informe mineria en el peru

8/3/2019 Informe Mineria en El Peru

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P. Marco Arana Zegarra

Enero 2007

GRUPO DE FORMACION E INTERVENCION PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE

r. Dos de Mayo 1172 - [email protected] Telefax 0051 76 3420 82

MINERIA, DERECHOS HUMANOS,

MEDIOAMBIENTE Y SALUD EN EL PER


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Introduccin1

La minera constituye una actividad econmica en el pas que aporta ms del 45% de las divisaspor exportaciones, aunque solo representa el 4 % de los ingresos tributarios totales del Estado yalrededor del 1% de la PEA nacional de empleo directo.2

Desde el gobierno de Fujimori, la minera sigue siendo, una de las actividades econmicas msprivilegiadas por la poltica gubernamental: goza de marcos jurdicos y tributarios sumamentefavorables que, an en una coyuntura distinta en que los precios de los metales estn generandoinmensas ganancias para las empresas mineras, los contratos de estabilidad jurdica y tributariapermiten que estas empresas no estn obligadas a contribuir de manera ms sustantiva a la cajafiscal, de manera que el Estado pueda disponer de los recursos necesarios para una mejorredistribucin de la riqueza. A esto se suma, el hecho que si bien, en los ltimos aos, se hamejorado la legislacin ambiental y las normas ambientales mineras, los sistemas defiscalizacin ambiental pblica siguen siendo sumamente deficientes, por lo que el Estado noest garantizando adecuadamente el derecho a la salud, a un medio ambiente saludable y el

acceso al agua en calidad y cantidad suficientes a las poblaciones aledaas a las zonas deactividades mineras.

SITUACIN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PER

a) Minera y TerritorioLa minera en el Per se halla en un acelerado proceso de expansin, bsicamente impulsado por una legislacin nacional favorable a los inversionistas, la importante riqueza de losdepsitos minerales, y en los ltimos cuatro aos principalmente por los altos precios de los

metales en el mercado internacional. La minera peruana es en realidad la gran minera, unaspocas empresas con inmensa capacidad de recursos financieros y tecnologa para procesargrandes cantidades de mineral. Entre los aos 1992 y 2001 se invirti US $ 6,154 millones delos cuales el 55 % se concentraron en dos grandes proyectos mineros Antamina en Ancash yYanacocha en Cajamarca. Las inversiones comprometidas para el periodo 2002-2007alcanzan US $ 6,430 millones ms, correspondiendo el 60% de la inversin a tres grandesproyectos mineros: Antamina, Yanacocha y Tintaya en el Cusco.3Este flujo de inversionesmineras llev a que si en el ao 1992 el rea minera titulada era de 2.26 millones dehectreas, se pas en el ao 2004 a ms de 8 millones de hectreas las que comprometen a lamayora de los departamentos del Per (45 provincias y 500 distritos), y el territorio de

1 Informe presentado ante el Relator Especial de Naciones Unidas Dr. Paul Hunt. 11de Octubre 2006 y una versinrevisada en el Foro Social Mundial de Nairobie, 2007. La foto del costado superior izquierdo corresponde alconflicto d Choropampa. Foto Guarango. 2001 La foto del costado superior derecho corresponde a protestas endefensa del Cerro Quilish. 2003. La foto inferior corresponde al cuerpo de Seguridad de FORZA en MineraYanacocha. 20062 ASTE, Juan.Per: La Expansin Minera y la Necesidad de una Zonificacin Ecolgica-econmica Para el

Desarrollo Sostenible. Aportes al Debate N 8. Fundacin Friedrich Ebert Stiftung. Lima, 2005.3 Ibdem.

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aproximadamente el 55 % de las comunidades campesinas e indgenas del Per (3126comunidades).4

b) Minera y Pobreza

En relacin al mapa de la pobreza nacional lo que se observa es que las actividades minerasse estn ubicando en zonas de pobreza o extrema pobreza. Segn De Echave, 11.80% de lasactividades mineras se ubican en poblaciones de extrema pobreza; 40.20% en poblacionesmuy pobres y 36.40% en poblaciones pobres.5 Estas poblaciones no solo se hallan ensituacin de mayor vulnerabilidad a su salud, sino tambin de mayor vulnerabilidad en eldeterioro de su medio ambiente por prcticas intensivas de manejo de suelos, deforestacin,as como por efecto de la expansin de las actividades mineras en sus territorios y con muyescasas posibilidades de acceso a la justicia.

