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MODELOS SANITARIOS Y LOGÍSTICA. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA PÚBLICA: MÓDULO I

U1 – MODELO SANITARIO Y MODELO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

© Centro de Estudios Colegiales – Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 1

U1. MODELO SANITARIO Y MODELO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Anna Riera: Licenciada en Medicina y Cirugía. Directora asistencial, de

análisis sectorial y de participación. Unió Catalana d’Hospitals.

M. Mercè Estrem: Diplomada Universitaria en Enfermería. Responsable de la

Secretaría Técnica Sanitaria. Unió Catalana d’Hospitals.

Montserrat Pareja: Diplomada en Enfermería, en Fisioterapeuta y en Gestió

de RRHH. Responsable de la Secretaría Técnica. Sector de atención a la

dependencia. Unió Catalana d’Hospitals.




Contenido

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3

2. MODELOS SANITARIOS ..................................................................................... 5 2.1. El modelo sanitario tipo Bismarck ................................................................ 7 2.2. El modelo sanitario tipo Beveridge ............................................................... 9

3. SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL ..................................................................... 11 3.1. El sistema de salud durante la dictadura ................................................... 11 3.2. Transición de un sistema de seguridad social a un sistema nacional de

salud .............................................................................................................. 13 3.2.1. Universalidad en el acceso .......................................................................... 18 3.2.2. Descentralización ......................................................................................... 21 3.2.3. Equidad en el acceso a los servicios y prestaciones ............................... 24 3.2.4. Financiación pública .................................................................................... 25 3.2.5. Participación social ...................................................................................... 27 3.3. El aseguramiento publico ............................................................................ 28 3.4. Prestaciones del SNS ................................................................................... 28 3.5. Recursos del SNS ......................................................................................... 32 3.6. El gasto sanitario .......................................................................................... 34

4. MODELO SANITARIO CATALAN...................................................................... 41 4.1. Marco legal general del modelo sanitario catalán ..................................... 43 4.2. Estructura funcional del sistema sanitario catalán ................................... 46 4.3. Financiación del sistema sanitario público catalán .................................. 51

5. MODELO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA .............................................. 52 5.1. Marco jurídico ............................................................................................... 54 5.2. Desarrollo de diferentes sistemas .............................................................. 57 5.3. Financiación de los Servicios Sociales y entidades prestadoras............ 57 5.4. Valoración de la demanda de servicios ...................................................... 60 5.5. La oferta de servicios ................................................................................... 64

6. CONCLUSIONES ............................................................................................... 67

7. CASOS PRACTICOS ......................................................................................... 68

8. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 71




1. INTRODUCCIÓN

La Primera Guerra Mundial es un momento histórico en el cual la

responsabilidad social empieza a adquirir fuerza y muchos países aprueban

leyes para ampliar la seguridad social existente. La evolución de los regímenes

de protección social logra su máxima expansión después de la Segunda

Guerra Mundial, cuando la mayoría de países avanzaron hacia sistemas de

organización de los servicios de salud. Concretamente, los países que

participaron en la guerra, se vieron obligados a dar respuesta a las

necesidades creadas y más tarde fueron apareciendo otras enfermedades

invalidantes y crónicas que unidas a la vejez de la población, comenzaron a

formar parte de las agendas de los gobiernos.

Actualmente, todos los países desarrollados, con excepción de Estados Unidos

(EEUU), cuentan con sistemas de protección social que dan cobertura sanitaria

a toda la población. En este sentido el modelo social de la Unión Europea (UE)

es el referente de lo que se podría considerar el “Estándar Internacional de

Servicios de Salud”. La generalización de este estándar incluye, cobertura

universal de toda la población con un sistema de seguro público y/o obligatorio,

financiación pública de este seguro, de acuerdo con el nivel de renta, cobertura

amplia de prestaciones y mecanismos de control de costes que aseguren la

sostenibilidad financiera del sistema.

Existe una diversidad de esquemas organizativos de los servicios de salud,

resultado de combinar de forma diferente los tres elementos básicos con los

que están construidos todos los Sistemas Nacionales de Salud (SNS), la

financiación, los proveedores y los mecanismos de asignación de los recursos

a los proveedores.




Ningún SNS es igual a otro, aunque conservan las bases de los modelos

teóricos y comparten elementos en común, se organizan de formas distintas y

utilizan instrumentos de planificación y gestión diferentes. Estas diferencias se

deben fundamentalmente a la cultura política de cada país, que determina la

gobernanza de los servicios públicos.

El SNS español es un ejemplo de ello. Si bien, se asienta en los principios de

universalidad y equidad en el acceso, financiación pública y participación

social, la descentralización de las competencias en materia de salud, asumidas

por las 17 Comunidades Autónomas (CCAA), representan formas distintas de

organización que se fundamentan en las condiciones previas que existían en la

red sanitaria y en la propiedad de los proveedores de servicios, en cada una de

ellas.

Desde hace unas décadas, los sistemas sanitarios se enfrentan a retos

perfectamente identificados, el incremento de la demanda de servicios

derivados del envejecimiento de la población, el aumento del volumen de

población cubierta por el fuerte crecimiento demográfico y las expectativas de

atención y servicios de una población con mayor nivel formativo. Dar una

respuesta adecuada a esta demanda, es uno de los principales desafíos a los

que se enfrentan los sistemas de protección social europeos, incluido el

español, en los que la asistencia sanitaria absorbe una importante proporción

del gasto social.

El gasto sanitario público en España muestra una tendencia constante

creciente a tasas superiores a las del Producto Interior Bruto (PIB), cuya

racionalización reviste una notable complejidad. Su continuo aumento pone en

peligro la sostenibilidad financiera del modelo sanitario español, modelo de

cobertura universal y con amplias prestaciones. No obstante esta tendencia es

común en los países del entorno.

En España, la percepción del sistema sanitario como componente básico del

estado del bienestar, está fuertemente arraigada entre los ciudadanos, que le




otorgan un elevado protagonismo entre las diferentes áreas de acciones

públicas. La valoración del sistema sanitario, en general, es positiva aunque

susceptible de abordar cambios debido a las diferencias territoriales en

políticas de salud.

Por otro lado, en la última década, el fenómeno de la dependencia, ha dejado

de ser considerado implícitamente un problema de índole fundamentalmente

privado que debe ser resuelto por las familias, ya sea mediante cuidadores

informales o contratando la ayuda de profesionales, bien en el ámbito

doméstico o en residencias asistidas. Los cambios sociales que se han

producido, incremento de la esperanza de vida y la mayor participación laboral

de las mujeres, han acentuado la necesidad de organizar colectivamente lo que

antes se venía resolviendo en el ámbito familiar.

Con la puesta en marcha en enero del 2008, del Sistema para la Autonomía y

Atención a la Dependencia en (SAAD) en España, todas las personas mayores

o con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas serán atendidas por

las Administraciones Públicas, garantizándoles el acceso a los servicios

sociales públicos y a las prestaciones económicas más adecuadas a sus

necesidades.

En este módulo, en primer lugar, abordamos una revisión de los principales

modelos de sistemas sanitarios. A continuación, después de un breve repaso

por la historia, exponemos los elementos que caracterizan el sistema sanitario

español y el sistema sanitario catalán. Y finalmente, explicamos cómo se ha

desarrollado el nuevo derecho a la atención de las personas en situación de

dependencia, como un nuevo derecho de ciudadanía.

2. MODELOS SANITARIOS

El modelo sanitario es la base ideológica (política) en la cual los estados

abordan la satisfacción del derecho a la atención sanitaria y de salud de sus

ciudadanos. Esta base teórica se asienta en la construcción del tipo de

prestaciones que deberán ofrecerse y la financiación que ha de sustentarla, los




criterios de planificación y gestión sanitaria, y la población que lo recibirá, ósea,

la financiación, la cobertura sanitaria y el acceso.

Se entiende por sistema sanitario, el conjunto de elementos materiales

(financiación, instalaciones, equipamientos), personales (profesionales

sanitarios y de soporte) y organizativos (instituciones) que llevan a cabo las

intervenciones y actividades de atención sanitaria dirigidas a las personas y a

la comunidad. Estas intervenciones o acciones de salud abarcan la atención a

las personas y al entorno, realizada con la finalidad de promover, proteger o

recuperar la salud, o de reducir o compensar la incapacidad irrecuperable,

independientemente de la naturaleza pública, estatal, no estatal o privada de

los agentes sanitarios. Los Sistemas de Salud o sanitarios son el reflejo de

importantes valores sociales que se expresan en los marcos jurídicos e

institucionales en los que se encuadra la formulación de las políticas de salud.

Por tanto, los sistemas sanitarios son el instrumento operativo del que se valen

los países para llevar a cabo los modelos sanitarios y responden a una

organización de servicios mediante la cual se da respuesta a las necesidades

sanitarias y en la que se desarrollan las políticas sanitarias establecidas en

base al modelo sanitario definido.

Aunque se reconoce que la expansión de los Sistemas de Salud se enmarca a

partir de la Segunda Guerra Mundial, cabe decir que sus origines se

encuentran en:

Sociedades de Socorro Mutuo: asociaciones voluntarias sin ánimo de

lucro, que nacen de la necesidad de dar respuesta al silencio estatal y a

las carencias financieras. La primera ley gubernamental que consideró,

fomentó y apoyó de manera específica estas sociedades, Act for the

Encouragement and Relief of Friendly Societies, se aprobó en Inglaterra

en 1793.




Sistema Zemstvo de Rusia: en 1864 la Rusia zarista crea un sistema de

proyección colectivizada de la sociedad rural, el llamado Zemstvo:

Gobierno o Consejo Civil provincial. Las autoridades provinciales

contrataban médicos pagados con fondos públicos procedentes de

impuestos y, asimismo, mantenían instituciones asistenciales y la labor

de medicina preventiva. Aparecen los hospitales rurales y de distrito.

Sistema Krankenkassen alemán 1884: su significado literal es “Cajas de

enfermos”. Es el primer sistema de Seguridad Social que se conoce.

Surge en Alemania, dentro de la obra política de Bismarck. Las

asociaciones de seguros mutuos, que primero eran voluntarias, se

hacen obligatorias. Sobre ello, Bismarck concibe un sistema unificado y

centralizado de tal asociacionismo. Este sistema, con modificaciones, se

ha mantenido hasta la actualidad.

La clasificación tradicional europea diferencia los Sistemas Nacionales Salud

de los sistemas basados en seguros sociales. En Europa, los sistemas de

salud actuales provienen de estos dos modelos: modelo sanitario tipo

Bismarck, basado en aseguramiento social y modelo sanitario tipo Beveridge,

basado en impuestos generales.

2.1. El modelo sanitario tipo Bismarck

El modelo de sistema sanitario tipo Bismarck, creado por Bismarck (Alemania)

en 1881, es el sistema clásico de aseguramiento social o de Seguridad Social

(SS). Este sistema está financiado mayoritariamente a través de cotizaciones

obligatorias de empleados (trabajadores) y empleadores (empresarios). Da

cobertura a la población cotizante y generalmente a sus familias.

Este modelo sanitario de seguro social, transfiere los fondos recaudados a la

Administración, que es la que gestiona los servicios sanitarios, con la compra

de servicios a los proveedores a los cuales paga tradicionalmente por acto.




Además, los usuarios del servicio, en muchos países que utilizan este sistema,

pagan parte del servicio en el momento en que lo utilizan (copago).

Este modelo beneficia a los trabajadores, que son los que cotizan, pero no a

toda la población. El objetivo de este sistema es garantizar al trabajador las

rentas, en caso de enfermedad, y garantizar a la empresa la reinserción laboral

del trabajador, o visto de otra manera, el objetivo de este sistema es la

sanación del trabajador para su inserción en el mundo laboral. Es por ello, que

este modelo, en sus inicios no contemplaba, la atención a la salud mental, ni la

patología crónica no reversible, ni otros aspectos de la atención sanitaria que si

contempla el sistema sanitario actual.

