articulo de tierra y territorio
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La Gestión Forestal Indígena en la TCO Guarayos
La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guarayos, está ubicada en la provincia Guarayos, departamento Santa Cruz, con una superficie de 1’350.000,00 ha; está compartida en tres secciones municipales: Ascensión, Urubichá y El Puente. La carretera interdepartamental Santa cruz – Trinidad, constituye la vía de acceso principal hacia la TCO Guarayos. Desde la capital de la provincia, Ascensión, hasta las comunidades demandantes de la TCO, hay una red de caminos vecinales de ripio entre 40 y 70 km de distancia.
La Gestión Forestal Indígena en la TCO Guarayos, es un proceso productivo, impulsado estratégicamente por la Comisión Intercomunal y ratificado en la séptima Gran Asamblea de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos – COPNAG (1.998) a través del Plan de Acciones Estratégicas (P+añemoñetasaguasu), con el propósito de “Consolidar la propiedad de la Tierra Comunitaria de Origen, a partir de la ocupación del territorio, para mejorar las condiciones de vida del pueblo guarayo“.
El directorio de COPNAG, aprovechando la legislación forestal favorable, con el apoyo interinstitucional conformado por el proyecto BOLFOR, la cooperación holandesa SNV y la ONG CEADES, viabiliza la implementación las unidades productivas forestales comunales a través de la inversión productiva (inventario – PGMF, censo – POAF), capacitación y asistencia técnica (aprovechamiento, comercialización, organización y administración).
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Manejo Forestal Comunitario en la TCO Guarayos
Persistentemente el Manejo Forestal Comunitario se está consolidando como una estrategia de desarrollo sostenible para los guarayos y para muchos otros pueblos indígenas de Bolivia que ven el aprovechamiento del bosque una oportunidad para crecer económicamente preservando la naturaleza con la que conviven, a la vez que ponen en ejercicio sus derechos colectivos. Este documento presenta la sistematización de la experiencia del Manejo Forestal Comunitario desarrollada conjuntamente entre el pueblo indígena Guarayos y el CEADES.Para solicitar un ejemplar de la presente publicación escribir a la siguiente dirección de correo [email protected] detallando nombre, organización y dirección completa. Este material es gratuito pero el solicitante deberá pagar el costo de envió.
Entregarán títulos a TCO GuarayosPor:La Estrella del Oriente
El título ejecutorial Nº TCONAL 000317 será entregado hoy a la Tierra Comunitaria de Origen “Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos Copnag” de la provincia Guarayos, departamento de Santa Cruz por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo Tola.El director nacional del INRA, Juanito Félix Tapia García informó que el título a ser entregado corresponde a una superficie total de 200.987 hectáreas con 3.825 metros a favor de la TCO.
Entre las gestiones 2010 y 2011 se entregaron nueve títulos a la TCO de un total de 10, quedando pendiente solamente el que será entregado en esta oportunidad en ocasión de celebrar el 22 Aniversario de la provincia Guarayos haciendo un total de 1.352.152 hectáreas con 4.196 metros titulados.El acto se tiene previsto en la localidad de Ascensión de Guarayos, ubicada a 340 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz.
Derechos indígenas en la TCO Guarayos serán estudiados
/ • 2008-08-12 | ¿Se cumplen los derechos indígenas que el Estado reconoce a las organizaciones y comunidades del territorio indígena de Guarayos? La pregunta engloba la búsqueda de respuestas desde la investigación que emprenderá el proyecto “El ejercicio de los derechos indígenas por el pueblo guarayo: Los derechos indígenas en la legislación boliviana y grado de cumplimiento por el Estado y otros sectores sociales”.
El trabajo es una de las siete investigaciones seleccionadas en la convocatoria “Derechos de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia”, auspiciada por el Ministerio de la Presidencia de Bolivia, a través de la Unidad de Coordinación y Promoción de Políticas y Derechos Indígenas; y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), en el marco de un Convenio de Cooperación Interinstitucional.
Los autores, José Martínez (coordinador) y Alicia Tejada, toman como punto de partida de su trabajo la hipótesis de que la temática de los derechos indígenas en los últimos años mereció estudios y consideraciones de diversos sectores, sin tener necesariamente un eco en el cumplimiento de las leyes vigentes.
La investigación se desarrollará en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, donde, según los investigadores, se concentran varias problemáticas comunes a los pueblos indígenas y sus derechos. A saber: Incendios forestales y desmontes ilegales; asentamientos de diversos grupos socio culturales; presencia de agroindustriales extranjeros; concesiones forestales y mineras; comunidades indígenas fuera de las áreas tituladas; áreas de reserva forestal y de flora y fauna vulneradas.