Si bien la actividad minera ha provocado el dinamismo de las economas locales yregionales, como es el caso del departamento de Cajamarca cuyo crecimiento sostenido

regional de 7% del PBI es mayor al promedio nacional de los ltimos aos (4-5 % anual), locierto es que este crecimiento no necesariamente se ha traducido en la mejora sustantiva delos indicadores de pobreza. Muchos de los distritos donde se ubican las actividades mineras poseen IDHs subsaharianos. El caso concreto lo representa la paradoja social deldepartamento de Cajamarca, que siendo la regin que tiene la mina de oro ms rica deLatinoamrica, sigue siendo uno de los departamentos ms pobres del pas, e incluso segndatos del PNUD en su Informe sobre el Desarrollo Humano del ao 2002, puede verse que lapobreza crnica en nios menores de cinco aos se increment en el mismo periodo en quese hallaba en expansin la actividad minera (1996 2000) pasando de una tasa de 38.7% aotra mayor de 42.8 % lo que evidencia que la explotacin de los recursos mineros no setraduce automticamente en una mejora sustantiva de la calidad de vida de las poblacionesdonde la actividad se asienta.

c) Minera y AmbienteCon ocasin del Ao Internacional de las Montaas (2002), luego de constatar que AmricaLatina est siendo una regin de creciente expansin de la actividad minera, la FAO llam laatencin sobre los daos ambientales de la actividad minera: Los aspectos ms graves de ladegradacin ambiental debida a la minera son: los daos a la calidad y disponibilidad del

agua; la prdida de biodiversidad y de cubierta vegetal, y las consecuencias que la

contaminacin produce en la atmsfera, as como el calentamiento del planeta La salud y

la seguridad de los mineros y de sus comunidades de las montaas corren peligro a causa dediversos factores, desde la inhalacin de humo y polvo hasta la contaminacin del agua y la

falta de medidas de seguridad adecuadas durante sus labores.6

En el Per, son muchas las comunidades campesinas e indgenas y organizaciones de lasociedad civil las que han venido denunciando la grave afectacin ambiental de las

4 DE ECHAVE, Jos. Minera y el Desafo del Desarrollo: El Caso Peruano. COOPERACCION. Lima, Octubre2006.5 DE ECHAVE, Jos. Idem.6 FAO. Unidad de Coordinacin del Ao Internacional de las Montaas. www.montanas2002.org

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http://www.montanas2002.org/http://www.montanas2002.org/http://www.montanas2002.org/


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actividades mineras sobre la calidad y disponibilidad ambientalmente segura de los suelos,aguas y aires. Existe abundante informacin oficial que muestra la magnitud de estos daosambientales en el sur, centro y norte del pas, as como de la afectacin de estos daos para lasalud de poblaciones enteras como ha ocurrido en La Oroya, el Callao y Choropampa enCajamarca. En los dos primeros casos, la intoxicacin crnica con plomo de las poblaciones

es ampliamente conocida y ha sido motivo de mltiples denuncias y de exigenciasciudadanas para una accin ms eficaz del Estado. Ha sido el propio relator especial de laNN.UU. el que incorpor la recomendacin N 58 en su informe de visita del ao 2004.7

Un informe del la Direccin General de Salud (DIGESA), hecho pblico por el InstitutoNacional de Estadstica el ao 2004, mostr que los recursos hdricos de los ros Santa enAncash, Chilln y Rmac en Lima, San Juan en Cerro de Pasco, Mantaro a lo largo de surecorrido por Pasco, Junn y Huancavelica se hallaban en situacin de riesgo elevado (RE) por presencia de metales pesados y de sustancias qumicas provenientes de diversasindustrias, pero principalmente de unidades mineras.8

Igualmente, la autoridad de Saneamiento Bsico de DIGESA revel en un informe pblico supreocupacin por el hecho que 16 de los 53 ros de la costa estuvieran contaminados por losrelaves mineros y vertederos de poblaciones adyacentes.9

d) Minera y SaludDiversos estudios han sealado la relacin existente entre la problemtica ambiental de laminera, la salud y la pobreza que: La contaminacin del agua y su calidad, el control delos residuos, el ruido, el polvo y la alteracin de la tierra, son problemas que pueden afectar

adversamente la salud y los medios de vida de los pobres y otros grupos vulnerables, que

tienen poca capacidad de traslado ni medios para aliviar los efectos negativos.10

Efectivamente, si bien la expansin de las actividades mineras en los ltimos quince aos hancontribuido a dinamizar el crecimiento econmico del pas, sus impactos ambientales sobrela salud de las poblaciones y las restricciones que se est provocando al derecho a un medioambiente sano y especficamente al ejercicio del derecho al agua, en calidad y cantidad, a laspoblaciones aledaas de las zonas de operaciones mineras es algo que ha venido siendosealado en diversas instancias pblicas y est siendo fuente de innumerables conflictossociales, cada vez ms violentos.

El caso reciente ms notable ha sido el de contaminacin con plomo de las poblaciones de LaOroya en Junn y de los nios de plomo del Callao. La poblacin ms expuesta a daos a susalud por efectos de la contaminacin ambiental en zonas de pobreza son los nios y lasmujeres. Segn los estudios del PNUD y la Universidad de Harvard a nivel mundial, se haestablecido que en las sociedades pobres la denominada carga de la enfermedad causantede muertes debido a problemas ambientales llega a ser del 20% lo que representa la muertede 5 millones de personas al ao, la mayora de las cuales son mujeres y nios (3 millones

7 Ver. Naciones Unidas. Los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. El Derecho de Toda Persona al Disfrutedel Alto Nivel Posible de Salud Fsica y Mental. Informe del Dr. Paul Hunt. 04.Febrero.20058 Ver Cuadro de Anexo 19 Dr. Eugenio Bellido, Director de Saneamiento Bsico de DIGESA. El Comercio 23-03-200510 KUNANAYAGAM, R.; McMAHOM, G. y otros. La Minera y la Reduccin de la Pobreza. Agosto 2000

