I N D I C EI N D I C E

FOROJ U L I O

20061

EditorialCoyunturaMarcelo ContrerasEconomíaLuis Eduardo Escobar F.Reforma Sistemas de PensionesGonzalo D. MartnerLas Brechas de la EquidadCarlos OminamiDebate ProgresistaMaría Teresa Fernández de la VegaEntrevista a Jaime Gazmuri

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EditoraXimena Gattas

Director y Representante LegalMarcelo Contreras

DiseñoVisión Comunicaciones

ImpresiónATG Impresores

FOROChile 21

Presidente Honorario:Director Ejecutivo:Directora Ejecutiva

Adjunta:Dirección:

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Carlos OminamiEugenio LaheraMaría de los AngelesFernándezCompañía 1085, piso 1269917006735296chile21@chile21.clwww.chile21.cl

a caída de 10 puntos porcentuales en la aprobación a lagestión de la Presidenta Michelle Bachelet, que puedeser explicada por el tiempo en que fue tomada -en mediode una movilización estudiantil que alcanzó una granlegitimidad y apoyo en la opinión pública-, unida a ciertosdesajustes y problemas de coordinación de los equiposde gobierno, propios de su proceso de instalación,

representa un llamado de atención de la ciudadanía no sólo en relaciónal gobierno, sino también a la propia clase política y, en particular, ala oposición que muestra el nivel más bajo de aprobación ciudadanaa la forma como está desarrollando su labor.

Mucho se ha especulado con la idea que este es un gobierno ciudadano.Una idea que no se origina en el propio gobierno y que la propia Jefadel Estado se ha apresurado a desechar. Este es un gobierno políticocomo el que más. La Presidenta es militante de un partido; sus ministrosy subsecretarios, en su gran mayoría, militan en partidos y el gobiernoresponde a una coalición política que ha ganado todas y cada una delas elecciones populares desde el retorno a la democracia y que hoy haalcanzado una mayoría parlamentaria, tras terminar con los senadoresvitalicios e institucionales.

Otra cosa muy distinta es el estilo que el nuevo gobierno ha buscadoestablecer en su relación con los gobernados. Lo novedoso de este"estilo ciudadano", además del carácter paritario en materia de géneroy el proceso de renovación de las elites políticas en la administracióndel Estado, es la relación que el gobierno busca establecer con laciudadanía. . Una relación más horizontal y abierta a las demandas,asumiendo que tras 16 años de recuperación de la democracia, hoytenemos una ciudadanía más informada y consciente de sus derechos,que busca participar e influir en las decisiones de la autoridad. Tal comolo demostraron los estudiantes secundarios con su movilización endonde, más allá de sus reivindicaciones inmediatos, plantearon el crucialtema de la calidad de la educación pública.

El desafío, sin embargo, es abrir cauces institucionales a esa participación,que efectivamente incentive la asociatividad y posibilite que losciudadanos se involucren activamente e influyan en la conducción delos asuntos públicos. Ello representa una concepción moderna de lademocracia, que no puede agotarse en el plano representativo, sino quedebe avanzar en fórmulas efectivas de participación y deliberación quelos involucre. Lejos de disminuir el rol de los partidos o atentar encontra de los fueros parlamentarios-como parecen creer algunos dirigentespolíticos-la participación ciudadana contribuye a darle mayor densidady profundidad al debate, obligando a los partidos y los propiosparlamentarios, también al gobierno, a establecer nuevos vínculos y undiálogo más estrecho con la ciudadanía.

Tal como lo ha sostenido reiteradamente el propio gobierno, en unademocracia representativa, tanto el rol del parlamento como de lospartidos es insustituible y es en esta área de la gestión política en dondetanto el gobierno, como la propia coalición oficialista, parecen enfrentarsus mayores dificultades.

En verdad, el principal desafío gubernamental es conciliar el "estilociudadano" abierto a la participación, con una gestión política de mayorprecisión, que no sólo releve el protagonismo de su gabinete y su comitépolítico, sino que le permita desplegar agendas sustantivas, acompañadasde un relato o discurso comprensivo, que ordenen a su coalición einterpelen a la oposición, especialmente en aquellos temas en dondese registraron coincidencias objetivas en la pasada campaña presidencial.

E D I T O R I A L

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FUNDACION CHILE 21

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C O Y U N T U R A

La reacción más inmediata es culpar a losmedios de comunicación "por una exageradaemisión de noticias sobre violencia y delitos",como sostiene el diputado Carlos Abel Jarpa,miembro de la comisión de SeguridadCiudadana de la Cámara y que, de algunamanera, avala la investigación encargada porel Diario La Nación, que registró la coberturaentregada por los distintos canales detelevisión y en donde Chilevisión aparece

con más del 50% de sus noticieros dedicadoa cubrir el tema.

Los más suspicaces acusan a la derecha demontar esta verdadera operación mediáticapara generar un clima de temor, con elpropósito de culpar al gobierno por unasupuesta ineficacia y lenidad en elenfrentamiento del tema. La suspicacia tiene más de un asidero luego que los senadoresAlberto Espina y Andrés Allamand hayandecidido reflotar su propia Fiscalía en Contradel Delito, para denunciar un incremento delos mismos; un exagerado "garantismo" delos jueces y el supuesto fracaso del gobiernoen el combate en contra de la delincuencia.Una línea a la cual se ha plegado, con similarentusiasmo, la mayoría de los medios decomunicación; la Fundación Paz Ciudadana,que preside Augustín Edwards y losdirigentes de la Alianza por Chile, para pintarun cuadro catastrofista y exigir "mano dura"del gobierno.

Más allá de si todo esto responde al supuesto"sensacionalismo" de algunos medios decomunicación para ampliar sus audienciaso vender más ejemplares, o si se trata de unaoperación política para desacreditar algobierno y obtener dividendos políticos parala oposición, lo único evidente es que la"sensación térmica" es que el fenómeno harecrudecido, sino en masividad, al menos en

espectacularidad y violencia.

Por cierto, contribuye a generar esta sensacióntérmica la amplia cobertura de los mediosde comunicación a los asaltos registrados enresidencias en barrios altos y en sectoresmedios (con menor intensidad los delitos ensectores populares), así como delitos queafectan a personajes públicos como elPresidente de la Corte Suprema y laPresidenta de la Democracia Cristiana, loque refuerza la imagen de que si ellos noestán protegidos, nadie la está.

Sin duda la Seguridad Ciudadanacorresponde a un problema real muy sentidopor la opinión pública, tal como lodemuestran todas las encuestas de opinión.Un fenómeno complejo, con múltiples aristas,que afecta por igual a sectores altos, mediosy bajos de nuestra sociedad, pese a que losmedios entregan una mayor cobertura a losdelitos que afectan a sectores acomodadosy personajes públicos que a los sectorespobres, los cuales deben convivir a diariocon la delincuencia.

Todo el tema es si este es un problema queha desbordado a las autoridades políticas ypoliciales para transformarse en una situaciónincontrolable de no mediar medidas deexcepción o "mano dura", como postula laderecha y si en verdad Chile vive "tiempos

De una manera un tanto misteriosa, la seguridad ciudadana se ha posicionadocomo el tema más relevante de la agenda pública en las últimas semanas, pese aque las cifras oficiales muestran un estancamiento de los índices de recurrencia yque la propia encuesta nacional de victimización -la única a la que se le reconocevalidez porque considera no sólo las denuncias de delitos (muchos no se denuncian)sino la propia percepción ciudadana- baja cerca de cinco puntos (de 43 a 38,3%).

Seguridad Ciudadana:¿Una Operación Política,un Fenómeno Mediático

o un Problema Desbordado?

Marcelo Contreras N., DirectorRevista Foro Chile 21

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violentos", muy distintos de aquellos queviven otros países en la región o en el mundoentero.

En verdad no existe ninguna estadística seriay confiable que demuestre un incremento delas cifras de criminalidad. Más bien muestranun estancamiento. La propia percepción delos ciudadanos sobre victimización muestraun retroceso en los últimos dos años y paracualquier analista objetivo y desapasionad,la realidad del país respecto de seguridadciudadana es incomparablemente mejor a laque se vive en la región y puede sercomparada favorablemente con varios paísesdesarrollados.

Pero este puede ser un consuelo de tontos,que no alcanza para conformar a los muchos

miles de chilenos y chilenas, de todos losestratos, que son víctimas de asaltos, roboso violaciones y que ven crecer los índices dedrogadicción y alcoholismo en laspoblaciones y en la juventud, así como parala propia opinión pública, amedrentada porla amplia y sistemática cobertura informativasobre los delitos.

La buena noticia en este sombrío panoramaes que el país no enfrenta un proceso electoralen los próximos dos años, lo que permite undebate racional acerca de este fenómenoasociado a la modernidad, que sea capaz nosólo de dimensionar adecuadamente sumagnitud, sino reflexionar sobre sus causasy debatir acerca de la forma mas eficiente dehacerle frente.

En una interesante columna de opinión,publicada por la edición dominical del diario

El Mercurio, el jurista Carlos Peña analizabalas distintas teorías que buscan explicar lasrazones por las cuales la gente delinque y enverdad muchas de ellas explican las distintasposiciones y propuestas de los actorespolíticos para enfrentar el tema.

Una primera teoría, de Gary Becker, sostieneque la gente delinque porque es rentablehacerlo (el delito paga), afirmando que si elcosto de delinquir aumenta (porque subenlas penas, aumenta la posibilidad de aplicarlaso mejoran los bienes alternativos) entoncesla tasa de delitos bajara. El delito, por tanto,se reduciría a una cuestión de precios y lasolución obvia sería elevar las penas; reducirlas garantías procesales y aplicar la llamadamano dura, para disuadir a los delincuentescomo propone la derecha.

El único inconveniente es que la proporciónde personas cumpliendo condenas, en relacióna la población en nuestro país, esdesmesurada, con el consiguienteatochamiento de los recintos carcelarios.Nadie ha podido demostrar que los delitostienen penas bajas o que los jueces tienenmano blanda a la hora de imponer condenas.Tampoco se ha demostrado en la experienciainternacional que la famosa mano dura o"tolerancia cero" sea el remedio más eficazo la panacea en contra de la delincuencia.

El poder judicial no forma parte deldispositivo estatal para combatir ladelincuencia. Su rol es impartir justicia, deacuerdo a las leyes. Las garantías procesales,aún para delincuentes reincidentes,representan avances de la humanidad queson necesarios cautelar, entre otras cosas,para legitimar la coacción y proteger los

derechos humanos de todos y cada uno delos individuos, los cuales son anteriores alEstado. Reducir el delito es una aspiraciónmás que razonable para toda sociedad, asícomo la utopía de un mundo o un país sincrímenes es una quimera. El remedio dedeslizarse a un Estado policial o desprotegerlos derechos humanos para combatir ladelincuencia puede ser peor que laenfermedad

Por su parte, el juez Richard Posner sugirióque el nivel de crímenes es en función de losniveles de protección privada y pública. Sibaja o es insuficiente la protección pública,subirá el delito. Entonces se incrementará laprotección privada. Pero al mejorar laprotección privada tenderá a bajar laprotección pública y el delito subirá de nuevo.

Y así hasta alcanzar el equilibrio.

