procesos civiles especiales

I. PROCESOS CIVILES ESPECIALES Y PROCESOS ORDINARIOS CON ESPECIALIDADES

A) PROCESOS CIVILES ESPECIALES DE NATURALEZA PLENARIA

LECCIN 1. PROCESOS NO DISPOSITIVOS

1. CARACTERSTICAS

Ya sabemos que en el orden civil rige el principio dispositivo, principio que parte de la

concepcin del proceso como un derecho subjetivo de las partes, de forma que stas

deciden el cmo y el cundo de su desarrollo. Sin embargo, tambin podemos encontrar en

el mbito civil situaciones jurdicas en las que lo determinante no es la voluntad de las partes,

sino la aplicacin en sus exactos trminos de una o varias normas jurdicas: En ese caso

hablamos de "procesos no dispositivos".

Cules son las caractersticas singulares de este tipo de procesos? Con independencia de

las particularidades propias de cada modalidad especfica (que veremos en los siguientes

epgrafes), podemos esbozar una serie de aspectos comunes a todos ellos:

La indisponibilidad del objeto del proceso: La decisin judicial sobre el objeto del

litigio no puede venir condicionada aqu por la voluntad de las partes, y esta situacin se

manifiesta por mltiples vas:

o Generalmente la renuncia, el allanamiento y la transaccin no producen efecto

alguno sobre el desarrollo del proceso, salvo en contadas excepciones (por ejemplo,

los procesos por separacin o divorcio).

o El desistimiento, para su validez, requiere la conformidad del Ministerio Fiscal, salvo

que no existan menores, incapacitados o ausentes afectados, en los procesos de

separacin y divorcio, o en los procesos de nulidad matrimonial por error, coaccin,

miedo grave o por menor edad si ambos cnyuges ya han alcanzado la mayora de

edad.

o La posibilidad de aportar hechos en que basar la resolucin judicial no precluye

(pueden aportarse en cualquier momento), y esa aportacin no tiene que producirse

necesariamente a instancia de parte.

La postulacin, la intervencin de terceros y la intervencin del Ministerio Fiscal:

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SERGIO GARCIA DE LA CRUZ

Aunque estos procesos se inician siempre a instancia de parte, presentan una serie de

particularidades:

o Se requiere siempre la postulacin por medio de abogado y procurador, salvo que el

sujeto est defendido por el Ministerio Fiscal (Art. 750 LEC). Y, como veremos, en los

procesos de separacin y divorcio de comn acuerdo es posible que ambos

cnyuges sean representados por un mismo abogado y procurador.

o La ley determina las personas legitimadas para intervenir, activa y pasivamente, en

estos procesos (Art. 753 LEC), sin que ello quede a la voluntad del actor.

o Se concede legitimacin -activa y/o pasiva- al Ministerio Fiscal en los procesos sobre

incapacitacin, nulidad matrimonial y determinacin o impugnacin de la filiacin

(Art. 749 LEC). En el resto de procesos, adems, deber intervenir el Ministerio Fiscal

siempre que existan menores, incapacitados o ausentes interesados en los mismos.

Especialidades en materia de prueba: Estas especialidades, aplicables slo para

aquellas materias consideradas como "no disponibles", con llevan, en primer lugar, que la no

preclusin en la alegacin de hechos afecte tambin a la prctica de la prueba. Adems,

el Tribunal podr ordenar de oficio la prctica de cualesquiera pruebas estime pertinentes,

sin quedar vinculado por las proposiciones planteadas por las partes (Art. 752.1 LEC). Por

ltimo, tambin se manifiestan especialidades en la valoracin de la prueba, no quedando

vinculado el Tribunal por las normas establecidas sobre interrogatorio de las partes o prueba

documental, ni por los hechos en que las partes puedan estar conformes.

Especialidades en cuanto a su procedimiento: Los procesos no dispositivos se

tramitarn por la va del juicio verbal, si bien presentan la particularidad de que la

contestacin a la demanda deber efectuarse por escrito (no en el acto del juicio). Por este

motivo, la demanda planteada no podr ser sucinta ni formularia, sino completa,

expresando las razones y fundamentos jurdicos esgrimidos por el actor para que los mismos

puedan ser rebatidos en la contestacin. Adems, se trata de procesos cuyas sentencias no

son (salvo que contengan pronunciamientos de naturaleza patrimonial) susceptibles de

ejecucin provisional.

Especialidades en materia de publicidad: Por la relevancia que suele tener el objeto

de estos procesos sobre el mbito de la intimidad de las personas, podr excluirse la

publicidad de los actos procesales (Art. 754 LEC), celebrndose los mismos a puerta cerrada.

Adems, al tratarse de procesos con pretensiones generalmente declarativas, las

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resoluciones dictadas sern comunicadas a los Registros pertinentes (Art. 755 LEC) para su

asiento.

2. PROCESOS DE INCAPACITACIN

Los Arts. 756 a 763 LEC regulan los procesos especiales sobre capacidad de las personas,

aquellos supuestos en que se pretende constituir a una persona fsica en prdigo o incapaz,

limitando su capacidad de obrar, o bien revisar una situacin de prodigalidad o

incapacidad ya declarada, para eliminarla, atenuarla o agravarla. Se trata de procesos en

los que rige de forma absoluta el principio inquisitivo y de investigacin de oficio, cuyo

conocimiento ha sido atribuido (Art. 756 LEC) al Juzgado de Primera Instancia del lugar en

que resida la persona a que se refiera la declaracin de incapacidad o prodigalidad.

PARTES:

Con respecto a la Legitimacin Activa, hay que diferenciar entre los procesos de

incapacitacin y los de prodigalidad:

En los procesos de incapacitacin estarn legitimados activamente (Art. 757.1

LEC), sin preferencia de unos sobre otros y sin necesidad de litisconsorcio, el cnyuge, la

pareja de hecho, los descendientes, ascendientes y hermanos del presunto incapaz.

Adems, si no existe ninguno de estos legitimados, o si no han actuado, se concede

legitimacin de tipo subsidiario al Ministerio Fiscal.

En los procesos de prodigalidad quedan legitimados (Art. 757.5 LEC) el cnyuge,

los descendientes o ascendientes del presunto prdigo que perciban de l alimentos o que

se encuentren en situacin de reclamrselos (o sus representantes legales) y,

subsidiariamente, el Ministerio Fiscal.

En cuanto a la Legitimacin Pasiva, la misma corresponde a aqul que se encuentre en las

circunstancias constitutivas de la incapacidad o prodigalidad, y slo a l, de forma que

cualquier otro sujeto que intervenga pasivamente (defensor judicial, Ministerio Fiscal...) lo

har en su representacin, y slo si el presunto incapaz o prdigo no ha acudido al proceso

con abogado y procurador.

De lo expuesto deducimos, por tanto, que la Intervencin del Ministerio Fiscal puede adoptar

una perspectiva mltiple: As, podr promover la incapacitacin, actuar sustituyendo a los

representantes de quienes reciban alimentos del presunto prdigo, actuar pasivamente

como defensor del presunto prdigo o incapaz o, simplemente, intervenir en el proceso

como parte o controlando su regularidad sin ser parte.

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Se requiere, por ltimo, en estos procesos la Postulacin por medio de abogado y

procurador.

OBJETO:

El objeto de este tipo de procesos se centra en la obtencin de una resolucin judicial que

declare al demandado en situacin de incapacidad o prodigalidad, y en el nombramiento

de aqullos que deban suplir su defecto de capacidad. Y esta resolucin, adems, deber

fijar la extensin y lmites de dicha incapacidad (Art. 760 LEC) o prodigalidad.

Debe concretar el demandante, con su escrito de demanda, el grado de incapacidad

solicitado para el demandado o los mecanismos a articular para suplir su falta de

capacidad? Es evidente que ha de concretarse si se solicita una incapacitacin o una

declaracin de prodigalidad (pues lo contrario causara indefensin para el demandado);

fuera de ello, sin embargo, y en base al principio no dispositivo que rige estos procesos, ser

el Juez en su sentencia quien fije el alcance de las limitaciones a la capacidad del sujeto, as

como los medios para subsanarlas.

PROCEDIMIENTO:

En ambos casos, el proceso se tramitar segn lo previsto en el Art. 753 LEC (juicio verbal con

especialidades), ya estudiado, recogindose luego, en los Arts. 759 y ss., otras singularidades:

La demanda deber determinar si el objeto del proceso es una declaracin de

prodigalidad o una incapacitacin, y deber identificarse claramente en la misma al

sujeto demandado y a la persona propuesta para suplir su falta de capacidad.

Ya que se prev que, en caso de incomparecencia o postulacin indebida del

demandado, sea un defensor judicial o el Ministerio Fiscal quien acte como parte

demandada, no cabe apreciar situacin de rebelda en estos procesos.

La admisin por el demandado de los hechos planteados en la demanda no

vincular al rgano jurisdiccional en su decisin.

Existe una gran libertad en el modo de desarrollarse formalmente las vistas, as como

en la valoracin de las pruebas aportadas: Se prev el necesario examen del

presunto incapaz o prdigo por el rgano judicial, as como la emisin de un informe

pericial al respecto, medios de prueba que podrn realizarse de forma indirecta en

caso de incomparecencia del demandado.

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La sentencia emitida produce efectos ex nunc (desde que se dicte), y deber

graduar la incapacitacin o prodigalidad del sujeto, as como el rgimen de tutela o

guarda al que ste quedar sometido. Contra esta sentencia cabr recurso de

apelacin ante la Audiencia Provincial, quien deber ordenar de oficio la audiencia

al presunto incapaz y a sus familiares, as como la realizacin de una pericia mdica.

Por la efectividad ex nunc de la sentencia, y para evitar actuaciones perjudiciales

del presunto incapaz o prdigo, el Art. 762 LEC permite que el Juez, de oficio o a

instancia de parte, establezca medidas cautelares (incluso con anterioridad a la

admisin a trmite de la demanda) para limitar los actos del demandado, medidas

que pueden llegar, incluso, al internamiento del presunto incapaz.

MODIFICACIN DE LA INCAPACITACIN Y REINTEGRACIN DE LA CAPACIDAD DEL SUJETO:

Si la declaracin de incapacidad o prodigalidad de un sujeto requiere la oportuna

resolucin judicial al respecto, parece lgico pensar que la modificacin de este estado, por

un cambio en la situacin del incapaz, requerir tambin un pronunciamiento del rgano

jurisdiccional: As, mediante una nueva declaracin judicial podr reintegrarse la capacidad

del sujeto, o bien modificarse el alcance de su incapacitacin (ampliando o reduciendo las

limitaciones a su capacidad de obrar).

