ciudadanizando la nº 3 - abril 2010 política ambiental 2010 · 2016-11-25 · paulina ormaza...

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE:Modelo de Gestión Territorial desarrolladopor la Nacionalidad A’I1 (Cofán) del Ecuador

Paulina Ormaza

Iniciativa Ciudadanizando laPolítica Ambiental

2010Nº 3 - Abril 2010

Resumen ejecutivo

Introducción

Marco teórico conceptual

El modelo de gestión territorial desarrollado por la nacionalidad A’I (Cofán) del Ecuador

Evaluación de la experiencia: lecciones aprendidas

Conclusiones generales hacía la construcción de una política

Bibliografía

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5.

6.

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Contenido

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Dirección: Sigrid VásconezAutora: Paulina OrmazaRevisión: Roberto Ulloa, Mauricio Velásquez, María del Carmen BarragánColaboración: Natalia Angulo, Paulina Arroyo, Randall Borman, Luis NarváezEdición general: Grupo Faro

Diseño y diagramación: Alejandro MirandaFotografía: Archivo TNC, FEINCE, María Fernanda Aillón

2010ISBN 978-9942-9972-3-4

Primera edición - 1000 ejemplaresImpreso en Quito- Ecuador

Grupo Impresor

El presente documento es parte de la Iniciativa Ciudadanizando la Política Ambiental uno de los componentes del Proyecto “Reverdeciendo las Políticas Públicas”, que Grupo FARO- Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades, a través de su Área de Ambiente y Sociedad, ejecuta con al apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y en alianza con varias instituciones. La Iniciativa Ciudadanizando la Política Ambiental nace con la convicción que para construir nuevas sendas para el desarrollo sustentable del Ecuador se requiere de una sociedad civil deliberante y propositiva con capacidad de incidir efectivamente en las políticas públicas ambientales. Este esfuerzo pretende devolver la política a la ciudadanía y convertirla en verdadera protagonista de las decisiones sobre lo público.

Ciudadanizando convocó a organizaciones ecuatorianas, a presentar estudios de caso que relaten experiencias de incidencia en la política ambiental tanto a nivel local como nacional. A través de estas experiencias, las cinco organizaciones seleccionadas por la Iniciativa, refl exionan sobre los logros, las limitaciones y lecciones aprendidas del proceso de incidencia, y nos invitan a debatir una serie de recomendaciones sobre cómo fortalecer y mejorar las políticas ambientales a nivel local y/o nacional.

A nombre de quienes hacemos Grupo FARO, queremos agradecer a Paulina Ormaza, TNC, autora del documento,

por la calidad del mismo y su compromiso con la Iniciativa. De igual forma, agradecemos el aporte de las organizaciones aliadas que conformaron el Comité Asesor de Ciudadanizando: Corporación Andina de Fomento- CAF, Conservación Internacional (CI)-Ecuador; Observatorio Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito; Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, The Nature Conservancy (TNC)-Ecuador, pues esto no hubiera sido posible sin su colaboración. Nuestro sincero agradecimiento se extiende a Manuel Pulgar-Vidal, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; Adriana Ramos, del Instituto Socioambiental de Brasil, Byron Calvachi, de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y a Ana Cristina Barros, Representante de TNC- Brasil, por compartir sus conocimientos con las organizaciones ambientales involucradas en la Iniciativa.

Finalmente, queremos reconocer el gran trabajo del equipo de Grupo FARO, y de manera especial el compromiso de María del Carmen Barragán, pues es gracias a su dedicación que esta serie de publicaciones llega a sus manos el día de hoy.

Presentación de las experiencias “Ciudadanizando la Política Ambiental”

Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edición son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la posición ofi cial de la CAF.

Quito, 15 de abril de 2010

Sigrid VásconezDirectora de Ambiente y SociedadGrupo FARO

Durante incontables generaciones, los miembros de la nacionalidad A’I (Cofán) habitan en las tierras bajas entre los Andes y la Amazonía en lo que hoy en día es Colombia y Ecuador. La mayoría de información sobre este pueblo ancestral data de los últimos 50 años, cuando los miembros de esta etnia inician la lucha activa y pública por preservar y mantener en su posesión aproximadamente un millón de hectáreas que conformaban parte de sus territorios ancestrales en el país. A mediados del siglo XX múltiples exploraciones petroleras se efectuaron en la región amazónica, en especial en la provincia de Sucumbíos. Para la década de los años 70s además de las amenazas generadas por la actividad hidrocarburífera, la presión sobre el territorio aumentó debido a la presencia de compañías madereras, mineras y la expansión de colonos mestizos que se posicionaron en sus tierras como resultado del Programa de Reforma Agraria impulsado por el Estado ecuatoriano . No obstante, en medio de estas presiones socio-ambientales, el pueblo Cofán luchó durante siglos para preservar su cultura y conservar su territorio.

El estudio de caso, pretende exponer la experiencia del modelo de gestión territorial desarrollado por la Nacionalidad A’I (Cofán) del Ecuador, como ejemplo para impulsar la generación de políticas en el manejo compartido de áreas protegidas con pueblos indígenas en el país. Si bien el modelo de gestión territorial se fundamenta y se construyó basándose en conocimientos y tradiciones ancestrales, este

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE:Modelo de Gestión Territorial desarrollado por la Nacionalidad A’I1 (Cofán) del Ecuador

Paulina Ormaza

modelo también nutrió de conocimientos y herramientas, generadas desde el pensamiento occidental. Esta difusión de diferentes lógicas de pensamiento logró facilitar la conservación de los recursos naturales en su territorio y que, de una u otra manera, intenta armonizar las formas tradicionales de manejo del territorio con los planes de manejo de las Áreas Protegidas. Jurídicamente, el modelo de gestión territorial se sustenta en múltiples convenios suscritos entre la Federación de la Nacionalidad Indígena Cofán del Ecuador –FEINCE- con el Ministerio del Ambiente. Siendo así, se plantea que las políticas de co-manejo (manejo y administración compartida) de áreas protegidas pueden proyectarse desde las necesidades concretas, los confl ictos socio-ambientales en el territorio y las propuestas nacidas del conocimiento, la cultura y la experiencia local.

El documento presenta inicialmente el marco conceptual, jurídico y de políticas sobre el que se desarrolla la relación entre territorios ancestrales y áreas de conservación para continuar con la descripción y planteamientos del modelo de gestión territorial Cofán, detallando las principales lecciones aprendidas para concluir con recomendaciones sobre la promulgación de políticas referentes a la relación entre territorios indígenas y conservación. Para ello, la sistematización del caso elaboró en base a información secundaria, así como entrevistas a dirigentes A’I (Cofán) sobre la experiencia y se trabajó con los dirigentes de FEINCE.

1. Resumen ejecutivo

1 A’I signifi ca “gente verdadera”, es el nombre que utilizan en A’Ingae para identifi carse, según se pudo investigar no se conoce el origen de la palabra “Cofán”, por lo que en el documento y por solicitud de la dirigencia de la FEINCE, se utiliza este nombre.

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Las consecuencias del modelo de explotación de recursos naturales, vigente en el país, ocasionaron impactos gravísimos en territorios colectivos indígenas, diezmando su población, fragmentado sus territorios y degradando la base natural indispensable para la sobrevivencia como etnias y su reproducción social, cultural, espiritual, ambiental etc. Pocos han son los esfuerzos por parte del Estado para frenar los impactos mencionados. Si bien existe el marco legal vigente, aún se muestran inconsistencias en la aplicación de las garantías constitucionales y la aplicación de derechos colectivos reconocidos por el Ecuador mediante varios convenios internacionales.