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relacionadas con problemas de acceso y calidad de agua y 2 millones relacionadas con elhumo de las cocinas) cifras que equivalen al total de las muertes causadas por la desnutricinen el mundo.11

En los nuevos proyectos mineros de tajo abierto como Yanacocha en Cajamarca, las

denuncias de las comunidades debido a restricciones al derecho al acceso al agua, en calidady cantidad, tambin han sido puestas en evidencia por los diversos conflictos de los ltimosaos. Comunidades afectadas por las operaciones mineras en Cajamarca, denunciaronrecientemente ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en el Foro Mundial del Agua enMxico a la Empresa Minera Yanacocha, al Ministerio de Energa y Minas, al Ministerio deSalud y al Ministerio de Agricultura del Per por las afectaciones ambientales y sanitariasocasionadas a las comunidades. Las pruebas presentadas ante el tribunal tico conllevaron aque esa instancia de la sociedad civil resolviera lo siguiente:121. Declarar que la Empresa Minera Yanacocha SRL es responsable de realizar actividades

nocivas para la salud y el ambiente en la regin de Cajamarca y que el Estado Peruanoha incumplido sus obligaciones constitucionales y ticas de defender el medio ambiente y

la salud de la poblacin.2. Que la empresa suspenda inmediatamente todas las actividades susceptibles de provocardaos en el ambiente e impactos negativos en la salud de la poblacin.

3. Que el Estado Peruano tome las medidas necesarias para evitar lesiones al ambiente, a

la salud pblica y las comunidades en la regin.4. Que la Empresa Minera Yanacocha SRL compense a las comunidades e individuos

perjudicados por los daos ambientales a la salud.

e) Minera y Derechos HumanosLa vulnerabilidad de los derechos humanos es mayor en contextos de pobreza y extrema pobreza, que son las comunidades donde se estn asentando la mayora de los nuevos proyectos mineros o se desarrollan los proyectos mineros tradicionales generalmenteasociados a situaciones de contaminacin y pobreza como ocurre en Huancavelica, Junn yCerro de Pasco o Hualgayoc en Cajamarca.

Las violaciones de derechos humanos ms frecuentes por actividades mineras estn asociadasal derecho a la salud: millares de personas contaminadas por las emisiones de dixido deazufre, cadmio, arsnico, y material particulado como ocurre con las poblaciones de LaOroya debido a las emisiones de la industria metalrgica de propiedad actual de Doe Run; ode aires envenenados por dixido de azufre y ros y una baha muerta como es el caso de larefinera de Ilo de propiedad de Southern Mining Corp. En otros casos, se trata deintoxicacin de ms de un millar de personas por mercurio como ocurri en el ao 2000debido al accidente de transporte vinculado a Minera Yanacocha con secuelas graves para la

11 Segn estudios del PNUD y la Universidad de Harvard (1996): Mientras que en los pases desarrollados la cargade la enfermedadcausante de muertes debida a problemas ambientales es de 5 %; en los pases subdesarrollados esacarga es de 20%. Cons. JOHNSON, Ian y LVOVSKY, Kseniya. Una Doble Carga. Banco Mundial, 2004.MURRAY, Christopher and LOPEZ, Alan .The Global Burden of Disease, Harvard University Press, 1996. Lacursiva es ma.12 Cons. Tribunal Latinoamericano del Agua. Mxico 2006. www.tragua.com

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salud de la poblacin que actualmente est sufriendo la instalacin de cuadros de afectacinneurolgica irreversibles.

Otras violaciones de derechos humanos estn asociadas a la forma inconsulta, y a vecesilegal, como las empresas mineras ingresan en territorios de comunidades campesinas e

indgenas, como est ocurriendo por ejemplo con el Proyecto Minero de Majaz en Piuraasociado a la empresa inglesa Monterrico Metals. Las divisiones sociales y las eventualespolarizaciones sociales que las empresas mineras generan en el tejido social local ocasionanel surgimiento de conflictos al interior de las propias comunidades como est ocurriendo enlos nuevos proyectos mineros en Tantahuatay y Miskimayo en Cajamarca, el primero de ellosvinculado a la empresa nacional Minas Buenaventura y el segundo a Vale Do Rio de Brasil;en Minas Conga o en el Proyecto Carachugo II de expansin de Yanacocha en Cajamarca de propiedad de Newmont Gold Corp., Minas Buenaventura y la Corporacin FinancieraInternacional (IFC) del Banco Mundial.Las restricciones a la calidad y cantidad de aguas, est siendo uno de los derechos ms

vulnerados por las actividades mineras en los andes del Per. Existen mltiples denuncias decomunidades indgenas como lo ha puesto en evidencia en reiteradas oportunidades laConfederacin Nacional de Comunidades Afectadas por Minera (CONACAMI) y los frentesde defensa de los diversos departamentos, muchos de cuyos lderes estn siendo denunciadosy enjuiciados por haber encabezado protestas, algunas veces violentas, en contra de lasempresas mineras y bienes pblicos (toma de carreteras, interferencia o impedimento delejercicio de la autoridad, etc.) Es preciso tener en cuenta que, incluso el actual gobierno hacredo conveniente incrementar las penas (ms an que las que ya haban impuesto elgobierno de Alejandro Toledo) contra quienes lideran las protestas ciudadanas, muchas de lascuales estn relacionadas a los conflictos mineros.

