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DE-078-2018

Secretaría Técnica de la

Autoridad Presupuestaria

SECTOR TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA

Y SECTOR DE EDUCATIVO INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2017

INFORME DE EVALUACIO N ANUAL 2017

SECTOR TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA Y SECTOR EDUCATIVO

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1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, según los cuales las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas. Asimismo, el artículo 57 de esa misma ley impone la obligatoriedad de las entidades a suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de los presupuestos, que el Ministerio de Hacienda les solicite para el cumplimiento de sus funciones. Para tales efectos, mediante el oficio STAP-CIRCULAR 2023-2017 del 12 de diciembre de 2017, se informa a las entidades y órganos dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria, sobre el instrumento disponible en la página electrónica del Ministerio de Hacienda para la presentación del informe anual correspondiente al periodo 2017.

El objetivo establecido, es conocer los resultados de la evaluación de la gestión institucional del ejercicio económico 2017 e identificar desviaciones respecto de las metas de los indicadores y productos contenidos en los respectivos Planes Operativos Anuales, sus causas, así como acciones correctivas para los siguientes periodos. Con base en lo anterior, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) analizó los resultados presentados en los informes de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2017, que remitieron las entidades. 2. METODOLOGÍA Para efectos del presente estudio, esta Secretaría Técnica utiliza como insumo el informe de evaluación remitido por cada una de las instituciones de los Sectores Transportes e Infraestructura y Educativo. Además, se utilizaron los Presupuestos Ordinarios 2017, los Planes Operativos Institucionales (POI-2017), Liquidaciones Presupuestarias de los periodos 2016 y 2017, entre otros. En primera instancia se analiza la gestión financiera de las entidades de los Sectores Transportes e Infraestructura y Educativo, considerando los datos de los recursos autorizados (provenientes de ingresos corrientes, de capital y de financiamiento, esto es, superávit y recursos de crédito público) y la ejecución de estos, según las partidas por “objeto del gasto” ejecutados, tomando en cuenta los factores que de acuerdo con las entidades afectaron gestión de las entidades en el 2017 y las acciones correctivas que implementaron para atender la programación.



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Para calificar el cumplimiento de las metas asociadas a los productos y la efectividad de éstas, así como en la realización de las metas de los indicadores de desempeño, se establecieron los siguientes criterios de valoración:

Para la clasificación de los porcentajes de cumplimiento de metas de producción cuantificadas según sus unidades de medición, se establecieron los siguientes rangos cualitativos:

Igualmente, para medir la efectividad en el cumplimiento de metas de los indicadores de desempeño y la ejecución de los recursos presupuestarios asociados, se definieron los siguientes rangos:

EfectividadEjecución de

recursos

Efectivo ( E ) Cumplido 100% 100%

Parcialmente

Efectivo ( PE )Parcialmente cumplido 76%- 99% 76%-99%

No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% -75% 0%-75%

Cumplimiento del indicador

Nota: En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento

del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de

efectividad, será clasif icado como “No Efectivo”, por cuanto refleja debilidades entre la

planif icación física y f inanciera.

Una vez establecidos los rangos, se solicitó a las entidades, destacar las acciones llevadas a cabo para explicar el nivel de efectividad mostrado, o en su defecto, las acciones correctivas que desarrollará para efectuar una mejor gestión, considerando lo siguiente:

De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, deberá justificar las razones que lo generaron.

De los indicadores con un cumplimiento inferior al 100%, refiérase a cómo esto afectó a la población objeto por los beneficios que dejó de recibir. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo, con el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas, así como el nombre de la unidad o departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión. En los casos que sean reincidentes, referirse a las acciones que ha llevado a cabo la entidad para mejorar la situación.

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0% - 75%



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También, se le aclara a la institución que para los programas que no suministren información sobre porcentaje alcanzado, recursos financieros programados y ejecutados de uno o más indicadores, se les emitirá una disposición al respecto dado el incumplimiento presentado y se clasificará como “No Efectivo”.

Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento del Primer Semestre 2017.

Refiérase a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados en cada meta.

Comente cómo los resultados obtenidos contribuyeron con la misión institucional.

En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Considerando lo antes indicado, se dictaminaron los informes individuales, de los cuales, a continuación se muestran generalidades de las entidades que conforman los sectores indicados, a fin de reflejar los resultados generales de la evaluación del periodo 2017. En este informe no se incluye la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Ministerio de Educación ─los evalúa la Dirección General de Presupuesto Nacional─ debido a que la mayor programación de recursos está en la Ley de Presupuesto de la República, tampoco se incluye el seguimiento de metas de las instituciones que no remitieron el informe. Seguidamente se presentan ambos sectores, con su correspondiente apartado, donde se hace la descripción breve cada una de las instituciones de los conforman, así como las competencias que por ley les corresponden, la gestión financiera y los resultados de la gestión, en este último se incluye el cumplimiento de las metas asociadas a las unidades de medida de los productos y el cumplimiento de los indicadores y su correspondiente ejecución de recursos. 3. ANÁLISIS POR SECTOR

3.1. SECTOR EDUCATIVO

Este sector es importante para el país ya que le corresponde ejecutar el desarrollo del sistema educativo, de tal modo que permita el acceso a toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social; contribuyendo así con el cumplimiento del objetivo sectorial 1.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. “Una educación equitativa y de calidad que forme personas integralmente para que contribuyan al desarrollo del país.”



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El Sector Educativo como se indicó anteriormente, está conformado por las siguientes instituciones:

1. Ministerio de Educación Pública (MEP) 2. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 3. Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON). 4. Colegio Universitario de Cartago (CUC) 5. Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) 6. Consejo Superior de Educación (CSE) 7. Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS). 8. Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga (JACSLG)

A continuación, se comentan los principales aspectos de la gestión de cada una de estas institucionales, (se excluye el MEP, por cuanto su seguimiento lo efectúa la Dirección General de Presupuesto Nacional).

3.1.1. DESCRIPCIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR Seguidamente se presenta una descripción general de las competencias que por ley le corresponden a cada entidad:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) El artículo 2 de la Ley de Creación No. 6868 del 06 de mayo de 1983 dispone que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una institución pública, dentro de sus competencias tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. Tiene como programa sustantivo el de "Servicios de capacitación y formación profesional” que ordinariamente ha prestado servicios a las nueve Unidades Regionales; este incluye los siguientes productos, a saber: Programas de Capacitación, Servicios, Asesorías y emprendimientos, Asistencias Técnicas y Módulos.

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN (CUNLIMON) El Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON), es una institución semiautónoma de educación parauniversitaria estatal, ofrece programas de formación y capacitación del talento humano para contribuir e impulsar el desarrollo académico, social y económico de la provincia de Limón, además, contribuye en la labor de conservar, enriquecer y transmitir la cultura nacional. Las carreras que imparte el Colegio están relacionadas con la tecnología, las artes, ciencias del deporte, turismo, ciencias del mar, ciencias forestales y lenguas indígenas;



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asimismo, se imparten carreras que a criterio del Consejo Directivo sean procedentes para impulsar el desarrollo humano y socioeconómico de la provincia de Limón.

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (CUC) La Ley No. 6541 “Ley que Regula las Instituciones de Enseñanza Superior “Parauniversitaria” le estableció al Colegio Universitario de Cartago (CUC) lo siguiente:

Ofrecer programas de formación, capacitación o perfeccionamiento a los miembros de la comunidad.

Promover y participar, para bien de la comunidad, en labores de acción social y de investigación de los problemas de ésta.

Propiciar el avance del país hacia la construcción de una sociedad cada vez más justa, libre, próspera y democrática.

Ofrecer al educando, oportunidades de nivelación académica que le permitan cursar carreras de la educación superior parauniversitaria sobre bases más sólidas.

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN (CONAPE)

De acuerdo con la Ley No. 6041 “Ley de Creación de CONAPE”, se crea una institución que financie estudios superiores para estudiantes costarricenses de méritos personales, según sus condiciones socioeconómicas y preferentemente de zonas rurales, a fin de proveer al país de los recursos humanos necesarios para su desarrollo socioeconómico; en principio CONAPE fue un ente adscrito al Ministerio de Educación Pública, condición que evolucionó a institución semiautónoma mediante la Ley 6995 del 24 de julio de 1985. Del mismo modo es importante señalar que, la Comisión cuenta con dos programas: “Crédito Educativo” y “Apoyo Administrativo” a través de los cuales desarrolla el quehacer institucional, mismo que tiene como fin lograr que los estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de Costa Rica, reciban un servicio de crédito educativo, modernizado, equitativo, accesible y de calidad.

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN (CSE) El Consejo Superior de Educación es un órgano de naturaleza jurídica constitucional, con personalidad jurídica instrumental y presupuesto propio, tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Política de la República, y su sede se ubica en la ciudad de San José. Su accionar se fundamenta en la ley Nº 1362 del 8 de octubre de 1951, la ley N° 9126, del 22 de abril del 2013, así como en el Decreto Ejecutivo N° 14 del Reglamento del Consejo Superior de Educación, modificado mediante el Decreto Ejecutivo N° 38149 del 14 de enero de 2014, publicado en La Gaceta N° 24 del 24 de febrero de 2014.



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INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO (IDP-UGS)

El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano se creó mediante Ley Nº 8697, publicada en el Alcance 4-A a La Gaceta Nº 18 de 27 de enero de 2009, cuyo fin primordial es la formación permanente del personal docente en servicio, que conforma el sistema educativo público y subvencionado costarricense, como medio que permita ofrecerles las herramientas necesarias para el mejoramiento de su desempeño profesional y promover la prestación de un servicio educativo de calidad con un claro compromiso social.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA (JACSLG) El Colegio San Luis Gonzaga se fundó en el año 1842, es una institución con autonomía administrativa suficiente para administrar sus recursos y garantizar una sólida preparación integral tanto en la área académica, como el en área espiritual, todo lo anterior, basados en la excelencia de sus estudiantes. Está regido por una Junta Administrativa, encargada de dirigir la Institución, y de procurar la óptima utilización de los recursos técnicos, financieros y académicos con que dispone.

3.1.2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos asignados y ejecutados de 6 de las 7 entidades que conforman el Sector Educativo en el año 2017, esto por cuanto no se pudo dictaminar el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP – UGS), dado que la información fue presentada posterior a la fecha indicada en el oficio STAP-CIRCULAR 2023-2017.

