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Jurisprudencia de Accidentes de Trabajo y la solidaridad que se genera por la culpa patronal del empleador.TRANSCRIPT
LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE LA INDEMNIZACION PLENA POR CULPA
PATRONAL EN ACCIDENTE DE TRABAJO
AUTORES:
CARLOS FREDY ERAZO MARTINEZ. 1101243
VICTOR HUGO VALENCIA CENTENO. 1101082
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD SOCIAL
Santiago de Cali, Septiembre 2 de 2011
LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE LA INDEMNIZACION PLENA POR CULPA
PATRONAL EN ACCIDENTE DE TRABAJO
AUTORES: CARLOS FREDY ERAZO MARTINEZ
VICTOR HUGO VALENCIA CENTENO
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD SOCIAL
PRESENTADO A Dra. YILLY VANESSA PACHECO
COORDINADORA ACADEMICA
Santiago de Cali, Septiembre 2 de 2011
TABLA DE CONTENIDO
PÁGINA
INTRODUCCION 1
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
II. OBJETIVOS 5
III. METODOLOGIA EMPLEADA 5
1. CAPITULO PRIMERO
LA SOLIDARIDAD ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y LA
USUARIA EN CASO DE CULPA PATRONAL
1.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES LEGALES 6
1.2. CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 9
1.3 CONSECUENCIAS LEGALES DEL ACCIDENTE DE
TRABAJO 9
1.4. REPARACION TASADA DE LOS RIESGOS 9
1.5. PRESTACIONES DERIVADAS DEL ACCIDENTE
DE TRABAJO 10
1.6. REPARACION PLENA DE PERJUICIOS 10
1.7. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 13
1.8. DEFINICIÓN LEGAL DE EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES 19
1.9. LA SOLIDARIDAD EN OTRAS LEGISLACIONES 22
1.10. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 26
1.11. BREVES RESEÑAS JURISPRUDENCIALES DE LA
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE
CASACION LABORAL, CON RESPECTO AL TEMA DE
INVESTIGACION 27
2. CAPITULO SEGUNDO
CRITERIO DE LA SALA LABORAL EN RELACIÓN CON LA SOLIDARIDAD
ENTRE EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y USUARIA
2.1. ANÁLISIS DE SENTENCIAS RELEVANTES DEL ALTO TRIBUNAL CON
RELACIÓN A LA SOLIDARIDAD. 29
2.2. LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 32
3. CAPITULO TERCERO
POSICION DE LA SALA LABORAL DE LA CSJ FRENTE AL TEMA DE LA
SOLIDARIDAD
3.1. La solidaridad contemplada en el artículo 36 del CST. 39
3.2 La Solidaridad de conformidad con el artículo 35 del CST. 41
4. CONCLUSIONES 45
5. BIBLIOGRAFÍA 48
1
La Solidaridad en el pago de la indemnización plena en accidentes de trabajo
entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales a partir de la
vigencia del Decreto Ley 1295 de 1994.
Introducción
En el código sustantivo laboral que rige en Colombia, se regula la solidaridad en el
pago de los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones entre el dueño de
la obra y la empresa de servicios temporales, esta solidaridad se aplica a todos los
casos en que existe intermediación laboral.
Inicialmente se aborda el estudio de lo pertinente a la definición de accidente de
trabajo, en el entendido que actualmente no existe tal definición ante la
declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del Decreto
1295 de 1994 que traía la definición de accidente de trabajo.
En este evento se analiza y se investiga la figura de la solidaridad en los
accidentes de trabajo que regula el artículo 34 del CST y subsiguientes, y la
responsabilidad en el pago de la indemnización plena de perjuicios en accidentes
de trabajo regulada en el artículo 216 del CST. En cuanto a la aplicación de la
solidaridad que se quiere predicar en situaciones como las analizadas, la
resistencia del alto tribunal ha sido evidente y sus argumentaciones se basan
teniendo en cuenta el postulado contenido en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990,
el cual expresa que las empresas de servicios temporales son verdaderos
empleadores y, por lo tanto, obligados directos en cuanto al pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones.
El pago efectivo de la indemnización plena de perjuicios para aquellos
trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo cobra vital importancia por
cuanto es una manera de resarcir los daños sufridos, de ahí la importancia que
cobra el tema, se pretende entonces con esta investigación que tanto la usuaria
como la empresa de servicios temporales sean condenadas solidariamente,
2
teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos la usuaria es la dueña del
capital y el trabajador afectado o sus causahabientes podrían reclamar de éstas el
mencionado pago;¿ de qué serviría la condena contra una empresa de servicios
temporales insolvente o sin capacidad de pago?
El criterio interpretativo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en lo
atinente al tema de la solidaridad en el pago de la indemnización plena de
perjuicios, antes de la entrada en vigencia de la ley 50 de 1990 fue el total
desconocimiento de lo reglado en el artículo 36 del Código sustantivo de trabajo y
en aquella oportunidad su argumentación se basó en lo señalado en la añeja
disposición del art. 1 del Decreto 1433 de 1983, y así lo manifestó en casación del
3 de febrero de 1987, radicación 1875, la Sala dijo: “… y teniendo en cuenta,
además, que las empresas de servicios temporales, como la mencionada, en los
términos del artículo 1º del Decreto 1433 de 1983 ( mayo 20 ), son verdaderos
patronos, no simples intermediarios, y como tales están sometidos al régimen
laboral en relación con las personas que a ellas se vinculan como trabajadores
debiendo atender el pago de todas y cada una de las obligaciones que contrae
como empleador, entre las que está, desde luego, la indemnización discutida y
que prevé el artículo 216 del CST; ello así, su pago se impondrá exclusivamente a
la mencionada empresa, absolviéndose en consecuencia, a Troquelpartes S.A. de
la solidaridad pretendida por el demandante.”
Como se lee en el párrafo de tan importante jurisprudencia, desde ese entonces el
criterio del Alto Tribunal con relación al tema de investigación no ha cambiado, se
ha mantenido a través del tiempo con algunos planteamientos tímidos que de
alguna manera nos acerca a lo pretendido y que se verá más adelante.
3
l. Planteamiento del Problema
Esta investigación se realiza con el fin de conocer cuál ha sido la posición de
nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral con
respecto a la solidaridad que debe existir frente al pago de la indemnización plena
de perjuicios en caso de accidentes de trabajo, se hará referencia a las sentencias
más relevantes emitidas por el Alto Tribunal a partir del año de 1994 hasta la
fecha, en lo relacionado con accidentes de trabajadores en misión, teniendo en
cuenta que cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere a
la culpa del patrono, culpa que deberá probarse de manera contundente, se está
refiriendo tanto a la persona natural como a la persona jurídica o moral que tenga
el carácter de patrono, el cual, como ha dicho la Corte, “saca provecho de la
actuación de sus subordinados y de ahí que deba soportar los riesgos de la
empresa entre los cuales figuran los hechos derivados de la mala dirección de un
agente1 ”.
La primera consideración en que ha basado la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia con respecto a la no declaración de solidaridad entre empresa de
servicios temporales y empresa usaría radica en lo preceptuado en el art. 71y 78
de la ley 50 de 1990 en el entendido que las primeras son verdaderos
empleadores y, por lo tanto, son los llamados a responder por las prestaciones e
indemnizaciones en que puedan incurrir por culpa suficientemente probada con
ocasión de accidentes de trabajo, y es más, por cuanto en el art. 78 ibídem
prescribe que son las empresas de servicios temporales las responsables de la
salud ocupacional de los trabajadores en misión, como es de advertir el Alto
Tribunal para nada se ocupa de lo consignado en los artículos 34 y 36 del Código
Sustantivo del Trabajo que trata el tema de la responsabilidad solidaria. Otra
argumentación importante para tener en cuenta es que la Sala Laboral de la Corte
1Corte Suprema de Justicia. (21 de Mayo de 1992). Gaceta judicial Tomo XLIII No 1904 , pág.69.
4
Suprema de Justicia no declara la responsabilidad solidaria entre usuaria y
empresa de servicios temporales se debe, a que éstas últimas deben comprar una
póliza hasta por el valor de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para
atender el pago de prestaciones e indemnizaciones en que pudieran incurrir.
Si bien es cierto esta es una obligación legal que está contenida en el art. 83
numeral 5 de la ley 50 de 1990 y es una premisa de obligatorio cumplimiento para
la empresa de servicios temporales y una obligación de exigirla por parte de la
empresa usuaria, también es cierto, que en nuestro medio no todas las veces se
cumple y sucede muchas veces que el monto de la indemnizaciones que deben
pagar las empresas por culpa suficientemente probada en el caso de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales que sufren los trabajadores son muy
elevadas y el capital ni la cobertura de la plurimencionada póliza alcanza a cubrir,
de ahí la importancia de la declaratoria de solidaridad por la que se aboga en este
trabajo de investigación, solidaridad se repite que deberá comprometer tanto a
empresa de servicios temporales como a empresa usuaria.
Así las cosas, partiendo de lo que se pretende investigar respecto al tema se
empezará por preguntarse: ¿Cuál es el criterio de la Corte Suprema de Justicia,
sala de casación laboral con respecto a la solidaridad entre usuaria y empresa de
servicios temporales frente al pago de la indemnización plena de perjuicios en
caso de accidentes de trabajo, a partir de la vigencia del Decreto Ley 1295 de
1994?
5
II. Objetivos
Objetivo General
Establecer el criterio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral con respecto a la solidaridad entre usuaria y empresa de servicios
temporales frente al pago de la indemnización plena de perjuicios en
casos de accidentes de trabajo, a partir de la vigencia del Decreto 1295
de 1994.
Objetivos Específicos
Definir diferentes conceptos de términos jurídicos para entender mejor lo
pertinente a la solidaridad entre empresa usuaria y empresa de servicios
temporales frente al pago de la indemnización plena de perjuicios.
Realizar un estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral acerca de la solidaridad entre empresa usuaria
y empresa de servicios temporales frente al pago de la indemnización
plena de perjuicios en caso de culpa patronal debidamente comprobada.
