informe de gobierno del estado de sinaloa 1974

8/9/2019 Informe de Gobierno del Estado de Sinaloa 1974

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Sexto

Informe de Gobierno del

Lic. Alfredo Valdez Montoya

Gobierno del Estado de Sinaloa 1974

Culiacán, Sinaloa

Septiembre 1974



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

La conclusión del presente sexenio de gobierno, es ocasión propicia para formular

ante esta Representación Popular, un informe que se refiera a los avances logrados por

nuestro Estado en lo político y gubernamental, así como en lo económico y en lo social, con

el fin de disponer de los elementos de juicio necesarios para realizar una valoración real de

los resultados obtenidos hasta ahora, y para modificar o perfeccionar estrategias que nos

permitan avances más significativos en el futuro.

En lo general, consideramos que el pueblo sinaloense debe sentirse muy satisfecho

porque cada vez son más importantes sus aportaciones al desarrollo del país.

Después de muchos años de estimarse nacionalmente a Sinaloa como una entidad

potencialmente rica, por la significación de sus recursos agropecuarios y pesqueros, y de

señalarse el hecho de que su participación en el crecimiento del país estaba muy por abajo

del nivel que debía corresponder a este potencial, en los últimos años se han realizado

esfuerzos cada vez más productivos y sobresalientes, como puede constatarse si se

comparan las cifras sobre el crecimiento de la economía estatal con las de la economía

nacional.

Y si bien es trascendente y satisfactorio para los sinaloenses destacar estos avances,

más importantes aún es señalar que ya estamos en el camino que habrá de llevarnos al

desarrollo definitivo del Estado, apoyándonos en la educación y en la modernización de la

administración pública estatal; en programas que trazan caminos y metas, mismas que

deberemos alcanzar en plazos previsibles; y en la formación de elementos humanos

especializados en las diferentes disciplinas de la administración pública, que han servido

con responsabilidad y eficacia al Gobierno y a Sinaloa, y algunos de ellos lo hacen ahora

desde el Sector Privado.



Apoyándonos también en la convicción cada vez más arraigada en empresarios y

organismos que los agrupan, de que la organización y la técnica deben ser los principales

aportes de sus esfuerzos productivos; en la infraestructura económica básica que nos ha

entregado el Gobierno Federal, que habrá de incrementarse considerablemente en los

próximos años por acuerdo del Señor Presidente de la República, y en la complementaria

que los sinaloenses estamos ayudando a construir cada vez con mayor celeridad y eficacia.

Y por último en el respaldo de una de las mejores distribuciones de la tierra entre las

entidades del país, y la mejor de las agrícolamente importantes, que es garantía de una

buena distribución de ingreso agropecuario; y en la existencia de políticas e instrumentos

creados por el Gobierno Federal para fortalecer el ingreso rural y para estimular y

promover el crecimiento de las demás actividades productivas y de las exportaciones, para

obtener una mejor distribución geográfica de las inversiones y del ingreso nacional, así

como para disminuir el grado de nuestra dependencia económica y tecnológica del exterior.

Estimamos, además que los sinaloenses también debemos sentirnos satisfechos,

porque si en los valles donde tenemos nuestro mayor potencial económico y las más

grandes concentraciones de población realizamos inversiones para integrar la

infraestructura económica y promovimos y llevamos a cabo actividades cada vez más

productivas, no hemos descuidado en los últimos años la ejecución de programas de

inversión en los municipios enclavados en las zonas altas del Estado.

Actualmente las ocho cabeceras municipales de los altos, hasta hace poco

incomunicadas y con servicios precarios, cuentan con carreteras pavimentadas, servicios

escolares completos, ---desde la escuela primaria

hasta la preparatoria, según sus requerimientos--- servicios de energía eléctrica y agua

potable.

Se ha realizado, además, en estos mismos municipios, programas muy importantes

de caminos revestidos y acondicionamiento de brechas, de desmontes a mano e



implantación de praderas para el desarrollo ganadero; caminos de mano de obra, bordos y

represas dentro del Plan Benito Juárez, pequeñas y medianas obras de irrigación hechas por

la Junta Local de Pequeña Irrigación; el Rancho Piloto en San Ignacio con asistencia

técnica de FAO, y los programas de inversión para el desarrollo rural integral que se

ejecutan desde el año pasado en Cosalá, San Ignacio y Elota, y a partir de este año, en los

altos de Culiacán, Mocorito y Badiraguato.

Se concluyeron ya los estudios para la elaboración de los planes que habrán de

realizarse en la región serrana de Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa y se han

comenzado los correspondientes a los municipios de El Fuerte, Choix y Sinaloa.

Consideramos que con la inversión directa del Gobierno Estatal, del Gobierno

Federal y la realizada por el sistema de cooperación gubernamental y nacional, más los

programas de fomento de las actividades económicas posibles en esta zona y los que se

proponen el desarrollo de sus comunidades hemos cumplido con el compromiso adquirido

al iniciarse nuestra campaña política en Badiraguato.

En esta fecha expresamos al pueblo sinaloense que lo hacíamos ahí, porque en ese

municipio existía el valor de producción por habitante más bajo del Estado y porque

teníamos el firme propósito de continuar con los esfuerzos hechos hasta entonces, para

lograr un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y económicos de nuestra región

alteña.

Para referirme concretamente sólo al Municipio de Badiraguato, éste dispone ahora

de carretera pavimentada, energía eléctrica, ampliación de la escuela primaria y del servicio

de agua potable, escuela secundaria, canchas deportivas, servicio telegrafónico y de obras

en proceso comprendidas en el programa de desarrollo rural, que no tenía cuando

adquirimos el compromiso de servirles.

Dentro de esta perspectiva muy general de la acción gubernamental emprendida en



los últimos seis años, debemos mencionar la especial significación política, económica y

social presente y futura, de los planes de desarrollo urbano realizados en las principales

ciudades del Estado, con efectos inmediato en el bienestar de la población urbana y los que

se están registrando en inversiones productivas que gradualmente nos darán las fuentes de

trabajo requeridas por nuestro pueblo.

Finalmente, es preciso destacar la muy amplia y trascendente acción legislativa, que

permitió avances muy importantes hacia la integración y creación de las instituciones e

instrumentos legales necesarios para seguir promoviendo el progreso y el bienestar de los

sinaloenses.

El proceso de desarrollo económico impulsado en nuestro país por la obra

constructiva de los Gobiernos de la Revolución, se encuentra actualmente bajo la influencia

de fenómenos estructurales, que han evolucionado de manera desequilibrada; entre los que

destacan el notable crecimiento demográfico, la subocupación de la fuerza de trabajo, el

creciente desempleo, la defectuosa e inconveniente distribución del ingreso y la presencia

de zonas metropolitanas, con elevada concentración industrial y de mercado.

En Sinaloa este proceso tiene innegables efectos positivos y nuestro pueblo está

experimentando una profunda transformación, lo que, unido a su privilegiada situación

geográfica, vial y energética, se traduce en un constante crecimiento de nuestra economía.

Estamos en la avanzada del sector agropecuario nacional y de las entidades

exportadoras, y en el camino para llegar a una pronta industrialización; tenemos una

población con oportunidades para educarse y capacitarse técnica y científicamente; y

hemos desarrollado un poderoso mercado interno, como resultado de la demanda efectiva

surgida de una distribución de la riqueza, que es mejor que en la mayoría de las entidades

del país.

No obstante lo anterior, tenemos aún deficiencias que debemos ver como tareas a



realizar, obstáculos que superar, metas que cumplir; importantes sectores de nuestra

economía, se encuentran rezagados y amplios estratos del pueblo no disfrutan de un

adecuado nivel de vida; y frente a una eficiente agricultura de riego, se halla la agricultura

de temporal sujeta a los efectos aleatorios de los fenómenos naturales.

Además, el creciente mercado interno no cuenta aún con la oferta de productos

manufacturados resulta de nuestro propio esfuerzo; el explosivo crecimiento de la

población y su movilización interna, genera el surgimiento de cinturones de miseria que

componen una amplia zona suburbana, en donde no ha sido posible introducir todos los

servicios indispensables para la vida humana; problemas éstos, que deben seguir siendo

objeto de nuestra especial atención y del empuje creador de los sinaloenses.

Por lo tanto, equilibrar el desarrollo del Estado constituye un reto a nuestra

capacidad de crear, de organizar y de administrar, y tarea permanente será la de tomar

decisiones que faciliten y estimulen las inversiones públicas y privadas y establezcan

condiciones favorables para el aprovechamiento integral de los recursos con que contamos.

Conscientes de lo anterior, desde el inicio de esta administración, se ordenó la

exhaustiva revisión de las normas de la legislación vigente, expedida en la mayoría de los

casos durante las tres décadas pasadas y cuyo contenido resultaba inadecuado para

enmarcar las necesidades de una entidad, que como Sinaloa, aspira a desarrollarse

rápidamente.

Así fue como creamos entre otros el Consejo Estatal de Desarrollo Económico y la

Dirección del Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa y su ulterior transformación en

Secretaría del Desarrollo; para darle la jerarquía necesaria a la importancia de las funciones

que se le encomendaban, el Organismo Público Descentralizado, Parques Industriales del

Estado, o la Ley de Turismo, todas ellas destinadas a auspiciar y fortalecer nuestro

desarrollo económico, hasta la Reforma Penitenciaria, para no sólo segregar a los que han

infringido las normas que rigen a la comunidad, sino establecer sistemas convenientes para



readaptarlos socialmente.

Por ello, parte primordial de nuestra tarea fue la de promover ante este Honorable

Congreso, más de 185 iniciativas de leyes y decretos encaminadas a cumplir con las

finalidades señaladas.

Todos los campos de la acción legislativa fueron oportunamente cubiertos con

iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Procuramos dar una adecuada coordinación y organización de las funciones de la

comunidad urbana, mediante la Ley de Desarrollo de Centros Poblados, para que éstos

satisfagan las necesidades de sus habitantes y atraigan inversiones que aceleren nuestro

desarrollo.

Se reformó el Código Civil para introducir el concepto de propiedad horizontal y la

Ley de Fomento de la Vivienda de Interés Social, que regulan un aspecto muy importante

de la vida colectiva de los sinaloenses.

Y para satisfacción nuestra, la Ley que crea los Comités de Caminos Vecinales en

los Distritos de Riego y la nueva legislación vigente en materia de Tránsito y Transportes,

fueron públicamente reconocidas como modelos en su género a nivel nacional.

La reforma legislativa e institucional comprende desde la incorporación de los

mayores de 18 años a la ciudadanía estatal plena, el establecimiento de diputados locales de

partido y de nuevos distritos electorales, hasta la expedición de otra Ley del Notariado

Sinaloense, que regula esta importante función pública, en beneficio de la seguridad y la

firmeza de las relaciones jurídicas entre particulares.

La reforma, modificación o creación de instituciones, han tenido el propósito desde

la integración de la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Sinaloa, el

Premio Sinaloa de Investigación Científica y Tecnológica y la dotación de becas para

estudios de Post-Grado, de acelerar nuestro desarrollo, incrementar la productividad y



liberarnos de la dependencia tecnológica, hasta la expedición de un nuevo Reglamento y

reorganización del Registro Civil en el Estado y la Reforma del Código Civil, para eliminar

el estado de “hijo natural” a diferencia del legítimo, e igualar a la mujer con el hombre por

lo tocante a la atribución de paternidad o maternidad de un hijo.

