La verdad sobre la

en el Gobierno de EvoTres gigantescas inversiones estatales presentan claros indicios de sobreprecio. En el Teleférico La Paz-El Alto, la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo y el Ingenio de San Buenaventura se gastará 382 millones de dólares por encima de los costos de otros proyectos comparables.

Una de las grandes preocupaciones de la población es la corrupción, el robo de los recursos públicos por parte de

las autoridades de todos los niveles del Estado. La gente no es tonta: sabe que cuando hay dinero en el Estado, y más aún en las enormes cantidades que existen ahora, los malos políti-cos encuentran la forma de desviarlo hacia sus bolsillos y cuentas personales.

En mis viajes por todo el país, he encontra-do que muchos de los bolivianos perciben que, según crece el gasto público, aumenta también la corrupción de concejales, alcaldes, asam-bleístas y gobernadores. También sabemos que periódicamente el Gobierno central enfrenta escándalos de corrupción, desde el gigantesco que protagonizó al principio de la gestión Santos Ramírez, alto dirigente del MAS desig-nado como responsable de YPFB por el presi-dente Evo Morales, hasta los que han estallado últimamente en las empresas Papelbol y en la Empresa Naviera, para no contar con el descu-brimiento de que una cantidad no determinada de funcionarios de los servicios de seguridad y judiciales ganan enormes sumas extorsionando a los acusados de los juicios más sonados, a los cuales prometen liberarlos de las acusaciones que pesan sobre ellos a cambio de plata.

La corrupción es el enemigo más serio de todo modelo económico que, como el bolivia-no, da al Estado un papel importante en la eco-nomía. Su combate requiere un conjunto de reglas para manejar los recursos públicos y de instituciones de control como el que, con la experiencia de lo ocurrido en el anterior perio-do de estatismo (1952-1985), Bolivia había construido en las primeras décadas de la demo-

Introducción

cracia. Este esquema prohibía de forma muy estricta ciertos comportamientos de los funcio-narios, porque éstos entrañaban un mayor “ries-go moral”, es decir, aumentaban la posibilidad de que alguien incurriera en actos ilegales.

No sé si por dogmatismo, ineptitud o por interés, el Gobierno de Morales ignoró esta experiencia, rompió con los principios que guiaban el sistema de prevención en el pasado, desnaturalizó las instituciones de control del gasto fiscal y, en suma, estableció un modelo de manejo de los recursos públicos que es esencialmente favorable a la corrupción. Con el argumento de que necesita salvar a las nue-vas empresas estatales de la burocracia, el Gobierno les está permitiendo repetir los com-portamientos que antes estaban vedados, como la contratación directa, sin licitación abierta y competitiva de proveedores, y como la puesta a disposición de los encargados de las empre-sas de enormes cantidades de dinero sin nece-sidad de justificación detallada y saltándose el uso del sistema informático SIGMA, que es obligatorio para el resto del servicio público. Al mismo tiempo, ha designado por decreto y sin concurso de méritos a los responsables de la Contraloría General, del Servicio de Impuestos y de la Aduana.

Este hecho objetivo, sumado a la tentación que significa la gran cantidad de fondos con los que cuenta el Estado por el boom de los precios de las materias primas, pesa más fuertemente que cualquier endurecimiento de las penas por delitos de corrupción como el realizado por el MAS con la denominada “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”. Esta ley sólo complica la vida a los empleados públicos de menor rango,

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

que ahora temen tomar cualquier decisión para no verse en el problema de ser acusados penal-mente, y por tanto también le complica la vida a los ciudadanos que interactúan con las insti-tuciones públicas; al mismo tiempo, grandes fortunas están a disposición casi discrecional de un pequeño puñado de altos funcionarios encomendados de dirigir las empresas.

Como es lógico, los corruptos no dejan una foto ni un documento que pruebe sus crí-menes. Por tanto es imposible cuantificar exac-tamente a cuánto asciende la corrupción, aun-que puede decirse, sin exagerar, que ésta es mayor hoy que ayer, y mañana será mayor que hoy. De acuerdo a este documento elaborado por Unidad Nacional, en la construcción y puesta en marcha de tres proyectos estatales hay un sobreprecio de 382 millones de dólares, si se compara lo que éstos costaron con lo que valieron, en promedio, otros proyectos simila-res en el extranjero.

Lo más terrible es que, pese a que vivi-mos en democracia, la corrupción no se puede investigar, porque todo el aparato del Estado está orientado a esconder e impedir el control externo de lo que se decide y hace, en lugar de estar, como correspondería, orientado a averiguarlo. En su mayoría, las nuevas normas de manejo de los recursos que el Gobierno aprobó son decretos que no requi-rieron debate legislativo. Pero tampoco cuando se trató de leyes el MAS permitió que sus ini-ciativas se debatieran seria y cooperativamen-te; se limitó a rechazar y silenciar las críticas de la oposición, diciendo que ésta sólo trataba de obstaculizar su gestión. Después, todos los intentos de fiscalización de los diputados opo-sitores fueron frustrados por la mayoría oficia-lista, que se limita a obedecer las órdenes que provienen de Palacio Quemado, y que así pone las manos al fuego por los representantes de su

partido que manejan los fondos con las reglas permisivas que se les ha dado. Pareciera que al MAS no le interesa dotarse de los mejores mecanismos para luchar contra la corrupción, sólo poner en marcha y ampliar el modelo esta-tista que prometió al país y con el que sueña el Presidente. Esta ceguera ideológica lo vuelve sectario e incapaz de admitir los argumentos que ponen en duda la forma en que las autori-dades están actuando. Y esto, claro está, es aprovechado por los vivillos y los maleantes de siempre, que pueden jurar a cualquier sigla y defender las ideas que aparezcan, con tal de meterse en los espacios de poder y aprovechar-los para hacer mucho dinero.

Hablamos de aproximadamente 382 millo-nes de dólares de sobreprecio en tres proyectos estatales. Si las autoridades tuvieran verdadero interés en impedir la corrupción, deberían

investigar si ésta se concretó o no en estos casos, pero estoy segu-ro de que no lo harán, porque en este momen-to lo único que vale es

la lealtad de partido, y no el deber de defender al país y al Estado, y construir una sociedad más decente para beneficio de todos. Los úni-cos militantes oficialistas que han sido proce-sados han sido los que fueron descubiertos in fraganti en la comisión de un delito; todas las demás denuncias y preocupaciones respecto a miembros del MAS fueron sistemáticamente desoídas por éste. En este caso, además, está de por medio la necesidad de proteger al Presidente y a sus ministros: cualquier investigación inde-pendiente terminaría concluyendo lo mismo que ésta, es decir, que la trampa puede ser rea-lizada por uno u otro funcionario, pero que la responsabilidad final llega a todos los que aprobaron normas que, haciendo de la excep-ción la norma, crearon las condiciones para que uno u otro “meta la mano en la olla”.

