Apostamos por Bolivia

AUTONOMÍAS, TIERRA Y TERRITORIO

Sistematización de nueve coloquios interculturales

Wilfredo Plata

Investigador de Fundación TIERRA Febrero de 2007

NOTA IMPORTANTE.- este documento estará en esta sección solo por una semana, luego estará en forma permanente en la sección BIBLIOTECA VIRTUAL\públicaciones de Apostamos por Bolivia, de éste mismo Portal Wev

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CONTENIDO

Presentación .......................................................................................................................... 2 1. Autonomías ....................................................................................................................... 3

1.1. Bolivia: unida pero descentralizada............................................................................. 3 1.2. Participación popular y descentralización administrativa vistas desde las

comunidades y regiones.............................................................................................. 5 1.3. Autonomías: departamentales, indígenas y regionales................................................ 7

1.3.1. Autonomías departamentales ......................................................................... 8 1.3.2. Autonomías regionales ................................................................................... 8 1.3.3. Autonomías indígenas .................................................................................. 14

1.4. Antecedentes y conceptos de referencia.................................................................... 17 1.4.1. Descentralización departamental................................................................. 18 1.4.2. Descentralización municipal ........................................................................ 19 1.4.3. Autonomías ................................................................................................... 20

2. Tierra ............................................................................................................................... 28

2.1. Tierra y territorio en debate: ¿Entidades Territoriales Indígenas (ETI)? .................. 28 2.2. Tierra y territorio más allá de lo agrario.................................................................... 29 2.3. Las demandas de tierra y territorios de los pueblos indígenas .................................. 32 2.4. Antecedentes y conceptos de referencia.................................................................... 36

2.4.1. Tierra............................................................................................................ 38 2.4.2. Territorio ...................................................................................................... 40

3. Metodología de los Coloquios Interculturales ............................................................. 41

3.1. ¿Qué son los coloquios? ............................................................................................ 41 3.3. Objetivos.................................................................................................................... 42 3.4. Características del método......................................................................................... 42 3.5. El proceso por pasos .................................................................................................. 43 3.6. Diálogo en diferencia................................................................................................. 44

4. Bibliografía...................................................................................................................... 46 5. Participantes de los eventos ........................................................................................... 49

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Presentación El segundo semestre del año 2006, en coordinación con más de una docena de instituciones y la participación de un centenar de personas de distintas regiones del país, Apostamos por Bolivia, Asociación para la Ciudadanía, promovió y llevó adelante una serie de nueve Coloquios Interculturales sobre temas relacionados con descentralización, tierra y territorio. Aunque fueron diseñados como parte de un ciclo que debía recorrer las cinco macro regiones de la geografía nacional, cada Coloquio Intercultural representó una experiencia única, debido, entre otros factores, a las características propias de los participantes regionales y a las temáticas enfatizadas según el lugar y el momento durante los que se desarrollaron los debates. Por ello el documento que ahora se presenta, a manera de sistematización, es, al mismo tiempo, un recorrido por el debate y una referencia de los conceptos básicos que lo alimentaron. Además de este documento general, cada Coloquio cuenta con su propia memoria, que fue enviada y revisada oportunamente por los participantes. Los Coloquios Interculturales son un espacio de encuentro y debate entre personas de distintas posiciones, intereses, formación y procedencia, pero similar o equivalente peso para el debate, que dialogan sobre ciertos puntos de la agenda del proceso constituyente. Como se ha dicho explícitamente desde el diseño metodológico de los Coloquios, en éstos no se pretende lograr acuerdos, ni asumir responsabilidades inmediatas, ni firmar actas de entendimiento. Son única y simplemente escenarios de deliberación. De ahí sus características metodológicas principales: son grupos pequeños, no se difunden masivamente y cuentan con una participación diversa y especializada. A continuación se ofrece a las y los lectores la sistematización del ciclo de coloquios sobre descentralización, tierra y territorio, los principales conceptos de referencia durante el debate, para ampliar su comprensión, y una explicación somera del método de los Coloquios en si. Se espera que este documento contribuya a identificar que la ruta del diálogo es mucho más fructífera que la de la confrontación y que, puestos a conversar, las más enconadas posiciones encuentran puntos de convergencia cuando lo que predomina es el interés por el bien común.

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1. Autonomías Aunque no fue pensado como un tema específico, sino en el marco del debate sobre descentralización, los coloquios incluyeron en su agenda el tema autonomías, algunas veces de forma propositiva y otras crítica, a fin de contribuir al debate.

1.1. Bolivia: unida pero descentralizada La percepción de casi todos los participantes en los coloquios es que el sistema unitario y centralista de gobierno es un fracaso. Esa es la apreciación prácticamente homogénea de autoridades y líderes indígenas y líderes cívicos regionales de oriente y amazonía. En el caso de los representantes indígenas y campesinos del altiplano y los valles se apreció la persistencia del sentimiento de concebir al Estado como eterno adversario de los campesinos, en referencia a la larga y conflictiva relación entre el Estado boliviano y las comunidades indígenas originarias, como fueron las imposiciones fiscales (tributos y la mit’a minera potosina) de la época colonial y la expoliación de tierras comunales durante la República. Sin embargo, al oír a los participantes indígenas campesinos opinar sobre la experiencia de la participación impulsada por la Ley de Participación Popular (LPP), se constató que la visión de considerar al Estado como adversario está cambiando. Ahora se percibe que el municipio ha abierto la posibilidad de formar parte del Estado y que desde ese espacio se puede trabajar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En definitiva, como también ha constatado Leoncio Gutiérrez en las comunidades indígenas de Oruro, desde los municipios rurales se está construyendo la ciudadanía política en el país1. En las regiones del altiplano y valles se percibe, con nitidez, que la emergencia indígena de aymaras y quechuas está relacionada con la lucha por ser reconocidos como sujetos de acción política. Desde las movilizaciones del 2000, esto se ha traducido como la lucha por la tierra y el territorio. Dependiendo de la coyuntura, los matices de este enfoque han variado desde posturas radicales que planteaban la “autodeterminación” como naciones originarias frente al Estado nacional, hasta la “libre determinación” en sentido de resaltar las diferencias como pueblos indígenas con su propia lógica de organización sociopolítica. Sin embargo, no se mencionó que este planteamiento implique separatismo o autoexclusión del Estado boliviano. Más bien, lo que subyace es el sentimiento de no ser dueños de su propio destino, sino que sean otros los que deciden por ellos. En la región del Chaco el pueblo Guaraní, que es un actor importante a pesar de su disgregación geográfica en los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca y su menor peso demográfico regional, ha logrado cohesión organizativa en torno a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)2.

1 La Razón, 2006, 28-11-06. 2 Rojas Ortuste (2005). Los guaraní representan entre 26 y 27 % del total de población de la región del

Chaco.

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Los Guaraní han sufrido la usurpación de sus tierras por los hacendados karai (blanco) con la complicidad estatal. La batalla de Kuruyuki ocurrida en enero de 1892, cuando el ejército del Estado boliviano derrotó a los Guaranís, marcó un hito importante porque significó la consolidación de la hacienda y en contra partida, el despojo del territorio indígena y su conversión de sus pobladores en peones y mano de obra barata para las haciendas ganaderas3. Hoy, el sentido de la lucha por la tierra y el territorio está íntimamente ligado a los beneficios de los recursos hidrocarburíferos, beneficios que hasta ahora no les han llegado4. En la Amazonía manifiestan que, a pesar del olvido y del abandono estatal, el sentimiento de pertenencia a Bolivia es fuerte. A la vez, es nítido el sentimiento de ser reconocidos como diferentes, como región amazónica. Los pueblos indígenas y campesinos en su lucha por la tierra y el territorio han logrado la titulación colectiva de 500 hectáreas como base mínima de dotación familiar para la actividad extractiva de la castaña, la goma y la madera5. Uno de los resultados de la movilización por la tierra fue el resurgimiento de una identidad indígena amazónica en esta región. Los actores que interpelan de manera contundente el centralismo paceño del Estado boliviano son las regiones del Chaco y la Amazonía, y el departamento de Santa Cruz6. Como es conocido, Santa Cruz tiene su proyecto de autonomía departamental ideada y liderada por el Comité Cívico. En los casos del Chaco y de la Amazonía, la construcción del proyecto regional no tiene la misma fuerza y contundencia que la demanda cruceña. ¿En qué se fundamentan estos proyectos regionales? La principal queja es el abandono estatal y el fracaso de la Ley de Descentralización Administrativa de 1995. Tanto en el Chaco como en la Amazonía, una de las críticas es la incoherencia de la organización de las unidades político administrativas. La región del Chaco fue subdividida entre los tres departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. De la misma manera la Amazonía fue partida en tres departamentos: Pando, Beni y La Paz. En el Chaco y la Amazonía transformar Bolivia significa que el Estado reconozca esas regiones como entidades territoriales con coherencia espacial, cultural y económica, y con jurisdicción administrativa propia. En el Chaco la presencia del pueblo Guaraní y los beneficios de los recursos hidrocarburíferos son dos elementos importantes de cara a la conformación de la región autónoma o en su caso, el décimo departamento. De igual manera, en la Amazonía la presencia de varios pueblos indígenas y la economía regional basada en la actividad extractiva de la castaña, la goma la madera son bases de la aspiración

3 Pifarré, 1989. 4 Al respecto, un antecedente importante es que la Capitanía de Itiká Guazú de la Asamblea del Pueblo

Guaraní (APG) logró la compensación económica de 13,5 millones de dólares de la transnacional petrolera hispano-argentina Repsol YPF por el daño ambiental. El dirigente de la Capitanía Andrés Segundo informó que con este dinero se llevará adelante un “Plan de Desarrollo” elaborado por la APG (La Prensa, 23 de noviembre de 2006, p. 7a).

5 Para este logro fue importante la conformación de la Comisión de Apoyo al Saneamiento de Tierra, por las organizaciones campesino indígena, la Iglesia y ONG.

6 De seguro existen otros proyectos regionales. Pero aquí damos cuenta sólo de tres de ellos por el diseño metodológico de los coloquios.

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de una futura constitución regional. El escenario propicio para impulsar este cambio es la Asamblea Constituyente. En síntesis, los movimientos cívicos urbanos reclaman que estos proyectos regionales deben materializarse; en el caso de Santa Cruz, en las autonomías departamentales. En el caso del Chaco y la Amazonía se plantea la constitución de regiones autónomas o en su defecto, la creación de nuevos departamentos. En el Chaco se plantea el proyecto de la constitución del décimo departamento. En las tres regiones se ha manifestado que estos proyectos deben materializarse en el marco de la unidad nacional. En el Chaco y la Amazonía sus líderes manifestaron que no estaban de acuerdo con el tinte separatista y de apropiación de los Recursos Naturales (RR.NN.) de la postura cruceña. En contrapartida, manifiestan que las autonomías departamentales y/o regionales deben enmarcarse en la visión de la descentralización político administrativa.

1.2. Participación Popular y Descentralización Administrativa vistas desde las comunidades y regiones Participación Popular (PP) Uno de los hechos políticos trascendentales de la Bolivia contemporánea es la implementación de la LPP el año 1994, que significó un notable avance en la democratización del poder incorporando a la vida política a los campesinos-indígenas. Esta fue una de las principales conclusiones a la que arribaron los participantes de los coloquios. Porque “con la PP se ha construido un armazón legal institucional y también fáctico de empoderamiento de los indígenas”7. Es decir “lo real es que los indígenas han tenido la posibilidad de sentarse en el poder aunque un poder micro y así, han influido en el destino político de la vida nacional”8. “Si no se hubiera promulgado la LPP hoy no estuviéramos analizando y discutiendo (los temas de descentralización). Ni tampoco hoy en la Asamblea Constituyente se estuviera discutiendo sobre el concepto de las autonomías9”, por ello, estos dos procesos han significado una educación política de la ciudadanía. Esto significa que el proceso de participación popular convirtió al municipio en el espacio de la “construcción de la ciudadanía democrática”, porque articuló y complementó “las estructuras tradicionales de las comunidades y la institucionalidad municipal”10. Aunque se pudo escuchar en algunas comunidades de la Amazonía que “la descentralización para las

7 Diego Ayo. En: Coloquio Descentralización y Autonomías (Macro Región Altiplano. El Alto-La Paz, 7

de abril de 2006). 8 Carlos Hugo Laruta. En: Coloquio Descentralización y Autonomías (Macro Región Altiplano. El Alto-La

Paz, 7 de abril de 2006). 9 Erwin Anzaldo. En: Coloquio Descentralización y Autonomías (Macro Región Chaco. Camiri, 20 de

septiembre de 2006). 10 Leoncio Gutiérrez (Oruro) En Ventana Ciudadana (suplemento de La Razón, 28-XI-06).

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comunidades campesinas e indígenas es igual a nada. El ejemplo es que, en los 12 años de vigencia de la PP en su comunidad se hizo un solo proyecto a nivel municipal”11. En síntesis, lo que valora la gente es la participación ciudadana indígena en la gestión municipal. Haber acercado el Estado a las comunidades a través del municipio. Muchos de ellos han aprendido la responsabilidad del ejercicio de la gestión pública en el camino y hoy, muchos de los ex munícipes tienen bajo su responsabilidad el ejercicio como servidores públicos tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Legislativo. Finalmente, se resalta que este proceso de transformación política se ha realizado en democracia, mediante la concertación política, y no han sido cambios en ruptura, como fue el proceso revolucionario de 1952. El proceso de PP como un proceso de carácter social y político, ha tenido luces y sombras, que deben servir para que este proceso sea perfeccionado. En el siguiente cuadro presentamos las luces y sombras que fueron señaladas por los participantes de los coloquios.

Cuadro Nº 1 Luces y sombras del proceso de Participación Popular

Luces Sombras

a) Permitió la extensión de la democracia de 30 municipios urbanos a 327 municipios; la mayoría de ellos rurales.

b) Reconocimiento de las competencias municipales como: elección de autoridades, recaudación de impuestos municipales y legislación.

c) Creación de mecanismos de control social sobre el órgano público como el Comité de Vigilancia.

d) Manejo territorial al interior del municipio, creación de distritos.

e) Reconocimiento de la tradición organizativa de los pueblos indígenas, las entidades territoriales, como las comunidades, ayllus en la región andina o tentas en la región guaraní del Chaco.

f) Descentralización de la atención de la infraestructura de la salud y la educación.

g) Participación de la comunidad en la elaboración de los Planes Operativos Anuales y los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

h) Aprendizaje en la toma de decisiones, manejo de recursos sobre la vida del municipio (gerencia pública).

i) Atención de los servicios básicos como luz, agua, tratamiento de los deshechos sólidos, la basura.

a) La descentralización municipal no fue capaz de generar crecimiento económico y por tanto no ayudó al alivio de la pobreza.

b) La gestión municipal se ha centrado sólo en la atención de los servicios.

c) El Comité de Vigilancia es un instrumento débil de control social, cooptado por el ejecutivo municipal y sin eficiencia técnica.

d) El Comité de Vigilancia es víctima de la seducción del dinero para impedir la fiscalización.

e) El marco normativo no ha sido ágil y flexible para adaptarse a la diversidad sociocultural.

f) La falta de transparencia y legitimidad política se traduce en corrupción.

g) Los municipios productivos son sólo teoría. h) No se planifica con visión estratégica, las

necesidades inmediatas priman sobre el largo plazo. i) La falta del ordenamiento territorial y catastro

municipal. j) La falta de control financiero de los actos del

gobierno municipal. k) No existe un mecanismo jurídico legal de acción

rápida para frenar malos manejos administrativos del municipio.

l) Algunos pueblos indígenas minoritarios (Ayoreo, Tapiete,…) no reciben beneficios sustanciales.

m) Los alcaldes municipales en el futuro deben ser elegidos directamente por la población, de esa manera se evitará el “cuoteo” político.

