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“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”
BODAS DE DIAMANTE 1937 – 2012
Presidente del TC: "A mi juicio toda revocación es arbitraria"
Ernesto Álvarez, nuevo titular del colegiado, está a favor de buscar mecanismos más eficientes de control de autoridades
locales. También le pone nota al presidente Humala
ROCÍO LA ROSA (@chiolaro)
Redacción online
Una beca de la Universidad de Navarra en España lo alejó de la militancia del Partido Popular Cristiano
(PPC) en su juventud. Asegura que nunca ha tenido un conflicto de intereses por este vínculo del pasado,
es más, está convencido de que la actividad partidaria en algún momento de la vida es la acreditación
perfecta para ejercer la función pública, pues uno demuestra así que “le interesan los asuntos públicos y el
bien común”.
Ernesto Álvarez Miranda jurará mañana, miércoles, como presidente del Tribunal Constitucional y si bien
su mandato apenas durará un año, se ha propuesto una ambiciosa y urgente meta. Desde su despacho en
el jirón Áncash, a escasas cuadras de Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima, también le puso
nota al presidente Ollanta Humala, y cuestionó el proceso que pretende recortar la gestión de la alcadesa
Susana Villarán. Además, con ánimo más realista que pesimista, considera que la demanda al Estado ante
la Corte IDH por el caso Chavín de Huantar, es una causa casi perdida y nos dice por qué.
Usted ha sido militante del PPC y siempre se cree que un funcionario que ha militado en un partido
no será imparcial en sus decisiones, que tendrá conflicto de intereses, ¿le ha pasado?
A Dios gracias no, el PPC se ha caracterizado por privilegiar la permanencia de gente decente y honesta,
no hemos visto desfilar, por lo menos en mi periodo de magistrado, a un pepecista o dirigente del PPC
sujeto a un hábeas corpus o intereses en materia de un amparo.
¿Cuáles serán sus metas de gestión, en qué se va a enfocar?
Empezamos con un proyecto ambicioso: la capacitación de asesores. Ellos deben ser reconocidos como la
columna vertebral de la institución, nos ayudan a los magistrados, que tenemos la decisión final; estudian,
trabajan y tienen la inquietud, muchas veces juvenil, de desarrollar académicamente temas que requieren
ampliación. Mi meta es establecer en el futuro que ninguno de ellos carezca de una maestría en derecho
constitucional o en uno de los derechos modernos.
¿Y en qué debe modernizarse el Tribunal?
El Tribunal tiene que abandonar aquellos temas que ya han sido formalizados, vía precedente
constitucional, para gradualmente ir incorporando nuevas normas de carácter constitucional en derechos
modernos, por ejemplo el derecho del consumidor, el derecho de pueblos indígenas, el derecho de las
minorías y derecho de consulta. Son grandes áreas que requieren interpretación, una lectura constitucional
actualizada y a tono con los convenios internacionales vigentes.
¿Cuál es su autocrítica del quehacer del TC, han habido muchos cuestionamientos a magistrados
por presunto tráfico de influencias o contrataciones irregulares, qué se debe mejorar?
Lo que hay que mejorar es lo que permanentemente corresponde al ser humano y más aún a un juez
constitucional, que es la actitud y la imagen, la corrección en forma permanente. Somos siete personas
absolutamente diferentes, somos profesores en derecho consitucional elegidos por el Congreso, que tiene
la responsabilidad de seleccionar a las mejores personas y no solo a los mejores académicos o abogados
litigantes. Yo me inclinaría por el perfil netamente académico. Los jueces no somos ajenos a la política,
como tampoco lo es la Constitución, pero es necesario que el juez sea de creencias o esquemas
ideológicos moderados.
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
¿Qué nota le pone al gobierno del presidente Humala en estos seis primeros meses?
Es muy pronto para evaluarlo en forma correcta, pero sin ningún ánimo de rehuir a la pregunta, le puedo
decir que el aspecto puntual de seguir generando expectativa en la población y al mismo tiempo mantener
la economía estable le otorga un calificativo largamente aprobatorio. Como la mayoría, aspiro a que sea un
excelente gobierno de centro izquierda o izquierda democrática.
¿En qué aspectos cree que ha fallado el gobierno o en qué puede mejorar?
Siempre la capacidad de comunicación es vital para cualquier gobierno, quizás lo que está en agenda para
el futuro pueda ser generar los cuadros necesarios para que en varios niveles y ámbitos pueda tener
siempre una comunicación con los peruanos, en provincia, a nivel profesional, económico, en eso tiene
que seguir trabajando y encontrar a las personas adecuadas para cada caso y ámbito.
Una prueba de fuego fue el conflicto por el proyecto Conga. Cómo vio la actuación del Ejecutivo.
Ha heredado un conflicto minero de antaño. Creo que no puede calificarse si ha actuado bien o mal porque
el nivel de conflicto subsiste, es importante que los grupos sociales comprendan que los reclamos -antes
de ejercer la violencia- deben ser canalizados por la vía judicial y constitucional. Por eso el Tribunal se ha
empeñado en tratar de vincular el amparo como un proceso idóneo para que los reclamos que tienen que
ver con medio ambiente y derecho de consulta puedan ser escuchados por la justicia constitucional.
Ya hay jurisprudencia de que las ordenanzas regionales contra la actividad minera no pueden
anteponerse a las decisiones del Gobierno central. ¿En esos casos siempre el TC les dirá no y las
anulará?
Habría que analizar el caso, todavía no ha llegado al Tribunal y no sabemos en qué términos ha sido
planteada y cuál ha sido la contestación de esa demanda, una vez analizado el tema el TC resolverá, cada
caso es diferente.
