DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

En que consisten ? Los funcionarios públicos emiten

actos ilegales,

abusan de la confianza

depositada en ellos para

apropiarse, usar determinados

bienes encargados a ellos.

Influencian en determinaciones de

adjudicación de contratos o

asunto que ellos u otros

funcionarios estén conociendo:

❖ resoluciones, sentencias, cambio

de un favor o dinero.

También para cometer

arbitrariedades sobre particulares

en uso de su cargo y así obtener

un beneficio propio de un tercero.

PECULADO

Una persona inculpadade peculado, está siendoimputado porla malversación defondos públicos, esdecir, la apropiaciónilícita de recursosmonetariospertenecientes al Estadopor parte del personal

encargado.

Peculado Delito que puede ser

cometido únicamentepor un funcionariopúblico o empleadooficial a quien sele confían y entreganbienes muebles oinmuebles, dineros decarácter público, y estese los apropia, parausarlos indebidamente,darles un uso diferenteal que están destinadoso los deja extraviar operder.

PECULADO POR APROPIACIÓN Se refiere a un servidor

público que se adueña parabeneficio propio o de untercero de bienes delEstado o de empresas einstituciones cuya administracióno custodia se haya confiado enfunción de su cargo.

El artículo 133 del CódigoPenal, establece entre seis yquince años de prisión,además de multas equivalentes alde valor lo apropiado einhabilitación en funcionespúblicas entre seis y quince años.

PECULADO POR USO El uso indebido por

parte de terceros debienes del Estado,empresas oinstituciones bajo laplena autorización deun empleado oficial estápenalizado en el artículo134 del Código Penal conuna sanción entre uno ycuatro años de prisión,exclusión de derechos ofunciones públicas.

La pena será por igualtanto para el que realiza laacción como para el que laavala.

Peculado por error ajeno.

El empleado oficial que seapropie o retenga, enprovecho suyo o de untercero, de bienes que porerror ajeno hubiererecibido, incurrirá enprisión de uno (1) a tres(3) años, multa de un mil acincuenta mil pesos einterdicción de derechos yfunciones públicas de uno(1) a tres (3) años.

Cuando no hubiereapropiación ni retención,sino uso indebido, la penase reducirá en la mitad.

Peculado por aplicación oficial diferente

Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 32.* El empleado oficial que déa los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éstetenga parte, cuya administración o custodia se le haya confiadopor razón de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquellaa que están destinados, o comprometa sumas superiores a lasfijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma noprevista en éste, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3)años, (multa de un mil a cincuenta mil pesos)* e interdicción dederechos y funciones públicas de uno (1) a tres (3) años.

Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para los delitos contra laadministración pública no contemplados en esta ley que tenganpenas de multa, ésta será siempre entre diez (10) a cincuenta(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo conla dosificación que haga al juez.

Peculado Culposo

Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 32.El empleado oficial que respecto abienes del Estado o de empresas oinstituciones en que éste tengaparte, o bienes de particulares cuyaadministración o custodia se le hayaconfiado por razón de sus funciones,por culpa dé lugar a que seextravíen, pierdan o dañen, incurriráen arresto de seis (6) meses a dos(2) años, en multa de (un mil a veintemil pesos)* e interdicción dederechos y funciones públicas de seis(6) meses a dos (2) años.

Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para losdelitos contra la administraciónpública no contemplados en esta leyque tengan penas de multa, ésta serásiempre entre diez (10) a cincuenta(50) salarios mínimos legalesmensuales vigentes de acuerdo conla dosificación que haga al juez.

Peculado por Extensión

Modificado Ley 190 de 1995, Art. 20. Tambiénincurrirá en las penas previstas en los artículosanteriores, el particular que realice cualesquierade las conductas en ellos descritas sobre bienes:

1- Que administre o tenga bajo su custodiaperteneciente a empresas o instituciones en que elestado tenga mayor parte o recibidos a cualquiertítulo de éste.2- Que recaude, administre o tenga bajo sucustodio pertenecientes a asociacionesprofesionales, cívicas, sindicales, comunitarias,juveniles, benéficas o de utilidad común nogubernamentales.