Samuel Doria Medina

La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sólo complica la vida a los empleados públicos de menor rango

En una pionera investigación sobre la problemática de la corrupción estructu-ral del régimen dirigido por Evo

Morales, el ex presidente del Senado, Óscar Ortiz, presentó en 2009 un documento1 que alertaba sobre la aplicación de un nuevo esquema de entrega y manejo de los recursos públicos que si no impulsaba, al menos permi-tía la corrupción en gran escala (al mismo tiempo que –añadamos nosotros– el endureci-miento de las penas por corrupción de la ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, si tenía algún efecto disuasivo, sólo lo tenía con los funcio-narios públicos corrientes, que a partir de ella tuvieron aún más dificultad para tomar deci-siones que involucraran dinero, agravando la burocratización y lentitud del Estado).

Este esquema se basaba en un sencillo principio: convertir la excepción, es decir, lo que debe hacer el Estado en casos raros y urgentes, como un desastre natural, en la norma, creando una “situación de emergen-cia” permanente, emergencia que al parecer consiste en el fortalecimiento del Estado y su intervención en la economía.

El 1 de julio de 2007, un año y medio después de comenzar su mandato, Morales aprobó el Decreto 29190, que modifica la reglamentación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios. Su artículo 54 permite contrata-ciones directas para una nueva categoría de entidades públicas, que son segregadas de las demás con la intención de someterlas a nor-mas especiales; la nueva clase incluye a la “empresas públicas nacionales estratégicas”, que son las siguientes:

• Mina Huanuni.• Empresa Siderúrgica Mutún.• Corporación Minera de Bolivia.• Empresa Metalúrgica Vinto.• Empresa Nacional de Telecomunicaciones.• Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB).• Empresa de Apoyo a la Producción de

Alimentos (EMAPA).• Lácteos de Bolivia.• Papeles de Bolivia.• Cartones de Bolivia.• Empresa de Comercialización.• Cementos de Bolivia.• Depósitos Aduaneros Bolivianos.• Azúcar de Bolivia (Bermejo y San

Buenaventura).• Boliviana de Aviación.

La “contratación directa” se diferencia de una licitación pública y competitiva de la siguiente manera:2

La excepción es la norma

1 Los decretos de la corrupción, La Paz, Honorable Senado Nacional.2 Modalidades de contratación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Decreto 181 del 28 de junio

de 2009.

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

Licitación pública: Debería aplicarse obliga-toriamente para montos por encima de un millón de bolivianos. Permite la participa-ción de un número indeterminado de propo-nentes. El proceso de contratación exige la elaboración de especificaciones técnicas, una convocatoria pública, la apertura pública de ofertas y la adjudicación con mención expre-sa de los resultados.

Contratación directa: Permite hacer contra-taciones sin límite de cuantía, sólo debería aplicarse en los casos determinados por ley (se supone que para casos de emergencia). La adjudicación del contrato es directa y no pasa por un proceso competitivo. Algunas veces, la entidad contratante hace una “lista corta” de proponentes, para una competencia restringida, pero que no es pública. La modalidad de con-tratación es regla-mentada por cada entidad, es decir, por las propias autoridades que posteriormente la usarán para comprar y contratar.

Contratación por excepción: Procede sin límite de monto y para los casos en que exis-te un único proveedor o cuando los servicios contratados requieren de una experiencia o especialización de un único consultor.

Al poner a las entidades públicas a realizar contrataciones directas, el Decreto 29190 crea de hecho “subsistemas”de adquisición en cada empresa, los cuales establecen los parámetros que deben cumplir las empresas proponentes y, al mismo tiempo, lo más importante, determinan qué empresas serán invitadas a concursar y presentar sus ofertas para determinada obra. De esta manera, con el pretexto de disminuir los plazos (que de todas maneras han sido largos en la práctica),

se reduce la competencia a un juego que se halla bajo el control de las autoridades de la empresa contratante, lo que les da un poder que puede ser usado de forma corrupta. Sabemos que así ocurrió en YPFB ya por dos veces, en los procesos de construcción de las plantas procesadoras de gas. ¿Cuántas veces más habrá ocurrido? La adquisición directa impide que la sociedad supervise las decisio-nes y elecciones de las autoridades, a través de los medios de comunicación, y, por últi-mo, limita las posibilidades de las empresas proponentes para recurrir a un árbitro impar-cial en caso de que crean que perdieron el contrato de manera injusta.

Para convertir esta facultad de hecho en una norma, el Gobierno aprobó el Decreto

29506, que permite a YPFB “elaborar un reglamento inter-no para sus contrata-ciones directas”, es decir, crear su pro-pio sistema de

adquisición, distinto del general, y sin nece-sidad de aplicar las instrucciones y manda-tos del órgano rector de la economía, el Ministerio de Economía. Luego, en este camino hacia la transformación de la excep-ción (la adquisición directa) en norma, el oficialismo generalizó a todas las empresas estratégicas el privilegio que ya había con-cedido a YPFB, aprobando el Decreto 29576 de 21 de mayo de 2008.

El artículo 1 de este decreto dice:

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE), de acuerdo a su naturale-za jurídica, rubro, giro comercial, actividades principales y secundarias, lo siguiente:a) La contratación directa de obras, bienes,

servicios generales y servicios de consul-toría.

Se reduce la competencia a un juego que se halla bajo el control de la empresa contratante, lo que les da un poder que puede ser usado de forma corrupta

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Unidad Nacional

b) La importación de bienes para su acopio y comercialización en el mercado interno, cuando su oferta sea insuficiente o no se produzca en el país.

c) De acuerdo a sus procesos productivos y disponibilidad de recursos, efectuar la con-tratación directa de maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o representante legal, que permi-tan un óptimo funcionamiento por un tiem-po racional establecido en la garantía.

d) La ejecución directa de obras de infraestruc-tura productiva.”

