monterrey origen y destino

MONTERREYORIGEN Y DESTINO

MONTERREY

ORIGEN Y DESTINO

Monterrey: revoluciones, guerras y comerciantes (1808 -1855)

Eduardo Cázares Puente Claudia Roxana Domínguez García

Miriam Martínez Wong

Municipio de Monterrey

Lic. Adalberto A. Madero QuirogaAlcalde de Monterrey

Ing. Ramón de la Peña ManriqueSecretario de Desarrollo Humano

Lic. José Antonio Olvera SandovalDirector de Cultura

Lic. Ernesto Castillo RamírezEditor

Museo Metropolitano de MonterreyZaragoza y Corregidora, Zona Centro, Monterrey, N.L. Tel. (81) 8344-2503 Fax. (81) [email protected] electrónica en: http://encicloregia.monterrey.gob.mx

Primera edición, 2009 Municipio de Monterrey

Impreso en Monterrey, MéxicoPrinted in Monterrey, México

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Introducción

I. MONTERREY DURANTE LA ÉPOCA INSURGENTE (1808-1821)

1. Las reformas borbónicas y el Nuevo Reino de León: circunstancias previas a la Guerra de Independencia

2. La insurgencia llega al Nuevo Reino de León (1810-1811)

3. Ecos de la insurgencia de Morelos, la contrarrevolución y el constitucio-nalismo hispano (1811-1815)

4. El Nuevo Reino de León ante el fin de la revolución de Independencia

Citas bibliográficas

II. MONTERREY DEL PROVINCIALISMO NUEVOLEONÉS A LA FORMACIÓN DEL ESTADO

1.La provincia del Nuevo Reino de León en los inicios de la vida indepen-diente

2. La Junta Gubernativa de Monterrey y su adhesión al Plan de Casa Mata

3. El surgimiento del estado de Nuevo León

4. Los primeros gobiernos constitucionales

5. El origen de los partidos en la élite nuevoleonesa


III. MONTERREY: UNA PERSPECTIVA DE SU HISTORIA ANTE EL CAMBIO DE FRONTERA (1835-1855)

1. Aspectos de la administración municipal del Ayuntamiento regiomon-tano durante la primera mitad del siglo XIX

2. Comercio y pequeñas industrias regionales

3. Evolución urbanística de la ciudad

4. La participación de los extranjeros en Monterrey durante la primera mitad del siglo XIX

5. La invasión norteamericana pisa suelo regiomontano: ruge la guerra en el noreste mexicano

6. La ciudad ante el cambio de frontera y sus conflictos: indios, bandidos y aventureros

Anexos


Índice de Fotos

Bibliografía

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Monterrey: origen y destino

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INTRODUCCIÓN

Una de las etapas menos conocidas o investigadas por la historia del noreste mexicano es aquella que comprende las postrimerías de la Colonia, el pro-ceso de insurgencia en la ciudad, la gradual adop-ción de la Independencia, el proceso y formación en que se contextualiza los primeros años de vida independiente de la todavía capital de provincia del Nuevo Reino de León, la formación y estable-cimiento de Nuevo León como estado y Monterrey como su capital, y su posterior desarrollo basándo-se en la institucionalización, organización de un estado republicano federal; sólo algunos estudios de los conflictos armados con Francia y los Estados Unidos de América, así como de la guerra contra los texanos angloamericanos, y de la gran coyun-tura que acercó la línea fronteriza mexicana a los márgenes del río Bravo, han sido integrados a la historiografía norestense.

La ciudad metropolitana de nuestra señora de Monterrey arribó al siglo XIX con grandes ex-pectativas de crecimiento y desarrollo económico-social. Atrás habían quedado dos siglos de zozobra social y despoblamiento del reino. La ganadería y el comercio se consolidaban como motores de bo-nanza económica.

Las reformas implementadas por los reyes borbones en los territorios de la corona durante la segunda mitad del siglo XVIII tenían como obje-tivo modernizar y hacer eficiente la administración de las provincias en cada virreinato, sin embargo, no hicieron más que acrecentar y agudizar la crisis política, social y económica de las tierras domina-das por la Corona española.

La repercusión que dichas reformas generaron fueron el comienzo de una nueva territorialidad, cambios políticos importantes como la abolición de las alcaldías mayores, creación de

Carlos IV, rey de España.

nuevos funcionarios como los intendentes, o la posterior división de las comandancias militares, entre otros detalles. Lo importante es recalcar el hecho de que, desde entonces, con la creación de las Provincias Internas de Oriente, fue objeto de importantes singularidades en su organización política y administrativa.

Monterrey: revoluciones, guerras y comerciantes

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Ante estas circunstancias surgieron diver-sas voces criollas que exigían a los españoles en el poder igualdad y trato digno. En medio del debate entre la gobernabilidad del rey de España (preso por causa de la invasión napoleónica a tierras his-panas), y la autonomía del pueblo, emerge el mo-vimiento insurgente encabezado por militares y religiosos criollos. Este movimiento tuvo buen eco entre los militares y ciudadanos del reino, logrando adoptar, por poco tiempo, la bandera insurgente en Monterrey y el establecimiento de gobiernos sim-patizantes a los movimientos independentistas que lideraba el cura Miguel Hidalgo y el capitán Igna-cio Allende en el centro del virreinato.

Después de la captura de los jefes insur-gentes, en Acatita de Baján, en marzo de 1811 (in-cluidos algunos militares neoleoneses como Juan Ignacio Ramón), el ejército realista logró controlar nuevamente la capital del Nuevo Reino del León, Monterrey. Se estableció una Junta Gobernadora que dirigió los destinos de la provincia y la capital de forma leal al virrey. Esta Junta surge como una forma de autogobierno provisional y autónomo, que se estableció en la provincia para ejercer dicha gobernabilidad en ámbitos administrativos, de ha-cienda, seguridad y justicia.

Para 1821 las circunstancias en el virreinato y en el Nuevo Reino de León habían cambiado comple-tamente. El movimiento de inde-pendencia era encabezado por mili-tares criollos que años atrás habían combatido a Hidalgo y sus huestes insurgentes. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, los criollos milicianos juraban la independen-cia en la Plaza de Armas, y con ello concluían más de doscientos años de dependencia política con la Co-rona española, y se iniciaba un pro-ceso de vida independiente para el reino y su capital: Monterrey.

Otro importante acontecimiento fue el aco-gimiento con que se recibió la introducción de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y el ejercicio de ayuntamientos electivos o las elecciones para la formación de las diputaciones provinciales. La figura de las diputaciones fue entendida como el órgano representativo más significativo y trascen-dente, por medio del cual, la élite política de las provincias orientales podían participar en el ejer-cicio del poder.

El desarrollo de esta institución se vio afec-tado tanto por la corta duración de sus gestiones como por los inconvenientes propios del contexto en que se desarrollaron, por ejemplo, el dominio de otras instituciones como el ayuntamiento, el jefe político o comandante en turno. Dicha situación se agravó de manera considerable al inicio del periodo independiente, cuando la disputa entre comisiona-dos de Saltillo para buscar la sede de la nueva di-putación, y la impugnación por parte de Monterrey para seguir reforzando y mantener su posición como capital de la diputación, se intensificó todavía más, al saberse la disolución del Congreso Nacional por el entonces emperador Agustín Iturbide.

En ausencia de una Diputación Provincial, la élite política de Monterrey se pronunció a favor

El 60% del ejército de la Nueva España eran americanos, situación preocupante por el inmi-nente peligro de rebelión.


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del Plan de Casa Mata, y estableció por segunda ocasión la Junta Gubernativa de Monterrey, a falta de un centro de unión general, y con motivos justos para evitar el caos y fomentar el orden. Esta impor-tante atribución fue motivo para que otras juntas de las otras Provincias de Oriente se resintieran de tal soberanía.

El único punto en que la mayoría de las Juntas Provincias de Oriente estaban totalmente de acuerdo era en la necesidad de establecer una Junta General de las Provincias de Oriente, medi-da encaminada a fortalecer la unión, estabilidad y desarrollo de sus propios intereses, en un territorio que se disponía a alienarse en común frente a la in-gobernabilidad ejercida en el centro del país. Esta última intención de establecer una junta general se volvió ocupación del Doctor Ramos Arizpe, quien no cesó en sus intentos por lograrlo primero con Pedro Lemus, y luego con el jefe político Felipe de la Garza.

Pero si la influencia e ideas profederalis-tas de Arizpe en la región eran llamativas en algu-nos círculos grupales de la elite del Nuevo Reino de León, en la misma atención se encontraban fuertes intereses impulsados por el Padre Mier y algunos miembros del Ayuntamiento de Monterrey, al final ambos grupos contendientes irán definiendo cada vez más y de forma más concluida sus ideas. Por lo pronto, luego de un arduo trabajo de convenci-miento y labor del Padre Mier para que el gobier-no aprobara que cada provincia tuviera su propia diputación, deshiciera las juntas instaladas bajo el Plan de Casa Mata y las cosas volvieran a un relati-vo orden, haciendo los preparativos concernientes para la elección del segundo Congreso Constitu-yente.

Así observamos la cronología de los hechos que nos refleja cómo se fueron dando las diferentes manifestaciones liberales en la región, conforman-do nuevos niveles de autogobierno y representación mediante la constitución de juntas, diputaciones y

la interacción que estas instituciones llevaron con otros cuerpos o autoridades.

La organización territorial fue otro aspecto en el que las Provincias Internas de Oriente tuvie-ron que organizarse y lidiar para solventar una a

Napoleón Bonaparte.

una las proposiciones en torno al tema. Y a pesar de que sobre este apartado aún falta mucho por inves-tigar, el punto es que la desmembración de las cua-tro Provincias de Oriente fue un hecho que parece haber sido impulsado fuertemente por el recelo ha-cia que Nuevo Santander, como estado de Tamau-lipas, tuviera las representaciones de la provincia de Nuevo León, la cual acreditó sus posibilidades para constituirse como estado independiente.

Finalmente, Nuevo León nació como esta-do soberano, libre e independiente un 7 de mayo de 1824, y Monterrey se convirtió en su capital. En adelante el deseo de autogobierno se convirtió legí-timamente en una realidad. La preparación para las elecciones del primer Congreso local dio por resul-tado el establecimiento de la primera legislatura el 1 de agosto de 1824.

Luego le siguió la preparación de la Cons-titución local, que nuevamente pone énfasis en la


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continuidad e importancia de la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812. Es por ello que dedicamos un apartado para puntualizar algunas ideas o conceptos como: ciudadanos, el proceso de elecciones, facultades del gobernador y del congre-so local con el propósito de que puedan ser ilustra-tivos para estudios posteriores.

Por último, terminamos con el apartado que se relaciona al proceso de cómo se estableció la concepción de un estado liberal y la manera en que el estado de Nuevo León concibió el ejercicio de dichas políticas liberales al respecto. Con ello se da cuenta tanto de las nociones prácticas y teóricas de diversas políticas que atienden desde los temas más ordinarios, como es el caso de la educación, a otras de índole más institucional que atienden las necesi-dades propias de una población como la asistencia o beneficencia pública, hasta las más controver-siales como el empeño del estado en intervenir en asuntos clericales mediante la Junta de Diezmos.

Para complementar la idea de la sociedad y las políticas en desarrollo de los gobiernos institu-cionales, asociamos por último la significación de algunos espacios importantes de crecimiento tanto para los grupos políticos en sí, como las políticas orientadas en el desarrollo y necesidades de la po-blación. Así interpretamos la gestión e importancia del Ayuntamiento de Monterrey, que motivó tanto a la clase política en su desenvolvimiento en los car-gos públicos como a su labor en la puntualización o aplicación de algunos decretos y la creación de otros, como las ordenanzas municipales. En tan-to, en espacios como la creación de las Sociedades Patrióticas de Amigos del País se puede apreciar más claramente el desenvolvimiento de proyectos encauzados para fomentar el crecimiento de la so-ciedad en la economía.

Trabajamos la consolidación de una de las instituciones más antiguas de la colonia: el Ayunta-miento regiomontano. En este capítulo agregamos aspectos relacionados a su funcionamiento, las

discusiones y acuerdos, su relación con la Iglesia católica y su transformación como corporación re-publicana.

Asimismo, analizamos el desarrollo de los primeros talleres de obra técnica en la ciudad, la consolidación del comercio como actividad econó-mica no sólo de supervivencia, sino como creativa de las grandes fábricas de finales del siglo XIX, y de la feria de Monterrey como núcleo comercial de esta región.

Analizamos la situación de la novel nación mexicana en sus primeros años de independen-cia, la cual estaba envuelta en conflictos políticos, militares, económicos y sociales que impedían su desarrollo; y, por otra parte, los Estados Unidos emergían como un gigante devorador de territorios, con una economía en constante crecimiento y un sistema político estable y ordenado. Para 1848 los angloamericanos concluían una guerra con México que les dejaba de ganancia los territorios de Texas, Nuevo México y las Californias. En este trabajo aplicaremos aspectos sobre la invasión norteameri-cana a Nuevo León y el control político económico que ejercieron en Monterrey los administradores estadounidenses.

Así advertimos la vida de la ciudad de Mon-terrey durante la primera mitad del siglo XIX, mo-deradamente afable y algunas veces interrumpidos por los ataques indígenas. La ciudad atravesó la línea de una capital de provincia perteneciente a un reino, para convertirse en capital de un estado libre y soberano integrante de una república federal.


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Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la independencia novohis-pana.

CAPÍTULO IMONTERREY DURANTE LA ÉPOCA INSURGENTE (1808-1821)

1. Las reformas borbónicas y el Nuevo Reino de León: circunstancias previas a la Guerra de Independencia

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y los pri-meros años del siglo XIX el mundo entero sufrió una transformación en todos los niveles y sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. Los ideales de libertad, autogobierno, democracia y, hasta ciertos límites, de igualdad propuestos por la Ilustración, fueron adoptados por los revoluciona-rios franceses y los colonos norteamericanos. Asi-mismo, el sistema mercantilista fue reemplazado por el liberalismo económico.

Sin embargo, para las colonias españolas en América, dos acontecimientos serían determinan-tes para la adopción del pensamiento moderno y el cambio político: por un lado el establecimiento de las reformas borbónicas, y, por el otro, la inva-sión napoleónica a España. Hacia 1808, a falta de monarca, los novohispanos se percataron de que el autogobierno era posible, dando paso a la discu-sión política. Estos eventos, además del fracaso del Cabildo de la ciudad de México en el intento de lograr una transición política pacífica, dieron pie al inicio del movimiento armado encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en septiembre de 1810.

El Nuevo Reino de León no escapó a este torbellino de acontecimientos, a pesar de su tardía fundación y de que la lejanía hacía difícil la comu-nicación con el centro del virreinato. De acuerdo

a la historiografía local, la insurgencia en Nuevo León no registró acontecimientos de gran realce dando la impresión de que fue algo externo y aje-no. Si bien es cierto que la mayoría de las batallas insurgentes tuvieron lugar en otras regiones novo-hispanas, esto no quiere decir que el noreste, y en particular el Nuevo Reino de León, permaneció estático e indiferente ante estos eventos.

1.1. Situación general de las Reformas Bor-bónicas

Para el siglo XVIII la familia Borbón llegó al tro-no español y encontraron serios problemas, prin-cipalmente de carácter administrativo, tanto en la península como en los territorios de ultramar. Estos problemas se reflejaban especialmente en las con-diciones económicas de España, ya que, a pesar de poseer un vasto imperio, el país vivía endeudado.


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Debido a esta situación, y al advenimiento de la llamada modernización que vivía Europa, im-pulsada principalmente por la Ilustración, la nueva familia real decidió comenzar la modernización en el imperio español. Las Reformas Borbónicas se implementaron primero en territorio europeo para trasladarse después a los territorios americanos. Es-tos últimos cambiaron de estatus, ya que se rechazó la idea de los reinos confederados, pasando enton-ces a ser colonias1. Con el fin de conocer las con-diciones en las que se encontraban los territorios americanos, se determinó realizar una valoración de los mismos. Para llevar a cabo dicha valoración se enviaron visitadores a los virreinatos.

En 1765, José de Gálvez, enviado por el rey Carlos III con la encomienda de valorar a la Nue-va España, se encontró con varias situaciones en América que preocupaban a los Borbones, una de ellas era, según Lynch, que los colonos americanos cuestionaban, evadían o modificaban leyes en lugar de cumplirlas con ciega obediencia2.