Tabla 1.1. Modelo sanitario de Seguridad Social

Modelo sanitario de Seguridad Social

Ventajas Inconvenientes

Mayor libertad de elección del proveedor por parte de los beneficiarios (médico de familia y especialistas)

Incremento de costes

Escasa importancia de las listas de espera Falta de control de calidad asistencial

Mayor satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos

Dificultad para garantizar la continuidad asistencial

En el modelo Bismarck, el Estado es el garante de las prestaciones sanitarias

mediante la correcta aplicación de los recursos obtenidos gracias a las cuotas

obligatorias. Se basa en el modelo de justicia conmutativa, donde cada quien

recibe beneficios de acuerdo con lo aportado. Como ya se ha mencionado, el

beneficio es para los trabajadores asalariados, por lo tanto su éxito se garantiza

mediante una masiva actividad laboral. Para los trabajadores que no pagasen

el seguro obligatorio, se creaban redes paralelas de beneficencia.

Alemania, país impulsor de este modelo sanitario, desde 1977 está

promoviendo medidas para contener el incremento de los costes. Entre las

medidas adoptadas destacaron en un principio, los presupuestos cerrados a los




proveedores, el aumento del copago y la exclusión de ciertos beneficios de la

cartera de servicios, como por ejemplo, la prestación de utilización de

balnearios. Más tarde, se introdujeron elementos de racionalización en la

utilización de fármacos, medidas de regulación de la calidad, mecanismos de

control de la tecnología de alta complejidad, medidas para aumentar la

competencia entre hospitales y aumentar el copago. A partir del año 2000 se

puso en práctica una nueva ley de reforma del sector salud que puso el énfasis

en incrementar la capacidad de los médicos de atención primaria para controlar

el acceso a los servicios especializados.

Este modelo sanitario, marcó las bases para los posteriores que, de acuerdo al

lugar y época, fueron introduciendo variables para poder desarrollar sus

políticas sanitarias. Entre los países que adoptaron este sistema sanitario se

encuentran, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Francia y la

mayor parte de seguros sociales de América Latina.

2.2. El modelo sanitario tipo Beveridge

En 1942, Lord Beveridge elaboró un informe, a petición del gobierno de

Londres, sobre la reconstrucción del sistema sanitario británico, titulado Report

to the Parliament on Social Insurance and Allied Services, o "Informe al

Parlamento acerca de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se

derivan". Este informe establecía que todo ciudadano en edad laboral debía

pagar una serie de tasas sociales semanales, con el objetivo de poder

establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, desempleo,

jubilación y otras. Este sistema permitiría asegurar un nivel de vida mínimo por

debajo del cual nadie debería situarse. Para convencer a los políticos

escépticos, Beveridge defendió su idea con una argumentación basada en que,

la asunción por parte del estado de los gastos de enfermedad y de las

pensiones de jubilación permitirá a la industria nacional beneficiarse del

aumento de la productividad, y como consecuencia, de la competitividad.




Los criterios básicos del aseguramiento social que se describen en el informe

son: universalidad de la población beneficiada, a diferencia del sistema de SS,

ya no está restringido a los trabajadores, régimen único que cubre todos los

riesgos y que ofrece uniformidad de prestaciones garantizando un nivel mínimo

igual para todos.

Al terminar la segunda guerra mundial, el primer ministro británico Winston

Churchill, anuncia entonces la puesta en marcha del Estado del Bienestar, tal y

como había sido definido en el informe Beveridge de 1942.

Así pues, el paradigma de Sistema Nacional de Salud es el británico, el

National Health Services (NHS), que implica prestar asistencia a los

ciudadanos con un nivel de prestaciones equitativo, sobre la base de un

derecho que le ha sido reconocido como persona humana y al margen de la

contribución que se haya aportado a esta finalidad.

Los sistemas nacionales sanitarios públicos, basados en el modelo sanitario

Beveridge, se caracterizan por:

Son sistemas universales: toda persona tiene derecho a un nivel de

prestaciones sanitarias y servicios públicos que se ofrecen a través de

una red sanitaria pública.

Garantizan la equidad de acceso (acceso regulado): se garantiza la

accesibilidad económica, cultural y territorial a los servicios sanitarios, la

asignación de recursos según los problemas y necesidades que se

detecten, la adecuación de las intervenciones sanitarias a los grupos de

población afectados, entre otras.

Ofrecen una cartera de servicios cerrada.

Se financian mediante impuestos generales.

Tabla 1.2. Modelo de Sistema Nacional de Salud




Modelo de Sistema Nacional de Salud

Ventajas Inconvenientes

Equidad Barreras no explicitas al acceso (listas de espera)

Eficiencia macroeconómica (limitación del incremento del gasto que supone la existencia de un presupuesto cerrado)

Ineficiencia de los servicios, incentivos inadecuados, falta de flexibilidad, distribución espacial inadecuada, etc.

Control efectivo de los costes (cartera de servicios cerrada)

La percepción de calidad y satisfacción con los servicios recibidos por parte de los beneficiarios

No obstante, para paliar los inconvenientes descritos, en los distintos países

que utilizan este sistema de salud, entre ellos, Inglaterra, España, Dinamarca,

Suecia, Noruega, Portugal y Italia, se ponen en marcha reformas orientadas a

mejorar la eficiencia de los servicios y la orientación al beneficiario, unas con

más éxito que otras.

3. SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

3.1. El sistema de salud durante la dictadura

El sistema sanitario español nace con la creación, a principios del siglo XX, del

Instituto Nacional de Previsión. En 1908, se aprueba la Ley de Creación del

Instituto Nacional de Previsión, que establece el régimen legal español de

Retiros Obreros, bajo el sistema de la libertad subsidiada de las pensiones de

vejez que libremente contrataban los obreros con este organismo.

Durante la Segunda República (1931-1936) se gestó el primer proyecto de

cobertura de salud para los trabajadores, cuyo desarrollo se truncó por la

guerra civil (1936-1939). En 1942, bajo la dictadura franquista, se aprobó, sin

cambios importantes, el proyecto republicano, apareciendo así la Seguridad

Social y el primer seguro social en salud, que se gestionaba a través del

Instituto Nacional de Previsión. Este seguro era para trabajadores con bajos

ingresos empleados en el sector industrial y para sus familias.




El aseguramiento público de la población española fue bastante limitado hasta

1963, año en el que la Ley de bases de la Seguridad Social lo extendió a los

profesionales autónomos y funcionarios. Los datos que se conocen indican que

el 20% de la población disponía de aseguramiento público en 1942 y el 45% en

1960.

Con la Ley de bases de la Seguridad Social, se suprimen los esquemas

anteriores de previsión y seguros sociales y se instrumenta el desarrollo del

Sistema de Seguridad Social, que se modifica y amplia en 1974 y que sigue

gestionado por el Instituto Nacional de Previsión. Con estos cambios, la

cobertura del aseguramiento público fue creciendo, de manera que en 1978, el

81% de la población estaba afiliada al Sistema de Seguridad Social.

Durante este tiempo, la población con escasos recursos, no cubierta por la

Seguridad Social, acudía a centros de beneficencia, que por regla general eran

propiedad o dependían de municipios, órdenes religiosas, fundaciones

benéficas o diputaciones provinciales.

La Seguridad Social en este periodo, era responsable de la atención de la

salud de los afiliados, y dependía del Ministerio de Trabajo, mientras que las

acciones consideradas de salud pública dependían del Ministerio de

Gobernación (no existía todavía un Ministerio de Sanidad). Paralelamente

existía una red de servicios de salud únicamente para el ejército, dependiente

del Ministerio de Defensa y, el Ministerio de Educación era responsable de los

hospitales universitarios, que atendía a la población asegurada y a la que

acudía a través de la beneficencia. No existía un órgano responsable del resto

de centros.

Por tanto, el Sistema de Seguridad Social estaba integrado verticalmente y

fuertemente centralizado. Además del nivel central y de los proveedores,

existían delegaciones provinciales que hacían cumplir las normas promulgadas

por el nivel central.

En su inicio, el Instituto Nacional de Previsión, para la atención asistencial

utilizaba servicios propios o contrataba proveedores externos. A partir de 1970,




la provisión de servicios para los asegurados se llevaba a cabo a través de la

red hospitalaria, de ambulatorios y consultorios propios de la Seguridad Social,

que era en aquel momento el principal organismo empleador de médicos y

profesionales de la salud.

El despliegue de la red de hospitales en el territorio español, se fundamentó en

el esquema de un hospital en cada capital de provincia. No obstante, Cataluña

se diferenció del resto porqué utilizaba centros hospitalarios que no eran

propiedad de la Seguridad Social, debido a que, antes de la Seguridad Social,

existían números centros hospitalarios que prestaban atención a la población y

al implantarse esta, se establecieron contratos con la red existente.

En síntesis, durante el periodo de la dictadura, el Sistema de Seguridad Social

estaba financiado por medio de las cotizaciones de los trabajadores, los

empresarios y las aportaciones del Estado. Era un sistema jerárquicamente

centralizado, con delegaciones provinciales que ejercían de transmisión y la

provisión era esencialmente pública, a excepción de Cataluña, y atendida por

funcionarios.

3.2. Transición de un sistema de seguridad social a un sistema nacional

de salud

La llegada de la democracia puso en marcha importantes cambios en el

sistema de Seguridad Social y de atención a la salud, que se detallan a

continuación:

En 1977, se creó el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social

En 1978, despareció el Instituto Nacional de Previsión y la Seguridad

Social se organizó y se separó en instituciones autónomas para cada

una de las ramas de prestaciones:

o Instituto Nacional de Salud (INSALUD), prestaciones medicas




o Instituto Nacional de la Seguridad Social, prestaciones

económicas

o Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), gestión de

servicios sociales

El INSALUD, era el encargado de gestionar la red de proveedores de

servicios sanitarios bajo la dirección del Ministerio de Sanidad de la

época, y siguió con esta función hasta finales del 2001, año en que

finalizaron las trasferencias a las CCAA, de las competencias en materia

de salud.

En 1978, la promulgación de la Constitución Española, supuso un hito

con respecto a la situación anterior, al reconocer la obligación de los

poderes públicos de mantener un régimen publico de Seguridad Social

(artículo 41) junto con la introducción del principio de protección, con

carácter universal, de las situaciones de necesidad. Concretamente, el

artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, asegura un

régimen sanitario público y determina que corresponde a los poderes

públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En 1984 se puso en marcha la reforma de la atención primaria de salud,

anticipándose a lo que sería una de las bases fundamentales del SNS,

configurándose una nueva forma de concebir la atención primaria, en

torno a áreas de salud.

En 1986 se promulgo la Ley General de Sanidad (LGS), que trasformo el

Sistema de Seguridad Social en un Sistema Nacional de Salud, de

cobertura universal, vinculado a la residencia en España. Esta Ley fue el

resultado de un importante consenso social y abrió las puertas a la

reforma sanitaria, partiendo de una concepción integral de la atención a

la salud, que comprende tanto las funciones de salud pública como las

de asistencia sanitaria.

Con el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la creación del

estado autonómico, a través de la Constitución Española, se establecieron los




fundamentos de lo que sería la posterior reforma sanitaria, encaminada a la

transformación de un Sistema de Salud de Seguridad Social a un Sistema

Nacional de Salud.

Durante los años siguientes a la promulgación de la Constitución Española, en

paralelo al proceso de descentralización de las CCAA, se llevaron a cabo

fuertes inversiones para la transformación de los antiguos ambulatorios en

modernos centros de salud conforme a la división territorial que establecía la

Ley General de Sanidad, en zonas y áreas de salud.

El nuevo modelo sanitario, basado en un Sistema Nacional de Salud, se define

legalmente como el conjunto de los servicios de salud de las CCAA y los

servicios que presta la Administración del Estado (artículo 44 de la LGS), que

integra todas las funciones y prestaciones sanitarias para el debido

cumplimento del derecho a la protección de la salud (articulo 45 LGS).

El Sistema Nacional de Salud se asienta sobre los principios de:

Universalidad en el acceso

Descentralización de la gestión

Equidad en el acceso a servicios y prestaciones

Financiación pública

Participación social

El denominado Sistema Nacional de Salud, vigente en la actualidad, se

constituyo a través de la integración de todos los sistemas públicos

anteriormente existentes, se descentralizo a las CCAA y se organizó

territorialmente en redes de servicios. Carece de personalidad jurídica propia,

como sistema, siendo las CCAA las que tienen la capacidad suficiente para

contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad

jurídica.