Varios de estos mecanismos estaban vedados o limitados por las anteriores normas de con-trol del gasto público. De las contrataciones directas ya hemos hablado. Además, antes se prohibía la adquisición de bienes “reacondi-cionados”, ya que ésta era uno de los meca-nismos favoritos de los pillos para hacer que el Estado adquiera chatarra que sólo funcio-naba el tiempo necesario para que no hubiera sospechas sobre la operación de compra, y que luego no servía para nada. De ahí la espe-cificación que hace el Decreto 29576 de que la maquinaria y los equipos deben estar en buen funcionamiento durante el tiempo de garantía. Pero el decreto no señala cuán largo debe ser este periodo, ya que esto es imposi-ble de generalizar cuando se trata de distintas clases de bienes. Esto abre una ventana para que los malos funcionarios realicen toda clase de chanchullos.

También es peligrosa la importación de bienes y su acopio (facultad que seguramente

fue concedida pensado en EMAPA, la empre-sa con la que el Gobierno pretende controlar los precios de los productos de primera nece-sidad) porque es muy fácil comprar, por ejemplo en este caso, alimentos de baja cali-dad a un precio mayor al del mercado; y también porque el acopio estatal a menudo sirve para que ciertos personajes del oficialis-mo tengan acceso privilegiado a los produc-tos que escasean, como ocurrió en 2008 con el azúcar.

Pero la permisividad no se detiene aquí. Al mismo tiempo que pretende ser implacable con los hechos de corrupción del pasado, que incluso en algún momento trató de juzgar con nuevas y más graves penas de alcance retroac-tivo (lo que era un absurdo jurídico), el Gobierno concede a los funcionarios de las empresas y proyectos que considera política-mente prioritarios un mecanismo con el que no soñaban sus antecesores del período neoli-beral, que es el del “fideicomiso”. Este meca-nismo ofrece a los proyectos priorizados por el Presidente financiamiento suficiente e incluso más que suficiente, el cual se desembolsa en un solo pago, es administrado más libremente por los bancos públicos (y no por el más estricto Ministerio de Economía), y por tanto no se gasta a través del sistema de control SIGMA, que es obligatorio para las demás entidades públicas. Los “fideicomisos” son, en este Gobierno, el equivalente de los “contratos de riesgo compartido” del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, es decir, la “solución creativa” para poner en marcha todas las más importantes iniciativas estatales, como se desprende del siguiente cuadro:

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

Fideicomisos 2008-2009

Decreto Supremo 29119.- Constitución de fideicomiso con el Banco Unión S.A., para ser utilizados por la Empresa Metalúrgica Vinto.

Bs. 120.000.000

Decreto Supremo 29145.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo SAM, para financiamiento de iniciativas productivas.

Bs. 265.462.970

Decreto Supremo 29208.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), para el Programa de Reconversión Productiva Comercial

Bs. 80.000.000

Decreto Supremo 29299.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por FONDESIF para la compra de pasivos agrícolas de pequeños productores agropecuarios del área rural del país.

Bs. 15.860.000

Decreto Supremo 29658.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por el Banco Unión S.A., para ser utilizados por la Empresa Metalúrgica de Vinto.

Bs. 112.000.000

Decreto Supremo 29850.- Constitución de fideicomiso a ser administrados por el BDP para el financiamiento a medianos y grandes productores industriales.

Bs. 731.000.000

Decreto Supremo 28958.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para otorgar préstamos a las empresas que realizarán exportaciones amparadas por la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA).

Bs. 87.720.000

Decreto Supremo 29195.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para la importación y comercialización de harina de trigo.

Bs. 135.235.000

Decreto Supremo 29231.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el FONDESIF para la repoblación ganadera bovina.

Bs. 73.100.000

Decreto Supremo 29365.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para ser utilizado por YPFB para la conformación del patrimonio autónomo.

Bs. 621.350.000

Decreto Supremo 29564.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el BDP para financiar la adquisición de la planta de extracción de licuables para la producción de gas licuado de petróleo y gasolina natural por parte de YPFB.

Bs. 328.950.000

Decreto Supremo 29578.- Constitución de fideicomiso a ser administrado por el Banco Unión para capital de operaciones, capital de inversión o crédito de las cooperativas mineras.

Bs. 73.100.000

Constitución de fideicomiso a ser administrado por el Banco Unión para ser utilizado por la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL).

Bs. 219.300.000

Constitución de fideicomiso para el financiamiento al sector de los productores de caña. Bs. 182.750.000

TOTAL US$ 442.000.000 Bs. 3.045.827.970

Fuente: Adaptado de Óscar Ortiz, op. cit.

Como se ve, con fideicomisos se financia desde la constitución del patrimonio de YPFB hasta la repoblación bovina, el soporte a los productores de caña o la compra de harina, tanto como la industrialización del gas. Una vez más nos encontramos con un Estado que, valido de la gran cantidad de recursos de que goza, financia desordenada y coyunturalmen-te toda clase de demandas e ideas, como ocu-rría en el pasado. Una parte de estas iniciati-vas responden a una visión ideológica de lo que debe ser la sociedad; otra, la mayor, a la necesidad de asegurar clientelas políticas mediante la concesión de apoyos estatales especiales: su objetivo es aumentar la popula-ridad del Gobierno y asegurar que gane unas elecciones tras otras. En ese sentido, la lógica

de los fideicomisos es la misma que descubrió y denunció el documento de Unidad Nacional “La verdad sobre el programa Evo Cumple”, publicado en junio de 2013.

Pero más allá de la preocupación acerca del destino de los recursos y la posibilidad de que en muchos casos éstos se estén desperdi-ciando en proyectos de escasa repercusión, inviables, insostenibles, etc., lo que ahora nos interesa destacar es la forma en que estos recursos son gastados por el Estado. Se trata de un paralelo con los “cheques” que el pro-grama Evo Cumple entrega a los alcaldes beneficiados por sus obras. Los fideicomisos son desembolsos de grandes sumas que llegan de una sola vez a sus destinatarios, los cuales pueden disponer de la totalidad de estas sumas

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Unidad Nacional

¿A cuánto ascenderán los créditos del Banco Central para fidecomisos? A la friolera de 4.111 millones de dólares, de los cuales ya se ha firmado contratos por 2.729 millones y, hasta diciembre de 2012, se desembolsaron 1.147 millones. De este dinero salieron los 442 millones de dólares que se dieron hasta 2009 (véase el cuadro anterior), y saldrán 1.300 millones para YPFB (que está usando 860 de éstos en la construcción de una planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo, Cochabamba), 600 millones para más pro-yectos productivos, etc. Se trata de una bolsa verdaderamente gigantesca, que todavía puede crecer y que no podemos saber si será bien usada o no.