Art. 139. - Circunstancias de atenuación punitiva.

Si antes de iniciarse la investigación, el agente,por sí o por tercera persona, hiciere cesar el maluso, reparare lo dañado o reintegrare loapropiado, perdido, extraviado, o su valor, la penase disminuirá hasta en las tres cuartas partes.

Si el reintegro se efectuare antes de dictarsesentencia de segunda instancia, la pena sedisminuirá hasta en la mitad.

Cuando el reintegro fuere parcial, el juez podrá,en casos excepcionales y teniendo en cuenta lascircunstancias previstas en el artículo 61,disminuir la pena hasta en una cuarta parte.

ART. 139A. - ADICIONADO. LEY 366 DE 1997, ART. 5.

El servidor público y/o empleado oficial que destine recursos deltesoro para estimular o beneficiar directa o por interpuestapersona a los explotadores y comerciantes de metales preciososcon el objetivo de que declaren sobre el origen o procedenciadel mineral precioso, incurrirá en prisión de dos a diez años, enmulta de cien a quinientos salarios mínimos mensuales yquedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.Así mismo, en la sentencia se ordenará reintegrar a favor deltesoro público las sumas pagadas.

En la misma pena incurrirá el que reciba con el mismopropósito los recursos del tesoro o quien declare producción demetales preciosos a favor de municipios distintos al productor.

Concusión Modificado. Ley 190 de 1995,

Art. 21.

El servidor público queabusando de su cargo o desus funciones constriña oinduzca a alguien a dar oprometer al mismo servidor oa un tercero, dinero ocualquier otro utilidadindebidos, o los solicite,incurrirá en prisión de cuatro(4) a ocho (8) años, multa decincuenta (50) a cien (100)salarios mínimos legalesmensuales vigentes, einterdicción de derechos yfunciones públicas por elmismo término de la pena

principal.

v

Cohecho Propio Modificado. Ley 190 de 1995,

Art. 22. El servidor públicoque reciba para sí o para otrodinero u otra utilidad, oacepte promesaremuneratoria, directa oindirectamente, para retardaru omitir un acto propio de sucargo, o para ejecutar unocontrario a sus deberesoficiales, incurrirá en prisiónde cuatro (4) o ocho (8) años,multa de cincuenta (50) a cien(100) salarios mínimos legalesmensuales vigentes, einterdicción de derechos yfunciones públicas por elmismo término de la penaprincipal.

Cohecho Impropio Modificado. Ley 190 de 1995, Art.

23. El servidor público que aceptepara sí o para otro, dinero u otrautilidad o promesa remuneratoria,directa o indirecta, por acto que debaejecutar en el desempeño de susfunciones, incurrirá en prisión de tres(3) a seis (6) años, multa decincuenta (50) a cien (100) salariosmínimos legales mensuales vigentese interdicción de derechos yfunciones públicas por el mismotérmino de la pena principal.

El servidor público que reciba dinerou otra utilidad de persona que tengainterés en asunto sometido a suconocimiento, incurrirá en prisión deuno (1) a cinco (5) años, multa detreinta (30) a cincuenta (50) salariosmínimos legales mensuales vigentese interdicción de derechos yfunciones públicas hasta por elmismo término.

Cohecho Por dar u ofrecer El que de u ofrezca dinero o otra utilidad

a servidor público, en los casos previstosen los dos artículos anteriores, incurriráen prisión de tres (3) a seis (6) años,multa de cincuenta (50) a cien (100)salarios mínimos legales mensualesvigentes, interdicción de derechos yfunciones públicas por el mismo términode la pena principal y prohibición decelebrar contratos con la administraciónpor el mismo término.

(Parágrafo. Si la investigación se iniciarepor denuncia del autor o partícipeparticular, efectuada dentro de los quince(15) días siguientes a la ocurrencia delhecho punible, acompañada de pruebaque amerite la apertura de lainvestigación en contra del servidor querecibió o aceptó el ofrecimiento, la acciónpenal respecto del denunciante seextinguirá. A este beneficio se haráacreedor el servidor público sidenunciare primero el delito.