La legitimacin activa corresponder a cualquier sujeto legitimado para promover la

incapacidad, al tutor o curador del incapaz, e incluso a ste, si tal facultad no le ha sido

vedada por la sentencia declaratoria de su situacin; por su parte, sern demandados

todos aqullos legitimados activamente que no hayan promovido la demanda. La

competencia para conocer de este asunto recaer sobre el JPI del lugar en que resida el

incapaz, si bien puede argumentarse tambin que conocer de este asunto el JPI que

conoci de la demanda inicial de incapacitacin.

El procedimiento a seguir es similar al visto para las declaraciones de incapacitacin,

pronuncindose el Juez sobre la necesidad de reintegrar la capacidad del sujeto, o sobre el

alcance de las modificaciones en su incapacidad.

INTERNAMIENTO NO VOLUNTARIO POR TRASTORNO PSQUICO:

La LEC recoge, en su Art. 763, el procedimiento a seguir para el internamiento de sujetos que

padezcan trastornos psquicos, con vistas a su mejor tratamiento mdico, a su mejor cuidado

personal, o por razones de seguridad. Este procedimiento, que se encuentra sometido a un

estricto control judicial, se caracteriza por las siguientes notas:

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Se requiere una autorizacin judicial previa al internamiento, si bien, por motivos de

seguridad, podr adelantarse el mismo, debiendo solicitarse la ratificacin judicial de la

medida adoptada en el plazo de 24 horas.

Ser competente el Juez del lugar en que resida el afectado, o donde se encuentre

el centro en que ste est internado, segn los casos.

Si el afectado no ha sido declarado incapaz, deber instarse la incapacitacin.

El afectado deber estar representado por abogado y procurador y, en caso

contrario, ser representado por el Ministerio Fiscal (o por un defensor judicial, si fue el

Ministerio Fiscal quien inst el internamiento).

Antes de adoptar su decisin, el Juez deber or al afectado, a aqullos cuyo

testimonio resulte necesario o sea solicitado, al facultativo encargado de elaborar un

dictamen, y al Ministerio Fiscal. Adems, deber el Juez examinar al afectado.

El internamiento es una medida que requiere un control peridico, con la emisin de

informes cada seis meses (como mximo), y pudiendo el rgano jurisdiccional recabar otros

informes siempre que lo estime oportuno.

En caso de internamiento de menores, el mismo deber efectuarse en un centro

adecuado a su edad, y ser preceptivo el informe de los servicios de asistencia al menor.

3. PROCESOS MATRIMONIALES:

Tras la promulgacin de la LEC'2000, la regulacin de los procesos matrimoniales pasa a

contenerse en los Arts. 769 a 778 de la misma, derogndose as la regulacin contenida en

las Disposiciones Adicionales de la Ley 30/1981, e incluyndose en su mbito de

conocimiento situaciones muy heterogneas: nulidad, separacin o divorcio -contenciosos o

de comn acuerdo-, relaciones personales y patrimoniales de los cnyuges entre ellos y con

sus hijos, etc...

COMPETENCIA:

La competencia objetiva para conocer de los procesos matrimoniales recae sobre los

Juzgados de Primera Instancia, o bien sobre los Juzgados de Familia, en aquellas

poblaciones en que existan (supuesto de especializacin, no conociendo entonces de los

mismos el resto de Juzgados de Primera Instancia de dicha poblacin).

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En cuanto a la competencia funcional, en materia de recursos se seguirn las normas que

rigen ordinariamente en el orden civil. Y en materia de medidas provisionales y cautelares,

conocer de ellas el Tribunal que est conociendo del pleito principal, o que vaya a

conocer de l (de tratarse de medidas a aplicar en la segunda instancia, conocer de las

mismas el Tribunal que se ocupe de la mencionada segunda instancia).

Por ltimo, la competencia territorial en los procesos matrimoniales (y en la adopcin de

medidas provisionales simultneas al mismo) encuentra una exhaustiva regulacin en el Art.

769 LEC, articulndose un fuero principal y excluyente, cuatro fueros subsidiarios (cinco, en

supuestos de separacin o divorcio de mutuo acuerdo) concurrentes de dos en dos, y un

fuero residual:

El fuero principal es el del lugar del domicilio conyugal, aplicable adems siempre

que ambos cnyuges residan en el mismo partido judicial.

Los fueros subsidiarios se refieren al lugar del ltimo domicilio del matrimonio o de la

residencia del demandado, a eleccin del actor, y si el demandado no cuenta con

residencia o domicilio fijos, podr optar el demandante por el lugar en el que se halle el

actor o el de su ltima residencia. Por ltimo, en las separaciones o divorcios de mutuo

acuerdo ser competente el Juez del domicilio de cualquiera de los solicitantes.

Finalmente, se aplicar como fuero residual el del domicilio del actor.

En cuanto a las medidas solicitadas con carcter previo a la demanda, conocer de las

mismas el Tribunal que deba conocer del posterior proceso, o bien el del domicilio del

solicitante (Art. 771 LEC). Y tanto en estos casos como en los fueros anteriormente expuestos,

estamos ante normas indisponibles, no alterables por la mera voluntad de las partes.

LEGITIMACIN:

En los procesos matrimoniales sern parte, obviamente, los cnyuges afectados por la

resolucin, si bien podrn intervenir otros sujetos interesados (hijos, abuelos o cualquier otro

sujeto con un inters directo y legtimo), y tambin podr actuar en estos procesos el

Ministerio Fiscal:

Con respecto a los cnyuges, hay que referirse tanto a su capacidad procesal como

a su legitimacin:

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o En cuanto a su capacidad procesal, el nico supuesto que podra plantear dudas es

el del menor no emancipado. Ahora bien, dado que stos no pueden contraer

vlidamente matrimonio (para contraer matrimonio, un menor de 14 o ms aos ha

de obtener una dispensa judicial previa, y esa dispensa conlleva la emancipacin),

en realidad no estaremos ante un problema de capacidad procesal, sino de

legitimacin.

o La legitimacin tampoco presenta grandes complicaciones, pues los procesos

matrimoniales sern contenciosos (estando legitimada activamente una parte y

pasivamente la otra) o de mutuo acuerdo (en cuyo caso actuarn conjuntamente

ambos cnyuges). S se niega legitimacin a los cnyuges, sin embargo, en los

supuestos de nulidad del matrimonio por menor edad no dispensable en uno de los

cnyuges: El cnyuge menor de edad slo podr solicitar la nulidad por medio de

sus representantes o cuando alcance la mayora de edad; el otro cnyuge, en

ningn caso (s podr solicitarla, en todo caso, el Ministerio Fiscal).

En cuanto al resto de interesados, los hijos podrn intervenir -no como parte- en los

procesos de separacin o divorcio, as como en todas las medidas (personales o

patrimoniales) que les afecten. En los supuestos de nulidad matrimonial, por su parte,

cualquier sujeto con un inters directo y vlido estar legitimado activamente. Por ltimo, y

tras las modificaciones que han sufrido el Cdigo Civil y la LEC en virtud de la Ley 43/2003, los

abuelos (y otros parientes y allegados) disfrutarn de relaciones personales con sus nietos,

relaciones que no podrn impedirse sin justa causa (Art. 160 CC); de vulnerarse lo all

dispuesto, se legitima activamente a estos sujetos para interponer la correspondiente

demanda, demanda que se sustentar por los trmites del juicio verbal.

Por ltimo, el Ministerio Fiscal ha de tomar parte en estos procesos en defensa de la

legalidad y del inters pblico o social, y ha de promover, en su caso, la representacin y

defensa de quienes no puedan actuar por s mismos ante el Tribunal (siempre actuar -no

necesariamente como parte- si existen menores, incapacitados o ausentes afectados en el

proceso). Junto a estas funciones genricas, se concede, adems, legitimacin activa al

Ministerio Fiscal para instar la nulidad matrimonial, debiendo drsele traslado de las

demandas de esta naturaleza cuando ste no las haya interpuesto.

POSTULACIN:

La intervencin de abogado y procurador en este tipo de procesos, como ya hemos

adelantado, resulta preceptiva en todos sus trmites, salvo en los supuestos de solicitud de

medidas provisionales previas a la demanda de nulidad matrimonial. Adems, en los

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supuestos de separacin o divorcio de comn acuerdo, y en general en todos aqullos en

que los cnyuges mantengan una comunidad de intereses y pretensiones, ambos podrn

contar con una sola defensa y representacin (debiendo designar abogados y

procuradores diferentes desde que se rompa dicha comunidad de intereses).

PROCEDIMIENTO:

Ya hemos dicho que en los supuestos de separacin o divorcio, el proceso puede ser instado

de comn acuerdo por ambos cnyuges. Por ello, tenemos que distinguir, al estudiar la

tramitacin de esta clase de procesos, entre el proceso contradictorio (el ms comn) y el

procedimiento consensual.

PROCEDIMIENTO CONTRADICTORIO:

De acuerdo con el Art. 770 LEC; se emplear este procedimiento en los supuestos de

separacin o divorcio en que no exista acuerdo entre las partes, as como en los casos de

nulidad matrimonial o en aquellos procesos que se refieran a derechos e intereses regulados

en el Ttulo IV del Libro I del Cdigo Civil. En este mbito se seguirn los cauces del juicio

verbal (con las particularidades propias de los procesos no dispositivos), si bien articula la LEC

una serie de singularidades:

Junto a la demanda deber acreditarse la situacin matrimonial (mediante

certificacin del Registro Civil), la existencia o no de hijos (partidas de nacimiento) y los

documentos que permitan evaluar la situacin econmica de la familia (pudiendo instarse

diligencias preliminares para la obtencin de los mismos).

La demanda deber contestarse por escrito en el plazo de veinte das, y el Art. 770.2

LEC admite la posibilidad de formular reconvencin nicamente en los supuestos de nulidad,

separacin o divorcio, o cuando se solicite una medida definitiva no apreciable de oficio y

que no haya sido pedida por la otra parte: En la reconvencin, adems, la pretensin podr

coincidir con la formulada por el actor en su demanda (por ejemplo, la declaracin de

nulidad del matrimonio), modificndose nicamente la causa petendi.

