lnusual el contrato delCesco Cl Contralora dice que se debi6. efectuar un proceso de solicitud de propuestas antes de adjudicar el acuerdo Cl Senala que fija penalidades par cancelaci6n contra el estado cuando lo propio es proteger el i_nteres publico

ELNUEVODIA Jueves, 22 de enero de 2015

•WIES A esta suma asclende el contrato que el DTOP otorg6 para el arrendamlento del nuevo Cesco en Carolina. Se flnn6 el 29 de abrtl de 2014.

l.inarys St*8z TOIT8S lsuarez1@elnuevodla.com Twitter: @Umarys_Sua-ez

Miguel Torres, secretario de Transportacion y Obras Ptiblicas (DTOP), no estuvo disponible ayer para El termino de vigencia de 23 meses, sin Nuevo Dia.

a El millonario contrato de arren­damiento del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) Metropolitano en Carolina concedido a un donante del Partido Popular Democratico (PPD) contiene una clausula que impone una penalidad de $18 millones contra el Departamento de Transportaci6n y Obras Pllblicas (DTOP) si cancela el alquiler antes de los dos afios de vigencia del acuerdo y ayer la con­tralora de Puerto Rico, Yesmin Val­divieso, catalog6 esta protecci6n para el contratista como inusual.

Valdivieso, quien ayer mismo co­menz6 a recopilar infonnaci6n para investigar, critic6 ademas la falta de apertura del DTOP al no realizar un proceso de solicitudes de propuestas (Request for Proposal), un metodo es­tablecido para velar por el mejor uso de los fondos publicos.

El contrato de arrendamiento por -~_}_!!l!llon~_fl!.e_concedidQ _por un

evaluar otras propuestas de posibles competidores, al donante del PPD nalidad por el incumplimiento con-Agustin Crespo Rivera, que a su vez es tractual equivalente a un 40% de la el hijo del hist6rico donante y recau- renta mensual por los meses restan-dador del PPD, Juan 'Johnny' Crespo tes, mas el balance de las mejoras so-Ramos. · lidtadas por un total de $18 millones

"F:n elgobiemo usualmente las clau- que seran amortizados en un periodo sulas de penalidad se hacen para pro- de 24 meses, sin intereses", reza la teger al propio gobiemo, no para pro- clausula de penalidad del acuerdo fir-teger a los contratistas. En los con- mado por Torres.Diaz con el donante tratos de gobiemo, lo comtin, es que el del PPD. gobiemo pueda rescindir del contrato En contraste, en el caso del contrato con una notifi.cad6n de 30 dias y sin para el alquiler de 1as instaladones de darle explicadones al arrendador o la Directoria de Servido al Conductor contratista. Este tipo de clausulas de §; (Disco) en la Avenida Barbosa, sees-

. penalidad lo que le hacen al gobiemo ~ tablece que no hay penalidad para el es que termine pagando, silo cancela, ~ Gobiemo y que solo se requiere no-como si hubiese recibido el servicio Yasmin Santiago Zayas, asesora tifi.car con 30 dias de antidpad6n. Este completo de ese contratista aunque legal del DTOP. coritrato en poder de este diario se no sea asf', sefial6 la contralora. suscribi6 con la empresa Barreras

La clausula 36 del contrato firmado costo de mejoras a las instaladones. Inc., representada por su presidente el 29 de abril de 2014 por el secretario ''Las partes acuerdan queen la even- Jose R Barreras. de DTOP, Miguel A Torres Diaz, con tualidad de que el Arrendatario de- Y asi como se establece en el con­Crespo Rivera, a traves de EduconMa- sista voluntariamente del arrenda- trato de Barreras Inc., la misma clau­nagement Corp., impone una pena- miento antes de finalizar la vigencia sula de cancelad6n de contrato con lidad a la agenda por incumplimiento establecida en el contrato el Arren- DTOP se estableci6 con el propietario de jg!o_<!.e__~-~!!~_me!!~ual ~_e!_ _qa~o_Qa~ al Arrel!.dador la - del lQSll donde estuvo has~~bre_

el Cesco Metropolitano en el barrio San Anton de Carolina

i,Por que DTOP acord6 una clausula de penalidad que benefida al contra­tista y no al gobiemo?, pregunt6 ayer este diario a la asesora legal de esta agenda. Yasmin Santiago Zayas.

"Porque eso fue lo que se negoci6 en ese momento'', se limit6 a responder.

i,Y por que este tipo de penalidad no esta en los otros contratos de alquiler que DTOP tenia con los pasados con­tratistas?, indag6 este diario.

"No estuve en las negociaciones an­teriores. Aqui (en el Cesco Metropo­litano) hubo mejoras que se hideron para poder optimizar el servido", dijo sin poder precisar por que la clausula de penalidad no existe en los contra­tos previos.

i,El DTOP acord6 esta clausula qe penalidad como parte de un trato prt­vilegiado para un donante del PPD? cuestion6 El Nuevo Dia.

"No. No queyo tenga conocimiento ', con~t6 Santiago Zayas sin abundar.

!JJJOO !~?2,250 za Pago mensual que la agencia pagaba por las instalaciones donde ubicaba anteriormente

05 ELNUEVODIA

Jueves. 22 de enero de 2015

MILLONES Esta serla la penalldad que el DTOP tendrla que pagar a la empresa en ca­so de que el Goblerno declda cancelar ~I contrato.

Ayer el secretario del DTOP no es­tuvo disponible para responder los cuestionamientos acerca del contrato otorgado a Educon Management Corp. y deleg6 la rendici6n de cuentas en la asesora legal de su agenda

CERO SOLICl11JDES DE PROPUESTAS. Al solicitirsele ayer a la abogada del DTOP la carta que hace constar el pedido de propuestas a distintos con­tratistas para mudar el Cesco Me­tropolitano y las otras dos depen­dencias, santiago Zayas indic6 que solo se evalu6 lo que someti6 Educon Management Corp, propiedad del grupo de donantes del PPD.

"Entiendo que esa fue la Unica pro­puesta", dijo Santiago Zaya§.

tUsted cree que fue la Unica pro­poesta o esti segura de que fue la bica?, pregunt6 este diario.

"P!>r.> rnnt-rnr ...,!) nrPonnt!) nPN>-

MENSUAL Este es el pago mensual que el DTOP paga por el alquller de las lnstalaclones a donde fue mudado el Cesco de Ca­rolina.

sito evaluar el expediente que no lo tengo conmigo. Permitame buscarloy le respondo mas tarde", dijo Santiago Zayas. No obstante, la asesora legal del DTOP nunca precis6 tal informa­ci6n.

