Año 5 - Nº 15 – Invierno 2012 | ISSN 1851-4650 | Registro de la Propiedad Intelectual Nº 703296 Propietario Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata - CUIT 30-54666670-7 Editor responsable Darío AndrinoloAutoRIdAdES decana: Prof. Dra. Graciela De Antoni, Vicedecano: Prof. Dr. Néstor Búcari, Secretario académico: Dr. Osvaldo Cappannini. Secretario de Extensión universitaria: Dr. Patricio De Urraza.Materia Pendiente es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Los artículos y las opiniones citadas no expresan necesariamente la postura institucional | Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, citando la fuente y notificando a la revista.

director Darío Andrinolo | Edición Josefina Oliva | Redacción Daiana Melón, Florencia Yanniello| diseño Pablo Noriega| Ilustraciones Catalina Oliva | Publicidad y distribución Gastón Barreiro | Colabora en este número Tomás Viviani| Impresión Ferrograf | E–Mail revistamateriapendiente@gmail.com / materiapendiente@exactas.unlp.edu.ar | Web http://www.revistamateriapendiente.blogspot.com | Correo Postal Calle 115 y 47 (1900) La Plata, Provincia de Buenos Aires | teléfono (0221) 422-6977 / 79 – interno 104.

Í n d i c eEdItoRIAL

20. INFoRME CENtRAL

trabajo en riesgoA pesar de los cambios sucedidos en la situación del empleo en el país, las malas condiciones en cuanto a exposición a accidentes y enfermedades laborales continúan. En el informe se reúnen opiniones sobre la legislación en torno al tema, las cuestionadas ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), las responsabilidades de los empleadores y el Estado.

28. INStItuCIoNALESdos congresosBreves crónicas de la participación de la Facultad de Ciencias Exactas en el VII Congreso de Medio Ambiente de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo), y el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CRECEx).

32. JuStICIA Y dERECHoS HuMANoSPara que los chicos dejen de estar en peligroEl programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP), actúa frente a la ausencia de medidas por parte del Estado en la cuestión de la niñez.

35. ARtE EN PARtECrear desde la naturalezaNavegamos junto con la ONG ensenadense Ala Plástica y conocemos su experiencia del trabajo con fibras naturales y el cuidado del ambiente.

38. A LA PIPEtA!A varias tintasCon fibras y tizas, aprendemos a realizar una cromatografía, el método que se utiliza en desarrollos científicos para separar diversas sustancias.

4. AMBIENtE¿otra vez soja?Continúan las discusiones sobre un modelo que impulsa la biotecnología como la solución milagrosa a los problemas que se generan con relación a la producción agraria. La universidad, los nuevos desarrollos científicos y las posturas en torno al Plan Estratégico Agroalimentario.

8. PoLÍtICA ACAdÉMICAGuardias y rejasLas medidas de seguridad que lleva adelante la UNLP para “proteger” a su comunidad. Las conexiones con el Servicio Penitenciario Bonaerense y la política de “enrejado” de sus edificios.

12. ENCuENtRoS

Entrevista con el flamante presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.El doctor en Bioquímica Roberto Salvarezza habla de la importancia del organismo para fomentar la ciencia y la técnica y motorizar la economía, el empleo, y la soberanía. Además, la situación de los investigadores en el CONICET y algunas discusiones sobre temáticas de ambiente y salud.

16. LABuRAtoRIoSEse difícil oficio Cada vez más estudiantes eligen la carrera de Periodismo. Pero a la hora de egresar se encuentran con escasas posibilidades y condiciones de trabajo precarias. Ante este mapa mediático surgen alternativas que diversifican las voces.

Palabras y acciones

Llegamos al número 15 de Materia Pendiente poniendo en discusión las diversas ideas y medidas que se llevan a cabo desde la Universidad y la ciencia en la Argentina. Para ello se propician, en la Facultad de Ciencias Exactas, diversas alternativas, que esta vez se desarrollaron a través de dos encuentros -de ambas experiencias damos cuenta en esta edición, en la sección Institucionales. Por un lado en la jornada que se organizó en el marco del VII Congreso de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) celebrado en el mes de mayo, en la que se buscó debatir con diversos movimientos sociales y asambleas vinculados a problemáticas ambientales. Y por otro, en el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CRECEx), desarrollado en junio, en el que se buscó hablar de una ciencia transformadora, pensándola como una herramienta fundamental que tiene que “estar al servicio de su pueblo”, no sólo en la formación de profesionales, sino en la resolución de problemática sociales.

Teniendo en cuenta ese punto de vista, en la sección Ambiente nos detenemos a analizar los diferentes convenios que se realizan entre universidades, organismos científicos y grandes empresas al servicio de pooles de siembra y en detrimento de ecosistemas, pueblos y agriculturas familiares. Pero, al mismo tiempo, vemos con agrado que CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) proponga áreas prioritarias que orienten los esfuerzos de la investigación nacional hacia problemáticas identificadas por el Estado y que, desde la nueva gestión del organismo, se piense que la ciencia y la tecnología deban situarse en el marco de temas estratégicos para el país, según sus políticas y requerimientos. De esto hablamos en Encuentros, a través de una profunda entrevista al flamante presidente del Consejo, Roberto Salvarezza.

De esta forma, consideramos que es necesario avanzar en la profundización de esa estrategia, poniendo especial énfasis en ver de qué manera se definen las diversas áreas y cómo se evalúan los avances. Y tenemos en cuenta que, en este punto, las universidades, -donde se desempeñan la mayoría de los investigadores de CONICET-, tienen un importante rol, ya que es a través de ellas desde donde se pueden establecer vínculos activos con la sociedad y sus problemas.

Convencidos de que para avanzar hacia la construcción de un cambio en el futuro de nuestra sociedad es necesario generar el ámbito de discusión e interacción de diversas ideas, continuamos con el impulso de afrontar las diversas problemáticas, empezando por ponerlas en palabras, a través de estas páginas. Pasen y lean .

Año 5 - Nº 15 – Invierno 2012 | ISSN 1851-4650 | Registro de la Propiedad Intelectual Nº 703296 Propietario Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata - CUIT 30-54666670-7 Editor responsable Darío AndrinoloAutoRIdAdES decana: Prof. Dra. Graciela De Antoni, Vicedecano: Prof. Dr. Néstor Búcari, Secretario académico: Dr. Osvaldo Cappannini. Secretario de Extensión universitaria: Dr. Patricio De Urraza.Materia Pendiente es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Los artículos y las opiniones citadas no expresan necesariamente la postura institucional | Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, citando la fuente y notificando a la revista.

director Darío Andrinolo | Edición Josefina Oliva | Redacción Daiana Melón, Florencia Yanniello| diseño Pablo Noriega| Ilustraciones Catalina Oliva | Publicidad y distribución Gastón Barreiro | Colabora en este número Tomás Viviani| Impresión Ferrograf | E–Mail revistamateriapendiente@gmail.com / materiapendiente@exactas.unlp.edu.ar | Web http://www.revistamateriapendiente.blogspot.com | Correo Postal Calle 115 y 47 (1900) La Plata, Provincia de Buenos Aires | teléfono (0221) 422-6977 / 79 – interno 104.

Í n d i c eEdItoRIAL

20. INFoRME CENtRAL

trabajo en riesgoA pesar de los cambios sucedidos en la situación del empleo en el país, las malas condiciones en cuanto a exposición a accidentes y enfermedades laborales continúan. En el informe se reúnen opiniones sobre la legislación en torno al tema, las cuestionadas ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), las responsabilidades de los empleadores y el Estado.

28. INStItuCIoNALESdos congresosBreves crónicas de la participación de la Facultad de Ciencias Exactas en el VII Congreso de Medio Ambiente de la AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo), y el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CRECEx).

32. JuStICIA Y dERECHoS HuMANoSPara que los chicos dejen de estar en peligroEl programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP), actúa frente a la ausencia de medidas por parte del Estado en la cuestión de la niñez.

35. ARtE EN PARtECrear desde la naturalezaNavegamos junto con la ONG ensenadense Ala Plástica y conocemos su experiencia del trabajo con fibras naturales y el cuidado del ambiente.

38. A LA PIPEtA!A varias tintasCon fibras y tizas, aprendemos a realizar una cromatografía, el método que se utiliza en desarrollos científicos para separar diversas sustancias.

4. AMBIENtE¿otra vez soja?Continúan las discusiones sobre un modelo que impulsa la biotecnología como la solución milagrosa a los problemas que se generan con relación a la producción agraria. La universidad, los nuevos desarrollos científicos y las posturas en torno al Plan Estratégico Agroalimentario.

8. PoLÍtICA ACAdÉMICAGuardias y rejasLas medidas de seguridad que lleva adelante la UNLP para “proteger” a su comunidad. Las conexiones con el Servicio Penitenciario Bonaerense y la política de “enrejado” de sus edificios.

12. ENCuENtRoS

Entrevista con el flamante presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.El doctor en Bioquímica Roberto Salvarezza habla de la importancia del organismo para fomentar la ciencia y la técnica y motorizar la economía, el empleo, y la soberanía. Además, la situación de los investigadores en el CONICET y algunas discusiones sobre temáticas de ambiente y salud.

16. LABuRAtoRIoSEse difícil oficio Cada vez más estudiantes eligen la carrera de Periodismo. Pero a la hora de egresar se encuentran con escasas posibilidades y condiciones de trabajo precarias. Ante este mapa mediático surgen alternativas que diversifican las voces.

Palabras y acciones

Llegamos al número 15 de Materia Pendiente poniendo en discusión las diversas ideas y medidas que se llevan a cabo desde la Universidad y la ciencia en la Argentina. Para ello se propician, en la Facultad de Ciencias Exactas, diversas alternativas, que esta vez se desarrollaron a través de dos encuentros -de ambas experiencias damos cuenta en esta edición, en la sección Institucionales. Por un lado en la jornada que se organizó en el marco del VII Congreso de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) celebrado en el mes de mayo, en la que se buscó debatir con diversos movimientos sociales y asambleas vinculados a problemáticas ambientales. Y por otro, en el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CRECEx), desarrollado en junio, en el que se buscó hablar de una ciencia transformadora, pensándola como una herramienta fundamental que tiene que “estar al servicio de su pueblo”, no sólo en la formación de profesionales, sino en la resolución de problemática sociales.

Teniendo en cuenta ese punto de vista, en la sección Ambiente nos detenemos a analizar los diferentes convenios que se realizan entre universidades, organismos científicos y grandes empresas al servicio de pooles de siembra y en detrimento de ecosistemas, pueblos y agriculturas familiares. Pero, al mismo tiempo, vemos con agrado que CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) proponga áreas prioritarias que orienten los esfuerzos de la investigación nacional hacia problemáticas identificadas por el Estado y que, desde la nueva gestión del organismo, se piense que la ciencia y la tecnología deban situarse en el marco de temas estratégicos para el país, según sus políticas y requerimientos. De esto hablamos en Encuentros, a través de una profunda entrevista al flamante presidente del Consejo, Roberto Salvarezza.

De esta forma, consideramos que es necesario avanzar en la profundización de esa estrategia, poniendo especial énfasis en ver de qué manera se definen las diversas áreas y cómo se evalúan los avances. Y tenemos en cuenta que, en este punto, las universidades, -donde se desempeñan la mayoría de los investigadores de CONICET-, tienen un importante rol, ya que es a través de ellas desde donde se pueden establecer vínculos activos con la sociedad y sus problemas.

Convencidos de que para avanzar hacia la construcción de un cambio en el futuro de nuestra sociedad es necesario generar el ámbito de discusión e interacción de diversas ideas, continuamos con el impulso de afrontar las diversas problemáticas, empezando por ponerlas en palabras, a través de estas páginas. Pasen y lean .

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Por Daiana Melón Argentina es un país cuya identidad

está ligada a la producción agropecuaria. Desde sus inicios, su economía está prin-cipalmente basada en un modelo agroex-portador, que aporta las mayores divisas a la economía del país. Desde la introducción de los transgénicos en 1996, las hectáreas sembradas con organismos genéticamente modificados fueron poblando los campos argentinos generando desmontes, desequi-librios en la diversidad de cultivos y dismi-nución de los emprendimientos ganaderos.

El principal cultivo transgénico desa-rrollado en el país es la soja RR (Resistente al herbicida Roundup), su uso desde que se introdujo en Argentina, aumentó en un 293%, pasando de alrededor de 7 millo-nes a más de 18 millones de hectáreas cul-tivadas. Para su desarrollo y producción necesita de la aplicación de un herbicida comercialmente conocido como Roundup, sumamente tóxico y contaminante. Algu-nas malezas han desarrollado la capaci-dad de resistir a este pesticida, por lo que, desde 1996 a esta parte, se ha incremen-tado el uso del mismo en 190 millones de litros (ver Materia Pendiente nº 10).

un nuevo plan en discusión

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016 (PEA) fue un proyecto lan-zado en mayo de 2010 por la presiden-te Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo principal de fijar un horizonte productivo en materia agropecuaria a al-canzar en el período que abarcaba desde su lanzamiento hasta el año 2020.

AVANCES Y REtRoCESoS EN toRNo AL ModELo AGRÍCoLA

Hacia la patria sojera?El Plan Estratégico Agroalimentario lanzado en 2010 genera replanteos y disidencias. Aquí, se muestran los diferentes roles que aparecen en torno a la cuestión desde las universidades y la producción científica, y los vínculos con empresas que promueven un desarrollo de impacto negativo en las comunidades rurales y en la estructura productiva. En este marco, además, por primera vez llega a la justicia una causa de contaminación por el uso de agrotóxicos.

Durante más de un año se realizaron numerosas reuniones en diversos pun-tos de país con la finalidad de delinear los principales desafíos en materia agraria. De los diferentes encuentros participaron las áreas agropecuarias y pesqueras de las pro-vincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 53 facultades tanto públicas como privadas; el Instituto Nacional de Tecnolo-gía Agropecuaria (INTA); el Servicio Nacio-nal de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); otros órganos descentralizados del Ministerio de Agricultura; organismos internacionales, tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-ción (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); integrantes de las di-ferentes instancias de las cadenas de valor agroalimentarias; y entidades de la socie-dad civil que velan por intereses ambienta-les, sociales, territoriales o culturales.

Según estimaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, participaron de la elaboración del Plan más de siete mil actores u organismos. Para sistematizar las diversas voces, se conformó un Consejo General, cuya labor fue conciliar las diferentes opiniones. “Esta tarea dio origen a una cosa muy interesan-te que fue la identificación de unas veinte tensiones que fue necesario ir trabajando con los actores para llegar en lo posible a una visión compartida. Esto fue muy impor-tante porque a partir de esta visión se ela-boró la visión del PEA y los valores, que no se hubieran obtenido por consenso, porque

es imposible llegar a consenso, pero fue más fácil llegar a lo que llamamos una visión compartida de futuro”, sostiene Isidoro Luis Felcman, director del PEA.

Desde la visión de numerosas ONG’s y Asambleas que participaron en las re-uniones consultivas, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta. Tal como lo plantea el ingeniero agrónomo Gabriel Arisnabarreta, integrante de Ecos de Saladillo (un grupo conformado para abordar y difundir las consecuencias que genera el actual modelo agropecuario): “En cada reunión las diferencias eran ma-yores, hasta que decidimos hacer una pro-puesta alternativa, marcando las diferen-cias y las razones por las que no podíamos firmar un documento en común. A partir de ese momento, no recibimos más infor-mación, ni se nos volvió a avisar de reunio-nes. Creemos que en la práctica no apor-tamos nada, pero también sostenemos que las conclusiones del PEA ya estaban termi-nadas antes de empezar”.

Finalmente, luego de un año de re-uniones en diferentes puntos del país, el 5 de septiembre de 2011, en el Predio Ferial Tecnópolis, se presentaron las me-tas delineadas en el Plan. En este sentido, el director del PEA manifestó: “La princi-pal contribución es haber logrado, a pesar de esta situación inicial de conflicto, una vi-sión compartida de futuro y en términos de eso poner a todos los actores a trabajar en las políticas, que son muy importantes aho-ra”. Felcman señaló que es posible llegar al 2020 habiendo cumplido los lineamientos del Plan en terreno agropecuario, agroin-dustrial y agroalimentario. “Estamos tra-bajando en eso para lograrlo”, agregó.

Críticas y disidencias en torno al PEA

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue una de las unidades académicas, junto con la Facultad de Cien-cias Veterinarias, que participaron de las reuniones consultivas para la elaboración del Plan Estratégico Agroalimentario. Mediante el trabajo conjunto de diferen-tes cátedras, construyeron un documento que presentaron a los coordinadores del PEA en el que desarrollaban cuáles de-bían ser los lineamientos que debía tener un Plan en materia agropecuaria.

El 23 de marzo del 2012, la Facul-tad emitió la Resolución N° 048, ante un pedido del Claustro de Graduados y del Claustro de alumnos de expedirse en torno al resultado final del Plan. En ella se realizan profundas críticas al Plan Estratégico Agroalimentario y al modelo agrario existente en la actualidad, soste-niendo que no se tuvieron en cuenta los lineamientos que plantearon. “El PEA en principio parecía ser una propuesta de realización participativa de un progra-ma agroalimentario, que terminó siendo un documento cerrado en una oficina por tres brillantes desatendiendo los manda-tos o las opiniones de los distintos espacios que fueron consultados”, sostiene Claudia Flores, ingeniera agrónoma, profesora de la Cátedra de Agroecología e integrante del Centro de Graduados de la Facultad.

Uno de los puntos principales que la Facultad de Agronomía cuestiona del Plan es la intención de aumentar de cara al 2020 la superficie sembrada de

32 millones de hectáreas a 41 millones, avanzando con la frontera agrícola so-bre territorios ocupados por pequeños productores familiares o comunidades campesinas. “El PEA tiende a profundizar un modelo que tiene grandes dificultades, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde lo social y de la distri-bución de la tierra, tiene una visión dema-siado productivista. Esto podría traer va-rias consecuencias, una es el avance sobre las agriculturas campesinas y familiares, otra relacionada con aspectos ecológicos, como el desmonte y la deforestación que puede producirse, y también la pérdida de biodiversidad”, afirma Flores.

En torno a las críticas esbozadas en la Resolución emitida por la Facultad de Ciencias Agrarias, Felcman responde que lo que plantean en ésta y otras disiden-cias de igual índole, fue contemplado en el enfoque Equitativo sustentable del Plan. “En ningún momento se plantea la degradación del medio ambiente o la des-trucción de bosque nativo, lo que sostiene es, a partir de este concepto de balance y equilibrio, lograr justamente equilibrar lo productivo, con lo ambiental, con lo terri-torial, con la seguridad alimentaria”.

En este sentido, Jorge Lanfranco, con-sejero por el Claustro de profesores e in-tegrante de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP plantea: “El modelo de agricultura actual no deja de ser una minería a cielo abierto y sin duda que el PEA pretende incentivar esto, porque la superficie que se proyecta sembrar es mayor. Avanzando con las fron-teras agropecuarias hacia otros ecosiste-mas más frágiles, vamos a seguir aplicando

plaguicidas que van a deteriorar la salud de los suelos y eliminar multitud de espe-cies valiosas para los ecosistemas”.

Semilla resistente a la sequía

En febrero de 2012, fue presentada una nueva semilla transgénica resis-tente a la sequía que fue desarrollada por la bióloga molecular Raquel Chan, coordinadora del grupo que logró el descubrimiento y actual directora del Instituto de Agrobiotecnología del Lito-ral (IAL), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).

Luego de años de investigación, el grupo dirigido por la doctora Chan lo-gró aislar el gen HaHB4, proveniente de la planta del girasol y que le confie-re tolerancia a la sequía, la salinidad y el ataque de insectos herbívoros. Este gen fue introducido en plantas de soja, maíz y trigo, y se experimentó duran-te cuatro campañas con el objetivo de observar el impacto que tenía en la producción de las mismas. El resultado fue un aumento de la productividad de entre un 10 y un 15% en casos de estrés hídrico (cuando la demanda de agua es más substancial que la cantidad dispo-nible o cuando el uso se ve restringido por una baja calidad).

Este desarrollo es novedoso en relación a las semillas transgénicas que hoy son aptas para el uso en Argentina. “Los eventos (con esto se refiere a los eventos transgénicos, es decir a las modificaciones genéticas de una semilla) tolerantes a sequía que figuran en

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Por Daiana Melón Argentina es un país cuya identidad

está ligada a la producción agropecuaria. Desde sus inicios, su economía está prin-cipalmente basada en un modelo agroex-portador, que aporta las mayores divisas a la economía del país. Desde la introducción de los transgénicos en 1996, las hectáreas sembradas con organismos genéticamente modificados fueron poblando los campos argentinos generando desmontes, desequi-librios en la diversidad de cultivos y dismi-nución de los emprendimientos ganaderos.

El principal cultivo transgénico desa-rrollado en el país es la soja RR (Resistente al herbicida Roundup), su uso desde que se introdujo en Argentina, aumentó en un 293%, pasando de alrededor de 7 millo-nes a más de 18 millones de hectáreas cul-tivadas. Para su desarrollo y producción necesita de la aplicación de un herbicida comercialmente conocido como Roundup, sumamente tóxico y contaminante. Algu-nas malezas han desarrollado la capaci-dad de resistir a este pesticida, por lo que, desde 1996 a esta parte, se ha incremen-tado el uso del mismo en 190 millones de litros (ver Materia Pendiente nº 10).

un nuevo plan en discusión

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016 (PEA) fue un proyecto lan-zado en mayo de 2010 por la presiden-te Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo principal de fijar un horizonte productivo en materia agropecuaria a al-canzar en el período que abarcaba desde su lanzamiento hasta el año 2020.

AVANCES Y REtRoCESoS EN toRNo AL ModELo AGRÍCoLA

Hacia la patria sojera?El Plan Estratégico Agroalimentario lanzado en 2010 genera replanteos y disidencias. Aquí, se muestran los diferentes roles que aparecen en torno a la cuestión desde las universidades y la producción científica, y los vínculos con empresas que promueven un desarrollo de impacto negativo en las comunidades rurales y en la estructura productiva. En este marco, además, por primera vez llega a la justicia una causa de contaminación por el uso de agrotóxicos.

Durante más de un año se realizaron numerosas reuniones en diversos pun-tos de país con la finalidad de delinear los principales desafíos en materia agraria. De los diferentes encuentros participaron las áreas agropecuarias y pesqueras de las pro-vincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 53 facultades tanto públicas como privadas; el Instituto Nacional de Tecnolo-gía Agropecuaria (INTA); el Servicio Nacio-nal de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); otros órganos descentralizados del Ministerio de Agricultura; organismos internacionales, tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-ción (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); integrantes de las di-ferentes instancias de las cadenas de valor agroalimentarias; y entidades de la socie-dad civil que velan por intereses ambienta-les, sociales, territoriales o culturales.

Según estimaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, participaron de la elaboración del Plan más de siete mil actores u organismos. Para sistematizar las diversas voces, se conformó un Consejo General, cuya labor fue conciliar las diferentes opiniones. “Esta tarea dio origen a una cosa muy interesan-te que fue la identificación de unas veinte tensiones que fue necesario ir trabajando con los actores para llegar en lo posible a una visión compartida. Esto fue muy impor-tante porque a partir de esta visión se ela-boró la visión del PEA y los valores, que no se hubieran obtenido por consenso, porque

es imposible llegar a consenso, pero fue más fácil llegar a lo que llamamos una visión compartida de futuro”, sostiene Isidoro Luis Felcman, director del PEA.

Desde la visión de numerosas ONG’s y Asambleas que participaron en las re-uniones consultivas, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta. Tal como lo plantea el ingeniero agrónomo Gabriel Arisnabarreta, integrante de Ecos de Saladillo (un grupo conformado para abordar y difundir las consecuencias que genera el actual modelo agropecuario): “En cada reunión las diferencias eran ma-yores, hasta que decidimos hacer una pro-puesta alternativa, marcando las diferen-cias y las razones por las que no podíamos firmar un documento en común. A partir de ese momento, no recibimos más infor-mación, ni se nos volvió a avisar de reunio-nes. Creemos que en la práctica no apor-tamos nada, pero también sostenemos que las conclusiones del PEA ya estaban termi-nadas antes de empezar”.

Finalmente, luego de un año de re-uniones en diferentes puntos del país, el 5 de septiembre de 2011, en el Predio Ferial Tecnópolis, se presentaron las me-tas delineadas en el Plan. En este sentido, el director del PEA manifestó: “La princi-pal contribución es haber logrado, a pesar de esta situación inicial de conflicto, una vi-sión compartida de futuro y en términos de eso poner a todos los actores a trabajar en las políticas, que son muy importantes aho-ra”. Felcman señaló que es posible llegar al 2020 habiendo cumplido los lineamientos del Plan en terreno agropecuario, agroin-dustrial y agroalimentario. “Estamos tra-bajando en eso para lograrlo”, agregó.

Críticas y disidencias en torno al PEA

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue una de las unidades académicas, junto con la Facultad de Cien-cias Veterinarias, que participaron de las reuniones consultivas para la elaboración del Plan Estratégico Agroalimentario. Mediante el trabajo conjunto de diferen-tes cátedras, construyeron un documento que presentaron a los coordinadores del PEA en el que desarrollaban cuáles de-bían ser los lineamientos que debía tener un Plan en materia agropecuaria.

El 23 de marzo del 2012, la Facul-tad emitió la Resolución N° 048, ante un pedido del Claustro de Graduados y del Claustro de alumnos de expedirse en torno al resultado final del Plan. En ella se realizan profundas críticas al Plan Estratégico Agroalimentario y al modelo agrario existente en la actualidad, soste-niendo que no se tuvieron en cuenta los lineamientos que plantearon. “El PEA en principio parecía ser una propuesta de realización participativa de un progra-ma agroalimentario, que terminó siendo un documento cerrado en una oficina por tres brillantes desatendiendo los manda-tos o las opiniones de los distintos espacios que fueron consultados”, sostiene Claudia Flores, ingeniera agrónoma, profesora de la Cátedra de Agroecología e integrante del Centro de Graduados de la Facultad.

Uno de los puntos principales que la Facultad de Agronomía cuestiona del Plan es la intención de aumentar de cara al 2020 la superficie sembrada de

32 millones de hectáreas a 41 millones, avanzando con la frontera agrícola so-bre territorios ocupados por pequeños productores familiares o comunidades campesinas. “El PEA tiende a profundizar un modelo que tiene grandes dificultades, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde lo social y de la distri-bución de la tierra, tiene una visión dema-siado productivista. Esto podría traer va-rias consecuencias, una es el avance sobre las agriculturas campesinas y familiares, otra relacionada con aspectos ecológicos, como el desmonte y la deforestación que puede producirse, y también la pérdida de biodiversidad”, afirma Flores.

En torno a las críticas esbozadas en la Resolución emitida por la Facultad de Ciencias Agrarias, Felcman responde que lo que plantean en ésta y otras disiden-cias de igual índole, fue contemplado en el enfoque Equitativo sustentable del Plan. “En ningún momento se plantea la degradación del medio ambiente o la des-trucción de bosque nativo, lo que sostiene es, a partir de este concepto de balance y equilibrio, lograr justamente equilibrar lo productivo, con lo ambiental, con lo terri-torial, con la seguridad alimentaria”.