Aparentemente esa visión no considerala alternativa de asumir la protecciónpública y privada como elementoscomplementarios y no antinómicos,asumiendo que este es un tema querequiere de la cooperación entre laautoridad, la propia policía y losciudadanos y que la protección privadano es eficiente en materia de represión,ni eficaz si es ejercida de maneraindividual o familiar, sino cobra suverdadero sentido y eficacia encomunidad, de manera organizada y encolaboración con la fuerza policial.

Otras teorías, sostiene Carlos Peña, examinanla influencia de los estilos de vida en elincremento de los delitos, sosteniendo quela vida lejos de la familia (asociada a laexpansión del consumo, el matrimonio tardío,la industria de la diversión) está relacionadacon el aumento de los delitos en el últimosiglo. El estudio sugiere entonces que hayque estimular la vuelta al hogar (¿).

Una teoría distinta, con la que muyprobablemente se identifica la mayoría de laizquierda y sectores progresistas no sólo enChile sino en el mundo, es la teoría de laanomia. Cuando las sociedades enfatizan endemasía los fines y, en cambio, descuidansocializar a sus miembros en el uso de medioslegítimos, surge lo que Merton denominóconducta innovadora: el sujeto persigue losmismo fines que el resto; pero por cualquiermedio. La democratización de los mensajes

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de consumo y de éxito, sumados a unasociedad desigual en los recursos, produciríaconductas desviadas.

En esta visión, el delito representaría unaconducta de adaptación a una sociedad queexpande los mismos deseos pero no lasoportunidades.

Hasta hace un tiempo atrás en la exPenitenciaría de Santiago colgaba un cartelque rezaba "aquí están los que han robadopoco". Preguntados unos jóvenes delincuentesacerca de su justificación de robar unabicicleta en el barrio alto de Santiago,afirmaban que sus dueños tenían sobradosrecursos para reponer el bien robado y laúnica forma que ellos tenían de acceder aestos bienes era por esos medios. La viudade un delincuente abatido en la comisión deun delito, junto con llorar su pérdida,justificaba a su cónyuge afirmando que robabapara mantener a su familia.

El jurista Carlos Peña sostiene que hay untipo de delitos que requiere de otraexplicación. Se trata, afirma, del delitocometido por esas "pequeñas masas" que sonlas pandillas y las "tribus" urbanas, en cuyocaso el delito está asociado al prejuicio y ladiferencia, pero no es seguro que se trate deun fenómeno muy distinto de la anomiafundada en el existimo y el incentivoexacerbado del consumo, al que estos sectorestienen un acceso muy limitado.

Finalmente, la otra teoría que expone CarlosPeña, es tan sugerente como peligrosa. Aveces, sugiere Zigmund Baumann, lassociedades instituyen el miedo como cementopara la cohesión social. Así, los malestaresde la modernidad (causados por elindividualismo, el enfriamiento de lasrelaciones sociales y el hastío del consumo)se conjuran mediante una transferenciasimbólica. El delincuente es así erigido en el"otro", el "extranjero" de nuestras sociedades.

Tenemos miedo al crimen, sostiene Baumann,porque estamos desolados y ateridos. Noporque haya más delincuentes.

Tal como concluye el abogado Carlos Peñaen su columna de opinión, es probable quetodas estas teorías tengan algo de razón (unasmás que otras) y por lo mismo el combate a

la delincuencia no se agotaen un frente -la represiónal delito- como propone laderecha, sino que requierede una política integral,centrada en la fórmulaprevención-represión-rehabil i tación, comosostiene con toda razón laautoridad.

La paradoja es que Chile,al igual que muchos otrospaíses, ha avanzadoconsiderablemente en elterreno de la represión aldelito, incrementando yprofesionalizando la fuerzapolicial; mejorando susm e c a n i s m o s d ecoordinación, así comotecnificando sus métodosde investigación y represiónde los delitos; modificandoel sistema procesal penal eincrementando no pocas penas, pero no hemosregistrado similares avances en materia deprevención, una prevención integral queapunte a las causas estructurales queincentivan la delincuencia, y mucho menosen materia de rehabilitación. Las cárceles sonverdaderas "universidades del delito"; losdelincuentes primerizos tienen muy pocasoportunidades de reinserción social y losrecursos destinados a efectivos programasde rehabilitación son muy escasos.

Sin duda Chile tiene aún un largo caminoque recorrer para mejorar la relación entresu población y su dotación policial; ampliarla cobertura del llamado "Plan Cuadrante",que ha demostrado su eficacia pese a lascríticas; aumentar la coordinación yprofesionalizar la policía dotándola de nuevoselementos técnicos para incrementar sueficacia, pero es justo reconocer que en estos16 años se registran notables avances entodos estos rubros y el propio programa degobierno se orienta en esta dirección.

Es más que discutible, en cambio, que eltema pueda resolverse o experimentar avancessustantivos con la creación de un Ministeriode Seguridad Pública, distinto del Ministeriodel Interior, encargado del orden público. Enespecial por el problema de la doble

dependencia de los servicios policiales, quedurante todos estos años ha entrabado lacoordinación de los servicios policiales. Lomás racional pareciera concentrar en elMinisterio del Interior las funciones de ordeny seguridad, con subsecretarias diferenciadas.

El desafío mayor que enfrenta el país, enmateria de prevención del delito, está asociadoa la resuelta decisión de enfrentar las extremasdesigualdades que aún subsisten en nuestrasociedad; a la superación de la exclusiónsocial; la discriminación por origen, etnia ogénero y el combate a los efectos perversosdel desarrollo como la drogadicción, elalcoholismo, el consumismo o el exitismo.

También y muy principalmente el combatea la delincuencia se da en el terreno de losvalores y se libra no sólo en la escuela sinoen el hogar, a través de los medios decomunicación y en los espacios desocialización de los ciudadanos.

Finalmente, la participación de la comunidadorganizada y la propia responsabilidad socialde las empresas y los medios decomunicación, en estrecha colaboración conlos servicios policiales y las autoridadespolíticas, permitirá incrementar las medidasde prevención de los delitos.

P E N S I O N E S

La teoría económica convencional asumeque los individuos son quienes mejorjuzgan su propio bienestar. Sin embargo,se producirá una ineficiencia asignativasi estos subevalúan los beneficiospersonales que derivan del consumo dedeterminados bienes, vale decir si leatribuyen un mérito insuficiente, y enespecial si no ahorran o no se aseguranfrente a los riesgos y mantienen unapreferencia sistemática por el consumopresente.

El síndrome del "a mi no me va a ocurrir"se traduce en la insuficiente provisión deseguros personales para propio bien delos consumidores frente a la posibilidad

de accidentes inhabilitantes, deenfermedades graves o de insuficienciade ingresos en la vejez, impidiendo eneste caso que se promedie los ingresos alo largo del ciclo de vida. Se trata deeventos que pueden ser juzgados comode improbable ocurrencia y/o cuyasconsecuencias son demasiado lejanas enel tiempo -como la necesidad de ahorrarhoy para tener ingresos cuando ya no seesté en condiciones de trabajar- y que,sin embargo, de presentarse, pueden tenerconsecuencias catastróficas para losindividuos imprevisores.

Adicionalmente, el problema deineficiencia asignativa se presenta en el

caso de una ofertade seguros realizadaen condiciones deselección de riesgoque los agentesprivados practicanen estos mercados:a ellos les interesaobtener el pago dep r i m a s d e l o sind iv iduos conmenos riesgo ydesechar a los demás alto riesgo, ocobrarles primassustancialmente másaltas para maximizarsus u t i l i dades ,generando mercadosincompletos. Pero se

trata, justamente, de aquellos individuosa los que apunta primordialmente elconsumo obligatorio del bien preferente,en este caso el seguro contra el riesgo.Asimismo, el comportamiento llamadode riesgo moral, es aquel que multiplicalas conductas de riesgo en la medida enque se está cubierto por un seguro y laselección adversa es el proceso en el quelos que tienen riesgos bajos y pocaaversión al riesgo se sustraen de contratarpólizas de seguros, incrementando lasprimas que se cobra a los demás.Estas son las razones que llevan a muchosgobiernos a facilitar el acceso universala la protección frente a los grandes riesgossociales, estableciendo su producción oregulación pública para contener loscostos que resultan de este tipo decomportamiento.

Los sistemas de pensiones suelen incluir,simplificando, tres "pilares". El primerpilar, normalmente financiado conrecursos tributarios, no necesariamentebasado en contribuciones previas, tieneel propósito de asegurar una pensiónbásica a quienes no tienen otros ingresosen la vejez. El segundo, el sistemacontributivo obligatorio, tiene dosobjetivos propios: lograr la máxima tasade cobertura posible del universo deasalariados y trabajadores independientesy lograr una tasa de reemplazo adecuadade los ingresos al momento de terminarla vida activa, suavizando la curva de lacapacidad de consumo a lo largo de la

Hacia unaReforma

Radical delSistema dePensiones(*)

Gonzalo D. Martner

Con una vasta experiencia y trayectoria en elsector público, que abandonó para ocupar lapresidencia del Partido Socialista, Gonzalo D.Martner postula una reforma radical del sistemade pensiones. El presente artículo resume untrabajo más extenso que este economista enviaraa la comisión presidencial que está trabajandoel proyecto de reforma del actual sistema depensiones y que presentamos como un aporte aldebate sobre este crucial tema.

(*) En www.gonzalomartner.blogspot.com se encuentra una versión más amplia de este texto.

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vida, redistribuyéndola desde la edadproductiva a la vejez. Un tercer pilar, elque incentiva tributariamente el ahorrovoluntario, viene a complementar, con elesfuerzo individual adicional, los ingresosen la vejez.

Las democracias sociales modernasestablecen que ciertas cosas sean de accesouniversal, en especial los llamados bienespúblicos. Y desde Bismarck en laAlemania de 1880 y Beveridge en laIngla te r ra de 1945 se v ienenperfeccionando los sistemas de seguridadsocial, cuyos principios ha consagrado laOrganización Internacional del Trabajo.

Si la provisión de bienes públicos y laredistribución de ingresos son tareaspúblicas poco controvertidas (lo es másbien su magnitud), en una sociedaddemocrática tampoco debiera ser quelos recursos que en origen pertenecena la colectividad sean distribuidos a lacolectividad. El enfoque del ingresomínimo garantizado originado en undividendo universal plantea que estossean distribuidos como recursos desubsistencia no condicionales: "désea todos los ciudadanos un ingresomodesto, aunque incondicional, ydéjenlo completarlo a voluntad coningresos provenientes de otras fuentes".

Chile debe avanzar a una simplificaciónde la actual gama de mecanismos decompensación social (existen 142prestaciones de 33 diferentes institucionespúblicas para la población en situaciónde pobreza) y definir un piso de políticade ingreso básico garantizado con dosmecanismos iniciales: el primeroconcentrado en los niños (sobre la basede una prioridad valórica, con ademásalta rentabilidad social) y el segundoorientado a las personas de más de 65años (sobre la base también de unaconsideración valórica). Un enfoque deeste tipo es especialmente relevante paraquienes sufren de exclusión social y bajosingresos. Del orden de 230 mil hogares,con más de un millón de personas, puedenconsiderarse de acuerdo a la encuestaCASEN 2003 como en situación de

exclusión severa (con ingresos per cápitamenores al 30% del ingreso mediano, un7% de la población).