Cuadro 3.2 Sector Educativo

Comparativo Presupuesto y Ejecutado por Partida Presupuestaria Al 31 de diciembre 2017

En colones

Partida

2017

Monto Presupuestado

% Ejecución Monto Ejecutado

0-Remuneraciones 66.550.212.354,0 59.492.528.746,3 89,4

1-Servicios 35.757.635.912,5 23.316.711.519,1 65,2

2-Materiales y Suministros 6.474.416.381,2 4.845.494.470,2 74,8

3-Intereses y Comisiones 900.000,0 297.235,0 33,0

4-Activos Financieros 27.552.383.559,0 27.426.290.735,0 99,5

5-Bienes Duraderos 26.801.235.278,7 11.640.477.508,7 43,4

6-Transferencias Corrientes 15.146.002.509,8 13.472.056.769,5 88,9



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Partida

2017

Monto Presupuestado

% Ejecución Monto Ejecutado

7-Transferencias de Capital 0,0 0,0

8-Amortización 0,0 0,0

9-Cuentas Especiales 5.613.617,0 0,0 0,0

SUB TOTAL 178.288.399.612,2 140.193.856.983,8 78,6

Recursos de crédito público

TOTAL GENERAL 178.288.399.612,2 140.193.856.983,8 78,6

Fuente: Elaboración STAP con base en los informes remitidos por las entidades del Sector Educativo.

Según se puede observar en el cuadro 3.2, para el período 2017, las 6 entidades del Sector Educativo que remitieron la información requerida, presupuestaron recursos por ¢178.288,4 millones, de los cuales se ejecutaron ¢140.193,9 millones, con un porcentaje de ejecución del 78,6%. A nivel de las partidas por objeto del gasto que mayormente concentran los recursos, “Remuneraciones”, en general las entidades señalaron que un factor que afectó el porcentaje de ejecución fue la proyección de un incremento por costo de vida mayor al que realmente decretó el Gobierno, otro de los factores mencionados es el congelamiento de las plazas vacantes por disposición de la Directriz Presidencial No. 070-H. En cuanto a la partida “Servicios”, según los informes remitidos, se mencionan entre otros factores que afectan la ejecución, los atrasos que se han dado en los diferentes procesos de contratación administrativa que hace que algunas de los trámites de licitación sean infructuosos, en lo que se considera también las múltiples objeciones y/o apelaciones interpuestas por diferentes empresas contratistas. También en algunos casos los oferentes no cumplieron con los requisitos de contratación, por lo tanto, los procesos se vieron afectados. El porcentaje de ejecución de la partida “Materiales y Suministros”, se ve afectado por los retrasos en cuanto a los tiempos de contratación que conllevan a una sub-ejecución; el inicio tardío en los procesos de compras del periodo y la falta de seguimiento de estos, entre otros. La partida “Bienes Duraderos”, se ve mermada la ejecución de sus recursos por retrasos presentados en los procesos licitatorios y apelaciones; porque que las construcciones no contaban con estudios técnicos. Entre las acciones correctivas, las entidades mencionan: 1) iniciar los procesos de compras y de contratación con mayor antelación; 2) dar seguimiento a las licitaciones públicas, privadas y compras directas; 3) ampliar el registro de oferentes; 4) iniciar y



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supervisar el desarrollo de construcciones y 5) revisar los montos presupuestados con el fin de verificar si existe alguna sobreestimación de los recursos presupuestados. A continuación se muestran los datos referentes a la participación relativa de los montos presupuestados y ejecutados reportados por las instituciones:


Participación del presupuesto y ejecución por Institución Al 31 de diciembre 2017 En millones de colones

Institución

2017

Monto Presupuestado

% Participación

% Participación

Monto Ejecutado

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

136.453,4 76,5 100.615,7 71,8

Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)

33.357,4 18,7 31.706,3 22,6

Colegio Universitario de Cartago (CUC)

4.764,2 2,7 4.474,2 3,2

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

2.671,2 1,5 2.553,7 1,8

Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga (JACSLG)

846,7 0,5 668,2 0,5

Consejo Superior de Educación (CSE)

195,5 0,1 175,7 0,1

TOTAL 178.288,4 100,0% 140.193,8 100,0

Fuente: Elaboración STAP con base en los informes remitidos por las entidades del Sector Educativo.

Como se puede visualizar, el INA es el que concentra la mayor parte de los recursos para el 2017, con 76,5% del total presupuestado y el 71,8% del total de recursos ejecutados. Le sigue CONAPE con una participación del 18,7% del presupuesto total y un 22,6% del total ejecutado, mientras que las restantes muestran porcentajes menores.



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3.1.3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Sobre el particular, cabe indicar que existen tres instituciones que por diversas razones no pudieron ser incluidas en el análisis mostrado. Tal es el caso del Consejo Superior de la Educación (CSE), que mediante oficio CSE-SG-086-2018 indica que dicho Consejo está inmerso dentro del programa 550: Definición y Planificación de la Política Educativa del Ministerio de Educación Pública y que por tanto, no cuenta con gestión física y financiera de programas y sub programas. Asimismo, la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga (JACSLG) remitió la información en un formato que difiere de la metodología establecida para tal efecto y no fue posible realizar un análisis congruente con el de las demás instituciones del Sector. Por su parte, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP - UGS) como ya se indicó, remitió la información posterior a la fecha establecida en el oficio STAP-CIRCULAR-2023-2018, por lo que no fue posible incluir dicha institución en el análisis correspondiente.

A. Cumplimiento de las metas asociadas a las unidades de medida de los

productos

En el siguiente cuadro, se presentan los avances o logros de las metas asociadas a las unidades de medida de los productos definidos por las cuatro instituciones que remitieron la información solicitada, según los siguientes parámetros establecidos: “Cumplido”; “Parcialmente Cumplido” y “No Cumplido”:


Cantidad de Productos y Unidades de Medida Por Institución y Grado de Cumplimiento

Al 31 de diciembre de 2017

Institución Programa

Cantidad Grado de cumplimiento

Producto Unidad

de medida

Cumplido Parcialmente

Cumplido No

Cumplido

Colegio Universitario de

Limón (CUNLIMON)

Programa Académico 2 2 2

Programa Educación Comunitaria

4 4 4

Comisión Nacional de

Préstamos para Educación

Créditos Educativos 1 2 2

(CONAPE)



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Producto Unidad

de medida


Cumplido No

Cumplido

Instituto Nacional de Aprendizaje

Servicios de Capacitación y

Formación Profesional 5 12 9 3

(INA)


Cartago Desarrollo Académico 7 7 5 2

(CUC) Acción Social e Investigación

4 4 4

TOTALES 23 31 26 3 2

Fuente: Elaborado por la STAP con base en los informes de evaluación 2017 remitidos por las entidades.

Según se puede observar, las 4 entidades evaluadas en su conjunto registran 23 productos, para los cuales se establecieron 31 unidades de medida con sus metas asociadas. La diferencia entre la cantidad de productos y las unidades de medida, se genera específicamente en que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) formularon más de una unidad de medida en algunos de sus productos, con el fin de poder cumplir y llevar un mejor control de las metas de producción. Asimismo, en el cuadro se logra apreciar que de las metas asociadas a las 31 unidades de medida de los productos que registran las entidades, 26 de ellas se ubican en el grado “Cumplido”, las cuales representan el 83,9% del total. En el grado de “Parcialmente Cumplido” y “No Cumplido” se ubican las restantes 5 unidades, las cuales representan el 16,1%, situación que debe ser revisada, por cuanto dicho incumplimiento afecta los bienes y servicios a la población meta. Entre las metas asociadas a las unidades de medida de los productos que se ubicaron en la categoría “Cumplido” se encuentran las del INA: en lo que corresponde a “Personas egresadas en el idioma inglés u otros”, en “Áreas técnicas de los sectores productivos”, “Capacitación de indígenas”, “Asistencias técnicas a empresas, cámaras empresariales, comunidades”, “Emprendimientos asesorados”, “Estudiantes matriculados provenientes de

zonas vulnerables”. En el caso del CUC 9 unidades de medida se cumplieron, a saber: “Estudiantes becados”, “Matricula en diplomados”, “Servicios de capacitación”, “Carreras con capacitaciones”,



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“Hardware y software adquiridos”, “Carreras aceptadas”, “Personas capacitadas en programas sociales del Gobierno”, “Personas matriculadas en diferentes modalidades”, “Ofertas actualizadas en programas técnicos” y “Participación en ferias de negocios”.

Asimismo, en el CUNLIMON, las 6 unidades de medida que se ubicaron en el grado de “Cumplido” son: “Estudiantes matriculados en diplomados provenientes de zonas vulnerables”, “Carreras diseñadas y/o rediseñadas”, “Estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables en modalidad extensión comunitaria”, “Asistencias técnicas”, “Personas capacitadas en modalidad de extensión comunitaria” y “Personas matriculadas en la

enseñanza artística”. Por último, las 2 unidades de medida programadas por CONAPE que se ubicaron en el rango de “Cumplido”, son: “Cantidad de créditos tramitados y aprobados en línea” y

“Satisfacción de los usuarios”. Con respecto a las 3 metas que se ubican en el grado “Parcialmente Cumplido” que corresponden al INA, se está considerando para el análisis aquella que tiene una relación directa con el PND, a saber: “MIPYMES capacitadas en el mejoramiento de sus capacidades

técnicas”. Las razones que mediaron para el no cumplimiento de esta meta, según indica el Instituto son que el procedimiento establecido para realizar diagnósticos técnicos entraba mucho la atención oportuna de necesidades de la PYMES; además, que no existe una directriz clara de atención al sector PYME como tal. En el caso del CUC, se registran 2 metas como “No Cumplidas”, las cuales se relacionan con “Servicios de capacitación” y “Ofertas académicas actualizadas”, entre las razones que se mencionan son, que el Consejo Superior de Educación aún no ha dado respuesta a la consulta efectuada respecto a si las carreras de Electrónica, Mecánica Dental, Investigación Criminal y Dirección de Empresas deben realizar o no la actualización del Plan de Estudios, en cuanto a las Ofertas académicas, no se logró debido a que la empresa que contrataría los servicios al final no lo hizo.

Tanto el INA como el CUC deben tomar medidas para corregir su accionar y lograr la formulación de metas asociadas a las unidades de medida de sus productos, acordes con sus posibilidades institucionales, considerando para ello las diferentes razones expuestas y la capacidad técnica, administrativa y económica con las que cada una de ellas cuenta, según sus posibilidades; sobre todo con metas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo. Como ya se indicó a nivel de instituciones, la mayor cantidad de metas se concentra mayoritariamente en el INA seguido por el CUC, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.



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Unidades de Medida Porcentaje de Participación

Institución Unidades de

Medida

% de

Participación

Instituto Nacional de Aprendizaje 12 38,7

Colegio Universitario de Cartago 11 35,5

Colegio Universitario de Limón 6 19,4

Comisión Nacional de Préstamos para Educación 2 6,4

Total 31 100,0


En el caso del INA, que es la institución que registra mayor cantidad de metas con 12 (38,7% del total de unidades); se tiene que 3 de éstas, se ubican en la categoría de “Parcialmente Cumplidas”, como se señaló líneas atrás. En lo que respecta a CUC, la cantidad de metas asociadas a las unidades de medida son 11 y representan el 35,5% del total; de estas el 18,2% (2 unidades de medida) se ubican en el grado de “No Cumplimiento”. Entre las razones que señalan las instituciones del incumplimiento, se mencionan las siguientes:

Situaciones diversas del personal docente, fenómenos ambientales producto de la Tormenta Nate, que dificultaron el acceso vía terrestre a las comunidades.