Investigar Por qué la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia no
aplica en el tema tratado el art. 36 del Código sustantivo del trabajo y Por
qué si aplica el art. 71 y 78 de la ley 50 de 1990.
III. METODOLOGIA: El tipo de estudio para realizar este trabajo de grado, fue la
investigación básica partiendo del análisis documental teniendo como fuente
primaria la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, tratando el tema de la culpa patronal y la solidaridad que existe entre la
empresa de servicios temporales y la empresa usuaria de los trabajadores en
misión que sufren un accidente de trabajo. La fuente secundaria es lo que ha
dicho algunos autores importantes que han escrito sobre el tema de la culpa
patronal y la solidaridad. Así las cosas, se implementará el método analítico.
6
1. CAPÍTULO PRIMERO
LA SOLIDARIDAD ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y LA
USUARIA EN CASO DE CULPA PATRONAL
1.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES LEGALES
Importante para entender mejor el tema de investigación es partir del estudio de
algunos conceptos y definiciones contempladas en la ley y en los decretos acerca
de la solidaridad entre empresa usuaria y empresa de servicios temporales frente
al pago de la indemnización plena de perjuicios en casos de culpa patronal
debidamente comprobada, regulada en el art. 216 del CST; este desarrollo
conceptual permitirá tener meridiana claridad sobre el apasionante tema en que se
ocupa esta investigación; para empezar es relevante conocer en qué consiste el
sistema general de riesgos profesionales, en qué consiste un accidente de trabajo
y cuál la normatividad vigente.
El trabajo investigativo se hace desde la expedición del Decreto ley 1295 de 1994,
también se tendrá en cuenta lo dicho por la Alta Corte con motivo de la expedición
de la ley 776 de 2002.
El Decreto 1295 de 1994 en su art. 1 establece: El sistema general de riesgos
profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos, destinados a prevenir, atender y proteger a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o
como consecuencia del trabajo que desarrollan.
El sistema general de riesgos profesionales forma parte del sistema de seguridad
social integral, establecido por la Ley 100 de 1993.
Los riesgos profesionales son el accidente que se produce como consecuencia
directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido
catalogada como profesional por el Gobierno Nacional y que se encuentre así
7
establecida en el Decreto 2566 de 2009, que consiste en una tabla donde
aparecen las enfermedades consideradas como profesionales.
De conformidad con la definición de Riesgos Profesionales mencionada
anteriormente, se debe identificar cuáles son los objetivos del sistema, los cuales
están contemplados en el artículo 2 del Decreto 1295 de 1994 y en la ley 776 de
2002:
a) Promoción y Prevención: El Sistema debe establecer las actividades de
promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de
toda la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la
organización del trabajo, y fortalecimiento de las actividades tendientes a
establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
y el control de los agentes de riesgos ocupacionales.
b) Establecer las Prestaciones, el reconocimiento y pago de las mismas: El
artículo 2 del decreto 1295 de 1994 establecía frente a esta objetivo que el
sistema debe fijar las prestaciones de caracteres asistenciales y económicos en
atención de la salud de los trabajadores. Adicionalmente, reconocer y pagar a los
afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o
invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o
enfermedad profesional y muerte de origen profesional. Literal que fue derogado
por la ley 776 de 2002que determinó en el artículo 1 que “todo afiliado al Sistema
General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del
Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera,
tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y
le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley
1295 de 1994 y la presente ley.
Como características básicas del sistema se puede mencionar las siguientes:
8
a) El sistema es unificador de regímenes anteriores. Es decir, el actual régimen
unificó normativamente los diversos aspectos del sistema de riesgos
profesionales, aplicándose de manera general a empleados y trabajadores de los
sectores público y privado.
b) Mezcla la gestión pública y la gestión privada. Por eso serán las ARP y el
Instituto de Seguros Sociales y las compañías aseguradoras de vida las
autorizadas para administrar riesgos profesionales. (Decreto 1295 de 1994
Artículo 4 Literal a, d, j, Artículo 77,78 y 79).
c) El sistema de riesgos profesionales es un sistema que, además, de ofrecer
atención y reparación económicas a los afiliados, pone especial énfasis en la
prevención de los riesgos profesionales como el factor más importante de una
política de seguridad social en materia de riesgos profesionales (decreto 1295 de
1994 Artículo 2).
d) El Sistema de riesgos profesionales ésta diseñado esencialmente como un
sistema de aseguramiento, en el que el tomador del seguro es el empleador, es
decir, que el empleador decide sobre la entidad administradora de riesgos (ARP);
con la cual contratará lo referente a los riesgos profesionales y la cual acarreará
con la responsabilidad objetiva; los asegurados son los trabajadores, considerados
en su totalidad pues se trata de un seguro colectivo, y los beneficiarios del seguro
son los mismos trabajadores o su núcleo familiar; la prima del aseguramiento es la
cotización; el riesgo asegurado es el accidente de trabajo o la enfermedad
profesional. El Legislador acoge en esta materia la teoría del riesgo creado en la
que no se toma en cuenta la culpa del empleador sino que se establece una
responsabilidad objetiva por cuya virtud resulta obligado a reparar los perjuicios
que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el
empresario obtiene un beneficio.
9
e) El sistema cuenta con una estructura propia de entidades gubernamentales, en
desarrollo del mandato constitucional de la dirección, vigilancia y control de la
Seguridad Social por parte del Estado
1.2. Concepto de Accidente de Trabajo
El accidente de trabajo fue definido por el art. 9 del Decreto 1295 de 1994: es
accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Esta definición de accidente de trabajo fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-858 del 18 de Octubre de 2006, y hasta la
fecha el congreso de la república no se ha encargado de definir el tema,
encontrándonos actualmente en el limbo jurídico en lo referente a la definición.
1.3. Consecuencias Legales del Accidente de Trabajo.
Como resultado del accidente de trabajo el trabajador puede sufrir consecuencias
de tipo temporal o permanente en su integridad física. El sistema prevé dos tipos
de soluciones frente a la reparación del menoscabo sufrido por el trabajador: La
reparación tarifada de los riesgos y la reparación plena de perjuicios.
1.4. Reparación Tasada de los Riesgos
Se denomina reparación tasada o tarifada de los riesgos profesionales el
reconocimiento de unos beneficios previamente determinados por el sistema
general de riesgos profesionales, dependiendo del tipo de consecuencia que se
derive del accidente de trabajo o enfermedad profesional.
La razón de ser de esta reparación tasada, se fundamenta en la misma filosofía de
los riesgos profesionales; busca que un trabajador que ofrece su salud y su
integridad corporal al servicio de un empleador y, sufre algún menoscabo en esa
10
integridad, como consecuencia directa e indirecta del trabajo, debe ser
compensado, reparado de alguna manera, al trabajador o a sus dependientes
económicos.
La reparación de acuerdo al sistema se puede brindar en prestaciones
asistenciales y de carácter económicas.
1.5. Prestaciones Derivadas del Accidente de Trabajo.
Como se mencionó anteriormente, el sistema busca la reparación de los efectos
de los riesgos profesionales mediante el reconocimiento de diferentes
prestaciones de acuerdo con el grado de la consecuencia que sufre el trabajador,
dividiéndolas en dos grupos, asistenciales y económicas.
El artículo 1 de la ley 776 de 2002 establece quien tiene derecho a las
prestaciones, con el siguiente contenido literal: “Todo afiliado al Sistema General
de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley
1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o
como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a
que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las
prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la
presente ley.
Se trata entonces de un sistema que goza de autonomía y que en la actual
legislación colombiana está encaminado a proteger las contingencias que puedan
sobrevenir como consecuencia del trabajo; el pago de las indemnizaciones
causadas están previamente establecidas en la misma ley y el régimen de culpa
es lo que se conoce como Régimen de Culpa Probada o Responsabilidad
Objetiva.
1.6 Reparación Plena de Perjuicios
11
La reparación pretendida por el Sistema General de Riesgos Profesionales está
basada en la teoría de la responsabilidad objetiva, es decir, “desde el punto de
vista de este sistema para que nazca la responsabilidad de reparación respecto de
los riesgos profesionales, simplemente basta con que el siniestro (accidente de
trabajo o enfermedad profesional) se produzca para que el sistema quede
obligado a la reparación, quedando en segundo plano la culpa del empleador
(elemento que si es de vital importancia para la reparación plena de perjuicios,
como se verá más adelante), en la medida que surgirá la obligación del
reconocimiento de las prestaciones en función del resultado derivado del riesgo
profesional y no de que hecho culposo genero el siniestro2”.
Como quedó establecido anteriormente las reparaciones por riesgos profesionales
en nuestro sistema son tasadas, es decir, el grado de reparación está señalado
por la ley. Por tanto, surge una pregunta adicional ¿Es posible que el trabajador
y/o su causahabientes puedan obtener la reparación total del daño causado por el
accidente de trabajo? Y la respuesta es positiva, de acuerdo a la acción de
reparación directa que establece el Artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo.
En consecuencia, se puede establecer que, en la normatividad colombiana existen
dos clases de responsabilidades frente a los riesgos del trabajo, una basada en la
teoría de la responsabilidad objetiva, y otra fundamentada por la teoría subjetiva
de la culpa, en la cual, surge la obligación de que el empleador reparare
integralmente los daños infringidos al trabajador.
Respecto de si subsiste o no la responsabilidad patronal fundamentada en el
artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, una vez se dio la creación del
sistema actual de Riesgos Profesionales que nos rige, debemos advertir de una
parte, que: el artículo que establece ese tipo de responsabilidad no fue derogado
expresamente por las normas que dieron lugar al Sistema General de Riesgos
2 Arenas Monsalve Gerardo, Los riesgos del trabajo y la seguridad social en Colombia, Editora Legis, Bogotá
2003, pág. 33
12
Profesionales y, de otra, dicha norma no es contraria a la normatividad que regula
el Sistema General de Riesgos Profesionales. Es más, sólo hasta la expedición
del Decreto Reglamentario 1771 de 1994, se mencionó el tema de la
indemnización plena de perjuicios en vigencia de la ley 100 de 1993, Decreto en el
cual se dijo que:
“La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a
las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia
profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha
entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del
tercero.
