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CAPTULO 1

VUELTA ATRS, 1968-1969

La dcada de los aos sesenta ha sido a menudo concebidacomo la etapa ms boyante del franquismo, a lo cual ha con-tribuido sin duda el peso de la propaganda del rgimen, que

an hoy influye en las percepciones sociales construidas a sualrededor. Si durante los cincuenta la dictadura se afianzdefinitivamente en el mbito internacional, los sesenta secaracterizaron por la liberalizacin econmica y los cambiossociales. La poltica reformista puesta en prctica en esenuevo contexto intent, por medio de una tmida apertura enlos mbitos informativo y cultural, atraer a la poblacin paradotar al rgimen de una nueva legitimidad de ejercicio quecomplementara la nica que, en realidad, poda arrogarse, yde la que nunca se desprendi: la de su momento fundacional,el Glorioso Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936. Losresponsables gubernamentales franquistas explotaron sobre-manera los fenmenos y polticas de la nueva dcada con laretrica del milagro econmico espaol y de la paz social,imagen que tendra su plasmacin prototpica en 1963-1964,

con la conmemoracin de los XXV Aos de Paz, y que, si decara afuera serva para ofrecer una apariencia ms amable

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ante Europa y el mundo occidental, cara adentro era a la vezun giro imprescindible para la propia supervivencia poltica

y un intento de legitimacin poltica sobre nuevas bases.Ms all de la propaganda oficial, sin embargo, emergi

con fuerza en los aos del desarrollismo la preocupacin porel futuro del rgimen. A la elevada edad del dictador (que endiciembre de 1962 haba cumplido 70 aos) se aadi, haciafinales de 1968, el inicio de su decadencia fsica. El miedo aque la desaparicin del jefe del Estado condujera a un cambiode rgimen se vea reforzado, sobre todo, por la crecienteactividad de los ncleos antifranquistas, que estaban adqui-riendo cada vez ms visibilidad pblica. Esos factores dieron

vigencia al debate sobre la necesidad de institucionaliza-cin de la dictadura con vistas a su perduracin ms all de lafigura de Franco. El proceso de desarrollo poltico iniciadoa tal fin a mediados de los aos cincuenta se consider cul-minado en 1967, con la entrada en vigor de la Ley Orgnica

del Estado. Aunque, al parecer de Luis Carrero Blanco, me-diante el referndum del 14 de diciembre de 1966 los espa-oles dieron su asentimiento al conjunto de las siete LeyesFundamentales que, con sus textos actualizados, integran elsistema institucional espaol1, poco tardara en hacerseevidente que el futuro del rgimen era entonces ms inciertode lo que nunca haba sido. Y es que, precisamente en el pe-riodo del desarrollismo y los aos inmediatamente anterio-res, se haban puesto las bases para el cambio poltico quetendra lugar en la dcada siguiente.

EL PAS VASCO, FOCO DE SUBVERSIN

A lo largo de los aos sesenta se registr en el conjunto de Espaa

un paulatino y firme aumento de la conflictividad sociopolti-ca, con un destacado protagonismo del movimiento obrero y de



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algunos sectores productivos en especial2. La progresiva arti-culacin de la clase obrera como movimiento social organiza-

do, y con apoyos en los barrios, permiti coordinar luchas,suscitar lealtades internas y ganar apoyos externos a partir dela puesta en prctica de un nuevo tipo de activismo de carcterpblico aunque con los lmites impuestos por el contextodictatorial que significaba el fin de la poltica practicada sola-mente desde las organizaciones aisladas. Algo similar estabasucediendo en el seno del movimiento estudiantil, configuradoa rebufo de las primeras exteriorizaciones de protesta universi-taria de la dcada anterior y paralelamente a la masificacin dela universidad. Tambin en el campo universitario pudo visua-lizarse, a lo largo de los sesenta, el arraigo de una poltica demayorasque constitua la principal manifestacin del paso delas estrategias de resistenciapropias de la posguerra a unas estra-tegias de oposicincaracterizadas por la accin abierta y la mili-tancia pblica3. A todo ello haba que unir la crtica que

empezaba a aflorar en los medios intelectuales, la crecienteimplicacin de parte del clero en cuestiones polticas y, algoms tarde, la emergencia del movimiento vecinal, todo lo cualfue motivo de una preocupacin cada vez ms notable por partede las autoridades franquistas4.

La respuesta de la dictadura al destacado aumento de laconflictividad y de la disidencia que estaba teniendo lugar seconcret de forma contundente a lo largo del trienio 1967-1969: en febrero de 1967, el Tribunal Supremo dictaba la ili-citud de las Comisiones Obreras (CC OO) por su irregularconstitucin al margen de los cauces previstos por la ley5; el21 de abril de ese mismo ao era declarado el estado de excep-cin en Vizcaya a raz de la huelga de Laminaciones de Bandasen Fro, de Etxebarri; en noviembre, el Gobierno decretaba lacongelacin salarial y la prohibicin de la negociacin colec-

tiva hasta el final de 1968; el 3 de agosto de 1968, se aplicabael estado de excepcin en Guipzcoa (prorrogado el 25 de



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octubre), tras el atentado mortal contra el jefe de la Brigada deInvestigacin Social de San Sebastin, Melitn Manzanas; el

da 16 del mismo mes era promulgado el Decreto ley sobre re-presin del bandidaje y terrorismo, y el 24 de enero de 1969,como culminacin a todo el proceso, era nuevamente decla-rado el estado de excepcin (levantado finalmente el 25 demarzo, un mes antes de lo previsto), esa vez en todo el terri-torio espaol y tomando como pretexto los incidentes en launiversidad. La dureza de todas esas medidas contrastaba conla relativa tolerancia represiva y la tmida apertura informati-

va y cultural que haba ido aplicndose los aos anteriores.Ante la prdida de consenso que estaba sufriendo, la dictadu-ra daba marcha atrs y recuperaba las prcticas represivas ylos instrumentos legislativos de excepcin que la haban carac-terizado en el pasado.

El conflicto de Laminaciones de Bandas en Fro, que encierto modo fue la chispa que dio comienzo a ese retroceso,

constituye un ejemplo del protagonismo del Pas Vasco en elauge de la movilizacin antifranquista de los aos sesenta ysetenta, que seguramente no tuvo comparacin con el de nin-gn otro territorio del Estado: si tomamos como referencialas cifras oficiales sobre conflictividad laboral, dos de las pro-

vincias vascas (Guipzcoa y Vizcaya) estuvieron entre las cin-co ms conflictivas de Espaa, solo por detrs de Barcelona yprecediendo Asturias y Madrid6.

La realidad vasca se vea por otro lado influida por elarraigo de un sentimiento de pertenencia nacional propioque la poltica franquista no haca otra cosa que fomentar. Eltestimonio de un por aquel entonces adolescente guipuzcoa-no Bernardo Atxaga resulta clarificador respecto al papel dela dictadura en el resurgir nacional vasco: Cuanto ms senos esconda en la televisin, en la escuela, en el mundo

oficial todo lo que nos era cercano, todo lo relacionado conla cultura de nuestro pas, ms creamos en Euzkadi. Urrutiago,



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maitatuago, cuanto ms lejana, ms querida7. Algo similaradvertan 106 sacerdotes de Vizcaya en una carta abierta a

Franco fechada en junio de 1967, en la que proclamabanque a todas luces aparecen hermticamente cerradas todaslas puertas y caminos conducentes a una autntica culturaindgena8. El ao 1964 supuso un punto de inflexin en elimpulso y remozamiento del vasquismo. Resurge entoncesun cierto nacionalismo de masas y ETA experimenta undespegue organizativo. La celebracin del Aberri Eguna deese ao, organizada y capitalizada por el PNV con la vo-luntad de recuperar el terreno perdido ante ETA se con-

virti en la primera gran concentracin de masas del nacio-nalismo vasco despus de la guerra civil9. Un ejemploilustrativo de la amplitud que tom la conciencia nacionalde los vascos nos lo dan unos sucesos ocurridos algunosaos despus, en enero de 1968: dos jvenes aprovecharonlas fiestas de la tamborrada de San Sebastin para intentar

colocar unas ikurrias, pero fueron detenidos gracias a lacolaboracin del propietario de una pastelera, a lo que losdonostiarras respondieron sometiendo al establecimiento aun boicot total10.

Estrecha vinculacin con el problema nacional guarda-ban las actividades de los sacerdotes vascos, que habanempezado a articular sus inquietudes en forma de protestacolectiva desde 1960 y que llamaron la atencin de las autori-dades de la dictadura principalmente a raz de los encierrosde 1968. En agosto, un grupo de sacerdotes ocuparon algunoslocales del Obispado de Bilbao para exigir al titular de la di-cesis, Pablo Grpide, que interviniera ante la sucesin demultas, arrestos y torturas que se estaban produciendo (ochoclrigos haban sido encarcelados en la prisin concordatariade Zamora, inaugurada ese mismo ao, mientras que el TOP

haba solicitado al obispo la autorizacin para iniciar diligen-cias contra otros tantos por sus declaraciones pblicas). Y en



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noviembre, alrededor de 60 sacerdotes decidieron permane-cer encerrados en el seminario de la dicesis, en Derio, hasta

que no recibieran respuesta a una carta pblica dirigida aPablo VI11. Para evitar situaciones similares, y ante casosparecidos de ocupaciones de edificios de culto, como la queen diciembre reuni alrededor de unas 60 mujeres en la igle-sia de la residencia de los jesuitas de Bilbao, se dispuso quedeterminados sacerdotes sern objeto de una vigilanciaespecial y discreta12.

Otro factor a tener muy en cuenta de la realidad vasca esla temprana vinculacin entre las reivindicaciones naciona-les y las luchas sociales. Valga como ejemplo de ese vnculola constitucin, en agosto de 1966, de una efmera ComisinObrera Provincial de Guipzcoa, con la participacin de ETA

y el PCE. En una declaracin lanzada en marzo del ao si-guiente, ese organismo proclamaba pretender, como finltimo, eliminar la explotacin del hombre por el hombre

realizando la liberacin nacional del Pueblo Vasco. Tambinsignificativa de esa simbiosis era la exigencia del derecho ala autodeterminacin hecha por las CC OO de Vizcaya en unadeclaracin de febrero de 196813. El hecho de que el artistacomunista Agustn Ibarrola se prestara a colaborar artstica-mente en el diseo de los primeros y rudimentarios Zutik!nos da tambin la medida de hasta dnde llegaba la imbrica-cin entre las preocupaciones sociales y nacionales.