Fuente: Elaboración en base de los documentos de sistematización de los coloquios.

11 Carlos Chipunavi. En: Coloquio Tierra y Territorio (Macro Región Amazonía. Riberalta, 27 de

septiembre de 2006.).

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Descentralización En la década de los 90, el debate sobre la descentralización político administrativa llegó a su cúspide. Este debate se resolvió momentáneamente con la audaz implementación del proceso de descentralización municipal a través de la LPP en 1994. En realidad esta medida opacó durante una década el debate sobre la descentralización departamental y en 2004, emerge con renovada fuerza el debate bajo el enfoque de las autonomías departamentales, pero principalmente como una confrontación de modelos de desarrollo. En 1995, se promulgó la Ley de Descentralización Administrativa, que en realidad fue una desconcentración de algunas de las competencias del gobierno central. Desde las comunidades y las regiones coinciden en señalar que la descentralización político administrativa de 1995, no trajo mayor beneficio. Un aspecto negativo observado en la Ley de Descentralización Administrativa de 1995, es que la elección de los Consejeros Departamentales fue vinculada a los Concejos Municipales, de manera que se convirtió en un asunto de negociación política. Los resultados de la descentralización no se notan en el desarrollo de la región y en la mejora de la calidad de vida de la población. Ante la inexistencia de descentralización administrativa a nivel departamental surge la exigencia de las autonomías departamentales. En el Referéndum autonómico de 2006, ganó el SÍ en cuatro departamentos: Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando. En contrapartida, desde el occidente del país las organizaciones indígenas, con aportes de intelectuales-académicos, Organizaciones No Gubernamentales, el propio MAS y el presidente Evo Morales se plantearon las autonomías indígenas. Con ello, se complejizó el debate sobre las autonomías en el país.

1.3. Autonomías: departamentales, indígenas y regionales Las propuestas de autonomía que ahora se debaten con más fuerza son tres:

a) La propuesta de autonomías departamentales busca instituir gobiernos departamentales sobre la base de la actual división política administrativa del país.

b) Las autonomías indígenas proponen reterritorializar Bolivia según referentes étnico-culturales pre-coloniales.

c) La propuesta de autonomías regionales, considera a la región como el nivel intermedio ideal para solucionar la desarticulación geográfica de unidades territoriales, especialmente en regiones como el Chaco y la Amazonía.

Veamos en qué consisten estas propuestas.

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1.3.1. Autonomías departamentales La autonomía es entendida como la atribución que tiene un departamento para organizarse políticamente en base a decisiones propias. En este marco las tres competencias principales del gobierno autónomo serían: el autogobierno, elección por voto popular de sus autoridades y la legislación departamental12. La propuesta más elaborada es la del Consejo Preautonómico del Departamento de Santa Cruz que plantea tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. Para cada nivel se asigna competencias específicas: 28 para el nivel nacional, 27 para el nivel departamental y 13 para el nivel municipal (ver cuadro anexo). Sin embargo, la propuesta cruceña de las autonomías ha generado muchas susceptibilidades, resistencia y sobre todo prejuicios sobre supuestas intenciones de las élites económicas cruceñas de alentar el separatismo. El resto de las regiones no acepta la pretensión de que la autonomía departamental tenga el control pleno de los RR.NN., principalmente la tierra y los recursos hidrocarburíferos. Durante uno de los Coloquios Interculturales la respuesta de Juan Carlos Urenda a ese cuestionamiento fue contundente: “La legislación básica de los recursos naturales, afirma que los recursos naturales son de todo el país”13 y “(…) la aprobación de los planes migratorios masivos intra-departamentales debería ser en concurrencia con el gobierno nacional y los municipios afectados”14. El sentido de esta propuesta –dice Urenda- es que debe haber una consulta al gobierno departamental y al municipio afectado sobre una migración masiva de personas, organizada por el gobierno nacional. Ejemplificó: “supóngase que les envían unas 10 mil personas al municipio de San Julián o Cuatro Cañadas, algo pues tendrán que decir esos municipios. A ese contingente de hombres ustedes van a tener que prestar los servicios, agua, educación salud, luz y etc.”.

1.3.2. Autonomías regionales Uno de los argumentos centrales de esta propuesta es la susceptibilidad de que en las autonomías departamentales se reproduzca el modelo centralista de administración nacional, en las capitales departamentales. Esa es la percepción en la región del Chaco y en la Amazonía. Para evitar eso, los líderes sociales de estas regiones proponen que la Asamblea Constituyente apruebe, en primera instancia, la creación de nuevos departamentos. En esta línea la propuesta más clara es la del Chaco que demanda la creación del décimo departamento. También existe la propuesta de la creación del departamento de la Amazonía, no con la claridad y la fuerza del Chaco. En segunda instancia, si esto no se concreta se plantea la constitución de autonomías regionales. El Chaco

12 Apostamos por Bolivia, 2006(b): 7. 13 Ver cuadro anexo Nº 1, competencia Nº 21. 14 Ver cuadro anexo Nº 1, competencia 24.

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La idea subyacente es que siendo el Chaco una región autónoma sólo así puede aprovechar los beneficios del negocio hidrocarburífero para la superación de la pobreza y la generación del empleo. Esta es la percepción de los líderes sociales chaqueños. El proyecto de la creación del Décimo Departamento o en su defecto de la Región Autónoma del Chaco se fundamenta en 4 puntos: a) el mejor aprovechamiento de los beneficios de los recursos hidrocarburíferos; b) la unidad geográfica, social y cultural del Chaco, a pesar de que esta región esté dividida en tres departamentos, c) la presencia ancestral del pueblo guaraní, y d) el rechazo al “abandono del centralismo nacional y principalmente del centralismo departamental”15. Se presentaron tres ideas sobre la autonomía con énfasis en lo regional. La primera, plantea “el Estado nacional regionalizado”, la segunda plantea la “Autonomía y regionalización subdepartamental” y la tercera, plantea el tema de las “Autonomías desde la óptica del pueblo Guaraní”16.

a) El Estado nacional regionalizado. Plantea el reordenamiento territorial y para ello “se debe redibujar Bolivia, su división político administrativa actual no responde a la realidad, y ello debe equilibrar las regiones desde varias perspectivas: ecológicas, de reservas y recursos, potencialidades económicas, continuidades territoriales y culturales, historia y costumbres, afinidades institucionales y proyectos compartidos y trans-regionales”17. Sobre esta base se propone “la regionalización del territorio boliviano en diecisiete regiones, sugiriendo los asientos territoriales del gobierno de la Región en virtud de ser el centro territorial de las regiones y la posibilidad de mantener cohesionadas a las poblaciones que las conforman”18. La propuesta de Calvimontes parte de la premisa de la que la nueva estructura política administrativa del país estará constituida por tres niveles: Nacional, Regional y Municipal. La región estará constituida por las actuales secciones municipales y desaparecen los departamentos. Como ejemplo veamos la conformación de la Región Nº 10 que corresponde al Chaco.

15 En este caso los centralismos departamentales de las capitales: Santa Cruz, Tarija y Sucre. 16 La primera propuesta fue planteada por Rolando Calvimontes, ex Director del Servicio Nacional de

Caminos, ex Alcalde de Villamontes, activista cívico y de la gestación del Pacto del Quebracho en el Chaco boliviano. La segunda fue planteada por el representante cívico de Yacuiba y la tercera, por don Enrique Camargo, ex Presidente de la APG. En: Coloquio Descentralización y Autonomías (Macro Región Chaco. Camiri, 20 de septiembre de 2006).

17 En Documento de propuestas: Regionalización del territorio boliviano (Rolando Calvimontes, 2006) 18 Calvimontes, 2006: 10

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Cuadro Nº 2 Región Nº 10 El Chaco

Regiones SECCIONES POBLACIÓN

Habitantes CONCEJALES

1 Yacuiba 108.162 11 2 Carapari 9.832 5 3 Villamontes 26.366 5 4 Lagunillas 5.721 5 5 Charagua 26.733 5 6 Cabezas 24.690 5 7 Cuevo 3.512 5 8 Gutiérrez 11.994 5 9 Camiri 30.421 7

10 Boyuibe 4.144 5 11 Monteagudo 28.546 7 12 Huacareta 10.548 5 13 Muyupampa 11.850 5 14 Huacaya 2.644 5 15 Macharetí* 8.686 5 16 Entre Ríos 20.796 5

TOTAL 334.645 90 Fuente: Rolando Calvimontes (Documento propuesta, 2006). * Posible asiento de la gobernación Macharetí

b) Autonomías y regionalización subdepartamental. “Bolivia, deberá constituirse en

un Estado unitario, descentralizado y administrativo, con autonomías departamentales y sub-departamentales”. La propuesta consiste “en la creación de una nueva instancia de gobierno y administración estatal, intermedia entre las actuales prefecturas y los municipios, que gozaría de autonomía en el ámbito de su jurisdicción, para el manejo del desarrollo regional, tomando en cuenta la realidad concreta de cada territorio sub-departamental”. Operativamente esto significa que la “toma de decisiones en lo político, económico y administrativo del nivel intermedio de gobierno, se toma a través de estructuras propias, para cumplir objetivos políticos y/o técnicos” 19.

c) La autonomía regional vista de la óptica indígena. “La autonomía departamental

ligada a la idea de un nuevo Estado tendría que compensar los daños históricos a las poblaciones indígenas, porque con la propuesta del modelo de autonomía departamental se las sigue excluyendo. Las poblaciones indígenas son culturas con ciertas particularidades. En realidad es una nación que tiene un sistema organizativo, un sistema económico, un sistema educativo y todo lo que tiene una sociedad completa. El pueblo Tapiete, que tiene 130 personas en su territorio, tiene un régimen interno muy distintos a las normas nacionales. Ahí empieza la necesidad

19 Documento: “Autonomías y regionalización sub-departamental”. Comité Cívico de Yacuiba, marzo de

2006, pp. 2. Fue presentado por Jorge Barrenechea miembro del Comité Cívico de Yacuiba. En: Coloquio Descentralización y Autonomías (Macro Región Chaco. Camiri, 20 de septiembre de 2006).

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de que estos territorios indígenas tengan también jurisdicciones, pero jurisdicciones con competencias públicas; es decir, que puedan manejar recursos económicos”20.

“La autonomía debe partir de la comunidad indígena, desde lo chiquitito, llegar al plano municipal y luego al plano regional, esa es la verdadera autonomía. En la perspectiva de la constitución de las autonomías indígenas para la asignación de los recursos no se debe tomar en cuenta criterios demográficos como se hace ahora, porque con ese criterio una población indígena no podrá asumir la autonomía. Por ejemplo una población de 130 Ayoreos frente a una población de un millón en Santa Cruz, está comunidad indígena está en desventaja”21.

¿Cuáles deben ser las competencias de las autonomías indígenas?

a) La gestión territorial para el desarrollo productivo debe ser ámbito de

competencia de una autonomía indígena. b) Los recursos naturales como la biosfera y las áreas protegidas, en asociación

con el gobierno regional y el gobierno nacional. Esto es muy importante, que haya conexiones, pero tomando en cuenta la temática especial, por ejemplo la experiencia que nos da el pueblo Isoseño con el manejo de una de las áreas protegidas.

c) Otro aspecto importante en la gestión territorial que se maneje desde la comunidad indígena es la protección de la biodiversidad.

Para la distribución de los beneficios de los RR.NN., en el caso de que los pozos petroleros se encuentren en territorio indígena, como es el caso del pueblo guaraní, ese pueblo indígena debe tener preferencia en el acceso a los beneficios de esa riqueza. Pero no quiere decir que todo es exclusivo, porque el pueblo indígena guaraní maneja el criterio de reciprocidad, de solidaridad. Entonces en la autonomía está presente también la solidaridad con otros sectores que no son beneficiarios directos, como el Norte de Potosí.

La autonomía desde la Amazonía La creación formal de la Región de la Amazonía es la principal conclusión del debate sobre las autonomías y ésta debería ser una tarea ineludible de la Asamblea Constituyente. Este es el pensamiento de los líderes sociales de esta región. Sin duda, este es un planteamiento de carácter político pero no se hace en términos de autonomías departamentales en alineación con las demandas cruceñas de una autonomía departamental, sino que la cuestión es mucho más compleja porque el territorio de la Amazonía abarca parte de tres departamentos en la actual división político administrativa del país: Pando, Beni y el norte de La Paz22. 20 Enrique Camargo, ex Presidente de la APG. En: Coloquio Descentralización y Autonomías (Macro

Región Chaco. Camiri, 20 de septiembre de 2006). 21 Enrique Camargo, ex Presidente de la APG. En: Coloquio Descentralización y Autonomías (Macro

Región Chaco. Camiri, 20 de septiembre de 2006). 22 Según Palmiro Soria, de las tres grandes cuencas hidrográficas que tiene Bolivia la más grande es la

Cuenca Amazónica que ocupa una superficie de 722.137 Km2, que representa el 65,7 % del territorio nacional. La Cuenca de la Plata representa el 224.918 Km2 y la Cuenca Lacustre del Altiplano el 151.526

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Los argumentos para este planteamiento son los siguientes: la actual división política administrativa no tomó en cuenta la región de la Amazonía como un espacio con recursos naturales y medio ambiente con identidad territorial propia. Su territorio fue fracturado en tres departamentos. La región fue olvidada y saqueada porque los impuestos producidos por la exportación del caucho fueron apropiados por el gobierno central y por la capital del departamento del Beni. La Amazonía es una región con identidad propia “marcada a fuego por el bosque y el río, como determinantes del ecosistema; agua y selva son las sustancias más densas de la cultura espiritual y la cultura material, productiva, del hombre y la mujer amazónica (…) simbolizados contundentemente por dos árboles: la goma y el castaño”23. Además, este panelista recordó que Bolivia es un país amazónico “por dos de los cuatro costados; auto-reconocer esa calidad es el primer paso para plantearse políticas de Estado que permitan explotar esa cualidad, sobre todo en un momento en que hay conciencia de que los peligros ambientales que se ciernen sobre el planeta son muy graves y la condición amazónica está debidamente reputada como imprescindible para el equilibrio ambiental mundial”24. ¿Cómo se debe poner en práctica este planteamiento regional? Se manejan al menos tres propuestas para la concreción de la propuesta de la reconstitución de la Amazonía boliviana, como un espacio territorial que implique una unidad político administrativa y una visión de desarrollo propio acorde con la cultura y la ecología. Veamos estas propuestas:

a) La departamentalización de la provincia Vaca Diez. Esta idea –según Palmiro Soria- “tiene orígenes históricos en su condición de capital del antiguo territorio nacional de colonias, en el liderazgo empresarial conectado al mercado mundial, la tardía incorporación de la provincia (1900) cuando el departamento ya había sido fundado en 1842 (…) se trata de la búsqueda de un camino que sus propulsores consideran como lo más justo para los intereses de la provincia y es una propuesta de larga data y varios intentos”. “Los actuales líderes de esta corriente no están escribiendo y desarrollando sus argumentos, o no los están socializando por lo que se aprecia como una propuesta estancada, excluyente, porque desarticula aún más el territorio amazónico”25.

b) La visión regionalizadora. Este planteamiento enfatiza la cualidad amazónica de

los departamentos de Beni y Pando “para lograr un tratamiento de iguales en el escenario del país, la realización de este objetivo pasa por el logro de la unidad en torno de esta identidad, que no es ficticia”26. Esta propuesta es planteada por Palmiro Soria que propone “la noción tetra-territorial, es decir un primer nivel

Km2. (La constituyente: una visión amazónica, 2005, p. 2, ms.). (El autor participó en el Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro Región Amazonía. Riberalta, 29 de septiembre de 2006).