Lo dispuesto en el inciso anterior, no excluye que la víctima o sus causas
habientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y
ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las
prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”.
A continuación se relacionará los elementos de la responsabilidad en la reparación
plena de perjuicios.
a) Un hecho imputable al empleador: La ocurrencia de un accidente de trabajo que
produzca a un trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o estado
patológico temporal o permanente derivados del hecho del trabajo.
Es decir, se analiza la capacidad culposa del empleador que generó el daño.
b) El Dolo o culpa del Empleador: “En la ocurrencia del accidente de trabajo.
La culpa se presenta en dos casos: - Cuando el autor conoce los daños que
pueden ocasionarse con un acto suyo, pero confía imprudentemente en
evitarlos…; -Cuando el autor no prevé el daño que puede causarse con un acto
suyo, pero pudo preverlo, dado su desarrollo mental y su conocimiento de los
hechos”.
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c) El daño o perjuicio: “Derivado de la víctima, es decir, la incapacidad ya sea
temporal o permanente, o la pérdida definitiva de la vida derivada del accidente de
trabajo”.
d) El nexo causal entre el daño y la culpa o dolo: “Es decir que el daño o los
perjuicios deben ser efecto de la culpa patronal en el accidente de trabajo”.
La doctrina ha manifestado: El empleador sólo estará exento de culpa en caso de
un accidente de trabajo si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos, y
que:
1.7. Eximentes de la Responsabilidad Patronal
Para el Dr. Gerardo Arenas Monsalve el régimen de reparación plena de perjuicios
se establece como eximente de la responsabilidad: La provocación deliberada o la
culpa grave de la víctima.
Este eximente de responsabilidad se colige de la definición de accidente de
trabajo en la medida que se entiende que este no ha sido provocado
deliberadamente o por culpa grave de la víctima. Se deberá entender por
provocación deliberada la actitud del trabajador conscientemente dirigida hacia la
producción del accidente, para que cause un daño a su organismo, es decir, una
conducta deliberadamente encaminada a autolesionarse.
La culpa grave es equiparable al dolo, es decir, la intención positiva de causar
daño. Por tanto, se está de acuerdo con el Dr. Guillermo González Charry el cual
afirma: “Habrá que buscar en la conducta del trabajador la prueba de la intención
positiva de realizar el hecho generador del accidente”.
A renglón seguido se procederá a definir algunos conceptos para que exista una
claridad respecto al tema de investigación, en lo que respecta a la solidaridad esta
se encuentra establecida en el artículo 1568 del Código Civil,mediante ella
cualquiera de los acreedores o el acreedor puede exigir el pago de la totalidad de
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la prestación del deudor o de los deudores, es decir, el acreedor puede escoger a
su arbitrio el deudor para que le pague lo debido.
Satisfecha la obligación o extinguida por medio distinto del cumplimiento por parte
del deudor al entenderse con uno cualquiera de los acreedores o con quien lo
demandó o con él y los demás intervinientes en el proceso, desaparecen el débito
y la responsabilidad del obligado, pero quedan pendientes las relaciones internas
entre los varios deudores permitiéndose la acción de repetición del deudor que
pagó la prestación en contra del deudor que no lo hizo.
La solidaridad de conformidad con el Código Sustantivo de Trabajo, se encuentra
establecida en los artículos 34y 36 en lo referente a la culpa patronal esta se
encuentra reglada en el artículo 216 ibídem.
Para tener en cuenta tan importante tema de la solidaridad se trae a colación un
breve extracto jurisprudencial que ilustra sobre el tema: “Si la obligación solidaria,
que establece el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, —con la
modificación introducida por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965— a cargo del
beneficiario o dueño de la obra, tiene su fundamento principal en la existencia de
un contrato de trabajo entre el contratista y el trabajador, no es posible desconocer
al obligado solidario interés suficiente para discutir el vínculo contractual de esa
naturaleza, o algunos de sus elementos esenciales. Y ese interés no se merma ni
desaparece por el hecho de que el contratista haya aceptado el tal contrato, pues
el beneficiario o dueño, si logra demostrar lo contrario, aun en contra de la
voluntad del presunto patrono, queda exonerado de la obligación. La solidaridad
no surge únicamente del contrato de obra y de la calidad de dueño o beneficiario
de ésta, si no que tiene su fuente principal en el contrato de trabajo. Si éste no
existió, aun cuando concurran los restantes presupuestos, tampoco habrá lugar a
declarar la solidaridad3”.
3Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación 42658de feb. 28/77).
15
A su turno el artículo 36 del Código Sustantivo del trabajo estipuló lo referente a la
responsabilidad solidaria, este Postulado dispone que son solidariamente
responsables de las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las
sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto
social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, pues no establece
para el trabajador ninguna restricción a la regla mencionada en lo concerniente a
la libertad que tiene de dirigir su acción contra cualquiera de los asociados, y
menos le impone la carga de citar a persona distinta de ellos al juicio
correspondiente
La responsabilidad solidaria hace referencia a la obligación conjunta sobre una
misma prestación, la obligación solidaria para el tratadista Jorge Cubides
Camacho, “son aquellas que existen a cargo de dos o más deudores o a favor de
dos o más acreedores de tal manera vinculados que, cada uno de los deudores
puede ser obligado a pagar y cada uno de los acreedores puede exigir la totalidad
de la prestación”.
ARTICULO 216. CULPA DEL PATRONO. Cuando exista culpa suficientemente
comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la
enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por
perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en
dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo.
Según la Corte Suprema de Justicia, “sólo la víctima directa del siniestro laboral
está legalmente habilitada para exigirle al patrono culpable la reparación plena de
los perjuicios sufridos. Ello es así dentro del ámbito de la responsabilidad por
culpa contractual. Pero si aquél falleciere como consecuencia del siniestro, sus
herederos serán los titulares de la acción frente al patrono hallado culpable.
Además, el monto de los perjuicios morales sufridos por el trabajador como
consecuencia del accidente, debe ser tasado prudencialmente y a su arbitrio por el
juzgador. El artículo 106 del Código Penal que regula la forma de tasar la
16
indemnización por daño moral no valorable pecuniariamente, no se aplica en
materia laboral —donde no existe norma semejante— por cuanto no puede
decirse que la culpa atribuible al patrono en la ocurrencia de un accidente de
trabajo, revista la característica de hecho punible4”
La culpa que trata el artículo 216 del CST, se presenta cuando el agente no previó
los efectos nocivos de su acto, habiendo podido preverlo o cuando a pesar de
haberlo previsto, confió imprudentemente en poderlos evitar. La gradualidad de la
culpa está contemplada en el artículo 63 del Código Civil y consiste en.
Culpa grave, que consiste en no manejar los negocios ajenos con el
cuidado que incluso las personas negligentes o poca prudencia suelen usar
en sus negocios propios. Se llama también culpa lata o negligencia grave, y
en materia civil equivale al dolo.
Culpa Leve, que es la falta de la diligencia y el cuidado que emplean de
ordinario los hombres en sus negocios propios. También se le denomina
descuido leve o descuido ligero
Culpa levísima, que se da cuando falta la diligencia esmerada que un
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.
Es llamada descuido levísimo
La culpa puede deberse a la acción o a la omisión, y es imputable tanto a las
personas naturales como a las jurídicas.
Cuando se pretende que el patrono sea declarado responsable y por ende sea
condenado al pago de la indemnización plena de perjuicios, corresponde al
trabajador probar la culpa, y ese ha sido el criterio de interpretación del art. 216 del
Código Sustantivo del Trabajo cuando la Corte Suprema de Justicia se ha
encargado de su interpretación y así lo ha expresado: “Las indemnizaciones
4Corte Suprema de Justicia,Sala de Casación Laboral, sentencia abril. 8/87).
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prefijadas que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios
provenientes del accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo creado, no
provienen de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización
total y ordinaria prevista en el artículo 216 de dicha obra, exige la demostración de
la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos
celebrados en beneficio de ambas partes.
Para reclamar la indemnización prefijada le basta al trabajador demostrar el
accidente y su consecuencia. Cuando se reclama la indemnización ordinaria debe
el trabajador demostrar la culpa del patrono, y éste estará exento de
responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos.
El sentenciador no presumió en el presente caso que se diera la culpa del patrono,
sino que la encontró demostrada a través de las pruebas, luego no interpretó
equivocadamente las normas señaladas en el cargo5”.
La anterior tesis fue reiterada en fallo de febrero 26 de 2004, radicación 22175
Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia.
En lo referente al tema, es claro que en tratándose de la responsabilidad por
culpa, existen a favor del empleador los eximentes de responsabilidad que son la
fuerza mayor, el caso fortuito o la responsabilidad del trabajador en el insuceso,
eximentes que no son tenidos en cuenta en lo referente a la responsabilidad
objetiva o tarifada, al contrario sensu, en la responsabilidad subjetiva estos
eximentes de responsabilidad deberán ser alegados y probados por el empleador
si pretende no ser condenado por culpa patronal, al respecto el Alto Tribunal ha
manifestado: "La aplicación de la teoría del riesgo profesional o responsabilidad
objetiva en cierto sentido hizo a un lado la noción de culpa del empleador, que por
5Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaciónLaboral, sentencia abr. 10/75.
18
ello dejó de ser indispensable para comprometer o no la responsabilidad del
mismo, de donde surgió, como lógica consecuencia de esa teoría, la obligación de
reparar el daño ocasionado por el riesgo profesional, aunque mediara el hecho del
trabajador (salvo el doloso o gravemente culposo), el hecho de un tercero o la
fuerza mayor; y el legislador tarifó el resarcimiento del daño. Por eso ahora, si el
accidente ocurre por causa o con ocasión del trabajo, aunque ese
acontecimiento corresponda a un imprevisto o suceso repentino al que es
imposible resistir, el empleador, aun así, queda comprometido en su
responsabilidad.6”(Negrilla fuera de texto).