El problema no sólo está en la distorsión de las normas de contratación, sino que ésta se realiza en el periodo en que hay menos

transparencia en la gestión guberna-mental de la historia de la democracia boliviana. Por pri-mera vez desde 1982 el Gobierno cuenta

con una mayoría parlamentaria aplastante y la ha usado para evitar que la oposición lo fiscalice, así como para nominar directamen-te, sin ningún acuerdo con las demás fuerzas políticas, a los responsables de los organis-mos de contraloría y fiscalía. Toda iniciativa de investigación, como la realizada este año por Unidad Nacional sobre el programa Evo Cumple, es inmediatamente contestada con una acción de represalia de parte del MAS, que así procura atemorizar a sus críticos. En este caso, el oficialismo formó una comisión para investigar las privatizaciones supuesta-mente ordenadas por el líder de UN, Samuel Doria Medina. Las interpelaciones a los ministros que intenta realizar la oposición son sistemáticamente bloqueadas. Cuando un miembro del Gabinete concurre a la Asamblea, es porque ha sido convocado por la bancada

cuando lo vean conveniente. Es como si reci-bieran cheques, entonces, sólo que por montos cientos y miles de veces más grandes que los que llegan a los alcaldes. Se trata de un proce-dimiento especialmente diseñado para esqui-var los controles normales de la administra-ción pública. Los funcionarios que gozan de este privilegio tienen que justificar sus accio-nes y presentar rendiciones de cuentas, por supuesto, pero al mismo tiempo están autori-zados a usar los recursos de manera más ries-gosa que lo normal, como ya sabemos, por medio de contrataciones directas.

¿Por qué se denomina a estos desembolsos “fideicomisos”? Porque, en teoría, como explica el Decreto 1134 de febrero de 2012, las sumas entregadas deberían ser “devueltas en las condiciones pactadas” por los finan-ciados al financiador, que es el Banco Central. Pero esto es sólo teoría, por-que no es posible garantizar que todos los emprendimien-tos fondeados por fideicomisos, en especial aquellos que comprenden el traspa-so de dinero a organizaciones de la sociedad, serán rentables y capaces de devolver lo que el Estado les ha dado. El decreto que acaba-mos de mencionar señala las condiciones para recibir fideicomisos, pero éstas son de tipo financiero, es decir, sólo exigen que se pacte la recepción y devolución del dinero, sin tomar en cuenta la forma en que se gasta el mismo.

¿Cómo se financian estos fideicomisos? Con una parte de las reservas de dólares del Banco Central de Bolivia, es decir, son crédi-tos (porque estas reservas, pese a lo que se suele pensar, no pertenecen al Gobierno: son el patrimonio con que el país cuenta para endeudarse y emitir su propia moneda; una transferencia de parte de este patrimonio al Gobierno es, entonces, un crédito interno).

El problema no sólo está en la distorsión de las normas de contratación, sino que ésta se realiza en el periodo en que hay menos transparencia en la gestión

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

rías de menor monta. Ahora este Ministerio está promoviendo una “ley de acceso a la información” que en realidad es lo contrario: una norma para tapar la información pública que todavía se filtra del Estado, sancionando con diversas penas a los funcionarios que pasen información al exterior. (Al mismo tiempo, y de forma totalmente incoherente, el Gobierno alaba el valor del ex agente esta-dounidense Edward Snowden por delatar secretos de inteligencia de su país).

Éste es el ambiente perfecto para que la corrupción crezca y se reproduzca. El Gobierno de Evo Morales está haciendo exac-tamente lo contrario de todo lo que se reco-mienda para combatir la inmoralidad pública. Está poniendo las arcas del Estado en una situación de extremo riesgo, pues, como dice el refrán, en arca abierta hasta el justo peca.

mayoritaria, para responder preguntas pre-viamente acordadas con los asambleístas interpelantes. En estos actos, ningún parla-mentario que no pertenezca al grupo interpe-lante (que, como hemos dicho, es oficialista) puede hacer uso de la palabra. De modo que todo está amañado para que las verdades incómodas no salgan a luz. Al mismo tiempo, el Gobierno controla o tiene bajo presión a la mayoría de los medios de comunicación, por lo que las denuncias e investigaciones inde-pendientes no pueden llegar a importantes sectores de la población. Y, como fresa enci-ma del pastel, el Ministerio de Transparencia se ha convertido en una comisaría de perse-cución de los opositores, que sólo promueve causas contra los miembros del oficialismo cuando alguien los pesca con las manos en la masa o cuando están comprometidos en pille-

Sólo como botón de muestra de los tre-mendos riesgos de malversación que supone el sistema de excepcionalidad

que acabamos de describir, vamos a presentar tres importantes inversiones estatales y demos-traremos que los precios son mayores de lo normal. Estos tres proyectos están en la lista de los emprendimientos estatales más impor-tantes (Teleférico La Paz-El Alto, Papelbol, Cartonbol, Lacteosbol, Empresa de Cemento de Bolivia, Ingenio Azucarero San Buena-ventura, plantas separadoras de líquidos Gran Chaco y Río Grande, y Planta de Urea y Amoniaco Bulo Bulo). El monto total inverti-do en este grupo de nueve empresas asciende a la suma de US$ 2.370 millones. Para tener una idea de la magnitud de este monto, consi-dérese que entre 1995 y 2002 las inversiones en todas las empresas capitalizadas llegaron a US$ 2.673 millones. De otro lado, toda la inversión pública en 2012 fue de US$ 2.873,8 millones. Vale decir que el monto invertido en esas nueve empresas equivale al 82,5% de la inversión total ejecutada por el sector público en la gestión anterior.

Tal es el costo fiscal que ha supuesto la creación y arranque de este grupo de empre-sas públicas. ¿Cómo se usó semejante can-tidad de dinero? A juzgar por los tres casos que analizamos, mal. Los “costos adiciona-les” o, para decirlo más directamente, el sobreprecio que encontramos en ellos es un indicio de que las cosas se están haciendo mal. Se puede deber a corrupción, o a que

se ha planificado mal los proyectos, incu-rriendo en costos exagerados que, a la larga, volverán estos emprendimientos poco competitivos. El Gobierno está usan-do el dinero del país como si fuera suyo, sin la mínima apertura a la fiscalización de la sociedad. Una actitud así, por cierto, ya es de por sí corrupta, puesto que implica una privatización, así sea simbólica, de lo que en esencia es público. El argumento de que se busca eludir la excesiva burocracia del Estado puede ser verdadero o un simple pretexto para liberar a un grupo de funcio-narios del control social. En todo caso, el Gobierno no puede justificarse con sus buenas intenciones: debe demostrar que está actuando correctamente, igual que en el pasado el MAS de Evo Morales exigió a los gobiernos de entonces que lo hicieran.