¿Y han habido casos en que se ha dado la razón al gobierno regional?
Recuerdo en este momento el caso de Cordillera Escalera, se trataba de validar un yacimiento petrolífero y
el Tribunal emitió una sentencia, creo yo bastante equilibrada, tratando de garantizar el medio ambiente y
el derecho de las comunidades afectadas con la amenaza, y al mismo tiempo la inversión y al Estado
mismo. No es que en todos los casos se tenga que resolver de una manera.
¿Qué debería hacer el gobierno para resolver los conflictos de la mejor manera, cuál es su
recomendación puntual?
La presencia del Estado, el funcionamiento de cuadros gubernamentales que puedan estar atentos a focos
de conflicto, profesionales especializados en el tratamiento temprano de conflictos que aún no estallan. El
gobierno tiene que hacer una labor de comunicación en provincia para dejar establecido que los gobiernos
regionales también tienen su cuota de responsabilidad y participación en la riqueza. Deben ser los
primeros en encontrar las vías de solución porque gozan de los beneficios económicos. Un presidente
regional sin presupuesto es un personaje inútil.
REVOCACIÓN A SUSANA VILLARÁN
¿Cómo evitar que un derecho legítimo, como es la revocación, se vea empañado con un probable
uso político?
La revocación es un mecanismo político, es legal, incluso constitucional. Su uso es legítimo, es un
mecanismo que el derecho constitucional permite a los perdedores de una elección y obviamente su uso
es de carácter político. Normalmente es un acto de control, muchas veces excesivo por parte de los
derrotados. Como profesor de Derecho Constitucional no creo en la revocación como institución por
cuanto el que ha sido objeto de elección popular debe ser, si se quiere decir soportado y fiscalizado por los
años de mandato que le ha conferido la soberanía popular. A mi juicio, toda revocatoria es arbitraria por
cuanto si soy elegido alcalde o presidente regional con un 30%, significa que mis adversarios se unen y
tendrán amplia mayoría en contra mía. Hace varios años ya ocurre que los candidatos perdedores se unen
en contra del ganador y este tiene que dedicar su mandato a tratar de blindarse en contra de la
revocación. Eso pervierte su gestión, incluso se hizo con alcaldes que estaban haciendo bien su función.
¿Qué hacer entonces?
Es momento para pensar en dos cosas. El Estado de Derecho debe respetarse, la revocación en sí misma
no tiene condiciones de eficacia o ineficacia, es un procedimiento para que la opinión pública se pueda
manifestar cortando el mandato de una persona elegida, pero cabe preguntarse si en el sistema político
peruano ha sido útil o convendría generar otros mecanismos de control.
CASO CHAVÍN DE HUANTAR
¿En qué está fallando la defensa del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos?
Lo que necesita el Estado es un sistema de defensa de sus intereses que parta en el Ministerio Público
hasta la Corte Interamericana. Hay casos que llegan a la Corte y ya se han perdido en la investigación
preliminar de la etapa policial o del Ministerio Público. Depende de cómo el Estado actúe desde el inicio
para saber si hay argumentos de defensa o si el Estado se quedó sin argumentos de defensa y a lo único
que va es a tratar de moderar el fallo condenatorio del tribunal.
Usted ha considerado que la demanda de la CIDH por el caso Chavín de Huantar es prácticamente
una causa perdida. En qué momento lo perdimos.
Este caso se complica, si no se pierde, en el 2004. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte IDH y del
Tribunal Constitucional la vía adecuada para investigar a todos los que habían participado en la operación
era el fuero ordinario, bien pudo hacerse así. Si se encontraban indicios razonables de ejecuciones
extrajudiciales y posible responsabilidad, debió abrise proceso penal solo a esas personas. No se hizo así
y se arrastró. Todo esfuerzo que haga el Estado Peruano ahora va a ser poco, vamos a ir a la Corte en
una situación disminuida, ojalá que no se vuelva a repetir.
¿Entonces estamos en esta situación porque el Poder Judicial se equivocó al pasar el caso al fuero
militar?
Los vocales supremos de aquel entonces fueron sometidos a una intensa presión de medios y grupos
intermedios que posiblemente no permitieron que resolvieran de la manera más pertinente.
¿Comparte la opinión del Ejecutivo respecto a que la Comisión Interamericana debe ser revisada
porque se está extralimitando en sus funciones?
No conozco los argumentos que están tratando de establecer, mal haría en pronunciarme en forma
detallada, en general todo sistema es perfectible. En Europa no existe comisión como tal sino un consejo
con otras atribuciones. La OEA tiene legitimidad para evaluar su funcionamiento atenuando funciones o
dándole otras nuevas. Pero no hay que cegarnos por la coyuntura, países como el nuestro necesitan
órganos de justicia que puedan servir de filtro para aquellos casos en los cuales la justicia del Estado ha
sido insuficiente. Sí necesitamos un sistema interamericano de protección a los derechos fundamentales.
PERMISO A TERRORISTAS E INDULTO A FUJIMORI
¿Hace bien el Poder Judicial en otorgar permisos a sentenciados por terrorismo para que puedan
salir del país?
Los jueces de la vía ordinaria actúan en función a leyes establecidas. La tarea de señalar las causales
están en manos del legislador. Creo que si el juez ha cometido una incorrección debe ser sometido a un
proceso en la OCMA, pero si lo hizo de acuerdo a normas vigentes no se puede responsabilizar al juez.
¿Puede otorgarse el indulto a Alberto Fujimori por problemas serios de salud?