En todo caso, si el funcionario judicial noestimare suficiente la prueba aportadapara iniciar la investigación, la denunciacorrespondiente no constituirá prueba ensu contra).

De la celebración indebida de contratos

El empleado oficial que en ejercicio de susfunciones intervenga en la tramitación,aprobación o celebración de un contrato conviolación del régimen legal de inhabilidades oincompatibilidades, incurrirá (en arresto deuno a cinco años, en multa hasta de cincomillones de pesos e interdicción de derechosy funciones públicas de dos (2) a siete (7)años)*.

Ley 80 de 1993, Art. 57. - De la infracción delas normas de contratación. El servidorpúblico que realice alguna de las conductastipificadas en los artículos 144, 145 y 146 delCódigo Penal, incurrirá en prisión de cuatro(4) a doce (12) años y multa de veinte (20) aciento cincuenta (150) salarios mínimoslegales mensuales.

Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para los delitoscontra la administración pública nocontemplados en esta ley que tengan penasde multa, ésta será siempre entre diez (10) acincuenta (50) salarios mínimos legalesmensuales vigentes de acuerdo con ladosificación que haga el juez.

Art. 144. - Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades

Interés ilícito en la celebración de contratos

El empleado oficial que se interese enprovecho propio o de un tercero, encualquier clase de contrato u operación enque deba intervenir por razón de su cargo ode sus funciones, incurrirá en prisión de (seis(6) meses a tres (3) años)*, en multa de unmil a quinientos mil pesos e interdicción dederechos y funciones públicas de uno (1) acinco (5) años.

Ley 80 de 1993, Art. 57 . - De la infracción delas normas de contratación. El servidorpúblico que realice alguna de las conductastipificadas en los artículos 144, 145 y 146 delCódigo Penal, incurrirá en prisión de cuatro(4) a doce (12) años y multa de veinte (20) aciento cincuenta (150) salarios mínimoslegales mensuales.

Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para los delitoscontra la administración pública nocontemplados en esta ley que tengan penasde multa, ésta será siempre entre diez (10) acincuenta (50) salarios mínimos legalesmensuales vigentes de acuerdo con ladosificación que haga el juez.

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

. Decreto 141 de 1980, Art. 1o. El empleado oficialque por razón del ejercicio de sus funciones y con elpropósito de obtener un provecho ilícito para sí, parael contratista o para un tercero, tramite contratos sinobservancia de los requisitos legales esenciales o loscelebre o liquide sin verificar el cumplimiento de losmismos, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres(3) años, multa de un mil a cien mil pesos einterdicción del ejercicio de derechos y funcionespúblicas de uno (1) a cinco (5) años.

* Ley 80 de 1993, Art. 57 . - De la infracción de lasnormas de contratación. El servidor público querealice alguna de las conductas tipificadas en losartículos 144, 145 y 146 del Código Penal, incurriráen prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa deveinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimoslegales mensuales.

* Ley 190 de 1995, Art. 32. - Para los delitos contrala administración pública no contemplados en estaley que tengan penas de multa, ésta será siempreentre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimoslegales mensuales vigentes de acuerdo con ladosificación que haga el juez.

DEL ENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO

Enriquecimiento ilícito El empleado oficial que por razón del cargo o de

sus funciones, obtenga incremento patrimonial nojustificado, siempre que el hecho no constituyaotro delito, incurrirá en prisión de uno (1) a ocho(8) años, multa de veinte mil a dos millones depesos e interdicción de derechos y funcionespúblicas de dos (2) a diez (10) años.

En la misma pena incurrirá la persona interpuestapara disimular el incremento patrimonial nojustificado.

(Las pruebas aducidas para justificar elincremento patrimonial son reservadas y nopodrán utilizarse para ningún otro efecto).°

Inexequible. Corte Suprema de Justicia, sentencia9 de diciembre de 1982.

Ley 190 de 1995, Art. 26.- La pena de que trata eldelito previsto en el artículo 148 del CódigoPenal, será de dos (2) a ocho (8) años de prisión,multa equivalente al valor del enriquecimiento einterdicción de derechos y funciones públicas porel mismo término de la pena principal.