Aspectos administrativos respecto a la coordinación en la ejecución de los programas y horarios asignados.

Falta de infraestructura y equipos. El procedimiento establecido para realizar diagnósticos técnicos entraba mucho la

atención oportuna de necesidades de la PYMES. Reprobaciones en el servicio “Personas Certificadas en Módulos mediante el uso

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)”. Incumplimiento de la empresa contratada de brindar el servicio.

B. Cumplimiento del Indicador y Ejecución de Recursos

Sobre los resultados de la efectividad de los indicadores de producto (gestión) y/u objetivos estratégicos (resultados) del Sector Educactivo, se determina que conforme a la información suministrada por las instituciones, muestra los siguientes resultados:



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Cantidad de productos e indicadores y efectividad Al 31 de diciembre de 2017


Cantidad Efectividad

Producto Indicador Efectivo Parcialmente

Efectivo No

Efectivo


Limón (CUNLIMON)

Programa Académico 1 2

2

Programa Extensión Comunitaria y Asistencia

Técnica (DECAT) 4 4 2 2

Consejo Nacional de Préstamos para

Educación (CONAPE)

Crédito Educativo 1 2 2

Instituto Nacional de Aprendizaje

(INA)

Servicios de capacitación y Formación Profesional

5 12 5 2 5

Colegio Universitario de Cartago (CUC)

Desarrollo Académico 7 7 5 2

Acción Social e Investigación

4 4 4

TOTALES

22 31 18 2 11


En términos generales, los indicadores en la categoría de “Efectivo” representan el 58,0% (dieciocho indicadores), por su parte los “Parcialmente Efectivo” son el 6,5% (dos indicadores) y los que están en el rango de “No Efectivo” sumaron el 35,5% (once indicadores) respecto a lo programado, considerándose un porcentaje bajo en general y consecuentemente repercute en los bienes y servicios entregados. En concordancia con lo anterior, a continuación se detalla el siguiente análisis, según la categoría de efectividad obtenida por las entidades en estudio: Indicadores que se ubican como “Efectivo”:

El Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON) presenta dos programas sustantivos, los cuales son “Académico” (que incluye dos indicadores); y el programa “Extensión Comunitaria y Asistencia Técnica (DECAT)” (con cuatro indicadores); en este último programa, dos de esos cuatro indicadores (“Asistencias Técnicas” y Personas

capacitadas en la modalidad de extensión comunitaria”) se ubican en la categoría de “Efectivo” obteniendo un 100% de cumplimiento de sus indicadores, así como en la ejecución de sus recursos.

En el caso de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) presenta un solo programa sustantivo denominado “Crédito Educativo”, que incluye dos indicadores: “Cantidad de créditos tramitados y aprobados por el Registro de



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Solicitud en Línea (RESOLI)” y “Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Registro de

Solicitud en Línea (RESOLI)”, mismos que se ubican en la categoría de “Efectivo”, cumpliendo con el producto, indicador y efectividad determinado para el programa.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) presenta al igual que el caso anterior, un único programa sustantivo denominado “Servicios de Capacitación y Formación Profesional”, mismo que presenta un total de doce indicadores, entre los cuales cinco de ellos alcanzaron una clasificación de “Efectivo”: “Personas egresadas de programas en el idioma inglés u otros, a nivel nacional”, “Personas egresadas de programas, en las áreas técnicas de mayor demanda de los sectores productivos a nivel nacional”, “Porcentaje de deserción en los programas”, “Cantidad de indígenas que recibieron

capacitación” y “Grado de satisfacción de las PYME que recibieron SCFP”, al cumplir con las características de cumplimiento de indicadores y ejecución del recursos del 100%.

Para el caso del Colegio Universitario de Cartago (CUC), el mismo cuenta con dos programas sustantivos, “Desarrollo Académico” que consta de siete indicadores, de los cuales cinco de ellos, a saber: “Número de nuevas becas completas otorgadas a estudiantes en condición de vulnerabilidad”, “Promedio de personas matriculadas”, “Porcentaje de carrera con capacitaciones”, “Hardware y Software adquiridos por

carreras” y “Carreras aceptadas” están ubicados como “Efectivos” y del programa “Acción Social e Investigación” que cuenta con cuatro indicadores (“Personas

capacitadas”, “Matrículas”, “Ofertas actualizadas” y “Participación en ferias”), la totalidad de éstos se encuentran en la categoría de “Efectivos”, cumpliendo con los porcentajes solicitados para esta categoría.

Indicadores que se ubican como “Parcialmente Efectivo”:

Para esta categoría de efectividad, únicamente el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cuenta con dos indicadores en la misma, ya que el indicador “Personas egresadas de programas” obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 84,8% y de ejecución de sus recursos de 88,6%. Además, el indicador “Cantidad de MIPYMES

capacitadas en el mejoramiento de sus capacidades técnicas” obtuvo un 79,4% en el cumplimiento del mismo y 92,7% en la ejecución de los recursos asignados.

Indicadores que se ubican como “No Efectivo”:

En el caso de los indicadores que se ubican en este rango, primeramente se tiene que el Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON) presenta dos indicadores de su programa “Académico” en esta clasificación (“Estudiantes matriculados en diplomados

provenientes de zonas vulnerables” y “Carreras diseñadas y/o rediseñadas”), ya que pese a que éstos alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de metas del 100%, el porcentaje de ejecución presupuestaria fue del 95%. Asimismo, el programa “Extensión Comunitaria y Asistencia Técnica (DECAT) cuenta con dos indicadores que de igual manera obtuvieron un 100% en el porcentaje de cumplimiento, sin embargo, el indicador “Estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables en

modalidad extensión comunitaria” reporta un porcentaje de ejecución presupuestaria



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de 96,1% y el indicador “Personas matriculadas en la enseñanza artística y musical

provenientes de zonas vulnerables” muestra un porcentaje de 45,5%.

Asimismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cuenta con cinco indicadores ubicados en la categoría “No efectivo”, debido a que el indicador “Porcentaje de

estudiantes matriculados provenientes de zonas vulnerables” pese a que cuenta con un porcentaje de cumplimiento de 100%, obtuvo un porcentaje de ejecución presupuestaria de 84,8%, el indicador “Porcentaje de ocupaciones homologadas de los

sectores productivos atendidos por el INA a nivel nacional” obtiene un porcentaje de cumplimiento de 100%, pero muestra un porcentaje de ejecución presupuestaria de 74,6%, además, los indicadores “Porcentaje de emprendimientos asesorados” y “Cantidad de asistencias técnicas realizadas en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales o entidades públicas y otros según solicitudes

recibidas”, si bien es cierto muestran porcentajes de cumplimiento de 100%, los porcentajes de ejecución presupuestaria son de 3,1% y 59,0% respectivamente. Asimismo, para el caso del indicador “Cantidad de personas certificadas en módulos

mediante el uso de TIC” muestra un porcentaje de cumplimiento de un 94,3% y un 85,2% de ejecución presupuestaria.

Con respecto al Colegio Universitario de Cartago (CUC), el mismo cuenta con dos indicadores en la categoría de “No efectivo” los cuales son “Servicios de capacitación vendidos por carrera” que presenta un porcentaje de cumplimiento de la meta de un 67% y un porcentaje de ejecución presupuestaria de 97,3% y el indicador “Ofertas actualizadas” presenta un porcentaje tanto de cumplimiento como de ejecución de la meta de 0%.



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3.2. SECTOR TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA

Este sector es uno de los más importantes para el país, ya que constituye uno de los medios para promover actividades económicas generadoras de divisas, como es el caso del turismo y las exportaciones, además, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, por medio de la construcción y conservación de obras de infraestructura en el campo vial, aéreo, portuario, fluvial, ferroviario, transporte público y de seguridad vial, que proporcionan servicios más eficientes y seguros para los usuarios. El sector está conformado por las siguientes entidades:

1. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus entes adscritos, a saber:

Consejo Nacional de Concesiones (CNC)

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

Consejo Transporte Público (CTP)

Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 2. Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 3. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 4. Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente

Atlántica (JAPDEVA) A continuación se comentan los principales aspectos institucionales, así como los resultados de la gestión institucional obtenidos en el año 2017, de las entidades dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria, excluyendo el MOPT, por cuanto su seguimiento lo efectúa la Dirección General de Presupuesto Nacional.

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR

Seguidamente se presenta una descripción general de las competencias que por ley le corresponden a cada entidad: CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI) El COSEVI es un órgano desconcentrado del MOPT, creado mediante Ley No. 6324 y sus reformas, el cual tiene dentro de sus atribuciones, conocer los análisis de los asuntos referentes al tránsito, para identificar problemas de seguridad vial y hacer las recomendaciones que estime pertinentes; conocer y aprobar orientaciones, prioridades y proyectos para programas de promoción de la seguridad vial; proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación concerniente al tránsito de personas, vehículos y bienes, donde la ley de tránsito tenga jurisdicción, administrar el Fondo de Seguridad Vial y asignar las sumas necesarias para los programas y proyectos de seguridad vial que requieran las Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, de Transporte Público y de la Policía de Tránsito y conocer, tramitar y resolver cualquier otro asunto que le someta el MOPT.



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CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP) El CTP es un órgano con desconcentración máxima, creado mediante la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad Taxi (No. 7969). Es una entidad adscrita al MOPT, especializada en materia de transporte público. Dentro de las funciones del CTP, está definir las políticas y ejecutar los planes y programas nacionales en materia de transporte público en sus distintas modalidades, así como la regulación y fiscalización del mismo. Con el propósito de que el país se garantice un sistema de trasporte público eficiente, moderno, seguro y equitativo, que satisfaga las necesidades que presenta la sociedad costarricense en esta materia. CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC) El Consejo Nacional de Concesiones (CNC), es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que gestiona proyectos de concesión de obras y servicios públicos, en asociación entre el sector público y el sector privado, con la finalidad de que el país cuente con otra alternativa para tener infraestructura moderna y superar el rezago que hay en infraestructura pública. Tiene su fundamento en la Ley General de Concesiones de Obras Públicas con Servicios Públicos No. 7762 y su reforma y en su reglamento. El CNC está vinculado con el Proyecto Modernización de Puerto Limón – Moín, específicamente con la construcción de la Fase 2 A de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y con el Corredor Vial San José – Caldera, a nivel de Plan Estratégico Sectorial (PES) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de esta forma se le asignan competencias al CNC, a fin de medir los avances en el tema de accidentabilidad de la ruta 27. CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) De acuerdo con el artículo 3° de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) No. 7798 y sus reformas, el Consejo es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que tiene personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo de la Red Vial Nacional (RVN), así como para suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 4° de la citada Ley, la institución tiene como objetivos, entre otros, el planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la RVN; ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la RVN; así como fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad.