La ausencia de alguna de las partes a la vista podr llevar al Tribunal a apreciar los

hechos alegados por la otra parte en lo referente a la adopcin de medidas definitivas de

carcter patrimonial. La presencia de una de las partes sin abogado, por otro lado, slo

producir la suspensin de la vista en los supuestos de muerte, enfermedad o imposibilidad

absoluta.

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Las pruebas de parte se propondrn en la vista, pudiendo el Tribunal de oficio

aprobar y practicar nuevas pruebas en un periodo no superior a treinta das (Art. 770.4.1

LEC). La audiencia a los hijos menores y mayores de doce aos ser preceptiva (facultativa

para el Tribunal, si son menores de dicha edad), y se celebrar sin la intervencin de las

partes ni de sus abogados.

Aunque el allanamiento no vincula al rgano jurisdiccional (pues estamos ante

materias indisponibles), s puede darse un cambio de procedimiento por la mera voluntad

de las partes, pasndose de la va contradictoria a la consensual (Art. 770.5 LEC).

La reconciliacin de los cnyuges puede traer aparejada la finalizacin del proceso,

siempre que el objeto del mismo sea la separacin o el divorcio (Arts. 84 y 88 CC), pero no

en los supuestos de nulidad matrimonial. Asimismo, la muerte de cualquiera de los cnyuges

extingue los efectos de la accin de divorcio.

La sentencia de fondo resolver sobre la nulidad, separacin o divorcio, teniendo

efectos frente a terceros -en caso de ser estimatoria- desde su inscripcin en el Registro Civil

(Art. 222.3 LEC). Asimismo, la emisin de la sentencia extingue las medidas provisionales que

pudieran haberse adoptado.

Contra la sentencia dictada podr recurrirse en apelacin, o bien a travs de los

recursos extraordinarios por infraccin procesal o de casacin.

PROCEDIMIENTO CONSENSUAL:

Para los supuestos de separacin o divorcio de comn acuerdo entre ambos cnyuges, y

precisamente por la ausencia de contradiccin, el Art. 777 LEC construye un cauce

procedimental bastante prximo al de los actos de jurisdiccin voluntaria, cauce que se

caracteriza por las siguientes notas:

Se inicia con la presentacin de una peticin ante el Juzgado de Familia o JPI

competente, por ambos cnyuges o por uno de ellos y con el consentimiento del otro. Esta

peticin no requiere forma alguna, si bien deber identificar a las partes, el modo de

presentacin, el objeto de la peticin (separacin o divorcio), la causa alegada y, en su

caso, la solicitud de prueba para acreditar la misma.

Con la solicitud debern incluirse determinados documentos, que podemos agrupar

en dos categoras:

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o Documentos de forma: Poder a procuradores, certificacin del matrimonio,

certificados de nacimiento (en su caso) de los hijos y propuesta del convenio

regulador.

o Documentos de fondo: Si se solicita el divorcio por cese de la convivencia

despus de un ao de haberse iniciado un procedimiento consensual de

separacin, o por haberse llevado a cabo una separacin en va contradictoria,

deber aportarse la resolucin estimatoria de la demanda de separacin o, en su

caso, testimonio de la interposicin de la demanda. Y si se solicita el divorcio por

el cese efectivo de la convivencia durante dos aos desde la separacin de

hecho, la declaracin de ausencia legal o la sentencia firme de separacin,

deber aportarse la resolucin o cualquier otro documento que acredite el

derecho correspondiente.

o Tras la solicitud, se citar -en el plazo de tres das desde aqulla- a los cnyuges

para que comparezcan por separado ante el rgano judicial y se ratifiquen en el

contenido de la misma (Art. 777.3 LEC): De no mediar la ratificacin de ambos

cnyuges, se archivarn las actuaciones.

o Tras la ratificacin, el rgano judicial podr conceder un plazo de diez das para

la subsanacin de posibles defectos en la documentacin presentada, y se

practicarn las pruebas propuestas y las adoptadas de oficio por el Tribunal

(incluida la audiencia a los hijos, de haberlos y ser la misma preceptiva o querida

por el rgano judicial).

o La sentencia conceder o denegar el divorcio o la separacin, as como su

convenio regulador, y en caso de no aprobarse el mismo, se conceder un plazo

de diez das para corregirlo (de no hacerlo, podr imponer otro en su lugar el

rgano judicial). En caso de no acceder el rgano judicial a la propuesta de las

partes, la decisin podr ser recurrida en apelacin, si bien ello no suspender la

eficacia de la sentencia (Art. 777.8 LEC).

MEDIDAS PROVISIONALES:

En los Arts. 102 y ss. del Cdigo Civil se recoge todo un conjunto de medidas a adoptar

durante la tramitacin del procedimiento o, incluso, con anterioridad al mismo: Se trata,

adems, de medidas provisionales, pues su vigencia termina en el momento en que se dicte

sentencia (Arts. 773.5 y 774.5 LEC) y sean sustituidas por las contenidas en la misma, o bien

cuando se ponga fin al procedimiento de cualquier otro modo (Art. 106 CC). En cualquier

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caso, dejamos fuera de nuestro anlisis las medidas cautelares que, con carcter genrico,

se regulan en el Art. 727 LEC (seran, por ejemplo, el alejamiento del cnyuge agresor del

agredido, la imposibilidad de sacar al hijo menor de edad del territorio nacional, etc...).

En primer lugar, debemos referirnos a las conocidas como medidas provisionales previas

urgentes, que vienen recogidas en el Art. 771.2 LEC: Cualquiera de los cnyuges, con

anterioridad a la presentacin de la demanda, podr solicitar la adopcin de medidas

referentes a la custodia de los hijos o al uso de la vivienda y del ajuar familiares, y que, por

motivos de urgencia, no puedan esperar al momento procesal propio del resto de medidas

provisionales. El Tribunal decidir sobre este tipo de medidas sin efectuar ningn trmite

previo -contra su resolucin no cabr recurso alguno-, y la vigencia de las mismas slo

alcanzar hasta el momento en que se dicten las medidas provisionales previas "ordinarias".

En cuanto al resto de medidas provisionales, las mismas podrn solicitarse de forma previa a

la demanda o simultneamente a su presentacin, si bien, en el caso de medidas previas,

slo subsistirn si la demanda es presentada en el plazo de treinta das a contar desde el

momento de su adopcin (Art. 771.5 LEC). Para su solicitud (siempre en el caso de medidas

previas), adems, no ser preceptiva la intervencin de abogado y procurador, si bien s se

requerir la presencia de ambos para cualquier trmite posterior.

De acuerdo con el Art. 771 LEC, para la fijacin de estas medidas habr que citar a los

cnyuges y al Ministerio Fiscal en un plazo de diez das desde su solicitud, practicndose la

prueba pertinente y dictndose auto (contra el que no cabr recurso) en el plazo de tres

das. Y, en caso de que las medidas sean propuestas por el demandado en su contestacin,

la comparecencia para su fijacin podr coincidir con la vista del juicio si ste se celebra

dentro de los diez das siguientes a la contestacin a la demanda.

EFICACIA CIVIL DE LAS RESOLUCIONES ECLESISTICAS:

El Art. 778 LEC fija los pasos para otorgar eficacia civil a las decisiones del mbito

eclesistico, distinguiendo entre los pronunciamientos sobre el vnculo matrimonial y aqullos

que se refieran a otras medidas o efectos asociados al pronunciamiento sobre el vnculo:

As, si ya se han decidido en el mbito civil las cuestiones patrimoniales o personales

asociadas a la separacin, divorcio o nulidad matrimonial, de forma que la resolucin

eclesistica slo va a afectar civilmente a la pervivencia del vnculo, bastar con que el

Tribunal d audiencia, en diez das, al cnyuge demandado y al Ministerio Fiscal, decidiendo

posteriormente mediante auto.

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Si no se ha adoptado medida alguna en el orden civil, o si se pretende que las

medidas "accesorias" civiles queden sustituidas por las adoptadas en el mbito eclesistico,

se seguir el procedimiento fijado en el Art. 775 LEC: Se celebrar una vista, con

comparecencia de las partes, se oir al Ministerio Fiscal, se practicarn las pruebas

oportunas y, finalmente, resolver el Tribunal mediante auto.

EJECUCIN FORZOSA:

El Art. 776 LEC regula la ejecucin forzosa de las medidas adoptadas en los procesos

matrimoniales, distinguiendo entre las de carcter pecuniario y las de carcter no

pecuniario y personalsimo:

En las primeras, cabr la ejecucin sobre el patrimonio del deudor y la imposicin de

multas coercitivas (de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 711 LEC).

En las segundas, el incumplimiento no implica la sustitucin automtica por el

equivalente pecuniario, y cabr imponer tambin multas coercitivas al deudor. Adems, el

incumplimiento reiterado del rgimen de visitas podr dar lugar a la modificacin del

rgimen de guarda.

4. PROCESOS DE FILIACIN

Se regulan en los Arts. 764 y ss. LEC, y se nos remite para su tramitacin al Art. 753 LEC,

caracterizndose el procedimiento a seguir por las notas que destacamos:

La admisin a trmite de la demanda requiere aportar junto a sta un principio de

prueba de los hechos en que se funda (Art. 767 LEC): No se requiere una prueba completa

de los hechos; basta ofrecer una verosimilitud o probabilidad de certeza de los hechos

alegados (verosimilitud que apreciar el rgano judicial, si bien cabr recurso frente a la

inadmisin a trmite).

El Ministerio Fiscal podr actuar en estos procesos en representacin del menor o

incapaz (si no lo hace su representante legal), o bien como interviniente -sin ser parte en el

mismo-, para velar por la regularidad del proceso.

Junto a la accin de reclamacin de filiacin deber impugnarse tambin cualquier

filiacin contradictoria recogida en el Registro (acumulacin de acciones). Adems, y como

consecuencia de la eficacia erga omnes de las sentencias dictadas en estos procesos, no

cabr impugnar como contradictoria otra filiacin declarada judicialmente.

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En materia de prueba se introducen dos singularidades:

o El reconocimiento expreso o tcito de la paternidad o maternidad cuenta con

valor probatorio absoluto (Art. 767.3 LEC).

o Se admite la prueba indirecta, a travs de la figura de las presunciones, y todo

tipo de medio probatorio, incluida la prueba biolgica (Art. 767.2 LEC). E incluso

se establece una presuncin de filiacin, si la parte que debe someterse a la

prueba biolgica se niega a la misma (Art. 767.4 LEC) y si existen otros indicios de

dicha filiacin.