En el fallo que citaré a continuación, la Sala Laboral reitera y acoge la doctrina de
la Sala Civil de la Corte (cas. feb. 29/64), sobre responsabilidad directa de las
personas jurídicas por faltas de sus empleados y dependientes (“por ser los actos
de los agentes, sus propios actos”), con el fin de establecer la responsabilidad de
las personas jurídicas en los accidentes de trabajo causados por sus propios
trabajadores. El salvamento de voto hace una importante distinción entre la
indemnización que se desprende de la responsabilidad objetiva, la cual tiene su
fundamento en el riesgo creado, y la indemnización total y ordinaria que se deriva
de la culpa comprobada del empleador en los términos del artículo 216 del Código
Sustantivo del Trabajo, al respecto manifestó:
“La anterior doctrina jurisprudencial (se refiere a la teoría de la responsabilidad
directa de las personas jurídicas por el hecho de sus agentes), que desarrolla lo
dispuesto por el artículo 2341 del Código Civil, respecto de las personas jurídicas,
es aplicable al sub lite, en virtud de lo dispuesto por los artículos 19 del Código
Sustantivo del Trabajo, y 8º de la Ley 153 de 1887, teniendo en cuenta que
cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere a la culpa del
patrono está comprendiendo tanto a la persona natural como a la persona jurídica
6Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia. 17429 febrero 19/2002, M.P. Germán
Valdés Sánchez) (5726-1).
19
o moral que tenga el carácter de patrono, el cual, como ha dicho la Corte, “saca
provecho de la actuación de sus subordinados y de ahí que deba soportar los
riesgos de la empresa entre los cuales figuran los hechos derivados de la mala
dirección de un agente 7”.
Para efectos de una mejor comprensión del tema a investigar, inicialmente se
abordó el concepto de solidaridad, seguidamente se tocará lo referente a los
trabajadores en misión, y por último el tema de la empresa de servicios
temporales, lo referente a las empresas usuaria, sus definiciones y se hará una
breve referencia al marco legal que las regula.
1.8 Definición legal de la empresa de servicios temporales
La ley 50 de 1990, define lo que es una empresa de Servicios Temporales, en los
artículos 71 y 72; una empresa usuaria, en el artículo 73; trabajadores en misión y
trabajadores de planta, articulo 74 y finalmente en qué casos puede haber
intermediación laboral, articulo 77.
ARTICULO 71. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la
prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente
en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la
cual tiene con respecto a estas el carácter de empleador.
Y es precisamente este postulado normativo contemplado en el art. 71 de la ley 50
de 1990 el que ha servido de sustento legal en la argumentación reiterada de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para establecer que la empresa de
servicios temporales se constituyen en un verdadero empleador y, por lo tanto,
están llamados a responder por el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones.
7G.J., Tomo XLIII, Nº 1904, pág. 69)”. (CSJ, Cas. Laboral, Sec. Primera, Sent. mayo 21/92. Rad. 4680. Con
salvamento de voto).
20
ARTICULO 72. Las empresas de servicios temporales deberán constituirse como
personas jurídicas y tendrán como único objeto el previsto en el artículo anterior.
ARTICULO 73. Se denomina usuario, toda persona natural o jurídica que contrate
los servicios de las empresas de servicios temporales.
Las usuarias pueden ser indistintamente personas naturales o jurídicas que
contratan los servicios de la empresa de servicios temporales, por lo general, las
usuarias son las dueñas del capital de ahí la importancia de que cuando ocurra un
accidente de trabajo con culpa patronal, éstas sean condenadas solidariamente al
pago de la indemnización plena de perjuicios.
ARTICULO 74. Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios
temporales son de dos (2) categorías: Trabajadores de planta y trabajadores en
misión.
Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las
dependencias propias de las empresas de servicios temporales.
Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios temporales
envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado
por estos.
El trabajo de investigación apunta hacia los trabajadores en misión por cuanto son
ellos los que podrían verse involucrados en caso de accidentes de trabajo
ocurridos en el centro de trabajo de la usuaria, en lo concerniente a los
trabajadores de planta no habría ninguna dificultad porque para ellos la empresa
de servicios temporales sería su verdadero patrono y estaría llamada a responder
de conformidad con la ley.
ARTICULO 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán
contratar con estas en los siguientes casos:
21
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a
que se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia,
en incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta
por seis (6) meses más.
Es precisamente para estos casos que están expresamente determinados en la
ley de manera taxativa en que las empresas usuarias puede contratar los servicios
de las empresas temporales para el envío de trabajadores a sus centros de trabajo
a cumplir con las labores previamente definidas.
La solidaridad que se reclama entre los varios deudores frente al pago de una
indemnización plena de perjuicios en los casos de accidentes de trabajo, conlleva
a que en todos los casos dicha solidaridad sea declarada por la jurisdicción laboral
con el fin de hacer más expedito el camino para que la víctima pueda ejecutar en
cualquiera de los patrimonios condenados, acceder al pago total de la
indemnización, al respecto una revista especializada ha expresado:
“La responsabilidad solidaria ha dejado de ser así la regla para los casos en que
no es posible distribuir la responsabilidad entre los varios responsables para
convertirse, en la legislación y la jurisprudencia, en el régimen de responsabilidad
general en la mayoría de casos en que varios agentes son codemandados8”.
Sin embargo, la solidaridad no se queda allí. La responsabilidad de todos y cada
uno por el todo traslada a los agentes responsables el riesgo de insolvencia de
8Solidaridad y prevención: Una reflexión sobre los efectos de la solidaridad entre los responsables de un daño,
Autores:Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, Localización:Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN 1698-739X, Nº. 3,
22
alguno de ellos. Como todos responden del todo, es intuitivo suponer que la
víctima exigirá la indemnización del más solvente de los condenados quien
asume, de este modo, los costes de reclamación al resto de corresponsables.
Entre todos, y una vez satisfecha la víctima, asumirán la eventual insolvencia de
alguno de ellos.
1.9 La solidaridad en otras legislaciones
Ahora en algunas legislaciones como la española la sola dependencia en el
campo laboral permite al tribunal supremo condenar al empresario por los daños
que causa uno de sus trabajadores a alguno de sus compañeros. Miremos
algunas sentencias:
En la STS, 1ª, 19.11.2003 (RJ. 8336) el trabajador atropellado por una
carretilla obtuvo condena solidaria contra el trabajador que la conducía y la
empresa de ambos. En la STS, 1ª, 16.1.2003 (RJ. 1), la empresa
constructora respondió solidariamente con uno de sus empleados,
conductor de una grúa, de los 62.649,50 euros debidos por los daños que
una maniobra de la máquina causó a uno de los albañiles que trabajaba
para la constructora. En la STS, 1ª, 18.3.2003 (RJ. 2754), fueron dos
empleados quienes respondieron solidariamente con la empresa por los
daños causados a un compañero. En la STS, 1ª, 19.6.2003 (RJ. 4244),
fueron todos los miembros del grupo de trabajadores encargados de la tala
de unos árboles los que respondieron junto a su empresa, por la muerte de
un compañero, que cayó del árbol en que trabajaba.
La responsabilidad solidaria del empresario se impone con independencia
del tipo de relación laboral, mercantil o de hecho que unía a principal y a
agente. En el período analizado, la solidaridad ha sido la solución habitual
de la jurisprudencia civil para los daños sufridos por trabajadores de
23
empresas subcontratadas que prestaban sus servicios en los locales o
instalaciones de la empresa que contrató los servicios.
La STS, 1ª, 4.6.2003 (RJ. 4328), condenó solidariamente al capataz de la
obra, a la empresa para la que trabajaba la víctima y a la empresa que
contrató sus servicios. La víctima cayó desde una escalera en mal estado y
sufrió lesiones que, a los pocos días del accidente, le causaron la muerte.
En la STS, 1ª, 17.7.2003 (RJ. 6575), respondieron solidariamente dos
empresas constructores con sus respectivos jefes de obra por los daños
sufridos por el trabajador de una de ellas. En la STS, 1ª, 2.7.2001 (RJ.
1700), el trabajador que cayó desde un andamio obtuvo condena solidaria
de la empresa para la que trabajaba y de la que se encargó de montar el
andamio9.
Al hacer una breve reseña histórica en el campo de la solidaridad en Colombia
tenemos que la primera jurisdicción que se encargó de su estudio fue la Civil, y fue
precisamente con la entrada en vigencia del código civil que consagraba
instituciones del derecho de daños fundadas estrictamente en la culpa (a partir del
artículo 2341), en Francia autores como SAUZET, SAINTELETTE, JOSSERAND y
SALEILLES atacaban duramente el enfoque subjetivo de la responsabilidad civil y
abogaban por instituciones de responsabilidad objetiva y de responsabilidad
fundada en riesgo que terminarían por plasmarse en la legislación sobre
ferrocarriles y en las legislaciones sobre accidentes de trabajo. Con la expedición
del Código Sustantivo del Trabajo y más precisamente en su artículo 216 quedó
establecida la culpa patronal para el resarcimiento pleno de la indemnización de
9 Maximiliano A. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 38, Núm. 108, enero-junio, 2008, pp.
15-51, Redalyc, Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Aramburo Calle, Responsabilidad civil y riesgo en Colombia: apuntes para el desarrollo de la teoría del riesgo en el siglo XXI, Universidad Pontificia Bolivariana Colombia.
24
perjuicios cuando exista la culpa suficientemente comprobada del empleador en la
ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Casi un siglo y medio después, suele decirse en los diálogos informales en
Colombia que la responsabilidad por riesgo pertenece al pasado y enmarcan sus
fundamentos más como un antecedente histórico a tener en cuenta para el estudio
de la responsabilidad extracontractual, al paso que los litigantes, a menudo, se
encuentran con dificultades a la hora de encontrar jurisprudencia que reconozca la
responsabilidad por riesgo entre particulares y doctrina que la justifique. 10
La Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, en su artículo 560 establece la
responsabilidad objetiva. Salvo la culpa grave del trabajador que con intención o
dolo ocasione el accidente de trabajo, en este evento se exonera al patrón´.
Es importante para la investigación entender las definiciones de accidente de
trabajo en la legislación de Venezuela.