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DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (DGAC) La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) es un órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), encargado de la regulación y el control de la navegación aérea en el país, de conformidad con las competencias otorgadas en la Ley General de Aviación Civil, No. 5150.

La entidad goza de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental para administrar los fondos provenientes de tarifas, rentas o derechos regulados en la citada Ley, así como para realizar los actos o contratos necesarios para cumplir las funciones y tramitar los convenios, a fin de que sean conocidos por el Poder Ejecutivo. INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) El INCOFER se rige mediante la Ley No.7001, que lo crea como una institución de derecho público, con autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, y se rige por las disposiciones establecidas en dicha normativa y sus reglamentos, así como otras leyes que la complementen; a la cual se le asignan algunos objetivos específicos sobre los servicios que por ley debe dar la institución, la rehabilitación, estructura y modernización de vías férreas, entre otros; con el fin de contribuir con la sociedad costarricense, así como facilitar la generación de actividades productivas complementarias, tal como lo establecen en su misión institucional. INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO (INCOP) Mediante la Ley No. 1721, reformada por la Ley No. 4964, se crea el INCOP, el cual opera como un ente dedicado exclusivamente a los puertos, e inicia el proceso de mejoramiento de instalaciones y del funcionamiento portuario. Es una Empresa Pública No Financiera Nacional, cuyo objetivo principal es fortalecer la economía del país, asumiendo las prerrogativas y funciones de autoridad portuaria en el litoral pacífico del país, con el propósito de suministrar eficientes servicios portuarios y facilidades conexas, incluyendo el transporte por ferrocarril, de mercancías y pasajeros de y hacia los puertos de la vertiente del Pacífico. Además, como órgano rector del sector portuario, le corresponde regular y controlar el transporte marítimo internacional, el transporte de cabotaje y por vías de navegación interior, para lo cual a través, del Decreto Ejecutivo 1147-T, se creó la Dirección General de Transporte Marítimo como ente técnico del MOPT, teniendo en relación con los puertos las siguientes atribuciones: Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y de cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares.



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JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) La Junta fue creada mediante Ley No. 5337, Reforma Integral a Ley Orgánica de JAPDEVA, como un ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, para que asuma las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria, dentro de las cuales se encuentra construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica; además, promover el desarrollo socioeconómico integral, rápido y eficiente de la región a través de proyectos de competitividad, mejora de infraestructura rural, comunal y asesoría técnica a los productores de la zona.

3.2.2. GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro contiene los datos de la totalidad de los recursos asignados y ejecutados por las 8 entidades del Sector Transportes e Infraestructura en los años 2016 y 2017:

Partida

Presupuesto

Definitivo

Presupuesto

Ejecutado

%

Ejecución

Presupuesto

Definitivo

Presupuesto

Ejecutado

%

Ejecución

0-Remuneraciones 62.554.184.263,00 56.015.791.029,00 89,5 63.902.719.694 57.960.161.679 90,7 1,2

1-Servicios 170.193.796.534,00 126.151.978.572,00 74,1 213.814.303.604 168.068.266.494 78,6 4,5

2-Materiales y Suministros 10.654.516.883,00 4.800.638.442,00 45,1 11.914.045.520 7.212.648.167 60,5 15,5

3-Intereses y Comisiones 4.923.265.778 4.503.227.479 91,5 9.559.159.064 7.082.094.101 74,1 (17,4)

4-Activos Financieros 1.900.000 - 10.700.000 5.327.776 49,8 49,8

5-Bienes Duraderos 158.079.688.487 58.752.524.331 37,2 202.255.107.119 89.805.772.015 44,4 7,2

6-Transferencias Corrientes 29.384.433.445 24.185.351.121 82,3 38.637.934.544 26.729.622.418 69,2 (13,1)

7-Transferencias de Capital 2.540.428.523 2.085.557.333 82,1 1.275.833.837 737.747.864 57,8 (24,3)

8-Amortización 889.503.546 886.530.204 99,7 5.750.286.624 5.733.838.896 99,7 0,0

9-Cuentas Especiales 1.033.629.998 - 3.749.877.919 - - -

-

SUB TOTAL 440.255.347.457 277.381.598.511 63,0 550.869.967.926 363.335.479.409 66,0 3,0

-

Recursos de crédito público 1/134.369.875.332 112.949.591.646 84,1 117.618.265.129 14.856.757.583 12,6 (71,4)

TOTAL GENERAL 574.625.222.789 390.331.190.157 67,9 668.488.233.055 378.192.236.992 56,6 (11,4)

2016 2017

Instituciones del Sector Transporte e Infraestructura

Comparativo del Presupuesto Definitivo y Ejecutado por Partida Presupuestaria

Al 31 de diciembre 2017

Cuadro 4.2

Variación

de

ejecución

Nota 1/: corresponde tanto a financiamiento externo como interno. Fuente: Elaboración STAP con base en datos suministrados por las instituciones correspondientes a los periodos 2016-2017



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Del cuadro anterior se desprende, que excluyendo “Recursos de Crédito Público” que corresponden básicamente a fondos provenientes de créditos externos incorporados por el CONAVI para proyectos de inversión en la Red Vial Nacional, para el período 2017 las 8 entidades del Sector Transportes e Infraestructura en su conjunto, si bien presentan un crecimiento del 31% en los recursos ejecutados en el 2017 (¢363.335,5 millones) en relación con 2016 (¢277.381,6 millones), no obstante el porcentaje de ejecución para el 2017 es de 66,0%, apenas un 3% más que el porcentaje obtenido en el 2016 (63%). Lo anterior estaría indicando que para el 2017, la capacidad de gestión de las entidades para ejecutar los recursos, tanto los asignados por el Gobierno de la República (MOPT) como los ingresos propios, generados, entre otros, por la venta de bienes y servicios, no mostró cambios significativos con respecto al periodo inmediato anterior. Cabe señalar que el CONAVI es el que concentra la mayor parte de los recursos, alcanzando para el 2017 un 70,2% del total presupuestado y el 62,4% del total de recursos ejecutados de las 8 instituciones del Sector en su conjunto. En orden de relevancia le siguen JAPDEVA y la DGAC, con 14,0% y 11,3% de participación del total presupuestado y con 9,0% y 10,0% del total ejecutado, respectivamente, mientras que las restantes entidades muestran porcentajes menores. En relación con el rubro “Recursos de Crédito Público”, que corresponden en su totalidad a fondos provenientes de créditos externos incorporados por el CONAVI para proyectos de inversión en la Red Vial Nacional, se debe resaltar que la ejecución de esos recursos presentó una disminución significativa de 86,8%, al pasar de ¢112.949,6 millones en el

2016 a ¢14.856,8 millones en el 2017, según se muestra en el cuadro 4.1. Valga indicar, que entre las 8 entidades estudiadas que conforman el Sector Transportes e Infraestructura, únicamente el CONAVI cuenta proyectos de inversión financiados con recursos externos, y de acuerdo con los datos del cuadro en mención, al comparar la ejecución de los recursos externos presupuestados para el desarrollo de los proyectos, se observa que para el 2016 el CONAVI incorporó mayor cantidad de recursos externos (¢134.369,9 millones), con una ejecución de 84,1%, mientras que para el 2017 destinó menor cantidad de recursos (¢117.618,3 millones), de los cuales ejecutó el 12,6%, constituyéndose esta en la más baja ejecución de los últimos 3 años. A nivel de las partidas por objeto del gasto, la que mayormente concentra los recursos es “Remuneraciones”, con 90,7% de ejecución; en general, las entidades señalaron que un factor que afectó el porcentaje de ejecución fue la proyección de un incremento por costo de vida mayor al que realmente decretó el Gobierno; otro de los factores mencionados es el congelamiento de las plazas vacantes por disposición de Directriz Presidencial No. 070-H y su reforma, entre otros. En cuanto a la partida “Servicios” durante el 2017 se ejecutó en un 78,6%, y según los informes remitidos, uno de los factores que más señalan las entidades que afectan la ejecución son los atrasos que se han dado en las diferentes procesos de contratación administrativa que hace que algunas de las licitaciones sean infructuosas, en lo que se



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considera también las múltiples objeciones y/o apelaciones interpuestas por diferentes empresas contratistas, contratación de servicios iniciadas sin la antelación necesaria por lo cual no se concretan obligando a trasladar su ejecución para el siguiente periodo. El porcentaje de ejecución de la partida “Materiales y Suministros” es de (60,5%), la cual se vio afectada porque manifiestan las instituciones que las adquisiciones se realizan de acuerdo al Plan de compras, donde los recursos se presupuestan tomando en cuenta los precios de las marcas más reconocidas en el mercado, pero como se obliga a comprar los más barato, lo que les genera remanentes significativos; además, en algunos casos los convenios ente el MOPT y sus órganos desconcentrados fueron infructuosos, quedando la compra de los materiales para el siguiente periodo por la falta de capacidad de almacenamiento en las instituciones, también se redujeron los egresos en algunas partidas con el fin de contribuir al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40540-H y se trasladó para el siguiente periodo de recursos para los proyectos de mantenimiento y rehabilitación de la Red Ferroviaria Nacional.

Las Transferencias Corrientes y de Capital, en conjunto obtuvieron una ejecución de 68,8%, donde la baja ejecución en estas partidas obedece entre otras cosas, a que no se logró concretar las expropiaciones para el proyecto de Circunvalación Norte, la devolución de los montos correspondientes a Impuestos de Salida correspondientes a agosto a noviembre 2017 fue recibido por la institución a finales del mes de diciembre lo que no le permitió ejecutar la transferencias, no se utilizaron recursos asignados en indemnizaciones (juicios que se previó pagar y no fue necesario) y prestaciones legales, no fue posible transferir la totalidad de los recursos que tenían programados debido a que muchos municipios no tenían esos recursos debidamente presupuestados, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 8131, también obedeció a la no ejecución de algunos proyectos, entre otros.

