nuestra seguridad

1REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD

Editorial

Nuevo modelo de gestión educativo policial

Esfuerzos regionales contra la minería ilegal

Hacia una nación libre de minas

Instrumentos para prevenir el tráfico ilícito de armas

Seguridad y desarrollo humano en la frontera norte

Taxis ejecutivos reportarán incidentes al ECU 911

ECU 911: más de 6 mil atenciones diarias

Ministro Coordinador de SeguridadValm. Homero Arellano Lascano

Consejo EditorialIng. Stalin Basantes Moreno, Secretario TécnicoCrnel. Max Campos Gallegos, Coordinador de Seguridad InternaCPBC César Navas Vera, Coordinador de Proyectos EspecialesCalm. Fernando Zurita Fabre, Coordinador de Seguridad ExternaLcdo. Eladio Rivadulla Pérez, Asesor

DirectorStalin Basantes

EditorEladio Rivadulla

Equipo técnicoOscar Alonso, Olga Narváez, Daniel Rivera, Nelson Vélez

Nuestra Seguridad Una publicación de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio Coordinador de Seguridad dirigida a la ciudadaníaNo. 11, Quito, 2013ISSN 1390-7050 30 000 ejemplares, distribución gratuitaCircula con El TelégrafoTelf: (593 2) 2946100 ext. [email protected]

Fuentes de contenido Ministerio Coordinador de Seguridad

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad HumanaMinisterio del Interior

Embajada de Chile en EcuadorServicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fotografías Ministerio Coordinador de Seguridad

Ministerio de Defensa NacionalMinisterio del Interior

Embajada de Chile en Ecuador

Diseño y diagramación Vittese Identidad Visual: [email protected]

Ministerio Coordinador de SeguridadGarcía Moreno y Bolívar (esquina)

Quito, Ecuadorwww.seguridad.gob.ec

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Ministerio Coordinación Seguridad Ecuador

Editorial

Somos un pueblo soberano y de paz que construye un Estado democrático para el Buen Vivir. Doce años de cooperación regional y de trabajo conjunto con el pueblo peruano, en la zona de frontera común, nos permitió despejar más de 200 mil metros cuadrados de minas antipersonales de nuestro territorio.

Entregamos al mundo, un ejemplo de hermandad, de diálogo, de confianza mutua, de asistencia recíproca que prioriza el bienestar colectivo y el desarrollo humano mediante fronteras vivas de integración.

Este trabajo complejo, sensible y sacrificado, demanda –además– cuantiosos esfuer-zos humanos y económicos; sin embargo las labores continuarán hasta que el último dispositivo sea desactivado y declaremos a Ecuador como territorio libre de minas.

Esta nueva edición aborda procesos de transformación en la carrera policial, a partir de competencias profesionales específicas y de especialización en ámbitos preventivos, investigativos y de inteligencia con carácter educativo superior conforme dispone la LOES en sus distintos niveles.

Nuestra Seguridad muestra acciones –a nivel nacional y regional– ante prácticas mi-neras ilegales, delitos conexos e impactos negativos; da cuenta de la realización del primer taller del Comité Andino contra la Minería Ilegal y las experiencias compartidas por delegados de la comunidad andina en temas de seguridad, normativas jurídicas, prevención, remediación ambiental y proyectos de desarrollo en zonas afectadas por estas actividades.

Desde esta perspectiva, Plan Ecuador que con una visión integral de la seguridad, prestó atención –en estricto apego a derechos humanos y a la organización institucio-nal del Estado en territorio– a necesidades básicas de pobladores del cordón fronterizo norte, cuyos derechos sociales, económicos, étnicos, ambientales fueron soslayados y lesionados históricamente serán asumidos por Senplades de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 7 y encargados a las unidades desconcentradas de los respectivos mi-nisterios en la Zona 1.

La política pública en seguridad tiene un meritorio referente –incluso a nivel continen-tal– en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, acción coherente del Gobierno de la Revolución Ciudadana donde se articulan numerosas competencias, actores, recursos, tecnologías y estrategias desconcentradas en territorio para proteger y salvar lo más preciado: la vida.

Esta responsabilidad compartida por la vida y por un mundo mejor nos alienta y nos convoca. Más de 6 mil requerimientos diarios de emergencias –resueltos integralmen-te– exhibe esta primera etapa el proyecto más grande en seguridad de nuestra historia republicana.

Valm. Homero Arellano Lascano Ministro Coordinador de Seguridad

Logros que nos alientanDesafíos que nos convocan

Justicia y Seguridad Ciudadana

La misión de la Policía Nacional del Ecuador ha evolucionado a través del tiempo; y, esto sin dudas, marca un antes y un después. Una revolución

a nivel profesional y de especialización del servidor policial enrolado en una de las instituciones más antiguas y fuertes del Estado.