Nuestro país construyó tempranamenteun sistema público de pensiones. Con susimperfecciones dio respuesta parcial a lacondición de vejez sin ingresos, llegandoa una cobertura del orden del 70% de lapoblación. Esta cayó a cerca de 50% conel nuevo sistema de capitalizaciónindividual establecido en 1980, el que nova a asegurar sino a la mitad de loscotizantes algo más que la pensiónmínima. Esto no es digno de la democraciachilena y por ello Michelle Bachelet

propuso reformar en profundidad elsistema de pensiones.

Proponemos como primer pilar solidariode un nuevo sistema una pensión básicagarantizada para los de más de 65 añosno contributiva, uniforme, aplicable atodos los residentes en el país durante elciclo de vida activa, exceptuandoeventualmente a los de muy altos ingresos,y financiada con un impuesto parejo a larenta, específico para estos fines,combinado con un sistema contributivoreformado en tanto segundo pilar y conun sistema de capitalización individualcomo complemento de ahorro voluntario,con descuento tributario a la renta(cotizaciones voluntarias, depósitosconvenidos con empleadores, depósitos

de Ahorro Previsional Voluntario) en tantotercer pilar.

Una pensión básica garantizada uniformetendría el mérito de ser de muy simpleadministración y legibilidad colectiva (porel sólo hecho de tener más de 65 años lasociedad me otorga como un derecho unpiso modesto de ingresos para la vejez,financiados mediante una contribuciónproporcional a los ingresos de cada cual).Permitiría asegurar un 100% de cobertura,o la proporción que se desee si no sequiere incorporar en el dispositivo a lasp e r s o n a s m á s r i c a s ; i n c l u i rautomáticamente a las mujeres y a los

trabajadores informales, es decir a losmás frecuentemente excluidos de lossistemas de pensiones; no estigmatizar alos beneficiarios, en virtud del principiodel aporte y beneficio universales;fortalecer los incentivos para ahorrar parala vejez; eliminar la incertidumbre parael fisco respecto a la magnitud del gastoque implica mantener un primer pisosolidario, con parámetros fijos en lugarde estar sujeto -como opera en laactualidad- a la evolución de la pobrezay de la cobertura, densidad y rentabilidadde las cotizaciones obligatorias; eliminarla incertidumbre para el trabajador sobreel piso de ingresos que dispondrá en lavejez. Este mecanismo debiera reemplazara las actuales pensiones asistenciales ymínimas.

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Proponemos mantener en el tiempo lapensión garantizada en un nivel de 30%del PIB por habitante, equivalente a lapensión mínima actual para mayores de75 años y aplicable desde ya al 1,29millones de personas de más de 65 añosque hay hoy en Chile.

Se podrá argumentar que de estemodo se desincentivaría elahorro para la vejez, puestoque existiría un ingresoasegurado. En realidad, esteesquema aminoraría losproblemas de incentivo:en el margen, paracomplementar la pensiónbásica, todos estaríaninteresados en constituiraho r ro s ad i c iona l e sa s o c i a d o s a l aformalización contractualde las relaciones laboraleso r e a l i z a r a h o r r o svoluntarios. Hoy, en cambio,para muchos no tiene sentidoexigir un contrato alempleador, y de paso disminuir suremuneración líquida, al percibir que supensión será la mínima legal, si tiene másde 20 años de cotizaciones, o directamentela asistencial, si no los tiene y su condiciónes de pobreza. Si además el potencialcotizante tiene algo de cultura financiera,constatará que el costo de administración(un sexto de los fondos descontadosobligatoriamente del salario bruto) es enextremo elevado, lo que lo alejará tambiénde la formalización contractual de surelación laboral.

Para ilustrar los órdenes demagnitud involucrados, lahomogeneización inmediatade las pensiones asistencial ymínima, en base a la pensiónmínima vigente para losmayores de 75 años (102 494pesos) tendría un costo fiscaladicional de 0,6% delproducto, llevándolo a 2,2%desde el 1,6% que representaactualmente financiar laspensiones asistenciales y el

total de las pensiones mínimas. Si seincorporara toda la población de más de65 años, el costo sería de 0,8% de PIBadicional.

Esta propuesta se sitúa en márgenes degasto público adicional que son, sin

perjuicio que en el tiempo tenderíaa incrementarse su costo por el

mayor peso progresivode la población demás de 65 años enla población

total, fiscalmente abordables de inmediato.Nótese, además, que el esquema actualde AFP llevaría con el envejecimiento dela población inevitablemente a una caídade las pensiones, a un incremento obligadode las cotizaciones o a una edad dejubilación más tardía, como algunos estánproponiendo para las mujeres.

Los montos involucrados son, en la etapainicial, inferiores y en régimen de largoplazo equivalentes al esfuerzo fiscalrealizado hasta aquí, para financiar latransición del sistema de reparto al de

capitalización, reforma de fundamentospuramente ideológicos basados en unaradicalidad neoliberal sin precedentes.

No existe otro país en el mundo que hayahecho soportar a una misma generaciónel financiamiento tributario de laspensiones de sus padres y al mismo tiempoel financiamiento por capitalización deaportes de la propia: todos las nacionesque han introducido mecanismos decapitalización individual lo han hechoadicionalmente a los esquemas de repartoo sustituyéndolos sólo en parte. Si Chileadaptó sus cuentas fiscales a estasituación, la legitimidad de hacerloinnovando en un esquema de

transferencias redistributivoy, a la vez, eficiente es

bastante mayor. Llegó elmomento de actuar enmateria distributivay n o s ó l o d elamentarse por lapésima situación queChile experimenta eneste ámbito.

Junto al primer pilar solidarioincondicional, cabe reformar el segundopilar contributivo para hacerlo menosincierto que el actual. Este debiera, enplenitud de derechos previsionalesadquiridos, mediante descuentos salarialesobligatorios, apuntar a garantizar unporcentaje cierto del ingreso salarialpercibido durante la vida activa. Una metaa alcanzar en un nuevo sistema de repartoprovisionado, sustentado en cotizacionesy en un fondo de capitalización colectivode respaldo, debiera ser obtener una

pensión (incluyendo la pensiónbásica garantizada) del orden de70% del salario ganado a lo largode la vida, haciendo más justos paralas mujeres y las personas de menosingresos el modo de cálculo de laspensiones (recordemos que porconstrucción el sistema actuallesiona a las mujeres al establecermenos años de cotizaciónobligatoria y permitir una menorpensión dada su mayor esperanzade vida), promediando el cálculo

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Costo de una pensión básica garantizada

Fuente: En base a INE-Celade, Banco Central de Chiley proyecciones demográficas intermedias de la ONU.

Se supone un crecimiento anual del PIB de 5%.

PensiónBásica/PIB/Hab

Población+65 años

Costo en%PIB

0,300,300,30

7,912,918,9

2,373,875,67

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entre géneros y niveles de ingresos ytambién aproximándose a una tasa dereemplazo de 100% para las pensionesde viudez (montepíos).

Se ganaría, de este modo, en unsegundo pilar contributivo obligatoriocerteza sobre el valor futuro de laspensiones más allá del nivelgarantizado, combinando reparto ycapitalización, a lo que contribuiríahacer obligatoria la cotización de lostrabajadores independientes con másrecursos, como se hace en EE.UU yCanadá, a través del cobro al momentodel pago del impuesto a la renta. Soloun 24% cotiza esporádicamente enuna AFP, mientras un 65% de losindependientes declaran ingresos alservicio de impuestos.

El sistema de capitalización individualque proponemos mantener, como un tercerpilar complementario y no obligatorio,mejoraría disminuyendo los costos deadministración (con regulación de los

gastos de búsqueda de afiliados,disminución de las barreras a la entradaa la administración de fondos del sistema,separando recolección de inversión ypermitiendo la intervención en recolección

del INP y BancoEstado,), eliminandoel giro exclusivo para las AFP yestableciendo un sistema de juntas devigilancia de los administradores einversores de los fondos conparticipación de los cotizantes, sinperjuicio de fortalecer el rol de laSuperintendencia de AFP.

Con reformas de este tipo estaremosenfrentando las expectativas de unverdadero cambio en el sistema depensiones y dando un paso decisivo enla tarea de construir en Chile unademocracia social moderna.

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Ha emitido su informe la ComisiónMarcel sobre reforma provisional.Sorprende que esta haya actuado porconsenso: en diversas otras comisionesde expertos del gobierno suelenconsignarse las opiniones de unos u otros,pues estas instancias no están llamadas adefinir una política, que necesariamenterequiere síntesis y consensos, sino adiagnosticar problemas y proponeropciones a quienes deben decidir. Lasíntesis y los consensos son propios de latarea política, no de los expertos, que másbien deben poner en evidencia lasalternativas para que decidan losrepresentantes del pueblo (y en algunoscasos, idealmente, el pueblo mismomediante pronunciamiento referendario).Seguramente esta inadecuación conducea que el informe afirme que no hay crisisdel sistema creado en 1981, pero que solola mitad de los adultos mayores podrácontar con una pensión mayor a lamínima, menos de un 5% accederá a lamisma y el resto podrá aspirar a la pensiónasistencial o a nada. Como sería lasituación si el sistema no estuviera encrisis....Esto no se sostiene: que algunos

expertos piensen lo contrario es legítimo,siempre que argumenten en consecuencia.Los consensos no siempre son buenos,sobre todo a la hora de pensar y debatir.

Pasemos a las proposiciones: el informelas clasifica en la lógica "de los 3 pilares"(solidario, contributivo obligatorio ycontributivo voluntario), lo que será útilpara el debate.

Respecto al primer pilar, la Comisiónpropone terminar con el sistema depensión asistencial y mínima, lo que esun buen avance. En reemplazo, mencionaun sistema de Pensión Básica Universalcuya principal característica es que... nosería universal. En efecto, se entregaríansubsidios públicos para asegurar que losque no tienen ningún recurso acumuladoen el sistema contributivo accedan a unapensión de unos 75 mil pesos, beneficioque se mantendría de modo decrecientehasta extinguirse a partir de una pensiónautofinanciada de 200 mil pesos. Elresumen ejecutivo disponible no entregadetalles de que como esto funcionaría,pero esperemos que no signifique

disminuciones de beneficios (recordemosque la pensión mínima para mayores de75 años es actualmente de 102 494 pesosy la pensión asistencial es de 44 186 pesospara personas entre 65 y 70 años). Entodo caso, el gobierno y los legisladoreshabrán de perfeccionar lo que es un buenprincipio. Por nuestra parte, reiteramosnuestra proposición de establecer unapensión básica garantizada a los mayoresde 65 años equivalente al monto actualde la pensión mínima para más de 75años, es decir del orden de un 30% delPIB por habitante, lo que tendría un costoadicional de 0,8% del PIB respecto algasto actual en pensiones mínimas yasistenciales, pensión a la cual se agreguenel pilar contributivo obligatorio y el pilarno obligatorio.