Otro aspecto que preocupaba al gobierno Borbón era el poder que adquirieron los criollos, sobre todo con la venta de cargos públicos. De la misma forma, objetaban la dependencia de los Habsburgo hacia la Iglesia, ya que favorecían una

administración secular integrada por burócratas ci-viles y militares3.

Gálvez determinó que era necesario un cambio en distintos rubros: distribución del terri-torio, modificaciones al sistema de administración pública y política interna, reestructuración del sis-tema económico y de recaudación de impuestos, creación y fortalecimiento de un ejército que de-fendiera los territorios fronterizos, entre otras.

En su afán por mejorar la administración pública, y por consiguiente la recaudación de im-puestos, así como la defensa de los territorios fron-terizos de incursiones extranjeras e indígenas; el 22 de agosto de 1776 instauró la Comandancia Gene-ral de las Provincias Internas. Dicha Comandancia estuvo compuesta en un principio por las provin-cias de Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora, Coahuila, Texas y las Californias. El poder político y militar quedó en manos de un comandante res-ponsable directamente ante el rey4, limitando así el poder del virrey.

La nueva organización territorial requirió de un nuevo aparato burocrático, uno que no fuera susceptible a la corrupción, y que además velara por los intereses de la corona. Por ello, Gálvez recomen-dó la abolición de los alcaldes mayores, así como la

Discusión entre criollos.


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Por otro lado, se tomaron medidas encami-nadas a mantener el control sobre las importaciones y las exportaciones americanas. De este modo las colonias se vieron reducidas a proveedoras de ma-terias primas y metales preciosos, además de pro-porcionar el principal mercado para los productos españoles. El gobierno español sirvió de interme-diario en el comercio con otras naciones8.

No obstante las medidas de control, el co-mercio se fortaleció hacia el interior de la Nueva España. Este fortalecimiento tuvo sus bases en la redistribución de mercancías. El transporte de di-chas mercancías estaba a cargo de los arrieros y la comercialización en manos de los comerciantes a detalle en las ciudades novohispanas9.

En cuanto a la incipiente actividad indus-trial, en un principio estaba representada por talle-res que realizaban su labor de manera artesanal. Se puede hablar de la existencia de la pequeña in-dustria de jabón, vidrio, objetos de cerámica y cur-tiduría; aunque la más desarrollada fue la textil. Las manufacturas novohispanas eran de gran calidad, sin embargo, la política económica a favor de los productos europeos impidió su total desarrollo10.

No obstante, a pesar de que la mayoría de las medidas iban encaminadas a tener un control riguroso de la economía novohispana, las medidas más duras se enfocaron en debilitar la Iglesia. La monarquía española y la Iglesia católica habían tenido buenas relaciones, tanto que “[…] a partir del concordato de 1737, celebrado por Felipe V con la Santa Sede, los bienes de la Iglesia quedaron sujetos a impuestos que beneficiaron al Estado y que también podían ser objeto de desamortización […]”11. Ese impuesto subió hasta 15% en 1798.

Además de este impuesto, la Iglesia fue obligada a prestar grandes cantidades de dinero a la Corona. La presión económica sobre la Igle-sia desembocó en la promulgación de la Cédula de Consolidación de Vales, el 26 de diciembre de 1804. Mediante esta disposición, “[…] los funcio-

creación de nuevas instancias de gobierno, en este caso los intendentes. El intendente debía encar-garse de los ramos de administración de hacienda, justicia y policía, subordinado a la autoridad del vi-rrey, pero nombrado por la Corona. Igualmente se proyectó la creación de un nuevo rango de oficia-les subordinados al intendente: los subdelegados, quienes tomarían el lugar de los alcaldes mayores5.

Estos nuevos funcionarios públicos de-bían privilegiar los intereses de la Corona sobre los intereses locales, por ello se prefirió a españoles peninsulares para esos puestos. Además contaban con salarios pagados por la Corona para evitar la corrupción; todo esto con el fin de desarticular los grupos de poder locales, sin embargo, esto no fun-cionó ya que “[…] los nuevos funcionarios tenían que comprometerse con los intereses ya existentes, o se les negaba la plenitud de poder que reclama-ban. […]” 6.

En cuestiones económicas, las Reformas Borbónicas influyeron en todos los rubros de la economía novohispana. Sin embargo, la mayoría de las disposiciones se enfocaron a incentivar el

José de Gálvez, enviado del rey Carlos III con la encomienda de valorar a la

Nueva España.

comercio, con algunas limitaciones propias de los regímenes absolutistas. Las medidas implementa-das incluían, entre otras cosas, crear otros consu-lados con el fin de restarle poder al consulado de la ciudad de México7, asimismo, se abrieron otros puertos al comercio además del de Veracruz.


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narios reales [podían] embargar y subastar los bie-nes inmobiliarios de la Iglesia […]”12.

Esto significó un duro golpe para la eco-nomía novohispana, ya que la Iglesia era la insti-tución de financiamiento por excelencia. Muchos propietarios de minas, hacendados, comerciantes y demás deudores tuvieron que rematar sus pro-piedades quedándose en la bancarrota. Después de numerosas protestas por parte de los habitantes americanos, la Cédula de Consolidación de Vales se suprimió.

Por otro lado, uno de los ámbitos de la vida novohispana que se vio beneficiado con las Refor-mas fue el cultural. En conjunto con los cambios en la educación se requería de otros medios para di-fundir las ideas ilustradas entre la población. A este respecto, los reformadores tomaron medidas para promover la libertad de expresión, resultando ésta fundamental para la discusión y propagación de la ideología ilustrada. La discusión de estas ideas permitiría su reflexión y adopción, desembocando después en el debate de formas de gobierno distin-tas a la monarquía absoluta.

Las publicaciones periódicas, en ese tiem-po denominadas gacetas, fueron uno de los princi-pales medios de difusión utilizados13. Estos perió-dicos también informaban acerca de historia, arte, literatura y filosofía.14 Dentro de esta relativa liber-tad de expresión se ejercía censura en escritos que para la monarquía y la religión católica resultaban poco convenientes. Sin embargo, dicha censura era muy inestable y en ocasiones contradictoria, ya que, como lo menciona Jaime Rodríguez,

[…] acontecimientos que podrían haber tenido implicaciones revolucionarias eran comentados abiertamente; por ejemplo, las publicaciones madrileñas incluían re-laciones de la lucha independentista de los Estados Unidos. Más tarde, publicaron la edición en español de la Constitución esta-dounidense, [también] analizaban aspectos de la Revolución Francesa mientras defen-dían la fe católica y la monarquía española15.

Otro medio eficiente de propagación de ideas era la comunicación oral, tomando en cuenta que el porcentaje de analfabetismo era alto. Las ter-tulias eran veladas en donde los amigos y familia-res se reunían para hablar y discutir sobre diver-sos temas. “[…] En España y América las tertulias reunieron a las élites –nobles y del estado llano–, comerciantes, funcionarios gubernamentales, sa-cerdotes, profesionales y otras personas educadas, para hablar de gran cantidad de temas. […]”16. Para las otras clases sociales, la difusión y discusión de ideas se llevaba a cabo en cafeterías, mercados y cantinas, principalmente.

Por último, diremos que la reorganización de territorio permitiría la defensa de espacios clave para la América española, como lo eran las fronte-ras. Estas regiones eran asediadas por los extran-jeros, sobre todo al norte de la Nueva España por norteamericanos y franceses. Si bien es cierto que las fronteras, sobre todo la localizada al norte de la Nueva España, contaban con presencia militar en los presidios, éstos eran insuficientes. El número de efectivos militares disminuyó al detenerse el avance hacia el norte, conservando pequeños regimientos para contener los ataques indios. Otras áreas que requerían atención eran los puertos comerciales, asaltados por piratas, bucaneros y corsarios.

El comercio se fortaleció hacia el interior de la Nueva España.


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A raíz de esto, las autoridades españolas decidieron que era necesario contar con un ejército permanente que pudiera cuidar de estos territorios. Al ejército americano se le concedieron fueros, y resultaba una fuente de movilidad social importan-te para los americanos que llegaron a ser 60% del ejército. Esta situación preocupaba a la Corona por el peligro inminente de una rebelión. Por ello, los criollos en puestos importantes fueron removidos y sustituidos por oficiales peninsulares17. También fueron conformados cuerpos de milicias civiles que apoyarían al ejército en la defensa.

De manera breve, ésta fue la situación y los cambios que se vivieron en España y en la Nueva España, cambios motivados en primera instancia por el cambio de casa reinante en la metrópoli. Si bien el sistema de intendencias propuesto al prin-cipio por José Campillo y después por José de Gál-vez,

[…] tuvo éxito en lo que respecta al mejo-ramiento del gobierno de las provincias, el aumento en la recaudación de impuestos y el fomento del desarrollo económico y re-gional, en última instancia su legado fue impulsar el regionalismo. […] los nuevos funcionarios dislocaron los lazos políticos y económicos que unían las elites locales con sus equivalentes de las capitales virreinales;

mas también dieron oportunidades de mo-vilidad social y económica en el plano pro-vincial. Mejoraron los caminos y las obras públicas, la salubridad y el abastecimiento de agua, […]18.

El resultado de las reformas borbónicas no pudo dejarse sentir del todo debido a las guerras en las que participó España, además de la invasión que sufrió a manos de Napoleón. No obstante, des-

pertó el debate político entre los pobladores ame-ricanos, y surgieron conceptos nuevos como el de ciudadano, pero, sobre todo, ciudadano americano. Se buscó una identidad propia, y la lucha contra el mal gobierno que los oprimía desembocó en la Guerra por la Independencia.

Los españoles americanos (en lo sucesivo llamados americanos o criollos) fueron formando una identidad propia, distinta de la europea. Se re-gistró un fenómeno de sincretismo en la educación al revalorar e incorporar elementos prehispánicos y de la conquista, mucha de esta labor estuvo a car-go de los jesuitas, al frente de las principales insti-tuciones educativas novohispanas. De este modo comenzaría a vislumbrarse un sentimiento de iden-tidad y nacionalismo americano, al considerarse distinto del europeo19.

Las tertulias eran reuniones propicias para debatir sobre temas polémicos.

La gaceta fue el medio por el cual se difundieron la ideología ilus-trada.


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y 3) Sonora, Sinaloa y las Californias. No obstante, las modificaciones siguieron, y para el 3 de diciem-bre de 1787 el virrey Manuel Antonio Flores redujo las Provincias Internas a dos comandancias: la Co-mandancia de las Provincias Internas de Oriente (Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Parras y Saltillo) y la Comandancia de las Provincias Internas de Occidente (las Califor-nias, Sonora, Sinaloa y Nueva Vizcaya).23

La reorganización del territorio fue una constante en el periodo colonial tardío, y para el 24 de noviembre de 1792 la Comandancia General se volvió a independizar del virreinato y su capital se fijó en Chihuahua. Sin embargo, Nuevo León, Nuevo Santander y las Californias quedaron suje-tas al virreinato. Por último, el 18 de mayo de 1804, se volvió a dividir en dos Comandancias Gene-rales, tal como lo estuvieron en 1786, pero ahora ambas dependían del virrey. Este último cambio no llegó a concretarse antes del inicio de la Guerra de Independencia24.

La base de la economía nuevoleonesa eran la agricultura y la ganadería, en esta última activi-dad sobresale la cría de ganado menor. El goberna-dor Simón de Herrera presentó al virrey un informe acerca de la situación en la que se encontraba la provincia en 1806.

Las actividades agrícolas reportaban pro-ducciones en regulación al año por un quinquenio de la siguiente manera: maíz, 127,575 fanegas a 20 reales; trigo, 4,452 fanegas a 20 reales; fríjol, 3,301 fanegas a 4 pesos 4 reales; el algodón comenzaba a ser introducido para su cultivo; se producían 31,538,630 panes de piloncillo a 32 panes por un peso. Otros productos agropecuarios eran la lana, 16,638 arrobas a doce reales; la grana, el ixtle y el añil sólo se obtenían para el consumo local; por último, menciona la producción de maderas como brasil, ébano, barreta, palo amarillo y mezquite.25

En lo concerniente a la ganadería, existían en la provincia 51,532 cabezas de ganado mayor; ganado de pelo y lana 1, 115,360 cabezas; ganado de

1.2. Aplicación de las Reformas Borbóni-cas en el Nuevo Reino de León

En cuestiones políticas y hacendarias se impuso otra división territorial: las intendencias. En 1786 se emitió la Real Ordenanza de Intenden-tes, me-diante la cual el territorio se repartió en doce cir-cunscripciones llamadas intendencias. Las doce intendencias fueron México, Puebla, Guadalajara, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Zacatecas, Gua-najuato, San Luis Potosí, Mérida, Durango y Ari-zpe20.

A partir de la Real Orden de Intendentes se determinó que los territorios septentrionales debían ser gobernados por el intendente establecido en San Luis Potosí, “[…] cuya jurisdicción se amplió con la inclusión de los gobiernos del Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Texas y Coahuila, así como con una buena parte de la Nueva Galicia”21.

Para 1786,22 después de la publicación de la Real Ordenanza de Intendentes, el Nuevo Rei-no de León y el Nuevo Santander se unieron a las Provincias Internas, las cuales se dividieron en tres distritos militares: 1) Texas, Coahuila, Nuevo Rei-no de León, Nuevo Santander, los distritos de Pa-rras y Saltillo; 2) Nuevo México y Nueva Vizcaya

Los jesuitas tuvieron un papel importante en la educicaón, sincre-tizaron elementos españoles e indígenas.


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cerda (sic), 3,285 cabezas; ganado caballar, 54,720 cabezas y ganado asnal, 3,080 cabezas.26

Por otro lado, la provincia nuevoleonesa registró un crecimiento económico a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El crecimiento económico se debió, según Andrés Montemayor, al crecimiento y delimitación de las Provincias In-ternas de Oriente que trajo consigo la colonización del Nuevo Santander y con esto último la relati-va pacificación del territorio. Aunado a la apertura del puerto de Soto la Marina en 1781, Monterrey se colocó como distribuidora de mercancías.27 A pesar de ello, la apertura de este puerto no cubrió las necesidades y expectativas comerciales de las Provincias Internas de Oriente.

La importación y exportación de mercan-cías se encontraba todavía muy vigilada y restrin-

gida. Esto lo corrobora el informe presentado por Félix María Calleja en 1795, en el cual manifestó que era necesario abrir un puerto en el norte. Los beneficios que se obtendrían en las Provincias de Oriente serían, entre otras cosas, el fortalecimien-to del comercio y el mejoramiento en las formas de vida.

En el Nuevo Reino de León había varios reales de minas, pero la producción de plata no fue trascendental en comparación con la producción de otras minas en la Nueva España, no así la ex-tracción de plomo y de otros insumos necesarios para el beneficio de la plata en otros centros mine-ros cercanos.

Según el informe del gobernador Simón de Herrera, la actividad minera reportaba lo siguiente: “De hierro: se dice que en toda la Sierra Madre hay

Mapa de los Obispados de la Nueva España.

mucha vena pero nadie la ha beneficia-do. De plomo hay muchas en la pro-vincia con ley de plata, pero consta que no sufre los costos; de cobre sucede lo mismo; […]”; en lo referente a la plata, hubo denuncias de minas en Vallecillo y Cerralvo, pero las vetas se agotaron rápido o el beneficio se volvió riesgo-so. Por último, en la Sierra Madre se encontraba mucho alabastro, el cual se ha obtenido y mandado a México, y también el yeso.

Para el Nuevo Reino de León, en el ramo industrial, se reportaron tres sectores en el informe del gober-nador Herrera: las curtidurías con una producción anual de 400 suelas, 400 cordobanes y 50 baquetas descarna-das; los textiles, en los que a pesar de que el trabajo es doméstico y apenas se estaban introduciendo los telares, las mujeres producían rebozos finos, cotonías y jorongos de lana; el último


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ramo industrial era la destilación de aguardiente de caña, con una producción de 25 a 30 barriles anuales. Asimismo, se denunció la exis-tencia de salitres, pero sin beneficiar.28

Por otro lado, de acuerdo a la generalidad de la historiografía regional, el ambiente cultural del Nuevo Reino de León y de los territorios nor-teños en general era muy distinto con respecto al del centro del virreinato. Según Galindo, este va-cío se debe a que las instituciones ya conformadas, ocupadas en asuntos relacionados con la seguridad

de la población y mantener el nivel de vida de la misma, por ello lo concerniente a la educación y a las demás expresiones culturales quedaban en se-gundo plano.