Ayer, la contralora de Puerto Rico resalt6 que la manera mas transpa­rente, que te da mas credibilidad, en la otorgaci6n de contratos es que se ha­ga una solicitud de propuesta (request for proposal) sobre el edificio que ne­cesito.

En este proceso, la agenda guber­namental especifica el servicio que in­teresa y convoca publicamente a los interesados a someter propuestas. Se supone que la agenda las evallia para luego seleccionar la que resulta mas beneficiosa desde el punto de vista tecnico y econ6mico.

Este proceso no ocurri6 con la mu­danza del Cesco de Carolina

NIEGAN AHORRO CON IWIJDANZA DB. CESCO DE CAROLINA Con una tabla donde se comparan los costos por pie cuadrado entre el local de Educon Management Corp, los antlguos locales del Cesco Metropolttano, la Ol­rectorfa de Servicios al Conductor y el almaoon, se desprende que ahora DTOP paga $26,580.67 mfls cada mes. Sin embargo, DTOP asegura que se ahorra anual­mente $478,000 cuando suma sus gastos de agua, luz y segur1dad.

elCesco.

Etica abre pesquisa contra Torres La investlgacl6n contra el jefe del DTOP inici6 ayer mismo, confirm6 la OEG

Linarys Sum'8z TOIT8S lsuarezl@enJeyocla.com Twitter. @Llmarys_Suaraz

a La Oficina de Etica Guberna­mental (OEG) indic6 ayer que abri6 una investigaci6n contra el secre-

_ tario de Transportaci6n y Obras Pllblicas; Miguel Torres Diaz, tras recibir un sefialamiento en contra del funcionario por la otorgaci6n del contrato millonario que este le dio a un donante del Partido Popular De­mocratico {PPD) y por SU parti­cipaci6n en fiestas de contratistas.

"A las 2:45 p.m recibimos un re­ferido del representante Jose Enrique Melende-z para que se investiguen los contratos y esta misma tarde se abri6 la pesquisa", dijo a este diario Jen­nifer Rodriguez portawz de la Ofi­cina de Etica Gubemamental

SegUn la querella radicada por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), el jefe del DTOP pudo haber incurrido en violaciones a la Ley de Etica Gubernamental por asistir a una fiesta de un contratista de su agenda, en especifico del do­nante y recaudador del PPD, Juan :Johnny' Crespo Ramos, el 16 de mano de 2014.

La querella de Melende-z cita va­rios articulos de la Ley de Etica que pudo haberviolado Torres Diaz, en­tre ellas que "un servidor publico no puede llevar a cabo una acci6n que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la funci6n guberna­mental".

"(Torres Diaz) claramente infrin­gi6 varias disposiciones legales re­lativas a la Ley de Etica Guberna­mental, lo cua1, resulta en una omi­si6n del cumplimiento del deber ya que se ponga en duda la integridad para con la funci6n gubernamen­tal", re-za la querella de Melende-z.

MESES Esta es la vlgencla del contrato suscr1to entre el DTOP y Edu­con Management.

El primer mandatario, Alejandro Garcia Padilla, volvio a dar un espaldaruo ayer aljefe del DTOP, Miguel Torres.

Garcia Padilla no ve conflicto El gobemador insisti6 ayer en que la negociaci6n produjo ahorros a la agencia

NydaBaa.6 Nyda.bauza@gfrmecla.com Twitter. @nvclabauza_ph

a El gobernador Alejandro Garcia Padilla defendi6 ayer el contrato de arrendamiento de las nuevas ins­talaciones del Centro del Servicios al Conductor (Cesco) del Departamento de Transportaci6n y Obras Pllblicas (DTOP) en Carolina, con la empresa Educon Management Corporation.

Garcia Padilla rechaz6 que exista un conflicto de interes en el contrato de alquiler, por la relaci6n que exis­te entre el Partido Popular Demo­cratico (PPD) y el duefio de Educon, Agustin Crespo y SU padre, Juan Crespo, este Ultimo un conocido do­nante de la Pava.

El mandatario dijo que para su go­bierno el laudo significa "un ahorro" de casi medio mill6n y levolvi6 a dar un espaldarazo al secretario del DTOP, Miguel Torres.

"No existe ninguna raz6n para pe-

dirle la renunda en este momento. Cuenta con mi confianza. Esta bajo la evaluaci6n constante, igual que todos los secretarios", dijo tras en­cabe7:ar ayer en la tarde la ceremo­nia de inicio de la construcci6n de la egida Aires del Manantial en Tru­jillo Alto. De hecho en la actividad participaron varios legisladores po­pulares, entre ellos, Javier Aponte Dalmau, uno de los principales cri­ticos del contrato.

"Se derrota la premisa de que se estaba haciendo una contrataci6n mascara para beneficiar a una per­sona que aporta al Partido Popular literalmente, desde Luis Mufi.oz Ma­rin para acl., que logr6 un ahorro para el pais de casi medio mill6n", sostuvo el gobernador.

.. No exlste nlnguna raz6n para pedlrte la

renuncla en este momenta"

