión entre el Estado y los habitantes y ciudadanos mediante la utilización de las TICs.

INTEGRACION: propender a extender la vinculación de los habitantes y ciudadanos con el Estado, reduciendo, y si es posible eliminando, los efectos de las desventajas que sufren las personas, empresas y comunidades por razones de nivel económico, posición social y ubicación geográfica.

APOYO AL DESARROLLO: propender a mejorar la competitividad de los actores económicos, especialmente de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante el acceso a todo tipo de información relevante para el desarrollo, producción y comercialización de bienes y servicios.

INTEGRACION A LA ECONOMIA MUNDIAL: facilitar la integración favorable de nuestra producción al mercado global a través de servicios de información y de transacciones electrónicas.

ARTICULO 3º.- Instrumentos. Para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, los organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL deberán utilizar, como mínimo, los siguientes instrumentos:

INTERNET: propender a la utilización en forma intensiva de la red Internet para la relación de los organismos con los habitantes y ciudadanos, publicando toda la información pública en su poder que facilite el control ciudadano y asegure la transparencia en la gestión de gobierno y creando, cuando sea aplicable, instancias virtuales de participación tales como foros temáticos, encuestas, etc.

CENTROS DE ATENCION TELEFONICA: implementar centros de atención telefónica con respuesta personal y/o automática para que los habitantes y ciudadanos puedan realizar consultas, presentar quejas y obtener información.

SERVICIOS WEB: ofrecer a los usuarios Servicios Web para realizar transacciones electrónicas con los sistemas de información del ESTADO NACIONAL. Se entiende por Servicio Web un programa de computadora que es accesible vía Internet mediante su URL (Universal Resource Locator) por otro programa de computadora.

TRAMITACION ELECTRONICA: ofrecer a los habitantes y ciudadanos la posibilidad de presentar sus formularios en formato electrónico, y avanzar con el objetivo de que todas las transacciones posibles sean realizadas en forma electrónica, preferentemente mediante la utilización de Internet, utilizando la firma electrónica y la firma digital para la autenticación de la identidad de los usuarios.

DOCUMENTO ELECTRONICO: Transformar progresivamente los procedimientos para incorporar la creación, archivo y verificación de documentos en formato electrónico tal como se define en la Ley Nº 25.506 de Firma Digital.

TIMBRADO ELECTRONICO: Transformar progresivamente los procedimientos para la certificación de documentos mediante un código de identificación único (timbrado electrónico) que el usuario podrá entregar a otros organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL o a terceros para su verificación accediendo por Internet a un sitio Web administrado por el organismo emisor.

ARTICULO 4º.- La SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS definirá y/o coordinará la realización de las siguientes acciones:

a) Crear e implementar los programas e instrumentos definidos en el ARTICULO 5º del presente decreto:

GUIA DE TRAMITES, PORTAL GENERAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, VENTANILLA UNICA, PORTALES TEMATICOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA y DIRECTORIO EN LINEA DE ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

b) ATENCION EN LINEA: Crear un sistema accesible vía internet que permitirá a los habitantes y ciudadanos realizar consultas, quejas o sugerencias, las que serán enviadas al organismo correspondiente y se auditará que sean respondidas en tiempo y forma.

c) EXPEDIENTE ELECTRONICO: Implementar la Tramitación Electrónica de Expedientes para trámites internos del Estado Nacional, con la utilización de Firma Digital.

d) SEGURIDAD: Establecer las políticas de seguridad para la protección de los sistemas de información de los accesos no autorizados que pretendan acceder o alterar la información o comprometer el normal funcionamiento de los mismos.

e) INTEROPERABILIDAD: Definir los estándares tecnológicos para la interoperabilidad entre sistemas de información para la interacción entre organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL y entre éstos y los habitantes y ciudadanos para la presentación electrónica de documentos y para la interconexión entre aplicaciones informáticas mediante la utilización de Servicios Web ofrecidos por el ESTADO NACIONAL.

f) ARTICULACION ENTRE ORGANISMOS: Articular los distintos organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, para mejorar la calidad de sus sistemas de información, tendiendo a evitar la duplicación de información, las inconsistencias en la actualización y a normalizar la definición y el tratamiento de la información común.

g) PORTAL DE AUTENTICACION: Crear un sistema de autenticación único para la identificación de los habitantes, ciudadanos y usuarios que deban operar con el ESTADO NACIONAL en el marco de la presente.