En este sentido, Jorge Lanfranco, con-sejero por el Claustro de profesores e in-tegrante de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP plantea: “El modelo de agricultura actual no deja de ser una minería a cielo abierto y sin duda que el PEA pretende incentivar esto, porque la superficie que se proyecta sembrar es mayor. Avanzando con las fron-teras agropecuarias hacia otros ecosiste-mas más frágiles, vamos a seguir aplicando

plaguicidas que van a deteriorar la salud de los suelos y eliminar multitud de espe-cies valiosas para los ecosistemas”.

Semilla resistente a la sequía

En febrero de 2012, fue presentada una nueva semilla transgénica resis-tente a la sequía que fue desarrollada por la bióloga molecular Raquel Chan, coordinadora del grupo que logró el descubrimiento y actual directora del Instituto de Agrobiotecnología del Lito-ral (IAL), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).

Luego de años de investigación, el grupo dirigido por la doctora Chan lo-gró aislar el gen HaHB4, proveniente de la planta del girasol y que le confie-re tolerancia a la sequía, la salinidad y el ataque de insectos herbívoros. Este gen fue introducido en plantas de soja, maíz y trigo, y se experimentó duran-te cuatro campañas con el objetivo de observar el impacto que tenía en la producción de las mismas. El resultado fue un aumento de la productividad de entre un 10 y un 15% en casos de estrés hídrico (cuando la demanda de agua es más substancial que la cantidad dispo-nible o cuando el uso se ve restringido por una baja calidad).

Este desarrollo es novedoso en relación a las semillas transgénicas que hoy son aptas para el uso en Argentina. “Los eventos (con esto se refiere a los eventos transgénicos, es decir a las modificaciones genéticas de una semilla) tolerantes a sequía que figuran en

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la literatura científica presentan penalida-des en condiciones normales (cuando hay agua). Lo particular de este evento es que en condiciones normales de irrigación, presen-tan un aumento de productividad y no una penalidad (con esto busca denotar que en casos hídricos normales, no represen-ta una baja en la productividad)”, sostiene Raquel Chan.

En el año 2004, la UNL y el CONICET establecieron un convenio con la com-pañía Bioceres, abocada a la gestión de inversiones en materia de biotecnología agrícola y ciencias afines. Esta empresa fue fundada en el 2001 por 23 agricul-tores, uno de los cuales es el reconocido productor sojero Gustavo Grobocopatel, que en la actualidad se desempeña como director titular de la firma

La compañía Bioceres, a su vez, realizó un convenio con la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, cuya labor principal se centra en desa-rrollar tecnología y licenciar sus des-cubrimientos. La semilla tolerante a la sequía va a ser comercializada bajo el nombre de Verdeca y saldría al mer-cado para el año 2015. “Con Arcadia se radicó un convenio específicamente para soja, con el objeto de unir poten-ciales muy complementarios, porque lo más importante que tiene Arcadia es la capacidad de desregular eventos a nivel mundial y eso permitiría que esta tec-nología pueda estar disponible para los productores de soja dentro del merca-do”, afirma Gerónimo Watson, gerente de Desarrollo de Bioceres y responsa-ble del proyecto HB4.

En torno a los planteos de algunas ONG’s de que este desarrollo podría profundizar los desmontes y la con-taminación producida por esta clase

Desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP se está desarrollando un proyecto de extensión, promovido desde el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente (CIMA), en el cual se analizan los suelos de dos pueblos afectados por las fumigaciones con agroquímicos. Por un lado se está trabajando con la Escuela “María Cruz y Manuel L. Inchausti”, ubicada en el Partido de 25 de Mayo, en la Provincia de Buenos Aires, y que pertenece a la UNLP. Y por otro, con una institución educativa situada en el sudeste de la provincia de Córdoba, en Laborde, Departamento de Unión.

“El objetivo del proyecto es atender a necesidades de la comunidad respecto a la problemática de los agroquímicos.

Evidentemente hay una necesidad no cubierta de informar a la gente sobre qué son, cuáles son los riesgos, qué medidas se pueden tomar para minimizarlos”, afirma el director del proyecto Pedro Carriquiriborde.

La iniciativa tiene como finalidad brindar información a los pobladores y generar información acerca de la presencia de agroquímicos en las regiones en las que se está trabajando, brindando herramientas a los habitantes de la zona para que ellos mismos puedan realizar muestreos de agua y de suelos, y enviarlos a los laboratorios para su análisis. “En lo que podemos contribuir es en aportar datos concretos para que después se puedan evaluar distintas medidas de mitigación o prácticas

de paquetes biotenológicos, Watson sostiene: “Esta tecnología ayudaría a poder utilizar más eficientemente un re-curso tan valioso como el agua, ya que es muy amigable con el medio ambiente, que por cada unidad de este recurso tan valioso se va a poder producir un poco más de alimento”.

Las fumigaciones al banquillo

El Barrio Ituzangó Anexo, ubicado en el sector sur de la ciudad de Córdoba, es un emblema de las consecuencias que ge-nera la aplicación y aerofumigación con Roundup Ready, nombre comercial del pesticida que se utiliza en las plantacio-nes de soja genéticamente modificada. Desde el año 2002, un grupo de madres comenzaron a hacer relevamientos en el barrio ante el notable aumento de los casos de cáncer infantil y en adultos, mal-formaciones congénitas, leucemias, abor-tos espontáneos, hipotiroidismos, entre otras enfermedades.

Ante los reclamos constantes de las Madres de Ituzaingó, se sancionaron en Córdoba dos ordenanzas municipales que prohibían las fumigaciones aéreas y establecían una distancia mínima para las fumigaciones de 2500 metros de los ejidos urbanos.

En el año 2004, se radicó la primera denuncia a un productor agrario de la zona por violar las distancias mínimas establecidas para la aplicación del pesti-cida. En el 2008, el por entonces subse-cretario de Salud de la ciudad de Córdoba, el médico Medardo Ávila Vázquez, denun-ció que en un campo lindero al barrio se estaban realizando fumigaciones aéreas, a pesar de las prohibiciones sancionadas en el municipio.

agrícolas que minimicen el uso, evaluar si hay algunos agroquímicos que son más riesgosos que otros, y promover su remplazo”, sostiene Carriquiriborde.

Las dos escuelas van a ser tomadas como modelos para poder luego replicar la experiencia en otras instituciones educativas de distintos lugares que posean características similares. “El objetivo es ir armando una red entre distintas escuelas, que vayan adquiriendo autonomía en identificar el problema, tomar una muestra, cómo tratarla y dónde enviarla; y que al recibir una información puedan reconocer si se ajusta a metodologías científicas”, afirma Damián Marino, codirector del proyecto.

Estas denuncias derivaron en el juicio que se está llevando a cabo en la Cámara 1º del Crimen de Córdoba Capital, en don-de se está juzgando a los productores ru-rales, Jorge Gabrielli, bajo el delito de con-taminación dolosa continuada;Francisco Parra, cuya imputación, al cierre de esta edición, fue ampliada -al adjudicarle la coautoría de contaminación dolosa rei-terada a partir de los nuevos hechos probatorios surgidos durante las au-diencias-; y el aeroaplicador, Edgardo Pancello, acusado de ser el supuesto au-tor de las fumigaciones.

Durante la realización del juicio, se presentó un estudio realizado por perso-nal de la Unidad de Pronta Atención 28, llamado “Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del ba-rrio Ituzaingó Anexo”, en el cual ratifica-ron que aproximadamente el 80% de los niños del barrio poseen entre dos y seis agroquímicos en la sangre.

Frente a las instalaciones del Tribunal donde se lleva a cabo el juicio, se realizó el Segundo Encuentro Nacional de Pue-blos Fumigados (ver Materia Pendiente nº 10), al cual asistieron personas de todo el país con el objetivo de apoyar a los que-rellantes de la causa que podría sentar un precedente histórico, por ser el primer pro-ceso contra este tipo de prácticas agrícolas. Tal como lo plantea Sofía Gatica, integran-te del grupo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, ganadora del premio internacional Global Enviromental Prize y una de las que-rellantes de la causa: “Lo que está sucedien-do en barrio Ituzaingó Anexo está pasando en todos lados, lo que se decida acá se va a decidir por todos, si se determina dejarlos en libertad van a continuar fumigando indis-criminadamente, si se les pone un freno, ese freno va a llegar a cada lugar también.

Proyecto en escuelas agrotécnicas

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la literatura científica presentan penalida-des en condiciones normales (cuando hay agua). Lo particular de este evento es que en condiciones normales de irrigación, presen-tan un aumento de productividad y no una penalidad (con esto busca denotar que en casos hídricos normales, no represen-ta una baja en la productividad)”, sostiene Raquel Chan.

En el año 2004, la UNL y el CONICET establecieron un convenio con la com-pañía Bioceres, abocada a la gestión de inversiones en materia de biotecnología agrícola y ciencias afines. Esta empresa fue fundada en el 2001 por 23 agricul-tores, uno de los cuales es el reconocido productor sojero Gustavo Grobocopatel, que en la actualidad se desempeña como director titular de la firma

La compañía Bioceres, a su vez, realizó un convenio con la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, cuya labor principal se centra en desa-rrollar tecnología y licenciar sus des-cubrimientos. La semilla tolerante a la sequía va a ser comercializada bajo el nombre de Verdeca y saldría al mer-cado para el año 2015. “Con Arcadia se radicó un convenio específicamente para soja, con el objeto de unir poten-ciales muy complementarios, porque lo más importante que tiene Arcadia es la capacidad de desregular eventos a nivel mundial y eso permitiría que esta tec-nología pueda estar disponible para los productores de soja dentro del merca-do”, afirma Gerónimo Watson, gerente de Desarrollo de Bioceres y responsa-ble del proyecto HB4.

En torno a los planteos de algunas ONG’s de que este desarrollo podría profundizar los desmontes y la con-taminación producida por esta clase

Desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP se está desarrollando un proyecto de extensión, promovido desde el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente (CIMA), en el cual se analizan los suelos de dos pueblos afectados por las fumigaciones con agroquímicos. Por un lado se está trabajando con la Escuela “María Cruz y Manuel L. Inchausti”, ubicada en el Partido de 25 de Mayo, en la Provincia de Buenos Aires, y que pertenece a la UNLP. Y por otro, con una institución educativa situada en el sudeste de la provincia de Córdoba, en Laborde, Departamento de Unión.

“El objetivo del proyecto es atender a necesidades de la comunidad respecto a la problemática de los agroquímicos.

Evidentemente hay una necesidad no cubierta de informar a la gente sobre qué son, cuáles son los riesgos, qué medidas se pueden tomar para minimizarlos”, afirma el director del proyecto Pedro Carriquiriborde.

La iniciativa tiene como finalidad brindar información a los pobladores y generar información acerca de la presencia de agroquímicos en las regiones en las que se está trabajando, brindando herramientas a los habitantes de la zona para que ellos mismos puedan realizar muestreos de agua y de suelos, y enviarlos a los laboratorios para su análisis. “En lo que podemos contribuir es en aportar datos concretos para que después se puedan evaluar distintas medidas de mitigación o prácticas

de paquetes biotenológicos, Watson sostiene: “Esta tecnología ayudaría a poder utilizar más eficientemente un re-curso tan valioso como el agua, ya que es muy amigable con el medio ambiente, que por cada unidad de este recurso tan valioso se va a poder producir un poco más de alimento”.

Las fumigaciones al banquillo

El Barrio Ituzangó Anexo, ubicado en el sector sur de la ciudad de Córdoba, es un emblema de las consecuencias que ge-nera la aplicación y aerofumigación con Roundup Ready, nombre comercial del pesticida que se utiliza en las plantacio-nes de soja genéticamente modificada. Desde el año 2002, un grupo de madres comenzaron a hacer relevamientos en el barrio ante el notable aumento de los casos de cáncer infantil y en adultos, mal-formaciones congénitas, leucemias, abor-tos espontáneos, hipotiroidismos, entre otras enfermedades.

Ante los reclamos constantes de las Madres de Ituzaingó, se sancionaron en Córdoba dos ordenanzas municipales que prohibían las fumigaciones aéreas y establecían una distancia mínima para las fumigaciones de 2500 metros de los ejidos urbanos.

En el año 2004, se radicó la primera denuncia a un productor agrario de la zona por violar las distancias mínimas establecidas para la aplicación del pesti-cida. En el 2008, el por entonces subse-cretario de Salud de la ciudad de Córdoba, el médico Medardo Ávila Vázquez, denun-ció que en un campo lindero al barrio se estaban realizando fumigaciones aéreas, a pesar de las prohibiciones sancionadas en el municipio.

agrícolas que minimicen el uso, evaluar si hay algunos agroquímicos que son más riesgosos que otros, y promover su remplazo”, sostiene Carriquiriborde.

Las dos escuelas van a ser tomadas como modelos para poder luego replicar la experiencia en otras instituciones educativas de distintos lugares que posean características similares. “El objetivo es ir armando una red entre distintas escuelas, que vayan adquiriendo autonomía en identificar el problema, tomar una muestra, cómo tratarla y dónde enviarla; y que al recibir una información puedan reconocer si se ajusta a metodologías científicas”, afirma Damián Marino, codirector del proyecto.

Estas denuncias derivaron en el juicio que se está llevando a cabo en la Cámara 1º del Crimen de Córdoba Capital, en don-de se está juzgando a los productores ru-rales, Jorge Gabrielli, bajo el delito de con-taminación dolosa continuada;Francisco Parra, cuya imputación, al cierre de esta edición, fue ampliada -al adjudicarle la coautoría de contaminación dolosa rei-terada a partir de los nuevos hechos probatorios surgidos durante las au-diencias-; y el aeroaplicador, Edgardo Pancello, acusado de ser el supuesto au-tor de las fumigaciones.

Durante la realización del juicio, se presentó un estudio realizado por perso-nal de la Unidad de Pronta Atención 28, llamado “Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del ba-rrio Ituzaingó Anexo”, en el cual ratifica-ron que aproximadamente el 80% de los niños del barrio poseen entre dos y seis agroquímicos en la sangre.

Frente a las instalaciones del Tribunal donde se lleva a cabo el juicio, se realizó el Segundo Encuentro Nacional de Pue-blos Fumigados (ver Materia Pendiente nº 10), al cual asistieron personas de todo el país con el objetivo de apoyar a los que-rellantes de la causa que podría sentar un precedente histórico, por ser el primer pro-ceso contra este tipo de prácticas agrícolas. Tal como lo plantea Sofía Gatica, integran-te del grupo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, ganadora del premio internacional Global Enviromental Prize y una de las que-rellantes de la causa: “Lo que está sucedien-do en barrio Ituzaingó Anexo está pasando en todos lados, lo que se decida acá se va a decidir por todos, si se determina dejarlos en libertad van a continuar fumigando indis-criminadamente, si se les pone un freno, ese freno va a llegar a cada lugar también.

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Por Tomás VivianiLos debates en torno a la implemen-

tación de políticas públicas de seguridad y gestión del espacio público, junto con estudios en torno a la “sensación de inse-guridad” son en los últimos años, algunos de los temas más abordados tanto por los medios de comunicación, como por tra-bajos del campo académico. Esto sucede, entre otros factores, porque la problemá-tica de la seguridad, -relacionada con la protección de la integridad física, por un lado, y de la propiedad privada, por otro-, comenzó a ser recurrente en la agenda pública en los últimos diez años. La Uni-versidad es uno de los actores que más se ha ocupado de pensar en torno a ello.

En los primeros meses del año esta cuestión cobró especial magnitud hacia dentro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuando varios medios loca-les consignaron que una de sus unidades académicas, la Facultad de Trabajo Social, “rechazó” o se posicionó “en contra” de la Guardia Edilicia, una de las políticas impulsadas por la UNLP para prevenir o combatir los casos de “inseguridad”.

La Guardia Edilicia, según informa la página oficial de la UNLP (consultada el 3 de julio de este año), comenzó a formarse en octubre de 2010 “con el objetivo de ga-rantizar más y mejor seguridad para toda la comunidad universitaria”. En ese mo-mento, el presidente de la casa de altos estudios, Fernando Tauber, suscribió en nombre de la institución un convenio con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal (formado en el Servicio Penitenciario Bo-naerense, con rango de alcaide mayor pe-nitenciario). En el mismo se acordaba un trabajo conjunto “en tareas de prevención del delito”, a partir de la formación, por parte del Ministerio, de 250 trabajadores no docentes “especialmente capacitados”.

La información publicada en el portal de la Universidad no especifica cómo se concretaría ese trabajo conjunto. El funcio-nario responsable de tal tarea,Leonardo Cuello, director de Bienestar Estudiantil de la UNLP, no contestó la solicitud de entrevista que durante un mes le hizo Materia Pendiente. Es un secreto a vo-ces que la mentada capacitación se reali-za en articulación con el Servicio Peniten-ciario Bonaerense (SPB), lo que además parece confirmarse repasando la lista de asistentes a la presentación del convenio. Además de Tauber, el vicepresidente de la UNLP Raúl Perdomo, y el ministro Casal, asistieron: “el Jefe del Servicio Penitencia-rio Bonaerense, Javier Gustavo Mendoza; el Director General de Coordinación del Ser-vicio Penitenciario Bonaerense, Inspector General Javier Ciancio; el Director General de Seguridad del Servicio Penitenciario,

Inspector General Rubén Borzani; el Sub-director General de Educación del Servi-cio Penitenciario, Inspector Mayor Walter Velaz”. Es decir, la plana mayor del SPB, además de los oficiales de la bonaerense responsables de la jurisdicción platense.

Esteban Rodríguez Alzueta es aboga-do, docente en la Facultad de Periodis-mo y Comunicación Social de la UNLP y de la Universidad Nacional de Quilmes, y asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación. Consultado acerca de la cues-tión, afirma que el SPB “es la fuerza más sospechada del gobierno de Daniel Scioli por violaciones de Derechos Humanos, una institución que practica de manera sistemática la tortura, la discriminación y la violencia en las cárceles de la provin-cia, siempre bajo la protección de jueces y funcionarios y al mando del ministro Casal. Una institución denunciada en va-

rias oportunidades en los distintos foros y tribunales internacionales por organis-mos de Derechos Humanos, e inclusive por el vicegobernador Gabriel Mariotto”.

Rodríguez Alzueta explicó que delegar la formación de una guardia civil a esta institución implica un problema porque el SPB se entrena a partir de la hipótesis del conflicto, “donde el otro es visto como un enemigo, y con el enemigo no se puede dialogar, sólo se puede hacer la guerra”.

Finalmente, el docente e investigador reflexiona, “lo que más llama la atención es que la Universidad haya formado un cuerpo especial encargado de velar por la fachada de los edificios”, haciendo hinca-pié en que el nombre de la guardia civil que implementó la UNLP da cuenta de la protección de los inmuebles y no de las personas. “Bajo el nombre de Guardia Edi-licia se pretende blanquear y legitimar a

grupos de choque a los que suelen recurrir algunas autoridades durante los procesos electorales o las asambleas universitarias. Es la ‘cola de paja’ de las autoridades que gestionan esta Universidad de espaldas a los sectores populares, que viene haciendo la plancha desde hace varias décadas y que necesita de una guardia pretoriana que le cuide sus trampolines políticos” sentencia, tajante, Esteban Rodríguez Alzueta.

Además, espionaje

Durante el mes Mayo se hicieron pú-blicas algunas denuncias que vinculan a la Guardia Edilicia con prácticas de espio-naje. A partir de esta situación, alumnos de la materia Periodismo de Investiga-ción de la Facultad de Periodismo y Co-municación Social de la UNLP decidie-ron trabajar en torno al tema. Lucrecia

Bibini, Claudia Pace, Noelia Paniego y Marcos Gennari compartieron con Materia Pendiente sus resultados.

Los estudiantes pudieron averiguar, en su investigación preliminar, que las denuncias se basan en que algunos cuida-dores de la Facultad de Psicología, ubica-da en Ensenada en el sector denominado “Bosque Norte” -donde años atrás fun-cionó el BIM III, Batallón de Infantería de Marina- habrían volcado en un libro de actas movimientos de militantes de dis-tintas agrupaciones.

El libro fue hallado por un estudiante de Psicología, y entregado a autoridades de la Federación Universitaria de La Pla-ta (FULP). La FULP decidió presentarse ante la escribana Catalina Lértora, titular del registro Nº492 de La Plata, para que certificara la existencia del libro de actas. En el cuaderno se encontraron anotacio-nes como ésta: “Siendo las 9:15 hs. ingre-san dos hombres que manifiestan ser de Cablevisión y le hacen una nota periodís-tica a la agrupación AULE” (anotado en la página 4 el 28 de Marzo de 2012); ó “9:05hs. ingresan integrantes del centro de estudiantes (sus nombres son consig-nados, se obvian por razones evidentes) recorrieron el Buffett y la fotocopiadora”, en la página 14, el 7 de abril de 2012.

La escritura de los nombres y apelli-dos de los alumnos fue el detonante de la situación, que culminó en denuncia públi-ca. Este suceso se encuentra en plena in-vestigación en diferentes instancias uni-versitarias. De confirmarse, constituiría un hecho de extrema gravedad.

¿Qué pasó en trabajo Social?

La Universidad Nacional de La Plata diseñó la Guardia Edilicia, y costea los salarios de sus trabajadores: no docentes que, a contraturno de sus obligaciones, se ponen la remera roja y trabajan de guar-dias, por lo que a la institución no le in-sume nuevos gastos en cargas sociales, aportes, obra social, sino específicamente un plus por una nueva actividad.

El servicio de la Guardia Edilicia debe ser solicitado por la unidad académica que lo considere necesario. Estrictamen-te, Trabajo Social nunca rechazó ni solici-tó a la Guardia Edilicia. Más de un año y medio después de la implementación de esta guardia civil, la unidad académica diseñó, a partir de un trabajo consensua-do entre la gestión, alumnos, docentes y no docentes, un “Programa Institucional de Seguridad Democrática”, en el que tiene especial protagonismo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La necesidad de pensar tal programa surgió, según la decana de Trabajo Social, Verónica Cruz, a partir de una demanda

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La gestión de políticas de seguridad en la Universidad. Distintas miradas: Guardia edilicia, rejas y programas institucionales. La Universidad como parte del Estado, y sus edificios como parte del espacio público.

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Por Tomás VivianiLos debates en torno a la implemen-

tación de políticas públicas de seguridad y gestión del espacio público, junto con estudios en torno a la “sensación de inse-guridad” son en los últimos años, algunos de los temas más abordados tanto por los medios de comunicación, como por tra-bajos del campo académico. Esto sucede, entre otros factores, porque la problemá-tica de la seguridad, -relacionada con la protección de la integridad física, por un lado, y de la propiedad privada, por otro-, comenzó a ser recurrente en la agenda pública en los últimos diez años. La Uni-versidad es uno de los actores que más se ha ocupado de pensar en torno a ello.

En los primeros meses del año esta cuestión cobró especial magnitud hacia dentro de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuando varios medios loca-les consignaron que una de sus unidades académicas, la Facultad de Trabajo Social, “rechazó” o se posicionó “en contra” de la Guardia Edilicia, una de las políticas impulsadas por la UNLP para prevenir o combatir los casos de “inseguridad”.

La Guardia Edilicia, según informa la página oficial de la UNLP (consultada el 3 de julio de este año), comenzó a formarse en octubre de 2010 “con el objetivo de ga-rantizar más y mejor seguridad para toda la comunidad universitaria”. En ese mo-mento, el presidente de la casa de altos estudios, Fernando Tauber, suscribió en nombre de la institución un convenio con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal (formado en el Servicio Penitenciario Bo-naerense, con rango de alcaide mayor pe-nitenciario). En el mismo se acordaba un trabajo conjunto “en tareas de prevención del delito”, a partir de la formación, por parte del Ministerio, de 250 trabajadores no docentes “especialmente capacitados”.

La información publicada en el portal de la Universidad no especifica cómo se concretaría ese trabajo conjunto. El funcio-nario responsable de tal tarea,Leonardo Cuello, director de Bienestar Estudiantil de la UNLP, no contestó la solicitud de entrevista que durante un mes le hizo Materia Pendiente. Es un secreto a vo-ces que la mentada capacitación se reali-za en articulación con el Servicio Peniten-ciario Bonaerense (SPB), lo que además parece confirmarse repasando la lista de asistentes a la presentación del convenio. Además de Tauber, el vicepresidente de la UNLP Raúl Perdomo, y el ministro Casal, asistieron: “el Jefe del Servicio Penitencia-rio Bonaerense, Javier Gustavo Mendoza; el Director General de Coordinación del Ser-vicio Penitenciario Bonaerense, Inspector General Javier Ciancio; el Director General de Seguridad del Servicio Penitenciario,

Inspector General Rubén Borzani; el Sub-director General de Educación del Servi-cio Penitenciario, Inspector Mayor Walter Velaz”. Es decir, la plana mayor del SPB, además de los oficiales de la bonaerense responsables de la jurisdicción platense.

Esteban Rodríguez Alzueta es aboga-do, docente en la Facultad de Periodis-mo y Comunicación Social de la UNLP y de la Universidad Nacional de Quilmes, y asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación. Consultado acerca de la cues-tión, afirma que el SPB “es la fuerza más sospechada del gobierno de Daniel Scioli por violaciones de Derechos Humanos, una institución que practica de manera sistemática la tortura, la discriminación y la violencia en las cárceles de la provin-cia, siempre bajo la protección de jueces y funcionarios y al mando del ministro Casal. Una institución denunciada en va-

rias oportunidades en los distintos foros y tribunales internacionales por organis-mos de Derechos Humanos, e inclusive por el vicegobernador Gabriel Mariotto”.

Rodríguez Alzueta explicó que delegar la formación de una guardia civil a esta institución implica un problema porque el SPB se entrena a partir de la hipótesis del conflicto, “donde el otro es visto como un enemigo, y con el enemigo no se puede dialogar, sólo se puede hacer la guerra”.

Finalmente, el docente e investigador reflexiona, “lo que más llama la atención es que la Universidad haya formado un cuerpo especial encargado de velar por la fachada de los edificios”, haciendo hinca-pié en que el nombre de la guardia civil que implementó la UNLP da cuenta de la protección de los inmuebles y no de las personas. “Bajo el nombre de Guardia Edi-licia se pretende blanquear y legitimar a

grupos de choque a los que suelen recurrir algunas autoridades durante los procesos electorales o las asambleas universitarias. Es la ‘cola de paja’ de las autoridades que gestionan esta Universidad de espaldas a los sectores populares, que viene haciendo la plancha desde hace varias décadas y que necesita de una guardia pretoriana que le cuide sus trampolines políticos” sentencia, tajante, Esteban Rodríguez Alzueta.

Además, espionaje

Durante el mes Mayo se hicieron pú-blicas algunas denuncias que vinculan a la Guardia Edilicia con prácticas de espio-naje. A partir de esta situación, alumnos de la materia Periodismo de Investiga-ción de la Facultad de Periodismo y Co-municación Social de la UNLP decidie-ron trabajar en torno al tema. Lucrecia

Bibini, Claudia Pace, Noelia Paniego y Marcos Gennari compartieron con Materia Pendiente sus resultados.

Los estudiantes pudieron averiguar, en su investigación preliminar, que las denuncias se basan en que algunos cuida-dores de la Facultad de Psicología, ubica-da en Ensenada en el sector denominado “Bosque Norte” -donde años atrás fun-cionó el BIM III, Batallón de Infantería de Marina- habrían volcado en un libro de actas movimientos de militantes de dis-tintas agrupaciones.