23 Soria, 2005: 3. 24 Soria, 2005: 3. 25 Soria, 2005: 13. 26 Soria, considera que para lograr la unidad de la identidad amazónica las identidades étnicas indígenas

específicas como la moxeña, la cavineña y la tacana debían ser complementarias o incluso subsumirse en la identidad amazónica, “lo cual es mejor que estar asimilado a lo camba” (2005: 13).

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nacional, en segundo nivel la región, en tercer nivel el departamento, con límites modificados a favor de la región y un cuarto nivel municipal”. La propuesta considera a “la ‘región’ como el nivel messo ideal, para intentar solucionar la desarticulación geográfica de unidades territoriales reales en más de un departamento como el Chaco y la Amazonía. Esta posición subalterniza la categoría territorial de ‘departamento’”. La objeción principal es que los departamentos no han cumplido el rol de “promotores del desarrollo que han jugado otras prefecturas del país, al menos en su actual diseño no lo es, aunque teóricamente puede llegar a serlo”. “El fundamento de la propuesta de varios departamentos conformando una sola región justifica la posibilidad de que la sede del nuevo poder regional y su asiento se diseñe como una estrategia de aceleración del desarrollo regional, basado en la autonomía que pueda darse, en el caso amazónico, con una clara definición ambientalista, industrial y ganadera con capacidad de autogestión y solvencia fiscal progresiva”27.

Soria, propone conformar Bolivia en tres regiones: Amazonía, Andina y Chiriguano-Chaqueña. Estas tres regiones hacen más manejable la cuestión de los gobiernos regionales. c) Creación de la Región Amazónica Boliviana. Esta propuesta -planteada por Julio Leigue- pretende recomponer el espacio geográfico conocido hoy como Norte Amazónico boliviano compuesto por el departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del Beni y la provincia Abel Iturralde de La Paz28. Esta idea se basa en el concepto de región que implica “un espacio geográfico homogéneo, estructurado como una unidad determinada por factores económicos, topográficos, climáticos, socioeconómicos, históricos, culturales y tecnológicos, utilizados en conjunto para dominar una determinada naturaleza con intención de ponerla al servicio de emprendimientos del hombre regional y sus organizaciones productivas”29.

En suma, al igual que en la región del Chaco, el debate del tema de la descentralización y las autonomías va en el sentido de reclamar a la Asamblea Constituyente la aprobación de la Autonomía Regional de la Amazonía. Empero, hay que distinguir entre: 1) la autonomía de macro-regiones: Amazónica, Andina y la Chiriguano-Chaqueño que propone Palmiro Soria y 2) la región Norte Amazónica solamente. Si esto no fuera posible Julio Leigue propone someter a un referéndum a la población de la provincia Vaca Diez (municipios de Riberalta y Guayaramerín) para conformar el nuevo departamento de Amazonas juntamente con el actual departamento de Pando con su capital en Cobija. Otro tema fundamental en torno a este planteamiento es el relativo a las comunidades campesina indígenas. Se debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas desde antes de la colonización española para reparar una deuda histórica. Se cometió etnocidio por haberse incorporado de manera coercitiva a los pueblos indígenas a la economía de

27 Soria, 2005: 15. 28 Julio Leigue Canamari, 2005. (El autor participó en el Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro

Región Amazonía. Riberalta, 29 de septiembre de 2006). 29 Leigue Canamari, 2005: 2.

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mercado exportadora de la goma a fines del siglo XIX. Con ello se transgredido su territorio, su cultura y su forma de vida.

1.3.3. Autonomías indígenas La propuesta de las autonomías indígenas surge como una demanda de los líderes indígenas y de reflexiones de intelectuales y académicos principalmente de los pueblos indígenas aymara y quechua del altiplano y valles. También existen propuestas de organizaciones indígenas de las tierras bajas, pero tienen poca visibilidad. A continuación presentamos las propuestas sobre las autonomías indígenas.

a) La creación de las Entidades Territoriales Indígenas. Este planteamiento es sostenido por Pablo Regalsky de CENDA, que adapta el tratamiento de la Constitución Política del Estado (CPE) de Colombia sobre minorías indígenas y propone la creación de un nuevo ordenamiento territorial, político administrativo, donde puedan convivir varios sistemas jurídicos. Esto en los hechos implica la creación de autonomías territoriales indígenas y sus competencias, juntamente con las autonomías departamentales y las municipales. Este planteamiento según Regalsky, debe ser la respuesta a las autonomías departamentales planteadas desde el Comité Cívico de Santa Cruz30.

b) Autonomías de base indígena. La propuesta de “autonomías de base indígena” fue

planteada por Gonzalo Colque31. El argumento central es que el debate no debía polarizarse sólo entre las propuestas maximalistas extremas de autonomías departamentales y autonomías indígenas, sino más bien buscar la mejor manera de construir nuevas estructuras estatales de manera conjunta. Veamos los argumentos de esta propuesta:

• Las autonomías (tanto departamentales como indígenas) deben desechar la

propiedad y el control de los RR.NN. En Bolivia los RR.NN. están concentrados en pocas regiones y crear autonomías departamentales (o indígenas) con derechos propietarios sobre los RR.NN. sería crear monstruosas desigualdades.

• Las autonomías deben superar los vicios del centralismo estatal y fortalecer los gobiernos locales y regionales. Esto ayudará a una mejor gestión y administración de los recursos públicos que deben ser distribuidos y utilizados sosteniblemente bajo indicadores universales.

30 En: Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro Región Centro Sur (Cochabamba, 24 de marzo de

2006). La propuesta de Regalsky se basa en la Constitución de Colombia de 1991, que ha creado esa figura para atender la demanda territorial de la población indígena, que en ese país es demográficamente minoritaria. Al respecto ver “Los territorios indígenas colombianos: Teorías y prácticas” Juan Houghton Febrero de 2005, Bogotá; para el caso de Bolivia ver “Propuesta base para pensar las autonomías originarias en Bolivia” Sarela Paz (Cochabamba – CENDA 2005).

31 En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Altiplano (El Alto-La Paz, 5 de abril de 2006). Ver Colque (2006[a]).

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• La propuesta de autonomías de base indígena pretende hacer viables los municipios indígenas superando falencias de gobernabilidad, la falta de vínculo con la comunidad, adaptar el control social a la lógica de la organización social comunal y promover la identidad étnica-cultural-espacial.

• Reivindicar las prácticas locales de organización sociopolítica bajo la figura de mancomunidades implica repensar la figura del Cantón.

• En este planteamiento la propiedad de los recursos naturales debe ser siempre a nivel nacional (Estatal).

c) Estado plurinacional y pluriautonómico. Esta propuesta es sostenida por Liborio Uño, quien plantea romper el modelo colonial, unitario y centralista en Bolivia. Argumenta que en Bolivia hay dos sujetos políticos que tienen personalidad y derechos históricos para plantear la autonomía. Por una parte, las regiones citadinas y por otra, las naciones originarias32.

Plantea un modelo de Estado plurinacional y pluriautonómico. A las regiones citadinas se les reconoce el derecho histórico que se han ganado las subnaciones hispano-bolivianas, por la lucha que han sostenido por la independencia y por la defensa de los RR.NN.. Para concretizar esto en el departamento de La Paz, hay que adaptar un criterio histórico territorialmente delimitado. En el caso del Qullasuyu, en el departamento de La Paz, existían tres naciones originarias: 1) Jach’a Suyu Pakajaqi que es muy grande, 2) los Lupakas y 3) los Kallawayas, con delimitaciones territoriales históricas.

d) La reconstitución de los Suyus. La reconstitución de los suyus, markas y ayllus, es uno de los fenómenos relevantes de la emergencia de los pueblos indígenas en las dos últimas décadas particularmente en la región andina. Ese es el caso del Jach’a Suyu Pakajaqi (La Paz) y el de Jach’a Suyu Carangas (Oruro). Esta propuesta consiste en la constitución de espacios territoriales cuasi autónomos de origen prehispánico, con bases de identidad cultural, histórica, geográfica y además, así lo dicen los impulsores de estas demandas, que allí se pueda ejercer el derecho propietario absoluto sobre los RR.NN.

Estas dos organizaciones han demandado el saneamiento de una TCO en el marco de la Ley INRA. La “mega” demanda de TCO de Jach’a Suyu Carangas contempla 8 provincias, en cambio la mega demanda de Jach’a Suyu Pakajaqi comprende 8 municipios de la actual provincia Pacajes33.

32 En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Altiplano. (El Alto-La Paz, 5 de abril de 2006). Liborio

Uño fundamenta su propuesta en el ensayo “Propuesta originaria para la Asamblea Constituyente” En Pukara. Cultura, sociedad y política de los pueblos originarios” Periódico mensual, Nº 6, La Paz, abril de 2006.

33 Los representantes de la organización Jach’a Suyu Pakajaqi presentaron en agosto de 2005 ante el Congreso Nacional de la República el “Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Tierra, Territorio de Jacha Suyu PakaJaqi”.

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¿Cuál sería el ámbito de la aplicación de las autonomías indígenas? En los departamentos de occidente de Bolivia donde la población indígena es mayoría según el censo de 2001. En el departamento de Potosí 87 % se identifica como quechua y en el departamento de La Paz un 78 % como aymara. En cambio en los departamentos donde la población indígena es minoría como ocurre en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, el tratamiento tendría que ser diferenciado, más bien serían sociedades multiculturales34. A continuación, Alcides Vadillo de la Fundación TIERRA presenta tres rasgos centrales y tres desafíos que deben tomarse en cuenta las autonomías indígenas: Rasgos:

a) La autonomía indígena no se puede dar a nivel de una comunidad porque una de las lecciones aprendidas de la PP es que un municipio con menos de 5 mil habitantes es inviable. Para que tenga los recursos para poder sostenerse y tener un nivel de incidencia necesita mínimo esa cantidad de habitantes.

b) El elemento central de una autonomía indígena es que ese pueblo indígena

administre recursos y ejerzan autoridad a nombre del Estado. Porque si no estamos hablando de recursos económicos no hay para qué discutir el tema y que cada comunidad siga siendo tan autónoma como lo es ahora.

c) Otro rasgo a tomarse en cuenta es que cuando hablamos de que alguien recibe

recursos económicos del Estado, “se acabaron los usos y costumbres, hay que rendir cuentas, cómo gastó centavo a centavo”35. Hay normas nacionales y van a seguir habiendo. Entonces más allá de la cultura, idioma, historia y tradición las autonomías indígenas se tienen que someter a sistemas universales de regulación de la administración pública.

Desafíos:

a) Discutir el tema de las Judicaturas de Paz a nivel municipal. Es una experiencia que en muchos países se ha implementado a nivel municipal con la finalidad de buscar mayor agilidad en la resolución de conflictos de características menores. Ahora es la policía que trata esto, pero lo hace mediante un mecanismo de extorsión arbitrario e irregular36. En las comunidades indígenas tienen que ser sus propias autoridades las que resuelvan estos conflictos menores.

34 Juan Carlos Urenda señala que los porcentajes de población indígena en el departamento de Santa Cruz

son: 8 % chiquitana, 4 % guaraniés, 4 % otros (guarayos, sirionos, etc.), 16 % quechuas (Coloquio Descentralización y autonomías, Macro Región Oriente. Santa Cruz, 13 de septiembre del 2006).

35 Alcides Vadillo, presentación en el Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro Región Oriente. (Santa Cruz, 13 septiembre del 2006).

36 Es parte de la agenda de algunos entidades de la cooperación internacional que está impulsado los juzgados de paz a nivel comunal y esto en los territorios indígenas tendría que tener similares competencias, pero no como un juez de paz en sentido de una autoridad de fuera en una comunidad indígena, sino su propia autoridad con sus propios sistemas de regulación asumiendo este nivel de competencias este mismo rol. Estos son elementos que van a entrar en debate una vez que se comience a discutir los niveles de autonomía (Alcides Vadillo).

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b) Aun siendo entidades territoriales indígenas, no se puede negar el derecho de ciudadanía plena a ningún otra persona. Aunque no sea indígena tiene el pleno derecho a participar y decidir quien va a ser la autoridad que va a asumir competencias.

c) Dar funcionalidad a los municipios indígenas implica una re-estructuración de los

actuales límites municipales. Lo que hoy manejamos como modelos -como el de Lomerío en la Chiquitanía- coincide todo el límite municipal con la base territorial de un pueblo indígena. Esto es lo que habría que buscar allí donde un pueblo quiera ser una entidad territorial indígena. Eso pasa por redefinir los límites de aquellos municipios que van a ser afectados. Porque ejemplo, Alto y Bajo Isoso podría ser un municipio y dejar de pertenecer al municipio Charagua. Eso sería posible mirando la continuidad territorial.

1.4. Antecedentes y conceptos de referencia La falta de experiencia práctica de líderes indígenas, cívicos y de intelectuales de distintas regiones del país sobre el tema de las autonomías, desnuda una generalizada pobreza de debate. No existen elementos concretos sobre los cuales hablar, y todo se reduce a criticar la ausencia del Estado en las comunidades y en las regiones. Contrariamente, cuando se habla de la PP -como se pudo ver- la experiencia es amplia. En realidad la participación de las comunidades en el proceso de municipalización iniciado en 1994, fue una verdadera escuela de aprendizaje de gestión pública, con sus pros y sus contras, y una riquísima experiencia de participación política. ¿Cuál es la explicación a esta paradoja? La respuesta tiene que ver con la adopción -desde la creación de Bolivia- de la forma de Estado “unitaria y concentrada” que no reconoce ningún otro nivel gubernativo que el nacional37. El cuestionamiento a este carácter centralista del Estado boliviano tiene larga data38, pero, es desde las transformaciones estructurales impulsadas por la Revolución Nacional de 1952, con la denominada marcha al oriente y la posterior emergencia del departamento de Santa Cruz como un actor político y económico que la demanda de la descentralización política administrativa y de las autonomías toma mayor cuerpo y se inserta definitivamente en la agenda nacional. En las dos últimas décadas el debate sobre la descentralización tuvo una dinámica inesperada porque a la demanda regional por la descentralización departamental, se contrapuso una respuesta estatal -imprevista para muchos- con la promulgación de la LPP en 1994. A diez 10 años de puesta en marcha del proceso, en 2004 surge renovada la demanda de las autonomías departamentales liderada por las élites políticas y económicas de Santa Cruz. De esta manera se repuso el debate de la descentralización política

37 En: Coloquio Descentralización y Autonomías. Macro Región Oriente (Santa Cruz, 13 de septiembre de

2006). Juan Carlos Urenda (2003: 437). La CPE, en el artículo primero señala que Bolivia está “… constituida en República Unitaria…”

38 Por ejemplo ver a Roca y Barragán (2005).

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administrativa a nivel departamental bajo una concepción mucho más ambiciosa de autonomías departamentales39. Veamos en qué consiste cada uno de estos tres procesos en el reciente proceso protagonizado por las regiones en Bolivia.