En este contexto, cuando se analizan las políticas ambientales, una de las primeras conclusiones que sirve de punto de partida para el análisis, es que sus procesos de construcción, se caracterizaron por ser propuestos unilateralmente desde el Estado. En la mayoría de los casos responden a problemas coyunturales globales (geopolíticos), se enmarcan en convenios internacionales, pero que desconocen necesidades, planteamientos o iniciativas locales fundamentadas en realidades, saberes y experiencias concretas que buscan la aplicación real tanto de los derechos de los pueblos y nacionalidades como los reconocidos a la naturaleza en la actual Constitución.

Es importante reconocer que las grandes transformaciones deben partir de lo local a lo global; de lo micro a lo macro. La comunidad, la organización, la nacionalidad debe constituirse en el motor fundamental del desarrollo que, enmarcado en un territorio pleno de identidad y solidaridad se conviertan en el escenario real de aplicación de las políticas públicas creadas para alcanzar “El Buen Vivir” (Ñothse Cansefaye). Bajo esta perspectiva, ¿Cómo facilitar la generación de procesos que permitan construir políticas ambientales plurales y democráticas desde las organizaciones de la sociedad civil y en especial de las nacionalidades y pueblos, que respondan a necesidades concretas de la población, que reconozcan los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza y que al mismo tiempo disminuyan el antagonismo entre la sociedad civil, el sector público y los líderes y generadores de la opinión pública?

Concebir la generación de políticas a partir de una realidad social gestada históricamente desde los pueblos y colectividades, es una relativa ruptura con las concepciones tradicionales del Estado. La generación de políticas públicas que parten de realidades y experiencias concretas, en donde el accionar colectivo va construyendo lo aún no escrito, invita a repensar el presente y el pasado en forma constante para crear y consolidar la construcción social de la ciudadanía y los derechos de las colectividades. Desde la visión de la nacionalidad A’I (Cofán) es imprescindible conocer para valorar y respetar para defender y conservar.

En el caso particular de los A’I (Cofán), la implementación de su modelo de gestión territorial invita a repensar las formas convencionales de defi nir las políticas públicas, en especial aquellas relacionadas con la conceptualización, categorización y las relaciones de poder implícitamente presentes en la conceptualización del Patrimonio Natural de Áreas Protegidas, así como el equilibrio que debe existir entre la conservación y el respeto a los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza.

2. Introducción

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE: Modelo de Gestión Territorial desarrollado por la Nacionalidad A’I (Cofán) del Ecuador

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3.1. Relación de territorios ancestrales y conservación de bosques primarios en Ecuador

La diversidad cultural que caracteriza al Ecuador se manifi esta a través de las 13 nacionalidades indígenas en todo el país, en donde muchas de ellas habitan en zonas de alta diversidad biológica. La relación entre pueblos indígenas y el entorno natural donde se desenvuelven les permitó acumular conocimientos y saberes sobre las funciones del ecosistema y su utilidad, aportando en la conservación de la biodiversidad, el

mantenimiento de la base alimentaria y la medicina tradicional; y por consiguiente en el fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria, construido sobre la acumulación de conocimiento intelectual milenario; y así asegurando su propia sobrevivencia.

Se puede afi rmar que el aporte de algunos pueblos ancestrales en la conservación de bosques primarios se demuestra por la coincidencia entre la existencia de parches de vegetación y la posesión de estos territorios por pueblos ancestrales. En el cuadro 1 se muestra la presencia indígena en el entorno de las áreas protegidas.

3. Marco teórico conceptual

Awá

Chachi

Épera

Tsáchila

Pueblo Manta-Huancavilca-Puná

A’I Cofán

Secoya

Siona

Waorani

Shiwiar

Zápara

Achuar

Shuar

Kichwa Amazonía

Área de amortiguamiento de la

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas.

Área de amortiguamiento de la

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas.

Interior de la Reserva Ecológica

Mache Chindul

Parque Nacional Machalilla

Reserva de Producción Faunística

Cuyabeno

Reserva Ecológica Cayambe Coca

Reserva Ecológica Cofán Bermejo


Cuyabeno


Cuyabeno

Parque Nacional Yasuní



Parque Nacional Sumaco Napo

Galeras

126.500 ha. de ocupación /

121.000 ha. legalizadas

105.468 ha. de ocupación

340 has

9.940 has de ocupación actual

515.965,38 ha. Legalizadas

330.000 has aprox. de ocupación/

47.406 ha. Legalizadas

39.414, 5 ha legalizadas

47.888ha. de ocupación /

7.888 legalizadas

2.000.000 ha de ocupación/

716.000 ha. Legalizadas

189.377 ha de ocupación /

89.377 legalizadas


54.000 legalizadas


884.000 ha legalizadas


718.220 ha legalizadas

2.684.000 ha aproximadas de

ocupación / 1115.000 adjudicadas

Carchi, Esmeraldas e Imbabura

Esmeraldas

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsachilas

Manabí y Guayas

Sucumbíos

Sucumbíos

Sucumbíos

Orellana, Pastaza y Napo

Pastaza

Pastaza

Pastaza y Morona Santiago

Morona Santiago, Zamora Chinchipe,

Pastaza, Napo Orellana, Sucumbíos,

Guayas y Esmeraldas

Sucumbíos, Napo, Orellana y

Pastaza

NACIONALIDADESY PUEBLOS

REGION/PROVINCIA

COSTA

AMAZONIA

ESTADO DE TERRITORIOSDE OCUPACIÓN INDÍGENA

VINCULACIÓN CON LASAREAS PROTEGIDAS

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CUADRO 1. Territorios indígenas y áreas protegidas

3.2. Creación de áreas protegidas patrimoniales del Estado y pueblos ancestrales

La creación de áreas protegidas estatales durante la década de los 70s se realiza en muchos casos sobreimpuestas en espacios habitados por poblaciones humanas, especialmente sobre territorios ocupados ancestralmente por pueblos indígenas y afro ecuatorianos; y coincide con las dinámicas de colonización promovidas ofi cialmente por el Estado a través de la Reforma Agraria.

Durante los primeros años de existencia de las áreas protegidas, no se generaron grandes confl ictos, éstas se mantuvieron por si solas, sobre todo porque la presión de los

habitantes en su interior y en el entorno no era aguda. En los siguientes 20 años la situación cambió radicalmente; los resultados de la colonización, el crecimiento en la magnitud y densidad poblacional, la expansión de cultivos, el desarrollo de infraestructura vial, la presión sobre los bosques por extracción de madera, el incremento de la pobreza que generó la reforma agraria, y por último la extracción de hidrocarburos, pusieron a buena parte de las áreas protegidas amazónicas en serios problemas. Esta situación empeoró porque las áreas protegidas, no solo que no podían defenderse por sí solas, sino que el Estado tampoco tenía la capacidad para hacerlo ni para invertir en ello.