Utilización indebida de información privilegiada

.El servidor público o elparticular que como empleadoo directivo o miembro de unajunta u órgano deadministración de cualquierentidad pública o privada quehaga uso indebido deinformación que hayaconocido por razón o conocasión de sus funciones, conel fin de obtener provechopara sí o para un tercero, seaéste persona natural ojurídica, incurrirá en prisión dedos (2) a seis (6) años einterdicción de funciones porel mismo término de la pena

principal.

DEL PREVARICATO

PREVARICATO POR ACCIÓN

El servidor público queprofiera resolución,dictamen manifiestamentecontrario a la ley, incurriráen prisión de tres (3) aocho (8) años, multa decincuenta (50) a cien (100)salarios mínimos legalesmensuales vigentes einterdicción de derechos yfunciones públicas hastapor el mismo tiempo de lapena impuesta.

PREVARICATO POR OMISIÓN

El servidor público

que omita, retarde,

rehuse o deniegue un

acto propio de sus

funciones, incurrirá

en las penas previstas

en el artículo

anterior.

Prevaricato porasesoramiento ilegal

El servidor público queasesore, aconseje opatrocine de manera ilícitaa persona que gestionecualquier asunto públicode su competencia,incurrirá en prisión de tres(3) a seis (6) años, multa decincuenta (50) a cien (100)salarios mínimos legalesmensuales vigentes einterdicción de derechos yfunciones públicas por elmismo término de la penaprincipal.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

De la Celebración Indebida de

Contratos

Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades

Artículo 408.. Modificado por el art. 33,

Ley 1474 de 2011. El servidor público que

en ejercicio de sus funciones intervenga en

la tramitación, aprobación o celebración de

un contrato con violación al régimen legal o

a lo dispuesto en normas constitucionales,

sobre inhabilidades o incompatibilidades,

incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce

(12) años, multa de cincuenta (50) a

doscientos (200) salarios mínimos legales

mensuales vigentes, e inhabilitación para el

ejercicio de derechos y funciones

públicas de cinco (5) a doce (12)

años. Texto subrayado declarado

EXEQUIBLE por la Corte

Constitucional mediante Sentencia C-

652 de 2003

Interés ilícito en la

celebración de contratos Modificado por el art. 33, Ley

1474 de 2011. El servidorpúblico que se interese enprovecho propio o de untercero, en cualquier clase decontrato u operación en quedeba intervenir por razón desu cargo o de sus funciones,incurrirá en prisión de cuatro(4) a doce (12) años, multa decincuenta (50) a doscientos(200) salarios mínimos legalesmensuales vigentes, einhabilitación para el ejerciciode derechos y funcionespúblicas de cinco (5) a doce(12) años.

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

. Modificado por el art. 33, Ley 1474de 2011. El servidor público que porrazón del ejercicio de sus funcionestramite contrato sin observancia delos requisitos legales esenciales o locelebre o liquide sin verificar elcumplimiento de los mismos, incurriráen prisión de cuatro (4) a doce (12)años, multa de cincuenta (50) adoscientos (200) salarios mínimoslegales mensuales vigentes, einhabilitación para el ejercicio dederechos y funciones públicas decinco (5) a doce (12) años. DeclaradoExequible Sentencia CorteConstitucional 917 de 2001; Textosubrayado declaradoEXEQUIBLE por la CorteConstitucionalmediante Sentencia C-652 de 2003

DECRETO 141DE 1980

DECRETO 141 DE 1980(enero 25)

Por el cual se aclara el Decreto

número 100 del 23 de enero de 1980.

ARTÍCULO PRIMERO. Los

artículos 68, 146, 235, 265 y 334 del

nuevo Código Penal quedarán así:

Artículo 68. Concepto. En la sentencia

condenatoria de primera, segunda o

de única instancia, el juez podrá, de

oficio o a petición de interesado,

suspender la ejecución por un período

de prueba de dos (2) a cinco (5) años,

siempre que se reúnan los siguientes

requisitos:

1º Que la pena impuesta sea de

arresto o no exceda de tres años de

prisión.

2º Que su personalidad, la naturaleza

y modalidades del hecho punible,

permitan al juez suponer que el

condenado no requiere de tratamiento

penitenciario.

