vicco y san mateo
TRANSCRIPT
RAUL E. CHACON PAGAN
EL NACIMIENTO DEL ECOLOGISMO POPULAR EN EL PERÚ, O LA LUCHA
SIN FIN DE LAS COMUNIDADES DE VICCO Y SAN MATEO.
A Adela, Elsa y Ofelia, mis tres madres.
Hay mucho que defender.
Hay que ser fieles.
Hölderlin. Los frutos maduros.
PRESENTACION
Las líneas que siguen abordarán los rasgos y condicionantes de lo que
consideramos un nuevo tipo de movimiento social, nacido en el cambiante
mundo rural, sin negar sus evidentes vinculaciones con el mundo urbano
hegemónico. Este tema de estudio se relaciona con las nuevas temáticas de
Pobreza y medio ambiente y Gestión ambiental y desarrollo, vinculadas a su
vez con los más conocidos temas de Desarrollo rural y Desarrollo sostenible.
Temas que suelen ser trabajados, en la teoría y en la práctica, de un modo
bastante técnico y focalizado. Modo no pocas veces ajeno a las efervescencias
sociales, conocidas como conflictos socio ambientales por algunas ONGs y los
mismos actores.
Lo que aquí queremos decir es que el desarrollo rural sostenible hoy
parece estar más en las manos de actores sociales organizados en un
movimiento ecologista popular, que en las de las ONGs y las del mismo
Estado. Algo que podría sonar extraño y hasta ilógico para los oídos de
muchos expertos y científicos sociales, presuntos únicos propietarios del
conocimiento científico-técnico. Y es que las fuerzas sociales dominantes
siempre han excluido sistemáticamente los intereses y las necesidades de
actores sociales como las comunidades campesinas, cuyo pausado (sub)
desarrollo suele respetar su entorno ambiental, pese a las limitaciones
estructurales y los conflictos internos.
El nuevo movimiento podría marcar en los siguientes años la pauta en
una activa manera de conservación y defensa del medio ambiente, abriendo la
puerta a nuevas formas más efectivas y participativas de conseguir ese
objetivo. ¿Cuál otra sino es la esencia de un verdadero desarrollo sostenible?
Ese desarrollo que busca ajustar el uso del medio ambiente a un estándar
racional que garantice para las generaciones futuras un similar disfrute del
mismo. Objetivo que requiere, a su vez, el desarrollo de la ciudadanía y de la
participación política, es decir, el fortalecimiento de una verdadera sociedad
civil, dígase popular, en democracia. En última instancia, se trata de
democratizar el desarrollo para garantizarlo, y aquí se esbozará una posible vía
en esa dirección, tomada de la misma práctica social.
Debo agradecerle a Miguel Palacín y al equipo de la CONACAMI, por
permitirme hurgar en un problema tan apasionante como desafiante. Espero
que este texto no los defraude y sea un aporte a su terca lucha de jinetes
insomnes en pro de un Perú más justo. Last but not least, mi mayor gratitud
para con el profesor Martínez Alier, por su atenta lectura y apoyo a este texto.
Irónicamente, poco después de concluidas estas líneas, tuve el gusto de
conocer en Lima al creador original del concepto de ecologismo popular, que
aquí pensaba yo estar estableciendo.
DEL MEDIO AMBIENTE AL MEDIOAMBIENTALISMO/ ECOLOGISMO
Hoy ya es casi un lugar común para ciertos especialistas vincular medio
ambiente y pobreza o gestión ambiental y desarrollo. En la primera temática, se
analiza cómo confluyen en una zona las áreas ambientalmente críticas y los
niveles de pobreza de la población, a fin de sugerir la elaboración de políticas
públicas adecuadas1. En la segunda temática, más instrumental que la anterior,
se busca cómo gestionar racionalmente los recursos naturales de una zona
para encaminar a su población hacia el desarrollo2.
El primer camino requiere de un Estado fuerte y muy comprometido con
los más pobres para diseñar e implementar las políticas públicas necesarias,
aun en contra de grandes intereses económicos, algo que hasta ahora se ha
dado casi sólo en el discurso político. El segundo camino implica que entes
estatales u ONGs emprendan proyectos focalizados destinados a brindar
capacidades y recursos en gestión ambiental a poblaciones pobres específicas,
a fin de que éstas se encaminen por su cuenta hacia el desarrollo sostenible.
Esto parece ser más viable, y algo se ha avanzado al respecto, pero su límite
1 GONZALES DE OLARTE, Efraín: Medio ambiente y pobreza en el Perú. Lima: IEP, 1997.2 CONAM: Manual de capacitación en manejo y resolución de conflictos ambientales. Lima: CONAM, s/a.
2
es precisamente la focalización: no se pretende generar redes sociales más
allá de cada localidad como para emprender mayores acciones ambientales
conjuntas. El fenómeno social que estudiaremos aquí procura contrarrestar
efectivamente esas dos tendencias, pese a sus limitaciones. ¿Qué explica el
surgimiento del nuevo tipo de movimiento social, cuando los problemas
ambientales en el país no son recientes, e incluso ya tuvieron antes ciertas
respuestas aisladas?
El nacimiento en los años 90 de lo que aquí llamamos ecologismo
popular obedece principalmente a dos factores. Por un lado, a los efectos
producto del auge en la década pasada del sector minero, favorecido
tempranamente de varias formas por el gobierno fujimorista (exoneraciones
tributarias, leyes y actitudes políticas favorables a la minería). De otro lado, a la
activa y respaldada presencia de tenaces dirigentes, no siempre nuevos,
dentro de algunas comunidades afectadas, poseedoras de ciertos niveles de
ciudadanía y de desarrollo económico interno. Esta es la hipótesis central que
articulará este trabajo y orientará sus reflexiones exploratorias. A ello habría
que añadirle, como otro factor subjetivo, la apropiación por esos mismos
dirigentes y la población del discurso medioambientalista, alimentada por la
asesoría que recibieron de algunas ONGs en aspectos ecológicos, legales y
técnicos. Enfatizaremos, pues, seguidamente en cómo surge un nuevo tipo de
movimiento social, predominantemente rural, identificando su contexto social y
sus diversos actores encontrados. El cuadro final es una lección de cómo hacer
que “los indios no sean excluidos de los beneficios sociales que la esplendente
independencia del Perú prodiga a los blancos”3, recogiendo el anticuado
discurso de Juan Bustamante, caudillo criollo de una rebelión indígena del siglo
XIX. Se trata, pues, una vez más, de la secular lucha por la inclusión
emprendida por los sectores “menos favorecidos”, sobre todo rurales, al
sentirse postergados y vejados por el Estado y los intereses capitalistas.
Empecemos viendo ese otro lado de la medalla: las empresas mineras y su
papel en la economía nacional.
EL REINO DE ESTE MUNDO DE LA MINERIA MUNDIAL Y NACIONAL
3 MC EVOY, Carmen: Forjando la nación. Lima: PUCP, 1998.
3
Empecemos por el primer factor causal, el proceso del sector minero en
los años 90. El desarrollo de la minería en esa época puede dividirse en tres
etapas bien definidas, según De Echave: 1) De 1990 1993, la minería mundial
sigue bajo la crisis que la afecta desde los años 80. “En el Perú es la época de
los cierres de minas, hay una caída significativa de la producción, no hay
inversión minera y en general podemos decir que es un período marcado por la
inestabilidad”4. Paradójicamente, esto no le impidió a Fujimori apostar desde el
principio por la alicaída minería de entonces como factor del desarrollo
nacional, en mayor desmedro del tan postergado sector agrario. 2) De 1993 a
1997, se produce el boom minero mundial al recuperarse las cotizaciones del
oro y la plata y fusionarse varios de los principales grupos mineros. “En el Perú
hay un boom de exploraciones, el territorio que ocupa la minería se multiplica
por seis, importantes empresas se instalan en nuestro país y se anuncian
nuevos proyectos de inversión”5. Es la época del despegue económico del
Perú, que parece confirmar la bondad de las políticas neoliberales seguidas y
hace posible la segunda fase del fujimorato. 3)En 1998 caen significativamente
las cotizaciones de los metales debido a la crisis asiática, la sobreproducción y
la escasez financiera. “En el Perú (...) el boom de exploraciones comienza a
mostrar síntomas de agotamiento y algunos proyectos considerados como
estratégicos terminaron postergándose”6. Aquí se cerraría el ciclo ascendente
minero, hasta ahora, sin que ello significara la desactivación de los principales
proyectos mineros de la década (Antamina, Yanacocha), o de otros menores
(Manhattan Sechura, Barrig Misquichilca), en explotación o no para 1998.
Podemos ver que en realidad el llamado boom minero mundial se reduce
al breve período que va de 1993 a 1997, sólo media década, cuyos duraderos
efectos en el país son el trasfondo de lo que aquí nos ocupa. De cuatro
millones de hectáreas destinadas a exploración y explotación minera en 1992,
se pasó a 22 millones de hectáreas en 1999, bajando a 15 millones de
hectáreas el año 2000. Las comunidades afectadas potencialmente serían
unas 3,000 de un total de 5,500. De Echave distingue tres tendencias en esa
etapa: un crecimiento sustantivo del área que ocupaba la minería en el mundo
(de 105 países entre 1990 a 1993 a 151 países en 1994), la consolidación de
4 CONACAMI: El rostro de la minería en las comunidades del Perú. Lima: 2000.5 Ibid.6 Ibid.
4
mayores conglomerados mineros debido a las fusiones y, acaso la más
importante para nosotros, el traslado de la inversión minera al Sur, en especial
a América Latina7. Enfoques más críticos afirman que, pese a que las nuevas
tecnologías disminuyen algunos serios impactos ambientales, “la escala
gigantesca de los proyectos mineros modernos ha creado nuevos problemas
igualmente gigantescos”8.
En respuesta al auge minero, se intensificaron en el mundo los conflictos
entre poblaciones nativas y empresas mineras, muchos Estados introdujeron
en su legislación minera disposiciones especificas que reconocen los derechos
ancestrales de esas poblaciones y algunas comunidades plantearon reglas
para regular su relación con las empresas mineras9. La respuesta de los
mineros ha sido ofrecer empleo, clínicas de salud y donaciones a entidades
caritativas; dividir a las comunidades, mentir hablando de la minería
“sustentable” y “limpia”, presionar a las autoridades locales para modificar la
ley, calumniar a los opositores mediante los medios de comunicación y
amenazar a los líderes con juicios o actos violentos. Y es que, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los 300 millones de indígenas del
planeta viven en zonas donde se halla el 60% de los recursos naturales
mundiales, y el otro 40% está en tierras de los pobres o en zonas protegidas.
De ahí que los habitantes de esas tierras sufran cada vez más violaciones de
sus derechos básicos10. Sin embargo en el Perú, “Desde el Estado y desde las
propias empresas mineras existe todavía una actitud ambigua frente al
problema”11, pues estos actores no asumen como debieran su responsabilidad
frente a la problemática ambiental. Esto es lo que justifica e impulsa, en
diferente grado y forma, al ecologismo popular en numerosas comunidades
rurales, y hasta urbanas, del país.
Por supuesto que la opinión de los mineros es muy distinta: “En el sector
Energía y Minas en 1993 se comienza a implementar una política minera, la
misma que combina producción con la conservación del medio ambiente (...) A
diferencia de otros sectores productivos del país, el sector minero ha logrado
un importante avance en cuanto al establecimiento de los instrumentos de 7 Ibid.8 FLEWEGER, Mary: Es un monstruo grande y pisa fuerte. Quito: DECOIN, 19989 CONACAMI: Ob.cit.10 FLEWEGER, Mary: Ob. Cit.11 CONACAMI: Ob. cit.
5
gestión ambiental”12. Mas es la realidad la que contradice este tipo de
expresiones, como lo demuestran los casos de San Mateo de Huanchor y La
Oroya, entre tantos otros, donde la contaminación afecta impunemente a los
pobladores. Es así que muchos peruanos, deben vivir con elevadas
concentraciones de metales tóxicos en su sangre, sin que el Estado haga algo
por revertir o remediar su situación, lo que es más grave cuando se trata de
niños y madres. Los mineros también señalan los beneficios que su actividad
aporta al país: su gran contribución a las exportaciones, al ingreso de divisas y
a los ingresos fiscales; la dotación de infraestructura básica para las regiones
alejadas; la transmisión y generación de tecnología, y la contribución a la
generación de negocios aparentemente desconectados del quehacer minero13.
Beneficios que también desmiente la misma realidad, pues, exceptuando
al primer beneficio, que va a la caja fiscal del Estado, los demás suelen existir
más en la mente de los mineros, a menos que la población se los exija
firmemente, por lo general como compensación a los daños ambientales.