En los años 90, con el ascenso del movimiento indígena se plantean demandas territoriales

Pueblo Karanki

Pueblo Natabuela

Pueblo Otavalo

Pueblo Kayambi

Pueblo Kitukara

Pueblo Panzaleo

Pueblo Chibuleo

Pueblo Salasaca

Kichwa Tungurahua

Pueblo Waranca

Pueblo Puruhá

Pueblo Cañari

Pueblo Saraguro

Reserva Ecológica Cotacachi

Cayapas

Reserva Ecológica Cayambe Coca

Reserva Ecológica Los Ilinizas


Chimborazo

Parque Nacional Sangay


Chimborazo


Reserva Ecológica Los Ilinizas


Chimborazo


Todos ellos forman parte de la

nacionalidad Kichwa. Los territorios

ancestrales del pueblo fueron

ocupados en su mayoría por el

sistema hacendatario. A través de

varios años de lucha se logró la

adjudicación sobre todo de hacien-

das que pertenecían al Estado y

algunas privadas. No se cuenta con

datos exactos, Sin embargo en su

mayoría las adjudicaciones son

individuales.

El 40% de tierras no se encuentran

legalizadas; se ha iniciado el proceso

correspondiente con el INDA.

Se desconoce

Se encuentran legalizadas alrededor

del 70% de las tierras comunitarias,

no existen datos sobre la extensión

territorial

No se registran datos





Imbabura

Imbabura

Imbabura

Pichincha, Imbabura y Napo

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Tungurahua

Tungurahua

Bolívar

Chimborazo

Azuay y Cañar

Loja y Zamora Chinchipe

NACIONALIDADESY PUEBLOS

REGION/PROVINCIA

SIERRA

ESTADO DE TERRITORIOSDE OCUPACIÓN INDÍGENA

VINCULACIÓN CON LASAREAS PROTEGIDAS

Nota: En todos los casos parte del territorio ocupa parcialmente las Áreas Protegidas. Solamente en el caso de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo la totalidad del área corresponde a territorio A’I Cofán. El cuadro no registra asentamientos sobre el patrimonio forestal del Estado pues no fue factible acceder a información ofi cial Tabla modifi cada por la autora, Fuente: Ministerio del Ambiente 2006 .Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2007-2013


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en las que se incluyen parte de las áreas protegidas estatales, esto sumado a un marco de crisis político y económico general, provoca el aumento de la presión sobre ellas y generara el auge de una lógica irracional de negociación fragmentada con grupos de interés político y económico sobre estas áreas y sus valiosos recursos.. El Estado no pudo responder a estas demandas por una combinación de factores, especialmente a la debilidad de leyes que respondían a realidades pasadas. El Estado en forma reactiva y por presión directa de las comunidades asentadas al interior de varias áreas protegidas, suscribió convenios de manejo (de uso de recursos), lo que permitió la cohabitación al interior de las mismas; en la primera década del siglo XXI, se avanzó en las propuestas de coadministración y manejo compartido viéndose esta modalidad como más adecuada a la integración de los criterios y prácticas indígenas y al reconocimiento territorial dentro de un marco teórico conceptual de conservación bajo normas ecosistémicas.

Sin embargo, en el caso de aquellas áreas habitadas por poblaciones ancestrales, los obstáculos para poner en marcha los mecanismos de participación y toma de decisiones sobre el manejo de las áreas protegidas obedecen a la confl uencia de al menos cuatro elementos: (a) difi cultad por llegar a acuerdos entre el uso de los recursos naturales requeridos por las poblaciones ancestrales y los objetivos de protección de la diversidad biológica; (b) demanda de protección y legalización de territorios de pueblos indígenas y afro ecuatorianos, lo que supondría una revisión de los límites, las normas y la gestión de las áreas protegidas (Chapin, 2004); (c) menoscabo de los derechos colectivos ocasionado, en determinados casos, por la declaratoria de áreas protegidas o, en otros, por la realización de actividades económicas contrarias a la conservación; y d) falta de políticas claras por parte del Estado sobre los mecanismos de participación y la toma de decisiones.

Como se menciona, varias áreas protegidas presentan un traslape entre las tierras patrimoniales del Estado y los territorios

indígenas. En el ámbito legal ambas fi guras están amparadas bajo dos categorías jurídicas fuertemente sustentadas, por lo que esta situación genera confl ictos y contradicciones ambiguas en cuanto a su gobernanza. Aunque, por lo general, el manejo cotidiano de la zonas habitadas por pueblos ancestrales lo efectúan en la práctica las comunidades, bajo la concepción que los pueblos indígenas tienen sobre el territorio ancestral como espacio de reproducción social y la capacidad de utilizar parte de su conocimiento y prácticas tradicionales para hacer efectiva la conservación de los recursos naturales y garantizar su subsistencia en el largo plazo. El grado de conservación de la biodiversidad en sus territorios así lo confi rma, siendo la mayor parte de las amenazas de fuentes y orígenes exógenas a las comunidades.

3.3. Visión de los pueblos ancestrales y áreas de conservación

El concepto Áreas de Conservación Comunitaria Indígenas, se discute en el Ecuador, sobre todo a partir de experiencias territoriales desarrolladas en la amazonia ecuatoriana fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; especialmente en la cuenca del río Pastaza con Kichwas, Achuar, Shiwiar y Záparos, y con los Shuar en la cordillera del Cóndor, y en la costa y parte de la sierra con los Chachi y Awá. Para los pueblos indígenas, la acepción exacta es “territorios indígenas protegidos para la conservación” en tanto estas se identifi can no como un área de tierra o un espacio físico determinado en el que la meta es la conservación de la biodiversidad, sino bajo el concepto que ellos utilizan para defi nir un territorio indígena, su protección y la conservación de sus recursos naturales y culturales, en función de su propia sobrevivencia.

En este sentido, el concepto de territorio se lo plantea como el espacio de vida, donde se desarrolla y reproduce una cultura, una forma de actuar y un sistema conceptual y de símbolos que relaciona a un grupo particular con ese espacio de vida, pero también como un espacio circunscrito, es decir limitado.

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Dentro de este espacio se tiene y practica una forma de gobierno y gobernanza interno, un sistema de poder (sea democrático o no y sea reconocido por el Estado o no). Desde esta perspectiva, para los pueblos indígenas, el reclamo del derecho al territorio constituye su aspiración básica permitiéndoles reproducir sus formas de vida.

Territorio y cultura forman una unidad indisoluble en la medida en que el primero es el espacio donde se desarrollan las formas de vida, se acentúa el sentido de pertenencia y se despliega la cultura como factor diferenciador de los pueblos indígenas. Este elemento es precisamente el sustento conceptual para el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras en el derecho internacional (Anaya, 2001).

La reivindicación por el territorio, no se puede entender sin plantear sus vínculos con la identidad, como estrategia de supervivencia de las formas tradicionales de reproducción social, de ahí la importancia que tiene la conservación como garantía de su propia supervivencia (biológica, social y cultural) para ellos “el territorio connota tierra, vida y relaciones de vidas”.

3.4. Evolución del marco legal político y estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

En cuanto a la construcción de grandes líneas de políticas, estrategias y normativas que relacionan la conservación de áreas y la participación, si bien el concepto existe desde los años 80, es a fi nes de la década del 90 y la primera del presente siglo que el tema se hace más explícito y mandatario. El paradigma de parques sin habitantes, se debilita, no solo por la infl uencia de una visión conceptual global, sino por los confl ictos socioambientales generados al interior y en el entorno de las áreas protegidas en el país.