LEGITIMACIN ACTIVA:

PROCESOS DE RECLAMACIN DE FILIACIN

La legitimacin variar segn la reclamacin se base o no en la constante posesin de

estado. As, si se trata de una reclamacin basada en la constante posesin de estado

(situacin de hecho que genera apariencia de filiacin), estar legitimado cualquier tercero

con inters legtimo (Art. 131 CC), salvo que exista otra filiacin establecida legalmente (en

cuyo caso, slo podrn actuar el padre, la madre o el hijo).

Si la reclamacin no se basa en la constante posesin de estado, hay que distinguir, a su

vez, entre la filiacin matrimonial y la no matrimonial:

Para reclamar la filiacin matrimonial estarn legitimados el padre, la madre y el hijo.

Y aunque la accin no caduca, el Art. 132 CC establece una serie de lmites

temporales dentro de los cuales la filiacin podr ser instada por los herederos del

hijo.

La filiacin no matrimonial slo podr ser instada por el presunto hijo, durante toda su

vida, o por sus herederos, con los mismos lmites temporales del Art. 132 CC.

PROCESOS DE IMPUGNACIN DE FILIACIN

En este mbito, la ley distingue los siguientes supuestos:

Filiacin matrimonial paterna: Estarn legitimados (Art. 137 CC) el marido (o sus

herederos) y el hijo (representado por su madre o por el Ministerio Fiscal, si es menor

de edad), y debern impugnar en el plazo de un ao a contar desde la inscripcin

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de la filiacin (o desde que el hijo adquiera plena capacidad, si es ste quien la

insta).

Filiacin matrimonial materna: La legitimacin (en una accin que no caduca) ser

de la madre (Art. 139 CC), quien deber aportar en su demanda un principio de

prueba de que no existi parto, o de la falta de identidad entre el nacido y quien

consta como hijo en el Registro correspondiente.

Filiacin no matrimonial: Si ha existido constante posesin de estado, la legitimacin

ser del padre, la madre o el hijo, o sus herederos forzosos, durante un plazo de

cuatro aos. Si no ha existido tal posesin de estado, estarn legitimados todos

aqullos a quienes perjudique la filiacin (Art. 140 CC).

Filiacin reconocida con vicios en el consentimiento: La legitimacin aqu recae

sobre quien haya sufrido el vicio correspondiente, y slo se permite alegar para ello

error, violencia o intimidacin (Art. 141 CC).

LEGITIMACIN PASIVA

Corresponde a aqullos de la relacin paterno-filial propuesta -en los casos de

determinacin- o discutida -para los supuestos de impugnacin- que no hayan interpuesto la

demanda. Y, si alguno de estos sujetos ha fallecido, sern demandados sus herederos.

MEDIDAS CAUTELARES:

Dispone el Art. 768 LEC un rgimen especial de medidas cautelares1, distinguiendo entre

medidas obligatorias y facultativas:

En los procesos de impugnacin, ser obligatoria la adopcin de cualesquiera

medidas estime oportunas el Tribunal para proteger la persona y los bienes del sometido a

potestad.

En los procesos de reclamacin de filiacin, podrn adoptarse facultativamente las

medidas de proteccin ya expuestas, y tambin la concesin provisional de alimentos a

cargo del demandado.

1 NOTA: Las medidas cautelares seguirn la tramitacin comn, salvo en supuestos de urgencia.

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5. PROCESOS DE MENORES

PROCESO DE GUARDA Y ALIMENTOS:

Este proceso, cuyo objeto se circunscribe a la guarda y custodia de hijos menores, as como

a la reclamacin de alimentos de un progenitor a otro en nombre de los hijos menores, se

regula, junto con los procesos matrimoniales, en los Arts. 769 y ss. LEC. En cualquier caso,

tambin es cierto que este proceso se viene configurando en la prctica como un proceso

de menores "genrico", de forma que cualquier pretensin no sustanciada en otro proceso

especial (matrimonial o de filiacin) se reconducir a esta figura.

COMPETENCIA:

En cuanto a la competencia objetiva, la misma ser del JPI, o del Juzgado de

Familia, en aquellos partidos judiciales en que exista.

Con respecto a la competencia territorial, ser competente el Juzgado del ltimo

domicilio comn de los padres o, en su defecto, podr escoger el demandante entre el del

domicilio del demandado y el de la residencia del menor (Art. 769 LEC).

Por ltimo, no hay especialidades en la fijacin de la competencia funcional.

PARTES:

Estarn legitimados para actuar como partes los progenitores, debiendo intervenir tambin

el Ministerio Fiscal, al tratarse de procesos en que estn involucrados menores. Y en cuanto a

otros sujetos, como los abuelos, stos podrn intervenir a travs de los progenitores o del

Ministerio Fiscal, o comunicar directamente su pretensin al Tribunal.

PROCEDIMIENTO:

El procedimiento a seguir se regula en los Arts. 770 y ss. LEC: Se trata, por tanto, del mismo

procedimiento que en los procesos matrimoniales, si bien habr que adaptar el mismo para

ajustarlo al distinto objeto que se persigue. As, el proceso se iniciar con la demanda, que

incluir tambin la documentacin que acredite la situacin patrimonial de los progenitores,

la existencia de un hijo comn y las necesidades econmicas de ste. Y podr plantearse

reconvencin, si el demandado solicita medidas no instadas por el demandante y que no

puedan ser apreciadas de oficio.

Cabe la adopcin de un acuerdo entre las partes, acuerdo que deber convalidar el

Tribunal (para evitar lesiones a los derechos de los menores) y, por ltimo, tambin sern de

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aplicacin las normas sobre ejecucin forzosa ya comentadas para los procesos

matrimoniales.

OPOSICIN A RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIN DE MENORES:

En los Arts. 779 y 780 LEC se articula un procedimiento singular para regular una forma de

oposicin a las resoluciones adoptadas por la Administracin (sin acudir a la va

contencioso-administrativa) que afecten a la situacin de un menor de edad. Este proceso,

del que conocer el Juzgado de Primera Instancia de la entidad protectora, presenta la

misma tramitacin que los procesos no dispositivos en general, si bien presenta algunas

particularidades:

A pesar de que se ataca una resolucin administrativa, no ser necesaria la

reclamacin previa en va administrativa.

El futuro demandante deber poner en conocimiento del Tribunal su intencin de

oponerse a la resolucin administrativa, y el Tribunal reclamar a la Administracin

que aporte testimonio completo del expediente en un plazo de veinte das. Tras ello,

el actor tendr veinte das para consultar dicho expediente y formular la demanda

correspondiente.

DETERMINACIN DE LA NECESIDAD DE ASENTIMIENTO EN LA ADOPCIN:

De acuerdo con el Art. 177.2.2 CC, los padres del menor que vaya a ser adoptado, si ste

no est emancipado y aqullos no estn privados de su patria potestad, debern asentir a

la adopcin. Y el Art. 781 LEC regula el procedimiento para que los padres puedan instar la

necesidad de que concurra su asentimiento en la adopcin: Mientras se est tramitando el

expediente de adopcin, los padres podrn exigir la necesidad de su asentimiento, y ello

paralizar la tramitacin del expediente durante un plazo que oscila entre veinte y cuarenta

das (a juicio del Tribunal).

En este plazo, los progenitores debern presentar una demanda, a travs de la cual

asentirn o se opondrn a la adopcin, demanda que se tramitar en base a lo dispuesto

en el Art. 753 LEC (procesos no dispositivos), resolviendo el Tribunal en inters del menor

acerca de la autorizacin o la denegacin de la adopcin. Y de no presentarse la

demanda en plazo, se dictar auto finalizador del procedimiento, impidindose a los padres

posterior reclamacin alguna referida a la necesidad de su asentimiento en la adopcin.

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LECCIN 2. PROCESOS UNIVERSALES

El Ttulo II del Libro IV de la LEC recoge los denominados procesos de divisin judicial de

patrimonios, y engloba los supuestos de divisin de la herencia y de liquidacin del rgimen

econmico matrimonial: Se trata, pues, de dos supuestos de reparto de una pluralidad de

bienes entre varios sujetos que, por su especial relevancia, merecen una regulacin

autnoma al margen de los procesos declarativos ordinarios.

1. PROCEDIMIENTO PARA LA DIVISIN DE LA HERENCIA

DETERMINACIN DE LOS HEREDEROS:

La divisin de la herencia puede ser promovida judicialmente cuando existan discrepancias

entre quienes tienen derecho a la misma, y por ello lo primero que debemos analizar es la

forma en que se adquiere la condicin de heredero: Es evidente que la determinacin de

los herederos por va testamentaria no ofrece mayores problemas (salvo en los supuestos de

impugnacin del testamento); por ello, centraremos nuestro estudio en la declaracin de

herederos abintestato, acto de jurisdiccin voluntaria que viene regulado en los Arts. 977 a

1.000 de la LEC'81.

Estas actuaciones, por tanto, persiguen la obtencin de una declaracin judicial o notarial

por la que se determine que ciertos sujetos ostentan la condicin de herederos de aqul (o

aqullos) que haya fallecido sin testar vlidamente a favor de persona concreta. Y a su vez,

debemos distinguir dos casos, en funcin de la relacin del supuesto heredero con el

causante.

SOLICITUD INICIADA POR DESCENDIENTE, ASCENDIENTE O CNYUGE SUPRSTITE:

En este caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 979 LEC'81, deber tramitarse un

expediente notarial, por la va de las actas de notoriedad, en el lugar donde el finado tuvo

su ltimo domicilio en Espaa o, en su defecto, en el de fallecimiento (si se produjo en

Espaa) o donde se encuentre una parte relevante de sus bienes.

El procedimiento se iniciar mediante solicitud oral o escrita, en la que deber constatarse el

fallecimiento, la relacin de parentesco, las circunstancias que determinen la competencia

territorial y la expresa peticin de declaracin del solicitante (o de un tercero) como

heredero. Tras la instruccin del expediente (en el que se exigir que los hechos alegados

por el solicitante sean ratificados por, al menos, dos testigos), se efectuar la

correspondiente declaracin si los hechos ofrecidos son notorios e indiscutidos, fijndose los

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derechos de cada heredero sobre la herencia; en caso contrario, se denegar la

declaracin, dejando abierta la va judicial (Arts. 209, 209 bis y 210 del Reglamento Notarial).