La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, en su artículo 561, nos define el
accidente de trabajo así:
“Se entiende por accidente de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales,
permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la
acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y sobrevenida
en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Será igualmente
considerada como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un
esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias11”.
10
Redalyc Sistema de Información CientíficaRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Aramburo Calle, Maximiliano A. Responsabilidad civil y riesgo en Colombia: apuntes para el desarrollo de la teoría del riesgo en el siglo XXI Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 38, Núm. 108, enero-junio,2008, pp. 15-51Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 11
Redalyc María Cabeza/ Edwin Corredor, LA RESPONSABILIDAD PATRONAL FRENTE A LOS INFORTUNIOS EN EL
TRABAJO, Actualidad Contable Fases, julio-Diciembre, numero 013, Universidad de los Andes, Merida Venezuela pp 14-29 [email protected],ISSN (versión impresa) 1316-8533 VENEZUELA
25
En conclusión de la lectura se infiere que en Venezuela existe una legislación
laboral que protege al trabajador en casos de accidente de trabajo y enfermedad
profesional, que el daño se puede reparar de una forma tarifada que es lo
establecido en la legislación laboral venezolana y el daño también se puede
reparar integralmente cuando existe culpa exclusiva del patrono, al no establecer
las medidas preventivas que establece el mismo ordenamiento, es importante
resaltar que es una legislación similar a la de Colombia.
En lo relacionado con el tema se aborda escuetamente lo que sucede en Puerto
Rico en caso de accidente de trabajo por culpa patronal y la responsabilidad en el
pago de la indemnización plena; se deduce que hay una especie de inmunidad
con la aprobación de una Ley. La Ley 1935 el obrero de Puerto Rico, no puede
demandar civilmente a su patrono asegurado por el fondo del seguro del Estado
por la culpa en accidente de trabajo. Esta ley es regresiva, porque protege el
interés del patrono y no el bienestar del trabajador accidentado o en caso de
muerte, la reparación de los daños a sus beneficiarios.Veamos algunas sentencias
de la aplicación de la inmunidad patronal, que hace nugatorio el derecho de los
trabajadores y donde se observa que existió culpa patronal:
En el año de 1999, en el caso anteriormente expuesto, Hernández v. Bermúdez &
Longo, S.E., el más alto Tribunal rechazó dar el paso adicional que algunos
estados norteamericanos han dado. El Tribunal rehusó resolver que la negligencia
crasa del patrono quiebra la inmunidad patronal de la misma forma que la quiebra
la intencionalidad. En el caso antes mencionado se resolvió que aunque el patrono
haya incurrido en negligencia crasa al no mantener un ambiente seguro en el
trabajo, ello no afecta la inmunidad. Este pronunciamiento se reiteró en Guzmán
Cottov. E.L.A. en circunstancias muy parecidas, en el sentido que a través de los
años la Asamblea Legislativa reiteradamente ha rehusado exceptuar de la
inmunidad patronal los actos del patrono que puedan calificarse como crasamente
negligentes o que comprometan la seguridad del obrero en el lugar de empleo. Es
26
necesario que el legislador plasme una definición más concreta, exacta y libre de
ambigüedades de lo que es acto negligente y lo que es un intencional en el ámbito
laboral. De esto dependerá si el obrero finalmente tendrá o no una causa de
acción contra su patrono.
Finalmente la autora del escrito concluyo con unas palabras del Honorable Ex-
Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Carlos J. Irizairy Y que
dice:
“Esta norma me parece desacertada y a mi juicio contradice el propósito de la ley
de compensación por accidentes del trabajo de dar protección al trabajador. La
inmunidad patronal es una medida de protección al patrono que a mi juicio debe
interpretarse restrictivamente. Dar inmunidad al patrono que causa daño a su
empleado al incurrir en negligencia y no corregir defectos o situaciones que
pueden causar grave daño a sus empleados es fomentar el descuido y la desidia
de los patronos frente a su deber de proveer un ambiente seguro de trabajo a sus
empleados12."
1.10 La responsabilidad objetiva
Pues bien: regresando nuevamente a lo que nos compete y al estudio del tema en
nuestro país se tiene que hacia futuro y de conformidad con el sentir del
ordenamiento constitucional y legal vigente parece indicar que los sistemas de
responsabilidad completamente subjetivos tienden a desaparecer, prueba de ello
es la preceptiva constitucional en donde claramente quedó establecida la
responsabilidad objetiva en el artículo 90 en virtud que en la llamada sociedad del
riesgo se multiplican las actividades potencialmente dañosas aún sin culpa, y que
los legisladores quieren dar respuestas a las víctimas. Y lo que es más claro aún,
pocos niegan que las fronteras entre la responsabilidad con culpa y la
12
Redalyc, Deborah Rodríguez Ortiz, LA INMUNIDAD AL PATRONO ASEGURADO POR EL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
27
responsabilidad objetiva están desapareciendo ante la objetivación de los criterios
para calificar un acto como culposo o una conducta como negligente. Hay dos
autores Boggiano y Mujica, que hace una referencia al fundamento de la
seguridad social y se destaca el siguiente aparte: “El derecho a la indemnización
que asiste al trabajador asalariado, como consecuencia de una contingencia
surgida en su trabajo (principalmente en los casos de accidente), en los primeros
tiempos de la era industrial, solo descansaba en el principio de la responsabilidad
contractual, inspirado por el Derecho Romano. Conforme con este principio, la
persona que había sufrido un riesgo o una contingencia, solo podía tener derecho
al pago total o parcial del daño sufrido, si lograba probar que el patrón había
cometido alguna falla”. En este evento era al trabajador el que le tocaba probar la
falla del patrón, y esta situación pone al trabajador en desventaja, frente al dueño
de los medios de producción y la riqueza, afortunadamente, esta institución
avanzó y surge como consecuencia el principio del “riesgo profesional”.
Con base en este principio el empleador asume todo el riesgo y está obligado a
pagar al trabajador los daños por el accidente detrabajo; y se ha extensivo a la
seguridad social con el principio de solidaridad social.
En el evento en que ocurra el accidente de trabajo, surge la obligación del patrono
o de la seguridad social de indemnizar el daño, es una responsabilidad objetiva.
1.11. Breves Reseñas Jurisprudenciales de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, con Respecto al Tema de Investigación.
En este aparte del trabajo de investigación se aborda el estudio de algunas de las
jurisprudencias en donde la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
tenido la oportunidad de expresarse respecto del tema, en ese orden de ideas, se
observa que la sentencia más sobresaliente y a la que se puede llamar fundadora
de línea respecto a la materia en estudio es la sentencia 9435 de 24 de Abril de
1997, MP. Francisco Escobar Enríquez, emitida dentro del proceso de Leopoldina
28
Berrio contra Nacional de Recursos Limitada y Procesadora de Leche San Martín
S.A. Y deducimos lo anterior por cuanto que a ella nos remite en diferentes
pronunciamientos posteriores y de reciente data, como se pasa a evidenciar, entre
otras, en las providencias 10400 de 15 de Abril de 1998, 25941 de 2 de Marzo de
2006, 34806 de 4 de Agosto de 2009.
29
2. CAPÍTULO SEGUNDO
CRITERIO DE LA SALA LABORAL EN RELACIÓN CON LA SOLIDARIDAD
ENTRE EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y USUARIA
Es importante conocer cuál ha sido el criterio de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia frente al pago de la indemnización plena de perjuicios de los
trabajadores en misión cuando éstos sufren un accidente de trabajo
ocasionándoles la muerte, una invalidez o una pérdida de capacidad laboral
inferior al 50 %.
2.1. ANÁLISIS DE SENTENCIAS RELEVANTES DEL ALTO TRIBUNAL CON
RELACIÓN A LA SOLIDARIDAD.
El aporte de esta investigación es hacer un análisis de la solidaridad que existe
entre el empleador y la empresa de servicios temporales en el evento de un
accidente de trabajo para que los trabajadores en misión reclamen de una forma
más eficiente su derecho y no se vea burlado él ni sus beneficiarios en caso de
ocurrir este siniestro.
En varias oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha
pronunciado con respecto al tema de investigación y la tan plurimencionada
solidaridad sólo ha sido declarada cuando se demuestra que la empresa usuaria
ocupó al trabajador en misión en funciones que nada tienen que ver con el objeto
de contrato celebrado entre la empresa de servicios temporales y el trabajador y
con motivo de la realización de estas funciones el trabajador se invalida o muere al
respecto sostuvo: “Estima la Sala, en consecuencia con lo dicho, que si bien en
principio las empresas de servicios temporales son verdaderos patronos y
responsables frente al trabajador en misión de la salud ocupacional, no es lícito ni
legítimo que un usuario aproveche los servicios de esta clase de trabajadores para
atribuirles funciones que escapan totalmente de los deberes propios del contrato
de trabajo celebrado por el empleado con la empresa de servicios temporales y
30
luego pretenda desconocer las naturales consecuencias del marco obligacional
que surge del contrato de prestación de servicios celebrado con ésta, para así
evadirse de la ineludible responsabilidad laboral que surge de su proceder culposo
que origina accidentes de trabajo, los cuales deben ser reparados en la forma
prescrita por el artículo 216 del código del trabajo.
Y si aparece diáfano - como en el presente caso - que la empresa de servicios
temporales fue totalmente ajena a esa actuación apartada del objeto del contrato
de prestación de servicios con la usuaria y del contrato de trabajo en misión, ella
no se puede reputar subordinante en estos eventos, y por tanto no será ésta quien
deba satisfacer las indemnizaciones pertinentes sino el empresario usuario
culpable de la acción o la omisión generadora del infortunio labora13”.
Así dejó establecido de forma clara y contundente la Corte en la mencionada
sentencia en qué casos la empresa usuaria responde solidariamente cuando el
accidente de trabajo no tuvo como causa el contrato de trabajo con la empresa de
servicios temporales, ni fue responsable esta de su ocurrencia, ni estaba en sus
manos el poder evitarlo, para la Corte entonces, es lógico que ella no es deudora
de los derechos indemnizatorios reclamados, y por lo tanto, la empresa usuaria
deberá responder pecuniariamente por el pago de la indemnización plena de
perjuicios consagrado.