Respecto a este segundo pilar, abundanlas proposiciones. Estas incluyennovedades como subsidiar las cuentasindividuales de los trabajadores jóvenesy de las madres. Este subsidio fiscal alpilar contributivo no parece pertinente.El sistema contributivo debe reflejar lascotizaciones efectivas, sin lo cual se pierde

Ha llegado Informe

transparencia y eficiencia, cuando nopuede terminar siendo un simple subsidioa los dueños de AFP, que cobrarán -y porla experiencia conocida, se las arreglaránpara cobrar mucho- por administrar fondosfiscales.

El esfuerzo por bajar las comisiones deadministración incluye proposicionesinteresantes de licitación colectiva denuevos cotizantes, estableciendo unacompetencia de cotizantes "por elmercado", que pudiera beneficiarlos enausencia de colusión entre las AFP.También se propone crear un Comité deUsuarios, facilitar el ingreso de nuevosactores al sistema y separar las funcionesde recaudación, administración e inversiónde los fondos, lo que va en el buen sentidosi de proteger al trabajador se trata. Perocuando se sugiere que se podríasubcontratar la recaudación a unorganismo público como el INP, esto denuevo terminaría en que el Estado subsidiaa las AFP con un sistema barato derecaudación y con más utilidades parasus dueños. Recordemos que, como hademostrado Salvador Valdés, las utilidadesde las AFP son simplemente un escándalobasado en malas regulaciones públicas.

Respecto a la incertidumbre sobre laspensiones futuras asociada por definiciónal sistema de capitalización individual,se menciona el problema, pero no sepropone sino hacer cálculos actuarialescada 5 años y apostar a una densificaciónde las cotizaciones (de 51 a 61%) y a unaumento del rendimiento (de 1% anual),junto a mecanismos ingeniosos comointroducir módulos anticipados de rentavitalicia, con lo que los chilenospodríamos dedicarnos a un permanentejuego de casino. No se menciona, además,ni una palabra sobre la necesariarestricción del sistema de retirosprogramados, que permite apostar a lospensionados respecto a cuando van amorir y en qué momento van a quedaren la calle...

El problema no es seguir apostando (dehecho no se cumplió en 25 años para nadalos supuestos con los que se construyó el

sistema en 1981),sino aportar másc e r t e z a s a ls i s t e m a .Proponemos, pornuestra parte, queel sistema decapitalización setransforme en unsistema voluntarioy q u e l ac o n t r i b u c i ó nobligatoria serealice en base aun sistema de reparto para dar certeza alas pensiones, sin perjuicio de establecerun fondo de reserva capitalizado queotorgue respaldo a pensiones financiadas,por sobre el nivel básico, por los salariosactuales en base a derechos constituidospor las contribuciones pasadas.

Por último, no se entiende la insistenciaen subir la edad de jubilación de la mujerde 60 a 65 años, lo mismo que la coberturadel seguro de invalidez y sobrevivencia.Desde luego porque una de las pocasventajas del sistema actual es que sepuede, con ciertos requisitos, adelantar oretrasar la edad de jubilación, temáticaque habría que profundizar en un nuevosistema eliminando toda prohibición deemplear a personas jubiladas y modulandoasí una salida progresiva de la actividadremunerada de una población que, enbuena hora, vivirá cada vez más.

Lo que ocurre es que existe un cierto costofiscal al asegurar pensiones mínimas delas mujeres a partir de los 60 años y node los 65 como los hombres, de montoperfectamente abordable por nuestrasociedad. Si se propone subsidiar lascotizaciones de las madres, con un costofiscal adicional, no parece haber unacuestión de principio para la comisión(salvo que se considere dignas de sersubsidiadas preferentemente solo a lasmadres, lo que sería francamentelamentable). En cambio hay una cuestiónde principio en reconocer a toda mujer(madre o no) el trabajo doméstico noremunerado que realiza desde tempranaedad, como muy bien ha dicho la

Presidenta Bachelet, al menos respecto abeneficiar de un subsidio pensional a unaedad más temprana que los hombres,circunscrito además a un mínimo.

Es notable, cuando tenemos por primeravez una presidenta mujer, que unacomisión nombrada por ella proponga,sin argumentar mayormente, disminuirderechos bien merecidos que las mujerestienen en Chile desde hace décadas. Siotros paises han homogeneizado susedades de jubilación, otros más hanmantenido la diferenciación por género.Ya decían los griegos: no se puede tratarigual a los desiguales. Y si el sistemaactual por construcción les otorga menospensiones, hagamos el sistema mássolidario con las mujeres y no al revés.En el límite, siguiendo el razonamientomiope de los contables, si las mujerestienen una esperanza de vida 4 añossuperior hoy y más en el futuro, pues quetrabajen más tiempo que los hombres.Eso es lo coherente con ese razonamiento.Esta manera de trasladar el cálculoactuarial estrecho propio de los segurosprivados a un sistema que, por definición,busca la solidaridad refleja bien cuanutilitaria se ha vuelto nuestra sociedad ycuan urgente es pract icar contransparencia, evidenciando con claridadsus costos, la solidaridad de los que tienenmás con los que tienen menos y de losque se hacen poco cargo del trabajodoméstico y de la crianza, con las que sise hacen cargo de estas tareas pocovisibilizadas y poco reconocidassocialmente. Es tiempo de solidaridad yde solidaridad con las mujeres.

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D E B AT E P R O G R E S I S TA

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El nuevo socialismo

Una de las señas de identidad de cualquiergobierno de izquierdas es que no se da porsatisfecho con una mera gestión eficaz dela cosa pública. Para serlo de verdad hade saber vincular dicha gestión a losvalores de sus propias conviccionesideológicas, a determinados "principiosregulativos" dentro de los cuales enmarcartoda la acción política. Entre éstos están,como no, los principios de la solidaridady la igualdad que siempre han distinguidoa los socialistas. Valores que enseguida sefusionaron a una concepción progresistade la libertad y democracia. La proximidadde los poderes públicos a la ciudadanía yla construcción de una sociedad másigualitaria siguen siendo nuestra prioridady así habrá de ser también en el futuro. Elproblema que se plantea -y que supongo

que constituirá uno de los elementosde reflexión en este seminario-,consiste en ver hasta qué puntopueden realizarse estos principiosbajo las difíciles condiciones de unasociedad en plena transformacióncomo la que estamos viviendo en laactualidad. Los principios estánclaros, no así los medios parallevarlos a efecto.

Los nuevos retos

Frente a esta situación, el discursode izquierdas debe reacomodarsepara afrontar el futuro sin negar losvalores del pasado. Se ha dicho quela izquierda lleva ya demasiadotiempo "conduciendo con el espejoretrovisor". Se ha fijado en excesoen el discurso que emana de laIlustración y en las condicionesespecíficas que tuvieron su origen

en el industrialismo clásico. Si deseamosm i r a r h a c i a d e l a n t e d e b e m o snecesariamente asumir tres hechos:

- Primero, que el cortehistórico producido en1989/90 con la caída delsocialismo de Estado haobligado a un reajustecompleto de las ideologíaspolíticas. Aunque esto noequivalga, desde luego, alreconocimiento de su"desaparición".

- En segundo lugar, quehan cambiado de formas u s t a n c i a l l o spresupuestos sobre losque se edificaron laspolíticas de izquierdas:

hemos llegado al fin del industrialismoclásico para encontrarnos ante unasociedad sujeta a nuevas condicionesobjetivas. Baste mencionar ahora losefectos de la globalización económica consu continua apertura de los mercados, queha creado un nuevo paradigma dentro delcapitalismo, eso que alguien hacaracterizado como el "capitalismoexistencialista", permanentementecondenado a la innovación. O lasdificultades derivadas de los problemasde la nueva complejidad social, queimponen una nueva forma de entender laacción de gobierno y el papel del Estado.Por no entrar en otros cambiossociológicos, como el creciente pluralismomoral y de formas de vida, o el aumentode la diversidad social.

- Y, por último, que hoy nos encontramostambién ante la amenaza de desaparicióndel optimismo ilustrado, que creía en unamejora progresiva de las condiciones devida de los seres humanos. Hoy se apreciapor doquier un nuevo realismo"posilustrado", que parece mostrarse

complac ido con laafirmación del mundo taly como es. Y todo empeñopor tratar de transformarlotiende a presentarse comouna empresa ilusoria y sinfundamento.

Simultáneamente estamosasistiendo, a una nuevamenesterosidad social queexige más que nunca unarespuesta de izquierdas.En términos un tantodramáticos, el sociólogoZygmunt Bauman hacaracterizado esta nueva

Socialismo yNueva CiudadaníaIntervención de María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta

Primera, Ministra de la Presidencia y Portavoz del GobiernoEspañol, en los cursos de verano dictado en El Escorial, Madrid.

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realidad como una "situaciónde vulnerabilidad mutuamenteasegurada", derivada del hechode haber perdido el "sentidode una misión colectiva". Enuna descripción un tantolúgubre, nos dice que "losderechos económicos estánfuera del alcance del Estado;los derechos políticos se hanreducido al pensamiento únicode mercados desregulados deestilo neoliberal; y los derechossociales son reemplazados porel "deber individual" de velarpor nosotros mismos". A mijuicio, todavía no estamos anteesto que Bauman nos presenta como unhecho. Pero sería vano ignorar que laamenaza está ahí. El proceso de crecienteindividualización del que nos hablanalgunos sociólogos y los imperativos dela nueva economía puede revertir, enefecto, sobre la pérdida de una dimensiónp ú b l i c a d i r i g i d a a e n m e n d a rsistemáticamente los problemas socialesen manos del Estado.

Políticas neo-liberales y socialismode las libertades

Esta ha siso la pretensión de las nuevaspolíticas neoliberales, que parecen darsepor satisfechas desafiando el idealhumanista básico de la igualdad moralentre las personas. Se han valido de laeconomía para desafiar el fundamentomoral de la igualdad social. Su objetivoha sido la "despolitización de ladesigualdad", que la igualdad dejara deser uno de los fines morales del Estado, yel tratar de reducir la democracia a unamera "democracia delegativa". Lo que sepretende al final es una "democracia deconsumidores" no de auténticosciudadanos, así como la ruptura del pactosoc ia l montado sobre l a ideasocialdemócrata clásica de la redistribuciónde los recursos sociales, el "tomar de losricos para dárselo a los pobres".

El socialismo del s. XXI tiene queenfrentarse a estos hechos con solucionesimaginativas y con una nueva concienciade sus posibilidades; sin traicionar losvalores de su tradición ni replegándose

sobre las estrategiasdel pasado. Su éxitoh a c o n s i s t i d ohistóricamente enconseguir l levarbienestar social y lalibertad a una mayoríade la población, asícomo en fomentar laliberación frente a lasjerarquías sociales yc o m u n i t a r i a st r a d i c i o n a l e s .Nuestras sociedadescontemporáneas noserían lo que son sinsu importante labor a

la hora de for jar e l consensosocialdemocrático. Por mucho que sehayan transformar las circunstanciassociales, nada impide que podamos seguiravanzando. Para e l lo debemosconcentrarnos en definir nuestro proyectoen positivo, dejar claro qué es lo quefavorece y propugnar y luchar por ello.

El nuevo discurso teóriconeo-progresista

A pesar de las dificultades derivadas de lacomplejidad de la sociedad contemporánea,a nadie se le oculta que el socialismo dehoy sigue perseverando en la construcciónde un potente discurso teórico. No hayizquierda sin un proyecto coherente concapacidad de ilusionar. Su superioridadsobre la derecha sigue estando en el campodel pensamiento, en su fuste teórico.