El órgano visible para la coordinación estatal y autonómica de la sanidad,

según establece la LGS, es el Consejo Interterritorial del SNS. Esta

coordinación debe ser entendida como “la fijación de medios y de sistemas de




relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica

en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades sanitarias

estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal

modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del

sistema sanitario”.

En el modelo de descentralización del SNS, cada CCAA tiene amplias

competencias para planificar y organizar sus servicios y por tanto han

desarrollado importantes aspectos del SNS, como la integración bajo un mismo

marco de todos los prestadores que dan atención con financiación pública, el

diseño e implantación de los mecanismos de relación con los proveedores, el

desarrollo del modelo de atención y la coordinación entre niveles asistenciales.

La salud pública y los servicios de beneficencia fueron trasferidos a todas las

CCAA en 1980, pero el resto de servicios, que corresponden aproximadamente

el 85% del presupuesto de sanidad, se fueron transfiriendo en distintos

momentos durante un periodo de 20 años. Las características históricas y

políticas de cada CCAA, además del largo periodo de descentralización (20

años), han implicado que el proceso de descentralización no haya sido

homogéneo.

En 1981 se inició el proceso de descentralización en Catalunya, en 1990 se

sumaron Andalucía, País Vasco, Valencia, Galicia, Navarra y Canarias.

Concluyó el proceso en diciembre de 2001 con las trasferencias a las restantes

10 CCAA. Por tanto 7 CCAA se descentralizaron 10 años antes que el resto.

En resumen, el actual SNS, de cobertura universal y financiado a través de

impuestos, tiene su origen en un sistema segmentado que evolucionó hacia un

sistema de Seguridad Social y, en la última reforma, se ha trasformado en un

SNS descentralizado a las CCAA.




Tabla 1.3. Diferencias entre el Sistema de Seguridad Social y el Sistema

Nacional de Salud

PRINCIPIOS SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Financiación Colectivo Contributivo

Impuestos

Cobertura Categórica Universal

Acceso Restringido Equitativo

Prestaciones Limitadas a.- Cartera de servicios definida b.- Integración: desde la promoción/prevención de la salud/ enfermedad, pasando por la curación y la rehabilitación / reinserción. c.- Prestaciones sanitarias. Cambio de concepto (Sociosanitario, Salud Mental)

Finalizaremos este apartado, haciendo referencia al Sistema de Seguridad

Social actual, como principal sistema de protección social del estado español

que ofrece mayoritariamente prestaciones sociales y en menor medida algunas

prestaciones sanitarias.

La regulación esencial de la Seguridad Social se recoge en la Constitución

Española y en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las

prestaciones de la Seguridad Social, son un conjunto de medidas que se ponen

en marcha para prevenir, compensar o superar determinadas situaciones de

infortunio o necesidad concretos, generalmente debidos a una pérdida de

ingresos o un exceso de gastos en las personas que los padecen.

Estas prestaciones, que suelen ser económicas, engloban una modalidad

contributiva, de ámbito profesional, que se financia en base a las cotizaciones

de los afiliados ósea que requiere cotización previa a la Seguridad Social, y una

modalidad no contributiva, de ámbito universal, que no requiere cotización

previa y que se financia en base a las aportaciones del presupuesto general del

estado.




Tabla 1.4. Prestaciones de la Seguridad Social

Prestaciones de la Seguridad Social

Prestaciones contributivas Prestaciones no contributivas

Jubilación SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez)

Jubilación

Invalidez Paro/Desempleo

Incapacidad temporal

Maternidad/Paternidad

Incapacidad permanente

Lesiones permanentes no invalidantes

Protección por muerte y supervivencia: auxilio por defunción, pensión de viudedad, pensión de orfandad

Prestación a favor de familiares: por hijos a cargo, por nacimiento de hijos, por parto múltiple

Prestaciones sanitarias: farmacéutica, ortoprotésica, transporte sanitario, tratamientos dietoterápicos complejos, oxigenoterapia domiciliaria

3.2.1. Universalidad en el acceso

El SNS español amplió considerablemente su ámbito de protección a través de

la extensión sin límite, lo cual garantizaba la protección a las personas sin

recursos y les concedía el acceso a la totalidad de los servicios de la red

pública en igualdad de condiciones que los trabajadores afiliados y sus

beneficiarios.

La LGS y un decreto posterior, concretaron y establecieron las condiciones de

la extensión de cobertura pública a personas sin recursos. Su entrada en vigor,

supuso un paso importante que situó la cobertura pública del 82%, en el 93%

de la población. A esto hay que añadir que en el año 2000, se promulgo una

Ley que extendía la cobertura de la sanidad pública a todos los extranjeros que

estén en España, siempre que estén empadronados y cumplan con los

requisitos generales establecidos para los residentes en el país.

Hasta la aprobación del “Real Decreto-ley 16/2012”, el acceso a los servicios

sanitarios públicos se realizaba a través de la Tarjeta Sanitaria Individual,




expedida por cada Servicio de Salud, que es el documento que identifica a

cada ciudadano como usuario en todo el Sistema Nacional de Salud.

Eran titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención

sanitaria pública:

Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los

términos previstos en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social.

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea,

que tienen los derechos que resulten del derecho comunitario

europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por el

Estado español y les sean de aplicación.

Los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, que

tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y

convenios suscritos.

Por tanto, el SNS daba cobertura prácticamente a toda la población, excepto:

La sanidad penitenciaria, que no ha sido traspasada y depende

funcionalmente del Ministerio del Interior.

La Guardia Civil y Fuerzas Armadas, cuyos servicios sanitarios se

prestan a nivel nacional, a través del Instituto Social de las Fuerzas

Armadas.

Los trabajadores del mar y sus beneficiarios, a los cuales se presta la

asistencia sanitaria a nivel nacional a través del Instituto Social de la

Marina.

Los funcionarios públicos, afiliados a MUFACE, que pueden optar entre

la sanidad pública y la privada.

Con la aprobación el 20 de abril de 2012 del “Real Decreto-ley 16/2012”, se

modifican las condiciones de acceso al SNS, que hasta el momento era un

sistema universal.




Con este Real Decreto se introduce el concepto de asegurado, de modo que la

asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del

Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la

condición de asegurado.

La condición de asegurado la cumplen aquellas personas que se encuentren

en alguno de los siguientes supuestos:

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad

Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.

b) Ser pensionista del sistema de la Seguridad Social.

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social,

incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en

la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la

condición de asegurado por cualquier otro título.

e) También tienen la condición de beneficiarios :

• Cónyuges de un asegurado

• Hijos menores de 26 años.

• Extranjeros comunitarios.

• Extranjeros no comunitarios con permisos de residencia.

Los inmigrantes ilegales no quedan cubiertos. Así como, los mayores de 26

años que no hayan cotizado en la Seguridad Social previamente, a no ser que

se declaren insolventes. En caso de no tener la condición de asegurado se

puede tener la prestación sanitaria, abonando el coste.




3.2.2. Descentralización

La principal característica del modelo sanitario español es la descentralización

de las competencias en materia de salud, a las 17 CCAA, que se sustenta en la

actividad de los servicios de salud autonómicos.

La Constitución Española de 1978 establece las competencias asumibles por

las CCAA y las exclusivas del Estado.

Tabla 1.5. Competencias de las administraciones públicas en materia

sanitaria

Administración del estado

Bases y coordinación de la sanidad

Sanidad exterior

Política del medicamento

Gestión de Ingesa

Comunidades Autónomas

Planificación sanitaria

Salud pública

Gestión servicios de salud

Corporaciones locales Salubridad

Colaboración en la gestión de los servicios públicos

Las competencias exclusivas del Estado en el ámbito sanitario son las

siguientes: sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y

legislación sobre productos farmacéuticos.

En relación con la legislación sobre productos farmacéuticos, la Ley del

Medicamento recoge esta materia como competencia exclusiva del Estado,

siendo competencia de las CCAA, en general, la ejecución de la legislación.

El campo de actuación en materia de salud pública y de asistencia sanitaria,

fue trasferido y asumido por las CCAA. La oleada de trasferencias de

competencias a las CCAA, duró 20 años, y finalizó en el año 2001, siendo




Cataluña la primera CCAA en recibir el traspaso, como ya se ha mencionado

anteriormente.

El proceso de descentralización ha sido muy lento y ha derivado en la

coexistencia de diversos modelos dentro del sistema sanitario español debido a

que se han incorporado los rasgos propios y diferenciadores de cada

comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la LGS, todas las CCAA han constituido sus

Servicios de Salud adscritos a los departamentos o consejerías de salud, y han

regulado la ordenación y actuación sanitaria a través de la Ley de Ordenación

Sanitaria, lo que ha supuesto la posibilidad de introducir diferentes formulas de

administración y gestión de los servicios sanitarios en cada territorio. En este

sentido la descentralización ha sido positiva en la medida que ha permitido la

innovación en gestión de los servicios sanitarios.

Las funciones adscritas a los Departamentos o Consejerías de Salud y a los

Servicios de Salud, son diferentes en cada CCAA. Los Departamentos o

Consejerías de Salud se reservan generalmente la función de planificación

sanitaria y financiación. Sin embargo, la función de compra de servicios o

provisión de servicios se ubica de forma diferente, bien en los departamentos o

consejerías, como por ejemplo en Navarra, o bien en los Servicios de Salud,

como es el caso de Catalunya y Madrid.

La asunción de competencias sanitarias por las comunidades autónomas

aproxima la gestión sanitaria a los ciudadanos y garantiza:

Equidad: acceso a las prestaciones y el derecho a la protección de la

salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio y libre

circulación de todos los ciudadanos.

Calidad: de evaluación del beneficio de las actuaciones clínicas

incorporando sólo aquello que aporte un valor añadido a la mejora de la

salud, implicando al sistema sanitario.




Participación: ciudadana tanto en el respeto a la autonomía de sus

decisiones individuales como en la consideración de sus expectativas

como usuarios del sistema sanitario.

Las CCAA constituyen el eje del sistema sanitario, surgido a partir de la LGS,

de modo que el SNS se configura como “el conjunto de los servicios de salud

de las CCAA convenientemente coordinados”. Las ciudades de Ceuta y Melilla

quedan excluidas del concepto CCAA y la gestión de las prestaciones

sanitarias corresponde al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Se reconoce, desde diversos ámbitos políticos y sociales, que la

descentralización es uno de los aspectos más positivos de la reforma sanitaria,

introduciendo dinamismo, innovación y mejora en la gestión. Sin embargo,

también parece que va ligada a una percepción de diferencias en el acceso y

en las prestaciones sanitarias entre CCAA. En cualquier caso, lo que procede

es explorar las áreas de mejora en la organización y gestión para hacer

efectivas las ventajas de la descentralización.

La gobernabilidad de un sistema tan complejo requiere el ejercicio activo y

eficaz de las funciones de coordinación, ejercidas en exclusiva por el Ministerio

de Sanidad, y que cuenta con el Consejo Interterritorial como principal órgano

de coordinación. Hasta el momento, los resultados no han sido satisfactorios y

por ello se requiere una revisión en profundidad en este tema.

El Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) es el órgano de coordinación,

cooperación y encuentro entre administraciones públicas sanitarias, la

administración central las autonómicas. Preside el CISNS el Ministro de

Sanidad, Política Social e Igualdad. La Vicepresidencia la desempeñada uno

de los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, elegido por y

entre los consejeros que lo integra.




3.2.3. Equidad en el acceso a los servicios y prestaciones

La LGS responde a la preocupación por garantizar la equidad interterritorial del

sistema y entre los principios generales del sistema sanitario, y determina el

acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva. Como

instrumento para superar las desigualdades territoriales, la ley establece que la

finalidad de las políticas de gasto sanitario y la financiación son el fundamento

para la corrección de las desigualdades sanitarias y la garantía de igualdad de

acceso a los servicios sanitarios.

Con el paso de los años, se ha puesto en evidencia que el gasto sanitario no es

un indicador apropiado para evaluar la equidad interterritorial, ya que un mayor

gasto sanitario no significa claramente mejor servicio.