Las innovaciones de este Nuevo Modelo de Gestión Educativo Policial se dirigen a con-solidar una institución de carácter civil, unifor-mada, jerarquizada, disciplinada y altamente especializada, capaz de resolver conflictos, como lo establece la Constitución y la Ley.

Trabajo coordinado einterinstitucional

A fin de alcanzar la excelencia educativa se estableció un trabajo articulado entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacio-nal y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes en conjunto realizaron un diagnóstico interno y externo del sis-tema educativo policial desde aspectos antropológicos, sociológicos y etnográfi-cos, unido a la Doctrina Policial y la con-solidación de un modelo educativo por competencias, aprendizaje mediados por nuevos diseños curriculares, sistemas de evaluación, una estructura orgánica,

infraestructura tecnológica y estudios fi-nancieros.

La implementación del sistema responde a un trabajo coordinado e interinstitucional del Ministerio del Interior, la Dirección Na-cional de Educación de la Policía Nacional, el Ministerio Coordinador de Talento Hu-mano, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y una Comisión proveniente de Chile, cu-yos esfuerzos se ven materializados en:

Una Doctrina Policial presentada pública-mente el 30 de septiembre del 2012 en el Regimiento Quito.

La aprobación de la carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana por el Consejo de Educación Superior (CES) para aspirantes a Oficiales, a desarrollar en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, previo la firma de un convenio con la Universidad Central del Ecuador, institu-ción que otorgará el título de Licenciado.

Nuevo modelode gestión educativo policial

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Cambiossustanciales de

los estándares de profesionalización

y de mallascurriculares

Cambios históricosCarrera profesional policial, con carácter superior, conforme dispone la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en los distintos niveles: técnico, tecnológico, pregrado y posgrado.

Perfil profesional a partir de competencias específicas y de especialización en ámbitos preventivos, investigativos y de inteligencia.

Aspirantes a oficiales y policías en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES).

Contenidos que respetan y garantizan derechos humanos y de género y en especial de grupos de atención prioritaria.

Justicia y Seguridad Ciudadana


Yamil Murillo y Ruth Perugachi, Ministerio del Interior

La aprobación de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público por el CES en la formación profe-sional de aspirantes a policías a realizar en las Escuelas de Formación Policial, bajo la dirección de los Institutos Sectoriales de la Seguridad, en Pichincha, Guayas y El Oro.

La capacitación a funcionarios de la Poli-cía Nacional del Ecuador y el entrenamien-to dentro del Programa de Cooperación Internacional para Policías Uniformadas Extranjeras (CECIPU), resultados de acuer-dos políticos establecidos en los Encuen-tros Presidenciales, en octubre de 2010 en Ecuador, y en febrero de 2011 en Chile.

El apoyo del Gobierno de Chile con seis instructores, tres de Carabineros y tres de la Policía de Investigaciones, por un año, quienes asesoraron y convalidaron las ma-llas curriculares del nuevo del sistema edu-cativo, dentro de la lógica de un verdadero proceso modernizador de aprendizajes así como en la parte operativa y tecnológica de acuerdo a nuestra realidad nacional.

Proceso de aprendizajes

La Policía cuenta en la actualidad con 15 Escuelas. Dentro del nuevo modelo edu-cativo, el Gobierno Nacional aprobó la creación de tres Escuelas del Milenio de Formación Policial: una en Pichincha, en el sector de Tambillo, con capacidad para 2 mil aspirantes; la segunda en Guaya-quil, para mil aspirantes; y, la tercera, en la provincia de El Oro, cantón Pasaje de las Nieves, para 5 mil aspirantes, con una

inversión aproximada de 51 millones de dólares.

Los oficiales alcanzarán el título de Licen-ciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, con cuatro años de estudio (245 créditos), en la Universidad Central del Ecuador; y, los niveles de posgrados en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN); mientras los aspirantes a Policía con dos años de estudio (100 créditos) obten-drán el título de Técnico Superior.

Relaciones Internacionales y Defensa

En los últimos años, prácticas mineras ilegales aumentaron de forma exponencial en la región. En gran medida esto obedece al precio del oro en

el mercado internacional y al ilícito que atrae a individuos y organizaciones que operan al margen de la ley.