ARTICULO 5º.- La ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL adecuará la normativa que corresponda para hacer factible la implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico.

ARTICULO 6º.- Protección de datos. Los datos en poder del Estado Nacional sobre personas físicas y jurídicas deberán ser protegidos física y lógicamente para que sean tratados conforme a las disposiciones de la Ley Nº 25.326, cuidando en especial que no sean accedidos por personas u organizaciones no autorizadas.

ARTICULO 7º.- Los organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL deberán avanzar en la coordinación de sus acciones para evitar solicitar a un habitante, ciudadano o usuario la presentación de información sobre él mismo que ya obre en poder de alguno de ellos en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

Ley Nº 25.506/2001 de Firma Digital.

FIRMA DIGITAL

Ley 25.506

Consideraciones generales. Certificados digitales. Certificador licenciado. Titular de un certificado digital. Organización institucional. Autoridad de aplicación. Sistema de auditoría. Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital. Responsabilidad. Sanciones. Disposiciones Complementarias.

Sancionada: Noviembre 14 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 11 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE FIRMA DIGITAL

CAPITULO I

Consideraciones generales

ARTICULO 1º — Objeto. Se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley.

ARTICULO 2º — Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.

ARTICULO 3º — Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.

ARTICULO 4º — Exclusiones. Las disposiciones de esta ley no son aplicables:

a) A las disposiciones por causa de muerte;

b) A los actos jurídicos del derecho de familia;

c) A los actos personalísimos en general;

d) A los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.

ARTICULO 5º — Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.

ARTICULO 6º — Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

ARTICULO 7º — Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.

ARTICULO 8º — Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma.

ARTICULO 9º — Validez. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:

a) Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante;

b) Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente;

c) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado.

ARTICULO 10. — Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene del remitente.

ARTICULO 11. — Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.

ARTICULO 12. — Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.

CAPITULO II

De los certificados digitales

ARTICULO 13. — Certificado digital. Se entiende por certificado digital al documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su titular.

ARTICULO 14. — Requisitos de validez de los certificados digitales. Los certificados digitales para ser válidos deben:

a) Ser emitidos por un certificador licenciado por el ente licenciante;

b) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente, fijados por la autoridad de aplicación, y contener, como mínimo, los datos que permitan:

1. Identificar indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo emitió, indicando su período de vigencia y los datos que permitan su identificación única;

2. Ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación;

3. Diferenciar claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el certificado;

4. Contemplar la información necesaria para la verificación de la firma;

5. Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido.

ARTICULO 15. — Período de vigencia del certificado digital. A los efectos de esta ley, el certificado digital es válido únicamente dentro del período de vigencia, que comienza en la fecha de inicio y finaliza en su fecha de vencimiento, debiendo ambas ser indicadas en el certificado digital, o su revocación si fuere revocado.

La fecha de vencimiento del certificado digital referido en el párrafo anterior en ningún caso puede ser posterior a la del vencimiento del certificado digital del certificador licenciado que lo emitió.

La Autoridad de Aplicación podrá establecer mayores exigencias respecto de la determinación exacta del momento de emisión, revocación y vencimiento de los certificados digitales.

ARTICULO 16. — Reconocimiento de certificados extranjeros. Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones exigidos en la ley y sus normas reglamentarias cuando:

a) Reúnan las condiciones que establece la presente ley y la reglamentación correspondiente para los certificados emitidos por certificadores nacionales y se encuentre vigente un acuerdo de reciprocidad firmado por la República Argentina y el país de origen del certificador extranjero, o

b) Tales certificados sean reconocidos por un certificador licenciado en el país, que garantice su validez y vigencia conforme a la presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento deberá ser validado por la autoridad de aplicación.

CAPITULO III

Del certificador licenciado

ARTICULO 17. — Del certificador licenciado. Se entiende por certificador licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.

La actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al sector público se prestará en régimen de competencia. El arancel de los servicios prestados por los certificadores licenciados será establecido libremente por éstos.

ARTICULO 18. — Certificados por profesión. Las entidades que controlan la matrícula, en relación a la prestación de servicios profesionales, podrán emitir certificados digitales en lo referido a esta función, con igual validez y alcance jurídico que las firmas efectuadas en forma manuscrita. A ese efecto deberán cumplir los requisitos para ser certificador licenciado.

ARTICULO 19. — Funciones. El certificador licenciado tiene las siguientes funciones:

a) Recibir una solicitud de emisión de certificado digital, firmada digitalmente con los correspondientes datos de verificación de firma digital del solicitante;

b) Emitir certificados digitales de acuerdo a lo establecido en sus políticas de certificación, y a las condiciones que la autoridad de aplicación indique en la reglamentación de la presente ley;

c) Identificar inequívocamente los certificados digitales emitidos;

d) Mantener copia de todos los certificados digitales emitidos, consignando su fecha de emisión y de vencimiento si correspondiere, y de sus correspondientes solicitudes de emisión;

e) Revocar los certificados digitales por él emitidos en los siguientes casos, entre otros que serán determinados por la reglamentación:

1) A solicitud del titular del certificado digital.

2) Si determinara que un certificado digital fue emitido en base a una información falsa, que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación.

3) Si determinara que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguros.

4) Por condiciones especiales definidas en su política de certificación.

5) Por resolución judicial o de la autoridad de aplicación.

f) Informar públicamente el estado de los certificados digitales por él emitidos. Los certificados digitales revocados deben ser incluidos en una lista de certificados revocados indicando fecha y hora de la revocación. La validez y autoría de dicha lista de certificados revocados deben ser garantizadas.

ARTICULO 20. — Licencia. Para obtener una licencia el certificador debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley y tramitar la solicitud respectiva ante el ente licenciante, el que otorgará la licencia previo dictamen legal y técnico que acredite la aptitud para cumplir con sus funciones y obligaciones. Estas licencias son intransferibles.

ARTICULO 21. — Obligaciones. Son obligaciones del certificador licenciado:

a) Informar a quien solicita un certificado con carácter previo a su emisión y utilizando un medio de comunicación las condiciones precisas de utilización del certificado digital, sus características y efectos, la existencia de un sistema de licenciamiento y los procedimientos, forma que garantiza su posible responsabilidad patrimonial y los efectos de la revocación de su propio certificado digital y de la licencia que le otorga el ente licenciante. Esa información deberá estar libremente accesible en lenguaje fácilmente comprensible. La parte pertinente de dicha información estará también disponible para terceros;

b) Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a los datos de creación de firma digital de los titulares de certificados digitales por él emitidos;

c) Mantener el control exclusivo de sus propios datos de creación de firma digital e impedir su divulgación;

d) Operar utilizando un sistema técnicamente confiable de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación;

e) Notificar al solicitante las medidas que está obligado a adoptar para crear firmas digitales seguras y para

su verificación confiable, y las obligaciones que asume por el solo hecho de ser titular de un certificado digital;

f) Recabar únicamente aquellos datos personales del titular del certificado digital que sean necesarios para su emisión, quedando el solicitante en libertad de proveer información adicional;

g) Mantener la confidencialidad de toda información que no figure en el certificado digital;

h) Poner a disposición del solicitante de un certificado digital toda la información relativa a su tramitación;

i) Mantener la documentación respaldatoria de los certificados digitales emitidos, por diez (10) años a partir de su fecha de vencimiento o revocación;

j) Incorporar en su política de certificación los efectos de la revocación de su propio certificado digital y/o de la licencia que le otorgara la autoridad de aplicación;

k) Publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, la lista de certificados digitales revocados, las políticas de certificación, la información relevante de los informes de la última auditoría de que hubiera sido objeto, su manual de procedimientos y toda información que determine la autoridad de aplicación;

l) Publicar en el Boletín Oficial aquellos datos que la autoridad de aplicación determine;

m) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas;

n) Informar en las políticas de certificación si los certificados digitales por él emitidos requieren la verificación de la identidad del titular;