Mientras que éstos últimos son más tangibles y hasta omnipresentes, pese a
las modernas tecnologías empleadas, que no siempre se tienen, como en La
Oroya. Esto no les impide a los mineros referirse incluso al concepto de
desarrollo sustentable, que “se viene vinculando fuertemente a la minería para
reforzar la búsqueda de puntos en común entre una actividad económica
altamente rentable – que aparentemente beneficia a muy pocos - , con un
Estado siempre ávido de recursos y con aquellas poblaciones en situación de
desventaja”14. Mas hasta ahora sólo la minería y el Estado han encontrando
puntos en común, no todos referidos al desarrollo sustentable, dejando fuera
del gran acuerdo a las comunidades rurales. Para éstas, el desarrollo social/
sustentable es aún una falacia total, y también lo es el crecimiento económico,
que suele limitarse, de darse y con efectos distorsionantes, a las capitales
departamentales (Cajamarca, Cerro de Pasco, Huaraz).
En ese sentido, la cosas no han cambiado mucho desde los tiempos en
que las Indias Occidentales eran ante todo la fuente de metales preciosos de la
metrópoli española. Por ello, en gran parte aún es cierto que, discrepando en
12 “Sector minero lidera cambio ambiental”. El Ingeniero de Lima Nº 22. Lima: 1999.13 “La minería peruana en el nuevo milenio”. Informativo mensual de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Nº 1. Lima: SNMPE, 2001.14 Ibid.
6
parte con el sustantivo inicial, “Los indios han padecido y padecen –síntesis del
drama de toda América Latina- la maldición de su propia riqueza”15. Volviendo a
la sostenibilidad, ésta alude más bien a la satisfacción plena de las
necesidades vitales del hombre, lo que responde a las estrategias de
racionalidad de los sistemas productivos y a la equidad social, incluyendo la
tecnología indígena y tradicional, sin comprometer el medio natural16. Mas para
los “nuevos indigenistas” el tema aquí no es tanto la sostenibilidad, como el
derecho de los llamados pueblos indígenas a la libre determinación, a
contracorriente de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y
del mismo Estado nacional. Un tema implícito en este trabajo es dicho derecho,
no así “lo indígena”, por no corresponder necesariamente este concepto al
discurso de los actores que aquí estudiamos. Aunque podría resultar
conveniente estratégicamente rescatarlo, al igual que se hizo en el Ecuador, a
fin de acogerse a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT,
que apoyen las reivindicaciones de las llamadas comunidades originarias.
La razón de fondo para la abstención del Estado es que el modelo
económico que promovió Fujimori desde su primer gobierno “se sustenta en el
liderazgo del capital transnacional en la modernización y ampliación de la base
exportadora primaria en sectores de alta renta diferencial, como la minería”17.
De ahí que desde 1991 las reformas y las medidas del gobierno para promover
la inversión minera, sobre todo transnacional, privilegiaran un acelerado
proceso de privatización y la reducción de costos18. Como consecuencia, entre
1990 y 1995, el control transnacional de la producción minera pasó del 28% al
39,3%,la participación del Estado se redujo del 27,6% al 15,3% y el capital
nativo conservó el control del 40%19. Aunque se calcula que para el año 2000,
el control transnacional de la producción minera nacional alcanzará, al menos,
el 58,2%, concentrándose en la explotación del cobre (93,9%), lo que implicará
que la participación del capital nativo en dicha producción descienda al 30% y
la del Estado al 9%20. Advertimos que estos cálculos se hicieron en 1997, poco
antes del fin del boom minero, tras el cual se retrajeron las inversiones
15 GALEANO, Eduardo: Las venas abiertas de América Latina. México DF: Siglo XXI, 197116 LAZAR, A.: La lucha indígena por el derecho a la libre determinación. NORD-SUD XXI, s/a.17 ASTE, Juan: La transnacionalización de la minería peruana. Lima: Friedrich Ebert, 199718 Ibid.19 Ibid.20 Ibid.
7
extranjeras, estancándose muchos proyectos mineros hasta hoy. Mas
megaproyectos como Antamina y Yanacocha no perdieron sus ímpetus, todo lo
contrario, afectando de varias formas a las comunidades vecinas con sus
operaciones (compras compulsivas de tierras, exploraciones, extracción de
mineral).
Ahora bien, entre 1993 y 1995, el peso de las empresas transnacionales
en las exportaciones subió del 47,5% (US$ 613 millones) al 61 % (US$ 1,492
millones)21. De seguir esa tendencia, se calcula que entre 1997 y 1998 el
ingreso por exportaciones mineras oscilará entre US$ 3,060 millones y US$
3,500 millones, entre US$ 4,600 millones y US$ 5,700 millones el año 2000 y
entre US$ 6,000 millones y US$ 7,000 millones el año 200522. Es decir, recién a
inicios del siglo XXI se daría el mayor aporte de la minería a la generación de
divisas, como para cubrir el déficit de la balanza de pagos23. Algo que, a
diferencia de principios del siglo XX, en realidad no ocurrió ni ocurrirá por un
tiempo indefinido, debido al brusco fin del boom minero, como ya se señaló
arriba. Y sin embargo, la transnacionalizada minería sigue siendo vista por el
gobierno como un sector prometedor y rentable a corto plazo. No en vano aún
se habla del positivo efecto Antamina (Ancash) sobre las exportaciones y las
divisas del país, o del gran y duradero potencial de la aurífera Yanacocha
(Cajamarca). Lo que explica la continuidad de la escolar idea del Perú como
país minero. Por eso, en caso de conflictos entre empresas mineras,
transnacionales o nacionales, y comunidades rurales o urbanas, el Estado
tiende a inclinarse a favor de las primeras, o a hacerse el desentendido,
descuidando la protección y defensa de los derechos de las segundas, como
aquí expondremos. Sin olvidar la sencilla idea de que el gran poder económico
de los mineros unidos tiende a imponerse sobre cualquier otra consideración,
incluso socioambiental, aunque eso implique perjudicar a quienes no
comparten sus intereses y viven de la “poco rentable” agricultura. Grupos que
hasta no hace mucho estaban desunidos en defensa de sus derechos
ambientales y territoriales a lo largo del país.
MOVIMIENTOS SOCIALES Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
21 Ibid.22 Ibid.23 Ibid.
8
Mas también es cierto que a todo poder se opone un contrapoder,
siempre socialmente relevante por ínfimo que sea, lo que da lugar a los
conflictos socioambientales focalizados. Para comprender esto, debemos
ocuparnos antes de los conceptos de movimiento social y de movimiento
ecologista o medioambientalista, entre otros. También daremos una rápida
mirada a la reciente historia de los movimientos sociales en el Perú a fin de
tener una mejor perspectiva. Un movimiento social es “una red interactiva de
individuos, grupos y organizaciones que, dirigiendo sus demandas a la
sociedad civil y a las autoridades, interviene con cierta continuidad en el
proceso de cambio social mediante el uso prevaleciente de formas no
convencionales de participación”24. Según Cohen y Arato, los movimientos
sociales constituyen el elemento dinámico de los procesos que buscan realizar
potenciales positivos de las modernas sociedades civiles25. En el Perú de los
80, destacaron, por un lado, los movimientos reivindicativos relacionados con la
declinación de las condiciones sociales de vida, “que se expresaron de manera
muy dinámica y creativa a través de la autogestión de sus demandas, las
estrategias de sobrevivencia y los intentos por atender necesidades
elementales en los campos de la vivienda, la alimentación, la educación y la
salud”26. De otro lado, estaban los movimientos sociales populares que
reivindicaban el terreno simbólico-expresivo en aras de la democratización de
la vida cotidiana, como los movimientos feministas y de mujeres urbano
populares y algunos movimientos regionales y étnicos27. Esto significó el
agotamiento de los sindicatos, federaciones y organizaciones vecinales como
formas anteriores de organización y movilización que fueron exitosas y
eficientes en los 7028.
Se puede decir que la tendencia de los 80 aún persiste actualmente, con
la diferencia de que los movimientos sociales simbólicos-expresivos, como el
que nos ocupa, han ido cobrando mayor fuerza a partir del regreso a la
democracia formal. Esto es lo que explica el clima actual de efervescencia
24 CASQUETTE, Jesús: Política, cultura y movimientos sociales. Bilbao: Baqueaz, 199825 LOPEZ, Sinesio: La sociedad civil en el Perú. Lima: 1999 (Inédito).26 BALLON, Eduardo: “Movimientos sociales: itinerario de transformaciones y lecturas”. En: BALBI, Carmen Rosa y otros. Movimientos sociales: elementos para una relectura. Lima: DESCO,1990.27 Ibid.28 Ibid.
9
social, así como la percepción social del gobierno como falto de reflejos
políticos. La sociedad civil, concepto muy difundido y banalizado hoy en día, es
entendida como el locus principal para la expansión potencial de la democracia,
tanto intensiva como extensivamente, y está integrada por instituciones como la
familia, los movimientos sociales y las formas de comunicación pública29.
Algunos autores critican que este concepto haya perdido su identificación con
los movimientos populares, como en los años 70, para pasar hoy a fortalecer la
ideología dominante y a la sociedad civil burguesa30. Precisamente esa
tendencia se combatirá aquí implícitamente gracias a la perspectiva adoptada.
El concepto de participación política también es aquí pertinente: “aquel
conjunto de actos y actitudes dirigidos a influir de manera más o menos directa
y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el
sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su
misma selección, con vistas a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto
los valores) del sistema de intereses dominante”31. Esta definición se justifica
mejor si se trata de modificar la estructura del sistema de intereses dominante,
pues el conservarla también encaja bien con la función de los usados lobbies.
Otro concepto útil es el de ciudadanía, que alude a los derechos garantizados
por el Estado y a las responsabilidades hacia la comunidad política a la que
pertenece un individuo o conjunto de individuos32. Una tesis central de López,
que nos sirve de marco histórico, es que el Perú ha sufrido una profunda
revolución silenciosa en los últimos 50 años: la apropiación masiva de
derechos de diverso tipo por parte de los peruanos antes excluidos de su
disfrute por la sociedad oligárquica, que los reducía masivamente a la
condición de indios o siervos33. El ecologismo popular es parte de esa
apropiación masiva de derechos, a la cual busca prolongar como un asunto de
participación política y de sobrevivencia a largo plazo.
En cuanto al movimiento ecologista en el mundo, tal parece que resulta
arbitrario hablar de él, según Castells, pues su composición es muy diversa y
29 Ibid.30 MESCHKAT, Klaus. “Una crítica a la ideología de la sociedad civil”. En: www.cholonautas.org.pe. 31/05/0231 PASQUINO, Gianfranco: “Participación política, grupos y movimientos sociales” (Separata).32 LOPEZ, Sinesio: Ciudadanos reales e imaginarios. Lima: IDS, 1997.33 Ibid.
10
sus expresiones varían mucho de un país a otro y entre las diferentes
culturas34. Una solución ante tal problema es plantear el concepto de
medioambientalismo, que para nosotros es sinónimo de ecologismo, definido
como “todas las formas de conducta colectiva que, en su discurso y su práctica,
aspiran a corregir las formas de relación destructivas entre la acción humana y
su entorno natural, en oposición a la lógica estructural e institucional
dominantes”35. Castells distingue cinco tipos de movimientos ecologistas, de los
que sólo nos interesa la movilización de las comunidades locales en defensa
de su espacio, que “constituye la forma de acción ecologista de desarrollo más
rápido y la que quizá enlaza de forma más directa las preocupaciones
inmediatas de la gente con los temas más amplios del deterioro
medioambiental”36. Lo que estos movimientos cuestionan es la localización de
materiales o actividades indeseables en comunidades de renta baja y zonas
habitadas por minorías, y la falta de transparencia y participación en la toma de
decisiones sobre el uso del espacio37. Según Castells, los movimientos
sociales, en general, nacen de la contradicción entre la globalización inducida
por la tecnología, el poder de la identidad y las instituciones del Estado. Lo cual
vemos que se traduce, parcialmente, en el enfrentamiento entre comunidades y
transnacionales mineras, aliadas con mineros nacionales, con una peculiar
“mediación” del Estado, que en realidad es más una promoción de la minería
por razones económicas.
En lo teórico, cabe considerar también que hoy se cuenta con dos
paradigmas respecto al estudio de los movimientos sociales: la teoría de la
movilización de recursos y los nuevos movimientos sociales. En síntesis, el
primer enfoque propone un modelo multifactorial de formación de movimientos
que destaca la disponibilidad de recursos (elementos que hacen de un
colectivo amorfo un colectivo organizado para el cambio social), la organización
y las oportunidades políticas, sin abandonar del todo la hipótesis tradicional del
descontento38. Mientras que el segundo enfoque atribuye la emergencia de las
nuevas formas de acción colectiva, después de la Segunda Guerra Mundial, a
34 CASTELLS, Manuel: La era de la información: Economía,ociedad y cultura. Vol. II: El poder de la identidad. Madrid: Alianza editorial, 1998.35 Ibid.36 Ibid.37 Ibid.38 CASQUETTE: Ob. Cit.