El ambiente es afectado de manera irreversi-ble por estas actividades. La explotación ilícita, empleando químicos altamente contaminan-tes, impactan negativamente en la biodiversi-dad, al mismo tiempo la tala indiscriminada de árboles y la contaminación de fuentes de agua ponen en riesgo la supervivencia de muchas especies, fragmenta comunidades, lesiona prácticas ancestrales, afecta la salud y la calidad de vida del ser humano.

Esfuerzos regionales contra la

minería ilegal

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Prácticas que operan al margen de la ley ponen en riesgo la vida y la supervivencia de muchísimas especies

Comunidades que habitan en áreas cerca-nas a yacimientos auríferos, quedan ex-puestos a metales pesados que originan alteraciones congénitas que derivan en dis-capacidades.

A todo esto se suman un sinnúmero de de-litos conexos derivados como consecuen-cia de estos ejercicios ilegales: contraban-do de combustible y precursores, trata de personas, explotación sexual de menores, sicariato, lavado de activos, tráfico de ar-mas, municiones y otros.

A nivel de la comunidad andina se debate en la actualidad que la minería legal se ha devenido en la principal actividad económi-ca de algunos grupos armados irregulares y de bandas criminales, desplazando incluso al narcotráfico. En ese sentido, un fenómeno que irradia más allá de las fronteras, devie-ne en un asunto de seguridad nacional y regional.

Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal

En este contexto, el Gobierno Nacional fortalece mediante Decreto Ejecutivo No. 754 del 6 de mayo de 2012, la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI) como instancia del Ejecutivo en-cargada de diseñar, coordinar y dar segui-miento a la ejecución de planes y medidas enfocadas a combatir la minería ilegal en todo el territorio patrio.

En el marco de esta Comisión se han dise-ñado varias estrategias operativas, investi-gativas, administrativas y sociales para ha-cer frente a este flagelo. Entre ellas destaca la realización de 20 macro operativos inte-rinstitucionales, en los cuales se neutraliza-ron más de 100 maquinarias.

El crecimiento de la minería ilegal, es sin duda, un grave problema para la región; la ausencia de una legislación específica y severa para enfrentarla y combatirla, constituye motivo es-tratégico por lo que, países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), arti-culan y unen esfuerzos para su erradicación.

Iniciativas regionales desde la CAN

La elaboración de la “Decisión Andina 774 en materia de Lucha contra la Minería Ilegal”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2103 constitu-ye un ejemplo pragmático en este camino. Asimismo, el Ecuador aprueba, en el pleno de su Asamblea Nacional, reformas a la Ley de Minería, acción que además estimulará nuevas políticas de control.

La Decisión Andina tiene como objeto principal enfrentar la minería ilegal y de-más actividades conexas de forma inte-gral –cooperativa y coordinada– entre los miembros de la CAN para mitigar los efec-tos que se desprenden de este ilícito que atenta contra la sociedad, su seguridad, economía, recursos naturales, medio am-biente y salud.

Sandra Molina, Coordinación de Seguridad Externa, Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS)

7REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD 7

3. Ambiente: prevención, remediación y reparación ambiental por impacto nega-tivo derivado de actividades de minería ilegal y planes tendientes a una minería sin mercurio.

4. Económico e inclusión social: proyec-tos de desarrollo humano y de produc-ción en zonas mineras ilegales.

En el marco de este encuentro también se plantearon recomendaciones dirigidas a fortalecer los mecanismos de cooperación, enfocados al combate de lavado de activos y otros delitos conexos; control y trazabili-dad de maquinaria, hidrocarburos, equipos e insumos, empleados en los procesos de explotación minera y en sus productos fina-les; protocolos de intercambio de informa-ción sobre mercados, demandas, circuitos y organizaciones criminales; y comportamien-to del delito, paralelo a estas prácticas.

2013 del CACMIL, los cuales fueron apro-bados con aportes de delegaciones de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

En el marco de estos esfuerzos, el MICS desarrolló en Quito, entre el 4 y 5 de junio de 2013, el Primer Taller del CACMIL.

Un evento que desplegó cuatro mesas de trabajo, en las cuales, los distintos delegados de las naciones y miembros de la CAN realizaron valiosas interven-ciones e intercambiaron experiencias referentes a cuatro ámbitos:

1. Seguridad: situaciones y experiencias nacionales en la lucha contra la minería ilegal.

2. Legal-jurídico: normativas legales so-bre sanciones a nivel administrativo y penal.

A partir de esto, a fin de contar con una mayor institucionalidad en el combate a este fenómeno criminal surge el Comité Andino contra la Minería Ilegal (CACMIL), una entidad conformada por autoridades competentes y responsable de coordinar acciones hacia el fortalecimiento de la ca-pacidad y la efectividad en la prevención y control de la minería ilegal y sus efectos multidimensionales en ámbitos regionales, en el caso Ecuador, la integran la totalidad de los miembros del CECMI.