Ante la ausencia de una entidad que asu-miera el compromiso de satisfacer los requerimien-tos de la población, la Iglesia era la única institu-ción con la capacidad y recursos necesarios, ya que no sólo atendía los asuntos de carácter ultraterreno, sus esfuerzos se dirigían a la realización de tareas de la más variada índole, como serían: el estable-

Documento sobre el estado de los ejércitos de las Provincias Internas de Oriente a finales del siglo XVIII.

cimiento de escuelas elementales y hospitales, le-vantamiento de censos poblacionales, la prestación de servicios sociales y las inherentes al desarrollo de las actividades económicas, por ser la Iglesia la única fuente de financiamiento de toda obra públi-ca y privada. […].29

Para el Nuevo Reino de León de finales del siglo XVIII y principios del XIX, las manifesta-ciones culturales son pocas en relación a las repor-tadas en otras partes de la Nueva España. No se construyeron grandes iglesias ni conventos; el arte

barroco y neoclásico no floreció en estas regio-nes y puede decirse que las construcciones eran más bien modestas y sencillas.30

Hacia 1787 se construyó el Palacio del Obispado por fray Ra-fael José Verger, quien fue nombrado obispo en 1783.31 Su sucesor, don Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, ori-ginario de Zacatecas, fue nombrado obispo en 1792, ambos eran doctores en derecho por la Universidad de

México; entre sus legados más importantes pode-mos citar la fundación del Real y Tridentino Cole-gio Seminario en 1793.

La instauración de la silla episcopal en esta provincia trajo consigo un impulso a la educación y la cultura. Sin embargo, un elemento fundamen-tal para la difusión de ideas, la imprenta, no estaba presente en el Nuevo Reino de León en esos mo-mentos, haciendo que el avance cultural fuera to-davía muy modesto cotejado con lo sucedido en el centro-occidente de la Nueva España.


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1.3. La crisis monárquica y los ecos del debate político

La crisis de las monarquías absolutas no sólo tuvo su origen en la Ilustración, sino también en las condiciones sociales y económicas del grueso de la población en toda Europa. Si bien es cierto que la evolución y la discusión sobre las formas de go-bierno fueron el comienzo, la situación social de la población común era desesperada. Aunado a esto, los intereses de grupos como la burguesía fueron elementos importantes para la caída del absolutis-mo.

En los regimenes absolutistas el poder se centraba en la figura del rey, quien tenía el derecho a gobernar por gracia divina. Debido a esto, en el imaginario colectivo, los súbditos estaban a merced de las decisiones del monarca. En el caso de Espa-ña algunas de esas decisiones no fueron acertadas.

En la política interior, los reformadores borbónicos (llamados también francófilos), al afec-tar los intereses de algunos sectores de la población como la Iglesia y la aristocracia, generaron descon-tento al interior de los territorios españoles tanto europeos como americanos. La política interna su-

frió algunos cambios después de 1792, al ser testigos del caos provocado por las masas des-controladas en la radicalización de la Revolución francesa, el control interno se intensificó. En lo que respecta a los terri-torios americanos, la población se encontraba descontenta por el aumento en el control fiscal y las reformas en materia eco-nómica que buscaban el in-cremento en la recolección de impuestos.

En política exterior se puede mencionar que España no supo manejar el monopolio del comercio con los territorios

americanos, apoyó a las colonias inglesas en Amé-rica en la lucha por su independencia, lo cual era un desafío abierto hacia Inglaterra; fue parte del grupo de naciones absolutistas que buscaban detener la expansión de la Revolución francesa. Esto último llevó a España a la guerra contra Francia; que resul-tó vencedora sometiéndola a un tratado humillante que obligaba a la monarquía española a apoyar el bloqueo continental en contra del imperio británi-co, lo cual resultó una catástrofe para España.

La alianza con Francia en contra de Ingla-terra permitió la entrada del ejército francés a terri-torio ibérico. Esta situación, además de los descon-tentos con respecto a la política interna, propicia-ron la conspiración y el golpe de Estado dado por el príncipe heredero Fernando VII, quien era visto como la solución a los problemas intestinos. Fue así como Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII el 19 de marzo de 1808.

Napoleón aprovechó la transición de po-deres y la estancia del ejército francés en territorio español para obligar a la familia real a trasladarse a Bayona. Fernando VII abdicó en favor de los fran-ceses el 1 de mayo de 1808 durante su estancia en

Mapa de la Comandancia General de las Provincias Internas de Oriente de la Nueva España.


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esa ciudad. A su vez, Napoleón instauró en el trono a su hermano José Bonaparte.

No obstante, a pesar de que los monarcas habían entregado las riendas de la nación a extran-jeros, una parte del pueblo español consideraba que la enajenación del imperio español era ilegítima y que el monarca estaba violando el contrato social monarca-pueblo. El ambiente de debate e inter-cambio de ideas en los distintos espacios (prensa, tertulias, escuelas) propició el surgimiento de un sentimiento de nacionalismo español.32 A razón de esto se organizó la resistencia española.

Las noticias de la abdicación de Fernando VII y la invasión francesa alertaron a las élites no-vohispanas y también surgieron los debates sobre en quién recaía la soberanía, sobre la manera en que debían gobernarse y, sobre todo, quién tenía el legítimo derecho a gobernar en los territorios ame-ricanos. Eran tiempos de incertidumbre.

Para sorpresa de los franceses, el pueblo es-pañol se resistió a la ocupación francesa, y no sólo eso, se mantuvo fiel a quien consideraba el legítimo monarca. François-Xavier Guerra afirma al respec-to:

[…] El mismo Napoleón, […] no había pre-visto para la monarquía hispánica más que algunos disturbios sin importancia. [Tam-bién] hay que señalar el origen popular del levantamiento [y, por último,] sorprende la identidad de reacciones tanto en España como en América […].33

Bajo estas circunstancias es importante re-saltar varios aspectos, en primer lugar el interés del pueblo en la situación política de su patria. Dicho interés fue incentivado, por un lado, por las refor-mas en la educación que promovieron los ilustra-dos españoles y, por otro, la libertad de expresión plasmada en los periódicos y gacetas de la época.

Siendo ésta la situación, el imperio español se encontraba acéfalo, y dadas las circunstancias de la guerra, resultaba imperativa la formación de un gobierno provisional que encabezara la defensa

de dicho imperio. Debido a ello comenzaron a for-marse juntas de gobierno provisionales, primero en varios reinos de la península ibérica y después una Junta Central, ya que “[…] en el imaginario domi-nante en todo el mundo hispánico de esta época, el “pueblo”, origen de la soberanía, se piensa ante todo un conjunto de “pueblos” […]”.34

Como resultado, el 25 de septiembre de 1808, se constituyó, en Aranjuez, la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino, conformada por dos representantes de las juntas formadas en los reinos y provincias españolas. La formación de dicha Junta llevó a los hispanos a un debate im-portante, sobre todo con respecto a los territorios americanos y su representatividad, ya que existían

En 1787 se iniciaron los trabajos de construcción del Palacio del Obis-pado en la Loma de Vera. Esta obra arquitectónica es representativa del arte colonial en Monterrey.

opiniones encontradas acerca de las condiciones de igualdad entre peninsulares y americanos. Aunque en un primer momento, lo primordial era conseguir el reconocimiento y apoyo de los territorios ame-ricanos en la lucha contra el invasor francés y, por consiguiente, el reconocimiento a este gobierno temporal.

Para el caso de América, existían divergen-cias entre sus pensadores: la mayoría propugnaba por un cambio pacífico, recurriendo como justifica-


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ral, ésta era la postura de la Audiencia de la Nueva España.

Por otro lado, los criollos, específica-mente los integrantes del Ayuntamiento de la ciudad de México, basaban su postura en tres argumentos principales: la Nueva Espa-ña como un reino y no como una colonia; la soberanía popular en ausencia del rey, y el de-recho a convocar a un congreso de ciudades en donde la primera sería la de México.Para el 19 de julio de 1808, el Ayuntamiento soste-nía que “[…] el reino de Nueva España estaba representado por sus tribunales superiores, por las ciudades que lo constituían, el clero

y la nobleza. […]”,37 asimismo, le propuso al virrey José de Iturrigaray la conformación de una junta integrada por estos mismos para que gobernaran la Nueva España.

Para el 3 y el 5 de agosto de 1808, el Ayun-tamiento le solicitó al virrey se integrara una junta con las principales autoridades. Como resultado, y a pesar de la oposición de la audiencia, Iturrigaray convocó a las principales autoridades de la ciudad de México a cuatro sesiones, éstas eran el paso previo a la convocatoria para que todas las demás provincias del virreinato formaran parte de dicha junta. Estas juntas se llevarían a cabo los días 9 y 31 de agosto, así como el 1 y 9 de septiembre. Las reuniones servirían de prueba antes de convocar a juntas a nivel nacional.38 Las acciones del virrey pa-recían inclinarse hacia los criollos, lo cual creó des-confianza entre los miembros del Real Acuerdo.

Los acuerdos a los que se llegaron como resultado de estas primeras juntas en la ciudad de México fueron: se reconocía a Fernando VII como gobernante legítimo y que el virrey sería su repre-sentante legítimo en la Nueva España, así como el repudio a Napoleón. Sin embargo, las posturas del Ayuntamiento y de la Audiencia se radicalizaron y resultaron irreconciliables.

Además, el que Iturrigaray accediera a las peticiones del Ayuntamiento, convenció a la Au-

ción a elementos tradicionales (el mito visigodo,35 la defensa de la religión católica y la ampliación de la élite sin que ésta desapareciera) para hacer frente a la tiranía francesa, motivados también por el horror que les provocó el radicalismo de la Re-volución francesa. Otros comenzaban a hablar de cambios más profundos como el autogobierno, e incluso una independencia de la metrópoli. Con el avance de los acontecimientos tanto en la península como en los territorios americanos, los movimien-tos políticos fueron militarizándose, y por lo tanto se radicalizaron, dando como resultado las revolu-ciones de independencia americanas.

Al estar enterados de las acciones de los compatriotas ibéricos ante los franceses, surgió, entre la élite gobernante novohispana, algunos de ellos con ideas políticas modernas y otros tradicio-nales, la discusión sobre qué forma de gobierno debería adoptarse temporalmente. Como parte de los debates se formaron dos posturas claramente opuestas.

La primera, representada por la élite espa-ñola gobernante, en su mayoría europea, optaban por mantener lo ya establecido: “[…] El presente estado de las cosas, nada ha alterado el orden de las potestades establecidas legítimamente y deben todas continuar como hasta aquí […]”,36 en gene-

Motín de Arajuéz. Los descontentos con respecto a la política interna, propi-ciaron la conspiración y el golpe de estado. Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII el 19 de marzo de 1808.


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diencia de que estaba a favor de éstos. Alarmados porque posiblemente perderían todos los privilegios que tenían, organizaron un golpe de Estado enca-bezados por Gabriel de Yermo el 15 de septiembre de 1808. José de Iturrigaray y todos los miembros del Ayuntamiento fueron apresados. El mariscal de campo Pedro de Garibay fue erigido virrey.

De este modo, el primer intento para cons-tituir juntas de gobierno provisionales como los súbditos de la península se vio frenado. Como con-secuencia, las discusiones de gobiernos alternos fueron llevadas a la clandestinidad, dando origen a las primeras conspiraciones criollas. Entre las más conocidas podemos mencionar la conspiración de Valladolid, encabezada por Mariano Michelena y la de Querétaro, liderada por Miguel Hidalgo. La primera fracasó en su intento de iniciar una revolu-ción, aspecto que consiguió la segunda.

1.4. El Nuevo Reino de León ante el inicio de los cambios políticos

A pesar de la distancia geográfica y de interés entre el Nuevo Reino de León y la ciudad de México, y más aún, de la Metrópoli, las noticias sobre la in-vasión francesa a España y la deposición del Rey llegaron relativamente pronto a estos territorios,39 y durante todo el conflicto se mantuvo el flujo de in-formación. Las primeras noticias se registraron en las actas de cabildo de la ciudad de Monterrey. En la sesión del 20 de agosto de 1808, el Ayuntamiento fijó su postura ante esta situación de la siguiente manera:

[…] =Excelentísimo señor= Luego que esta ciudad tuvo la plausible noticia de la exalta-ción al trono de nuestro amado soberano el señor Dn. Fernando Séptimo, llena de jú-bilo y alegría prorrumpió en vivas demos-traciones del afecto que es connatural hacia sus monarcas y sólo esperaba para acordar las disposiciones correspondientes a recibir las superiores ordenes de Vuestra Excelen-

cia. En este estado se hallaba cuando los papeles públicos han visto las fatales acae-cimientos de nuestra Monarquía que le han llenado del más vivo dolor, manifestándo-lo todos en sus semblantes y discursos y aunque no manifestó a Vuestra Excelencia como la han hecho otras ciudades la dispo-sición con, que se halla de sacrificar todos los bienes y personas de sus individuos en defensa de sus monarca de la Patria y de la Religión […].40

Éste fue el carácter de la respuesta nuevo-leonesa al conflicto en Europa. Además, porque así lo mandaban las leyes y costumbres, se juró leal-

José Bonaparte fue impuesto en el trono de España por su hermano Napoleón Bonaparte, monarca del imperio francés.

tad al nuevo rey, don Fernando VII, con el lujo y pompa acostumbrados, el 4 de noviembre de ese año.41 También comenzaron las exhortaciones a la población para que participaran en la cooperación monetaria en apoyo a la resistencia patriótica.42

Toda la provincia se mantuvo al tanto de los acontecimientos en la madre patria por medio de bandos y comunicados enviados desde México. En ellos se copiaban las disposiciones emitidas en España sobre la resistencia civil, y lo más impor-tante, sobre la formación de gobiernos alternos y su


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evolución hasta llegar, en primer lugar, a la instau-ración de la Junta Suprema de Gobierno,43 después al Consejo de Regencia, y también todo lo referen-te a la convocatoria para la elección de diputados para las Cortes.

Hacia 1808, se recibieron varios bandos en donde se relataba la forma en la que Napoleón ha-bía engañado a los Borbones para usurpar el trono español. En este mismo bando, firmado por Pedro de Garibay, también se apeló al patriotismo y al vasallaje para contribuir a la defensa del imperio de los enemigos externos, en este caso Napoleón, promoviendo la unidad entre los vasallos ultramari-nos y los peninsulares para hacer frente al enemigo común.