El libro fue hallado por un estudiante de Psicología, y entregado a autoridades de la Federación Universitaria de La Pla-ta (FULP). La FULP decidió presentarse ante la escribana Catalina Lértora, titular del registro Nº492 de La Plata, para que certificara la existencia del libro de actas. En el cuaderno se encontraron anotacio-nes como ésta: “Siendo las 9:15 hs. ingre-san dos hombres que manifiestan ser de Cablevisión y le hacen una nota periodís-tica a la agrupación AULE” (anotado en la página 4 el 28 de Marzo de 2012); ó “9:05hs. ingresan integrantes del centro de estudiantes (sus nombres son consig-nados, se obvian por razones evidentes) recorrieron el Buffett y la fotocopiadora”, en la página 14, el 7 de abril de 2012.

La escritura de los nombres y apelli-dos de los alumnos fue el detonante de la situación, que culminó en denuncia públi-ca. Este suceso se encuentra en plena in-vestigación en diferentes instancias uni-versitarias. De confirmarse, constituiría un hecho de extrema gravedad.

¿Qué pasó en trabajo Social?

La Universidad Nacional de La Plata diseñó la Guardia Edilicia, y costea los salarios de sus trabajadores: no docentes que, a contraturno de sus obligaciones, se ponen la remera roja y trabajan de guar-dias, por lo que a la institución no le in-sume nuevos gastos en cargas sociales, aportes, obra social, sino específicamente un plus por una nueva actividad.

El servicio de la Guardia Edilicia debe ser solicitado por la unidad académica que lo considere necesario. Estrictamen-te, Trabajo Social nunca rechazó ni solici-tó a la Guardia Edilicia. Más de un año y medio después de la implementación de esta guardia civil, la unidad académica diseñó, a partir de un trabajo consensua-do entre la gestión, alumnos, docentes y no docentes, un “Programa Institucional de Seguridad Democrática”, en el que tiene especial protagonismo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La necesidad de pensar tal programa surgió, según la decana de Trabajo Social, Verónica Cruz, a partir de una demanda

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La gestión de políticas de seguridad en la Universidad. Distintas miradas: Guardia edilicia, rejas y programas institucionales. La Universidad como parte del Estado, y sus edificios como parte del espacio público.

Entre Rejas Otro aspecto relacionado con la gestión de la seguridad pública, y que puede

“apreciarse” en varios edificios de la ciudad, como los de los poderes Judicial y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, es la colocación de rejas. En este caso también parece que ciertos actores universitarios tienen especial sintonía con las políticas del gobierno bonaerense.

Distintas unidades académicas han comenzado los trabajos de enrejado de sus edificios. Materia Pendiente se preguntó por las razones que motivan a las autoridades a cerrar los accesos a edificios públicos, incluso a aquellos que están bordeados por parques, espacios previstos para ser lugares de encuentro y esparcimiento.

La Facultad de Odontología fue pionera en cuanto a obras de enrejado. Preguntamos a su secretario académico, Ricardo Miguel, acerca de los motivos por los que decidieron esta inversión. Habló de “la necesidad de preservar el patrimonio de la Universidad, y también a las personas. Si bien la Guardia edilicia es muy efectiva, cada vez más se convive con la inseguridad”.

Según contó el funcionario, en Odontología han sucedido algunos hechos ilícitos, por lo que “la reja fue un llamado de la necesidad. Tuvimos casos de robos pequeños, hurtos, gente que estaba incluso pernoctando en los reductos arquitectónicos de la facultad. Tuvimos también gente no deseada en los pasillos. Han desaparecido bicicletas. Situaciones que se han producido sistemáticamente, y ahora prácticamente ya no ocurren”. De esta forma resulta llamativo que, si tales hechos “ya no ocurren”, se decida, de todas formas, colocar rejas.

El costo de este tipo de obras suele ser elevado. Según pudo saber este medio, la obra de enrejado en Odontología costará 600 mil pesos. El costo de la obra se puede sustentar “dada la posibilidad económica” de la Facultad, según aclara su secretario académico, Ricardo Miguel. Esa posibilidad económica es la existencia del presupuesto Función Salud.

Como ya se consignó en una nota de esta misma sección, en el número 11 de Materia Pendiente, el presupuesto Función Salud “está destinado a proyectos de salud pública relacionados con la comunidad universitaria”. Parece evidente que los enrejados no se adecuan a esta definición.

Nos preguntamos también cómo se decide la colocación de rejas, y qué opinión tiene al respecto la gestión de la Universidad, pero el secretario de Planeamiento, obras y servicios de la UNLP, Guillermo Nizan, tampoco atendió, luego de sucesivos pedidos, a este medio. Derivó las inquietudes al arquitecto Andrés Fiandrino, director de Seguridad e higiene, que al momento de la entrevista aclaró que sólo las cuestiones de seguridad laboral dependen de su área. Materia Pendiente volvió a insistir con Nizan, y aún esperamos su respuesta.

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formal de los trabajadores no docentes planteando la existencia de situaciones de sustracción de bienes personales, frente a las cuales solicitaron a la gestión que arbitre los medios necesarios para que los no docentes pudieran realizar sus tareas con mayor seguridad.

Las autoridades de la facultad deci-dieron operativizar la solución al pedi-do girándolo a la comisión de Derechos Humanos del Consejo Directivo, pen-sando en construir colectivamente una respuesta, y entendiendo que la Guardia Edilicia no contiene tales necesidades.

Verónica Cruz recupera las situacio-nes que impulsaron el pedido de los no docentes: “la particularidad es que mu-chos de los episodios que sucedieron en la facultad, -que en términos estadísticos no fueron tantos-, eran cometidos por jóvenes menores de 18 años. Para una facultad de trabajo social, esa situación no es menor. Nosotros debemos contribuir a proteger derechos, fundamentalmente cuando se trata de pibes con derechos vulnerados”.

En este sentido, la decana remar-có que los actores que integran la uni-dad académica trabajaron “desde una concepción ideológica, política, teórica, en relación a pensar la tensión seguri-dad/inseguridad con una perspectiva de Derechos Humanos. La Universidad pú-blica tiene la obligación de poder generar propuestas superadoras frente a proble-mas complejos que trasciendan una in-tervención de carácter pragmático, asu-miendo la responsabilidad que nos cabe como parte del Estado”.

Es así como el Programa Institucional de Seguridad Democrática está pensado a partir de ejes que incluyen el diseño e

implementación de una estrategia de for-mación continua en temas relacionados a seguridad pública y defensa y ejercicio de los derechos humanos; la construcción de una cartografía social para diagnosticar la situación identificando espacios, mo-mentos y prácticas que generan situacio-nes de vulnerabilidad en la dinámica ins-titucional; y la puesta en funcionamiento de acciones civiles de gestión democráti-ca y solidaria de la seguridad en la insti-tución, con énfasis en la prevención.

Sobre el cierre de la edición del pre-sente número de Materia Pendiente, medios locales informaban que la Guardia Edilicia dejaba de ser “capacitada” por el SPB. Por lo que pudo averiguar este medio, no existió ninguna instancia que cesara la validez del convenio firmado en 2010 con el Ministerio de Seguridad

bonaerense. En la página de la UNLP aparece publicada una nota que relata la firma del convenio entre la Facultad de Trabajo Social y la Comisión Provin-cial por la Memoria, con la presencia de Tauber, pero en ningún momento se especifica que tal acuerdo alcance a la Guardia Edilicia. El tono de la publicación es confuso. En palabras del presidente de la Universidad, se celebra el acuerdo suscripto con la CPM, pero en ningún mo-mento se aclara que el convenio incluya a toda la institución. Por su parte, sí se in-forma en una nota de Marzo de 2012, que “la UNLP puso en marcha el segundo nivel de la capacitación para los más de 250 vi-giladores de la Guardia Edilicia (…) dictado por licenciados en seguridad institucional y ciudadana pertenecientes al ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense”.

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Entre Rejas Otro aspecto relacionado con la gestión de la seguridad pública, y que puede

“apreciarse” en varios edificios de la ciudad, como los de los poderes Judicial y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, es la colocación de rejas. En este caso también parece que ciertos actores universitarios tienen especial sintonía con las políticas del gobierno bonaerense.

Distintas unidades académicas han comenzado los trabajos de enrejado de sus edificios. Materia Pendiente se preguntó por las razones que motivan a las autoridades a cerrar los accesos a edificios públicos, incluso a aquellos que están bordeados por parques, espacios previstos para ser lugares de encuentro y esparcimiento.

La Facultad de Odontología fue pionera en cuanto a obras de enrejado. Preguntamos a su secretario académico, Ricardo Miguel, acerca de los motivos por los que decidieron esta inversión. Habló de “la necesidad de preservar el patrimonio de la Universidad, y también a las personas. Si bien la Guardia edilicia es muy efectiva, cada vez más se convive con la inseguridad”.

Según contó el funcionario, en Odontología han sucedido algunos hechos ilícitos, por lo que “la reja fue un llamado de la necesidad. Tuvimos casos de robos pequeños, hurtos, gente que estaba incluso pernoctando en los reductos arquitectónicos de la facultad. Tuvimos también gente no deseada en los pasillos. Han desaparecido bicicletas. Situaciones que se han producido sistemáticamente, y ahora prácticamente ya no ocurren”. De esta forma resulta llamativo que, si tales hechos “ya no ocurren”, se decida, de todas formas, colocar rejas.

El costo de este tipo de obras suele ser elevado. Según pudo saber este medio, la obra de enrejado en Odontología costará 600 mil pesos. El costo de la obra se puede sustentar “dada la posibilidad económica” de la Facultad, según aclara su secretario académico, Ricardo Miguel. Esa posibilidad económica es la existencia del presupuesto Función Salud.

Como ya se consignó en una nota de esta misma sección, en el número 11 de Materia Pendiente, el presupuesto Función Salud “está destinado a proyectos de salud pública relacionados con la comunidad universitaria”. Parece evidente que los enrejados no se adecuan a esta definición.

Nos preguntamos también cómo se decide la colocación de rejas, y qué opinión tiene al respecto la gestión de la Universidad, pero el secretario de Planeamiento, obras y servicios de la UNLP, Guillermo Nizan, tampoco atendió, luego de sucesivos pedidos, a este medio. Derivó las inquietudes al arquitecto Andrés Fiandrino, director de Seguridad e higiene, que al momento de la entrevista aclaró que sólo las cuestiones de seguridad laboral dependen de su área. Materia Pendiente volvió a insistir con Nizan, y aún esperamos su respuesta.

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formal de los trabajadores no docentes planteando la existencia de situaciones de sustracción de bienes personales, frente a las cuales solicitaron a la gestión que arbitre los medios necesarios para que los no docentes pudieran realizar sus tareas con mayor seguridad.

Las autoridades de la facultad deci-dieron operativizar la solución al pedi-do girándolo a la comisión de Derechos Humanos del Consejo Directivo, pen-sando en construir colectivamente una respuesta, y entendiendo que la Guardia Edilicia no contiene tales necesidades.

Verónica Cruz recupera las situacio-nes que impulsaron el pedido de los no docentes: “la particularidad es que mu-chos de los episodios que sucedieron en la facultad, -que en términos estadísticos no fueron tantos-, eran cometidos por jóvenes menores de 18 años. Para una facultad de trabajo social, esa situación no es menor. Nosotros debemos contribuir a proteger derechos, fundamentalmente cuando se trata de pibes con derechos vulnerados”.

En este sentido, la decana remar-có que los actores que integran la uni-dad académica trabajaron “desde una concepción ideológica, política, teórica, en relación a pensar la tensión seguri-dad/inseguridad con una perspectiva de Derechos Humanos. La Universidad pú-blica tiene la obligación de poder generar propuestas superadoras frente a proble-mas complejos que trasciendan una in-tervención de carácter pragmático, asu-miendo la responsabilidad que nos cabe como parte del Estado”.

Es así como el Programa Institucional de Seguridad Democrática está pensado a partir de ejes que incluyen el diseño e

implementación de una estrategia de for-mación continua en temas relacionados a seguridad pública y defensa y ejercicio de los derechos humanos; la construcción de una cartografía social para diagnosticar la situación identificando espacios, mo-mentos y prácticas que generan situacio-nes de vulnerabilidad en la dinámica ins-titucional; y la puesta en funcionamiento de acciones civiles de gestión democráti-ca y solidaria de la seguridad en la insti-tución, con énfasis en la prevención.

Sobre el cierre de la edición del pre-sente número de Materia Pendiente, medios locales informaban que la Guardia Edilicia dejaba de ser “capacitada” por el SPB. Por lo que pudo averiguar este medio, no existió ninguna instancia que cesara la validez del convenio firmado en 2010 con el Ministerio de Seguridad

bonaerense. En la página de la UNLP aparece publicada una nota que relata la firma del convenio entre la Facultad de Trabajo Social y la Comisión Provin-cial por la Memoria, con la presencia de Tauber, pero en ningún momento se especifica que tal acuerdo alcance a la Guardia Edilicia. El tono de la publicación es confuso. En palabras del presidente de la Universidad, se celebra el acuerdo suscripto con la CPM, pero en ningún mo-mento se aclara que el convenio incluya a toda la institución. Por su parte, sí se in-forma en una nota de Marzo de 2012, que “la UNLP puso en marcha el segundo nivel de la capacitación para los más de 250 vi-giladores de la Guardia Edilicia (…) dictado por licenciados en seguridad institucional y ciudadana pertenecientes al ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense”.

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El flamante presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

habló con Materia Pendiente sobre los desafíos y las nuevas iniciativas de la institución.

Además, se refirió al rol de la ciencia y la tecnología en la sociedad, al ingreso a la Carrera

de Investigación y a las becas de doctorado, y a las líneas de investigación aplicada en ambiente y salud.

Producción: Darío Andrinolo, Florencia Yanniello | Textos: Florencia Yanniello

Desde abril de este año, el doctor Roberto Salvarezza preside el organismo de Cien-cia y Técnica más importante del país. El Doctor en Bioquímica, cuyas áreas de estudio son la nanociencia y la nanotecnología, asegura que el CONICET está en un momento de cambios en el que asume un papel importante dentro de las políticas nacionales. Con la idea de potenciar los proyectos tecnológicos de impacto social, Salvarezza aclara que “están creando un nuevo espacio”, en el que pretenden que los investigadores se muevan del área de la ciencia básica a la ciencia aplicada, bajo las políticas que diseñe el Estado.

A su entender, ¿cuáles son los desafíos de CONICET hoy y cuáles son las diferen-cias en las líneas de investigación con la década del ’90?

La situación con respecto a la década del ’90 es completamente diferente, por-que en ese momento, CONICET se insertaba en una política nacional en donde la cien-cia y la técnica no eran unos de los pilares sobre los cuales se pretendía avanzar en la economía del país. A comienzos de 2000 hubo un intento claro de desmantelar el CONICET y mi crítica no es a quienes estuvieron en la conducción en esos años, sino a la po-lítica que se había implementado desde el gobierno. El ingreso a carrera estaba totalmente estrangulado y no hubo ningún crecimiento particular de ciencia y técnica en esa época.

Recién en el 2003 apareció un nuevo discurso en cuanto al rol que tienen la ciencia y la técnica en el país y se las valora como un motor para la economía, para el empleo, y para la soberanía inclusive. Esto tiene que ver con una política nacional; el CONICET pasó de tener en el año 2004, 260 millones de pesos de presupuesto a tener, este año, 2.080 millones. Además, de 2 mil investigadores hoy tiene 7 mil y de 3 mil becarios hoy cuenta con 9 mil.

Es decir, pasamos de una política de congelamiento del sistema a una de franca ex-pansión. El Consejo ha asumido un papel importante dentro de las políticas nacionales porque es el único organismo que específicamente fomenta la ciencia y la técnica, ya que si bien son áreas de otros organismos, el CONICET tiene específica tarea en este pun-to y es el único organismo que está inserto dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es quien fija las políticas nacionales. Es decir, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio es el que propone las políticas y el CONICET es un ejecutor.

¿Le parece que en algún momento hubo dentro de CONICET un divorcio entre las líneas de investigación y las problemáticas sociales?

Esto lo estamos viendo ahora, yo creo que estamos creando un nuevo espacio. Des-de el 2003 en adelante hubo un claro mensaje de que el Estado iba a potenciar todo lo que eran proyectos tecnológicos o de aplicación, o de articulación con el medio, y hubo una masa grande de investigadores que se movieron de lo que era la ciencia básica hacia estos nuevos proyectos, para los cuales había fondos importantes.

Estos investigadores que están en esa área ahora necesitan ser mirados en vista del proyecto que están ejecutando. No estamos sacándole recursos a la ciencia básica, -ésta sigue siendo para el CONICET una de las actividades más importantes-, pero que-remos crear un nuevo espacio en donde los investigadores puedan moverse desde las aplicaciones netamente básicas a insertarse en un proyecto.

Hablamos de proyectos de tres categorías: los orientados al campo tecnológico, al biomédico y a las ciencias sociales. La idea es que en la medida que los investigadores se integren a proyectos que surgen desde el Estado, sean evaluados durante el tiempo que estén involucrados en los mismos por su desempeño y no por la producción de papers.

Con respecto a la gestión que acaba de iniciar, ¿qué puede delinear hacia el fu-turo, hay algunas características de la gestión anterior que usted va a continuar?

El tema de la evaluación tecnológica y de la actividad orientada, sería un aspec-to novedoso. Hay otro punto nuevo que es la articulación con la política nacional; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es quien formula las políti-cas y hoy hay un Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología para los próximos tres años, y el CONICET se articula con ese Plan. Una muestra de esto es la convoca-toria a becas, en donde por primera vez ponemos los temas estratégicos que tiene el Ministerio en una bolsa aparte.

ENtREVIStA CoN RoBERto SALVAREzzA, PRESIdENtE dEL CoNICEt

“Tenemos que afianzar un modeloen el que la ciencia y la tecnología

se enmarquen en los temas estratégicos del país”

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El flamante presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

habló con Materia Pendiente sobre los desafíos y las nuevas iniciativas de la institución.

Además, se refirió al rol de la ciencia y la tecnología en la sociedad, al ingreso a la Carrera

de Investigación y a las becas de doctorado, y a las líneas de investigación aplicada en ambiente y salud.

Producción: Darío Andrinolo, Florencia Yanniello | Textos: Florencia Yanniello

Desde abril de este año, el doctor Roberto Salvarezza preside el organismo de Cien-cia y Técnica más importante del país. El Doctor en Bioquímica, cuyas áreas de estudio son la nanociencia y la nanotecnología, asegura que el CONICET está en un momento de cambios en el que asume un papel importante dentro de las políticas nacionales. Con la idea de potenciar los proyectos tecnológicos de impacto social, Salvarezza aclara que “están creando un nuevo espacio”, en el que pretenden que los investigadores se muevan del área de la ciencia básica a la ciencia aplicada, bajo las políticas que diseñe el Estado.

A su entender, ¿cuáles son los desafíos de CONICET hoy y cuáles son las diferen-cias en las líneas de investigación con la década del ’90?

La situación con respecto a la década del ’90 es completamente diferente, por-que en ese momento, CONICET se insertaba en una política nacional en donde la cien-cia y la técnica no eran unos de los pilares sobre los cuales se pretendía avanzar en la economía del país. A comienzos de 2000 hubo un intento claro de desmantelar el CONICET y mi crítica no es a quienes estuvieron en la conducción en esos años, sino a la po-lítica que se había implementado desde el gobierno. El ingreso a carrera estaba totalmente estrangulado y no hubo ningún crecimiento particular de ciencia y técnica en esa época.

Recién en el 2003 apareció un nuevo discurso en cuanto al rol que tienen la ciencia y la técnica en el país y se las valora como un motor para la economía, para el empleo, y para la soberanía inclusive. Esto tiene que ver con una política nacional; el CONICET pasó de tener en el año 2004, 260 millones de pesos de presupuesto a tener, este año, 2.080 millones. Además, de 2 mil investigadores hoy tiene 7 mil y de 3 mil becarios hoy cuenta con 9 mil.

Es decir, pasamos de una política de congelamiento del sistema a una de franca ex-pansión. El Consejo ha asumido un papel importante dentro de las políticas nacionales porque es el único organismo que específicamente fomenta la ciencia y la técnica, ya que si bien son áreas de otros organismos, el CONICET tiene específica tarea en este pun-to y es el único organismo que está inserto dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es quien fija las políticas nacionales. Es decir, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio es el que propone las políticas y el CONICET es un ejecutor.

¿Le parece que en algún momento hubo dentro de CONICET un divorcio entre las líneas de investigación y las problemáticas sociales?

Esto lo estamos viendo ahora, yo creo que estamos creando un nuevo espacio. Des-de el 2003 en adelante hubo un claro mensaje de que el Estado iba a potenciar todo lo que eran proyectos tecnológicos o de aplicación, o de articulación con el medio, y hubo una masa grande de investigadores que se movieron de lo que era la ciencia básica hacia estos nuevos proyectos, para los cuales había fondos importantes.

Estos investigadores que están en esa área ahora necesitan ser mirados en vista del proyecto que están ejecutando. No estamos sacándole recursos a la ciencia básica, -ésta sigue siendo para el CONICET una de las actividades más importantes-, pero que-remos crear un nuevo espacio en donde los investigadores puedan moverse desde las aplicaciones netamente básicas a insertarse en un proyecto.

Hablamos de proyectos de tres categorías: los orientados al campo tecnológico, al biomédico y a las ciencias sociales. La idea es que en la medida que los investigadores se integren a proyectos que surgen desde el Estado, sean evaluados durante el tiempo que estén involucrados en los mismos por su desempeño y no por la producción de papers.

Con respecto a la gestión que acaba de iniciar, ¿qué puede delinear hacia el fu-turo, hay algunas características de la gestión anterior que usted va a continuar?

El tema de la evaluación tecnológica y de la actividad orientada, sería un aspec-to novedoso. Hay otro punto nuevo que es la articulación con la política nacional; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es quien formula las políti-cas y hoy hay un Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología para los próximos tres años, y el CONICET se articula con ese Plan. Una muestra de esto es la convoca-toria a becas, en donde por primera vez ponemos los temas estratégicos que tiene el Ministerio en una bolsa aparte.

ENtREVIStA CoN RoBERto SALVAREzzA, PRESIdENtE dEL CoNICEt

“Tenemos que afianzar un modeloen el que la ciencia y la tecnología

se enmarquen en los temas estratégicos del país”

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Otro tema que tiene el Plan Estratégico es la descentralización de la masa de in-vestigadores, es decir pasar investigadores de la zona metropolitana, de Santa Fe, de Córdoba, en donde tenemos el 80% de los investigadores hacia las regiones priorita-rias. Si un investigador tiene la posibilidad de ir a La Plata o a Entre Ríos, va a tener más chances de ir a Entre Ríos.

Esos son puntos “novedosos” en cuanto a la gestión de CONICET hasta ahora. Lo que vamos a mantener es el apoyo a la investigación básica y tratar de que siga tenien-do un nivel de excelencia, vamos a seguir apoyando y poniendo dinero en el plan de infraestructura. También aportaremos dinero a los PID (Proyectos de Investigación y Desarrollo) que estaban atrasados, vamos a regularizar el pago de los PIP (Proyectos de Investigación Plurianuales). Vamos a poner un subsidio plano, de 5 mil pesos anua-les, asociado con el informe aprobado, para aquellos investigadores que no tengan PIP ni PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica). Es una pequeña suma, pero es un gesto de la institución para que cuenten con algún fondo.

Con respecto a las fuentes de financiamiento y los convenios con empresas, ¿cómo se garantiza la soberanía en la investigación?

Con respecto a los proyectos puntuales con las empresas, siempre el Estado ha tratado de hacer la mayor cantidad de proyectos con empresas del orden local. La po-lítica normalmente, es que sean empresas nacionales que aporten, que aumenten las exportaciones y el empleo. Tenemos convenios con algunas PyMES, tenemos quince proyectos con YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que ahora claramente son una prioridad nacional, tras la nacionalización.

Esos son los proyectos prioritarios, a veces se ha hecho algún acuerdo con alguna mul-tinacional por la comercialización de alguna patente que ya tenemos y que hay que sacarla por el hecho de que va a ser mucho dinero que va a entrar al propio sistema, entonces a veces la comercialización de un producto internacional no es fácil hacerla desde acá.

Ciencia y ambiente

¿Como se enmarcan los temas ambientales dentro de estas líneas de investiga-ción de CONICET?

Creo que el articulador y organizador en ese sentido tiene que ser la universidad, que es el organizador regional, quien puede recoger los problemas. Esta articulación con la sociedad yo la veo más fácil desde las universidades que desde el Centro Científico Tecnológico (CCT) de CONICET. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con la universi-dad en los temas que ella considere prioritarios.

Tenemos becas doctorales cofinanciadas con las universidades, que pueden definir qué temas quieren promover, qué líneas de investigación, y hacerlo juntos. Si el medio ambiente es un tema que para la zona es fundamental, desde la universidad, que está articulada con la sociedad, se tiene que definir la línea de qué se quiere y hacia dónde ir. Nosotros podemos poner los recursos humanos y económicos.

El socio local de CONICET es la universidad, que trabaja con muchos más temas, tiene a los estudiantes insertados en el medio y toda la problemática social para poder definir las estrategias. Estos proyectos tienen que estar enmarcados y tener un im-pacto social o médico. Los que quieren seguir publicando en revistas como Science o

Comunicar la ciencia

¿Cómo se trabaja desde CONICET con la cuestión de la comunicación social de la ciencia, el desafío de comunicar y salir de la mera difusión?

CONICET está trabajando mucho en ese sentido, no sólo en la comunicación institucional, sino también en Tecnópolis. Además tenemos una convocatoria de proyectos de divulgación abierta a cualquier investigador, para que ellos propongan cómo harían la difusión de sus investigaciones, sea con audiovisuales, o libros, o un stand, evaluado por comunicadores.

Tenemos la página web con una parte más institucional y otra de divulgación científica en la que se toma un tema y se desarrolla con varios investigadores. Buscamos temas que puedan llegar a toda la comunidad y que sean de interés.

Becas y doctorados¿Cómo ve la situación del

doctorado y el fenómeno del “cuello de botella” que se generó el año pasado con numerosos doctores que quedaron afuera de CONICET?

El año pasado hubo una discusión sobre qué pasaba con los doctores, personalmente veo que hoy en día tomar una beca de CONICET es acceder al título de Doctor de una universidad nacional, que es el título máximo. La persona que toma la decisión personal de ser doctor de una universidad nacional hace una apuesta individual, por un lado, pero por el otro, es una responsabilidad del Estado, porque está invirtiendo mucho dinero para generar más doctores. En ningún lado está escrito que los doctores tienen que ir a CONICET, ni tampoco para que sean profesores universitarios, el posgrado universitario es más amplio que eso. Es formar recursos humanos todavía más calificados con mayores capacidades que esperamos que vayan a los ministerios, a los municipios, al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), a la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), a la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) o una empresa privada. La sociedad tiene que beneficiarse de estos doctores, para eso hemos puesto en marcha un programa que se llama “masvalor.doc” en el cual vamos a tener toda la información de todos los doctores que tiene CONICET para que se puedan buscar allí recursos humanos. Estamos tratando también de que a través del Ministerio haya estímulos para la toma de doctores.