DECRETO 141 DE 1980 (enero 25) Artículo 146. Contrato sin

cumplimiento derequisitos legales. Elempleado oficial que por razóndel ejercicio de sus funciones ycon el propósito de obtenerun provecho ilícito para sí,para el contratista o para untercero, tramite contrato sinobservancia de los requisitoslegales esenciales o lo celebreo liquide sin verificar elcumplimiento de los mismos,incurrirá en prisión de seis (6)meses a tres (3) años, multa deun mil a cien mil pesos einterdicción de derechos yfunciones públicas de uno (1) acinco (5) años.

DECRETO 141 DE 1980 (enero 25) Artículo 235. Usura. El que reciba o

cobre, directa o indirectamente, de unao varias personas, en el término de un(1) año, a cambio de préstamo dedinero o por concepto de venta debienes o servicios a plazo, utilidad oventaja que exceda en la mitad elinterés que para el períodocorrespondiente estén cobrando losbancos por los créditos ordinarios delibre asignación, según certificación dela Superintendencia Bancaria, cualquierasea la forma utilizada para hacerconstar la operación, ocultarla odisimularla, incurrirá en prisión de seis(6) meses a tres (3) años y en multa deun mil a cincuenta mil pesos.

El que compre cheque, sueldo, salario oprestación social en los términos ycondiciones previstos en este artículo,incurrirá en prisión de ocho (8) mesesa cuatro (4) años y en multa de un mil acincuenta mil pesos.

LEY 80 DE 1993

DISPOSICIONES GENERALES

Entidades Estatalesa) La Nación, las regiones, los

departamentos, las provincias, el

Distrito Capital y los distritos

especiales, las áreas metropolitanas, las

asociaciones de municipios, los

territorios indígenas y los municipios;

los establecimientos públicos, las

empresas industriales y comerciales del

Estado, las sociedades de economía

mixta en las que el Estado tenga

participación superior al cincuenta por

ciento (50%), así como las entidades

descentralizadas indirectas y las demás

personas jurídicas en las que exista

dicha participación pública mayoritaria,

cualquiera sea la denominación que ellas

adopten, en todos los órdenes y niveles.

DISPOSICIONES GENERALES entidades estatales

b) El Senado de la República, la Cámara deRepresentantes, el Consejo Superior de laJudicatura, la Fiscalía General de la Nación, laContraloría General de la República, lascontralorías departamentales, distritales ymunicipales, la Procuraduría General de laNación, la Registraduría Nacional del EstadoCivil, los ministerios, los departamentosadministrativos, las superintendencias, lasunidades administrativas especiales y, engeneral, los organismos o dependencias delEstado a los que la ley otorgue capacidadpara celebrar contratos. Literal b)declarado EXEQUIBLE por la CorteConstitucional mediante Sentencia C-374 de 1994.

DISPOSICIONES GENERALES servidores públicos:

a) Las personas naturales queprestan sus servicios dependientesa los organismos y entidades deque trata este artículo, conexcepción de las asociaciones yfundaciones de participaciónmixta en las cuales dichadenominación se predicaráexclusivamente de susrepresentantes legales y de losfuncionarios de los nivelesdirectivo, asesor o ejecutivo o susequivalentes en quienes se deleguela celebración de contratos enrepresentación de aquéllas. Textosubrayado declaradoEXEQUIBLE por la CorteConstitucional medianteSentencia C-230 de 1995.

DISPOSICIONES GENERALES

servidorespúblicos:

b) Los miembros delas corporacionespúblicas que tengancapacidad paracelebrar contratosen representación deéstas. Literal b)declaradoEXEQUIBLE porla CorteConstitucionalmedianteSentencia C-374 de 1994.

* Ley 80 de 1993 Art. 57 . - De la

infracción de las normasde contratación. Elservidor público querealice alguna de lasconductas tipificadas enlos artículos 144, 145 y146 del Código Penal,incurrirá en prisión decuatro (4) a doce (12)años y multa de veinte(20) a ciento cincuenta(150) salarios mínimoslegales mensuales.