Es una facultad presidencial, no está nítida y claramente establecido en la Constitución si está sujeta a
condiciones o puede ser ejercida de manera libre y arbitraria. El Tribunal ya señaló en alguna
jurisprudencia que si el indulto está condicionado a una coyuntura personal del favorecido la comprobación
de un eventual fraude pueden conllevar a la revocatoria del mismo, pero el tribunal todavía no ha
establecido cuál es la ponderación que debe guardarse en cuanto al mandato de la Corte IDH respecto a
que ni el indulto ni la amnistía pueden ser instrumentos de impunidad, y como tales no caben en casos de
lesa humanidad. Ahora, si la Corte prohíbe la impunidad y la persona ya pasó un periodo en la cárcel ya
no hablamos de impunidad.
¿Entonces el Estado podría justificar una decisión de indulto ante la CIDH en el hecho de que
Fujimori ya cumplió parte de la condena?
Siempre y cuando el caso llegue al tribunal internacional. El Ministerio de justicia debe evaluar bien el
caso, y su decisión tiene que fundamentarla tomando en cuenta los convenios internacionales para que el
caso no llegue a esta instancia.
Humala critica al Poder Judicial El presidente Ollanta Humala criticó la labor del Poder Judicial al liberar a prontuariados hampones que salen a seguir delinquiendo y a matar, como en el caso de los 3 policías y 2 civiles asesinados en la comisaría de Jaén, en la región Cajamarca. Afirmó que mientras las fuerzas del orden cumplen con su deber de capturar a los delincuentes, luego en algunos juzgados los sueltan. Eso preocupa y no es un buen mensaje para la labor policial, agregó. El gobernante hizo un llamado a las autoridades judiciales para que tengan una sola línea de conducción con el Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad. "No podemos tener dos líneas de conducción. Tenemos que convocar a que los jueces actúen con responsabilidad en estos casos. Miren todo lo que pueden generar (con sus decisiones)", indicó. De esta forma Humala se pronunció sobre el salvaje crimen de los policías Armando Barrantes Hurtado (comisario), Víctor Vásquez Cuba y Milton Tondaypón Castañeda; y los civiles Noria Callirgos Suárez y el menor DB, de 14 años. El Mandatario expresó así su condena al atentando contra la comisaría de Santa Rosa de la Yunga y precisó que no habrá impunidad. Ya se han hecho avances importantes en la identificación de los autores de este execrable crimen, que causa indignación nacional no sólo porque han asesinado a policías, sino también a civiles, entre familiares y niños, agregó. Manifestó su preocupación porque ya en un asalto y robo de armamento a otra comisaría la Policía capturó a esos delincuentes, pero fueron liberados por el Poder Judicial, lo cual consideró una mala señal para la lucha contra el crimen.
Autoridades ediles y regionales de Piura son
acusadas de actos de corrupción
Marlene Huamanlazo - [email protected]
Autoridades de los municipios piuranos de Castilla, Colán, Catacaos, Los Órganos y otros recibieron serias
acusaciones por parte de su población, como presuntos responsables de actos ilícitos, en el marco de la
Primera Audiencia Pública Descentralizada Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(MINJUS).
El titular del sector, Juan Jiménez Mayor, encabezó el encuentro con la población piurana, acompañado por
el procurador público especializado en delitos de Corrupción, Julio Arbizu, quienes junto al equipo
especializados de procuradores que llevaron de Lima, tomaron nota de cada una de las denuncias que se
hacían públicas.
El Ministerio de Justicia informó que un caso que llamó la atención de las autoridades fue el del
burgomaestre del distrito de Los Órganos, Manuel Quevedo Alemán, a quien se le acusa por el delito de
corrupción en ejecución de obras.
Detalla que el alcalde Quevedo Alemán habría sobrevaluado el costo de ejecución de obras públicas en el
asentamiento humano Francisco Arca Ponte (de 40 mil nuevos soles a 129 mil soles).
Precisa que otra denuncia grave fue la expuesta contra el rector de la Universidad Nacional de Piura,
Antenor Aliaga Zegarra, quien es sindicado como responsable de la adquisición de equipos de cómputo y
servidores, por un valor superior a los cinco millones de soles, y se le pide el pago de 400 mil soles de
reparación civil.
La acusación del presunto delito de peculado que pesa sobre Aliaga Zegarra, junto a otros funcionarios, se
produce por la irregular adquisición de una marca determinada de cómputo, cuando en las bases del
concurso público no se establecía este requisito, señala el ministerio.
Durante el desarrollo de la audiencia pública también se mencionó las irregularidades que habría cometido
el expresidente regional de Piura, César Trelles Lara, a quien se le acusa por los delitos de peculado,
malversación de fondos y abuso de autoridad.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, señaló que su sector hará seguimiento de
cada una de las denuncias presentadas, para que los procuradores del Estado evalúen cuáles son objeto de
denuncia, en el marco de la política de lucha frontal contra la corrupción por parte del Gobierno.
Instruyó a los procuradores anticorrupción a que permanezcan en Piura y hagan el seguimiento respectivo a
los procesos judiciales que ellos mismos hayan oficiado tras constatar las denuncias de corrupción.
No tendrán que presentar documentos
Comisión ad hoc se encargará de validar aportes de los fonavistas para su devolución. Ministro de Economía enviará hoy
a Palacio de Gobierno el reglamento para su promulgación.
El ministro de Economía, Luis Castilla, enviará hoy a Palacio de Gobierno el reglamento de la ley que
dispone la devolución de aportes de los fonavistas, con lo cual quedará listo para su
promulgación.