La Contralora dice que DE paga por terapias de Educación Especial que no se dan

Published: 23 January 2015

La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso dio a conocer el viernes un informe sobre el Programa de Educación Especial que entre otras cosas concluye que el Departamento de Educación paga por unas terapias que a veces no se dan, o no se completan según el contrato. “La Auditoría de señala cuatro hallazgos sobre los controles internos y administrativos del Programa de Educación Especial, entre otros; servicios no ofrecidos y pagos indebidos por evaluación y terapias a niños del Programa de Educación Especial, desviaciones de la reglamentación con los pagos por servicios de terapias y falta de controles en el proceso de intervención de facturas”, indica el escrito de la contralora. “La auditoría evidencia también, violaciones a las cláusulas contractuales, deficiencias relacionadas con la contratación de servicios profesionales y un aparente conflicto de intereses en la supervisión de terapias físicas ofrecida a una estudiante”, añadió. Según la Contralora, en los años fiscales de 2009 a 2012, la secretaria auxiliar de Educación Especial (SAEE) recibió facturas de servicios por 250 millones, 115 mil, 520 dólares. “De estos, seleccionamos para examen 4 contratos otorgados del 5 al 8 de agosto de 2011 por 42 millones, 998 mil ,112 dólares (o el 17 por ciento) y sus respectivas enmiendas. Mediante estos contratos se ofrecieron servicios de evaluación y de terapias a 59,124 niños del Programa de Educación Especial. Examinamos los servicios de 2,974 terapias ofrecidas a 20 niños para verificar la corrección de los servicios pagados por el DE y si el tratamiento recomendado para dichos niños fue ofrecido. Las terapias se facturaron del 9 de agosto de 2011 al 28 de junio de 2012”, explicó. En dichas facturas encontraron que: el DE pagó treinta y ocho servicios de terapias por 750 dólares en fechas en las que se reflejaban ausencias de los niños en el Sistema de Información Estudiantil (SIE). Doce servicios de terapias por 259 se facturaron del 23 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012, sin que se presentaran las certificaciones. Nueve servicios de terapias grupales por 153 se facturaron del 22 de septiembre de 2011 al 31 de mayo de 2012, que no cumplieron con el período mínimo requerido de 45 minutos según contratado. La duración fue de 30 minutos por terapia. Seis servicios de terapias por 130 se facturaron del 23 de septiembre de 2011 al 22 de mayo de 2012, en las que se identificaron conflictos entre las fechas y las horas de terapias informadas por tres especialistas. En el informe, la Contralora recomendó al director ejecutivo de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud que tome las medidas procesales o disciplinarias que estime pertinentes con respecto a la supervisión de los especialistas y la prestación de servicios. Entre las recomendaciones al secretario de Educación se destaca el asegurarse que los niños reciban los servicios y las terapias, y requerir a los padres y directores escolares que velen por el cumplimiento de la reglamentación aplicable a la Certificación de Servicios de Terapia.

DE paga por terapias de Educación Especial que no se dan, según informe de la contralora EN GOBIERNO Y POLÍTICA / EN 23 DE ENERO, 2015 A LAS 3:30 PM / SAN JUAN – La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso dio a conocer el viernes un informe sobre el Programa de Educación Especial que entre otras cosas concluye que el Departamento de Educación paga por unas terapias que a veces no se dan, o no se completan según el contrato. “La Auditoría de señala cuatro hallazgos sobre los controles internos y administrativos del Programa de Educación Especial, entre otros; servicios no ofrecidos y pagos indebidos por evaluación y terapias a niños del Programa de Educación Especial, desviaciones de la reglamentación con los pagos por servicios de terapias y falta de controles en el proceso de intervención de facturas”, indica el escrito de la contralora. “La auditoría evidencia también, violaciones a las cláusulas contractuales, deficiencias relacionadas con la contratación de servicios profesionales y un aparente conflicto de intereses en la supervisión de terapias físicas ofrecida a una estudiante”, añadió. Según la Contralora, en los años fiscales de 2009 a 2012, la secretaria auxiliar de Educación Especial (SAEE) recibió facturas de servicios por 250 millones, 115 mil, 520 dólares. “De estos, seleccionamos para examen 4 contratos otorgados del 5 al 8 de agosto de 2011 por 42 millones, 998 mil ,112 dólares (o el 17 por ciento) y sus respectivas enmiendas. Mediante estos contratos se ofrecieron servicios de evaluación y de terapias a 59,124 niños del Programa de Educación Especial. Examinamos los servicios de 2,974 terapias ofrecidas a 20 niños para verificar la corrección de los servicios pagados por el DE y si el tratamiento recomendado para dichos niños fue ofrecido. Las terapias se facturaron del 9 de agosto de 2011 al 28 de junio de 2012”, explicó. En dichas facturas encontraron que: el DE pagó treinta y ocho servicios de terapias por 750 dólares en fechas en las que se reflejaban ausencias de los niños en el Sistema de Información Estudiantil (SIE).Doce servicios de terapias por 259 se facturaron del 23 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012, sin que se presentaran las certificaciones.

Nueve servicios de terapias grupales por 153 se facturaron del 22 de septiembre de 2011 al 31 de mayo de 2012, que no cumplieron con el período mínimo requerido de 45 minutos según contratado. La duración fue de 30 minutos por terapia. Seis servicios de terapias por 130 se facturaron del 23 de septiembre de 2011 al 22 de mayo de 2012, en las que se identificaron conflictos entre las fechas y las horas de terapias informadas por tres especialistas. En el informe, la Contralora recomendó al director ejecutivo de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud que tome las medidas procesales o disciplinarias que estime pertinentes con respecto a la supervisión de los especialistas y la prestación de servicios.

-Carolina-22012015[1/29/2015 10:02:13 AM]

Inicio > Política | Publicado el Jueves, 22 de Enero del 2015

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PUERTO RICO: Gobernador da bienvenida a pesquisas sobre contrato Cesco de Carolina Esta noticia ha sido leída 27 veces

El Nuevo Día / El gobernador Alejandro García Padilla dio la bienvenida hoy,

jueves,a las investigaciones que anunciaron la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental sobre el controvertido

contrato del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas

"Le doy la bienvenida. Por supuesto, que se investigue. Tienen que estar todos los contratos con el gobierno cumpliendo todos los requisitos de ley,

incluyendo el que nadie ha podido cuestionar en este caso, que es un ahorro de medio millón de dólares al pueblo de Puerto Rico, que me parece a mí

que es un punto fundamental que se ha transmitido y que no se ha podido refutar", sostuvo el gobernador en respuesta a preguntas de periodistas

sobre este tema.

"Todos los contratos tienen que cumplir con los requisitos de ley, incluyendo

un requisito que yo he añadido, que es que se logren ahorros para el pueblo de Puerto Rico", agregó García Padilla. El gobernador insistió en que no hay

nada ilegal en este contrato y afirmó que el mismo ya pasó el crisol judicial. "Hay un punto muy importante, y es que el tribunal pasó juicio sobre este

contrato y lo validó. Ahora bien, que se investigue, que la contralora investigue. Me parece que es lo correcto", reiteró. Rechazó nuevamente que

con este arreglo se pretenda beneficiar a un contribuyente del Partido Popular Democrático (PPD). "Además de eso, un factor importante es que si

hubiésemos querido favorecer a alguien hubiésemos aumentado la cuantía del contrato o la habríamos dejado igual y no hubiésemos provocado un

ahorro de medio millón de dólares", recalcó García Padilla.

Con Información de El Nuevo Día

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PUERTO RICO: Secretario del DTOP reitera que no ha violado la ley

Política | Publicado el Viernes, 23 de Enero del 2015 El Nuevo Día /

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz, dio la bienvenida hoy a la investigación que realiza la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), sobre el contrato de alquiler del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) en Carolina, que el funcionario le adjudicó a una familia de donantes del Partido Popular Democrático (PPD).