SOLICITUD POR OTROS SUJETOS, POR EL ESTADO O LA COMUNIDAD AUTNOMA:

El procedimiento a seguir aqu pasa por la tramitacin del correspondiente expediente

judicial, del que conocer el JPI (Art. 980 LEC'81) correspondiente al ltimo domicilio del

finado (si resida en Espaa) o, en su defecto, a elegir entre el del lugar de su ltima

residencia en Espaa y donde se localice la mayor parte de sus bienes (Art. 52.1.4 LEC'00).

El expediente se iniciar por solicitud escrita del supuesto heredero, a la que deber

acompaarse certificado de defuncin o declaracin de fallecimiento, documentos

acreditativos del parentesco con el finado y acreditacin de la inexistencia de testamento

o, en su caso, de la invalidez del testamento existente, as como informacin testifical sobre

todos estos extremos.

Tras ello, se comprobar por el rgano jurisdiccional la presencia de toda la documentacin

exigida (pudiendo darse al solicitante un plazo para subsanar los defectos apreciados), y se

dar traslado al Ministerio Fiscal para que ste emita un dictamen sobre la peticin

efectuada: De todo ello, adems, se dar la correspondiente publicidad edictal (Art. 984

LEC'81) para permitir la concurrencia al expediente de otros posibles herederos. Finalmente,

una vez llevados a cabo todos los trmites anteriores, el Juez resolver mediante auto

apelable (Art. 981 LEC'81).

DIVISIN DE LA HERENCIA:

Este proceso tiene por objeto la divisin del patrimonio del finado entre sus herederos, as

como la adopcin de medidas tendentes a garantizar la integridad del propio patrimonio o

los intereses de terceros de algn modo relacionados con el mismo. Se trata de una va,

adems, slo disponible para aquellos supuestos en que no exista un contador-partidor

expresamente designado por el testador, por los propios herederos o por el correspondiente

rgano jurisdiccional.

La legitimacin para promover este proceso recae sobre quienes acrediten su condicin de

herederos o legatarios, siendo preceptiva la intervencin mediante abogado y procurador;

una vez iniciado el procedimiento, adems, se permite que los acreedores de los herederos

puedan intervenir en el mismo, con el fin de controlar la valoracin y el reparto de los bienes.

Y en este sentido, hay que decir tambin que estamos ante un proceso "atractivo", al que

debern acumularse todos aquellos otros procesos que vayan dirigidos contra el caudal

hereditario (salvo los de ejecucin prendaria o hipotecaria).

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El procedimiento comienza, por tanto, mediante una solicitud (no se exigen los requisitos

formales de la demanda contenidos en el Art. 399 LEC) dirigida contra los dems herederos

o legatarios, o bien contra el cnyuge sobreviviente del finado, y solicitando la realizacin

de un inventario de los bienes integrados en la herencia -de ser necesario el mismo- y la

divisin del caudal hereditario. A esta solicitud deber acompaarse, adems, el certificado

de defuncin del causante y el documento que acredite la legitimacin para actuar del

solicitante (su condicin de heredero o legatario), segn el Art. 782.2 LEC.

Tras ello, y una vez realizado -en su caso- el inventario solicitado, se contina con los

siguientes trmites:

Se convocar al resto de herederos, a los acreedores personados y al Ministerio Fiscal

(si hay menores o ausentes) a una Junta a celebrar en los diez das siguientes a la

presentacin de la solicitud.

La Junta, que ser presidida por el Secretario del rgano judicial, nombrar a los

peritos encargados del avalo de los bienes, y al contador encargado de efectuar las

operaciones divisorias (nombramientos de mutuo acuerdo o, en su defecto, por sorteo).

Tras la designacin, se pondr a disposicin del contador y de los peritos toda la

informacin relevante sobre los bienes integrantes del caudal hereditario para proceder a su

avalo, liquidacin y divisin, pudiendo fijar el rgano judicial un plazo para tales

operaciones, plazo que nunca podr exceder de dos meses (Art. 786.2 LEC).

La divisin efectuada se trasladar al Juzgado para que los interesados, en el plazo

de diez das, la examinen, pudiendo dar su conformidad a la misma (en cuyo caso la

particin ser aprobada mediante auto del Juez) u oponerse mediante escrito razonado (en

cuyo caso se convocar a los interesados y al contador para intentar alcanzar un acuerdo,

y en caso contrario, se iniciarn actuaciones contenciosas que se ajustarn a los trmites del

juicio verbal -Art. 787 LEC-).

PROTECCIN Y ADMINISTRACIN DEL CAUDAL HEREDITARIO:

La LEC articula tambin todo un conjunto de medidas destinadas a proteger

adecuadamente el conjunto de bienes y derechos integrantes de una herencia hasta su

posterior adjudicacin, medidas que podemos reconducir a los dos grupos siguientes:

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MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO:

Esta clase de medidas, a su vez, podr ser acordada de oficio por el rgano judicial o

adoptada a instancia de parte:

Aseguramiento de oficio: Si el Juzgado del lugar en que se produzca el fallecimiento

no tiene constancia de la existencia de alguno de los herederos legales del finado, o si

alguno de dichos herederos es menor o incapaz, podrn adoptarse medidas relativas al

entierro del fallecido, a la preservacin de sus bienes y a la constatacin de la existencia de

testamento y de las personas llamadas a la sucesin.

Aseguramiento a instancia de parte: Se admite, prcticamente, que cualquier sujeto

con intereses sobre la herencia solicite la intervencin de la misma (inventario, depsito y

administracin de los bienes que la integran). As, en este caso la legitimacin se extiende a:

o Los herederos potenciales, cualquiera que haya iniciado un procedimiento

notarial de declaracin de herederos o el correspondiente procedimiento

judicial.

o Los herederos efectivos, al mismo tiempo que soliciten la divisin judicial de la

herencia, podrn pedir la adopcin de estas medidas.

o Los acreedores reconocidos testamentariamente o por los coherederos.

Con independencia del modo de iniciacin, a continuacin se proceder, en su caso, a

articular las medidas necesarias para asegurar la presencia fsica de los bienes que forman

la herencia, para inventariarlos, citndose para ello a todos aqullos que puedan tener

inters en la herencia. El inventario, formado por el Secretario judicial, podr ser discutido por

los intervinientes: Si no hay discrepancias, se aprobar judicialmente y se articular su

administracin y conservacin; si existen controversias, adquirir el procedimiento carcter

contencioso, sustancindose por los cauces del juicio verbal.

En caso de adoptarse este tipo de medidas, hay que tener en cuenta, adems, que su

vigencia vendr condicionada, sobre todo, en funcin de la causa que haya motivado su

adopcin: As, si se adoptaron de oficio con vistas a una declaracin de herederos

abintestato, con tal declaracin se extinguirn las medidas acordadas; si se solicitaron por

alguna de las partes por existir discrepancias en el reparto de la herencia, cualquier acuerdo

entre ellas podr conducir a la extincin de las medidas.

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ADMINISTRACIN Y CUSTODIA:

Este tipo de medidas, que se adoptarn una vez realizado el inventario de los bienes que

conforman la herencia, se circunscribir a lo que disponga el testamento o, en su defecto, a

lo que disponga la ley o el criterio del Juez. El administrador, que ser nombrado

judicialmente, tendr no slo que administrar la herencia, sino adems representarla (pues la

misma, como unidad, puede actuar jurdicamente): El nombramiento recaer sobre el

cnyuge del finado o sobre el heredero con mayor cuota de participacin, y las

actuaciones del administrador se regirn por lo dispuesto en los Arts. 795 y ss. LEC.

2. PROCESO PARA LA LIQUIDACIN DEL RGIMEN ECONMICO MATRIMONIAL

La liquidacin y el reparto entre los cnyuges de los bienes y derechos comunes adquiridos

durante el matrimonio se sustanciar por este procedimiento, procedimiento regulado en los

Arts. 806 a 811 LEC. Y se trata de un proceso que generalmente ir asociado a los de

nulidad, separacin o divorcio, si bien tambin cabr acudir al mismo por otros motivos

(prdida de capacidad de alguno de los cnyuges, falta de confianza en sus aptitudes

econmicas, o simplemente, opcin de los cnyuges por cambiar de rgimen econmico

matrimonial).

La competencia objetiva para conocer sobre este tipo de procesos recae sobre los

Juzgados de Primera Instancia, y ser territorialmente competente aqul que est

conociendo del proceso de nulidad, separacin o divorcio asociado a esta liquidacin. En

caso de producirse la liquidacin del rgimen econmico matrimonial de forma

independiente a cualquier otro proceso matrimonial, la competencia territorial se atribuye al

Tribunal del lugar del domicilio conyugal y, en su defecto, se aplicarn las reglas previstas en

el Art. 769 LEC para los procesos matrimoniales.

En cuanto al objeto de este proceso, en realidad es doble: Por un lado, puede solicitarse la

formacin de un inventario estando pendiente un proceso sobre disolucin de la

comunidad matrimonial; por el otro, puede solicitarse la liquidacin definitiva y el reparto de

bienes mediando una resolucin judicial firme referida a la disolucin del vnculo

matrimonial.

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE INVENTARIO:

Una vez iniciado un proceso de nulidad, separacin o divorcio, o bien sobre disolucin del

rgimen econmico matrimonial, podr solicitarse cautelarmente esta medida, por uno o

ambos cnyuges, y mediante solicitud escrita (interviniendo abogado y procurador) a la

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que se acompaar una relacin de los bienes a inventariar y la documentacin que

acredite los mismos.

Tras esta solicitud, comparecern los cnyuges ante el Secretario judicial, formulando cada

uno su propuesta de inventario e intentando alcanzarse un acuerdo sobre el mismo: Si

media acuerdo, se levantar acta y se articularn las medidas oportunas para la

administracin de los bienes (Art. 809 LEC); de no mediar acuerdo, se celebrar

posteriormente una vista, por los trmites del juicio verbal, determinndose en la sentencia el

correspondiente inventario de bienes, as como las oportunas medidas para la

administracin de los mismos.