“Este conjunto de situaciones tienen incidencia directa en los derechos de los pueblos indígenas, de modo que el estudio y análisis de la complejidad de factores en el ejercicio de los mismos permitirá entender el estado de situación de los
derechos indígenas en general”, sostienen Martínez y Tejada.
Derechos en las leyes Los derechos territoriales, étnicos y culturales en Bolivia están respaldados por diferentes normas y transversalizados en varios instrumentos jurídicos tales como la Reforma Constitucional de 1994, las Leyes de Participación Popular, Reforma Educativa e INRA; la modificada Ley de Reconducción Comunitaria y la Ley Forestal. A ellos se suman la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que también fue ratificada por Ley de la República.
Con este conjunto de leyes favorables a los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y transcurridos 18 años de vigencia desde la primera Ley, sin embargo, es difícil afirmar categóricamente que la situación de los pueblos indígenas haya mejorado sustancialmente.
Martínez y Tejada identifican problemas de equidad y plantean indagar cómo estos derechos reconocidos por el Estado boliviano se traducen en las prácticas sociales y, principalmente, en la vida cotidiana de estos pueblos.
La propuesta de investigación pretende investigar, entonces cuáles son los factores favorables y desfavorables para el adecuado cumplimiento de las leyes que reconocen los derechos indígenas, cómo están ejerciendo estos derechos los Guarayos y cuáles son los niveles de cumplimiento de la legislación indígena por parte del Estado y otras instancias sociales.
La investigación tendrá dos fases: una de gabinete, para identificar en todo el periodo de vigencia de los derechos indígenas los factores favorables y desfavorables y la segunda, de campo, para constatar en el territorio Guarayos cuáles son los niveles de cumplimiento y ejercicio de estos derechos.
Al final del proceso de investigación se espera contar con un panorama también de los mecanismos empleados en el ejercicio del derecho por las organizaciones y comunidades del pueblo indígena de Guarayoa. “Con este estudio se pretende brindar información respecto a las causas y efectos del adecuado o inadecuado cumplimiento de la Ley, en el ámbito del territorio indígena Guarayo”, dice el proyecto de investigación.
En ese sentido, se tomará en cuenta aspectos relacionados a los derechos territoriales, acceso a recursos naturales, étnicos, culturales, identidad, bienestar; proceso de desarrollo económico, participación política, social y cultural del Pueblo Indígena de Guarayos. Y se hará énfasis en criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental para el ejercicio de los derechos indígenas orientados a la gestión territorial indígena.
La expectativa de los investigadores es que las enseñanzas y aprendizajes del
estudio pueden ayudar a entender las dimensiones de la aplicabilidad y ejercicio de los derechos indígenas en general; pero también orientar políticas públicas y acciones que el Estado pueda asumir para garantizar el pleno ejercicio de los derechos indígenas.
INRA entregará Título Ejecutorial a TCO Guarayos en Santa Cruz LUNES, 05 DE MARZO DE 2012 10:12 | ESCRITO POR ERBOL |
NOTICIASEl Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregará este martes el título ejecutorial Nº
TCONAL 000317 a la Tierra Comunitaria de Origen “Central de Organizaciones de Pueblos
Nativos Guarayos COPNAG” de la provincia Guarayos, departamento de Santa Cruz.
El director nacional del INRA, Juanito Tapia, informó que el título a ser entregado corresponde
a una superficie total de 200.987 hectáreas con 3.825 metros a favor de la TCO.
Entre las gestiones 2010 y 2011 se entregaron nueve títulos a la TCO de un total de 10,
quedando pendiente solamente el que será entregado mañana, con lo que suma a 1.352.152
hectáreas con 4.196 metros titulados.
El acto de entrega se realizará en la localidad de Ascensión de Guarayos, ubicada a 340
kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz.
Los indígenas dicen que en la TCO Guarayos hay personas foráneas
Jueves, 1. Abril 2010 - 8:15 | oguachalla
El Deber
Las dos confederaciones de pueblos indígenas de Guarayos (Copnag) reconocen que hay áreas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO Guarayos) como San Martín, Limoncito, el polígono número 5, entre otros, en poder de extranjeros.
Felipe Male, vicepresidente de la Copnag de la Prefectura, sin dar nombres ni superficie, dijo que son grandes extensiones que están en poder de los mencionados extranjeros incluyendo Brasileños, predios que fueron cedidos por un dirigente de la Copnag paralela que preside actualmente Ángel Yubanure. “En su momento será el pueblo quien cobre la factura, porque pensar en la ley es más difícil porque está a su favor, nunca les llegará”, mencionó.