Respetamos y le damos la bienvenida a cualquier proceso que la Oficina de Ética lleve a cabo y en su momento atenderemos cualquier asunto sobre ese tema", se limitó a decir el funcionario a su salida esta tarde de La Fortaleza, luego de participar en una reunión del Consejo de Seguridad Pública. "Nosotros no hemos violado la ley", dijo Torres cuando este medio le preguntó si había firmado un documento de asistencia a los seminarios que ofrece la OEG a los jefes de agencias y funcionarios sobre su participación en actividades políticas. "Desconozco (si lo firmé), pero puedo verificar… No voy a emitir comentarios porque el asunto está en investigación". Estas fueron las declaraciones que ofreció Torres Díaz mientras era escoltado hasta los portones de la Mansión Ejecutiva por una de las oficiales de prensa de La Fortaleza, que se encargó de dar por terminadas las preguntas al funcionario público. La controversia acerca de este contrato con Educon Management Corp. se recrudeció esta semana cuando una investigación de El Nuevo Día reveló que el acuerdo se hizo con un grupo de donantes del PPD encabezado por Agustín Crespo Rivera y con evidencia fotográfica que ubica al jefe del DTOP participando de una fiesta del padre de este contratista, Juan "Johnny" Crespo Ramos, el 16 de marzo de 2014. Este último también tiene un contrato de arrendamiento vigente en las facilidades del Cesco de Fajardo. Miguel Torres defiende contrato de arrendamiento del Cesco de Carolina Tweet Sigue creciendo la controversia en torno al alquiler Este medio supo que Johnny Crespo Ramos fue padrino de bodas de los padres del secretario del DTOP, información que Torres Díaz no ha negado ni confirmado. Además, se alega que el DTOP no realizó un proceso de solicitud de propuestas para evaluar otras alternativas de arrendamiento en el mercado, y que el acuerdo con Educon contiene una cláusula que impone una penalidad de $1.8 millones al DTOP si cancela el alquiler antes de los dos años de vigencia del pacto.

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En medio de la controversia, la jefa de la OEG, Zulma Rosario, dijo ayer jueves que la dependencia investigaba el contrato desde antes de que se radicaran querellas sobre la transacción. Rosario sostuvo que están "investigando todo" y que llegarían "hasta las últimas consecuencias". La contralora Yesmín Valdivieso dijo ayer que su oficina también investiga el contrato del Cesco. De hecho, el secretario de Justicia, César Miranda, dijo hoy que la polémica "ha tomado el curso que debía tomar y es que la Contralora lo va a evaluar". "Hay un sistema de trabajo entre la Contralora y nosotros en Justicia, que tenemos una División de Asuntos del Contralor. Así que vamos a esperar a que la Contralora haga su determinación y si tiene que hacer un referido lo atenderemos cuando llegue", sostuvo Miranda. Mientras tanto, el secretario de la gobernación, Víctor Suárez dijo el miércoles que no cancelarán el contrato y el gobernador Alejandro García Padilla dijo que el mismo representaba un ahorro de casi medio millón para el gobierno. al defender el laudo, García Padilla indicó que había sido validado por los tribunales. Según Torres Díaz, "el arrendamiento está regulado por órdenes ejecutivas que definen cómo se deben hacer estos alquileres, establece y le delega a unas agencias una facultad de revisar y aprobar contratos de términos y condiciones y exige una serie de procesos, entiéndase un estudio de mercado que valida que los precios son razonables y todo esto va contenido con la aprobación de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), que certifica que no tiene facilidades disponibles y a la misma vez la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) también aprobó el contrato como parte de un proceso revisor. Todo esto se hizo en la otorgación de este contrato". El acuerdo de arrendamiento con Educon Managemente Corp., según documentos en poder de este medio, fue firmado por el jefe del DTOP el 29 de abril de 2014 por un total de $4,119,312, lo que equivale a un pago mensual de $179,100 versus el pago de los tres alquileres donde ubicaban anteriormente el Cesco, el Disco y el almacén que sumaban en total $145,065.83.

A manos llenas los donativos en Ponce POR JASON RODRÍGUEZ GRAFAL

(PONCE, 23 de enero de 2015) Al tiempo en que continúa justificando el recorte de salario y jornada a sobre 1,300 empleados del ayuntamiento, la Legislatura Municipal de Ponce aprobó anoche otro cuarto de millón de dólares en donativos. En votación partidista y con escasa discusión, la mayoría novoprogresista de ese cuerpo autorizó a la alcaldesa María Meléndez Altieri entregar $175 mil adicionales a la franquicia de los Leones de Ponce del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Asimismo, otro donativo de $100 mil para la organización Voluntarios por Ponce, entidad encargada del Ponce Grand Prix Atletismo. Sobre medio millón a la cuenta Con la resolución, la actual administración municipal eleva a $625 mil la suma de dinero donada a la franquicia de los Leones desde el año 2013, cifra que casi iguala los $650 mil pagados por la nueva gerencia para la compra del equipo, en noviembre de 2012.En ese mismo lapso, la administración municipal ha acumulado millones de dólares en deudas a agencias gubernamentales y suplidores. Además, al cierre de 2013 el ayuntamiento arrastraba un déficit presupuestario de $36.2 millones, él más alto de los 78 municipios de la isla. “Con todo el dinero que la alcaldesa le ha regalado, la Ciudad pudo haber comprado el equipo”, denunció anoche el legislador de minoría por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP),Justiniano Díaz Maldonado. Como parte del acuerdo con la franquicia de básquet, la alcaldía recibirá 350 boletos de cortesía para juegos locales, valorados en $2,100, los que presuntamente serán entregados a la ciudadanía. Hace solo un mes, la Oficina del Contralor señaló al gobierno municipal por irregularidades en la aprobación de donativos similares a los Leones de Ponce para las temporadas 2009 y 2010.Entre otras objeciones, Yesmín Valdivieso Galib cuestionó el buen uso de los fondos y la distribución de los boletos de cortesía. Más para el Grand Prix Entretanto, el nuevo acuerdo con los organizadores del Ponce Grand Prix Atletismo incluye - además de los $100 mil- el uso libre de costo de las instalaciones municipales del estadio Francisco “Paquito” Montaner, entre el período del 16 al 23 de mayo. Las mismas abarcan tanto las cantinas como el estacionamiento. Asimismo, el uso del Auditorio Juan “Pachín” Vicens el día 23 de mayo. Activa la chequera Las dádivas concedidas a ambas entidades se suman a los $265 mil que el pasado 18 de diciembre la administración de Meléndez Altieri aprobó para la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).Igualmente, $645 mil que en diciembre de 2013 concedieron a la LAI, los Leones de Ponce, A manos llenas los donativos en Ponce carteleras de boxeo, la producción de un largometraje y una competencia de atletismo. En cambio contrastan con la ausencia de auspicios o ayudas económicas a entidades de impacto social como el Centro para Deambulantes Cristo Pobre o la Fundación Go Gogo para niños con cáncer.