Desde la iniciativa de Reformas a la Constitución en materia educativa y de la

nueva Ley de Educación, que pretende la prestación de este importante servicio

regulándolo en forma idónea, moderna, sistemática, integral y articulada, hasta la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo, recientemente aprobada por este Honorable Congreso, que

representa el fruto de las experiencias de un sexenio de gobierno y pretende dotar, a éste, de

la estructura conveniente a las necesidades del presente y del futuro inmediato.

Difícil sería seguir reseñando algunas de las más importantes reformas legislativas,

como la realizada en materia fiscal, que buscaron una adecuación constante de nuestras

normas a los requerimientos económicos de la acción gubernamental y de los mecanismos

más idóneos para la administración, y más cómodos para que el causante cumpliera con sus

obligaciones fiscales.

Lo ya mencionado como mera ilustración de una tarea, expresa la magnitud del

esfuerzo legislativo llevado a cabo por esta representación popular y por el Ejecutivo a mi

cargo, en el afán que tenemos de servir al pueblo sinaloense.

Sistemáticamente nos esforzamos porque las relaciones con el Poder Legislativo y

Judicial, así como con el resto de los Estados y con la Federación, se llevaran dentro del

más absoluto respeto y cordial, a fin de que el esfuerzo conjunto produjera los mejores

frutos en beneficio del pueblo sinaloense.

Constitucionalmente, es el Municipio la base fundamental de nuestra estructura

política. Hemos sido profundamente celosos de su autonomía, habiendo impulsado su

desarrollo en todos los órdenes.



Durante los seis años de mi gobierno se invirtieron en obra directa 72 millones 500

mil pesos, y otorgamos el aval para la ejecución de obras de beneficio colectivo por 381 por

ciento respecto de lo realizado en los doce años anteriores.

El pasado 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones constitucionales para

elegir Gobernador del Estado, Diputados al Congreso de la Entidad, Presidentes

Municipales y Regidores, que se caracterizaron por su legalidad, así como por la madurez

cívica demostrada por la ciudadanía.

Concluye así una etapa de este mandato, que garantizó con plenitud los derechos

cívicos y políticos de los sinaloenses, de los organismos democráticos que nos rigen y del

sistema de partidos en que institucionalmente nos desenvolvemos.

La Dirección de Asuntos Jurídicos, además de haber contribuido a la creación del

marco institucional del desarrollo, intervino en las demandas de amparo interpuestas en

nuestra contra, que se resolvieron desechando por improcedentes, sobreseyendo o negando

el amparo en un 98.6 por ciento, lo que demuestra claramente el respeto de mi gobierno a

los derechos ciudadanos.

La Comisión de Límites del Estado llevó a cabo una serie de trabajos y reuniones

tendientes a solucionar problemas limítrofes con Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Mantuvimos inalterable el más absoluto respeto a la libertad de expresión, y una

relación de amistad especial y diferente con quienes se dedican a la difícil tarea de informar

y orientar a la opinión pública.

Para estimular el mayor y más eficiente desenvolvimiento de la actividad

periodística en el Estado, se creó el Premio Estatal de Periodismo, que en su primera etapa

arrojó ya magníficos resultados.



La reorganización del Ministerio Público se significó por los sistemas de control

tendentes a mejorar su funcionamiento, con la revisión sistemática de Agencias; la

reestructuración del servicio médico forense; la creación del Departamento de Control de

Averiguaciones Previas y Procesos y la selección de personal y su gradual sustitución y

mejoramiento, aunque sin llegar a los niveles deseados.

En la lucha contra el pistolerismo fueron confiscadas más de 3 mil armas de fuego.

En auxilio de autoridades federales, se decomisaron 33 kilos de opio y 47 toneladas

de mariguana; se localizaron y destruyeron varios laboratorios destinados a su

procesamiento, así como gran cantidad de plantíos de mariguana; y se consignaron a 210

responsables de delitos contra la salud.

Se vigiló el cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre Control de Bebidas

Alcohólicas y su Reglamento, principalmente en las zonas rurales y sub-urbana del Estado.

Más de las tres cuartas partes de los establecimientos autorizados para la venta de

bebidas alcohólicas, son restaurantes con venta de cerveza con los alimentos, procurando

con ello evitar la proliferación de expendios, cantinas y licorerías, sobre todo en

comunidades del medio rural.

Ingresaron al Consejo Tutelar de Menores, 4 mil 500 jóvenes, de los cuales 3 mil

900 son varones y 600 mujeres.

Las causas más importantes de ingreso fueron: farmacodependencia 24 por ciento,

robo 24 y vagancia 19 por ciento.

Desde el inicio de nuestra gestión hemos procurado sustraer a la niñez y a la

juventud de acciones antisociales, promoviendo el impulso al deporte y a la práctica de

actividades recreativas, artísticas y culturales.



El Instituto de Readaptación Social de Sinaloa funciona con bases jurídicas que

contienen las más avanzadas corrientes en materia de régimen penitenciario.

A iniciativa de este gobierno, se aprobaron la Ley de Ejecución de Sanciones

Privativas y Restrictivas de la Libertad; la Ley Orgánica del Instituto de Readaptación

Social de Sinaloa; la Ley Orgánica de la Zona de Procesados y la Ley que crea el Patronato

de Reos Liberados, que básicamente pretenden readaptar al infractor del Código Penal

mediante un tratamiento individualizado, basado en la observación de su conducta, la

educación y el trabajo obligatorios.

Al cabo de seis años de funcionamiento del Instituto los objetivos han sido

superados y los fines previstos, alcanzados.

Utilizando el trabajo como Terapia Ocupacional conjuntamente con la Educacional,

se ha obtenido el fin fundamental del Instituto: la readaptación social del interno.

Confirmando lo anterior, está el bajo índice de reincidencia, pues sólo se han

registrado 13 reingresos de un total de 2 mil 712 internos que han obtenido su libertad en el

presente sexenio, lo que hace de esta Institución una de las más eficaces en su género en

América.

El Instituto cuenta a la fecha con un organismo técnico criminológico y un cuerpo

de seguridad; servicios generales y de mantenimiento; talleres de carpintería, herrería,

huarachería, sastrería, panadería, mecánica automotriz, reparación de carrocerías, plásticos,

artesanías; y una sección agrícola y granja que dan ocupación remunerada a los internos y

contribuye en forma importante al sostenimiento de la propia institución.

Dispone, además, de servicio médico general para medicina preventiva y cirugía

menor, odontológico, psiquiátrico y psicológico; escuela primaria, secundaria técnica,



periódico mural y realiza permentemente actividades deportivas y recreativas a cargo de los

propios internos, en colaboración con elementos del exterior.

Su funcionamiento eficaz ha sido posible por el sentido de responsabilidad y la clara

comprensión a la importancia de la tarea a realizar, de los elementos que han integrado su

cuerpo directivo, para lo que públicamente expresamos nuestro reconocimiento.

Hemos contraído, públicamente, el compromiso de mantener una tasa sostenida de

crecimiento económico, superior a la media nacional.

Sinaloa, dispone del 22 por ciento de aguas susceptible de ser utilizada para riego en

la República y del 18 por ciento de la tierra actualmente irrigada.

El valor generado por nuestra agricultura en distritos de riego, es de

aproximadamente el 22 por ciento del valor total de la producción agrícola del país en esos

mismos distritos, con lo que mantenemos una productividad, en esta área, superior a la

media nacional.

Esto lo hemos logrado con un reparto agrario que no vacilamos en calificar como

uno de los mejores del país: el 75 por ciento de la superficie laborable del Estado, y el 78 de

la de los distritos de riego; está en poder de ejidatarios.

Por ello, Sinaloa ocupa el primer lugar nacional entre las entidades de elevada

productividad agrícola, por lo que toca a la entrega de la tierra.

Nuestra actitud en materia agraria, estuvo invariablemente inspirada en lo dispuesto

por el Artículo 27 Constitucional, que establece con nitidez los derechos de los pueblos a

tierras y aguas y la protección a la auténtica pequeña propiedad, de la cual fuimos siempre

respetuosos.

Tanto la comunidad y el ejido como la pequeña propiedad, son instituciones creadas

por la Constitución del 17 como legítimas formas de tenencia de la tierra y que merecen,



por lo mismo, todo el respaldo y protección de los regímenes revolucionarios.

Para beneficio de 97 ejidos y comunidades, con actos de dotación, ampliación y

dotación complementaria, entregamos un total de 344 mil hectáreas.

Con el propósito de dar una mejor atención al campesinado sinaloense, duplicamos

el presupuesto de la Comisión Agraria Mixta, que actualmente es de un millón 500 mil

pesos.

Hemos reiterado que la reforma agraria integral, no concluye con la entrega de la

tierra al campesino, sino que ésta es sólo el paso inicial de un largo proceso, que implica

necesariamente el crédito, el agua, la asistencia técnica, la capacitación y la organización de

los propios ejidatarios como productores.

Desarrollo Agropecuario Ejidal de Sinaloa, recibió durante el primer año de mi

administración modificaciones sustanciales a fin de hacerlo más operante y ágil.

Se reclutó el equipo técnico requerido, se realizó una investigación socioeconómica

del sector ejidal del Estado, se cuantificaron los recursos disponibles, se analizaron los

problemas, métodos y procedimientos de acción y se señalaron objetivos concretos,

promoviendo la creación y operación de unidades económicas de producción agropecuaria.

Así se constituyeron un total de 112 unidades; 102 ejidales, nueve de minifundistas

y comuneros y una industrial mixta, integrada por ejidatarios y pequeños propietarios, que

opera la despepitadora de algodón ubicada en el poblado El Batamote, del municipio de

Guasave.

Los ingresos obtenidos por el ejidatario organizado siempre han sido superiores a

los del campesino no organizado. El primero, por ejemplo, recibió en los últimos cuatro

años 75 mil 829 pesos contra 58 mil 123 que obtuvo el segundo.



Esto nos demuestra lo que es posible lograr cuando el hombre del campo labora en

forma programada, o sean entradas mayores de dinero a los del trabajador urbano con

salario mínimo.

En el presente año el ejidatario organizado percibió 32 mil 308 pesos, que

representa un ingreso mensual promedio de 2 mil 692 pesos, superior en un 52 por ciento al

salario mínimo vigente en la ciudad de Culiacán y estas cifras, no corresponden a uno o dos

unidades aisladas, sino a los promedios de 32 unidades económicas de producción

agropecuaria asistidas por D.A.E.S.

El campesino, en estos casos, ha cubierto totalmente los créditos de avío recibidos y

ha cumplido oportunamente los vencimientos de los créditos refaccionarios. Los resultados

le han permitido además liberar adeudos contraídos con la banca oficial, en la época en que

operaron en forma no organizada.

D.A.E.S. ha promovido la organización del campesino, no solo para atenderlo

directamente, sino que en 77 casos que ha constituido unidades económicas agropecuarias,

las accedido a la banca oficial.

En esta forma creemos estar dando pasos importantes para trazar la ruta que

encauce los esfuerzos para incrementar la productividad agropecuaria ejidal y elevar el

nivel de vida de nuestros campesinos.