FOTOS Prensa CONICET

Nature, podrán seguir haciéndolo. El tema es mover a los jóvenes, a aquellos que están motivados por la investigación aplicada y que quieren ver el fruto de su trabajo traducido en algo concreto, y garantizarles un “paraguas” que los proteja y los deje trabajar.

Recientemente tuvo mucha repercusión un convenio entre la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET y las empresas de biotecnología agrícola Bioceres y Arcadia para la producción de una semilla de soja resistente a la sequía. En algunos círculos este convenio fue cuestionado ya que se trata de un producto en discusión y de un modelo de país en debate. ¿Qué opinión tiene sobre este tema?

Esa es una discusión de otro tipo, porque en parte Argentina hoy en día necesita aumentar sus exportaciones, y el tema de hasta dónde avanza la soja es una discusión medioambiental. Yo creo que lo que se hizo acá es tratar de que el producto que desa-rrolló Raquel Chan, -que es muy importante porque es una semilla que es resistente a la sequía-, sea bien utilizada. Lo mismo ocurre con las tecnologías, podemos usarlas mal y que se invada el mundo con la soja o podemos usarla bien y rescatar áreas perdi-das. En este año hemos perdido 10 millones de toneladas de soja, por la sequía. O sea que si hubiéramos tenido esta semilla, hubiéramos perdido menos.

Esta discusión política y medioambiental hay que hacerla, las tecnologías hay que usarlas bien, pero tampoco podemos negarlas, porque los países desarrollados que avanzan mucho más rápido, tienen una mejor calidad de vida. Me refiero a países como Suecia, Finlandia o Noruega, que manejan mejor las tecnologías, no a los países más contaminadores. Entonces, tenemos que tratar de hacer un uso correcto de las tecno-logías, hay un marco legal y un marco político y social que excede al mundo científico y tecnológico. Es un marco que incluye más actores que nosotros y que tiene que incluir más todavía.

Desde CONICET lo que tratamos de hacer es fomentar el desarrollo científico y tecnológico, el tema ambiental requiere regulaciones por parte del Estado y un cum-plimiento absoluto de la regulación para ver hasta dónde se puede avanzar sin dañar a las economías regionales.

Salud y patentes

Con respecto a la salud, ¿hay alguna posibilidad de avanzar en un sistema dife-rente de registro de patentes que no estén exclusivamente asociadas a empresas?

En general los desarrollos que se están haciendo, si los hace un laboratorio na-cional, se queda con una parte y CONICET y los investigadores con otra, o sea que de alguna manera el Estado tiene una participación. Cuan abierto es el producto o no es una cuestión casi hasta de tipo filosófica, uno piensa que una patente, desde el punto de vista social, por ejemplo, de los medicamentos, tendría que ser más abierta.

En realidad las patentes que tiene Argentina son muy pocas, contribuimos muy poco al mundo tecnológico. Como investigador yo creo que la patente tiene que ser compartida, pero no sé si es fácil luego en la práctica que alguien ponga el dinero por algún desarrollo y después lo deje libre. Me parece que se puede discutir todo esto, pero que lo más importante que tenemos que afianzar es un modelo en el cual, la cien-cia y la tecnología queden en el marco de temas estratégicos que los defina el país, según sus políticas y requerimientos .

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Otro tema que tiene el Plan Estratégico es la descentralización de la masa de in-vestigadores, es decir pasar investigadores de la zona metropolitana, de Santa Fe, de Córdoba, en donde tenemos el 80% de los investigadores hacia las regiones priorita-rias. Si un investigador tiene la posibilidad de ir a La Plata o a Entre Ríos, va a tener más chances de ir a Entre Ríos.

Esos son puntos “novedosos” en cuanto a la gestión de CONICET hasta ahora. Lo que vamos a mantener es el apoyo a la investigación básica y tratar de que siga tenien-do un nivel de excelencia, vamos a seguir apoyando y poniendo dinero en el plan de infraestructura. También aportaremos dinero a los PID (Proyectos de Investigación y Desarrollo) que estaban atrasados, vamos a regularizar el pago de los PIP (Proyectos de Investigación Plurianuales). Vamos a poner un subsidio plano, de 5 mil pesos anua-les, asociado con el informe aprobado, para aquellos investigadores que no tengan PIP ni PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica). Es una pequeña suma, pero es un gesto de la institución para que cuenten con algún fondo.

Con respecto a las fuentes de financiamiento y los convenios con empresas, ¿cómo se garantiza la soberanía en la investigación?

Con respecto a los proyectos puntuales con las empresas, siempre el Estado ha tratado de hacer la mayor cantidad de proyectos con empresas del orden local. La po-lítica normalmente, es que sean empresas nacionales que aporten, que aumenten las exportaciones y el empleo. Tenemos convenios con algunas PyMES, tenemos quince proyectos con YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que ahora claramente son una prioridad nacional, tras la nacionalización.

Esos son los proyectos prioritarios, a veces se ha hecho algún acuerdo con alguna mul-tinacional por la comercialización de alguna patente que ya tenemos y que hay que sacarla por el hecho de que va a ser mucho dinero que va a entrar al propio sistema, entonces a veces la comercialización de un producto internacional no es fácil hacerla desde acá.

Ciencia y ambiente

¿Como se enmarcan los temas ambientales dentro de estas líneas de investiga-ción de CONICET?

Creo que el articulador y organizador en ese sentido tiene que ser la universidad, que es el organizador regional, quien puede recoger los problemas. Esta articulación con la sociedad yo la veo más fácil desde las universidades que desde el Centro Científico Tecnológico (CCT) de CONICET. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con la universi-dad en los temas que ella considere prioritarios.

Tenemos becas doctorales cofinanciadas con las universidades, que pueden definir qué temas quieren promover, qué líneas de investigación, y hacerlo juntos. Si el medio ambiente es un tema que para la zona es fundamental, desde la universidad, que está articulada con la sociedad, se tiene que definir la línea de qué se quiere y hacia dónde ir. Nosotros podemos poner los recursos humanos y económicos.

El socio local de CONICET es la universidad, que trabaja con muchos más temas, tiene a los estudiantes insertados en el medio y toda la problemática social para poder definir las estrategias. Estos proyectos tienen que estar enmarcados y tener un im-pacto social o médico. Los que quieren seguir publicando en revistas como Science o

Comunicar la ciencia

¿Cómo se trabaja desde CONICET con la cuestión de la comunicación social de la ciencia, el desafío de comunicar y salir de la mera difusión?

CONICET está trabajando mucho en ese sentido, no sólo en la comunicación institucional, sino también en Tecnópolis. Además tenemos una convocatoria de proyectos de divulgación abierta a cualquier investigador, para que ellos propongan cómo harían la difusión de sus investigaciones, sea con audiovisuales, o libros, o un stand, evaluado por comunicadores.

Tenemos la página web con una parte más institucional y otra de divulgación científica en la que se toma un tema y se desarrolla con varios investigadores. Buscamos temas que puedan llegar a toda la comunidad y que sean de interés.

Becas y doctorados¿Cómo ve la situación del

doctorado y el fenómeno del “cuello de botella” que se generó el año pasado con numerosos doctores que quedaron afuera de CONICET?

El año pasado hubo una discusión sobre qué pasaba con los doctores, personalmente veo que hoy en día tomar una beca de CONICET es acceder al título de Doctor de una universidad nacional, que es el título máximo. La persona que toma la decisión personal de ser doctor de una universidad nacional hace una apuesta individual, por un lado, pero por el otro, es una responsabilidad del Estado, porque está invirtiendo mucho dinero para generar más doctores. En ningún lado está escrito que los doctores tienen que ir a CONICET, ni tampoco para que sean profesores universitarios, el posgrado universitario es más amplio que eso. Es formar recursos humanos todavía más calificados con mayores capacidades que esperamos que vayan a los ministerios, a los municipios, al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), a la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), a la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) o una empresa privada. La sociedad tiene que beneficiarse de estos doctores, para eso hemos puesto en marcha un programa que se llama “masvalor.doc” en el cual vamos a tener toda la información de todos los doctores que tiene CONICET para que se puedan buscar allí recursos humanos. Estamos tratando también de que a través del Ministerio haya estímulos para la toma de doctores.

FOTOS Prensa CONICET

Nature, podrán seguir haciéndolo. El tema es mover a los jóvenes, a aquellos que están motivados por la investigación aplicada y que quieren ver el fruto de su trabajo traducido en algo concreto, y garantizarles un “paraguas” que los proteja y los deje trabajar.

Recientemente tuvo mucha repercusión un convenio entre la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET y las empresas de biotecnología agrícola Bioceres y Arcadia para la producción de una semilla de soja resistente a la sequía. En algunos círculos este convenio fue cuestionado ya que se trata de un producto en discusión y de un modelo de país en debate. ¿Qué opinión tiene sobre este tema?

Esa es una discusión de otro tipo, porque en parte Argentina hoy en día necesita aumentar sus exportaciones, y el tema de hasta dónde avanza la soja es una discusión medioambiental. Yo creo que lo que se hizo acá es tratar de que el producto que desa-rrolló Raquel Chan, -que es muy importante porque es una semilla que es resistente a la sequía-, sea bien utilizada. Lo mismo ocurre con las tecnologías, podemos usarlas mal y que se invada el mundo con la soja o podemos usarla bien y rescatar áreas perdi-das. En este año hemos perdido 10 millones de toneladas de soja, por la sequía. O sea que si hubiéramos tenido esta semilla, hubiéramos perdido menos.

Esta discusión política y medioambiental hay que hacerla, las tecnologías hay que usarlas bien, pero tampoco podemos negarlas, porque los países desarrollados que avanzan mucho más rápido, tienen una mejor calidad de vida. Me refiero a países como Suecia, Finlandia o Noruega, que manejan mejor las tecnologías, no a los países más contaminadores. Entonces, tenemos que tratar de hacer un uso correcto de las tecno-logías, hay un marco legal y un marco político y social que excede al mundo científico y tecnológico. Es un marco que incluye más actores que nosotros y que tiene que incluir más todavía.

Desde CONICET lo que tratamos de hacer es fomentar el desarrollo científico y tecnológico, el tema ambiental requiere regulaciones por parte del Estado y un cum-plimiento absoluto de la regulación para ver hasta dónde se puede avanzar sin dañar a las economías regionales.

Salud y patentes

Con respecto a la salud, ¿hay alguna posibilidad de avanzar en un sistema dife-rente de registro de patentes que no estén exclusivamente asociadas a empresas?

En general los desarrollos que se están haciendo, si los hace un laboratorio na-cional, se queda con una parte y CONICET y los investigadores con otra, o sea que de alguna manera el Estado tiene una participación. Cuan abierto es el producto o no es una cuestión casi hasta de tipo filosófica, uno piensa que una patente, desde el punto de vista social, por ejemplo, de los medicamentos, tendría que ser más abierta.

En realidad las patentes que tiene Argentina son muy pocas, contribuimos muy poco al mundo tecnológico. Como investigador yo creo que la patente tiene que ser compartida, pero no sé si es fácil luego en la práctica que alguien ponga el dinero por algún desarrollo y después lo deje libre. Me parece que se puede discutir todo esto, pero que lo más importante que tenemos que afianzar es un modelo en el cual, la cien-cia y la tecnología queden en el marco de temas estratégicos que los defina el país, según sus políticas y requerimientos .

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EL tRABAJo dE LoS PERIodIStAS EN LA PLAtA

Desde la profesionalización del periodismo, el número de inscripciones a la carrera ha ido en aumento, pero no así la cantidad de puestos laborales. La excesiva oferta de comunicadores y las escasas oportunidades de empleos, generaron una precarización dentro de la rama. Al mismo tiempo, se gestaron espacios alternativos que abrieron el espectro a otras voces y temáticas.

ción por formar intelectuales críticos, que intervengan en el mundo y que además tengan trabajo”, afirma Saintout.

Precarización laboral

Durante la década del 90’, frente a las políticas neoliberales que se estaban lle-vando a cabo por el gobierno de Carlos Saúl Menem, se dio una intensa concen-tración de los medios masivos de comu-nicación, lo que generó una alta tasa de desempleo y una profundización de con-diciones de trabajo precarizadas en el ámbito del periodismo, que no se ha lo-grado revertir hasta la actualidad.

Frente a este contexto laboral, surge el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP), una organización sindical cuyo principal objetivo es brindar herramien-tas y ayudar a los empleados de medios de comunicación que sufren en carne propia las condiciones de empleo irregulares.

“El proceso de concentración de medios hizo más difícil la defensa de los derechos laborales, de organizarse dentro de cada uno de los medios para proteger las fuen-tes y la calidad del trabajo. La generación de jóvenes no conoce otro modo de traba-jar que no sea de forma precarizada”, sos-tiene Juan Suárez, integrante del CTP.

En el año 2010, los integrantes del Colectivo realizaron un relevamiento destinado a visibilizar las condiciones de empleo de los trabajadores de prensa en la ciudad de La Plata. El resultado del análisis arrojó que el 70% de los perio-distas trabajan en condiciones irregu-lares, con problemáticas que abarcan la censura; los malos tratos; la contratación utilizando el régimen de monotributo –a partir de una relación laboral eventual o casual-; el trabajo en negro; sueldos muy bajos; incumplimiento de los francos y despidos injustificados.

A esta situación se suman las compli-caciones a la hora de ejercer los debidos reclamos para lograr mejores condiciones laborales. “Cuando no existen posibilidades

de organizarse internamente y no hay pre-sencia del sindicato, es más fácil que suce-dan irregularidades laborales, y existen ca-sos paradigmáticos como el del Diario Hoy, que es el segundo diario más importante de La Plata, y que hasta hace poco tiem-po tenía el 90% de los trabajadores como monotributistas”, relata el integrante del Colectivo de Trabajadores de Prensa.

En este sentido, el Secretario Gene-ral del Sindicato de Prensa Bonaerense, Osvaldo Miguel Urriolabeitia, manifestó: “Hay una política antisindical muy marca-da, que coincide con incumplimiento de la ley, con personajes que en vez de informar extorsionan, no es sencillo, porque hay algunos medios donde hemos tenido que dejar de elegir delegados, porque cada vez que los elegíamos, los echaban”.

El Diario Hoy es un emblema de la situación laboral que enfrentan muchos periodistas de la ciudad. El medio ha re-cibido numerosas denuncias por malos tratos, bajos sueldos, abusos por parte de los directores, censuras, contratos irregulares, incumplimientos de los francos correspondientes por ley y des-pidos injustificados.

En sus inicios el periodismo fue una profesión que no exigió de una formación académica universitaria, sino que los tra-bajadores de la disciplina se formaban en las propias redacciones o dentro de los diversos espacios de trabajo. Incluso en la actualidad, muchas de las personas que ejercen la comunicación no transita-ron por una universidad, sino que fueron constituyéndose en la práctica.

Además, los primeros lugares de for-mación fueron escuelas de periodismo que, después de un tiempo, transforma-ron la disciplina en una profesión uni-versitaria, para poder brindar las herra-mientas que en un primer momento se obtenían con el ejercicio de la actividad.

Hacia la profesionalización

Desde su fundación, en el año 1930, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue una Escuela Superior. Fi-nalmente, en octubre de 1994 el Consejo Superior de la Universidad decidió trans-formarla en una carrera universitaria.

El primer Plan de Estudios como ca-rrera se estableció en el año 1998 y es-tuvo muy marcado por la realidad de la época en el que se constituyó. “El Plan se hace en un contexto de un fuerte triunfo del modelo neoliberal, esto de alguna ma-nera lo atraviesa. Hoy estamos debatiendo la necesidad de modificarlo, de hacer una nueva intervención que tiene el objetivo de reponer un contexto latinoamericano que es distinto a la realidad del ’98”, sostiene la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout.

Desde la Facultad sostienen que inten-tan crear un comunicador social vincula-do a la realidad que lo atraviesa. En este sentido, el director del Departamento de graduados de la Facultad de Periodismo, Sebastián Iasenza, sostiene: “A través de las materias se busca generar un comuni-cador que intente criticar la realidad, trans-formarla y así crear un mejor estado de las cosas. En ese sentido no se intenta generar un periodista que sea solamente un difusor, ni periodistas para una empresa”.

A medida que fue transcurriendo el tiempo, la Facultad fue contando con un mayor número de alumnos. Hoy, estiman que cada año se inscriben al-rededor de 900 estudiantes, de los cua-les la mayor cantidad se vuelcan a la orientación Periodismo, ya que la ins-titución cuenta con tres orientaciones más: la licenciatura en Planificación Comunicacional, el Profesorado en Co-municación Social y, desde el 2009, la Tecnicatura en Periodismo Deportivo (ver “Primera tecnicatura pública en periodismo deportivo”).

Ante el crecimiento de la inscripción en la carrera, la cantidad de puestos la-borales en la ciudad se mantuvo relativa-mente estable, generando un grave pro-blema de desempleo de los egresados. “Nosotros formamos graduados que están abiertos al mundo laboral, pero institucio-nalmente tenemos una clara preocupa-

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EL tRABAJo dE LoS PERIodIStAS EN LA PLAtA

Desde la profesionalización del periodismo, el número de inscripciones a la carrera ha ido en aumento, pero no así la cantidad de puestos laborales. La excesiva oferta de comunicadores y las escasas oportunidades de empleos, generaron una precarización dentro de la rama. Al mismo tiempo, se gestaron espacios alternativos que abrieron el espectro a otras voces y temáticas.

ción por formar intelectuales críticos, que intervengan en el mundo y que además tengan trabajo”, afirma Saintout.

Precarización laboral

Durante la década del 90’, frente a las políticas neoliberales que se estaban lle-vando a cabo por el gobierno de Carlos Saúl Menem, se dio una intensa concen-tración de los medios masivos de comu-nicación, lo que generó una alta tasa de desempleo y una profundización de con-diciones de trabajo precarizadas en el ámbito del periodismo, que no se ha lo-grado revertir hasta la actualidad.

Frente a este contexto laboral, surge el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP), una organización sindical cuyo principal objetivo es brindar herramien-tas y ayudar a los empleados de medios de comunicación que sufren en carne propia las condiciones de empleo irregulares.

“El proceso de concentración de medios hizo más difícil la defensa de los derechos laborales, de organizarse dentro de cada uno de los medios para proteger las fuen-tes y la calidad del trabajo. La generación de jóvenes no conoce otro modo de traba-jar que no sea de forma precarizada”, sos-tiene Juan Suárez, integrante del CTP.

En el año 2010, los integrantes del Colectivo realizaron un relevamiento destinado a visibilizar las condiciones de empleo de los trabajadores de prensa en la ciudad de La Plata. El resultado del análisis arrojó que el 70% de los perio-distas trabajan en condiciones irregu-lares, con problemáticas que abarcan la censura; los malos tratos; la contratación utilizando el régimen de monotributo –a partir de una relación laboral eventual o casual-; el trabajo en negro; sueldos muy bajos; incumplimiento de los francos y despidos injustificados.

A esta situación se suman las compli-caciones a la hora de ejercer los debidos reclamos para lograr mejores condiciones laborales. “Cuando no existen posibilidades

de organizarse internamente y no hay pre-sencia del sindicato, es más fácil que suce-dan irregularidades laborales, y existen ca-sos paradigmáticos como el del Diario Hoy, que es el segundo diario más importante de La Plata, y que hasta hace poco tiem-po tenía el 90% de los trabajadores como monotributistas”, relata el integrante del Colectivo de Trabajadores de Prensa.

En este sentido, el Secretario Gene-ral del Sindicato de Prensa Bonaerense, Osvaldo Miguel Urriolabeitia, manifestó: “Hay una política antisindical muy marca-da, que coincide con incumplimiento de la ley, con personajes que en vez de informar extorsionan, no es sencillo, porque hay algunos medios donde hemos tenido que dejar de elegir delegados, porque cada vez que los elegíamos, los echaban”.

El Diario Hoy es un emblema de la situación laboral que enfrentan muchos periodistas de la ciudad. El medio ha re-cibido numerosas denuncias por malos tratos, bajos sueldos, abusos por parte de los directores, censuras, contratos irregulares, incumplimientos de los francos correspondientes por ley y des-pidos injustificados.

En sus inicios el periodismo fue una profesión que no exigió de una formación académica universitaria, sino que los tra-bajadores de la disciplina se formaban en las propias redacciones o dentro de los diversos espacios de trabajo. Incluso en la actualidad, muchas de las personas que ejercen la comunicación no transita-ron por una universidad, sino que fueron constituyéndose en la práctica.

Además, los primeros lugares de for-mación fueron escuelas de periodismo que, después de un tiempo, transforma-ron la disciplina en una profesión uni-versitaria, para poder brindar las herra-mientas que en un primer momento se obtenían con el ejercicio de la actividad.

Hacia la profesionalización

Desde su fundación, en el año 1930, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue una Escuela Superior. Fi-nalmente, en octubre de 1994 el Consejo Superior de la Universidad decidió trans-formarla en una carrera universitaria.

El primer Plan de Estudios como ca-rrera se estableció en el año 1998 y es-tuvo muy marcado por la realidad de la época en el que se constituyó. “El Plan se hace en un contexto de un fuerte triunfo del modelo neoliberal, esto de alguna ma-nera lo atraviesa. Hoy estamos debatiendo la necesidad de modificarlo, de hacer una nueva intervención que tiene el objetivo de reponer un contexto latinoamericano que es distinto a la realidad del ’98”, sostiene la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout.

Desde la Facultad sostienen que inten-tan crear un comunicador social vincula-do a la realidad que lo atraviesa. En este sentido, el director del Departamento de graduados de la Facultad de Periodismo, Sebastián Iasenza, sostiene: “A través de las materias se busca generar un comuni-cador que intente criticar la realidad, trans-formarla y así crear un mejor estado de las cosas. En ese sentido no se intenta generar un periodista que sea solamente un difusor, ni periodistas para una empresa”.

A medida que fue transcurriendo el tiempo, la Facultad fue contando con un mayor número de alumnos. Hoy, estiman que cada año se inscriben al-rededor de 900 estudiantes, de los cua-les la mayor cantidad se vuelcan a la orientación Periodismo, ya que la ins-titución cuenta con tres orientaciones más: la licenciatura en Planificación Comunicacional, el Profesorado en Co-municación Social y, desde el 2009, la Tecnicatura en Periodismo Deportivo (ver “Primera tecnicatura pública en periodismo deportivo”).

Ante el crecimiento de la inscripción en la carrera, la cantidad de puestos la-borales en la ciudad se mantuvo relativa-mente estable, generando un grave pro-blema de desempleo de los egresados. “Nosotros formamos graduados que están abiertos al mundo laboral, pero institucio-nalmente tenemos una clara preocupa-

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Frente a esta situación, el Colectivo de Trabajadores de prensa ha realizado numerosas marchas, juntadas de firmas y denuncias. “Presentamos un expediente en el Ministerio de Trabajo en el 2010, se hicieron algunas inspecciones, pero siem-pre quedaron a mitad de camino, en el diario no dejaron entrar a las personas del Ministerio cuando fueron a hacer las inspecciones, porque en realidad hay una connivencia”, sostiene Suárez.

A pesar de las denuncias y de la clara situación de precarización laboral, el dia-rio cuenta con publicidad oficial. “A los directivos no les interesa el diario como un medio periodístico de información, sino que es un medio de extorsión, para conse-guir publicidad presionan a un político y si no se les da comienzan a publicar notas en contra”, afirma Ulises Rodríguez, ex tra-bajador del Diario Hoy.

Desde el Sindicato de Prensa Bo-naerense han radicado denuncias y presentaciones ante el Ministerio de Trabajo por las condiciones de empleo de los periodistas, pero, a pesar de las multas que se expusieron y que el Dia-rio Hoy no pagó, no se ha avanzado por regularizar la situación. “Mienten cuan-do dicen que eso es una fuente laboral, porque eso es una fuente de explotación, todos los que trabajaron ahí lo saben, es una fuente de explotación y de frustra-ción”, afirma Osvaldo Urriolabeitia.

En el año 2009, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP se convirtió en la primera unidad académica pública del país en incluir dentro de sus orientaciones la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, ya que esta rama de la profesión estuvo siempre ligada a la educación privada.

Cuando el plan de estudios fue delineado se buscó distanciarse de las caracterizaciones propias del resto de las escuelas de periodismo deportivo, intentando brindarle una mirada política y social a esta especialidad. En este sentido, el director del Departamento de Graduados de la Facultad, Sebastián Iasenza, sostiene: “Uno de los objetivos de la Tecnicatura es justamente hacer un nuevo periodista deportivo que no sólo esté capacitado para comentar o relatar un partido, o hacer un tipo de periodismo vinculado a la espectacularización del deporte”.

Las materias que se brindan dentro de la tecnicatura buscan ir más allá de un conocimiento profundo sobre los deportes, intentando formar más abiertamente a los profesionales del área. “Intentamos enseñar periodismo deportivo basado en la sociología del deporte, intentamos verlo no sólo como un hecho comercial, sino sobre todo como un fenómeno sociológico”, afirma Iasenza.

Primera tecnicatura públicaen periodismo deportivo

En este sentido, desde la Facultad de Periodismo se han emitido algunos co-municados o declaraciones repudiando y alarmando acerca de las condiciones de trabajo que se dan en el periódico. “En la Argentina tenemos un mapa de medios complicado, no todos los medios son plurales o democráticos, ni tienen una preocupación por la búsqueda de la ver-dad más allá de lo evidente, y este diario en particular forma parte de lo peor del periodismo de la ciudad de La Plata”, sos-tiene la decana de la Facultad de Perio-dismo, Florencia Saintout.

Voces e información alternativa

Desde hace ya tiempo y como una res-puesta ante la profunda concentración de las empresas masivas de comunicación, comenzaron a surgir diversos medios alternativos, cuyo principal objetivo es difundir aquella información que las gran-des corporaciones multimediáticas dejan a un lado y brindar espacios a los actores que no pueden acceder a medios masivos.

En la ciudad de La Plata existen nume-rosos portales de internet, radios, revistas y publicaciones realizadas por grupos u organizaciones ajenas a los grandes me-dios, que difunden temáticas que quedan

por fuera de las agendas mediáticas y que intentan que la comunicación no sea sólo una mera transmisión de información, sino que también pueda servir como una herramienta a los movimientos sociales y a diferentes sectores de la población.

En este sentido, en el año 2010, se formó la “Red de Periodistas del Palo”, un colectivo que busca crear lazos entre los diversos profesionales de la comunicación que se encuentran trabajando en los me-dios alternativos, o empleados de grandes medios que poseen la intención de traba-jar sobre diversas problemáticas sociales.

Entre sus integrantes se encuentran los portales web Indymedia La Plata y Prensa de Frente, Radio Futura, Radio Estación Sur, la revista La Pulseada, la agencia de noticias Anred, y diversos periodistas de radio de Diagonales, de Radio Provincia y del Diario Hoy. El objetivo principal de la Red es trabajar en conjunto y generar una agenda alternativa de información.

En este sentido, David Barresi, inte-grante de la Red de Periodistas del Palo afirma: “La idea era poder empezar a coordinar las experiencias de comunicación alternativa que trabajan con movimientos

sociales y con conflictos que se dan en la re-gión, y que poseen una visión diferente de la de los medios tradicionales. Se buscó tejer una red que pudiera articular tanto a gente que trabaja dentro de medios comerciales, como miembros de medios alternativos”.