Esa mutua influencia no estaba, sin embargo, exenta detensiones. As lo haba atestiguado la expulsin de ETA,acusados de espaolistas y revisionistas legalistas, de loscuatro principales responsables de la Oficina Poltica de laorganizacin, exponentes de la tendencia obrerista, des-pus de su decisin de participar en las elecciones sindica-les de 1966. Reunida entonces en torno a ETA-berri, esa

tendencia se configur como uno de los principales polosen el Pas Vasco junto con ESBA, federada con el FLP y el



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FOC de las emergentes corrientes de la nueva izquierda14.La organizacin, constituida como Komunistak en agosto de

1969, fue por otro lado un claro ejemplo de la heterogeneidaddel antifranquismo en el Pas Vasco, donde la hegemona delPartido Comunista, indiscutida en la mayor parte del territo-rio espaol, se vio muy sensiblemente acotada por la presen-cia de fuerzas nacionalistas (ETA en especial) y de izquierdaradical. As, por ejemplo, un militante universitario del PCEsealaba en una carta de finales de 1969 que, en su centro deestudios, ETA y Komunistak eran las dos formaciones queindiscutiblemente tenan ms fuerza entre la multitud de lasall presentes15.

Pero, ms all de todos esos elementos, aquello que real-mente diferenci al Pas Vasco fue la presencia de la luchaarmada, que se hizo presente a partir de la irrupcin de ETAcon continuas acciones armadas de cierta envergadura desde1967 en mayo y junio de ese ao tendran lugar sus prime-

ros atracos exitosos y, sobre todo, con sus dos primerosatentados mortales, en 196816. Entre 1962 y 1965 se habaproducido en el seno de la organizacin un progresivo descu-brimiento del tercermundismo, as como un doble intentode adecuacin de la ideologa sabiniana a la moderna socie-dad industrial vasca y a la estrategia guerrillera. Jug unimportante papel en ese proceso la difusin bajo el seud-nimo Sarrailh de Ihartza de los textos de Federico Krutwig,Vasconiay La insurreccin en Euskadi. La progresiva divisinen tres tendencias dentro de ETA (la etnolingstica, la ter-cermundista y la obrerista) termin con la imposicin de lostercermundistas en la V Asamblea (diciembre de 1966-marzo de 1967). La adscripcin de ETA al anticolonialismotan en boga, por otra parte, durante los aos sesentafue una derivacin de distintos factores, entre los cuales la

aparente coincidencia entre la caracterizacin de Euskadicomo pas ocupado hecha por la organizacin y la poltica de



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opresin franquista. El incremento represivo que tuvo lugar apartir de 1967 no hizo otra cosa que reafirmar a los tercer-

mundistas, permitiendo as la consolidacin del espejismocolonial en el seno de ETA17.

La organizacin armada abertzaleera plenamente cons-ciente de los beneficios que le brindaba la represin fran-quista. La Carta a los intelectuales, documento aprobadooficialmente en la IV Asamblea (agosto-septiembre de 1965),afirmaba que la dictadura del general Franco est siendopara nuestro pueblo infinitamente ms positiva que una Re-pblica democrtico-burguesa, que hubiera ahogado nuestrasaspiraciones sin crear unas tensiones como las que ahora dis-ponemos para lanzar al pueblo a la lucha18. Similarmente, elFelipehaba sealado el peligro de integracin de la clase tra-bajadora en la sociedad capitalista desarrollada, dejando verde esa manera las ventajas de la represin franquista para lamovilizacin de los trabajadores19.

Dando un paso ms all, ETA elaborara una doctrina dela accin-represin-accin muy deudora del nacionalismorevolucionario de Mao (adoptado en la V Asamblea) y quetendra su mxima expresin en el documento Bases tericasde la guerra revolucionaria, elaborado por Jos Luis Zalbide.Para el xito de la estrategia, conclua el documento, resultabafundamental la no discriminacin de la represin entre acti-

vistas e idelogos de la minora organizada, as como entre esaminora y la poblacin civil que le daba respaldo20. Aunquesin el alcance previsto y por un corto periodo, la opresinfranquista dio a ese planteamiento visos de credibilidad, detal manera que inicialmente pudo pensarse y as lo hicieronlas autoridades del rgimen que la poblacin vasca daba aETA el cobijo suficiente para que la represin ejercida sobreella resultara inane. Eso es lo que se planteaba desde la JSP de

Bilbao, que en su resumen estadstico de 1968 resaltaba ladificultad de la localizacin y detencin de los militantes de



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la organizacin, habida cuenta de que son protegidos y ampa-rados por gran nmero de personas de su misma ideologa []

cobijndose en sus domicilios, proporcionndoles toda clasede medios y dinero, la ocultacin de sus armas, explosivos ymulticopistas, anulando prcticamente con ello la accin poli-cial21. La complicidad de una parte del clero vasco jug unpapel apreciable en esta cobertura. La polica aseguraba tenerconstancia, por ejemplo, de que en la residencia de telogos delos jesuitas de Bilbao han pernoctado en distintas ocasionesalgunos de los elementos ms peligrosos de dicha organizacin[ETA]22, y de que el convento de los padres sacramentinos deTolosa haba servido para esconder metralletas23.

RECETAS DE ANTAO

El 21 de abril de 1967, despus de casi cinco meses de conflic-

to en Laminaciones de Bandas en Fro, el Gobierno decret elestado de excepcin en Vizcaya durante tres meses24. Talmedida de suspensin de derechos, puesta en prctica porprimera vez en 1956 y que no haba vuelto a ser aplicada desde1962, dio inicio a la represin contra quienes hasta entoncesse haban destacado como lderes sindicales. Alrededor de trescentenares de personas pasaron por dependencias policialesdurante el periodo de excepcin, 47 ingresaron en prisin25

y 52 fueron temporalmente deportadas a otras provincias26. Enel mes de julio, una carta firmada por personalidades de laoposicin denunciaba el intento de establecer de nuevo tri-bunales militares, lo que, junto al mantenimiento del TOP,implica normalizar una situacin de continua excepcionali-dad en lo que a las jurisdicciones se refiere27. El giro repre-sivo de la poltica gubernamental se dej notar igualmente en

las prisiones, donde desde 1967 se viene negando sistemti-camente el derecho de la libertad condicional a todos los



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presos polticos, segn constataban reclusos del PartidoComunista28. Ello, unido a la aplicacin arbitraria de medidas

disciplinarias (como el aislamiento en celdas de castigo),impidi en los aos siguientes a muchos presos acogerse a laredencin de pena por el trabajo29. Por ltimo, en la calle lasmanifestaciones empezaron a ser reprimidas con fuego realde forma recurrente, como suceda en una marcha realizadaen Sestao el 7 de febrero de 1967, en la que los disparos de laGuardia Civil dejaron a tres manifestantes heridos30.

Aunque las autoridades franquistas hicieron un balancepositivo sobre el estado de excepcin de 196731, en los mesessiguientes la oposicin y ETA en particular tomara unprotagonismo inusitado. Los asaltos a entidades bancariasprotagonizados por la organizacin armada en 1967 tuvieroncontinuidad, en los primeros meses del ao siguiente, a tra-

vs de la colocacin de explosivos en algunos lugares emble-mticos. Poco a poco se fue percibiendo, en aquellos meses, un

importante incremento de la violencia y la tensin poltica.Especialmente agitada fue la preparacin del Aberri Eguna de1968, conmemoracin en ocasin de la cual el rgimen habaarticulado un servicio especial de vigilancia e informacin32ypuesto en pie un amplio dispositivo para impedir la llegada aSan Sebastin (donde haba sido convocada la conmemora-cin)33. En opinin del cnsul general de Francia en la ciudad,Michel Dondenne, la localidad tom ese da el aspecto lgubre

y abandonado de una ciudad en estado de sitio34. Alrededor dedos centenares de personas fueron detenidas35. La vspera,ETA haba colocado tres artefactos explosivos en Sondika, Al-gorta y Sestao36. En su manifiesto con motivo de la jornada, laorganizacin denunciaba que la polica espaola ha lanzadouna campaa de exterminio contra ETA y pronosticaba quedifcilmente saldremos de 1968 sin algn muerto37.

Los hechos transcurridos en lo que quedaba de ao con-firmaron esos temores, cuya posibilidad de cumplirse se vea



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reforzada por el hecho de que los liberados de ETA hubieranempezado a llevar arma como medida de defensa propia en

febrero, uno de ellos haba sido detenido con una pistola, loque implicaba automticamente la posibilidad de un enfrenta-miento armado. Despus de un Primero de Mayo tambincaracterizado por la represin38, el 7 de junio mora abatido elguardia civil Jos Pardines. Posteriormente, integrantes delcuerpo mataran al militante de ETA que haba disparado aPardines, Txabi Etxebarrieta, mientras que su acompaante, Ia-ki Sarasketa, era detenido y condenado en consejo de guerra(el da 15) a 58 aos de crcel. La repeticin del juicio alegandodefectos de forma y posterior condena a muerte de Sarasketa,el da 27, levantaron una gran indignacin e hicieron que la con-ciencia antirrepresiva empezara a calar de manera significativaen la sociedad vasca. Sarasketa sera finalmente indultado yconmutada su pena capital por una cadena perpetua. La res-puesta de ETA se concret aunque la accin haba sido previs-

ta con anterioridad a la muerte de Etxebarrieta en el atentadomortal contra el jefe de la Brigada de Investigacin Social de SanSebastin, Melitn Manzanas, el 2 de agosto. Su homlogo deBilbao, Jos Mara Junquera, salv la vida al haber abandona-do su residencia por el inicio de las vacaciones.

Si Pardines haba sido una vctima fortuita, la eleccin deManzanas bien conocido por su ensaamiento en la torturade militantes antifranquistas no fue casual. Su muerte eraun ataque a la faz ms descarnada de la represin franquista,recrudecida en paralelo al incremento de las muestras derechazo a la dictadura. Mediante la accin, ETA identificabasu objetivo potencial en los encargados de materializar larepresin y planteaba su actuacin como una lucha a muertecon ellos a travs del nico camino que la violencia fascistanos ha dejado abierto. [...] O ellos o nosotros39. A pesar de no ser

enteramente compartida su idoneidad en los medios de opo-sicin al rgimen, el atentado tampoco fue excesivamente



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mal visto. Aun admitir que esta lnea de accin no favorece almovimiento obrero y democrtico por la represin que aca-

rreaba, los presos del PCE en el penal de Soria consideraban queposiblemente, la mayora de los trabajadores dentro y fuera deEuzkadi habrn visto sin pena digamos la eliminacin de un

viejo perro de presa del rgimen40. Pblicamente, su partido selimit a calificar la accin como un acto justiciero41.