1.4.1. Descentralización departamental “Hasta 1993, la única descentralización de la que se discutía era la departamental”40. En el período gubernamental de 1989-1993 el debate descentralizador llegó a su máxima efervescencia, se convocó a varios congresos extraordinarios y se contabilizaron una veintena de propuestas; fue uno de los principales temas que se trató en las “cumbres políticas” –reunión de jefes de partidos políticos- en 199241. En este período no se aprobó ninguna norma legal, sino que todo fue madurando para el período gubernamental 1993-1997, pero el debate sobre la descentralización dio un giro hacia la descentralización municipal. Fue recién en 1995, que se aprobó la Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa Departamental. ¿Cuáles son las características de esta descentralización?, ¿Por qué es distinta cualitativamente de la exitosa descentralización municipal? ¿Por qué para las comunidades indígena campesinas y las regiones la Ley 1654, de Descentralización Administrativa, ha sido un proceso prácticamente invisible? En relación a la Descentralización Administrativa Departamental especialistas como Barrios Suvelza (2005) y Urenda Díaz (2003) coinciden en señalar que en realidad no hubo descentralización, sino que, para Barrios Suvelza lo que ocurrió fue una confusión conceptual entre descentralización y desconcentración; por su parte Urenda califica la Ley 1654 como “la falacia de la descentralización”. Una desconcentración significa “el traspaso de poder de un nivel territorial superior a uno inferior”, pero una desconcentración “no implica en el receptor la facultad legislativa y éste puede ser sometido a control de mérito del delegante, así como revertirse ese traspaso hacia el titular”42. En cambio, la descentralización “es la mecánica que traspasa poder de un nivel territorial superior a uno inferior abriendo facultad legislativa en el receptor e impermeabilidad al control de merito. Cuando se producen procesos de descentralización surge la forma territorial y consecuentemente la cualidad gubernativa”43. Para Urenda la Ley de Descentralización Administrativa Departamental de 1995, es una falacia porque la “Constitución vigente define, en sus artículos 109 y 110, el modelo de administración pública boliviana como un modelo centralizado con desconcentraciones hacia personas naturales llamadas prefectos […] De descentralización administrativa territorial no tiene prácticamente nada”44. “Los consejos departamentales no tienen ninguna atribución normativa ni de desarrollo legislativo, así como ninguna facultad seria de 39 Franz Barrios Suvelza (2003) llama messo o nivel intermedio. 40 UCAC, op cit p. 1. 41 UCAC, op cit p. 1. 42 Barrios Suvelza, 2005: 16. 43 Barrios Suvelza, 2005: 16. 44 Urenda, 2003: 444.

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fiscalización de los recursos departamentales y menos de planificación económica. Los consejeros son elegidos por los concejales municipales provinciales quienes a su vez, son elegidos de la lista del candidato a alcalde municipal”45. Esta crítica frontal al modelo unitarista y concentrador del Estado boliviano entiende que esta norma en realidad produjo sólo una desconcentración de las facultades administrativas a nivel departamental del gobierno central. Por eso, dice Urenda era necesario convertir la demanda de la descentralización administrativa en demanda de autonomía departamental. ¿Por qué en la gestión gubernamental 1993-1997 se apostó por la descentralización municipal y no por la descentralización departamental? En el siguiente acápite veremos la explicación sobre la opción de una corriente municipalista en aquella gestión gubernamental.

1.4.2. Descentralización municipal Según Miguel Urioste46, “La aprobación de la LPP inició una radical descentralización por la vía local […] que se adelantó a las demandas cívicas regionales de descentralización departamental”. Según este autor, en contraposición a la visión departamentalista, se optó por una visión “ruralista indigenista-campesinista” traducida en el municipio como el ámbito de aplicación práctica. De acuerdo con el autor, la Ley de PP tiene varias fuentes de inspiración47:

a) El proyecto de Ley Agraria Fundamental presentado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1984, y el proyecto de Ley de Pueblos Indígenas propuesto por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) en 1990. La primera reclamaba “el reconocimiento de las comunidades campesinas andinas como unidades de autogobierno autónomo”. En cambio la segunda, “contemplaba aspectos como la autonomía político administrativa y el goce pleno de todos los recursos naturales por parte de los territorios indígenas de la región de los llanos y de la Amazonía…”.

b) El programa de gobierno del MNR en 1993: Plan de Todos, donde se señalaba que “la descentralización del poder político se hará efectiva a través de un cambio del rol del Estado y una devolución del poder de decisión al ciudadano en sus organizaciones de base en sus comunidades, su gobierno local urbano o rural, y su gobierno departamental”.

c) El proyecto de Ley de Comunidades presentado en 1990 por el Movimiento Bolivia Libre (MBL) al parlamento, que planteaba cuatro aspectos específicos: a) el reconocimiento jurídico de todas las comunidades y pueblos indígenas de Bolivia, b) el reconocimiento de las autoridades naturales de las comunidades, c) el reconocimiento de la jurisdicción territorial de esas comunidades mediante la titulación de las tierras por intermedio del Consejo nacional de Reforma Agraria y

45 Urenda, 2005: 24. 46 Urioste, 2002: 160 47 Urioste, 2002: 158-159

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d) “la otorgación directa a esas comunidades del 10 % de coparticipación tributaria de los recursos que en ese entonces eran administrados por las Corporaciones Regionales de Desarrollo”48.

La LPP “reconoció la división territorial de las secciones de provincia ya existentes (…) dispuso la división del territorio nacional en 311 municipios con iguales competencias y atribuciones (…) reconociéndoles a cada uno de ellos un solo gobierno municipal”49. Además, “para avanzar en una estructura coherente de unidades político administrativas menores dentro de los municipios, en reemplazo de los cantones se promovió procesos de distritación municipal, de tal manera que correspondan a las características físicas y geográficas…”50. La LPP promovió los siguientes cambios importantes:

a) “transfirió a los municipios recursos especiales de coparticipación tributaria de renta interna y aduana correspondiente al 20% del total de los ingresos del Estado por estos conceptos, distribuidos de acuerdo al número de habitantes de cada municipio”,

b) “reconoce, promueve y consolida a las comunidades indígenas, pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales en la vida jurídica, política y económica del país”;

c) “las comunidades campesinas indígenas “tienen derechos explícitos para proponer, pedir, controlar, y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos” en materias de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo rural”,

d) “se crea en cada municipio un Comité de Vigilancia, como órgano de control social, pero no de fiscalización, sino como una instancia de representación de la sociedad civil distinta a la del Concejo Municipal conformado por concejales electos por voto popular”51.

1.4.3. Autonomías El debate sobre las autonomías departamentales tiene una larga data. Se pueden contabilizar tres ideas como propuestas alternativas al sistema unitario de administración del Estado: el federalismo, la descentralización y las autonomías. Gustavo Rodríguez (1993) plantea que en Bolivia el tema se dio como una confrontación entre el “poder central y el proyecto regional”. Los dos proyectos regionales que marcaron el debate son los de Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX.

48 También fue una importante fuente el trabajo y sistematización de programas de desarrollo de algunas

Organizaciones No Gubernamentales que CIPCA publicó en el libro titulado Por una Bolivia Diferente. Aportes para un proyecto histórico popular (1991).

49 Actualmente en el país se tiene reconocidos 327 municipios. 50 Urioste, 2002: 161. 51 Urioste, 2002: 162-163.

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El proyecto de Constitución federal como alternativa al sistema unitario fue debatido en la Asamblea Constituyente de 1871. Los representantes, Lucas Mendoza de la Tapia por Cochabamba y Francisco Velasco por Oruro, presentaron el proyecto de constitución “del sistema federal”52. Rodríguez afirma que los federalistas cochabambinos: “Proclamaban su fe en el federalismo como una vía -la única- de lograr la salvación nacional, y no porque buscaran por su intermedio redefinir favorablemente la situación de su región en el contexto nacional. Su discurso traslucía universalismo y, si se quiere, desde ese punto de vista se comportaban más como bolivianos que como cochabambinos”53. Además, “la federalización era también postulada como la única respuesta a la innegable heterogeneidad regional, permitiendo dar respuestas diferenciadas frente a necesidades también diferenciadas. En otros términos, para los federalistas decimonónicos la democracia sólo podía autodesplegarse eficientemente en escala local cuando los ciudadanos, más propiamente vecinos, participaran directamente en la resolución y administración de sus problemas”54. Por su lado, Roca dice que con la “sola excepción de Cochabamba, cuyos diputados tenían mandato imperativo de sus electores para votar a favor del federalismo” no hubo otra región con claro posicionamiento en torno a este tema55. ¿En este evento cuál fue la posición de la representación cruceña? Según Roca, no existe una postura manifiesta ni colectiva ni individual de la representación cruceña. “Lo anterior demuestra que, en esos años, Santa Cruz no se perfilaba como una región proclive al federalismo auque esa tendencia aparece pocos años después con Andrés Ibáñez”56. Rodríguez afirma que a diferencia del proceso seguido por las élites cochabambinas en la construcción de su proyecto regional, Santa Cruz se enfrentó con la desventaja de la exclusión y el olvido de los circuitos de la decisión política, de los beneficios de la articulación al mercado interno boliviano. Al parecer por influjo del proyecto federalista cochabambino la historia registra dos revueltas políticas en la ciudad de Santa Cruz como protesta contra centralismo del Estado boliviano. La primera tuvo como protagonista a Andrés Ibáñez, quien protagonizó una revuelta contra el presidente Hilarión Daza, entre octubre de 1876 a mayo de 1877. Ibáñez como miembro del “Club de la Igualdad”, al principio de la revuelta, y bajo la consigna de la igualdad clasista “predicó la igualdad de oportunidades en una sociedad amenazada por la fragmentación y la ruptura de las antiguas solidaridades sociales”. Es ante el estancamiento de su movimiento que planteó la conformación de una “Junta Superior Federal del Oriente”, proclamando que la federación debería “romper con el atraso, la miseria regional el comercio estacionario […] y la industria en el marasmo de su inmovilidad”57. La segunda tuvo como protagonistas a Domingo Arcaya y Domingo Ávila. Por ello, se conoce como la rebelión “de los Domingos”. Ocurrió el 2 de enero de 1891. Fue un “golpe 52 Roca, 2005: 160. 53 Rodríguez, 1993: 62. 54 Rodríguez, 1993: 62. 55 Roca, 2005: 172. 56 Roca, 2005: 184-185. 57 Rodríguez, 1993: 96.

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de Estado regional” y en desconocimiento al gobierno de Aniceto Arce los líderes de este movimiento organizaron una “Junta Federal Gubernativa” con facultades amplias para dirigir la administración pública58. En realidad este movimiento planteó como prioridad “estimular la industria, fomentar su desarrollo y protegerla”59. Es decir, en contraste con el liberalismo que practicaba el Estado central presidido por el empresario Aniceto Arce, la tónica es la protección de los “intereses específicos sin jugarse por el resto de las regiones afectadas”60. La otra manifestación de protesta regional contra el centralismo fue la publicación del documento denominado Memorandum de 1904. Cuya autoría se atribuye a la Sociedad de Estudios Geográficos e Historia de Santa Cruz, donde se planteó que: “La ruina industrial económica de Santa Cruz comenzó con la llegada de la primera locomotora a Oruro […] los gobiernos, por medio de inconsultos pactos internacionales, han concedido privilegios y franquicias tales, que han expatriado de las plazas del interior a los artículos nacionales cruceños”61. El proyecto federal tuvo su quiebre histórico en la llamada Guerra Federal de 1899. Donde las élites de Chuquisaca y La Paz protagonizaron una lucha armada con el fin de dirimir el liderazgo nacional que políticamente condujo al enfrentamiento entre los conservadores (Sucre) y los liberales (La Paz). En esta contienda inter-élites las comunidades aymaras bajo el liderazgo de Zárate Willka tuvieron un papel relevante inclinando la balanza hacia los liberales paceños62. En síntesis, según Marta Irurozqui (1994) el discurso federalista “era sólo un medio de regeneración política; es decir, un pretexto para derrocar al presidente Severo Fernández Alonso como representante de la hegemonía del sur y dar cabida a otro grupo de poder para que reactivara la consolidación de la elite como clase social dominante…”63. Porque finalmente los liberales no adoptaron el sistema federal, en la Convención de 1900 la mayoría liberal decidió mantener la Constitución unitaria de 1880. En el siglo XX los cuestionamientos al sistema unitario de gobierno se expresaron como proyectos de descentralización administrativa y fue a principios del siglo XXI que estas demandas -lideradas desde Santa Cruz- se retoman para convertirse en un proyecto autonómico. Citemos algunos momentos de este proceso:

a) En 1931 la Junta Militar de gobierno frente a la presión popular convocó a un Referéndum para consultar las Reformas de la Constitución, una de ellas fue sobre la Descentralización Político Administrativa. A pesar del voto censitario (calificado) la propuesta fue aprobada, pero fue diferida indefinidamente64.

58 Rodríguez, 1993: 92. 59 El Heraldo (Cochabamba) 7 de febrero de 1891 (citado por Rodríguez 1993: 94). 60 Rodríguez, 1993: 94. 61 Rodríguez, 1993: 104. 62 Según el historiador Condarco Morales (1965) la participación de las comunidades aymaras en este

conflicto tuvo unos objetivos propios como la restitución de las tierras usurpadas, la constitución de un gobierno indígena.

63 Irurozqui, 1994: 117. 64 Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM) (2005: 48).

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b) Uno de los temas de debate en la Convención Nacional de 1938, fue el de la descentralización. Según Rossana Barragán “el argumento de quienes estuvieron a favor de la descentralización era que la excesiva centralización del poder había determinado el descuido y el olvido de las demás regiones del país, sobre todo de las más alejadas como el Oriente. (…) por otra parte los defensores del centralismo (…) afirmaban que el atraso de las regiones se debía principalmente a un problema estructural y de orden económico mundial, pues eran los grandes capitales instalados en Bolivia los que determinaban y priorizaban las políticas estatales”65.

c) La Asamblea Constituyente de 1967, había aprobado en el Artículo 109 la existencia de Gobiernos Departamentales. Los Comités Cívicos de los departamentos fueron quienes lucharon para que se pusiera en práctica, particularmente en la gestión gubernamental de 1989-199366.

d) Durante el gobierno de facto de Banzer (1971-1978) fue aprobado en 1972, el Decreto Ley Nº 10460 de administración departamental que materializó la creación de las Corporaciones de Desarrollo Departamentales vigentes por más de 20 años67.

e) La aprobación de las LPP en 1994 y de Descentralización Administrativa a nivel departamental en 1995.

En la actualidad, el debate de la descentralización administrativa ha dado un nuevo giro adoptando la figura más radical de las autonomías departamentales. Se propugna que las autonomías cumplan “una función hasta ahora monopolizada” por un poder del Estado: la facultad de legislar. A esto se llama un Estado compuesto en contraposición a un Estado simple, donde “la función legislativa es facultad exclusiva del parlamento nacional”. En cambio, en un Estado compuesto “algunas leyes se elaboran de forma concurrente o compartida con otros niveles distintos del nacional”68. Según los especialistas en el tema, un régimen autonómico departamental debe tener tres competencias centrales:

a) Darse leyes para su desarrollo, en el marco del ordenamiento general del Estado, b) Elegir por voto directo a sus autoridades, c) Crear tributos propios para autofinanciarse.

Estos actos no tienen que “ser sometidos a órganos superiores en cuanto al contenido de sus actos sino solamente en cuanto al control de la legalidad de dichos actos”69.