Ecuador, en calidad de Presidente Pro Tempore de la CAN desde el 30 de julio de 2012 hasta el 2013, impulsó activida-des del Comité, a través del Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS).

El MICS, en coordinación con el CECMI, elaboró el Reglamento y el Plan de Trabajo

Total de macro operativos ejecutados por la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), Ecuador-2012


La labor de desminado humani-tario que emprende el Ecuador constituye uno de los compro-misos de los Acuerdos de Paz de 1998, suscritos entre Ecua-

dor y Perú, los cuales son parte de la Con-vención de Ottawa sobre la prohibición, empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su necesaria destrucción.

El 22 de septiembre de 1990 se crea el Centro de Desminado Humanitario del Ecuador-CENDESMI, una estructura na-cional, adscrita al Ministerio de Relacio-nes y Movilidad Humana, encargada de coordinar y ejecutar acciones integrales en la destrucción de minas en el territorio ecuatoriano.

En marzo de 2008, nuestra nación for-muló una solicitud de prórroga a los Estados Parte de la Convención de Ottawa, a fin de completar los trabajos de destrucción de minas antipersonales hasta el 2017.

Esfuerzos conjuntos Las acciones de Desminado Humanitario se desarrollan gracias a esfuerzos conjun-tos de la Fuerza Terrestre y el Comando

General de Desminado del Ecuador-EOD, quienes ejecutan las operaciones de des-minado en la frontera con altos estánda-res de seguridad y experticia.

Otro de los actores sustanciales en estos procesos de desminado es la Organiza-ción de los Estados Americanos (OEA), mediante el Programa de Acción Integral Contra las Minas antipersonal-AICMA Ecuador, quienes cooperan por más de una década en estas operaciones.

Esta cooperación se cristaliza a través de donaciones de equipos, protección a desminadores, vehículos, maquinarias, ambulancia aeromédica, detectores de minas, letrinas, carpas, entre otros artícu-los que fortalecen la Unidad Binacional de Desminado Humanitario.

Presentan mensualmente un informe con el objetivo de evaluar aspectos y condi-ciones de trabajo y así propender a una mejora continúa y de calidad en los pro-cedimientos de desminado.

El Centro Nacional de Desminado del Ecuador-CENDESMI actúa en coordi-nación y diálogo con el Centro Peruano de Acción contra las Minas Antipersonal (CONTRAMINAS), por medio de reunio-

nes periódicas con autoridades naciona-les, que hacen factible la planificación y la ejecución de operaciones de desmi-nado humanitario en ambientes de coo-peración e intercambio de información y asistencia mutua.

Estas gestiones articuladas comparten significativos espacios de cooperación en temas de capacitación, ejercicios tácticos binacionales e intercambio de información y de experiencias de las di-ferentes unidades operativas.

Hasta el año 2012, el país liberó 213.890,84 m2 de territorio ecuatoriano

Hacia una nación libre de minas

Estas acciones compartensignificativosresultados de cooperaciónbinacional

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EditorialRelaciones Internacionales y Defensa

minado y destruyó 5.119 minas antiper-sonales emplazadas en zonas fronterizas de las provincias de El Oro, Loja y Moro-na Santiago, resultados que fueron pre-sentados en la Convención de Ottawa, en cumplimiento de su artículo 7.

Desminar 26 objetivos, estimados en 466.872,50 m2 con 15.595 minas antiper-sonales es el reto del Gobierno Nacional.

Territorio libre de minas

La meta asumida va dirigida a cumplir con el compromiso de desminar hasta el 2017 el territorio nacional, un desafío muy ambi-cioso, si tomamos en consideración que la

cantidad de contribuciones provenientes de la comunidad internacional se han visto disminuidas en los últimos años.

Para solventar esta situación,CENDESMI realiza acercamientos y coordina con la comunidad internacional la búsqueda de nuevos mecanismos de apoyo, a fin de obtener canales de asistencia técnica y financiera que contribuyan a los trabajos de desminado humanitario en la frontera.

La voluntad y la labor del Gobierno Nacio-nal en los procesos de desminado huma-nitario en territorio ecuatoriano hasta que seamos un país libre de minas antiperso-nales.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y Centro de Desminado Humanitario del Ecuador-CENDESMI

5.119 minas antipersonales destruidas

213.890,84 m2 de territorio nacional libre de minas

Proceso de desminado alrededor del Hito Remolino, cantón Tiwintza, Morona Santiago, a cargo del Comando Regional de Desminado Amazonas (CRDA).