Una de las partidas más relevantes para este Sector, es “Bienes Duraderos”, la cual tuvo una baja ejecución (44,4%), dicha ejecución obedece a problemas presentados en los procesos licitatorios; licitaciones infructuosas y desiertas, atraso por parte de los proveedores, factores climatológicos (NATE) que afectaron los trabajos, teniendo que suspender la adjudicación realizada; obras que debieron trasladarse al siguiente periodo por falta de tiempo para culminar el proceso de adjudicación; procesos de licitación que no fueron adjudicados por exceso en el precio de los productos; licitaciones que fueron adjudicadas pero que, no obstante, serán canceladas en el 2018, expropiaciones no realizadas, no se contó con terrenos requeridos para la ejecución de los proyectos, por cuanto la legislación vigente no permitía el desalojo ágil de los mismos, entre otros. Entre las acciones correctivas, las entidades mencionan iniciar los procesos de compras y de contratación con mayor antelación; mejorar el plan de compras, utilizar al máximo la tecnología disponible; procesos de acompañamiento en los diferentes trámites de contratación administrativa; coordinar con los diferentes supervisores de obras o bienes adquiridos para detectar inconsistencias que se estén dando en durante el proceso, entre otras.



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3.2.3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN Valga reiterar que el informe remitido por el Consejo de Transporte Público no se ajustó al instrumento remitido en el oficio STAP-CIRCULAR-2023-2017, lo que imposibilitó a esta Secretaría Técnica realizar el análisis y determinar la efectividad indicadores de desempeño planteados para el periodo 2017, cuyos resultados fueran consistentes con la información de las demás instituciones del Sector y poder así consolidar la información.

A. Cumplimiento de las metas asociadas a las unidades de medida de los productos

En el siguiente cuadro se presentan los avances o logros de las metas asociadas a las unidades de medida de los productos definidos por siete de las ocho instituciones que conforman el Sector Transporte e Infraestructura, según los parámetros establecidos (Cumplido; Parcialmente Cumplido y No Cumplido):

Cuadro 4.3 Sector Transportes e Infraestructura

Cantidad de productos y unidades de medida Por Institución y grado de cumplimiento

Al 31 de diciembre de 2017

Institución


Programa/Subprograma Producto Unidad

de medida


Cumplido No

Cumplido

Consejo Nacional de

Vialidad (CONAVI)

Programa 2 Conservación Vial

3 3 2 1 0

Programa 3 Construcción Vial - Proyectos con metas PND

9 9 1 2 6

Programa 3 Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carretas y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación

27 27 6 3 18

Programa 3 Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

87 87 23 4 60

Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje

1 1 1

Subtotal 127 127 33 10 84



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Institución


Programa/Subprograma Producto Unidad

de medida


Cumplido No

Cumplido

Dirección General de

Aviación Civil (DGAC)

Servicios de Dirección y Regulación Aérea

5 5 4 1 0

Desarrollo de Infraestructura y Sistemas

2 25 12 1 12

Subtotal 7 30 16 2 12

Instituto Costarricense

de Ferrocarriles (INCOFER)

Programa Operaciones 9 9 5 1 3

Subtotal 9 9 5 1 3

Junta de Administración Portuaria y de

Desarrollo Económico de

la Vertiente Atlántica

(JAPDEVA)

Administración Portuaria 1 5 3 0 2

Administración Desarrollo

3 3 3 0 0

Subtotal 4 8 6 0 2

Instituto Costarricense de Puertos del

Pacífico (INCOP)

Desarrollo Portuario 3 3 2 0 1

Subtotal 3 3 2 0 1

Consejo Nacional de Concesiones

(CNC)

Proyectos de Inversión 2 2 0 2 0

Subtotal 2 2 0 2 0

Consejo de Seguridad Vial

(COSEVI) Programa Seguridad Vial 1 1 0 0 1

Consejo de Transporte

Público (CTP)

Programa No.2 Áreas Técnicas de Regulación

Subtotal 1 1 0 0 1

TOTALES 153 180 62 15 103

Fuente: Elaborado por la STAP con base en los informes de evaluación anual 2017 remitido por las instituciones



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Según se puede observar, las 7 entidades evaluadas en el periodo 2017 en su conjunto registran 153 productos ubicados en los programas sustantivos, para los cuales establecieron 180 Unidades de Medida con sus metas asociadas, cuya diferencia se genera específicamente en la Dirección General de Aviación Civil, donde formulan más de una unidad de medida en algunos de sus productos con el fin de poder cumplir y llevar un mejor control de las metas de producción. Asimismo, en el cuadro se logra apreciar que de las metas asociadas a las 180 unidades de medida de los productos que registran las entidades, solamente 62 de ellas se ubican en el grado “Cumplido”, las cuales representan el 34,4% del total; porcentaje que es bajo considerando que este Sector de Transporte e Infraestructura es uno de los de mayor importancia a nivel nacional. En el grado de “Parcialmente Cumplido” y “No Cumplido” se ubican las restantes 118 unidades, las cuales representan el 65,6%, situación que es alarmante y preocupante en el quehacer nacional, por cuanto dicho incumplimiento afecta el desarrollo y la competitividad internacional del país. Entre las metas que se ubicaron en la categoría “Cumplido” se encuentran 33 unidades que planteó el CONAVI para el 2017, distribuidas en sus 3 programas sustantivos: Conservación Vial, Construcción Vial 8 proyectos con metas PND, proyectos mejoramiento carreteras y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación y Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios y Operación e Inversión en Vías de Peaje, entre las que se destacan: 3.450 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario, 970 kilómetros anuales de mantenimiento periódico, Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo - Jardines del Recuerdo, Ruta Nacional No. 3, Mejoramiento de la sección Cóbano - Río Negro (Comunidad Los Mangos), RN 160, Rehabilitación y mejoramiento (ampliación) del puente sobre Río Virilla, RN 1, Construcción de Puente en Quebrada Grande (Diseño y construcción). RN 505, Colocación de 6 (seis) estructuras de puentes metálicos modulares en la ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras. RN 856, Mejoramiento del puente sobre el Río Burío (Quebrada Seca) en la RN 111 (ampliación), Estabilización de talud en las cercanías del Río Balsa, RN 739, Ruta N° 002 - Construcción puente Quebrada El Fierro, puente peatonal, carril aceleración, barreras, aceras, Ruta N° 257 - Construcción de acceso definitivo a Terminal de Contenedores Moín – TCM, Ruta N° 001 - Construcción de Puente Río Barranca, Ruta N° 004 - Construcción del puente Río Arenal, Ruta N° 021 - Sustitución del puente en Río Diriá y ampliación intersección a Santa Cruz, Ruta Nº 856 - Construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - Río Infiernito (secciones 1 y 2) - Primera parte Sección 1, L – 1, Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - Río Infiernito (secciones 1 y 2) - Primera parte Sección 2, L – 1, Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol (sección 3) L-2, Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol (sección 4a) L-3, Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol (sección 4b) L-4, entre otros. La Dirección General de Aviación Civil cuenta con 2 programas sustantivos, a los que definió 7 productos, en los cuales 16 unidades de medida se cumplieron, a saber: 4 de



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ellas en el programa Servicios de Dirección y Regulación Aérea”, que están orientadas a reorganizar el espacio aéreo costarricense por medio de la implementación de la navegación aérea con base en la Navegación Basada en Desempeño, de conformidad con el Plan de Implementación de Navegación (PBN) denominado ARESAR. Mientras, que en el programa “Desarrollo de Infraestructura y Sistemas”, las unidades de medida cumplidas suman 10 relacionadas, las cuales corresponden al producto “Infraestructura aeroportuaria mejorada”, mientras que las 2 unidades restantes pertenecen al producto “Expropiaciones Realizadas”. En cuanto a JAPDEVA, en sus 2 programas sustantivos (Administración Portuaria y Administración Desarrollo), las 6 unidades de medida que se ubicaron en el grado de “Cumplido”: Tonelaje por hora nave de estadía en el atracadero, Porcentaje de inversión ejecutado, proyectos de inversión ejecutados, Kilómetros, Pymes Asesoradas y porcentaje de Inversión asignados. Asimismo, 5 unidades de medida programadas por INCOFER que se ubicaron en el rango de “Cumplido”, corresponden a la oferta de servicios de tren que brinda la institución: Cartago, Belén, Alajuela, Heredia y Turismo. En el INCOP se cumplieron 2 unidades de medida, a saber: Dragado de mantenimiento en Puerto Caldera y Faros de operación. Con respecto a las metas que se ubican en un grado “Parcialmente Cumplido” y “No Cumplido”, se destacan por cantidad e importancia las correspondientes al CONAVI, que registra en estos parámetros la cantidad de 94; no obstante, para el análisis se consideran aquellas que tienen una relación directa con el PND, a saber: Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón - La Abundancia, Construcción del 100% de la Radial Abundancia - Ciudad Quesada (Ruta Nacional No.35) y Abundancia – Florencia, Mejoramiento del 30% del tramo Nosara - Sámara, Construcción del 100% del tramo norte de la carretera de Circunvalación, Ruta Nacional No.39 Sección Uruca - Calle Blancos: Construcción de 36 puentes en la red vial nacional, así como las referidas a: Ampliación del 30% de la Ruta No. 32, sección Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta 4) – Limón, 30% de la ruta nacional No.1, sección San José - San Ramón, 100% Construcción del intercambio Garantías Sociales. Carretera de Circunvalación, las cuales no presentan grado de cumplimiento. Las razones que intermediaron para el no cumplimiento de estas metas según indica el Consejo son muy variadas, siendo muy particulares para algunos casos, que comprenden aspectos técnicos y jurídicos de las distintas contrataciones, así como de relación con los contratistas, problemas en expropiaciones, reubicación de servicios públicos, financiamiento de obras, coordinación y participación de entes externos, modificación en diseños de obras, limitaciones de recurso humano, factores climáticos, entre otros. En lo que corresponde al DGAC, las metas que se ubican en el grado de “Parcialmente Cumplido” y “No Cumplido”, suman 14 y son las referentes a: mejoramiento de los Aeródromos (Golfito, La Mangua- Quepos, Puerto Jiménez y Drake), Bodega Construida



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(AIDOQ), Sistema de detección y supresión de incendios instalado, Consultorías de control de calidad diversas (Mejoramiento AIL, Bodega, Mejoramiento Drake, Mejoramiento Aeródromo Los Chiles, Mejoramiento Aeródromo La Managua Quepos, Mejoramiento Aeródromo Puerto Jiménez, Mejoramiento Aeródromo Golfito y mejoramiento Integral de la Infraestructura en Oficinas Centrales) y Expropiaciones (terrenos aledaños al Aeródromo La Managua Quepos, terrenos aledaños al Aeródromo de Drake, terrenos aledaños al AIJS y en terrenos aledaños al AIDOQ y unidades relacionadas a Objetivos operativos alcanzados, entre otros. Al igual que las instituciones anteriores, el INCOFER, INCOP, CNC, COSEVI y JAPDEVA también cuentan con metas relacionadas con el PND, que no se cumplen a cabalidad, lo cual conlleva la necesidad de que las instituciones tomen medidas para corregir su accionar y lograr la formulación de metas asociadas a las unidades de medida de sus productos, más acordes con las posibilidades institucionales, considerando para ello las diferentes razones expuestas y la capacidad técnica, administrativa y económica con las que cada una de ellas cuenta, según sus posibilidades. Cabe indicar que, a nivel de instituciones, la mayor cantidad de metas se concentra en el CONAVI seguido de la DGAC e INCOFER, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 4.3 Sector Transportes e Infraestructura, Cantidad de unidades de medida por Institución, 2017