Luego de un periodo de difusión, los aportantes deberán inscribirse ante la comisión ad hoc
encargada de administrar los recursos del liquidado fondo. Ahí llenarán un formulario en el que
detallarán su historial laboral, pero no deberán presentar ningún documento para acreditar
que aportaron, según fuentes del Ministerio de Economía.
El trámite será gratuito y se podrá realizar también por Internet. La comisión se encargará de
validar los expedientes con la información que posee el Estado. “Tenemos un millón 45 mil
expedientes, que son los que se inscribieron anteriormente. Pero estos documentos no se
procesarán porque sería un doble trabajo”, indicaron. La comisión emitirá certificados individuales
con el monto que será devuelto.
ENGA EN CUENTA
-Filtraciones
La decisión del MEF para no recibir documentos busca evitar las falsificaciones.
-Los primeros
En otro reglamento se definirán las modalidades de devolución. Se les dará prioridad a los
mayores de 60 años.
Guantánamo: Diez años de la cárcel que nació del
miedo La cárcel de Guantánamo cumple hoy una década de críticas y voces que piden su cierre. El penal estadounidense para sospechosos de terrorismo internacional alberga en la actualidad a 171 prisioneros. BBC Mundo habló con algunos presos que pasaron por la prisión e indagó sobre la situación de los que siguen allí.
El 11 de enero de 2002 un avión militar de Estados Unidos procedente de Afganistán aterrizó en la Bahía de Guantánamo; una base naval situada en el sureste de Cuba y que funciona desde 1903. Una veintena de prisioneros, maniatados y con un mono naranja, fueron transportados al Campamento Rayos X; una explanada llena de alambres que durante tres meses se convirtió en una cárcel provisional.
El saudí Shaker Aamer es el prisionero US9SA-000239DP. Llegó a Guantánamo en enero de 2002 y sigue encerrado en este penal del Caribe. "Se está muriendo en su celda", afirma su abogado a BBC Mundo, Clive Stafford Smith. "Los prisioneros siguen confiando en sus abogados, pero han perdido la confianza en el sistema legal", explica Gita Gutiérrez, una de las primeras abogadas civiles que entró en el penal, y miembro del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), una organización de Nueva York que ha coordinado la defensa de unos 200 reos de Guantánamo.
Dos de sus clientes siguen entre rejas: el paquistaní Majid Khan, prisionero US9PK-010020DP, y el saudí Mohammed al Qahtani, prisionero US9SA-000063DP, considerado el "piloto suicida número 20" de los atentados del 11-S.
"LA ORDEN DE CIERRE SIGUE VIGENTE"
La abogada no duda en comparar a estos hombres con "muertos vivientes". "Son caparazones sin vida, pero debajo de esas cáscaras se esconden hombres que tal vez en otras circunstancias podían volver a recuperar la ilusión", le cuenta a BBC Mundo.
A lo largo de estos diez años han pasado por Guantánamo 779 prisioneros. Todos hombres, musulmanes y de más de 40 nacionalidades. Al menos una docena eran menores de edad. Ocho presos han muerto en la cárcel; seis se suicidaron, uno murió de un ataque cardíaco fulminante y otro a causa de una grave enfermedad.
Guantánamo cumple una década coincidiendo con un año electoral. El Congreso ha bloqueado la partida presupuestaria de Defensa destinada a nuevos traslados y ha reforzado la custodia militar para extranjeros sospechosos de terrorismo.
En la actualidad los prisioneros están encerrados en una prisión que es una réplica de una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, y los responsables del centro aseguran que el trato es "humano y justo". En una reciente visita a Guantánamo, el responsable de la cárcel, el coronel Donnie Thomas, aseguró que "la orden de cierre de Obama sigue vigente".
La responsable de prensa, la comandante Tamsen Reese, seguía ultimando la cobertura mediática del futuro juicio (comisión militar) del saudí Abd al Rahim Hussayn Muhammad al Nashiri, acusado de ser el responsable de los atentados del año 2000 contra el buque de guerra USS Cole en los que murieron diecisiete marineros.
LA VIDA DESPUÉS DE GUANTÁNAMO
Algunos volvieron a países como el Reino Unido, España o Australia, mientras que otros empezaron una nueva vida en islas que no conocían, como Palau o Bermuda. El australiano Mamdouh Habib es el prisionero US9AS-000661DP. Fue detenido en 2001 y liberado en 2005.
“Yo no fui detenido, a mí me raptaron", explica a BBC Mundo en conversación telefónica desde Australia. Moazzam Begg es uno de los nueve británicos que estuvieron encarcelados en Guantánamo. Fue detenido en 2002 y liberado en 2005. Regresó al Reino Unido y fundó la organización CagePrisoners.
"Los exprisioneros tenemos que dar voz a los hombres que siguen en Guantánamo y no pueden contar su historia", explica Begg, prisionero US9UK-000558DP, a BBC Mundo. "Solo estuve tres años allí; son pocos si tenemos en cuenta que algunos prisioneros han pasado diez años en Guantánamo", subraya.
PRISIONEROS QUE NO QUERÍAN REGRESAR A CHINA
El uigur Khalil Mamut no regresó a su país, China. Es el prisionero US9CH-000278DP y pasó siete años en el penal. Estados Unidos negoció con Bermudas que se hiciera cargo de Mamut y otros tres uigures que no querían regresar a China por miedo a ser torturados. Mamut tiene una nueva casa y trabajo. "El sitio es bonito y el clima muy agradable", explica por correo electrónico.
Otro uigur ha tenido más problemas de adaptación. Ahmad Abdulahad, prisionero US9CH-000201DP, llegó a Guantánamo gravemente herido y los médicos le tuvieron que amputar una pierna. Ahora vive en Palau, una isla del Pacífico que tiene 20.000 habitantes. Abdulahad no puede salir de Palau y en la isla no hay médicos expertos en piernas ortopédicas.