En el caso de Cajamarca, Minera Yanacocha ha afectado severamente a centenares defamilias campesinas con la destruccin de sus fuentes naturales de agua lo que ha llevado aque, despus de numerosos conflictos y reclamos, la empresa asumiera la responsabilidad debombear agua a los canales de riego con la preocupacin ciudadana legtima de la ausenciade mecanismos adecuados para el aseguramiento de la calidad y cantidad de las aguas, ascomo de quin asumir los costos del bombeo de aguas cuando la empresa haya cesado susoperaciones. Otro tanto est ocurriendo con la alteracin de los flujos de agua, desaparicinde lagunas, quebradas, manantiales y bofedales que abastecan de agua al Ro Grande, fuenteprincipal de abastecimiento de aguas para toda la ciudad de Cajamarca (150,000) habitantes.La carencia o limitacin del derecho al agua en cantidades suficientes y calidad adecuadaagrava la vulnerabilidad del derecho a la salud de las poblaciones ms pobres y a su vez esfuente de mayor empobrecimiento debido a que la mayor parte de las familias campesinasviven de la agricultura y ganadera de autosubsistencia, todas ellas absolutamentedependientes del acceso al agua.

f) Empresas Mineras y Violencia

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El boom minero iniciado en los 90s se hizo en medio de un contexto de guerra interna quellev a que las empresas mineras, con la anuencia del Estado, hicieran grandes despliegues deseguridad. El ao 1991 se cre FORZA, la empresa nacional de seguridad ms grande del pas, todos sus miembros provenan de la Marina de Guerra, el sector ms duro yespecializado de las fuerzas armadas del Per. El enfoque de seguridad que acompa el

inicio del boom minero fue antisubversivo. An cuando el pas se halla ya pacificado, lasempresas mineras como Yanacocha, en el norte de los andes del Per, disponen de todo unarsenal de armas de guerra y de policas especializados en antimotines.

Cuando en el ao 2002 se paraliza el proyecto minero en Tambogrande y luego en el 2004 separaliza las actividades mineras en el Cerro Quilish, las empresas mineras del norte del Peroptaron por agruparse en el denominado Grupo Norte que es coordinado por Dante Vera, unexmilitante izquierdista de los aos 80 especializado en guerra de guerrillas en pases deCentroamrica. Posteriormente en el gobierno de Toledo, Vera lleg a ser miembro delequipo de asesores del Ministerio del Interior. De all transit hacia las empresas minerasquienes lo contrataron para hacer trabajo de inteligencia en el norte del pas y desarrollar una

estrategia para el manejo de los conflictos que consiste bsicamente en generar un cordncivil de seguridad alrededor de las operaciones mineras, dividir a las poblaciones paraenfrentarlas entre los que quieren el desarrollo y los que se oponen al mismo. Decenas delderes ambientalistas, sociales, religiosos, polticos pasaron a ser clasificados comonegociables y no negociables. A partir de esa clasificacin las empresas establecieronuna lnea divisoria que, en trminos sencillos, se tradujo en trato dulce para los negociables(convenios, apoyos econmicos directos, beneficios personales, etc.) mientras que para losdems se disearon campaas de demolicin meditica, desprestigio social, aislamientoinstitucional, presiones para corte de percepcin de fondos de cooperacin internacional opblicos. De manera preocupante, ha sido el propio gobierno el que el ao 2005 terminpromulgando una ley que busca controlar, y eventualmente impedir, la accin de ONGs queestn comprometidas con acciones de defensa de derechos ambientales en zonas mineras, ascomo limitar la accin de las organizaciones de derechos humanos.

Entre los casos ms visibles de vulneraciones a derechos humanos de activistas ambientales ydefensores de DDHH en zonas mineras se hallan por lo menos seis lderes asesinados en elnorte del Per (En Piura: 2001 Godofredo Garca Baca;13 2004 Reemberto Herrera Racho yMelanio Garca.14 En Cajamarca: 2004 Juan Montenegro Lingn;15 2006: Isidro LlanosChavarra y Edmundo Becerra Cotrina16). Centenares de lderes han sido denunciados por elpropio Estado o las empresas mineras en los departamentos de Piura, Cajamarca, Huaraz,Junn, Moquegua o Cuzco. Igualmente, son numerosas las denuncias de lderes que han sidoamenazados de muerte sea de manera directa, va telefnica o por Internet. En otros casos lasempresas mineras han auspiciado operativos encubiertos de espionaje y reglaje contradecenas de lderes ambientales como ha sido descubierto en noviembre del 2006 con elOperativo Diablo en Cajamarca donde opera Minera Yanacocha, la mina de oro ms

13 Muerte que la poblacin asocia a la compaa minera canadiense Manhattan Minerals.14 Muertes que la poblacin asocia al proyecto minero Majaz de la compaa minera inglesa Monterrico Metals.15 Muerte relacionada con el proyecto minero La Zanja de propiedad de Ca. de Minas Buenaventura y de la Ca.norteamericana Newmont Gold Corporation.16 Muertes relacionadas con la Ca. Minera Yanacocha, propiedad de Ca. de Minas Buenaventura, de la Ca.norteamericana Newmont Gold Corporation y el Banco Mundial.