La respuesta del rgimen no se hara esperar. Despusdel atentado contra Pardines, algunas voces ya haban pedidomano dura para combatir a ETA. En su sesin del 25 de junio,la Comisin de Defensa Nacional de las Cortes haba acordadoinstar al Gobierno a adoptar cuantas medidas, ordinarias opor va de excepcin y por extremas que sean, que sirvan paracortar de raz e implacablemente este proceso de terrorismoseparatista42. A raz de la muerte de Manzanas, las peticionesde contundencia se ampliaron y ganaron virulencia. Parti-cularmente saudo fue el tono que cobr la campaa lanzada

desde los medios de comunicacin. Sirvan como ejemplo lasimprecaciones vertidas en el rgano de Falange en Valladolid,Libertad, que editorializ: Hay que yugular, machacar, pulve-rizar, enterrar e impedir que resucite el asqueroso separatis-mo vasco []. El repugnante y sangriento separatismo vasconi siquiera merece escribir sobre l. Solo merece esto: guerra,su fulminante y total exterminio43.

De mucha ms significacin social y poltica que lassoflamas de la propaganda franquista fue la imposicin, porparte de la dictadura, de una campaa represiva difcilmentecuantificable que, en el terreno legislativo, se concret en ladeclaracin del estado de excepcin en Guipzcoa, el 3 deagosto de 1968, y la promulgacin, el da 16, del Decreto leysobre represin del bandidaje y terrorismo. Entre ambasfechas, el hasta entonces jefe de la Brigada de Investigacin

Social de Barcelona, Antonio Juan Creix, fue destinado al PasVasco como jefe superior de Polica de Bilbao, cargo cuyas



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atribuciones abarcaban las provincias de Vizcaya, lava,Guipzcoa, Navarra y Santander44. En la lectura que haca EGI

de su nombramiento, Creix era percibido como el encarga-do de dar el acabado a la solucin final del problema vasco45.El nuevo responsable de la JSP de Bilbao rpidamente consi-gui nuevas metralletas para reforzar las dotaciones policiales

y se emple en sembrar un miedo social indiscriminado46.De conformidad con el art. 25 de la Ley de Orden Pblico,

de 195947, la declaracin del estado de excepcin en Guipzcoadurante tres meses estableci la suspensin de los arts. 14, 15

y 18 del Fuero de los Espaoles48, referentes, respectivamen-te, a la libre fijacin de residencia, la inviolabilidad de do-micilio y el periodo mximo de detencin (fijado en 72 horas).En noviembre, transcurrida la vigencia del decreto ley, el Go-bierno lo prorrog tres meses49. Por lo tanto, durante toda lasegunda mitad de 1968 Guipzcoa vivi bajo una situacinde excepcin. En opinin del gobernador civil de la provincia,

tal medida haba sido del todo necesaria, toda vez que losautores de la sistemtica actuacin subversiva y separatistaestaban protegidos, entre otros factores, por la situacinfronteriza de la provincia y el asilo y proteccin (cuando noconnivencia y participacin) de algunos sectores del clero yreligiosos. A tenor de la valoracin gubernamental, el perio-do de excepcin permiti la desarticulacin de la ETA y lapuesta a disposicin de la jurisdiccin militar o del TOPque estn imponiendo altas penas de los principalesdirigentes de la organizacin. Los resultados de la incesantelabor de las Fuerzas de Orden Pblico se considerabanfrancamente halageos50. Entre los registros practicados,merece ser destacado el del convento de los benedictinos deLazkao tres miembros de la comunidad fueron deteni-dos51, por cuanto ejemplificaba la ausencia de reparos de las

actuaciones policiales: ni tan siquiera los privilegios deriva-dos del Concordato con la Santa Sede, que en su art. XXII.3



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estableca la inviolabilidad de los edificios eclesisticos salvocasos de urgente necesidad52, eran respetados.

La principal caracterstica de la represin llevada a tr-mino durante esos meses fue la amplitud e indiscriminacin,patrn de actuacin que las fuerzas policiales de la dictadura

ya no conseguiran abandonar en los aos siguientes, pese alos intentos en sentido contrario. A lo largo de todo el ao, yno solamente en Guipzcoa, fueron numerosas las detencio-nes practicadas; sin embargo, en un elevado nmero de casosla ausencia de pruebas impeda la posterior incriminacinpenal de los arrestados. De las 312 personas detenidas en

Vizcaya durante 1968 por la Brigada Regional de InvestigacinSocial un centenar menos que el ao anterior, descenso quecabe atribuir a los efectos del estado de excepcin de abril de1967, 108 tuvieron que ser liberadas sin responsabilidad.De las 204 restantes, 112 eran catalogadas como separatis-tas53, lo que nos da tambin una indicacin sobre el volumen

que el nacionalismo vasco haba tomado respecto al conjuntode la subversin en el Pas Vasco, o por lo menos de la pre-ocupacin que generaba en las instancias policiales.

Complementariamente a la imposicin del estado de ex-cepcin, fue promulgado el Decreto ley 9/1968, de 16 de agos-to, sobre represin del bandidaje y terrorismo54, que volva adar vigencia al controvertido art. 2 del Decreto de 21 de sep-tiembre de 1960 (derogado en diciembre de 1963, paralela-mente a la creacin del TOP). En l se estipulaba que seranconsiderados reos de delito de rebelin militar, tipificadoen el art. 286 del Cdigo de Justicia Militar de 1945, y por lotanto sujetos a la jurisdiccin castrense, aquellos que difun-dan noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastor-nos de orden pblico interior, conflictos internacionales odesprestigio del Estado o sus instituciones, as como aque-

llos otros que por cualquier medio se unan, conspiren otomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones



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sin embargo en sentido opuesto y contribuira al ensancha-miento de los mrgenes del antifranquismo. Como argumen-

taba un manifiesto de las CC OO de Vizcaya posteriormenteaprobado por la Comisin Coordinadora General de lasComisiones Obreras, el hecho de que el Decreto ley sobrerepresin del bandidaje y terrorismo comprendiera desdeuna simple conferencia hasta la lucha armada haca muycomplicada su aplicacin: Ya no estamos en los aos 40. Elnuevo movimiento obrero, los campesinos, los estudiantes,los ms amplios sectores ciudadanos, estamos dispuestos aresponder con energa e impedirlo58. Algunos cargos guber-namentales incluso admitan sin tapujos que la poblacinconsideraba excesivo el restablecimiento del Decreto ley de21 de septiembre de 1960, por estimarse que el Gobiernotiene medios suficientes en la actual legislacin sin tener querecurrir a medidas que suponen una represin59.

Las detenciones practicadas a partir de agosto de 1968

golpearon de manera importante a ETA, que entr entonces enun obligado periodo de repliegue y reflexin. De ese contextosaldra la redaccin del Rapport M, documento en que la orga-nizacin consideraba llegado el momento de replegarse y reco-ger los frutos de la espiral de violencia desencadenada desde1967. En algunos aspectos, el anlisis plasmado en el documentodestilaba un entusiasmo que no se corresponda con la realidad.Se llegaba a afirmar, por ejemplo, que ETA haba sobrepasado elumbral mximo que todos y cada uno de los movimientos vascosse haban sealado nunca60. Ciertamente, la organizacin salade la refriega habindose convertido en actor fundamental delantifranquismo en el Pas Vasco, pero la realidad era que la totalidentificacin del pueblo vasco con la causa de ETA pretendidaen las formulaciones previas a la puesta en prctica de la espiralaccin-represin-accin distaba mucho de haberse conseguido.

Una de las causas que puede ayudar a explicar eso es quelos militantes detenidos tanto en 1968 como en 1969 en



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abril de ese ao se producira la cada de un numeroso contin-gente de miembros de ETA fueron por lo general objeto de

una violencia policial y judicial comparativamente mayor a lapracticada contra los dems militantes antifranquistas deteni-dos en aquellos mismos aos. Esa discriminacin represiva noayud a una plena identificacin del movimiento obrero conETA (por otro lado, ninguna accin armada haba estado direc-tamente relacionada con el movimiento obrero)61. Pero, enltima instancia, el error estratgico de la organizacin fuedesdear las evidentes diferencias entre Euskadi y los pasesdonde la guerra revolucionaria haba dado sus frutos (Argeliamuy sealadamente). Por una parte, en lo referente al recorri-do histrico y poltico, el Pas Vasco no poda ser comparadocon las colonias del Tercer Mundo o con un pas ocupado mili-tarmente, por mucho que el franquismo hiciera verosmil esacaracterizacin. Por otra, la configuracin industrial vascahaca que el conflicto de clase estuviera mucho ms presente

all que en los pases colonizados.Con todo, la represin contribuy en notable medida a la

generacin de actitudes de apoyo a ETA y al resurgir del sen-timiento de pertinencia nacional vasco. La muerte de TxabiEtxebarrieta, militante carismtico dentro de la organizacin

y precisamente por ello elevado a la categora de mrtir hastael punto de que lleg a ser comparado con el Che62, brind laprimera ocasin para comprobarlo. Entre los numerososfunerales en recuerdo de Etxebarrieta, muchos de los cualesdesembocaron en desrdenes y perturbaciones del ordenpblico63, destac el oficiado en la iglesia de San Antn deBilbao, que dio pie a una marcha de algunos miles de personasen la que participaron todas las fuerzas de oposicin y quetermin en choques muy fuertes con las fuerzas represivas.La amplitud de la protesta se explicaba porque, aunque en

general se desaprueban estas formas de accin de ETA, elgrave incidente [la muerte de Etxebarrieta] produjo mucha



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indignacin en amplios sectores, creciendo la hostilidad alrgimen traducindola en ciertos casos en grandes manifes-

taciones de protesta64

.La prohibicin de oficios religiosos que no tuvieran por

objeto exclusivamente la celebracin litrgica no detendralas protestas, sino que, al contrario, al provocar enfrenta-mientos con la polica, sirvi para visualizarlas, para quetomaran un carcter ms explcito. Y en igual sentido operarala paulatina proliferacin de consejos de guerra: si bien laspenas impuestas suponan un coste significativo a la moviliza-cin y, por lo tanto, un desincentivo a tomar parte en ella,los juicios constituyeron para el antifranquismo una tribunadesde la que hacer visible su protesta contra el rgimen y per-mitieron, precisamente por ello, la extensin del disenso entresectores de la poblacin anteriormente no politizados. El papelde algunos letrados y de los colegios de abogados fue determi-nante en la denuncia de la irregularidad jurdica que, incluso

en un contexto dictatorial, supona la aplicacin de la jurisdic-cin militar a personas sin condicin castrense, as como en lageneralizacin de esa denuncia en la sociedad civil65. En lo quea ese ltimo aspecto se refiere, tambin de notable significa-cin fueron las tomas de postura de una parte del clero y hastade alguna autoridad eclesistica66.