El proceso Cofán tuvo como base el aporte de la anterior Constitución Política del Ecuador (1998) y que en términos legales es fundamental, a pesar de que su transformación en leyes, normas, reglamentos y procedimientos

tardó diez años desde su promulgación y no fueron concluidas hasta el momento. Dicha constitución consagró el derecho que tiene la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se afi rman los elementos relacionados con la conservación y recuperación de espacios naturales degradados y espacios sagrados; y la responsabilidad pública sobre ellos. Se establecen los derechos ambientales colectivos en general y los de los pueblos indígenas en particular, pero también quedan sentados los principios de responsabilidad social: precautelación, participación, el manejo y uso sustentable de los recursos naturales y la acción ciudadana sobre lo público.

En el ámbito relacionado con ambiente en general y la creación y manejo de áreas protegidas en particular, se generan instrumentos como la Ley de Gestión Ambiental (1999), la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable (2000), la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad (2002), Políticas y Plan Estratégico del SNAP 2007-2016 (2007), cuyos aportes no logran romper con las formas tradicionales de manejo en la práctica, salvo mínimas excepciones. La base legal sigue sustentada en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1981) según declaraciones ofi ciales realizadas en el II Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas (2007) ésta ha quedado atrasada sobre el tema.

En los últimos años se registraron esfuerzos de carácter internacional. Debe destacarse la labor de las Conferencias de las Partes (COP) del Convenio de Diversidad Biológica, que dan seguimiento a los compromisos adoptados por los Estados y han orientado la gestión de la conservación. Este reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a lo largo de todas las decisiones pertinentes. Es claro que la conservación de la biodiversidad debe aplicarse conjuntamente con las personas directamente afectadas, los indígenas y las comunidades tradicionales locales, y no contra ellos. Además, las partes y los representantes de las comunidades indígenas y tradicionales convinieron en reunir contribuciones para construir una estrategia en relación a la


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conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica para reforzar los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales locales para la próxima sesión del grupo de trabajo2.

En el ámbito del reconocimiento de los derechos de nacionalidades y pueblos indígenas se debe resaltar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, ratifi cado por el Ecuador en 1998 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros.

Sin embargo, uno de los aportes esenciales, para continuar el proceso, constituye la actual Constitución (2008), que recoge algunos aportes de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente y contribuye con elementos esenciales como son la declaración del Ecuador como Estado intercultural y plurinacional, cuya soberanía radica en el pueblo y se la ejerce a través del poder público y la democracia directa. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Reconoce y garantizará a pueblos y nacionalidades indígenas los derechos establecidos en los instrumentos legales internacionales, en especial el derecho a la aplicación de la justicia consuetudinaria y el manejo y administración propia de su territorios, estableciendo como premisa razones étnico-ambientales para el reconocimiento de las circunscripciones territoriales; y una de las innovaciones más importantes que es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en los que defi ne que la naturaleza o Pacha Mama, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y otorga la posibilidad de reclamo a persona, comunidad, pueblo o nacionalidad sobre el cumplimiento de los mismos al igual que indemnización por el impactos graves o permanentes.

2 De acuerdo con el preámbulo de la Decisión sobre diversidad biológica de los bosques UNEP/CBD/COP/9/L.33, el aprobado fue: “Reconociendo también la nece-sidad de promover la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y tradicionales locales en la aplicación del programa extendido de trabajo sobre diversidad biológica de los bosques a todos los niveles; observando también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas “

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Históricamente, los territorios de la nacionalidad Cofán se extendían a más de 6 millones de hectáreas en la zona amazónica y de pie de montaña en parte de lo que hoy es Ecuador y Colombia. Sus territorios se concentran actualmente en la provincia Sucumbíos, con una cobertura de casi 400 mil hectáreas de algunos de los bosques más ricos y mejor conservados del país. Su importancia como uno de los últimos hábitats sólidos de vida silvestre y de abundancia de plantas es inestimable. Los territorios ancestrales ocupados por los A’I (Cofán) cuentan con varios centros que traslapan con las Reservas Ecológicas Cofán Bermejo y Cayambe-Coca; y la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como parte de un proceso para armonizar la defensa y recuperación territorial con el manejo y conservación de áreas naturales de singular importancia para todos los ecuatorianos, los A’I implemenaron una serie de estrategias que se sustentan, tanto en convenios suscritos con el Ministerio del Ambiente como, en otros instrumentos legales.

La situación actual de la nacionalidad A’I (Cofán) es producto de los últimos 50 años,

concretamente a mediados de los años 60, cuando se dio inicio a las actividades de explotación petrolera en la región amazónica ecuatoriana, con lo cual se originan notables impactos, tanto directos como indirectos, provocando un marcado deterioro del capital natural, social y humano de la Nacionalidad.

Muchas de las concesiones para realizar actividades de explotación petrolera, amparadas en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, se realizaron dentro de territorios ocupados ancestralmente por diferentes grupos indígenas de la zona y produjeron lo que los A’I llaman “el arrinconamiento”. En el caso de los Cofán, los forzaron a desplazarse de su territorio buscando refugio en áreas de difícil acceso., originando el desmembramiento, separación y división dentro del grupo indígena, pues varias familias escaparon de la continua contaminación e invasión de tierras, asentándose en lugares más distantes, mientras que otros insistieron en mantenerse en sus lugares de origen.

A las actividades petroleras realizadas dentro del territorio, se sumó el uso de químicos en la agricultura y en la actividad minera, contaminando drásticamente las fuentes de agua, los ríos y el suelo, acabando con plantas y animales necesarios dentro de la alimentación, medicina y cultura Cofán. Adicionalmente, con el ingreso de trabajadores petroleros y colonos aparecieron enfermedades no conocidas anteriormente por las comunidades, lo cual dio lugar a epidemias mortales diezmando considerablemente su población.

El pueblo A´I por sus condiciones de aislamiento4, constituyó uno de los últimos grupos originarios en reclamar la titulación de tierras colectivas, sin títulos de propiedad, el Pueblo Cofán no disponía de los medios legales para administrar su territorio y decidir si se alejaba del “desarrollo” y la explotación

3 Extractos de este resumen provienen de informes elaborados con EcoDecisión por parte de Jacob Olander y del Plan Estratégico de FEINCE elaborado por FEINCE con Carolina Mancheno y Paulina Ormaza.4 Los desplazamientos e internación en zonas no afectadas por la explotación petrolera y presión de colonos, provoco una aislamiento voluntario para varios grupos familiares esto es lo que ellos llaman el “arrinconamiento” sucedido en varias nacionalidades indígenas.

4. Modelo de gestión territorial desarrollado por la nacionalidad A’I (Cofán) del Ecuador3


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de sus bosques o permanecía y demandaba que las compañías limpiaran los desastres.

En este contexto la primera estrategia de su modelo de gestión territorial se enmarca en la necesidad de buscar el reconocimiento del territorio por parte del Estado. Se logra el reconocimiento mediante la titulación inicial de 16.770 hectáreas de los centros de Duvuno y Dureno, ambos ubicados fuera de áreas protegidas. Sin embargo, la situación de las comunidades que se encontraban dentro de la Reserva Ecológica Cayambe Coca y la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno estaban fuera de esta posibilidad. En este sentido y en búsqueda de soluciones para obtener el reconocimiento de la posesión ancestral y proteger parte del territorio, se inician procesos de negociación con el Estado, generándose a lo largo de los últimos años una serie de convenios suscritos con el Ministerio del Ambiente. (Anexo 1).