“Los mares nos dividen, y no podemos combatir contra el usurpador; ci (sic) pudiéramos (ya os oigo decir) iríamos a sacrificar gustosamente nuestras vidas en defensa de nuestra Religión de nuestro Rey, y de nuestros Hermanos. No pode-mos es cierto hacer estos gloriosos sacrificios; pero ci (sic) queremos tener alguna parte en tan eroica empresa, desplegad vuestra generosidad, socorred a la península, abrid vuestros tesoros, y remitidlos sin pérdida de tiempo. Ygualaos en lo posible con vuestros hermanos en la España. Allí dan su sangre y aquí podréis dar vuestras riquezas; […]”.44

Es importante observar que se tiene infor-mación en los archivos regionales sobre lo que su-cedió en España, pero no de lo que sucedió en la ciudad de México y los debates del Ayuntamiento de dicha ciudad y la Real Audiencia sobre la gober-nabilidad y el proyecto de conformación de juntas como había sucedido en España, salvo un bando en donde las autoridades virreinales, previo a dicho debate, con fecha de agosto de 1808, reafirmaron la lealtad a Fernando VII y retoma la importancia de la unidad para evitar cualquier embuste de los fran-ceses.45 Esta falta de información podría significar que las provincias del noreste se encontraban hasta cierto punto desligadas de una de las metrópolis centrales, en este caso, la ciudad de México.46

Del mismo modo, convinieron que “[...] el Exmô Sr. Virrey es legal y verdadero lugarteniente de S.M. en estos dominios; que la Real Audiencia y los demás tribunales, magistrados y autoridades constituidas, subsistían en toda su plena autoridad y facultades concedidas por las Leyes, [...]”. Se termina diciendo que la defensa del reino está en manos de estas autoridades legítimas.47

En los distintos archivos consultados no hay documento alguno que dé noticia de los planteamientos de Talamantes, Primo de Verdad o Villaurrutia,48 y tampoco existe documento que evidencie que la población del Nuevo Reino de León se enteró de los debates suscitados entre el Cabildo de la ciudad de México y la Audiencia de la Nueva España, y mucho menos si tomó al-guna postura a este respecto. Asimismo, no se ha localizado la comunicación en la que se in-forme del cambio de virrey después del golpe de Estado peninsular y la deposición del virrey Iturri-garay. Existen los documentos firmados por Pedro de Garibay ya como virrey, pero no de su nombra-miento. En este sentido llama la atención un bando en el que Garibay externa su sentir con respecto esta tensa e irregular situación:

Desde que tomé el mando de este rey-no, fue una de mis primeras atenciones la tranquilidad y el sosiego público, á cuyo en tengo expedidas con uniforme parecer del Real Acuerdo quantas providencias se han considerado oportunas; mas á pesar de mis deseos, noto con grande sentimiento, que hay algunos espíritus inquietos, genios malignos y revoltosos que pretenden turbar y seducir los ánimos tranquilos, no sólo en esta Ciudad, sino en las demás Provincias, por medio de anónimos, pasquines ó libelos famosos, perniciosos siempre, mucho más en las presentes circunstancias, los quales por lo mismo manda romper la Ley 44. tít. 3° lib. 3° de las Municipales: semejantes pa-peles por lo común son parte del encono,


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del odio y de la venganza, son subversivos del buen orden, alevosos, con que los mal intencionados, á manera de asesinos, pre-tenden arruinar la sociedad, triunfar de la sana moral, de la buena política, de la vida civil y aun natural de sus semejantes, y aunque indignos de fe, son apropósito para hacer dudar de la verdad, y aventurar aca-so las providencias con agravio de algunos inocentes.49

Se puede decir que las autoridades virreina-les, después de la deposición del virrey Iturrigaray, se preocuparon por mantener comunicación fluida, bajo las reservas de la condición de las comunicaciones en esa época. Muestra de ello son todos los bandos y correspondencia pro-veniente de México, de España, e incluso de Cuba.50 De este modo la Provincia del Nuevo Reino de León se enteró de la instauración de la Suprema Junta Central Gubernativa que gobernaría en lugar de Fernan-do VII,51 y le juró lealtad el 7 de abril de 1809.52

Del mismo modo, el 23 de mayo de 1810 se realizó el juramento de lealtad al Supremo Consejo de Re-gencia de España e Indias, que fue la instancia que gobernó en lugar de Fernando VII después de que se disolvió la Suprema Junta Central Gubernati-va.53 Ese mismo año se convocó a las provincias a elegir diputados ante las Cortes. El Nuevo Reino de León fue incluido en la lista de provincias que debían tener representante.

En las actas de cabildo de Monterrey, siendo ya gobernador Manuel de Santa María, se registraron los procesos de elección de diputados, siendo electo el licenciado Juan José de la Garza, quien fungía como lectoral de la Iglesia.54 Es lógi- Mapa de la Nueva España después de la implantación del sistema

de intendencias.

ca la elección de un funcionario eclesiástico para el puesto de diputado, ya que eran quienes contaban con formación académica. Esta elección representó un reto para Nuevo León por las características que dicho diputado debía tener, enunciadas en los ban-dos emitidos por el virrey Lizana. Llama la aten-ción el discurso utilizado

“Desde este momento, Españoles Ameri-canos, os veis elevados á la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos que antes encorbados baxo un yugo mucho más duro mientras más dis-

Bando del Virrey José de Iturrigaray a favor de Fernando VII en 1808.


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tantes estabais del centro del poder; mirados con indiferencia, besados por la codicia, y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronun-ciar o al escribir el nombre del que vuestros desti-nos ya no dependen ni de los Ministros, ni de los Virreyes, ni de los Gobernadores; están en vuestras manos”.55

Probablemente escritos como éste, envia-dos al Nuevo Reino de León, tuvieron influencia en el posterior desarrollo de la ideología y la política locales. Igualmente se realizó el juramento de leal-tad a las Cortes una vez que éstas se establecieron el 4 de diciembre de 1810.56

Por otro lado, ya desde 1793, para las au-toridades de las provincias norestenses existía la preocupación constante de que los franceses de Nueva Orleáns, los norteamericanos y los ingleses cruzaran la frontera, principalmente con el fin de ejercer el contrabando.57 Sin embargo, para 1808 y los años posteriores, las incursiones de extranjeros en territorios novohispanos fueron vistas como un intento de Napoleón para apoderarse de las colo-nias españolas.58

En respuesta a esta amenaza, D. Bernar-do Bonavía y Zapata, comandante de armas de

Itinerario en leguas de la ciudad de Monterrey a San Luis a princi-pios del siglo XIX.

las Provincias Internas de Coahuila y Texas; An-tonio Cordero, gobernador, político y militar de Coahuila; Simón de Herrera y Leyva gobernador del Nuevo Reino de León y don Manuel de Sal-cedo, gobernador, político y militar del Nuevo Santander se reunieron en San Antonio del Béjar, el 23 de mayo de 1809. En dicha reunión se toma-ron resoluciones de cómo actuar para defender los territorios de las amenazas de invasión norteame-ricana. Entre las medidas tomadas se encuentra el envío de los regimientos de dragones provinciales y de San Carlos a las fronteras. En lo que respecta a Nuevo León, enviaría las fuerzas del presidio de la Punta de Lampazos. También plantea la necesidad del establecimiento de la Comandancia General de Oriente para coordinar las acciones de defensa.59

Por su parte, el virrey Pedro de Garibay hizo llegar al Nuevo Reino de León órdenes de prohibir la entrada a extranjeros, principalmente franceses debido a que:

[…] cuyo genio versátil y nove-lero en todos tiempos, ha dexado entre ellos, en el actual, muy pocos hombres de bien, siendo los más ó Ateos refinados en la vil órden de la Francmasonería ilustra-da, Sansculotes, ó Jacobinos, y de todos modos enemigos del Altar, del Trono, y de toda propiedad, como sectarios ciegos del monstruo de la impiedad, del desorden y de la perfidia Napoleón Bonaparte, que ha consagrado en máxima propia suya el infer-nal principio, de que autoriza la justicia lo que aconseja la política.

Pero no fue suficiente la prohibición de entrada a extranjeros, también debían someterse a vigilancia a los extranjeros ya avecindados en territorio novohispano. Por ello, el virrey ordenó “que se presentaran ante las autoridades locales con documentos que informaran su origen, estado, ocu-pación ú oficio; el tiempo en el que vinieron á este Reino, las licencias que trajeron, los lugares en que han vivido, y los oficios que hayan ejercitado, como


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también si están ó han estado casados con naturales de estos Reinos; si tienen hijos, y cuántos, y si se emplean en la Agricultura, Minería ó Comercio, ó en alguna arte liberal ó mecánica. Todo esto con el fin de levantar un padrón de extranjeros. Quien no se presentase ante las autoridades corría el riesgo de ser considerado un espía, encarcelado y sus bienes confiscados”.60 En observancia de esta disposición, las autoridades de la provincia hicieron circular el bando en donde se ordena la presentación de los extranjeros.61

Los documentos antes citados y otros más, localizados en los archivos, demuestran la visión de las autoridades de una incursión francesa como una posibilidad latente. Debido a ello, cualquier activi-dad considerada como subversiva se creía influen-cia de Napoleón. Éstas eran las circunstancias que vivía el Nuevo Reino de León poco antes de que en Dolores estallara la Guerra de Independencia.

2. La insurgencia llega al Nuevo Reino de León (1810-1811)

Después de ver frustrados los intentos de lograr una transición pacífica hacia la modernidad políti-ca que los tiempos requerían, un sector de la pobla-ción, principalmente constituida de criollos, optó por el camino de las armas. De este modo comenzó

Mapa noreste de la Nueva España. Cartografía.

la lucha por la independencia, encabezada por Mi-guel Hidalgo en Guanajuato, hacia septiembre de 1810. Habría que señalar que en un principio este proyecto no buscaba en sí la independencia, sino el autogobierno. Esta búsqueda fue modificándose hasta llegar al planteamiento de la independencia de la metrópoli.

Al inicio del movimiento armado, Hidalgo y sus seguidores consiguieron victorias importan-tes y un mayor número de personas se unían al mo-vimiento, incluso contaban con la simpatía de las clases urbanas altas y medias debido a la propues-ta de autonomía.62 Sin embargo, con cada ciudad que era tomada por los insurgentes, los saqueos y las vejaciones aumentaban, a tal punto que causó conflictos entre los mismos líderes insurgentes.63 Ya a las puertas de la ciudad de México, Hidalgo,

El Obispado.

temeroso de que los saqueos fueran incontrolables, decidió retirarse. De este modo, llegó a Valladolid el 13 de noviembre de 1810 y de ahí partió a Gua-dalajara, en donde realizó una entrada triunfal el 26 de noviembre.

Ya en Guadalajara, reunido con algunos de sus simpatizantes, como Ignacio López Rayón y José María Chico, pensaron en “[…] reunir un congreso con representantes de las diversas provin-cias. También trató de obtener el apoyo y recono-cimiento del exterior, para lo cual comisionó a Pas-casio Ortiz de Letona para ir a Estados Unidos, en


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donde encontraría auxilio. […]”.64 Días después, en la batalla librada en el Puente de Calderón, en enero de 1811, los insurgentes fueron derrotados por el ejército realista de Calleja, obligándolos a mar-char hacia el norte. De este modo se adentraron en las Provincias Internas de Oriente, en ese entonces controladas por Mariano Jiménez.

Fue así como la insurgencia se hizo pre-sente en el noreste de la Nueva España. Hacia principios de 1810, el Nuevo Reino de León se encontraba inmerso en otro tipo de actividades, al-gunas de alcances locales y otras más, como la elec-ción de diputado a cortes y la recaudación de ayu-da para el sostenimiento de la resistencia civil en la península, de alcances mayores. El advenimiento del movimiento armado causó gran alarma entre las autoridades y la población de la provincia. En este capítulo describiremos el contexto en el que se re-cibieron las primeras noticias sobre el movimiento insurgente, así como las disposiciones del gobierno local para hacer frente a esta amenaza.

Fernando VII.

2.1. Primeras noticias de la insurrección

Poco después de las noticias sobre la diputa-ción y todos sus efectos, llegaron al Nuevo Reino de León las noticias del inicio de la insurgencia en el bajío novohispano. Las noticias fueron alarmantes, sobre todo al anunciar el avance de Hidalgo y sus tropas hacia las Provincias de Oriente. Un ejemplo de las muchas comunicaciones que llegaron a esta provincia es la enviada al gobernador Santa María por Manuel de Acevedo, desde San Luis Potosí, el 22 de septiembre de 1810:

Con el designio de introducir el desorden, robar, causar otras extorsiones, y por fin desgracias, algunas gentes perversas han puesto en insurrección ó levantamiento el Pueblo de Dolores y San Miguel el Gran-de. Lo aviso a V.S. para su inteligencia y gobierno, esperando de su honor, celo y lealtad que sin perder instante procurara te-ner conserbadas y unidas todas las personas conocidas y honrradas de esa ciudad para su seguridad, y defensa de la Religión, de la Patria y de los derechos de nuestro amado soberano señor Don Fernando Séptimo; y estorbar los papeles anónimos, y subversi-vos, que ya empiezan a circular por los emi-sarios del cura de Dolores.65

Como puede observarse, estas comunica-ciones resultaban sumamente alarmantes para las autoridades de la provincia. Asimismo, el gober-nador Manuel de Santa María recibió la comuni-cación del brigadier Félix María Calleja, mediante la cual le ordenaba reunir un contingente de 250 hombres para que se unieran a su ejército. También le instaba a tomar todas las precauciones necesarias para la defensa de la provincia en caso de ser ne-cesario.66

El contenido de las cartas recibidas de otras partes de la Nueva España alertaron a toda la pro-vincia.67 El gobernador reunió los recursos huma-nos y monetarios que tenía a su alcance para hacer


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frente a una posible invasión y además reunió los refuerzos que le solicitó Félix Calleja.68 El gober-nador, como una de sus primeras disposiciones, promovió la unidad de los habitantes del reino, así como la prohibición de cualquier contacto o sim-patía con los insurgentes, siendo esto considerado como delito de traición.69 También le informó al obispo Marín de los sucesos de Dolores y le pidió que emitiera un edicto de excomunión para los simpatizantes de la insurgencia, y de este modo ha-cer un frente común ante esa amenaza.

El obispo fue quien mostró de una manera más abierta su parecer en lo que a la insurgencia se refiere:

[…] amados Hermanos míos quedareis bien instruidos del Plan, y horribles proyectos de un corto número de Españoles desnatu-ralizados, que ingratos a su Patria preten-den despedazar las entrañas de su propia Madre, […] Prohibiendo como prohivimos baxo la pena de excomunión mayor, y otras á nuestro advitrio á todos los Legos, y se-culares, y además de ésta la de suspensión ipso facto incurrenda a todos nuestros Eccos tanto Domiciliarios, como Forasteros, secu-

lares, y Regulares de este nuestro obispado, y retengan, ú oculten, ó traten de ocultar dichas Proclamas que nos remitiran baxo las mismas penas dentro de tercer día; á cuyo efecto concertandose primero con las Justicias, y Jueces respectivos harán que se junte el Pueblo en sus Yglesias a cualquier hora del día para leerlas, y manifestarles esta nuestra carta pastoral, y que recurridos y animados todos del espíritu de fidelidad, que siempre los ha distinguido, los hagan desaparecer de nuestras providencias la re-belión, que nos amenaza […].70

José de Iturrigaray.

Soldado realista.

Como puede observarse, la postura es abiertamente realista. Paso seguido emitió un de-creto de excomunión para las personas que simpa-tizaran de alguna manera con el movimiento insur-gente. Sin embargo, parece ser que la postura del obispo no era compartida por todos los miembros del clero nuevoleonés, Isidro Vizcaya menciona el caso de José León Lobo Guerrero.71

No obstante, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Nuevo León para detener el avan-ce insurgente, le fue imposible ya que, en efecto, circularon entre la población algunos papeles con


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contenidos sediciosos y justificando las acciones insurgentes:

“El día 16 de septiembre de 1810 verificamos los criollos en el Pueblo de Dolores, y villa de San Miguel el Grande la memorable y gloriosa acción de dar principio a nuestra santa libertad, poniendo presos a los Gachupines, quienes por mantener su dominio, y que siguiéramos en la ignominiosa es-clavitud, que hemos sufrido por trescientos años, habían determinado entregar este Reyno Cristiano al Herege Rey de Inglaterra, con que perdíamos nuestra Santa Fee Católica, perdíamos a nuestro legitimo Rey Fernando Séptimo, y quedábamos en peor, y más dura esclavitud.

colores de horror de inequidad, con el fin de atraer a su partido, a nuestros propios hermanos los crio-llos, con el detestable pensamiento de que nos des-trullamos, y matemos criollos con criollos […]”.72

Incluso hay informes de la discusión de estos papeles entre la población, nos referimos al caso de Nicolás de la Garza Falcón en Cadereyta.73 Garza Falcón fue acusado de haberse pronunciado a favor de Hidalgo en una reunión.

El 29 de noviembre se llevó a cabo una re-unión con el objetivo de planificar la defensa de la provincia. A esta reunión fueron convocados el go-bernador de la provincia Manuel de Santa María, el cabildo justicia y reglamento de la misma ciudad; administradores de reales rentas: el Sr. provisor y vicario general de este Obispado y dos vecinos republicanos.74 Los acuerdos que se tomaron fue-ron el de formar en esa capital dos compañías de milicias urbanas, y para lograr el equipamiento del ejército reunido dispuso del erario en manos de la administración del tabaco.