Planta de Urea y amoniaco

El 13 de septiembre de 2012, YPFB firmó con la empresa coreana Samsung Engineering un contrato por US$ 843,9 millones para la cons-trucción y puesta en marcha de una planta de amoniaco y urea en la localidad de Bulo Bulo. La idea es producir, a partir de 2015, 400.000 toneladas métricas al año de amoniaco y 700.000 de urea. Se dice que el 20% de esta producción permitiría ampliar el área de cultivo del país y el 80% restante sería exportado a Brasil y Argentina. Para alcanzar esta produc-

Danza de sobreprecios

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

ción, la planta necesitará 1,5 millones de metros cúbicos de gas por día, es decir 0,36 TCF en 20 años. Para alimentar la planta se está constru-yendo un gasoducto de 1,5 kilómetros de longi-tud.

El proyecto parece estupendo, pero los especialistas le encuentran las siguientes debi-lidades: a) Las estimaciones de mejoras en la agricultura están claramente sobredimensio-nadas; b) la planta está situada lejos de los mercados a los que se pretende vender sus productos, lo que encarecerá la oferta bolivia-na; c) ésta deberá competir con otras 20 plan-tas de fertilizantes que se están construyendo en América del Sur; d) Argentina tiene provee-dores ya consolidados, a los que habría que ganar por precio; simultáneamente, el merca-do tiende a la baja, gracias al aumento de la oferta por el descubrimiento de grandes canti-

3 Fundación Milenio, Informe Nacional de Coyuntura 167: Amoniaco y urea en Bulo Bulo… contra viento y marea: http://www.funda-cion-milenio.org/Informe-Nacional-de-Coyuntura/coy-167-amoniaco-y-urea-en-bulo-bulo-contra-viento-y-marea.html

dades de gas alternativo en Estados Unidos; e) Brasil pretende ser, en los siguientes cinco años, capaz de autoabastecerse de urea y amo-niaco, por lo que disminuirá gradualmente la importación de estas materias.3

Dejando de lado estas graves interrogan-tes sobre la viabilidad del proyecto, pregun-témonos si lo que le costará esta planta a Bolivia está bien pagado. Para eso hemos comparado Bulo Bulo con dos proyectos de clase mundial en Gabón y Australia. Como éstos tienen un tamaño diferente al del boli-viano, para hacerlos comparables hemos cal-culado cuánto costarían en caso de tener una dimensión similar a Bulo Bulo (“costo ajus-tado”). Luego hemos comparado este “costo ajustado” con el costo de Bulo Bulo, como se ve en los cuadros siguientes:

Planta de Urea y Amoniaco Bulo Bulo Tn año Costo de inv. US$ Costo de inversión por tn (US$)

Capacidad 700.000 844.000.000 1.206

Planta de Urea y Amoniaco Gabon (The Gabon Fertilized Company. País: Gabon. Año: 2012)  

Capacidad 1.405.250 1.500.000.000  1.067

Fuente: International Finance Corporation IFC. http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/DocsByUNIDForPrint/664D69F8D8F1051F85257AB600181F43?opendocument

Diferencial de costo y recálculo para Bulo Bulo

Costo Ajustado (US$) 747.198.007

Costo Bulo Bulo (US$) 844.000.000

Costo adicional 96.801.993

Exceso en % 11%

Esto significa que la planta boliviana es 11% más cara que el proyecto de Gabón, pese a que éste incluye la construcción de un ducto de agua de 56 Km desde el río Ogooue, así como infraestructura eléctrica, vapor, agua, aire.

El proyecto está localizado a 10 Km de la ciudad de Port Gentil, para facilitar el trans-

porte de su producción, algo que, en caso de actuar con racionalidad, también debería haberse buscado en el proyecto boliviano.

Veamos ahora una comparación con la planta de fertilizantes de Victoria Valley, en Australia, construida por la firma Latrobe Fertilisers Limited:

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Unidad Nacional

Planta Latrobe Fertilisers Limited (Valley of Victoria, Australia) Tn año Costo de inv. US$ Costo de inversión por tn (US$)

   520.000  500.000.000  962

Fuente: fhttp://www.latrobefertilisers.com.au/project_latrobe.html

Si calculamos lo que este mismo proyecto valdría si tuviera la capacidad de Bulo Bulo (“costo ajustado”), y comparamos este costo con lo que esta planta le costará a Bolivia, se obtiene lo siguiente:

Diferencial de costo y recálculo para Bulo Bulo

Costo ajustado (US$) 673.076.923

Costo Bulo Bulo (US$) 844.000.000

Costo adicional 170.923.077

Exceso en % 20,2%

Bulo Bulo, entonces, es más del 20% más cara que la planta Latrobe de producción de urea en Australia. Un sobreprecio que podía haberse predicho, tomando en cuenta que esta planta, pese a ser la mayor inver-sión estatal de toda la historia de Bolivia, no fue contratada con licitación pública, es decir, de forma competitiva, publicitada y abierta a los reclamos de los proponentes, sino por medio de una contratación directa. Una menor competencia entre las empre-sas, aun cuando no hay corrupción, se tra-duce siempre en precios más altos. La pre-gunta, entonces, es: ¿por qué las autorida-des no quieren organizar licitaciones, aun para la contratación de obras tan gigan-tescas como ésta?

ingenio de San BUenaventUra

La Empresa Estratégica Agroindustrial San Buenaventura se creó el 16 de septiembre de 2010, con el Decreto 637. Intenta industriali-zar la caña de azúcar. El ingenio estará ubica-

do en el municipio de San Buenaventura, provincia Iturralde del departamento de La Paz y tendrá una capacidad de molienda diaria de 7.000 toneladas de caña para la producción de 550 toneladas diarias de azúcar. También fabricará 700 hectolitros de alcohol por día y 150 toneladas de alimentos para el ganado. El proyecto demandará una inversión de US$ 214 millones, de los cuales US$ 168 millones irán a la instalación del ingenio y lo demás a la construcción y mejoramiento de la ruta San Buenaventura-Ixiamas y del puente entre San Buenaventura y Rurrenabaque.