11
profundos cambios estructurales en las sociedades capitalistas desarrolladas39.
El primer enfoque permite identificar, y hasta cuantificar, los impactos
procedimentales, sustantivos y estructurales de los movimientos sociales,
mientras que el segundo remite a sus dimensiones simbólicas e identitarias40.
Es por eso que Casquette concluye que para acercarnos a los efectos de los
movimientos sociales en su medio sociopolítico y cultural es necesaria una
visión ecléctica que use ambos paradigmas41. A la misma conclusión llega
Starn cuando afirma que un análisis sólido de las movilizaciones rurales exige
atender el juego de los significados, así como las causas, las estrategias y los
límites de aquellas42. Esto bien vale para el ecologismo popular, en el que
confluyen, por un lado, la racionalidad y los conflictos de interés y, por el otro,
aspectos identitarios de los actores, sean campesinos, andinos, provincianos, o
simplemente agricultores.
Mas, ¿por qué hablar tan pronto de un nuevo tipo de movimiento social,
dejando de lado el concepto de movimiento campesino? ¿Acaso basta la
existencia de un conflicto socioambiental para deducir automáticamente la de
un movimiento ecologista popular? ¿Y qué hay de los movimientos campesinos
“clásicos”?. Entre los años 60 y 70, el movimiento campesino peruano se
caracterizó por involucrar a la mayor parte de la sierra y a gran parte de la
costa, integrar a todos los grupos campesinos y por tender a coordinarse a
nivel nacional43. Esto se daba a través de tres canales principales: la
sindicalización, las invasiones de tierras y la incorporación militante a grupos
políticos44. Los sindicatos de la sierra de los 60 buscaban conseguir mejoras
dentro del mismo sistema de dominación, pero también combatían todo el
orden tradicional de dominación al invadir las tierras de las haciendas, como en
La Convención y Lares45. De otro lado, los sindicatos de la costa tampoco se
limitaban a exigir sólo mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, pues
llegaron a reivindicar la tierra misma a través de huelgas, como en Chancay46.
39 Ibid.40 Ibid.41 Ibid.42 STARN, Orin: Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales. Lima: IEP, 1991.
43 QUIJANO, Aníbal: Problema agrario y movimientos campesinos. Lima: Mosca azul, 1979.44 Ibid.45 Ibid.46 Ibid.
12
Las tendencias más radicales se atenuaron a partir de la reforma agraria
velasquista, la cual propiciaron, que implicó una nueva estructura de la
propiedad de la tierra y un discurso reivindicativo del actor rural que desde
entonces fue llamado “el campesinado”. Mas también se buscó darle un cauce
institucional oficial a ese campesinado, creándose la Confederación Nacional
Agraria (CNA), a fin de desplazar a la radical Confederación Campesina del
Perú (CCP)47. Objetivo que no se alcanzó, pero sí se logró dividir el movimiento
campesino, situación que persiste hasta hoy. En los años 80, la prolongada
crisis agraria, el accionar de Sendero Luminoso y la política represiva del
Estado repercutían en el campo y en las organizaciones campesinas. Por
entonces, desde la esforzada iniciativa cohesionadora del Consejo Unitario
Nacional Agrario (CUNA), creado en 1983, se dio mayor énfasis a las
reivindicaciones “economicistas”, a lo que el gobierno de García respondió,
mientras pudo, con un preferencial crédito agrario y los Rimanakuy, o
conversaciones directas con los dirigentes comuneros48. En sus dos congresos,
el efímero CUNA abordó también la defensa de los recursos naturales,
reclamando ante la contaminación minera en la sierra y la depredación forestal
en la selva, sin obtener respuesta precisa del gobierno49. Durante el fujimorato,
pese a la derrota de Sendero Luminoso, ya no hubo otras iniciativas de articular
gremios y organizaciones agrarias, cada vez más debilitados por el
autoritarismo del gobierno y la agudización de la crisis del agro debido a la
política neoliberal. Las reivindicaciones de la CCP y la CNA, aún centradas en
lo económico, no contemplaban los conflictos ambientales, situación que
empezó a cambiar recién desde 1999, a raíz de la creación de la Coordinadora
Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) ese mismo
año. La CCP también incluyó el tema ambiental en la agenda política de su
congreso del año pasado, pero sin plantearle una solución integral y sostenida,
al igual que la CNA.
Es así que el movimiento campesino institucionalizado, aún copado por
viejos dirigentes radicales de izquierda, tiende a diferenciarse del movimiento
ecologista popular, aún heterogéneo y no del todo articulado, en el cual ve
47 ARIAS, Custodio: “Movimiento campesino: Frente agrario y plataforma de lucha”. Revista de sociología Nº 7. Lima: UNMSM, 1990.48 Ibid.49 Ibid.
13
incluso un incómodo competidor político. Al nuevo movimiento se le puede
atribuir un motor institucional aún más nuevo: la CONACAMI. Esta
organización, creada en un congreso fundacional, pretendidamente nacional,
en 1999, es la culminación de una amplia movilización popular, que empezó
con la realización, ese mismo año, de ocho congresos regionales en Junín,
Cajamarca, Pasco, Apurímac, Cusco, Moquegua-Tacna, Huancavelica y
Arequipa. Movilización que logró su carta de ciudadanía a fines del 2000, al
realizarse la primera marcha nacional de las comunidades afectadas por la
minería, que llegó al Congreso de la República y al Palacio de gobierno. En su
iniciativa de organizarse, los dirigentes regionales recibieron desde el principio
el apoyo material y la asesoría de ONGs nacionales comprometidas con la
problemática ambiental: ECO, CEPES y Cooperacción, entre otras. Una vez
fundada la organización, ante la insolvencia de las entidades señaladas, se
hizo imprescindible el apoyo económico de ONGs extranjeras: OXFAM-
América y 11.11.11 (Bélgica). La CONACAMI se autodefine como “una
organización nacional integrada por representantes de las comunidades rurales
y urbanas constituidas a nivel local, regional y nacional afectadas por la
actividad minera, hidroenergética y otras industrias extractivas”50. Aunque más
se centra, como su nombre lo indica, en las afectadas por la minería. Además,
busca “El respeto al derecho a la vida, al territorio, a los recursos naturales, a la
consulta y otros, para lograr un desarrollo integral y sostenible”51. Ello se hará a
través de “De la participación ciudadana, el diálogo, la concertación y la
generación de propuestas en coordinación con las diferentes organizaciones
locales, nacionales e internacionales involucradas”52. Por supuesto que, para
evitar caer en un análisis ingenuo, debemos saber distinguir entre estos buenos
propósitos y la realidad de la práctica institucional, algo que veremos grosso
modo. Otro tema de debate es qué tan ecologista es la CONACAMI, si de sus
14 propuestas, sólo seis se podrían considerar que tienen un neto componente
ecologista, y el resto, o son más generales (derecho a la participación) o más
especificas (capacitación a los pobladores de la zona para trabajos mineros).
En realidad, esta es una discusión ociosa, pues la organización no se creó
como prioritariamente ecologista en un sentido convencional, pero el rótulo de
50 CONACAMI: Plan estratégico al año 2003. Lima: 200151 Ibid.52 Ibid.
14
“afectadas por la minería” hace inevitable y central, aunque no exclusivo, ese
componente. Abriendo un paréntesis, creemos que un lejano antecedente de la
CONACAMI podría ser el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, creado
en 1920 por indígenas de distintas comunidades del país, dentro del
indigenismo de principios del siglo XX53. Esta corriente puede entenderse como
la construcción de una nueva identidad nacional, cuyo centro fuese la cultura
autóctona de origen precolombino sobreviviente54. Aquí ya encontramos una
primera gran semejanza: el énfasis en lo identitario. El indigenismo moderado
rechazó el racismo, criticó los abusos de los gamonales, a los que entendió
como producto de la falta de presencia del Estado en las haciendas serranas,
ignoró el aspecto económico de la explotación indígena, y promovió la
generalización de la educación primaria y del servicio militar obligatorio55. De
nuevo saltan los parecidos con el discurso de la CONACAMI, con algunos
cambios contemporáneos: crítica de los abusos de las mineras en vez de los
de los gamonales, ignorancia de lo económico en la situación del campesino
(“afectado”) y promoción de la participación, el derecho a la determinación y el
derecho a la tierra.
En el país, el movimiento ecologista popular se ha constituido a partir de
una serie de conflictos ambientales focalizados, poco conocidos por obvios
motivos o intereses económicos. En esto poco tuvo que ver la constitución
previa en Lima del Foro Ecológico, impulsado por ONGs ambientalistas, que
representó la maduración de un ecologismo de clase media, dedicado al inicio
al caso de los Pantanos de Villa. El conflicto ambiental, como se entiende
oficialmente, es aquel conflicto en el que el ambiente está en disputa por los
roles y servicios que brinda y por los efectos del uso y apropiación que el
hombre ejerce sobre los recursos naturales56. Es mucha la complejidad de este
conflicto porque “Los recursos con que cada actor cuenta para hacer valer sus
intereses en un conflicto son asimétricos, en parte porque los generadores, las
propias instancias reguladoras y aun parte de la población posiblemente
afectada perciben la conservación del ambiente como un freno al desarrollo”57.
53 CONTRERAS, Carlos y Marcos Cueto: Historia del Perú contemporáneo. Lima: IEP, 2000.54 Ibid.55 Ibid.56 CONAM: Manual de capacitación en manejo y resolución de conflictos ambientales. Lima: s/a57 Ibid.
15
En realidad, se nos está diciendo sutilmente que los solitarios defensores del
medio ambiente, sea cual sea su motivación, suelen tener menor poder que
quienes causan o permiten los daños ambientales (empresas minera y Estado),
por lo que hay que potenciarlos en su desigual lucha. Lo cual puede ser útil,
pero lo importante es la existencia autónoma de ese contrapoder, el cual nace
de la fusión de la voluntad de dirigentes comunales y de la voluntad de la
población afectada. Voluntades que pretenden conjurar un aspecto de la
sociedad del riesgo o sociedad de las catástrofes, configurada por la
modernización58. Dicha sociedad en el Perú más parece percibirse en el campo
que en las ciudades, aquejadas usualmente de catástrofes invisibilizadas o
aceptadas como inevitables (colapso por hipercrecimiento demográfico,
contaminación vehicular).
Eso es lo que ocurre precisamente, con algunas diferencias, en la
comunidad campesina de Vicco y en el distrito de San Mateo, lo que explica su
similar respuesta medio ambientalista. Esa respuesta obedece a una serie de
factores subjetivos y objetivos preexistentes, como el nivel educativo, el grado
de desarrollo socioeconómico, el nivel de ciudadanía o conocimiento de los
derechos, y el tamaño y la distribución etaria de la comunidad, todos ellos
interrelacionados. Es decir, al menos cierto grado de alfabetismo, de
dinamismo económico local y de conocimiento de los derechos ciudadanos
favorece el surgimiento de una voluntad reivindicativa en lo ambiental, en este
caso. Siguiendo a Quijano, se trataría de poblaciones y dirigentes “cholos”,
“cuyo mundo cultural va siendo integrado con elementos provenientes de la
cultura indígena y, al mismo tiempo, por otros provenientes de la cultura
occidental criolla, aunque en su gran parte se mantiene bajo la capa de
influencia de la cultura indígena” 59. Lo más importante aquí es que ese binomio
de voluntades “cholas” no tiene por qué luchar solo. Todo lo contrario, pues el
problema a enfrentar es compartido por muchas colectividades similares a lo
largo y ancho del país. Dos de estos casos emblemáticos veremos
cronológicamente de inmediato.
LAS LUCHAS AMBIENTALES DE VICCO Y SAN MATEO
58 BECK, Ulrich: La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 199859 QUIJANO: Ob. Cit.
16
Empecemos por el conflicto ambiental entre la comunidad campesina de
Vicco y la minera nacional El Brocal S.A., el cual es el primer caso bien
documentado de defensa del territorio comunal, sostenido antes del inicio de
una explotación minera. Motivo por el que este conflicto marca, a nuestro
parecer, el nacimiento del ecologismo popular en la sierra central peruana. En
Tambogrande (Piura), en los años 80 se impidió la incursión de la empresa
minera estatal francesa BRGM en salvaguarda del frutícola Valle de San
Lorenzo, pero ésto sólo constituyó uno de los antecedentes aislados del
ecologismo popular. Recién ahora el nuevo conflicto ambiental de
Tambogrande, con la minera canadiense Manhattan Sechura, es parte de este
ecologismo, por entonces inexistente como fenómeno social más amplio. Otro
antecedente sería la protesta popular contra la contaminación ambiental que
ocurrió en Cajamarca en los años 70 y 80. La reconstrucción del conflicto de
Vicco la hemos hecho a partir de nuestra sistematización de la documentación
de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería
(CONACAMI). De más está decir que lo que viene no pretende ser “neutral” ni
“objetivo”, pero se aspira a mantener cierto distanciamiento valorativo y
expositivo.