Así, dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno existen tres acuerdos formales con el Ministerio del Ambiente del Ecuador donde se otorga derechos de manejo y uso de los recursos de aproximadamente 140.000 hectáreas a la comunidad Cofán Zábalo, conferidas mediante dos convenios y un adendum al primer convenio en el que se reconocen 7.038 hectáreas, adscritas como zona de máxima protección al primer convenio, ubicado en la zona de Lagarto con el principal objetivo de mantener la presencia en áreas de jurisdicción de la Reserva, reconociendo que el MAE no cuenta con personal ni recursos necesarios para realizar actividades de control y vigilancia del área (FSC 2007).

La creación de la Reserva Ecológica Cayambe Coca, a inicios de los años 70s no tomó en cuenta los límites de la comunidad, por lo que se sobrepuso en el territorio ocupado por la comunidad de Sinangoe. Hasta 1986, los A’I desconocían sobre la declaratoria de la reserva, inician la delimitación del territorio para solicitar la adjudicación legal, la misma que es negada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria Campesina por estar dentro del Patrimonio de Áreas Protegidas del Estado.En la Reserva Ecológica Cayambe Coca, se

suscribieron dos acuerdos formales entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador y la nacionalidad Cofán. El primer acuerdo fue resultado de un intenso diálogo entre la comunidad Cofán de Sinangoe y los representantes de la reserva. La comunidad de Sinangoe originalmente ocupó el área del alto Aguarico en una forma seminómada, sembrando y construyendo comunidades familiares por cortos períodos de tiempo. A fi nales de los años 60s miembros de la actual comunidad habitaron en las dos riveras del río Aguarico, desde la confl uencia del río Chingual hasta la unión con el río Due. Sin embargo, como las presiones de los colonizadores se incrementaron, varias familias se asentaron en el lado sur del Aguarico en el sitio que actualmente se encuentra la comunidad. Parte del territorio se encontraba en posesión de un grupo de colonos, el Ministerio no pudo hacer nada para expropiar las tierras de los invasores y ofreció una “recompensa” a los Cofanes para que retiren a los colonos del área. Esto no sucedió hasta el 2002, cuando con ayuda de la FSC y el respaldo de la FEINCE, los derechos de los colonos fueron comprados y se retiraron a la otra orilla del río. Sin embargo, debido a que el aforo mencionado contemplaba esos benefi cios, el territorio de Sinangoe no fue expandido, en lugar de eso el área se vio bajo un nuevo acuerdo, esta vez entre Ministerio y la FEINCE. Este segundo acuerdo cubrió territorio en la parte baja de la Reserva Ecológica Cayambe Coca, con una estrategia de co-manejo. La posición del Ministerio dentro del convenio fue la de tomar como una iniciativa Cofán para apoyar al Ministerio en un manejo efectivo de la región. Los términos concernían derechos de los Cofanes dentro del área de manera general, no se menciona sobre aquellos para formar nuevas comunidades, el acceso a los recursos naturales y otros garantizados en el acuerdo de Zábalo y respaldado en el acuerdo de Sinangoe (Olander, Garzón, Stern, Cárdenas. 2009).

En el intermedio, entre el primer acuerdo suscrito en 1996, mucho ha pasado en el escenario nacional e internacional en lo concerniente al reconocimiento de los derechos indígenas. Se debe resaltar especialmente el Convenio 169

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de la Organización Internacional de Trabajo, ratifi cado por Ecuador en 1998, que incluye no solamente la fi gura de territorios ancestrales como un concepto legítimo, sino que estipula derechos específi cos de uso de los territorios ancestrales. En los acuerdos con el Ministerio, se determinan las áreas específi camente como territorios Cofanes ancestrales, dando amplios derechos legales a los Cofanes.

A inicios del siglo XXI, otra parte del territorio Cofán sin titulación se veía amenazado por, la construcción de una carretera en agosto de 1999, que dividió en dos los bosques de Bermejo y Sinangoe. La colonización, la tala del bosque a pequeña escala y las actividades mineras y madereras aumentaban en los bosques adyacentes. La Comunidad Cofán, representada en la FEINCE, conjuntamente con la Fundación para la Sobrevivencia del Pueblo Cofán (FSC) y el Field Museum de Chicago con apoyo del Ministerio del Ambiente realizaron un Inventario Biológico de fl ora y fauna en el área. Como resultado se obtuvo el registro de una gran cantidad de especies raras, geográfi camente restringidas, nuevas para la ciencia, otras son nuevas para el Ecuador, y un gran número aparentemente son endémicas al área. Estos datos sirvieron como base para la elaboración del Estudio de Alternativas de Manejo del Área de Bermejo y se propone la creación de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Ésta se creó por Acuerdo Ministerial No. 016 de 30 de enero de 2002 como parte del sistema nacional de áreas protegidas. Su co-administración, manejo y control está a cargo de la FEINCE con la FSC, en coordinación con la Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Ministerio. Esta es la primera vez que el Estado encarga la administración del un área protegida a un pueblo originario, sentándose los precedentes para la co-administración de un área estatal. Posteriormente en el 2007, la nacionalidad logra la adjudicación por parte del Gobierno Ecuatoriano 30.000 hectáreas en la zona de río Cofánes. Parcialmente resuelto el problema sobre la posesión del territorio y frente a las principales amenazas al territorio: la minería, la explotación petrolera, la tala de madera

fi na, la colonización y la ampliación de la frontera agrícola, la FEINCE y la Fundación para la Sobrevivencia Cofán, crean el Programa de guarda parques Cofán (PPGC), como estrategia y mecanismo para controlar las presiones socio-ambientales y, surge como una respuesta formal y articulada, para enfrentar las presiones y amenazas que atentan a la integridad del territorio y consecuentemente a toda la nacionalidad Cofán en el Ecuador. El modelo de control y vigilancia está basado en la participación de las comunidades y responde a la cultura y especifi cidades propias del pueblo Cofán. Más allá de cumplir con la función de conservación a través del control y vigilancia de manera occidental, el PPGC responde además a una estrategia de consolidación del territorio Cofán, y consecuentemente se convierte en uno de los pilares de su supervivencia (Galindo J, 2010).

La iniciativa recupera formas tradicionales de protección del territorio. Si bien, de alguna manera su nombre aparecería relacionado exclusivamente a la conservación y protección de la biodiversidad, bajo conceptos netamente occidentales, es necesario mencionar que este programa no se limita solamente a la protección y la recuperación de capital natural. En efecto, el programa apunta, signifi cativamente en la protección el territorio de las amenazas constantes y su afectación a la supervivencia como pueblo. Considera además la posibilidad de generar una alternativa productiva y de ingresos basada en la protección de esta extraordinaria riqueza natural en benefi cio de todos los ecuatorianos y todo el planeta. Al tiempo que trata de acoplarse a los requerimientos del Ministerio del Ambiente para su reconocimiento ofi cial.