Si se compara la relación “inversión por tonelada procesada de caña” con la que pre-senta un ingenio privado Aguai, que se inau-guró hace poco en el país, se encuentra que ésta es casi el doble en San Buenaventura, lo que arroja un importante precio adicional. Nótese que para hacer este cálculo sólo hemos usado la cantidad inversión directa en la planta, por lo que no se puede argumentar que el precio de San Buenaventura es mayor porque la viabilidad del proyecto requiere cubrir gastos de infraestructura, etc.

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

4 Página Siete: “Teleférico paceño dobla en costos a uno colombiano”, La Paz, 27 de agosto de 2012.

Proyecto (A) Costo (US$)

(B) Toneladas diarias de caña

de azúcar procesada

( C) Costo de inversión por tonelada/ día (A/B en US$)

(D) Costo de este volumen de

producción del Ingenio Aguai (US$/ton día)*

(E) Diferencia entre el Ingenio Aguai y San Buenaventura (C-D, en $US/ton

día)

Monto total que se gastará en exceso en San Buenaventura

(en $US)

Porcentaje de

sobreprecio

Ingenio azucarero San Buenaventura 168.000.000 7.000 24.000 12.500 11.500 80.500.000 47,91%

* El Ingenio Aguai es una excelente referencia para la comparación, porque se inauguró el 30 de mayo de 2013 en Santa Cruz. Costó 150 millo-nes de dólares, es decir, una cifra parecida a la de San Buenaventura. Sin embargo, puede producir el doble: 12.000 toneladas de caña de azúcar por día. Por tanto, su inversión para lograr una tonelada diaria de producción es de 12.500 dólares, mientras que la de San Buenaventura es de 24.000 dólares.

Dos ingenios azucareros se construyen casi al mismo tiempo y a un costo casi igual. Sin embargo, uno, el privado, produce casi el doble de lo que el otro, el estatal. ¿Por qué?

teleférico la Paz-el alto

Se trata de una obra necesaria, pero que podía haberse construido de acuerdo a los procedimientos normales y en colaboración con los dos municipios beneficiados. En lugar de esto, se convirtió en un proyecto especial, que ni siquiera maneja la Gobernación de La Paz (MAS), mucho menos el municipio, sino directamente el Gobierno central. La intención de todo esto es claramente política. Se trata de hacer un “regalo” al principal núcleo electoral del

país y por esto se está montando a marchas forzadas para poder entregarlo antes de las elecciones de 2014. Ya han aparecido carte-les con la foto del Presidente acompañada por la reveladora leyenda: “Mi teleférico”. Esta premura ha conducido a la aprobación de una normativa excepcional, que autoriza a las autoridades, una vez más, a hacer una contratación directa por la enorme suma de 234 millones de dólares. La prensa denunció que este monto era muy superior a los de otros proyectos similares.4 El cálculo reali-zado por nosotros muestra lo siguiente:

13

Unidad Nacional

Teleférico La Paz- El Alto* Total Línea Roja Línea Amarilla Línea Verde

Longitud 10.337 metros 2.664 metros 3.883 metros 3.830 metros

Cabinas 427

Estaciones 11

Cantidad de pasajeros por hora

6.000

Costo (US$) 234.680.000

Costo por kilómetro (US$) 22.784.466

Costo por pasajero/hora(US$) 39.113

Fecha de construcción 2013-2014

Teleférico Metro de Medellín** Total Línea K Línea J Línea L

Longitud 9.470 2.061 metros 2.790 metros 4.619 metros

Cabinas 269 93 119 57

Estaciones 10 4 4 2

Cantidad de pasajeros por hora 7.020 2.820 3.000 1.200

Costo (US$) 107.000.000 34.000.000 48.000.000 25.000.000

Costo por kilómetro (US$) 11.298.838

Costo por pasajero/hora(US$) 15.242

Fecha de construcción 2010-2011

Costos adicionales del teleférico boliviano (SU$)

Costo adicional por kilómetro 11.485.628

Costo adicional por pasajero/hora 23.871

Porcentaje promedio de diferencia 55,7%

Porcentaje promedio aplicado al costo total (sobreprecio). En SU$

*Ficha técnica del teleférico. Ministerio de Obras Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.**Revista Metro, con información oficial del teleférico de Medellín.

Enfrentado a estos datos, el Ministerio de Obras Públicas argumentó que la diferencia de precios entre el teleférico paceño y el de Medellín se deben a que no son exactamente iguales, lo que es obvio, pero por cierto no impide la comparación. Es perfectamente aceptable hacer aproximaciones y promedios para poder comparar los precios de dos bie-nes similares pero no idénticos. El Ministerio también afirmó que una otra razón del enca-recimiento del teleférico paceño es el aumen-to del precio de la principal materia prima, el acero. Sin embargo, el argumento no es con-vincente. La subida de un insumo, por muy importante que sea, puede explicar 30, 40 o

50 millones más en los costos, pero no 131 millones. Los constructores que participaron en la “lista corta” de la contratación directa dijeron abiertamente en distintos círculos que había un enorme sobreprecio y que ellos hubieran hecho el mismo trabajo por la mitad. ¿Por qué entonces no se les adjudicó a ellos? ¿Por qué no se los invitó a una licita-ción pública, en la que hubieran podido pre-sentar sus reclamos públicamente? ¿Por qué se le quitó al país la oportunidad de pagar mucho menos de lo que pagará? ¿Quién ganó con hacer una contratación directa en lugar de una licitación? ¿Quién gana con oscurecer y esconder los procedimientos?

130.716.760

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

reSUmen de laS treS inverSioneS analizadaS

Con lo que tenemos que, investigando solamente tres de las nueve principales inversiones que está realizando el Gobierno para extender la red de empresas públicas, el resultado es desolador:

Proyectos Sobreprecio en dólaresPorcentaje de sobreprecio

respecto al costo total

Planta de Bulo Bulo 170.923.077* 20%

Ingenio San Buenaventura 80.500.000 47.91%

Teleférico La Paz-El Alto 130.716.760 56%

Suma total y porcentaje promedio 382.139.837 41%

*El más alto de los dos calculados.

conclUSioneS

La conclusión de esta investigación parcial de las inversiones estatales en las empresas públi-cas, es que si se toma tres proyectos, los tres señalados en el cuadro anterior, se puede encontrar un sobreprecio de 382 millones de dólares. Esto significa que el Estado boliviano está invirtiendo un 41% más de lo que debería si hubiera logrado los costos que tienen pro-yectos similares en el extranjero y, en algunos casos, en el propio país. Dicho con otras pala-bras: la inversión de recursos del Estado en la creación de tres empresas públicas es un 41% más cara que lo que pudiera haber sido si los proveedores se contrataban por medio de lici-taciones públicas, abiertas y competitivas.