Prioridades Al conocer estos datos, el abogado y representante legal de los empleados no unionados del Municipio de Ponce, Juan Medina Quintana, acusó a la alcaldesa de anteponer sus intereses políticos e imagen, por encima de las necesidades reales de la ciudadanía y del bienestar de los empleados municipales. “¿Para esto es que la alcaldesa de Ponce usa el dinero que le quita del bolsillo a los empleados municipales?”, cuestionó. “A falta de obra, ella tiene que llenarle el ojo a las personas regalando dinero que no es de ella. Esto no es obra, esto es un despilfarro de dinero”, continuó. “Yo soy fiel fanático de los Leones de Ponce, pero eso no es una necesidad del pueblo”. “El equipo recibe el coliseo, las cantinas, el estacionamiento, la luz y el agua de ‘cachete’ para operar un negocio”, añadió. “Estamos hablando del equipo que mayor fanaticada tiene en toda la liga. El equipo de Ponce es el equipo líder. Todos los juegos están llenos. Se venden bien las taquillas”.

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Denuncian alegado esquema de corrupción y fraude electoral en Adjuntas EN GOBIERNO Y POLÍTICA / EN 25 DE ENERO, 2015 A LAS 12:09 PM /

SAN JUAN- El candidato a presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Adjuntas, Victor “Vitito” Pérez, junto al senador por el distrito de Ponce, Martín Vargas Morales denunciaron el domingo un supuesto esquema de corrupción gubernamental y fraude electoral en el municipio de Adjuntas, por parte de su alcalde Jaime Barlucea. “El esquema consiste en la otorgación de contratos en el municipio a cambio de ayudas, donativos y aportaciones no informadas, por lo tanto ilegales, a la campaña del actual alcalde Jaime Barlucea. El municipio cuenta con varios contratistas que financiaron la campaña del 2012 del alcalde mediante donativos ilegales a cambio de contratos municipales”, indicó Pérez en un comunicado de prensa. Alegó que José Luis Rivera Hernández, junto a su corporación JL Rivera Construction, figuran como los contratistas principales en obras de construcción para el municipio de Adjuntas. La Oficina de la Contralor de Puerto Rico en sus últimos dos informes de auditoría al municipio señala en su primer hallazgo que el gobierno municipal de Adjuntas acostumbra fraccionar contratos para no llevar a cabo subastas, ni abrirlos a la libre competencia. Asimismo, indicó que una investigación del registro de contratos de la oficina de la Contralor revela el favoritismo absoluto del que goza el señor Rivera Hernández y su compañía JL Rivera Construction. El registro revela que a Rivera Hernández y a su compañía se le han otorgado contratos que suman 11.5 millones de dólares, de un total de 12.3 millones de dólares otorgados en contratos para mejoras en el municipio. Por otra parte, denunciaron que el comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Adjuntas, aledaño al cuartel de la policía municipal y la casa alcaldía, es propiedad del referido contratista y fue utilizado como sede de la campaña electoral del alcalde incumbente. Señalaron que según evidencian documentos oficiales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la propiedad aparece inscrita bajo el nombre del contratista. Éste, a su vez, le arrienda dicha propiedad al comité municipal del PNP por la suma de 100 dólares mensuales, los cuales se pagarían a nombre de su hija, Frances V. Rivera Arroyo, en los meses previos a la pasada contienda electoral. Pérez y Vargas Morales alegaron que el contador de energía eléctrica ubicado en esta propiedad estuvo activo durante los meses previos a las pasadas elecciones a nombre

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de Daniel Portela Ramos, presidente de la juventud del PNP durante la pasada campaña electoral y quien a su vez es empleado del municipio de Adjuntas. Indicaron que, estando en nómina regular del municipio, se le otorga un contrato de 250 dólares por “ofrecer inmueble en alquiler” al mismo municipio. “Casos como estos son la orden del día bajo la administración del alcalde Jaime Barlucea Maldonado. Los adjunteños nos sentimos indignados con las situaciones que ocurren en nuestro pueblo. Adjuntas necesita un cambio”, señaló Pérez. Otro de los supuestos conflictos que mencionaron es que la contratista principal en alquiler de equipo y vehículos pesados para el Municipio de Adjuntas, Iris Yolanda Battistini Troche y su hija realizaron aportaciones en efectivo para la campaña electoral del alcalde Jaime Barlucea en el 2012. También aportó a la campaña con un camión de sonido exclusivo, el cual no aparece registrado a nombre de su dueña, la señora Battistini Troche, en los informes rendidos por el incumbente al Contralor Electoral. Sin embargo, aparece registrado como “donativo en especie”, a razón de 500 dólares por un solo mes de uso, en clara violación a la ley electoral ya que el valor estimado de este “donativo” es mucho mayor y solo aparece en uno de los informes mensuales, cuando se utilizó por casi un año de campaña activa. Cabe señalar que Battistini Troche concedió un espacio en su vivienda para colocar material visual de campaña (letreros), favoreciendo al alcalde incumbente mientras mantenía contratos activos con el Municipio de Adjuntas. Denuncian alegado esquema de corrupción y fraude electoral en Adjuntas | Diario de Puerto Rico “Como senador del distrito de Ponce nos preocupa mucho la situación que está ocurriendo en Adjuntas y es por eso que le requerimos a las agencias concernidas a que tomen cartas en el asunto y apliquen todo el peso de la ley ante estos señalamientos”, expresó Vargas Morales. “El alcalde Jaime Barlucea Maldonado, reportó en informes a la oficina del Contralor Electoral que su campaña sólo le costó 36 millones 773 mil dólares. Todos en Adjuntas sabemos que con el tipo de campaña que llevó el alcalde, esa cantidad ni tan siquiera se acerca al valor real de lo que realmente gastó en toda su campaña. Esto demuestra claramente un esquema de corrupción gubernamental y fraude a la ley electoral, donde se otorgan contratos en el Municipio de Adjuntas a cambio de ayudas, aportaciones y donativos no informados, y por tanto ilegales, a la campaña electoral del alcalde Jaime Barlucea”, puntualizó Pérez. Mientras, Vargas Morales sostuvo que las alegadas actuaciones violan la Ley de Ética Gubernamental, el Código Electoral de Puerto Rico y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. “Por eso emplazamos a Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental; a Manuel Torres, contralor Electoral; a Yezmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico; y al secretario de Justicia, César Miranda a que atiendan con diligencia los referidos que les estaremos enviando durante el día de mañana”, señaló.