Con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) se

incorporan principios para el cumplimiento efectivo de igualdad y calidad en la

prestación de servicios. Así mismo se establece un principio de coordinación y

cooperación de las Administraciones públicas para superar las desigualdades

en salud.

El principio de coordinación se diseñó en torno al principio de equidad y se

despliega con la incorporación de nuevos objetivos para el sistema:

Equidad en el acceso al sistema sanitario, que implica el acceso al

mismo servicio para igual necesidad.

Equidad en los recursos y equidad financiera, que implica equidad

estructural suficiente para conseguir equidad de acceso, que las CCAA

pueden completar con sus propios recursos.

Eficacia y efectividad en la introducción de técnicas y actividades que

contribuyen a mejorar la salud.

Eficiencia en la gestión, lograr la máxima y mejor atención con los

recursos disponibles.

Satisfacción del usuario.




3.2.4. Financiación pública

La financiación pública, mediante recursos de las Administraciones públicas,

forma parte desde sus inicios de las características fundamentales del SNS

(artículo 46.d de la LGS). La misma LGS estableció que la política de gasto

sanitario debería orientarse hacia la corrección de las desigualdades sanitarias

y garantizar la igualdad del acceso a los servicios sanitarios en todo el territorio

español (artículo 12). No obstante el modelo de financiación de la sanidad

autonómica no se definió en la LGS y hasta 1993 cada CCAA tenía un sistema

diferente.

En el proceso de construcción y consolidación del SNS, la financiación de los

servicios sanitarios se fue transformando, de un modelo de financiación con

contribución obligatoria del trabajador afiliado a la Seguridad Social hacia un

modelo de naturaleza no contributiva directa que implicaba que la financiación

debería ser asumida a través de impuestos, completándose este proceso en el

año1999.

Se pueden distinguir dos tipos de impuestos, los directos, que recaen sobre las

personas y las empresas en función de la renta o beneficio económico, y los

impuestos indirectos, que recaen en los bienes y servicios, como por ejemplo,

el alcohol y el tabaco. Una parte de la recaudación obtenida con los impuestos

sirve para financiar los servicios de salud públicos. Esto significa que cada año,

el presupuesto destinado a salud compite directamente con otros programas

públicos como la educación, la defensa y la vivienda y se corre el riesgo

potencial de que no se mantengan los mismos niveles de financiación. No

obstante en España, hasta el momento, se han mantenido los niveles de

financiación en materia de salud.

Dicho esto, en la actualidad, el origen de la financiación del SNS son los

impuestos generales del Estado y los copagos. La financiación es solidaria,

cada persona aporta según sus ingresos y recibe según sus necesidades. Así

pues, el acceso a las prestaciones sanitarias, en el momento de su utilización,

es gratuito, salvo en las excepciones que estable el Real Decreto-Ley 16/2012




de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la

calidad y seguridad de sus prestaciones, ya mencionadas en este documento.

El Decreto también determina modificaciones en cuanto a la aportación de los

beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria y expone que la

aportación del ciudadano (copago) será proporcional al nivel de renta que se

actualizará, como máximo, anualmente.

El primer pacto de financiación en España (1993-1997) unificó que los fondos

que se recaudaban a través de los impuestos, y que eran trasferidos a las

CCAA, de acuerdo con la LGS, debían ser asignados sobre la base del criterio

de población protegida, ósea criterio capitativo. En la práctica, no era fácil

actuar en este sentido, ya que no se conocía a ciencia cierta el volumen de

población que tenía derecho a utilizar el sistema, solo se conocía la población

censada. El segundo pacto de financiación (1998-2001) continuó manteniendo

el criterio de población protegida e introdujo algunas correcciones por docencia,

formación de médicos y desplazados.

En 2002, dejó de existir una financiación específica en materia de salud,

separada del resto de las trasferencias de recursos financieros. Por tanto, los

servicios de salud actualmente se financian, como el resto de servicios

públicos, en base a los fondos generales trasferidos a las CCAA por el Estado.

No obstante, esta integración de la financiación en las CCAA, todas ellas están

obligadas a destinar a la gestión sanitaria un determinado volumen de recursos

y a que su evolución se haga de acuerdo con los índices predeterminados,

básicamente en función de la evolución de la cartera de impuestos. Además,

cabe añadir que, las CCAA pueden establecer recargos sobre determinados

impuestos para completar la financiación sanitaria, como por ejemplo las

comunidades de Catalunya y Madrid que han introducido un recargo sobre el

impuesto del hidrocarburo.

Las CCAA asignan un presupuesto cerrado global, a los Departamentos o

Consejerías de Salud, porque tienen autonomía de gestión en su territorio, y

estos aplican un sistema de compra o de pago a los proveedores de servicios

sanitarios.




3.2.5. Participación social

La sanidad es un punto clave de la protección social, por su mayor presencia

en la vida cotidiana de los ciudadanos. La LGS sentó las bases para reforzar la

posición de los ciudadanos en su relación con el sistema. Se diseñaron los

derechos y deberes de los ciudadanos, que les situarían en los principales

protagonistas, introduciendo la posibilidad de elección y articulando las vías de

reclamación.

Además, a comienzos de los años 90, a iniciativa del entonces Ministerio de

Sanidad y Consumo y en colaboración con el Centro de Investigaciones

Sociológicas (CIS), comenzaron a realizarse en España estudios de opinión

enfocados a conocer la perspectiva de los ciudadanos. A partir de 1995 estos

estudios han dado lugar a lo que hoy conocemos como Barómetro Sanitario.

Resaltamos algunos datos publicados recientemente:

El 68,1% de los ciudadanos piensan que el Sistema Nacional de Salud

funciona bien, solamente un 4,9% opinan que debería rehacerse por

completo y un 26,2% de los ciudadanos opinan, no obstante, que es

necesario introducir cambios importantes para su mejora.

Respecto a la evolución de los diferentes servicios que presta el Sistema

Nacional de Salud, la opinión más frecuente entre los ciudadanos es,

que tanto Atención Primaria como Hospitalización han mejorado.

En este sentido, en Catalunya, en octubre de 2012, se creó el Consell

Consultiu de Pacients, como órgano asesor representativo de las asociaciones

de pacientes frente a la Administración catalana. Este Consell permite dar voz

directa a lo ciudadanos y posibilita la participación en el proceso de elaboración

de las políticas sanitarias del Departament de Salut.




3.3. El aseguramiento publico

Se denomina aseguramiento a la determinación, tanto de los individuos

beneficiarios de un sistema de salud, como de las prestaciones a las que tienen

derecho y las condiciones de acceso a las mismas.

Para definir los servicios garantizados a la población asegurada, el sistema de

salud, ha de conocer cuáles son los problemas de salud más importantes de la

población, para prevenirlos y resolverlos y cuáles son las intervenciones más

costo efectivas (mismo resultado de salud a menor coste). Para esto se lleva a

cabo el proceso de planificación sanitaria.

En España el modelo de aseguramiento para la población es el Sistema

Nacional de Salud, financiado por impuestos y de cobertura universal. Los

servicios que se prestan a población y el acceso, siguen un camino común

entre CCAA marcado por la cartera de servicios del SNS. No obstante las

CCAA pueden establecer servicios complementarios a su población, en función

de su capacidad financiera y de las necesidades de su población.

La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud es el conjunto

de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de

los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y

experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las

prestaciones sanitarias. Contiene los servicios básicos y comunes, necesarios

para llevar a cabo una atención sanitaria adecuada, integral y continuada a

todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud.

3.4. Prestaciones del SNS

El conjunto de servicios que el Sistema Nacional de Salud ofrece a los

ciudadanos incluye actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas,

rehabilitadoras y de promoción y mantenimiento de la salud. La cartera de

servicios básica se establece en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y




calidad del Sistema Nacional de Salud y en el Real Decreto 1030/2006, de 15

de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

Cartera de servicios básicos y comunes a todos los ciudadanos del SNS

Atención Primaria

En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de

promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad,

asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, rehabilitación y

trabajo social.

Se incluyen aquí todas las actividades preventivas, la promoción y educación

para la salud, la atención familiar y la atención comunitaria. Se realizan

actividades de información y vigilancia en la protección de la salud y se ofrecen

servicios de rehabilitación física.

Además, se realizan una serie de actividades específicas, la mayoría dirigidas

a grupos de población o de riesgo concretos:

Atención a la adolescencia

Atención a la mujer

Atención a la infancia

Atención al adulto: grupos de riesgo y pacientes crónicos

Atención a la salud bucodental

Atención paliativa a enfermos terminales

Atención a la salud mental

Atención especializada

La atención especializada comprende las actividades asistenciales,

diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, además de las de




promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad,

cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel.

La atención especializada comprende: la asistencia especializada en consultas,

en hospital de día médico y quirúrgico, la hospitalización en régimen de

internamiento, el apoyo a la atención primaria en el alta precoz y

hospitalización a domicilio, la atención paliativa a enfermos terminales, la

atención a la salud mental y la rehabilitación en pacientes con déficit funcional.

Incluye también los servicios de: cuidados intensivos, anestesia y reanimación,

hemoterapia, rehabilitación, nutrición y dietética, seguimiento del embarazo,

planificación familiar y reproducción humana asistida. Asimismo proporciona la

indicación, prescripción y realización de procedimientos diagnósticos y

terapéuticos.

Atención de urgencia

Se dispensa en aquellos casos en que sea necesario atender al paciente de

forma inmediata. Se realiza tanto en los centros sanitarios como fuera de ellos

(domicilio del paciente, in situ,…) durante las 24 horas del día.

Puede prestarse por la atención primaria, la especializada, o los servicios

especialmente dedicados a esta atención urgente.

Salud pública

Iniciativas organizadas por las administraciones públicas para preservar,

proteger y promover la salud de la población. Está orientada por un lado al

diseño e implantación de políticas de salud y por otro lado al ciudadano.

Se concreta en información y vigilancia epidemiológica, protección de la salud

(diseño e implantación de políticas de salud y ejercicio de la autoridad

sanitaria), promoción de la salud y prevención de las enfermedades y




deficiencias, protección y promoción de la sanidad ambiental, protección y

promoción de la salud laboral y promoción de la seguridad alimentaria.

Prestación farmacéutica

Comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de

actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a

sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos

individuales, durante el período de tiempo adecuado.

Prestación ortoprotésica

Comprende los elementos necesarios para mejorar la calidad de vida y

autonomía del paciente. Incluye productos sanitarios, implantables o no, para

sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien para modificar,

corregir o facilitar su función. La prestación está regulada por un catálogo

específico.

Productos dietéticos

Dispensación de los tratamientos dietoterápicos a las personas que padezcan

determinados trastornos metabólicos congénitos, y nutrición enteral domiciliaria

para pacientes a los que no es posible cubrir sus necesidades nutricionales, a

causa de su situación clínica, con alimentos de uso ordinario.

Transporte sanitario

Desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya

situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte, en

situaciones de urgencia o imposibilidad física del interesado.




Cartera de servicios complementaria de las CCAA

Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán

aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán la cartera de

servicios comunes que debe garantizarse a todos los usuarios del Sistema

Nacional de Salud.

Podrán incorporar aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos no

contemplados en la cartera común, para lo que establecerán los recursos

adicionales necesarios. En cualquier caso estos servicios complementarios no

están incluidos en la financiación general de las prestaciones del Sistema

Nacional de Salud.

3.5. Recursos del SNS

En este apartado se hace referencia a los recursos materiales “instalaciones y

equipamientos” y a los recursos personales “profesionales” que constan en la

web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicados en

Información y Estadísticas Sanitarias 2014.

Recursos materiales “instalaciones y equipamientos”

Centros de salud: el SNS cuenta con 3.034 centros de salud y 10.202

consultorios locales a los que se desplazan los profesionales del centro

de salud de la zona con el fin de acercar los servicios básicos a la

población.

Hospitales: el SNS cuenta con 759 hospitales, 453 públicos y 306

privados, dotados con 139.994 camas en funcionamiento y 156.868

camas instaladas.