Sin embargo, estos esfuerzos no resultaron suficientes para organizar una buena defensa de la provincia. La comunicación hacia las villas fue len-ta, además de que una gran parte de los militares se encontraban en Texas, otros más eran de edad avanzada y la mayoría carecía de adiestramiento, uniformes, caballos y armas.75 Algunos hacendados como Pedro Torre Borrego se resistían a participar. Explicó que tenía 50 peones para la molienda de la caña,

[…] todos los cuales, con mi persona están a la disposición de V.S. en defensa de Nues-tra Santa Religión, Nuestro mui amado Católico El Señor Don Fernando Séptimo y la Patria.Pero como quiera el próccimo Noviembre se dá principio a la molienda de caña, para con sus frutos satisfacer sus créditos supli-co a V.S. rendidamente no nos molesten los señores subdelegados, ni Gefes militares a citar peones, por estar en peligro todos los

Imagen de Mariano Michelena, uno de los integrantes de la conspi-ración de Valladolid en 1809.

Por tan sagrados motivos, nos resolvimos los criollos á dar principio a nuestra Redención; pero bajo los términos más humanos, y equitati-vos, poniendo el mayor cuydado, para que no se derramara una sola gota de sangre, […] sin embar-go aquel Bulgo ciego saqueó una tienda, sin poder contener este echo tan feo, y de que estamos suma-mente adoloridos […] Éste hasido (sic) el suceso; y nuestros enemigos quieren pintarlo con los negros


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Acta de Cabildo de 1808.

Fernando VII.

esquilmos, (á menos que no sea una estre-ma necesidad) pues en este casso, gustoso, me aprontaría, capitaneando mi cuadrilla, y estaré pronto a la disposición de V.S. á la más lebe insi-nuación comunicada para el superior Gobierno.V.S. dispense esta molestia, y pido al Señor de llueban las vendiciones del cielo para que como Primer Gefe salga con todo lu-cimiento […].76

Ante estos acontecimientos y las noticias de los triunfos insurgentes en San Luis Potosí que motivaban su avance hacia el Nuevo Reino de León, el gobernador Santa María decidió dejar la ciudad para reclutar milicianos y recaudar fondos para enfrentar a Mariano Jiménez. Dejó en su lugar a Juan Ignacio Ramón, oficial de mayor rango de la compañía de la Punta de Lampazos.77

Para el 15 de noviembre se recibió la no-ticia de la caída de San Luis Potosí en manos de los insurgentes, por lo que el cabildo de Monterrey en sesión extraordinaria dispuso que el goberna-dor Santa María se trasladara a Monterrey para organizar la defensa de la ciudad.78 Resulta-ba apremiante el reunir fondos para solventar los

gastos que la defensa de la ciudad representaría, por lo que el gobernador Santa María se dirigió a Melchor Núñez de Esquivel, administrador de ta-bacos, y a José Valera, administrador de alcabalas, para que franquearan los fondos correspondientes a estos ramos. Recibió evasivas y negativas por par-te de los dos funcionarios, y lo mismo sucedió con el cabildo eclesiástico.79

El gobernador convocó a otra reunión el 29 de noviembre, a la cual asistieron José León Lobo, previsor del obispado de Monterrey; Bernardo Us-sel y Guimbarda, regidor; Pedro Manuel de Llano, Fernando de Uribe, Juan Francisco de la Penilla, regidores honorarios; José Valera, administrador de alcabalas; Marcos de Arredondo, síndico procura-dor; Juan Antonio de Múxica, Melchor Núñez de Esquivel, administrador de tabacos; Bernardo de Izurieta, administrador de correos, y J. Lorenzo González, vecino. En esta reunión se acordó for-mar una tropa de cerca de 400 hombres, aunque no tenían suficientes armas ni dinero para pagarles. Se


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dijo que debían tomar-se los fondos necesarios del ramo de alcabalas, de tabacos y del cabildo eclesiástico, además de las donaciones de los ciu-dadanos

[…] que no obstan-te haber celebrado consejo de guerra en donde y a pluralidad de votos se apoyó la reunión de tropa y su destino, ha tenido por conveniente se for-malizare esta junta no sólo para hacer más públicas sus activas providencias, deján-dolas sentadas en esta acta, sino para que con acuerdo general decidiera si era o no de precisa urgencia seguir soportando las tropas y en caso de serlo se le facilite el modo de verificarlo en el inter la noticia a la superioridad del Ex-celentísimo Señor Virrey; entendidos que de lo contrario esta misma tropa que con urgentísimo trabajo se ha reunido, aun en caso de que las operaciones de las contra-rias dieran espera no podría conseguirse su nueva reunión, con otras varias objeciones que se omiten por no hacer más difusa esta acta. […].80

Para el 8 de diciembre, Jiménez y sus tropas habían llegado a Charcas y de ahí marcharon hacia Matehuala, en donde establecieron un campamen-to. Cada día el ejército insurgente engrosaba sus filas con personas provenientes de las haciendas del sur del Nuevo Reino de León, otras más pro-venían del Nuevo Santander, e incluso recibieron a

Proclama de Miguel Hidalgo a favor de la libertad de la Nación.

soldados que desertaban de los campamentos rea-listas.81 Ya en el campa-mento, Jiménez puso en práctica otra estrategia para ganar adeptos, prin-cipalmente los oficiales criollos. Ésta consistía en escribirles cartas ex-plicándoles el propósito de la insurgencia.

No obstante to-das las medidas tomadas por las autoridades del Nuevo Reino de León, para finales de diciem-bre de 1810 Juan Ignacio Ramón había iniciado correspondencia con Mariano Jiménez; un ejemplo de esta corres-pondencia es el siguien-te:

Americanos:¿Es posible que hayáis de tomar las armas en contra de vuestros hermanos que están empeñados con riesgo de sus vidas en liber-taros de la tiranía de los europeos, y aun de ser esclavos suyos? ¿No conocéis que esta guerra es solamente contra ellos; y, por tan-to, es una guerra sin enemigos, que pron-to concluiría si vosotros no les ayudarais á pelear? […] Es necesario que quitemos el mando y el poder de las de los europeos: esto es todo el objeto de nuestra empresa, para lo que estamos autorizados por la voz común de la Nación, y por los sentimientos que se abrigan en los corazones de los crio-llos; aunque no puedan expresarlos todavía en aquellos lugares en donde están bajo la dura servidumbre de un gobierno tirano y arbitrario, deseosos de que se acerquen


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nuestras tropas á desatarles de las cadenas que les oprimen.82

Ramón le escribió al gobernador diciendo que el ejército insur-gente contaba entre sus filas con indios de flechas, tropas de La Colonia, tanto milicia-nas como veteranas y gente de las haciendas, amos y sirvientes. En esta correspondencia también incluía una carta que Jiménez le había enviado y le decía “[…] haber procurado valerse del más favo-rable arbitrio para no ensangrentar más un asunto que realmente se había decidido, pues era irresistible la fuerza que ya estaba dentro de la provincia. […] Deje correr las fuentes, que Dios nos ha de ayudar”.83

No se sabe de manera certera si Juan Ig-nacio Ramón se unió al movimiento insurgente porque estuviera de acuerdo con la idea de la inde-pendencia, o si fue para evitar la toma violenta de la ciudad. Isidro Vizcaya, estudioso del tema, opina que “parece ser que Ramón creía ingenuamente que adoptando nominalmente el partido de la insurrección o manteniendo una especie de neutralidad, podría evitar la entrada de los insurgentes a Nuevo León”.84

A principios de 1811 ésta era la situación de las tropas realistas en las inmediaciones del Nuevo Reino de León:

Retrato del comandante Juan Igna-cio Ramón.

Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia en la Nueva Es-paña el 16 de septiembre de 1810.

[…] el coronel [Antonio] Cordero estaba en [el campamento de] Aguanueva con 700 hombres, mientras Varela avanzaba hacia el

sur con otros tantos; en el Nuevo Reino de León el gobernador salía de Monterrey con 150 hombres, dejando probable-mente 100 en esta plaza; el capitán Sada guardaba la boca de Santa Rosa con 22 hombres y don Juan Ignacio Ramón es-taba en Río Blanco con menos de cin-cuenta. […].85

Otro oficial rea-lista, Pedro de Herrera, quien se había unido junto con su tropa a las fuerzas de Varela, le es-cribía a Santa María el 6 de enero que tenía serias

sospechas de que Juan Ignacio Ramón era insur-gente.86 Para el día 9 el capitán Varela recibió una carta proveniente del campamento de Aguanueva con el siguiente mensaje:

Se ha fugado del campo dispuesto en el puerto del Carnero el comandante de ustedes, don Antonio Cordero, por consiguiente todas las tropas que gobernaba están gustosamente reunidas a las mías y toda la pro-vincia no conoce ya más gobierno que el americano, en tal virtud, prevengo a usted, que sin pretexto ni demora, se pase con las que le acompañan a la villa del Saltillo, donde le aguardo, trayéndome to-dos los prisioneros que le entregó


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Documento de la Inquisición contra Miguel Hidalgo y sus segui-dores.

Imagen del fusilamiento de Miguel Hidalgo en la ciudad de Chihua-hua.

a usted el capitán Borrego, junto con los europeos que asisten en esa división, a los que puede usted asegurar de mi parte que los trataré con aquella generosidad y noble-za que caracteriza a los americanos. Si así lo practicase, trataré a usted como amigo y de lo contrario lo perseguiré hasta su total exterminio.87

Después de tomar el campamento de Agua-nueva, sin librar batalla, Jiménez entró a Saltillo el 8 de enero con un ejército de 8,000 hombres y 16 cañones. No fue recibido por el Cuerpo Capitular de la ciudad. Al enterarse de estos acontecimientos, Varela decidió moverse al valle de Labradores y de ahí partir hacia el Nuevo Santander. Sin embargo, tras recibir la contestación de Santa María, dicien-do que se encontraba en el valle del Pilón y que haría todo lo posible por defender la provincia, He-rrera influyó en la decisión de Varela y marcharon para reunirse con Santa María. Llegaron al valle del Pilón el 11 de enero, encontraron a Santa María con una actitud de indiferencia hacia la situación. El 12 convocó a un consejo de guerra en donde se tomó

la decisión de licenciar a las tropas por considerar perdida la provincia, el gobernador regresó a Mon-terrey.88

Por otro lado, los insurgentes preparaban su entrada a Monterrey, Jiménez envió al coronel Juan Bautista Carrasco para este propósito. El go-bernador Santa María entregó la provincia pacífi-camente, no contaba con las tropas suficientes para presentar resistencia debido a la deserción masiva de milicianos y oficiales. Jiménez entró a la ciudad el 26 de enero de 1811, en medio de la aceptación y el regocijo popular, y aparentemente una parte im-portante del clero estaba a favor de la insurgencia, ya que le franquearon a Jiménez los fondos que le negaron al gobernador Santa María para la defensa de la ciudad.89

Durante su estancia en Monterrey, Jiménez otorgó indultos a los europeos que se encontra-ban en la provincia y en algunos casos les regresó bienes que habían sido confiscados por los jefes insurgentes. En cuestiones de gobierno, Jiménez no tomó el control del mismo, sino que se designó como gobernador a Santiago Villarreal. Santa Ma-ría y Ramón se unieron al ejército insurgente. Ji-ménez, al recibir la noticia de la derrota de Hidalgo en el Puente de Calderón y de su marcha hacia las Provincias Internas, salió hacia Saltillo para recibir


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a los líderes insurgentes, quienes entraron a la ciu-dad; Allende el 24 de febrero de 1811 e Hidalgo dos días después.90

Después de permanecer unos días en Salti-llo, los jefes insurgentes decidieron marchar hacia San Antonio del Béjar, y de ser necesario cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Asimismo, Ignacio López Rayón y José María Liceaga recibieron ins-trucciones de reanimar la lucha insurgente en el centro de la Nueva España, separándose del grue-so del contingente que se dirigiría a Monclova.91 Ya en camino hacia Monclova, oficiales realistas, en-tre ellos Ignacio Elizondo y Manuel Royuela, ten-dieron una emboscada en las norias del Baján, en donde capturaron al grueso del ejército insurgente incluyendo a Hidalgo, Aldama, Allende y Jimé-nez. Los insurgentes capturados fueron enviados a Monclova, después los líderes fueron enviados a Chihuahua para enfrentar un juicio y la pena de muerte.92

2.2. Postura del Ayuntamiento de Monte-rrey

El Ayuntamiento estaba constituido, para 1810, por alcalde de primer voto, don José Antonio de la Garza; de segundo don Matía de Sada; procura-dor don Marcos de Arredondo; don José Joaquín Canales, regidor alférez real y don Bernardo Ussel y Guimbarda, regidor fiel ejecutor. Sin embargo, a la llegada del gobernador Santa María se aceptó el nombramiento de regidores honorarios

[…] todo a fin no sólo de su mayor y jus-to realce, sino de la utilidad pública y re-comendada orden de policía; al intento, todo bien meditado, se acordó y procedió a la votación, recayendo esta gracia en Dn. Pedro Manuel de Llano, Dn. Fernando de Uribe, Dn. José María de Sada, y Dn. Juan Francisco de la Penilla [...].93

A este cabildo le correspondió la elección del diputado a cortes, referida en el capítulo ante-

rior, así como realizar, el 25 de mayo, la ceremonia de juramento de lealtad al Supremo Consejo de Regencia de España e Indias, que gobernaba en nombre del rey ausente Fernando VII.94

En lo concerniente a las noticias sobre la insurgencia, no se tienen claras las primeras reacciones y disposiciones del Ayuntamiento de Monterrey, debido a que las fechas de las actas se saltan de agosto a noviembre de 1810. Lo que hace suponer que, debido a la situación de emergencia, el cabildo sólo se reunió de manera esporádica o formaron parte de los consejos de guerra.

Para noviembre de 1810, Juan Ignacio Ra-món había sido nombrado gobernador interino, ya que Santa María le había sucedido su puesto con el fin de dedicarse al reclutamiento de hombres para la defensa de la provincia. Es así como Ramón, en su nuevo puesto, hace circular el siguiente bando:

Hago saber á todos los estantes, y habitan-tes de esta Capital y Provincia que las Pro-clamas del Sanginario Emperador de los Franceses, y las de su hermano, el intruso Rey José han introdusido (sic) la insurrec-ción, y Anarquía con que se ha conjurado el contumaz (sic) Hereje Cura del Pueblo de los Dolores, Allende, y demás partidarios, esperando Proclamas, y ensangrentando los puñales contra nuestros amados herma-nos los Ultramarinos, para con más liberti-naje robar, hasta los mismos Criollos, que aparentan favorecer, y á fin de cuentas se-mejante sisma en esta Ciudad, y muchas se producen de malicia, según los Pasquines inicuos que han fijado, he resuelto mandar promulgar el Bando del terror siguiente.95

Como podemos darnos cuenta, en un pri-mer momento la insurgencia fue tomada por las autoridades de la provincia como un intento de Napoleón de apoderarse de las provincias, y de causar una especie de cisma entre lo peninsular y lo novohispano. La última acta de cabildo de 1810 es la del 29 de noviembre, en donde se convocó a junta para organizar la defensa de la ciudad.


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Después, el Archivo Histórico de Monte-rrey registra la elección de nuevos funcionarios el 1 de enero de 1811. Fueron electos don Bernardo Ussel y Guimbarda, alcalde de primer voto; don Francisco Farías, síndico procurador general; capi-tán don Matías de Sada, don José Marcos de Arre-dondo, don Lorenzo de la Garza, electos regidores honorarios, así como don Urbano de la Garza, elec-to mayordomo depositario de propios.96

Puede decirse que el cabildo de Monterrey se encontraba a la expectativa de las decisiones que el gobernador tomaría para la defensa de la provin-cia. Asimismo, por encontrarse en una situación de guerra inminente, las reuniones y las actividades de otra índole disminuyeron. El cabildo registraría gran actividad después de recibir la noticia de la captura de los insurgentes. La siguiente acta de ca-bildo registrada es la fechada el 1 de abril, en donde se propone la instauración de una Junta Goberna-dora que llenara el vacío de poder provocado por la caída de los insurgentes. De esta manera concluyó la primera etapa de la lucha por la Independencia de la Nueva España.

3.Ecos de la insurgencia de Morelos, la contrarrevolución y el constitucionalis-mo hispano (1811-1815)

Después de la aprensión del cura Hidalgo y de los principales líderes del movimiento insurgente, ini-ciado en 1810, continuaron la lucha Ignacio López Rayón, en el bajío, y José María Morelos y Pavón, en el sur, entre otros líderes. A pesar de que estos dos personajes luchaban por la misma causa, en un principio sus esfuerzos no se encontraban coordi-nados.