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Denuncian alegado esquema de Corrupción y fraude electoral en Adjuntas Published: 25 January 2015

SAN JUAN- El candidato a presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Adjuntas, Victor “Vitito” Pérez, junto al senador por el distrito de Ponce, Martín Vargas Morales denunciaron el domingo un supuesto esquema de corrupción gubernamental y fraude electoral en el municipio de Adjuntas, por parte de su alcalde Jaime Barlucea. “El esquema consiste en la otorgación de contratos en el municipio a cambio de ayudas, donativos y aportaciones no informadas, por lo tanto ilegales, a la campaña del actual alcalde Jaime Barlucea. El municipio cuenta con varios contratistas que financiaron la campaña del 2012 del alcalde mediante donativos ilegales a cambio de contratos municipales”, indicó Pérez en un comunicado de prensa. Alegó que José Luis Rivera Hernández, junto a su corporación JL Rivera Construction, figuran como los contratistas principales en obras de construcción para el municipio de Adjuntas. La Oficina de la Contralor de Puerto Rico en sus últimos dos informes de auditoría al municipio señala en su primer hallazgo que el gobierno municipal de Adjuntas acostumbra fraccionar contratos para no llevar a cabo subastas, ni abrirlos a la libre competencia. Asimismo, indicó que una investigación del registro de contratos de la oficina de la Contralor revela el favoritismo absoluto del que goza el señor Rivera Hernández y su compañía JL Rivera Construction. El registro revela que a Rivera Hernández y a su compañía se le han otorgado contratos que suman 11.5 millones de dólares, de un total de 12.3 millones de dólares otorgados en contratos para mejoras en el municipio. Por otra parte, denunciaron que el comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Adjuntas, aledaño al cuartel de la policía municipal y la casa alcaldía, es propiedad del referido contratista y fue utilizado como sede de la campaña electoral del alcalde incumbente. Señalaron que según evidencian documentos oficiales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la propiedad aparece inscrita bajo el nombre del contratista. Éste, a su vez, le arrienda dicha propiedad al comité municipal del PNP por la suma de 100 dólares mensuales, los cuales se pagarían a nombre de su hija, Frances V. Rivera Arroyo, en los meses previos a la pasada contienda electoral. Pérez y Vargas Morales alegaron que el contador de energía eléctrica ubicado en esta propiedad estuvo activo durante los meses previos a las pasadas elecciones a nombre de Daniel Portela Ramos, presidente de la juventud del PNP durante la pasada campaña electoral y quien a su vez es empleado del municipio de Adjuntas. Indicaron

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que, estando en nómina regular del municipio, se le otorga un contrato de 250 dólares por “ofrecer inmueble en alquiler” al mismo municipio. “Casos como estos son la orden del día bajo la administración del alcalde Jaime Barlucea Maldonado. Los adjunteños nos sentimos indignados con las situaciones que ocurren en nuestro pueblo. Adjuntas necesita un cambio”, señaló Pérez. Otro de los supuestos conflictos que mencionaron es que la contratista principal en alquiler de equipo y vehículos pesados para el Municipio de Adjuntas, Iris Yolanda Battistini Troche y su hija realizaron aportaciones en efectivo para la campaña electoral del alcalde Jaime Barlucea en el 2012. También aportó a la campaña con un camión de sonido exclusivo, el cual no aparece registrado a nombre de su dueña, la señora Battistini Troche, en los informes rendidos por el incumbente al Contralor Electoral. Sin embargo, aparece registrado como “donativo en especie”, a razón de 500 dólares por un solo mes de uso, en clara violación a la ley electoral ya que el valor estimado de este “donativo” es mucho mayor y solo aparece en uno de los informes mensuales, cuando se utilizó por casi un año de campaña activa. Cabe señalar que Battistini Troche concedió un espacio en su vivienda para colocar material visual de campaña (letreros), favoreciendo al alcalde incumbente mientras mantenía contratos activos con el Municipio de Adjuntas. Denuncian alegado esquema de corrupción y fraude electoral en Adjuntas | Diario de Puerto Rico “Como senador del distrito de Ponce nos preocupa mucho la situación que está ocurriendo en Adjuntas y es por eso que le requerimos a las agencias concernidas a que tomen cartas en el asunto y apliquen todo el peso de la ley ante estos señalamientos”, expresó Vargas Morales. “El alcalde Jaime Barlucea Maldonado, reportó en informes a la oficina del Contralor Electoral que su campaña sólo le costó 36 millones 773 mil dólares. Todos en Adjuntas sabemos que con el tipo de campaña que llevó el alcalde, esa cantidad ni tan siquiera se acerca al valor real de lo que realmente gastó en toda su campaña. Esto demuestra claramente un esquema de corrupción gubernamental y fraude a la ley electoral, donde se otorgan contratos en el Municipio de Adjuntas a cambio de ayudas, aportaciones y donativos no informados, y por tanto ilegales, a la campaña electoral del alcalde Jaime Barlucea”, puntualizó Pérez. Mientras, Vargas Morales sostuvo que las alegadas actuaciones violan la Ley de Ética Gubernamental, el Código Electoral de Puerto Rico y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. “Por eso emplazamos a Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental; a Manuel Torres, contralor Electoral; a Yezmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico; y al secretario de Justicia, César Miranda a que atiendan con diligencia los referidos que les estaremos enviando durante el día de mañana”, señaló.

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Ética radica querella contra alcalde de

Morovis por tarjeta de crédito

Por Primerahora.com 01/27/2015 |03:32 p.m.

Se le acusa de usar su tarjeta de crédito para gastos oficiales de representación en la compra de bebidas alcohólicas.

iLa Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó una querella contra el alcalde de Morovis, Heriberto Rodríguez Adorno, por usar su tarjeta de crédito para gastos oficiales de representación en la compra de bebidas alcohólicas.