En este nuevo papel de guardianes de la selva, están recuperando de manera progesiva así como también el capital social, humano y fundamentalmente el cultural. El trabajo conjunto de defi nir normas de manejo sostenible a través del establecimiento de reglamentos escritos, sobre la base de normas trasmitidas oralmente a lo largo de tiempo, y de garantizar la integridad de un territorio extenso, contribuye a la generación de capital


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social sustentado sobre la identidad y que en última instancia recogería la aplicación del derecho consuetudinario, respondiendo al principio de autodeterminación; mientras que las actividades de entrenamiento relacionadas con el control y vigilancia, que integran el saber tradicional y los conocimientos occidentales modernos en ciencias, medicina, geografía y logística, desarrollan nuevas destrezas y capital humano.

Esta iniciativa permite controlar y vigilar aproximadamente 400.000 hectáreas de territorio, en donde la gran mayoría se encuentran en reservas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con una marcada infl uencia histórica de las actividades hidrocarburíferas del Estado. Operativamente, el programa cuenta con 54 guarda parques Cofanes, repartidos entre patrullas móviles permanentes y estaciones de control en zonas críticas.

Hoy en día el sistema de control y vigilancia de los Cofanes es un modelo avalado por sus convenios con la autoridad ambiental nacional, reconocido por prestigiosas organizaciones internacionales (MacArthur Foundation, Chicago Field Museum of Natural History, Gordon and Betty Moore Foundation, The Nature Conservancy, Conservación Internacional) y con una proyección hacia otras nacionalidades indígenas, como los Chachis, los Secoyas y las familias mestizas de la parroquia de La Sofía, que se entrenaron con los Cofanes para desarrollar iniciativas similares.

Para el pueblo A’I el conocimiento de su territorio permitió una efectiva conservación y apoyo al control y vigilancia de las reservas estatales, frente a la débil capacidad del Ministerio del Ambiente para cumplir con este cometido. Desde la visión de la nacionalidad A’I (Cofán) es imprescindible conocer para valorar y respetar para defender y conservar, condiciones que el Ministerio del Ambiente carece por su naturaleza institucional.

De acuerdo a su Plan Estratégico (2009 – 2013) la FEINCE, en este modelo de manejo territorial incluye un proceso de consolidación y protección de sus territorios, la nacionalidad

A’I (Cofán) está también impulsando una nueva alternativa que les permita reconstruir una opción de vida con identidad (Ñothse Cansefaye) y un nuevo rol como guardianes de la selva en un mundo dramáticamente cambiado por las secuelas de las actividades petroleras y otras amenazas, basado en su propia concepción del mundo y en específi co su propia concepción del territorio.

“En tal virtud, según los Cofanes, el concepto de territorio no es equivalente a tierra; el concepto de territorio abriga la noción política de autogobierno y dominio; está vinculado a la historia del pueblo Cofán y a su cultura. El TERRITORIO es equivalente a SOBERANÍA, a LIBERTAD; es el espacio en donde se desenvuelve la VIDA y la posibilidad de rehacerla”.

Además existe una fortaleza en la orga-nización de la Federación Cofán porque cree que la gestión de su territorio representa una oportunidad en relación al nuevo marco constitucional del Ecuador; las fi rmas de convenios de uso y manejo con el Ministerio del Ambiente son un precedente jurídico que reconoce el derecho de propiedad ancestral del territorio; se demuestra la incidencia frente a la entidad estatal, e inclusive ha sido reconocida en la elaboración de las políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas protegidas, sin embargo aún existe necesidad de tener una estrategia para lograr el reconocimiento defi nitivo global del territorio Cofán.

Sin embargo dentro de este marco, llama la atención que el programa Socio Bosque del Ministerio de Ambiente, que incentiva económicamente a comunidades por mantener y proteger sus bosques nativos, reconociendo los servicios ambientales de estos bosques, solo fi rmó convenios con las comunidades Cofanes que no se encuentran en áreas protegidas estatales, visto que este programa no reconoce este sobre lape jurídico de tenencia, uso y usufructo de tierras ancestrales bajo categorías de manejo estatal. A primera vista una defi ciencia de reconocimiento de los servicios ambientales

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que producen las formas de vida de los A´l Cofan, esta situación demuestra con claridad la pérdida real que los pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales. Para afi anzar lo anteriormente mencionado, se cita textualmente el pensamiento del Pueblo Cofán: “Nuestra cultura es nuestro mayor potencial, es importante identifi carnos como lo que somos y qué queremos. Nuestro patrimonio es nuestro idioma, nuestra vestimenta, tenemos el Yajé, las plantas medicinales; tenemos shamanes, tenemos a nuestros jóvenes. Los convenios internacionales de derechos indígenas (OIT 169) son una oportunidad en tanto que protege este patrimonio ancestral. La debilidad que tenemos es que nuestra cultura no ha sido visibilizada al mundo exterior…Tenemos mucho que dar, existe un potencial tremendo en nuestras expresiones culturales como nuestros diseños de vivienda, nuestros rituales de caza y pesca. Necesitamos voluntad como Nación para recuperar las

prácticas culturales que por cientos de años nos han caracterizado.”5

En el largo plazo, se espera que los Cofanes puedan recibir apoyo fi nanciero por el servicio que ellos y sus territorios dan al país, aplicando mecanismos innovadores de servicios ambientales.

La Federación de Indígenas de la Nacionalidad Cofán del Ecuador – FEINCE – a pesar de ser es una organización joven con apenas cinco años de vida jurídica; ha mostrado grandes aciertos; liderando procesos como la consolidación y manejo de su territorios, goza de un buen nivel de credibilidad externa y ha logrado constituirse como una organización con una estructura de gobierno de tres niveles (Asamblea General, Concejo de Gobierno y Directorio), con buena estabilidad institucional para que su Dirigencia pueda desenvolverse; además, cuenta con buenos aliados institucionales en su gestión.

5 Cita proveniente del Plan Estratégico de FEINCE, 2009


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La lucha de la nacionalidad A’I (Cofán) bajo la aplicación de diferentes estrategias, logró al menos el reconocimiento de la posesión ancestral del territorio y abre posibilidades para, a través de políticas y posteriormente normas legales, armonizar el interés del Estado en conservar la biodiversidad y ecosistemas amenazados y el derecho de los pueblos ancestrales a decidir sobre el manejo y la administración de sus territorios sobre la base de la autodeterminación y la autonomía territorial, en concordancia con la constitución vigente. En la actualidad cuentan con la titulación de 47.406 hectáreas y el reconocimiento de posesión de aproximadamente 330.000 hectáreas a través de los convenios suscritos con el Ministerio. Aunque estos son instrumentos administrativos vulnerables a la voluntad política, se demuestra empoderamiento y un posicionamiento socio-político por parte de los A’I para negociar con el Gobierno la adjudicación, reconocimiento y protección de su territorio.

En cuanto a la incidencia sobre políticas ambientales, en el caso de Reserva Ecológica Cofán Bermejo se avanzó en las propuestas de coadministración viéndose la concreción de la integración de los criterios y prácticas indígenas y el reconocimiento de territorios ancestrales. Sin embargo, el desconocimiento de las leyes que amparan sus derechos y la falta de socialización de las actividades del Minsiterio y otras entidades del Estado mantienen en desventaja al pueblo Cofán.