López Rayón intentó reordenar y concretar el proyecto insurgente, entre las acciones a seguir se encontraban el

[…] proseguir con la guerra, instituir un gobierno que dirigiera el movimiento y pu-siera las bases de la organización jurídica y

política del país, gobierno que podría ser una junta nacional, como las instituidas en España y otras capitales americanas, o un congreso; se conservaría la legislación cris-tiana, se dejaría de remitir a España dinero, se defendería el reino de los franceses y se trataría de mantener incólumes los derechos del monarca […].97

Con este plan López Rayón trató de unir y conjugar las acciones de los líderes insurgentes locales. De este modo convocó a la formación de una junta de gobierno insurgente. Dicha junta se instauró el 19 de agosto de 1811, en Zitácuaro, con el nombre oficial de Suprema Junta Nacional Ame-ricana. Morelos aprobaba la formación de este ór-gano de gobierno.98

Personajes como José María Coss, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y fray Vicente de Santa María fueron miembros de esta junta. Una vez instaurada, además de los objetivos ya mencionados, se encontraba el pedir reconoci-miento y auxilio del exterior, por ello se enviaron emisarios a Sudamérica y Estados Unidos. Otro mérito de la Junta y de Rayón fue el involucrar a las élites urbanas de las principales ciudades de la Nueva España a través de una organización secreta: los Guadalupes.99 Por otro lado, José María More-los y Pavón realizaba campañas militares exi-

Ignacio López Rayón.


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nombró gobernador interino a Santiago Villarreal, en enero de 1811. La población en general aceptó el cambio de autoridades sin resistencia; sin embargo, las autoridades insurgentes estuvieron poco tiempo en funciones debido a la captura de los principales jefes independentistas en las Norias de Baján, unos meses después.

Al regresar la provincia al régimen colo-nial realista, sucedió algo sumamente interesan-te: el gobernador Santiago Villarreal renunció a su cargo por considerarse éste ilegítimo.100 Entonces la provincia vivió el mismo dilema que España al encontrarse sin monarca y que la Nueva España al enterarse de la deposición del Rey, ¿quién go-bernaría? La instancia que podía nombrar un go-bernador legítimo era el virrey o el rey. Debido a la guerra, las comunicaciones eran sumamente di-fíciles, impidiendo el nombramiento de un nuevo gobernador.

Ante este dilema, el síndico procurador, Francisco Antonio Farías, propuso la instauración de una Junta de Gobierno tal y como se hizo en España, conformada por cierto número de nota-bles quienes gobernarían de manera provisional hasta que las comunicaciones con el centro fueran posibles. Este ejercicio político demuestra la intro-ducción del pensamiento liberal. Sin embargo, este pensamiento liberal más que teórico resultó prácti-co debido a que la motivación principal de la élite nuevoleonesa, al aceptar formar la junta, era el res-ponder a una problemática inmediata, muestra de ello era su empeño en dejar claro el carácter tempo-ral de la misma, su desvinculación con la insurgen-cia y su lealtad a las principales instancias de gobierno, hasta ese momento legítimas como lo eran el rey y la Iglesia católi-ca. Esto último

tosas. Constituyó y organizó su ejército, al cual se integraron Hermenegildo Galeana y los hermanos Bravo, personajes clave para el triunfo insurgente.

En medio de ese clima de luchas militares, de poder e ideologías, y tras la captura de Hidalgo y sus seguidores, el Nuevo Reino de León expe-rimentó un vacío de poder. Para solucionar esta situación, el grupo de notables encabezados por Francisco Antonio Farías propusieron un proyecto novedoso en la provincia, más no en el imperio es-pañol: una Junta Gobernadora.

3.1. Un go-bierno alter-nativo en el Nuevo Reino de León: La Junta Go-b e r n a d o r a (1811-1813)

La llegada de noticias sobre la crisis de la monarquía es-pañola, de la resistencia civil contra los inva-

sores y, por último, el desarrollo de la insurgencia en el Nuevo Reino de León, propiciaron cambios importantes en la gobernabilidad del territorio. Es-tos cambios desembocaron en la implementación de formas de gobierno provisionales con caracterís-ticas propias, poniendo en evidencia las formas del pensamiento nuevoleonés.

Con la llegada de Mariano Jiménez y la in-surgencia al Nuevo Reino de León, la estructura de gobierno sufrió modificaciones importantes. Las dos principales instancias de gobierno local renunciaron a sus puestos para unirse al ejército insurgente, dando lugar a un vacío de poder. Para llenarlo, Jiménez, como oficial de mayor rango,

Retrato de Mariano Jiménez.

Dibujo de lancero insurgente.


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se puntualizó en el documento titulado Plan de una Junta Pro-vincial que debe formarse en la ciudad de Monterrey, capital de la Provincia de N.R. de León.101

En la propuesta elabora-da por Antonio Farías se distin-guen tres aspectos principales: la justificación de la instauración de la Junta y su postura ante la insurgencia, la preocupación por la seguridad y pacificación de la provincia y las primeras disposiciones en materia de go-bierno.

La Provincia de el Nuevo Reino de León, gobernada y dirigida por esta capital, ha dado en todos tiempos los más claros testimonios de su firmeza y adhesión á la sacrosanta católica Religión que profesa; de su fidelidad y amor á nuestro católico Monarca el Sor. Don Fernando 7° que Dios prospere, y á los supremos y superiores Magistrados legítimamen-te constituidos en su Real Nombre; y últimamente de el celo é interés que toma en beneficio de la Patria co-mún, y la suya propia.Estos nobles sentimientos, á excepción de lo tocante al Dogma, solamente podrá sofocarlos una fuerza irre-sistible y de tal suerte po-derosa que hiciera inútiles los sacrificios de la vida, y haberes de sus habitantes. Tal ha sido la que acaba de sufrir esta ciudad y su provincia; pero corrien-do de público y notorio la

voz de que los Jefes de la Insurrección han sido presos en Coahuila, y sus ejércitos destruidos por todas partes, de lo que se nos presentan cada día indicios muy manifies-tos, juzga el Procurador haber llegado el caso de sacudir el infame yugo de la opresión, y de recobrar nuestra antigua libertad, volviendo á proclamar se-guir y obedecer á nuestro antiguo legitimo Gobier-no, en el que solamente podremos hallar un segu-ro asilo, y la sólida pros-

peridad de nuestras Arcas y Hogares.102

Para la instauración de esta Junta de Gobier-no se pidió autorización tanto al intendente como al virrey, los cuales dieron su aprobación siempre y cuando el carácter de la misma fuera temporal.103 Parte de la justificación utilizada se fundamentaba

en su carácter provisional y de subordinación al Rey, las autoridades y leyes vigentes, la religión y los intereses de la patria.

Según el plan que propuso Farías, la Junta de-bería estar constituida por seis vocales y un presiden-te. Las personas elegidas no debían haber tenido ninguna simpatía por el gobierno ins-taurado por los insurgentes, del mismo modo no lo harían con la causa que estos últi-mos defendían.

Esta Junta estuvo conformada por Blas Gómez Carta de Juan Ignacio Ramón.

Carta de Mariano Jiménez.


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las armas que los pobladores tuvieran en casa, así como las municiones, todo bajo inventario con la promesa de devolverlo a sus dueños. Asimismo, y dada la experiencia en el Bajío, se tomó la decisión de vigilar y, en algunos casos, prohibir todo tipo de reuniones, en especial después de las nueve de la noche.

En materia de gobierno, ordenaron infor-mar a la población por medio de bandos y cordi-lleras sobre la instauración de la junta y las con-diciones en la que fue establecida.106 Como parte de las medidas para informar a los ciudadanos, se dispuso, junto con el Cabildo Eclesiástico, seguir con los protocolos habituales para el reconocimien-to de las nuevas autoridades. De igual manera, se declaró que el trato hacia la junta sería el de señoría,

sin embargo, de manera individual, los vocales tendrían el mismo esta-tus que los miembros de los cabildos.

El acuerdo con el Cabildo Eclesiástico, así como la puntualiza-ción en los tratos y en el estatus con respecto a los poderes locales que pudieran oponerse o desconocer a la junta, fueron necesarios para evitar problemas inter-nos y luchas de poder entre las instituciones vigentes.

Debido a la inestabilidad y la inse-guridad de la provincia,

los miembros de la junta decidieron que lo más conveniente era el tomar posesión, además de la gobernabilidad y la administración pública del rei-no, de los ramos de hacienda, seguridad e imparti-ción de justicia.

de Castro, presidente; Bernardo Ussel y Guimbar-da, vicepresidente; José León Lobo Guerrero;104 José Vivero; José Valera; Melchor Núñez de Es-quivel; Antonio Silverio de Berridi y Francisco Bruno Barrera Gómez de Castro,105 quienes para poder aceptar el cargo debieron negar todos sus nexos con el gobierno insurgente y su simpatía por la independencia.

Los integrantes de la Junta tuvieron que re-plantear su postura ideológica ya que, si bien sus miembros no ejercieron cargos públicos durante el periodo en el que el Nuevo Reino de León adoptó la insurgencia, tampoco opusieron resistencia a la llegada de los insurgentes y adoptaron como propia su causa. Al ser estos últimos derrotados, y volver al antiguo régimen, se vieron en la necesidad de repudiar las ideas revo-lucionarias insurgentes, cambiando de postura ra-dicalmente. Este cambio de postura pudo ser mo-tivado por la necesidad de proteger los intereses económicos, políticos y hasta cierto punto mili-tares de la provincia, por encima de los de la colo-nia o de la nueva nación proyectada por la insur-gencia.

Las primeras dis-posiciones de la Junta en materia de seguridad fueron la deposición voluntaria de todos los funcionarios nombrados por los insurgentes, ofre-ciéndoles no sólo la amnistía, sino proteger su re-putación. Igualmente para la defensa del territorio era necesaria la formación de milicias, las cuales requerían de equipamiento para el combate. Dada esta urgencia, la junta ordenó la entrega de todas

Lancero insurgente.


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La protección hacia los españoles penin-sulares que habían sido desplazados debido a la llegada de los insurgentes era prioritaria. La po-blación española europea era muy importante en la sociedad de principios del siglo XIX. La mayoría de los funcionarios y comerciantes eran peninsula-res, y esto lo observaron los miembros de la junta, por ello se comprometieron a garantizar su seguri-dad y la de sus bienes. Pero al mismo tiempo, para obligarlos a regresar, amenazaron con confiscar sus propiedades y retirarles el permiso de residencia.

Asimismo, los miembros de la junta envia-ron un escrito a la población en donde le explica-ron que, después de la expulsión de los insurgentes la formación de la junta era de extrema necesidad para mantener el orden en la provincia y dieron a conocer las acciones y actitudes de esta instancia de gobierno de esta manera:

Instalose ésta, y desde aquel feliz momen-to ha trabajado sin intermisión en restituir la paz y seguridad de la Provincia con la observancia de las Leyes: en buscar con el mayor empeño los auxilios, y medios de defensa para en caso de un nuevo ataque de los enemigos: en levantar, y armar tropas para el mismo efecto; en preparar remon-tas, víveres, y municiones; en ocupar con

avanzadas aquellos puntos más expuestos dejando a la Capital una fuerza respetable para acudir con ésta a donde la ocasión lo requiriese como lo ejecutó con la división que dirigió a Labradores para socorrer aquel valle amenazado por la facinerosa chusma de que fuera caudillo el temerario e infame lego villeria, todas las operaciones se han comunicado al superior Gobierno que ha tenido la bondad de aprobarlas y declararlas eficaces, en esta virtud cual pen-sáis había sido la sorpresa, y conjunción de la Junta, cuando ha llegado a entender que se le sindican sus providencias con notable aturdidad pues unos las gradúan de lentas y demasiado suaves, y otros las califican de arbitrarias, y sin concierto haciendo al pú-blico en general motor de esta importuna y sediciosa murmuración de su Gobierno: […].107

Como parte de las providencias para man-tener la paz en la provincia, la junta prohibió las expresiones de criollos en contra de peninsulares y viceversa, bajo pena de sepo (sic) y cárcel.108 Otras disposiciones de dicha junta, importantes de se-ñalar, fueron las medidas para evitar la vagancia, algunos señalamientos sobre la relación patrón-

empleado;109 instrucciones sobre la regulariza-ción del abasto de carnes en referencia a los lu-gares de matanza, los días y quienes deberían hacerlo110 y la normalización de la producción de mezcal de manera especifica, los impuestos de producción y comercialización que estos debían cubrir.111

A pesar del trabajo y las disposicio-nes de la Junta Gobernadora por mantener la paz en el Nuevo Reino de León, éste per-maneció militarizado hasta el fin del periodo independentista. Si bien no existieron grandes regimientos insurgentes, sí se llevó a cabo una guerra de guerrillas en donde el Nuevo Reino Mapa de las campañas emprendidas por los insurgentes.


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de León servía como punto estratégico para movi-lizar los ejércitos realistas hacia Nuevo Santander y Texas. En este periodo surgieron algunos líderes insurgentes locales, como José Herrera y Policarpo Verástegui, sin embargo, estos líderes carecían de un plan ideológico sólido.

La Junta Gobernadora estuvo en funciones hasta 1813, cuando fue nombrado el gobernador Ramón Díaz de Bustamante. La junta sirvió como mediadora entre la población y las autoridades realistas, encabezadas por Joaquín de Arredondo, quien adquirió un carácter despótico.

Es preciso resaltar lo novedoso de este plan, ya que anteriormente, quien tomaba las riendas del gobierno de la provincia al estar ausentes el gober-nador y el teniente de gobernador era el Ayunta-miento de Monterrey,112 procedimiento que se dejó de lado en esta ocasión. Desgraciadamente no hay documentos que constaten el porqué se tomó la de-terminación de no seguir con la tradición y formar la junta.

A pesar de ello, y debido a la copiosa co-rrespondencia recibida desde España,113 en la que se informaba detalladamente sobre la crisis monár-quica, puede inferirse que esas noticias fueron la principal influencia para la adopción de una Junta como forma de gobierno provisional. Esta influen-cia resultó más notoria y directa que la que pudiera ejercer la independencia de las colonias inglesas o la Revolución Francesa. La creación de la Junta Go-bernadora sirvió de transición entre un gobierno insurgente y el regreso al realismo. No obstante, esta primera experiencia de autogobierno serviría de referencia para la introducción de nuevas formas de participación polí-tica de por lo menos un sector de la población nuevoleonesa. La promul-gación de la Constitución de Cádiz fue otro impulso para el avance de la cultura política en la provincia.

3.2. La vuelta al realismo y la Comandancia General

Una vez muertos los jefes insurgentes, y con la provincia en aparente paz, para finales de 1812 lle-garon noticias acerca del levantamiento insurgente en Texas, las cuales alarmaron a las autoridades. El nuevo brote insurgente tenía como líder a Bernardo Gutiérrez de Lara, se informó también que en este ataque participaron norteamericanos con Gutié-rrez. La postura de la Junta Gobernadora fue la de mantenerse fieles al régimen realista.114

La segunda sesión,115 en febrero de 1813, del cabildo de Monterrey da testimonio de un acuer-do entre los miembros de la Junta Gobernadora, el cabildo de la ciudad, el obispo Marín (quien repre-sentaba al clero). Esta sesión tenía como objetivo reunir a los ciudadanos pudientes para la estructu-ración de un plan de defensa de la ciudad debido a las noticias recientes sobre las acciones insurgen-tes en la provincia de Texas.116 Entre las medidas a tomar se encontraba la formación de una o dos compañías de patriotas. Se le dio a Juan Antonio de Mújica y a José Froilán de Mier la tarea de llevar a cabo el reclutamiento en la ciudad y los ranchos cercanos. Ésta fue una de las últimas acciones regis-tradas de la Junta Gobernadora, ya que para marzo de 1813 recibieron la noticia del nombramiento de Ramón Díaz de Bustamante como gobernador pro-visional del Nuevo Reino de León.117 Este mismo

mes, Félix María Calleja fue nom-brado virrey de la Nueva España.118 Por otro lado, en abril llegaron a la provincia las noticias sobre la caída de San Antonio de Béjar y la captura de Salcedo, quien lideraba la insu-rrección en esa provincia.119

No obstante, el gobierno de Díaz de Bustamante duró unos cuantos días; se dio noticia de su fallecimiento el 22 de abril de ese mismo año. Debido a la situación

Félix María Calleja, militar español que combatió ferozmente a los insur-gentes.