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El desconocimiento histórico de los hechos que se ventilan en el presente, pueden desconocer méritos o invisibilizar esfuer-zos de todos aquellos, que en su oportuni-dad, construyeron las bases de amistad y cooperación entre pueblos hermanos.

Para que ello no ocurra, es responsabili-dad de todos recordar a los más jóvenes cómo se han construido y generado aque-llas medidas de confianza mutua que, en la arena internacional, permiten resolver los conflictos que se originan –incluso en oca-siones– por intereses contrapuestos.

Es así como nace la Misión de Observa-dores Militares Ecuador-Perú (MOMEP), única en su género en el mundo; una so-

lución ideada por los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro para alcanzar la paz definitiva en el área general de la Cordillera del Cóndor.

La MOMEP, que cumplió misiones de paz entre el 17 de febrero de 1995 y junio de 1999, estuvo liderada por el Ejército de Brasil e integrada por fuerzas de Argenti-na, Brasil, Chile y de los Estados Unidos de Norteamérica.

En esta misión, las Fuerzas Armadas de Chile participaron con 114 hombres y mu-jeres que cumplieron funciones como ob-servadores militares y de apoyo. La MO-MEP también tuvo el mérito de incentivar

y asegurar las negociaciones políticas y diplomáticas para lograr una paz definitiva.

En su última fase, que se desarrolló entre el 26 de octubre de 1998 y el 1 de julio de 1999, esta asumió la riesgosa e importante misión de verificar el desminado asociado a la colocación de hitos fronterizos, inició así un trabajo prioritario y fundamental en el desminado humanitario, lo que más tarde se conocería como Misión de Asistencia a la Remoción de Minas en América del Sur (MARMINAS).

Cooperación Sur-SurEl Desminado Humanitario busca la de-tección y la destrucción de material letal

Monitor interamericano del Ejército de Chile comparte experiencias con las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Cooperación regional en Desminado Humanitario

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Su acción, articulada al esfuerzo bina-cional protagonizado por ecuatorianos y peruanos, contribuye a recuperar –paula-tinamente– territorios de alto riesgo para la población civil, detectando, neutralizando y destruyendo por más de 10 años, cientos de miles de minas.

Chile se hace partícipe de este modo en procesos de integración regional, a res-paldar a países hermanos en áreas sensi-bles, lo cual, junto a la colaboración en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), configura al país como un activo colaborador a través de “una respuesta regional a un proble-ma regional”.

REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD 11

Monitores Interamericanos en zonas de operaciones Sanchez Racho 05, Provincia Morona Santiago, Ecuador.

para el ser humano, que producto de un conflicto bélico, ha sido “sembrado” en determinadas zonas; remoción de minas antipersonales (MAP), munición sin explo-tar (MUSE) y artefactos explosivos improvi-sados o de circunstancia (AEI).

En el caso de Ecuador y Perú, el trabajo de los monitores internacionales, con el apo-yo de la Junta Interamericana de Defensa (JID) en coordinación con MARMINAS y la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encamina a verificar la observan-cia de los procedimientos empleados por los profesionales involucrados en el desmi-nado humanitario de cada país, verificando el estricto cumplimiento de estándares na-cionales e internacionales para su destruc-ción o neutralización.

Este trabajo lo dirige Brasil con monitores del Ejército de Chile y se desarrolla en los frentes Santiago (Ecuador) y del valle del Cenepa (Perú).

A partir del 1 de diciembre del año 2000, Chile da inicio a Comisiones de Aseso-ría Técnica en Desminado Humanitario a Fuerzas Armadas del Ecuador, las que fi-nalizan el 31 de marzo de 2003.

Posteriormente, la OEA, solicita colabora-ción de especialistas chilenos, que conti-núan apoyando a Ecuador en el 2004, has-ta la fecha, cooperación que consiste en la participación de oficiales en calidad de supervisores (monitores) como soporte en operaciones de desminado en territorios de Ecuador y Perú. Asimismo, desarrollan labores de asesoría en planificación para el levantamiento de campos minados y coo-peran en actividades de carácter docente

–específicamente– en la Escuela de Des-minado, entidad, dependiente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador.

A lo largo de una década, el ejército chi-leno ha colaborado con 18 monitores en MARMINAS. Todos, capitanes del Arma de Ingenieros, capacitados y certificados para realizar este tipo de actividades en zonas de alto riesgo, de difícil accesibi-lidad y en condiciones meteorológicas adversas.

Actualmente, la Misión MARMINAS, cuenta con la participación de dos oficiales chi-lenos y cinco oficiales brasileños, uno de ellos, Comandante de la Misión.