Su abogada, Kristine Huskey, directora del programa antitortura de la organización Physicians for Human Rights, no ha encontrado una solución a largo plazo: "De momento mandamos a un médico para que le ajustara la prótesis", comenta.
Juramenta hoy el nuevo presidente del Tribunal Constitucional
Lima, ene. 11 (ANDINA). El magistrado Ernesto Álvarez Miranda asume esta mañana la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) en reemplazo de Carlos Mesía Ramírez, quien cumplió funciones por cinco años y presentó su renuncia al cargo. Durante una sesión plenaria del organismo colegiado, los integrantes del Tribunal eligieron a Álvarez Miranda
como presidente y a Oscar Urviola Hani como vicepresidente. Ambas autoridades prestarán juramento hoy a las 11.00 horas, durante la ceremonia de apertura del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional, que se realizará en presencia de autoridades de los poderes del Estado. Álvarez Mirando pidió el fin de semana que las diferentes bancadas del Congreso busquen el consenso para elegir a los nuevos magistrados del TC, pues en el transcurso del presente año, seis de los siete culminarán su periodo de funciones de cinco años.
(FIN) JCP/GCO
PNP ahora sólo con 7 direcciones
También hay nuevos jefes en la Dirincri y la Dircote. La nueva estructura de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya no tiene previsto seguir con las 25 direcciones
territoriales policiales a cargo de un general, sino que ahora solo serán siete en todo el país.
Estas dependencias estarán distribuidas en Cusco, Arequipa, Centro, Iquitos, Piura, Lima y Callao. Se supo
además que cada una de ellas estará al mando de un general y tendrá jurisdicción como antes de la
unificación de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y la Guardia Republicana.
Según información a la que EXPRESO pudo acceder, la Dirtepol Sur-Oriente, con sede en Cusco, estará al
mando del general Héctor Dulanto Arias, mientras que su ámbito será Apurímac, Cusco, Madre de Dios y
Puno. La Dirtepol Sur esta formada por Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. El jefe es Luis Fajardo Castillo y
su sede es la Ciudad Blanca.
La Dirtepol Centro tiene alcance en las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. El
jefe es el general Miguel Bacilio Grossman que despachará en la ciudad de Huancayo.
Además la Dirtepol Norte, la de mayor extensión territorial, comprende Tumbes, Piura, Amazonas,
Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Su sede es Piura y su jefe el general Eleuterio Díaz Pérez.
La quinta Dirtepol Nor-Oriente esta constituida por Loreto, San Martín y Ucayali; el jefe es José Céspedes
Aguirre y su sede es Iquitos.
La sexta Dirtepol-Lima abarca Lima Metropolitana y sus provincias. Y estará bajo la dirección del general
PNP Aldo Miranda Soria. Finalmente la Séptima Dirección Territorial es el Callao. Su general PNP Carlos
Morán Soto fue ratificado.
Crimen organizado
El general PNP Herbert Rosas Bejarano fue designado como jefe de la Dirección de Lucha Contra el Crimen
Organizado, órgano creado recientemente por el gobierno. La gran unidad operativa policial está constituida
por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la
Dirección Antidrogas (Dirandro), la Policía Fiscal y Lavado de Activos. El general César Cortijo Arrieta fue
ratificado como jefe de la Dirincri y en la Dirandro se designó al general Walter Sánchez Bermúdez. Las
otras dos dependencias estarán a cargo de un coronel que en las próximas horas será nombrado.
El dato
El general Américo Villena Tupa, por su antigüedad, fue nombrado como inspector general de la PNP. El se
desempeñaba como jefe de la Dirección de Operaciones Policiales.
Terrorismo se entromete en nuestra política
Ex ministro Rafael Rey considera absurdo que se permita a brazo político de Sendero Luminoso
actuar en procesos electorales.
CARLOS NAVEA P.
Quién nos salva ahora. Al revelarse que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales
(Movadef) estaría próximo a irrumpir en el escenario político con voz autorizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el temor a los coches bomba y los miles de muertos que dejó el brazo derecho de este grupo sanguinario, Sendero Luminoso, vuelve a nuestras mentes. Según el ex ministro de Defensa Rafael Rey, los magistrados Greta Minaya, José Velarde Urdanivia y Modesto de Bracamonte Meza abrían votado a favor del avance legal del movimiento fachada de la sanguinaria agrupación terrorista Sendero Luminoso; mientras que José Pereyra votó en contra, lo que habría desencadenado esta sorpresiva decisión. “Es un absurdo”, dijo Rey al señalar que por un lado el Perú y los “caviares” consienten que la Corte IDH permita juzgar nuevamente a los comandos Chavín de Huántar; y por otro lado, se permite que el brazo político de Sendero se convierta en partido político “para hacer uso de la democracia en contra de la democracia”.
Punto de partida
Pero el temor del país encuentra paradójicamente su inicio con la politizada Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que impulsó el gobierno de transición de Valentín Paniagua y que, inexplicablemente, contradiciendo la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que cataloga a Sendero Luminoso y al MRTA como grupos terroristas, otorga el estatus de “Partido Comu- nista Sendero Luminoso”.
“En el fondo este es el punto de partida de la jugada que están haciendo, porque apoyados en la denominación que le brinda la CVR a SL es que ellos buscan los medios para incurrir oficialmente en la política del país”, puntualizó.
Rey agregó que son responsables del fortalecimiento de los grupos terroristas que estarían por obtener su inscripción como organización política, tanto los magistrados del Tribunal Constitucional, “que le dieron carta libre a la nefasta CVR”, así como quienes la integraron, “con Salomón Lerner Febres a la cabeza”.