LA CRISIS AL DESCUBIERTO

El 24 enero de 1969, despus de unos das de movilizacionesestudiantiles tanto en Madrid, donde el estudiante EnriqueRuano muri al precipitarse por la ventana de un edificiomientras se encontraba bajo custodia policial67, como en Bar-celona, donde haba sido asaltado el rectorado de la univer-

sidad central, el Gobierno decret el estado de excepcin du-rante tres meses en todo el territorio espaol68. Ciertamente,



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las protestas estudiantiles desencadenante inmediato de lasuspensin de derechos decretada preocupaban notable-

mente al rgimen, como ya haban dado cuenta las medidastomadas en 1968. En marzo de aquel ao, el Gobierno acordla creacin de un juzgado especial con jurisdiccin en todaEspaa para conocer los delitos cometidos en el mbito de loscentros docentes, para cuyo desempeo sera nombradoManuel Gonzlez-Alegre69. Asimismo, fueron dictadas ins-trucciones para que la polica mantuviera el orden en loscampus, abriendo la posibilidad a la entrada de sus integran-tes en los edificios docentes, al tiempo que se exiga la colabo-racin de las autoridades acadmicas70. La tensin entre losministerios de Gobernacin y de Educacin y Ciencia por esacuestin provoc la dimisin del titular de esta ltima cartera,Manuel Lora Tamayo, quien se opona a la regulacin de lapresencia policial en las universidades.

Pero los cambios introducidos en 1968 iban ms all del

mbito estrictamente universitario. A principios de ao la Di-reccin General de Seguridad haba sufrido una reestructura-cin71y, entre finales de mayo y principios de junio, el Consejode Ministros nombr a 15 nuevos gobernadores civiles (de los48 existentes). Asimismo, por una orden de Gobernacin del27 de julio fueron creadas las Juntas de Orden Pblico, encar-gadas de coordinar y planificar la actuacin policial en las pro-

vincias72. Son de destacar, por ltimo, las reiteradas peticionespoliciales de aumento de plantilla y mejora de medios, realizadastanto desde los propios cuerpos como por parte de los goberna-dores civiles73. La insuficiencia de policas era especialmenteacuciante en los centros industriales del pas, que haban experi-mentado un considerable crecimiento demogrfico. A principiosde 1969 se ampliara en 1.000 plazas la plantilla del CuerpoGeneral de Polica, y en 2.000 la de la Polica Armada74.

Pese a la elevada proporcin de estudiantes que figura-ban entre los detenidos hasta el 22 de marzo de 1969 (315



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sobre el total de 735 arrestados), tres das antes del prematurolevantamiento del estado de excepcin75, la represin no se

abati exclusivamente sobre la universidad, sino que alcanza todo el antifranquismo. En una conversacin de finales deenero o principios de febrero, el mximo responsable de laDGS, Eduardo Blanco, aseguraba al enviado del Servicio deDocumentacin Exterior y de Contraespionaje francs que laimposicin de la excepcin haba servido para decapitar alconjunto de los movimientos polticos que sembraron el des-orden, tanto en la universidad como en la calle76. Ciertamente,la subversin estudiantil fue motivo, pero tambin pretex-to, para la imposicin del estado de excepcin, bajo el que sellev a cabo una vasta operacin de descabezamiento del con-

junto de la oposicin, focalizada en los que se haban destaca-do en el activismo antifranquista en los aos precedentes: setrataba de acabar con los movimientos sociales al poco de sueclosin. La apuesta por encauzar la conflictividad a travs de

los organismos de masas del rgimen se haba mostrado falli-da, como evidenciaron tanto las elecciones sindicales de 1966como la constitucin de los Sindicatos Democrticos deEstudiantes. Solo le quedaba al franquismo una ltima solu-cin: la represiva, que ya no pudo abandonar hasta su desapa-ricin.

La violencia del estado de excepcin de 1969 fue espe-cialmente visible en el Pas Vasco, donde los primeros com-pases del ao se haban caracterizado por importantes movi-mientos huelgusticos. Segn datos del PNV, a lo largo de todoel ao casi 2.000 personas fueron detenidas all, mientrasque alrededor de 300 presos polticos vascos se encontrabanen prisin (la mitad de los reclusos antifranquistas en prisio-nes de todo el Estado)77. En un caso que ilustra a la perfeccinla voluntad de decapitacin del antifranquismo que haba

detrs de las detenciones, una mujer se quejaba al gobernadorcivil de Vizcaya del arresto de su hijo, que atribua a un error,



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dado que haba sido detenido inmediatamente despus de suretorno desde la prisin de Jan, donde cumpla la condena

que le haba sido impuesta en el TOP78

. Pocos eran los mira-mientos de los cuerpos policiales en su proceder. Una nota dela Guardia Civil de mediados de febrero, por ejemplo, dabacuenta de la entrada en la prisin de Basauri de un inspectordel Cuerpo General de Polica y dos integrantes de la Polica

Armada para llevarse a Jefatura a uno de los reclusos, destaca-do militante obrero en Altos Hornos de Vizcaya, lo que provo-c la protesta de los presos del penal79. Por otra parte, elestado de excepcin cobraba en el Pas Vasco una especialsignificacin como continuacin del rgimen de excepciona-lidad a que haba sido sometida Guipzcoa desde agosto de1968. Algunos cargos polticos de la dictadura se haban dadocuenta de la relativamente limitada eficacia que haba com-portado entonces la suspensin de derechos en una nicaprovincia: segn sealaba la Jefatura Provincial del Movi-

miento de Asturias el 25 de enero de 1969, el estado de excep-cin decretado en Guipzcoa no permiti el logro total deobjetivos, porque los sostenedores de las acciones de carc-ter terrorista y subversivo [...] trataron de cobijarse en otrasprovincias no sujetas a este rgimen [de excepcin], imposi-bilitando con ello la obligada accin coordinada80.

Con todo, no haca falta la suspensin de los derechos fun-damentales del Fuero de los Espaoles para su efectivo que-brantamiento. Y si bajo las circunstancias habituales el rgimenno respetaba en absoluto las garantas legales formalmentereconocidas, en el caso de ETA esa circunstancia era todava msacusada. Es en ese sentido que un manifiesto de la organizacinarmada ante el estado de excepcin de enero de 1969 constata-ba: Para nosotros el estado de excepcin no es ninguna excep-cin. [] Para nosotros no es ninguna novedad que nos quiten

esos supuestos derechos, es ms, no nos importa porque jamslos hemos tenido realmente81. No contradice la lgica de los



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acontecimientos, por lo tanto, que las detenciones ms im-portantes de miembros de ETA las que permitieron la des-

articulacin de la estructura local de la organizacin en lava,en enero, as como las de numerosos militantes y prctica-mente todos sus dirigentes, en abril, despus de la muerte deltaxista Fermn Monasterio a manos de un etarra se produje-ran o bien antes de la extensin del estado de excepcin a todaEspaa o bien despus de su levantamiento82.

En otros territorios, los testimonios de los que pasaronpor dependencias policiales en 1969 no dejaban lugar a laduda sobre las brutalidades cometidas. Un informe que docu-mentaba la represin en Catalua, por ejemplo, recoga lostestimonios de algunos detenidos que haban llegado a per-manecer 20 das en los calabozos de la JSP83. En otro informe,Gregorio Lpez Raimundo constataba el horror con que la opi-nin pblica espaola e internacional haba reaccionado ante elcaso de algunos detenidos a los que se les han aplicado corrien-

tes elctricas y otros procedimientos de tortura que sublevan laconciencia de cualquier persona civilizada. Sin embargo, elautor, que escriba en nombre del Comit Ejecutivo del PSUC,consideraba que ese intento de vuelta atrs est condenadode antemano a sufrir el ms estrepitoso fracaso, toda vez quela reaccin contra la represin se est convirtiendo en la msamplia forma de accin de masas contra la dictadura. Y lo msimportante era que esa protesta puede desarrollarse a travs deformas abiertas, lo que reflejaba un notable grado de politiza-cin y organizacin84. Bien consciente de ello, la JSP de Bilbaoalertaba en la segunda mitad de febrero, en sus boletines inter-nos, que se estaba produciendo una campaa demoledoracontra el estado de excepcin85.

Gracias tanto al nivel de disenso poltico existente en lasociedad que expresaba la proliferacin de voces contra

la represin como, sobre todo, a la amplitud relativa quehaban tomado los ncleos militantes del antifranquismo, la



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movilizacin retomara al poco su protagonismo y, paso apaso, ira convirtiendo la represin en un recurso prctica-

mente estril. Un informe interno del rgimen referido a lasubversin estudiantil pona un contrapunto al positivobalance de la aplicacin del estado de excepcin que emanabade la mayora de valoraciones gubernamentales: De todos mo-dos, la subversin fenmeno imperante en los pases occi-dentales ser permanente. Y permanente tendrn que ser losinstrumentos y medidas que se adopten86. Permanente sera,efectivamente, la excepcin legislativa materializada en lapromulgacin del Decreto ley sobre represin del bandidaje yterrorismo con que el rgimen hizo frente al fenmeno; perotan permanente como intil. Pese el regusto de derrota y abati-miento que el estado de excepcin de 1969 dej entre los mili-tantes de la oposicin, la represin constitua un indicativo deque las cosas no le iban bien a la dictadura; no obstante los fusi-lamientos, las torturas, las depuraciones y las confiscaciones de

la posguerra, el rgimen deba retomar de nuevo la misma sendade la que se haba alejado tmidamente durante los aos sesentapara mejorar su imagen ante Europa y ante la propia poblacinespaola. La vuelta atrs que se estaba materializando denota-ba que el franquismo haba entrado en crisis.