65 Barragán, 2005: 430. 66 Barrios Suvelza, 2005: 10 y 13. 67 Ídem: 10. 68 UCAC, 2005: 15-16. 69 UCAC, 2005: 17.

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Cuadro Nº 3 Propuesta de Juan Carlos Urenda sobre competencias de las autonomías

Nacional Departamental Municipal

1. Legislación básica y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

2. Regulación de las condiciones básicas que

garanticen que garanticen la igualdad de todos los bolivianos en el ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes constitucionales.

3. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería

y derecho de asilo. 4. Política exterior. 5. Seguridad Nacional, Defensa y Fuerzas Armadas. 6. Administración de justicia, con excepción de

competencias transferidas a los gobiernos departamentos y municipales.

7. Legislación básica en materia de seguridad social,

educación y salud. 8. Legislación básica de los derechos de los pueblos

indígenas originarios. 9. Legislación mercantil, penal, procesal, laboral,

civil, propiedad intelectual e industrial, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de los departamentos autónomos.

10. Régimen aduanero y arancelario; comercio

exterior.

1. Promover desarrollo sostenible socioeconómico departamental, formulando, probando y ejecutando los planes y programas correspondientes para ese fin.

2. Normar, planificar y fomentar la activad económica del departamento, de acuerdo con la política y la ordenación general de la economía del Estado.

3. Elaborar un plan estratégico departamental de

desarrollo económico y social del departamento de acuerdo a las políticas nacionales.

4. Fomentar la competitividad, inversiones y el financiamiento de proyectos y obras de infraestructura de interés departamental.

5. Normar y promover el comercio, industria,

agricultura, ganadería, servicios, caza, pesca, en el ámbito de su jurisdicción y en concordancia con las políticas nacionales.

6. Normar, planificar, administrar y evaluar los

proyectos en las aéreas de educación, ciencia, enseñanza, investigación en todos sus niveles y grados, modalidades, así como la definición de políticas, en el marco de la legislación básica nacional y el régimen autónomo universitario establecido en esta Constitución.

7. Normar, planificar, administrar y evaluar las

políticas departamentales de salud, en el marco

Son competencias de los gobiernos municipales autónomos, en el ámbito de su jurisdicción territorial, las que les asigna esta Constitución y las que a continuación se detallan, sobre las que detentan potestad normativa, ejecutiva y técnica: a) Los planes de desarrollo humano y

económico en el marco de la política general en coordinación con otros niveles de gobierno.

b) La determinación e implementación de su

estructura institucional. c) La protección del medio ambiente y la

sanción a las infracciones correspondientes, en concordancia con la normativa nacional y departamental.

d) La prestación de los servicios públicos

básicos y obras públicas y la sanción a las infracciones correspondientes.

e) Las condiciones higiénicas y de sanidad en la

elaboración y comercialización de productos de productos alimenticios de primera necesidad y las sanciones a las infracciones correspondientes.

f) La infraestructura y los servicios relativos a

la buena vecindad, aseo, comodidad, deportes, ornato, urbanismo, recreación, ocio y las sanciones a sus infracciones.

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11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.

12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación

de la hora oficial. 13. Hacienda del Estado. 14. Fomento y coordinación general de la

investigación científica y técnica. 15. Bases del régimen jurídico de la administración

pública del régimen estatutario del funcionario público.

16. Control del espacio aéreo, tránsito y transporte

aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves, administración de los aeropuertos naciones e internacionales.

17. Ferrocarriles y transportes terrestres que circulen

por el territorio de más de un departamento autónomo.

18. Régimen general de comunicaciones en correo y

telecomunicación; cables aéreos y radiocomunicación.

19. Ordenación y concesión de los recursos y

aprovechamiento hidráulicos cuando las aguas discurran por más de un departamento.

20. Legislación básica sobre el medio ambiente,

aprovechamientos forestales, sin perjuicio de las facultades de los gobiernos departamentales y municipales autónomos de establecer normas adicionales de protección.

de la legislación básica nacional. 8. Normar y promover los deportes y el

esparcimiento, en concordancia con las políticas nacionales y los gobiernos municipales.

9. Normar aquellos aspectos relacionados con el

desarrollo integral de los pueblos indígenas originarios para el perfeccionamiento de los derechos indígenas a través de las Organizaciones Territoriales de Base, Tierras Comunitarias de Origen, y municipios indígenas. En los departamentos donde los pueblos indígenas originarios sean mayoría, establecer normas estatutarias que preserven su cultura, lengua, tradiciones y formas organizativas consuetudinarias, en concordancia con la legislación básica emanada del Gobierno Nacional.

10. Crear impuestos, tasas y contribuciones

especiales departamentales y exigir su cumplimiento.

11. Normar y promover el desarrollo del turismo en

el ámbito departamental, en concordancia con las políticas nacionales y los gobiernos municipales.

12. Normar y regular el ordenamiento territorial,

vivienda, en concurrencia con los gobiernos municipales.

13. Norma, regular y promover la construcción de

carreteras, ferrocarriles y otros medios de transporte que se desarrollen en el territorio de su jurisdicción, sin perjuicio de las competencias propias de los gobiernos municipales.

g) El sistema de catastro urbano y rural, a las

conforme a la normas técnicas generales emitidas por el gobierno nacional.

h) La recaudación de los ingresos municipales

por tasas o patentes, los no tributarios y otros y administrarlos conforme al presupuesto.

i) La generación de los ingresos por el

Municipio, otorgando concesiones del uso y disfrute de la propiedad pública municipal.

j) La negociación de impresitos para obras

públicas. k) El patrimonio histórico, viviendas de interés

social y turismo local. l) La vialidad urbana, circulación y ordenación

del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales, servicio de transporte público.

m) Infraestructura, administración de personal y

servicio en materia de salud y educación, en concordancia con la normativa nacional y departamental.

26

21. Obras públicas de interés general que cuya

realización afecte a más de un departamento autónomo.

22. Legislación básica de los recursos naturales. 23. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso

de armas y explosivos. 24. Normas básicas del régimen de prensa, radio y

televisión y, en generadle todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a los departamentos y municipios autónomos.

25. Defensa del patrimonio cultural, artístico y

monumental del país, museos, bibliotecas, archivos de titularidad nacional, sin perjuicio de las normas de protección y desarrollo por parte de los departamentos y/o municipios autónomos.

26. Seguridad pública, sin perjuicios de la creación de

policías por los departamentos y municipios autónomos, conforme a sus competencias establecidos en esta constitución.

27. Estadísticas para fines nacionales. 28. Reglamentación para la convocatoria de consultas

populares nacionales por vía del referéndum.

14. Elaborar y aprobar los proyectos para la construcción y aprovechamiento hidráulicos canales, regadíos, aguas minerales y termales, de interés departamental.

15. Regular, promover y proteger la cultura, lenguas

originarias, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, científico, tangible e intangible, así como el patrimonio natural en el área de su jurisdicción, sin perjuicio de la competencia del Gobierno Nacional y en concurrencia de los gobiernos municipales.

16. Regular y proteger los archivos, bibliotecas,

museos, hemerotecas y demás centros de información y documentación que no sean de titularidad del Gobierno Nacional, Municipal, Universitario o Eclesiástico.

17. Normar, regular y otorgar autorizaciones a las

fundaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales que desarrollen sus funciones en el departamento autónomo.

18. Organizar sus instituciones de autogobierno y

administrar sus bienes y rentas. 19. Normar, regular y otorgar autorizaciones,

licencias y derechos a los servicios que se desarrollen en el ámbito de su jurisdicción.

20. Aprobar normas en materia electoral en el ámbito

de su jurisdicción y definir el calendario electoral para todos los niveles del Gobierno Departamental.

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21. Aprobar y efectuar la construcción de las obras públicas que no sean de interés del Estado.

22. Presentar iniciativas legislativas en materia de su

competencia. 23. Aprobar los planes migratorios masivos

intradepartamentales, en concurrencia con el Gobierno Nacional y los municipios afectados.

24. Normar y regular el régimen de Policía

Departamental, en lo que respecta a la protección de las personas y bienes, así como el mantenimiento del orden público dentro el territorio del Departamento Autónomo.

25. Establecer acuerdos interdepartamentales. 26. Promover y establecer acuerdos internacionales

de intereses específicos para el Departamento Autónomo, en coordinación y con la aceptación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

27. Delegar a favor de los gobiernos municipales, en

concordancia con ellos, aquellas competencias que resulten mejor administradas y/o normadas en dicho nivel de gobierno.

Fuente: Juan Carlos Urenda (2006: 147-162).

28

2. Tierra

2.1. Tierra y territorio en debate: ¿Entidades Territoriales Indígenas (ETI)?

• Es una propuesta eminentemente política Desde que la marcha indígena de 1990 puso en debate el concepto de “territorio indígena”, hubo en adelante una apropiación colectiva de esta noción de parte de los pueblos indígenas de todo el país. Desde entonces las comunidades, a través de sus autoridades, líderes e intelectuales-académicos, lo usan como un discurso de interpelación política contra el Estado. La República es responsable histórica de haber permitido la expoliación de las tierras comunales de los pueblos indígenas, tanto en la Amazonía, el Chaco, los Valles y el Altiplano. En distintas etapas históricas y modalidades de usurpación: el latifundio hacendal en el Altiplano y Valles, las haciendas ganaderas en el chaco y las empresas de explotación extractiva de la quina, la goma, la castaña y la madera en el noreste Amazónico. Las estrategias de lucha por la tierra y el territorio de los pueblos indígenas de las tierras altas y de las tierras bajas han tenido distintos enfoques. En el caso de los aymaras el planteamiento de “tierra y el territorio” desde la óptica más radical se traduce en el reclamo de la autodeterminación política mediante la reconstitución del antiguo sistema de organización política del Quollasuyo. La demanda de autonomía indígena emerge con fuerza en las movilizaciones del 2000. Felipe Quispe reivindica el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y territorio y convierte esta demanda en un discurso político étnico. Esto provocó reacción de las élites de Santa Cruz quienes generan el contra discurso de las autonomías departamentales, utilizando el mismo discurso de Felipe Quispe. Los pueblos indígenas de las tierras bajas, como ya se mencionó, recurrieron a largas marchas, de las cuales la marcha de 1990 y la del 2000, tienen especial significado porque representaron la visibilización de muchos pueblos indígenas de la región. Lo interesante de estos dos casos es que han conquistado y utilizado la Ley INRA y la modalidad de la TCO. En cambio, en la Amazonía optaron por la modalidad de titulación comunal con el reconocimiento, al interior de la comunidad, del derecho individual de usufructo de los recursos naturales. Sin duda que la titulación de la TCO es un avance en la legislación boliviana que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Es un avance importante en el reconocimiento de los derechos indígenas, al aplicar el Convenio 169 de la OIT, documento en el que la noción de territorio indígena está relacionada con la gestión del territorio y ahora forma parte de la CPE.

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2.2. Tierra y territorio más allá de lo agrario

• Cambiar la visión agrarista de la actual CPE Visiones desde el Chaco Una de las principales conclusiones es la crítica a la visión agrarista o campesinista de la actual CPE, en la que se considera al campesino solo como un productor agrario. Por tanto reclaman que la Asamblea Constituyente debe cambiar esa visión (clasista) respetando la pluralidad sociocultural (étnica) del país. Para ello se debe tomar en cuenta aspectos como el medio ambiente, la biodiversidad, la cultura, y particularmente la historia de los pueblos indígenas. En síntesis, la nueva CPE debe expresar el carácter “multiétnico y pluricultural” del artículo 1º de la actual CPE. El tratamiento de tierra y territorio en la actual CPE debe ser cambiado radicalmente porque ambos conceptos están abordados de manera parcelada o sectorializada. Esto se puede ver de manera muy nítida en la legislación diferenciada según los temas: tierra, (Ley INRA), forestal (Ley Forestal), agua, minería. La manera como está tratado el tema tierra en la actual CPE es discriminatoria y reduce a los pueblos indígenas al concepto de campesinos, lo cual tiene una connotación economicista y no toma en cuenta aspectos de identidad cultural de los pueblos indígenas. Otros dos aspectos que cuestionan la visión agrarista de la CPE es el divorcio entre el enunciado de la Constitución y la manera en que se aplica. Deberían tomarse en cuenta las visiones de desarrollo de las comunidades indígenas. En la Amazonía La actual CPE ignora la especificidad de la región de la Amazonía en el abordaje del tema tierra y territorio. El tratamiento del tema tierra territorio fue calificado como: insuficiente, desfasado y discriminatorio de los derechos de las mujeres. Es insuficiente porque solo es un enunciado que no tiene aplicación real en las comunidades, prueba de ello es que en esta región no hubo voluntad política del Estado para el saneamiento de tierras. Tuvimos que realizar una marcha en el año 2000 –dice Rodrigo Medina, comunario del municipio de Gonzalo Moreno, departamento de Pando- para que se haga efectivo el saneamiento de tierras en las comunidades campesino indígenas de la Amazonía. En la óptica de Julio Urapotina –abogado de CIPCA Norte- es desfasado porque en la actual CPE sólo se aborda el tema tierra. La temática de tierra y territorio no es tratada en su verdadera dimensión como un todo global, como se entiende en las comunidades campesinas-indígenas de la región de la Amazonía. Por su parte, doña Herminia Sandoval –Concejala del municipio de Riberalta- puso de manifiesto el carácter discriminatorio a la mujer en la CPE en el tema tierra, porque no toma en cuenta a la mujer como sujeto para que sea dueña de la tierra, y la otra razón es que cuando quiere poseer tierra se le pone muchos obstáculos. Puso como ejemplo un caso de tenencia de tierra mediante una

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cooperativa conformada por mujeres, donde encontraron muchas trabas en el proceso de saneamiento. Otro argumento que expresa de manera nítida el desconocimiento de la sociedad nacional y del ordenamiento jurídico sobre la particularidad de la Amazonía es que esta región se caracteriza porque su base productiva es de carácter extractivo forestal. Los siguientes productos son el sustento de la población indígena campesina, así como la tradición de la economía exportadora de esta región: quina, goma, castaña, palmito, madera, marfil vegetal, sangre de grado70.

• El tratamiento de tierra y territorio en la nueva CPE Chaco Territorio lo entendemos como la patria de los Guaraníes y de todos los pueblos indígenas. Va mas allá de solo producir la tierra, de como comerciar la tierra, es “tan profunda como la raíz del algarrobo”. Eso quiere decir que ahí esta la historia, la visión del futuro, la forma de procrear, crear y recrear su cultura, así entendemos el concepto de territorio. La actual CPE no lo refleja de esta manera71. Para entender la noción de tierra y territorio hay que tomar encuentra “los tres aspectos del pensamientos Guaraní, los tres anillos concéntricos que llamamos nosotros: 1) la vivienda familiar, 2) el chaco (chacra) donde se hace la agricultura que abarca la biodiversidad, que debe estar contemplada en la nueva CPE. No debe ir separada porque lo uno depende de lo otro” y 3) la comunidad72. La aspiración del pueblo Guaraní y de los pueblos indígenas es la incorporación del concepto de territorio en la CPE. Esto viene desde las reformas constitucionales de 1994, que en las negociaciones fue sustituido por la noción de la TCO que es un concepto mucho más limitado. “Para nosotros como indígenas originarios del lugar nuestro territorio va más allá del tema tierra”73. La demanda de tierra y territorio del pueblo indígena Guaraní consiste en el dominio y la propiedad de todos los RR.NN. Esto debe formar parte de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, la noción de la tierra no debe ir separada de los RR.NN. Es decir, el tratamiento normativo sectorial de los RR.NN. ha dividido la visión integral que tendrían los pueblos indígenas74.