Del total de los 759 hospitales, 467 son hospitales generales, 83

hospitales especializados, 126 hospitales de media y larga estancia y 83

hospitales de salud mental y toxicomanías.




En cuanto a la forma de gestión de los centros, de los 453 hospitales

públicos, 156 son de gestión directa por parte de los servicios de salud,

122 centros están gestionados por entes, empresas o fundaciones

públicas. En el sector privado, la sociedad mercantil es la forma jurídica

más habitual, que aplica a 202 hospitales.

Quirófanos: el SNS cuenta con una dotación total de 4.267 quirófanos,

de los cuales 436 son quirófanos propios de Cirugía Mayor Ambulatoria

y 944 paritorios.

Alta tecnología dependiente de los hospitales: la tomografía axial

computerizada (TAC) es la alta tecnología más extendida en los

hospitales y centros dependientes, con un total 739 unidades. El número

de mamógrafos dependientes de hospitales asciende a 635, seguido de

la resonancia magnética con 541 unidades.

Recursos personales “profesionales”

A 31 de diciembre del 2012 trabajaban en los hospitales españoles 509.062

personas de forma fija (vinculados mediante contrato, ya sea como personal

funcionario, laboral o estatutario, a jornada completa o parcial). De este

colectivo, 378.512 es personal sanitario, siendo el más numeroso el que

corresponde a los profesionales de enfermería con 146.329 efectivos, seguidos

de los auxiliares y técnicos con 136.936, médicos 83.557 y el resto de

profesionales sanitarios que configuran la cifra total son 11.690.

Fuente: INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS 2014. Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad.




3.6. El gasto sanitario

La gran preocupación del gobierno por la sostenibilidad financiera del sistema

sanitario español, se fundamenta en la tendencia mantenida del incremento del

gasto sanitario, que se viene observando, como consecuencia tanto de factores

de oferta como de demanda.

Como factores de oferta, destaca el aumento continuado de los costes de

provisión de la asistencia sanitaria, debido a la incorporación de profesionales

cada vez más cualificados y a la innovación tecnológica y terapéutica. En

cuanto a factores de demanda, se observa un aumento de la utilización de los

servicios sanitarios derivada, en su mayor parte, del envejecimiento de la

población, la cronificación de enfermedades, la escasez de servicios

sociosanitarios y la medicalización de la población.

La evidencia disponible, en relación al aumento del gasto, indica que el cambio

en la estructura etaria, debido al envejecimiento de la población, tiene una

incidencia menor en el gasto sanitario, que los factores ligados a la gestión de

los servicios, en concreto el la incorporación de tecnología sanitaria y los

medicamentos.

Esta tendencia de aumento del gasto sanitario en España, que es común en los

países del entorno, convierte el gasto sanitario en la segunda partida

presupuestaria en importancia, después de las pensiones.

La contención del gasto sanitario público ha sido y es, objeto de numerosos

debates. Por un lado, algunos autores creen que podría ser moderado

mediante el racionamiento, limitación de la cartera de servicios, listas de espera

o extensión de copagos, por otro lado, están los autores que opinan que se

puede contener el gasto sanitario mediante una gestión más adecuada de los

costes. En cualquier caso, la contención del gasto debe enmarcarse dentro del

contexto de la demanda y de la oferta. Por el lado de la demanda, en términos




políticos, introducir medidas correctoras es impopular, por tanto, las medidas

de primera elección, siempre se producen por el lado de la oferta.

Como ya hemos mencionado en otros apartados, en España, el gobierno ha

introducido medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS.

Medidas, que por otro lado, no se aplican por igual en todas las CCAA.

Gasto sanitario por CCAA

En el contexto del modelo sanitario español de gestión descentralizada, las

CCAA responden del 90% del gasto sanitario, que representa

aproximadamente el 35% de sus presupuestos.

En términos globales, en las tablas siguientes, se muestra la evolución del

gasto sanitario público consolidado 2008-2012, y se observa que en 2009

finalizó la tendencia alcista que venía experimentando históricamente el gasto

sanitario público.

Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales

e Igualdad.

Desde la perspectiva económica global, se observa que la retribución de

personal, que alcanzó en el año 2012 un total de 27.984 millones de euros, es

el gasto que absorbe un mayor porcentaje del total.




Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales

e Igualdad.

Para analizar el gasto por CCAA, utilizaremos los datos publicados en el

informe de información estadística que ofrece el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad para el periodo 2012. En la interpretación de los

datos es importante tener en cuenta que un 7,9 % del gasto sanitario público de

España no se recoge territorializado en la estadística.




Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.

En relación a su población, en 2012, las comunidades con mayor gasto

sanitario público son Cantabria (1.762 euros por habitante), el País Vasco

(1.573 euros por habitante) y el Principado de Asturias (1.536 euros por

habitante). Las comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía

(1.091 euros por habitante), las Illes Balears (1.155 euros por habitante) y la

Comunidad de Madrid (1.180 euros por habitante).

En cuanto al porcentage del PIB, Extremadura, con un 9,5%, Cantabria, con un

8,3% y la Región de Murcia, con un 7,9 %, son las comunidades que

presentaron en el año 2012 un porcentaje más elevado. La Comunidad de

Madrid, con un 4,1% y Cataluña, con un 4,9 %, se situaron en el extremo

opuesto.

Desde la óptica de la clasificación económica, el componente del gasto

sanitario de las comunidades autónomas con mayor peso tambien es la

remuneración del personal. En la tabla siguiente se puede observar la

distribución por CCAA del gasto publico en remuneracion de personal.





El porcentaje del gasto sanitario público dedicado por las comunidades

autónomas a la remuneración de su personal osciló entre el 35,3 % de

Cataluña y el 52,1 % de la Comunidad Foral de Navarra.

Desde la óptica de la clasificación funcional, el gasto sanitario en servicios

hospitalarios y especializados es el de mayor peso en la clasificación (incluye el

personal sanitario y los servicios de diagnostico y tratamiento con/sin

internamiento, la estructura de gestión, las CCEE y urgencias).





En cuanto al gasto farmacéutico, las CCAA gestionaron en 2012 el 95,5 % del

total del gasto en farmacia del sistema sanitario espanyol. Es importante

destacar que un 4,5 por ciento del gasto farmacéutico público no se recoge

territorializado en la estadística. Este gasto corresponde a los sectores

Mutualidades de Funcionarios (4,1 %) y Sistema de Seguridad Social (0,4 %).




Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público 2012. Ministerio de Sanidad,

Servicios sociales e Igualdad.

La contribución del gasto farmacéutico al total del gasto sanitario público

consolidado de la comunidad autónoma osciló entre el 13,0 % de Cantabria y el

22,3 % de Galicia, como se observa en la siguiente tabla.





La interpretación de las diferencias del gasto sanitario agregado, que se

observan entre CCAA resulta compleja porque inciden numerosos factores que

son diferentes entre ellas: necesidades sanitarias diversas, evolución histórica

de la oferta, eficiencia en la gestión de los servicios sanitarios, utilización de los

servicios, esfuerzo fiscal, priorización presupuestaria respecto a otras políticas,

utilización de servicios sanitarios privados, entre otros.

4. MODELO SANITARIO CATALAN

Catalunya gestiona su modelo sanitario desde 1981, año en el que España se

encuentra inmersa en la finalización de un periodo social (1950-1980) de

desbalance regional, en el cual la sociedad catalana se caracterizaba por un

incremento poblacional derivado de los flujos migratorios de las zonas rurales a

las capitales de provincia, debido al polo de atracción que suponía su

desarrollo industrial. El impacto migratorio repercutió en la población total y de

forma especial en la clase trabajadora, que estaba constituida por trabajadores




asalariados, pequeñas y mediana empresas y profesionales liberales

independientes y en la población total.

Sin embargo, la planificación sanitaria en 1981 estaba basada en los

trabajadores asalariados, no sobre la base de la población total, debido a que

el sistema sanitario se sustentaba en un modelo de Seguridad Social. Por

tanto, se generó una insuficiencia de recursos sanitarios públicos para atender

las necesidades de asistencia sanitaria de la población.

Para hacer frente a esta situación, la decisión política que se adoptó fue la de

aprovechar la red de recursos existentes de la sociedad civil (instituciones

religiosas, mutualidades, fundaciones privadas, administraciones locales), que

representaban el 70% de las camas disponibles, e incorporarlos a la red

pública de proveedores, que disponían del 30% de las camas.

El despliegue del primer Mapa sanitario de Catalunya (1981-1983), recogía la

voluntad de aprovechar los recursos existentes, y para garantizar un perfil

básico del sector hospitalario basado en la gestión y los servicios, se inició la

aplicación de una primera normativa de acreditación de hospitales de agudos,

que ha evolucionado con el paso del tiempo.

La Acreditación de centros sanitarios en Cataluña, se define como el proceso

por el cual una organización sanitaria se incorpora a una verificación externa

que evaluará el nivel en que dicha organización se sitúa en relación a unos

estándares establecidos previamente y consensuados. Su principal objetivo es,

ser una herramienta eficaz para asegurar la competencia de la organización e

incentivar a los centros hacia una mejora global y progresiva. El resultado del

proceso de acreditación se materializa a través de un certificado.

En el periodo 1983-1989 se establecen las bases del modelo sanitario catalán,

con la creación de l’Institut Català de la Salut (ICS), entidad gestora de las

prestaciones y servicios sanitarios heredados de la Seguridad Social, la

creación de la Xarxa Hospitalaria de Utilització Pública (XHUP), el inicio de la




Reforma de la Atención Primaria (RAP), el plan de reordenación sanitaria y la

descentralización y el control de gestión.

En 1990 se formalizó el modelo sanitario catalán con la aprobación de la Llei

d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LLOSC), que recoge la voluntad política

de incorporar al SNS todas las entidades que prestaban asistencia sanitaria en

el periodo de insuficiencia de recursos públicos instalados.

Así pues, el modelo sanitario catalán se caracteriza, por la creación de redes

asistenciales de proveedores públicos donde la titularidad no es exclusiva de la

administración sanitaria. Este modelo basado en redes asistenciales, implica la

necesidad de establecer relaciones formales entre el financiador y el proveedor

de servicios asistenciales.

Tabla 1.6. Principios del modelo sanitario catalán

Principios del modelo sanitario catalán

Financiación pública

Acceso universal a las prestaciones

Catálogo de prestaciones, cartera de servicios concreta

Gratuidad en el momento de la utilización

Provisión mixta pública y privada de los servicios públicos

Coexistencia de un sistema de aseguramiento y provisión privado, de carácter no sustitutorio.

4.1. Marco legal general del modelo sanitario catalán

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones públicas

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. El

modelo sanitario catalán se ampara en un marco legal que se fundamenta en la

Constitución Española, como legislación suprema y se complementa con

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, además de leyes, decretos y reglamentos

que regulan el sector salud.




A continuación, detallamos el marco legal del modelo sanitario catalán por

orden cronológico:

1978. La Constitución Española. Garantiza a todos los ciudadanos el

derecho a la protección de la salud, como un principio rector de la

política social. Además otorga a los poderes públicos las competencias

de organización de la educación sanitaria, las medidas preventivas y la

prestación de los servicios.

1979. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Reconoce las competencias

de la Generalitat en materia de legislación básica de sanidad interior y la

posibilidad de organizar los servicios sanitarios. Reserva para el Estado

la alta inspección.

1981. El decreto de trasferencias. Se pone en marcha el traspaso de

servicios e instituciones a la Generalitat.

1983. Se abre el camino para el despliegue del Mapa Sanitario, se

publica l’ Ordre d’Acreditció Hospitalària y l’ Ordre de concerts. Se

aprueba la Ley de Administración Institucional de la Sanidad, Asistencia

y Servicios Sociales de Catalunya.

1983. Se crea l’ Institut Català de la Salut.

1985. Se crea la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP), se pone

en marcha la Reforma de Atención Primaria (RAP) y el Plan de

reordenación hospitalaria que facilita la reconversión de las instituciones

sanitarias.