Al retomar el estudio del tema en posterior jurisprudencia la Corte profundizó más
en el tema y en sentencia que se puede catalogar como sentencia hito, por cuanto
la misma corte al hacer el estudio de casos similares remite a esta en su parte
considerativa, en aquella importante sentencia manifestó: “con respecto al
personal en misión, para todos los efectos la empleadora es la E.S.T y por tanto
ésta se hace responsable del pago de los pertinentes derechos laborales e incluso
de la salud ocupacional. A éste propósito la ley impone como requisito especial
13
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente, Jose Roberto Herrera Vergara, expediente No. 8978 , 12 de Marzo de 1997.
31
para que el Ministerio del Trabajo autorice su funcionamiento, que la E.S.T
constituya garantía con una compañía de seguros legalmente establecida en
Colombia, en favor de los trabajadores y en cuantía no inferior a 500 veces el
salario mínimo mensual vigente, para asegurar el pago de los correspondientes
salarios, prestaciones e indemnizaciones, ante el riesgo de una eventual iliquidez.
Importa reiterar que con arreglo al artículo 78 de la Ley 50 de 1990 la E.S.T. es
responsable de la salud ocupacional de los trabajadores en misión, aun cuando el
servicio se preste en actividades particularmente riesgosas, solo que en esta
hipótesis y cuando los trabajadores requieran de un adiestramiento particular o
sea indispensable que se les suministre elementos de protección especial, la ley
exige que en el contrato de prestación de servicios se determine expresamente la
forma como se atenderán estas obligaciones”.
Es así como de forma categórica el Alto Tribunal sentó línea jurisprudencial con el
tema en estudio teniendo como argumento principal que las empresas de servicios
temporales se constituyen en verdaderos empleadores y “para todos los efectos”
responden por el pago de las acreencias laborales, son responsables igualmente
de la salud ocupacional de los trabajadores y ante una posible insolvencia están
obligadas para que se les otorgue su funcionamiento a la constitución de una
póliza por valor de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Como se verá líneas adelante en esta oportunidad el alto Tribunal radicó
exclusivamente en cabeza de Empresa de Servicios Temporales la
responsabilidad laboral, y abrió las puertas para que en el caso que un trabajador
en misión sufra un accidente de trabajo por culpa comprobada de la empresa
usuaria, la empresa de servicios temporales tiene la facultad de repetir contra
ésta: “Consiguientemente, en el evento de que un trabajador en misión sufra un
infortunio profesional por culpa del usuario, bien sea por haber incumplido este los
compromisos adquiridos con la E.S.T. en punto a seguridad industrial o debido a
una imprevisión injustificada, la culpa se transfiere a la E.S.T en tanto delegante
32
del poder de subordinación pero exclusiva en la carga patronal, sin perjuicio del
derecho de ella a repetir o reclamar a la usuaria los perjuicios por el
incumplimiento contractual si este se presenta14”.
Para el trabajo de investigación es de vital importancia tener en cuenta el régimen
de responsabilidades en que se encuentra inmersa la empresa usuaria
2.2. La Responsabilidad Del Usuario
Una de las características esenciales del contrato de trabajo y que hace que esta
clase de contratos se distinga de los demás es el tema de la subordinación, es
decir, la facultad que tienen los empleadores frente sus trabajadores de infringirles
órdenes relacionadas con su trabajo y la obligación que nace para el trabajador de
acatarlas y cumplirlas, con respecto a las usuarias, si bien es cierto éstas no
celebran un contrato directo con el trabajador la ley las faculta para ejercer sobre
el trabajador en misión la potestad de subordinación.
Para entender mejor el tema es necesario hacer alusión nuevamente a tan
importante sentencia hito ya referida en donde la Sala Laboral tuvo a bien tocar el
tema y al respecto señaló:
“Al usuario le corresponde ejercer la potestad de subordinación frente a los
trabajadores en misión de manera que está facultado para exigirles el
cumplimiento de órdenes, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. Pero
esta facultad se ejercita no por derecho propio sino en virtud de delegación o
representación de la E.S.T, pues el personal enviado depende exclusivamente de
ella. En otros términos, la usuaria hace las veces de representante convencional
del patrono E.S.T, con el alcance previsto por artículo 1, inciso 1 del Decreto 2351
de 1965 (C.S.T art 32) esto es que lo obliga frente a los trabajadores, al paso que
ante éstos los representantes (usuarios para el caso) no se obligan a título
14
Radicación N° 10400, Magistrado ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez, Santafé de Bogotá, D. C, quince (15) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998),
33
personal, sino que su responsabilidad se contrae tan solo frente al representado,
en caso de incumplir lo estipulado en el respectivo convenio que autoriza la
representación.
Desde otro enfoque, relativo a una eventual responsabilidad solidaria, importa
observar que la ley califica a las E.S.T como empleadoras de los trabajadores en
misión (Ley 50 de 1990, art 71) y en el contrato de trabajo el patrono es en
principio el obligado directo y exclusivo conforme se desprende del mismo artículo
22 que define dicho nexo. Solo en los casos determinados expresamente en la ley
se contempla la solidaridad de personas que no figuren también como
empleadoras en el nexo laboral (C.S.T Arts. 33, 34, 35 y 36), de suerte que como
la ley no dispuso expresamente que los usuarios respondiesen in solidum, debe
excluirse que los afecte tal especie de responsabilidad en lo tocante a las
acreencias laborales de los empleados en misión.
Resulta en suma que los usuarios no responden por los salarios, prestaciones e
indemnizaciones de los trabajadores en misión ni de su salud ocupacional, aunque
en este aspecto puedan contraer obligaciones con la E.S.T, como la adopción de
medidas particulares respecto a los ambientes de trabajo o el suministro de
elementos de protección y seguridad. Acontece que precisamente mediante el
contrato con la E.S.T y con autorización legal, el usuario cancela un sobrecosto
sobre el valor real de la fuerza de trabajo que requiere para su actividad
económica, a fin de hacerse irresponsable en lo que hace a la remuneración,
prestaciones y derechos de los operarios. Desde luego, no se desconoce que por
esta razón, entre otras, se ha cuestionado seriamente la institución, con
argumentos cuya razonabilidad corresponde estudiar al legislador, mas ello no le
resta validez jurídica a los preceptos que en la actualidad permiten y regulan su
funcionamiento.
Pero ésta irresponsabilidad laboral del usuario con referencia a los trabajadores
en misión, supone que la E.S.T funcione lícitamente, o por mejor decir que su
34
actividad se halle autorizada por el Ministerio del Trabajo (Ley 50 de 1990, art 82),
pues de lo contrario la E.S.T. irregular solo podría catalogarse como un empleador
aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del
artículo 35-2 del C.S.T, de forma que el usuario ficticio se consideraría verdadero
patrono y la supuesta E.S.T. pasaría a responder solidariamente de las
obligaciones laborales conforme al ordinal 3 del citado artículo del C.S.T.15”
Se hizo una transcripción en extenso de tan importante jurisprudencia puesto que
en ella se da claridad diáfana y prístina con respecto al tema de la solidaridad
entre empresa de servicios temporales y empresas usarías, en ella la Corte
analiza detalladamente el tema, la normatividad aplicable a la responsabilidad
solidaria y nos ilustra frente a la obligaciones de cada una de las partes
involucradas.
Igualmente, se ocupa de resaltar sobre las sanciones administrativas que
proceden, al tipo de responsabilidad en que pueda incurrir el usuario en el evento
de que efectúe una contratación fraudulenta, vale decir transgrediendo los
objetivos y limitaciones fijados por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, bien sea en
forma expresa o mediante simulación. Ello por cuanto las normas que regulan el
trabajo humano son de orden público, de obligatorio acatamiento y la ilegalidad o
ilicitud se sanciona con la ineficacia a las respectivas estipulaciones. (C.S.T, arts
14 y 43).
Por último en lo que hace a este acápite, conviene recordar que en reciente
decisión ésta Sala reconoció la viabilidad de que el usuario responda
exclusivamente frente al trabajador en misión, si acuerda con éste actividades
paralelas ajenas totalmente a las propias del encargo a que se comprometió la
E.S.T. En esa oportunidad se dijo:
15
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 9435 del 24 de Abril de 1997, M. P. Francisco Escobar Enríquez
35
“Estima la Sala, en consecuencia con lo dicho, que si bien en principio las
empresas de servicios temporales son verdaderos patronos y responsables frente
al trabajador en misión de la salud ocupacional, no es lícito ni legítimo que un
usuario aproveche los servicios de esta clase de trabajadores para atribuirles
funciones que escapan totalmente de los deberes propios del contrato de trabajo
celebrado por el empleado con la empresa de servicios temporales y luego
pretenda desconocer las naturales consecuencias del marco obligacional que
surge del contrato de prestación de servicios celebrado con ésta, para así evadirse
de la ineludible responsabilidad laboral que surge de su proceder culposo que
origina accidentes de trabajo, los cuales deben ser reparados en la forma
prescrita por el artículo 216 del Código del Trabajo…
En Homologación de fecha octubre 9 de 1986, radicación 0511, se expuso lo
siguiente: “En relación con lo dispuesto por el artículo décimo del Laudo, estima la
Sala que es inexequible porque si el artículo 1º del Decreto 1433 de 1983 define a
las empresas de servicios temporales como aquellas que contratan la prestación
de servicios con terceros beneficiarios para el desarrollo de actividades ordinarias,
conexas o inherentes a través de personas naturales, es claro que
simultáneamente está consagrado, a favor de los patronos o empleadores, el
correlativo derecho a acudir a esas empresas de servicios temporales en procura
del personal que precisan para la ejecución de sus labores.
Hay que tener en cuenta, por lo demás, que en los términos del artículo 4º del
mencionado Decreto, las empresas de servicios temporales son verdaderos
patronos, no simples intermediarios, y como tales deben atender el pago no solo
de todas las obligaciones que la calidad de empleador conlleva, sino también
cumplir con los aportes del ISS, Sena, Bienestar Familiar, etc.