Hay fortalezas como el sistema de control y vigilancia territorial y conocimientos ancestrales que son necesarios recuperar y poner en práctica para ampliar el Ñothse Cansefaye (Buen Vivir). El Programa de guarda parques es una contribución signifi cativa para el Ministerio porque efectivamente las áreas protegidas con presencia A’I (Cofán) dentro de ellas ha sido un mecanismo efi caz para que el Estado pueda suplir su propia presencia y así evitar las invasiones. Hay una base fundamental que es el conocimiento del territorio y la necesidad de protegerlo y perpetuar su posesión para la preservación del pueblo originario. Según dirigentes Cofanes “En la

coadministración el aporte del Ministerio es mínimo, siendo que la responsabilidad mayor recae sobre los A’I (Cofán); quienes controlan en la práctica son los guardaparques Cofanes, el MAE debido a la falta de personal y recursos solo realiza actividades de delimitación y en muy pocas ocasiones visitas al área”. Se hace necesario también estrechar lazos de cooperación para liderar un proceso fuerte de socialización con los vecinos territoriales respecto a los reglamentos Cofanes de caza y pesca; así como la inexistencia de un sistema de control sobre el tráfi co ilegal de madera y de vida silvestre. El programa de guarda parques demostró ser un mecanismo efi ciente para hacer frente a invasores y extractores de recursos, disminuyendo así las amenazas y la destrucción de los recursos naturales. Actualmente los bosques reconocidos como territorio Cofán son parches de bosque en muy buen estado en comparación a territorios aledaños, así lo demuestran los resultados del estudio multitemporal del Nor-Oriente del Ecuador (Geoplades y TNC, 2009). Los guarda parques realizan el monitoreo continuo de especies vulnerables o en peligro de extinción, desde la creación de programa es posible visualizar grandes poblaciones y mayor número de individuos de especies amenazadas. Existe una fortaleza al trabajar de manera colaborativa con el Ministerio del Ambiente; el reconocimiento de los miembros del programa como guardaparques “ofi ciales” por ejemplo, aunque persiste debilidad en los acuerdos de cofi nanciamiento para la implementación de los planes de manejo que se han aprobado.

La presencia permanente de control en la zona, frenó la degradación territorial y disminuir las presiones de invasiones y explotación insostenible de capital natural, apoyando a un manejo sustentable de los recursos, con lo que se benefi cian, no solo los centros de la nacionalidad Cofán, sino todas las poblaciones que se encuentran asentadas en las riberas del río Aguarico y las zonas cercanas. En referencia a las áreas protegidas, tanto el concepto integral, no vinculado a la retribución económica en

5. Evaluación de la experiencia: lecciones aprendidas

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tanto pago por servicios de patrullaje, sino a la defensa del “territorio” como el conocimiento de la zona permite garantizar un efectivo control y vigilancia.

En el país se ha discutido y propuesto modelos de co-gestión en las áreas protegidas, sin embargo poco se ha avanzado en la formulación de políticas y reglamentos defi nitivos que recojan las experiencias de las bases y de las mejores prácticas que están funcionando y adaptándose a las realidades de la conservación en el campo. La habilidad de las autoridades de garantizar los espacios de participación legítimos y toma de decisión en el manejo de las áreas protegidas y gestión de los recursos naturales estará bajo la mira con la gran expectativa que existe del involucramiento de la sociedad civil en los espacios de gobernanza. El Estado ha

mostrado su interés de refl exionar sobre el rol de las comunidades y sociedad civil en la conservación, y consideramos que modelos como el caso de la Nacionalidad Cofán resguardan las lecciones que podrían ser replicadas a otras comunidades mediante la generación de políticas. Desde esta perspectiva, se han realizado acercamientos con comunidades indígenas y colonas vecinas para replicar e implementar actividades de conservación en base a la experiencia Cofán (por ejemplo Sionas, Secoyas, Quichuas, Cantón la Bonita, Parroquia la Sofía). Se está generando interés en otras comunidades y pueblos originarios a nivel nacional e internacional sobre las posibilidades de replicar la experiencia como mecanismo para incrementar la participación y toma de decisiones sobre las áreas protegidas, mejorando la gobernanza de las mismas.

Pese a los avances alcanzados en el marco constitucional, el marco legal, normativo e institucional de las áreas protegidas se caracteriza por un distanciamiento entre lo que declaran sus leyes, los procedimientos de control previstos en sus normas y reglamentos y lo que es se encuentre en el tejido social y la realidad local. Esta situación genera incertidumbre respecto a parámetros que deben orientar la gobernabilidad de las áreas protegidas. Por ello es necesario plantear una reforma legal y normativa, así como el establecimiento de políticas públicas que garanticen procesos democráticos y ampliamente participativos de acuerdo a los mandatos constitucionales.

De acuerdo a las políticas y Plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio del Ambiente busca institucionalizar un enfoque más amplio sobre la inclusión de áreas no estatales en el sistema. Se propone entonces regular o estructurar subsistemas en los que se consideran sistemas privados, sistemas de gobiernos autónomos y los territorios indígenas, afro ecuatorianos y comunitarios. El establecimiento de los subsistemas requiere la defi nición jurídica conceptual de los objetivos de conservación y las

categorías de manejo. Esta defi nición requerirá la presencia indígena, afroecuatoriana y otras organizaciones de la sociedad civil y es posible que con ello varíen los modelos globales de categorización de áreas protegidas incluidos, aquellos que forman parte del Patrimonio de Áreas Naturales Estatales. Para el pensamiento indígena, territorio normalmente no es simplemente una categoría de propiedad y unos límites, y es muy poco pensado como gestión del uso y la conservación de los recursos que existen en esos límites, peor como un acuerdo con una autoridad externa que va a ser la reguladora, en la medida que limita su autonomía. Estas son las condiciones básicas a considerar por el Ministerio del Ambiente en la estructuración del Subsistema de áreas comunitarias indígenas.

Por otro lado, el término conservación por lo general induce temor en los pueblos indígenas, porque, de acuerdo a su experiencia, se relaciona con el control y con limitaciones de uso, impuestos generalmente por entes externos. El aprendizaje de uso adecuado es largo, radica en el conocimiento y las tradiciones propias de cada pueblo,

6. Conclusiones generales hacía la construcción de una política


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elementos que en muchos casos se perdieron por la infl uencia occidental y, para ellos no se sustenta en discursos ni en el cambio de procedimientos y regulaciones. En otros casos la presión o el entorno deteriorado rompe las tradiciones de buen manejo, por lo que la dinámica real no coincide con la propuesta de territorios destinados a la conservación. No todas las regiones, por tanto pueden construir esta alianza. Ni es fácil que el Ministerio por sí solo pueda construir este subsistema territorial, pues implica reconocimientos políticos y aceptaciones mutuas.

La conceptualización de territorio protegido requiere la aceptación por parte del Estado de una frontera étnica y sobre la base del Estado plurinacional, con límites bien defi nidos; y cuya conceptualización evite la generación de confl ictos con gobiernos locales y frene los intereses extractivos o de uso de los recursos naturales externos. Se plantea entonces, emanar una política que permita generar una situación en que ambas partes ganen.

Consideración especial debe tener el reco-nocimiento de los derechos indígenas pues suponen implicaciones legales y prácticas en las políticas ambientales y en las estrategias de conservación de la biodiversidad, particularmente en las concernientes a las áreas protegidas.