o) Verificar, de acuerdo con lo dispuesto en su manual de procedimientos, toda otra información que deba ser objeto de verificación, la que debe figurar en las políticas de certificación y en los certificados digitales;

p) Solicitar inmediatamente al ente licenciante la revocación de su certificado, o informarle la revocación del mismo, cuando existieren indicios de que los datos de creación de firma digital que utiliza hubiesen sido comprometidos o cuando el uso de los procedimientos de aplicación de los datos de verificación de firma digital en él contenidos hayan dejado de ser seguros;

q) Informar inmediatamente al ente licenciante sobre cualquier cambio en los datos relativos a su licencia;

r) Permitir el ingreso de los funcionarios autorizados de la autoridad de aplicación, del ente licenciante o de los auditores a su local operativo, poner a su disposición toda la información necesaria y proveer la asistencia del caso;

s) Emplear personal idóneo que tenga los conocimientos específicos, la experiencia necesaria para proveer los servicios ofrecidos y en particular, competencia en materia de gestión, conocimientos técnicos en el ámbito de la firma digital y experiencia adecuada en los procedimientos de seguridad pertinentes;

t) Someter a aprobación del ente licenciante el manual de procedimientos, el plan de seguridad y el de cese de actividades, así como el detalle de los componentes técnicos a utilizar;

u) Constituir domicilio legal en la República Argentina;

v) Disponer de recursos humanos y tecnológicos suficientes para operar de acuerdo a las exigencias establecidas en la presente ley y su reglamentación;

w) Cumplir con toda otra obligación emergente de su calidad de titular de la licencia adjudicada por el ente licenciante.

ARTICULO 22. — Cese del certificador. El certificador licenciado cesa en tal calidad:

a) Por decisión unilateral comunicada al ente licenciante;

b) Por cancelación de su personería jurídica;

c) Por cancelación de su licencia dispuesta por el ente licenciante.

La autoridad de aplicación determinará los procedimientos de revocación aplicables en estos casos.

ARTICULO 23. — Desconocimiento de la validez de un certificado digital. Un certificado digital no es válido si es utilizado:

a) Para alguna finalidad diferente a los fines para los cuales fue extendido;

b) Para operaciones que superen el valor máximo autorizado cuando corresponda;

c) Una vez revocado.

CAPITULO IV

Del titular de un certificado digital

ARTICULO 24. — Derechos del titular de un certificado digital. El titular de un certificado digital tiene los siguientes derechos:

a) A ser informado por el certificador licenciado, con carácter previo a la emisión del certificado digital, y utilizando un medio de comunicación sobre las condiciones precisas de utilización del certificado digital, sus características y efectos, la existencia de este sistema de licenciamiento y los procedimientos asociados. Esa información deberá darse por escrito en un lenguaje fácilmente comprensible. La parte pertinente de dicha información estará también disponible para terceros;

b) A que el certificador licenciado emplee los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por él, y a ser informado sobre ello;

c) A ser informado, previamente a la emisión del certificado, del precio de los servicios de certificación, incluyendo cargos adicionales y formas de pago;

d) A que el certificador licenciado le informe sobre su domicilio en la República Argentina, y sobre los medios a los que puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos;

e) A que el certificador licenciado proporcione los servicios pactados, y a no recibir publicidad comercial de ningún tipo por intermedio del certificador licenciado.

ARTICULO 25. — Obligaciones del titular del certificado digital. Son obligaciones del titular de un certificado digital:

a) Mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma digital, no compartirlos, e impedir su divulgación;

b) Utilizar un dispositivo de creación de firma digital técnicamente confiable;

c) Solicitar la revocación de su certificado al certificador licenciado ante cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma;

d) Informar sin demora al certificador licenciado el cambio de alguno de los datos contenidos en el certificado digital que hubiera sido objeto de verificación.

CAPITULO V

De la organización institucional

ARTICULO 26. — Infraestructura de Firma Digital. Los certificados digitales regulados por esta ley deben ser emitidos o reconocidos, según lo establecido por el artículo 16, por un certificador licenciado.