Desde luego, hoy ya no es posible hacerloen los mismos términos que en otrasépocas. Steven Lukes -uno de lospolitólogos británicos que más hareflexionado sobre el papel de la izquierdaa lo largo del siglo pasado- decía, que loque siempre ha caracterizado a la izquierdaes su convicción en la importancia debuscar la coherencia, en su comprensióndel mundo para a partir de ahí actuar sobreél. Esta coherencia se extraía de un análisisevolutivo de la sociedad, como parte deuna historia más amplia de progreso realy potencial: una narrativa completa deconquistas acumulativas y de retrocesos,expresada a veces en metáforas militares.Su guía era el principio de rectificación

de las injusticias que se iban observandoen cada momento histórico, y que sevinculaba a una determinada comprensiónde la evolución histórica como dirigidahacia un "estadio final". Para ellonecesitaba valerse siempre de un estándarde la justicia, un contra fáctico frente alcual medir las desventajas y desigualdadesque se presentaban como "injustificadas"y promover su abolición.

Según Lukes, la dificultad de mantenereste planteamiento en los momentosactuales es que carecemos ya de un claro"principio de rectificación de lasinjusticias", observándose una propensiónhacia una mayor "tolerancia de lainjusticia" .Pero, sobre todo, que no estáya a nuestra disposición ese Estado-naciónde hace algunas décadas, capaz deemprender una auténtica transformaciónde la sociedad "desde arriba".

Lo que esto nos dice es que es que elmundo ha devenido lo suficientementecomplejo como para poder ser abarcadopor filosofías de la historia o por la miradade un gran Maitre penseur. Y que, comoquiera que elaboremos el discurso, no esfácil "ponerlo a trabajar" sin contar conuna más activa participación de la propiasociedad. La izquierda siempre se habíaapoyado sobre un fuerte Estado jerárquicoconformador de un orden desde un centro

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y sobre un discurso universalista abstracto.Estos son los elementos de los que hoy yano podemos disponer. Y no basta conreaccionar entregándose a un optimismopragmático que se limita a maquillar larealidad; tampoco sirve de mucho laenmienda a la totalidad que se construyesobre la demonización permanente de todolo dado o exigir a la política lo que quizáya no está en condiciones de aportar. Laizquierda de hoy es la que se toma larealidad en serio, precisamente porqueaspira a su transformación y mayorperfectibilidad. Que en el camino hayamosde fraccionar el discurso hay queinteriorizarlo como parte de las nuevascondiciones con las que hay que operar,lo importante es que siga habiendodiscursos.

Si miramos la agenda temática decualquiera de las reuniones o conferenciaseuropeas o mundiales de los gruposencargados de redefinir y ajustar el discursosocialista enseguida tomamos concienciade la multiplicidad de los temas que seabordan y de lo formidable del desafío;los mercados financieros y la nuevaeconomía, los problemas de la inmigración,los grupos minoritarios, las nuevas fuentesde marginación creada por la "divisióndigital" de la sociedad, la pobreza, laprotección de la diversidad cultural o loslímites de la sociedad civil, además demuchos otros.

De estas reuniones está surgiendo unanueva Internacional Progresista, que estásirviendo para detenerse a pensar sobrelos nuevos desafíos, reaccionar frente alentreguismo ante el "orden espontáneo"de los mercados mundiales y sacudirse unpoco las inercias del conservadurismoideológico de la izquierda tradicional. Yacomienzan a verse, además, algunosimportantes avances. El primero yfundamental es la recuperación del espírituinternacionalista o cosmopolita y elconsiguiente abandono de las solucioneslocales. Sólo habrá posibilidades degobernar la sociedad global desde unacolaboración internacional y a partir de unclaro diagnóstico sobre lo que está pasando.Pero se aprecian también importantes ideaspara sustentar eso que Giddens calificacomo un discurso neoprogresista, que va

bastante más allá de la timidez y lacondescendencia con el status quo de laspropuestas de la Tercera Vía. Veamosalgunas de ellas.

Sector público y mercado

El núcleo de este nuevo pensamiento secentra en la necesidad de instituir unvigoroso sector público ligado a unafloreciente economía de mercado; unasociedad pluralista, pero inclusiva; y unámbito mundial cosmopolita sostenido sobrelos principios del derecho internacional. Elelemento decisivo es la recuperación de laprioridad de los intereses y bienes públicos.Una economía saludable precisa demercados que funcionen, pero también deun sector público en condiciones en el queel Estado mantenga un papel esencial. Puedeque sea aquí, en el diseño de un nuevo papelpara el Estado, donde se encuentre lo másrelevante de estas propuestas. Las nuevastesis de Giddens a este respecto acentúanel cambio de énfasis de que es preciso dotara esta institución. El período de posguerrafue la era del "Estado burocrático". Luegovino la fase de la privatización y ladesregulación. Ahora deberíamos entrar enuna nueva etapa marcada por una renovadaatención a lo público, de defensa de ladecisiva importancia que tiene el sectorpúblico para una sociedad decente y justa.

Aquí no se trata de tomar partido por versi el Estado es en general superior almercado o a la inversa. Lo importante essujetar a ambos a la prueba del "interéspúblico". Hay que abandonar la idea deque sólo puede justificarse aquello "quefunciona", lo que es eficiente en sí; elcriterio debe ser más bien la eficacia en lapromoción de determinados bienespúblicos. Por decirlo en otras palabras, elmercado no funciona más eficientementepor el mero hecho de permitir el libre juegodel interés propio. Es más bien al contrario.La aceptación incontrovertible de estehecho en la nueva economía constituyeuna de las razones de la actual crisis deconfianza que ha recaído sobre el mundode los negocios y sector financiero. Comoacertadamente señala John Kay, ""o escierto que el beneficio sea el objetivo dela economía de mercado, y que laproducción de bienes y servicios sean elmedio para conseguirlo: el objetivo es laproducción de bienes y servicios, y elbeneficio es el medio".

El Estado asegurador

Estas reflexiones apuntan a un conceptoque considero clave, la inmersión delmercado en un contexto político, social ycultural más amplio, que han de marcarlos límites sobre los que debe operar. Y aestos efectos los poderes públicos son

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decisivos como intermediarios yresponsables legítimos del bienestargeneral. Para referirse a ello, el discursoneoprogresista habla de un Estadoasegurador. "Asegurador" en elsentido de que su función básicae s t r i b a e n a s u m i r l aresponsabilidad por la provisiónde políticas y por la coordinaciónde servicios que en muchos casosno organiza directamente. No sóloes responsable de dotar dedeterminados recursos a losciudadanos -el acceso a laeducación, la sanidad, u otrosservicios sociales- sino degarantizar los estándares o nivelesde dicha provisión. Es un Estadoregulador, pero su orientación esdist inta de la del Estadoburocrático del período deposguerra. Dada la amplitud deactores implicados -grupos de lasociedad civil, asociacionesvoluntarias, tercer sector, etc- laregulación no equivale a un"control directo", sino a la fijaciónde criterios y al establecimiento deincentivos para impulsar comportamientosque se juzgan relevantes a efectos públicos.

Este fomento de una mayor implicaciónde otros actores de la sociedad civil nosignifica, sin embargo, que se estéllamando a una "retirada del Estado"o quelos cambios en las nuevas formas degobierno impliquen una disminución dela responsabilidad estatal. Un Estadoasegurador debe reconocer que lastransformaciones de la forma estatal dehecho generan cambios en los modelos,el estilo y los instrumentos del gobierno,pero no un rechazo de su responsabilidad.Permite reforzar la gobernabilidadtrabajando en colaboración con la sociedad,pero siempre haciendo posible la prestaciónde servicios públicos mediante lasadecuadas estructuras regulativas. Comose ha dicho, el Estado ha de dar porsupuesta su responsabilidad continua enel bienestar general y el reforzamiento dela sociedad civil. Desea ser " el estado dela sociedad civil" y no su mera contraparte.Y esto nos conduce ya más directamentea las relaciones entre poderes públicos yciudadanía.

Poderes públicos y ciudadanía

El compromiso que adquirimos con los

ciudadanos tras el triunfo en las últimaselecciones generales es un compromiso afavor de la política y de un mayoracercamiento entre gobernantes ygobernados. Este compromiso buscainstituir un auténtico contrato entre lospoderes públicos y los ciudadanos dirigidoa crear un sentimiento de responsabilidadcompartida. Sin él no será posible enfrentarlos formidables desafíos que están antenosotros y precisan de solucionescolectivas. Si la mayoría de los ciudadanosse apartan del sistema político como uninstrumento de cambio social, se desvanecela capacidad de la política para influenciara la sociedad y transformarla en unadirección progresista. Reintegrar a losciudadanos en la vida política se convierteen la máxima prioridad. Hay que imaginarnuevas vías para conseguirlo mediante larevitalización de las instituciones, lapotenciación de la cultura cívica y eldesarrollo de nuevas prácticas para ladeliberación democrática y la adopción delas decisiones políticas. En suma, buscaruna nueva ruta para recobrar la confianzaen la política y en la legitimidad de laacción pública.

Como es bien sabido, la confianza en lapolítica es un recurso que parece más escasocada vez. Como observa Farred Zakaria

respecto de Estados Unidos,las instituciones que gozan dela mayor confianza -los juecesdel Tribunal Supremo, ladirección de la ReservaGeneral o el ejército- tienenalgo en común, y es que estánaisladas de la presión públicay operan en forma nodemocrática. El Congreso, porel contrario, la instituciónpolítica más representativa ydeliberativa de todas, siemprese sitúa al final de laspreferencias ciudadanas. Conreferencia a ese mismo país,Robert Putnam, quizá elmáximo experto en capitalsocial, ha calculado que elcompromiso de los ciudadanoscon los asuntos públicos ociviles ha descendido uncuarenta por ciento desdemediados de la década de los

sesenta. Pero esta tendencia no es exclusivade los Estados Unidos. Basta seguir lasencuestas del Eurobarómetro para darsecuenta de que los partidos políticos siguensiendo las instituciones que gozan de lamenor confianza en Europa, y que, salvoen los países escandinavos, los parlamentosnacionales están también en la parte bajade la tabla.

¿Significa esto que disminuye lalegitimidad de la democracia, o más bienque aumenta la exigencia de los ciudadanossobre sus instituciones representativas?Seguramente no se trate de una cosa ni deotra. La legitimidad de la democracia estáasegurada, sobre esto también hayunanimidad en las encuestas, y la exigenciaciudadana sobre la clase política siguediferentes oscilaciones que no son siemprefáciles de establecer. La causa última puedeque resida en la nueva situación deinseguridad y precariedad que caracterizaa este nuevo mundo globalizado, en lapercepción de que los poderes públicos yano son capaces de controlar nuestro destino,y que el compromiso moral con laprovisión de ciertas prestacionesimprescindibles para llevar a cabo una

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vida digna y segura es una cosa del pasado.