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grande de Amrica Latina. Este operativo ha puesto en peligro la seguridad de variosactivistas ambientales por lo que el Observatorio para la Proteccin de los Defensores deDerechos Humanos y la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hechoun llamado al Estado peruano para que adopte las medidas que sean necesarias para evitaramenazas y otros actos de hostigamiento contra defensores de los derechos fundamentales de

la persona en Cajamarca.17

Diversas empresas mineras tambin han sido blanco de ataques de poblaciones desesperadasque ante la inaccin o la debilidad del Estado para canalizar sus reclamos en contra de lasactividades mineras optaron por acciones de rechazo y expulsin de empleados de lasempresas mineras o an con la realizacin de incendios contra propiedades de las empresas(Yanacocha en Cajamarca y Manhattan en Tambogrande en Piura en el ao 2001; La Zanjaen Cajamarca y Tintaya en Cusco en el ao 2004; Majaz en Piura en el ao 2005). Algunostrabajadores de las empresas han sido vctimas de golpes, contusiones o detenciones por partede las organizaciones sociales de las comunidades afectadas por los proyectos mineros. EnCajamarca (marzo 2006), incluso se atent contra la vida de un funcionario de la Direccin

Regional de Minera en una extraa emboscada cuya autora no ha quedado plenamenteestablecida.

g) Los Conflictos Mineros

El proceso de expansin minera est siendo ltimamente ms acentuado en la regin delnorte del pas en cuyos departamentos las concesiones mineras llegan a ocupar ms de lamitad del total de sus territorios, y en el caso de algunos distritos stas llegan a ser ms de lasdos terceras partes o la totalidad de sus territorios.18 La falta de planificacin y ordenamientoterritorial, as como la ubicacin de la mayor parte de los proyectos mineros en las cabecerasde cuencas con dbiles mecanismos de fiscalizacin ambiental provoca las protestas de lascomunidades aledaas a las actividades mineras que ven restringido su derecho al acceso alagua y un medio ambiente sano en donde poder vivir con seguridad.

Segn reportes de la Defensora del Pueblo, los conflictos ambientales, la mayora de ellosasociados a las actividades mineras, constituyen la segunda fuente de conflictos a nivelnacional (en primer lugar estn los conflictos con las autoridades). El 72% de los conflictosocurre en zonas rurales y 91% de ellos en poblaciones que se hallan bajo la lnea depobreza.19

Entre otras causas de los conflictos mineros, es la situacin de desproteccin de los derechosque experimentan las comunidades la que les lleva a formas de movilizacin y de protesta

17 Ver Anexo 318 A nivel regional los departamentos de La Libertad, Piura, Cajamarca y Arequipa tienen concesiones mineras deltotal de sus territorios respectivamente: 39.62%; 15.4%; 32.54; y 23.14%. En el sur del departamento de Cajamarca,las concesiones mineras comprenden casi la totalidad de sus territorios, en tres distritos que estn siendo escenariosde mltiples las concesiones mineras son las siguientes: Distrito de Cajamarca: 75.65%; Baos del Inca: 86.38%; LaEncaada: 100 % (Datos del Instituto de Catastro Minero, Ministerio de Energa y Minas actualizados a Marzo del2006).19 Cons. Defensora del Pueblo. Reporte N 25. Actualizado al 31 de Marzo de 2006.

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que cada vez se han ido tornando ms violentas. En los ltimos aos varios lderes de lasorganizaciones campesinas o ambientalistas han sido asesinados en Piura y Cajamarca, losdos ltimos de ellos han sido Don Isidro Llanos Chevarra en Combayo-Cajamarca(02.08.2006) y Edmundo Becerra Cotrina en Yanacanchilla-Cajamarca (01.12.2006). Porotro lado, diversas empresas mineras han sufrido incendio o ataques de sus instalaciones o de

su personal (Tintaya en Cusco, La Zanja y Tantahuatay en Cajamarca, Majaz en Piura).

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Conclusiones

Diversos estudios han mostrado que las zonas mineras deberan ser consideradas como sitiospotencialmente peligrosos para la salud20 sobre todo si se tiene en cuenta que la prevencin dela contaminacin y sus daos a la salud es algo de lo que slo se ha tomado conciencia en los

ltimos aos, y que con anterioridad las precauciones del explotador se cean a larecuperacin del mineral, sin atender o prestndole poca atencin la contaminacin misma. 21

La problemtica de violaciones a los derechos humanos, la salud y el ambiente, en relacin a lasactividades mineras en el Per, muestra que el Estado no est garantizando adecuadamente laproteccin de los derechos de las poblaciones aledaas a las zonas de operaciones mineras. Estodebido a:

El privilegio de la poltica econmica gubernamental centrada en un modelo primarioexportador que prioriza la promocin de las actividades mineras por encima de otrasactividades econmicas sostenibles y un Estado que se muestra an dbil para redistribuirms equitativamente la renta generada por las empresas mineras.