Previamente, brindaremos algunos datos que permitan contextualizar el
conflicto, tomados del mismo archivo de la CONACAMI. La comunidad de
Vicco está enclavada en la Meseta de Bombón, en el Nudo de Pasco, a 4,199
m.s.n.m., y limita por el sur con el segundo lago más grande del país: el
Chinchaycocha o Lago de Junín, que es una reserva nacional. Se ubica en la
provincia de Pasco, a 22 kilómetros de la ciudad de Cerro de Pasco, y cuenta
con 25,511 hectáreas de territorio. Vicco fue fundada como pueblo en junio de
1618 por el visitador español Juan de Dios y Cadarcio, remensurero y
repartidor de pastos, quien hizo la repartición y el deslinde obedeciendo una
orden del virrey Toledo. Fue reconocida por la Constitución Política del Estado
Peruano en 1919. Goza de personería jurídica como comunidad indígena
desde el 17 de enero de 1940, en que la Resolución Suprema No 15 oficializó
su existencia, siendo registrada en el padrón No 3455. En 1963 la sociedad
agrícola y ganadera AGOLAN S.A. “dona” y vende tierras a la comunidad, que
así las recuperó.
17
Vicco tiene a la municipalidad como gobierno local, a un Teniente
gobernador como representante del gobierno y a un juez de paz como
representante del Poder Judicial. Cuenta con una granja comunal, una
cooperativa comunal, granjas familiares, una Junta de Administración y el local
Shelby. Tiene dos centros poblados: Shelby y Cochamarca, y tres anexos:
Upamayo, Casacoto y Condorcayán. Sus organizaciones de base son: vaso de
leche, club de madres, la liga deportiva, organizaciones religiosas, el Barrio
Túpac Amaru y la Sociedad Tres de Mayo. La población, según el censo de
1993, es de 3,440 habitantes, siendo 1,185 los comuneros inscritos (900
varones y 285 mujeres). La población económicamente activa de Vicco es de
1,838 personas y se divide principalmente en: propietarios (320), choferes
(342), ganaderos (211) y profesionales (142). En segundo lugar vienen los
comerciantes y artesanos. Una cifra preocupante la constituyen los 257
desempleados de Vicco. Dentro del ganado, destaca el ovino con 80,000
cabezas, y muy detrás el alpacuno con 1,100 cabezas y el vacuno con sólo 350
cabezas. Esto indica que la ganadería es la principal fuente de ingresos para la
comunidad, captando un buen porcentaje de la PEA. Dentro de la producción
agrícola destaca la maca y el forraje, a escala de consumo.
El conflicto ambiental empezó entre 1992 y 1994, cuando El Brocal S.A.
inició, sin pedir permiso a las autoridades comunales, sus labores de
prospección minera en tierras de Vicco. El Proyecto San Gregorio de la minera
es uno de los más grandes yacimientos de zinc conocidos en el Perú, e incluso
a nivel internacional. Se calculan unas 70 millones de toneladas con una ley
promedio de 7.33% de zinc, 2.19 % de plomo y 0.57 onzas de plata por
tonelada métrica. El yacimiento produciría 10,000 toneladas diarias de mineral
a tajo abierto, lo que representaría una producción diaria de 350 toneladas de
concentrados de plomo y 1,300 toneladas de zinc. La venta anual de esa
producción bien podría alcanzar los US $ 110 millones, por lo menos, por lo
que San Gregorio podría ser la segunda concesión minera más grande de zinc
en el Perú, después del megaproyecto de Antamina. Desde 1956, por iniciativa
de la familia Fernandini, se constituyó la Sociedad Minera El Brocal S.A., para
explotar la mina Colquijirca. Posteriormente, se incorporó al accionariado la
Compañía de Minas Buenaventura S.A. y, recientemente, COMINCO Ltda. de
Canada, el primer productor de zinc en el mundo y dueña de la refinería de
18
Cajamarquilla. El paralizado proyecto San Gregorio aún no causa impactos,
lógicamente, pero los mayores impactos ambientales de El Brocal se han dado
por sus otras operaciones mineras en perjuicio del río San Juan y el lago
Chinchaycocha.
El Brocal ha comprometido una inversión de US $ 4’340,687 en su
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) entre 1997 y 2001. Entre
los proyectos de recuperación destacan las obras de estabilidad física y
química de los depósitos de relaves N° 1 y 2 de Huaraucaca. Estas obras
impedirán que los relaves almacenados se derramen al río San Juan, y su
costo estimado es de US $ 400,000. Los trabajos de mitigación de corto plazo
han estado orientados a reducir la carga contaminante que llega al río San
Juan, sin embargo es necesario controlar definitivamente su contaminación y
restaurar la zona afectada en el lago Junín. Pese a las obras realizadas, uno
de los más graves problemas que sigue afrontando El Brocal es la generación
de drenaje ácido. Según su PAMA, la ejecución del proyecto de colección y
tratamiento de aguas de mina está prevista a partir del año 2000. La Pampa de
Unish es la zona identificada para la construcción de la planta, llegando el
monto de inversión a US $ 3’200,000.
En 1994, el presidente comunal se quejó ante el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) por la arbitrariedad de la empresa. En noviembre de ese año,
ésta solicitó ante la Dirección General de Minería (DGM) el establecimiento de
una servidumbre por tres años sobre 1,019 hectáreas, ubicadas en el paraje de
San Gregorio, para su exploración minera. La DGM aceptó realizar el trámite
solicitado, sin dar curso a la queja de la comunidad. Precisamente, para
entonces las comunidades cercanas al contaminado Chichaycochaya ya
habían fundado en Vicco (mayo de 1994) el Frente de Defensa Ecológico de
las Comunidades y Pueblos de la Zona Alto Andina, llamado luego sólo Frente
Ecológico60. Pensamos que este es el hito que marca el nacimiento del
ecologismo popular en el Perú, pues en esa organización ganan experiencia y
cohesión dirigentes que luego impulsaron la creación de la CONACAMI. En
Asamblea General, en febrero de 1995, la comunidad de Vicco decidió otorgar
la servidumbre por un año, a cambio de una contraprestación de S/. 42,000.
Cumplido el plazo, El Brocal se retiró en 1996 después de varios meses de
60 PALACIN, Miguel: Vicco: Muertes anunciadas o un ejemplo al mundo. Lima: s/a
19
exigencia comunal. En agosto de 1996, El Brocal solicitó de nuevo ante la DGM
el establecimiento de una servidumbre de 20 hectáreas, donde antes había
operado, dentro de las cuales comprende 50 perforaciones y trochas de
acceso. La DGM aprobó el pedido, pero Vicco, asesorada por la Sociedad
peruana de Derecho Ambiental (SPDA), presentó un recurso de nulidad al
procedimiento. En diciembre de 1996, cuatro dirigentes de Vicco suscribieron
con El Brocal un acta de acuerdo, autorizando la realización de 57
perforaciones en San Gregorio para la prospección geológica e hidrológica. En
febrero de 1997, la Asamblea general de Vicco rechazó ese acuerdo, que
violaba los estatutos de la comunidad, y expulsó a los dirigentes que lo
firmaron. En Marzo de 1997, la nueva junta directiva comunal y funcionarios de
El Brocal suscribieron un acta que anulaba el acta anterior, y acordaron
dialogar, con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, para definir los términos
de la servidumbre.
Luego se acordó que El Brocal requería entre 20 y 120 hectáreas para
su exploración, y que la comunidad sería compensada con una obra de agua
potable y un proyecto para la industrialización de fibra de alpaca y lana de
ovino. Mas la minera prefirió conseguir la firma del presidente de la comunidad
en una solicitud de servidumbre perpetua, sobre un área de 3,310 hectáreas,
para exploración y explotación minera, fijándose como compensación poco
más de un millón y medio de nuevos soles. Entonces la empresa se retira del
diálogo, y en julio de 1997 la DGM admite la solicitud de establecimiento de
servidumbre, iniciándose el procedimiento administrativo de servidumbre
minera. En octubre, la comunidad de Vicco plantea, en vano, la nulidad al
procedimiento de servidumbre, pues se nombran dos peritos para valorizar el
área pedida. En enero de 1998, un joven fiscal comunal, hoy presidente de la
CONACAMI, se topa en las tierras de Vicco con esos peritos y su comitiva,
quienes realizaban la inspección ocular sin notificación previa a la comunidad.
Por esto, se acordó suspender dicha inspección y que se fijaría nueva fecha
para ella en coordinación con la comunidad. Pero en febrero, la minera
denuncia penalmente al presidente y al fiscal de Vicco por el supuesto
secuestro de los personajes mencionados. Ese mismo mes, El Brocal cierra el
canal de irrigación a lo largo de 1,200 metros, lo que constata un congresista y
la policía, entre otros.
20
En marzo, los peritos del Consejo Nacional de Tasaciones y del MEM
presentaron el informe de la pericia, que valorizó el área de más de 3,278
hectáreas en US $ 575,000. Informe que Vicco impugnó tras encontrarle una
serie de omisiones (viviendas, ganado, cultivos, etc). En abril, la comunidad
solicitó una copia de todo el expediente. Los dirigentes encontraron en él que la
DGM había violado la ley de Procedimientos Administrativos por favorecer el
trámite de la solicitud de establecimiento de servidumbre. Viendo eso, la
comunidad presenta en junio de 1998 un recurso de nulidad a la resolución
directoral de la DGM que aprobó ese trámite y a todo lo actuado
posteriormente. Ese mismo mes, gracias al respaldo internacional,
representantes de Vicco logran reunirse con funcionarios de COMINCO
(corporación minera canadiense, la mayor productora de concentrado de zinc
en el mundo) en Lima, acordándose que El Brocal reiniciaría el diálogo con la
comunidad. Ya en abril, la comunidad de Vicco, el Frente Ecológico Alto Andino
y la ONG ECO habían firmado un convenio dirigido a la promoción del
desarrollo local de la comunidad. Esto implicaba la realización de un taller de
planeamiento estratégico para las comunidades afectadas, así como la
elaboración de un proyecto de desarrollo para ellas, en especial para Vicco.
En agosto de 1998, la DGM concedió la nulidad deducida por Vicco, que
obtenía una tercera nulidad sin un gran respaldo legal, estatal y económico.
Mas de inmediato El Brocal solicitó la reducción del área de la servidumbre a
2,900 hectáreas, con la valorización fijada por los peritos, lo cual fue aprobado
por la DGM. La comunidad interpuso en setiembre un recurso de revisión a la
resolución que aprobaba lo anterior, y además acordó realizar una masiva
marcha, en apoyo a sus dirigentes, hacia Lima. En noviembre, la comunidad le
reitera su voluntad de diálogo a El Brocal y le adjunta las bases para una
negociación. Esto es desvirtuado pronto, pues el Consejo de Minería dictamina
no ratificar la nulidad deducida por Vicco, pero, curiosamente, sí anula la
pericia de inspección ocular y todo lo actuado posteriormente. Por entonces, la
dirigencia de Vicco y el Frente Ecológico se reunieron en Lima con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, denunciando la persecución,
arbitrariedad y prepotencia de las mineras, especialmente de El Brocal y
COMINCO contra Vicco, y de la minera Milpo contra la comunidad de
21
Ninacaca, con el aval del gobierno, según los denunciantes. Coincidentemente,
poco después se reabre la posibilidad de diálogo entre Vicco y la minera.
Sin embargo, en enero de 1999, la DGM fija nueva fecha para peritaje
en las tierras de la comunidad, trámite que El Brocal hace anular al presentar
una solicitud de reducción del área de 3,310 a 2,903 hectáreas. En febrero, la
Asamblea comunal acuerda llevar ante la Corte Superior de Lima la
impugnación a la resolución administrativa del Consejo de Minería que invalidó
la nulidad concedida por la DGM. Esta, por su parte, fija la pericia ocular sobre
las tierras de Vicco para marzo de 1999, lo que la comunidad rechaza pues
había acordado con El Brocal resolver el conflicto mediante el diálogo. Sin
embargo, en la fecha fijada para la pericia, dos dirigentes comunales llevaron a
los peritos a sus propias tierras, lo que terminó provocando la renuncia del
presidente de la comunidad. En abril, con nuevas autoridades comunales, se
cumplió la decisión de la comunidad de llevar, a través de una medida cautelar
innovativa, su posición a la Corte Superior de Lima, que la declaró
improcedente en junio de 1999. Vicco impugnó de inmediato ese veredicto y
también le solicitó al MEM la suspensión del trámite del proceso administrativo
de establecimiento de servidumbre minera iniciado por El Brocal. Ese mismo
mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le comunica a Vicco
que su denuncia de noviembre de 1998 había quedado registrada y que se
encontraba estudiando el trámite que se le iba a otorgar.