En valores absoluto y porcentajes

Fuente: STAP con base en los informes de evaluación anual 2017 remitido por las instituciones

127; 70,6%

30; 17%

9; 5% 8; 4%

3; 2% 2; 1% 1; 0%

CONAVI DGAC INCOFER JAPDEVA INCOP CNC COSEVI



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Dentro del Sector Transporte e Infraestructura, el CONAVI es la institución que registra mayor cantidad de metas con 127, que representa el 70,6% del total de unidades del Sector, de las cuales 84 se ubican en el grado de “No Cumplidas”, que representan el 66,1%; aspecto que es relevante, por cuanto se está dejando de cumplir más del 50% de su programación. Ahora bien, si se consideran a su vez las 10 Unidades que se ubican en el grado de “Parcialmente Cumplidas”, el porcentaje de incumplimiento alcanzaría un 74,0%, lo que es crítico para la institución y por ende para el bienestar país, por cuanto dicho incumplimiento afecta los bienes y servicios que se entregan a la población objetivo, disminuyendo la competitividad del país. En lo que respecta a DGAC, de las 30 metas asociadas a las Unidades de Medida planteadas para el 2017; de estas el 40,0% se ubican en el grado de “No Cumplimiento” y el 6,7% de las Unidades se ubican en “Parcialmente Cumplido”, lo que viene agravar el desempeño del Sector de Transportes e Infraestructura. Asimismo, en el INCOFER, 3 metas asociadas a las 9 Unidades de Medidas programadas en su único programa sustantivo (Operaciones) se ubican en el grado de “No Cumplimiento” y una se sitúa en “Parcialmente Cumplida”, lo que determina que el Instituto incumplió en un 44,4% su programación; cumpliendo solamente con 5 Unidades de Medida. Se indica que no se cumplieron dos metas que se relacionan específicamente con el transporte de banano y cajas de cartón, lo cual afectó la región atlántica del país y a su vez, la meta relacionada con el Transporte de acero obtuvo un 95%, ubicándose en parcialmente cumplida. De estos incumplimientos, la institución no informa sobre las medidas correctivas que aplicará para evitar este tipo de situaciones que conllevan a una baja ejecución de las metas. Referente a JAPDEVA, los resultados muestran que 2 de las 8 metas de producción se clasificaron como “No cumplidas”, dichas metas se encuentran ubicadas en el programa sustantivo de Administración Portuaria, y son: “Horas en promedio menos inactividad de los buques en puerto Limón y Moín” y “Porcentaje de avance del proyecto construcción del puesto 5-7”. Referente a la primera, se informa que obedeció a que JAPDEVA no logró disminuir en 2 horas, el tiempo de inactividad de los buques que arriban a Puerto Limón-Moín) –línea base de 21 horas en el 2013 -. Señala la institución, que los datos estadísticos a diciembre 2017, determinaron que los promedios de horas inactivas por buque aumentaron en 4 horas, pasando de 21 a 25 horas por buque. Además, JAPDEVA no logró alcanzar el 10% de avance del proyecto construcción del puesto 5-7, señala que la División Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) solicitó información adicional referente al proyecto “Construcción del Puesto 5-7”, lo que conllevó que venciera el plazo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para formalizar el contrato de préstamo, a la vez que no ha sido otorgada la aprobación para el financiamiento por parte del BCCR. Por su parte, en el INCOP la meta asociada a la unidad de medida “Mejoras en el Muelle de Quepos” no muestra grado de cumplimiento en el periodo 2017, la institución indica que dicho proyecto se dividió en dos etapas, a saber: Etapa I – Licitación Abreviada



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No.2017LA-00002-01 Separación del Muelle Tender de Quepos y Etapa II - Licitación Abreviada No.2016LA-000018-01. En cuanto a la Etapa I, si bien fue adjudicada, pero presento atrasos tanto por las revisiones que debe hacerse a las especificaciones técnicas como las condiciones climáticas (tormenta tropical NATE en el mes de octubre de 2017), no obstante, los trabajos continúan y se espera sean concluidos en el primer trimestre del año 2018. En el caso del COSEVI, tiene un solo programa sustantivo: Administración Vial, el cual tiene un solo producto denominado “Sistema de Tránsito Mejorado” cuya unidad de medida es “Tasa de mortalidad por accidente de tránsito por 100 mil habitantes”, el cual obtuvo un resultado del 53,3%; el cual es crítico para el Sector, especialmente porque dicha unidad está relacionada con la seguridad vial en el país. En términos generales, se logra apreciar que el grado de cumplimiento de las Unidades de Medida es muy bajo, esto por cuanto en el grado de “Cumplido” solamente se registran 62 Unidades de las 180 existentes, lo que representa un 34,4% como se indicó anteriormente, lo que resulta desfavorable para el desarrollo y la competitividad del país. Por ende, se deben buscar las razones por las cuales se está generando esta situación y valorar de igual forma las acciones correctivas que las instituciones están aplicando con el fin de ver si son efectivas. Entre las razones que señalan las instituciones para justificar el incumplimiento, se mencionan las siguientes:

Recurso de apelación en contra de la adjudicación

Inoperancia en tramitología a nivel institucional

Control y seguimiento de tiempos efectivos en aprobaciones o trámites

Atrasos en gestiones administrativas

Incumplimiento en contratos y mal formulados

Redistribución y falta de recursos humanos, técnicos y económicos

Factores climáticos (tormenta tropical Nate)

Factores exógenos como la disminución de producción

Proyectos infructuosos por falta de oferentes

Mala formulación y planificación de proyectos

Falta de efectividad en los proyectos

Resoluciones emitidas por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que dan criterios y se oponen en muchos casos a los Avalúos Administrativos

Con el fin de corregir las diferentes anomalías en la gestión, las instituciones han señalado las siguientes acciones correctivas:

Designar responsables Reuniones Implementación de Sistemas Traslado de personal



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Apoyo administrativo Traslado de proyectos para el año siguiente Realizar procesos administrativos iniciar las obras hasta que los terrenos estén a nombre del Estado o hayan sido

puestos en posesión por parte de un Juez de la República Evitar reclamos del contratista incluyendo reajuste de precio Planificar y gestionar apropiadamente la actividad de contratación administrativa,

debe ser una cultura institucional La contratación de empresas responsables

Por lo anterior, se puede señalar como principal problema a una inadecuada gestión a nivel de administración de proyectos, falta de capacidad técnica y gerencial para ejecutar proyectos, inadecuada incorporación de los riesgos técnicos y no técnicos de los proyectos por falta de planificación, duplicidades y descoordinación por una alta dispersión de funciones entre instituciones, mapeo inexistente o inadecuado de los grupos involucrados, procesos de expropiación y de contratación lentos en parte por falta de recurso humano capacitado pero también por falta de procesos adecuados para gestionar un volumen importante de expropiaciones, por lo que se puede señalar que “poco se lograría con tener una gran cantidad de recursos si no se cuenta con una adecuada gestión”. Adicionalmente, se debe recalcar que uno de los principales problemas de la competitividad de un país, así como de la calidad de vida se basa en gran parte en la carencia de una infraestructura vial adecuada. En América Latina se invierte en infraestructura de transporte, menos del 3% del PIB Sector Transporte e Infraestructura1 mientras que en Costa Rica sólo se invierte aproximadamente un 1%2, lo cual a simple vista se observa un deterioro en el Sector Transporte e Infraestructura. Al respecto, es importante traer a colación lo referente al Índice de Competitividad

Global3, y en específico el Ranking de Competitividad de Costa Rica para el año 2017, muestra que el país ha mejorado su puntuación respecto al informe del año anterior

pasando al puesto 47, ya que en 2016 estaba en el puesto 524. Cabe señalar, que dicho Índice define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país y su clasificación se calcula mediante la recopilación de datos en el ámbito nacional; para clasificar los países según su competitividad se analiza a través de 12 variables su prosperidad económica, a saber:

Instituciones

Infraestructuras

Entorno macroeconómico

Salud y educación primaria

1 http://grupocerca.com/infraestructura-nuevo-motor-de-crecimiento-en-america-latina-y-el-caribe/ 2 Fuente: Cifras de Gobierno Central 2017suministrada por UASF del Ministerio de Hacienda 3 https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global 4 http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global



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Educación superior y formación

Eficiencia del mercado de bienes

Eficiencia del mercado laboral

Desarrollo del mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño del mercado

Sofisticación en materia de negocios

Innovación Cuanto mayor sea el índice mejor estará situado en el ranking, lo cual ayuda en la calificación de la deuda de un país y por ende mide la capacidad que este tendría para hacer frente a su deuda y por lo tanto, el riesgo que conlleva invertir en ella, de ahí la importancia de poder mejorar ese índice de competitividad. Cabe indicar que este índice mide cómo utiliza un país los recursos de que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Considerando lo anterior y teniendo como base los diferentes aspectos que año tras año señalan las instituciones, se propone una solución mediante el establecimiento de un Sistema de Evaluación de cada uno de los proyectos en todas sus etapas, administrado por un ente neutral, según detalle:

Separación institucional entre proponentes y evaluadores de proyectos. Usualmente la evaluación es realizada por el Ministerio de Hacienda o por el Ministerio de Planificación y blinda en alguna medida las decisiones de los vaivenes políticos

Establecimiento de normas, procesos y metodologías adecuadas para el manejo de proyectos complejos

Formación de un banco de proyectos previamente evaluados y administrados sobre una plataforma tecnológica que permite establecer prioridades, seguimiento y estadísticas para la toma de decisiones

B. Cumplimiento del Indicador y Ejecución de Recursos

Sobre los resultados de la efectividad de los indicadores asociados a producto del Sector Transporte e Infraestructura, se determina que conforme a la información suministrada por las instituciones y de acuerdo con el siguiente cuadro, se evidencia un cumplimiento efectivo muy bajo respecto a lo programado, lo cual repercute en la efectividad a nivel país:

http://www.datosmacro.com/ratings



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Cuadro 4.4 Consolidado Instituciones Sector Transportes e Infraestructura

Cantidad de productos e indicadores y efectividad Al 31 de diciembre de 2017 (En millones de colones)

Institución


Producto

Indicador Efectivo

Parcialmente Efectivo

No Efectivo

Consejo Nacional de

Vialidad (CONAVI)

Programa 2 Conservación Vial

3 3 0 1 2

Programa 3 Construcción Vial - Proyectos con metas PND

9 9 1 0 8

Programa 3 Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carretas y puentes en actividades previas al inicio de construcción o en etapa de construcción según programación