“El gobierno debe actuar con criterio y quitar una serie de nombramientos de varios caviares que directa o indirectamente les hacen el juego como Walter Albán como representante ante la OEA, el caso de Diego García Sayán como presidente de la Comisión de la Memoria, y el actual procurador supranacional César Azabache”, apuntó.
¿Presión desde palacio?
El ex presidente del Poder Judicial, Juan Vicente Ugarte del Pino, criticó duramente al titular del JNE, Hugo Sivina, y no descartó que los cinco magistrados del máximo ente electoral hayan bajado la cabeza ante el partido de fachada de Sendero Luminoso por presiones ejercidas desde el mismo despacho presidencial.
Explicó que las coincidencias ideológicas en las que convienen el Movadef y el movimiento etnocacerista, que promueve el responsable de las cuatro muertes del Andahuaylazo, Antauro Humala, habrían encontrado un punto de coincidencia en el pedido de amnistía general que beneficiaría tanto al genocida Abimael Guzmán y al hermano del jefe de Estado. “Es contradictoria la manera en que los magistrados (Greta Minaya, José Velarde Urdanivia y Modesto
de Bracamonte Meza) han cambiado de opinión”, dijo. “Entiendo que existan amenazas y presiones políticas que son una lógica consecuente de la presión que puede ejercer un partido subversivo. Pero los miembros del JNE deben tener un criterio político porque esta es una banda subversiva y no debe ser admitida”, agregó Ugarte del Pino.
Fue desestimado
en marzo pasado el Movadef presentó sus firmas al JNE para que se le acepte como partido político y así pueda participar en elecciones generales. Sin embargo, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones desestimó dicho pedido a principios de diciembre del 2011, debido a que "dicha organización adopta un principio (marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo), cuyo seguimiento implica actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado”.
“Sería un crimen”
El legislador Carlos Tubino consideró que permitirle al Movadef participar en la vida política del país “sería un crimen”. “Es como si en Alemania autorizaran que los nazis tengan un partido político. Esa decisión del JNE es inaceptable”, anotó.
“Eso sería una aberración en el sentido de que quienes justamente tiñeron de sangre los hogares de muchos peruanos, que han generado violencia en el país, hoy pretendan presentarse como grupos políticos democráticos. Es como si en Alemania se permitiera que haya un partido neonazi, de ninguna manera lo aceptarían”, comentó.
Por su parte, el legislador de Alianza por el Gran Cambio Yehude Simon consideró que “habría que ver si tienen las firmas válidas para ser un partido político”.
El dato
El secretario general del Movadef es Manuel Fajardo y el subsecretario es Alfredo Crespo, quienes son abogados del líder terrorista Abimael Guzmán, sentenciado a cadena perpetua por violador de derechos humanos.
ENTREVISTA. AFIRMA NUEVO PRESIDENTE DEL TC, ERNESTO ÁLVAREZ MIRANDA
Procedimientos del CIDH son susceptibles de mejoras Considera legítima la preocupación del país por perfeccionar sistema
Pide revisar criterios sobre agotamiento de la vía interna en Estados
Cambios. Álvarez Miranda asume hoy la presidencia del TC.
MARIA ÁVALOS CISNEROS [email protected]
Es legítima la preocupación del Estado peruano por plantear mejoras ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), pues todos los procedimientos son susceptibles de mejoras, afirmó el magistrado Ernesto Álvarez
Miranda, quien hoy asume la presidencia del Tribunal Constitucional (TC).
El Gobierno ha señalado que planteará sus observaciones respecto al funcionamiento de la CIDH. ¿Qué
opina al respecto?
–Pues, que todos los procedimientos del sistema, incluyendo las atribuciones de la CIDH, son susceptibles
de mejoras. Además, uno de los hechos que se ha comprobado es que existe un numeroso sector de
ONG de carácter internacional con mucha influencia en la CIDH y que esta normalmente actúa como
adversaria de los Estados, y no como una facilitadora del entendimiento y mejora de los procedimientos
internos de los países, que la sustentan y la financian. Entonces, sin perjudicar su autonomía, es necesario
revisar los procedimientos y atribuciones y tratar de buscar el mejor equilibrio para que se encuentre la
justicia y la equidad, pero sin perjudicar a los Estados, que no tienen la voluntad de generar impunidad en
los violadores de los derechos humanos.
¿Como es el caso peruano?
–En el caso peruano, por ejemplo, en sus sucesivos gobiernos democráticos, ha habido un impulso por
evitar los espacios de impunidad, pero esta mejora en el estado de derecho de gobiernos democráticos no
ha sido correctamente valorada aparentemente por la comisión y eso es lo que algunos países reclaman.
¿Comparte esta iniciativa?
–Considero legítimo el hecho de que se estudie la posibilidad de mejorar el sistema.
Se adelantó que propondrán fortalecer el sistema de solución amistosas de esa instancia...
–Claro, primero se debe mantener el principio de que el sistema es subsidiario, o sea cuando no se logra
la justicia interna y ha culminado el procedimiento interno, recién es que quien se considere afectado
pueda recurrir al sistema interamericano, no antes. Lo que está sucediendo es que con cualquier pretexto
ya no se culminan los procesos en el interior de los Estados, sino que se trata de judicializar frente al
sistema los conflictos que bien pueden encontrar solución justa dentro de los países.
¿La CIDH puede ver un caso cuyo proceso está en curso?