70 Según Julio Urapotina, es un producto del bosque que se usa como atenuante para enfermos de SIDA.

En: Coloquio: Tierra y Territorio Macro Región Amazonía, Riberalta, 27 de septiembre de 2006 71 Enrique Camargo ex Presidente de la APG. En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Chaco,

Camiri, 21 de septiembre del 2006. 72 Felipe Román (Chaco). En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Chaco, Camiri, 21 de septiembre

del 2006. 73 Justo Medina, comunario Guaraní de Monteagudo, dice “para mí esta bien el tema tierra es para los

blancos, porque el karai que nosotros llamamos el blanco no tiene territorio”. En: Coloquio: Tierra y Territorio. Macro Región Chaco, Camiri, 21 de septiembre del 2006.

74 Es decir, el tema territorio agarra todo lo que es suelo, subsuelo, aire, fauna.

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En la percepción de Justo Medina una de las consecuencias es que “como no esta incluida en la actual CPE el tema de territorio por eso es que de la noche a la mañana vienen las concesiones petroleras y forestales que no respetan nuestro territorio ni nuestras demandas de nuestras de TCO, pese que están en la actual CPE, pero el Estado sigue teniendo la tuición de los recursos naturales”. Sobre los derechos indígenas y RR.NN., esta es la opinión de Felipe Román. Si bien es cierto que los RR.NN. no renovables como el gas, el petróleo y la minería son de propiedad del Estado, los beneficios en forma de regalías deben llegar al pueblo como una compensación, tienen que devolverse al pueblo para su propio desarrollo. La experiencia histórica de la minería nos dice que no se ha invertido en las regiones y pueblos. Lo que queremos es que los beneficios del negocio de estos recursos naturales no renovables se inviertan en las comunidades, de lo contrario vamos a seguir con la misma hambruna. Sino no se hace eso puede pasar que otros países se hagan ricos a costa nuestra, y, nosotros vamos ha seguir hambrientos, analfabetos, enfermos, eso lo que siempre ha pasado con nuestro país. Por último, uno de los puntos en que se hizo énfasis es que el Régimen Agrario tiene que ser más explícito en la precisión del concepto de latifundio. En la actual CPE se dice que el Estado no reconoce el latifundio, pero en la realidad existe; esto es una contradicción. Entonces, la nueva CPE debe precisar las extensiones que se han de considerar como latifundios.

• Amazonía La nueva CPE debe expresar la esencia indígena campesina de Bolivia, así se puede resumir la conclusión a que llegaron los panelistas del tema tierra y territorio en la nueva CPE. En definitiva se constató que el régimen agrario campesino no toma en cuenta el aspecto de la diversidad identitaria tanto geográfica como cultural de Bolivia. Se dijo que por ejemplo para esta región se adoptó el denominativo de ‘campesino indígena’, aunque uno de los panelistas dijo que debía llamarse originario y no campesino indígena. Partiendo de las diferentes identidades culturales del país, se propuso dos posibilidades: a) Régimen Tierra y Territorio y b) Régimen agrario campesino indígena. Acorde a la particularidad de la actividad económica de la Amazonía una familia requiere como unidad mínima de dotación 500 hectáreas de tierra para su subsistencia, por ello Einar Hurtado75 propuso que esto debía estar escrito en la nueva CPE. Esto se justifica porque la actividad extractiva de la zafra del fruto de la almendra requiere esa cantidad de tierra como mínimo. En la actualidad la región de la Amazonía tiene como motor económico la recolección del fruto del árbol de almendra llamado castaña. Este producto después de ser procesado en las denominadas ‘Beneficiadoras’ (Un centro de procesamiento de la castaña) es exportado a

75 Secretario de Tierra y Territorio de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesino de

Guayaramerín. En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Amazonía, Riberalta, 27 de septiembre de 2006.

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varios países de la Unión Europea como Alemania, Italia y Francia76. Se informó que durante la gestión 2005, la exportación de almendra significó para la región 70 millones de dólares. Respecto al manejo de los RR.NN. se dijo que los recursos renovables, por la particularidad de la región, debían ser manejados por las comunidades campesinas indígenas. De hecho es así, la cosecha de la almendra la realizan las familias en sus comunidades, aunque también se dedican a esta actividad las empresas privadas. Sin embargo, la explotación de la madera mediante las concesiones forestales bajo el amparo de la Ley Forestal provocó una alta conflictividad, particularmente con las comunidades campesinos indígenas, porque las concesiones forestales fueron otorgadas a las empresas privadas en los territorios de las comunidades indígenas. Se planteó que la Ley Forestal era un chantaje para las comunidades porque esta ley no puede otorgar una concesión forestal a una comunidad campesina indígena; sino solamente a empresas individuales. Una figura inventada para ese fin es la de Asociación Social del Lugar (ASL). Consideran que esta ley se debe abrogar porque discrimina a las comunidades y origina conflictos. Las comunidades campesinas indígenas como originarias de este territorio tienen derechos históricos preferentes y son las primeras beneficiarias de este recurso natural.

2.3. Las demandas de tierra y territorios de los pueblos indígenas

• La comunidad no forma parte de la estructura del Estado Otra forma de entender la demanda por tierra y territorio de las comunidades del altiplano es la actual estructura de la división política administrativa del Estado. El Cantón es la unidad mínima de la división política administrativa, pero el Cantón es hoy en día una figura no clara. No se ha consolidado como tal. A pesar de que –como señala Fidel Mamani77- el proceso de cantonización en el pasado ha movilizado a la comunidad para su tramitación. Su significación política al interior de las comunidades está dada por la existencia de autoridades como el Corregidor y el Registro Civil. Las comunidades cercanas al Lago que se organizan sindicalmente llevan el denominativo de Centrales Cantonales. Por ejemplo, el municipio de Ancoraimes tiene 8 centrales agrarias cantonales. La demanda de los pueblos indígenas originarios de que sus comunidades sean tomadas como células del Estado boliviano tiene que ser tomada en cuenta en la nueva CPE, ya que los indígenas son mayoría en el país. Debe tener ‘alma indígena’, dijo Juan Carlos Rojas78. ¿Como tendría que expresarse esto operativamente? Según este panelista será reconociendo a las autoridades comunales e incorporando a las unidades territoriales indígenas en el nivel básico de la división político administrativa del Estado. Este aspecto será ampliado en la 76 Esta información fue proporcionada por el panelista Salomón Quete Castedo, presidente de la

Cooperativa El Campesino, un centro de procesamiento del fruto de la almendra conformado por campesinos indígenas de la región.

77 Técnico de CIPCA, La Paz. En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Altiplano. La Paz, 5 de abril del 2006.

78 Director Nacional de Tierras del Vice Ministerio de Tierras. En: Coloquio Tierra y Territorio, Macro Región Altiplano. La Paz, 5 de abril del 2006.

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segunda parte en relación a la pregunta de las autonomías departamentales y las autonomías indígenas.

• Soberanía territorial Aquí se refleja la visión de los panelistas que representan a las organizaciones indígenas que plantean que “tierra-territorio” es una propuesta política que debería traducirse en la soberanía territorial. Este es el punto de vista de los representantes de las organizaciones indígenas de Jach’a Suyu Pakajaqi en el departamento de La Paz y Jach’a Suyu Carangas en el departamento de Oruro79. Veamos los argumentos al respecto: a) Los pueblos originarios son los dueños del territorio. Los pueblos indígenas son

originarios de las tierras que habitan desde la prehispanidad, por ello no tiene que pedir permiso a nadie para vivir en sus comunidades. Además, el Convenio 169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas al territorio, donde la base de la organización social, política y territorial es el Ayllu; en estos territorios no entró la hacienda. El Ayllu pervivió hasta hoy, particularmente en Carangas. Estas dos organizaciones han demandado el saneamiento de una TCO contemplada en la Ley INRA. La “mega” demanda de TCO de Jach’a Suyu Carangas contempla 8 provincias, en cambio la mega demanda de Jach’a Suyu Pakajaqi comprende 8 municipios de la actual provincia Pacajes. Además uno de los representantes de esta organización expuso que presentaron ante el Congreso Nacional de la República el Anteproyecto de ley de reconocimiento de tierra, territorio de Jacha Suyu Paka Jaqi. Como estas demandas no han prosperado en las instancias estatales como el INRA y el Congreso Nacional, el escenario propicio para decidir sobre el tema debería ser la Asamblea Constituyente. Empero, piensan que eso no va ocurrir porque sus representantes no han sido incluidos por el MAS en la lista de candidatos a la Asamblea Constituyente.

b) La base identitaria. Otra vertiente de la argumentación tiene que ver con la cosmovisión que considera a la tierra como principio fundamental de la vida, es el cobijo del hombre, que le da de comer.

c) La decisión soberana de los indígenas sobre los recursos naturales. El tercer

argumento tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos originarios de decidir sobre el destino de los recursos naturales, porque ser dueño del territorio es tener derecho al suelo, subsuelo y sobrevuelo.

79 En ese sentido han argumentado los panelistas Willy Vega representante jurídico de Jach’a Suyu

Pakajaqi, Jaime Pérez del Jach’a Suyu Carangas y Enriqueta Huanto ex Secretaria Ejecutiva de Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz-Bartolina Sisa. En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Altiplano. La Paz, 5 de abril de 2006.

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Al plantear la demanda de tierra y territorio en las comunidades del altiplano muchos dirigentes se basan en que el Convenio 169 es su referente. Sin embargo, este convenio parece más bien estar orientado a preservar derechos mínimos para minorías indígenas, que no es el caso de quechuas y aymaras.

• Amazonía El concepto territorio como una visión ampliada del manejo del espacio, con todos sus RR.NN., fue acuñado en la primera marcha indígena de las tierras bajas en 1990. 10 años después de aquel hito histórico, en el año 2000, los campesinos indígenas de la Amazonía, concretamente de Pando y la provincia Vaca Diez del Beni protagonizaron la Tercera Marcha Indígena, recuerda Rodrigo Medina: “lo hemos hecho por necesidad de contar con un territorio para la subsistencia de las familias campesinas indígenas, añade este panelista que fue protagonista de la marcha.” ¿Cuáles eran las demandas de los campesinos indígenas en aquella marcha? Se plantearon tres objetivos: 1) saneamiento de tierras, 2) recursos económicos para el saneamiento y 3) la dotación de 500 hectáreas como unidad mínima de dotación para una familia80. Esta marcha ha sido exitosa para los campesinos indígenas de la Amazonía porque han logrado ser atendidos en sus 3 demandas. El gobierno de Banzer firmó el Decreto Supremo Nº 25848 que estipula la realización del saneamiento simple de oficio y la dotación de 500 hectáreas, como mínimo, por familia. Estos acuerdos en gran medida se han cumplido, según este panelista. Hoy el 38 % del territorio de las comunidades campesinos indígenas ya fueron tituladas. En el departamento de Pando el saneamiento ha alcanzado el 95 %. La modalidad de saneamiento aplicada fue de propiedad comunal. A pesar del notable avance en el saneamiento de las tierras comunales en la Amazonía, la problemática se centra ahora en las concesiones forestales, particularmente en los polígonos 3 y 6 existe la sobre posición de derechos entre una empresa concesionaria y la comunidad campesina indígena. Julio Urapotina señala que en “la región norte amazónica la ley forestal había consolidado un nuevo latifundio moderno llamado concesión forestal porque no se podía llamar de otra forma que un concesionario tenga 700 mil hectáreas, y que allí esté totalmente prohibido el ingreso de campesinos y que solamente sea para sacar madera y que únicamente el concesionario tenga el permiso de acceso a esa área. Sin embargo, el campesino, el indígena no podía entrar a esos espacios. Ahora lo puede hacer aunque únicamente a recoger un producto como la castaña”. Según los panelistas, en la actualidad la demanda de tierra territorio se ha complejizado aún más en la Amazonía, porque han aparecido nuevos actores que se han añadido a los antiguos (ver cuadro) y ellos también demandan acceder a los recursos del bosque. Este es uno de los desafíos que deberán encarar los diversos actores sociales de la Amazonía. Esto en gran medida viene como consecuencia de una mayor demanda de fuentes de empleo y

80 La CIDOB que encabezó la marcha desde la ciudad de Santa Cruz hacia La Paz elaboró un pliego

petitorio de 60 puntos, dice Urapotina. En: Coloquio Tierra y Territorio. Macro Región Amazonía, Riberalta, 27 de septiembre de 2006.

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sobre todo por la enorme cantidad de recursos de carácter extractivo que se pueden obtener del bosque amazónico.

Cuadro Nº 4 Actores antiguos y nuevos que demandan

acceso a los recursos del bosque

Antiguos Nuevos 1. Indígenas 2. Campesinos 3. Barraqueros 4. Concesionarios 5. Ganaderos

1. Nuevos asentamientos 2. Fabriles (obreros en las beneficiadoras de almendra) 3. Pequeños propietarios 4. Colonizadores 5. Sin tierra

Fuente: elaborado con datos de la exposición de Julio Urapotina.

• Chaco En general la demanda de las autonomías es percibida en el Chaco como la intención de las élites cruceñas de manejar los RR.NN., es decir que la autonomía persigue un interés económico. A su vez, se percibe que a la hora de hablar de autonomías en el departamento de Santa cruz sale la demanda del décimo departamento o lo que algunos de sus líderes regionales llaman la Autonomía Regional del Chaco. También sale a luz con mucha fuerza la demanda indígena del territorio, en realidad la demanda de autonomía indígena del pueblo Guaraní se expresa en la demanda de tierra y territorio, que contempla la propiedad plena de la totalidad de los RR.NN.. Aunque aclaran que no quieren los beneficios solo para ellos, se nota que existe el sentimiento de una deuda histórica con el pueblo Guaraní y una forma de compensar esa deuda es precisamente que el Estado, sea nacional, departamental o regional, les entregue los dividendos económicos (regalías). Por otro lado se enfatiza que las comunidades tienen prácticas de autonomía comunal, entonces -dicen los panelistas- esa experiencia comunal sería la base para implementar las futuras autonomía indígenas en El Chaco Guaraní. También cabe resaltar algunas observaciones hechas a las pretensiones de los líderes Guaraníes de ser los dueños absolutos de los RR.NN. con la demanda de tierra y territorio, ya que la autonomía no significa soberanía territorial. Otros actores en el espacio territorial del Chaco son los ganaderos. Durante el evento no se pudo apreciar discrepancias grandes en el abordaje de la temática, más bien se puede notar que este sector está en sintonía con las demandas regionales. Su postura es pedir tolerancia a los indígenas para una mejor convivencia entre todos los actores de ese espacio territorial, afirmando que al enemigo no se lo debe buscar en el Chaco, sino es el centralismo departamental y regional.