27 27 0 0 27

Programa 3 Construcción Vial - Proyectos Mejoramiento carreteras y puentes en etapa de diseño o estudios

87 87 1 0 86

Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje

1 1 0 0 1

Dirección General de Aviación Civil (DGAC)

Servicios de Dirección y Regulación Aérea

5 5 2 1 2

Desarrollo de Infraestructura y Sistemas

2 25 2 1 22

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)

Programa Operaciones 9 9 5 1 3

Junta de Administración

Administración Portuaria

1 5

0 0 5



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Institución


Producto

Indicador Efectivo

Parcialmente Efectivo

No Efectivo

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)

Administración Desarrollo

3 3 0 0 3

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)

Desarrollo Portuario 3 3 0 0 3

Consejo Nacional de Concesiones (CNC)

Proyectos de Inversión 2 2 0 2 0

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

Programa Seguridad Vial

1 15 7 0 8

TOTALES 153 194 18 6 170

Fuente: Elaborado por la STAP con base en los informes de evaluación anual 2017 remitido por las instituciones

En términos generales, se observa que los indicadores establecidos por las 7 instituciones que remitieron la información suman 194 indicadores en total, cuyos resultados se distribuyen de la siguiente forma: 26 indicadores en la categoría de “Efectivo” representan el 9,3%, por su parte los “Parcialmente Efectivo” son el 6 para un 3,1% y los restantes 170 de ellos no fueron efectivos, lo cual representa un 87,6% del total de indicadores, resultado que es considerado sumamente bajo en general y consecuentemente repercute en los bienes y servicios entregados. Valga indicar, que para cada categoría de efectividad se requiere que se cumpla simultáneamente con los rangos definidos para el grado de cumplimiento de las metas y el porcentaje de ejecución de los recursos comprometidos en la consecución de estas, no obstante, varias instituciones confundieron la aplicación de dichas categorías. En concordancia con lo anterior, a continuación, se detalla el siguiente análisis, según la categoría de efectividad obtenida por las entidades en estudio:



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Indicadores que se ubican como “Efectivo”:

El CONAVI presenta tres programas sustantivos, a saber: Programa 2 Conservación Vial (que incluye tres indicadores); Programa 3 Construcción Vial (que incluye ciento veintitrés indicadores) y el Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje (que incluye un indicador), dentro de los resultados obtenidos, en el Programa 3 se ubican los 2 indicadores que se clasifican como “efectivos”: “Mejoramiento del 100% del tramo

Pozuelo - Jardines del Recuerdo, Ruta Nacional No. 3” y “Ruta Nº 856 -Construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - Río Infiernito (secciones 1 y 2) - Primera parte Sección 1, L – 1”, obteniendo un 100% de cumplimiento de sus indicadores, así como en la ejecución de sus recursos.

La DGAC presenta dos indicadores en cada uno de los programas sustantivos (Servicios de Dirección y Regulación Aérea y Desarrollo de Infraestructura y Sistemas) para un total de 4 indicadores clasificados como “Efectivo” al cumplir con las características de cumplimiento de indicadores y ejecución del 100% de los recursos y están relacionados con las obras de mejoramiento de la infraestructura de los aeródromos (entre ellos Los Chiles y Coto 47), lo cual permitió aumentar los vuelos y el acceso comercial a las comunidades donde se ubican. Asimismo, con la reparación de la posición Puente 3 del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, se logra habilitar un acceso más de abordaje a los aviones, agilizando la operación en la rampa y el servicio que se brinda en salas de abordaje, haciendo que el servicio sea más expedito a la aerolínea que lo utiliza y por ende al pasajero o usuario final, en cumplimiento de objetivos del Sector Transporte e Infraestructura vinculados al Plan Nacional de Desarrollo que buscan mejorar la competitividad del país.

El INCOFER programó 9 indicadores, de los cuales cinco se ubican en este rango de cumplimiento, correspondiente a la medición de la oferta de servicios de tren que brinda la institución (Cartago, Belén, Alajuela, Heredia y Turismo). No obstante, considerando la metodología establecida, se determina que los nueve indicadores deberían estar en un nivel de “no efectivos”, por cuanto los porcentajes ejecutados, tanto de los indicadores como de los recursos presupuestarios asignados, no son consistentes.

No obstante, la institución informa que la efectividad obtenida por la institución beneficia a los usuarios del servicio de transporte de turismo nacional y extranjero, por cuanto se cuenta con un precio accesible.

El COSEVI cuenta con un único programa sustantivo denominado “Programa Seguridad Vial”, en el que programó 15 indicadores de los cuales 7 de ellos presentan cumplimiento “Efectivo”, relacionados con actividades de Regulación Vial, Control y Vigilancia de Tránsito, Educación Vial y Acreditación de Conductores y obras de Ingeniería en seguridad vial, todas orientadas a mejorar la seguridad vial en el país.



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Indicadores que se ubican como “Parcialmente Efectivo” y “No Efectivo”: Referente a los indicadores del CONAVI, se observa que de los 127 planteados para el periodo en estudio, 124 indicadores están ubicados en la categoría “No efectivo”. Del estudio realizado se determinó que la gestión del “Programa 3 Construcción Vial” es el que tiene mayor incidencia en los resultados institucionales, ya que en este se agrupa un 96,9% de las metas de producción programadas a efectuar y comprende el 62,7% del presupuesto del CONAVI. Los resultados del mismo no se visualizan como óptimos, por cuanto las metas de sus 121 indicadores asociados a productos no fueron efectivas, datos que son concordantes con la ejecución presupuestaria del Programa, la cual asciende a tan solo un 29,6%. También, la gestión del “Programa 2 Conservación Vial” fue más positiva, debido a que 1 de sus 3 indicadores fue parcialmente efectivo, así como la ejecución presupuestaria fue mejor, a razón del 86,6%, siendo que este Programa es el segundo de mayor relevancia en el presupuesto institucional, con un 34,8% de participación. Asimismo, el “Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje” representa en el presupuesto de CONAVI un 1,2%, el cual tuvo una ejecución presupuestaria de 55,4%, provocando que la meta vinculada al único producto de dicho Programa, no resultase efectiva. Como se analizó con anterioridad, de las 9 metas de producción del “Programa 3 Construcción Vial - Proyectos con metas PND”, únicamente 1 cumplió con lo programado para el año 2017 y, considerando la ejecución de los recursos, su indicador fue efectivo, el cual se enfoca en el resultado de programa del PND 2015-2018, de mejorar la sección Pozuelo-Jardines del Recuerdo; en tanto, 2 metas se cumplieron parcialmente y los 6 restantes no se cumplieron, sin embargo, los 8 indicadores resultaron no efectivos por la ejecución de recursos. El grado de cumplimiento de las metas de los indicadores asociadas a los productos, afecta la consecución de los siguientes resultados de programa o proyectos sectoriales, incluidos en el PND 2015-2018, repercutiendo en el objetivo sectorial, de mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades:

Tramo Puerto Viejo-Limón ampliado (Ruta 32) Conectores viales para mejorar la transitabilidad en la Región Huetar Norte,

Chorotega, Central y Huetar Caribe Tramo Nosara-Sámara (ruta 160) mejorado Ruta San José-San Ramón ampliada Tres cruces de caminos en Carretera de circunvalación mejorados mediante la

construcción de intercambios Tramo norte de carretera de circunvalación construido Puentes de la RVN construidos



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La DGAC de los 7 productos que la institución presentó información sobre la efectividad de sus indicadores, medida sobre la base del cumplimiento del indicador y la ejecución respectiva de recursos, 24 (80%) resultaron no efectivos, 2 (7%) lo fueron parcialmente. Cabe señalar que esta valoración referente a indicadores y la ejecución se ajustó según la metodología que señala que: “En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de efectividad, será clasificado como “No Efectivo”, lo cual generó que muchas de las variables que señaló la institución se tuvieran que reclasificar. De la información remitida, se informa que los indicadores que se ubican en estos rangos, se enfocan a proyectos de construcción, mejoramiento o rehabilitación de aeródromos, bodegas, sistemas de detección y supresión de incendios, así como lo referente a consultorías sobre control de calidad de los diferentes proyectos.

Además, aún quedó pendiente una de las metas del PND, la conclusión del proyecto de Reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el cual inició su ejecución durante el año 2013, sin embargo, la institución no ha logrado concretarla por múltiples razones. Algunas de las medidas correctivas que la entidad aplicará será iniciar las obras hasta que los terrenos estén a nombre del Estado o hayan sido puestos en posesión por parte de un Juez de la República y por ende evitar reclamos del contratista incluyendo reajuste de precio, entre otros.

En lo que respecta a los indicadores del INCOFER tal como ya se mencionó, de los nueve indicadores de desempeño asociados a producto que la institución programó para el 2017, los nueve indicadores deberían estar en un nivel de “no efectivos”, por cuanto considerando la metodología establecida y la información remitida, los porcentajes ejecutados, tanto de los indicadores como de los recursos presupuestarios asignados, no son consistentes, ya que deberían presentar el mismo porcentaje de ejecución. Además, llama la atención que de los nueve indicadores, seis muestran porcentajes con ejecución presupuestaria superior al 100%, situación que la institución no justifica.

Por su parte, JAPDEVA presenta 2 programas sustantivos: Administración Portuaria y Administración de Desarrollo, los cuales contemplan un total de 8 indicadores que alcanzaron una clasificación de “ No Efectivo”, a saber: ejecución es menor a un 70%, Horas en promedio menos inactividad de los buques en puerto Limón y Moín, Tonelaje por hora nave de estadía en atracadero, Porcentaje de inversión ejecutado con relación al presupuesto ejecutado, Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados, Porcentaje de avance del proyecto construcción del puesto 5-7, Kilómetros de caminos relastreados y lastreados, Cantidad de Pymes Asesoradas, y % de Inversión asignados.



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Del estudio realizado, esta Secretaría detectó deficiencias en los resultados de algunos indicadores; por ejemplo, en algunos casos la meta tiene un avance de 0%, pero su ejecución presupuestaria es del 92%, o bien, metas que sobrepasan el 100% y como medida correctiva la institución considera que para los próximos periodos, va a realizar una mejor proyección de los recursos presupuestarios. Dentro de las medidas correctivas se mencionan la Puesta en marcha de las dos grúas pórticas post-panamax para incrementar los rendimientos de operación, mejoras en la aplicación del registro en la fase de operación de arribo del buque hasta su atraque y la aplicación del Artículo 29 del Reglamento de Operaciones Portuarias, en cuanto al apego y cumplimiento del programa de operaciones por parte de los usuarios, para maximizar la utilización de la capacidad instalada de los puestos de atraque.