–Teóricamente no, la única excepción es que exista la amenaza de un daño grave e irreparable al
prolongarse el proceso, que obviamente en el caso de Chavín de Huántar no se da, pues si es que
hubiese existido daño irreparable, este ya se habría producido y no sería especialmente grave esperar seis
meses a que culmine el proceso en el Perú.
¿Hablamos de un exceso?
–Sí, definitivamente habría que reducir el criterio de interpretación sobre las excepciones al agotamiento
de la vía interna.
Transparencia
¿Qué acciones adoptará el TC para evitar actos de corrupción y que malos litigantes puedan afectar la
imagen de los magistrados y, en especial de la institución ante la sociedad?
–En principio, tratando que los procedimientos y las actitudes de magistrados, asesores y de los propios
abogados que recurren al TC sean transparentes e idóneos. Pero, hay que advertir que los jueces en
general estamos expuestos siempre a la manipulación real o ficticia de los abogados o allegados a las
partes, que muchas veces–como lo hemos visto– sorprenden a una secretaria o toman el nombre
indebidamente de uno o varios jueces. Lo que hemos indicado es que el personal de los despachos evite
dar la mayor cantidad posible de información. Estamos empeñados también en una actitud de prudencia y
de medir las consecuencias de cualquier presentación, pero no es fácil porque eso sucede en todas partes
del mundo, donde siempre habrá personas que sin ninguna ética profesional, inclusive, engañan a sus
clientes.
¿Confía en que el Congreso no solo logre el consenso para elegir a los nuevos miembros del TC, sino
también mejorar la calidad de sus miembros?
Es fundamental lograr este consenso por el bien del estado de derecho. En cuanto a la elección,
corresponde a los grupos parlamentarios elegir no a partidarios, sino a los juristas que puedan representar
más que las directivas políticas, a los grandes conjuntos de principios, siempre dentro de la democracia y
de la moderación política.
Sentencias prontas en casos graves
El TC avanzará en los esfuerzos por reducir los plazos y poder sentenciar oportunamente en casos
emblemáticos, afirmó su titular Ernesto Álvarez Miranda, quien añadió que a la fecha, el colegiado ha
disminuido al mínimo la carga de estos casos. "Este año debemos salir de todos estos procesos".
Dijo que solo están pendientes casos sobre DDHH, que demoraron al ser necesario un proceso de
maduración y búsqueda del consenso entre los magistrados sobre el nuevo rumbo de la jurisprudencia
acorde con las nuevas realidades.
Dichos casos, explicó, se refieren a personas indirectamente involucradas en procesos de violación de
derechos humanos que al integrar un batallón en que solo uno de sus miembros había realizado la grave
vulneración de estos derechos, pero los incluyeron a todos.
Prioridades
1 Durante la nueva gestión del TC se buscará mejorar la calidad de la jurisprudencia, reducir la carga
procesal y, en especial, promover la capacitación de los asesores para proteger los derechos de las
minorías como pueblos indígenas.
2 Se continuará, además, los esfuerzos por mejorar la redacción de las sentencias, en el sentido de que
sean más breves y entendibles, pero respetando el límite propio del lenguaje especializado del derecho
constitucional. "Vamos al equilibrio entre la necesidad de una suficiente motivación en términos
constitucionales y que los abogados entiendan la motivación para explicárselo a sus clientes, porque la
satisfacción del fallo es parte justamente de la búsqueda de la verdad y la justicia", dijo Álvarez Miranda.
3 El TC afianzará las actividades de acercamiento a la ciudadanía con el desarrollo de seminarios de
capacitación para magistrados, abogados y la ciudadanía así como un mayor número de audiencias
públicas descentralizadas en el interior del país.
Fecha:11/01/2012
RENOVACIÓN. REEMPLAZA A JOSÉ ÑIQUE DE LA PUENTE
Chanamé Orbe asume decanato del CAL Buscará recuperar liderazgo de la Orden en escenario jurídico del país
En sesión solemne, realizada en el auditorio principal de la Orden, el jurista y catedrático universitario Raúl
Chanamé Orbe asumió el decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el período 2012.
En el acto, también asumieron sus funciones los nuevos miembros de la Junta de Vigilancia y Delegados a
la Asamblea General del CAL, de conformidad con el estatuto que rige las actividades de este gremio
profesional.
Al asumir el cargo, Chanamé Orbe expresó que su principal compromiso será trabajar por retomar el
liderazgo institucional del CAL con una mayor participación del gremio en los debates públicos sobre
temas jurídicos. "Debemos de ser partícipes y obligatoriamente consultados sobre cambios legislativos,
como el decidir el futuro de la Constitución, la ampliación de penas o cómo reducir la criminalidad en el
país", dijo.
Fecha:11/01/2012
MODIFICAN LEGISLACIÓN
Máquinas tragamonedas
El Congreso mediante la Ley Nº 27796 modificó la normativa que regula la explotación de los juegos de
casino y máquinas tragamonedas, respecto a la instalación, implementación y uso del sistema unificado de
control en tiempo real (Suctr) en estos equipos.
Así, establece que las empresas titulares de una autorización para explotar juegos de máquinas
tragamonedas instalen, implementen y pongan en funcionamiento el Suctr, interconectado con el Mincetur
y la Sunat, en un plazo de seis meses contado desde la vigencia de esta ley.
Fecha:11/01/2012
PJ CREA NUEVO LINK
Cooperación judicial
Para facilitar la información sobre los principales instrumentos internacionales aplicables a la cooperación
judicial, el Poder Judicial incorporó en su portal institucional un link sobre este tema al que podrán acceder
los operadores que intervienen en este tipo de acciones.