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2.4. Antecedentes y conceptos de referencia En la historia contemporánea de Bolivia, uno de los aportes más importantes en la lucha de los pueblos indígenas es el haber puesto en el debate nacional el tema de tierra y territorio. Este tema fue apropiado colectivamente por las organizaciones indígenas tanto en el occidente (altiplano y valles) como en el oriente del país. Fueron precisamente los pueblos indígenas de las tierras bajas, en concreto en la primera marcha indígena de 1990, que el concepto de tierra y territorio entra en la agenda nacional. Si miramos la historia de los pueblos indígenas se constata que existen dos procesos de lucha: la de los pueblos indígenas de la región andina y la de los pueblos indígenas de las tierras bajas. En las tierras altas la lucha se ha centrado en la relación conflictiva entre el Estado y la comunidad. En la época colonial se mantuvo un brutal pacto de reciprocidad entre el Estado colonial y el Ayllu andino, donde para poseer tierra había que pagar un impuesto o tributo y además ir al trabajo forzado a las minas de Potosí. Durante la República en el siglo XIX las élites criollo-mestizas aplicaron la Ley de Ex vinculación promulgada en 1874. La finalidad fue destruir el ayllu o la comunidad en los valles y altiplano para de esa manera apropiarse de las tierra comunales con el argumento de que las comunidades eran un freno para el desarrollo económico81. En las tierras bajas del oriente los pueblos indígenas han sufrido el despojo de su tierra y de su territorio recién a partir de la Revolución Nacional de 1952 por parte de los latifundistas (ganaderos, madereros, agropecuarios). Hacia la década de los años 90, los pueblos indígenas del oriente reivindicaron sus derechos mediante movilizaciones. Los hitos más importantes de la lucha por la tierra y el territorio, de estos pueblos son:

1. La “Marcha por la Dignidad y el Territorio” en 199082. Los protagonistas de la marchas fueron principalmente los pueblos indígenas Moxeños y Sirionos organizados en la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). Los principales líderes de la marcha fueron Ernesto Noé, Marcial Fabricano, Tomás Ticuasu y Antonio Coseruna. Los marchistas caminaron durante 34 días los 607 kilómetros que distan desde la ciudad de Trinidad hasta la ciudad de La Paz. Fue un acontecimiento de mucha trascendencia histórica y de significación política, porque puso en debate frente al Estado y la sociedad nacional la problemática social, económica y política de las tierras de los pueblos indígenas. Las dos principales demandas fueron el reconocimiento de sus territorios mediante el amparo jurídico de áreas geográficas vitales para la subsistencia de las comunidades indígenas; y en segundo lugar, el reconocimiento de sus derechos como pueblos.

Para que nunca más sean considerados como comunidades de segunda, la marcha indígena demandaba tres puntos específicos al gobierno: 1) El

81 Fundación TIERRA, 2006: 3. 82 Contreras Baspineiro, 1991.

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reconocimiento “como territorio indígena del pueblo Sirionó, el área tradicionalmente ocupado y delimitado por los 36 mojones conocidos por dicho pueblo”. 2) El reconocimiento del “Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chiman que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo y 3) la declaración a la “región de Chimanes como Área Indígena, constituyendo el espacio socio-económico para la sobrevivencia y desarrollo de las comunidades y asentamientos indígenas Chimánes, Mojeños, Yuracarés y Movimas”83. Este evento histórico fue un punto de quiebre porque significó el reencuentro –como lo denominaron- entre los pueblos indígenas originarios de las tierras altas con los pueblos indígenas de las tierras bajas. En suma, la trascendencia histórica de este evento puso en debate el tema del territorio como un enfoque de integralidad que va más allá de la noción de tierra. En los dos documentos contemporáneos elaborados por los líderes, autoridades e intelectuales de las organizaciones del pueblo aymara como fueron el Manifiesto de Tiwanaku (1974) y la Ley Agraria Fundamental (1984) no se hablaba del concepto de territorio.

2. La segunda Marcha en 1996, fue una medida de presión para que en la Ley

INRA se incluya las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Partió de la ciudad de Santa Cruz hasta el municipio de Samaipata. Fue como consecuencia de la primera porque en aquella oportunidad la marcha indígena había logrado la firma de cuatro Decretos Supremos del gobierno de Paz Zamora sobre los territorios demandados por los indígenas. Estos decretos fueron elevados a rango de ley bajo la nueva figura jurídica de TCO en la Ley INRA en octubre de 1996. Por ello se movilizaron los indígenas, esta vez sumando a otros pueblos indígenas de la Chuiquitanía, los Guaraníes del Chaco, así como los pueblos indígenas del Beni.

3. La tercera “Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales” del

2000. Fue protagonizada principalmente por los campesino indígenas de la Amazonía del departamento de Pando y la provincia Vaca Diez del Beni, exigiendo la aplicación del saneamiento de tierras y la dotación de 500 hectáreas como unidad mínima de dotación familiar. Este evento fue otro hito esta vez protagonizado por comunidades campesinas e indígenas de la región del Norte Amazónico, donde la base de sustentación económica es la actividad extractiva de la castaña, la goma y la actividad maderera.

83 Los logros de la marcha son la firma de cuatro Decretos Supremos por el gobierno de Paz Zamora y se

firmaron 4 Decretos Supremos Uno referido al pueblo Sirionó de el Ibiato (D.S. 22609), el segundo, referido al Parque Nacional Isidoro-Sécure (D.S. 22610), el tercero, referido al Bosque de caimanes (D.S. 22611) y el cuarto, referido a las elaboración de la Ley Indígena (Contreras Baspineiro 1991: 151 y 179-188).

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4. La cuarta marcha indígena del 2002, de Santa Cruz a La Paz, protagonizada por los indígenas de las tierras bajas (CIDOB) y de las tierras altas (CONAMAQ). La principal demanda fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

5. La quinta Marcha indígena denominada “V Gran Marcha Nacional Por la

Defensa Histórica de los Territorios indígenas la Modificación a la Ley INRA y la Autodeterminación”es la que se realiza en noviembre de 2006 con el propósito de modificar a la Ley INRA.

La noción de “tierra y territorio” se convirtió en una consigna política. Estas palabras resumían las reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas del país. Este proceso tuvo estrecha ligazón a la emergencia de la nueva identidad indígena. Así sucedió en la región del altiplano que con motivo de la conmemoración de los 500 años de colonización española en 1992, hubo una especie de explosión de la identidad indígena originario que suscitó en algunas lugares la reconversión a la lógica de la organización originaria del ayllu andino. Desde entonces la noción de territorio está en permanente construcción, particularmente en las esferas dirigenciales de las organizaciones indígenas y desde la nueva corriente política del indigenismo de parte de intelectuales y académicos. Las movilizaciones indígenas entre el 2000 al 2003, protagonizadas en las comunidades del altiplano y de la ciudad de El Alto, tuvieron como uno de sus principales componentes el tema tierra y territorio. Sin embargo, la aplicación práctica el concepto de tierra territorio conlleva dificultades y confusiones. Una de las principales confusiones se ha dado en torno a la figura de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Mientras que en la Ley INRA la TCO significa derecho de propiedad colectiva sobre la tierra, en cambio, las organizaciones indígenas como la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu) quieren darle otro significado, en sentido de que una TCO puede tener atribuciones de carácter político administrativos y de propiedad plena de los recursos naturales de su territorio. Con la finalidad de esclarecer el debate sobre tierra y territorio presentamos a continuación los elementos que diferencian estos dos conceptos.

2.4.1. Tierra El concepto tierra se puede conceptuar desde dos perspectivas:

a) Desde el “criterio económico o de producción” es un concepto más amplio que la noción de suelo porque incluye el “relieve, el clima, el manejo” y otros condicionantes de productividad.

b) Desde el punto de vista jurídico está relacionada al derecho de la propiedad agraria, que está estipulada en la CPE en el Régimen Agrario y su aplicación práctica se basa en la normativa de la Ley INRA84.

84 Apostamos por Bolivia. Casa Común Nº 6, 2006(a): 11.

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En la normativa agraria se toman en cuenta temas como: tipos de propiedad, la fuente de conservación es mediante el trabajo y el cumplimiento de las obligaciones en la comunidad (Función Social), el cumplimiento de la Función Económico Social (FES) en las propiedades medianas y la empresa agropecuaria, el minifundio y el latifundio; la reversión y la expropiación, el saneamiento de la propiedad agraria en sus distintas modalidades, los impuestos sobre la tierra, el acceso de las mujeres a la tierra. El concepto tierra está ligado a las actividades de carácter económico que realiza el hombre. En la reciente modificación de la ley agraria Nº 3545 denominada de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” promulgada el 28 de noviembre del 2006, por el presidente Evo Morales, son varios los temas que no han sido considerados; mencionamos algunos de ellos que ameritan ser debatidos:

a) Latifundios por extensión. La Ley de Reforma Agraria de 1953, establece “que el tamaño máximo permitido para una propiedad en el oriente es de 50.000 hectáreas. Lo que implica exclusión de pequeños agricultores y concentración de tierras”. Si no se modifica este parámetro “el latifundio y la concentración de tierras subsistirán bajo la forma de “latifundios por extensión”85.

b) Impuesto sobre la tierra. Según la ley tributaria el pago de impuestos sobre la

tierra se realiza sobre un impuesto fijo de 0,25 por ciento sobre la base de autoevaluó “Este punto no fue revisado para que sea un mecanismo eficiente del control de la FES después del saneamiento: al contrario, ha sido sustituido erróneamente por la discusión de los plazos”86.

c) Derechos de propiedad. Las modificaciones de la Ley INRA hacen énfasis en la

redistribución colectiva de la tierra, “pero el descuido del debate sobre los derechos de propiedad es muy grande. Las modificaciones del gobierno no incluyen innovaciones normativas para clarificar derechos de propiedad, sean estos individuales o colectivos”87.

La ley INRA, en 1996, anuló la “propiedad individual en lo pro indiviso. Con esta medida, se obligó a que el pequeño productor comunario elija, de manera excluyente, entre derechos de propiedad colectivos o individuales. El resultado es que la población rural del altiplano y valles está en teoría obligada a aceptar esa falsa dicotomía. En realidad, los derechos de propiedad individual que detentan las familias son parte del derecho comunal. La respuesta a este cuestionamiento es laxa y se confunde con la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) para las tierras altas”88.

85 Fundación TIERRA, octubre de 2006: “Para una conducción efectiva de la Reforma Agraria. Ocho

nuevas modificaciones a la Ley INRA”. 86 Colque, Gonzalo (2006[b]). 87 Colque, Gonzalo (2006[b]). 88 Colque, Gonzalo (2006[b]).

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“Sin lugar a dudas, la TCO ha sido la conquista más significativa de los pueblos indígenas de tierras bajas. Del 11 por ciento de tierras tituladas hasta ahora, 7 por ciento son títulos TCO, pero en general a costa de tierras fiscales ya que no existen avances en la anulación de latifundios. A falta de mayor claridad en tipos y derechos de propiedad, la demanda de TCO ha ido creciendo en las tierras altas. Existen demandas como la de Jach´a Carangas, Pakajaqis o Lípez que comprenden municipios enteros e incluso abarcan extensiones superiores a los 2.5 millones de hectáreas. Sin duda, la reivindicación de dominios y unidades territoriales ancestrales es atractiva, pero en muchas regiones no esclarece derechos de propiedad familiares y colectivos. Además, la posibilidad de que las megademandas prosperen está directamente vinculada a la voluntad de cada comunario para que renuncie por escrito a su derecho propietario familiar”89.

2.4.2. Territorio En cambio la noción de territorio se puede definir como “la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales”90. Según esta visión el territorio tiene cinco características:

a) Es “localizado y como tal, tiene características naturales comunes”. b) Se basa en un “proceso de apropiación, es decir, de construcción de una identidad

a su alrededor. Por eso, existen signos de apropiación que pueden ir desde la denominación, hasta la delimitación de fronteras, pasando por formas abstractas de reconocimiento…”

c) Es un “producto de la actividad humana porque existen procesos de manejo y de transformación del espacio apropiado por parte del hombre”.

d) Es “dinámico, es decir, cada territorio tiene una historia y la construcción de un territorio dado depende en gran parte de su configuración anterior”.

e) “La definición de un territorio es relativa a un grupo social, es decir que puede existir superposición de territorio de varios grupos sociales o que la ubicación de la población no necesariamente corresponde a la del territorio”91.

Hay que señalar que en este debate tuvo una influencia decisiva la aplicación del Convenio 169 de la OIT de 1989, que fue reconocido por el gobierno boliviano en 1991 debido a la presión de los indígenas de las tierras bajas. El Convenio 169 reconoce “la importancia del vínculo existente entre los pueblos indígenas con la tierra y el territorio” en sentido de que “los gobiernos deben respetar la importancia que tiene para los pueblos indígenas su relación con las tierras y territorios y, por otra parte, que el término tierras debe incluir el concepto de territorio entendido como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o usan de alguna u otra manera”92.

89 Colque, Gonzalo (2006[b]). 90 Mazurek, 2006: 41. 91 Mazurek, 2006: 42. 92 Valcarce, 2005: 70.

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Este concepto sobre tierra y territorio se incluyó en la perspectiva de “garantizar un espacio vital” para aquellas “minorías étnicas en proceso de extinción”. Este no es el caso de Bolivia, porque en el país los pueblos indígenas son la amplia mayoría demográfica -recuérdese que en el censo de 2001, la auto identificación indígena llegó al 62% de la población total-. En Bolivia el vínculo entre pueblos indígenas y territorio responde a una “reivindicación del espacio que ancestralmente han ocupado, de los recursos que se encuentran en ese espacio y de los derechos que pueden ejercerse dentro de él, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres”93.

Cuadro Nº 5 Elementos para diferenciar tierra de territorio

Tierra Territorio Factor de producción: suelo, nutrientes,

clima. Tipos de propiedad: agrícola, ganadero,

forestal. Titulación de tierras: comunal y/o individual. Asentamientos humanos. Minifundio / latifundio Reserva forestal / área protegida Expropiación / dotación / recreación Derechos del trabajador agrícola, pecuario,

recolector Pacto social comunal sobre derechos

propietarios familiares

Recursos Naturales Autonomías indígenas y departamentales Municipio indígena Tierras Comunitarias de Origen Autodeterminación política Soberanía Regalías Mancomunidades Identidad étnico cultural - histórica Originario / criollo mestizos Autogobierno

Fuente: Elaboración Equipo Fundación TIERRA. 3. Metodología de los Coloquios Interculturales

3.1. ¿Qué son los coloquios?

Los Coloquios Interculturales son un espacio de encuentro y debate entre personas de distintas posiciones, intereses, formación y procedencia, pero similar o equivalente peso para el debate, que dialogan sobre ciertos puntos de la agenda del proceso constituyente. De cara a contribuir en el debate de temas de la agenda del proceso constituyente, Apostamos por Bolivia (APB), en 2006, ha llevado a cabo nueve coloquios sobre Descentralización-Autonomías y, Tierra y Territorio (cinco sobre descentralización y cuatro sobre tierra y territorio). Los eventos tuvieron las siguientes características:

• Fueron concebidos como un espacio de encuentro y diálogo de personas seleccionadas precisamente por tener diferentes visione (entre ocho a doce personas

93 Valcarce, 2005: 71.

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en cada Coloquio), sobre dos problemáticas: descentralización-autonomías y tierra y territorio,

• Se estructuró recurriendo a la lógica de la cinco macroregiones de la geografía nacional: oriente, Chaco, amazonía, centro/valles y altiplano.

• Los panelistas participaron en igualdad de condiciones en cuanto a experiencia y conocimiento de los temas.

• La representación fue a título personal, es decir, los panelistas no tenían el compromiso de suscribir una conclusión del evento y no representaban a instituciones o corporaciones.

• Se recomendó a las y los panelistas usar su participación en los Coloquios como un espacio de deliberación de ideas, percepciones y no de confrontación de posiciones.

• La particularidad de estos coloquios, en relación con otros sobre otros temas, fue la combinación entre especialistas intelectuales-académicos y los líderes y autoridades de comunidades indígenas, más bien portadores de conocimientos y vivencias desde la realidad cotidiana.