Adems de evidenciarse como recurso baldo ante la pro-pagacin del disenso y el avance de los movimientos sociales,la violencia represiva contribuy a la radicalizacin de lasformas de protesta que se haban ido implantando en crculosreducidos, pero cada vez ms numerosos. En unos momentosen que la accin poltica abierta tena unos costes represivosmuy notables, acciones como las manifestaciones relmpa-go o los saltos (interrupciones de trfico) permitan man-tener el testigo de la movilizacin, con acciones espectacula-res que requeran pocos militantes, menos expuestas a la

represin y que constituan un desafo al control de la callepor parte del rgimen. Asimismo, resulta significativo que el



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levantamiento del estado de excepcin el 25 de marzo de196987, un mes antes de lo previsto, fuera recibido con mlti-

ples ataques violentos88

. No solamente las explosiones enedificios y monumentos, sino tambin los atracos a entidadesbancarias, se generalizaron entre algunas de las organizacio-nes de izquierda revolucionaria que ms mpetu haban mos-trado en sus acciones. La incautacin de tres pistolas en lacada, entre mayo y junio de 1969, de un importante contin-gente de militantes de una de las formaciones que mejor ilus-tra esa evolucin, el PCE(i), daba cuenta de ese salto adelan-te89. Ante las dificultades de financiacin, el partido habaempezado a organizar asaltos a entidades bancarias desde elotoo de 1968, acciones concebidas como una especie de ini-ciacin a la lucha armada90.

Al mismo tiempo, ETA no solamente haba salido prcti-camente indemne del estado de excepcin de 1969, sino quesu nmero de militantes en la primavera de aquel ao era

seguramente el mayor que nunca haba tenido la organiza-cin. Desde su estructuracin en frentes (econmico u obre-ro, poltico, cultural y militar) a partir de la segunda parte dela V Asamblea, ETA consigui en buena medida penetrar en elmundo laboral, de manera que alrededor de 1968-1969 con-taba con cerca de 200 militantes activos solamente en la radel Nervin91. Especialmente con posterioridad a la expe-riencia del 1968 francs, se afirm en la organizacin arma-da la necesidad de construir un partido de tipo leninista. Eseproceso de izquierdizacin alejaba a ETA de concepcionescomo la que en 1967 haba dado lugar a la campaa BAI(Batasuna, Askatasuna, Indarra; Unidad, Libertad, Fuerza),que llev a la convocatoria de un Batasun Eguna (Da de laUnidad) para el 1 de octubre de ese ao bajo la pretensin decrear un Frente Nacionalista92.

Los cambios en el seno de ETA seguan una evolucinpareja a la experimentada por tantas otras organizaciones



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revolucionarias simultneamente a las experiencias sesenta-yochistas, ms cercanas en su mayora al leninismo que al

antiautoritarismo. En trminos generales, el fracaso del1968 francs fue ledo entre esas formaciones como el frutode la combinacin entre la ausencia de un partido fuerte quecentralizara la lucha y una represin estatal implacable. Loms importante de todo era que, en el transcurso de esa lucha,el Estado haba demostrado que no estaba dispuesto a ceder elpoder a un movimiento huelgustico, por ms amplio quefuera. El mpetu revolucionario en Francia haba sido derro-tado, en ltima instancia, porque no se haban desarrolladoformas de lucha suficientemente elevadas para hacer frente ala implacable represin estatal. Entonces ms que nunca, lainsurreccin armada apareca como una necesidad ineludi-ble para hacer culminar el proceso revolucionario en la tomaactiva del poder, segn plasmaba un documento poltico de

julio de 1968 de la Comisin Central del PCE(i)93. Con su

prctica represiva, el franquismo no haca otra cosa quereforzar esos discursos: la violencia represiva daba una mayorlegitimacin a los que apostaban por adoptar unas formas delucha cada vez ms combativas, ledas as en la formulacindel PCE(m-l) como una necesaria rplica masiva a las bru-talidades de la dictadura y sus cuerpos terroristas94.

La muerte del taxista Fermn Monasterio por parte de unmilitante de ETA en su fuga hacia Francia, el 9 de abril de1969, dio lugar a una nueva oleada de ms de un centenarde detenciones que diezm a la organizacin armada. El ca-rcter indiscriminado una vez ms de los arrestos hacapensar que los responsables del orden pblico queran cortarde raz la creciente influencia de ETA en la sociedad vasca.Entre los arrestados figuraban algunos sacerdotes, as como el

vicario de pastoral de Bilbao, ngel Ubieta, que se habra per-

sonado en la JSP de Bilbao para interceder y avalar a elemen-tos destacados de la organizacin95. La detencin de Ubieta



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propici la protesta del administrador apostlico de la dice-sis y obispo de Santander, Jos Mara Cirarda (nombrado por

la Santa Sede en noviembre de 1968, tras la muerte deGrpide), quien en una nota pblica proclamaba la inocenciadel vicario96. Asimismo, en su homila del 27 de abril pronun-ciada en Begoa, habiendo sido ya liberado el vicario, denun-ciara su incomunicacin durante tres das97. El caso llegaratan lejos que, para evitar las reacciones de gente honesta ybien pensante, pero acalorada y exacerbada por las circunstan-cias, as como de los elementos de la organizacin terroristaETA, el gobernador civil de Vizcaya exhortara al jefe superiorde Polica de Bilbao a que se estableciera una discreta vigilan-cia y proteccin tanto a Ubieta como a Cirarda, supuestamenteen evitacin de cualquier agresin o atentado98.

La disidencia eclesistica tena, en el Pas Vasco, unimportante altavoz en el seminario de Derio, cuyo claustro deprofesores present a Cirarda un escrito en sintona con su

homila del 27 de abril, pero de disconformidad con la pasto-ral del 4 de mayo, en la que el administrador apostlico habamoderado su discurso99. La preocupacin del rgimen por laorientacin poltica de quienes dirigan el seminario era talque, en junio, el gobernador civil de Vizcaya, Fulgencio Collde San Simn, hizo llegar al ministro de la Gobernacin,Camilo Alonso Vega, un informe en el que propona el cierrede la institucin y la destitucin de todo su profesorado. En eldocumento, Coll de San Simn acusaba a un sector del clerode haber encubierto y transportado el supuesto autor de lamuerte del taxista Monasterio, y consideraba necesaria yurgente la designacin de obispo titular de la dicesis ensustitucin de Cirarda100.

El problema iba para el rgimen ms all de la participa-cin de algunos clrigos en actividades de apoyo a ETA. La rigi-

dez de los criterios policiales y jurdicos, as como los estre-chos mrgenes por los que podan discurrir las opiniones de



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carcter poltico, hacan de todas las muestras de disensinpiezas distintas y complementarias de un nico fenme-

no, la subversin. Esa imagen concebida desde el poderoperaba sobre la oposicin en sentido unificador, en la medidaque los altos costes represivos sobre todo despus de la ubica-cin en primer plano de la jurisdiccin militar para el conoci-miento de los delitos polticos hacan realidad ese imaginarioagrupador, al convertir cualquier expresin de protesta en obje-to de una nica respuesta aunque con grados lgicamentedistintos: la represin. Paralelamente, las cada vez ms nume-rosas expresiones de disentimiento poltico que haban emergi-do a remolque de la paulatina implantacin y los xitos de losmovimientos sociales de oposicin hicieron entrar al rgimenen una crisis de la que ya no se recuperara. La movilizacinsocial y las expresiones de disidencia se convirtieron en esecontexto en un arma con la que los ministros se hacan repro-ches unos a otros101. La divisin de la elite poltica franquista,

visualizada a raz de la crisis de gobierno de octubre de 1969propiciada por el vicepresidente del ejecutivo y hombre deconfianza de Franco, Luis Carrero Blanco, no fue por lo tantoel elemento central de la crisis del franquismo, sino que consti-tua sobre todo la exteriorizacin, la manifestacin de esa crisis

y, por ende, de la debilidad del rgimen.En esa tesitura, la irrupcin de la violencia de ETA supuso

un factor aadido de preocupacin. Por la espectacularidad desus acciones, la organizacin armada pona a la dictadura encuestin ante la opinin pblica no solamente espaola, sinoeuropea y occidental, factor que preocupaba especialmente alos responsables gubernamentales franquistas como expresinde un problema, el separatismo vasco, que hunda sus races enun terreno ms profundo. Precisamente para hurgar en ese te-rreno y convertirlo en inerme, el rgimen creara, a finales de

1969, una unidad de inteligencia que quedara dedicada espec-ficamente al estudio de ETA y el nacionalismo vasco.



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CAPTAR VOLUNTADES, ELIMINAR AL ENEMIGO

Aunque, como ya ha quedado dicho, la sensacin que dej eltrienio represivo 1967-1969 en la mayor parte del antifran-quismo fue de derrota sensacin especialmente patente des-pus del estado de excepcin de 1969, el rgimen no sali delperiodo con una percepcin victoriosa, sino ms bien con elconvencimiento de que se encontraba en una situacin compli-cada y que le haca falta combatir el descontento social existente.De ah que en los meses y aos siguientes proliferaran distintosproyectos con esa intencin: algunos para vehicular, otros paramitigar, otros simplemente para repeler o extirpar la crtica. Laconfrontacin entre los distintos sectores del rgimen se visua-liz especialmente en ese terreno, lo que no hara otra cosa queagudizar la crisis de la dictadura.

Es en el marco de esa voluntad de encontrar soluciones alos nuevos problemas que tena planteados el franquismo

donde hay que ubicar la incipiente articulacin de una red deespionaje directamente dependiente del Gobierno, al margende las estructuras de informacin militares, policiales y delMovimiento ya existentes102. El origen del primer gabinete deese tipo se encuentra en la preocupacin por la movilizacinestudiantil, intensificada a raz de la radicalizacin de algunasorganizaciones a partir, especialmente, del curso 1967-1968.Por iniciativa del nuevo ministro de Educacin y Ciencia, JosLuis Villar Palas (nombrado en marzo de 1968 en sustitucinde Lora Tamayo), fue formada una comisin interministerialencargada de los problemas de orden pblico en la universi-dad, de la que formaban parte los mximos responsables dedistintos departamentos ministeriales, adems del vicepresi-dente, Carrero Blanco. Prcticamente en paralelo, y tambinfruto de las peticiones de Villar Palas, a finales de ao se

form bajo el paraguas de su ministerio pero con financia-cin a cargo de Gobernacin y de la Secretara General del



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Movimiento un grupo encargado de aportar informacin,mediante la captacin de confidentes y la infiltracin de

agentes propios, para tratar de frenar la subversin en launiversidad103. Ese nuevo equipo estara integrado por mili-tares, pero desvinculado de los servicios de inteligencia delEjrcito (concentrados en la 3 Seccin del Alto Estado Mayor,dedicada a la informacin militar exterior)104.