Fuente: Embajada de Chile en Ecuador



Desde 1991, en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se han em-prendido diferentes estudios sobre los métodos y medios

que promuevan la transparencia en las transferencias internacionales de armas convencionales.

El 18 de diciembre de 2006, cuando la Asamblea General de la ONU, solicitó a los Estados miembros, opiniones sobre el concepto de un Tratado de Comercio de Armas (TCA), se dio paso en 2009 a la con-formación de un Grupo de Trabajo abierto, el cual, luego de dos reuniones se trans-formó en una Comisión Preparatoria de la Conferencia para la adopción del TCA.

Esta Comisión Preparatoria mantuvo cuatro reuniones durante julio de 2010, febrero, julio de 2011 y febrero de 2012, en las que se discutieron los compo-nentes que debería contener el Tratado: definición de reglas de procedimiento; y qué decisiones plantearse sobre la base del consenso.

En julio de 2012, se difunde el Proyecto TCA para ser analizado internamente por cada uno de los Estados.

Más adelante mediante una resolución aprobada el 24 de diciembre de 2012, la

Asamblea General de Naciones Unidas, convoca a una Conferencia Final para la adopción del TCA en marzo de 2013.

Esta Conferencia Final, tuvo lugar en Nueva York, entre el 18 y 28 de marzo de 2013. Su resolución final obtuvo 155 votos a favor, 3 en contra y 22 abstencio-nes, entre ellas la de nuestro país.

En este sentido el Gobierno Nacional, a través de autoridades e instancias com-petentes, estudia y analiza en la actuali-dad con atención, el Tratado, para definir una posición frente al mismo.

Es necesario señalar que una absten-ción no puede interpretarse como un rechazo o resistencia al Tratado, simple-mente entrega tiempo para su examen.

En lo fundamental el instrumento, busca establecer normas universales comunes que contribuyan a regular o mejorar el comercio internacional de armas conven-cionales. Asimismo, se dirige a prevenir y reducir el tráfico ilícito de armas conven-cionales y por ende evitar su desvío.

El tratado no se contrapone a la Cons-titución de la República ni a otros ins-trumentos internacionales suscritos con anterioridad por el Ecuador.

De igual manera, el TCA tampoco afec-ta la misión fundamental de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía e integridad territorial, en el control de ar-mas y la seguridad ciudadana sino que permitiría a diferentes instituciones dis-poner de información sobre el tipo, ca-libre, serie, cantidades y otros datos téc-nicos de las armas en poder de países vecinos y de otros Estados, organizando registros y bases de datos que faciliten el intercambio de información, a fin de establecer una adecuada trazabilidad de

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Normativascomunes buscan regular elcomerciointernacionalde armas convencionales

Instrumentospara prevenir el

tráfico ilícito de armas

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Igualmente, el TCA no contiene criterios de prohibición de exportación o transferencia de armas a actores no Estatales no autori-zados y no excluye la posibilidad de venta de armas a los Estados involucrados en crímenes de agresión o a países que de-tentan bases y ocupaciones extranjeras.

Dado que la Conferencia Final de Nacio-nes Unidas relativa al Tratado sobre el Co-mercio de Armas adoptó el texto de dicho instrumento, es importante considerar, la conveniencia de la adhesión del Ecuador a este Tratado, una vez consensuada una posición nacional. Cabe resaltar que ac-tuando como Estado parte, Ecuador po-dría proponer las enmiendas y reformas correspondientes y participar en la elabo-ración del Reglamento de acuerdo a las realidades e intereses nacionales.

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las armas, factor, acorde con la ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su Reglamento.

Sin embargo, a pesar de la existencia de algunos aspectos positivos, no puede desconocerse, que el TCA adolece de un balance adecuado sobre las responsa-bilidades que asigna a cada uno de los Estados actores en el comercio de ar-mas, favoreciendo así, a exportadores de armamentos y desconociendo paralela-mente, derechos de países importadores.

El TCA contiene criterios que facultan la prohibición en la exportación de armas; aspectos que eventualmente podrían em-

plearse como medio de presión política y por consiguiente generaría injerencias de los Estados productores y exportadores de armas en algunas naciones, que por causas políticas no califiquen para adqui-rir armas, incluso hasta para su uso interno antidelincuencial; exhibiendo así, contra-dicciones con el derecho de cada Estado a determinar soberanamente sus necesida-des de índole de defensa y seguridad.