La consecuencia inmediata de este dife-rencial en el costo de inversión es que las

empresas estatales de reciente creación son menos competitivas que sus similares en otros países o en Bolivia misma. La pregunta final es por qué estas empresas tienen costos de inversión tan elevados, y cuánto de esta sobre-inversión se debe a negligencia, pecu-liaridades de los proyectos y, lo más grave, corrupción.

Se ha producido, por tanto, un enorme daño al Estado, que en última instancia es responsabilidad del Presidente y sus minis-tros, por aprobar los decretos que permiten la discrecionalidad en el manejo de los recursos estatales. Se está manejando el dinero que el país recibe extraordinaria y temporalmente como si fuera propio y como si no fuera a acabarse nunca.

Entre las razones más relevantes que explican el alto costo de la inversión realizada, se deben mencionar las

siguientes:

1. imProviSación y carencia de eStUdioS

Una característica común al proceso de crea-ción de nuevas empresas públicas tiene que ver con las carencias y debilidades en cuanto a estudios de pre-factibilidad que justifiquen y respalden confiablemente la decisión de acometer las inversiones necesarias para su constitución y puesta en funcionamiento. Ni las empresas creadas ni el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), han puesto a disposi-ción pública los estu-dios de pre-factibili-dad, si ellos existen, así como las especi-ficaciones técnicas, utilizadas dentro de los procesos de con-vocatoria y selección de propuestas.

Muchas de estas decisiones parecen haber sido tomadas tan solo a partir de ideas de pro-yectos o de estudios superficiales e incomple-tos, que, por lo mismo, no han aportado toda

la información técnica, económica, financiera y comercial, que sería menester para asumir responsablemente la determinación de llevar a cabo un emprendimiento empresarial. Tanto más si ello conlleva la utilización de los dine-ros de todos los bolivianos, que el Estado debe administrar cuidadosamente.

Con inusitada frecuencia, el gobierno ha optado por adjudicar la instalación de las plantas y su operación bajo la modalidad de “llave en mano”, de tal manera que son los propios contratistas los que terminan hacien-do las estimaciones técnicas para el diseño, ejecución y puesta en marcha de las instala-ciones, equipamiento, capacitación y asisten-cia técnica.

Por lo mismo, se plantean muchas dudas respecto de la existencia y calidad de los estudios de mercado y la determinación de la

demanda (real o potencial) que se quiere satisfacer con el ingreso al merca-do de las nuevas empresas, cuantifi-car los volúmenes

de producción requeridos y estimar razona-blemente los costos de producción que harían competitivos los emprendimientos.

Careciendo de una base confiable de información y de estudios necesarios, se

Los siete pecados capitales de la política de creación de empresas estatales

Con inusitada frecuencia, el gobierno ha optado por adjudicar la instalación de las plantas y su operación bajo la modalidad de “llave en mano”

16

La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

comprende entonces que la inversión deter-minada en los decretos de creación de las empresas no esté técnicamente sustentada y que en este tipo de decisión hayan prevaleci-do otras consideraciones eminentemente políticas, amén de posibles conflictos de inte-rés de quienes adjudican las obras y de quie-nes ejecutan los proyectos.

2. contratacioneS Sin licitación PúBlica

Como ya hemos señalado, la creación y fun-cionamiento de las empresas estatales se ampara en varios decretos de excepción, emi-tidos por el actual gobierno, decretos que contrariando las normas de la Ley SAFCO, autorizan contrataciones directas de bienes y servicios para las empresas públicas.

Merced a tales disposiciones, los ejecuti-vos de las empresas han encontrado la forma de soslayar los procedimientos de licitación pública de la Ley SAFCO y, con ello, han evitado también abrir la competencia a varias ofertantes. La adjudicación de contratos de adquisición de bienes y servicios para la ins-talación de las plantas y la puesta en marcha de los procesos de producción en las empre-sas estatales se ha hecho a dedo, por decisión discrecional, y sin que sea posible asegurar menores precios y ofertas de mayor calidad en los contratos y compras.

De hecho, se conoce de muchas quejas y denuncias, no siempre formalizadas, acerca de adjudicaciones con costos excesivos, para constructores y proveedores elegidos por el favor político y probablemente cohonestando a funcionarios venales.

Tal como ya se demostró en el caso del Programa Evo Cumple, el uso y abuso que se hace de la modalidad de contrataciones direc-tas o por excepción, ha abierto un peligroso resquicio para la comisión de numerosas

irregularidades en las empresas estatales, incluso de graves hechos de corrupción no esclarecidos ni sancionados.

3. SUPerviSión deficiente y comPlaciente

A la falta de planeamiento técnico y la ausen-cia de competencia en las contrataciones de infraestructura, equipos y materiales, para el montaje y operación de las plantas, se suma la carencia de una supervisión oportuna y profe-sionalmente calificada de las obras ejecutadas.

En muchos casos, los supervisores, si se puede hablar de tales, no parecen haber hecho otra cosa que avalar las cuestionables decisiones de los administradores de las empresas, lo mismo que convalidar lo obrado por los constructores y proveedores de servi-cios, sin que su trabajo sirviera para corregir errores y fallas y prevenir malas decisiones que repercuten en ineficiencias, despilfarros y costos más elevados.

4. adminiStración imProviSadae incomPetente

La gestión de las empresas estatales resiente, asimismo, de muchas deficiencias, y a menu-do de una notoria falta de profesionalidad, experiencia y capacidad gerencial. Ejecutivos improvisados que responden más a presiones políticas y que no saben (o no pueden) asegu-rar una administración eficiente, austera y de buena gobernanza de las empresas.

Ha de considerarse, además, casos recu-rrentes de personas designadas o impuestas en los cargos directivos y ejecutivos, que provienen de grupos o sectores que se rela-cionan con las empresas como proveedores y de lo cual derivan conflictos de interés en el manejo de las empresas.

17

Unidad Nacional

5. ni geStión gerencial ni reSUltadoS

Desgraciadamente, la filosofía de la gestión por resultados, que hace a una buena prácti-ca de administración pública, es por com-pleto ajena al manejo de las empresas esta-tales. Difícilmente podrá encontrarse en ellas un proceso técnicamente idóneo de identificación y formulación de metas de producción, ventas, inversiones y otros indi-cadores de gestión, así como mecanismos eficaces de medición y evaluación de resul-tados e impactos.