La falta de una institucionalidad estatal eficaz y eficiente que proteja los derechoseconmicos, sociales y culturales (DESC) y los derechos ambientales de las comunidadesy sus ciudadanos. La proteccin de estos derechos est siendo relegada con respecto a laprioridad poltica que el gobierno concede a la promocin y el rpido crecimiento de lasactividades mineras, la mayor parte de las cuales se estn asentando en las regiones mspobres del pas y por tanto ms vulnerables.

La ausencia de mecanismos de consulta y participacin ciudadana eficientes que ignoranla necesidad de la licencia social de las comunidades locales (campesinas, indgenas yurbanas) las cuales debieran ser adecuada y oportunamente informadas sobre losimpactos positivos y negativos de la instalacin de operaciones mineras en sus territorios.

El carcter ineficiente de los actuales mecanismos pblicos de fiscalizacin y controlambiental que dejan en manos del rgano encargado de promover la minera (Ministeriode Energa y Minas) tambin la funcin de fiscalizar la actividad. No existe actualmenteun mecanismo transparente de fiscalizacin ambiental que tenga carcter transectorial(agricultura, salud, minera, produccin, educacin).

Carencia de planes de ordenamiento territorial que regulen dnde hacer o no actividadesmineras, lo que est dando origen a un proceso anrquico de expansin minera y ainnumerables conflictos sociales en todo el pas.

La abdicacin de funciones que ha hecho el Estado en materia de seguridad permitiendoque las empresas mineras desarrollen aparatos de seguridad privada, muchas veces mejorequipados que la propia polica nacional, los cuales estn siendo utilizados para intimidaro reprimir violentamente las protestas ciudadanas.

La extensin e intensidad de los conflictos sociales vinculados a proyectos mineros se torna cadavez ms violenta. Urgen mecanismos institucionalizados para la prevencin y gestin pacfica deestos conflictos que involucre la accin eficaz y eficiente del Estado, la participacin de lasorganizaciones sociales de base y la accin responsable de las empresas mineras.

20 MEJIA, J. CARRIZALES, L. y Otros. Evaluacin de Riesgos de Salud en Zonas Mineras. Rev. Salud Pblica deMxico. Vol. 41. Suplemento 2 de 1999. Pg. 13721 FERNANDEZ RUBIO, Rafael. Incidencia de las Actividades Mineras en la Calidad de las Aguas Subterrneas.CEPIS, OPS. 2004

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Se precisa la reforma de los marcos jurdicos y de los instrumentos de gestin territorial yambiental pblica que garanticen el ejercicio de los derechos sociales, econmicos, culturales,sociales y ambientales de las comunidades afectadas por actividades mineras.

Sera deseable promover y auspiciar una accin ms informada, decidida y comprometida de lasorganizaciones de la sociedad civil en materia de proteccin de derechos que estn siendovulnerados por las actividades mineras en el Per, para ello los medios de comunicacin y laescuela tienen mucho que aportar.

Se requiere que existan mecanismos de evaluacin y control del cumplimiento de los cdigos detica empresarial y de los compromisos asumidos en los estudios de impacto ambiental omecanismos de dilogo y negociacin que las empresas tienen con las comunidades de suentorno.

RECOMENDACIONES:22

1. Reforma de los marcos jurdicos que permitan que las enormes riquezas generadas por lasactividades mineras se redistribuyan equitativamente a las regiones ms pobres,fortaleciendo las capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales para la planificacin y el gasto pblico eficiente en salud, educacin, vivienda y proteccinambiental, especialmente de los recursos hdricos as como para la implementacin demecanismos de vigilancia pblica que eviten o disminuyan los niveles de corrupcinasociados a las grandes inversiones en pases como el Per que tienen dbiles estructurasinstitucionales.

2. Fortalecer la capacidad de la Defensora del Pueblo y de las organizaciones de lasociedad civil interesada (grupos de inters) para sistematizar peridicamente y haceraccesible la informacin a la ciudadana sobre la industria minera y sus impactos,econmicos, sociales y ambientales, con especial nfasis en lo relacionado a los impactosen la salud, el acceso al agua y las violaciones de derechos humanos, lo que deberacomprender tambin a la pequea y mediana, as como a la minera artesanal.

3. Obtener compromisos de inversin y logro de metas del gobierno y las empresas enmateria de remediacin de pasivos y cierre de minas, promoviendo desde el Estado y lasociedad civil el desarrollo de aptitudes administrativas y gerenciales locales y el diseo eimplantacin de regulaciones y fiscalizacin ambientales independientes, transparentes yautnticamente participativas.