Los programas de acción social en el medio rural, se desarrollaron básicamente por

conducto del Plan Sinaloa de Superación Campesina, que realizó, durante el sexenio, un

total de 3 mil 402 actividades, con la colaboración de autoridades y con el trabajo y

aportación de las propias comunidades beneficiadas.

El volumen de inversión directa de este organismo es verdaderamente modesto,

apenas si sobrepasa el millón de pesos; el valor económico de la obra realizada, supera, no

obstante los 27 millones 500 mil pesos. El valor social lo representan obras, que van desde



la colaboración en la proyección de Centros de Orientación Familiar del I.P.I.S. hasta la

localización, mejoramiento y construcción de caminos y brechas, trazo y regeneración de

poblados; construcción y restauración de aulas y de obras de pequeña irrigación, baños

garrapaticidas y tendido de líneas telefónicas.

El valor trascendente de esta obra, estriba en los cambios mentales propiciados

especialmente en las zonas rurales de menor desarrollo, para restituir al campesino la

confianza de mejorar sus condiciones de vida, utilizando el esfuerzo colectivo.

La Dirección del Trabajo y Acción Social, en Coordinación con el Centro Nacional

de Productividad y el sistema educativo estatal, fomentó la capacitación de mano de obra, y

en forma directa impulsó la introducción de servicios públicos a las comunidades, y las

actividades culturales, recreativas y deportivas en colonias populares y en el medio rural.

Proporcionó asistencia médica y medicinas, materiales de construcción y artículos

de primera necesidad, a precios más bajos que en el mercado.

Mediante la actuación del Comité Regularizador de la Tenencia de la Tierra, se está

resolviendo este problema en las zonas urbanas ejidales, para lograr un desarrollo ordenado

de nuestras ciudades.

Para llevar a cabo una labor más eficaz de la acción social en la Entidad, se creó en

1971 la “Comisión Coordinadora de Acción Social”, integrada con representantes de todas

las dependencias federales, estatales y municipales, tendiente a realizar obras en beneficio

de las comunidades del Estado.

El Cuerpo de Defensores de Oficio atendió adecuadamente a quienes, necesitando

de una defensa ante los tribunales, no pueden recurrir a los abogados particulares,

habiéndose reestructurado esta dependencia con la creación de las Defensorías de Oficio de

tiempo completo.



El Departamento del Trabajo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo han

encaminado su acción hacia el cumplimiento de las disposiciones de la Nueva Ley Federal

del Trabajo, vigilando porque a los trabajadores del Estado, se les pague el salario y se les

otorguen las prestaciones a que tienen derecho, constituyéndose en eficaces auxiliares para

la defensa del nivel de vida de los asalariados.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje desarrolló una intensa actividad, con el

satisfactorio resultado de que no existen negocios atrasados o pendientes de resolver,

cumpliendo así los propósitos trazados por esta Administración de disponer de una justicia

laboral, ágil y expedita en favor de los trabajadores y la productividad, enmarcando los

conflictos obrero

patronales dentro de cauces jurídicos preestablecidos.

En el presente sexenio se tramitaron 3 mil 822 demandas locales y mil 254 foráneas,

lográndose el desistimiento de 2 mil 119 demandas, en ejercicio de la función conciliatoria.

Con motivo del fenómeno inflacionario que nos aqueja, las organizaciones

sindicales, en el transcurso de un año, presentaron 800 emplazamientos de huelga,

solicitando incrementos salariales para restaurar su menguado poder adquisitivo,

habiéndose realizado una exhaustiva función conciliatoria en los conflictos colectivos

planteados, que culminaron con el otorgamiento de un 20 por ciento de aumento en 1973 y

22 en este año, de acuerdo con la recomendación nacional que al respecto hizo el señor

Presidente de la República.

En los restantes años, se resolvieron 811 emplazamientos por firma y revisiones de

contratos colectivos de trabajo en forma satisfactoria para la clase laboral y sin afectar el

equilibrio entre los factores de la producción, ni alterar el ritmo de desarrollo acelerado del

Estado.



También se sancionaron 2 mil 110 convenios y 920 Contratos Colectivos de

Trabajo, se registraron 67 Sindicatos y 89 reglamentos interiores, se dictaron 3 mil 50

laudos, recibiendo los trabajadores beneficios económicos directamente derivados de la

intervención de este Tribunal por la suma de 41 millones 970 mil pesos.

La actualización administrativa para lograr mayor eficiencia en la acción del

gobierno implica la adecuada remuneración y el otorgamiento de prestaciones a los

empleados estatales, así como su permanente capacitación profesional.

Al principiar el sexenio se creó la Dirección General Administrativa, para

encargarse de atender la planificación, control y supervisión del gasto público que se realiza

por conducto de la Secretaría General de Gobierno.

Llevó a cabo además la reorganización de algunas dependencias tradicionalmente

olvidadas, como el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Hospital Infantil,

Hospital Civil y Patronatos de Educación, para mejorar la calidad de estos servicios.

El control de personal y sueldos del ramo educativo, lo realizó conjuntamente con la

Dirección de Educación, lográndose con el la mayor eficacia en las erogaciones, que

aumentaron de 81 millones de pesos en 1968 a 249 millones en 1974, o sea un 209 por

ciento más.

Las relaciones de mi gobierno con la burocracia sinaloense, siempre tuvieron el

propósito de servirles.

Así fue como se les otorgó el beneficio de la semana inglesa y se les concedieron

aumentos de sueldos que van desde el 76 por ciento de los ingresos más altos para los

empleados de base, a un 170 para los de menor categoría, incrementándose además las

pensiones para alcanzar el salario mínimo legal, donde hubo aumentos hasta del 160 por

ciento.



Entre las prestaciones sociales destacan el aguinaldo, la prima de vacaciones, el

sistema de quinquenios y la asistencia médica para el trabajador y su familia.

Todas ellas, sin precedente por su cuantía e importancia en la historia de la

burocracia sinaloense, tienden a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del

Estado, y a lograr la superación del servicio que dan al pueblo sinaloense.

Al iniciarse la actual administración se encontraban jubilados y pensionados por el

Gobierno del Estado 247 maestros y 106 empleados administrativos, cifras que se vieron

incrementadas a 557 y 124, respectivamente.

Por este concepto se pagaba anualmente 3 millones 960 mil pesos y en 1974

estamos pagando 12 millones 200 mil, lo que significa un aumento del 213 por ciento.

Para fomentar la eficiencia del servidor público, se organizaron cursos de

Archivonomía Básica, Organización de Oficinas, Actualización Secretarial y Relaciones

Humanas.

En la adquisición de bienes y servicios, dimos preferencia a los proveedores

sinaloenses que ofrecieron las mejores condiciones de calidad, servicio, precio y forma de

pago.

Se realizó una reorganización de las oficinas y departamentos de archivo y se

concentraron en un solo edificio, para la debida conservación de los documentos.

Se estableció un taller de encuadernación para los propios archivos, el sistema de

microfilmación y un centro de copiado Xerox, para el servicio interno y público.

El Archivo General de Notarías fue objeto de una atención especial para lograr un

efectivo control de las Notarías que funcionan en la entidad, estableciéndose además



regulaciones que se proponen dignificar el ejercicio notarial y una más adecuada

distribución de esta importante función pública.

Se elaboró también Nuevo Reglamento del Registro Civil que pone a nuestro

Estado a la altura de las más avanzadas del país y se realizaron visitas de supervisión a 132

oficinas para mejorar su funcionamiento.

También en este campo hemos dado pasos sin precedente en la historia de Sinaloa,

dejando avances y logros indudables, que habrán de facilitar las tareas de futuras

administraciones, en beneficio del gobierno y del pueblo sinaloense.

Incorporándose a la dinámica del cambio y a fin de lograr un efectivo desarrollo

integral, se imprime nueva vida institucional al Instituto de Protección a la Infancia, para

una mejor ejecución del programa social del Gobierno del Estado, en coordinación con el

Instituto Nacional, que preside de manera ejemplar la Señora María Esther Zuno de

Echeverría.

Se trabajó de manera especial en las zonas rurales, descentralizando la acción

dirigida con anterioridad preferentemente al medio urbano, por lo que ahora se sirve a gran

parte del territorio estatal.

Mediante un proceso permanente de reforma administrativa, la Institución redefine

sus objetivos, buscando el desarrollo de las comunidades y la integración familiar, con la

mayor participación popular para proteger de manera efectiva a la infancia y familia

sinaloenses.

Enviamos al Congreso del Estado la iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica del

Instituto de Protección a la Infancia, estableciendo así el marco jurídico adecuado para los

nuevos programas.



A esta fecha funcionan 40 Centros para el Desarrollo de la Comunidad y están

varios en proceso de construcción en Culiacán, Rosario, Los Mochis, Mocorito, La Cruz, El

Fuerte, Sinaloa de Leyva y en Badiraguato, con una inversión de 8 millones 190 mil pesos,

lo que representa una aplicación de 60 por ciento de los recursos del Instituto hacia

programas para el desenvolvimiento de la colectividad.

Se da atención pre-escolar a un promedio de 2 mil niños en las zonas rurales.

Se construyeron 15 aulas para educación pre-escolar, representando un 150 por

ciento en relación a las 10 que existían, atendiéndose mil 250 niños que hacen un 212 por

ciento de incremento en este renglón.

La labor educativa nutricional ha crecido notablemente y se promueven huertos

familiares.

Se reparten diariamente 50 mil 510 raciones alimenticias complementarias, o sea un

aumento del 223 por ciento.

De estas raciones 34 mil 880 se destinan al medio rural, lo que representa el 70 por

ciento del total.

Operan actualmente 7 consultorios, o sean 4 más de los existían anteriormente.

Se realizan trabajos de acondicionamiento y reorganización del Hospital del Niño,

con una inversión de 310 mil pesos.

Funcionan 4 salas de recuperación infantil, con capacidad para 70 cunas,

construyéndose actualmente 4 salas más para 40 cunas, representando un incremento de

660 por ciento.



Se construye una Casa Hogar que albergará a 60 niñas con una inversión de 3

millones de pesos.

Se han incrementado las campañas de educación y orientación para la salud.

Se realiza un censo estatal de invalidez, y se integró el Patronato Estatal Pro-

Rehabilitación.

Como medida para defensa del ingreso familiar, se organizó una bolsa de trabajo; se

promueven actividades productivas y se fomentan los Centros de Capacitación de la Mujer

y Talleres de Producción.

Inició sus programas la Procuraduría de la Defensa del Menor, a fin de asesorar y

representar al menor y a la familia sinaloense.

El Instituto participa además en el Programa Nacional de Paternidad Responsable.

El patrimonio del Instituto se ha incrementado a 12 millones 336 mil pesos de

inversión, lo que significa un aumento del 767 por ciento en el sexenio.

En 1872, La Señora María Esther Zuno de Echeverría, ordenó a todos los Institutos

de Protección a la Infancia del País, la iniciación de la campaña “La Familia Mexicana”,

que tiene por objeto el registro de los nacimientos de las personas que lo hayan omitido, el

reconocimiento de los hijos por parte de los padres y la celebración de matrimonios de

personas que viven en unión libre.