Esta situación de incertidumbre ante elfuturo y de inseguridad ante el presentehay que imputarla a la expansión delneoliberalismo y a la nueva naturalezafragmentaria de los vínculos sociales y dela propia identidad individual. El EstadoSocial de posguerra sostuvo el principiode la responsabilidad colectiva por elbienestar individual, de la seguridadcolectiva frente a la necesidad individual.Hoy se ha invertido la ecuación. Lo quepredomina es la tendencia a buscar"soluciones biográficas, individuales, paramales colectivos" (Ulrico Beck). Haydificultades crecientes para traducir losproblemas privados en cuestionespúblicas.

En el análisis que el ya citado Z.Bauman hace al respecto, la causa deesta situación depende del hecho deque las sociedades de hoy se integranmediante el consumo más que a travésde la producción. La libertad ha dejadode ser un concepto con una dimensiónpública para reducirse al modelo de lalibertad de elegir cómo satisfacer deseosindividuales, del mismo modo que lapropia identidad personal se construyetambién a través del mercado. Lalibertad y el destino personal se hanpr iva t izado. Y "una l iber tadcrecientemente privatizada alimenta eldesinterés por la política". Aquellosgobiernos que han cedido la mayoríade sus recursos a fuerzas no elegidasy no controlables políticamente, tienencada vez menos que ofrecer.

Es posible que haya, en efecto, un nuevoespíritu de "desapego cívico" o dedesconfianza en algunas instituciones, perosería erróneo identificarlo sin más a unaretirada de la política. Como demuestra elúltimo triunfo de la izquierda en nuestropaís, es posible recuperar para la políticaa los ciudadanos desencantados. No deberíaser una situación coyuntural, sino parte deese contrato entre poderes públicos yciudadanos del que hablaba antes. Lacuestión que habría que suscitar es, portanto, la relativa a cómo apuntalar de modoestable esa corresponsabilidad entrepoderes públicos y ciudadanos. Algo

hemos dicho ya al respecto al hablar delnuevo compromiso del Estado con lasociedad. Pero es preciso insistir tambiénen la necesidad de dotar de un nuevocontenido a las instituciones democráticas.

Nuestra democracia representativa debeabrirse para acoger una democracia másparticipativa y abierta a la discusión. Unademocracia que, además, deberá serinclusiva. Debe prestara la mayor atenciónposible al pluralismo de nuestra sociedady a su acomodación en el sistema político.A nadie se le escapa que no todos losgrupos sociales tienen la misma capacidad

de entrada al sistema político o al espaciopublico. Nuestra sociedad tiene importantesbolsas de marginalidad social que estambién marginalidad política. Podemospensar en grupos sociales minoritarioscomo los inmigrantes o los gitanos. Perotambién en los jóvenes o en los miembrosde movimientos sociales, cuyo activismopolítico muchas veces sólo encuentra uncauce de participación fuera de los canalesdel sistema político. Hay que darles nuevasvías de acceso al escenario de la políticainstitucional. Que su voz pueda serescuchada y procesada en su interior. Noestamos precisamente sobrados de energíasdemocráticas como para poder prescindirde esta base social inquieta e innovadora.

Sin ellos no hay un auténtico proyecto deapertura a toda la sociedad.

Durante demasiado tiempo la ciudadaníase ha asociado a estructuras constitucionalesformales y estáticas. Pero si deseamosafianzar el poder de los ciudadanos paraproducir soluciones políticas estables, lossocialistas debemos combinar estosfundamentos tradicionales e imprescindiblesdel Estado de derecho con un nuevo énfasissobre la cultura y la participación y con unaadaptación institucional dinámica. Sin esepoder que emerge de la ciudadaníadifícilmente podrán clarificar los poderespúblicos sus límites y objetivos. Pensemos,por poner un ejemplo, en el actual debatesobre la dimensión que ha de cobrar lagestión de recursos públicos escasos enáreas como la educación, la sanidad u otrasprestaciones sociales. Y esto se extiende acualquier cuestión de naturaleza política.Las instancias públicas -y también lospropios partidos políticos- deben dejar decontemplarse tanto así mismos y más a lasociedad.

Concluyo. Hay cuestiones que a mi juiciono ofrecen muchas dudas: siempre es mejorun debate de ideas que las luchaspersonalistas o las inercias programáticas.Pero este debate no puede quedar confinadoa los límites de un seminario, debe abrirsetambién a la sociedad como un todo. Nohemos dejado de insistir en que nuestroobjetivo es tratar de recuperar el espaciopúblico para la política. Habremos dehacerlo también para incorporar el contrastede pareceres y los desafíos provenientesdel nuevo pensamiento político. ¿De quesirven las ideas si luego no pueden serdebatidas? Nadie ignora que la mayoramenaza para que nuestra sociedad cobreuna mayor madurez en su discurso públicoderiva del escaso espacio dedicado a lascuestiones políticas en determinados mediosde comunicación. Tengo para mí, que losciudadanos sólo comenzarán a cobrar unamayor conciencia de su dimensiónciudadana cuando pueda reconocerse comotales en un espacio público con mayorcapacidad de acogida de sus inquietudespolíticas, por muy latentes que éstas sean.Y una ciudadanía crítica y activa es la mejorgarantía para un gobierno responsable.

T R A B A J O

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Cuando el senador Carlos Ominamipropuso, en septiembre pasado, introducircambios al sistema de indemnizacionespor años de servicio y modificar tambiénel seguro de cesantía para dotarlo demejor cobertura como una forma deabordar algunos de los problemas de

empleo del país, la polémica levantópolvareda.

Con el transcurso de los días, diversoseconomistas y especialistas que hanestudiado el tema del empleo empezarona coincidir con el senador respecto de la

necesidad de, al menos, plantear el asuntopara corregir las deficiencias que tieneel actual sistema de cobertura de quienespierden su empleo.

En el XII Congreso de Finanzas yNegocios de ICARE, Ominami dijo quees necesario poner en la agenda públicaun número importante de contenidos,entre ellos el uso productivo de lose x c e d e n t e s d e l c o b r e ; e lperfeccionamiento del seguro dedesempleo y la reforma -de aquí enadelante- del sistema de indemnizacionesde un "mes por año", debido a querepresenta un costo de despido excesivoy que afecta principalmente a la pequeñay mediana empresa.

"Hablé de perfeccionar hacia adelanteel sistema de seguridad del trabajador.Es posible mejorar el sistema para losdesempleados, porque el actual pago deindemnizaciones es un derecho incierto,teórico, ya que la gran mayoría lo termina

El Debate sobreel Cambio en lasIndemnizacionesLa discusión de corregir algunas de las más graves falenciasque presenta la protección para los trabajadores cesantesno es nueva en el país. Ya tuvo una vertiente hace diez añoscuando se inició la discusión del seguro de cesantía.Hoy el asunto ha reflotado, pero con fuertes aristas políticas.

Propuesta de Carlos Ominami

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discutiendo en tribunales, donde sedetermina pagar menos de locorrespondiente. Al mismo tiempo nopromueve la contratación", dijo díasdespués en el diario La Segunda.

Pese a que hubo rechazo de parte de lamayoría de los parlamentarios y partidospolíticos de la Concertación, algunosespecialistas indican que el tema no esnuevo, y que ya se discutió en el paíshace al menos unos 10 años, cuando secomenzó a elaborar la idea del seguro dedesempleo.

El Protac

Fue entonces cuando se estudió unapropuesta denominada Sistema deProtección al Trabajador Cesante(Protac). Entonces también se planteó elhacer frente a los cambios que enfrenteel mercado laboral, especialmente larotación en el empleo y adecuar lainstitucionalidad a estos cambios.

El Protac buscaba crear un sistema deprotección al trabajador cesante yresguardo frente a la movilidad laboral,asegurando al trabajador ingresosmientras encuentra empleo, distribuidos en un máximo de cinco meses.

El sistema mantenía el nivelde beneficios económicosque hoy perc ibe untrabajador cuando esdespedido por necesidadesde la empresa, desahucio outilizar el mecanismo deld e s p i d o i n d i r e c t o( i n d e m n i z a c i ó n d eequivalente a un mes poraño de servicio, con tope deonce meses). Por lo tanto noexistía disminución debeneficios para el trabajadorrespecto del sistema deindemnizaciones.

Adicionalmente a eso, elProtac extendía la coberturapor cesantía a todo evento,asegurando prestaciones en

caso de despido, renunciamuerte o cualquier otracausal de terminación delcontrato de trabajo.

El sistema que se analizóoperaba mediante unacuenta individual en unaentidad administradora,desde el inicio del contratode trabajo, a la cual elempleador aportar íamensualmente un cargo,equivalente al 3,6% de lar e m u n e r a c i ó n d e ltrabajador, y este un 0,8%de la misma por un periodode 11 años. En caso dedespido por necesidadesde la empresa, desahucioo despido indirecto eltrabajador podía retirar latotalidad de sus fondos ensu cuenta individual, entantas cuotas mensualescomo años de serviciotuviera, distribuidas en unmáximo de cinco. Estas secompletarían con unasuma de ca rgo deempleador, equivalente a la diferenciaentre sus aportes a la cuenta más larentabilidad estos, y lo que debía pagar

como prestaciones por añode servicios. Nunca losaportes del trabajador y surentabilidad contribuiríana financiar el pago de esadiferencia.

Cuando el contra toterminaba por causales queno daban derecho aindemnización, el beneficioconsistiría el retiro total delsaldo que registraba lacuenta al terminar elcontrato en un máximo decinco cuotas, salvo en elcaso de muerte o jubilación,cuando se podía retirar enun solo giro.

El Fisco contribuiría a

financiar el Protac de manera subsidiariay respecto de los trabajadores de rentasbajas. Este seguro se aplicaría sólo a losnuevos contratos y no era aplicable a loscontratados con anterioridad al inicio dela vigencia de la ley.

Lo que buscaba este proyecto, endefinitiva, era asegurar al trabajadoringresos económicos durante un períodorazonable de búsqueda de empleo,reguardar mejor el derecho de lostrabajadores cesantes, dado que lamayoría de los fondos ya estaríandepositados en su cuenta; protegerlo antecualquier causal de término de contrato,aunque fuera por voluntad del trabajador;y dar estabilidad al empleo, ya que amayor antigüedad del trabajador, menorera el horizonte de cotizaciones delempleador, debido a que sus obligacionesse extinguían al año 11. Entonces sedesincentivaba el despido de trabajadoresantiguos, lo que con el sistema de

“Es posible mejorarel sistema para los

desempleados,porque el actual pagode indemnizaciones

es un derechoincierto, teórico, yaque la gran mayoría

lo terminadiscutiendo en

tribunales, donde sedetermina pagar

menos de locorrespondiente”.

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indemnizaciones actual resulta totalmenteinverso.

El debate pendiente

Tanto el senador Ominami como otrosque se han referido al tema de lasindemnizaciones han hablado de corregirproblemas graves de cobertura frente aldesempleo, como que, primero, encarecenla contratación y operan como unimpuesto para el empleador a medidaque el trabajador lleva más años en elmismo empleo.