De su lado Filemón Mamani vicepresidente de la Central Yotaú afiliada a la Copnag del Gobierno, reconoció la venta ilegal de tierras de la TCO en muchos de los predios sin aptitud agrícola y que actualmente están siendo desmontados sin ningún control.
Mamani culpó a la otra organización en ser la autora de manos de malos dirigentes y dijo que se espera la auditoría para que les caiga el peso de la ley a los autores.
Al ser consultado sobre el tema, el titular del INRA, Juan Carlos Rojas, mencionó que a la institución no llegó ninguna denuncia.
En pasadas horas, el viceministro de Tierras Víctor Camacho, denunció a la red Erbol que menonitas y rusos se apropian de manera informal de áreas en la TCO Guarayos.
PROGRAMA GTI
Antecedentes
Una de las plataformas de
reivindicación de los pueblos
indígenas de Bolivia se constituyó de
inicio la demanda y el reconocimiento
de los territorios. Como resultado de
las movilizaciones el Estado Boliviano
visibiliza a un sector hasta entonces
excluido de la sociedad boliviana. Con
la promulgación de la ley INRA y el
inicio de la titulación de los territorios
indígenas, las organizaciones
demandantes realizan acciones
tendientes a poder consolidar de
manera efectiva los territorios;
buscando para ello aliados
institucionales para propiciar la gestión
de los territorios indígenas
considerando una perspectiva integral.
En este afán la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB en el año 2001 firma un convenio
con la Embajada Real de Dinamarca, para implementar el programa piloto de gestión de los territorios
indígenas en tierras bajas. El propósito sustancial de este convenio radicó desde su inicio en promover la
autogestión de los territorios y mejorar las condiciones de articulación con las entidades públicas y
privadas con la finalidad de generar acciones que fortalezcan el proceso de GTI.
Objetivos del programa
El objetivo general esta referido a que los pueblos indígenas gestionen de manera sostenible las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) de acuerdo al artículo 7 del convenio 169 de la OIT.
Bajo este objetivo general, dos son los objetivos específicos del programa GTI:
Objetivo 1: Fortalecer la capacidad técnica y organizativa de los habitantes de las TCO’s seleccionadas y
sus organizaciones para definir y ejecutar planes de gestión territorial, incluyendo iniciativas de desarrollo
basado en elmanejo sostenible de los recursos naturales, en la articulación con relevantes instancias
públicas y del sector privado.
Objetivo 2: Fortalecer a las organizaciones indígenas en su capacidad propositiva de negociación y
articulación con municipios y otras instancias públicas y privadas para una gestión integral y participativa.
Cobertura
La primera fase del programa piloto
de gestión territorial indígena, fue
implementada en las TCO´s
Guarayo, Lomerio y Moseten.Las
dos primeras en el departamento de
Santa Cruz y la última en el norte de
La Paz.
Las tres TCOs se encuentran en
contextos socios territoriales con
características por lo más singulares.
En el caso de la organización CICOL
(TCO de lomerío); la demanda de su
territorio superaba los límites
jurisdiccionales del municipio de
Lomerio y toda la población es de la
cultura mokox chiquitano.
El caso de la COPNAG, comprendía
una superficie por titular de más de un
millón de hectáreas, una cantidad
aproximada de 12000 habitantes
pertenecientes al pueblo guarayo.
El caso de de OPIM, la TCO lo habitan los pueblos moseten y trinitario, se encuentra distribuida en tres
departamentos, seis provincias y similar número de municipios, siendo una de las particularidades que el
territorio es discontinuo.
La segunda fase del programa piloto de gestión territorial indígena, además de las TCO´s Lomerio y
Moseten, se incluyeron a las TCO`s Cavineño, Chácobo Pacahuara, Machareti y Yuracaré.
Las TCOs Chácobo-Pacahuara y Cavineño ubicadas en la amazonía boliviana, cuentan con muy poco
apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en comparación a las tres primeras,
originando un contexto diferente.
La TCO Machareti puede expresar claramente la situación de las comunidades guaraní, al tener un
territorio discontinuo y en menor proporción en comparación al resto de las TCOs. Otra singularidad es el
relacionamiento que tiene la organización indígena con empresas privadas (petroleras) las que operan a
través de convenios establecidos.
Producto de la decisión asumida por la directiva de la CIDOBel año 2007, en reemplazo de la organización
COPNAG ingresa al componente de GTI el Consejo Indígena Yuracaré CONIYURA, la que cuenta con una
experiencia de gestión integral desde el año 2005.
Características generales de las organizaciones y TCOs del componente de CIDOB GTI.