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIN Y EL REPARTO DE BIENES:

Se trata de un procedimiento no cautelar (de efectos definitivos) que requiere una

declaracin judicial previa de disolucin del rgimen econmico del matrimonio, y que se

iniciar con una solicitud (propuesta) de liquidacin efectuada por cualquiera de los

cnyuges, y con la intervencin de abogado y procurador.

Tras ello, los cnyuges sern citados para comparecer ante el Secretario judicial con vistas a

obtener un acuerdo expreso o tcito entre ellos: Si media dicho acuerdo, el procedimiento

quedar culminado; de no darse el mismo, el procedimiento adquirir carcter

contencioso.

Con este punto de partida, lo cierto es que debemos sealar algunas particularidades en el

desarrollo del proceso, singularidades marcadas por el rgimen econmico adoptado por el

matrimonio:

En el rgimen de gananciales la propuesta de liquidacin deber ceirse a los

dictados que sobre dicho rgimen se recogen en los Arts. 1.403 y ss. CC. adems, y tanto en

los supuestos de acuerdo como en los de falta del mismo, nos regiremos por las normas

establecidas para la divisin de patrimonios hereditarios.

En el rgimen de participacin, y de acuerdo a lo que sobre el mismo disponen

los Arts. 1.417 y ss. CC, con la propuesta de liquidacin deber incluirse una estimacin del

patrimonio inicial y final de cada cnyuge. El acuerdo entre los cnyuges se cumplir en sus

propios trminos, y de no darse dicho acuerdo, se llevar a cabo una vista que seguir la

tramitacin del juicio verbal, determinndose la liquidacin en base a lo dispuesto en el

Cdigo Civil.

3. PROCESO CONCURSAL

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B) PROCESOS CIVILES ESPECIALES PARA LA TUTELA DEL DERECHO DE CRDITO

LECCIN 3. EL PROCESO MONITORIO. EL JUICIO CAMBIARIO

El Libro IV de la LEC dedica su ltimo ttulo a la regulacin de dos tipos de procesos que

persiguen el pago de una cantidad de dinero en virtud de una obligacin plasmada en

algn tipo de documento: Se trata, por tanto, de mecanismos que pretenden tutelar esta

clase de crditos a travs de una va alternativa a la de los procesos declarativos ordinarios

o verbales. Estas dos clases de procesos especiales son, por un lado, el proceso monitorio, y

por el otro, el juicio cambiario.

1. EL PROCESO MONITORIO

El objetivo de este proceso (que se regula en los Arts. 812 a 818 LEC) es la creacin rpida y

sencilla de un ttulo ejecutivo basado en la existencia de una deuda dineraria vencida,

lquida y exigible, siempre y cuando dicha deuda pueda ser acreditada documentalmente:

En la prctica comprobamos la existencia de determinados documentos que, sin ser ttulos

ejecutivos -por carecer de alguna de las caractersticas de los mismos-, s responden a

operaciones propias del trfico econmico diario. Y, para proteger a los acreedores de este

tipo de operaciones, y siguiendo en cierto modo la regulacin de otros ordenamientos

extranjeros, se ha articulado este proceso especial.

Se ha venido discutiendo por la doctrina, sin embargo, acerca de la naturaleza de este

proceso, pues, si bien nuestra LEC lo encuadra dentro de los procesos declarativos, lo cierto

es que el proceso monitorio presenta dos fases bien diferenciadas, rigindose cada una de

ellas por principios distintos:

La primera fase, previa a la creacin del correspondiente ttulo ejecutivo, supone la

constatacin por el rgano judicial de la existencia y validez del documento aportado por el

actor, y la declaracin de tales extremos (Arts. 814 y 815 LEC), dndose traslado de la

peticin al deudor. Esta fase responde, por tanto, a las caractersticas de un proceso

declarativo especial.

En funcin de la actuacin del deudor tras drsele traslado de la peticin del actor,

la segunda fase podr discurrir por una doble va: As, si el demandado no comparece (o

comparece y no paga sin oponer causa), el proceso se transforma en un proceso especial

de ejecucin (despachar la ejecucin del ttulo creado en la primera fase); por el contrario,

si el deudor se opone a pagar la deuda aportando alguna justificacin para ello, el

monitorio se transforma en un proceso ordinario, ventilado segn los trmites del juicio

ordinario o del verbal, en funcin de la cuanta reclamada.

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OBJETO:

Como ya hemos adelantado, el proceso monitorio va dirigido a lograr la satisfaccin de una

deuda dineraria, vencida, lquida y exigible, de cuanta igual o inferior a treinta mil euros, y

que cuente con algn tipo de soporte documental (Art. 812.1 LEC): En este sentido, el objeto

de este proceso se centra en solicitar del rgano judicial la transformacin del soporte

documental de la deuda en un ttulo de ejecucin.

De la fijacin del objeto del proceso en los trminos en que acabamos de hacerlo se deriva,

adems, un conjunto de conclusiones:

En cuanto al documento que ha de servir de base a la pretensin del actor, el Art.

812 LEC establece una enumeracin abierta de los mismos, admitindose cualquier

justificante empleado generalmente en la actividad civil o mercantil (sin necesidad de que

el mismo venga autenticado de alguna forma por el deudor).

El desarrollo del proceso monitorio no requiere la audiencia inmediata del deudor, la

aplicacin del principio de contradiccin: De hecho, la oposicin a la ejecucin por parte

del deudor conlleva la transformacin del proceso monitorio y su conversin en un proceso

ordinario (Art. 818 LEC).

La deuda plasmada en el documento ha de ser lquida, vencida y exigible, sin estar

sujeta a condicin ni a la realizacin de una contraprestacin por el acreedor. Adems, y a

diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos, en nuestro pas se ha establecido un

lmite mximo a la cuanta a reclamar por esta va, lmite que el Art. 812.1 LEC fija en 30.000

euros.

COMPETENCIA:

La competencia objetiva para conocer de los procesos monitorios ha sido atribuida, en

virtud del Art. 813 LEC, a los Juzgados de Primera Instancia. Y en cuanto a la competencia

territorial, ese mismo precepto establece dos fueros exclusivos (no cabe pacto de sumisin

expresa o tcita que vaya contra los mismos), uno principal y otro subsidiario:

- Ser territorialmente competente el JPI del lugar donde se encuentre el domicilio del

deudor o demandado.

- Si no se conoce dicho domicilio, ser competente el JPI del lugar en que el deudor

pueda ser hallado y requerido de pago por el Tribunal.

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PROCEDIMIENTO:

El proceso monitorio se inicia con una peticin del acreedor (Art. 814.1 LEC), peticin que se

efectuar por escrito, de forma sucinta y resumida, admitindose incluso su elaboracin a

partir de formularios o de modelos informatizados. Esta peticin deber contener los datos

del acreedor y del deudor, sus respectivos domicilios o residencias, describir el negocio que

dio origen a la deuda, y deber acompaarse del documento en que se plasme la misma,

documento que la LEC engloba, con carcter abierto (se admiten otros distintos a los aqu

enumerados), en los cuatro grupos siguientes:

Documentos de cualquier forma y clase, que aparezcan autenticados de algn

modo por el deudor (por constar en los mismos su firma, sello, marca, etc...).

Documentos que representen crditos o deudas procedentes de las relaciones

habituales entre el demandante y el demandado (facturas, albaranes...), aunque el deudor

no haya intervenido en su elaboracin.

Documentos comerciales que acrediten una relacin duradera entre el acreedor y el

deudor, as como el concreto documento que constate, a posteriori, la existencia de una

deuda entre ellos (por ejemplo, un contrato de suministro y una factura impagada).

Certificaciones de impago emitidas por las comunidades de propietarios de

inmuebles urbanos, y acreditativas de una deuda por falta de pago de los gastos comunes

por parte de un comunero.

Tras esta peticin, que ir dirigida al JPI competente territorialmente sin que sea preceptiva

la intervencin de abogado ni procurador (Art. 814.2 LEC), el Juez decidir sobre la admisin

a trmite de la misma, y en este sentido, slo cabr denegar la peticin si se aprecia falta

de competencia en el rgano judicial ante el que se ha presentado la misma, si la peticin

no va acompaada del documento justificativo de la deuda, o si el escrito de peticin no

puede asimilarse en ningn caso a lo exigido para el proceso monitorio (por ejemplo, por

haber presentado un escrito propio de otra clase de procesos).

Una vez admitida a trmite la peticin, el Juez proceder a requerir al deudor demandado,

concedindole un plazo de veinte das para que satisfaga su deuda, o bien para que

comparezca ante el rgano judicial y se oponga por escrito a toda la deuda o a una parte

de ella (Art. 815 LEC). Ante ese requerimiento, al demandado se le abren varias vas de

actuacin:

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Abonar extraprocesalmente la deuda: Si se prueba la efectividad de dicho pago, se

har entrega al demandado del documento acreditativo de la deuda y se archivarn las

actuaciones, condenndose al demandado en costas en virtud del principio de

vencimiento objetivo (Art. 394 LEC).

No comparecer ni pagar extrajudicialmente: En este caso, el Tribunal dictar un auto

de ejecucin por la cantidad reclamada ms los correspondientes intereses legales, auto

que ser irrecurrible (slo podr recurrirse la posterior ejecucin) y que dar pie al respectivo

proceso de ejecucin forzosa.

Comparecer y no pagar ni oponerse: En este caso, la tramitacin ser idntica a la

del supuesto anterior (auto despachando la ejecucin).

Comparecer y oponerse, en todo o en parte, a la deuda (Art. 818 LEC), basndose

en las mismas excepciones procesales y materiales que en los procesos ordinarios. Ante tal

oposicin, el proceso se transforma en un declarativo ordinario, cabiendo aqu dos

posibilidades:

o Si la cuanta reclamada es igual o inferior a tres mil euros, se seguir la

tramitacin propia del juicio verbal, convocndose de forma inmediata a las

partes para la celebracin de la vista.

o Si la cantidad reclamada supera los tres mil euros, se otorgar al acreedor un

plazo de un mes (a contar desde el momento en que se le dio traslado del

escrito de oposicin del deudor) para que formule la correspondiente

demanda ordinaria, e inicindose tras ello un juicio ordinario, con los trmites

que ya conocemos. De no presentarse la demanda en dicho plazo, se

sobreseern las actuaciones, y el acreedor ser condenado en costas.