Los coloquios se inspiraron en la metodología plateada por el Centro de Estudios Aymaras (CEA) denominada Chawaya que consiste en el debate de un tema entre dos posturas sobre un tema específico. Esto se plantea en la lógica de lucha del tink’u en el mundo andino. La particularidad es que el espíritu de la confrontación debe darse entre iguales, en este caso, el conocimiento de los participantes sobre las dos problemáticas: Descentralización-Autonomías y Tierra y Territorio viene dado por un lado desde el conocimiento teórico y que en muchos casos recayó en personas que han tenido experiencia como gestores públicos; y por otro lado, el conocimiento desde lo cotidiano a partir de la experiencia de la aplicación de las políticas públicas aplicadas, como fueron las leyes de la PP (1994) y del INRA (1996) en las comunidades indígenas indígena campesinas. En este caso nos referimos a los líderes y/o autoridades comunales.

3.3. Objetivos

• Mostrar las múltiples entradas sobre descentralización y tierra destacando las coincidencias y disidencias.

• Mostrar las diferencias en el tratamiento de estos dos temas desde distintas perspectivas: regional, pueblos indígenas, dirigencia cívica, académico-intelectual.

• Promover la deliberación donde prime la argumentación antes que las consignas.

3.4. Características del método El tratamiento de ciertos temas polémicos, como tierra y autonomías, es sensibles cuando se lo hace en espacios abiertos -como en el parlamento, las reuniones de los movimientos sociales y los medios de comunicación- ya que puede conducir a la polarización y su avance es mínimo. En estos espacios abiertos al público generalmente el interlocutor defiende una postura institucional, partidaria, corporativa; en suma se defiende una consigna y además prima el lucimiento personal.

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Por ello en los coloquios la hipótesis metodológica consiste en que la deliberación a puerta cerrada facilita el diálogo, con los siguientes requisitos:

• Sin público (espacio cerrado), • Sin confrontación sino diálogo y debate, • Sin presencia de medios de comunicación, • Los panelistas asisten a título personal.

Contendientes Los contendientes o panelistas que participan del evento tienen las mismas condiciones en el conocimiento del tema, unos desde el campo académico-intelectual y de la experiencia de la gestión pública estatal; otros, desde la experiencia cotidiana combinado con el ejercicio de la autoridad comunal que permite la relación con el Estado en la implementación de algunas políticas públicas. En la metodología de la Chawaya propuesta por el CEA a esta confrontación se la denomina el T’inku intelectual. Macroregiones Con la finalidad de escuchar las diferentes percepciones sobre los temas planteados se recurrió a las macro-regiones. Se identifica un territorio tomando en cuenta elementos étnico culturales. Se identificó cinco macro-regiones:

• Centro-sur (Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí), • Altiplano (La Paz y Oruro), • Oriente (Santa Cruz, colonización), • Chaco (Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca) y • Amazonía (Pando y provincia Vaca Diez)

3.5. El proceso por pasos Características. Los coloquios fueron organizados a partir del apoyo institucional de los asociados de APB (ACLO, Centro Gregoria Apaza, CIPCA y Fundación TIERRA). Lugares. Los coloquios se llevaron acabo en los siguientes lugares:

• Macro región Centro Sur, en la ciudad de Cochabamba en el Centro Cuarto Intermedio,

• Macro región Altiplano, en la ciudad de El Alto en CIPCA La Paz, • Macro región Oriente, en la ciudad de Santa Cruz (Hotel Cortéz), • Macro región Chaco, en la ciudad de Camiri en CIPCA Cordillera, • Macro región Amazonía en la ciudad de Riberalta (Hotel Campos).

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Participantes. Los participantes de los coloquios provenían de dos perfiles: académicos-intelectuales y líderes sociales y autoridades comunales de organizaciones indígenas campesinas. Entre los académico-intelectuales se invitó a personalidades que tuvieron participación en la gestión pública (funcionarios o ex funcionarios de: INRA, de los ministerios de PP, de Asuntos Indígenas, ex Alcaldes o Alcaldes en ejercicio, Concejales municipales y Diputados en ejercicio). En los nueve coloquios (cinco de descentralización y autonomías y cuatro de tierra y territorio) participó un total de 61 personas, 54 hombres y 7 mujeres. Moderación y sistematización. La conducción del coloquio está a cargo de un moderador. Metodológicamente se desarrolla en dos partes delimitadas por las preguntas. Para cada pregunta los panelistas expusieron sus puntos de vista por un lapso de 10 minutos, seguidamente el encargado de la sistematización hizo una síntesis de los temas abordados, posteriormente se dio espacio para que los participantes expresaran sus complementaciones o aclaraciones al resumen de la sistematización. El papel del responsable de la sistematización fue registrar la exposición de los panelistas y la redacción del documento síntesis del Coloquio que luego fue entregado a los participantes para sugerir correcciones u observaciones al documento. Durante los coloquios como en el proceso de elaboración de los documentos de sistematización se debía tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. Síntesis del mensaje principal, la afirmación o la hipótesis principal de los panelistas,

2. Comparación de tendencias tomando en cuenta los elementos comunes y los énfasis,

3. Resaltar las divergencias, los puntos de vista contradictorios, 4. Señalar los temas pendientes, preguntas sin respuestas y los desafíos futuros.

Productos. Se han elaborado nueve documentos síntesis: cinco sobre descentralización y autonomías, y cuatro sobre tierra y territorio. Todos los documentos fueron entregados a los panelistas para sus observaciones. En muy pocos casos se recibieron observaciones, las mismas que fueron introducidas a los documentos. Por tanto, la base para la elaboración del presente trabajo son los nueve documentos de sistematización.

3.6. Diálogo en diferencia Este debate es posible en democracia. Uno de los elementos a resaltarse es que los 24 años de democracia continua en el país han generado condiciones para que sea posible este tipo de eventos. Los eventos han reflejado respeto mutuo entre los panelistas y han sido un espacio de interaprendizaje. Un encuentro de diálogo y debate de los temas en cuestión. Así, fue posible que debatan frente a frente entre un aymara o quechua y un intelectual urbano, entre un guaraní y un ganadero de Camiri, entre un representante del Consejo preautonómico de Santa Cruz y un colonizador de la región de San Julián, o una mujer de

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un sindicato de la región amazónica pueda criticar abiertamente el sistema donde los varones tienen preeminencia en la tenencia de la tierra. También es relevante mencionar que este dialogo fue posible porque los interlocutores dialogaron en base a los aprendizajes de los cambios en los 50 años ocurridos en el país, el punto de partida es la revolución de 1952. Este hecho posibilitó la participación de los indígenas en las decisiones políticas del país. Otro hito fundamental fue la implementación de la PP –así lo han reconocido todos los participantes en todos los coloquios- esto permitió a los indígenas tanto de las tierras altas como de las tierras bajas ver el país desde la experiencia de la gestión municipal, por ello, sus percepciones se basaban en este hecho y se equiparaban con las percepciones de los ‘especialistas-académicos’ en este campo. Diferencia en calidad y tono. Otro de los rasgos que se resalta de los coloquios es la diferencia en calidad y tono de los debates en comparación al que dan los medios de comunicación que se caracterizan por ser: estridentes, desinformadores, polarizantes, intolerantes. En cambio, en los coloquios el diálogo fue respetuoso, sincero, menos demagógico, más propositivo, menos discursivo. Uno de los momentos en que se pudo reflejar esta diferencia en calidad y tono fue cuando se realizó el coloquio sobre Descentralización y Autonomías en Santa Cruz. Pudieron dialogar entre un representante del Consejo Preautonómico de Santa Cruz y los representantes colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas. En estos dos municipios ganó el NO en el referéndum por las autonomías departamentales, en el evento pudieron dialogar en tono amistoso con el principal impulsor de la propuesta de la autonomía cruceña Juan Carlos Urenda. Se pudo ver que la cuestión de fondo en el tema de las autonomías es que la propuesta ha salido del Comité Cívico, es decir, de las élites cruceñas.

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5. Participantes de los eventos Coloquios Tierra y Territorio Centro Sur: Cochabamba, 22 de marzo de 2006. Nº Nombre Organización

1 Carlos Cruz Arias Director del INRA, Potosí 2 Clemente Guevara Asamblea Pueblo Guaraní, Tarija 3 Norberto Velásquez Promotor Jurídico, Chuquisaca 4 María Esther Pozo Docente de CESU-UMSS, Cochabamba 5 Sergio Hinojosa Conamaq, Potosí 6 Luis Arratia Magistrado del Tribunal Agrario, Sucre 7 Pablo Regalsky Exdirector de CENDA, Cochabamba 8 Miguel Arratia Dirección de límites de la Prefectura de Cochabamba 9 Eliana Estrada Coordinadora del Evento, APB, La Paz 9 Homero Carvallo Moderador del evento, Santa Cruz

10 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz Altiplano: El Alto-La Paz, 5 de abril de 2006. Nº Nombre Organización

1 Gonzalo Colque Fernández Investigador de Fundación TIERRA, La Paz 2 Alejandro Villavicencio Concejal Municipio de Ancoraimes, La Paz 3 Enriqueta Huanto Ticona Ex Secretaria Ejecutiva de FDMCLP-BS, La Paz 4 Fidel Mamani Mamani Técnico de CIPCA, La Paz 5 Willy Vega Apoyo jurídico Jacha Suyu Pakajaqi, La Paz 6 Jaime Pérez castro Tata Apu Mallku Suyu Jach’a Carangas, Oruro 7 Juan Carlos Rojas Director General de Tierras, Viceministerio de Tierras, La Paz 8 Eliana Estrada Coordinadora del Evento, Apostamos por Bolivia, La Paz 9 Homero Carvalho Moderador del evento, Santa Cruz

10 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz. Chaco: Camiri, 21 de septiembre de 2006. Nº Nombre Organización 1 Miguel Valdez Técnico de CIPCA Cordillera, Camiri. 2 Marcelo Aramayo Exdirector de CIPCA Cordillera, Camiri. 3 Felipe Román Asesor de la APG, Camiri. 4 Leonardo Cuarupachi, Responsable del tema de tierra y territorio de la APG, Camiri. 5 Enrique Camargo Expresidente de la Asamblea del Pueblo Guarani, Camiri. 6 Ricardo Zárate Representante de Derechos Humanos de Monteagudo,

Chuquisaca. 7 Justo Medina Capitán Grande Responsable Tierra Territorio del Consejo de

Capitanes Chuquisaca (CCCH), Chuquisaca. 8 Javier Antunez Presidente de Asociación de Ganaderos de Camiri 9 Karen Wachtel Proyecto Haciendas Turísticas del Chaco. 9 Eliana Estrada APB, responsable y moderadora 10 Karina Fernández Técnica de CIPCA Cordillera, coordinadora del evento. 11 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz.

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Amazonía: Riberalta, 27 de septiembre de 2006. Nº Nombre Organización 1 Salomón Quete Castedo Presidente del Concejo de Administración de la Cooperativa

Agrícola Integral Campesina (CAID) de Riberalta. 2 Einar Hurtado Secretario de Tierra y Territorio de la Central Sindical Única de

Trabajadores Campesino de Guayaramerín 3 Mireya Chávez Secretaria General de la Central Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Guayaramerín 4 Herminia Sandoval Concejala de del municipio de Riberalta y exdirigente de la

Federación Única de Trabajadores campesinos Regional Vaca Diez.

5 Julio Urapotina Abogado, CIPCA Norte, Riberalta. 6 Gina Taboada Técnica CIPCA Norte, coordinadora del evento, Riberalta. 7 Rodrigo Medina Concejal municipal del municipio de Gonzalo Moreno, Pando 8 Eliana Estrada Coordinadora ejecutiva de APB y moderadora del evento, La Paz 9 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz Coloquios Descentralización y Autonomías. Centro Sur: Cochabamba, 24 de marzo del 2006. Nº Nombre Organización

1 Juan José Bonifaz Sucre. Economista con amplia experiencia en gestión pública. Se desempeñó como Gerente Administrativo CORDECH; Asesor Prefectura de Chuquisaca; Gerente Ejecutivo AMDECH

2 Carmen Rosa Pereyra Potosí. Auditora; es Docente Universitaria y Directora Administrativa Financiera de la Prefectura Potosí.

3 Agustín Gutiérrez Potosí. Mallku de la CAOP (CONAMAQ); originario Ayllu Yura. 4 Epifanio Pacheco Apoyo técnico Qhara Qhara Suyu (CONAMAQ) 5 Feliciano Vegamonte Cochabamba. Exejecutivo Fed. Campesinos de Cochabamba y

actual Diputado del MAS 6 Antonio Abal Sucre. Fundación ACLO 7 Eliana Estrada APB, Coordinadora del evento 8 Homero Carvalho Moderador 9 Carmen Carrasco Sistematizador del evento. Fundación ACLO

10 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz Altiplano: El Alto-La Paz, 7 de abril de 2006. Nº Nombre Organización

1 Diego Ayo Docente UMSA, especialista en descentralización, La Paz 2 Liborio Uño Concejal Municipio de Ancoraimes, La Paz 3 Leoncio Gutiérrez Ex Dirigente de FSUTCO abogado, Oruro 4 Gonzalo Colque Fernández Investigador de Fundación TIERRA, La Paz 5 Carlos Laruta Director CIPCA La Paz 6 Rossmery Villca Comité de Juventudes de FEJUVE, El Alto, La Paz 7 David Rojas Ex dirigente de COD Oruro, trabajador universitario 8 Alejandro Mamani Alcalde municipal de Pucarani, La Paz 8 Eliana Estrada Coordinadora del Evento, Apostamos por Bolivia, La Paz 9 Homero Carvalho Moderador del evento, Santa Cruz

10 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz

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Oriente: Santa Cruz, 13 de septiembre de 2006. Nº Nombre Organización

1 Isidro Poma Agricultor, Concejal municipal de San Julián 2 Clemente Zelaya Agricultor, Concejal municipal de San Julián 3 Remmy González Agricultor, Presidente del Concejo Municipal de Cuatro Cañadas 4 Alcides Vadillo Abogado, exdirector nacional del INRA, Fundación TIERRA Santa

Cruz 5 Juan Carlos Urenda Abogado, miembro del Consejo Preautonómico de Santa Cruz 6 Homero Carvalho Moderador del evento, Santa Cruz 7 Eliana Estrada Coordinadora del evento 8 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz

Chaco: Camiri, 20 de septiembre de 2006. Nº Nombre Organización 1 Erwin Anzaldo (extrabajor petrolero) 2 Rolando Calvimontes Orías Asesor del Comité Cívico de Villa Montes 3 Jorge Barrenechea Miembro del Comité Cívico de Yacuiba 4 Enrique Camargo Expresidente de la Asamblea del Pueblo Guarani. 5 Ulises Medina Presidente del Comité Cívico de Camiri, docente de la Universidad

RGM, sede Camiri. 6 Eliana Estrada APB, responsable y moderadora del evento 7 Karina Fernández Técnica de CIPCA Cordillera, coordinadora del evento 8 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz Amazonía: Riberalta, 29 de septiembre de 2006. Nº Nombre Organización 1 Julio Leigue Director de Unidad de Desarrollo Amazónico de la Prefectura del

Beni. 2 Herman Gonzáles Presidente de FEJUVE de Riberalta 3 Palmiro Soria Economista, concejal municipal de Riberalta 4 Julio Urapotina Abogado, técnico de CIPCA, Norte 5 José Gadella Comité de Vigilancia del municipio de Riberalta 6 Marcos Farfan Abogado, exdirector CEJIS 7 Carlos Chipunavi Exdirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de la

provincia Madre de Dios, Pando 8 Gina Taboada Técnica de CIPCA, Norte. Coordinadora del evento 9 Eliana Estrada Responsable y moderadora del evento (APB), La Paz 10 Wilfredo Plata Sistematizador del evento. Fundación TIERRA, La Paz