Se realiza ahora la Tercera Etapa de esta campaña, que culminará el primero de

diciembre próximo, y para esa fecha se habrán celebrado 30 mil matrimonios, 60 mil

registros de nacimientos y 110 mil reconocimientos de hijos, en las tres etapas, obteniendo



así la protección de las leyes del Registro Civil 230 mil sinaloenses, que antes carecían de

ella.

En todas estas trascendentales y nobles labores, han participado estimables damas

de todo el Estado, para quienes expresamos nuestro más sentido y especial reconocimiento.

Los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el Estado, durante la

presente administración, sostuvieron permanente y sistemáticamente, campañas de

vacunación contra las enfermedades epidémicas, aplicándose 808 mil 481 dosis de vacuna

y practicaron 156 mil 113 consultas; se llevaron a cabo 54 mil 874 exámenes de laboratorio;

22 mil 555 de gabinete; 46 mil 92 visitas domiciliarias, así como 10 mil pláticas de

adiestramiento para beneficiar a 24 mil personas.

Se iniciaron con magníficos resultados los programas de orientación a padres de

familia, sobre todo de escasos recursos, dentro de la campaña de paternidad responsable,

que será imprescindible continuar a fin de moderar los excesos de nuestro explosivo

crecimiento demográfico.

En el medio rural, se ha continuado con el Programa de Obras rurales por

Cooperación. Se terminaron 110 obras, con un valor de 8 millones 800 mil pesos, y se

distribuyeron 134 mil raciones alimenticias entre las familias que colaboraron en dichos

trabajos.

El Programa de Alimentación Complementaria en Hospitales de Mazatlán y

Culiacán, se amplió y mejoró, así como el de alimentación en el medio rural para pre-

escolares y madres embarazadas.

En el presente año, se continuó el Programa de Vacunación Múltiple y Simultánea

contra la poliomielitis, sarampión, difteria, tosferina, tétanos y tuberculosis, inmunizándose

a más del 90 por ciento de la población susceptible.



Durante esta campaña la tasa por poliomielitis ha sido diez veces menor que en años

epidémicos y el sarampión ha disminuido de 167 por ciento en 1966 al 2 en el año actual.

Asimismo, la difteria y tétanos se han abatido en un grado significativo.

La anterior Ley de Tránsito, concebida para satisfacer requerimientos de épocas en

que las vías de comunicación, y las necesidades de transporte eran incipientes, resultó

obsoleta e ineficaz para satisfacer las crecientes necesidades, provocadas por el incremento

demográfico y el desarrollo económico de nuestra entidad.

Esto hizo necesaria la apertura de nuevos medios para hacer eficiente y oportuna la

movilización de personas y productos a los centros de consumo.

Lo anterior obligó a expedir una nueva Ley de Tránsito y Transportes y su

respectivo Reglamento, que merecieron, no sólo la aprobación de los habitantes del Estado,

sino un significado reconocimiento al adoptarla como patrón las demás entidades

federativas.

Para elevar la capacidad profesional del personal de Tránsito y preparar

debidamente a los aspirantes a agentes, así como para capacitar al usuario, se creó la

Escuela de Tránsito del Estado dotándola de su propia Ley Orgánica.

Estas modificaciones legales han constituido la base jurídica para transformar,

tecnificar y modernizar la Dirección General de Tránsito y Transportes, que constituye, en

la actualidad, una de las más eficaces del país.

En materia de autotransportes se ha incrementado y diversificado la oferta de

servicio, hasta en un 120 por ciento, de 1969 a la fecha.



El Departamento Técnico ha llevado a cabo el señalamiento integral de las

principales poblaciones del Estado, instalado semáforos en 60 cruceros, elaborando

estudios de vialidad integral para Mazatlán y de estructura vial para Guamúchil, y estudios

especiales para Culiacán y Ahome.

Igualmente, y a petición especial de los gobiernos de otros estados, se han realizado

estudios de vialidad para las ciudades de Zacatecas y La Paz y Villa Constitución, en el

Estado de Baja California Sur.

La Escuela de Tránsito, ha realizado doce seminarios para delegados y numerosas

actividades como parte del programa de Educación Vial en las Escuelas Primarias.

Ha efectuado cursos de capacitación para quienes aspiran a ingresar a la Policía de

Tránsito, lo que ha permitido una indiscutible mejoría en la calidad de estos servidores

públicos.

Los agentes han mejorado notablemente sus condiciones de trabajo con incrementos

de sueldo hasta del 250 por ciento, incorporación al ISSSTE, seguro de vida, implantación

de 8 horas de trabajo, descanso semanal, dos períodos de vacaciones en el año, así como

uniforme y equipo adecuados.

Se ordenó la estructuración del registro y control de conductores con la instalación

del equipo para expedición de licencias, la adopción de la licencia única conforme a las

sugerencias de la Asociación Mexicana de Directores de Tránsito, y el análisis sanguíneo

que se asienta en el propio documento, siendo en este aspecto los primeros del país en

hacerlo.

En el programa del registro y control de vehículos, se dieron pasos para contar con

un padrón de unidades que permite la elaboración de tarjetas de circulación en equipo

electrónico, lo que restringe al mínimo la presentación de documentos y la permanencia del

usuario en estas oficinas.



Se realizó en el año de 1970 en nuestro Estado la Convención Nacional de la

Asociación Mexicana de Directores de Tránsito, y en 1973, el primer curso introductorio

para Técnicos en Ingeniería de Tránsito, patrocinado por mi gobierno y la Asociación

Mexicana de Directores de Tránsito, con elementos de diez estados de la República.

Consideramos que hemos dejado instituciones, programas y elementos aptos para

servir mejor al Estado en sus necesidades de tránsito y transportes.

La necesidad imperiosa de contar con servicios educativos adecuados, fué objeto de

nuestra permanente preocupación, buscando un armónico y equilibrado desarrollo integral,

para atender con la mayor eficiencia a la capacitación de los recursos humanos.

Para ello, se elaboró un plan sexenal de acción educativa, tendiente a lograr diversos

objetivos, señalados unos desde siempre a la educación y otros que la época actual reclama.

Estos objetivos determinaron la necesidad de reestructurar la Dirección General de

Educación, en los aspectos administrativo y docente, para realizar con eficacia las tareas

tradicionales, acrecentadas por el notable incremento de maestros, aulas, escuelas y

población escolar; combatir la improvisación y la rutina, y ponerla en situación de afrontar

con eficiencia, el reto de trazar nuevas metas y enfoques al fenómeno educativo, al

concebirlo dentro de una estrategia general de desarrollo.

Las funciones administrativas que estaban concentradas en una Sección Técnica,

fueron encomendadas a siete Departamentos, entre los que destacan el de Investigación

Pedagógica y Planeación y el de Información Estadística y Planeación.

El primero tuvo la finalidad de realizar un trabajo sistemático de investigación para

el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje, la actualización de la metodología en uso y el

control de las tareas de evaluación; y el segundo, con sus secciones de estadística y



planeación, capta la información necesaria, para analizar y diagnosticar sobre el desarrollo

del sistema educativo y prever los requerimientos futuros, en todos los niveles.

Los otros departamentos funcionan para los ciclos pre-escolares, primarios, segunda

enseñanza, educación extraescolar, educación física, danza y recreación.

Se puso en marcha un sistema objetivo para otorgar ascensos a los maestros, que

eliminó el influyentísimo, y que ha operado con el apoyo del Sindicato a Maestros y del

Gobierno, a las decisiones de la Comisión Mixta de Escalafón, a cuyos integrantes deseo

expresar mi reconocimiento por la solidez y seriedad de la labor realizada.

La oferta de servicios de educación preescolar, superó en un 50 por ciento la meta

establecida en el programa, habiéndose incrementado la escolaridad en este nivel en un 7

por ciento promedio anual.

En educación primaria al principio de mi gestión, asistían 236 mil 170 escolares,

que representaban el 78 por ciento de la demanda teórica y en el presente ciclo se atienden

317 mil 590 niños, que significan el 84 por ciento de este requerimiento.

No obstante el incremento de más del 5 por ciento anual que representa un aumento

de 81 mil 400 escolares atendidos, no pudimos alcanzar la meta que nos habíamos

propuesto cumplir, porque el gasto corriente y de inversión, se elevó mucho más allá de lo

previsto, particularmente el primero, que creció a una tasa del 20 por ciento anual y en

números absolutos pasó de 91 millones 330 mil pesos en 1969 a 225 millones 470 mil

pesos en 1974.

La mayor parte de este importe incremento, fue absorbido por el mejoramiento de

las percepciones en salarios y prestaciones sociales de los maestros, renglón en el que mi

gobierno realizó el mayor esfuerzo para retribuirlos adecuadamente.



Estas cifras, superan todo lo realizado hasta ahora en Sinaloa, y lo hicimos así,

porque estamos conscientes de la trascendental misión que le está encomendada a este

gremio y porqué, gracias a su colaboración, el sistema educativo estatal ocupa hoy un lugar

destacado a nivel nacional, por su índice de aprovechamiento, por el elevado coeficiente

alumno-maestro y por la preparación profesional de sus integrantes; de ahí que merecen de

mi gobierno y deben merecer de todo el pueblo de Sinaloa, un especial reconocimiento a su

patriótica labor.

En el aspecto cualitativo, mejoramos la eficiencia del sistema. El índice de

deserción que en 9169 era del 13 por ciento, se redujo para el ciclo 1973-1974 al 9 por

ciento y el índice de aprovechamiento, pasó del 81 al 87 por ciento en el mismo período.

En 1969, atendimos 28 mil 980 jóvenes en las escuelas Secundarias de la Entidad y

actualmente cursan estudios de este ciclo, 48 mil 180, lo que representa un incremento del

69 por ciento en los seis años del régimen.

Por las mismas circunstancias, apuntadas anteriormente, -incremento en sueldos y

prestaciones al magisterio-, el costo por alumno de este ciclo, evolucionó de 883 pesos en

1969 a 2 mil 361 pesos en 1974.

A nivel de enseñanza normal se atendió una población de mil 629 alumnos durante

1973-1974. Egresaron en los seis años de Gobierno, mil 114 maestros.

Construimos las instalaciones del Instituto Pedagógico de Sinaloa en esta ciudad,

que a la fecha cuenta con 18 aulas lectivas, laboratorios y talleres, sala audiovisual, campos

deportivos, oficinas administrativas, biblioteca, cafetería, plazas cívicas y obra exterior, en

una superficie de 100 mil metros cuadrados y un costo de 10 millones 500 mil pesos.

Estas obras constituyen la primera etapa de lo que deberá ser la Universidad de la

Pedagogía, apta para satisfacer todos los grados, niveles y tipo de enseñanza, y por ello, una

de las instituciones básicas para el desarrollo integral de la Entidad.



Hemos dado un impulso sin precedente, a las actividades que promueven la

superación profesional del magisterio y la elevación cultural de la población.

Realizamos 21 reuniones de trabajo a nivel estatal para la superación profesional del

personal docente; una convención para el directivo y dos cursos para los supervisores.

Estos últimos participaron también en juntas de intercambio con supervisores de

otras entidades federativas, en las que en más de una ocasión fuimos citados como ejemplo.