Las autoridades franquistas haban vivido con gran preo-cupacin las protestas de 1968 en el pas vecino. El embajadorde Francia en Madrid informaba al Ministerio de AsuntosExteriores francs: En repetidas ocasiones, durante el mes demayo [de 1968] he odo decir a los espaoles que si la situacinhubiera sido igual en Espaa, los muertos se habran contadopor miles. Algunos responsables policiales con quienes las cir-cunstancias me han llevado a hablar me han afirmado que nosera posible aqu [en Espaa] dejar ir las cosas tan lejos comoen Francia105. Asimismo, un documento policial sealaba que,

durante el verano de aquel ao, un nmero considerable deuniversitarios espaoles han salido al extranjero, establecien-do contactos con estudiantes activistas de otros pases, especial-mente franceses, lo que hace suponer que [en] el nuevo curso[1968-1969] pasarn a la accin directa106.

Uno de los principios rectores del funcionamiento delequipo de los servicios secretos dedicado al llamado proble-ma universitario fue la perspectiva de futuro. Yaca en lacreacin de dicho organismo la concepcin de que era nece-sario no solamente reprimir a los subversivos terreno enel que se fomentaran acciones violentas en colaboracin conncleos ultrafranquistas,107sino tambin evitar que fuerancaptando voluntades entre las personas adictas o neutras.Segn lo expres quien fue nombrado jefe de ese grupo delespionaje franquista, Jos Ignacio San Martn (procedente de

la 3 Seccin del Alto Estado Mayor), la guerra, o la lucha, noes ms que un antagonismo de voluntades. Por ello una de las



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Vasco, donde la propagacin de un sentimiento de pertinencianacional propio y la violencia de ETA planteaban la necesidad de

articular respuestas de forma acuciante. A pesar de que la situa-cin en Euskadi no poda ser equiparada a la de los pases colo-nizados, la idiosincrasia vasca haca que la obligada clandestini-dad de los militantes de ETA operara all de manera distinta a loque pudiera suceder en otros territorios del Estado, donde, porregla general, la ultraclandestinidad abonada sobre todo por losgrupos de izquierda radical fue ms un obstculo que un benefi-cio para su influencia pblica. Un responsable policial de

Vizcaya indicaba en ese sentido que los etarras quedaban lainmensa mayora de las veces impunes [] debido al apoyoincondicional que les prestan los simpatizantes y especialmentela inmensa mayora de los sacerdotes rurales112.

Especialmente sensibles a la necesidad de ganar apoyosentre la poblacin local se mostraron los sectores polticosms vinculados al Movimiento. Sus preocupaciones quedaron

vertidas en un Plan de desarrollo poltico elaborado por elConsejo Provincial del Movimiento de Guipzcoa en 1968. Eldocumento caracterizaba la situacin provincial como pol-ticamente mala, toda vez que el nacionalismo vasco disponade unas races profundas y extensas. A ello se una el abs-tencionismo de determinados sectores de personas que, aunsiendo espaolistas, no quieren o temen comprometersesuficientemente, as como la existencia de una serie decaballos de Troya o polticamente inertes, tales como algu-nos delegados y funcionarios de los servicios estatales en laprovincia, algunas corporaciones locales y asociacionesminadas por la presencia de indeseables, como el Colegiode Abogados o algunas de las asociaciones culturales, depor-tivas, juveniles, apostlicas, familiares e incluso mercantiles.Como solucin, se postulaba la necesidad de potenciar un tipo

de asociacionismo diferente del existente y de revitalizar lasinstituciones polticas. En cuanto a la inmigracin, se sugera:



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Fomentar las casas regionales, pensando, incluso, en llegar auna gran Casa de las Regiones en Guipzcoa, que mantenga el

espritu espaol en estos inmigrantes que, a veces, por noencontrar fcil su insercin en la sociedad vasca, acaban ab-surdamente por ser ms separatistas que el propio Sabino

Arana. Es curioso observar que el nacionalismo de un Prez oun Garca es peor que el del que lleva un apellido lleno deerres113. El plan sera presentado al ministro secretariogeneral del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos,Jos Sols, en un acto en San Sebastin el 11 de septiembre de1968. Haciendo gala de una retrica que evocaba los smilesorgnicos tan propios del fascismo, el jefe provincial delMovimiento y gobernador civil de Guipzcoa, Enrique OltraMolt, plante en su discurso de presentacin del documentoante Sols la necesidad de hacer un diagnstico certero parapoder aplicar la teraputica adecuada, accediendo a lo queson aspiraciones legtimas y utilizando, en cambio, el bistur

para sajar con decisin las partes enfermas114.Con una perspectiva parecida a la del Consejo Provincial

del Movimiento de Guipzcoa, desde el Gobierno Civil de Viz-caya las causas del aumento del nmero de separatistas se

vinculaban sobre todo a la falta de la suficiente labor polticaque lo contrarrestara. En ese sentido, se consideraba que laactuacin del Movimiento, en su aspecto genuinamente polti-co [] ha carecido de la deseada efectividad. Anlogo anlisisse haca en el caso de los grupos monrquicos y tradicionalis-tas, a los que la falta de unidad y dirigentes calificados les impi-de desarrollar una actividad que les permitiera atraer a sus filasa muchos jvenes que, faltos de orientacin y sin la debida pre-paracin, terminan por caer en manos de aquellos enemigosirreconciliables del Rgimen115.

Las instancias policiales insistan, a su vez, en el impor-

tante papel que estaba jugando la enseanza en la difusin delsentimiento nacional vasco. As, pese a su retroceso posterior



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a las detenciones de abril de 1969, la ETA, EGI y en generaltodos los grupos clandestinos que actan bajo el denomina-

dor comn del separatismo [] canalizan su labor a travs delas escuelas de vascuence, ikastolas116. Sobre estas recogaotro boletn policial que tienen una proteccin especial porparte de estos sacerdotes progresistas polticos vascos y unade sus principales aspiraciones, por el momento, es lograr elpoder expedir certificados escolares (oficiales) a los alumnosque cursan estudios en dichos centros117. A ese fin no dudabanlos clrigos en cumplir la obligacin de colocar la ensea fran-quista en sus centros para que la Inspeccin de PrimeraEnseanza legalizara su situacin118. Tambin el Gobierno Civilde Vizcaya prestara especial atencin al mundo de la enseanza,

y a las ikastolas en particular. La proliferacin de estas ltimasse vinculaba a la ausencia de medios en el mbito educativo: lainmigracin haba provocado en algunos municipios verdade-ras situaciones de agobio por la insuficiencia de puestos escola-

res119, por lo que el Gobierno deba dotar la provincia delnmero de escuelas suficientes y de maestros de reconocidaidentificacin con el rgimen para hacer innecesaria la proli-feracin de ikastolas, la mayora de las cuales eran percibidascomo un fermento para el separatismo120.

Muchas de esas preocupaciones eran tambin comparti-das por un segundo grupo de los servicios secretos, creadoparalelamente al servicio especial de San Martn y que aca-bara destinado al anlisis de toda la informacin disponibleacerca de ETA y el nacionalismo vasco. En noviembre de1969, el flamante ministro de Informacin y Turismo, AlfredoSnchez Bella, dio su conformidad a la creacin de ese nuevoorganismo, que, dirigido por el tambin militar EduardoFuentes Gmez de Salazar, qued ubicado a caballo de laOficina de Enlace del Ministerio de Informacin y Turismo

encargada de recopilar informacin sobre la oposicin yde Gobernacin, donde poco a poco fue absorbido bajo la



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de establecer, en forma coordinada y global, un Plan de AccinPsicolgica para combatir esta subversin. En ltima instan-

cia, se pretenda conseguir un cambio de actitud de la oposi-cin. Para ello era necesario adoptar en principio una posturaflexible (posibles concesiones administrativas, facilidades deorden cultural, etc.) en lo accesorio sin ceder en lo fundamen-tal, y a la vez mantener una voluntad decidida y enrgica deeliminar las minoras activistas123.

Antes de entrar en las posibles soluciones concretas, sehaca una descripcin de los principales actores de la accinsubversiva: el PNV y su rama juvenil, EGI, ms propensa ala violencia; el clero; ETA y, por ltimo, el comunismo(apartado en el que se citaba a ETA-berri, CC OO, el PCE y lamisma penetracin comunista en el seno de ETA). Del comu-nismo se deca que era el ms peligroso a largo plazo, por suexperiencia y podero. En lo que a ETA atae, el documentodetallaba:

De acuerdo con los ms puros principios revolucionarios, comprenden

su inferioridad inicial y, en lugar de emprender una simple campaa

terrorista, ensanchan el campo de lucha a los frentes poltico, cultural y

econmico. Aplican la violencia, pero con fines esencialmente psicol-

gicos, pues su explotacin corre a cargo de una propaganda subordinada

al mtodo elegido de accin-represin-accin. Su objetivo estriba en

enfrentar a la masa preparada desimpatizantes-separatistascon las fuer-

zas represivas gubernamentales. Estiman, con acierto, que la rebelda

crece en progresin geomtrica ante la represin estatal. Comprenden la

vala de las fronteras y establecen su sede en Francia para hurtar la cabe-

za a todo posible riesgo mientras los liberados (agentes profesionales)

se mueven ocultos de casero en casero, de convento en convento, para

atacar cuando el peligro es mnimo y la publicidad mxima124.

Todas las recomendaciones contenidas en el PlanUdaberri iban en una doble direccin. Por un lado: Aislar



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a los grupos activistas de sus apoyos de masa. Sembrar la divi-sin entre las fuerzas adversarias. Y por el otro: Destruir

sucesivamente los focos, una vez aislados. En esa lnea, se afir-maba: Parece indispensable coordinar la accin fsica tendentea la eliminacin de los activistas con la psicolgica que busqueprivarles de sus apoyos de masa y sembrar la divisin entre losprincipales focos subversivos (ETA, Partido Comunista y cleroactivista). En una accin posterior se realizara una persistentelabor contra el puro separatismo ideolgico o racista. Asimismo,se prevea como una de las posibles medidas a tomar la consti-tucin de un grupo dedicado a labores de contrainsurgencia.Para ello era necesario: Estudiar la creacin de un ncleo ini-cial reducido de elementos adiestrados especficamente en estalucha subversiva, y prepararlos para la eliminacin de los focosde ETA utilizando incluso medios clandestinos: infiltracin,penetraciones, captaciones, etc. [] Estudiar acciones limita-das en la zona del pas vecino, si la importancia del objetivo o de

la repercusin de la accin as lo aconsejase125.La ejecucin de esas medidas de contrainsurgencia, as

como de todas las previstas en el documento, quedaba sinembargo condicionada a algunas directrices: En la lucha aemprender no se renunciar a ningn medio al alcance delGobierno, salvo el empleo de las Fuerzas Armadas en accionesmilitares. O tambin: La persecucin de los grupos y ele-mentos activistas de la subversin ser implacable, pero seevitar por todos los medios la adopcin de medidas que pue-dan afectar negativamente a la opinin pblica o a los sectoresms sensibilizados y no comprometidos126.