“Aprovechándose de este privilegio (la tarjeta de crédito), otorgado en consideración a sus deberes y funciones de su cargo como alcalde, adquirió bebidas alcohólicas en cinco establecimientos durante el periodo del 30 de septiembre de 2005 al 22 de abril de 2008 por un total de $154.25, lo que no está permitido como un gasto oficial”, reza la querella del pasado 20 de enero. NO fue posible conseguir de inmediato una reacción de Rodríguez Adorno, alcalde de Morovis desde 2005 y quien pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP).La OEG entiende que esta actuación de Rodríguez Adorno viola los artículos 3.2 (a) y 3.2 (c) del Código de Ética Gubernamental. En la querella de cinco páginas se solicita que se impongan multas de hasta $20,000 por cada una de las 5 transacciones del alcalde. “Al querellado utilizar la tarjeta de crédito asignada para sufragar el consumo de bebidas alcohólicas, no cumplió con su deber de velar por el buen uso y administración del gobierno municipal”, según la querella de OEG.

Por su parte, en entrevista con este medio el alcalde dijo que espera salir airoso del proceso en OEG. Dijo que el asunto surgió inicialmente en una auditoría de la Oficina del Contralor, pero que ya fue evaluado por el Departamento de Justicia y en el 2012 se le informó que no hubo comisión de delito, incluso bajo la Ley de Ética.

Explicó que sí se usó la tarjeta de crédito, pero que cuando personal del municipio detectó que “había cosas que no se podían pagar”, el alcalde pagó de sus ingresos personales las bebidas, y además el gasto total de las cenas, que ascendió a unos $610, aunque ese gasto de las comidas no estaba cuestionado.

“Fueron reuniones oficiales con agencias estatales e inversionistas, y todo tenía un fin público”, indicó Rodríguez Adorno.

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Asimismo, la OEG multó en $4,000 al exalcalde de Yabucoa, Ángel “Papo” García de Jesús, por darle un trabajo en el municipio a su nuera, Carmen E. Santiago Ayala, esposa de su hijo Ángel de Jesús Colón.

La OEG radicó una querella contra García de Jesús en julio pasado por otorgarle entre el 28 de diciembre de 2009 y el 29 de septiembre de 2010 un puesto transitorio a su nuera, sin solicitar una dispensa requerida por la Ley de Ética Gubernamental.

El exalcalde del PNP llegó a un acuerdo con la OEG el 25 de noviembre en la que acepta los hechos y se le fijó una multa de $4,000. A García de Jesús se le hizo un plan de pago y deberá saldar su deuda para el 15 de noviembre de 2015.

Las gestiones para obtener una reacción del exalcalde resultaron infructuosas.

La asesora ejecutiva de OEG, Jennifer Rodríguez Ayala, explicó que toda querella de OEG surge luego de que personal de esta oficina investiga y se corrobora alguna acción violatoria a la Ley de Ética Gubernamental por parte de un funcionario público.

Luego surge un proceso de OEG en el que el funcionario puede defenderse, y de obtener un resultado adverso en este foro administrativo, se puede apelar el resultado ante el Tribunal de Apelaciones, explicó Rodríguez Ayala. También existe la alternativa de llegar a un acuerdo con esa oficina.

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Contralora hace señalamientos contra

ASSMCA Uno de los señalamientos es el pago ilegal a contratistas

Por InterNewsService – 01/27/2015 12:47 pm

Una auditoría de la Oficina de la Contralora señaló siete irregularidades en la

Administración de Servicios contra la Adicción y la Salud Mental (Assmca), entre ellas

el pago ilegal a contratistas.

Al respecto, el informe recomienda recobrar de los contratistas 252,362 dolares

pagados indebidamente y que se evalúe si procede el recobro de 1,071,245 dólares al

contratista, un arquitecto y un inspector, por no haberse formalizado un contrato escrito

o enmendado uno existente.

La auditoría señala que la realización de mejoras permanentes en dos instalaciones y

un contrato de servicios profesionales y consultivos para desarrollar una campaña

educativa no cumplieron con las leyes vigentes.

El informe evidencia que, entre otras, se realizaron mejoras permanentes sin subasta

formal, se otorgó una enmienda a un contrato vencido, se realizaron y pagaron trabajos

de diseño, inspección y construcción sin contrato y se pagaron trabajos no realizados.

Además, se invirtieron recursos en la construcción de una sala estabilizadora, una

farmacia y una terraza que no tuvieron utilidad, falta de documentos importantes en los

expedientes de los contratos que impiden la función de la Oficina del Contralor, del

Secretario de Hacienda o de cualquier otro funcionario autorizado por ley y la

administradora auxiliar realizaba funciones conflictivas.

La auditoría cubre el período del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, en los

que fueron administradores Nydia Ortiz, Carmen Román, José Aponte y Salvador

Santiago.

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Estado51PRUSA.com

Contralor destapa escándalo en contratos de Assmca 01/29/2015 | Filed under: Campaña | Posted by: Francisco

Entre el 2006 y el 2008, pagó más de $1 millón a contratistas, de forma ilegal, para que

hicieran mejoras a instalaciones de la agenciairregularidades en los contratos de

mejoras a instalaciones de ASSMCA entre 2006 y 2008 habían permanecido ocultas

durante años. (GFR Media)

La Administración de Salud Mental y Servicios contra la Adicción (Assmca) pagó sobre

$1 millón ilegalmente a tres contratistas relacionados con las mejoras que se hicieron a

instalaciones de la agencia en Mayagüez y Cayey entre 2006 y 2008, según reveló un

informe de auditoría divulgado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Además, el informe indica que Assmca le pagó $202,000 al contratista Constructora

Cawape Inc. por trabajos que no fueron realizados y pagos duplicados, entre otras

irregularidades.

El informe se concentra en dos contratos otorgados a Constructora Cawape Inc. para

realizar mejoras permanentes en instalaciones de la agencia. Uno fue otorgado por

$1.9 millones en 2007para obra en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) y el

Centro de Tratamiento de Metadona (CTM) de Cayey, y el otro fue otorgado en 2006

por $1.4 millones para las mejoras en el Centro de Salud Mental (CSM) de Mayagüez,

ambos durante la administración de José Luis Galarza.

Los pagos irregulares que suman a $1, 071,245 se refieren a trabajos adicionales

solicitados sin que se hicieran las necesarias enmiendas a los contratos originales.

La auditoría también encontró que Assmca le pagó a Cawape Inc., que preside José M.

Pérez Reyes, $91,240 por servicios que nunca se prestaron y le duplicó un pago de

$86,800 por “trabajos adicionales”, aunque ya estaban incluidos en el pago del contrato

original. Además, Assmca le pagó $24,000 a ese contratista para cubrir los arbitrios

municipales de construcción pero el Municipio de Mayagüez nunca recibió ese pago de

parte de Cawape, según certificó la Directora de Finanzas del Municipio a los auditores

del Contralor el pasado 9 de abril, sostiene el informe.