* Ley 190 de 1995

Art. 32. - Para losdelitos contra laadministración públicano contemplados enesta ley que tenganpenas de multa, éstaserá siempre entrediez (10) a cincuenta(50) salarios mínimoslegales mensualesvigentes de acuerdocon la dosificación quehaga el juez.

B. Aspectos Procesales Artículo 33º.- Harán parte de la reserva las investigaciones

preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulen laProcuraduría General de la Nación y demás órganos de control dentrode los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo mismo quelos respectivos descargos; los fallos serán públicos.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tengaacceso a la investigación, desde los preliminares. Subrayadodeclarado exequible. Sentencia C 38 de 1996 Únicamentebajo el entendido que la reserva que se consagra se ha delevantar tan pronto se practiquen las pruebas decretadas enla oportunidad legal, y en todo caso, una vez expire el términoseñalado en la Ley para la investigación; Sentencia C 54 de1996 Corte Constitucional.

Parágrafo 1º.- La violación de la reserva será causal de mala

conducta. Subrayado declarado exequible Sentencia C 38 de

1996 Corte Constitucional.

Parágrafo 2º.- Tampoco podrán publicarse extractos o resúmenes del

contenido de la investigación sometida a reserva, hasta que se produzca

el fallo.Subrayado declarado inexequible. Sentencia C 38 de

1996 Corte Constitucional.

Parágrafo 3º.- En el evento de que se conozca la información reservada,

la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a la

opinión las posibles razones del hecho. Subrayado declarado

exequible Sentencia C 38 de 1996 Corte Constitucional. Artículo 71

Ley 200 de 1995; Artículo 151 Ley 200 de 1995] Radicación 756 de

1995 Sala de Consulta y Servicio Civil.

Artículo 34º.- El artículo 569 Del Código de Procedimiento Penal quedará así:

"Artículo 569º.- Requisitos para solicitarla. Sin perjuicio de lo previsto en tratados

públicos, cuando contra una persona que se encuentre en el exterior se haya

proferido en Colombia resolución que resuelva la situación jurídica, imponiendo

medida de aseguramiento de detención preventiva, resolución de acusación en firme

a sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad no

inferior a dos (2) años de prisión, el funcionario que conociere del proceso en

investigación o en primera o única instancia, pedirá al Ministerio de Justicia y del

Derecho que se solicite la extradición del procesado o condenado, para lo cual

remitirá copia de la providencia respectiva y demás documentos que considere

conducentes.

La solicitud podrá elevarla el funcionario de segunda instancia cuando sea él quien

ha formulado la medida".

Artículo 35º.- En el evento de bienes cuya mutación de propiedad esté sujeta a

cualquier modalidad de registro, respecto de los cuales se hubiere dispuesto su

embargo o secuestro preventivos o se hubiere producido su decomiso, se dará aviso

inmediato al funcionario competente, quien inscribirá la medida sin someterla a

turno alguno ni al cobro de cualquier derecho, so pena de incurrir en causal de mala

conducta.

La orden de entrega definitiva de bienes a particulares será sometida al grado

jurisdiccional de consulta y sólo se cumplirá una vez la providencia dictada en él

quede ejecutoriada.

Artículo 36º.- En todo proceso por delito contra la administración pública, será

obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de

derecho público perjudicada. Subrayado declarado exequible Sentencia C

38 de 1996 Corte Constitución.

De la apertura de instrucción deberá siempre comunicarse en los términos de

ley al representante legal de la entidad de que se trate. Subrayado declarado

exequible Sentencia C 38 de 1996 Corte Constitucional.

El incumplimiento de estas obligaciones es causal de mala conducta para el

funcionario correspondiente. Subrayado declarado exequible Sentencia C

38 de 1996 Corte Constitucional.

Artículo 37º.- Lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento

Penal se aplicará igualmente para garantizar el pago de las multas en los casos en

que esta pena se encuentre prevista.

Artículo 38º.- Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1 de la Ley 24 de 1992 se

aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios

suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan

adelantar la actuación de oficio.