En julio de 1999, Vicco acordó con representantes de El Brocal hacer
una visita de constatación de los daños en las zonas de Tomachisga y Coto-
Coto por las aguas ácidas y servidas, vertidas por la minera en los terrenos de
la comunidad. Para esta visita, el presidente de Vicco invitó a la Comisión de
Medio Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso, a la cual le pidió recorrer
también la zona de la represa de Upamayo para verificar los daños producidos
por Electro Andes y Electro Perú por sobrerepresamiento de aguas
contaminadas del Lago Chinchaycocha en el sector noroeste. Causa que
produjo la inundación de más de 1500 hectáreas de pastizales de la
comunidad. Por esto, también se pidió que se convoque a un diálogo entre
Vicco y representantes de las empresas eléctricas.
En agosto, El Brocal y Vicco le solicitan a la Sala Corporativa Transitoria
la dilación del proceso al máximo de ley, por estar dialogando para resolver la
22
posibilidad de establecimiento de servidumbre minera. El 20 de agosto, el
presidente de Vicco y representantes de El Brocal se reúnen por tercera vez en
presencia del presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía del
Congreso. En setiembre de 1999, se realiza otra reunión de trabajo entre las
dos partes, por iniciativa del mismo congresista, a fin de discutir sobre el
proyecto de San Gregorio. El 17 de setiembre, se realiza la primera reunión
entre la comisión de diálogo de Vicco, la dirigencia de Huaraucaca y los
integrantes de la Comisión de El Brocal, acordándose incluir a cuatro miembros
de Huaraucaca en la Comisión Mixta del canal de agua para Vicco. En
setiembre de 1999, el presidente de Vicco le solicita al presidente de la
Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso que convoque a
una reunión de reinicio del diálogo con representantes de El Brocal y de las
empresas eléctricas, a fin de abordar la inspección de campo del cinco de
setiembre. El mismo mes, representantes de El Brocal se reunieron con los
dirigentes de Vicco en la zona del canal de agua, que estaba haciendo la
minera para la comunidad, a fin de determinar la longitud del canal que debería
entubarse o recubrirse con concreto (unos 450 metros).
Para setiembre, El Brocal, cumpliendo con las demandas de la
comunidad para iniciar el diálogo sobre la servidumbre, había retirado sus
demandas contra dirigentes de Vicco y terminado la apertura del canal en el
tramo faltante. La minera también estaba dispuesta a compensar a Vicco por el
área afectada por los trabajos de El Brocal. En octubre, la Comisión de Diálogo
de Concesión de Servidumbre Minera de Vicco acuerda iniciar las
conversaciones formales con El Brocal, previa reunión con el presidente del
directorio de la minera, Ing. A. Benavides de la Quintana. El mismo mes, la
Asociación Hijos de Vicco Residentes en Lima le solicita al presidente de Vicco
que se defina su plena participación en el proceso de diálogo con El Brocal.
Caso contrario, la asociación anunciaba su retiro del diálogo, acusando al
presidente comunal de facilitar y permitir la pretensión de la minera de
apropiarse de las tierras de Vicco. El 14 de octubre, se reunieron en las oficinas
del Directorio de El Brocal representantes de Vicco y de la minera,
acordándose el nombramiento de una comisión mixta (comunidades de Vicco y
Huaraucaca y El Brocal) para la construcción del canal Jupayragra-Vicco. En la
cuarta reunión de la Comisión mixta, a fines de octubre, Vicco aceptó que se
23
revista y entierre 510 metros de canal. Sin embargo, en la quinta reunión se
acordó abovedar 610 metros de canal, contando a partir del final del tramo que
está revestido.
En noviembre de 1999, la DGM del MEM auspicia una reunión entre
Vicco y El Brocal a fin de que lleguen a un acuerdo sobre el área superficial
necesaria para ejecutar el proyecto de zinc. En noviembre también se realiza
ante la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo una
audiencia de saneamiento y conciliación, en la causa seguida por Vicco con El
Brocal y la Procuradoría Pública del MEM sobre la impugnación de resolución
administrativa. Ese mismo mes, Vicco le dirige un memorial al Presidente de la
República, haciéndole una serie de peticiones (vehículo de carga,
computadoras, centro de salud e inclusión en el Programa de Alimentación). El
7 de diciembre de 1999, representantes de Vicco y de El Brocal y la Comisión
de Diálogo de la Comunidad se reúnen en el MEM para dialogar sobre el
Proyecto San Gregorio y el proceso de servidumbre. Poco después, El Brocal
le insiste al presidente de Vicco que indique una fecha para el inicio de los
trabajos de revegetación en el área de Tomachisga. El 21 de diciembre, se
vuelven a reunir en el MEM las partes en conflicto, proponiendo El Brocal que
hayan reuniones semanales con Vicco a partir de enero con la participación del
MEM hasta que se resuelva la solicitud de servidumbre.
El 26 de enero, las partes en conflicto se reunieron en el MEM,
anunciando Vicco que, por acuerdo de asamblea, cedería 700 hectáreas al
oeste del río San Juan para el proyecto San Gregorio. Mientras que El Brocal
siguió pidiendo 1,764 hectáreas en la misma zona, pero aceptó instalar una
tubería de 48 pulgadas, solicitada por la comunidad en 610 metros del canal de
agua. En febrero del 2000, el presidente de Vicco le pide a la DGM del MEM
que siga suspendido el procedimiento administrativo de establecimiento de
servidumbre minera sobre terrenos comunales, por estar dialogando las partes.
Las partes concuerdan en que el canal a ejecutarse será abovedado de
concreto en los 610 m. de longitud. Una familia perjudicada le solicita al
Concejo de Administración de Vicco que intervengan a fin de que cese la
contaminación en sus terrenos, los más contaminados por El Brocal. En
febrero, El Brocal le ofrece a Vicco pagarle US $ 540 por hectárea, 35% por
encima de la valorización del MEM, por las 1,764 hectáreas que pretenden
24
comprarle para su proyecto, advirtiéndole que de no llegar a un acuerdo, el
MEM aprobará la solicitud de servidumbre de El Brocal por 2,904 hectáreas. En
marzo, Vicco le pide al presidente del Directorio de El Brocal su informe final
respecto a la solicitud de servidumbre minera, a fin de saber si falta o no la
etapa de exploración. El Brocal responde que en 1995 y 1996 realizó trabajos
de exploración en San Gregorio, descubriendo cerca de 69 millones de
toneladas de zinc con una ley promedio de 7.33 %, uno de los más importantes
del país.
En mayo del 2000, El Brocal le reitera a Vicco su pedido de 1,764
hectáreas, aunque la minera manifiesta estar dispuesta a aceptar la reducción
propuesta por el Colegio de Ingenieros (a 1,580 hectáreas), y pide una pronta
respuesta a su solicitud de tierras. La DGM anuló la suspensión del tramite de
servidumbre iniciado por El Brocal S.A., que aquella había dispuesto en agosto
de 1999 hasta que la entidad judicial resuelva la demanda interpuesta por
Vicco ante la Sala Corporativa Transitoria Especializada en lo Contencioso de
la Corte Superior de Lima. En junio del 2000, la asamblea de Vicco acuerda
ceder a El Brocal 1,264 hectáreas, una vez que se llegue a un buen acuerdo en
los convenios y condiciones entre las partes. Poco después, el presidente de
Vicco le solicita a la DGM que se entienda suspendido el procedimiento
administrativo de establecimiento de servidumbre minero sobre los terrenos
comunales, pues las partes estaban en diálogo directo.
El 27 de junio, en una reunión entre las partes celebrada en la DGM, El
Brocal aceptó la decisión de la asamblea de Vicco de cederle 1,264 hectáreas
en la margen derecha del río San Juan, con la condición de que luego se
negocien otras 316 hectáreas en la margen izquierda del mismo río, a fin de
completar las 1,580 hectáreas recomendadas por el Colegio de Ingenieros del
Perú. En agosto, El Brocal le solicita a la DGM se ordene una nueva diligencia
pericial de inspección ocular, ratificándose en la observación presentada contra
el informe pericial de abril de 1999. Este señalaba que la servidumbre procedía
sólo para realizar actividades de exploración por un plazo máximo de dos años,
algo que la minera nunca solicitó. En setiembre del 2000, el presidente de
Vicco le solicita a la DGM que fije fecha para nuevas reuniones que permitan
continuar el proceso de negociación. Después de todo lo anterior, a la fecha, el
proyecto San Gregorio sigue siendo sólo una aspiración y un caso único de
25
derrota de una minera por una comunidad campesina. Aunque se trate de una
población urbana, si nos atenemos al criterio de las Naciones Unidas
(población urbana es de 2000 a más habitantes)
Hasta aquí, podemos apreciar con claridad, primero: la evidente actitud
pro minería del Estado, pues la DGM del MEM otorgó varias veces, y con gran
facilidad, la servidumbre minera solicitada por El Brocal con fines exploratorios.
Luego, destacamos lo complicado que es una negociación entre una empresa
minera nacional mediana y una comunidad campesina, ubicada en una zona
ambientalmente crítica, siempre y cuando la segunda cuente con dirigentes
muy comprometidos con los intereses de su colectividad. Algunos de ellos, si
son jóvenes, incluso con educación superior, gracias a su cercanía a la ciudad
de Cerro de Pasco, pero sobre todo capaces de formar redes sociales con
otras comunidades vecinas, e incluso con las ONGs capitalinas que se
acercaron a la zona. Ambos factores les permitieron saber a dichos dirigentes
cómo actuar a fin de impedir que la minera logre sus objetivos, acudiendo
incluso a un organismo internacional de Derechos Humanos en defensa de los
intereses comunales. Lo que no les impidió acudir también al Poder Judicial
peruano, nada confiable por entonces, a fin de ganar tiempo en las
negociaciones. Ello pese a que algunos pobladores eran favorables a la
minera. Sin embargo, queda la duda de si la minera terminó perdiendo fuerza
en sus acciones más debido a la resistencia de la comunidad o al final del
boom minero. Además, en el futuro bien podría acceder a la dirigencia comunal
un sector más favorable a la minera, lo cual permitiría el reinicio de las
exploraciones y hasta de la explotación.
Sin embargo, parecería que las condiciones socioeconómicas de la
población, no harían posible ese viraje tan brusco, pues la comunidad cuenta
con una serie de recursos que la hacen menos vulnerable social y
económicamente, empezando por su ubicación geográfica. Este aspecto ha
dado origen a otro tipo de especulaciones, plasmadas en un informe elaborado
para el MEM, que apuntan a la existencia en la comunidad de grupos familiares
presuntamente ligados al narcotráfico61. Estos grupos, poseedores de
numerosos camiones, aprovechando la estratégica ubicación de Vicco, se
61 QUEA, Felipe y José María Salcedo: Análisis de las percepciones e información socioeconómica de la relación entre empresas mineras y poblaciones ubicadas en las áreas de interés para la exploración: Tambogrande y Vicco. Lima: MEM, 1999.
26
habrían dedicado al recojo de droga desde la ceja de Selva cercana. De ahí su
interés por evitar el ingreso de la minería, que haría que se pongan al
descubierto actividades ilícitas de un puñado de familias de la comunidad. Esta
versión más busca ocultar que las operaciones de El Brocal han contaminado
el lago Chinchaycocha y el río San Juan, afectando a las comunidades
campesinas aledañas, además de Vicco.
Desarrollemos ahora el conflicto ambiental del distrito de San Mateo de
Huanchor, luego de ubicarlo en su contexto geográfico, histórico y
socioeconómico. Se verá que en esta zona ya existe la memoria de una lucha
que se podría considerar ambientalista, ocurrida en los años 30 del siglo XX, la
cual inspira a los pobladores en la defensa actual de sus derechos
ambientales. Una vez más, debemos considerar que lo importante no es el
resultado, fácil de subestimar en este caso, sino el proceso social que aquí
reconstruiremos, utilizando de nuevo el archivo de la CONACAMI. Empleamos
la misma fuente documentaria para esbozar el contexto general de la
comunidad.