Por otra parte, el contrato de $1.9 millones al constructor Cawape para las mejoras en

las instalaciones de Cayey, fue otorgado el 28 de noviembre de 2007 sin efectuar una

subasta formal, como requiere el reglamento de la agencia y la Ley 230 de Contabilidad

del Gobierno, según el informe de auditoría.

La contratación se hizo mediante un proceso informal de “mercado abierto” que se llevó

a cabo “de forma irregular”, luego de cancelar una convocatoria a subasta firmada por

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el administrador de ASSMCA 22 días antes, detalla el informe de auditoría. La OCPR

responsabilizó a la entonces Administradora Auxiliar de Servicios Gerenciales de la

agencia, porque presuntamente se apartó de las disposiciones reglamentarias

indicadas y no protegió los mejores intereses de la Assmca. La agencia identificó a la

funcionaria que ocupaba ese puesto entre 2006 y 2008 como Wilma Medina.

La administradora auxiliar autorizó a Cawape a iniciar los trabajos en Cayey a partir del

5 de diciembre de 2007. No obstante, la auditoría encontró que para ese entonces ya el

contratista había comenzado la obra en una fecha que no se pudo determinar. Cinco

días después de la autorización, el 10 de diciembre, Cawape ya había facturado

$682,500 por “trabajos realizados”.

El 4 de abril de 2008, Medina solicitó al contratista que realizara trabajos adicionales

por $86,800 sin que se otorgara una enmienda al contrato y el 24 de julio de 2008 el

entonces administrador Galarza autorizó el pago mediante la resolución de

reconocimiento de deuda, sostiene el informe. Sin embargo, los “trabajos adicionales”,

que consistían de la demolición de un techo en hormigón, la construcción de uno nuevo

y la construcción de columnas en hormigón y acero, entre otras, “estaban incluidos en

el contrato por lo que se pagó dos veces por dichos trabajos”, concluyó la OCPR.

Asimismo, se le pagó $73,000 al constructor por la remodelación de un ascensor en el

CRP que nunca se hizo, según el informe de auditoría.

En los trabajos del Centro de Salud Mental de Mayagüez intervinieron otros dos

contratistas que también recibieron pagos contrarios a la ley, según el Contralor, por

habérseles solicitado y pagado tareas adicionales a las contratadas sin formalizar

enmiendas a los contratos originales.

El 27 de marzo de 2006 se le otorgó un contrato por $199,557 a la firma de arquitectos

Aldo Minozzi and Associates, PSC para la evaluación de las condiciones existentes,

diseño, asistencia en el proceso de subastas y, supervisión y coordinación de las

mejoras permanentes en el CSM. De enero a noviembre de 2007, se le solicitó al

contratista que realizara trabajos adicionales por los cuales se le pagó una factura de

$119,656 mediante reconocimiento de deuda pero no se hicieron enmiendas al

contrato, señala el Contralor.

El tercer contrato sobre el CSM fue otorgado el 11 de noviembre de 2006 a la

compañía Powercom Inc, que preside Pavel Jiménez, para inspeccionar la obra por

$56,900. Este contrato, por el cual finalmente se terminó pagando la suma de

$165,629, fue ilegal, debido a que Powercom Inc. es una corporación regular y no una

corporación de servicios profesionales de ingeniería como requiere la ley para contratar

la inspección de obras. Además, en noviembre de 2008 se le pagó $37,955 por

trabajos adicionales solicitados sin otorgarse una enmienda al contrato, según el

informe.

En el trabajo de Mayagüez, la suma pagada a Cawape solamente por trabajos

adicionales no contemplados en contrato ni enmienda alguna, sumaron a $850,310,

según la auditoría del Contralor. Una de estas tareas adicionales, que consistía en la

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remoción e instalación de loza en una terraza, nunca se llevó a cabo pero se facturó

$18,240 por dicho concepto, de acuerdo al informe.

La contralora Yesmín Valdivieso recomendó en el informe que la Assmca recobre

$252,362 pagados indebidamente. La cifra incluye los $202,000 pagados a Cawepa por

pagos duplicados; por trabajos no realizados y por los arbitrios no pagados al Municipio

y por $40,000 que se le debieron descontar por atrasos en los proyectos.

También, le recomienda que se evalúen los pagos por$1, 071,245 por los servicios

solicitados al contratista ($913,634), al Arquitecto ($119,656) y al Inspector ($37,955),

sin formalizar contratos escritos o enmendar los contratos existentes, y que “tome las

medidas que correspondan, entre estas, determinar si procede el recobro de lo

pagado”.

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Contralora recomienda a ASSMCA recobrar dinero a contratista 01/27/2015

La Contralora de Puerto Rico (OCPR), Yesmín Valdivieso, recomendó, entre otras cosas, al

Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

(ASSMCA) recobrar $252,362 pagados indebidamente a unos contratistas y que se evalúe si

procede el recobro de $1,071,245 al contratista, al arquitecto y al inspector de un proyecto por no

haberse formalizado un contrato escrito o enmendado uno existente.

La información se divulgó el martes en una auditoría que señala siete hallazgos con una opinión

adversa sobre las mejoras permanentes en dos instalaciones y un contrato de servicios

profesionales y consultivos para desarrollar una campaña educativa en el Departamento de Salud y

ASSMCA.

Según Valdivieso, el informe DA-15-18, con fecha del 15 de enero, evidencia que se realizaron

mejoras permanentes sin subasta formal al Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) en y Centro

de Tratamiento de Metadona (CTM) de Cayey y además se otorgó una enmienda a un contrato

vencido se realizaron y pagaron trabajos de diseño, inspección y construcción sin contrato y se

pagaron trabajos no realizados.

Asimismo, la auditoría señala funciones conflictivas realizadas por la Administradora Auxiliar de

Servicios Gerenciales, ausencia de un inspector para inspeccionar las mejoras permanentes, y

otras deficiencias relacionadas con las obras realizadas en el CRP y endosos no solicitados para

preparar los planos de construcción, falta de documentos importantes en los expedientes de los

contratos y otras faltas relacionadas.

Además, el informe señala que se invirtieron recursos en la construcción de una sala estabilizadora,

una farmacia y una terraza que no tuvieron utilidad; falta de documentos importantes en los

expedientes de los contratos que impiden la función de la Oficina del Contralor, del secretario de

Hacienda o de cualquier otro funcionario autorizado por ley.

La auditoría DA-15-18, cubre el período del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.