En su alcance el Tratado tampoco pro-pone disposiciones sobre el comercio de armas pequeñas y ligeras, ni de mu-niciones y accesorios, tema relevante para el Estado ecuatoriano, si tomamos en cuenta que nuestra normativa para el control de armas sí contempla municio-nes y accesorios.

Fuente: Equipo Técnico de Control de Armas (ETCA)

María Luisa Vera, Coordinación de Seguridad Externa, Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS)

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Resultados obtenidos en Ecuador por Fuerzas Arrmadas y Policía Nacional

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Armas

Incautadas

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REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD

proveniente de la cooperación interna-cional, emprendió numerosas acciones hacia la seguridad y calidad de vida de compatriotas que habitan zonas fronte-rizas de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

mejores escuelas, nuevos y adecuados dispensarios y centros de salud, polos para el desarrollo infantil y juvenil, cami-nos vecinales, puentes, equipamiento, implementos e instalaciones deportivas, fomento del arte y la cultura, sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento, generación de empleo, organización y asesoría de emprendimientos producti-vos comunitario, enfocados a una ren-tabilidad económica y ambiental sobre la base de la seguridad, el respeto a la naturaleza, los derechos humanos y la paz, son algunos proyectos que Plan Ecuador impulsó.

Con cerca de 50 millones de dólares invertidos, esta Secretaría, en conjunto con otras carteras de Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y soporte

E l Gobierno Nacional resuelto a consolidar una presencia insti-tucional, democrática y sobe-rana del Estado en la frontera norte diseñó políticas encami-

nadas al Buen Vivir de sus pobladores.

Creada mediante Decreto 565, en 2008, y posteriormente adscrita al Ministerio Coor-dinador de Seguridad, la Secretaría Técnica Plan Ecuador, impulsó una visión integral de la seguridad que atendía necesidades e infraestructuras básicas y paralelamente contrarrestaba cuantiosas consecuencias originadas de numerosas desigualdades, en términos económicos, sociales y étnicos que esta zona exhibió históricamente.

Seguridad a través del desarrollo social y humano, atención a la comunidad desde

Seguridad ydesarrollo humano

en la frontera norte

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Plan Ecuadorimpulsó relevantes esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de vida

Arte y culturaDifusión del arte y la cultura a través de presentaciones artísticas participati-vas y concursos en territorio.

Beneficiarios: 7.100 pobladores

Inversión: USD 102.500,00

Provincias: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos

Proyectos coordinados con Ecuador Estratégico Edificación de colegios con internado

Beneficiarios: 2.400 niñas y niños

Inversión: USD 6 millones

Manejo de Triángulo de Cuembí para solución de conflicto socioambiental


Inversión: USD 300 mil

Estudio de agua para la mancomuni-dad del Río Dué


Inversión: USD 1 millón

Provincia: Sucumbíos

Producción y desarrollo comunitarioConstrucción, organización y aseso-ramiento en proyectos y planta agrícola integral; levantamiento y reacondicio-namiento de puentes peatonales.


Inversión: USD 1.546.959,38

Provincia: Esmeraldas

Cultura físicaInstalación de gimnasios, entrega de implementos deportivos, capaci-tación y asesoramiento.




Misión Luis Vargas TorresMejoramiento de la calidad de vida en zonas afectadas por minería ilegal.

Beneficiarios: 16 mil pobladores



Justicia Social y Desarrollo Humano

2008 - 2013 intervención, beneficiarios e inversión

Atención socialConstrucción de 6 Centros Infantiles del Buen Vivir

Beneficiarios: 300 niñas y niños



Equipamiento y saludConstrucción y dotación de Subcen-tros de Salud tipo B y C

Beneficiarios: 150 mil pobladores

Inversión: USD 5.150.691.53


Agua y saneamiento Implementación de sistemas de agua potable, alcantarillado y unida-des básicas sanitarias




REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD 15

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Taxis ejecutivos reportarán incidentes al

ECU 911


Seguridad Integral

En la Constitución de la Repúbli-ca, la participación y el control social tienen singular importan-cia y significación estratégica pues además de garantizar el

derecho a participar en la fiscalización de los actos del poder público, garantiza la contribución individual o colectiva de la sociedad en la toma de decisiones, en la planificación y la gestión de los asuntos públicos, en un proceso permanente de construcción de poder ciudadano.

El numeral 4 del artículo 83 de esta Consti-tución política también establece como una de las responsabilidades de toda ciudadana y ciudadano “Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.”

Constituye función privativa del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, la protección interna, así como el mante-nimiento de la seguridad ciudadana y el orden público.

En este sentido, el Estado, dentro de sus competencias, tiene el deber de aprobar las políticas, las estrategias, los planes y programas encaminados a garantizar la gobernabilidad y la seguridad interna en el marco de los derechos humanos.