TCO
Organización y pueblos
Superficie (Has)
Habitantes*
RegiónDepartament
oProvincia
Firma de conveni
o
Lomerío
CICOL
Chiquitano
259.189 5.445 Chiquitana Santa CruzÑuflo de
Chávez2001
Guarayo
COPNAG
Guarayo
Amazonía Santa Cruz Guarayos 2001
Moseten OPIM 96.808 2.091 Alto Beni La Paz Sud 2002
Moseten
Trinitario
Yungas
Caranavi
Franz
Tamayo
Larecaja
Cochabamba Ayopaya
BeniJosé
Ballivián
Chácobo
Pacahuar
a
TAPAYA
Chácobo,
pacahuara,
cavineño,
tacana
485.237 1.102 Amazonía Beni
Yacuma
2005Vaca Diez
Cavineño
OICA
Cavineño,
Tacana
384.662 2.751 Amazonía Beni
José
Ballivián2005
Vaca Diez
Machareti
Capitanía
Macharetí
Guaraní
117.783 2.710 Chaco Chuquisaca Luís Calvo 2006
Yuracare
CONIYURA
Yuracaré
Trinitario
241.170 2.531
Trópico de
Cochabamb
a
Cochabamba
Chapare
2007Carrasco
TOTAL 1.584.849 16.630
Nota:* El número de habitantes corresponde al censo realizado en los diagnósticos decada una de las TCO.
www.cidob-bo.org Telefax: 591-3-3494212
Indígenas Guarayos desalojarán a invasores de su territorio
La Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) advirtió que todo está listo para que el próximo lunes desalojen por la fuerza a 500 familias que ocupan unas 5.000 hectáreas en las comunidades Guaraya de Cachuela y Santa Rosa, que están situadas en El
Puente de la provincia Guarayos.
El secretario de tierra y territorio de la Copnag, Cayetano Iraipi, indicó que tienen el respaldo de la subprefectura y que van a contar con la fuerza pública para el cometido. "Unas 300 personas, entre dirigentes y bases, partiremos el lunes bien temprano a desalojar a los
invasores", señaló a tiempo de explicar que el área afectada pertenece a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Guarayos y que han llegado con el aval del Gobierno.
Consultado sobre el tema, el director regional del INRA, Dionisio Rivas, explicó que ni la Subprefectura ni la Copnag tienen competencia para desalojar ‘ocupaciones agrarias’.
También indicó que el área en conflicto es colindante a la TCO Guarayos.
Fuente: El Deber
Propiedad en comunidad santa maría, guarayos
Ubicación: Guarayos, Santa Cruz, Bolivia Fecha de publicación: Mayo 14
TÍTULO DE PROPIEDAD.- Saneamiento en trámite, con Resolución de directorio de la COPNAG, Informe de Evaluación Técnico Jurídico-Saneamiento de Tierras Comunitarias de origen, DD-S-SC Nro. 0344/2004 de fecha 02/12/2004.- Actualmente se encuentra ubicado en el Polígono POL 504, Zona TCO Guarayos
UBICACIÓN: Comunidad Santa María, a 39 km de la localidad de Ascensión, Prov. Guarayos, sobre carretera asfaltada hacia trinidad, de la cual se desvia y se ingresa por camino de tierra firme 8 km.
EXTENSIÓN: 1059 hectareas 9870 mts.
MEJORAS:
Casa a medio construir Potreros (40 hectareas) alambrados Monte alto (600 a 700 hectareas), el saldo es monte bajo Existen maderables tales como: ocho, verdolago, palo maría,
hoja de yuca y en su mayoría madera de construcción, colindante con el río negro.
PROPIETARIO:
Comunicarse con Dr. Figueroa 76048777, Miguel 76638111-3344 851
PRECIO
$US. 400 p/hectárea = $us 424000 (cuatrocientos veinticuatro mil dólares americanos)
Conflictividad agraria en Guarayos
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Alcides Vadillo
Director Regional Oriente - Fundación TIERRA
21 de junio de 2007
Causas estructurales y el manejo interesado de las diferencias
En los últimos años en Bolivia hay un alto grado de conflictividad social y turbulencia política, la
misma que en el departamento de Santa Cruz, ha estado alimentada por la lucha por la tierra y
la autonomía departamental. Cada una de ellas con planteamientos muy definidos, pero que en
la lucha política se asocian, se mezclan y hasta se confunden.
Conflictos por tierras siempre han existido, en todas las sociedades y en todos los tiempos,
pero cuando los conflictos son permanentes y sistemáticos, cualquier diferencia es motivo de
choque y confrontación. Cuando se observa que existen sectores interesados que pretenden
hacer pasar de conflictos concretos y aislados a una relación social conflictiva, estamos hablando
de “conflictividad”, es decir, el manejo interesado y el uso político de las diferencias.