1986. Se aprueba la Ley General de Sanidad (LGS) que integra en el

SNS todos los servicios públicos de salud y prevé la constitución de los

Servicios de Salud de las CCAA y la coordinación de estos mediante el

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

1990. Se aprueba la LLei d’Ordenació Sanitaria de Catalunya (LLOSC)

que establece la separación de las funciones de planificación, de compra

y de provisión de servicios sanitarios. Se consolida un sistema mixto de




provisión, reconociendo la diversificación de los proveedores sean o no

de titularidad pública (mutuas, consorcios, fundaciones, centros de la

iglesia) y se prevé la creación del Servei Català de la Salut (CatSalut)

para la compra de servicios sanitarios. Se formaliza el modelo sanitario

catalán.

1995. Se modifica la LLOSC. Se profundiza en la diversificación de

proveedores de atención primaria, se crea un nuevo modelo de

financiación y un plan de servicios sanitarios y sociosanitarios.

1999. Se publica un Decreto por el cual se crea la red de centros y

servicios de salud mental de utilización pública de Catalunya.

1999. Se publica un Decreto por el cual se crea la red de centros y

servicios sociosanitarios de utilización pública de Catalunya.

2000. Se publica un Decreto por el cual se configura el sistema sanitario

integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT).

2003. Se aprueba la Ley de cohesión y calidad del Estado, que actualiza

la LGS. Esta ley condiciona las posibilidades de desarrollo adicional de

las CCAA, en especial en el ámbito de los sistemas de información.

2006. El nuevo Estatut d’Autonomia de Catalunya se centra en el ámbito

de la salud en temas como la gratuidad, la libre elección, el derecho a la

información, el consentimiento y la confidencialidad. En otros puntos

también se observa que se condiciona el desarrollo de sistemas de

información.

2006. Se aprueba el decreto de Creació dels governs territorials de salut

(GTS) que potencia la descentralización interna, prevé la posibilidad de

compartir la gestión de los servicios sanitarios con las administraciones

locales e impulsa la coordinación entre proveedores de servicios

públicos con la intención de mejorar la atención prestada a la

ciudadanía.

2007. Se aprueba la ley de l’ICS que lo trasforma en una empresa

pública.




Además de la legislación normativa, el sistema de salud catalán se nutre de

instrumentos de planificación de los servicios sanitarios con una visión de

futuro para dar respuesta a las necesidades de la población:

Plan de salud.

Mapa sanitario, sociosanitario y de salud pública.

Planes directores: enfermedades del aparato circulatorio, del aparato

respiratorio, de aparato locomotor y enfermedades reumáticas,

oncología, sociosanitario, salud mental y adiciones.

Planes estratégicos de reordenación de servicios.

Plan de innovación de atención primaria.

Así mismo, cuenta con la participación de comisiones de profesionales como

fórum de debate no vinculante entre profesionales y la administración para

tratar aspectos profesionales que surjan en el territorio.

4.2. Estructura funcional del sistema sanitario catalán

La LLOSC configura el sistema sanitario catalán que se caracteriza por:

Separación de la función de financiación y compra de servicios para la

provisión

Diversificación de proveedores

Mercado mixto de competencia planificada y regulada

Diversidad de formas de gestión

Descentralización de servicios

Desconcentración de la organización: regiones sanitarias y sectores

sanitarios

Participación comunitaria: comités de dirección, comités de salud,

participación de los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias




En este contexto descrito, la atención sanitaria en Catalunya se estructura de la

siguiente forma:

Tabla 1.7. Estructura funcional sanitaria de Catalunya

Departament de Salut Política sanitaria: plan de salud, planificación, acreditaciones, regulación, evaluación.

P R O V I S I Ó N

(Derecho)

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Aseguradora publica: Compra/contratación de servicios Control de calidad / utilización de centros asistenciales Gestión de flujos de usuarios Ordenación asistencial en el territorio

Regiones sanitarias Las regiones sanitarias cuentan con una dotación adecuada de recursos sanitarios de atención primaria y de atención especializada para atender las necesidades de la población. A su vez, cada región se ordena en sectores sanitarios. 7 regiones sanitarias:

Sectores sanitarios Las regiones sanitarias se organizan en sectores sanitarios. Los sectores sanitarios son el ámbito en el que se desarrollan y coordinan las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, salud pública y asistencia sociosanitaria en el nivel de atención primaria y de las especialidades médicas. Los sectores sanitarios están constituidos por la agrupación de áreas básicas de salud.

Contratación de servicios con la red de proveedores públicos

SISCAT: Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (red de proveedores)

P R E S T A C I Ó N

(Ejecución)

Atención Primaria

Hospitalaria Atención Sociosanitaria

Salud mental

XAPUP ICS 80%

EBA y Concertados

20%

XHUP Hospitales

públicos (ICS) 30%

Hospitales concertados

70%

XSSUP Centros

Concertados 100%

XSMUP Centros

Concertados 100%




El Departament de Salut es el ente de la administración pública sobre el cual

recae la responsabilidad de marcar la dirección para tener un sistema sanitario

planificado y capaz de anticiparse a los retos de futuro, orientado a la respuesta

de las necesidades de los ciudadanos y que sea el garante de la sostenibilidad

y de la eficiencia del sistema. Para ello, determina las políticas sanitarias que

se han de llevar a cabo y se dota de instrumentos operativos: plan de salud,

mapa sanitario, sociosanitario y de salud pública, plan de inversiones, planes

directores, etc.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) es el ente público, integrador y

regulador, responsable de garantizar la prestación de servicios sanitarios de

cobertura pública para todos los ciudadanos. Para ello se organiza en regiones

sanitarias, dispone de una red sanitaria de utilización pública (SISCAT) y se

dota de instrumentos de evaluación.

La distribución del territorio en regiones sanitarias obedece al principio de

proximidad permitiendo conocer mejor las necesidades de salud de la

población y establecer una relación próxima con los proveedores de servicios

de cada una de las 7 regiones sanitarias y de los respectivos sectores

sanitarios.

El CatSalut, garantiza la asistencia sanitaria a la población, mediante contratos

de compra con el SISCAT, red de proveedores sanitarios de utilización pública,

distribuidos por el territorio. Los contratos de compra de servicios determinan la

cantidad de actividad que se compra a cada proveedor, el precio y el método

de pago, los requisitos de información y el cumplimento de los objeticos del

plan de salud. Dispone de instrumentos de evaluación tanto para el

cumplimento del contrato como de satisfacción de los ciudadanos con los

servicios recibidos.




El SISCAT consta de todos los proveedores sanitarios que prestan atención a

los asegurados del CatSalut, ósea, toda la población de Catalunya. Según el

tipo de atención que prestan, los proveedores se clasifican en:

Red de proveedores de atención primaria de utilización pública (XAPUP)

Red de proveedores de atención hospitalaria de utilización pública

(XHUP)

Red de proveedores de atención sociosanitaria de utilización pública

(XSSUP)

Red de proveedores de atención de salud mental de utilización pública

(XSMUP)

El SISCAT es un sistema de provisión mixto configurado por muchas entidades

de naturaleza jurídica diferente. Lo que determina el carácter público de la

prestación de servicios es la financiación y no la propiedad o naturaleza jurídica

de las entidades que prestan el servicio sanitario.

Se considera un proveedor sanitario público, una entidad que presta asistencia

sanitaria por cuenta del sistema sanitario público, es decir, que la asistencia se

financia con los impuestos destinados al presupuesto sanitario. El servicio

asistencial que prestan los proveedores públicos es gratuito en el momento de

su utilización por parte de los ciudadanos, está pagado por terceros, y

financiado por los impuestos.

En la red de proveedores de servicios sanitarios públicos del sistema sanitario

público catalán se distinguen dos tipos de proveedores, el proveedor público,

Institut Català de la Salut (ICS), y el proveedor concertado:

El proveedor ICS es una empresa pública, propiedad del estado que

desarrolla una función pública. Capital 100% publico, gestión pública.

Por su naturaleza jurídica, el proveedor concertado se distingue en dos

tipos, las empresas públicas y consorcios (EPIC), de capital 100% público y

gestión privada y las entidades privadas, de capital y gestión privada:




o Empresa pública: Entidad de derecho público y capital público. La

titularidad pertenece a la Generalitat de Catalunya pero la actividad

se sujeta al derecho privado. Las empresas públicas posibilitan una

gestión más autónoma y más flexible de los servicios sanitarios.

o Consorcio: Ente público institucional, de carácter asociativo,

voluntario e indefinido, con personalidad jurídica propia e

independiente de la de sus miembros, con plena capacidad para

obrar, constituido para conseguir una finalidad de interés común. La

creación de los consorcios sanitarios ha permitido,

fundamentalmente, dar respuesta a unas necesidades concretas de

ordenación y optimización de recursos mediante la compra de

servicios por la Generalitat de Catalunya y la aportación de los

recursos humanos y la experiencia de gestión de las entidades

consorciadas. El capital es 100% público.

o Entidades privadas: Entidades que ofrecen servicios sanitarios, con

capital privado y gestión privada. Tipos:

Fundaciones: entidades sin ánimo de lucro, constituida

por personas físicas o jurídicas mediante la afección de

unos bienes o de unos derechos de realización a

finalidades de interés general. Los fondos fundacionales

son los bienes o derechos valorables económicamente

que le permiten llevar a cabo las actividades

fundacionales. El patronato, es el órgano de gobierno

que representa a la fundación y el garante de que

cumpla con la finalidad fundacional. Debe estar

constituido como mínimo por tres personas físicas o

jurídicas, no puede ser retribuido por el cargo, pero sí

que puede recibir el pago de los gastos que le ocasione

ejercerlo. Las fundaciones deben estar registradas en el

protectorado de fundaciones, órgano que depende del

Departament de Justícia, y que vela por que se cumplan




las finalidades fundacionales respetando así la voluntad

de las personas fundadoras.

Entidad de base asociativa EBA: Entidad con

personalidad jurídica propia, constituida totalmente o

mayoritariamente por profesionales sanitarios. Pueden

ser Sociedad Anónima SA, Sociedad Limitada SL,

Sociedad laboral o Sociedad cooperativa. En el

momento de constituirse y repartir el capital social, se

puede optar por las siguientes opciones, o bien los

profesionales tienen la titularidad de la totalidad del

capital social en acciones o participaciones, o bien los

profesionales tienen la titularidad del 51% del capital

social y de la parte restante puede ser titular persona

física o persona jurídica, esta ultima debe tener como

objetico social la prestación o gestión de servicios

sanitarios o sociosanitarios.

Entidades privadas de titularidad diversa.

4.3. Financiación del sistema sanitario público catalán

Los recursos que los países destinan a sus sistemas sanitarios, la financiación,

son limitados, mientras que existe una demanda ilimitada, que quizás sea en

parte, la consecuencia de que la provisión de servicios se hace de forma

gratuita. No se conoce un nivel óptimo de cuáles deben ser los recursos que

cualquier país debería destinar a su sanidad. Sin embargo, es voluntad de

cualquier gobierno, conseguir un sistema sanitario que funcione de forma

eficiente ya que ello es la garantía de que le posiciona en una situación idónea

para afrontar nuevas necesidades de salud y que le permitirá incorporar una

mayor cantidad de recursos.




En Cataluña, la función de financiación corresponde al Parlament de Catalunya

que asigna los recursos económicos a los diferentes departamentos de la

Generalitat de Catalunya, entre ellos el Departament de Salut. Por ello, el

sistema sanitario catalán es un sistema con financiación pública, de cobertura

universal, al que todos los ciudadanos de Cataluña tienen acceso. Este sistema

tiene un responsable del seguro público: el CatSalut.

De forma gráfica, exponemos a continuación el modelo de financiación de

Cataluña y la distribución de las partidas presupuestarias del Departament de

Salut (DS):

Figura 1.4. Modelo de financiación de Cataluña

5. MODELO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La implantación, en España, de la ley de Promoción de la Autonomía Personal

y Atención a las Personas con Dependencia (LAPAD) ha establecido un

sistema formal para la atención de aquellas personas que, por encontrarse en




situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las

actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía

personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. En efecto, la

LAPAD reconoce y pone en relieve numerosos documentos y decisiones sobre

estos derechos que diferentes organizaciones internacionales, como la

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Europa y la Unión

Europea ya habían expuesto.