El distrito de San Mateo se sitúa en la zona noreste de la provincia de
Huarochirí, departamento de Lima, en la cuenca alta del Rímac, a 95 km de la
capital de la República y sobre los 3,200 m.s.n.m. Su geografía, clima y las
aguas naturales de sus lagunas, puquios, riachuelos, y los ríos Blanco, Aruri y
Rímac posibilitan la existencia de extensos pastos. En 1905, Lisandro Proaño,
dueño de la minera Negociaciones Minera Tamboraque instaló la fundición de
Tamboraque, muy cerca de la ciudad de San Mateo, y funcionó hasta 191162.
En 1930, Proaño reactivó dicha fundición, para tratar los minerales de las
minas de la Sociedad Minera Parac, en Aruri y Viso. Eso generó el rechazo del
pueblo de San Mateo, que temía los efectos del arsénico de los “humos” sobre
la gente y el ambiente, aunque los funcionarios de la fundición decían que las
escorias minerales abonarían los campos. Hasta que en enero de 1934, debido
a la descortés respuesta de Proaño en brindar ayuda económica para enterrar
a un comunero que trabajaba para la empresa, supuestamente envenenado
por los “humos”, se desató la violencia popular contra las instalaciones de la
fundición. A ello le siguió una fuerte represión policial que dejó un saldo de
62 CACEDA, Ruperto: La lucha del pueblo de San Mateo de Huanchor en defensa de la ecología y el medio ambiente en el Perú. Lima: 2000.
27
varios muertos, conocidos hoy como los mártires de San Mateo. Luego se
desató una persecución en contra de quienes fueron considerados los
instigadores de la acción en contra de la empresa, hoy considerados héroes
locales.
En 1998, la Empresa Minera L. Proaño implementó su nueva Planta de
Beneficio de Tamboraque, lo que generó el nuevo conflicto ambiental. Esta
planta fue la primera en el país en su género, por el uso de bacterias en el
tratamiento de los minerales (biolixiviación), con una inversión de 23 millones
de dólares y una expectativa de 20 años de producción. Dicha inversión
corresponde al grupo peruano Rodríguez-Mariátegui-Proaño, y una parte de la
financiación fue obtenida en Canadá y los EE.UU.
El pueblo de San Mateo de Huanchor, capital del distrito del mismo
nombre, está formado por los barrios de San Mateo y San Antonio. Ha crecido
a través de los asentamientos humanos de Pite, Marpa, Daza y Mayoc,
especialmente en el último, por influjo de la mediana minería y del comercio. La
población de San Mateo supera hoy los 5,600 habitantes63, por lo que se trata
de una población sobradamente urbana. El distrito de San Mateo es un pueblo
ganadero y agricultor gracias a la existencia de los extensos pastos. Las
comunidades campesinas de la zona vienen fortaleciendo sus empresas
comunales y sentando las bases de su desarrollo a través de importantes
irrigaciones. También está la fábrica de agua mineral San Mateo, propiedad de
la Backus y Jhonston S.A.,y la explotación de piedra caliza, por la empresa
CIMALSA de la familia Revoredo. Finalmente, la Empresa Minera Proaño S.A.,
sucesora de Negociaciones Mineras Tamboraque, se dedica a la explotación
minera, como ya se dijo.
Ahora describiremos el conflicto ambiental de San Mateo de Huanchor.
El conflicto se debe a que se depositó muy cerca de una zona poblada el relave
tóxico durante cinco años, como resultado del Proyecto Tamboraque. Durante
ese tiempo, el relave depositado en Mayoc alcanzó una altura de 20 metros.
Recién entonces, la empresa manifestó que lo cubririría con una capa de tierra,
para luego reforestar el terreno y devolverlo a la comunidad. Se produjeron
daños a la salud., como lo revela un estudio de la Dirección general de Salud
(DIGESA) con muestras de sangre tomadas a 30 personas: 12 personas eran
63 Ibid.
28
menores de 15 años, de las cuales 10 presentaron valores mayores a 10 ug de
plomo (10.31 ug), y 18 personas eran mayores de 18 años, de las cuales 13
presentaban valores mayores a 10 ug de plomo. Los resultados de la DIGESA
permitieron concluir que existe evidencia de contaminación por plomo, arsénico
y mercurio en los pobladores de San Mateo, y que la principal fuente de
contaminación es la cancha de relaves Mayoc.
Al iniciar sus operaciones, supuestamente a prueba, en el fundo Mayoc,
la minera Lisandro Proaño S.A. no cumplió con presentar un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA). Sorprendió a las autoridades del MEM con un estudio
correspondiente a la zona de Triana, que tangencialmente incluía a Mayoc, el
cual fue aprobado en 1996. Sin embargo, el fundo Mayoc fue comprado recién
en setiembre de 1997. Por ello se determinó que el estudio estaba incompleto,
por no abarcar la cancha de relaves, originándose una situación irregular que
comprometió a las autoridades del MEM. El conflicto se inicia con la inspección
realizada a la relavera el 22 de marzo de 1999 por las autoridades de San
Mateo (alcalde y regidores y jueza de paz), y la toma de muestras del relave. El
análisis hecho en los laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería
indicó que las muestras contenían un alto grado de arsénico, plomo y zinc.
Luego se realizó la denuncia ante el director general de minería del MEM
contra la Empresa Proaño, por los peligros de contaminación ambiental en la
población de Mayoc y Daza.
El MEM exigió el cumplimiento del “requisito legal”, es decir, la
contratación de una empresa auditora del medio ambiente. La municipalidad
tuvo que contratar a tres de esas empresas, debido al descargo de la minera,
para lograr el trámite de la denuncia. Ante ello, el MEM tuvo que reconocer que
la empresa estaba trabajando su planta de beneficio y el depósito de relaves
tóxicos sin autorización de funcionamiento. Entonces, emitió en julio las
resoluciones 110 y 118 en las que ordenaba la paralización de las operaciones
metalúrgicas. La empresa no acató la orden, apelando ante el Consejo de
Minería del mismo MEM, el cual aceptó la reconsideración que anuló las dos
resoluciones mencionadas. En setiembre de 1999, el alcalde del distrito de San
Mateo, con el apoyo de la población y de instituciones representativas, y por
decisión de un Cabildo abierto, formula denuncia penal contra los
representantes de la Compañía Minera Lisandro Proaño S.A., ante el Ministerio
29
Público de la provincia de Matucana. Se abrió proceso penal contra el gerente
de la minera, por delito contra el Medio Ambiente en su modalidad agravada,
pronunciándose a favor del pueblo el fiscal y el juez mixto de Huarochirí. La
empresa tampoco acató los mandatos del juez, y el gerente general de ella
puso en práctica una cuestión previa por faltar el requisito de procedibilidad.
Luego el MEM le dio la autorización de funcionamiento al depósito de
relaves, y la Dirección General de Salud (DIGESA) le dio la autorización
sanitaria de vertimiento de residuos industriales. Por su parte, el nuevo juez
mixto de Huarochirí aceptó la cuestión previa mencionada, sin notificarlo a la
municipalidad, con lo que anuló lo hecho por el juez anterior. Sin embargo, un
estudio ambiental de la auditora Equass S.A., contratada por el mismo MEM,
ya había detectado la contaminación en las biotas de las plantas, por lo que la
minera fue sancionada por el MEM en setiembre de 1999 con una multa de 12
UIT. En setiembre del 2000, el segundo cabildo abierto dispuso el desarrollo de
una amplia política de alianzas con todas las instituciones y organizaciones
sociales a nivel local y nacional que pudieran ayudar en la lucha. La Comisión
de Defensa de la Ecología y el Medio Ambiente de San Mateo se contactó con
la Asociación de Alcaldes de la Zona Centro de Huarochirí, la Asociación
Provincial de Huarochirí, la CONACAMI y ONGs ambientalistas. Esto permitió
realizar el Primer Encuentro de Comunidades y Municipalidades de Huarochirí
Afectadas por la Minería, donde se elaboró un programa de apoyo a la lucha de
San Mateo. Además, dicha lucha fue difundida sostenidamente a través de la
prensa, lo que permitió incrementar el conocimiento público del caso y generar
una mayor presión social sobre el gobierno fujimorista.
Por esa fecha, se consiguió cierto apoyo del presidente de la Comisión
del Medio Ambiente del Congreso de la República, y de otro congresista. A
fines del 2000, el Wiese Leasing Sudameris S.A. y Proaño S.A., ante la falencia
económica de la segunda, suscribieron un contrato de arriendo financiero, por
el cual el primero adquirió el dominio del fundo Mayoc, anunciándose que se
realizaría la actividad propia de la extracción de oro por el método de lixiviación
bacteriana. Para entonces, las compañías auditoras M y S Especialistas,
Consultont S.A. y Equas S.A. habían determinado que en el fundo Mayoc
existían grandes concentraciones de contaminación ambiental, especialmente
de arsénico, por la explotación de arseniopirita, sin contarse a la fecha con
30
elementos de mitigación. Hecho que también fue comprobado por instituciones
públicas como el Instituto de Recursos Naturales (INRENA), DIGESA y la
Policía Ecológica.
Por todo lo anterior, el alcalde pide por escrito, en diciembre del 2000, a
los representantes del Wiese, que se tomen todas las medidas correctivas del
caso, advirtiendo que cerca de la cancha de relaves existen dos poblaciones y
un colegio. Señala que todas las empresas auditoras (M y S Especialistas,
Consulcont S.A. y Equas S.A.) determinaron en sus estudios que en el Fundo
Mayoc existe contaminación ambiental, especialmente por arsénico. Concluye
solicitando que se cierre la citada cancha, trasladando los desechos a otros
lugares para proteger el medio ambiente y la población.
En enero del 2001 se realiza en San Mateo la marcha de protesta contra
la contaminación, con el apoyo de la CONACAMI, la cual fue difundida por la
prensa invitada. Al final de la marcha, se dio un plazo de 15 días para el cierre
definitivo de la relavera. El 12 de febrero, vencido el plazo, se concentra a las
puertas del MEM un grupo de huanchurinos, obteniéndose el compromiso del
vice ministro de ordenar de inmediato la paralización de la relavera. Ese mismo
día, la Comisión de Medio Ambiente y algunos pobladores se reunieron con el
gerente general de la consultora Buenaventura Ingenieros S.A., quien expresó
que había recomendado al MEM no depositar relaves en Mayoc y estudiar
técnicamente los ya depositados. La consultora iba a evaluar la factibilidad de
explotación de las minas, realizar un inventario físico de las propiedades de la
minera y desarrollar un plan de ubicación fija, sembrado y arboleado de los
relaves de Mayoc, para evitar la contaminación. El 19 de febrero, las
autoridades de San Mateo se reunieron con altos funcionarios del Wiese
Sudameris Leasing S.A., quienes, informados por los primeros de los
problemas ambientales de Mayoc, se comprometieron a dialogar sobre las
inquietudes de los huanchurinos sobre Tamboraque.
Como resultado de lo anterior, en marzo la gerente de operaciones del
Wiese le comunicó al alcalde de San Mateo que habían dispuesto el inmediato
cierre definitivo de la relavera Mayoc. Además, iban a evaluar las acciones
necesarias para mitigar los problemas generados por las operaciones
realizadas antes en la relavera. El 26 de marzo, vistos los exámenes de
DIGESA, que certificaban la contaminación de la población de Mayoc, y el
31
Informe de la Dirección de Fiscalización y Desarrollo Minero, que demostraba
que la minera había violado el Código de Medio Ambiente, la DGM ordenó
paralizar definitivamente la relavera por contaminación ambiental. Quedaba
oficializado, pues, lo que tanto se reclamaba, pero aún queda algo no menos
importante: el traslado de los relaves a otro sitio, así como la indemnización a
todos los afectados y el reconocimiento de la reparación civil a la Municipalidad
Distrital. En junio del 2001, debido a que la Autoridad Judicial de la provincia de
Huarochirí no reabría el juicio contra el gerente general de la minera, por el
delito de contaminación ambiental, la Comisión de Defensa del Medio Ambiente
de San Mateo (CODEMA) y la población de Mayoc realizaron un plantón de
presión en la plaza central de Matucana. Poco después, el juez mixto de
Huarochirí ordenó que se realizara una inspección ocular, en la que
participaron autoridades de DIGESA, el Ministerio de Agricultura, la CODEMA y
representantes de Mayoc.