Esta conflictividad agraria es la que hemos estado viviendo en el país en los últimos años,
particularmente desde el 2000, año que coincide con el levantamiento y el protagonismo político
que asumen los sectores indígenas y campesinos. Con la aparición del Movimiento Sin Tierra
(MST) y su intervención en la localidad de Pananti (Tarija), en noviembre del 2001, se generó el
primer enfrentamiento armado en la lucha por la tierra, el mismo que dejó como saldo seis
campesinos y un patrón muertos a bala.
Pananti se convirtió en símbolo y punto de referencia para campesinos sin tierras y población
urbana desempleada, que vio en este tipo de acciones un camino para obtener tierras, para
generar organización social y fuerza política, situación por la que el MAS – antes de ser
gobierno- impulso la creación de los MST en todas las regiones del país y la sistemática tomas
de tierras de propiedades privadas, con algún nivel de cuestionamiento legal, tal fue el caso, en
Santa Cruz, de los predios San Cayetano, La Luna, Las Pailas, Los Yuquises, entre los más
importantes, acciones que llegaron a tensionar el país y poner contra la pared a las
instituciones estatales responsables del tema.
Quienes nos sentimos comprometidos con la Ley y el Estado de Derecho, siempre
cuestionaremos este tipo de acciones, consideradas fuera del marco legal, pero no se puede
desconocer que existen importantes elementos de tipo social, económico, político y cultural que
han justificado este accionar; entre los más importantes están los siguientes:
La exclusión social y los niveles de pobreza de grandes sectores de la población rural,
principalmente de la parte andina del país, que se traduce en una migración permanente,
desordenada y -en momentos- desesperada de búsqueda de tierras.
La excesiva fragmentación de las tierras, en el altiplano y los valles y el alarmante
desempleo que se generó a partir de la privatización de las empresas estatales,
fundamentalmente a partir de la crisis económica de 1998.
La distribución de tierras rurales en base a influencias políticas, relaciones familiares, fraude
procesal y corrupción en general, en la obtención del derecho de propiedad.
La distribución de tierras en grandes cantidades de tierra en periodos de gobiernos
abiertamente cuestionados por sus niveles de corrupción y abuso de poder. Del total de la
tierra distribuida de 1953 al 2002 llaman la atención los periodos de: Banzer (26%) entre
1971 a 1978; Jaime Paz – Banzer (16%) entre 1989 a 1993 y Banzer (28%) entre 1999 al
2002.
La ineficiencia y pérdida de la credibilidad institucional generada por la Ley 1715: el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Tribunal Agrario Nacional y la Súper Intendencia
Agraria.
La ausencia de voluntad y de políticas de distribución de tierras, llevaron al convencimiento,
de importantes sectores sociales, que el único camino para tener tierras sería tomándolas
ellos mismos.
Conflictividad agraria y la dimensión étnico – regional
Después del ascenso al poder del Presidente Evo Morales las tomas de tierras han disminuido
prácticamente hasta desaparecer, salvo algunos conflictos aislados como los del Parque Madidi
y Guarayos, situación que nos podría llevar a pensar que la conflictividad agraria ha bajado a
sus niveles de normalidad, sin embargo, esto lamentablemente no es así, la confrontación y la
conflictividad agraria persisten a otro nivel, las modificaciones a la Ley INRA, el anuncio de la
aprobación de su reglamento y la Revolución Agraria como nueva política de Estado, de un
lado y el llamado a la defensa de la tierra, “a muerte”, por parte de las autoridades
departamentales, por otro así lo demuestran.
Hemos pasado de la conflictividad agraria promovida por los movimientos sociales -campesinos
y los sin tierras- dirigidos políticamente por el MAS, a una conflictividad agraria promovida por
los grupos de poder regional, en el oriente, y políticamente dirigidos por los movimientos cívicos
de los departamentos del oriente del país.
Preocupa ver, cada ves con mayor fuerza, los encendidos discursos nacionalistas, indianistas,
etnicistas y regionalistas, relacionados al poder, a la administración de los recursos naturales y
al acceso y propiedad de la tierra; discursos que condimentan los agudos problemas sociales,
de pobreza y marginalidad, con la polarizada lucha política, y se entremezclan, con
dimensiones étnicas y regionales, que configuran un escenario de confrontación política,
ideológica, étnica y regional muy peligrosa.
En este momento el debate técnico ha sido sustituido por el debate político. Las
reivindicaciones reales de tierras para los que no la tienen y de seguridad jurídica para los
empresarios agropecuarios han sido subordinadas a la lucha regional autonómica que adquiere
componentes de clase, económicos, étnicos y regionales, en función de conservar importantes
espacios de poder.