Los cambios demográficos y sociales en este país han producido un cambio

progresivo de la población en situación de dependencia, generando la

necesidad de configurar un sistema integral de atención desde una perspectiva

global y con la participación activa de toda la sociedad, dando una respuesta

firme, sostenida y adaptada a las necesidades de estas personas.

Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la

igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía, en los términos

establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, (SAAD) con la colaboración y

participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por parte de

la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de

derechos para todos los ciudadanos.

Dependencia está definida como el estado de carácter permanente en el que

se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra

u otras personas o ayudas técnicas importantes para realizar sus Actividades

de la Vida Diaria (AVDs) o, en el caso de las personas con discapacidad

intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.




5.1. Marco jurídico

La Constitución Española de 1978, establece el compromiso, cuando fueron

decisivas las políticas sociales, con la consecución de mayor grado de justicia

social y contiene un mandato expreso para que los poderes públicos realicen

una función promocional del bienestar social, a través de las políticas sociales

necesarias:

Artículo 1° España se constituye en un Estado social y democrático de

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Especificando en los artículos 1, 9, 10 y 14, que los principios rectores de la

política social y económica, presta atención a determinados colectivos,

como juventud (art. 48); disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (art.

49); tercera edad (art. 50) y a la familia e hijos (art. 39).

De todo ello se desprende que sin los Servicios Sociales estos principios

fundamentales quedarían vulnerados. Los Servicios Sociales son una vía para

tratar de cubrir los desajustes económicos y sociales y cuyo fin es conseguir la

calidad de vida para todas las personas y el bienestar colectivo.

Otro punto importante a resaltar en la Constitución es su voluntad de aproximar

los Servicios Sociales al ámbito geográfico donde se encuentran las

necesidades, hecho que creó dudas y dificultades a las Comunidades

Autónomas (CCAA), siendo con los Estatutos de Autonomía y las leyes de

Servicios Sociales cuando quedaron más concretadas.

Las leyes de Servicios Sociales tienen por objeto implantar en las

Comunidades Autónomas un sistema público de Servicios Sociales que ponga

a disposición de las personas y grupos, recursos, acciones y prestaciones para

el logro de su pleno desarrollo. Así como la prevención, tratamiento y

eliminación de las causas que conducen a la marginación.




La reestructuración de los diferentes departamentos ministeriales, tal como

consta en el Real Decreto 1313/2010, corresponde hacerla al Ministerio de

Sanidad, Política Social e Igualdad, así como la política del Gobierno en

materia de salud, de planificación en la asistencia sanitaria y de consumo, y el

ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para

asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.

Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno

en materia de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor

y de atención a las personas dependientes o con discapacidad.

También le corresponden las políticas del Gobierno en materia de igualdad,

luchar contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género.

Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en

situación de Dependencia. (LAPAD)

El 14 de diciembre del 2006 se aprobó en las Cortes Generales la Ley de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de

Dependencia (LAPAD) que establece un nuevo derecho para todos los

ciudadanos.

Todas las personas mayores o con discapacidad que no puedan valerse por sí

mismas serán atendidas por las administraciones públicas, quienes tienen la

obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos y a las prestaciones

económicas más adecuadas a sus necesidades.

Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de

servicios y de prestaciones económicas, teniendo la prestación de servicios

carácter prioritario. Las prestaciones y servicios contemplados por la (LAPAD)

se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas CCAA en el

ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas.

Desde que la LAPAD comenzó su despliegue e implantación en 2007 ha

experimentado un amplio progreso en distintos ámbitos, así como su desarrollo

normativo, la cooperación con las CCAA, la financiación del Sistema y el




perfeccionamiento del Sistema informático para gestionar los datos relativos al

Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ( SISAAD) des del Instituto

de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) hace que se materialicen en

porcentajes los resultados obtenidos en cuanto al número de personas en

situación de dependencia que son objeto de atención.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, requiere una

cooperación, coordinación e interacción entre el Estado, las Comunidades

Autónomas y las Entidades Locales. Por ello, se crea el Consejo Territorial del

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de

cooperación para la articulación del SISAAD, que estará integrado por

representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades

Autónomas.

Correspondería al Consejo Territorial, acordar el Marco de cooperación

interadministrativo para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10 de la

LAPAP, los criterios comunes de composición y actuación de los órganos de

valoración, los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la

situación de dependencia, las características comunes del órgano y de los

profesionales que procedan al reconocimiento de la situación de dependencia y

del derecho a las prestaciones, los criterios comunes de acreditación de

centros y planes de calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia, los estándares esenciales de calidad para cada uno de los

servicios, y los objetivos y contenidos del Sistema de información del SAAD.

Así como promover los diferentes planes de atención que surjan durante el

desarrollo de la ley

Las Administraciones Sanitarias, mediante el Consejo Interterritorial, podrán

establecer acuerdos de cooperación para llevar a cabo actuaciones sanitarias

conjuntas en materia de protección de la salud, atención sanitaria, productos

sanitarios, farmacia, y recursos humanos, entre otras.




5.2. Desarrollo de diferentes sistemas

Las Comunidades Autónomas completan el desarrollo de LAPAD mejorando y

modificando normativas con el fin de mejorar la eficacia en la aplicación de la

Ley. En cada CCAA se crea una Cartera de Servicios Sociales (CSS) que

ayuda a determinar las prestaciones de servicios sociales, su financiación y

cobertura territorial. Todas tienen unos rasgos generales o comunes, y están

sustentadas en base a dos tendencias: homogeneidad de la estructura formal

de las leyes y la heterogeneidad en sus aplicaciones.

La desigual de los Servicios Sociales en las distintas CCAA está relacionada

según el compromiso político, y la garantía de reconocimiento de determinados

derechos de los ciudadanos.

Comunidad de Cataluña

En Cataluña se configura el nuevo sistema de Servicios Sociales que parte del

principio de universalidad en el acceso a través de La Ley de Servicios

Sociales en Cataluña. Este nuevo modelo se articula por medio de la Cartera

de Servicios Sociales.

5.3. Financiación de los Servicios Sociales y entidades prestadoras

La financiación de los Servicios Sociales es con cargo a los Presupuestos

públicos Presupuestos Generales del Estado, Seguridad Social, Comunidades

Autónomas y Corporaciones Locales. Teniendo en cuenta también la

colaboración de la iniciativa privada así como la participación de las personas

que los soliciten (copago).

Las Leyes de Servicios Sociales regulan la distribución de competencias,

reservándose las Administraciones Autonómicas las funciones de planificación,




coordinación, supervisión y control, y las Corporaciones Locales (Diputaciones

y Ayuntamientos) la gestión, ejecución y desarrollo de los servicios.

Formas de financiación de los servicios sociales y aportación de los

beneficiarios en las CCAA

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio determinará la

cuantía y la forma de abono a las Comunidades Autónomas de las cantidades

necesarias para la financiación de los servicios y prestaciones previstos en el

artículo 9 de esta Ley.

No en todas las CCAA el copago por parte de la persona beneficiaria se

contempla de la misma forma, todo y que la LAPAD marca específicamente

que las prestaciones sociales son financiadas por las administraciones

públicas, y que Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia

participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio

y su capacidad económica personal.

Sera el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia de cada Comunidad Autónoma quien fijará los criterios para la

aplicación del copago, siendo la LAPAD la que especifica que ninguna persona

quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos

económicos.

Entidades prestadoras de servicios sociales en las CCAA.

Entidades prestadoras son, toda persona física o jurídica, legalmente

reconocida como tal, que sea titular de Centros de servicios o desarrolle

programas de servicios sociales.

Son entidades prestadoras:

La Administración autonómica.

Las Entidades locales.

Las Entidades de iniciativa social.

Las Entidades de iniciativa privada con ánimo de lucro.




Todas las entidades prestadoras de servicios sociales, habrán de estar

inscritas, con carácter previo al inicio de sus actividades, en un Registro

Administrativo creado al efecto en el que se clasificarán en alguna de las

categorías establecidas anteriormente.

La Administración autonómica podrá concertar plazas para los beneficiarios de

la Ley en los Centros de iniciativa privada, tanto social como lucrativa,

(colaboración publico-privada) sin que en ningún caso el precio convenido

pueda superar el coste medio de las mismas en los Centros públicos en el área

de actuación correspondiente.

Entidades públicas: Son aquellas que pertenecen a la administración pública

local (ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones provinciales)

autonómicas y a la Administració central.

Entidades privadas de iniciativa social: Son fundaciones, asociaciones,

cooperativas, organizaciones de voluntariado y otras entidades e instituciones

sin ánimo de lucro que ofrecen diferentes servicios sociales. Para realizar este

servicio, este sector necesita la cooperación financiera de las administraciones

públicas.

Entidades privadas de iniciativa mercantil: Son persones jurídicas y otras

entidades privadas con ánimo de lucro o cualquier otra forma de sociedad

reconocida por la legislación mercantil que ofrezca servicios sociales a la

población. El sector mercantil tiene un papel importante, especialmente por la

provisión que hace de servicios residenciales y de atención diurna para las

personas mayores, personas con discapacidad, personas con

drogodependencias, etc. Su actividad está regulada y reglamentada des del

sector público.

Empresas Gestoras, son aquellas en las que la administración delega

mediante concurso público la prestación de los servicios.




Figura 1.5. Esquema general del sistema de asistencia social en Cataluña

5.4. Valoración de la demanda de servicios

Cada Comunidad Autónoma determinará los órganos de valoración de la

situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de

dependencia, con especificación de los cuidados que la persona pueda

requerir.

El Consejo Territorial deberá acordar unos criterios comunes de composición y

actuación de los órganos de valoración de las Comunidades Autónomas que,

en todo caso, tendrán carácter público.

Podrán solicitar recurso de atención y beneficiarse toda aquella persona que

cumpla los siguientes requisitos (art.5 LAPAD):

Ser español.




Residir en territorio nacional (al menos 5 años y siempre que los dos

últimos sean anteriores a la fecha de solicitud).

Ser declarado "dependiente" por el órgano evaluador de la Comunidad

Autónoma correspondiente.

Valoración del Grado y nivel de dependencia (Baremo - Calculadora).

La valoración del grado de dependencia que las administraciones tendrán en

cuenta la ha de realizar el equipo de profesionales que cada Comunidad

Autónoma ha acreditado,

El Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) establecido por la LAPAD,

establece los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la

persona y su capacidad para realizar las AVDs permitiendo así determinar las

situaciones de dependencia moderada, dependencia grave y de gran

dependencia. Este baremo es acordado por el Consejo Territorial del Sistema

para la Autonomía y atención a la dependencia.

http://www.inforesidencias.com/calcula_dependencia.asp

En algunas CCAA existe una calculadora informatizada que permite

determinar la aportación de la persona usuaria en la prestación del servicio

(copago) y la aportación pública.

Grados de dependencia

Los Grados de dependencia, se clasificará en los siguientes grados (art.26 de

LAPAD):

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para

realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o




tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía

personal.

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para

realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero

no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo

extenso (ayudas técnicas) para su autonomía personal.

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar

varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida

total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo

indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo

generalizado para su autonomía personal.

Las personas que sean declaradas dependientes, podrán recibir (art.14de

LAPAD):

Directamente servicios, prestados a través de la oferta pública de la Red

de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, mediante centros

y servicios públicos o privados concertados.

De no ser posible, la atención mediante un servicio, se podrá recibir una

prestación económica, de carácter periódico. Deberá estar vinculada a la

adquisición de un servicio que se determine adecuado para las

necesidades de la persona beneficiaria. (Prestación Económica Vinculada

al Servicio (PEVS)

Con carácter excepcional, se podrá recibir una prestación económica para

ser atendido por cuidadores no profesionales: familiares de la persona

dependiente.




Programa Individual de Atención (PIA)

Es el instrumento que utilizan los servicios sociales para determinar las

modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades de las

personas entre los servicios y las prestaciones económicas previstas según el

grado y nivel de dependencia.

El PIA incorpora la participación de la persona beneficiaria y/o la familia o las

entidades tutelares que la representen.