Además, organizamos y realizamos 24 jornadas de superación profesional sobre

educación audiovisual; jornadas de cinematografía educativa; programas radiofónicos y

televisados; exposiciones y trabajos de campo para el mejoramiento de la vida rural, a

través de brigadas de difusión cultural.

La presencia de la juventud en eventos deportivos estatales, se elevó de 620

participantes en 1969 a mil 650 en 1974 y el rendimiento de estos jóvenes en eventos de

carácter nacional, también se ha superado. En los juegos prenacionales celebrados en la Paz,

Baja California, en agosto próximo pasado, se obtuvieron 5 primeros lugares en equipos de

conjunto.

Es importante destacar que Sinaloa fue pionero en intentar cambios en diversos

aspectos de la educación primaria y normal, los que posteriormente se incluyeron en la

Reforma Educativa que inició la Secretaría de Educación Pública a partir de 1971.

Igualmente nuestro Estado fue el primero en crear y operar con eficiencia una

Comisión Estatal de Reforma Educativa, ejemplo que adoptaron otras entidades federativas;

por ello, Sinaloa fue distinguido para participar más activamente en el estudio de los

problemas educativos nacionales, al designarse al titular de la Dirección de Educación

como miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional Técnico de la Educación.



La formación de profesionales y técnicos necesarios al desarrollo general del Estado,

y la investigación científica y tecnológica, tuvieron todo el apoyo moral, económico y

promocional del Ejecutivo a mi cargo.

Constituimos el Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico y establecimos un

sistema becario para estudios de especialidades y de post-grado en disciplinas

indispensables a nuestro crecimiento.

Mi Administración a través de este Consejo y en coordinación con CONACYT,

Secretaría de Relaciones Exteriores y Embajadas Extranjeras acreditadas en el país, otorgó

48 becas en las áreas de: Ciencias Agropecuarias; Ciencias Químicas; Ciencias del Mar;

Derecho y Ciencias Sociales; Bioquímica; Economía; Antropología; Salubridad; Educación;

Administración Pública; Ingeniería Industrial; Estadística y Cálculo y Turismo, para cursos

de post-grado en el país y en el extranjero, con el propósito de fortalecer nuestros cuadros

técnicos, capacitándolos en las ciencias y en la tecnología necesarias para el desarrollo de

Sinaloa.

Creamos el Premio Sinaloa de Investigación Científica y Tecnológica, con

estímulos económicos que van desde 25 mil hasta 100 mil pesos; para promover la

investigación en áreas del conocimiento que son fundamentales para acelerar el desarrollo y

para corregir nuestra dependencia de tecnologías extranjeras.

Apoyamos y promovimos la construcción de la Ciudad Universitaria, con el

propósito de que la Universidad Autónoma de Sinaloa dispusiera de las instalaciones

necesarias para atender a la creciente población estudiantil que demanda servicios de

educación superior, así como para elevar sus niveles académicos, de investigación y de

difusión de la cultura.

Con una inversión de 34 millones 600 mil pesos, de los cuales el Gobierno del

Estado, aportó 21; el sector privado, 9 millones 300 mil; el gobierno federal, 3 y la propia



universidad, 1 millón 100 mil pesos, se concluyeron las primeras unidades de edificios que

ya están en poder de las autoridades universitarias en el presente año.

Creamos el Instituto oceanológico del Pacífico que tiene una planta de

investigadores y técnicos de los más destacados del país, para la formación de los

profesionales que serán necesarios para la explotación de nuestros grandes recursos

marítimos, de donde debe surgir una importante producción de alimentos de bajo costo.

Para servir a la creciente población estudiantil, mi gobierno otorgó el

reconocimiento y su colaboración a las Escuelas Libre de Derecho y de Contabilidad y

Administración, las que trabajan con gran entusiasmo y eficacia.

Hemos sometido a la consideración de este Honorable Congreso una iniciativa de

reformas a la Constitución Local y un proyecto de nueva Ley de Educación.

Durante 1970 entregamos a la misma institución los edificios construidos para la

instalación de la escuela de agricultura, que tuvieron un costo de 19 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y de que cuentan con la Ley

Orgánica que la comunidad universitaria nos demandó, sentimos que Sinaloa no dispone

aún de la educación superior que necesita para su cabal desarrollo.

Del Instituto Tecnológico Regional de Culiacán, con una de las mejores

instalaciones del país, empiezan a egresar las primeras generaciones de profesionistas que

serán de gran utilidad al desenvolvimiento industrial del Estado.

Estimamos que en estas iniciativas se contemplan todas las reformas que se

requieren para darle a Sinaloa el sistema docente que su desarrollo reclama, y que han

nacido de la observación y análisis realizados durante este sexenio, sobre las limitaciones

jurídicas, constitucionales y de integración de los propios sistemas, que están afectando la

eficiencia de los servicios educativos en el Estado.



El acelerado y anárquico crecimiento urbano de nuestras más importantes

poblaciones en el Estado, hacía difícil y encarecía la introducción de servicios y la

construcción de obras públicas, que por falta de una organización adecuada, eran

frecuentemente impropias o mal jerarquizadas.

Por ello, pensando en la necesidad de una adecuada planeación, formulación de

proyectos y determinación de normas para una mejor coordinación y organización de las

funciones de la vida urbana, y en la conveniencia de atraer las inversiones de tipo comercial

e industrial que aceleren el desarrollo integral de nuestro Estado, que solo afluyen en la

medida en que los centros poblados cuentan con todos los servicios, se creó la Ley de

Desarrollo de Centros Poblados, con las normas necesarias, como herramientas jurídicas

útiles para ese propósito.

Dicha ley establece que las obras a ejecutar deben estar sujetas a un plan regulador,

aprobado para cada población; crea los mecanismos para la recuperación de costos con

cargo a particulares e incluye disposiciones para el control de los fraccionamientos.

De aquí nacieron los organismos públicos descentralizados encargados de la

planeación y construcción de obras por cooperación o plusvalía, como la Comisión Estatal

de Desarrollo de Centros Poblados y las Comisiones Municipales de Desarrollo de Centros

Poblados, Comités de Desarrollo de Centros Poblados y Comités de Obras.

Los mecanismos establecidos para la planeación y construcción se han reflejado en

la ejecución de un amplio programa de desarrollo urbano, cuya inversión en el sexenio

supera en 555 por ciento a la del sexenio anterior, llegándose a una cifra global de 747

millones de pesos.

Entre estas obras destacan:



Construcción de avenidas de la estructura vial básica, en la ciudad de Los Mochis,

pavimentación de calles e instalación de alumbrado público y ornamental, remodelación de

plazuelas y parques públicos, drenaje de aguas pluviales (Colector Antonio Rosales) y

construcción de colectores principales de aguas negras.

En la ciudad de Guasave: pavimentación del segundo tercer y cuarto cuadro de la

ciudad y construcción de los colectores pluviales Macario Gaxiola, Santos Degollado y

Blas Valenzuela, (en proceso de ejecución).

En la ciudad de Guamúchil: regeneración urbana del primer cuadro de la ciudad,

ampliación al segundo cuadro de la red de agua potable y sistema de alumbrado.

En la ciudad de Culiacán: regeneración y pavimentación de la mayor parte de sus

ejes viales, remodelación de plazuelas y parques públicos, así como pavimentación de

varias colonias e instalación de alumbrado público y ornamental.

Igualmente se ampliaron mediante el sistema de obra por cooperación las redes de

agua potable a las colonias populares, y las de drenaje de aguas negras y se construyeron

los grandes colectores pluviales Colombia, Aguilar Barraza y Joaquín Redo.

En Mazatlán: prolongación del circuito turístico Avenida del Mar-Cerritos;

integración vial de la ciudad, con la pavimentación de un gran número de calles;

regeneración de la Colonia López Mateos; además, se encuentran en proceso de

construcción los colectores del nuevo sistema de alcantarillado de la ciudad, y el drenaje

del poblado de Villa Unión.

Actualmente se encuentra en estudio para efectos de su aprobación, el Plano

Regulador del Desarrollo Urbano de Mazatlán, elaborado con la participación de técnicos

de la Secretaría del Patrimonio Nacional.

En la ciudad de Escuinapa: la construcción del sistema de agua potable.



En El Rosario: la pavimentación del primer cuadro e instalación del Alumbrado

Mercurial Ornamental.

La Comisión Estatal y las Comisiones Municipales de Desarrollo de Centros

Poblados, han elaborado estudios de un Plano Regulador para 150 poblaciones del Estado,

que cuentan con más de mil habitantes. Estos estudios incluyen, principalmente, los

aspectos del uso del suelo, estructura vial y proyectos de crecimiento.

Los planos reguladores, serán la base para la construcción de obras públicas y

evitarán en el futuro el crecimiento desordenado de las poblaciones.

Creemos así, haber dejado caminos establecidos para garantizar en el futuro la

posibilidad de un desarrollo urbano racional de la entidad, y bases de gran importancia para

lograr el mejoramiento de la vida urbana y para atraer inversiones que nos ayuden a

resolver los problemas de ocupación e ingreso que el desarrollo nos plantea.

El ingreso, el gasto y la inversión pública fueron poderosos y efectivos instrumentos

de apoyo en la consecución de los objetivos y programas que se trazó mi gobierno.

En materia de ingresos propios nos fijamos como meta una recaudación de mil 745

millones de pesos, que es el doble de la obtenida en la administración anterior, la que

rebasamos en 15 por ciento por haber captado 2 mil 7 millones en los seis años.

En la dinámica del ingreso tuvieron especial repercusión la actualización y revisión

de tarifas tributarias, el perfeccionamiento de la estructura, organización y control interno

de la Secretaría de finanzas, a la vez que la coordinación y armonización de las políticas

fiscales de los tres niveles de gobierno, hecha posible gracias a los convenios de

coordinación suscritos con el gobierno federal y promovidos durante las seis reuniones

nacionales de tesoreros de los estados y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.



A la vez que se logró un combate más efectivo de la evasión, se dieron pasos

importantes en la simplificación de los sistemas y procedimientos para que los causantes

cumplan con mayor facilidad y sencillez, las obligaciones fiscales que las diversas leyes les

imponen.

La tasa de crecimiento de nuestros ingresos ordinarios fue de 17 por ciento, contra

15 en el régimen anterior y 11 en el que le precedió.

Los egresos que se presupuestaron en el sexenio ascendieron a 2 mil 284 millones

de pesos, y los que se ejercieron suman 2 mil 441 millones. Comparativamente a la

administración anterior, en ésta el gasto resultó 131 por ciento más alto. La dinámica del

egreso de los últimos años se hace evidente al comparar los 289 millones erogados en 1969

con los 537 de 1974.

Desde el punto de vista de su clasificación funcional los recursos públicos se

aplicaron prioritariamente a la inversión y protección social, que con mil 215 millones de

pesos absorbió el 50 por ciento del egreso total y, en particular, sobresalió uno de sus

integrantes, los servicios educativos y culturales, con 901 millones.

Más de la mitad del gasto se destinó a la remuneración de servicios personales

prestados por los burócratas y maestros, pues de 132 millones de pesos gastados en 1969 se

pasó a 327 millones en 1974, lo que equivale a un aumento en cinco años, de 148 por ciento.