A. Control sobre entidades sin Animo de Lucro.

Artículo 45º.- De conformidad con la reglamentación queal efecto expide el Gobierno Nacional, todas las personasjurídicas y las personas naturales que cumplan losrequisitos señalados en el reglamento, deberán llevarcontabilidad, de acuerdo con los principios generalmenteaceptados. Habrá obligación de consolidar los estadosfinancieros por parte de los entes bajo control.

Cuando se cumplan los requisitos, los estados básicos ylos estados financieros consolidados deberán sersometidos a una auditoría financiera.

El Gobierno podrá expedir normas con el objeto de que talauditoría contribuya a detectar y revelar situaciones queconstituyan prácticas violatorias de las disposiciones oprincipios a que se refiere la presente Ley.

SISTEMAS DE CONTROL

Artículo 46º.- La entidad sin ánimo de lucro que déaplicación diferente a los recursos que reciba del Estado acualquier título, será sancionada con cancelación de lapersonería jurídica y multa equivalente al valor de losaplicados indebidamente, sin perjuicio de las sancionespenales que por tal hecho se pueden generar.

Artículo 47º.- El representante legal de una entidad sinánimo de lucro que reciba recursos del Estado acualquier título, estará sujeto al régimen deresponsabilidad administrativa previsto por el EstatutoGeneral de Contratación de la Administración Públicapara los representantes legales de las entidades delsector público, cuando celebre cualquier tipo de contrato,sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

B. Control Social Artículo 48º.- A partir de la vigencia de esta Ley todas

las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deberán

establecer, a más tardar el treinta y uno (31) de

diciembre de cada año, los objetivos a cumplir para el

cabal desarrollo de sus funciones durante el año

siguiente, así como los planes que incluyan los recursos

presupuestados necesarios y las estrategias que habrán

de seguir para el logro de esos objetivos, de tal manera

que los mismos puedan ser evaluados de acuerdo con

los indicadores de eficiencia que se diseñen para cada

caso, excepto los gobernadores y alcaldes a quienes en

un todo se aplicará lo estipulado en la ley que

reglamentó el artículo 259 de la Constitución Política

referente a la institución del voto programático.

Parágrafo.- Derogado por el art. 237, DecretoNacional 019 de 2012. A partir de la vigencia deesta Ley, todas las entidades públicas diseñarány revisarán periódicamente un manual deindicadores de eficiencia para la gestión de losservidores públicos, de las dependencias y de laentidad en su conjunto, que deberáncorresponder a indicadores generalmenteaceptados.

El incumplimiento reiterado de las metasestablecidas para los indicadores de eficiencia,por parte de un servidor público, constituirácausal de mala conducta.

Ver Artículo 13 Ley 42 de 1993. Sobre ControlFiscal de Resultados.

Artículo 50º.- El Fondo para la Participación Ciudadana en coordinación

con la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, realizará

estudios periódicos con el fin de consultar a la ciudadanía sobre las

condiciones de las funciones que desempeñan o los servicios que

prestan las entidades del Estado. Los resultados consolidados de esta

encuestas serán enviados a las gerentes, representantes legales o

directores de todas las entidades públicas donde se encuentren

problemas relacionados con el desempeño de la función o la prestación

del servicio, con el fin de que éstos tomen las medidas pertinentes.

Los resultados de estos estudios serán publicados en el informe anual

de la Comisión a que hace referencia el artículo 73 Numeral 7 de la

presente Ley.

Artículo 51º.- Con fines de control social y de participación

ciudadana, que permitan vigilar la gestión pública, a partir de la

vigencia de la presente Ley, las alcaldías municipales y

distritales y las oficinas o secciones de compras de las

gobernaciones y demás dependencias estatales, estarán

obligadas a publicar en sitio visible de las dependencias de la

respectiva entidad, una vez al mes, en lenguaje sencillo y

asequible al ciudadano común, una relación singularizada de

los bienes adquiridos y servicios contratados, el objeto y el

valor de los mismos, su destino y el nombre del adjudicatario,

así como las licitaciones declaradas desiertas. Ver Sentencia

Corte Constitucional 596 de 2002

Parágrafo.- A nivel municipal, el personero

municipal vigilará el cumplimiento de esta

norma. A nivel departamental y nacional lo hará

la Procuraduría General de la Nación.

GRACIAS