EFECTOS DE LA RESOLUCIN JUDICIAL. LA COSA JUZGADA:

Hay que decir, en primer lugar, que, de mediar oposicin por parte del deudor, la

transformacin del proceso monitorio en un juicio verbal u ordinario hace que la sentencia

recada en el mismo cuente con todas las garantas propias de este tipo de resoluciones, y

evidentemente, tambin con la eficacia de cosa juzgada material.

Mayores problemas se plantean al analizar la eficacia del auto dictado por el Juez para

despachar la ejecucin en aquellos supuestos de incomparecencia o falta de oposicin del

deudor. Sin embargo, podemos concluir la eficacia de cosa juzgada material de esta clase

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de resoluciones judiciales, y ello con base en la interpretacin del contenido del Art. 816.2

LEC: Este precepto prohbe a las partes de un proceso monitorio acudir a un procedimiento

ordinario para reiterar su peticin o para exigir la devolucin de lo pagado; fcilmente

constatamos que esta prohibicin, en el fondo, equivale a decir que la resolucin judicial en

el proceso monitorio goza de eficacia de cosa juzgada material.

2. EL JUICIO CAMBIARIO

Con anterioridad a la LEC'00, y desde hace ms de dos siglos, se vena admitiendo la

ejecutividad de las letras de cambio (y desde 1.985, tambin de los pagars y cheques),

recogindolas dentro de la categora de "ttulos ejecutivos no judiciales". Esta situacin, en

que fcilmente constatamos una indefensin por parte del deudor -pues se reducan

enormemente sus posibilidades de impugnar ttulos invlidos-, cambia, sin embargo, con la

promulgacin de la nueva LEC: Desaparece ya la ejecutividad de esta clase de

documentos, y se articula un nuevo proceso especial, el juicio cambiario.

Antes de entrar en mayores consideraciones acerca de los aspectos ms relevantes del

juicio cambiario, sin embargo, creemos necesario hacer una distincin entre las

denominadas "acciones causales" y las "acciones cambiarias", pues tal distincin nos

ayudar a fijar con mayor precisin el mbito y contenido del juicio cambiario. As:

Cuando existe una relacin jurdico-material que es fuente de derechos y

obligaciones para las partes intervinientes (por ejemplo, un contrato), cualquiera de ellas

puede acudir ante un rgano judicial para exigir las consecuencias jurdicas derivadas de

dicha relacin (el cumplimiento del contrato), de tal forma que, si la obligacin de una de

las partes es dineraria y ha sido incorporada a una letra de cambio, tal letra slo actuar

como una prueba ms de la existencia de la relacin controvertida. Estamos, en este caso,

ante el ejercicio de una accin causal, y no encontraremos aqu limitacin alguna en las

posibles alegaciones de las partes, en los medios de prueba admisibles o en los efectos de

cosa juzgada de la sentencia que eventualmente ponga fin al proceso.

Pero tambin puede incorporares un derecho (de cobro de dinero) en un

documento de carcter abstracto, de forma que su tenedor legtimo podr exigir el

cumplimiento de lo reconocido en el mismo: En este caso no resulta relevante la relacin

que ha originado la obligacin de pago; tan solo importa que dicha obligacin se haya

incorporado a un documento que permita a su tenedor exigir su cumplimiento. Aqu

tenemos, en definitiva, una accin cambiaria, accin que podr ser ejercida contra el

aceptante de la letra o sus avalistas (accin directa), o bien contra el librador y los

endosantes de la misma (accin de regreso), y en la que se limitan los medios de defensa

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del deudor y el mbito de conocimiento del Juez (se trata, por tanto, de un proceso

sumario).

PRESUPUESTO DE LA ACCIN CAMBIARIA: EL TTULO-VALOR:

El ejercicio de la accin cambiaria (el juicio cambiario) requiere, como ya hemos visto, la

existencia de un documento abstracto en el que quede plasmada una obligacin de pago.

En este sentido, la LEC (Art. 819) dispone que slo sern ttulos vlidos para iniciar este

proceso la letra de cambio, el pagar y el cheque, remitiendo a la Ley Cambiaria a la hora

de enumerar los requisitos formales que ha de contener cada uno de estos ttulos para su

validez (Arts. 1 a 13 para la letra de cambio, 94 y 95 para el pagar, y 106 a 119 para el

cheque).

As pues, los documentos en que descanse el fundamento de la pretensin cambiaria

debern contener una serie de elementos y ajustarse a una forma concreta, y ser el

Tribunal quien, de oficio, enjuicie la correccin formal de dichos documentos (Art. 821.2 LEC).

Por lo dems, slo se exige que la obligacin plasmada sea de naturaleza dineraria (sin

establecerse una cuanta mnima para acceder a este proceso), y ni siquiera se requiere

que la deuda a reclamar se encuentre vencida (pues la accin de regreso, a la que ya nos

referimos anteriormente, podr ejercitarse con anterioridad al vencimiento del ttulo).

COMPETENCIA:

La competencia objetiva para conocer de los juicios cambiarios recae sobre el JPI, y en

cuanto a la competencia territorial, corresponder al del domicilio del demandado (el que

aparezca en el ttulo), o al de cualquiera de ellos, si en el ttulo se han consignado varios

deudores (Art. 820 LEC): Se trata, adems, de fueros imperativos, pues no cabr pacto de

sumisin expresa ni tcita contra los mismos.

PROCEDIMIENTO:

DEMANDA:

El juicio cambiario se iniciar mediante demanda ordinaria, la cual deber ir acompaada

del documento en que se base el proceso (Art. 819 LEC).

Tras ello, el Juez analizar de oficio el documento, y la concurrencia en el mismo de los

requisitos exigidos por la Ley Cambiaria y del Cheque (Art. 821.2 LEC, que nos remite a los

preceptos de la Ley Cambiaria, tal y como mencionamos anteriormente), y dictar un auto

por el que admitir o inadmitir a trmite la demanda: En caso de inadmisin, contra el

correspondiente auto cabr interponer recurso de reposicin (potestativo) y/o de apelacin

(Art. 821.3 LEC).

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REQUERIMIENTO DE PAGO:

En el auto del Juez por el que se admita a trmite la demanda, se ordenar adems que se

efecte un requerimiento de pago al deudor, para que ste satisfaga la deuda consignada

en el ttulo, as como los correspondientes intereses y los gastos que haya podido generar el

intento de cobro por parte del acreedor.

As, si el demandado decide abonar la cantidad requerida, el proceso terminar, el dinero

ser entregado al actor, y el demandado ser condenado al pago de las costas (Art. 822

LEC).

EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES:

Una vez llevado a cabo el requerimiento judicial de pago, y si el deudor decide no pagar la

cantidad exigida, el Art. 821.2 LEC permite que se lleve a cabo un embargo preventivo de

sus bienes para hacer frente al eventual pago de la cantidad consignada en el ttulo objeto

del proceso, de los correspondientes intereses, de los gastos de cobro del ttulo, y de las

costas del proceso.

Se trata, en cualquier caso, de una medida de tipo cautelar o preventivo -no ejecutiva o

definitiva-, que busca nicamente asegurar el resultado de un juicio posterior: As, para la

apreciacin del mismo slo se requiere contrastar la apariencia de derecho del ttulo y la

existencia de periculum in mora (por la falta de pago tras el requerimiento), elementos que

concurren siempre que el deudor desatienda el requerimiento de pago efectuado por el

rgano judicial.

El carcter preventivo del embargo se constata, adems, por la posibilidad que ofrece la

LEC de levantar el mismo: De acuerdo con el Art. 823 LEC, el demandado podr lograr el

levantamiento del embargo si, en los cinco das siguientes al requerimiento, se persona en el

proceso y alega la falta de autenticidad de su firma en el ttulo o la falta absoluta de

representacin del actor. En estos casos, el Juez podr optar por el levantamiento del

embargo, sustituyndolo, en su caso, por una obligacin de prestar caucin o garanta; ese

levantamiento, sin embargo, quedar sin efecto si finalmente el demandado no formula la

correspondiente oposicin en tiempo y forma (Art. 825 LEC, en remisin al Art. 824 LEC).

Para terminar, decir que no cabr solicitar el levantamiento del embargo si las firmas

contenidas en el ttulo han sido autenticadas por fedatario pblico, si se ha reconocido

dicha autenticidad por resolucin judicial o por documento pblico, si la alegacin del

demandado se realiza fuera de plazo o si, aun producindose dentro de plazo, la misma no

se basa en la falsedad de su firma o en la falta absoluta de representacin (Art. 823.2 LEC).

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POSICIONES DEL DEMANDADO FRENTE AL REQUERIMIENTO DE PAGO:

Qu actitud puede adoptar el deudor demandado ante el requerimiento de pago emitido

por el rgano judicial? Bsicamente, alguna de las siguientes:

Pagar: En ese caso, la cantidad percibida se pondr a disposicin del demandante,

y se dar por finalizado el procedimiento (Art. 822 LEC).

No pagar ni oponerse: Si en el plazo fijado el deudor no comparece, o no paga sin

ofrecer alguna causa de oposicin para ello, se despachar la ejecucin (resolucin de

condena a pagar), procedindose al correspondiente embargo (Arts. 823.1 y 825 LEC).

Consignar la deuda y oponerse: Esta opcin no la ofrece expresamente la regulacin

del proceso cambiario, pero la doctrina la admite, basndose para ello en las similitudes

existentes entre el juicio cambiario y los juicios ejecutivos, y por la simplificacin que ello

supone para el acreedor, pues ste se evita la necesidad de llevar a cabo actos ejecutorios

a la hora de hacer efectivos los pronunciamientos de una eventual resolucin condenatoria.

No pagar y oponerse: La demanda de oposicin, que deber formular el deudor

dentro del plazo fijado en el requerimiento judicial de pago, podr basarse en excepciones

procesales, en las surgidas de relaciones jurdicas entre actor y demandado, en excepciones

personales contra los anteriores tenedores -si se ha actuado dolosamente en perjuicio del

deudor-, en la extincin del crdito cambiario, en la falsedad del ttulo que documente la

deuda, o en la falta de legitimacin activa del tenedor del documento.

SENTENCIA: EFECTOS Y RECURSOS:

Una eventual sentencia absolutoria conllevar el levantamiento del embargo preventivo

sobre los bienes del demandado, si bien el actor podr conseguir que se mantenga el

mismo si plantea recurso contra dicha resolucin, y si accede a prestar caucin por los

perjuicios que pueda causar al deudor la persistencia de la situacin de embargo. La

sentencia condenatoria, por su parte, podr ser ejecutada provisionalmente (Art. 827 LEC).