Dentro de la preocupacin por dividir y aislar a los ncleosmilitantes (de ETA y del resto de la oposicin vasca) se daba unaespecial importancia a los medios de comunicacin. En ese sen-tido se propugnaba llevar a cabo: Campaa en los medios de

difusin (abiertos y clandestinos) sobre el medio nacionalistavasco no comprometido, subrayando el carcter de peligrosidad



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de la actuacin violenta de los elementos activistas y ponien-do de manifiesto que el Gobierno est decidido a eliminar la

violencia y, con ello, desaparece la necesidad de adoptar me-didas represivas. Asimismo: Actuacin de los medios pro-pios de propaganda negra (utilizando la forma de difusincomunista, de la ETA y otros ncleos subversivos), encamina-da a sembrar la confusin y divisin entre los focos subversivos.Por ejemplo, difusin de la propaganda comunista antirracial

y contraria a las organizaciones vascas que se difundi hacealgn tiempo, dndole actualidad. Y finalmente: Sobre me-dios predominantemente neutros: intensa accin informativa detodos los medios de difusin (abiertos y clandestinos), dandoamplia publicidad a las facetas positivas de la actuacin delGobierno, resaltando el carcter de delincuentes comunesde los activistas, as como su peligrosidad social y desmon-tando los principales argumentos separatistas127.

Todava en ese campo, pero en lo referente al mundo

laboral, la receta sugerida era: Explotar hbilmente conpropaganda negra y apoyo de los medios de difusin las dis-crepanciasentre comunistas, organizaciones religiosas radicali-zadas y las Comisiones Obreras. Introducir el confusionismoenla difusin de consignas de acciones concretas separatistasmediante propaganda negra. Y tambin: Estudiar las posi-bles formas de incrementar la emigracin de trabajadores a lasprovincias vascas y despertar en estos grupos conciencia propiamediante la creacin de asociaciones (controladas) que acen-ten las diferentes notas regionales. Dentro del campo culturalse propona asimismo fortalecer los diferentes dialectos deleuskera, dificultando la maniobra de unificacin artificialdel idioma que se desarrolla actualmente. Y en el terreno pol-tico: Fomentar la personalidad diferencial de cada provinciadificultando la creacin de un frente vasco unido128.

Otra propuesta de inters lanzada en el documento era laposibilidad de potenciar los grupos carlistas, sobre los que se



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afirmaba: Constituyen un rescoldo amplio, muy resentidopor creerse vctima de persecucin estatal, que puede ser

hbilmente aprovechado en la lucha antiseparatista si se actaa tiempo, existiendo en este momento una amenaza potencial deincrementar el bando enemigo si no es debidamente atendi-do129. Como en otras partes del informe, en esa cuestin sepona el dedo en la llaga. Precisamente en diciembre de 1968haba sido expulsado de Espaa Carlos Hugo de Borbn, mien-tras que en la celebracin de Montejurra de la primavera de1969 una foto de Franco haba sido quemada y se haban produ-cido algunos incidentes con la Guardia Civil. Mara Teresa deBorbn Parma haba entrado en territorio espaol clandestina-mente para asistir a la conmemoracin, en la que se realiz unmitin de carcter poltico pese a no haber sido autorizado.

En sustancia, el Plan Udaberri pona de relieve la carac-terstica fundamental que marcara la dinmica del antifran-quismo hasta la cada definitiva del rgimen: la progresiva

construccin de estrechos lazos entre los ncleos militantes y lasociedad civil, as como la paulatina toma de conciencia polticade sectores cada vez ms amplios de la poblacin, fenmeno delque daban cuenta acciones concretas y a veces muy simples,como podan ser, por ejemplo en el caso del Pas Vasco, elboicot a una pastelera cuyo dueo haba denunciado a unos

jvenes que intentaban colgar unas ikurrias, o la mera asisten-cia a una misa en recuerdo de un militante de ETA. De manerainteligente, el informe destacaba esta ligazn entre antifran-quismo y sociedad civil y propona, para disolverla, profundizaren una poltica informativa que desprestigiara y dividiera a losncleos militantes para, posteriormente, acabar con ellos (yafuera legal, ya ilegalmente; ya en territorio espaol, ya en suelofrancs). Ese mismo espritu mantuvieron las posteriores pro-puestas del espionaje franquista (como el llamadoLibro Rojo de

la Subversin, redactado en 1971)130 y tambin algunas de lasemanadas de instancias gubernamentales131.



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Pero no en todos sus juicios el informe atinaba tanto. Enlo que se refiere a la valoracin de la actuacin policial en

materia represiva, se haca un balance excesivamente con-descendiente se hablaba de eficacia, as como de un satis-factorio grado de tranquilidad y desvinculado de la vertientedenominada psicolgica, de la que s se destacaba, en cambio,que haba adoptado un carcter eminentemente reactivo y conresultados solamente espordicos132. As pues, no se conseguapercibir que ambos aspectos (el psicolgico y el represivo)estaban ntimamente relacionados, puesto que uno de los prin-cipales motores de la constante prdida de apoyos sociales delrgimen era precisamente la vasta actuacin policial puesta enprctica sobre todo a partir de 1967. Si bien esa implacable pol-tica pudo ahogar a la oposicin hasta el punto de desmoralizar amuchos de sus integrantes, tambin tuvo el efecto adverso decontribuir a forjar a travs de la solidaridad vnculos entre elantifranquismo militante y unos sectores sociales creciente-

mente articulados, lo que constituy una de las principales cau-sas del debilitamiento de la dictadura.

En cuanto a la represin contra la violencia poltica, elfranquismo no se alej suficientemente del patrn que habaguiado la lucha contra el maquis. De ah que se primaranrecursos que, como valoraba Rodolfo Martn Villa aos des-pus, resultaron poco o nada eficaces. Por una parte, losestados de excepcin, que, adems de ineficaces, se revela-ron en seguida contraproducentes, puesto que generabansituaciones de malestar popular por el carcter indiscrimi-nado de las medidas adoptadas y por los posibles abusos a quese prestaba su aplicacin, sin que, paralelamente, alcanzasena reducir ni el volumen ni la gravedad de los actos terroristasdurante su vigencia. Y, por otra parte, la preeminencia de laGuardia Civil, cuyo tamao resultaba desproporcionado en

una sociedad que estaba convirtindose en eminentementeurbana y en la que los militantes armados ya no encontraban



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cobijo principalmente en las reas rurales, sino tambin enlas ciudades133.

Pese a que en la mayora de sus conclusiones el PlanUdaberri estaba en lo correcto, los gabinetes de espionajesiempre fueron mal vistos por parte de la mayora de la elitepoltica del rgimen, como mal recibidas seran sus propuestas

y recomendaciones. No es de extraar, por lo tanto, que casininguna de las medidas previstas en el documento se tradujeraen actuaciones concretas. Inicialmente, el despliegue del PlanUdaberri cristaliz en la constitucin de un equipo de trabajodedicado casi exclusivamente a la recopilacin de informacin.Entre las hojas y boletines producidos por ese grupo que se con-servan puede observarse una especial atencin al anlisis de losmedios de comunicacin, tanto de los afines como de los clan-destinos de la oposicin, as como de los mensajes que habraque difundir a travs suyo134. Pero esas indicaciones no tuvieronsu correlato en una decidida actuacin prctica. Por otra parte,

la constante de esos equipos fue, en todas sus etapas, la limitadafinanciacin, consecuencia en parte de los recelos que levanta-ban entre algunos dirigentes del rgimen.

De la misma manera que uno de los principales xitospara el asentamiento del franquismo fue la articulacin de unsignificativo consenso social a su alrededor, fue sobre todo laprogresiva prdida de adhesiones lo que explica su incapaci-dad para sobrevivir. La incipiente red de espionaje constitui-da a finales de los aos sesenta era plenamente consciente delpeligro que entraaba para el rgimen esa prdida de apoyos,as como del hecho que la lucha contra la subversin no seestaba librando en ningn campo de batalla militar, sino quese trataba segn las referidas palabras de San Martn de unantagonismo de voluntades, de un combate por la hegemo-na. As, uno de los convencimientos que guiaron la actuacin

de los servicios secretos franquistas fue que solo podra con-tenerse a la oposicin mediante medidas polticas y, en



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general, restndole banderas reivindicativas, pero sin queesto excluyera que se hiciera cumplir estrictamente la ley. El

problema radicaba en que, habida cuenta de los avances cose-chados por el antifranquismo concretados especialmenteen la progresiva implantacin de una militancia pblica y laextensin de la solidaridad, era difcil discriminar entre lasminoras militantes (cada vez menos minoritarias) y lasmayoras pasivas (cada vez menos pasivas) en la aplicacin dela ley. Precisamente la lucha contra la represin se convertiraen uno de los principales estandartes y seas de identidad dela oposicin. No resulta extrao, pues, que las huelgas gene-rales convocadas en los ltimos aos del franquismo, espe-cialmente en el Pas Vasco, tuvieran a menudo su origen endenuncias antirrepresivas concretas.

Algunas de las pistas para intentar revertir esa situacinestaban encima de la mesa, pero los responsables guberna-mentales franquistas nunca les prestaron la atencin debida,

lo que se revel como dramtico para el futuro del rgimen. Elmantenimiento de una estrecha concepcin del orden pbli-co y de unos altos niveles represivos contribuy a despresti-giar todava ms a la dictadura, proceso en el que, adems delrecurso a los estados de excepcin, jugara un protagonismoespecial el papel otorgado a la jurisdiccin militar.