Como quedó demostrado, esta sentencia se constituye tal vez, en la más
importante en el tema de la responsabilidad solidaria con respecto a los
trabajadores en misión, prueba de ello constituye el estudio del caso con
36
Radicación N° 10400, Magistrado ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez,
Santafé de Bogotá, D. C, quince (15) de abril de mil novecientos noventa y ocho
(1998), en esta oportunidad, la Corte basa su argumentación jurídica retomando lo
manifestado en la sentencia hito 9435 de 1997.
Continuando con nuestro tema de investigación se hará referencia a recientes
sentencias donde la Corte no cambia para nada su criterio jurisprudencial y
nuevamente nos remite a la plurimencionada sentencia hito como se verá a
continuación: “Ahora, en cuanto a la obligada al pago de la indemnización, es sin
duda, la empresa misionera, tal como la Corte lo dejó sentado en la sentencia del
24 de abril de 1997, con radicación 9435, traída a colación por el Tribunal, en la
que después de hacer un recuento normativo sobre las empresas de servicios de
temporales, dijo que “en el evento de que un trabajador en misión sufra un
infortunio profesional por culpa del usuario, bien sea por haber incumplido este los
compromisos adquiridos con la EST en punto a seguridad industrial o debido a
una imprevisión justificada, la culpa se le transfiere a la EST en tanto delegante
del poder de subordinación pero exclusiva en la carga patronal, sin perjuicio del
derecho de ella a repetir o reclamar a la usuaria los perjuicios por el
incumplimiento contractual si este se presenta16”.
Sin embargo, si bien es cierto el criterio jurisprudencial no ha variado y la corte
sigue sosteniendo el criterio sentado en tan importante sentencia, también es
cierto que abre las puertas para que la empresa de servicios temporales pueda
repetir lo pagado contra la empresa usuaria y así quedó plasmado en muy reciente
sentencia: “Surge con mayor nitidez el yerro del juez de la apelación si se tiene en
cuenta que la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, ha considerado ajustado a
derecho la posibilidad de que en casos como el presente, la empresa de servicios
16
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Laboral , Magistrado Ponente, Luis Javier Osorio Lopez, Radicaciòn Nº
25941; 1 2 de Marzo de 2006.
37
temporales pueda repetir contra la usuaria en quien recayó la culpa del accidente
de trabajo que provocó la muerte del trabajador…
Al respecto manifestó no desconocer que la situación fáctica de asuntos como el
que ocupaba su atención, se ha erigido en un verdadero enigma sobre lo que es la
delegación de subordinación propia de las Empresas de Servicios Temporales —
EST- en las empresas usuarias y su correspondiente obligación solidaria en casos
de accidentes laborales, en tanto es evidente que la triangulación que presenta el
asunto, denota que de la fuerza laboral desplegada por el empleado en misión se
beneficia directamente la empresa usuaria y de existir culpa de ésta en la
ocurrencia del accidente debe responder solidariamente por sus acciones u
omisiones en materia de seguridad industrial u otra que afecte al trabajador, verbi
gracia los contratistas independientes al tenor de lo dispuesto en el artículo 34 deI
Código Sustantivo del Trabajo…
“...Desde otro enfoque, relativo a una eventual responsabilidad solidaria, importa
observar que la ley califica a las EST como empleadoras de los trabajadores en
misión (L.50190, art. 71) y en el contrato de trabajo el patrono es en principio el
obligado directo y exclusivo conforme se desprende del mismo artículo 22 que
define dicho nexo. Sólo en los casos determinados expresamente en la ley se
contempla la solidaridad de personas que no figuren también como empleadoras
en el nexo laboral (CST, art. 33, 34, 35 y 36), de suerte que como la ley no
dispuso expresamente que los usuarios respondiesen in solidum, debe excluirse
que los afecte tal especie de responsabilidad en lo tocante a las acreencias
laborales de los empleados en misión.”
“Insiste esta Corporación que el tema de la solidaridad en casos de accidentes
laborales, es una falta legislativa que por vía jurisprudencial no es posible
subsanar y que aunque es visible el afán de regular el tema, como lo evidencia la
expedición del Decreto 4369 del 4 de diciembre de 2006, del Ministerio de la
Protección Social, concretamente el último párrafo del artículo 13, por medio del
38
cual hace responsable a la empresa usuaria del pago de los aportes, así como de
las consecuencias económicas y jurídicas que se deriven de la omisión en el pago
de cotización al Sistema de Seguridad Social, sin embargo ello por sí sólo no
basta para que se declare la solidaridad pretendida en el caso de la indemnización
plena de perjuicios17”.
17
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Magistrado ponente, Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, Radicación Nº 32198, 18 de Mayo de 2009.
39
3. CAPÍTULO TERCERO
POSICION DE LA SALA LABORAL DE LA CSJ FRENTE AL TEMA DE LA
SOLIDARIDAD
En este tercer capítulo del trabajo de investigación se trata de auscultar el Por qué
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no aplica en el tema tratado el art.
36 del Código Sustantivo del Trabajo y Por qué si aplica el art. 71 y 78 de la ley 50
de 1990.
3.1. La solidaridad contemplada en el artículo 36 del CST.
Para desarrollar este capítulo, se empezará por definir lo que estipula el artículo
36 del CST, que trata la responsabilidad solidaria que emana del contrato de
trabajo de los socios frente a los trabajadores. Y también se traerá a colación lo
estipulado en el artículo 71 de la ley 50 de 1990, que trata sobre la definición de
empresa de servicios temporales y su responsabilidad como empleador y el
artículo 78, ibídem que trata sobre la responsabilidad de la empresa de servicios
temporales frente a trabajadores en misión en actividades riesgosas.
Artículo 36. Responsabilidad Solidaria. Son solidariamente responsables de todas
las obligaciones que emanan del contrato de trabajo las sociedades de personas y
sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto social y solo hasta el límite
de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma
empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión.
ARTICULO 71. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la
prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente
en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador
40
ARTICULO 78. La empresa de servicios temporales es responsable de la salud
ocupacional de los trabajadores en misión, en los términos de las leyes que rigen
la materia para los trabajadores permanentes.
Cuando el servicio se preste en oficios o actividades particularmente riesgosas, o
los trabajadores requieran de un adiestramiento particular en cuanto a prevención
de riesgos, o sea necesario el suministro de elementos de protección especial, en
determinará expresamente la forma como se atenderán estas obligaciones. No
obstante, este acuerdo no libera a la empresa de servicios temporales de la
responsabilidad laboral frente al trabajador en misión.
Después de los enunciados normativos se procede hacer el análisis de la
responsabilidad que adquiere el empleador (Empresa de Servicios Temporales)
frente a los trabajadores en misión. La responsabilidad del empleador en materia
de salud ocupacional, se inicia con la firma de un contrato de trabajo, donde se
establece que hay una persona natural que presta el servicio personal, bajo la
continua subordinación y que recibe una remuneración llamada salario. Y un
empleador que se obliga a cuidar a ese trabajador en materia de salud y ha
proporcionarle un buen ambiente de trabajo, libre de todo peligro y riesgo para su
integridad física, es decir, a devolver a ese trabajador sano y salvo a su familia.
Cuando ocurre un evento de accidente de trabajo a un trabajador se debe
investigar la causa para determinar si existió culpa patronal, si hubo culpa leve del
empleador al no proporcionarle al trabajador todas las medidas de seguridad para
desarrollar el trabajo, máxime en actividades consideradas riesgosas, como las
desarrolladas en minas, en la construcción, en la industrias, donde el trabajador
debe recibir entrenamiento adecuado.
Es el empresario el que crea el riesgo para desarrollar su actividad y obtener una
ganancia, por lo tanto, es la persona que debe reparar el daño en caso de que
ocurra el siniestro, y si existe culpa leve, debe haber una reparación integral que
41
haga solidarios a las Empresa de Servicios Temporales y a los propietarios del
capital, y en estos eventos aplicar el artículo 36 del CST, que hace solidarios a los
verdaderos dueños del capital y finalmente los que obtienen las ganancias con el
esfuerzo de sus trabajadores de planta o en misión.
3.2 La Solidaridad de conformidad con el artículo 35 del CST.
Esta solidaridad se debe siempre entender en procura de tutelar los derechos
económicos de los trabajadores en misión, en los casos de insolvencia del
empleador principal en este caso las Empresas de Servicios Temporales, debe el
dueño del capital ser solidario con el pago de la indemnización total y ordinaria de
perjuicios, como consecuencia de la ocurrencia de un accidente de trabajo
imputable al empleador. Lo cual no quiere significar que es el empresario el
culpable del evento, pues la culpa es siempre del empleador, pero los derechos
respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones, que de ella emanan
son exigibles al dueño del capital, en virtud de la ley artículo 35 del CST.
Así las cosas se Considera que esta solidaridad, que trae el artículo 35 del CST es
aplicable a las demandas por responsabilidad civil en caso que se presente el
evento de un accidente de trabajo, por lo tanto, es indispensable que el dueño del
capital o empresario realice revisiones y auditorias y de recomendaciones a los
contratistas para que sus trabajadores estén afiliados al sistema de General de
Riesgos Profesionales y cumplan con las normas en salud ocupacional porque, en
ultimas, el que paga la demanda o indemnizaciones por responsabilidad civil es
del dueño del capital o el contratante.
Para entender mejor esta figura traemos apartes que consideramos importante de
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Magistrado Ponente Dr. Luis Gonzalo Toro Correa, expediente 14038, 26 de
septiembre del 2000, en esta sentencia se trata respecto de la institución de la
solidaridad entre varios contratistas y una entidad pública, el Municipio de
42
Rionegro (Antioquia), que es la entidad beneficiaria de la obra, algunos apartes
importantes se traen a colación: “La relación del trabajador con el contratista
(quien es su empleador) se constituye en una relación de derecho individual de
trabajo de carácter particular, que se rige por las normas del Código Sustantivo del
Trabajo.
“La norma establece la solidaridad entre el contratista (empleador) y el dueño de la
obra en relación con las obligaciones laborales, sin que de ello pueda desprender
que el trabajador lo es el dueño de la obra (verdadero empleador es
exclusivamente el contratista”)...