Es decir, los pagos al factor, trabajo representaron el 46 por ciento del gasto total en 1969 y

el 61 en 1974. Este crecimiento tan acelerado se debe al establecimiento de un generoso

esquema de prestaciones sociales para maestros y empleados y a la elevación en sus

percepciones, que en los últimos cinco años, en su promedio por trabajador, aumentaron

115 por ciento.



La diferencia entre los ingresos ordinarios y el gasto público del sexenio originó un

déficit presupuestal acumulado de 108 millones de pesos, que adicionados con la deuda

pública proveniente de administraciones anteriores, explica, en su mayor parte, el monto de

ésta, que al 31 de diciembre de 1974 se estima ascenderá incluyendo capital e intereses, a

190 millones.

Para cubrir los 183 millones de deuda neta que vencen en los próximos seis años, el

Gobierno del Estado deberá distraer alrededor del 4 por ciento de sus probables ingresos,

situación que consideramos financieramente sana.

En este sexenio la inversión pública en el Estado alcanzó su máximo nivel al

ascender a 4 mil 856 millones de pesos, y sin embargo continuó disminuyendo su ritmo de

crecimiento debido a la contracción relativa de la inversión federal directa, cuya

participación dentro del total decreció del 85 por ciento que significó en 1957-62 a 65 en

estos seis años.

En cambio fue notable el impulso, sin precedente, cobrado por la inversión

municipal, cuya magnitud en esta administración fue superior en 555 por ciento a la del

período 1963-68.

La inversión del sexenio se orientó predominantemente al fomento económico, con

3 mil 93 millones de pesos y el 64 por ciento del total y en segundo término a obras de

inversión y protección social, con mil 305 millones y el 27 por ciento; los otros conceptos

de inversión significaron 457 millones y el 9 por ciento.

La inversión federal directa en Sinaloa ascendió durante el sexenio a 3 mil 171

millones de pesos; durante la primera mitad de la administración permanecieron bajos sus

niveles, pero en 1972 cobró un ligero impulso, que se acrecentó en 1973 y que culminó en

1974, en que alcanzó, con 951 millones de pesos su magnitud más cuantiosa.



La tendencia de largo plazo, de considerar para Sinaloa el fomento agropecuario y

en particular la obra hidráulica como prioritaria, prosiguió en este sexenio, pues se le

asignaron a este concepto recursos por mil 35 millones de pesos.

Las obras de electrificación, tuvieron un inusitado impulso al destinárseles casi la

quinta parte de la inversión federal directa, y se orientaron a la ampliación de la capacidad

de generación hidráulica y térmica, así como a la transmisión y distribución del fluido

eléctrico.

La construcción de caminos, con 347 millones de pesos de inversión, ocupa el tercer

lugar, concentrándose los esfuerzos casi en su totalidad en modernizar, mejorar y conservar

la red de carreteras federales existentes.

Al fomento pesquero se aplicaron 229 millones, destinándose la parte más cuantiosa

a inversiones industriales y adquisición de embarcaciones.

En 1969-74 se gastaron 812 millones de pesos, en inversión estatal por cooperación,

superándose lo realizado durante los dos sexenios anteriores, en que se ejercieron 657

millones.

Se destinó a construcción de caminos el 37 por ciento; escuelas, 35; agua potable,

16 y electrificación 12 por ciento; inversión que desde el punto de vista de su clasificación

funcional, se orientó en 49 por ciento al fomento económico y en 51 a la protección social.

La amplitud de los programas ejecutados, se resume en la construcción de 749

kilómetros de carreteras pavimentadas, mil 910 aulas, 160 sistemas de agua potable, 361

redes de distribución de energía eléctrica con 16 mil 658 postes y mil 200 kilómetros de

líneas de transmisión.

Idea del ritmo de trabajo durante esta gestión administrativa, la dan las siguientes

cifras: cada 28 horas se construyó un aula; semanalmente se construyeron 2.4 kilómetros de



caminos pavimentados; cada catorce días se concluyó un sistema de agua potable y,

finalmente, se llevó el servicio de energía eléctrica diariamente a 94 sinaloenses.

Durante los últimos años se destinó a caminos la mayor inversión pública en

cooperación: de 44 millones de pesos, de obra construida durante 1957-62, se aumentó a

130 en 1963-68 y hasta 303 millones en mi gobierno; habiéndose construido caminos

pavimentados por una longitud que rebasa en 279 kilómetros y en 129 millones de pesos lo

realizado en los doce años precedentes, y comparativamente al sexenio anterior, la obra fue

mayor en 87 por ciento por lo que hace a volumen físico, y en 132 por ciento por la cuantía

de la inversión.

Destaca entre las metas logradas en materia caminera, haber conectado con carretera

asfaltada a Choix, Mocorito, Angostura, Badiraguato y San Ignacio últimas cabeceras

municipales que no contaban con este tipo de vía.

Durante el sexenio se trabajó en 5 puentes y 55 caminos con un desarrollo total de

810 kilómetros, de los cuales ya quedaron terminados hasta pavimentación 749.

Para el 31 de diciembre de 1974 la existencia de caminos estatales pavimentados

ascenderá a mil 200 kilómetros, y a 754 la de carreteras federales, con un gran total de mil

953 y 34 kilómetros por mil kilómetros cuadrados de superficie territorial.

Como los programas de obras en cooperación con la Secretaría de Obras Públicas,

se orientan básicamente a la construcción y conservación de caminos pavimentados,

creamos los Comités de Caminos Vecinales, para impulsar paralelamente a la construcción

de carreteras pavimentadas, las de vías de segundo orden que dieran a las comunidades la

seguridad de poder transitar por ellos en todo tiempo. Estos Comités han revestido mil 24

kilómetros y conformado y mejorado terracerías y brechas en 9 mil 366 kilómetros, con una

inversión de 36 millones de pesos.

A fines de 1968 el Estado contaba solo con 178 kilómetros de caminos revestidos y



796 de terracerías, contra 8 mil 445 kilómetros existentes en 1974.

Nuestro programa de desarrollo contemplaba como meta en este renglón, la

construcción de 236 kilómetros pavimentados y de 432 revestidos, en la etapa 1971-74. La

obra realizada fue superior en 67 por ciento para caminos pavimentados y en un porcentaje

mucho mayor en revestidos.

A un costo de 286 millones se construyeron mil 910 aulas para beneficio de 124 mil

900 educandos. Comparativamente a la administración anterior, se construyeron 735 aulas

más, o sea un 62 por ciento de aumento y, en términos de cuantía de la inversión, se rebasó

en un 64 por ciento.

El 51 por ciento del total, 964 aulas, fueron ubicadas en el medio rural y las 946

restantes en áreas urbanas. Estas aunque inferiores en número, permiten servir a una mayor

cantidad de escolares.

De las aulas construidas, se destinaron a educación media y superior 311, lo que

significa el 16 por ciento del total, destacando, entre otras, las

siguientes obras: dos Escuelas Técnicas Industriales; tres Escuelas Técnicas Pesqueras y

cuatro Escuelas Técnicas Agropecuarias; además se construyó una Escuela Técnica de

Riego y tres Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos.

La enseñanza superior fue apoyada con inversiones en diversas obras a un costo de

76 millones de pesos; Ciudad Universitaria; Instituto Tecnológico Regional de Culiacán;

Instituto Pedagógico de Sinaloa; Escuela de Ciencias del Mar y Escuela Superior de

Agricultura, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Para el 31 de diciembre de 1974 funcionarán en el Estado, 3 mil 819 aulas rurales y

2 mil 587 urbanas en el nivel elemental, y mil 97 aulas para enseñanza media y superior.



Durante el sexenio se construyeron 160 sistemas de agua potable con una erogación

de 128 millones de pesos y en beneficio de 515, 587 habitantes. De estos sistemas 137 se

localizaron en el medio rural para favorecer a 145 mil 592 personas y en el medio urbano,

fueron 23, para atender a 369 mil 995 pobladores. Comparativamente a la gestión

gubernamental anterior, se alcanzaron niveles superiores en cuanto al número de habitantes

atendidos y el monto de los recursos aplicados, en 68 por ciento y 116, respectivamente.

Por la magnitud de la inversión, fueron las obras en la ciudad de Culiacán 40

millones de pesos, y de Mazatlán 21, las de mayor trascendencia.

Al iniciarse esta administración existían graves problemas en la operación de 130

sistemas de agua potable, pues el 75 por ciento de ellos no funcionaban.

Con la aprobación de una nueva ley se reestructuró la Junta Estatal de Agua Potable

y Rural y se reorganizó el funcionamiento de los sistemas de agua potable rural,

resolviéndose el problema que había generado su manejo.

Las metas establecidas en esta materia, tanto por lo que se refiere a localidades

atendidas como a habitantes beneficiados, se cumplieron en 157 por ciento y 109, en su

orden.

Comparativamente a 1968, en que se satisfacía el 50 por ciento de las necesidades

del Estado, para 1974 el 72 por ciento de la población, que radica en 354 localidades,

cuenta con un aceptable abastecimiento de agua potable.

Los programas de inversión por cooperación permitieron que durante la presente

gestión gubernamental se introdujese el fluido eléctrico a 361 comunidades dispersas en



todo el territorio sinaloense, en beneficio de 207 mil 93 habitantes y a un costo de 95

millones de pesos.

En electrificación se orientaron los mayores esfuerzos al medio rural: el 94 por

ciento de la inversión y el 83 por ciento de la población beneficiada, se localiza y habita en

el campo.

Las metas propuestas en electrificación dentro de nuestro programa de desarrollo,

fueron alcanzadas en 121 por ciento en su etapa 1971-74.

El 31 de diciembre de 1974 se estarán cubriendo las necesidades de la población de

Sinaloa en un 81 por ciento, quedando por atender todavía casi 284 mil habitantes.

Durante este sexenio la administración estatal destinó 126 millones de pesos a

inversiones directas, sobresaliendo por los recursos asignados, el Hospital Civil de Culiacán,

posteriormente transferido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Escuela de Agricultura de la Universidad Autónoma

de Sinaloa y la expropiación, en Los Mochis, del Ejido Jiquilpan.

A todos los municipios se canalizó inversión directa del Estado, en niveles que

oscilaron entre uno y uno y medio millones de pesos, salvo Ahome, Culiacán y Mazatlán,

cuyo promedio fue de 32 millones de pesos.

La inversión pública municipal es, en los últimos seis años, el integrante de la

inversión pública total más dinámico; su nivel se elevó a 747 millones de pesos, que no

tiene precedente.

Casi la totalidad de la inversión fue hecha con la cooperación de los beneficiarios, si

bien los financiamientos fueron gestionados y obtenidos por las autoridades municipales, en

la mayoría de los casos con respaldo del Gobierno del Estado, que para el efecto avaló

operaciones para este tipo de obras por 382 millones de pesos.



Destacan entre las obras ejecutadas: urbanización de Los Mochis y pavimentación

en su segunda etapa; pavimentación del segundo cuadro y varias calles de la ciudad de

Guasave; pavimentación primer cuadro de Guamúchil; urbanización de Navolato y, en la

ciudad de Culiacán, de las colonias Chapultepec, Guadalupe, Bravo, Almada y del Malecón

Niños Héroes; Calzada Camarón Sábalo-Cerritos, Avenida Insurgentes y otras 36 avenidas

más en Mazatlán.