ARTICULO 27. — Sistema de Auditoría. La autoridad de aplicación, con el concurso de la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital, diseñará un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el ente licenciante.

ARTICULO 28. — Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital. Créase en el ámbito jurisdiccional de la Autoridad de Aplicación, la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital.

(Nota Infoleg: Por art. 8° del Decreto N° 624/2003 B.O. 22/8/2003 se establece que la Comisión creada por el presente artículo actuará en la órbita de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.)

CAPITULO VI

De la autoridad de aplicación

ARTICULO 29. — Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la Jefatura de Gabinete de Ministros.

ARTICULO 30. — Funciones. La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:

a) Dictar las normas reglamentarias y de aplicación de la presente;

b) Establecer, previa recomendación de la Comisión Asesora para la Infraestructura de la Firma Digital, los estándares tecnológicos y operativos de la Infraestructura de Firma Digital;

c) Determinar los efectos de la revocación de los certificados de los certificadores licenciados o del ente licenciante;

d) Instrumentar acuerdos nacionales e internacionales a fin de otorgar validez jurídica a las firmas digitales creadas sobre la base de certificados emitidos por certificadores de otros países;

e) Determinar las pautas de auditoría, incluyendo los dictámenes tipo que deban emitirse como conclusión de las revisiones;

f) Actualizar los valores monetarios previstos en el régimen de sanciones de la presente ley;

g) Determinar los niveles de licenciamiento;

h) Otorgar o revocar las licencias a los certificadores licenciados y supervisar su actividad, según las exigencias instituidas por la reglamentación;

i) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo referente a la actividad de los certificadores licenciados;

j) Homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales, con ajuste a las normas y procedimientos establecidos por la reglamentación;

k) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley.

ARTICULO 31. — Obligaciones. En su calidad de titular de certificado digital, la autoridad de aplicación tiene las mismas obligaciones que los titulares de certificados y que los certificadores licenciados. En especial y en particular debe:

a) Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder, bajo ninguna circunstancia, a los datos utilizados para generar la firma digital de los certificadores licenciados;

b) Mantener el control exclusivo de los datos utilizados para generar su propia firma digital e impedir su divulgación;

c) Revocar su propio certificado frente al compromiso de la privacidad de los datos de creación de firma digital;

d) Publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos y direcciones de Internet tanto de los certificadores licenciados como los propios y su certificado digital;

e) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los certificadores licenciados que discontinúan sus funciones.

ARTICULO 32. — Arancelamiento. La autoridad de aplicación podrá cobrar un arancel de licenciamiento para cubrir su costo operativo y el de las auditorías realizadas por sí o por terceros contratados a tal efecto.

CAPITULO VII

Del sistema de auditoría

ARTICULO 33. — Sujetos a auditar. El ente licenciante y los certificadores licenciados, deben ser auditados periódicamente, de acuerdo al sistema de auditoría que diseñe y apruebe la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación podrá implementar el sistema de auditoría por sí o por terceros habilitados a tal efecto. Las auditorías deben como mínimo evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y, disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y, de contingencia aprobados por el ente licenciante.

ARTICULO 34. — Requisitos de habilitación. Podrán ser terceros habilitados para efectuar las auditorías las Universidades y organismos científicos y/o tecnológicos nacionales o provinciales, los Colegios y Consejos profesionales que acrediten experiencia profesional acorde en la materia.

CAPITULO VIII

De la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital

ARTICULO 35.— Integración y funcionamiento. La Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma

Digital estará integrada multidisciplinariamente por un máximo de 7 (siete) profesionales de carreras afines a la actividad de reconocida trayectoria y experiencia, provenientes de Organismos del Estado nacional, Universidades Nacionales y Provinciales, Cámaras, Colegios u otros entes representativos de profesionales.

Los integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo por un período de cinco (5) años renovables por única vez.

Se reunirá como mínimo trimestralmente. Deberá expedirse prontamente a solicitud de la autoridad de aplicación y sus recomendaciones y disidencias se incluirán en las actas de la Comisión.

Consultará periódicamente mediante audiencias públicas con las cámaras empresarias, los usuarios y las asociaciones de consumidores y mantendrá a la autoridad de aplicación regularmente informada de los resultados de dichas consultas.