Otro de los objetivos fue crear una agenda que incluya temáticas sociales que generalmente no se toman en los grandes medios, para que sean utilizadas por los trabajadores de medios masivos que for-man parte de la red. “Por ejemplo, unos compañeros de Radio Provincia hicieron un informativo interno donde se volcaron temáticas sociales para que se puedan ir replicando en cada uno de los programas. La idea de ellos es que se tomen este tipo de noticias en la radio”, cuenta Barresi.

La nueva Ley de Servicios de Comu-nicación Audiovisual, sancionada en el año 2010, toma en consideración a los medios alternativos, exponiendo la ne-cesidad de brindarles un reconocimiento legal y destinándole un porcentaje dentro del presupuesto consignado a los medios. Esta legislación podría abrir un nuevo ca-pítulo dentro del periodismo .

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Frente a esta situación, el Colectivo de Trabajadores de prensa ha realizado numerosas marchas, juntadas de firmas y denuncias. “Presentamos un expediente en el Ministerio de Trabajo en el 2010, se hicieron algunas inspecciones, pero siem-pre quedaron a mitad de camino, en el diario no dejaron entrar a las personas del Ministerio cuando fueron a hacer las inspecciones, porque en realidad hay una connivencia”, sostiene Suárez.

A pesar de las denuncias y de la clara situación de precarización laboral, el dia-rio cuenta con publicidad oficial. “A los directivos no les interesa el diario como un medio periodístico de información, sino que es un medio de extorsión, para conse-guir publicidad presionan a un político y si no se les da comienzan a publicar notas en contra”, afirma Ulises Rodríguez, ex tra-bajador del Diario Hoy.

Desde el Sindicato de Prensa Bo-naerense han radicado denuncias y presentaciones ante el Ministerio de Trabajo por las condiciones de empleo de los periodistas, pero, a pesar de las multas que se expusieron y que el Dia-rio Hoy no pagó, no se ha avanzado por regularizar la situación. “Mienten cuan-do dicen que eso es una fuente laboral, porque eso es una fuente de explotación, todos los que trabajaron ahí lo saben, es una fuente de explotación y de frustra-ción”, afirma Osvaldo Urriolabeitia.

En el año 2009, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP se convirtió en la primera unidad académica pública del país en incluir dentro de sus orientaciones la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, ya que esta rama de la profesión estuvo siempre ligada a la educación privada.

Cuando el plan de estudios fue delineado se buscó distanciarse de las caracterizaciones propias del resto de las escuelas de periodismo deportivo, intentando brindarle una mirada política y social a esta especialidad. En este sentido, el director del Departamento de Graduados de la Facultad, Sebastián Iasenza, sostiene: “Uno de los objetivos de la Tecnicatura es justamente hacer un nuevo periodista deportivo que no sólo esté capacitado para comentar o relatar un partido, o hacer un tipo de periodismo vinculado a la espectacularización del deporte”.

Las materias que se brindan dentro de la tecnicatura buscan ir más allá de un conocimiento profundo sobre los deportes, intentando formar más abiertamente a los profesionales del área. “Intentamos enseñar periodismo deportivo basado en la sociología del deporte, intentamos verlo no sólo como un hecho comercial, sino sobre todo como un fenómeno sociológico”, afirma Iasenza.

Primera tecnicatura públicaen periodismo deportivo

En este sentido, desde la Facultad de Periodismo se han emitido algunos co-municados o declaraciones repudiando y alarmando acerca de las condiciones de trabajo que se dan en el periódico. “En la Argentina tenemos un mapa de medios complicado, no todos los medios son plurales o democráticos, ni tienen una preocupación por la búsqueda de la ver-dad más allá de lo evidente, y este diario en particular forma parte de lo peor del periodismo de la ciudad de La Plata”, sos-tiene la decana de la Facultad de Perio-dismo, Florencia Saintout.

Voces e información alternativa

Desde hace ya tiempo y como una res-puesta ante la profunda concentración de las empresas masivas de comunicación, comenzaron a surgir diversos medios alternativos, cuyo principal objetivo es difundir aquella información que las gran-des corporaciones multimediáticas dejan a un lado y brindar espacios a los actores que no pueden acceder a medios masivos.

En la ciudad de La Plata existen nume-rosos portales de internet, radios, revistas y publicaciones realizadas por grupos u organizaciones ajenas a los grandes me-dios, que difunden temáticas que quedan

por fuera de las agendas mediáticas y que intentan que la comunicación no sea sólo una mera transmisión de información, sino que también pueda servir como una herramienta a los movimientos sociales y a diferentes sectores de la población.

En este sentido, en el año 2010, se formó la “Red de Periodistas del Palo”, un colectivo que busca crear lazos entre los diversos profesionales de la comunicación que se encuentran trabajando en los me-dios alternativos, o empleados de grandes medios que poseen la intención de traba-jar sobre diversas problemáticas sociales.

Entre sus integrantes se encuentran los portales web Indymedia La Plata y Prensa de Frente, Radio Futura, Radio Estación Sur, la revista La Pulseada, la agencia de noticias Anred, y diversos periodistas de radio de Diagonales, de Radio Provincia y del Diario Hoy. El objetivo principal de la Red es trabajar en conjunto y generar una agenda alternativa de información.

En este sentido, David Barresi, inte-grante de la Red de Periodistas del Palo afirma: “La idea era poder empezar a coordinar las experiencias de comunicación alternativa que trabajan con movimientos

sociales y con conflictos que se dan en la re-gión, y que poseen una visión diferente de la de los medios tradicionales. Se buscó tejer una red que pudiera articular tanto a gente que trabaja dentro de medios comerciales, como miembros de medios alternativos”.

Otro de los objetivos fue crear una agenda que incluya temáticas sociales que generalmente no se toman en los grandes medios, para que sean utilizadas por los trabajadores de medios masivos que for-man parte de la red. “Por ejemplo, unos compañeros de Radio Provincia hicieron un informativo interno donde se volcaron temáticas sociales para que se puedan ir replicando en cada uno de los programas. La idea de ellos es que se tomen este tipo de noticias en la radio”, cuenta Barresi.

La nueva Ley de Servicios de Comu-nicación Audiovisual, sancionada en el año 2010, toma en consideración a los medios alternativos, exponiendo la ne-cesidad de brindarles un reconocimiento legal y destinándole un porcentaje dentro del presupuesto consignado a los medios. Esta legislación podría abrir un nuevo ca-pítulo dentro del periodismo .

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1SALud Y SEGuRIdAd LABoRAL

Los peligrosos gajes del oficioLuego de las sistemáticas políticas neo-liberales de los años ’90, en Argentina todavía no sólo no se pudo erradicar el trabajo informal y precarizado, sino que además, los trabajadores continúan ex-puestos a accidentes y enfermedades profesionales. Reunimos opiniones cru-zadas sobre la legislación, las ART y los sindicatos, para trazar el complejo mapa de los riesgos laborales.

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Los peligrosos gajes del oficioLuego de las sistemáticas políticas neo-liberales de los años ’90, en Argentina todavía no sólo no se pudo erradicar el trabajo informal y precarizado, sino que además, los trabajadores continúan ex-puestos a accidentes y enfermedades profesionales. Reunimos opiniones cru-zadas sobre la legislación, las ART y los sindicatos, para trazar el complejo mapa de los riesgos laborales.

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Por Florencia Yanniello

El trabajo no debería ser un lugar en el que las personas estén expuestas a acci-dentes y enfermedades, sin embargo, las estadísticas demuestran que esto es una realidad. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las enfer-medades profesionales y los accidentes relacionados con el trabajo provocan cada año dos millones de muertes en el mundo. En Argentina, las cifras también son alar-mantes: los relevamientos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indi-can que en el año 2010, en el país, hubo 30.766 casos de accidentes y enfermedades laborales y 466.565 accidentes de trabajo. Además, hay reconocidos 22 mil casos de enfermedades profesionales, muchas de ellas mortales.

Argentina desarrolla un programa de Trabajo Decente, que impulsa la OIT, me-diante el cual se exige que el trabajador esté registrado, que tenga cobertura de la Seguridad Social y un ambiente sano y libre de riesgos para desempeñar su activi-dad. Sin embargo una gran cantidad de trabajadores mueren por año en accidentes laborales, o a causa de las llamadas “enfermedades profesionales”.

La precarización laboral y el trabajo en negro dificultan estas estadísticas. La SRT tiene registrados alrededor de 8 millones de trabajadores, de un total de 16 mi-llones y medio, es decir, que la mitad trabaja de manera informal y por ende no tiene cobertura ni figura en los registros.

Sistema de Riesgos del trabajo

En Argentina, la Ley que regula la salud y la seguridad de los trabajadores es la 24.557, de Riesgos del Trabajo, sancionada en el año 1995. Esta Ley creó el Sistema de Riesgos del Trabajo y su órgano de aplicación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), bajo el ala del Ministerio de Trabajo de la Nación. La SRT es el organis-mo con poder de policía a nivel nacional, mientras que las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Ley Federal del Trabajo, son quienes tienen ese poder para aplicar sanciones a los empleadores a través de las autoridades de traba-jo local, que trabajan articuladamente con la SRT.

El Sistema de Riesgos de Trabajo, contempla la presencia de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), un tipo de empresas especiales que tienen la obligación de asegurar los accidentes, garantizar la atención médica y pagar las indemnizaciones.

Entre sus funciones, la Superintendencia tiene la obligación de supervisar y fis-calizar el funcionamiento de las ART, además de controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, garantizar que se otorguen las pres-taciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidentes o enfermedades profesionales y mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales. En este último se anotan los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y se elaboran los índi-ces de siniestralidad.

“Nosotros somos el organismo que controla que las ART cumplan y si hay un tra-bajador o un empleador que no está satisfecho, puede recurrir a nosotros y aplicamos sanciones, multas, recomendaciones, para que las ART cumplan con su función”, señala Juan Horacio González Gaviola, superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación.

Además, la SRT debe promover la prevención para contribuir a trabajar en am-bientes laborales sanos y seguros, imponer las sanciones previstas en la Ley N° 24.557 y supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas (ver “Shell…”) y exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

“El Sistema de Riesgos del Trabajo no sólo previene los riesgos en el lugar de tra-bajo sino también a los que el trabajador está expuesto en el camino, que se conocen como en itinere y forman parte de un porcentaje importante en los accidentes labora-les”, explica González Gaviola.

¿trabajo es salud?

Los trabajadores generalmente están expuestos a dos tipos de riesgos: a los accidentes de trabajo, que son hechos súbitos o violentos, por ende, evidentes; y a las enfermedades profesionales. Estas últimas se producen como resultado direc-to del trabajo que realiza una persona, y en general transcurren paulatinamente, muchas veces sin que el afectado se dé cuenta, hasta que los síntomas revelan un estadío grave o irreversible.

“El accidente es una cosa aguda, el problema son aquellas cosas crónicas, paulati-nas, acumulativas, tales como el sonido, las vibraciones, los contaminantes químicos, físicos y biológicos, que aparecen luego de que el trabajador se retira y empieza a tener dolencias que estaban subcrónicas”, explica Daniel Sedán, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo y miembro del Cuerpo Consultivo Nacional sobre Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.

Desde la popular enfermedad de los telegrafistas, que tenían inflamaciones de ligamentos o tendones por realizar movimientos repetitivos con su dedo índice, hasta los más peligrosos tipos de cáncer en algunas industrias, son consideradas enfermedades laborales. El trabajador, se encuentra expuesto diariamente a facto-res que afectan su salud y que pueden alterar también la de su grupo familiar.

Si bien todas las actividades laborales tienen sus riesgos, hay algunas que por su modalidad son especialmente peligrosas. Según la SRT, las actividades en donde se registran mayores índices de siniestralidad son la construcción, los trabajos en altura o en excavaciones, las manufacturas, los aserraderos y los trabajos vincu-lados al agro. Los trabajadores de salud también representan un sector vulnera-ble, ya que están en constante exposición a enfermedades y residuos patogénicos. “Cada actividad tiene sus riesgos específicos, pero todo riesgo se puede minimizar con conductas y elementos apropiados”, señala Gonzáles Gaviola.

La cobertura médica de los trabajadores está a cargo de las ART. Son las asegu-radoras las que deben realizar análisis preventivos y garantizar la atención médica y el tratamiento de los trabajadores. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, el doctor Eduardo Rodríguez, médico laboral y jefe del Programa Salud del Trabaja-dor, explica que la exposición a factores que afectan a la salud se da las 24 horas del día y no sólo durante las ocho en las que el trabajador está en su empleo: “Debemos considerar la salud del trabajador y no en el trabajo, porque las cuestiones que tienen que ver con los riesgos a los que el trabajador está expuesto pueden aparecer después o incluso son llevadas al propio seno de la familia”.

Según la OIT, las cuatro principales causas de enfermedades mortales del tra-bajo a nivel mundial son el cáncer, los accidentes cerebro y cardiovasculares y las enfermedades transmisibles. “Lamentablemente podemos afirmar que las muertes vinculadas a las malas condiciones de trabajo superan las 7 mil muertes por año en el mundo. En nuestro país, el sistema de ART para la atención de prestaciones gasta en promedio el 1,5% de su presupuesto, es decir para el Sistema la enfermedad laboral no existe”, señala Orestes Galeano, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo y director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Con respecto a la legislación argentina en salud laboral, el doctor Rodríguez, del Ministerio de Salud, señala que “tiene fallas graves” por las cuales se escapan muchas cuestiones, desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento de enfer-medades profesionales y de la prevención. “La Ley 24.557 mejoró todo lo que tenía que ver con los riesgos del trabajo, ahora sabemos perfectamente cuántos se mueren, pero no sabemos cuántos se enferman. En enfermedades profesionales hay un vacío muy grande”, expresa.

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El trabajo no debería ser un lugar en el que las personas estén expuestas a acci-dentes y enfermedades, sin embargo, las estadísticas demuestran que esto es una realidad. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las enfer-medades profesionales y los accidentes relacionados con el trabajo provocan cada año dos millones de muertes en el mundo. En Argentina, las cifras también son alar-mantes: los relevamientos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indi-can que en el año 2010, en el país, hubo 30.766 casos de accidentes y enfermedades laborales y 466.565 accidentes de trabajo. Además, hay reconocidos 22 mil casos de enfermedades profesionales, muchas de ellas mortales.

Argentina desarrolla un programa de Trabajo Decente, que impulsa la OIT, me-diante el cual se exige que el trabajador esté registrado, que tenga cobertura de la Seguridad Social y un ambiente sano y libre de riesgos para desempeñar su activi-dad. Sin embargo una gran cantidad de trabajadores mueren por año en accidentes laborales, o a causa de las llamadas “enfermedades profesionales”.

La precarización laboral y el trabajo en negro dificultan estas estadísticas. La SRT tiene registrados alrededor de 8 millones de trabajadores, de un total de 16 mi-llones y medio, es decir, que la mitad trabaja de manera informal y por ende no tiene cobertura ni figura en los registros.

Sistema de Riesgos del trabajo

En Argentina, la Ley que regula la salud y la seguridad de los trabajadores es la 24.557, de Riesgos del Trabajo, sancionada en el año 1995. Esta Ley creó el Sistema de Riesgos del Trabajo y su órgano de aplicación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), bajo el ala del Ministerio de Trabajo de la Nación. La SRT es el organis-mo con poder de policía a nivel nacional, mientras que las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Ley Federal del Trabajo, son quienes tienen ese poder para aplicar sanciones a los empleadores a través de las autoridades de traba-jo local, que trabajan articuladamente con la SRT.

El Sistema de Riesgos de Trabajo, contempla la presencia de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), un tipo de empresas especiales que tienen la obligación de asegurar los accidentes, garantizar la atención médica y pagar las indemnizaciones.

Entre sus funciones, la Superintendencia tiene la obligación de supervisar y fis-calizar el funcionamiento de las ART, además de controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, garantizar que se otorguen las pres-taciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidentes o enfermedades profesionales y mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales. En este último se anotan los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y se elaboran los índi-ces de siniestralidad.

“Nosotros somos el organismo que controla que las ART cumplan y si hay un tra-bajador o un empleador que no está satisfecho, puede recurrir a nosotros y aplicamos sanciones, multas, recomendaciones, para que las ART cumplan con su función”, señala Juan Horacio González Gaviola, superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación.

Además, la SRT debe promover la prevención para contribuir a trabajar en am-bientes laborales sanos y seguros, imponer las sanciones previstas en la Ley N° 24.557 y supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas (ver “Shell…”) y exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

“El Sistema de Riesgos del Trabajo no sólo previene los riesgos en el lugar de tra-bajo sino también a los que el trabajador está expuesto en el camino, que se conocen como en itinere y forman parte de un porcentaje importante en los accidentes labora-les”, explica González Gaviola.

¿trabajo es salud?

Los trabajadores generalmente están expuestos a dos tipos de riesgos: a los accidentes de trabajo, que son hechos súbitos o violentos, por ende, evidentes; y a las enfermedades profesionales. Estas últimas se producen como resultado direc-to del trabajo que realiza una persona, y en general transcurren paulatinamente, muchas veces sin que el afectado se dé cuenta, hasta que los síntomas revelan un estadío grave o irreversible.

“El accidente es una cosa aguda, el problema son aquellas cosas crónicas, paulati-nas, acumulativas, tales como el sonido, las vibraciones, los contaminantes químicos, físicos y biológicos, que aparecen luego de que el trabajador se retira y empieza a tener dolencias que estaban subcrónicas”, explica Daniel Sedán, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo y miembro del Cuerpo Consultivo Nacional sobre Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.

Desde la popular enfermedad de los telegrafistas, que tenían inflamaciones de ligamentos o tendones por realizar movimientos repetitivos con su dedo índice, hasta los más peligrosos tipos de cáncer en algunas industrias, son consideradas enfermedades laborales. El trabajador, se encuentra expuesto diariamente a facto-res que afectan su salud y que pueden alterar también la de su grupo familiar.

Si bien todas las actividades laborales tienen sus riesgos, hay algunas que por su modalidad son especialmente peligrosas. Según la SRT, las actividades en donde se registran mayores índices de siniestralidad son la construcción, los trabajos en altura o en excavaciones, las manufacturas, los aserraderos y los trabajos vincu-lados al agro. Los trabajadores de salud también representan un sector vulnera-ble, ya que están en constante exposición a enfermedades y residuos patogénicos. “Cada actividad tiene sus riesgos específicos, pero todo riesgo se puede minimizar con conductas y elementos apropiados”, señala Gonzáles Gaviola.

La cobertura médica de los trabajadores está a cargo de las ART. Son las asegu-radoras las que deben realizar análisis preventivos y garantizar la atención médica y el tratamiento de los trabajadores. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, el doctor Eduardo Rodríguez, médico laboral y jefe del Programa Salud del Trabaja-dor, explica que la exposición a factores que afectan a la salud se da las 24 horas del día y no sólo durante las ocho en las que el trabajador está en su empleo: “Debemos considerar la salud del trabajador y no en el trabajo, porque las cuestiones que tienen que ver con los riesgos a los que el trabajador está expuesto pueden aparecer después o incluso son llevadas al propio seno de la familia”.

Según la OIT, las cuatro principales causas de enfermedades mortales del tra-bajo a nivel mundial son el cáncer, los accidentes cerebro y cardiovasculares y las enfermedades transmisibles. “Lamentablemente podemos afirmar que las muertes vinculadas a las malas condiciones de trabajo superan las 7 mil muertes por año en el mundo. En nuestro país, el sistema de ART para la atención de prestaciones gasta en promedio el 1,5% de su presupuesto, es decir para el Sistema la enfermedad laboral no existe”, señala Orestes Galeano, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo y director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Con respecto a la legislación argentina en salud laboral, el doctor Rodríguez, del Ministerio de Salud, señala que “tiene fallas graves” por las cuales se escapan muchas cuestiones, desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento de enfer-medades profesionales y de la prevención. “La Ley 24.557 mejoró todo lo que tenía que ver con los riesgos del trabajo, ahora sabemos perfectamente cuántos se mueren, pero no sabemos cuántos se enferman. En enfermedades profesionales hay un vacío muy grande”, expresa.

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Por su parte, Jorge Montero, delegado general de la Comisión Gremial Interna de la Refinería de Petróleo de Shell en Dock Sud, Avellaneda, manifiesta que en los registros oficiales de Argentina, las enfermedades profesionales que se detectan es-tán reducidas a hipoacusias, sobrecarga en el uso de la voz y posiciones forzadas o movimientos repetitivos y no así sobre la exposición a sustancias peligrosas. “Para nosotros la cuestión de la salud laboral siempre fue prioritaria, nadie le da importancia a las enfermedades profesionales”, expresa.

Está prácticamente naturalizado que los trabajadores pueden contraer enferme-dades trabajando. Incluso, existe el “plus por riesgo”, es decir, cuando a un trabajador le pagan más dinero por realizar alguna actividad riesgosa. “Todavía hay lugares en donde está institucionalizado el plus por riesgo. Es decirle al trabajador que le pagan más para que se arriesgue a enfermarse. Esto no debería existir, es lo más antiético y antiprofesional que existe”, expresa Rodríguez, del Programa Salud del Trabajador. Asimismo, señala que algunos sindicatos defienden el plus por riesgo. “Yo digo que no hay que eliminarlo como elemento participante del sueldo, sino que hay que incor-porarlo, pero dejar de llamarlo así, porque eso implica la aceptación del trabajador a exponerse por más dinero. La pelea por el aumento del salario, no debe pasar por la salud”, manifiesta.

En este sentido, Jorge Montero, delegado gremial de Shell, expresa que con la Ley de Riesgos del Trabajo, se profundizó el antiguo problema de la salud laboral, las muertes por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. “Con la Ley apare-cieron las llamadas ART, y la salud pasó a ser un negocio”, denuncia.

Responsabilidades compartidas

“El responsable fundamental de que el trabajo sea seguro es el empleador, es quien tie-ne que dotar al trabajador de un ambiente de seguridad, lugares ordenados, adecuados, en cuanto a ventilación, iluminación, orden y limpieza y cantidad de metros cúbicos por perso-na, eso en términos generales”, manifiesta el superintendente de Riesgos del Trabajo.

Además del empleador, el Estado también es un responsable fundamental de la salud y la seguridad de los trabajadores. En este sentido, González Gaviola ex-presa: “El rol del Estado está basado en un trípode formativo, normativo e inspectivo. Argentina es uno de los pocos países que ha podido definir una política nacional en ma-teria de salud y seguridad”.

El superintendente destaca que el año pasado la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, declaró el 2011 como el año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. “Pudimos firmar en forma tripartita, con la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), distintas organi-zaciones de los empresarios grandes y chicos y las provincias, una estrategia quinquenal en materia de salud y seguridad en el trabajo, que fija objetivos claros y precisos”, explica.

El Estado, a través de la Superintendencia, es quien debe controlar a las ART y muchas veces ese rol es cuestionado. En este sentido, Eduardo Rodríguez señala que durante la década del ‘90 el pasaje de responsabilidades de la Nación a las provincias provocó una grave flexibilización laboral. “El Ministerio de Trabajo de la Nación, pasó el control a las provincias cuando muchas de ellas no tienen áreas de trabajo suficiente-mente desarrolladas como para poder hacerlo. Si no hay quien controle desde el Estado a las ART, que tienen su sistema de lucro, se genera una distorsión y el sistema se vuelve perverso. Eso es lo que hay que cambiar”.

Sobre este tema, Jorge Montero, delegado de Shell dice que lo ideal sería un sistema en el que el Estado regule y fiscalice a las empresas, sin intermediarios. “Hay un choque de intereses muy grande y el único que podría hipotéticamente salvarlo, sería el Estado”.

Mientras que, en la misma línea, Orestes Galeano, de ATE, denuncia que el gobierno hoy garantiza “el negocio de la salud de los trabajadores”. “Pese a la gran cantidad de inconstitucionalidades que tiene, la Ley de Riesgos del Trabajo sigue vigente, y para hacer valer los derechos de los trabajadores es necesario ir a juicio. Las administraciones del tra-bajo deberían controlar seriamente el cumplimiento de la legislación”, agrega Galeano.

Las polémicas ARt

Existen numerosos cuestionamientos a la Ley de Riesgos del Trabajo; desde di-versos sectores consideran que tiene vacíos legales importantes. Uno de los puntos más cuestionados es el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, ya que mu-chos no están de acuerdo con que sean empresas privadas con fines de lucro las que regulen la salud y la seguridad de los trabajadores.

Seguridad e Higiene en la universidadQuienes se especializan en el tema de seguridad en el trabajo, por lo general, licenciados en Seguridad e Higiene, deben estudiar en una universidad privada, ya que las públicas no dictan la carrera de grado. “En las universidades públicas se dictan únicamente los posgrados en ingeniería laboral o las especializaciones en higiene laboral, habilitadas por la Ley. Para hacer Seguridad e Higiene, uno tiene que ser ingeniero o arquitecto, lo obligan a pasar por una carrera que quizás no es la propia vocación”. En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, funciona desde el año 2006, la Comisión de Seguridad e Higiene. Desde allí se manifiesta una gran preocupación por este tema. Se trabaja en la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades de los trabajadores docentes y no docentes, y de los alumnos.“Empezamos a trabajar con las mayores preocupaciones que teníamos. Una de ellas era qué hacer con los residuos ya que es una Facultad que genera residuos peligrosos y patogénicos en cantidades importantes. Además nos planteamos qué hacer en una situación de emergencia, cómo hacer las evacuaciones y capacitar a la gente”, explica Gustavo Risso, director de Seguridad e Higiene de la Facultad.Desde la Comisión se trabaja articuladamente con la Dirección de Seguridad e Higiene de la UNLP. “Empezamos también con un trabajo de formación y capacitación a los ingresantes de la Facultad. Para nuestras capacitaciones viene gente de Seguridad e Higiene, abogados y psicólogos. Entre todos vamos armando paneles, reuniones y mezclando personal docente, no docente, investigadores y alumnos”, señala Risso.

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Por su parte, Jorge Montero, delegado general de la Comisión Gremial Interna de la Refinería de Petróleo de Shell en Dock Sud, Avellaneda, manifiesta que en los registros oficiales de Argentina, las enfermedades profesionales que se detectan es-tán reducidas a hipoacusias, sobrecarga en el uso de la voz y posiciones forzadas o movimientos repetitivos y no así sobre la exposición a sustancias peligrosas. “Para nosotros la cuestión de la salud laboral siempre fue prioritaria, nadie le da importancia a las enfermedades profesionales”, expresa.

Está prácticamente naturalizado que los trabajadores pueden contraer enferme-dades trabajando. Incluso, existe el “plus por riesgo”, es decir, cuando a un trabajador le pagan más dinero por realizar alguna actividad riesgosa. “Todavía hay lugares en donde está institucionalizado el plus por riesgo. Es decirle al trabajador que le pagan más para que se arriesgue a enfermarse. Esto no debería existir, es lo más antiético y antiprofesional que existe”, expresa Rodríguez, del Programa Salud del Trabajador. Asimismo, señala que algunos sindicatos defienden el plus por riesgo. “Yo digo que no hay que eliminarlo como elemento participante del sueldo, sino que hay que incor-porarlo, pero dejar de llamarlo así, porque eso implica la aceptación del trabajador a exponerse por más dinero. La pelea por el aumento del salario, no debe pasar por la salud”, manifiesta.