Dicho link está organizado en cinco áreas: Normas Internacionales; Extradición; Asistencia Judicial en
Materia Penal; Traslado de Extranjeros Condenados; y Flujogramas del Nuevo Código Procesal Penal
(Libro VII Cooperación Judicial Internacional).
Fecha:11/01/2012
NOVEDADES. DE INTERÉS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES
Corte Suprema establece precedentes en lo laboral
Precisan elementos para existencia de un grupo de empresas
Aclaran incidencia del amparo en reclamo de remuneraciones
La Corte Suprema de Justicia de la República atendió diversas demandas en materia laboral de gran
incidencia para el futuro de las relaciones entre trabajadores y empleadores en el país, al haber opinado
sobre los elementos que demuestran la existencia de un grupo de empresas, la procedencia del amparo
para reclamar el pago de remuneraciones y la posibilidad de que un trabajador pueda ser apoyado por un
familiar cuando desarrolla sus labores, entre otros temas.
En este contexto, el máximo tribunal ha señalado que se conforma un grupo de empresas cuando se
verifica la participación accionaria de una misma persona en varias empresas, la existencia de relaciones
familiares entre los accionistas de las mismas y cuando las entidades implicadas comparten el mismo
local, refiere la Casación Laboral Nº 3733–2009–Lima.
Además, a partir de la aplicación de cierta normativa societaria y tributaria y en virtud del principio de
primacía de la realidad, indica que queda suficientemente probada la vinculación económica y empresarial
existente entre determinadas empresas no solo por la participación de acciones en ambas compañías de
una misma persona sino por la relación familiar de los accionistas que pertenecen al mismo grupo
empresarial, y porque las empresas funcionan en el mismo local, detalla un informe del Estudio Miranda &
Amado Abogados.
Luego, mediante la Casación N° 2060–2009–Arequipa, la Corte Suprema ha considerado que el proceso
judicial de nulidad de despido no es la única vía a través de la cual se puede reclamar el pago de
remuneraciones y beneficios dejados de percibir, en tanto que por vía de una sentencia derivada de un
proceso de amparo también se puede lograr los mismos efectos para el trabajador, toda vez que en ambos
casos el cese del trabajador carece de validez, por lo que legalmente debe reputarse que no se produjo.
Ayuda familiar
Para el PJ, los servicios prestados por un contrato de trabajo, deben ser realizados en forma personal y
directa solo por el trabajador como persona natural, aunque precisa que esta característica no se pierde si
fuera ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea normal según la
naturaleza de las labores. El carácter personal de esta relación tampoco se disipa si el auxilio familiar es
consentido por el empleador (CAS Nº 4905-2009-Lambayeque).
El expediente
1 En la CAS Nº 4905-2009-Lambayeque, se advierte que la labor realizada por el accionante es la de
obrero de campo y que por las característica de la labor, era factible que estas fueran hechas por su hijo.
2 Más aún, si la empresa consintió ello, en tanto consignó y consideró como activo al demandante
abonándole lo laborado por el hijo en tres días.
Fecha:11/01/2012
JURISPRUDENCIA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE N° 03124-2011-AC/TC (16/09/11).
Requisitos para proceso de cumplimiento
Que constituye precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que en un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como
se sabe, carece de estación probatoria– se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en
la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato
cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a
interpretaciones dispares; d) ser ineludible y de obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional –excepcionalmente podrá
tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación
probatoria.
EXP. N.° 03124-2011-PC/TC ICA CÉSAR ADOLFO MEDINA URBINA
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 16 de setiembre de 2011
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Adolfo Medina Urbina contra la resolución
expedida por la Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 37, su fecha 12 de mayo de
2011, que declaró improcedente, ín límine, la demanda de cumplimiento de autos; y,
ATENDIENDO A
1. Que el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la Gerencia General de Recursos Humanos
de EsSalud, solicitando que cumpla con lo dispuesto en la Resolución Suprema N.º 028-2009-TR; y que, en
consecuencia, sea reincorporado en una plaza vacante y presupuestada como auxiliar de servicio asistencial I del
Hospital Zonal de Chincha, y se le reconozca su derecho a la seguridad social. Manifiesta que en la cuarta lista de
trabajadores cesados irregularmente se le ha reconocido su derecho a ser reincorporado en el que fuera su
centro de trabajo, por lo que al existir plazas vacantes y presupuestadas en la Sociedad emplazada, debe
ordenarse su inmediata reincorporación en una plaza similar o análoga a la que ocupaba cuando fue cesado.
2. Que este Colegiado, en la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en
el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de
cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato
contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente proceso
constitucional.
3. Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada, que constituye precedente vinculante conforme a lo
previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que
para que en un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece de estación
probatoria– se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un
acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto
y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni
a interpretaciones dispares; d) ser ineludible y de obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional –
excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja
y no requiera de actuación probatoria.
4. Que en el presente caso, las normas cuyo cumplimiento se solicita no contienen un mandato cierto, expreso e
incondicional, puesto que, como lo señala el Decreto Supremo 014-2002-TR, que aprueba el reglamento de la
Ley 27803, los ex trabajadores podrán ser reincorporados al puesto de trabajo del que fueron cesados en la
medida en que existan las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas, y aquellos que no alcanzaren
plaza vacante podrán ser reubicados en otras igualmente vacantes del sector público; por lo tanto al no reunir la
presente demanda los requisitos mínimos establecidos en la sentencia antes citada, debe ser desestimada.
5. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54
a 58 de la STC 1417-2005-PA –publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005–, también es cierto
que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC 168-2005-PC fue
publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 25 de febrero
de 2011.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ETO CRUZ VERGARA GOTELLI URVIOLA HANI