Guarayos un territorio en disputa
Los problemas ocurridos hace una semana en Guarayos deben ser vistos como parte de esta
relación de conflictividad agraria regional, donde cualquier diferencia se intenta convertirla en
conflicto, en confrontación y enfrentamiento (insisto en la característica). Esta bella región, de
alto potencial productivo, también tiene un elevado potencial conflictivo que se configura a partir
de los siguientes elementos:
Económico. Son tierras de alto valor económico, por su vinculación caminera, por su distancia
a los centros de mercados, por ser el área de expansión de la frontera agrícola, por la cantidad
y calidad de la madera existente en la zona.
Legal. Gran parte de estas tierras fueron concesiones forestales hasta 1996, año en que se
promulgo la Ley Forestal (Ley 1700) y con ella se redujeron las concesiones forestales, de
aproximadamente 20 a 4 millones de hectáreas. Si bien estos datos son nacionales, en
Guarayos quedo mucha tierra como fiscal, gran parte de ella demanda como Tierras
Comunitarias de Origen por el Pueblo Indígena Guarayo.
Social. En esta provincia existen alrededor de 15.000 indígenas Guarayos, dueños originarios
de estas tierras, que fueron ignorados por la Reforma Agraria. Los Guarayos han demandado
como TCO 2,5 millones de hectáreas, aproximadamente 2/3 de la provincia de guarayos. Pero
en esta provincia existe también una fuerte presencia de colonizadores migrantes de la región
andina; están los campesinos cambas y los empresarios agropecuarios y forestales.
Político. En Guarayos existe una fuerte confrontación política que se refleja en la
fragmentación de sus organizaciones. Hay dos COPNAG (Central de Organización de los
Pueblos Nativos Guarayos), hay dos Federaciones de Campesinos, una que respalda al
Gobierno Nacional y la otra en contra, una que respalda las autonomías regionales y la otra en
contra. Esta dimensión política también se expresa en la composición de los gobiernos
municipales y las alianzas con el nivel departamental o el nacional de gobierno.
Límites Municipales. Existe un conflicto de límites municipales entre el municipio de San
Julián, Provincia Ñuflo de Chávez y los Municipios de El Puente y Ascensión de Guarayos, de
la Provincia Guarayos.
Étnico - Regional. En esta provincia existe una diversidad étnica muy grande, guarayos,
moxeños, chiquitanos, quechuas y los que dicen no pertenecer a ningún pueblo indígena. Sin
embargo, en los últimos tiempos se ha hecho muy común escuchar fuertes discursos de
identidad y pertenencia étnica y regional (Guarayo – Camba) contra los avasalladores collas.
El crecimiento económico de la región ha estado basado casi exclusivamente en la expansión
de la frontera agrícola con la habilitación de tierras forestales para la actividad agropecuaria.
Sin embargo, la ocupación de estas extensiones de tierra no se dio de manera planificada,
organizada ni distributiva, ni siquiera de forma legal; gran parte de las tierras fiscales fueron
“tomadas” de forma arbitraria e irregular por todo tipo de productores, diferenciándose los
grandes de los pequeños por la extensión de las tierras, no por su legalidad, esto debido al
vacío institucional y a la falta de políticas públicas. Estos son elementos que hoy día fermentan
la conflictividad agraria en la región y que se cruzan con elementos de reivindicación étnica y
regional.
Por eso afirmamos que Guarayos es una tierra en disputa entre los diferentes sectores
económicos y sociales que pretenden y luchan por un pedazo de tierra; pero Guarayos, es
también, un territorio en disputa entre las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno Nacional
y las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno Departamental. En este escenario, cualquier
conflicto es y será usado con fines políticos, con la finalidad de generar una relación conflictiva
con las autoridades correspondientes.
En río revuelto ganancia de pescadores
En medio de este escenario, también están aquellos que pretenden hacer del caos su propio
negocio. Están aquellos que aprovechan la inseguridad de la propiedad agraria o forestal para
extorsionar a los propietarios; están aquellos que aprovechan la división de las organizaciones
indígenas para apoyar a unos frente a otros a cambio de consolidar sus tierras; también hay
otros, los que cobran a campesinos para incluirlos en un sindicato agrario, con la promesa de
una parcela de tierra. Están también los que llevaron adelante el último bloqueo en Guarayos
del 14 al 19 de junio del 2007, los que hacen y/o apoyan los planes de manejo forestal
individual, en extensiones menores a 200 hectáreas, pero en tierras de propiedad comunitaria
(TCO).