También se llevaron a cabo obras que, aunque quedaron ocultas a la vista, no son

menos importantes, como son el drenaje y alcantarillado en Los Mochis, drenajes pluviales

proceso en el segundo cuadro de Guasave, drenaje en Guamúchil, colectores de aguas

negras pluviales en la ciudad de Culiacán y alcantarillados sanitarios y colectores en el

Puerto de Mazatlán.

Se logró que la Secretaría de Recursos Hidráulicos, con fondos propios, financiara

en la ciudad de Mazatlán la construcción del sistema de alcantarillado de aguas negras, en

condiciones extremadamente ventajosas. A la fecha, con el concurso que se celebró en esta

misma semana, existen obras iniciadas por valor de mas de 40 millones de pesos.

La importante obra urbana que se realizó durante mi gestión administrativa, ha

contribuido substancialmente en el proceso vigoroso que ya estamos viviendo, de

incremento en las actividades comerciales, industriales y de turismo, que está mejorando

cuantitativa y cualitativamente nuestro nivel de ocupación.

El presente año ha sido particularmente crítico para la economía mexicana. Las

presiones inflacionarias, la escasez de energéticos, el fuerte aumento en los precios de los

artículos de importación, los mercados extranjeros, la crisis monetaria internacional; la

disminución de la producción agrícola, la baja en las exportaciones de algunos productos

primarios y el incremento exagerado de los precios en los bienes de consumo de la

población y de las materias primas industriales, son elementos que están interviniendo

negativamente en la producción y consumo nacionales.



No obstante este panorama difícil para la nación, la economía sinaloense continuó

fortaleciendo sólidamente su estructura productiva, estimándose que durante 1974, la tasa

de crecimiento del Producto Interno Bruto ascenderá a las extraordinarias cifras del 15.5

por ciento en términos reales.

Este crecimiento duplica el nacional y es casi cuatro veces superior al aumento de

nuestra población.

El presente informe se propone realizar una evaluación de la economía estatal, en

tres de sus aspectos más importantes; producto interno bruto, ocupación y productividad.

El monto del Producto Interno Bruto será de 12 mil 677 millones de pesos, a precios

de 1970, correspondiéndole el 33 por ciento a las actividades primarias, el 21 a la industria

y el 47 a los servicios.

El análisis de los sectores que integran el aparato productivo estatal durante el año,

señala que el mayor dinamismo se está presentando en la industria manufacturera y de la

construcción.

Se han registrado fuertes alzas en la producción de harina de trigo, algodón pluma

cemento, cerveza y azúcar en menor medida; las procesadoras de camarón están teniendo

un 25 por ciento de incremento en los volúmenes industrializados y se espera una elevación

en la cosecha de arroz palay, en virtud a las mayores superficies sembradas.

En el ramo de la construcción se observa un notable auge en el monto de las

inversiones públicas, especialmente las federales, estimándose sean un 61 por ciento

superiores a las de 1973. Por otra parte, las edificaciones nuevas o reconstruidas por el

sector privado han experimentado un 43 por ciento de aumento, con lo cual el sector en su

conjunto crecerá a la alta tasa del 42 por ciento, considerados a precios de 1970.



En estas circunstancias, la actividad industrial aumentará en 1974 a un ritmo del 27

por ciento respecto de 1973, y acrecentará su participación en el producto del 19 en 1973 al

21 por ciento en el presente año.

La agricultura siguió creciendo a la tasa del 10 por ciento, no obstante los serios

problemas que se tuvieron en la temporada 1973-74, como son los de agua por falta de

almacenamiento en las presas, menores volúmenes de exportación de hortalizas y

disminución en la producción de granos, por siniestros.

En el renglón ganadero, se espera un aumento del 13 por ciento en términos reales,

originado fundamentalmente por la mayor producción de ganado porcino, aves y de huevo.

El sector pesquero presenta una sólida recuperación en cuanto a cantidad y calidad

de las capturas, básicamente camarón y otras especies comestibles.

El dinamismo de la pesca, la ganadería y la agricultura, permitirán que las

actividades primarias durante 1974, aumenten al ritmo del 11 por ciento a precios de 1970,

cifra muy similar a la del año anterior.

Informes de los tres primeros trimestres del año, señalan que el monto de las ventas

del sector comercial se ha incrementado en un 15 por ciento como promedio, respecto a

1973.

Los servicios, que aportan la mayor proporción del Producto Estatal, 47 por ciento

en 1974, aumentaron en un 14 por ciento en relación a 1973.

En este breve resumen de la economía estatal, se está determinando que la tasa del

8.5 por ciento de crecimiento anual previsto para la presente década, se ha superado en más

de un 82 en el presente año, al crecer al 15.5. por ciento.



Todas las actividades económicas rebasarán las metas establecidas, notándose el

dinamismo más fuerte en la industria, especialmente la algodonera, la de productos

alimenticios y el sector de la construcción. Otras ramas económicas que superarán las metas

en forma sobresaliente, son la pesca, la ganadería, el comercio, el turismo y los servicios en

su conjunto.

Conviene destacar los resultados obtenidos en turismo, porque es esta una de las

áreas donde es más claro el ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando se programa y se

promueve para lograr cambios y avances necesarios. En la ciudad de Mazatlán, nuestro

principal centro turístico, registramos los siguientes incrementos en el sexenio: 150 por

ciento en el número de cuartos, 150 en el número de visitantes y 200 por ciento en el gasto

turístico.

A nivel de actividades, la industria crecerá al 27 por ciento, muy superior al 9

programado; los servicios al 14 contra el 8; y el renglón primario aumentará al 11, que

también es mayor al 9 por ciento que consideró el Programa de Desarrollo 70-80.

Conviene destacar también, que durante el sexenio, la economía sinaloense ha

crecido al 9.8 por ciento anual, con tasas de especial significación en los últimos tres años:

11.5 en 1972, 11.4 en 1973 y en 1974 la ya mencionada del 15.5 de donde resulta para este

período el extraordinario promedio del 12.5 por ciento.

En resumen podemos señalar que la promoción institucional y el apoyo oficial

brindado a la economía, en base a un serio programa de desarrollo, así como la cabal

respuesta de los sinaloenses, han rendido positivos frutos al incrementar sensiblemente la

tasa anual de aumento de los sectores productivos.

El alto crecimiento económico de Sinaloa lo ha convertido en un polo de atracción

demográfica a donde llegan a radicar gran cantidad de habitantes de otros Estados de la

República; esto, aunado a la fuerte tasa de natalidad y a los bajos índices de morbilidad, han

hecho que la población aumente a la tasa anual del 4 por ciento, ocupando el sexto lugar



nacional.

La explosión demográfica ha sido más aguda en las ciudades, las que son

alimentadas por el éxodo rural, estimándose que del millón y medio de habitantes

calculados para 1974, el 53 por ciento se localiza en las zonas urbanas y el resto en

poblados menores de 2 mil 500 personas. En 1968 las áreas urbanas absorbían tan solo el

46 por ciento de la población total.

En el aspecto ocupacional, la fuerza de trabajo está creciendo a un ritmo del 4 por

ciento anual, inferior al de la población total, pero que en términos absolutos significa 25

mil personas cada año que ingresan a la edad de trabajar, como promedio en el presente

sexenio.

Como se sabe, no toda esta población presiona por un empleo, sino que mucha de

ella se dedica a estudiar a atender labores del hogar y otros están incapacitados. Sin

embargo, el monto que realmente demanda un trabajo es alto y significa un fuerte elemento

de presión al aparato productivo para proporcionar ocupación.

El dinamismo de nuestra economía respondió más o menos satisfactoriamente a los

requerimientos de trabajo de la población, estimándose que en este año habrá 381 mil

personas ocupadas, contra 310 mil que había al principio de la presente administración, lo

que significa una tasa anual de aumento del 4 por ciento y 11,876 nuevos empleos.

Sin embargo, conviene señalar que se viene registrando una disminución relativa de

la ocupación en el campo y que la emigración rural y el propio crecimiento urbano, cada

vez presionan mas la oferta de plazas en los servicios, ya que la industria ha conservado

estable su participación.

Es por esto que durante el sexenio; los servicios aumentaron en un 60 por ciento su

ocupación; la industria en un 24 y la agricultura, la ganadería y la pesca, tan solo en un 23.



Por experiencia histórica se conoce que a medida que una economía se desarrolla, el

sector rural desaloja trabajadores que tenderán a refugiarse en los servicios, si no hay

capacidad industrial para emplearlos, por lo que, si queremos un desarrollo mas equilibrado

y un incremento en el bienestar de la población, tendremos que acelerar la industrialización.

Por otra parte, es muy conveniente que tengamos presente, que en 1974, cada

hombre ocupado en la agricultura y demás actividades primarias, produjo 23 mil 448 pesos;

en la industria 50 mil 250 y en los servicios 38 mil 672, de donde resulta que será más

conveniente para nuestro pueblo y para la economía estatal, producir mas obreros que

campesinos, y que consideremos que la tierra es un recurso que no crece, mientras que la

demanda de plazas de trabajo aumentados los días.

Afortunadamente, la agresividad y al ambición de progreso del sinaloense y su toma

de conciencia sobre las bondades y potencialidades del desarrollo, nos permiten avizorar en

el futuro próximo, una sana ágil y cada vez más sólida economía, una sociedad mejor

estructurada y una sensible elevación del bienestar de nuestro pueblo.

CIUDADANOS DIPUTADOS

El progreso del país habremos de lograrlo en la medida que los mexicanos seamos

capaces, tanto a nivel nacional como estatal, de aprovechar racional y responsablemente

nuestros recursos y de establecer las bases institucionales, políticas, técnicas, económicas y

sociales, que nos permitan acrecentar la riqueza y distribuir sus frutos y beneficios con la

mayor justicia; debiendo entender por un reparto justo, aquel que dé a cada quien, igualdad

de oportunidades y una participación que esté en proporción con el esfuerzo realizado, para

alcanzar estos objetivos nacionales.

Por ello, ha sido creciente en nosotros la convicción de que la máxima

responsabilidad política de un Gobernador, en un país cuya mayor y más urgente aspiración



es la elevación general de los niveles de vida, es la de crear las estructuras y los

mecanismos institucionales necesarios; promover el conocimiento de los recursos naturales,

económicos, técnicos y humanos; determinar metas alcanzables en el tiempo y en el espacio

geográfico; delimitar responsabilidades y áreas de acción y generar una movilización total

de la población, para que todos, en los posibles, aportemos la parte que nos corresponde en

la tarea del progreso nacional.

Siguiendo este orden de ideas, nos dispusimos a crear estructuras, mecanismos,

programas, metas y a fijar, mientras hacíamos acopio de todos los elementos de juicio

indispensables, orientaciones preliminares a la acción gubernamental y del Estado.

Concluidos los estudios, los técnicos nos informaron que durante la década pasada,

la economía sinaloense se movió al ritmo de la economía nacional, o sea al 7 por ciento

anual, lo cual no fue de nuestro agrado porque nos pareció un paso lento, pero tuvimos que

aceptarlo al repasar mentalmente lo que sucedió en la entidad durante esos diez años.