ARTICULO 36. — Funciones. La Comisión debe emitir recomendaciones por iniciativa propia o a solicitud de la autoridad de aplicación, sobre los siguientes aspectos:

a) Estándares tecnológicos;

b) Sistema de registro de toda la información relativa a la emisión de certificados digitales;

c) Requisitos mínimos de información que se debe suministrar a los potenciales titulares de certificados digitales de los términos de las políticas de certificación;

d) Metodología y requerimiento del resguardo físico de la información;

e) Otros que le sean requeridos por la autoridad de aplicación.

CAPITULO IX

Responsabilidad

ARTICULO 37. — Convenio de partes. La relación entre el certificador licenciado que emita un certificado digital y el titular de ese certificado se rige por el contrato que celebren entre ellos, sin perjuicio de las previsiones de la presente ley, y demás legislación vigente.

ARTICULO 38. — Responsabilidad de los certificadores licenciados ante terceros.

El certificador que emita un certificado digital o lo reconozca en los términos del artículo 16 de la presente ley, es responsable por los daños y perjuicios que provoque, por los incumplimientos a las previsiones de ésta, por los errores u omisiones que presenten los certificados digitales que expida, por no revocarlos, en legal tiempo y forma cuando así correspondiere y por las consecuencias imputables a la inobservancia de procedimientos de certificación exigibles. Corresponderá al prestador del servicio demostrar que actuó con la debida diligencia.

ARTICULO 39. — Limitaciones de responsabilidad. Los certificadores licenciados no son responsables en los siguientes casos:

a) Por los casos que se excluyan taxativamente en las condiciones de emisión y utilización de sus certificados y que no estén expresamente previstos en la ley;

b) Por los daños y perjuicios que resulten del uso no autorizado de un certificado digital, si en las correspondientes condiciones de emisión y utilización de sus certificados constan las restricciones de su utilización;

c) Por eventuales inexactitudes en el certificado que resulten de la información facilitada por el titular que, según lo dispuesto en las normas y en los manuales de procedimientos respectivos, deba ser objeto de verificación, siempre que el certificador pueda demostrar que ha tomado todas las medidas razonables.

CAPITULO X

Sanciones

ARTICULO 40. — Procedimiento. La instrucción sumarial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la presente ley serán realizadas por el ente licenciante. Es aplicable la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 41. — Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley para los certificadores licenciados dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;

b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos quinientos mil ($ 500.000);

c) Caducidad de la licencia.

Su gradación según reincidencia y/u oportunidad serán establecidas por la reglamentación.

El pago de la sanción que aplique el ente licenciante no relevará al certificador licenciado de eventuales reclamos por daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de éstos, como consecuencia de la ejecución del contrato que celebren y/o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme al mismo y/o la prestación del servicio.

ARTICULO 42. — Apercibimiento. Podrá aplicarse sanción de apercibimiento en los siguientes casos:

a) Emisión de certificados sin contar con la totalidad de los datos requeridos, cuando su omisión no invalidare el certificado;

b) No facilitar los datos requeridos por el ente licenciante en ejercicio de sus funciones;

c) Cualquier otra infracción a la presente ley que no tenga una sanción mayor.

ARTICULO 43. — Multa. Podrá aplicarse sanción de multa en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 21;

b) Si la emisión de certificados se realizare sin cumplimentar las políticas de certificación comprometida y causare perjuicios a los usuarios, signatarios o terceros, o se afectare gravemente la seguridad de los servicios de certificación;

c) Omisión de llevar el registro de los certificados expedidos;

d) Omisión de revocar en forma o tiempo oportuno un certificado cuando así correspondiere;

e) Cualquier impedimento u obstrucción a la realización de inspecciones o auditorías por parte de la autoridad de aplicación y del ente licenciante;

f) Incumplimiento de las normas dictadas por la autoridad de aplicación;

g) Reincidencia en la comisión de infracciones que dieran lugar a la sanción de apercibimiento.