Segundo, que en la práctica sólo favorecea un número reducido de trabajadores,porque la mayoría de las empresas cuandodespiden por necesidad de la empresa-que es la única razón de despido queobliga a indemnizar-, lo hacen porqueestán con pérdidas y, por lo tanto, no

pueden afrontar ese costo. Por lo tantoen muchos casos no se paga laindemnización, se negocia un montoinferior o se lleva el litigio a los tribunalesdonde el promedio

Y tercero, que un seguro de cesantíafortalecido ofrece mayor coberturaporque se paga a todo evento, es decir,aún si el trabajador renuncia o esdespedido por cualquier causal.Sin embargo transformar el seguro actual

en uno con esas condiciones, requeriríafuertes inversiones. "Porque es muymodesto, cubre sólo por cinco meses yen fracción decreciente. Además, para elempresario es pesado desembolsar unacarga al contado en el momento másdifícil -a punto de la quiebra- en vez deir depositando mes a mes en un seguro",ha explicado el propio Ominami.

Los argumentos actuales

El ex director del Trabajo, Sergio Mejíasha dicho que las indemnizaciones fueronideadas "para una situación laboralcompletamente distinta en el país, quebuscaba la seguridad laboral cuando laspersonas pasaban más de 20 años en elmismo empleo".

Actualmente dice Mejías, y dada la granrotación que existe, es preferible

garantizar la estabilidad de los ingresosmás que la de la permanencia en unmismo trabajo.

Un factor que se conjura con un tipode seguro distinto es el que lostrabajadores permanezcan en sustrabajos aún cuando quieran irse,precisamente para no perder suindemnización, lo cual redunda en unabaja productividad y otro tipo deconflictos laborales.

Las estadísticas de la Dirección delTrabajo indican que sólo entre un 10 yun 12% de las terminaciones de contratose acogen al artículo 161 del Código delTrabajo, que es la que invoca la causalde necesidades de la empresa para eldespido. La mayoría de los finiquitosson por otras causales, aunque en laDirección del Trabajo se tramitan másde 60 mil causas en las que se apela delas razones de despido invocadas por elempleador.

Otros especialistas cuestionan losbeneficios de que este "ahorro" para elperíodo de cesantía no deje una buenarentabilidad. Sería mucho mejoradministrado por un independiente,asunto que es muy discutido cada vezque se habla de los seguros de desempleoen sus distintas versiones.

El tema, en todo caso, ha sido estudiadoen diferentes partes del mundo y lo quese tiende es a establecer un buen segurode desempleo. Es decir, no se habla deeliminar el beneficio, sino de sustituirlopor una herramienta que proteja mejor alos trabajadores.

Pese a todos estos argumentos técnicos,el tema sin duda tiene un fuertecomponente político que se debe buscarcómo abordar. No se trata de entrar enuna batalla ni con las organizaciones detrabajadores, ni con los partidos de lacoalición, los cuales rechazaron lapropuesta, aunque efectivamente no hayninguna fórmula concreta en el tapetea la cual se le puedan agregar o quitarnúmeros.

Lo que hay es el planteamiento de untema que para los entendidos en losasuntos de empleo no es una novedad.Sólo que depende cómo se intente hacerfrente a los problemas actuales y sobrelos que hay bastante consenso.

Más aun si se considera que la agendasocial fundamental de este gobierno esla protección social, incluyendo por ciertouna área muy importante dedicada a laprotección al trabajo.

E N T R E V I S TA

En América Latina y, particularmente,en América del Sur, se vive una situaciónbastante paradojal porque por primeravez, en muchos años, tiene democraciasy gobiernos fuertes, que han resuelto demanera democrática sus crisis muyagudas en su momento y de pronósticocomplicado.Me refiero a la situación de Argentinadel 2001, a la de Bolivia, con la elecciónde Evo Morales; incluida la peruana, queterminó con Toledo en un 45 por cientode adhesión y una elección inobjetabledesde el punto de vista democrático.Además, varios de estos gobiernos conafinidades políticas y de propósitos,también han tenido en los últimos dosaños, un ciclo económico que les hapermitido crecer, incluso a algunos contasas bastante altas, en un períodoexpansivo de la economía y del comerciomundial. Todas condiciones necesariaspara que los procesos de integracióntuvieran gran desarrollo.Sin embargo, todos los procesos deintegración tienen problemas. Por una

parte, la comunidad andina, con el retirode Venezuela sufre un golpe durísimo.El MERCOSUR, que es una realidadsólida, avanza muy poco porque le faltanmecanismos supranacionales pararesolver diferencias entre sus asociados.Su precariedad como esquema deintegración política se constata cuandola fuerte controversia entre Uruguay yArgentina termina en el Tribunal de LaHaya.Estamos en un momento en donde, dealguna manera, los mecanismos deintegración están con crisis o problemasseveros de desarrollo, lo que se manifiestaen la dificultad de avanzar en procesossustantivos, más allá de lo meramentecomercialY eso empuja a algunos paísesdeficitarios hacia políticas de autarquías.Eso es lo que imagino esta ocurriendocon el anillo energético de Brasil y ahoraesta ocurriendo en Chile porque no somoscapaces de resolver ciertos cuellos debotellas con procesos de integraciónefectivos, en áreas estratégicas y eso

requiere, básicamente, de condicionespolíticas que no hemos sido capaces degenerar. Estamos en un momento muydifícil de integración.

En ese pobre balance y teniendo encuenta que Chile apostó por un caminode apertura comercial, de baja dearanceles, con tratados de librecomercio con EEUU, la UE y ahoracon China, con una postura un tantoegoísta y poco solidaria con el resto deAmérica Latina, no se ve cómo esecamino elegido pueda favorecer unesquema de integración

No tenemos la principal responsabilidadcomo conducción política de losgobiernos de la Concertación, pues delesquema de integración del cual fuimosfundadores en los sesenta -el PactoAndino- el régimen de Pinochet retiró aChile y en los 90 la opción tomada fueno reincorporarse. No tenía viabilidadpolítica ni práctica.En materia de MERCOSUR, durante los

Senador Jaime Gazmuri:“Estamos en unMomento muyDifícil deIntegración”

* Haré una afirmación que hasta ahora no había hecho, pero llegóel momento de hacerlo. Se negoció muy mal con Argentina y lacrisis tiene que ver, básicamente, con que las reservas de gas queexistían, no eran tales. Esa es la base del problema.

* No comparto para nada transformar la decisión de si votamos afavor o en contra de Venezuela para incorporarse al Consejo deSeguridad de Naciones Unidas, en una suerte de juicio a favor o encontra del liderazgo de Chávez ni de su política interna.

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primeros años de recesión, en general enAmérica del Sur, no hubo una miradasuficiente sobre América Latina,privilegiando los acuerdos de librecomercio con el norte y con Europa. Conel gobierno del Presidente Freí esaorientación se fue modificando, noobstante con el Presidente Aylwin hicimosalgo fundamental para nuestra integracióncon América Latina, como fue resolverlos pleitos históricos, modificando elestatuto de relación con Argentina,pasando de ser países enfrentados a seraliados estratégicos. Eso, sin duda, es unamodificación esencial de la políticaexterior de Chile y de su capacidad deintegración.Y el MERCOSUR no se entendió bien lapropuesta del Presidente Lagos, defortalecer los mecanismos políticos deintegración y no poner todo el acento enuna unión aduanera. En un momentoestuvimos plenamente disponibles paraingresar, pero como en su constitucióninicial se afirmaba que era una uniónaduanera, eso nos obligaba a modificar

toda nuestra estructura arancelaria, cosaque no tenía ningún sentido. Y estaasociación ha avanzado muy poco enestablecer mecanismos políticos deintegración, lo que al final significainstalar, en algunas áreas, institucionessupranacionales, coordinacionesmacroeconómicas, acuerdos vinculantesde los bancos centrales, o sea en procesos

más sólidos de integración, la dimensiónpolítica es central y esta no consiste enreuniones de cancilleres, sino en resolverlas diferencias a través de mecanismossupranacionales y si vamos a tener unapolítica de integración energética, tieneque haber un organismo sudamericanoque la administre. Y de eso estamos muylejos, mientras Europa, en plena guerrafría, pudo tener abastecimiento de gassiberiano, en la actualidad Bolivia le vendegas a Argentina, pero le limita la cantidadque puede exportar a Chile. Sobre la basede esas conductas políticas, no hayintegración posible.

Cómo se explica que habiendo suscritoun acuerdo de abastecimiento de gascon Argentina, hoy exista una suertede incumplimiento y la idea de un sociono confiable?

Haré una afirmación que hasta ahora nohabía hecho, pero llegó el momento dehacerlo. Se negoció muy mal conArgentina y la crisis tiene que ver,

básicamente, con que las reservas de gasque existían, no eran tales. Esa es la basedel problema. No se trata de malavoluntad, sino que no existían la cantidadde reservas que se suponía habían al firmarlos acuerdos con el gobierno de Menen.Segundo, los convenios acordados no sonsuficientemente sólidos y, además,alguien no leyó la ley argentina que en

una norma estipula que con problemas deabastecimiento, el país tiene prioridadsobre los compromisos con terceros, loque habría significado, de poner lacontroversia en el plano jurídico, quehabría que haber firmado un tratado concarácter de ley. En ese sentido, ambospaíses actuaron con una doble imprevisiónporque no se previó el potencialexportador de Argentina y, segundo, losvínculos jurídicos que generamos no sonclaros. Me asilo en la fuerza del acuerdo,pero también debo considerar que eseacuerdo tiene un problema, no es untratado y hay una ley interna argentina.Y eso es lo que nos habría mejorado lasituación para resolver el conflicto, perono habría resuelto el tema delabastecimiento de nuestra matrizenergética.

Han pasado varias cosas desde eseacuerdo. La primera que Argentinaapareció creando una crisis brutal yhoy demanda cada vez más energía.Todo hace prever que Chile en el corto

plazo no tendrá gasargentino.

Bueno, poco estamosteniendo, pero se tratade mantener lo posible.Sin embargo, no puededepender nues t raestrategia energética deun país exportador sinlas condiciones des o b r e p r o d u c c i ó nestimadas en algúnmomento. Ese es todoel tema. Los expertosy actores económicos,entienden que esa es lacausa del problema,aquí no es como se

dice, una cierta mitología antiargentina,que no cumplen sus compromisos y queson poco confiables. En este casoespecífico ese no es el tema, es un factorde recursos, no eran en los nivelessupuestos.Ahora estamos en la disyuntiva políticade que el país debe garantizar unaestrategia energética, que asegure el

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abastecimiento para una economía, quequeremos crezca a un ritmo alto ysostenido y, por lo tanto, eso se convierteen una amenaza, por lo que nos obligarádesarrollar una política energética, end o n d e t e n g a m o s c e r t e z a s y,desgraciadamente, en América del Sur nola estamos encontrando. Se nos imponeel desafió de garantizar una matriz segura.

Se acaba incorporar Venezuela aMERCOSUR, sin precisar lascondiciones, y se ha firmado unprotocolo para avanzar en una alianzaenergética entre Brasil, Argentina yVenezuela, a la cual se sumaríanUruguay y Paraguay, s iendoexpresamente excluidos Chile y Perú¿Cómo se enfrenta esta situación?