Realmente, fue en el primer tercio de esa década cuando se inició el proceso de

consolidación y capitalización en la agricultura, y durante el sexenio anterior de gobierno,

cuando se dieron los primeros pasos para actualizar, modernizar y fortalecer

económicamente a la administración pública estatal; cuando se dio una orientación más

adecuada a la acción gubernamental y a la inversión pública; cuando se realizó un proceso

de rápidos avances en la integración de la infraestructura económica para el desarrollo rural;

cuando se creó la investigación y el servicio de extensión agrícola, cuando se principiaron

las promociones para el desarrollo industrial y cuando comenzó también el proceso de

dinamización de la población y de la economía sinaloense.

Partiendo de esa experiencia histórica sobre el comportamiento de nuestra economía,

los técnicos nos propusieron la tasa de crecimiento del 7.5 por ciento anual, para fijarla

como meta de la presente década, la cual rechazamos definitivamente y les pedimos que

determinaran la máxima previsible, según sus consideraciones.



De ahí surgió la tasa del 8.5 por ciento, que les aceptamos, pero no como la máxima

sino como la mínima a lograr, apoyándonos para ello en el conocimiento y valoración de lo

que se hizo en Sinaloa en los últimos años, de lo que estábamos haciendo, y de lo que

haríamos en el presente sexenio, y en la seguridad de que todo ello, contribuiría a fortalecer

y a dinamizar mas nuestra economía, y sobre todo, en la confianza creciente que tenemos

en los sinaloenses, en su ambición de progreso y en su capacidad para lograrlo.

Por todo lo expresado, ha sido para mi motivo de especial satisfacción y estoy

seguro que lo será también para ustedes y para todo el pueblo sinaloense, informarles que la

economía estatal creció en el sexenio a razón del 9.8 por ciento anual; en los últimos tres

años al 12.5 y que en el presente superaremos en más de un 100 por ciento la tasa promedio

del crecimiento nacional, al alcanzar la extraordinaria cifra del 15.5, lo que nos sitúa en la

vanguardia de las entidades progresistas del país.

Satisfactorios avances, sin duda, pero también graves responsabilidades, porque

ahora será necesario que pensemos, que para mantener o acrecentar esa posición, tendremos

que fortalecer y perfeccionar nuestros esfuerzos, disponer de los mejores programas y de

los cuadros técnicos y de mando con la preparación y la vocación de servicio requeridos.

Será conveniente, también, que no olvidemos que el desarrollo económico sólo es

posible cuando se logra una razonable y justa distribución de la riqueza, y que únicamente

con la acción de estos elementos, tendremos todas las satisfacciones que buscamos y la

tranquilidad y la paz social necesarias al progreso y a la mejor convivencia humana.

Hemos orientado nuestros esfuerzos de desarrollo sobre las bases democráticas más

amplias, con la aplicación de fórmulas y de políticas que se ha propuesto la mayor

ocupación y los niveles de ingreso y de bienestar personal que estén en relación con la

iniciativa y la capacidad productiva del hombre.



Hemos avanzado aprisa y seguiremos avanzando, pero debe ser aspiración

fundamental y permanente, responsabilidad y obligación, no descansar hasta que todos los

sinaloenses tengamos la misma oportunidad de educarnos, de capacitarnos y de

desarrollarnos en lo personal y de contribuir a crear riqueza y bienestar para todos los

mexicanos.

En virtud de que la capacidad actual de la economía sinaloense para crear ocupación,

es ligeramente superior al crecimiento natural de la población pero inferior al general,

tendremos que multiplicar y orientar mejor nuestros esfuerzos productivos para absorber

los agregados anuales en la demanda de empleos, y para mejorar gradualmente la

proporción actual de población ocupada, que representa tan sólo el 53 por ciento del total

de la

fuerza de trabajo disponible.

Por estas consideraciones, será necesario y además indispensable, que

colateralmente a nuestros programas de expansión económica, y de los cambios requeridos

en la estructura económica, pongamos en acción políticas de población que siguiendo los

lineamientos ya establecidos a nivel federal, traten de influir, en un plazo razonable, en la

tasa de natalidad y en el tamaño de la familia.

El elevado crecimiento demográfico actual, -4 por ciento con una población joven

dependiente, que representa el 48 por ciento del total, está afectando gravemente las

posibilidades de ahorro y de inversión, la eficiencia necesaria en servicios fundamentales,

especialmente en el educativo, y nuestra capacidad para calificar y absorber fuerza de

trabajo en empleos productivos.

Todo esto constituyen tareas que seguirán significando un reto para los sinaloenses,

pero afortunadamente, disponemos ya de las bases institucionales, programáticas y de los

recursos humanos, tendremos los recursos económicos, y lo que es más importante tenemos

ya la decisión de actuar y realizar.



Nos propusimos y logramos mantener con los demás poderes del Estado, las más

cordiales y positivas relaciones, convencidos de que sólo en la armonía y en la solidaridad,

podíamos servir mejor a nuestro pueblo.

Nuestros ayuntamientos disfrutaron de niveles de libertad, y de apoyo promocional y

económico, como no los habían tenido jamás en la historia de Sinaloa.

Para el Gobierno Federal sólo tuvimos un propósito: que nuestro Estado estuviese

siempre presente, integrando y coordinando sus esfuerzos para alcanzar las metas

nacionales, y al final de la jornada, tenemos la satisfacción de haber actuado

invariablemente con el propósito de aportar y no de restar, y de que tratamos de cumplir

con el mayor sentido de responsabilidad y patriotismo.

Al Señor Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, queremos agradecerle el apoyo y el

estímulo que siempre tuvo para el Estado.

Al Señor Presidente Echeverría, agradecerle su preocupación constante por los

problemas de Sinaloa y las inversiones en la infraestructura económica y social para

nuestro desarrollo, y en especial, la construcción de la Presa Eustaquio Buelna sobre el Río

Mocorito, sus acuerdos para que se construyan las presas de Comedero sobre el Ríos San

Lorenzo; Bacurato sobre el Río Sinaloa y Huites sobre el Río Fuerte.

Las plantas de generación hidroeléctrica en las presas de Huites y López Mateos; la

planta termoeléctrica en la ciudad de Mazatlán, así como sus instrucciones para que se

incluyera Sinaloa en el Plan Nacional de Desmontes, caminos de mano de obra, Plan Benito

Juárez, Plan de Obras de Pequeña Irrigación y el Programa de Inversiones para el

Desarrollo Rural Integral.

Estas decisiones, que expresan de manera indudable su propósito de apoyar y

fortalecer el desarrollo de la economía rural y el ingreso de los hombres del campo, en una



entidad en que el 75 por ciento del total de su superficie agropecuaria es ejidal, y el 82 por

ciento de los usuarios de sus distritos de riego son ejidatarios, habrán de registrarse como

los acuerdos de inversión más importantes con que se haya favorecido a Sinaloa en un sólo

sexenio de Gobierno Federal.

No han sido el egoísmo ni motivaciones inconfesables, sino la expresión de los más

elevados intereses del Estado y del país, los que han llevado a los sinaloenses a expresar

con toda lealtad sus puntos de vista sobre la etapa denominada Plan de Acción Inmediata

del Plan Hidráulico del Noroeste.

Hemos apoyado todos nuestros planteamientos en las instrucciones dictadas por el

Señor Presidente Echeverría, reiteradas ante nosotros en varias ocasiones por el Señor

Secretario de Recursos Hidráulicos, en el sentido de que el proyecto de conducir agua de

Sinaloa a Sonora no se realizará, si no existen excedentes y si con ello se perjudican tierras

irrigadas o irrigables en la entidad.

Después de varias reuniones de trabajo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos,

desarrolladas en términos cordiales y a los más altos niveles técnicos, estamos esperando

que esa Dependencia nos proporcione datos sobre láminas de agua a utilizarse para calcular

la demanda en la zona norte del Estado, y después celebrar la junta en que habrán de

tomarse decisiones finales.

Con información disponible de la propia Secretaría, la Comisión Técnica de Sinaloa

determinó, que en la zona del Río Sinaloa y del Río Fuerte, existen faltantes que exceden

los 2 mil millones de metros cúbicos, sin considerar los volúmenes necesarios para lagunas

litorales, por lo que estamos confiando en la razón y en la justicia, y por eso mismo, en que

habrá que cumplirse con las directrices trazadas por el Jefe de la Nación.



Queremos expresar también, nuestro especial reconocimiento a los señores

gobernadores que nos antecedieron en el cargo, por la aportación de los esfuerzos, que

sumados a los de ahora, están generando el actual progreso del Estado y dejar testimonio,

de la confianza que tenemos, en que Alfonso Calderón, habrá de continuar con este empeño

progresista y superar los avances logrados hasta ahora.

A nuestro Partido, el Revolucionario Institucional, dejamos constancia de la obra

realizada como expresión de que cumplimos con su ideario y de que sólo tuvimos, como

objetivo de nuestra acción gubernamental, el progreso y la justicia para todos.

A todos y cada uno de los funcionarios que integraron mi equipo de gobierno, les

doy las gracias más cumplidas por la colaboración que me brindaron. A algunos de ellos

que fallecieron, les recordaremos con el afecto que nos merecieron.

Iguales expresiones me es grato dedicar a las personas que integraron las

Honorables Cuadragésima Sexta y Cuadragésima Séptima Legislaturas actuantes durante

nuestro período de gobierno, así como a los señores magistrados y demás miembros del

Poder Judicial y los Honorables Ayuntamientos de los últimos dos períodos municipales.

A los maestros y a los trabajadores al servicio del Estado, también les hago potente

mi gratitud por la eficacia de sus labores, con las que contribuyeron al progreso de nuestra

Entidad.

Igual es mi reconocimiento para los miembros de las fuerzas armadas destacadas en

Sinaloa, especialmente al Señor General de Brigada Gonzalo Castillo Ferrara, por su

calidad de mexicano, de hombre y de amigo.

En mes y medio terminaré el período para el que tuve el privilegio de ser electo

Gobernador Constitucional por el pueblo de Sinaloa, que a lo largo de seis años me brindó

su apoyo y valiosa colaboración.



Por ello, quiero que las últimas palabras de este sexto informe de gobierno, las

constituyan la expresión de mi más sentido y especial agradecimiento para los sinaloenses,

porque haber tratado de servirles, lo mejor que puede, es y será siempre, mi más valiosa

experiencia y la satisfacción más grande de mi vida.

CIUDADANO INGENIERO ABELARDO AMAYA BRONDO,

Subsecretario de Operación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Representante

Personal del Señor Presidente de la República:

Agradecemos cordialmente su compañía en este acto por la destacada distinción que

significa la representación que le ha conferido el Primer Mandatario del País, por ser usted

un profesionista distinguido y por los valiosos servicios que está prestando a México desde

el cargo público que desempeña.

Consideramos que esta representación es clara manifestación de los propósitos

presidenciales de seguir apoyando a Sinaloa para que logre los mayores adelantos en el

aprovechamiento de sus recursos hidráulicos, y en la producción de alimentos y de materias

primas, tan necesarios ahora en nuestro país.

Rogamos a usted llevar al Señor Presidente Echeverría, el saludo afectuoso de los

sinaloenses, informarle de nuestros avances y reiterarles que siempre hemos apoyado y

realizado con hechos tangibles, sus políticas que se proponen el progreso y el bienestar de

todos los mexicanos.

informe de gobierno del estado de sinaloa 1974

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