Cuidado - este es un territorio minado- los dispositivos de la conflictividad han sido montados y
cualquier detonante los puede activar. Cuidado, porque guarayos no solo es un espacio de
lucha política, sino de negocios, negociados y oportunidades económicas. En río revuelto,
ganancia de pescadores.
Guarayos piden a justicia devolver a indigenas tierras apropiadas por Marinkovic
Publicado por tarijalibre on Oct 26th, 2008 y clasificado en Tierra, Órgano Judicial. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a trav�s de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada
Los guarayos exigen al Tribunal Agrario Nacional (TAN) la devolución a indígenas tierras apropiadas ilegalemente por Yasminka Marinkovic y su esposo Robert Jakuvek Fojs.
La presidenta de la Central de Organizaciones del Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), Élida Urapuca, denunció que la familia Marinkovic tiene 27 mil hectáreas dentro del territorio guarayo.
El vocal Gonzalo Castellanos del Tribunal Agrario del país, será quien defina el derecho propietario de las 12 mil hectáreas que están ubicadas en el territorio indígena guarayo.
“En sus manos (del vocal) está hacer justicia y devolver la tierra usurpada al Estado y al pueblo guarayo, o consolidará un latifundio mal habido”, manifestó la dirigenta.
El predio en conflicto apropiado ilícitamente por el matrimonio Jakuvek-Marinkovic está dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo Guarayo en proceso de saneamiento que se encontraba inmovilizaba desde 1997.
De acuerdo con la ley 1715, toda posesión posterior a 1996 es ilegal y todas las actividades realizadas en los predios después de 1997, no son reconocidas porque violan las resoluciones de inmovilización de la TCO.
TRIBUNAL
El presidente del Tribunal Agrario Nacional (TAN), Luís Arratia Jiménez, informó que el proceso contencioso que definirá el derecho propietario del predio Yasminka fue sorteado para resolución el 1 de septiembre de 2008, quedando a cargo del caso el vocal relator Gonzalo Castellanos.
Mediante un auto, se solicitó una ampliación del plazo para dictar sentencia y se pidió un informe técnico al geodesta del TAN.
La resolución del proceso Yasminka depende directamente del vocal del TAN Gonzalo Castellanos, a quien el pueblo guarayo teme sea comprado por el dinero de los Marinkovic.
El vocal Castellanos aún no dio ha conocer la fecha del dictamen, aunque los dirigentes guarayos informaron que será en los últimos días del mes de octubre.
El 14 de octubre de 1998, los esposos Robert Jakuvek Fojs y Yasminka Catarina Marinkovic solicitaron a la oficina departamental del INRA de Santa Cruz la tenencia de cinco mil hectáreas de “terrenos baldíos y vírgenes”, situados a 120 kilómetros de Ascensión de Guarayos.
Los Jakuvek-Marinkovic informaron que las tierras reclamadas eran “baldías y vírgenes”, es decir que pertenecían al Estado. Pero en una segunda solicitud el 30 de noviembre de 1998, demandaron el saneamiento de 12.152 hectáreas ubicadas a 60 kilómetros de la comunidad Santa María, dentro del cantón Yaguarú, en el camino carretero Santa Cruz-Beni, “en mérito a la pacífica posesión de hecho y de derecho desde 1993″.
En su primera demanda, el matrimonio reconoció que los predios carecían de antecedentes agrarios, y en su segunda solicitud 45 días después aseguraron que cumplían con la Función Económica Social (FES) de ley. La contradicción quedó registrada en el informe técnico jurídico N. 097/2001 enviado al director departamental del INRA.
A lo largo del trámite, los beneficiarios incurrieron en repetidas contradicciones respecto a la fecha de su posesión. El portavoz de la familia Juan Manuel Arias dijo que Robert Jakuvec, el verdadero dueño de Yasminka, ocupaba las tierras desde 1993. En otras declaraciones los demandantes aseguraban la posesión desde 1994, mientras que algunos documentos establecen que estarían en el lugar desde 1998.
A pesar de ser TCOs , el INRA aceptó el inicio de un trámite de “saneamiento simple”. En pericias de campo realizadas en julio de 2000, los técnicos evidenciaron un desmonte de 100 hectáreas y la existencia de alrededor de 30 reces. Sin embargo, certificaron el cumplimiento de la FES en 2.500 hectáreas, dizque por la existencia de servidumbres ecológicas.
Los Jakuvek-Marinkovic tendrían que haberse dado por sobre satisfechos, pues la norma manda reconocer sólo la superficie que cumple la FES cuando no existe un título de propiedad perfecto o cuando el título tiene vicios de nulidad. Pero no fue suficiente para la familia.