La incorporación de Venezuela, una delas economías más fuertes de AméricaLatina, es un dato político de la mayorsignificación porque refuerza el proyectoy la idea del MERCOSUR, al sumar a unpaís que tiene una importancia protagónicay estratégica. Ese es el dato que hay queconstatarAhora, cómo se va a desarrollar eseproceso, es una incógnita todavía y esaincógnita se va a despejar según sea o nola capacidad del MERCOSUR de resolverproblemas que hasta ahora no ha podidoy con la incorporación de una economíatan poderosa como la venezolana, éstosse pueden facilitar y/o complicar. Si bienpuede ser una oportunidad para los paíseschicos, teniendo en cuenta que Venezuelatiene recursos, pero también loscompromisos de avanzar en unaintegración política, significarían, por

ejemplo, hacerlo en eldesarrollo de una políticaexterior común y para ello,en algunas áreas deproblemas en el mundo, supolítica exterior tieneelementos de complicación.

Complica al proceso deintegración de AméricaLatina la alternativabolivariana, suscrita porCuba, Venezuela y

Bolivia.

Es un factor de complejidad porque noestá claro el esquema de integración quesomos capaces de construir. Los dos tienenlimitaciones y aún cuando fueransuperadas no habría una integraciónsudamericana, toda vez que el mecanismono existe en un esquema de exclusión depaíses importantes como Chile y Perú.Toda la proyección de América del Surhacia el pacífico los tiene como ejefundamental y la incorporación de Cubano resuelve ninguno de estos problemas.El tema de Cuba tiene que ver con otrofactor y es cómo lo reintegramos en lacomunidad Latinoamérica y no en lacomunidad sudamericana.

La idea de la ComunidadSudamericana de Nacionesresuelve el tema de integración, ¿es un proyecto viable?

Es una idea a la que apostaría.Se trata de un anillo básico, porsu ubicación geográfica, sucomplementariedad económica,por su dimensión política y, porlo tanto, apostar a que sefortalezca como proyecto políticocomún, me parece puede ser elcamino de solución. Y ladimensión política es si somoscapaces de tener una agendacomún en los grandes temas depol í t i ca in te rnac iona l ymultilateralismo. Y en eso, algo hemos avanzado. Un ejemplode ello es lo que hemos hecho enHaití.

Sin embargo nos hemos negado a cedercuotas de soberanía y si no se hace, laintegración tiene límites, límites sujetosa los vaivenes propios de los países y portanto es difícil construir procesos mássólidos.

Usted ha hablado de un proceso deafinidad política en América Latina,pero también se puede poner acentoen la diversidad. No representan lomismo los liderazgos de Lula yKitchner, con los de Chávez y Uribe.

Hay que hacer un esfuerzo muy grandey, en ese sentido, tengo una mirada muycrítica de cómo estamos haciendo losprocesos de integración y sin duda ladiversidad es uno de ellos. No es posiblepensar que la integración se haga sobrela base de un cierto modelo nacional dedesarrollo y así como nosotros no tenemosderecho ni aptitud para exportar nuestromodelo, tampoco quiero que lo hagaChávez con Chile y eso tiene que serrecíproco. El segundo aspecto es tenerciertos acuerdos políticos sustantivos -elmás evidente es la Carta Democrática delMERCOSUR-, como ir construyendootros en manejo fiscal y monetario y,

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obviamente, en materia depolítica internacional. Tienenque haber ciertos acuerdospolíticos mínimos básicos, noobstante que cada país escojalas vías internas de desarrolloque le parezcan, sin atentarcontra esos principios y losacuerdos suscritos.

Cómo se compatibiliza eso conun cierto veto ideológico queparece emerger de los actorespolíticos, tanto del oficialismo como dela propia Concertación respecto deapoyar o no a Venezuela paraincorporarse al Consejo de Seguridaden Naciones Unidas.

No comparto para nada transformar esadecisión, que tendrá que tomar el gobiernoen octubre, en una suerte de juicio a favoro en contra del liderazgo de Chávez ni desu política interna. No estamos frente auna cuestión de calificación ideológica,sino tenemos que ver cuál de las doscandidaturas, a cuyo origen noconcurrimos, responde mejor a nuestrosintereses, por lo que la decisión se debetomar con un criterio nacional, confundamentos de su política internacionaly si pongo sobre la mesa esos criterios,me parece evidente que la opción tendríaque ser Venezuela.No veo por qué tendríamos que apoyar aGuatemala, que no esta en Sudamérica,que no es socio del MERCOSUR, y quetampoco nos acompañó en la elección deInzulza a la OEA Entonces las razonesque se dan corresponden a razonespuramente ideológicas y no se construyela política internacional chilena basadaen razones ideológicas. No nosolvidemos que estamos firmando elTratado de Libre Comercio con China,lo que no significa estar votando afavor de régimen de partido únicocomo allí existe. Sin embargo,convengamos con el gobiernovenezolano un mínimo de consultasen los temas más complicados de laagenda internacional, de manera que en su voto se exprese de algunamanera una opinión de la región. Esa

no es una exigencia, uno vota por paísesno por programas, pero si estamos en esteánimo de integración es posible concordarun sistema de consultas.Nosotros lo hicimos con el tema de Irak.El presidente Lagos mantuvo permanentesconsultas con todos los presidentes de ALy sin perjuicio que era una decisiónnuestra, de país soberano, entendió queen la medida que pudiéramos expresaruna posición común, estaríamos actuandocon un criterio más integracionista.

Cómo se concilia la ComunidadSudamericana Andina con unMERCOSUR reforzado y esta suertede invitación del electo Alan Garcíapara que Chile se reincorpore.

No conozco los alcances de la invitacióndel Presidente García pero, a priori, diríaque no veo qué resolvería. No obstante,estimo que el gobierno de Alan Garcíaabre alternativas muy promisorias para irconstruyendo con Perú la relación quetodos queremos y necesitamos. Hastaahora es formalmente buena, pero llenade suspicacias, de desconfianzas mutuas.Somos unos vecinos desconfiados, el tema

es cómo construimos unarelación de confianza y deintegración. Hay que conversarcon el Presidente García y vercuáles son los alcances.

El MERCOSUR y la Cantienen alguna perspectiva decomunidad Sudamericana.

Lo son, pero si hay dosesquemas de integración hayque generar una dinámica, hay

que tener una política, un concepto de lascosas. El proyecto debe ser la integraciónde América del Sur, hay que construirinstrumentos de ese proyecto y como hoydía hay dos sistemas de integración, hayque ir acercándolos a través de variadosmecanismos y fórmulas diversas. Somosparte del MERCOSUR, entonces sepodrían reforzar los asociados y seavanzaría mucho si pusiéramos en agendaacuerdos no tanto sobre las estructuras,sino sobre los procesos concretos deintegración que seamos capaces deenfrentar y desarrollar. Hay por lo menostres áreas básicas, el tema energético, lal l a m a d a i n t e g r a c i ó n f í s i c a ycomunicacional y, una tercera áreaorientada a establecer patrones mínimosde políticas sociales, creando unaintegración social. El combate de ladesigualdad y la marginalidad soncomunes a todos, por lo que deben serelementos y partes integrantes de eseproyecto de integración.

Chile tiene sus propias tareaspendientes para poder aportar a ungran proyecto de integración, entreotras cosas su relación con los países

vecinos ¿Cómo se enfrenta de manerapositiva las demandas de Bolivia desalida al mar?

Se enfrenta con una agenda abierta conla cual manifestamos nuestradisponibilidad para enfrentar el temamarítimo, pero incorporando todo eltemario. La dificultad histórica es queBolivia pide primero la reivindicaciónmarítima y después los otros temas, entanto nosotros queremos partir por la

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integración para concluir con su primerareivindicación. El desafío, sin embargo,es iniciar ese camino y hay que hacerlocon mucha fuerza. Todos entienden losmárgenes posibles de un acuerdo, perocomo condición fundamental es necesariogenerar un clima de amistad entre ambospaíses, pero a mí me inquietan ciertasactitudes bolivianas que, precisamente,dificultan esa confianza y, a su vez,debilitan la fuerte corriente chilena, nodominante, de abrirse a la cuestiónmarítima.Me refiero a la llamada cláusula candadoque si bien no tiene ningún efectopráctico, impone a Argentina la condiciónde no poder exportar a terceros países unacantidad más grande de gas del convenido.Eso lo sabe Kitchner y lo tiene que saberel gobierno boliviano, pero tiene un efectopolítico y psicológico, que atenta contrala generación de confianza en losprocesos.La normalización plena de las relacionescon Bolivia es un pendiente histórico yse hace cada vez más urgente, porqueresulta anómalo no tener relaciones conun vecino tan importante, que juega unpapel clave en todo proceso de integraciónlatinoamericana, partiendo por suubicación en el centro del Continente.Se trata de un pleito no resuelto, de difícilresolución, pero en Chile se ha idogenerando un cierto acuerdo paraenfrentarlo, incluso el Presidente Lagoshizo intentos serios y una de sus

frustraciones en materia de políticaexterior fue no haber tenido éxito, pesea haber entregado una relación si bienno normalizada, con un buen clima,que no sin dificultades han intentadomantener ambos gobiernos.

Todos criticaron el viaje deparlamentarios a Bolivia, en dondesuscribieron un documento que noha tenido ninguna difusión y cuyoscontenidos no son atentatorios parala polít ica exterior chilena.Sorprende que no se discutan temasde fondo, pero si accesorios. ¿Existeuna opinión pública adversa a darleuna salida al mar?

En una encuesta que tuve a la vista, un35 por ciento de los chilenos estaba deacuerdo y si bien constituye unaminoría, es una cifra mayor de laestimada, pero una política de estaenvergadura debe contar con un respaldomayoritario de la ciudadanía y, por lotanto, es un proceso de construcción quehay que hacer en los dos países. Unacuerdo razonable podría ser entendidopor la opinión pública siempre y cuandoactores relevantes estuvieran dispuestosa un debate serio, con razones yargumentos.No obstante, tengo la impresión que existeun cierto consenso en esta materia. Si hayuna conducción política clara, creopodemos construir un acuerdo pues hay

sectores políticos, de maneratransversal, disponibles.En relación a la visita deparlamentarios, el acuerdosuscrito es impecable, no seasume ninguna posición,pareciera hecho por lacancillería, entonces no seexplica que no hayan tomadocontacto. Esa es su imprudencia.

A juicio de Perú, nuestro paísha sostenido una políticaarmamentista, con unarenovación permanente dematerial bélico, con una Leyque no tiene clara explicacióny que sólo representa un

factor de inquietud y desconfianza¿Cómo se enfrenta esta situación?

Si bien se ha hecho una renovaciónbastante amplia, ésta tiene unaconsideración técnica razonable, noobstante es cier to que cuandomodernizamos el material bélico,aumentamos la capacidad militar.Tenemos una política internacional y dedefensa bastante explicita y efectivamentetenemos una vocación disuasiva, eso esobjetivamente así y se explica por razoneshistóricas. Ahora, las relaciones entre lasFFAA de ambos países es fluida, en lamedida que ha habido una política deacercamiento y, por lo mismo, no existenmayores susceptibilidades.Sobre la ley del cobre, ésta ya no sesostiene y es un factor de distorsión muyfuerte, no obstante tiene que haber unaley especifica para el presupuesto de lasFFAA, que pueda asignarse de maneraplurianual, dependiendo de una seriaplanificación. Y eso lo tiene claro elgobierno, incluso existe un compromisode la Ministra de Defensa para presentarun proyecto de ley modificatorio en eltercer trimestre de este año.

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