El Ministerio Coordinador de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-lo 9 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, es responsable de la elaboración de las políticas públicas, de la planifica-ción integral y de la coordinación con los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado.

Participación de la comunidad en apoyo a la seguridad

La Ley de Seguridad Pública y del Esta-do en su artículo 45, respecto de la par-

ticipación ciudadana, manifiesta que “La ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación en el Sistema de Seguridad Pública, de conformidad con lo prescrito en la Constitución, las normas legales de participación ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los procesos de definición de las políticas pú-blicas y acciones de planificación, evalua-ción y control para los fines de la presen-te ley; exceptuando la participación en la aplicación del uso de la fuerza, que es de responsabilidad del Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es deber y responsabilidad de los habitan-tes de la República colaborar con el man-tenimiento de la paz y la seguridad.”

“Los ojos de mi País”Es una iniciativa de participación ciuda-dana que surge con el propósito de que taxistas que brindan servicios ejecutivos proporcionen al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, información oportu-na, confiable y verificada sobre inciden-tes que se susciten en el espacio público por el que transitan con sus vehículos o que afecten o pongan en riesgo la segu-

REVISTA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD

ridad personal, familiar o comunitaria de la sociedad.

La implementación de esta iniciativa es factible porque la Asociación Ecuatoria-na de Operadoras de Taxi Ejecutivo (AE-TEJ), organización de carácter nacional posee vehículos equipados con sistemas de georeferenciación, tecnología de co-municación de audio y datos, centrales de operaciones las 24 horas, 365 días del año, software propio y de fabricación nacional, choferes profesionales en per-manente proceso de inducción y capaci-tación, sobre los que se tiene una base de datos actualizada –periódicamente–, información de contacto, antecedentes personales y documentación legal habili-tante para el ejercicio profesional.

Esta participación gremial se convertirá en un soporte adicional en la prevención y coordinación de auxilios, sobre la base de una información confiable y de mayor cobertura para el ECU 911, con lo que el sistema optimizará su capacidad de reac-ción, intervención y coordinación. Esto constituye un mecanismo social de pre-vención y disuasión frente a la comisión pública de infracciones y de manifestacio-nes de violencia.

El Ministerio Coordinador de Seguridad y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 capacitarán a 960 miembros de la AETEJ de la provincia de Pichincha como ámbito de acción en primera instancia, en temas de seguridad ciudadana, inteligen-cia emocional, roles del ECU 911, tipos de incidentes y codificación que utiliza-rán para la comunicación con el sistema y protocolos para reportar los incidentes, entre otros.

La seguridad con enfoque integral

demanda lainterrelación de

todos los actores de la sociedad

Fernando Vinueza, Coordinación de Seguridad Interna, Ministerio Coordinación de Seguridad (MICS)

El Servicio Integrado de Se-guridad ECU 911 robustece una visión compartida de la gestión que coadyuva a hermanar numerosas facul-

tades y bienes del Gobierno central y de Gobiernos Autónomos Descentralizados, experiencias de gestores de seguridad y de la ciudadanía en territorio.

Su cobertura alcanza lugares recónditos de nuestra geografía; caletas pesqueras en Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, pasos de frontera, puentes internaciona-les en el norte y sur, provincias de la re-gión amazónica, de la sierra y de la costa ecuatoriana; y cantones y parroquias del territorio nacional que nunca imaginaron contar con un servicio de videovigilancia y de atención integral, pertinente y gratuita a sus demandas de emergencias, las 24 horas y 365 días del año.

Más de 6 mil incidentes diarios son asu-midos en promedio por los siete centros actualmente en operaciones de una plani-ficación nacional de 16. Sólo los dos de competencias nacionales, Samborondón y Quito, despachan en promedio 2 mil emergencias diarias. Los tres zonales, ubicados en Cuenca, Machala y Ambato, presentan una media de 650 cada uno, y los dos locales, en las ciudades de San-to Domingo y Esmeraldas, resuelven 400 contingencias diarias.

Cifras y Datos

18

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

ECU 911más de

6 mil atencionesdiarias

2 nacionales

3 zonales

2 locales

7 Total

4000

1950

800

6750

Guayas, Santa Elena, Pichincha, Napo y Orellana

Azuay, Cañar, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza

Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas

13 provincias

PROMEDIO DARIO EN LA ATENCIÓN Y DESPACHO DE EMERGENCIAS

800

Centros Nacionales

Centros Locales

Centros Zonales 1950 4000

Centros Cobertura Cantidad

nuestra seguridad

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