El 21 de agosto de 2002, los Jakuvek-Marinkovic se apropiaron irregularmente de otras 10 mil hectáreas de tierra mediante un “acta de conciliación” suscrita con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas y Hildeberto Arinori. De esta forma, la hacienda Yasminka creció de 2.558 a 12.587 hectáreas.
Además, ex autoridades de INRA admitieron como pruebas de cumplimiento de la FES documentos privados de dudosa validez. En el caso de Yasminka, se validaron “notas de entrega” y “notas de crédito”, considerados documentos privados de carácter doméstico sin valor probatorio alguno.
En 2004, cuatro años después de las pericias de campo, se añadió al plano de la hacienda un punto geodésico que no se había visto antes. Gracias a esa misteriosa modificación apareció dentro de Yasminka un pequeño descampado de 35 hectáreas anterior a 1996 denominado “Once por ciento”, de propiedad de Santos Méndez Carrillo.
Se presume que los Jakuvek-Marinkovic se valieron del pequeño descampado y se atribuyeron trabajo ajeno para demostrar que toda la hacienda Yasminka era anterior a 1996. Sin embargo, imágenes satelitales tomadas entre 1993 y 2006 demuestran que se hicieron trabajos en esas tierras caracterizadas por ser “monte alto” recién a partir de los años 2000 y 2001.
ACTOS PROCESALES
El 10 de julio de 2007, el Viceministerio de Tierras formalizó una denuncia penal ante el Fiscal General de la República en contra de Robert Jakuvek Fojs, Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval y Silvia Ximena Ovando
Bilbao La Vieja por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, tipificados por los artículos 199, 203 y 146 del Código Penal.
El 12 de julio de 2007, el fiscal asignado al caso Milton Mendoza comunicó el inicio de las investigaciones al Juez Instructor y Cautelar Segundo en lo Penal Julia Parra.
El 20 de julio de 2007, el ciudadano Rubén Darío Bascopé Hurtado presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la ciudad de Santa Cruz en contra de Jakuvek, Marinkovic, Silvia Ovando y Eliane Capobianco por la comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica destinados al acaparamiento de tierras en la provincia Guarayos.
El proceso registrado con el número 0705076/07 quedó a cargo del fiscal Osmar Arias. Los imputados se presentaron voluntariamente a prestar declaraciones informativas, negando los delitos que se les imputaban.
Se presume que este proceso abierto en Santa Cruz fue una “autodenuncia” con el objetivo de trasladar a la capital cruceña el proceso iniciado en La Paz. El 20 de agosto de 2007, los imputados Jakuvek Fojs, Marinkovic de Jakuvek y Ovando interpusieron una demanda de Excepción de Incompetencia en razón de territorio, solicitando la declinatoria de competencia de la Juez Julia Parra.
En septiembre de 2007, la juez Parra declaró probadas las excepciones de incompetencia en razón de territorio, disponiendo la remisión del proceso a la ciudad de Santa Cruz.
El Ministerio Público y el Viceministerio de Tierras interpusieron un Recurso de Apelación Incidental, el cual pasó a conocimiento de la Sala Penal Segunda integrada por Dora Villarroel y Armando Pinilla, quienes devolvieron los antecedentes a la juez Parra disponiendo que corrija los errores procedimentales de forma y de fondo, y dicte una nueva resolución.
El 15 de mayo del 2008, la juez Parra emitió la Resolución 633/2008 mediante la cual ratificó y declaró Probada la Excepción de Incompetencia en Razón de Territorio.
El 20 de mayo de 2008 se formalizó la Querella Criminal y el 30 de mayo el Viceministerio de Tierras interpuso un Recurso de Apelación Incidental contra la Resolución N. 633/2008, el cual se encuentra pendiente de resolución.
En manos del TAN
El 19 de octubre de 2007, en representación de Yasminka Marinkovic y Robert Jakuvek, Nenad Matkovic Vrajincan interpuso un Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN), impugnando la Resolución Administrativa RA-ST-0529/2007 del INRA. El proceso contencioso administrativo registrado como expediente N. 63 se halla pendiente de resolución.
El presidente del TAN Luis Arratia Jiménez informó que el proceso contencioso que definirá el derecho propietario del predio Yasminka fue sorteado para resolución el 1 de septiembre de 2008, quedando a cargo del caso el vocal relator Gonzalo Castellanos.
Mediante un Auto, se solicitó una ampliación del plazo para dictar sentencia y se pidió un informe técnico al geodesta del TAN.
La resolución del proceso Yasminka depende directamente del vocal del TAN Gonzalo Castellanos. En sus manos está hacer justicia y devolver la tierra usurpada al Estado y al pueblo guarayo, o consolidar un latifundio malhabido.Dr/Rq ABI