ARTICULO 44. — Caducidad. Podrá aplicarse la sanción de caducidad de la licencia en caso de:

a) No tomar los debidos recaudos de seguridad en los servicios de certificación;

b) Expedición de certificados falsos;

c) Transferencia no autorizada o fraude en la titularidad de la licencia;

d) Reincidencia en la comisión de infracciones que dieran lugar a la sanción de multa;

e) Quiebra del titular.

La sanción de caducidad inhabilita a la titular sancionada y a los integrantes de órganos directivos por el término de 10 años para ser titular de licencias.

ARTICULO 45. — Recurribilidad. Las sanciones aplicadas podrán ser recurridas ante los Tribunales Federales con competencia en lo Contencioso Administrativo correspondientes al domicilio de la entidad, una vez agotada la vía administrativa pertinente.

La interposición de los recursos previstos en este capítulo tendrá efecto devolutivo.

ARTICULO 46. — Jurisdicción. En los conflictos entre particulares y certificadores licenciados es competente la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. En los conflictos en que sea parte un organismo público certificador licenciado, es competente la Justicia en lo Contencioso-administrativo Federal.

CAPITULO XI

Disposiciones Complementarias

ARTICULO 47. — Utilización por el Estado Nacional. El Estado nacional utilizará las tecnologías y previsiones de la presente ley en su ámbito interno y en relación con los administrados de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente en cada uno de sus poderes.

ARTICULO 48. — Implementación. El Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y

seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

En un plazo máximo de 5 (cinco) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará la tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156.

ARTICULO 49. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a los 180 (ciento ochenta) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

ARTICULO 50. — Invitación. Invítase a las jurisdicciones provinciales a dictar los instrumentos legales pertinentes para adherir a la presente ley.

ARTICULO 51. — Equiparación a los efectos del derecho penal. Incorpórase el siguiente texto como artículo 78 (bis) del Código Penal:

Los términos firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos documento, instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente.

ARTICULO 52. — Autorización al Poder Ejecutivo. Autorízase al Poder Ejecutivo para que por la vía del artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional actualice los contenidos del Anexo de la presente ley a fin de evitar su obsolescencia.

ARTICULO 53. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.506 —

RAFAEL PASCUAL. — EDUARDO MENEM. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

ANEXO

Información: conocimiento adquirido acerca de algo o alguien.

Procedimiento de verificación: proceso utilizado para determinar la validez de una firma digital. Dicho proceso debe considerar al menos:

a) que dicha firma digital ha sido creada durante el período de validez del certificado digital del firmante;

b) que dicha firma digital ha sido creada utilizando los datos de creación de firma digital correspondientes a los datos de verificación de firma digital indicados en el certificado del firmante;

c) la verificación de la autenticidad y la validez de los certificados involucrados.

Datos de creación de firma digital: datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear su firma digital.

Datos de verificación de firma digital: datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma digital, la integridad del documento digital y la identidad del firmante.

Dispositivo de creación de firma digital: dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite firmar digitalmente.

Dispositivo de verificación de firma digital: dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite verificar la integridad del documento digital y la identidad del firmante.

Políticas de certificación: reglas en las que se establecen los criterios de emisión y utilización de los certificados digitales.

Técnicamente confiable: cualidad del conjunto de equipos de computación, software, protocolos de comunicación y de seguridad y procedimientos administrativos relacionados que cumplan los siguientes requisitos:

1. Resguardar contra la posibilidad de intrusión y/o uso no autorizado;

2. Asegurar la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto funcionamiento;

3. Ser apto para el desempeño de sus funciones específicas;

4. Cumplir las normas de seguridad apropiadas, acordes a estándares internacionales en la materia;

5. Cumplir con los estándares técnicos y de auditoría que establezca la Autoridad de Aplicación.

Clave criptográfica privada: En un criptosistema asimétrico es aquella que se utiliza para firmar digitalmente.

Clave criptográfica pública: En un criptosistema asimétrico es aquella que se utiliza para verificar una firma digital.

Integridad: Condición que permite verificar que una información no ha sido alterada por medios desconocidos o no autorizados.

Criptosistema asimétrico: Algoritmo que utiliza un par de claves, una clave privada para firmar digitalmente y su correspondiente clave pública para verificar dicha firma digital.