4. Creacin de la autoridad ambiental autnoma de carcter intersectorial para lafiscalizacin ambiental de las industrias extractivas, de manera que se supere al actualenfoque de gestin ambiental sectorializada que permite actualmente que el Ministerio de

22Las siguientes recomendaciones se hacen en el marco de las propuestas de la Agenda Propuesta para una AgendaMinera Concertada presentada por la Red Muqui, la cual est conformada por varias organizaciones de sociedadcivil que incluye a diez ONGs, siete organismos vinculados a las iglesias catlica y evanglicas as como dos redesnacionales (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Propuesta Ciudadana). El autor es miembro directivonacional de la Red Muqui.

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Energa y Minas, rgano encargado de la promocin de las actividades mineras, sea a lavez el rgano de fiscalizacin ambiental.

5. Fortalecimiento y donde sea necesario creacin de mecanismos institucionalizados deprevencin, gestin y manejo de conflictos sociales vinculados a actividades mineras conun compromiso decidido del Estado, la participacin de las organizaciones de las

sociedad civil y las propias empresas mineras.6. Fortalecimiento del proceso de regionalizacin y descentralizacin, otorgando mejores ymayores recursos y competencias a los gobiernos locales y regionales para la realizacinde sus planes de ordenamiento territorial, la zonificacin ecolgica econmica de susterritorios, as como para la concesin de autorizaciones y fiscalizacin ambiental de lasactividades mineras.

7. Revisin de la poltica de seguridad ciudadana y del rol asignado a las empresas privadasde seguridad de manera que se prohba y sanciones las acciones intimidatorias orepresivas de los cuerpos de seguridad privada de las empresas mineras, recuperando elEstado su rol en la seguridad para todos sus ciudadanos.

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Anexo 1:

Cuadro de Riesgos Identificados en Recursos Hdricos. Per 2004

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RL:RIESGOS LEVES RS: RIESGOS SIGNIFICATIVOS RE: RIESGOS ELEVADOS* : NO EVALUADO

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - Direccin General de Salud Ambiental DIGESA 2004


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Anexo 3:

LLAMADO URGENTE EL OBSERVATORIO ER 004 / 1106 / OBS 137

GRAVES AMENAZASPERU, 17 de noviembre de 2006

El Observatorio para la Proteccin de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjuntode Federacin Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organizacin Mundial contra laTortura (OMCT), solicita su intervencin URGENTE ante la siguiente situacin en Per.Descripcin de la situacin:El Observatorio ha recibido informacin de la Asociacin Pro Derechos Humanos (APRODEH)sobre graves actos de hostigamiento y amenazas contra los miembros de la ONG Grupo de

Formacin e Intervencin para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), una institucin quedefiende el medio ambiente y realiza acciones de capacitacin y asesora legal a las comunidadescampesinas de la provincia de Cajamarca, y en particular contra el Padre Marco Arana,sacerdote, miembro de GRUFIDES, Premio Nacional de Derechos Humanos 2005, y mediadorentre el Gobierno y las empresas mineras[1][1], y la Doctora Mirtha Vsquez Chuquiln,Directora de GRUFIDES.De acuerdo con las informaciones, el 3 de agosto de 2006, el Padre Marco Arana recibillamadas telefnicas con amenazas de muerte e insultos, luego de la ocurrencia de disturbiosviolentos[2][2] en contra de las obras de expansin de la Minera Yanacocha. Posteriormente, el31 de agosto de 2006 la Sra. Mirtha Vsquez Chuquiln recibi una llamada annima en la cual

le dijeron: Te vamos a violar y luego te vamos a matar . Ese mismo da y el 1 de septiembre de2006, centenares de trabajadores de la Minera Yanacocha se movilizaron bajo rdenes de laempresa en contra de GRUFIDES, profiriendo insultos y amenazas.

Segn las informaciones, desde el 3 de septiembre de 2006, el personal de GRUFIDES esvctima de intimidaciones y hostigamiento (desconocidos toman fotografas, les filman y anotanlos horarios de ingresos a las oficinas). El 20 de septiembre de 2006, el personal de GRUFIDESinform al Viceministro del Interior, a la Comisara, a la Prefectura de Cajamarca y a laComisionada de la Defensora del Pueblo de esos actos de hostigamiento, sin ningn resultado.

El 27 de septiembre, una sobrina del Padre Arana recibi una llamada telefnica en la cual un

desconocido le dijo: Dile a tu to que no se meta, le vamos a disparar un balazo en la cabeza .Adems, en un peridico regional, en El Correo de Lima, en la prensa radial y televisiva se hanhecho ataques al Padre Arana, acusndole de haber promovido conflictos en Celedn, donde laMinera Yanacocha tiene planes de iniciar un nuevo proyecto. A finales de septiembre, el PadreArana fue a Celedn para asistir a un taller de la Red Muqui, una red nacional de ONG dederechos humanos y defensores del medio ambiente, y debido a una invitacin de la Asociacinde Promotores de Salud de Celedn acerca de los impactos ambientales y la proteccin de

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derechos de las comunidades afectadas por la minera. Uno de los ingenieros de la empresaminera irrumpi en el taller y film todo, filtrando luego la informacin a la prensa local.