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Retrato del general José María Morelos.

de inestabilidad en la que se encontraba la Nueva España, la designación de un nuevo gobernador por parte del rey tardaría bastante. Por ello el ca-bildo de la ciudad se reunió nuevamente con el fin de nombrar un gobernador provisional con base en la legislación vigente, es decir, la Real Ordenanza de Intendentes. Se nombró gobernador al alcalde de primer voto de Monterrey, Pedro Manuel de Llano.120 Cabe decir que esta acción denota por sí misma la vuelta al antiguo régimen en cuestiones políticas.

Para mayo de ese mismo año, llegaron a Monterrey las noticias y las órdenes para jurar leal-tad a la constitución del imperio español. Se planeó la celebración de dicho juramento para el día 29 de ese mismo mes.121 Esta ceremonia incluyó la limpie-za e iluminación de las calles, una procesión solem-ne partiendo de las Casas Consistoriales a la plaza principal122 en donde, además, se dio lectura a la constitución. Al día siguiente se realizó una misa solemne en la catedral, después de la misa se llevó a cabo el acto solemne del juramento de lealtad a la constitución.123 La puesta en práctica de la constitución in-cluía un cambio en las formas de gobierno. Una de las más signifi-cativas fue la organización de las primeras elecciones, las cuales se explicarán más adelante.124

A pesar de la poca acti-vidad militar de los insurgentes, un grupo encabezado por José Herrera entró a Monterrey el 3 de julio de 1813. La defensa de la ciudad estuvo a cargo de Fran-cisco Bruno Barrera, José Félix Trespalacios y Juan Pablo Caba-llero, quienes lograron repeler el ataque de Herrera. Sin embargo, en este enfrentamiento murieron

Julián Arrese y Alejandro de la Garza, el primero ocupó cargos públicos en el cabildo regiomonta-no.125

Para el 25 de agosto se recibió y se dio lec-tura a un oficio del virrey en donde se informaba del nombramiento de Joaquín de Arredondo como comandante general de las Cuatro Provincias de Oriente.126 En esta sesión se acordó escribirle a Arredondo para felicitarlo por su nombramiento.127

La llegada de Joaquín de Arredondo a la provincia es sumamente importante, ya que marca la conso-lidación de la contrarrevolución en Monterrey y el regreso al régimen monárquico.

Cuando Arredondo recibió la notificación de su nombramiento como comandante general, se encontraba en campaña contra los insurgentes y de camino a Texas, por ello envió a Ramón Perea en calidad de comandante militar a Monterrey,128


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Perea llegó a la provincia el 19 de julio; según Da-vid Alberto Cossío, Perea se caracterizó por tener mano dura con los rebeldes, ordenando varios fu-silamientos de rebeldes en la plaza de la ciudad y azotes públicos.

Una vez en la ciudad, Perea dirigió al ca-bildo regiomontano la respuesta del comandante Arredondo acerca de la posibilidad de la formación de la compañía de patriotas, dicha compañía se for-maría en condiciones similares a las de la compañía formada en Tula. Sin embargo, ante tales condicio-nes, el cabildo regiomontano manifestó la imposi-bilidad de formar dicha compañía de patriotas ya que:

El Sr. Coman-dante de esta pla-za […] sin duda se movió a informar a V.S. lo acredita-do, digo, lo acer-tado que sería la formación de una Compañía de Pa-triotas; pero este Ayuntamiento en cumplimiento de los deberes de su oficio se ve en la indispensable ne-cesidad de hacer a V.S. presente que la agricultura, el comercio y las artes mecánicas, nervio todo de la felicidad de esta Ciudad y provin-cia, se pararían con este proyecto casi en lo absolu-to y aunque cono-ce igualmente que

cuando el bien de la Nación, Rey y Patria, piden nuestra atención debe ser ante todo cosas preferida; pero no nos hallamos, gra-cias a Dios, en estas tan tristes circunstan-cias; quedan aún en esta ciudad y provincia muchos recursos; se hallan aún multitud de hombres sin destinos ni oficios, sin re-laciones de familia, y oficiales militares (lo decimos a V.S. por que es necesario) que ganando el pan al Rey no hacen servicio alguno los infelices patriotas sin estipendio alguno y necesitando tal vez de que alguna persona les dé la comida el día que hacen

la guardia, se sacrifican en beneficio de la Patria, siempre que el bien de ésta lo pida no-sotros salimos garantes de que todos los vecinos de esta ciudad se pre-sentarán gusto-sos al servicio del Rey sin estipendio ni premio alguno, con abandono de su casas y familias e inte-reses; se sacrifi-carán en su be-neficio y deberá V.S. contar con tantos soldados cuantos habi-tantes hay en Monterrey.129

Arredondo llegó a Monterrey La élite religiosa rechazó el movimiento armado de Hidalgo.


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Mapa del Nuevo Reino de León.

hasta julio de 1814, y estableció la sede de la Co-mandancia General. Para este año el cabildo estaba compuesto por Juan Antonio Mújica como alcalde de primer voto y encargado del mando político, los regidores Urbano de la Garza, José María Cárde-nas, José Luis de la Garza, Matías de Llano, Lo-renzo Ramos, Juan Ángel Martínez y los síndicos procuradores Ambrosio María de Aldasoro y Juan José Taméz.

Uno de los puntos en los que el cabildo regiomontano y las autoridades de la Comandan-cia General tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo fue en la formación de la compañía de pa-triotas. La posible formación de dicha compañía comenzó desde el año anterior con la renuencia del cabildo para formar la compañía con las caracterís-ticas que el comandante general solicitaba.

Para enero de 1814, el comandante Perea envió de nueva cuenta un oficio con una inserción de Arredondo retomando el tema. Como respuesta, el cabildo decidió posponer la fundación de la com-pañía hasta el arribo de Arredondo a la provincia.130 Arredondo insistió en la formación del cuerpo de patriotas, por lo que el cabildo decidió formar un expediente con la correspondencia sobre el tema y turnarlo a la Diputación Provincial para que tomara la decisión más conveniente.131

En respuesta a la solici-tud del cabildo, la Diputación Provincial “[…] en quinto de 17 del corriente en que acompaña Su Excelencia los documentos que le remitió este cuerpo, relativos a la formación de la Compañía de Patriotas, resolviendo su alistamiento y organización, bajo términos y condiciones que en él se expre-san […]”.132 Una vez enterado de la respuesta de la diputa-

ción, el Ayuntamiento ordenó la elaboración de lis-tas para decidir quién formaría parte de la compa-ñía. La compañía debería estar conformada por un capitán, un teniente, dos alféreces, tres sargentos, seis cabos y cincuenta y dos soldados. Se decidió que los sorteados serían convocados el día 20 de ju-nio.133 Sin embargo, la reunión con los convocados a la compañía de patriotas se pospuso debido a que la mayoría de las personas convocadas no atendie-ron a la convocatoria. A los asistentes se les infor-mó sobre las órdenes enviadas por el comandante general sobre la compañía que debía formarse.134 Se acordó una nueva reunión para el día 29 de ese mismo mes.135

Otro desencuentro que tuvieron el cabildo regiomontano y la comandancia general tuvo que ver con la orden de leva que emitió el virrey. Quie-nes debían ser reclutados eran, según el cabildo, los vagos y otros hombres que sean útiles al servicio. Sin embargo, este reclutamiento se llevó a cabo en medio de insultos y prejuicios al vecindario, lo que provocó que el síndico procurador pidiera un reclamo oficial al comandante general pidiéndole


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además que […] ponga remedio, prescindiendo de mucho ultrajes y malas razones con que el sargento Acosta trató a varias personas, hasta de los emplea-dos públicos […].136

Los desencuentros continuaron, otro de ellos se generó cuando los miembros del cabildo se sintieron desairados al no seguir el protocolo acos-tumbrado en la ceremonia de conmemoración del cumpleaños de Fernando VII.

Este desaire, jamás practicado por los an-teriores jefes que han mandado esta provincia, nos hizo ver manifiestamente el desagrado o ningún aprecio con que v.s. trata a este Cuerpo, que tiene el honor de representar a el noble y leal vecindario que compone esta ciudad, y que ha tenido siempre la más viva satisfacción de ser atendido por nuestro soberano y por los Excelentísimos Señores Virreyes que en su real nombre nos han gobernado […].137

Este gesto de la Comandancia General pro-vocó tal descontento que en el oficio que el cabildo acordó enviarle no sólo manifestó su enojo por el desaire sufrido, sino que retomó temas anteriores como las quejas por la forma en la que se llevó a cabo el reclutamiento en la ciudad por parte de los oficiales de una compañía proveniente de Vera-cruz, los cuales protagonizaron algunos disturbios el 31 de agosto de ese año.138 En dichos disturbios destruyeron el monumento de la pirámide, cons-truido en conmemoración de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Asimismo, manifestaron su sentir con respecto a la actuación de la coman-dancia general:

Cuando esta ciudad fundaba las mejores esperanzas para su incremento en la ve-nida de v.s. ve cuasi palpablemente que camina a su destrucción y aniquilamiento por la oculta mano que contraria las sanas disposiciones de v.s. y que el ejército que triunfó en los campos de Béjar, parece que paga los sacrificios de estos habitantes im-pedidos para socorrerlo en aquella frontera, con las más ingrata correspondencia, como

lo comprueba el modo con que han ejecuta-do las órdenes gubernativas en la exacción de multas y demás anexos […].139

En este documento se informó también que el ayuntamiento y los vecinos esperaban que el comandante general pusiera un alto a este tipo de comportamiento, de no ser así acudirían a instan-cias superiores.

Por otro lado, una vez establecida cierta paz, los miembros del cabildo se preocuparon por la apariencia y la salubridad de la ciudad como lo hicieron Herrera y Santa María en su momento. Para julio de 1814 se recibieron noticias sobre el posible brote de una epidemia, la enfermedad pa-rece ser que consistía en fiebre, o al menos es lo que se menciona en las actas de cabildo.140 Como me-dida preventiva se considera oportuno formar una comisión de sanidad precedida por Miguel Pagés, médico militar. Sin embargo, la formación de esta comisión de sanidad también pasó por dificultades, como la definición de sus miembros y el presupues-to que tendría a su disposición para medicamentos y otros implementos. Otra de las medidas tomadas fue la de crear un cerco sanitario impidiendo que personas ingresen a la provincia, sobre todo las provenientes de Saltillo, en donde se registraron los primeros brotes de la enfermedad.141

En 1815 se registraron brotes de viruela na-tural en un gran número de la población. La preo-cupación del cabildo se enfocó en la atención de los más pobres.142 Para el tratamiento de la viruela se enviaron vacunas a la provincia; sin embargo, la población se resistía a utilizarlas y prefería recurrir a remedios caseros y a la medicina tradicional. Al observar esta situación, Arredondo dispuso que se les administrara la vacuna a todas las personas que no habían contraído la enfermedad en los puntos delimitados por el Ayuntamiento: éste debía su-pervisar la inoculación de la población, quien se resistiera a la vacunación sería sancionado y los chamanes serían multados y corrían el riesgo de ser expulsados de la provincia.143


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Fernando VII retoma el trono de la Corona española al ser expulsados los franceses de su territorio.

Como puede observarse, el regreso al régi-men realista no fue tan sencillo. La postura de las autoridades locales fue defender los intereses de la provincia, lo cual provocó roces con las autoridades peninsulares, quienes ostentaban un régimen mili-tarizado debido a la guerra por la que se atravesaba en esos momentos. La promulgación de la Cons-titución de Cádiz representó un nuevo obstáculo para las autoridades realistas tradicionales.

3.3. La Constitución de Cádiz y su impac-to en la Nueva España y el Nuevo Reino de León

La resistencia española conformó una Junta Cen-tral con el fin de coordinar la defensa de la penín-sula. Sin embargo, ante el avance francés, la Junta se autodisolvió a finales de enero de 1810, y nombró un Consejo de Regencia para de este modo formar un gobierno más efectivo. Una de sus primeras en-comiendas sería la de convocar a Cortes.144

La reunión tendría lugar en septiembre de 1810. La convocatoria establecía que por cada 50,000 habitantes habría un diputado. Esto repre-sentaba un problema para los diputados peninsula-res, ya que los diputados americanos los superaría en número. Para disminuir la cantidad de diputa-

dos americanos, se le negó la calidad de ciudada-nos a la población de origen africano así como a sus castas.145

Sin embargo, las comunicaciones lentas, las enormes distancias y la situación bélica de algunas provincias tanto americanas como en la península provocaron un retraso en el arribo de los diputados, por lo que se nombraron suplentes. Según Virginia Guedea, las elecciones para diputados propietarios se llevaron a cabo a finales de 1810 y principios de 1811. En la Nueva España se eligieron 20 diputa-dos de 22 que le correspondían al virreinato de la siguiente manera:

[…] cada capital de provincia debía contar con un diputado, el que sería elegido por su respectivo ayuntamiento. Al igual que ha-bía ocurrido con la elección de representan-te ante la Junta Central, cada ayuntamiento debía elegir tres individuos “dotados de probidad, talento e instrucción y exentos de toda nota”, entre los cuales se escogería a uno por sorteo. Asimismo se precisaba que todos ellos debían ser naturales de las provincias que debían representar.146

Durante la primera sesión, las Cortes se atribuyeron la soberanía del pueblo al que represen-taban. También dividió el gobierno en tres ramas:

legislativo, ejecutivo y judicial, en ausencia del rey, el ejecutivo sería atribuido al Consejo de Re-gencia.147 El poder judicial tuvo pocas facultades independientes, y el ejecutivo estaba subordinado al legislativo.

En las cortes se distin-guieron dos bandos: los liberales que optaban por una monarquía parlamentaria y los serviles, a fa-vor de una monarquía absolutis-ta. La mayoría de los diputados americanos simpatizaba con los liberales, sobre todo en lo referen-


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te a la discusión acerca de la igualdad entre ame-ricanos y peninsulares, sin embargo, para algunas otras cuestiones el bando americano se dividió y hubo quienes apoyaron a los serviles. En el papel que desempeñaron los diputados americanos en las Cortes destaca el planteamiento de un programa de reformas autonomistas. Sobresale el caso de Miguel Ramos Arizpe y sus argumentos para la creación de las Diputaciones Provinciales.

Éstas iban desde las reiteradas libertades económicas148 hasta las aspiraciones políticas: una representación proporcional equitativa ante las Cortes, igualdad de derechos de los americanos, españoles o indios para poder ejercer cualquier car-go político, eclesiástico o militar, distribución de la mitad de los cargos a favor de los naturales de cada territorio, creación de comités consultivos para la elección de cargos públicos entre los residentes de la localidad y resta-blecimiento de la orden de los jesuitas en América.149

Asimismo, el par-lamento modificó la es-tructura del imperio al crear dos instituciones: la Diputación Provin-cial y los Ayuntamien-tos Constitucionales. Con esta medida los virreinatos fueron abolidos en América y las Audiencias se transformaron en tri-bunales supremos, de este modo el territorio quedó dividido en pro-vincias que podían tratar directamente con el poder central español.150

La instauración de los Ayuntamientos Constituciona-

El escudo de la Inquisicion en la Nueva Es-paña fue abolido por la Constitución de Cádiz de 1812.

les trajo consigo una mayor participación política, tratando de evitar que esta institución fuera domi-nada por los jefes políticos. Se procuró la creación de nuevos ayuntamientos, la constitución permitió la erección de ayuntamientos para villas que tuvie-ran de mil habitantes en adelante.151 Con esta medi-da, y al conceder la ciudadanía a todos los varones adultos, a excepción de los de origen africano, se aseguraba la participación política de las masas.152 Asimismo, se establecieron tres niveles de gobier-no representativo: el municipio, la provincia y el imperio.