En este sentido, Jorge Montero, delegado gremial de Shell, expresa que con la Ley de Riesgos del Trabajo, se profundizó el antiguo problema de la salud laboral, las muertes por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. “Con la Ley apare-cieron las llamadas ART, y la salud pasó a ser un negocio”, denuncia.

Responsabilidades compartidas

“El responsable fundamental de que el trabajo sea seguro es el empleador, es quien tie-ne que dotar al trabajador de un ambiente de seguridad, lugares ordenados, adecuados, en cuanto a ventilación, iluminación, orden y limpieza y cantidad de metros cúbicos por perso-na, eso en términos generales”, manifiesta el superintendente de Riesgos del Trabajo.

Además del empleador, el Estado también es un responsable fundamental de la salud y la seguridad de los trabajadores. En este sentido, González Gaviola ex-presa: “El rol del Estado está basado en un trípode formativo, normativo e inspectivo. Argentina es uno de los pocos países que ha podido definir una política nacional en ma-teria de salud y seguridad”.

El superintendente destaca que el año pasado la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, declaró el 2011 como el año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. “Pudimos firmar en forma tripartita, con la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), distintas organi-zaciones de los empresarios grandes y chicos y las provincias, una estrategia quinquenal en materia de salud y seguridad en el trabajo, que fija objetivos claros y precisos”, explica.

El Estado, a través de la Superintendencia, es quien debe controlar a las ART y muchas veces ese rol es cuestionado. En este sentido, Eduardo Rodríguez señala que durante la década del ‘90 el pasaje de responsabilidades de la Nación a las provincias provocó una grave flexibilización laboral. “El Ministerio de Trabajo de la Nación, pasó el control a las provincias cuando muchas de ellas no tienen áreas de trabajo suficiente-mente desarrolladas como para poder hacerlo. Si no hay quien controle desde el Estado a las ART, que tienen su sistema de lucro, se genera una distorsión y el sistema se vuelve perverso. Eso es lo que hay que cambiar”.

Sobre este tema, Jorge Montero, delegado de Shell dice que lo ideal sería un sistema en el que el Estado regule y fiscalice a las empresas, sin intermediarios. “Hay un choque de intereses muy grande y el único que podría hipotéticamente salvarlo, sería el Estado”.

Mientras que, en la misma línea, Orestes Galeano, de ATE, denuncia que el gobierno hoy garantiza “el negocio de la salud de los trabajadores”. “Pese a la gran cantidad de inconstitucionalidades que tiene, la Ley de Riesgos del Trabajo sigue vigente, y para hacer valer los derechos de los trabajadores es necesario ir a juicio. Las administraciones del tra-bajo deberían controlar seriamente el cumplimiento de la legislación”, agrega Galeano.

Las polémicas ARt

Existen numerosos cuestionamientos a la Ley de Riesgos del Trabajo; desde di-versos sectores consideran que tiene vacíos legales importantes. Uno de los puntos más cuestionados es el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, ya que mu-chos no están de acuerdo con que sean empresas privadas con fines de lucro las que regulen la salud y la seguridad de los trabajadores.

Seguridad e Higiene en la universidadQuienes se especializan en el tema de seguridad en el trabajo, por lo general, licenciados en Seguridad e Higiene, deben estudiar en una universidad privada, ya que las públicas no dictan la carrera de grado. “En las universidades públicas se dictan únicamente los posgrados en ingeniería laboral o las especializaciones en higiene laboral, habilitadas por la Ley. Para hacer Seguridad e Higiene, uno tiene que ser ingeniero o arquitecto, lo obligan a pasar por una carrera que quizás no es la propia vocación”. En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, funciona desde el año 2006, la Comisión de Seguridad e Higiene. Desde allí se manifiesta una gran preocupación por este tema. Se trabaja en la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades de los trabajadores docentes y no docentes, y de los alumnos.“Empezamos a trabajar con las mayores preocupaciones que teníamos. Una de ellas era qué hacer con los residuos ya que es una Facultad que genera residuos peligrosos y patogénicos en cantidades importantes. Además nos planteamos qué hacer en una situación de emergencia, cómo hacer las evacuaciones y capacitar a la gente”, explica Gustavo Risso, director de Seguridad e Higiene de la Facultad.Desde la Comisión se trabaja articuladamente con la Dirección de Seguridad e Higiene de la UNLP. “Empezamos también con un trabajo de formación y capacitación a los ingresantes de la Facultad. Para nuestras capacitaciones viene gente de Seguridad e Higiene, abogados y psicólogos. Entre todos vamos armando paneles, reuniones y mezclando personal docente, no docente, investigadores y alumnos”, señala Risso.

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La refinería de la empresa petrolera Shell CAPSA, ubicada en Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, representa un caso emblemático con respecto a la salud de los trabajadores. En el mes de octubre de 2011, la Comisión Gremial Interna denunció a Shell ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por la exposición a asbesto de sus trabajadores, ya que tuvieron un caso fatal reconocido por la SRT, uno de los pocos registrados en el país de esta enfermedad profesional llamada mesotelioma de pleura.“Empezamos a construir nuestras propias estadísticas, a charlar con nuestros compañeros más grandes, con los jubilados, con las familias de trabajadores que fallecieron, para saber de qué murieron. Tenemos muy poca sobrevida en la refinería, son años

En este sentido, el superintendente Gonzáles Gaviola manifiesta: “La Ley de Sistema de Riesgos del Trabajo tiene una serie de elementos buenos que nos han per-mitido mayor accesibilidad del trabajador al pago de los salarios caídos y de las pres-taciones médicas, pero tiene también elementos malos, ya que desde un comienzo fue mezquina con los trabajadores y ha sufrido varias inconstitucionalidades”.

Desde ATE, el director nacional de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Orestes Galeano, denuncia que el sistema de ART fue creado por el menemismo y que “hoy en día es un negocio de doce mil millones de pesos”. Galeano, asegura que “no sirvió para mejorar la prevención, sino todo lo contrario”.

Por su parte, Rodríguez, del Programa Salud del Trabajador del Ministerio de Salud de la Nación, expresa: “Con el tema de las ART la cuestión es que se le da al pri-vado la posibilidad de ser voz y parte. Trabajan con la empresa, son a su vez quienes controlan a la empresa y encima tienen un fin de lucro”.

Actualmente el Ejecutivo Nacional impulsa una modificación de la Ley 24.557 que cambiará una serie de artículos y promoverá la creación de comisiones mixtas, con participación de los trabajadores, la creación de un fondo especial para cubrir los gastos de los accidentes en itinere y la ampliación de las enfermedades laborales a hernias, várices y patologías de la columna.

“En el cambio normativo haremos hincapié en el tema preventivo y en una accesibilidad mayor de los trabajadores a algunos derechos que hoy todavía no logran si no van a la justicia. Además pretendemos darle más previsibilidad al empleador con el sistema de ase-guramiento, para que los cubra más integralmente”, explica Gonzáles Gaviola, de la SRT.

La Ley dispondrá además la obligación de las ART de visitar las empresas por lo menos una vez al año, para controlar sus sistemas de seguridad, y la conformación de una indemnización ampliada para reducir las judicializaciones.

El proyecto oficial, sin embargo, despierta críticas desde algunos sectores de tra-bajadores y sindicatos. Jorge Montero, delegado de Shell, manifiesta: “El objetivo de esta modificación de la Ley, es evitar que el trabajador le pueda hacer juicio a la empre-sa. Es una farsa este cambio, una pintada de cara”.

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de estar trabajando con elementos tóxicos o químicos”, explica Jorge Montero, delegado de la Comisión Interna de Shell.Los trabajadores relevaron 180 casos y con un panorama de las patologías le exigieron a la empresa que elaborara informes. “Había distintos tipos de cáncer, infecciones, parálisis y casos de intoxicación por asbesto. Tuvieron que hacer relevamientos en todas las plantas de la refinería”, recuerda Montero.La inspección de la SRT, que duró casi cuatro días, originó más de 40 infracciones de todo tipo, y además exigió a Shell lo que los trabajadores habían demandado originalmente: radiografías y espirometrías para todos los trabajadores de planta, propios o tercerizados.Esto originó un gran revuelo en la empresa, que es una de las pocas

autoaseguradas, es decir que no contrata una ART, sino que ella misma asegura a sus trabajadores. “Shell no tiene ART, la ART es la propia empresa. Manejan el servicio de salud, y la obra social. Así controlan tu salud y la de tu grupo familiar, saben qué vida útil tenés, cuál es el mejor momento para echarte, porque saben qué gastos vas a tener en la cuestión médica y el autoseguro. Es un inmenso paquete y esto está permitido en la ley”, explica Montero.El delegado señala que tras una segunda recorrida de tres días por la refinería en el mes de abril de este año, los inspectores labraron nuevas infracciones. “Sin embargo, el expediente está congelado en la SRT, no sabemos cómo va a seguir esta cuestión. Pero insistimos y buscamos nuevas formas de presión”, concluye.

Shell: autoseguro y polémica

En otros países los sistemas de seguros son diferentes. En España por ejemplo, las ART no son empresas, por el contrario, son organizaciones sin fines de lucro. El licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Daniel Sedán, destaca que existen modelos alternativos de Riesgos del Trabajo. “Funcionan mejor en el mundo las orga-nizaciones de este tipo que son sin fines de lucro, y el Estado regulando, inspeccionando y controlando. Con un modelo similar tendríamos una industria mucho más segura. Es lamentable, pero hoy no sabemos si el que sale a trabajar va a volver”.

Con respecto a este tema, Orestes Galeano, de ATE, señala: “En principio el sis-tema de reparación de daños debe ser un complemento de un verdadero sistema de seguridad social. Un ejemplo puede ser el sistema uruguayo, en donde las prestaciones son atendidas por un banco de seguros administrado por el Estado”.

La mayoría de los sectores vinculados al trabajo concuerdan en que debería ser el Estado el que controle directamente a las empresas, sin intermediarios. En este senti-do el delegado de Shell agrega: “La patronal le paga a la ART y las dos acuerdan ganar la mayor cantidad de plata, entonces al trabajador le bajan la indemnización, le dan el alta enseguida, lo corren por todos lados. Es como poner el zorro a cuidar a las gallinas”.

Prevención y riesgo cero

Además de mejorar las políticas de asistencia de los trabajadores, los especia-listas insisten en que la prevención es una de las patas fundamentales para reducir los accidentes y las enfermedades laborales. “Todo es riesgoso, el tema es tener claro cuáles son los aspectos de prevención, a lo que no damos tanta importancia y hay un vacío legal muy grande, ya que se mide con índices reactivos, es decir una vez produci-do el accidente”, señala Daniel Sedán, quien además es docente titular de la Escuela Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina.

De esta forma Sedán agrega: “Es muy importante la prevención porque siempre va a haber accidentes, pero tenemos que tender al ‘accidente cero’, al menos al ‘riesgo cero’. A algunos riesgos se los puede eliminar o tener bajo control y a otros se los puede tener se-ñalizados o controlados. Si se hace un mapeo permanente, se va a tener un control total”.

Desde el Programa Salud del Trabajador, del Ministerio de Salud de la Nación, Eduardo Rodríguez explica que desde el área que coordina se prioriza lo preventivo. “Trabajamos con riesgos, no con enfermedades. No tratamos la curación de una enferme-dad, sino que tratamos de ver la manera de que directamente no aparezca”, expresa.

Por su parte, el superintendente Gonzáles Gaviola explica que también desde la SRT trabajan en esa línea: “Estamos tratando de avanzar de un sistema de prevención secundaria, a un mapa de prevención primaria. Es decir no ir detrás del accidente, sino ver cuándo el riesgo está latente”.

Para algunos, la clave de la prevención está en la educación. “Yo creo que en la instrucción está el secreto. Hay que incorporar la temática, ya en la escuela, en el pre-escolar. Una vez que haya tres o cuatro generaciones conociendo el tema de seguridad, van a cambiar las cosas”, expresa Sedán.

González Gaviola agrega que actualmente están generando desde la SRT mate-riales educativos y didácticos para trabajar en la prevención. “Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, estamos filmando con Canal Encuentro cuatro unitarios vinculados a las áreas en las que hay más siniestralidad –construcción, trabajo en aserraderos, trabajo agrícola y manufacturas–, y trabajando incluso en un videojuego para que los chicos en la escuela puedan ver cómo prevenir los riesgos y que se vaya gestando esta conciencia que queremos generar”, concluye .

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La refinería de la empresa petrolera Shell CAPSA, ubicada en Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, representa un caso emblemático con respecto a la salud de los trabajadores. En el mes de octubre de 2011, la Comisión Gremial Interna denunció a Shell ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por la exposición a asbesto de sus trabajadores, ya que tuvieron un caso fatal reconocido por la SRT, uno de los pocos registrados en el país de esta enfermedad profesional llamada mesotelioma de pleura.“Empezamos a construir nuestras propias estadísticas, a charlar con nuestros compañeros más grandes, con los jubilados, con las familias de trabajadores que fallecieron, para saber de qué murieron. Tenemos muy poca sobrevida en la refinería, son años

En este sentido, el superintendente Gonzáles Gaviola manifiesta: “La Ley de Sistema de Riesgos del Trabajo tiene una serie de elementos buenos que nos han per-mitido mayor accesibilidad del trabajador al pago de los salarios caídos y de las pres-taciones médicas, pero tiene también elementos malos, ya que desde un comienzo fue mezquina con los trabajadores y ha sufrido varias inconstitucionalidades”.

Desde ATE, el director nacional de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Orestes Galeano, denuncia que el sistema de ART fue creado por el menemismo y que “hoy en día es un negocio de doce mil millones de pesos”. Galeano, asegura que “no sirvió para mejorar la prevención, sino todo lo contrario”.

Por su parte, Rodríguez, del Programa Salud del Trabajador del Ministerio de Salud de la Nación, expresa: “Con el tema de las ART la cuestión es que se le da al pri-vado la posibilidad de ser voz y parte. Trabajan con la empresa, son a su vez quienes controlan a la empresa y encima tienen un fin de lucro”.

Actualmente el Ejecutivo Nacional impulsa una modificación de la Ley 24.557 que cambiará una serie de artículos y promoverá la creación de comisiones mixtas, con participación de los trabajadores, la creación de un fondo especial para cubrir los gastos de los accidentes en itinere y la ampliación de las enfermedades laborales a hernias, várices y patologías de la columna.

“En el cambio normativo haremos hincapié en el tema preventivo y en una accesibilidad mayor de los trabajadores a algunos derechos que hoy todavía no logran si no van a la justicia. Además pretendemos darle más previsibilidad al empleador con el sistema de ase-guramiento, para que los cubra más integralmente”, explica Gonzáles Gaviola, de la SRT.

La Ley dispondrá además la obligación de las ART de visitar las empresas por lo menos una vez al año, para controlar sus sistemas de seguridad, y la conformación de una indemnización ampliada para reducir las judicializaciones.

El proyecto oficial, sin embargo, despierta críticas desde algunos sectores de tra-bajadores y sindicatos. Jorge Montero, delegado de Shell, manifiesta: “El objetivo de esta modificación de la Ley, es evitar que el trabajador le pueda hacer juicio a la empre-sa. Es una farsa este cambio, una pintada de cara”.

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autoaseguradas, es decir que no contrata una ART, sino que ella misma asegura a sus trabajadores. “Shell no tiene ART, la ART es la propia empresa. Manejan el servicio de salud, y la obra social. Así controlan tu salud y la de tu grupo familiar, saben qué vida útil tenés, cuál es el mejor momento para echarte, porque saben qué gastos vas a tener en la cuestión médica y el autoseguro. Es un inmenso paquete y esto está permitido en la ley”, explica Montero.El delegado señala que tras una segunda recorrida de tres días por la refinería en el mes de abril de este año, los inspectores labraron nuevas infracciones. “Sin embargo, el expediente está congelado en la SRT, no sabemos cómo va a seguir esta cuestión. Pero insistimos y buscamos nuevas formas de presión”, concluye.

Shell: autoseguro y polémica

En otros países los sistemas de seguros son diferentes. En España por ejemplo, las ART no son empresas, por el contrario, son organizaciones sin fines de lucro. El licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Daniel Sedán, destaca que existen modelos alternativos de Riesgos del Trabajo. “Funcionan mejor en el mundo las orga-nizaciones de este tipo que son sin fines de lucro, y el Estado regulando, inspeccionando y controlando. Con un modelo similar tendríamos una industria mucho más segura. Es lamentable, pero hoy no sabemos si el que sale a trabajar va a volver”.

Con respecto a este tema, Orestes Galeano, de ATE, señala: “En principio el sis-tema de reparación de daños debe ser un complemento de un verdadero sistema de seguridad social. Un ejemplo puede ser el sistema uruguayo, en donde las prestaciones son atendidas por un banco de seguros administrado por el Estado”.

La mayoría de los sectores vinculados al trabajo concuerdan en que debería ser el Estado el que controle directamente a las empresas, sin intermediarios. En este senti-do el delegado de Shell agrega: “La patronal le paga a la ART y las dos acuerdan ganar la mayor cantidad de plata, entonces al trabajador le bajan la indemnización, le dan el alta enseguida, lo corren por todos lados. Es como poner el zorro a cuidar a las gallinas”.

Prevención y riesgo cero

Además de mejorar las políticas de asistencia de los trabajadores, los especia-listas insisten en que la prevención es una de las patas fundamentales para reducir los accidentes y las enfermedades laborales. “Todo es riesgoso, el tema es tener claro cuáles son los aspectos de prevención, a lo que no damos tanta importancia y hay un vacío legal muy grande, ya que se mide con índices reactivos, es decir una vez produci-do el accidente”, señala Daniel Sedán, quien además es docente titular de la Escuela Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina.

De esta forma Sedán agrega: “Es muy importante la prevención porque siempre va a haber accidentes, pero tenemos que tender al ‘accidente cero’, al menos al ‘riesgo cero’. A algunos riesgos se los puede eliminar o tener bajo control y a otros se los puede tener se-ñalizados o controlados. Si se hace un mapeo permanente, se va a tener un control total”.

Desde el Programa Salud del Trabajador, del Ministerio de Salud de la Nación, Eduardo Rodríguez explica que desde el área que coordina se prioriza lo preventivo. “Trabajamos con riesgos, no con enfermedades. No tratamos la curación de una enferme-dad, sino que tratamos de ver la manera de que directamente no aparezca”, expresa.

Por su parte, el superintendente Gonzáles Gaviola explica que también desde la SRT trabajan en esa línea: “Estamos tratando de avanzar de un sistema de prevención secundaria, a un mapa de prevención primaria. Es decir no ir detrás del accidente, sino ver cuándo el riesgo está latente”.

Para algunos, la clave de la prevención está en la educación. “Yo creo que en la instrucción está el secreto. Hay que incorporar la temática, ya en la escuela, en el pre-escolar. Una vez que haya tres o cuatro generaciones conociendo el tema de seguridad, van a cambiar las cosas”, expresa Sedán.

González Gaviola agrega que actualmente están generando desde la SRT mate-riales educativos y didácticos para trabajar en la prevención. “Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, estamos filmando con Canal Encuentro cuatro unitarios vinculados a las áreas en las que hay más siniestralidad –construcción, trabajo en aserraderos, trabajo agrícola y manufacturas–, y trabajando incluso en un videojuego para que los chicos en la escuela puedan ver cómo prevenir los riesgos y que se vaya gestando esta conciencia que queremos generar”, concluye .

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El pasado 24 de mayo en el predio la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se llevó adelante un encuentro con diversas asambleas vinculadas a temáticas socio-ambientales de la región, con la finalidad de involucrar y comprometer a la Universidad con la realidad en la cual está inserta, brindando herramientas y estableciendo contactos con los vecinos que resisten ante los embates de industrias y prácticas contaminantes.

El encuentro con las asambleas se llevó adelante en el marco de la realización del VII Congreso de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), una organización que reúne universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El mismo fue realizado bajo la consigna “Conocimiento para superar la crisis civilizatoria en el cono sur de América”, en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, entre los días 22 y 24 de mayo.

Del encuentro participaron numerosas organizaciones y asambleas vecinales, entre ellas: la Asamblea Vecinal del Barrio Mosconi, afectada por la contaminación producida por YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales); la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el traslado de la Subestación Riagolleau, movilizados por las consecuencias que genera la Central Eléctrica Subestación “Rigolleau”; la Asamblea contra el desmonte en Berisso; integrantes y guardaparques de la Asamblea del Parque Pereyra Iraola, que resisten la instalación de la autopista Presidente Perón; integrantes del Vivero El Albardón; el Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, involucrados contra las fumigaciones en las vías de tren y contra la destrucción de la costa; la Multisectorial en Defensa de las tierras de Villa Arguello de Berisso; miembros de la organización Barrial La Falcone; de la ONG artística Ala Plástica y de la Asamblea por el Río de Bernal.

Para trabajar operativamente y poder brindar un espacio de expresión a todos los vecinos y asambleístas, el encuentro fue dividido en varias mesas de trabajo. De esta forma se debatieron las consecuencias que producen las distintas problemáticas socio-ambientales y la percepción del entorno que cada uno tiene; las políticas y programas llevados adelante por los diversos organismos y entes del Estado en materia ambiental; y el rol que ocupan las universidades en estos conflictos.

Al inicio del encuentro y haciendo referencia al rol particular de la Facultad de Ciencias Exactas, Darío Andrinolo, integrante del Programa Ambiental de Extensión Universitaria (PAEU), afirmó: “Nosotros empezamos a desarrollar lo ambiental como un eje a trabajar profundamente, en tanto el ambiente está dando cuenta de cómo el desarrollo que mercantiliza a las personas, la producción, los bienes y los servicios, está a contrapelo del bienestar general de la población. Queremos hacer este encuentro para empezar a conversar entre nosotros qué importancia se le da y cómo se trata el ambiente a nivel político”.

Con lo debatido en las distintas mesas de trabajo y con el aporte realizado por los integrantes de las asambleas se consensuó un documento que fue entregado hacia el final del Congreso de AUGM a sus organizadores y también a las autoridades del Consejo Social de la UNLP. En el mismo se expone la posición con respecto a las problemáticas ambientales que se dan en Argentina y la región.

A través de la conclusión a la que se llegó en el encuentro se pretende informar a la Universidad sobre las problemáticas ambientales de la región y acerca de las luchas que las poblaciones están llevando adelante. En este sentido, Ángela León Peláez, integrante del PAEU, afirmó: “El objetivo de este encuentro es poder reunirnos para trabajar sobre puntos centrales y poder armar un documento para ser presentado ante el Consejo Social de la Universidad, pero también para que sea una herramienta de trabajo, que pueda ser utilizada en el marco de la lucha que lleva adelante cada organización”.

En el marco del encuentro se trabajó en generar y fortalecer el vínculo entre la Facultad y los vecinos que se movilizan por conflictos socio-ambientales, resaltando la importancia de que las unidades académicas puedan brindar herramientas y ayuda a las asambleas. “Es fundamental que la Facultad desarrolle estas actividades que acercan a la comunidad a debatir y a llevar acciones en conjunto. Esta iniciativa demostró que se pueden abordar las diferentes problemáticas ambientales de manera articulada, y permite que la Facultad se ponga a disposición de las necesidades de nuestro pueblo”, sostiene Andrea Ghizzoni, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas.

D.M

JoRNAdA CoN ASAMBLEAS Y oRGANIzACIoNES VECINALES

En el marco del VII Congreso de la AUGM celebrado los días 22, 23 y 24 de mayo, la Facultad de Ciencias Exactas llevó adelante una reunión con diversas uniones vecinales movilizadas por problemáticas socio-ambientales de la región, con el objetivo de vincular la universidad con las luchas contra la contaminación ambiental. Como resultado del encuentro se consensuó un documento final que fue presentado durante la realización del Congreso y a las autoridades del Consejo Social de la UNLP.

Contaminación electromagnética: distintos resultados dentro de la uNLP

En el encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Exactas en el marco del VII Congreso de la AUGM, se entregó a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el traslado de la

Subestación Riagolleau un documento preliminar acerca del análisis que la Facultad realizó en la zona de Berazategui sobre el impacto que genera la contaminación electromagnética.

El estudio brinda una herramienta a la Asamblea bajo la cual ampararse para llevar adelante su lucha y rebatir lo expuesto en un documento realizado por la Facultad de Ciencias Médicas de

la UNLP, en el cual se manifestó que el accionar de la central no produce afecciones a la salud.

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El pasado 24 de mayo en el predio la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se llevó adelante un encuentro con diversas asambleas vinculadas a temáticas socio-ambientales de la región, con la finalidad de involucrar y comprometer a la Universidad con la realidad en la cual está inserta, brindando herramientas y estableciendo contactos con los vecinos que resisten ante los embates de industrias y prácticas contaminantes.

El encuentro con las asambleas se llevó adelante en el marco de la realización del VII Congreso de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), una organización que reúne universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El mismo fue realizado bajo la consigna “Conocimiento para superar la crisis civilizatoria en el cono sur de América”, en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, entre los días 22 y 24 de mayo.

Del encuentro participaron numerosas organizaciones y asambleas vecinales, entre ellas: la Asamblea Vecinal del Barrio Mosconi, afectada por la contaminación producida por YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales); la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el traslado de la Subestación Riagolleau, movilizados por las consecuencias que genera la Central Eléctrica Subestación “Rigolleau”; la Asamblea contra el desmonte en Berisso; integrantes y guardaparques de la Asamblea del Parque Pereyra Iraola, que resisten la instalación de la autopista Presidente Perón; integrantes del Vivero El Albardón; el Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, involucrados contra las fumigaciones en las vías de tren y contra la destrucción de la costa; la Multisectorial en Defensa de las tierras de Villa Arguello de Berisso; miembros de la organización Barrial La Falcone; de la ONG artística Ala Plástica y de la Asamblea por el Río de Bernal.

Para trabajar operativamente y poder brindar un espacio de expresión a todos los vecinos y asambleístas, el encuentro fue dividido en varias mesas de trabajo. De esta forma se debatieron las consecuencias que producen las distintas problemáticas socio-ambientales y la percepción del entorno que cada uno tiene; las políticas y programas llevados adelante por los diversos organismos y entes del Estado en materia ambiental; y el rol que ocupan las universidades en estos conflictos.

Al inicio del encuentro y haciendo referencia al rol particular de la Facultad de Ciencias Exactas, Darío Andrinolo, integrante del Programa Ambiental de Extensión Universitaria (PAEU), afirmó: “Nosotros empezamos a desarrollar lo ambiental como un eje a trabajar profundamente, en tanto el ambiente está dando cuenta de cómo el desarrollo que mercantiliza a las personas, la producción, los bienes y los servicios, está a contrapelo del bienestar general de la población. Queremos hacer este encuentro para empezar a conversar entre nosotros qué importancia se le da y cómo se trata el ambiente a nivel político”.

Con lo debatido en las distintas mesas de trabajo y con el aporte realizado por los integrantes de las asambleas se consensuó un documento que fue entregado hacia el final del Congreso de AUGM a sus organizadores y también a las autoridades del Consejo Social de la UNLP. En el mismo se expone la posición con respecto a las problemáticas ambientales que se dan en Argentina y la región.

A través de la conclusión a la que se llegó en el encuentro se pretende informar a la Universidad sobre las problemáticas ambientales de la región y acerca de las luchas que las poblaciones están llevando adelante. En este sentido, Ángela León Peláez, integrante del PAEU, afirmó: “El objetivo de este encuentro es poder reunirnos para trabajar sobre puntos centrales y poder armar un documento para ser presentado ante el Consejo Social de la Universidad, pero también para que sea una herramienta de trabajo, que pueda ser utilizada en el marco de la lucha que lleva adelante cada organización”.