En cuanto a los efectos de la sentencia, la misma tendr eficacia de cosa juzgada material,

pero limitada nicamente a aquellos aspectos que hayan sido tratados en el proceso

cambiario; no quedarn afectadas, por tanto, aquellas cuestiones que no pudieron ser

planteadas por el demandado en dicho proceso, por motivos de imposibilidad legal.

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EL RGIMEN DE SOLIDARIDAD DE LA LEY CAMBIARIA:

De acuerdo con la Ley Cambiaria, todos aqullos que hayan firmado el ttulo como

libradores, aceptantes, endosantes o avalistas sern solidariamente responsables, frente al

tenedor, del pago de la deuda: El tenedor del documento, por tanto, podr dirigirse contra

uno, varios o la totalidad de los obligados cambiarios aqu enumerados.

Sin embargo, no estamos aqu tcnicamente ante una accin ejercitada contra una

pluralidad de sujetos, pues la obligacin que recae sobre todos ellos es distinta. Por ello,

quizs sea ms apropiado aplicar a esta figura el rgimen de la acumulacin previsto en el

Art. 73 LEC, aun con todos los problemas que dicha asimilacin conlleve: As, aunque se

demande conjuntamente a varios sujetos, resulta evidente que las acciones ejercitadas

podrn llegar a ser incompatibles entre s (ya que la admisin de una de estas acciones

excluir necesariamente la procedencia de las acciones que se ejerciten contra los dems

responsables solidarios).

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C) PROCESOS CIVILES ESPECIALES DE NATURALEZA SUMARIA

LECCIN 4.PROCESOS SUMARIOS PREVISTOS EN EL ART. 250.1 LEC

Los procesos sumarios, como ya sabemos, se caracterizan por las limitaciones que se

introducen durante todo el desarrollo del proceso: As, en primer lugar se limita el mbito de

conocimiento del rgano judicial (pues slo podrn enjuiciarse aquellos elementos

especficamente englobados en su objeto, sin extenderse a otras cuestiones relacionadas);

adems, se limitan las vas de actuacin de las partes, tanto en las alegaciones que puedan

realizar como en los medios de prueba ofrecidos para sustentar sus alegaciones; por ltimo,

y como consecuencia de todo lo anterior, la eventual resolucin que culmine el proceso

presentar tambin eficacia limitada, afectando la cosa juzgada slo a aquellos elementos

de la relacin jurdica que hayan sido discutidos en el proceso.

1. PROCESOS PARA LA PROTECCIN DE LA POSESIN

A) PROCESO DE DESAHUCIO POR IMPAGO DE RENTA O POR TRANSCURSO DEL PLAZO

El Art. 250.1 LEC, en su apartado 1, dispone que se tramitaran por el juicio verbal las

peticiones de desahucio fundadas en el impago de rentas o en la expiracin del plazo

convenido en el contrato. Y a lo largo del articulado de la LEC encontramos, adems,

diversos preceptos que contienen especialidades para la tramitacin de este proceso,

singularidades que hacen que podamos hablar de un autntico proceso especial.

OBJETO:

Ya hemos adelantado que en este proceso se busca por el actor la recuperacin de la

posesin de una finca, urbana o rstica, bien por el vencimiento del plazo previsto en el

contrato, bien por el incumplimiento de la obligacin de pago que recae sobre el

arrendatario, bien por encontrarse el demandado en posesin del inmueble sin mediar ttulo

justificativo alguno (precario, Art. 250.1.2 LEC). Por tanto, podemos afirmar que el objeto de

este proceso se centra en la recuperacin de la posesin de un inmueble.

Pero esta afirmacin tan general ha de ser adecuadamente matizada, pues de lo contrario,

ninguna diferencia encontraramos entre el proceso de desahucio y los juicios posesorios. As,

conviene hacer las siguientes puntualizaciones:

En los juicios posesorios, la recuperacin de la posesin del bien se constituye en

objeto principal del proceso; en el desahucio, sin embargo, tal pretensin es una simple

consecuencia de la cuestin principal del proceso, cual es la finalizacin de la relacin

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jurdica que justifica la posesin (en el caso del arrendamiento, el propio contrato; en el caso

del precario, no existe una relacin jurdica propiamente dicha, sino nicamente una

situacin de hecho).

En los juicios posesorios, la posesin del actor se ve inquietada o perturbada por un

tercero no poseedor; en el desahucio, por el contrario, no se parte de la posesin del bien

por el actor, pues el mismo se encuentra en poder del demandado, y el actor busca

recobrarlo tras la extincin de un contrato de arrendamiento o de la situacin de precario.

COMPETENCIA:

La competencia para conocer de estos procesos recaer, segn los Arts. 45 y 52 LEC, en el

JPI correspondiente al lugar en que se encuentre situada la finca objeto del desahucio.

PROCEDIMIENTO:

DEMANDA:

La demanda que inicie un proceso de desahucio revestir la misma forma que en cualquier

juicio verbal, si bien hay que realizar una serie de puntualizaciones a esta afirmacin:

En la demanda deber hacer constar el actor las circunstancias que permitirn o no

al demandado enervar la accin de desahucio mediante el pago o la consignacin de las

sumas adeudadas (Art. 22 LEC), posibilidad que ste slo podr emplear una vez. De no

consignarse tales circunstancias en la demanda, la misma no ser admitida a trmite por el

rgano judicial.

Cuando se ejerciten conjuntamente las acciones de desahucio y de reclamacin de

las cantidades adeudadas, el proceso se sustanciar por los trmites del juicio verbal,

aunque la suma reclamada supere el lmite del proceso ordinario por razn de la cuanta, es

decir, tres mil euros (Art. 430.3, 3 LEC).

OPOSICIN DEL DEMANDADO: LA "REBELDA":

El proceso por desahucio presenta tambin particularidades a la hora de considerar las

posibles actuaciones del demandado: As, de acuerdo con el Art. 440.3 LEC, el rgano

judicial deber das traslado de la demanda a la parte pasiva, apercibindola de que, de

no comparecer en juicio, ser declarado directamente el desahucio. Por tanto, podemos

afirmar que en el proceso por desahucio la rebelda vendr a equivaler al allanamiento del

demandado.

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SUMARIEDAD: LIMITACIONES A LAS ACTUACIONES DE LAS PARTES:

La sumariedad del proceso por desahucio se manifiesta en una serie de limitaciones que se

imponen a las alegaciones que ambas partes pueden realizar durante el mismo. As:

El demandante deber seguir este proceso si plantea nicamente la accin de

desahucio o si, por el contrario, acumula junto a ella la pretensin de cobrar las rentas

adeudadas por el demandado.

El demandado, por su parte, slo puede basar su oposicin a la demanda en las

siguientes excepciones:

o Si el desahucio se fundamenta en la falta de pago de la renta, el demandado

podr alegar dicho pago, o bien enervar -de ser posible- la accin de desahucio

(Art. 444.1 LEC).

o Si el desahucio se produce por expiracin del plazo convenido para el

arrendamiento, slo cabr oposicin fundada en negar dicha expiracin.

o Por ltimo, si el desahucio se fundamenta en una situacin de precario, el

demandado podr oponer la existencia de un ttulo que le habilite para poseer la

finca objeto del desahucio.

LA SENTENCIA: RECURSOS Y EJECUCIN:

Dentro del plazo de cinco das a contar desde la vista se dictar sentencia, que deber ser

notificada a las partes en el Tribunal en los cinco das siguientes a la emisin de la misma. En

cuanto a su eficacia, al tratarse de un proceso sumario, la sentencia tendr eficacia de

cosa juzgada con reserva de derechos, permitindose que la relacin jurdica que

fundament el desahucio sea ntegramente debatida en un posterior proceso declarativo

ordinario (Art. 447 LEC).

Contra la sentencia de desahucio cabr interponer recurso de apelacin (o, en su caso,

casacin o por infraccin procesal), si bien para la sustanciacin del mismo y su pervivencia

ser necesario que el demandado recurrente pague, consigne o avale las cantidades que

adeude y las que deba adelantar en virtud del contrato de arrendamiento (Art. 449 LEC).

Por ltimo, y en cuanto a la ejecucin de la sentencia de desahucio, la misma no ser

inmediata si la finca constituye la residencia habitual del ejecutado: En ese caso se le

conceder un mes -prorrogable por otro ms- para proceder al desalojo de la finca. Y si el

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inmueble lo ocupan terceras personas, se les conceder un plazo de diez das para que

presenten ante el rgano judicial el ttulo que justifique su posesin (Arts. 703 y 704 LEC).

B) EL MAL LLAMADO "INTERDICTO DE ADQUIRIR"

Para el mismo se seguirn, como ya sabemos, los trmites del juicio verbal (Art. 250.1.3 LEC),

con las especialidades que a continuacin enumeramos:

En cuanto a la competencia para conocer de este tipo de procesos, la misma

recaer sobre el Juez de Primera Instancia del lugar en que se encuentre situada la cosa

objeto del interdicto (Arts. 45 y 52.1.1 LEC).

Con respecto a su objeto, la proteccin de la posesin (objetivo de los interdictos) se

persigue slo indirectamente, pues directamente lo que se pretende es crear judicialmente

un ttulo de posesin, y obtener, en el mbito de los procesos hereditarios, la posesin de los

bienes y derechos heredados.

Junto a la demanda, el actor deber ofrecer el testimonio de dos personas acerca

de la falta de posesin de los bienes litigiosos por tercero a ttulo de propietario o

usufructuario, e incluir tambin el testamento y la respectiva particin, de los que proceda el

derecho del actor.

Una vez presentada la demanda y practicada la prueba testifical ofrecida en la

misma, el rgano jurisdiccional podr practicar de oficio las pruebas que estime oportunas, y

tras ello resolver mediante auto que denegar o conceder la posesin solicitada, auto

que ser publicado y en el que se conceder a los terceros con mejor derecho un plazo de

cuarenta das para reclamar en juicio.

C) INTERDICTOS DE RETENER Y DE RECOBRAR LA POSESIN

Las particularidades de este interdicto, que viene contemplado en el Art. 250.1.4 LEC (juicio

verbal), las podemos reconducir a las siguientes notas:

La competencia para conocer de los mismos, al igual que en los supuestos anteriores,

ser del Juez de Primera Instancia correspondiente al lug

procesos civiles especiales

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