En el caso particular de Ecuador, las áreas estatales se encuentran en un gran porcentaje habitadas por pueblos originarios y con frecuencia están marcadas por relaciones de confl icto entre los administradores de las áreas, las comunidades y las organizaciones indígenas. En la actualidad sin embargo, después de un largo proceso se evidencian redefi niciones conceptuales conducentes a una relación de

respeto y reconocimiento mutuos, sin embargo en la práctica, a pesar de existir varias experiencias, estas aparecen como iniciativas aisladas, sustentadas en instrumentos legales débiles y no sobre la base de políticas claras que conduzcan al establecimiento de marcos legales mandatorios.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe pasar del reconocimiento de los pueblos originarios que habitan en su interior a la aplicación de mecanismos que garanticen el ejercicio de sus derechos (incluyendo la propiedad del territorio ancestral y la autodeterminación) y el cumplimiento de los objetivos de conservación que consideren sobre todo sus saberes y las formas de reproducción en el territorio.

El manejo de un área protegida con presencia humana implica la administración sostenible de sus recursos y no su total aislamiento.

Signifi ca sobre todo, la combinación de conocimientos y prácticas ancestrales de manejo y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas con tecnologías modernas de conservación ambiental, en este sentido, los enfoques sobre manejo y administración de áreas protegidas sugieren como punto de partida la inclusión de las comunidades que habitan en su interior y en sus zonas de amortiguamiento.

En las áreas protegidas es necesario combinar el objetivo de conservación del medio ambiente con la preocupación por el bienestar de las comunidades locales. La gestión que incorpora a la población en la toma de decisiones y sobre todo que se realiza con base en el respeto de los derechos de los pueblos originarios, posibilitará mejores resultados en términos de sostenibilidad ecológica y cultural.

Las áreas protegidas tienen una larga y merecida tradición de ser lugares hermosos y refugios para la vida silvestre. Pero ahora es necesario percibirlas en un contexto más amplio como reservorios vitales de diversidad biológica para todo el mundo, a menudo como un componente primordial de la prosperidad nacional, y como proveedores de benefi cios sostenibles para los habitantes de sus alrededores. No se les debería ver como áreas aisladas que nadie puede pisar, sino más bien como una parte integral y valiosa del uso que un país da a su tierra; no como una extensión de tierra o agua “apartada” para la conservación sino como áreas que cumplen una amplia gama de funciones y ofrecen benefi cios a la localidad, a la nación y al mundo.

Una gran lección para las áreas protegidas en las últimas décadas del Siglo XX es la necesidad de trabajar con las comunidades locales, a través de ellas y para ellas. A menudo en el pasado, los parques nacionales eran designados sin consultarles y en algunos casos, a los pobladores locales no se les permitía el acceso a sus tierras tradicionales y a los recursos como alimentos y otros de los cuáles dependían. Actualmente, los administradores de las áreas protegidas trabajan para enmendar las injusticias pasadas y para asegurar que las poblaciones locales compartan los benefi cios.

Fuente: UICN/CMAP, 2000

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Bibliografía

Reserva de

Producción

Faunística

Cuyabeno

Reserva Ecológica

Cayambe Coca

85.000 ha.

50.000 ha.

7.038 ha.

13.000 ha.

150.000 ha.

Zábalo

Sinangoe

Ministerio de Agricultura y

Ganadería Centro Cofán Zábalo

Ministerio del Medio Ambiente

Centro Cofán Zábalo

Ministerio del Ambiente, FEINCE y el


Ministerio del Ambiente y la

Nacionalidad Cofán del Ecuador

Ministerio del Ambiente FEINCE y

Fundación Sobrevivencia Cofán

1992

1999

2006

1996

2003

Convenio para la Conservación, Usos y

Servicios de los Recursos de la Reserva

de Producción Faunística Cuyabeno

Convenio para la Conservación y

Manejo Ecológico en un Sector de la


Cuyabeno firmado el, entre el MAE y el


Adendum al Convenio para la Conser-

vación, Usos y Servicios de los Recursos

de la Reserva de Producción Faunística

Cuyabeno

Convenio de apoyo para el manejo de

la Reserva Ecológica Cayambe Coca

Convenio de apoyo para el manejo de

la Reserva Ecológica Cayambe Coca

Ubicación Modalidad delAcuerdo / Nombre

Año Suscriptores SuperficieComunidadInvolucrada

Anexo 1Cuadro de los principales convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente y la Nacionalidad A’I


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Esta publicación ha sido posible gracias al generoso aporte de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos a través de la donación No. CFDA No. RLA-A-00-06-00070-00. Las opiniones aquí expresadas pertenecen a los autores y no representan necesariamente las opiniones de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o de The Nature Conservancy.

Promovemos la sustentabilidad de los recursos naturales. Este documento fue impreso en papel SUNDANCE FELT Warm White, 50% reciclado y 30% post consumo.

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Acerca de Grupo FARO:Grupo Faro es un centro de políticas públicas independientemente que apoya a la sociedad civil, al sector empresarial y a las instituciones públi-cas a participar activamente en la propuesta, implementación y monitoreo de las políticas públicas locales y nacionales para lograr un Estado Ecuatoriano más efi ciente, equitativo, incluyente y democrático.

LA INICIATIVA

Forjar nuevas sendas para el desarrollo sustentable en el Ecuador requiere, sobre todo, de una sociedad civil com-prometida con el cambio y con capacidades para participar activamente y de manera efectiva en la construcción de lo público. Para esto, es necesario construir puentes entre la ciudadanía y los tomadores de decisión que permita generar alianzas duraderas y corresponsabilidad entre éstos. Se debe, por tanto, abrir y enriquecer espacios para la deliberación y propuestas de políticas desde las y los ciudadanos. En última instancia lo que se busca es recuperar el sentido de la política pública para la mayoría de la sociedad, y lograr que ésta responda a las necesidades y expec-tativas de la población.

Grupo FARO con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento y en alianza con varias instituciones promueve “Ciudadanizando la Política Ambiental”, para contribuir con el debate ambiental en el Ecuador, brindando la opor-tunidad para que organizaciones de la sociedad civil refl exionen sobre sus experiencias de incidencia en la política pública ambiental, tanto en el ámbito nacional o local. Son cinco, las experiencias que han sido seleccionadas para ser publicadas en el marco de esta iniciativa. Las cinco experiencias presentan los logros, las limitaciones y lecciones aprendidas del proceso de incidencia, y nos invitan a debatir una serie de recomendaciones sobre cómo fortalecer y mejorar las políticas ambientales en los distintos niveles. Esperamos que estas experiencias sirvan como catalizadores de diálogos amplios y plurales acerca del desarrollo sustentable del país, propiciando una reconstrucción ciudadana de la esfera pública.

Las cinco organizaciones que comparten sus experiencias en la serie “Ciudadanizando la Política Ambiental 2010¨ son:

Consorcio Ciudad – ECOGESTIONFundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades, GRUPO FARO Fundación para el Desarrollo Alternativo Responsable de Galápagos, FUNDARSociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y Ambiental, SEDEFAThe Nature Conservancy, TNC

Si desea citar este documento: ORMAZA, P., “Haciendo visible lo invisible - Modelo de gestión territorial desarrollado por la Nacionalidad A’I (Cofán) del Ecuador”, Ciudadanizando la Política Ambiental, No.1. Grupo FARO, Quito-Ecuador, 2010.

Organizaciones aliadas:

Con el apoyo de: Organización responsable:

ciudadanizando la nº 3 - abril 2010 política ambiental 2010 · 2016-11-25 · paulina ormaza...

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