Para confeccionar este programa, el profesional que lo realiza tiene en cuenta

el aspecto social y de entorno de la persona solicitante, la capacidad

económica, las preferencias y necesidades, así como la disponibilidad de

recursos en el momento de acordar los servicios o las prestaciones más

adecuadas a su situación personal y preferencias.

La LAPAD prioriza, siempre que sea posible, las prestaciones de servicios

públicos, dejando como excepcional la prestación económica.

Tabla 1.8. Circuito Solicitud Servició Social / Dependencia




Tabla 1.9. Proceso de Valoración de la Dependencia

Proceso Quien lo gestiona

(El órgano competente de cada Comunidad Autónoma)

Tiempo medio

de resolución

Solicitud Consejerías de Bienestar Social y Familia de la CA (Ayuntamientos, Consejos comarcales...)

3 meses Valoración Profesionales determinados por la CA de la persona a valorar

Resolución de grado y nivel Consejerías de Bienestar Social y Familia de la CA

Elaboración del Plan Individual de Atención (PIA)

Determinado por la CCAA Servicios Sociales, ayuntamientos, centros propios, ……

3 meses

Resolución Servicios y Prestaciones

Consejerías de Bienestar Social y Familia de la CA

5.5. La oferta de servicios

Cobertura Territorial de las prestaciones de servicio

La administración en el caso de que la persona beneficiaria escoja una

prestación garantizada, le habrá de ofrecer un recurso público o concertado lo

más cercano posible a su domicilio, teniendo en cuenta los servicios

disponibles.

En el caso de que la persona beneficiaria no acepte el recurso ofrecido, cada

CCAA tiene una normativa al respecto, generalmente podrá optar por otra

prestación social de entre los diferentes recursos que le ofrezca la

administración, previa renuncia del recurso inicialmente ofrecido.

Cartera de Servicios Sociales

Las Carteras de Servicios Sociales no son el único instrumento social para

atender las necesidades de la población, La LAPAD prevé, programas




transversales, proyectos comunitarios y actuaciones que se pueden realizar a

través de entidades colaboradoras.

Se diferencian:

prestaciones garantizadas, exigibles como derecho subjetivo. La

administración ha de proveer de los créditos suficientes para poder dar la

atención. Estas prestaciones no son totalmente gratuitas teniendo los

usuarios que participar en el pago (art 66 de ley SSC).

prestaciones no garantizadas, están sujetas a la disponibilidad

presupuestaria

En Catalunya la Cartera de Servicios Sociales (CSS) determina el conjunto de

prestaciones de servicios, económicos y tecnológicos que ofrece el sistema

público de servicios sociales según lo establecido en la (SSC) , la CSS es el

instrumento que asegura el acceso a las prestaciones que la población

necesite, teniendo como destinatario a las personas que se encuentran en

situaciones con necesidad de atención especial (riesgo social, dependencia,

enfermedad mental, discapacidad física o intelectual, drogadicción, ….). En ella

se definen cada tipo de prestación, así como a la población a que va dirigida, el

establecimiento, equipo profesional que la ha de gestionar y sus ratios,

estándares de calidad y criterios de acceso.

Catalogo de Servicios en las diferentes CCAA

Tabla 1.10. Relación de los servicios de prevención de las situaciones de

dependencia y los de promoción de la autonomía personal según LAPAD

Servicio Descripción Forma de prestación

Servicio de Teleasistencia

Atención en el domicilio de la persona con una tecnología adecuada que permite detectar situaciones de emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento, dando una respuesta rápida a estas situaciones y garantizando la comunicación permanente de la persona con el exterior

En domicilio





Servicio de Ayuda a domicilio

Actividades que se desarrollan básicamente en el domicilio de la persona, mediante personal cualificado y supervisado, ofreciendo actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas / familia con dificultades para permanecer o desenvolverse e integrarse en su medio habitual

En domicilio

Atención de las necesidades del hogar

Actividades dirigidas a la ayuda de las necesidades básicas de la persona en su domicilio, están dirigidas a dar atención y ayuda a la persona/familia con dificultades en el desarrollo de la integración social o falta de autonomía personal

En domicilio

Cuidados personales

Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria en el domicilio, desplazamientos, ect…

En domicilio

Servicio de Centro de Día y de Noche

Servicio dirigido a persones en situación de dependencia que no tienen atendidas sus necesidades básicas en horario diurno o nocturno. Facilita la permanencia de la persona en su domicilio y entorno familiar.

Centro diurno o nocturno

Centro de Día para mayores

Servicio de acogida diurna que da apoyo a las personas mayores que necesitan organización, supervisión y asistencia en las actividades de la vida diaria y que complementa la atención propia del entorno familiar

Centro diurno

Centro de Día para menores de 65 años

Servicio de acogida diurna fuera del domicilio de la persona que da apoyo adecuado según la edad y la necesidad en relación a las actividades de la vida diaria que la persona necesite complementado la atención propia del entorno familiar

Centro diurno

Centro de Día o Noche de atención especializada

Servicio de acogida diurna o nocturna fuera del domicilio de la persona que presta atención especializada en horario diurno o nocturno y que no necesitan el servicio de residencia

Centro diurno o nocturno

Servicio de Atención Residencial

Servicio de acogida residencial de carácter temporal o permanente para personas mayores con una autonomía suficiente para realizar las actividades de la vida diaria y requieren un determinado nivel de organización y ayuda personal, en un entorno substitutivo de su domicilio

Centro residencial

Residencia de personas mayores en situación de dependencia

Servicio de acogida residencial de carácter temporal o permanente para personas mayores con una autonomía insuficiente (grado de dependencia) para realizar las actividades de la vida diaria, siendo una prestación garantizada por la administración.

Centro residencial

Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad

Servicio de acogida diurna o residencial que presta atención especializada a personas con graves discapacidades o enfermedad mental, siendo una prestación garantizada por la administración.

Centro residencial





Prestaciones económicas: 1. Cuidados en entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. 2. Asistencia personal. 3. Prestación económica vinculada a servicio.

Es una prestación económica de carácter excepcional destinada a las personas beneficiarias para: 1. Ser atendidas por cuidadoras/es no profesionales, siempre que aquellas puedan se cuidadas en su domicilio por su entorno familiar, se den condiciones adecuadas de convivencia y así lo establezca su (PIA). 2. Su finalidad es la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia, contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. 3. Se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado y cuidado en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.

Prestación economía temporal / permanente

6. CONCLUSIONES

El sistema sanitario español, financiado con los impuestos generales del

Estado, es un sistema solidario, ya que cada persona aporta según sus

ingresos y recibe según sus necesidades.

El sistema sanitario español debe centrarse en dar respuesta a las

necesidades de salud de los ciudadanos, principales protagonistas, con

derechos y deberes, que refuerzan su posición en relación con el sistema.

Los Servicios de Salud de las CCAA, necesitan poner en marcha reformas

orientadas a mejorar la eficiencia de los servicios, garantizando la orientación al

ciudadano, para asegurar la sostenibilidad del sistema.

El sistema sanitario español debe avanzar hacia un sistema de visión integral y

integrada de los problemas de salud, para ello debería evolucionar hacia una

ordenación asistencial que garantice la continuidad asistencial.

El modelo sanitario catalán, se configura como un modelo propio y diferenciado

del existente en el conjunto de CCAA del Estado español. Se ha consolidado




como un modelo que ha potenciado el desarrollo de los procesos de compra,

planificación, contratación y evaluación de servicios.

Respecto al modelo de atención a la dependencia, en la actualidad los

servicios que se están dando a las personas en situación de dependencia

abarcan tanto el ámbito social como sanitario especialmente en el Grado III, por

tanto es importante demostrar la eficiencia y eficacia que representaría la

coordinación con los servicios sociosanitarios.

La ley de atención a la dependencia establece la necesidad de la participación

de la iniciativa privada en la prestación de servicios a la población, para que

estas entidades puedan ofrecer unos servicios de calidad, es necesario que las

administraciones establezcan un mapa claro de recursos, en el que se

determinen las necesidades territoriales de plazas residenciales u otros

servicios como centros de día, atención a domicilio, teleasistencia. Así como la

adecuación de las tarifas de concertación o gestión al coste real.

En relación al copago que debe hacer el beneficiario del servicio de atención a

la dependencia, debería acordarse un nivel unificado para todas las CCAA,

estableciendo un nivel de copago máximo, incorporando unos criterios

unificados en relación a la capacidad económica, nivel de dependencia y

prestación otorgada. De esta manera se contribuiría a una cohesión social y

territorial.

7. CASOS PRACTICOS

Caso 1

El SNS español, es un servicio público del Estado, que abarca a la totalidad de

la población. Después de las transferencias en materia de salud, el SNS está

constituido por 17 Servicios de Salud pertenecientes a las 17 CCAA. Estos




Servicios de Salud, de propiedad y financiación pública, se organizan de

manera similar, aunque con diferencias entre ellos.

Cuestiones a reflexionar

¿Cuáles son los principios fundamentales del SNS español?

¿Cuántos sistemas de salud se pueden identificar en España?

Nota: Para ver y contestar la pregunta de este caso, debe acceder a la versión

on line del curso, que encontrará en el Campus del CEC.

Caso 2

Alicia es empleada de una entidad bancaria, situada en Sevilla, CCAA de

Andalucía. El banco donde trabaja, le ha ofrecido un puesto de trabajo en

Tarragona, mucho más interesante del que desempeña ahora y que le permitirá

ascender. El cambio es para 5 años. Después de pensarlo y consultarlo con su

familia, decide aceptarlo. Se traslada a Tarragona, una ciudad desconocida

para ella y su familia, que pertenece a la CCAA de Cataluña. Alicia está casada

y tiene un hijo de 6 años. Una vez ya instalada en su nueva ciudad, un día su

hijo presenta fiebre y vómitos. Los síntomas le preocupan y decide llevar a su

hijo al centro de AP más cercano, y para ello se asegura de llevar la tarjeta

sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que es la que ella tiene hasta el

momento.


¿Pertenece el centro de AP al SNS español?

El hijo de Alicia, ¿tiene derecho a ser atendido en el centro de AP?

¿Le atenderán con la tarjeta sanitaria del SAS?






Caso 3

La Constitución Española en 1978 realizo el compromiso de potenciar el

Bienestar Social de la población española, especificado cuales han de ser los

principios rectores de la política social y económica.

El objeto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las

Personas con Dependència tiene como objeto reconocer a los ciudadanos de

España, un nuevo derecho, universal, subjetivo i perfecto a las personas en

situación de dependencia.


¿Cuáles son los principios fundamentales de las políticas sociales según

la Constitución española?

¿Cuáles serian los principios fundamentales de la LAPAD?



Caso 4

Jean Lefevre, nacido el 28 de enero de 1935 en Paris, vive con su hijo y familia

des de hace 10 años en Badalona, (Barcelona) hasta hace 1 año y medio era

una persona autónoma, pero sufrió un accidente de tráfico que le ha dejado

como secuela permanente una imposibilidad de aguantarse solo de pie y de

caminar sin la ayuda de un caminador, además de un profundo miedo a salir

solo de casa, este impedimento físico, ha hecho que en la familia uno de sus

miembros reduzca su jornada laboral para ayudar a que Jean se pueda asear

y vestir, dado que para la acción de levantarse de la cama como para vestirse

necesita que lo ayuden parcialmente también ha de dejarle el desayuno

preparado antes de dejarlo solo en casa, teniendo siempre en cuenta que

alguno de los miembros de la familia estará a la hora de la comida y cena con

él, Jean no ha perdido las facultades mentales y puede relacionarse

perfectamente y tomar sus propias decisiones todo y que para realizarlas si ha




de desplazarse fuera de casa no puede hacerlo solo. Delante de esta situación

y debido a la disminución de ingresos económicos, la familia se plantea la

posibilidad de pedir la ayuda que se ofrece a las personas con dependencia.


¿Por qué el Sr. J.Lefevre o la familia puede solicitar la ayuda que ofrece

la LAPAD?

¿Con quién habría de hablar la familia para que les puedan gestionar la

ayuda ?

Calcular el Grado de Dependencia utilizando la calculadora que

encontrareis en la




8. BIBLIOGRAFÍA

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