Notas

1. Gins de Buitrago [Luis Carrero Blanco], Un poco de formalidad!,ABC, 2 deabril de 1970.

2. Ms de la mitad de los conflictos laborales desde principios de los sesenta yhasta el perecimiento de la dictadura correspondieron al sector metalrgicoy, si aadimos a este los sectores del combustible, el textil, la construccin y lasindustrias qumicas (que representaban poco menos de la mitad de la pobla-cin activa asalariada), las horas de trabajo perdidas suman ms del 90 porciento. Carme Molinero y Pere Yss, Productores disciplinados y minoras sub-versivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la Espaa franquista, Madrid,

Siglo XXI, 1998, p. 119. 3. Vanse, sobre esos cambios, las sugestivas aportaciones de Xavier Domnech,

Clase obrera, antifranquismo y cambio poltico. Pequeos grandes cambios, 1956-



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1969, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, y Sergio Rodrguez Tejada,Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidadde Valencia, Valencia, Publicacions de la Universitat de Valncia, 2009,2 vols.

4. La documentacin interna del rgimen corrobora con creces esa tesis. Vase alrespecto Pere Yss,Disidencia y subversin

5. Sentencias posteriores incriminaron a las CC OO como asociacin de tenden-cia idntica al PCE, expresamente prohibido, y con objetivos de subversinviolenta de la organizacin estatal. Todo ello daba cobertura jurisprudencial a laofensiva gubernativa en contra de las CC OO. Vase Francisco J. Bastida, Jueces

y franquismo. El pensamiento poltico del Tribunal Supremo en la Dictadura,Barcelona, Ariel, 1986, p. 178.

6. Esas cinco provincias concentraron ms de dos terceras partes del total de losconflictos. Carme Molinero y Pere Yss, Productores disciplinados, pp. 100-103. En 1969, el 52,3 por ciento de la conflictividad laboral espaola se dio en

el Pas Vasco. Gurutz Juregui,Ideologa y estrategia poltica de ETA. Anlisis de suevolucin entre 1959 y 1968, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 281. 7. Bernardo Atxaga [Jos Irazu Garmendia], Horas extras, Madrid, Alianza, 1997,

p. 56. 8. Carta abierta al Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde y al actual

Gobierno del Estado espaol, firmada por 106 sacerdotes de Vizcaya, Bilbao,25 de junio de 1967, Archivo del Gobierno Civil de Vizcaya (AGCV). Sobre lacarta y las actitudes del clero vasco en esos momentos, vase Batasuna. Larpression au Pays Basque, Pars, Franois Maspero, 1970, pp. 31-32.

9. Gurutz Juregui,Ideologa y estrategia poltica, pp. 267 y ss. 10. Gregorio Morn,Los espaoles que dejaron de serlo. Cmo y por qu Euskadi se ha conver-

tido en la gran herida histrica de Espaa, 2 ed., Barcelona, Planeta, 2003, pp. 18-19.

11. A nuestro B P. Paulo VI, Derio, 1968, AGCV. Sobre los encierros, vansePaulo Iztueta,Sociologa del fenmeno contestatario del clero vasco: 1940-1975, SanSebastin, Elkar, 1981, pp. 152-159, yBatasuna, pp. 33-35.

12. JSP de Bilbao, Previsin trimestral, Bilbao, 9 de enero de 1969, AGCV. 13. Pedro Ibarray Chelo Garca Marroqun, De la primavera de 1956 a Lejona

1978. Comisiones Obreras de Euskadi, en David Ruiz (dir.), Historia deComisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 125-126.

14. Francisco Letamendia,Historia del nacionalismo vasco y de ETA, vol. I,Introduccina la historia del Pas Vasco. ETA en el franquismo (1951-1976), San Sebastin, R&B,1994, pp. 305-310; Gurutz Juregui, Ideologa y estrategia poltica, pp. 305-307, 311-318 y 341-358.

15. Carta de Bilbao, Bilbao, 9 de diciembre de 1969. Archivo Histrico del

Partido Comunista de Espaa (AHPCE), Euskadi/Navarra, jack. 650. 16. A menudo se ha considerado que la primera vctima mortal de ETA fue la niade 22 meses Begoa Urroz, muerta el 28 de junio de 1960 a causa de la explosinde un artefacto en la estacin de tren de Amara (San Sebastin) el da anterior.Sin embargo, hay muy pocas dudas de que la explosin de Amara se inscribi enuna cadena de atentados en distintas estaciones de tren del territorio espaol acargo del DRIL, como consign por aquellas fechas el diario francs Le Monde,30 de junio de 1960, o, un tiempo despus, un editorial de ABC(Gratitud a lospetardistas,ABC, 4 de diciembre 1962). Aos ms tarde, uno de los principalesactivistas del DRIL, Jos Fernandes, confirmara la autora de la organizacinen el atentado que puso fin a la vida de Urroz (J. Sotomayor [Jos Fernandes],Yo rob el Santa Mara, Madrid, Akal, 1978, p. 86). En un reciente volumen en el

que Fernandes ofrece un pormenorizado relato del secuestro del buque SantaMara, el historiador Xurxo Martnez Crespo ha corregido el error de localiza-cin de la bomba que mat a Urroz, ya que Fernandes atribua su muerte al



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artefacto que explot en la estacin de Atxuri (Bilbao) el 29 de junio de 1960,dos das despus de la deflagracin en la estacin de Amara (Xurxo Martnez Crespo, Biografia de Jos Fernandes Comandante Soutomaior, en JosFernandes, 24 homens e mais nada. A captura do Santa Mara, Santiago deCompostela, Abrente, 2010, p. 24).

17. Gurutz Juregui,Ideologa y estrategia poltica, cap. 13. 18. Carta a los intelectuales,Zutik!, 30, junio de 1965, p. 3. 19. Julio Antonio GarcaAlcal,Historia del Felipe(FLP, FOC y ESBA). De Julio Cern

a la Liga Comunista Revolucionaria, Madrid, Centro de Estudios Polticos yConstitucionales, 2001, p. 198.

20. Bases tericas de la guerra revolucionaria, s/l, 1965, reproducido enDocumentos Y, vol. III, San Sebastin, Hordago, 1979-1981, p. 514.

21. JSP de Bilbao, Datos estadsticos, base Memoria 1968, Bilbao, 14 de marzo de1969, AGCV.

22. Gobernador civil de Vizcaya, Parte de informacin trimestral. 1er trimestre

1968, Bilbao, 2 de abril de 1968, AGCV. 23. Informe reservado correspondiente al mes de marzo de 1968 del delegado delMinisterio de Informacin y Turismo en lava al ministro de Informacin yTurismo, Vitoria, marzo de 1968, AGA, Cultura, Ministerio de Informacin y Tu-rismo (MIT), Secretara General Tcnica (SGT), c. 35182.

24. Decreto ley 4/1967, de 21 de abril, por el que se dispone que durante un plazode tres meses queden en suspenso en la provincia de Vizcaya los artculos. 14,15 y 18 de Fuero de los Espaoles, BOE, 96, 22 de abril de 1967, p. 5279. Sobre eldesarrollo del conflicto de Bandas, vase Jos Antonio PrezPrez,Los aos del acero.

La transformacin del mundo laboral en el rea laboral del Gran Bilbao (1958-1977).Trabajadores, convenios y conflictos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 293-304.

25. Pedro Ibarra, El movimiento obrero en Vizcaya: 1967-1977. Ideologa, organizacin

y conflictividad, Bilbao, UPV-EHU, 1987, p. 63. 26. Gobernador civil de Vizcaya, Parte de informacin trimestral. 2 trimestre1967, Bilbao, 6 de julio de 1967, AGCV.

27. Carta colectiva de la Comisin Cvica al vicepresidente del Gobierno, al presi-dente de las Cortes y al presidente del Tribunal Supremo, s/l, 12 de julio de1967, AGA, Cultura, MIT, Gabinete de Enlace, c. 653.

28. La libertad condicional, s/l, 28 de abril de 1970, AHPCE, Represin fran-quista, jack. 1073.

29. Carta de los presos polticos, s/l, 14 de abril de 1970, AHPCE, Represinfranquista, jack. 1068-1069.

30. Gobernador civil de Vizcaya, Parte de informacin trimestral. 1er trimestre1967, Bilbao, 3 de abril de 1967, AGCV.

31. Gobernador civil de Vizcaya, Parte de informacin trimestral. 3er

trimestre1967, Bilbao, 7 de octubre de 1967, AGCV. 32. Informe reservado correspondiente al mes de abril de 1968 del delegado del

Ministerio de Informacin y Turismo en lava al ministro de Informacin yTurismo, Vitoria, abril de 1968, AGA, Cultura, MIT, SGT, c. 35182.

33. Jefatura de la 551 Comandancia de la Guardia Civil, Orden de servicios amontar el da 14 de abril de 1968 con ocasin de la celebracin del AberriEguna, San Sebastin, 4 de abril de 1968, AGCV.

34. Aberri-Eguna 1968, despacho del Consulado General de Francia en SanSebastin a la Embajada de Francia en Espaa, San Sebastin, 16 de abril de1968, Archives des Affaires trangres (AAE), Europe 1945-, Espagne 1961-1970, c. 279 (en francs en el original).

35. Segn documentacin de la Comisara General de Investigacin Social citadaen Gabriel Carrin, ETA en los archivos secretos de la polica poltica de Franco.1952-1969, Alicante, Agua Clara, 2002, p. 347.



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36. Gobernador civil de Vizcaya, Parte de informacin trimestral. 2 trimestre1968, Bilbao, 2 de julio de 1968, AGCV.

37. Manifiesto, Euskadi, 1968, reproducido enDocumentos Y, vol.VII, p. 472. 38. Solamente la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao detuvo preventiva-

mente a 33 personas el 30 de abril. SIGC [Servicio de Informacin de la GuardiaCivil] de la 541 Comandancia, Relacin nominal del personal que ha sido dete-nido el da 30 de abril de 1968, como medida de seguridad para garantizar el ordendurante el da 1 de mayo del mismo ao, por considerarles agitadores de masas enla manifestacin que pretenda llevarse a cabo, Bilbao, s/f, AGCV.

39. Melitn Manzanas, ejecutado, s/l, 1968, AGCV. 40. Carta de la crcel de Soria, Soria, septiembre de 1968, AHPCE, Represin

franquista, jack. 1030. 41. La lucha antifranquista en Guipzcoa. Intensifiquemos la protesta contra la

represin,Mundo Obrero, 16, septiembre de 1968, p. 1. 42. La Vanguardia Espaola, 26 de junio de 1968.

43. Asco,Libertad, 3 de agosto de 1968, reproducido enDocumentos Y, vol.

páginas desdeb0029 moriri matando (ff)ok comple

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