En el marco del encuentro se trabajó en generar y fortalecer el vínculo entre la Facultad y los vecinos que se movilizan por conflictos socio-ambientales, resaltando la importancia de que las unidades académicas puedan brindar herramientas y ayuda a las asambleas. “Es fundamental que la Facultad desarrolle estas actividades que acercan a la comunidad a debatir y a llevar acciones en conjunto. Esta iniciativa demostró que se pueden abordar las diferentes problemáticas ambientales de manera articulada, y permite que la Facultad se ponga a disposición de las necesidades de nuestro pueblo”, sostiene Andrea Ghizzoni, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas.

D.M

JoRNAdA CoN ASAMBLEAS Y oRGANIzACIoNES VECINALES

En el marco del VII Congreso de la AUGM celebrado los días 22, 23 y 24 de mayo, la Facultad de Ciencias Exactas llevó adelante una reunión con diversas uniones vecinales movilizadas por problemáticas socio-ambientales de la región, con el objetivo de vincular la universidad con las luchas contra la contaminación ambiental. Como resultado del encuentro se consensuó un documento final que fue presentado durante la realización del Congreso y a las autoridades del Consejo Social de la UNLP.

Contaminación electromagnética: distintos resultados dentro de la uNLP

En el encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Exactas en el marco del VII Congreso de la AUGM, se entregó a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el traslado de la

Subestación Riagolleau un documento preliminar acerca del análisis que la Facultad realizó en la zona de Berazategui sobre el impacto que genera la contaminación electromagnética.

El estudio brinda una herramienta a la Asamblea bajo la cual ampararse para llevar adelante su lucha y rebatir lo expuesto en un documento realizado por la Facultad de Ciencias Médicas de

la UNLP, en el cual se manifestó que el accionar de la central no produce afecciones a la salud.

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Con los objetivos de fomentar lazos y relaciones entre estudiantes de las distin-tas carreras científicas de la región y de generar un espacio de reflexión y debate, estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICen) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se reunieron en el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CRECEx).

El Congreso se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas (FCE) de la UNLP y fue organizado por las agrupaciones es-tudiantiles Suma (Conducción del Centro de Estudiantes de la FCE-UNLP) y Abrien-do Mentes Universitarias (FCE-UNICen), y por estudiantes independientes. El en-cuentro se gestó como un espacio para dialogar y problematizar la formación profesional actual en las diferentes ca-rreras de ciencias exactas y para plantear prácticas constructivas en función de las transformaciones que reclaman los pro-cesos actuales.

Marilina Romero, organizadora del CRECEx e integrante de Suma, explicó que el Congreso surgió por una necesi-dad de “generar espacios de participación

PRIMER CoNGRESo REGIoNAL dE EStudIANtES dE CIENCIAS ExACtAS

UNA NUEvA hErrAMIENtAdE ENCUENtro y dIsCUsIóN

y debate para los estudiantes de ciencias exactas de la región, que numéricamen-te son pocos para reunirse en encuentros por carrera”.

El sábado por la mañana, la apertura estuvo a cargo del presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y la decana anfitrio-na, Graciela De Antoni. Luego comenzó el primer panel titulado “Sistema científico: Paradigmas, escenarios y alternativas”, en el que los oradores fueron el flamante pre-sidente del CONICET, Roberto Salvarezza; Fidel Schaposnik, por el Instituto de Física La Plata; el prosecretario de Cien-cia y Técnica de la FCE (UNLP), Andrés McCarthy, y la directora de la Biblioteca Profesor Guillermo Obiols, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-ción (UNLP), Marcela Fushimi.

“Lo que buscamos fue generar deba-te con respecto a lo que es una ciencia transformadora, entendiéndola como una herramienta fundamental que tiene que estar al servicio de su pueblo, no sólo en la formación de profesionales, sino en la resolución de problemática sociales”, ex-plicó Pablo Martín Aispuro, integrante de Suma y organizador de la actividad.

Por la tarde del sábado, más de 30 expositores disertaron sobre software

Los días 2 y 3 de junio, alrededor de 400 estudiantes de distintas facultades de ciencias exactas de la región se reunieron en La Plata para debatir sobre la realidad

estudiantil, los perfiles profesionales y el destino del sistema científico nacional.

FOTO Erica Alegre

libre, biotecnología, teoría de fractales, nanotecnología, salud, ambiente y Dere-chos Humanos.

“Desde Suma proponemos una redistri-bución de recursos dentro de las distintas líneas de investigación, en la cual la cien-cia con pertinencia social pase a ocupar un lugar ecuánime con la llamada ciencia básica, pues entendemos que esta última, lejos de ser mala, genera las bases sobre las cuales se desarrolla el conocimiento aplicado”, agregó Martín Aispuro.

El domingo, las charlas estuvieron orientadas a la educación en las univer-sidades y cada una de las facultades par-ticipantes expuso sobre las herramientas mediante las cuales trabaja reforzando la cuestión educativa, tales como espacios pedagógicos o áreas de epistemología.

El Congreso culminó el domingo por la tarde, luego del trabajo en comisiones y la lectura de las conclusiones. “El balan-ce es más que positivo. Es el inicio de un espacio que representa una herramienta nueva de encuentro y discusión y tenemos el compromiso de seguir generando estos encuentros que hacen que nos replantee-mos qué ciencia queremos, para quién y para qué”, concluyó Romero .

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Con los objetivos de fomentar lazos y relaciones entre estudiantes de las distin-tas carreras científicas de la región y de generar un espacio de reflexión y debate, estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICen) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se reunieron en el Primer Congreso Regional de Estudiantes de Ciencias Exactas (CRECEx).

El Congreso se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas (FCE) de la UNLP y fue organizado por las agrupaciones es-tudiantiles Suma (Conducción del Centro de Estudiantes de la FCE-UNLP) y Abrien-do Mentes Universitarias (FCE-UNICen), y por estudiantes independientes. El en-cuentro se gestó como un espacio para dialogar y problematizar la formación profesional actual en las diferentes ca-rreras de ciencias exactas y para plantear prácticas constructivas en función de las transformaciones que reclaman los pro-cesos actuales.

Marilina Romero, organizadora del CRECEx e integrante de Suma, explicó que el Congreso surgió por una necesi-dad de “generar espacios de participación

PRIMER CoNGRESo REGIoNAL dE EStudIANtES dE CIENCIAS ExACtAS

UNA NUEvA hErrAMIENtAdE ENCUENtro y dIsCUsIóN

y debate para los estudiantes de ciencias exactas de la región, que numéricamen-te son pocos para reunirse en encuentros por carrera”.

El sábado por la mañana, la apertura estuvo a cargo del presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y la decana anfitrio-na, Graciela De Antoni. Luego comenzó el primer panel titulado “Sistema científico: Paradigmas, escenarios y alternativas”, en el que los oradores fueron el flamante pre-sidente del CONICET, Roberto Salvarezza; Fidel Schaposnik, por el Instituto de Física La Plata; el prosecretario de Cien-cia y Técnica de la FCE (UNLP), Andrés McCarthy, y la directora de la Biblioteca Profesor Guillermo Obiols, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-ción (UNLP), Marcela Fushimi.

“Lo que buscamos fue generar deba-te con respecto a lo que es una ciencia transformadora, entendiéndola como una herramienta fundamental que tiene que estar al servicio de su pueblo, no sólo en la formación de profesionales, sino en la resolución de problemática sociales”, ex-plicó Pablo Martín Aispuro, integrante de Suma y organizador de la actividad.

Por la tarde del sábado, más de 30 expositores disertaron sobre software

Los días 2 y 3 de junio, alrededor de 400 estudiantes de distintas facultades de ciencias exactas de la región se reunieron en La Plata para debatir sobre la realidad

estudiantil, los perfiles profesionales y el destino del sistema científico nacional.

FOTO Erica Alegre

libre, biotecnología, teoría de fractales, nanotecnología, salud, ambiente y Dere-chos Humanos.

“Desde Suma proponemos una redistri-bución de recursos dentro de las distintas líneas de investigación, en la cual la cien-cia con pertinencia social pase a ocupar un lugar ecuánime con la llamada ciencia básica, pues entendemos que esta última, lejos de ser mala, genera las bases sobre las cuales se desarrolla el conocimiento aplicado”, agregó Martín Aispuro.

El domingo, las charlas estuvieron orientadas a la educación en las univer-sidades y cada una de las facultades par-ticipantes expuso sobre las herramientas mediante las cuales trabaja reforzando la cuestión educativa, tales como espacios pedagógicos o áreas de epistemología.

El Congreso culminó el domingo por la tarde, luego del trabajo en comisiones y la lectura de las conclusiones. “El balan-ce es más que positivo. Es el inicio de un espacio que representa una herramienta nueva de encuentro y discusión y tenemos el compromiso de seguir generando estos encuentros que hacen que nos replantee-mos qué ciencia queremos, para quién y para qué”, concluyó Romero .

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El programa “Niñez, Derechos Huma-nos y Políticas Públicas” comenzó a fun-cionar formalmente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni-versidad Nacional de La Plata (UNLP) en el año 2011. Los antecedentes inmedia-tos de este proyecto fueron los hechos que sucedieron en julio de 2008, cuando un grupo de chicos que solían alojarse de manera transitoria en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciu-dad de La Plata, fueron reprimidos por hombres vestidos de civil, algunos de los cuales se identificaron como policías (Ver Materia Pendiente N° 5). A par-tir de ese hecho, organizaciones sociales que trabajaban con la temática de niñez y de Derechos Humanos se nuclearon en la Asamblea Permanente por los Dere-chos de la Niñez (APDN) y comenzaron trabajar en conjunto denunciando esta situación y buscando soluciones para los chicos en situación de calle.

“Yo venía trabajando el tema, siempre que veía a los pibes en la calle y sentí que era el momento para dar una mano en lo jurí-dico, porque había muchas dudas”, relata Carola Bianco, coordinadora del Programa y docente de la materia Sociología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Algunos abogados de la Facultad comenzaron a colaborar con la Asam-blea, y a partir del trabajo con las or-ganizaciones sociales presentaron una

PRoGRAMA NIñEz, dERECHoS HuMANoSY PoLÍtICAS PúBLICAS

Acción de Amparo colectiva (Ver “Am-paro Colectivo”) por la restitución de de-rechos de niños y niñas en situación de calle en la ciudad. Un tiempo más tarde surgió la oportunidad de trabajar el tema en la Facultad.

“Presentamos un proyecto de Exten-sión y se aprobó por unanimidad en el Consejo Directivo, nos dieron una oficina y de a poquito conformamos un grupo, en el que todos tienen experiencia en niñez en distintos espacios. Pensamos en la for-mación de abogados, desde la interven-ción en casos, teniendo en cuenta que la docencia, la investigación y la extensión son tres tipos de tareas que tienen que es-tar relacionadas”, cuenta Bianco.

Se trabaja a partir de dos ejes cen-trales: las tutorías, que constituyen espacios de acompañamiento entre do-centes y estudiantes de la UNLP con la finalidad de la orientación grupal y el seguimiento de casos; y los talleres y seminarios, en los que se pone a dispo-sición de los participantes un conjunto de herramientas, cuyo objetivo final es

pales y provinciales que trabajaban con infancia. Desde la APDN denunciaron que no existía en ese momento ningún diagnóstico serio en relación con la ni-ñez en la ciudad. “Decidimos judicializar el caso, muy a pesar nuestro, construimos colectivamente un amparo con las or-ganizaciones para impulsar un sistema de manera integral y seria de Derechos Humanos para los pibes y sus familias”, señala la coordinadora del Programa.

En referencia a los cambios que hubo desde el año 2008 hasta hoy, con respec-to a los chicos en situación de de calle, Bianco explica: “El escenario cambió en algunos aspectos y en otros ha empeora-do bastante, porque no hay respuestas de ningún tipo. Antes el juez de menores los mandaba a instituciones cerradas a los pibes por situaciones de pobreza o de con-flicto con la Ley Penal. Ahora ni siquiera hay instituciones a las que estos chicos puedan ir.”

Por su parte, Justina Fernández, de la APDN, expresa: “Después de cuatro años, de audiencias y de marchas, todavía no se toma a la niñez en la agenda, cuando se ve todos los días que los chicos están en la calle, que no tienen un proyecto de vida ni una propuesta y sienten que la única al-ternativa es terminar en un penal”.

Bianco señala que actualmente exis-te un gran vacío en políticas de niñez, ya que no hay ninguna solución que ofrecer a los chicos, pero que el trabajo de las organizaciones va dando algunos frutos. “Lo que vemos de positivo en estos años es que en La Plata se modificó bastante la posición y la definición del problema de la niñez. Logramos disputar con las organi-zaciones sociales los sentidos alrededor de estos chicos. Hoy hay otra concientización en la ciudad y en los barrios”, señala.

Estado y políticas públicas

Con respecto a la responsabilidad del Estado frente a la situación de los niños, Carola Bianco señala que los gobiernos, en todos los niveles, tienen la obligación de garantizar la vida digna. “El Estado es indivisible, son responsables todos, desde la Dirección de Niñez de la Municipalidad de La Plata, hasta la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia. El intendente Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli, son directamente responsables de las muer-tes de estos chicos. Por su función están a cargo de que esto no suceda”, denuncia.

En este sentido, Justina Fernández de la APDN, agrega: “El Estado tiene que encargarse de cualquier manera, a través de cualquier dependencia, pero sin tirarse la pelota”. De la misma manera, Luisina Gareis, también integrante de la Asam-blea, señala que desde hace cuatro años que la APDN trabaja con chicos en situa-

ción de calle y el mensaje que les dan desde la Dirección de Niñez municipal es que “no hay recursos y que con esos chicos no se puede trabajar”. “Nosotros sabemos que no es así, hemos logrado muchas co-sas con ellos, pero hay que acompañar-los”, manifiesta.

Las organizaciones que trabajan con la temática de niños en situación de vul-neración de derechos insisten en que el tema de la niñez debe abordarse desde la educación, la vivienda y la alimentación. “Los funcionarios quieren políticas para el encierro, como el Código Contravencio-nal –que se quiso aprobar desde el oficia-lismo provincial en 2010 y que profundi-zaba la persecución de los sectores más vulnerables de la sociedad-, o la baja de edad de imputabilidad. Esas son las políti-cas que han tratado de implementar y no lo han hecho gracias a que las organiza-ciones sociales lo denunciamos”, denuncia Gareis, de la APDN.

El rol de la uNLP

Desde el Programa, entienden que el papel que debe jugar la Universidad en relación a los derechos de los chicos en situación de calle es “impostergable”. “La Universidad tiene un rol clave, porque tie-ne la posibilidad por su autonomía, de dis-

Desde el trabajo concreto con chicos y chicas en situación de calle de la ciudad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, abogados, sociólogos y trabajadores sociales buscan un cambio profundo en políticas de infancia. Un programa que interpela al Estado y exige la restitución de derechos vulnerados.

Por leyes alservicio

de los p bes

la construcción colectiva de un conoci-miento para la acción.

Dentro del Programa funciona tam-bién un Consultorio Jurídico Gratuito en el que atienden y asesoran a todas las personas que acerquen sus inquietudes y necesidades en torno a distintas pro-blemáticas sociales que las afectan, des-de una perspectiva crítica en relación al derecho y a las políticas públicas de Derechos Humanos.

Situación de la niñez en La Plata

Según explican desde el Programa, la situación de calle conlleva que estos niños se hallen desamparados a nivel institucional, y por tanto no acceden a ninguna de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, salud e identidad.

Carola Bianco relata que cuando reprimieron a los chicos en Plaza San Martín, desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez (APDN) re-corrieron todos los organismos munici-

putar esas verdades en las que se sientan aquellas prácticas estigmatizantes hacia los pibes”, señala Carola Bianco.

Uno de los objetivos del proyecto es generar espacios educativos en la UNLP, con la participación de estudiantes y docentes, de carácter interdisciplina-rio, que permitan la reflexión crítica acerca de las funciones del derecho en contextos de alta vulnerabilidad social, y la construcción de instrumentos y pro-puestas de intervención jurídica. En este sentido, Bianco resalta que la Universi-dad tiene la obligación de que el cono-cimiento tenga alguna incidencia en la realidad, “para poder mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo de los sectores más vulnerables”.

El trabajo que hacen los abogados del Programa está fuertemente orientado a fortalecer los lazos entre la universidad y la comunidad fomentando que se ga-rantice el acceso a los Derechos Huma-nos. “Sería ideal que hubiera un programa así en cada Facultad, porque los Derechos Humanos están interconectados entre sí, son indivisibles. Necesariamente, en la formación de profesionales de la univer-sidad pública, tendría que estar esta te-mática para después poder intervenir. Es importante que se preparen y conozcan los territorios”, agrega Bianco.

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El programa “Niñez, Derechos Huma-nos y Políticas Públicas” comenzó a fun-cionar formalmente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni-versidad Nacional de La Plata (UNLP) en el año 2011. Los antecedentes inmedia-tos de este proyecto fueron los hechos que sucedieron en julio de 2008, cuando un grupo de chicos que solían alojarse de manera transitoria en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciu-dad de La Plata, fueron reprimidos por hombres vestidos de civil, algunos de los cuales se identificaron como policías (Ver Materia Pendiente N° 5). A par-tir de ese hecho, organizaciones sociales que trabajaban con la temática de niñez y de Derechos Humanos se nuclearon en la Asamblea Permanente por los Dere-chos de la Niñez (APDN) y comenzaron trabajar en conjunto denunciando esta situación y buscando soluciones para los chicos en situación de calle.

“Yo venía trabajando el tema, siempre que veía a los pibes en la calle y sentí que era el momento para dar una mano en lo jurí-dico, porque había muchas dudas”, relata Carola Bianco, coordinadora del Programa y docente de la materia Sociología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Algunos abogados de la Facultad comenzaron a colaborar con la Asam-blea, y a partir del trabajo con las or-ganizaciones sociales presentaron una

PRoGRAMA NIñEz, dERECHoS HuMANoSY PoLÍtICAS PúBLICAS

Acción de Amparo colectiva (Ver “Am-paro Colectivo”) por la restitución de de-rechos de niños y niñas en situación de calle en la ciudad. Un tiempo más tarde surgió la oportunidad de trabajar el tema en la Facultad.

“Presentamos un proyecto de Exten-sión y se aprobó por unanimidad en el Consejo Directivo, nos dieron una oficina y de a poquito conformamos un grupo, en el que todos tienen experiencia en niñez en distintos espacios. Pensamos en la for-mación de abogados, desde la interven-ción en casos, teniendo en cuenta que la docencia, la investigación y la extensión son tres tipos de tareas que tienen que es-tar relacionadas”, cuenta Bianco.

Se trabaja a partir de dos ejes cen-trales: las tutorías, que constituyen espacios de acompañamiento entre do-centes y estudiantes de la UNLP con la finalidad de la orientación grupal y el seguimiento de casos; y los talleres y seminarios, en los que se pone a dispo-sición de los participantes un conjunto de herramientas, cuyo objetivo final es

pales y provinciales que trabajaban con infancia. Desde la APDN denunciaron que no existía en ese momento ningún diagnóstico serio en relación con la ni-ñez en la ciudad. “Decidimos judicializar el caso, muy a pesar nuestro, construimos colectivamente un amparo con las or-ganizaciones para impulsar un sistema de manera integral y seria de Derechos Humanos para los pibes y sus familias”, señala la coordinadora del Programa.

En referencia a los cambios que hubo desde el año 2008 hasta hoy, con respec-to a los chicos en situación de de calle, Bianco explica: “El escenario cambió en algunos aspectos y en otros ha empeora-do bastante, porque no hay respuestas de ningún tipo. Antes el juez de menores los mandaba a instituciones cerradas a los pibes por situaciones de pobreza o de con-flicto con la Ley Penal. Ahora ni siquiera hay instituciones a las que estos chicos puedan ir.”

Por su parte, Justina Fernández, de la APDN, expresa: “Después de cuatro años, de audiencias y de marchas, todavía no se toma a la niñez en la agenda, cuando se ve todos los días que los chicos están en la calle, que no tienen un proyecto de vida ni una propuesta y sienten que la única al-ternativa es terminar en un penal”.

Bianco señala que actualmente exis-te un gran vacío en políticas de niñez, ya que no hay ninguna solución que ofrecer a los chicos, pero que el trabajo de las organizaciones va dando algunos frutos. “Lo que vemos de positivo en estos años es que en La Plata se modificó bastante la posición y la definición del problema de la niñez. Logramos disputar con las organi-zaciones sociales los sentidos alrededor de estos chicos. Hoy hay otra concientización en la ciudad y en los barrios”, señala.

Estado y políticas públicas

Con respecto a la responsabilidad del Estado frente a la situación de los niños, Carola Bianco señala que los gobiernos, en todos los niveles, tienen la obligación de garantizar la vida digna. “El Estado es indivisible, son responsables todos, desde la Dirección de Niñez de la Municipalidad de La Plata, hasta la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia. El intendente Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli, son directamente responsables de las muer-tes de estos chicos. Por su función están a cargo de que esto no suceda”, denuncia.

En este sentido, Justina Fernández de la APDN, agrega: “El Estado tiene que encargarse de cualquier manera, a través de cualquier dependencia, pero sin tirarse la pelota”. De la misma manera, Luisina Gareis, también integrante de la Asam-blea, señala que desde hace cuatro años que la APDN trabaja con chicos en situa-

ción de calle y el mensaje que les dan desde la Dirección de Niñez municipal es que “no hay recursos y que con esos chicos no se puede trabajar”. “Nosotros sabemos que no es así, hemos logrado muchas co-sas con ellos, pero hay que acompañar-los”, manifiesta.

Las organizaciones que trabajan con la temática de niños en situación de vul-neración de derechos insisten en que el tema de la niñez debe abordarse desde la educación, la vivienda y la alimentación. “Los funcionarios quieren políticas para el encierro, como el Código Contravencio-nal –que se quiso aprobar desde el oficia-lismo provincial en 2010 y que profundi-zaba la persecución de los sectores más vulnerables de la sociedad-, o la baja de edad de imputabilidad. Esas son las políti-cas que han tratado de implementar y no lo han hecho gracias a que las organiza-ciones sociales lo denunciamos”, denuncia Gareis, de la APDN.

El rol de la uNLP

Desde el Programa, entienden que el papel que debe jugar la Universidad en relación a los derechos de los chicos en situación de calle es “impostergable”. “La Universidad tiene un rol clave, porque tie-ne la posibilidad por su autonomía, de dis-

Desde el trabajo concreto con chicos y chicas en situación de calle de la ciudad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, abogados, sociólogos y trabajadores sociales buscan un cambio profundo en políticas de infancia. Un programa que interpela al Estado y exige la restitución de derechos vulnerados.

Por leyes alservicio

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la construcción colectiva de un conoci-miento para la acción.

Dentro del Programa funciona tam-bién un Consultorio Jurídico Gratuito en el que atienden y asesoran a todas las personas que acerquen sus inquietudes y necesidades en torno a distintas pro-blemáticas sociales que las afectan, des-de una perspectiva crítica en relación al derecho y a las políticas públicas de Derechos Humanos.

Situación de la niñez en La Plata

Según explican desde el Programa, la situación de calle conlleva que estos niños se hallen desamparados a nivel institucional, y por tanto no acceden a ninguna de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, salud e identidad.

Carola Bianco relata que cuando reprimieron a los chicos en Plaza San Martín, desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez (APDN) re-corrieron todos los organismos munici-

putar esas verdades en las que se sientan aquellas prácticas estigmatizantes hacia los pibes”, señala Carola Bianco.

Uno de los objetivos del proyecto es generar espacios educativos en la UNLP, con la participación de estudiantes y docentes, de carácter interdisciplina-rio, que permitan la reflexión crítica acerca de las funciones del derecho en contextos de alta vulnerabilidad social, y la construcción de instrumentos y pro-puestas de intervención jurídica. En este sentido, Bianco resalta que la Universi-dad tiene la obligación de que el cono-cimiento tenga alguna incidencia en la realidad, “para poder mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo de los sectores más vulnerables”.

El trabajo que hacen los abogados del Programa está fuertemente orientado a fortalecer los lazos entre la universidad y la comunidad fomentando que se ga-rantice el acceso a los Derechos Huma-nos. “Sería ideal que hubiera un programa así en cada Facultad, porque los Derechos Humanos están interconectados entre sí, son indivisibles. Necesariamente, en la formación de profesionales de la univer-sidad pública, tendría que estar esta te-mática para después poder intervenir. Es importante que se preparen y conozcan los territorios”, agrega Bianco.

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Ala Plástica es una Organización No Gubernamental que sur-gió en el año 1991 en el Partido de Ensenada, más precisamente en Punta Lara, una localidad ubicada en los márgenes del Río de La Plata. Su actividad principal se centra en abordar la temática ambiental desde una mirada artística, con el objetivo no sólo de transformar la visión tradicional acerca del arte, sino también de generar alternativas socioambientales para hacer frente a ttlimitaciones y conflictos que se dan en la región.

Si bien la ONG está compuesta principalmente por el matri-monio integrado por Silvina Babich y Alejandro Meitin, artista plástica y abogado respectivamente, ellos están en permanente contacto y articulación con diferentes actores de la región que abarca la Costa y Cuenca del Río de la Plata, desde Punta Lara hasta Paraguay.

“Ala Plástica es una visión compartida y un estado de asun-ción de nuevas formas y estrategias heurísticas de acción colecti-va y de creatividad que enfrenta las miradas unidireccionales de describir la realidad con un enfoque alternativo, para desarro-llar otra objetividad, otro modo de enfocarnos nosotros mismos en conexión con lo Otro”. Así es como ellos mismos describen su trabajo, centrado en la intención de vincular el arte con la realidad social, pero también en el articular con otros actores de la zona.

Uno de los principales ejes rectores de su actividad es la bús-queda de una revalorización de diversas manifestaciones artís-ticas que con el transcurrir del tiempo se han ido perdiendo, así como también que las iniciativas que emprenden tengan una vinculación directa con la realidad en la que están insertos, su contexto social, cultural y ambiental.

Junco, especies emergentes

En diciembre del año 1995, con la colaboración de la licen-ciada Nuncia Tur, integrante del Departamento de Botánica del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, dieron inicio a un trabajo cuyo objetivo central fue el de recuperar, a partir de la utilización e implementación de dife-rentes fibras naturales, la riqueza y la diversidad del ecosistema costero de la localidad de Punta Lara.

Tomando en cuenta las características particulares del jun-co, -el modo de propagación que posee gracias a sus rizomas subterráneos, su capacidad depuratoria y de creación de nue-vos territorios a través de la sedimentación-, pudieron generar no sólo una toma de conciencia acerca de la contaminación y la pérdida de biodiversidad existente en la región costera, sino también una alegoría para establecer conexiones y relaciones con los diferentes actores que habitan la zona.

“El junco es una especie que genera suelo, es decir, donde ha-bita genera sustento para que otras especies se radiquen. Además tiene la particularidad del rizoma, de esa raíz tan especial, que se extiende salteando obstáculos, que se va expandiendo, y se puede romper y conectar de nuevo. Nosotros trabajamos el tema del jun-co como metáfora para la regeneración natural y social del área”, reflexiona Babich.