El 24 de junio, se realizó en San Mateo el primer cabildo abierto del
2001, en el que se trataron los logros de la lucha y las tareas pendientes, y se
reconoció la capacidad de liderazgo de la Comisión de Defensa frente al caso
de Mayoc. También se determinó la existencia de otros focos de contaminación
que amenazan los ecosistemas del distrito, por lo que se estableció la
ampliación de las actividades de la Comisión de Defensa hacia todo el ámbito
distrital en forma permanente. Dicho organismo pasó a ser llamado desde
entonces Comité de Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Distrito de San Mateo de Huanchor (conservando sus siglas, CODEMA), cuyo
cuerpo directivo debía ser estructurado por sus actuales dirigentes. Al día
siguiente, tras reiteradas gestiones ante la DIGESA, se inició la entrega de los
resultados de los exámenes tomados a los pobladores de Mayoc, Daza y San
Mateo. Además, se reclamaba ante el MEM que la minera entregara su Plan de
Cierre Definitivo calendarizado para la erradicación de la relavera de Mayoc. Es
también importante que gracias al alcalde de San Mateo, ante una denuncia de
la comunidad San José de Parac sobre los relaves de Millotingo en el río
Parac, el MEM envió en junio una Auditora Ambiental para la evaluación
pertinente. Se determinó que la propietaria es la minera Yscairruma, a la cual la
Autoridad Administrativa venía exigiéndole el cumplimiento de su plan de
contingencia y abandono de su cancha de relaves.
32
Pese a la fuerza y la constancia de las autoridades de San Mateo,
apoyadas por la población, hasta hoy no se ha conseguido el retiro del depósito
de relaves debido al alto costo que eso implicaría para el nuevo dueño del
fundo Mayoc, el Wiese Sudameris Leasing. En este caso, también puede
apreciarse la ambigüedad del Estado en su accionar, que de favorecer a la
minera, ante la gravedad de los hechos, tuvo que tomar partido por la
comunidad afectada, aunque tardíamente, cuando la minera ya no operaba por
estar quebrada. De modo que la actuación estatal termina siendo bastante
retórica, e incapaz de hacer que la minera o el Wiese cumplan con sus
responsabilidades ambientales después de tanto tiempo. Una razón podría ser
que el marco legal correspondiente a este tipo de casos no es lo
suficientemente drástico con los infractores contaminadores. Es decir, no se
contempla el mecanismo de mercado para control de la contaminación “El
contaminador paga”, ni se cuenta con los efectivos mecanismos vinculantes
que obliguen a cumplir con la remediación del medio ambiente en caso de
contaminación excesiva. El principio señalado implica que las empresas que
vierten sustancias contaminantes al medio ambiente deberían pagar un precio
por tales descargas, según el daño causado64. Así, el Reglamento de
Protección al Medio Ambiente del MEM de 1993, al cual dice acogerse el sector
minero, y publicado justo cuando empieza el boom minero, además de tener
vacíos, termina reduciéndose muchas veces a letra muerta por la poca
voluntad para hacerlo cumplir.
MÁS ALLÁ DE VICCO Y SAN MATEO
Después de tantas palabras, creemos que conviene preguntarse qué es
lo que está sucediendo realmente en comunidades como las señaladas. ¿Se
trata del desarrollo de algo que puede ser llamado ecologismo popular, tan de
buenas a primeras? ¿No será sólo la defensa de los intereses de grupos de
poder, a veces ni siquiera campesinos, al interior de ciertas comunidades
campesinas con el apoyo de sectores de comuneros, como podría
ejemplificarlo Vicco y San Mateo? ¿Cómo demostrar contundentemente que se
trata de lo primero y no de lo segundo, o al revés? ¿Qué tan representativa es
64 PEZZEY, John: “Mecanismos de mercado para control de la contaminación”. En: PASCO-FONT, Alberto: Cuando contaminar no cuesta. Lima: Consorcio de investigación económica, 1998.
33
la CONACAMI como organización social de base? ¿Y hacia donde se dirige
este ecologismo popular como movimiento?. Preguntas que son el gran desafío
de nuestra línea argumental, que requiere de mayor sustento empírico para dar
respuestas contundentes. Sin embargo, pese a ello, creemos que algo se
puede avanzar en dirección hacia algunas respuestas provisorias, hasta
realizar un estudio más profundo y completo. Antes, queremos decir que los
casos presentados significan dos hitos para la CONACAMI, para la cual Vicco
es la primera comunidad que demostró la inconstitucionalidad de la Ley de
servidumbre minera, y San Mateo, la primera comunidad que logró el cierre de
una minera que la contaminaba65. Estos logros son centrales para el
fortalecimiento del ecologismo popular, al margen de que lo segundo no sea
tan cierto. Se trata más que nada de un elemento del mito (en el sentido
mariateguiano) de la organización, tomado del mismo pueblo de San Mateo, a
fin de impulsar el movimiento a partir de una pretendida gesta comunitaria,
concreta y ejemplar. Y de hecho lo fue por momentos, pues incluso marcharon
los escolares, pero el mayor peso de la lucha recayó más en las autoridades de
San Mateo, a semejanza de Vicco. Incluso puede hablarse de un insuficiente
compromiso de la población de San Mateo con la lucha ambientalista, como lo
indicaría el que la marcha de enero del 2001 no haya sido realmente
multitudinaria. Mas de ser cierto eso, quedan por averiguarse las causas para
que así sea (desinformación, bajo nivel de participación política y de
ciudadanía, etc). Sin que eso signifique subestimar el potencial ambientalista
existente.
Nosotros hemos optado por hablar de ecologismo y no de
medioambientalismo, debido a que los actores de la gesta relatada suelen
priorizar la noción de ecología sobre la de medio ambiente. Eso se observa en
el caso de Vicco, donde se creó un Frente Ecológico, y en parte en San Mateo,
donde si bien se fundó la Comisión de Defensa del Medio Ambiente, los
pobladores protestaban con parcartas que aludían a la defensa de la ecología y
el medio ambiente. Por igual motivo, ya dijimos, no hablamos de lo indígena ni
de comunidades originarias, pese que ello podría serles útil a los afectados en
su lucha, imitando a los indígenas ecuatorianos y bolivianos. Y es que la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha emitido el Convenio 169, que
65 CONACAMI: Tríptico de la Marcha nacional 2002.
34
establece los derechos de una amplio abanico de seres humanos marginados
por su origen étnico y su pobreza: los llamados indígenas.
En cuanto a lo popular, esta es una noción que fue bastante usada
políticamente por la izquierda de los años 70 y 80, siendo puesta en cuestión
por los científicos sociales en los años 90, al igual que otros conceptos
(ideología, clases sociales, etc). Veamos una definición de lo popular formulada
en 1990, que tomaremos como punto de partida. “Hablar sobre lo popular es
referirse a la manera en que los distintos grupos sociales y actores políticos
han conferido significado a los sectores subalternos o bajos de nuestra
sociedad. Asimismo, es entender qué papel les fue asignado por estos grupos
sociales y políticos”66. Al respecto, caben algunas precisiones. Primeramente,
los sectores populares no pueden existir sólo en función de lo no popular, pues
eso equivaldría a restarles toda capacidad de conferirse significado o sentido a
sí mismos. En segundo lugar, estos sectores subalternos o bajos son muy
complejos, en especial debido a los procesos que desató el proceso de
urbanización masiva desde los años 50, a raíz de las grandes olas migratorias.
Limitarse a roturarlos en bloque como subalternos o bajos significa caer en el
reduccionismo teórico, pues dentro de los sectores populares hay varios
estratos, al igual que dentro de las clases medias. Y los sectores populares
emergentes tienden a confundirse con las clases medias emergentes, que
conservan sus valores tradicionales (laboriosidad y orientación colectivista),
que combinan con valores modernos (desarrollo individual, eficiencia)67.
Esto mismo es lo que pasa en las comunidades campesinas (“rurales”
cuando sobrepasan los 2,000 pobladores) o en un distrito urbano/ rural como
San Mateo, cuyos grupos dominantes, emergentes o no, suelen estar
integrados por profesionales destacados (profesores o técnicos), líderes locales
y comerciantes medianos, más modernos y vinculados a la capital que el resto.
Asumiendo, claro está, que las zonas “rurales” y las urbano/ rurales
corresponden eminentemente al mundo de lo popular, y que las industrias
modernas ahí afincadas, como la minería, funcionan como islas de modernidad
autónomas, pero relativamente “conectadas” a su entorno. Es así que los
grupos dominantes rurales y urbano/ rurales pueden acceder a las
66 ADRIANZEN, Alberto y Eduardo Ballón (Editores): Lo popular en América Latina. Lima: DESCO, 1992. 67 TEMPO: Las clases medias. Lima: OXFAM y Sur, 1998
35
organizaciones y las instancias de poder alojadas en Lima, a fin de promover,
con mayor o menor éxito, sus objetivos. En la comunidad campesina de Vicco,
esos grupos estarían constituidos por unas cuantas familias, dedicadas al
transporte de carga, además de a la agricultura y ganadería medianas. En el
distrito de San Mateo, más grande y complejo que Vicco, los profesionales son
quienes acceden a la alcaldía y en especial a los cargos vinculados a la
defensa del medio ambiente (CODEMA). En la lucha de las comunidades
también puede contar la participación de los migrantes radicados en Lima,
como los Hijos de Vicco, que aún se interesan por su comunidad, por lo que se
les abrió la posibilidad de hacerse comuneros a la distancia. Así, la
subalternidad estaría relativizada, aunque no borrada, gracias al poder político,
los moderados recursos económicos y las redes sociales (capital social) de los
grupos populares dominantes. Mientras que los pequeños comerciantes y los
campesinos más pobres, entre otros, dedicados sobre todo a la subsistencia y
sin los recursos y redes sociales de los otros, serían los sectores subalternos
en sentido estricto, pero con la capacidad potencial de cuestionar dentro de su
condición subalterna. La diferenciación social dentro de los sectores populares
o subalternos lleva a la existencia de grupos dominantes dentro de ellos, cuyos
proyectos no están divorciados, al menos en el tema que estudiamos, de los
intereses de la “plebe rural”.
Esto hace posible que en Vicco y San Mateo las autoridades, salidas de
los grupos dominantes, puedan canalizar el descontento de las capas pobres
producto de los efectos, reales o potenciales, de la contaminación ambiental. El
resultado es una serie de movilizaciones sociales locales que se constituyen en
los afluentes del ecologismo popular, en maduración como un todo único.
Prueba de esta maduración sería la constitución en 1999 de la CONACAMI,
experiencia única en su tipo en América Latina, que significaría la organización
autónoma de las comunidades afectadas por la minería en defensa de su
derecho a la tierra y a un medio ambiente sano, principalmente. Mas antes de
dar por cierta esa idea, debemos decir que esta organización está dirigida por
una Dirección Ejecutiva Nacional, constituida por el presidente, el
vicepresidente, 12 secretarías y una vicepresidencia. Estos dirigentes
provienen sobre todo de 10 de las 12 Coordinadoras Regionales de
Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMIs), que son las bases
36
departamentales de la CONACAMI, creadas democráticamente en un congreso
fundacional. Sin embargo, sólo el presidente es quien permanece la mayor
parte del tiempo en la oficina de Lima, contando en su trabajo con el apoyo
interno de algunos asistentes y el apoyo externo de algunos asesores de
ONGs.
Para vislumbrar el carácter democrático representativo de la
CONACAMI, primero es necesario verificar qué tan democráticas y
representativas son esas CORECAMIs. Tal parece que aquí empiezan los
problemas, como en la mayoría de organizaciones sociales, pues las
CORECAMIs tienden a reproducir el centralismo nacional a nivel
departamental. Son constituidas en congresos que protagonizan líderes nuevos
y no politizados, por lo general, que ya han logrado destacar en su localidad,
que suele estar cerca de la capital departamental. Estos líderes terminan
siendo elegidos por el plenario, imponiéndose a otros líderes más periféricos, lo
que conduce a su postergación y a la de sus localidades, que muchas veces
son de difícil acceso. De ahí que las CORECAMIs con cierta frecuencia
funcionan sin recoger debidamente las demandas de las provincias y distritos
afectados por la minería más recónditos de los departamentos, lo que llevó a la
aparición de una CORECAMI paralela en Puno. En este departamento la
CONACAMI optó, según los descontentos, por coordinar la formación de la
CORECAMI-Puno con dirigentes campesinos ya posicionados pero poco
preocupados por el medio ambiente al no ser afectados. Muy distinta es la
situación de Cajamarca, donde la presencia de la Minera Yanacocha S.A. ha
creado un gran descontento en parte del campesinado, principales dirigentes
regionales, algunas ONGs y maestros y estudiantes radicales. En este
departamento no se pudo formar una CORECAMI debido a la rivalidad entre
los dos bloques que se ocupan de los problemas medioambientales: la
Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú
(FEROCAFENOP) y la Federación Departamental de Rondas Campesinas de
Cajamarca, que han creado, respectivamente, la Coordinadora Regional de
Cuencas Afectadas por la Minería de Cajamarca (CORECAMIC) y el Frente de
Defensa de los Intereses, Ecología y el Medio Ambiente de Cajamarca68.