Tampoco las autoridades ministeriales, que deberían tutelar el funcionamiento de las empresas y promover y controlar su buen desempeño, han hecho mucho para exigir e incentivar a que las empresas logren buenos rendimientos y avancen en mejoras de pro-ductividad.

El ambiente de relajamiento, permisivi-dad y complicidad puede ser tal que si todas estas empresas públicas fueran sometidas a pruebas de probidad, rendimiento y eficien-cia empresarial, es improbable que ellas puedan conseguir resultados satisfactorios y puedan así justificar la continuidad de sus operaciones.

6. el eStado de laS emPreSaS: Una caja negra

Si alguien quiere tomarse el trabajo de buscar los balances contables, los estados financie-ros o las memorias anuales de las empresas estatales perderá olímpicamente su tiempo. Esta información es inexistente o simplemen-te no está disponible para el público, la pren-sa, los estudios académicos.

Las empresas estatales son verdaderas cajas negras, y muy pocos deben saber qué realmente hay dentro de ellas. Nadie, ni sus

ejecutivos ni las autoridades de Gobierno de quienes dependen, rinden cuentas sobre el desempeño de las empresas y los resultados de las inversiones hechas con financiamiento del Estado. Tampoco lo hace la Corporación de Empresas Estatales, la entidad creada para coordinar y supervisar el funcionamiento de las empresas públicas.

Si se han hecho auditorías a las empre-sas, como debería suceder por mandato de la Ley SAFCO, sus resultados no se conocen.

Lo que resulta evidente es que si se abriera la contabilidad de las empresas sería una caja de Pandora. Eso lo sabe el gobier-no, y por ello se guarda la información bajo siete llaves.

La falta de transparencia en la gestión de las empresas públicas y la falta de acción de la Contraloría para exigir y sancionar el incumplimiento de las normas de control gubernamental, son un obstáculo insalvable a cualquier intento de fiscalización y escru-tinio público.

7. clienteliSmo y PegUiSmo

Muchos de los males de las empresas consti-tuidas en los últimos siete años, incluido el sobreprecio de la inversión realizada, se explican por una lógica clientelar, prebendal y peguista. Los criterios de mercado, el balance de ganancias y pérdidas, los costos financieros, son cuestiones ignoradas o rele-gadas al momento de tomarse decisiones políticas respecto de la creación y puesta en marcha de empresas estatales.

Lo que prevalece, ante todo, son conside-raciones eminentemente políticas: conquistar apoyo electoral en determinadas regiones; satisfacer las demandas de ciertas clientelas; responder a las presiones de sectores socia-les, sin importar mucho cuan legítimas y racionales fueran; usar las empresas como

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La verdad sobre la corrupción el Gobierno de Evo

medios de penetración e incidencia partidis-ta; acrecentar el empleo público y expandir la presencia del Estado en la economía, aunque ello redunde en altos costos laborales, finan-cieros y de producción5.

Son estos mismos criterios los que mar-can y vienen condicionando el funcionamien-to y la gestión de las empresas públicas.

Bajo estas condiciones resulta muy difícil que las empresas estatales puedan ser genera-doras genuinas de excedentes que les permitan ser financieramente autosuficientes, y contri-buir puntualmente con el pago de los impues-

tos de ley, para el sostenimiento de las finan-zas públicas, cada vez más presionadas por el vertiginoso crecimiento del empleo público y el aumento incesante de los gastos corrientes.

Antes bien, las empresas son totalmente dependientes del financiamiento estatal. Que se sepa, ninguna de las empresas creadas con recursos del TGN u otra fuente oficial de financiamiento, ha acumulado ganancias tales que les posibiliten devolver los recursos recibidos o, al menos, no depender de subsi-dios u otras contribuciones estatales para su sostenimiento.

5 Un caso emblemático es lo sucedido con la empresa minera Huanuni, que, de un día a otro, incrementó su planilla laboral de alrede-dor de 1.000 a 4.500 trabajadores. Otro caso notable se ha dado con la nacionalización de la mina Colquiri, que incrementó en 30% el número de trabajadores, provocando un aumento de los costos laborales en 103%, a la vez que se registraban caídas de producción del orden del 25%, tal cual lo reconoció Evo Morales en su informe presidencial de 22 de enero de 2013. “Si la nacionalización es para producir menos, entonces no hay por qué nacionalizar”, dijo entonces el Primer Mandatario

El gobierno debe rendir cuentas

Las dudas existentes sobre el sentido y la justificación económica del gasto realizado por el Estado en la creación de nuevas empresas públicas, y en particular el posible sobreprecio en las contrataciones para la ins-talación y funcionamiento de estas plantas industriales, son cuestiones que deben ser seria y suficientemente esclarecidas por las autoridades de gobierno.

Es imperativo, también, que el gobierno ponga a disposición pública los balances con-tables, estados financieros y toda la informa-ción sobre el estado y la gestión de las empre-sas estatales. No hay ninguna razón legítima (y muchas espurias) para el hermetismo y la reserva con que se maneja esa información, que, siendo del Estado, es de interés público, y debe ser de libre acceso a la ciudadanía, de conformidad con el derecho al acceso a la información, reconocido por la CPE.

La Contraloría General del Estado tiene la obligación de informar sobre las auditorías que pudieran haberse efectuado en las empre-sas estatales y, en su caso, instruir su inme-diata realización.

Este documento es una evidencia seria y objetiva de la forma cómo se están dilapi-dando los recursos públicos en empresas sin sentido económico, en proyectos mal conce-bidos y ejecutados, en contrataciones con precios exorbitantes, en gastos administrati-vos desmedidos y, definitivamente, en corrupción política y funcionaria. El Gobierno está perdiendo la oportunidad de transformar los recursos extraordinarios que recibe el país gracias a los altos precios de las materias primas en una solución a los problemas del país y los bolivianos, en espe-cial de los más pobres.

La arbitrariedad en la implementación de los proyectos de inversión del Estado está causando un daño enorme al país. Tres gigantescas inversiones estatales presentan claros indicios de sobreprecio. En el Teleférico La Paz-El Alto, la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo y el Ingenio de San Buenaventura se gastará 382 millones de dólares por encima de los costos de otros proyectos comparables. El Gobierno aprovecha su mayo-ría para actuar sin control de la opinión pública y la oposición. Unidad Nacional