A partir de una primera actividad en la que se sembraron juncos en el área ubicada en la desembocadura del arroyo La Guardia en la localidad de Ensenada, se iniciaron una serie de actividades orientadas a la revalorización de la importancia que posee esta fibra natural en la región costera.

ARtE CoN FIBRAS NAtuRALES

Ent re el agua,la t ierray el junco

La ONG ensenadense Ala Plástica demuestra que el arte puede vincularse

con la realidad social y ambiental.Su trabajo trasciende las galerías

y apunta a desarrollar manifestaciones artísticas a través del trabajo con

actores y herramientas no tradicionales.

Los medios de comunicacióny el discurso de la inseguridad

Los chicos en situación de calle re-presentan un grupo especialmente vulnerable debido, entre otras cosas, al robustecimiento mediático de un imagi-nario social que los coloca en el lugar del sujeto peligroso. “Los medios de comuni-cación tienen una mirada bastante crimi-nalizadora de esos chicos, se los culpabi-liza y se pierde el eje de que los que están en una situación de mayor vulnerabilidad son los pibes”, señala Carola Bianco.

Las organizaciones sociales cuestio-nan constantemente el tratamiento de los medios de comunicación, ya que de-nuncian que partiendo de un discurso vinculado a “la inseguridad”, a los chicos se los señala como “irrecuperables”. “Car-gar desde chico con la estigmatización de ser repudiado y visto como el chivo expia-torio o el culpable de cosas en las que ellos no participaron, porque tienen 14 años y no vivieron años de una economía que los dejó afuera a ellos y a sus padres, es realmente muy terrible y perverso”, expresa Bianco.

La coordinadora del Programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas explica que desde el 2008 se viene trabajando muy fuertemente en la concientización sobre niños y adolescentes en situación de calle y se intentó disputar los senti-dos que se estaban construyendo desde los discursos mediáticos. “Hoy vemos que hay mucha más organización e im-plicación por parte de muchos medios alternativos y algunos otros medios de comunicación de la ciudad. Hemos sido parte de eso y nos da esperanza de que las cosas cambian cuando uno se organiza”, manifiesta.

una herramientapara el cambio social

El programa ya cumplió un año, el grupo se fortaleció y ahora apuntan a sumar más gente al equipo y a apostar a la interdisciplina, incorporando a profe-sionales de las facultades de Psicología

Amparo colectivo La Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, distintas

organizaciones sociales de la cuidad de La Plata, padres, madres, docentes y cátedras de distintas facultades de la UNLP, interpusieron en el año 2008 una Acción de Amparo por la restitución de derechos de niños y niñas en situación de calle en la ciudad de La Plata ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 del Departamento Judicial de La Plata.

En los primeros días de junio de este año, salió la sentencia del amparo, que duró cuatro años y requirió una gran producción de prueba. El Juez Luis Federico Arias, del Juzgado Contencioso Administrativo número 1, citó a los estados municipal y provincial para que den explicaciones sobre cómo estaban trabajando con estos chicos y con sus familias.

En la sentencia se le exige al Estado que disponga de más operadores de calle; que construya paradores para chicos en situación de calle -que cuenten con trabajadores sociales, abogados, psiquiatras especializados en pediatría y en adicciones, y psicólogos. Además se exige que haya servicios hospitalarios especializados y que se destine presupuesto para educación y formación, para trabajar con las representaciones de la sociedad y de los medios de comunicación, entre otras cosas.

“La sentencia da cuenta de que hubo desde el Juzgado un trabajo serio. Dice cosas que vamos a ver si se cumplen. No es una solución en sí misma, es una herramienta, un papel, pero hay que hacerla cumplir”, señala Carola Bianco.

FOTOS Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas”

y Trabajo Social. “Es algo realmente ma-ravilloso, trabajamos con organizaciones sociales que se implican muchísimo en el tema y que quieren cambiar las cosas por un interés colectivo. Nos sentimos muy acompañados y la gente con la que esta-mos trabajando está muy comprometida”, señala Carola Bianco.

El Programa tiene su sede en calle 48 entre 6 y 7, planta baja, oficina 1, del Edi-ficio de las Tres Facultades. El Consulto-rio Jurídico Gratuito funciona los lunes y jueves de 17 a 19 hs. y los martes de 18:30 a 21 hs.

“Es necesario pensar en un cambio real para poder acercarle alternativas a estos pibes que son producto de este sis-tema. Queremos lograr que lo jurídico sea una herramienta para el cambio so-cial”, concluye Bianco .

Florencia Yanniello

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Ala Plástica es una Organización No Gubernamental que sur-gió en el año 1991 en el Partido de Ensenada, más precisamente en Punta Lara, una localidad ubicada en los márgenes del Río de La Plata. Su actividad principal se centra en abordar la temática ambiental desde una mirada artística, con el objetivo no sólo de transformar la visión tradicional acerca del arte, sino también de generar alternativas socioambientales para hacer frente a ttlimitaciones y conflictos que se dan en la región.

Si bien la ONG está compuesta principalmente por el matri-monio integrado por Silvina Babich y Alejandro Meitin, artista plástica y abogado respectivamente, ellos están en permanente contacto y articulación con diferentes actores de la región que abarca la Costa y Cuenca del Río de la Plata, desde Punta Lara hasta Paraguay.

“Ala Plástica es una visión compartida y un estado de asun-ción de nuevas formas y estrategias heurísticas de acción colecti-va y de creatividad que enfrenta las miradas unidireccionales de describir la realidad con un enfoque alternativo, para desarro-llar otra objetividad, otro modo de enfocarnos nosotros mismos en conexión con lo Otro”. Así es como ellos mismos describen su trabajo, centrado en la intención de vincular el arte con la realidad social, pero también en el articular con otros actores de la zona.

Uno de los principales ejes rectores de su actividad es la bús-queda de una revalorización de diversas manifestaciones artís-ticas que con el transcurrir del tiempo se han ido perdiendo, así como también que las iniciativas que emprenden tengan una vinculación directa con la realidad en la que están insertos, su contexto social, cultural y ambiental.

Junco, especies emergentes

En diciembre del año 1995, con la colaboración de la licen-ciada Nuncia Tur, integrante del Departamento de Botánica del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, dieron inicio a un trabajo cuyo objetivo central fue el de recuperar, a partir de la utilización e implementación de dife-rentes fibras naturales, la riqueza y la diversidad del ecosistema costero de la localidad de Punta Lara.

Tomando en cuenta las características particulares del jun-co, -el modo de propagación que posee gracias a sus rizomas subterráneos, su capacidad depuratoria y de creación de nue-vos territorios a través de la sedimentación-, pudieron generar no sólo una toma de conciencia acerca de la contaminación y la pérdida de biodiversidad existente en la región costera, sino también una alegoría para establecer conexiones y relaciones con los diferentes actores que habitan la zona.

“El junco es una especie que genera suelo, es decir, donde ha-bita genera sustento para que otras especies se radiquen. Además tiene la particularidad del rizoma, de esa raíz tan especial, que se extiende salteando obstáculos, que se va expandiendo, y se puede romper y conectar de nuevo. Nosotros trabajamos el tema del jun-co como metáfora para la regeneración natural y social del área”, reflexiona Babich.

A partir de una primera actividad en la que se sembraron juncos en el área ubicada en la desembocadura del arroyo La Guardia en la localidad de Ensenada, se iniciaron una serie de actividades orientadas a la revalorización de la importancia que posee esta fibra natural en la región costera.

ARtE CoN FIBRAS NAtuRALES

Ent re el agua,la t ierray el junco

La ONG ensenadense Ala Plástica demuestra que el arte puede vincularse

con la realidad social y ambiental.Su trabajo trasciende las galerías

y apunta a desarrollar manifestaciones artísticas a través del trabajo con

actores y herramientas no tradicionales.

Los medios de comunicacióny el discurso de la inseguridad

Los chicos en situación de calle re-presentan un grupo especialmente vulnerable debido, entre otras cosas, al robustecimiento mediático de un imagi-nario social que los coloca en el lugar del sujeto peligroso. “Los medios de comuni-cación tienen una mirada bastante crimi-nalizadora de esos chicos, se los culpabi-liza y se pierde el eje de que los que están en una situación de mayor vulnerabilidad son los pibes”, señala Carola Bianco.

Las organizaciones sociales cuestio-nan constantemente el tratamiento de los medios de comunicación, ya que de-nuncian que partiendo de un discurso vinculado a “la inseguridad”, a los chicos se los señala como “irrecuperables”. “Car-gar desde chico con la estigmatización de ser repudiado y visto como el chivo expia-torio o el culpable de cosas en las que ellos no participaron, porque tienen 14 años y no vivieron años de una economía que los dejó afuera a ellos y a sus padres, es realmente muy terrible y perverso”, expresa Bianco.

La coordinadora del Programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas explica que desde el 2008 se viene trabajando muy fuertemente en la concientización sobre niños y adolescentes en situación de calle y se intentó disputar los senti-dos que se estaban construyendo desde los discursos mediáticos. “Hoy vemos que hay mucha más organización e im-plicación por parte de muchos medios alternativos y algunos otros medios de comunicación de la ciudad. Hemos sido parte de eso y nos da esperanza de que las cosas cambian cuando uno se organiza”, manifiesta.

una herramientapara el cambio social

El programa ya cumplió un año, el grupo se fortaleció y ahora apuntan a sumar más gente al equipo y a apostar a la interdisciplina, incorporando a profe-sionales de las facultades de Psicología

Amparo colectivo La Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, distintas

organizaciones sociales de la cuidad de La Plata, padres, madres, docentes y cátedras de distintas facultades de la UNLP, interpusieron en el año 2008 una Acción de Amparo por la restitución de derechos de niños y niñas en situación de calle en la ciudad de La Plata ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 del Departamento Judicial de La Plata.

En los primeros días de junio de este año, salió la sentencia del amparo, que duró cuatro años y requirió una gran producción de prueba. El Juez Luis Federico Arias, del Juzgado Contencioso Administrativo número 1, citó a los estados municipal y provincial para que den explicaciones sobre cómo estaban trabajando con estos chicos y con sus familias.

En la sentencia se le exige al Estado que disponga de más operadores de calle; que construya paradores para chicos en situación de calle -que cuenten con trabajadores sociales, abogados, psiquiatras especializados en pediatría y en adicciones, y psicólogos. Además se exige que haya servicios hospitalarios especializados y que se destine presupuesto para educación y formación, para trabajar con las representaciones de la sociedad y de los medios de comunicación, entre otras cosas.

“La sentencia da cuenta de que hubo desde el Juzgado un trabajo serio. Dice cosas que vamos a ver si se cumplen. No es una solución en sí misma, es una herramienta, un papel, pero hay que hacerla cumplir”, señala Carola Bianco.

FOTOS Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas”

y Trabajo Social. “Es algo realmente ma-ravilloso, trabajamos con organizaciones sociales que se implican muchísimo en el tema y que quieren cambiar las cosas por un interés colectivo. Nos sentimos muy acompañados y la gente con la que esta-mos trabajando está muy comprometida”, señala Carola Bianco.

El Programa tiene su sede en calle 48 entre 6 y 7, planta baja, oficina 1, del Edi-ficio de las Tres Facultades. El Consulto-rio Jurídico Gratuito funciona los lunes y jueves de 17 a 19 hs. y los martes de 18:30 a 21 hs.

“Es necesario pensar en un cambio real para poder acercarle alternativas a estos pibes que son producto de este sis-tema. Queremos lograr que lo jurídico sea una herramienta para el cambio so-cial”, concluye Bianco .

Florencia Yanniello

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A su vez, la plantación fue acompañada por un foro en el que participaron vecinos de la zona, junqueros, artesanos, científi-cos, ambientalistas, cultivadores, comunidades aborígenes, es-cuelas, representantes políticos y de empresas del área. Tam-bién contaron con el apoyo del British Council Argentina, una organización internacional del Reino Unido que trabaja en las relaciones culturales y las oportunidades educativas, y con la presencia de Ian Hunter y Celia Larner, miembros del Littoral Projects Environment, un organismo destinado a la investiga-ción y desarrollo de nuevas intervenciones artísticas.

El foro, que duró alrededor de un mes y contó con nume-rosas reuniones, estuvo orientado a generar una reflexión y un debate acerca de las problemáticas que se presentan en los eco-sistemas costeros, en la ayuda que brindan las fibras naturales a la preservación de estos espacios, y en la vinculación existente entre las estructuras urbanas y el ambiente natural. Tal como lo expresa la integrante de Ala Plástica, esta jornada sirvió para “iniciar, así como el junco, una tarea de conexión y de comunica-ción en toda esta región. Principalmente se trató de identificar actores y fueron surgiendo distintos proyectos y ejercicios que tendían a restablecer el equilibrio con el área. Todo esto lo ini-ciamos con la característica de que son programas en los que se tienen en cuenta la parte cultural, social y económica”.

Fibras Naturales, una Perspectiva Regional

Una de las derivaciones principales de lo que fue el proyecto “Junco/Especies Emergentes”, fue el contacto que estableció la ONG con cultivadores de mimbre y artesanos y cooperativas que trabajan a partir de la manipulación de esta planta. Así, dieron inició al proyecto “Fibras Naturales. Una Perspectiva Regional” que continúa hasta estos días.

De esta forma, comenzaron a llevar adelante talleres vincu-lados a la plantación y el manejo de la fibra, a los nuevos usos y diseños, pero también enfocándose en una revalorización de esta actividad que en el pasado fue tradicional en la región y que, con el paso del tiempo y el advenimiento de materiales ta-les como el plástico, se fue perdiendo. Para ello, articularon con Rubén Verón, un productor de mimbre de la zona de Berisso, para capacitarse en cómo se lleva adelante su cosecha.

“El mimbre para nosotros representa una herramienta de diá-logo, no sólo por la planta en sí, sino por su manejo. Por un lado, seguimos con una investigación de la planta, de sus posibilidades en el área, pero por el otro, también es una herramienta de comu-nicación, para conectar con gente, en esos ámbitos en los que uno se pone a tejer o a trabajar la fibra y en donde siempre se genera un diálogo o un punto de encuentro”, enfatiza Babich.

Los talleres, que continuaron brindándose a lo largo de los años, si bien están orientados a restituir un saber ancestral, tienen también como fin brindar una alternativa económica para los actores del área. De esta forma, muchas personas en la actualidad están subsistiendo, ya sea realizando artesanías u ofreciendo cursos de capacitación acerca de este tipo de mani-festación artística.

Por otro lado, los cursos tienen el objetivo de reconexión con el entorno natural. “El trabajo con fibras y con plantas también lo vemos de esa manera. Se trabaja su aspecto económico y social en la comunicación, pero también se trata de volver un poco la vista a lo que es la naturaleza del área. En la medida que uno va conociendo las plantas y va entrando en contacto con la flora del lugar cambia hasta la mirada del paisaje y los talleres que hace-mos también apuntan a eso, a mirar un ambiente que quizás está menospreciado”, resalta la integrante de la ONG.

Proyectos con mimbre en la comunidad

En el año 2001, iniciaron un proyecto que se denominó “Pre-sa” y que consistió en realizar, en conjunto con otros actores, un refugio para ciervos en el Zoológico de La Plata, íntegramente hecho con mimbre. En este trabajo participaron algunos pro-ductores de esta fibra natural y alumnos de la Escuela Nº 18 de la localidad de Abasto.

Además de realizar el refugio, el proyecto sirvió para que este tipo de obras públicas puedan estar también en manos de la comunidad. Asimismo, durante el trabajo buscaron reflexio-nar y debatir, tanto con los alumnos como con los productores, acerca del sentido que posee la obra pública. “Trabajamos con una escuela agropecuaria como un modo de poner nuevamente en contacto este saber que de a poco se va perdiendo y haciendo hincapié en una educación que esté referenciada al medio”, expli-ca la artista plástica.

Tiempo después, los alumnos que participaron en el trabajo iniciaron un proyecto, con la ayuda de la Escuela de Abasto, en el que ellos mismos sirvieran como catalizadores para una ini-ciativa que podría llegar a ser una salida laboral para sus fami-lias, capacitando a sus padres en el manejo del mimbre.

En noviembre del mismo año, al llevarse adelante el Primer Encuentro de Escultores “Rubén Elósegui”, realizado en la Plaza San Martín del Casco Urbano de La Plata, Ala Plástica fue invi-tada a participar con la finalidad de realizar una pieza artística que plasmara el trabajo que la ONG efectuaba

Durante una semana, con la colaboración de la artista plás-tica Magdalena Catoggio, realizaron una escultura enteramen-te hecha de mimbre que representaba una semilla gigante. El objetivo del trabajo fue que esta pieza simbolizara la unión de dos ejes, expresado en dos planos dentro de la misma obra, un sector espiralado y otro de nervadura. “Si bien nosotros lo estamos utilizando como un material para hacer esta escultura en particular, siempre está de trasfondo el tema de articular con productores de la región, difundir el material, dar cuenta de las posibilidades que tiene”, enfatiza Babich.

Mimbre for export

Entre mayo y julio de 2004, fueron invitados por el Departa-mento de Asuntos Culturales de Hamburgo, en Alemania, y por la Galerie für Landschaftkunst para participar en un proyecto denominado Stadtfluss Wandse (Río urbano Wandse). El trabajo consistió en una serie de relevamientos que se realizaron entre las áreas de Ahrensburg (localidad perteneciente al estado de Schleswig-Holstein, que se encuentra al noreste de Hamburgo) hasta el Lago Alster, ubicado al norte del país.

Para llevar adelante estos relevamientos realizaron análisis cartográficos, entrevistas y talleres con la participación de ciu-dadanos de la región, expertos en río, arquitectos de paisaje, ar-tesanos, productores rurales y artistas, con el objetivo principal de involucrar a los diversos actores de las comunidades en las decisiones relacionadas con el territorio en el que habitan.

Una de las principales problemáticas que se planteó en es-tas mesas de trabajo fue que las construcciones históricas exis-tentes en los ríos han generado una profunda transformación ambiental, modificando ecosistemas y regímenes hidrológicos, generando lagos artificiales que, con el transcurso del tiempo, alteraron la distribución del agua subterránea y superficial.

Tomando el caso del Río Wandse, en el cual los numerosos endicamientos que posee detienen el curso del agua, se pro-puso construir “capturaterritorios” de mimbre que formaran

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islotes para producir una alteración del recorrido del canal, pro-vocando sinuosidades, y, a partir de la degradación del tejido a lo largo del tiempo, dejaran el asentamiento de un nuevo terri-torio. Para la construcción de estos artefactos, Ala Plástica brin-dó talleres de manejo y utilización de fibras naturales.

Un año más tarde, los “capturaterritorios” fueron liberados al río. “Se trata de ser partícipes de la transformación de las cosas de la historia y no es necesario para hablar de ello hacerlo desde grandes ríos. También es posible tener esa mirada desde el Wandse y sus endicamientos. Todo es susceptible de modificaciones y de transformaciones y todas las cosas por pequeñas que sean tienen su lugar y su decir y son parte de la totalidad que soslaya las jerar-quías y entabla contactos con la multiplicidad”, sostienen desde Ala Plástica.

De esta forma, esta ONG interviene en distintos lugares con el objetivo de revalorizar saberes ancestrales y regiones vin-culadas a las zonas costeras, trabajando por preservar ecosis-temas y su biodiversidad, a partir de una mirada artística que rompa con las estructuras tradicionales. “Entre la necesidad de salir de un lugar común del arte, de un espacio de galería, de un arte de objeto, y emprender un nuevo camino, ahí hay toda una experimentación que en realidad la vamos releyendo con el tiem-po”, expresa Silvina Babich .

Daiana Melón

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A su vez, la plantación fue acompañada por un foro en el que participaron vecinos de la zona, junqueros, artesanos, científi-cos, ambientalistas, cultivadores, comunidades aborígenes, es-cuelas, representantes políticos y de empresas del área. Tam-bién contaron con el apoyo del British Council Argentina, una organización internacional del Reino Unido que trabaja en las relaciones culturales y las oportunidades educativas, y con la presencia de Ian Hunter y Celia Larner, miembros del Littoral Projects Environment, un organismo destinado a la investiga-ción y desarrollo de nuevas intervenciones artísticas.

El foro, que duró alrededor de un mes y contó con nume-rosas reuniones, estuvo orientado a generar una reflexión y un debate acerca de las problemáticas que se presentan en los eco-sistemas costeros, en la ayuda que brindan las fibras naturales a la preservación de estos espacios, y en la vinculación existente entre las estructuras urbanas y el ambiente natural. Tal como lo expresa la integrante de Ala Plástica, esta jornada sirvió para “iniciar, así como el junco, una tarea de conexión y de comunica-ción en toda esta región. Principalmente se trató de identificar actores y fueron surgiendo distintos proyectos y ejercicios que tendían a restablecer el equilibrio con el área. Todo esto lo ini-ciamos con la característica de que son programas en los que se tienen en cuenta la parte cultural, social y económica”.

Fibras Naturales, una Perspectiva Regional

Una de las derivaciones principales de lo que fue el proyecto “Junco/Especies Emergentes”, fue el contacto que estableció la ONG con cultivadores de mimbre y artesanos y cooperativas que trabajan a partir de la manipulación de esta planta. Así, dieron inició al proyecto “Fibras Naturales. Una Perspectiva Regional” que continúa hasta estos días.

De esta forma, comenzaron a llevar adelante talleres vincu-lados a la plantación y el manejo de la fibra, a los nuevos usos y diseños, pero también enfocándose en una revalorización de esta actividad que en el pasado fue tradicional en la región y que, con el paso del tiempo y el advenimiento de materiales ta-les como el plástico, se fue perdiendo. Para ello, articularon con Rubén Verón, un productor de mimbre de la zona de Berisso, para capacitarse en cómo se lleva adelante su cosecha.

“El mimbre para nosotros representa una herramienta de diá-logo, no sólo por la planta en sí, sino por su manejo. Por un lado, seguimos con una investigación de la planta, de sus posibilidades en el área, pero por el otro, también es una herramienta de comu-nicación, para conectar con gente, en esos ámbitos en los que uno se pone a tejer o a trabajar la fibra y en donde siempre se genera un diálogo o un punto de encuentro”, enfatiza Babich.

Los talleres, que continuaron brindándose a lo largo de los años, si bien están orientados a restituir un saber ancestral, tienen también como fin brindar una alternativa económica para los actores del área. De esta forma, muchas personas en la actualidad están subsistiendo, ya sea realizando artesanías u ofreciendo cursos de capacitación acerca de este tipo de mani-festación artística.

Por otro lado, los cursos tienen el objetivo de reconexión con el entorno natural. “El trabajo con fibras y con plantas también lo vemos de esa manera. Se trabaja su aspecto económico y social en la comunicación, pero también se trata de volver un poco la vista a lo que es la naturaleza del área. En la medida que uno va conociendo las plantas y va entrando en contacto con la flora del lugar cambia hasta la mirada del paisaje y los talleres que hace-mos también apuntan a eso, a mirar un ambiente que quizás está menospreciado”, resalta la integrante de la ONG.

Proyectos con mimbre en la comunidad

En el año 2001, iniciaron un proyecto que se denominó “Pre-sa” y que consistió en realizar, en conjunto con otros actores, un refugio para ciervos en el Zoológico de La Plata, íntegramente hecho con mimbre. En este trabajo participaron algunos pro-ductores de esta fibra natural y alumnos de la Escuela Nº 18 de la localidad de Abasto.

Además de realizar el refugio, el proyecto sirvió para que este tipo de obras públicas puedan estar también en manos de la comunidad. Asimismo, durante el trabajo buscaron reflexio-nar y debatir, tanto con los alumnos como con los productores, acerca del sentido que posee la obra pública. “Trabajamos con una escuela agropecuaria como un modo de poner nuevamente en contacto este saber que de a poco se va perdiendo y haciendo hincapié en una educación que esté referenciada al medio”, expli-ca la artista plástica.

Tiempo después, los alumnos que participaron en el trabajo iniciaron un proyecto, con la ayuda de la Escuela de Abasto, en el que ellos mismos sirvieran como catalizadores para una ini-ciativa que podría llegar a ser una salida laboral para sus fami-lias, capacitando a sus padres en el manejo del mimbre.

En noviembre del mismo año, al llevarse adelante el Primer Encuentro de Escultores “Rubén Elósegui”, realizado en la Plaza San Martín del Casco Urbano de La Plata, Ala Plástica fue invi-tada a participar con la finalidad de realizar una pieza artística que plasmara el trabajo que la ONG efectuaba

Durante una semana, con la colaboración de la artista plás-tica Magdalena Catoggio, realizaron una escultura enteramen-te hecha de mimbre que representaba una semilla gigante. El objetivo del trabajo fue que esta pieza simbolizara la unión de dos ejes, expresado en dos planos dentro de la misma obra, un sector espiralado y otro de nervadura. “Si bien nosotros lo estamos utilizando como un material para hacer esta escultura en particular, siempre está de trasfondo el tema de articular con productores de la región, difundir el material, dar cuenta de las posibilidades que tiene”, enfatiza Babich.

Mimbre for export

Entre mayo y julio de 2004, fueron invitados por el Departa-mento de Asuntos Culturales de Hamburgo, en Alemania, y por la Galerie für Landschaftkunst para participar en un proyecto denominado Stadtfluss Wandse (Río urbano Wandse). El trabajo consistió en una serie de relevamientos que se realizaron entre las áreas de Ahrensburg (localidad perteneciente al estado de Schleswig-Holstein, que se encuentra al noreste de Hamburgo) hasta el Lago Alster, ubicado al norte del país.

Para llevar adelante estos relevamientos realizaron análisis cartográficos, entrevistas y talleres con la participación de ciu-dadanos de la región, expertos en río, arquitectos de paisaje, ar-tesanos, productores rurales y artistas, con el objetivo principal de involucrar a los diversos actores de las comunidades en las decisiones relacionadas con el territorio en el que habitan.

Una de las principales problemáticas que se planteó en es-tas mesas de trabajo fue que las construcciones históricas exis-tentes en los ríos han generado una profunda transformación ambiental, modificando ecosistemas y regímenes hidrológicos, generando lagos artificiales que, con el transcurso del tiempo, alteraron la distribución del agua subterránea y superficial.

Tomando el caso del Río Wandse, en el cual los numerosos endicamientos que posee detienen el curso del agua, se pro-puso construir “capturaterritorios” de mimbre que formaran

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Un año más tarde, los “capturaterritorios” fueron liberados al río. “Se trata de ser partícipes de la transformación de las cosas de la historia y no es necesario para hablar de ello hacerlo desde grandes ríos. También es posible tener esa mirada desde el Wandse y sus endicamientos. Todo es susceptible de modificaciones y de transformaciones y todas las cosas por pequeñas que sean tienen su lugar y su decir y son parte de la totalidad que soslaya las jerar-quías y entabla contactos con la multiplicidad”, sostienen desde Ala Plástica.

De esta forma, esta ONG interviene en distintos lugares con el objetivo de revalorizar saberes ancestrales y regiones vin-culadas a las zonas costeras, trabajando por preservar ecosis-temas y su biodiversidad, a partir de una mirada artística que rompa con las estructuras tradicionales. “Entre la necesidad de salir de un lugar común del arte, de un espacio de galería, de un arte de objeto, y emprender un nuevo camino, ahí hay toda una experimentación que en realidad la vamos releyendo con el tiem-po”, expresa Silvina Babich .

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