68 CHACON, Raúl: Rondas campesinas, dirigencias ronderas regionales y ecologismo popular en Cajamarca. Lima: 2002 (Inédito).
37
Pese a lo anterior, o por lo anterior, es innegable que se va
constituyendo dificultosamente una serie de dirigencias regionales de nuevo
tipo, preocupadas por responder a los problemas y conflictos ambientales que
les parecen más relevantes y se ubican en zonas vitales. Por ello no les
interesa tener un caudal fijo de seguidores activos, como los políticos, aunque
algunos de esos dirigentes lo tengan como producto de su labor organizativa/
política previa, no precisamente ambientalista. Esto es lo que ha resultado tan
contraproducente en Cajamarca y Puno, cuyos dirigentes vieron en la lucha
ambientalista una forma de potenciar su poder. Otro factor que limita la labor de
los dirigentes de las CORECAMIs, y de la misma CONACAMI, es el escaso
financiamiento, proveniente de ONGs extranjeras, cada vez menos dadivosas.
De modo que los dirigentes regionales no disponen, por ejemplo, de los
suficientes recursos para desplazarse al interior de sus departamentos, a fin de
atender los llamados de los afectados. Llamados que terminan siendo dirigidos
a la oficina capitalina, a veces visitada por preocupados representantes de
remotas comunidades amenazadas de varias formas por operaciones mineras.
Recientemente, se ha impulsado la descentralización económica dentro
de la CONACAMI, con lo que las CORECAMIS disponen ahora de fondos
propios para elaborar sus propios proyectos. Esto significaría toda una
revolución en la organización, pero queda ver qué tanto se cumple la
descentralización real, y qué permite lograr, tomando en cuenta el monto
limitado de los fondos. En cuanto a lo primero, está el delicado asunto del
poder del que aún dispone el presidente de la organización, en el cargo desde
su fundación. Un poder que le permite diseñar las grandes acciones a
emprender, con el apoyo de sus asesores, las que luego somete a consulta al
Consejo Directivo Nacional para su “democrática” aprobación. Y es que no
puede ser de otra forma por residir la mayoría de los miembros de este
Consejo fuera de Lima, acudiendo a las asambleas para cumplir un rol
secundario frente al presidente, en cuanto a las decisiones principales. Con la
descentralización, no menos importante será la capacidad de los dirigentes
regionales para diseñar y gestionar proyectos adecuadamente. Proyectos que
no podrán ser tan ambiciosos como muchos dirigentes querrían, pero que
iniciarán una nueva era en la organización.
38
Tal es el reto que ahora se le presenta a la CONACAMI, que tiene las
limitaciones o debilidades, pero sobre todo las virtudes o fortalezas de las
organizaciones de base de un país como el Perú. Pese a todo, organizaciones
como ésta, o el movimiento ecologista popular que representa e impulsa,
podrían ser la mejor forma para ciertos pobladores rurales de poner su cuota
para ir combatiendo desde ya eso que Neira llama el mal peruano. Esa oscura
maraña constituida de abuso de poder, plata fácil y espera de impunidad, ese
tejido despótico, que en realidad es parte del Perú desde su fundación 69.
Visto desde otra perspectiva el ecologismo popular es una manera de
combatir las brechas ciudadanas (rural-urbana, regional, étnica y social), que
explican que en nuestro desigual país hayan ciudadanos reales e imaginarios,
es decir, ciudadanos de primera y de segunda categoría70. Es decir, los que
pueden hacer valer sus derechos, al territorio y al medio ambiente sano, por
ejemplo, y los que no, los que disponen de riqueza y los que no. El ecologismo
popular se ubicaría más dentro de los movimientos que reivindican el
reconocimiento cultural que de los que apuntan a la redistribución económica,
como distingue el debate postsocialista71. Sin embargo, el reclamar el derecho
a la tierra o al territorio o al medio ambiente sano, como base material de la
identidad de una comunidad, también contribuye a la conservación de un
patrimonio económico. Esto es una forma de evitar, al menos, el progresivo
empobrecimiento de un grupo, que es una redistribución económica negativa
en menoscabo de los ciudadanos de segunda.
Sintiéndolo así, un grupo de pobladores de San Mateo exigieron juntos
en enero del 2001 el cierre y traslado de la relavera contaminante, participando
escolares con coloridas pancartas alusivas a la defensa de la ecología y el
medio ambiente. Como ya vimos, la lucha de San Mateo fue protagonizada
desde el inicio por las autoridades municipales y un equipo técnico. Pese a lo
duro de su situación, por la suma de pobreza y contaminación, algunos de los
pocos pobladores del anexo afectado manifestaban que no se irían de sus
tierras por haber nacido y vivido siempre ahí. En realidad, para esos pequeños
agricultores el dejar sus tierras significaría un salto a una situación más incierta
o de mayor pobreza en la zona urbana. De modo que para ellos rechazar la
69 NEIRA, Hugo: El mal peruano. 1990-2001. Lima: SIDEA, 2001.70 LOPEZ, Sinesio: Ciudadanos reales e imaginarios. Lima: IDS, 1997.71 FRASER, Nancy. Iustitia interrupta. Bogotá: Universidad de los Andes, 1997.
39
relavera y defender, por tanto, su medio ambiente, sería más un mecanismo de
sobrevivencia que una señal de ecologismo. Sin embargo, Castells argumenta
que aquí no hay contradicción, pues una cosa lleva a la otra, sin que sea
necesario un sofisticado discurso ecologista para practicar una forma de
ecologismo espontáneo. Lo que faltan son los medios o recursos para
practicarlo sostenidamente hasta alcanzar el objetivo deseado. De ahí que,
siguiendo la teoría de movilización de recursos, el ecologismo popular no
pueda desarrollarse mucho a nivel de los más afectados, que suelen
pertenecer a los sectores subalternos carentes de mayores recursos
(económicos y redes sociales). A los pobladores pobres afectados, de por sí,
sólo les queda esperar en sus poblados a que “alguien” les dé algún apoyo
para movilizarse y participar políticamente, en sentido general. Algo a todas
luces totalmente paternalista, pero inevitable mientras persista una abismal
desigualdad social en el Perú.
Eso es precisamente en lo que incurre una organización como la
CONACAMI, al promover y organizar movilizaciones, pese a su escaso
financiamiento. De otro lado, si en Vicco la posición frente a la minera no
siempre fue de rechazo homogéneo, es lo que ha predominado hasta ahora
gracias al acuerdo y la dirigencia comunales. La larga lucha de Vicco
desembocó, con el apoyo de ONGs capitalinas, en una gran red de
comunidades afectadas por la minería. Y es que ONGS como ECO,
Cooperacción, CEPES, entre otras, impulsaron el congreso fundacional de la
CONACAMI en 1999, coordinando con un joven y destacado dirigente de
Vicco, agricultor y ganadero. Eso explica que ese dirigente, también técnico de
profesión, proveniente de una familia influyente en la comunidad, fuera
nombrado primer presidente de la CONACAMI, sin haber renovación en el
cargo hasta ahora. Este dirigente, recientemente sin capacidad total de manejo
presupuestario, ya ha viajado incluso por varios países y dos continentes en
misión de trabajo, lo que le da una experiencia excepcional sobre los otros
dirigentes. El año pasado se realizó en Cerro de Pasco, a unos pocos
kilómetros de Vicco, la II Cumbre Internacional de Comunidades y Poblaciones
Afectadas por la Minería. En la actividad participaron representantes nacionales
y del Ecuador y Bolivia, siendo aclamado al final el presidente de la
CONACAMI, lo que significó el reconocimiento de sus méritos por las bases.
40
Sin embargo, el peligro que amenaza a la organización y a ecologismo popular
es el síndrome del líder único, un viejo mal del país, además del tejido
despótico, al cual se yuxtapone. Esos son los peligros que amenazan a la
CONACAMI en momentos en que trata de acumular fuerzas desde sus bases,
esto es cuando se prepara una segunda gran marcha nacional en defensa del
medio ambiente (“Por la vida, la tierra, el agua y el agro”). Si bien puede
discutirse si las comunidades campesinas son parte de la sociedad civil o no,
argumentándose que la pertenencia a ellas no es voluntaria (algo también
discutible), es más claro que una organización de organizaciones puede
constituir un vigoroso movimiento si se consolida. Movimiento que reclama
inevitablemente su lugar en la sociedad civil.
Aquí podrían estar manifestándose una serie de síntomas muy
peruanos, nuevos y viejos a la vez. Por un lado, tendríamos la superposición de
la Conciencia Histórica y de la Conciencia de la Crisis, que significa que la
peruanidad siempre ha surgido como una respuesta a las urgencias del
presente72. La variante del caso es la progresiva afirmación de la ciudadanía y
la participación política, al principio a nivel local, a partir de una situación crítica
ambiental, sin la debida intervención del Estado. Proceso que se va dando sin
negar del todo la actitud y la conciencia “plebiscitarias” de los sectores
populares, que llevó a que los partidos políticos no procuraran en los años 80
consolidar la democratización, tratando más de satisfacer las necesidades
inmediatas de sus votantes73. Hasta que esta estrategia se hizo inviable debido
al agravamiento de la crisis económica a fines de los 80, que dejó al Estado/
gobierno sin recursos fiscales disponibles para redistribuirlos a la población.
Entonces, con la crisis del socialismo real, llegó el momento de los
movimientos sociales de nuevo tipo, es decir, “desideologizados” o libres de
una ideología político partidaria fuerte, y con reivindicaciones sociales
específicas, algunas nuevas sólo en su planteamiento mas no en su fondo. La
CONACAMI es uno de esos movimientos sociales, tal vez el primero,
propiamente dicho. Sus predecesores, como la CNA o la Confederación
Campesina del Perú, se debaten entre ponerse al día o mantener su
radicalismo político campesinista. Los nuevos movimientos sociales, al igual
72 IWASAKI, Fernando: Nación peruana: entelequia o utopía. Lima: CRESE, 1989.73 MURAKAMI, Yusuke: La democracia según C y D. Lima: IEP, 2000.
41
que los nuevos movimientos políticos, ofrecen flexibilidad, capacidad de
adaptación y rapidez de respuesta, más también son propensos a sus
debilidades: riesgo del aislamiento, fragmentación o atomización74. Mas en el
caso de la CONACAMI, es decir del ecologismo popular, representa para los
mineros, algunos sectores del gobierno y ciertas ONGs otro foco de radicalismo
político, lo que cierra las posibilidades del diálogo entre las posiciones
encontradas. Un proceder y una actitud que no favorece ni la efectiva
democratización del país ni el reclamado y ponderado desarrollo sostenible.
¿EN CONCLUSIÓN?
El ecologismo popular se debate entre la debilidad de las bases,
carentes de recursos para actuar autónoma y sostenidamente, y la constitución
de dirigencias, ahora con manejo de ciertos recursos, económicos y técnicos,
que las ponen (muy) por encima de las primeras. Lo que puede dar lugar a
actitudes paternalistas, sino clientelistas, que podrían trabar al nuevo
movimiento social, impidiendo una nueva vía de participación política de la
sociedad civil popular/ “rural”. Algo que no ocurrirá necesariamente si es que el
ecologismo popular, al menos como maraña de representaciones ecologistas
elementales, va calando hondo y seguro en mayores grupos de afectados por
la minería. Mientras esto sea así, habrá una fuerza social esperando ser
activada por alguna forma de liderazgo ecologista popular, a nivel local,
regional o nacional. De modo que el ecologismo popular, pese a sus
debilidades y falencias, representa la progresiva constitución de un camino
inédito para muchos peruanos cuyos derechos son postergados en beneficio
del “interés nacional” al que recurre la minería.
El que la minera Yanacocha anuncie que se quedará unas tres
generaciones es un aliciente para que las comunidades apresuren su carrera
organizativa por defender su subsistencia y el medio ambiente. El otro reto será
la constitución firme de propuestas de desarrollo locales que sean capaces de
revertir la llamada pobreza rural. Algo sólo viable si esas propuestas encajan
en un verdadero modelo de desarrollo nacional alternativo, que articule todos
nuestros sectores productivos sosteniblemente. Aunque este diseño ya
corresponde a otro nivel, deberá siempre estar abierto a las propuestas y
74 GROMPONE, Romeo: Las nuevas reglas de juego. Lima: IEP, 1999.
42
necesidades que porta el ecologismo popular, por ejemplo, que pretende
penosamente no quedarse en mera protesta, que hoy debe privilegiar para ser
oído. Mientras así sea, aquel será para el gobierno y algunas ONGs sólo una
más de las impredecibles bestias negras que amenazan la paz social, y no la
promesa democratizadora que creemos que es.
43