Adems, el 14 de noviembre de 2006, el Padre Arana fue seguido por un hombre - identificadocomo el Sr. Miguel Angel Saldaa - que film e inform telefnicamente sobre la rutina del

Padre Arana, desde la salida de su domicilio hasta la vivienda de su madre. Cuando el PadreArana le pregunt sobre su identidad, el hombre se dio a la fuga en un auto. No obstante, unembotellamiento de trnsito detuvo el vehculo en fuga, y miembros de GRUFIDES, que estabanacompaando el Padre Arana, procedieron a detenerle y a llevarlo a la Comisara de Cajamarca,donde se encuentra todava.

El Observatorio recuerda que estos hechos han sucedido luego que el pasado 1 de noviembre,dos desconocidos asesinaron de 17 balazos al Sr. Esmundo Becerra Palomino, Presidente delSistema de Agua Potable del casero Ahijadero-Yanacanchilla, integrante de la organizacincampesina Rondas Campesinas y secretario del Frente de Defensa del Medio Ambiente deYanacanchilla. El Sr. Edmundo Becerra Palominojunto al Sr. Genaro Lpez Celis y a otros

dirigentes ambientalistas se encontraba amenazado por su permanente oposicin a la explotacinminera del cerro San Cirilo del proyecto El Solitario por parte de Minera Yanacocha (Verllamado urgente PER 003/1106/OBS 132, emitido el 8 de noviembre de 2006).

El Observatorio teme que esas amenazas estn relacionadas con la labor de GRUFIDES encontra de los proyectos mineros. En particular, GRUFIDES defiende el medio ambiente y ha sidoinvolucrado en negociaciones entre las comunidades campesinas y las empresas mineras.

El Observatorio destaca que esos hechos se suman a otros varios casos de amenazas a travs dellamadas y acciones de hostigamiento que, segn las denuncias, se han producido contradiferentes personas relacionadas con el medio ambiente y los derechos humanos.

El Observatorio manifiesta su seria preocupacin por las consecuencias que puedan tener estosataques sobre las actividades de GRUFIDES y particularmente sobre la integridad personal decada uno de los miembros de todas organizaciones no gubernamentales actuando enconsecuencia de los proyectos mineros en Cajamarca.Accin solicitada:

Favor escribir a las autoridades Peruanas urgindolas a:i. tomar de manera inmediata las medidas ms apropiadas para garantizar la seguridad y laintegridad fsica y psicolgica del Padre Marco Arana y la Dra. Mirtha Vsquez Chuquilin, detodos los dems miembros y trabajadores de GRUFIDES, de sus familias, y en general de todoslos defensores de derechos ambientales en la Provincia de Cajamarca y en general en Per;ii. garantizar una investigacin independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a lasamenazas contre los miembros de GRUFIDES, en particular contra el Padre Marco Arana y laDra. Mirtha Vsquez Chiquiln, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante untribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/oadministrativas previstas por la ley;

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iii. asegurar la aplicacin de lo dispuesto por la Declaracin sobre los defensores de los DerechosHumanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particularen lo referente a la proteccin del Derecho de toda persona individual o colectivo, de promoverla proteccin y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el

plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos (Art.1) y a garantizar la proteccinde toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia,discriminacin, negativa de hecho o de derecho, presin o cualquier otra accin arbitrariaresultante del ejercicio legtimo de los derechos mencionados en la Declaracin (Art. 12.2);iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convencionesinternacionales ratificados por Per.

Direcciones:

S.E. Alan Garca Prez, Presidente de la Repblica, Plaza mayor s/n - Cercado de Lima - LimaPer. Fax. + 51.1.311.39.17 / + 51.1.426.67.70, E-mail: [email protected]

Misin Permanente del Per ante las Naciones Unidas en Ginebra. 31-33, 71, Avenue LouisCasa, 1216 Ginebra. TEL.: + 41.22.791.77.20; FAX: + 41.22.791.77.29, E-mail:[email protected]

S.E. Luis Chuquihuara Chi, Embajador de Per en Bruselas, avenue de Tervueren 179, Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles 1150. TEL.:+32(0)2.733.33.19 E-mail: [email protected]; FAX: +32(0)2.733.48.19

Sra. Luis Alva Castro, Ministro del Interior, Plaza 30 de Agosto s/n. E-mail:[email protected] Urb. Corpac - San Isidro, Fax: + 51.1.225.45.37 /+ 51.1.475.29.95,

Sra. Mara Zavala, Ministro de la Justicia, Scipin Llona 350 - Miraflores, Lima 18, Fax: +51.1.422 35 77 / + 51.1.255 98 56, E-mail: [email protected] escribir tambin a las Representaciones Diplomticas del Per en sus respectivos pases.***Ginebra - Pars, 17 de noviembre de 2006Favor informarnos sobre cualquier accin emprendida, citando el cdigo de este llamado en surespuesta.

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El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, est destinado a la proteccin de losdefensores de los derechos humanos vctimas de violaciones y a proporcionarles una ayudacotidiana tan concreta como sea posible.Premio de Derechos Humanos de la Repblica Francesa, 1998

Para contactar al Observatorio, comunquese con la Lnea de Urgencia:Tel. y fax FIDH : + 33 1 43 55 20 11 / + 33 1 43 55 18 80Tel. y fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

E-mail: [email protected]

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informe mineria en el peru

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