En el caso del INCOP se evidencia que el 100% de los indicadores (3) presentan cumplimiento “No Efectivo, por cuanto según la metodología se debe cumplir con lo siguiente: “En los casos que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para complimientos del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de efectividad, será clasificado como “No Efectivo”, por cuanto se refleja

debilidades entre la planificación física y financiera”, en virtud de que la parte financiera no es congruente, todos los indicadores se debieron ubicar como “No Efectivos”. Dichos indicadores se relacionan con el Dragado de mantenimiento en Puerto Caldera, Mejora en el Muelle de Quepos y a Faros en Operación. No obstante lo anterior, el producto “Mantener la profundidad de los puestos de atraque, el canal de acceso y la dársena (parte resguardada artificialmente de las corrientes, en un puerto o en aguas navegables, para que las embarcaciones puedan fondear o cargar y

descargar con comodidad) de Puerto Caldera” formulado por el INCOP para el año 2017, se cumplió en un 100%, cumpliendo con la meta del Plan Nacional de Desarrollo en rebajar 15 horas en la espera de los buques graneleros y 1 hora en los buques de conteneros en el Puerto de Caldera, lo que implicaría una mejor atención y aprovechamiento del tiempo y por ende la disminución de costos en la operación portuaria.

Sobre los indicadores establecidos por el CNC, se determinó que el 100% de las metas de los indicadores estuvieron en el rango “Parcialmente Efectivo”, a saber: la meta relacionada con la Fase 2A de la Terminal de Contenedores de Moín, obtiene esa clasificación por cuanto el grado de cumplimiento de la meta obtenida fue de 85% y consumieron un 76% de los recursos proyectados para ejecutar la fase terminal del proyecto. Mientras que la meta relacionada con el producto denominado “Estadísticas de accidentabilidad de la carretera concesionada para el corredor vial San José-Caldera”, fue “Parcialmente efectivo”, debido a que el grado de cumplimiento de la meta alcanzada es de 88,8% ante una superior ejecución de los recursos (94,5%), lo que demuestra que la relación directa entre la ejecución de los recursos y el índice de accidentes no son consistentes.



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El COSEVI programó 15 indicadores, de los cuales 8 de ellos presentan cumplimiento “No Efectivo”, relacionados con actividades de Regulación Vial, Control y Vigilancia de Tránsito, Educación Vial y Acreditación de Conductores y obras de Ingeniería en seguridad vial, las cuales son orientadas a mejorar la seguridad vial en el país. Sobre las acciones correctivas que plantea se destaca que solicitó a las unidades ejecutoras el respaldo de precios de los bienes y servicios programados para el año 2018, solicitó a las Unidades Ejecutoras presentar las solicitudes de bienes y servicios en los tiempos tempranos del período de ejecución 2018, solicitará a la Proveeduría institucional, realizar una evaluación de la ejecución del Plan Anual de Compras del 2017, de forma tal que se incluya una propuesta de mejora, a partir de los resultados obtenidos, entre otros. Con respecto a las metas vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (Disminuir la Mortalidad por accidentes de tránsito), se determina que no se alcanzaron los objetivos planteados para el 2017, esto aun cuando la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito mejoró con respecto al año 2016.

4. CONCLUSIONES

4.1. Sector Educativo

De la información solicitada, seis de las siete instituciones remitieron la información oportunamente referente a los montos presupuestados y ejecutados por partida presupuestaria, lo cual no sucedió con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP - UGS). Asimismo, con respecto a los resultados de la evaluación de la gestión institucional del ejercicio económico 2017, solo cuatro de las siete instituciones que conforman el Sector Educativo presentaron de forma completa y en la fecha establecida el informe, situación que imposibilitó a esta Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, realizar el dictamen de estas entidades (Consejo Superior de Educación (CSE) y Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga (JACSLG). Para el período 2017, las entidades analizadas, presupuestaron recursos por ¢178.288,4 millones, de los cuales se ejecutaron ¢140.193,8 millones para un porcentaje de ejecución global del sector del 78,6%. Además, los resultados muestran que el INA concentra la mayor parte de los recursos para el 2017, con 76,5% del total presupuestado y el 71,8% del total de recursos ejecutados. Le sigue CONAPE con una participación del 18,7% del presupuesto total y un 22,6% del total ejecutado, mientras que las restantes muestran porcentajes menores. Con respecto a los resultados de la gestión y los grados de cumplimiento de las metas de producción para las entidades observadas, se registran 23 productos, para estas se establecieron 31 unidades de medida con sus metas asociadas, de las cuales 26 se ubican en la categoría de “Cumplido” (83,9% del total). Asimismo, en el grado de “Parcialmente Cumplido” y “No Cumplido” se ubican las restantes 5 unidades de medida,



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que representan el 16,1% del total, dentro de las que se encuentran algunas unidades de medida que se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Por otra parte, cabe resaltar que las entidades para la medición de su gestión de resultados institucional, en su mayoría programaron indicadores de desempeño que solo miden la eficacia a nivel cuantitativo. En términos de efectividad, referente al cumplimiento de las 31 unidades de medida y la ejecución presupuestaria, se determinó que la clasificación de los indicadores en la categoría de “Efectivo” representaron el 58,0% (dieciocho indicadores), en la categoría de “Parcialmente Efectivo” corresponde al 6,5% (dos indicadores) y los que están en el rango de “No Efectivo” sumaron el 35,5% (once indicadores) con respecto a lo programado, para las instituciones en estudio, considerándose un porcentaje importante en el sector, repercutiendo consecuentemente en la entrega de bienes y servicios, reflejando debilidades de planificación entre lo programado y los recursos financieros para su cumplimiento.

4.2. Sector Transportes e Infraestructura

De los informes de evaluación remitidos por las instituciones, se desprende que durante el periodo 2017 persistieron los mismos obstáculos y deficiencias que ha presentado el Sector año tras año, los cuales no han permitido desarrollar el potencial que requiere el país, tales como los atrasos en la expropiación de los terrenos, lentitud en los procesos de licitación, metas que no disponen de los recursos económicos necesarios, mala formulación de proyectos; algunas entidades del Sector Transportes e Infraestructura cumplieron con las metas programadas, no obstante registran bajos niveles de ejecución del gasto, entre otros. En relación con la gestión financiera, se determinó que las 8 entidades del Sector Transportes e Infraestructura en su conjunto presupuestaron recursos por ¢668.488,2 millones, de los cuales ejecutaron ¢378.192,2 millones para un 56,6% de ejecución global del sector. Además, los resultados muestran que el CONAVI concentra la mayor parte de los recursos para el 2017, con 70,2% del total presupuestado y el 62,4% del total de recursos ejecutados. Le sigue JAPDEVA con una participación del 10,0% del presupuesto total y un 14,4% del total ejecutado, mientras que las restantes muestran porcentajes menores. Además, se determinó que las entidades analizadas, si bien presentan un decrecimiento del 3% en los recursos ejecutados en el 2017 (¢378.192,2 millones) con respecto a 2016 (¢390.331.2 millones) al observar sus respectivos porcentajes de ejecución, se tiene que en el 2017 se ejecutó un 56,6%, disminuyendo sustancialmente (11,4%) con respecto a la ejecución de 2016 (67,8%); es decir, se denota un deterioro en la capacidad de gestión de las entidades para ejecutar los recursos, tanto los asignados por el Gobierno de la República (MOPT) como los ingresos propios, generados, entre otros, por la venta de bienes y servicios.



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Con respecto a los resultados de la gestión y los grados de cumplimiento de las metas de producción para las entidades observadas, se registran 153 productos, para estas se establecieron 180 unidades de medida con sus metas asociadas, de las cuales 62 se ubican en la categoría de “Cumplido” (34,4% del total). Asimismo, en el grado de “Parcialmente Cumplido” y “No Cumplido” se ubican las restantes 118 unidades de medida, que representan el 65,6% del total, dentro de las que se encuentran algunas unidades de medida que se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Es preciso indicar que para la medición de los resultados de su gestión institucional, las entidades en su mayoría programaron indicadores de desempeño que solo miden la eficacia a nivel cuantitativo; en menor grado establecieron indicadores de economía, pero no se observan indicadores de eficiencia y calidad. En términos de efectividad de los indicadores (unidades de medida y la ejecución presupuestaria), se determinó que la clasificación de los indicadores en la categoría de “Efectivo” representaron el 9,3% (dieciocho indicadores), en la categoría de “Parcialmente Efectivo” corresponde al 3,1% (seis indicadores) y los que están en el rango de “No Efectivo” sumaron el 87,6% (ciento setenta indicadores) con respecto a lo programado, para las instituciones en estudio, resultado que es considerado sumamente bajo en general y consecuentemente repercute en los bienes y servicios entregados a la población objetivo, e impactando negativamente en la ciudadanía costarricense. 5. RECOMENDACIONES Es necesario que las entidades cumplan oportunamente con la remisión de la información solicitada por los entes evaluadores y conforme a los requerimientos de información establecidos, de manera que sea posible dictaminar la gestión de las entidades. El bajo nivel de cumplimiento de metas de producción y de efectividad de los indicadores, mostrado por las entidades del Sector Transportes e Infraestructura en el periodo 2017, así como el nivel de cumplimiento mostrado por las entidades del Sector Educativo en cuanto a las unidades de medida establecidas, que no fueron cumplidas a cabalidad, deben ser objeto de una revisión y seguimiento más estricto, por cuanto los resultados obtenidos, afectan el servicio público que brindan las instituciones a los usuarios y al país en general. Es necesario que las entidades de los sectores indicados, realicen un esfuerzo en el diseño y la programación de las unidades de medida, a fin de que las mismas sean sustantivas y que los indicadores establecidos puedan medir otras dimensiones a nivel de indicadores, incluyendo aspectos de índole de calidad del servicio brindado, tiempos de respuesta y optimización de recursos en cuanto a niveles de ejecución del presupuesto asignado. Las instituciones que conforman los sectores Transportes e Infraestructura y Educativo, reciben sumas muy importantes por concepto de transferencias del Gobierno Central, el



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cual realiza ingentes esfuerzos por trasladar los recursos correspondientes a las entidades que tienen asignados esos recursos, y cumplir de esta forma con los destinos específicos, engrosando con ello el déficit fiscal en los casos donde los ingresos corrientes no alcanzan para cumplir con los destinos específicos. Es preocupante que por otro lado, las entidades que reciben los recursos presenten bajas ejecuciones, ya que esta situación va en detrimento de la ciudadanía (población objetivo), la cual se perjudica al no recibir los bienes y servicios que fueron programados. Adicionalmente deben velar por la formulación de indicadores y metas retadoras, que no muestren sobre ejecuciones y que midan las necesidades reales de la población usuaria, así como establecer los responsables de que estas se cumplan, a fin de que rindan cuentas al Ministro Rector del Sector.

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