Cuando la norma hace referencia al dueño de la obra no efectúa distinción alguna
acerca de la naturaleza jurídica de éste. Es decir, el precepto normativo se aplica
tanto a las personas de derecho privado, como a las personas de derecho público
cuando contratan la ejecución de una obra.
…“Se desprende de lo expuesto que independientemente de la naturaleza jurídica
del beneficiario de la obra, (siempre y cuando no se trate de labores extrañas a las
actividades normales del dueño de la obra), hay lugar a predicar solidaridad entre
el dueño de la obra y el contratista en relación con las obligaciones laborales
contraídas por éste último con sus trabajadores”...
…“El sentido de la solidaridad en este supuesto normativo es el de proteger al
trabajador, para que el beneficiario de la obra (independientemente de su
condición) responda por las obligaciones asumidas por el contratista, cuando éste
no cumple con las obligaciones a su cargo. La solidaridad se erige así en una
garantía de carácter personal para el acreedor, que no sea un ente de derecho
público. (vale la pena recordar que en la obligación solidaria se presenta un
fenómeno de pluralidad de vínculos jurídicos”)...
Si la norma se aplicara exclusivamente a los casos en que el beneficiario de la
obra fuera una persona de derecho privado, ahí si se correría el riesgo de que los
43
trabajadores de los contratistas quedaran desamparados y fueran defraudados, en
la medida en que los contratistas no asumieran el cumplimiento de las
obligaciones laborales derivadas del contrato de trabajo. Más adelante en la
misma jurisprudencia el Alto Tribunal enfatizó:
“Se insiste, el hecho de que exista solidaridad entre la entidad pública beneficiaria
de la obra y el contratista no significa en modo alguno que el trabajador se
convierta en un trabajador oficial. La solidaridad no altera la naturaleza del vínculo
laboral del trabajador, el cual no se convierte desde ninguna perspectiva en un
trabajador oficial. Todo lo anterior se explica también por la naturaleza especial de
la solidaridad.
“Si bien es cierto que el artículo 6º del Decreto 2127 de 1945 no se aplica a la
controversia, ello se explica en la medida en que existe una norma posterior que
regula el problema (Art. 3º del Decreto 2351 de 1965), siendo importante resaltar
que el sentido de las dos disposiciones es el mismo.
“Por ello, entender que el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965 se aplica a los
casos en que las entidades públicas contratan la ejecución de una obra, no
vulnera el contenido de los artículos 3º, 4º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo
(como equivocadamente lo entendió el Tribunal), ya que en ningún momento se
estructura una relación de derecho individual de trabajo entre la entidad pública y
el trabajador del contratista. La relación laboral sigue siendo de derecho individual
de trabajo de carácter particular y no una relación laboral de derecho público, por
lo que no resulta pertinente acudir al texto del artículo 22 de la Constitución
Nacional, ni al artículo 90 ib.
Desde vieja data la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sentado
jurisprudencia respecto al tema de la indemnización plena de perjuicios
contemplada en el art. 216 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto la empresa
de servicios temporales y las empresas usuarias, inicialmente argumento su
44
decisión en lo establecido en el art. 1º del Decreto 1433 de 1983, con la
expedición de la ley 50 de 1990, que hizo referencia las empresas de servicios
temporales y la definió como tal en el art. 71, desde entonces, el Alto Tribunal no
ha modificado su criterio y es más diríamos que los argumentos a partir de esa
fecha han sido aún más sólidos en el entendido que es precisamente este artículo
que las define como unos verdaderos empleadores se insiste y, por lo tanto, son
los llamados a responder por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones,
ahora bien, con respecto a la posible insolvencia económica en qué puedan
incurrir, la Sala Laboral resuelve este interrogante de conformidad con lo
establecido en el artículo 78 de la ley 50 de 1990, y para ella la solución radica en
que estas están obligadas a constituir una póliza por 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para atender posibles eventualidades de insolvencia y en
caso que la empresa usuaria no exija el cumplimiento de este precepto legal al
momento de contratar con la empresa de servicios temporales, automáticamente
se constituye en deudora solidaria frente al pago de acreencias laborales e
indemnizaciones.
Así las cosas, en tratándose de la indemnización plena de perjuicios que trata el
art. 216 del Código Sustantivo del trabajo, le corresponde pagarla a la Empresa de
Servicios temporales, así sea, en situaciones donde se demuestre la
responsabilidad de la empresa usuaria, cuando se trata de trabajadores en misión;
por cuanto es la empresa de servicios temporales la patrona directa; sin embargo,
en ciertos casos se abre la posibilidad que a quien el corresponda pagar la
plurimencionada indemnización sea la empresa usuaria si se dan los supuestos de
hecho a que se refieren algunas de las sentencias tratadas en el capítulo 2 de esta
investigación; resumiendo serían, que el empleado al momento de la ocurrencia
del accidente de trabajo esté ejerciendo actividades o funciones para las cuales no
fue contratado, es decir, que la empresa usaría se aparte del objeto contractual
acordado con la empresa de servicios temporales.
45
4. Conclusiones
Se concluye de manera contundente y categóricamente haciendo un
reproche al ente legislativo en Colombia por la falta de voluntad para
legislar sobre el tema por cuanto hasta la fecha, no existe en el
ordenamiento jurídico vigente una definición de accidente de trabajo.
Si bien es cierto la definición de accidente de trabajo estaba regulada en el
artículo 9 del Decreto ley 1295 de 1994 también es cierto que ante la
declaratoria de inexequibilidad de la norma por parte de la Honorable Corte
Constitucional en sentencia C-858 del 18 de Octubre de 2006, actualmente
nuestro ordenamiento jurídico carece de esta definición tan importante, por
lo tanto, se ha tenido que recurrir a la definición consagrada por la CAN
(Comunidad Andina de Naciones).
Ahora bien, con respecto a la solidaridad entre empresa de servicios
temporales y empresa usuaria para el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones de los trabajadores en misión abogamos por que al Alto
Tribunal modifique su criterio jurisprudencial en el sentido de declararla
plenamente, por cuanto consideramos que las empresas usuarias son
verdaderos empleadores y mucho más importante aún, son las dueñas del
capital, lo que en la mayoría de los casos no ocurre con la empresas de
servicios temporales que se constituyen en empresas de papel para burlar
las prebendas laborales a que tienen derecho los trabajadores.
Téngase en cuenta que actualmente en Colombia la mayor fuente de
empleo formal se registra a través de las empresas de servicios temporales
y las Cooperativas de trabajo Asociado (CTA); si logra consolidarse la tesis
que desde antaño viene imponiendo el Alto Tribunal de exonerar a la
empresa usuaria (que actualmente son las de mayor demanda de empleo
de trabajadores en misión), traería como consecuencia el debilitamiento del
46
Sistema de Riesgos Profesionales, en cuanto a políticas de salud
ocupacional y acarrearía un abandono de las medidas de prevención que
se deben tomar para evitar los accidentes de trabajo, amén de que los
trabajadores afectados con la invalidez por causa de un accidente de
trabajo o sus causahabientes en caso de muerte del trabajador no se les
cubra en su totalidad el pago de la indemnización plena de perjuicios que
en su mayoría son cuantiosas, esto en el caso de la insolvencia o iliquidez
de las empresas de servicios temporales.
La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, desde
vieja data ha tenido a las empresas de servicios temporales como
verdaderos empleadores y de ahí que según ella sean los llamados a pagar
las prestaciones laborales incluyendo las indemnizaciones por culpa
patronal; actualmente basa su criterio en lo estatuido en el art 71, 78 y ss.
de la ley 50 de 1990; como quedó establecido en el presente trabajo de
investigación además de los artículos 34, 34, 36 del Código Sustantivo del
Trabajo, es importante tener en cuenta que la expedición de la ley 50 de
1990 fue anterior a la expedición de la ley 100 de 1993, en este Estatuto de
la Seguridad Social se estipuló la denominada vocación a la Seguridad
Social Integral (art. 1. 8), este sistema comprende… aquellas normas que
se incorporen en el futuro. Efectivamente se expidieron al menos las
siguientes dos normas que tienen una relación directa con el tema: El
Decreto 1530 de 1996 y el Decreto 24 de 1988.
El art. 11 del Decreto 1530 de 1996 obliga a las empresas usuarias que
utilicen los servicios de empresas de servicios temporales incluir los
trabajadores en misión en los programas se salud ocupacional. Pretermitir,
desconocer o sustraerse a tales obligaciones, implica desde luego una
responsabilidad que no puede pasarse por alto, so pretexto de una
interpretación aislada del art. 78 de la ley 50 de 1990.Por su parte el art. 4
47
del Decreto 24 de 1998 extiende la responsabilidad a las empresas
usuarias.
Creemos entonces con base en estas dos normas que cuando
razonablemente una tesis rompe el criterio precedente, bien puede
presentarse la ruptura y generar un cambio jurisprudencial y así lo ha
sostenido la Corte Constitucional y la misma Corte Suprema de Justicia,
Se concluye también que el Alto Tribunal continúa sosteniendo la tesis de
vieja data y así quedó plasmado en reciente sentencia con radicación
32.198, M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, en ella dispuso que no se
puede predicar la solidaridad entre la E.S.T. y la usuaria, pero aquella tiene
la acción de repetición en contra de la culpable del accidente de trabajo en
misión, en este caso la empresa usuaria.
48
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trabajadores en misión.
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para contractar trabajadores.
Ley 50 de 1990, articulo 78, Salud ocupacional de los trabajadores en misión.
Corte Constitucional
C-858 de 2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño
Corte Suprema de Justicia
50
Radicado 9435 del 24 de abril de 1997, M.P. Dr. Francisco Escobar
Radicado 1875 del 3 de febrero de 1987, M.P. Dr.
Radicado 10400 de 15 de abril de 1998, M.P. Dr. Francisco Escobar Henriquez
Casación
Radicado 22175 de 26 de febrero de 2004, M.P.
Radicado 14038 de 26 de septiembre de 2000, M.P. Dr. Luis Gonzalo Toro Correa