Otras disposiciones constitucionales fueron la abolición de las instituciones señoriales, el tribu-to indígena, se dio fin a la Inquisición y estableció un control firme sobre la Iglesia; por otro lado, de-claró formalmente la libertad de prensa, entre otras

cosas. La constitución de 1812 estableció un Estado unitario, las leyes se apli-

caron para todo el imperio, redu-jo el poder del rey y las Cortes

fueron dotadas de poder, de este modo sirvieron como contrapeso al monarca.153 El Nuevo Reino de León recibió las noticias sobre la derogación de las mi-tas, mandamientos y re-partimientos de indios el 16 de octubre de 1813. El alcalde Fernando de Uri-be dispuso se publicara en todos los departamen-tos.154

La Constitución de 1812 representaba una

opción pacífica para los auto-nomistas americanos. Las elec-ciones convocadas por la cons-titución fueron las primeras de carácter popular en América.155


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El procedimiento para esta elección fue bastante complicado ya que no fueron elecciones directas. Según Virginia Guedea.

En el caso de la elección para ayuntamien-tos constitucionales se procedería en dos etapas. Primero, debían elegirse electores parroquiales y más tarde éstos debían designar a los nuevos alcal-des, regidores y síndicos. El grado de complejidad aumentaba para la designación de diputados a Cor-tes y de diputados provinciales. Las elecciones de-bían hacerse primero por parroquias, por partidos después y finalmente por provincias. Fue, pues, necesario que para su organización y cuidado se establecieran juntas preparatorias.156

Entre las obligaciones de la junta prepa-ratoria estaba organizar un censo electoral por pa-rroquias, dividir sus territorios en distritos para la selección de diputados a Cortes y de diputados pro-vinciales, y por último supervisar las elecciones.157 Para el Nuevo Reino de León dichas elecciones se llevaron a cabo el 13 de junio de 1813.158

Las elecciones de las diputaciones regis-traron retrasos; como resultado, dichas institucio-nes entraron en funciones poco antes de que el Fernando VII aboliera la constitución. Según Jai-me Rodríguez, existen varias razones por las que el gobierno constitucional no funcionó:

Primero había sido poco tiempo para que las instituciones nuevas conquistaran el apoyo popular. […] Ni las diputaciones provinciales ni los ayuntamientos constitucionales trabajaron el tiempo suficiente para poder mostrar su valor en el nivel local; segundo, los ejércitos guerrilleros que pudieron haber defendido a las Cortes se encontraba luchando contra Napoleón, […] tercero se conservó la ima-gen del rey […].159

Para el caso del Nuevo Reino de León exis-te una correspondencia que a grandes rasgos da cuenta sobre la forma en la que se organizaron las primeras elecciones:

Sábado 8 de mayo de 1813.En este día llego á esta ciudad de Monte-rrey la Nueva Constitución.Sábado 29 de mayo de 1813.En éste día se publicó dicha constitución. Domingo 30 de mayo de 1813 Día de nues-tro católico monarca D. Fernando 7°. Se juró dicha constitución ciendo (sic) gober-nador interino D. Pedro Manuel de LlanoJueves 14 de junio de 1810. Se instaló la nueva constitución.Salieron electores las 17 personas siguientes anotadas según sus grados o votos.Froilan de Mier, José León Lobo, Domin-go Ugarte, José Vivero, Bernardino Can-tú, Juan Francisco de la Penilla, Bernardo Ussel y Guimbarda, Ambrosio María Al-dasoro, Mariano Manzano (¿?), Matías de Llano. Aparece otro nombre, pero está ilegible.Viernes 25 de junio de 1813 en este día sa-lieron empleados en cabildo las personas siguientes:Alcalde de 1° elección y jefe político, co-mandante Fernando Urive, de segunda elección, asendero (sic) y comandante Froilan de Mier.1. Regidor Juan José de la Garza2. Urbano3. José María Cárdenas4. Cayetano (¿?) de la Garza y Treviño5. José León de la Garza6. Matías de Llano7. Juan Loro (Lorenzo) (por su fallecimien-to) Juan Rey. Indio del pueblo de Guada-lupe8. Lorenzo de la Garza9. Francisco Paula de Mier10. Francisco de la Penilla11. Antonio Mier12. José Antonio de la Garza y GarzaAmbrosio Aldasoro 1° procurador


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Pedro Morales 2° id.Lic. Mateo Loro. Srio de N.

Domingo 19 de diciembre de 1813 en este día salieron electores las 17 personas siguientes:

Froilan de MierPedro Manuel de LlanoMatías de LlanoAmbrosio AldasoroFernando UribeDomingo de UgarteFrancisco FaríasJuan José de la GarzaMelchor EsquibelPedro MoralesUrbano de la Garza

Diciembre, domingo 26 de 1813. En este día salieron empleados en cabildo para el de 1814. Las personas siguientes:

Alcalde de 1° elección y jefe político Co-mandante Juan Antonio Muxica. Id. De 2° Juan Francisco Farias.1. Regidor Juan José de la Garza comer-ciante2. Urbano de la Garza, comerciante3. José María Cárdenas, acendero4. Cayetano de la Garza Treviño, labrador5. José Luis de la Garza, acendero y comer-ciante6. Matías de Llano, comerciante7. Lorenzo González, asendero y comer-ciante8. Juan Ángel Martínez, asendero9. Manuel Lira, mercader viandante10. Basilo Ramos, hijo del pueblo de Gua-dalupe11. Matías (alias) Lozano, labrador12. Leonardo (documento incompleto)d. Ambrosio (documento Incompleto)13 de febrero de 1814. En este día se hizo la Junta Parroquial.Domingo 20 de marzo. En este día se hizo la Junta de Patria.

Año de 1814. Marzo 27 de sep. Quedó abo-lida en Monterrey la Constitución.160

Como puede notarse en este documento, la Constitución de Cádiz, así como las instituciones creadas por ella, no tuvieron mucha oportunidad de actuar, ya que fueron derogadas al poco tiem-po del regreso de Fernando VII al trono. Por otro lado, también los insurgentes hicieron el intento de organizar un nuevo proyecto de nación, el cual está inscrito en la que es considerada la primera Cons-titución. Ésta fue la visión de José María Morelos, quien creyó necesaria la formación de un congre-so constituyente que diera forma a la nación. Fruto de este congreso es la Constitución de Apatzingán de 1814. Esta etapa es muy importante ya que el proyecto independentista comienza a tomar carac-terísticas propias. Las campañas militares fueron fructíferas y se logró involucrar a las élites urbanas en el proyecto insurgente.161

Decreto de excomunión a los insurgentes por el obispo Francisco Lizana.


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2) Velar por la buena inversión de los fon-dos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas.3) Cuidar que se establecieran ayunta-mientos en donde correspondiese que los hubiere y en cada comunidad con mil ha-bitantes.4) Proponer al gobierno los arbitrios más convenientes para la ejecución de obras nuevas de utilidad común de la provincia o reparación de las antiguas, a fin de obtener el permiso necesario de las Cortes (en caso de urgencia de obras públicas en las pro-vincias de ultramar, proceder a financiarlas y proveerlas sin esperar la aprobación de las Cortes).5) Promover la educación de la juventud y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores en todos sus empeños;6) Dar parte al gobierno de los abusos que notare en la administración de los fondos públicos.7) Levantar el censo y extraer estadísticas de las provincias.8) Cuidar que las instituciones de benefi-cencia llevasen a cabo su respectivo objeto y proponer las reglas y reglamentos para la

Juramento de los diputados a la Constitución de Cádiz.

3.4. La Diputación Provincial y el Ayunta-miento de Monterrey

La Diputación Provincial162 fue una institución establecida por la Constitución de Cádiz. Dichas diputaciones eran una especie de legalización de las Juntas de Gobierno que se formaron en las pro-vincias durante 1808.

[La Diputación estaría conformada] por el capitán general, el intendente (ambos nombrados por el rey) y nueve vocales elegidos en la provincia. En las provincias de más de nueve corregimientos o partidos, habría tantos vocales como corregi-mientos o partidos hubiere. Cada partido habría de elegir un miembro o diputado en la junta. Los ele-gidos deberían tener bienes o arraigo y ser naturales de la provincia o haber tenido en ella diez años de vecindad para ser diputados a Cortes. El encargo de vocal de las juntas provinciales duraría a lo más tres años y su renovación sería por terceras partes cada año. Los vocales habrían de servir sin sueldo, gratificación, honores ni tratamiento alguno […].163

Se autorizaron seis diputaciones provin-ciales para México, dos en la Nueva España, en la capital y en San Luis Potosí (la primera agrupaba las provincias o intendencias de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Tlaxca-la; la segunda, San Luis Potosí y Guanajuato), una en Guadalajara (Nueva Galicia y Zacatecas), una en Mérida (Yucatán, Tabasco y Campeche), una en Monterrey (Provincias Internas de Oriente), y una en Durango (Provincias Internas de Occidente). Los miembros del gobierno de la provincia estaban subordinados al gobierno central español mediante el jefe político y el ministro de asuntos ultramari-nos. Las facultades de la Diputación Provincial según el artículo 335 eran:164

1) Vigilar y aprobar la distribución entre los pueblos de las contribuciones que hubieren correspondido a la provincia.


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corrección de todo abuso.9) Dar parte a las Cortes de toda clase de infracción a la Constitución.10) En las provincias de ultramar, velar por la economía, el orden y los progresos de las misiones para la conversión de los in-dios.165

Para el 23 de mayo de 1812 se expidió el de-creto mediante el cual se convocaba a la elección de diputados a las primeras Cortes ordinarias. Para ello debían constituirse juntas preparatorias en Méxi-co, Guadalajara, Mérida, Guatemala, Monterrey y Durango. “[…] Cada junta se compondría del jefe político, el arzobispo, obispo o quien hiciese sus veces, el intendente, si lo hubiere, el alcalde más antiguo, el regidor decano, el síndico procurador y dos hombres de buena reputación, vecinos de la

En la Plaza de Armas de Monterrey, después llamada Plaza Zaragoza, se juró la Constitución de la Monarquía española en 1813.

misma provincia, nombrados por las personas an-tedichas […]”.166 Era tarea de la junta preparatoria designar a los diputados y sus suplentes a razón de un diputado por cada 70 mil habitantes. Para la rea-lización de las elecciones podría dividir el territorio o en su defecto utilizar las divisiones ya estableci-das con el fin de congregar a los electores.

Para las Provincias Internas, Fernando de Uribe, alcalde primero de Monterrey y gober-nador interino de la provincia, convocó a la junta preparatoria electoral en 1813. Dicha junta estuvo compuesta por Uribe, José León Lobo Guerrero, Juan José de la Garza, Ambrosio María de Aldaso-ro, José Bernardino Cantú y Joseph Mier y Norie-ga. La división territorial que estableció la junta se basó en los censos del obispo Marín y Porras de la diócesis de Linares, la cual correspondía al territo-


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Bandera del ejército de Morelos.

rio de las provincias internas. Los distritos se asig-naron de la siguiente manera: uno a Texas (debido a su escasa población), cinco a Nuevo Santander, cuatro a Nuevo Reino de León y tres a Coahuila. Los gobernadores organizarían las elecciones en sus provincias de acuerdo a la división parroquial y distrital o de partido.

Los diputados a la Diputación provincial fueron designados antes del 10 de mayo, cuando la mayoría de los electores de Coahuila, Nuevo León y nuevo Santander ya habían llegado. Se decidió que Coahuila, Nuevo León y Santander estarían representados cada una por dos miembros y Texas por uno y sus respectivos suplentes. Sin embargo, Texas tenía problemas de insurrección, por lo que se nombró a un tercer diputado de Nuevo León para Texas. Los diputados electos fueron los doc-tores Bernardino Cantú y José Lobo Guerrero, José Melchor Sánchez Navarro por Nuevo León; Fran-cisco Antonio Gutiérrez, por Coahuila; Ylarión Gutiérrez y Pedro Paredes por Santander, y Pedro Manuel de Llano, por Texas. Los suplentes fueron Juan Isidro Campos, José Grande y el bachiller José María Gutiérrez de Lara, además nombraron como su secretario a Juan Bautista Arizpe.167

La Diputación proclamó el inicio de las sesiones públicas el 16 de mayo de 1814.168 Entre las actividades de la Diputación Provincial en el Nuevo Reino de León consistió en ser una espe-cie de intermediario entre el Ayuntamiento regio-montano y la Comandancia General. Uno de los puntos a discusión fue la formación de la compañía de patriotas, la Diputación apoyó los argumentos del ayuntamiento que exponían la dificultad de la formación de dicho cuerpo.

Con esta disposición y en virtud de las Jus-tas causas que han movido el zelo (sic) de V.S.M.Y. para impedir el alistamiento general que ha inten-tado hacer este comandante de armas; contribuirá la diputación al mismo objeto con quanto pueda su autoridad, y se empeñará en conservar el bien público con la debida resistencia de tal efecto, que

verificada no tendría otro efecto, que la ruina de las provincias en todos sus ordenes, y ejercicios con perjuicio gravísimo del estado mismo, que se trata defender, pues esto no puede lograrse por un me-dio destructivo de sí mismo: y no se encuentra otra cosa en el proyecto expresado, que va a extinguir la agricultura, la conservación de los bienes, y los arbitrios todos de progresar, y aun de una precisa subsistencia, sin las cuales cosas es imposible se sostenga el estado. Fuera de que por especial favor de la divina providencia no tenemos enemigos, que combatir por un medio tan apurado, y tan aflictivo, como lo palpamos, y lo expresa uno de los docu-mentos que nos incluyo V.S.M.Y. y los debolvemos (sic), como nos lo han pedido.169

Las relaciones entre la Diputación Provin-cial y el jefe político y militar de las Provincias In-ternas de Oriente atravesaron por varios conflictos. Desde el establecimiento de la Constitución de Cádiz en América, los intereses de algunos funcio-narios se vieron afectados, entre ellos el virrey y los jefes políticos. Arredondo y la diputación no con-geniaban.170 Fernando VII derogó las Cortes y con ello a la Constitución el 4 de mayo de 1814. Unas semanas después estas noticias llegaron al Nuevo Reino de León y como consecuencia la Diputación Provincial fue disuelta.171 Debido a su corto perio-do de existencia, las actividades de la Diputación fueron pocas, sin embargo fue el primer intento de un gobierno representativo en las provincias ame-ricanas.


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lluvias. Para llevar a cabo este novenario se propuso la recaudación de limosnas entre la población, el monto reunido fue puesto a disposición del cabildo eclesiástico para sufragar los gastos que se gene-raron.175 Dos meses después, el 19 de mayo de 1817, llegarían a la ciudad las primeras noticias sobre el desembarco de Javier Mina en Soto la Marina.176 En el siguiente apartado ahondaremos acerca de la expedición de este personaje a la Nueva España.

4.1 La incursión de Francisco Javier Mina y la influencia de Fray Servando Teresa de Mier

Para entender la incursión de Javier Mina a la Nueva España, resulta necesario echar un vis-tazo a la situación política en la península. A su re-greso, Fernando VII no sólo abolió la Constitución de Cádiz, sino que intentó reestablecer el antiguo orden. Para ello reinstaló al alto clero, la nobleza, la antigua burocracia y al ejército de carrera en el poder, mientras que la mayoría de los generales de la guerrilla fueron licenciados y pocos de ellos ob-tuvieron puestos en sus provincias. 177

Naturalmente, esta situación fomentó la aparición de grupos de oposición al régimen de Fernando VII, los cuales se movían en la clandes-tinidad. Muchos de estos grupos adoptaron las for-mas de sociedades patrióticas, asimismo, las logias masónicas también sirvieron para este propósito.

Los conspiradores contaban con gran va-riedad de motivos. Muchos de ellos sólo buscaban empleo, otros deseaban poner fin a la guerra en América,178 en tanto que unos más querían restau-

Por otro lado, la segunda etapa de la lucha insurgente terminó con la aprensión y muerte de Morelos y sus generales en 1815. Si bien ésta es una de las etapas con mayor actividad política y militar insurgente, para el Nuevo Reino de León y para Monterrey significó actividad política local y la adaptación a formas de gobierno muy distintas: la Junta Gobernadora, el poder central realista y la introducción de instituciones políticas representa-tivas y modernas. No obstante el intento de intro-ducir la modernidad política a la provincia, la mano dura del realismo se impuso.

4. El Nuevo Reino de León y el fin de la Guerra de Independencia (1816-1821)

Después de la muerte de Morelos, el movimiento insurgente se vio francamente minado. Algunos caudillos locales seguían luchando, enfrascándose en una guerra de guerrillas y en muchas ocasiones obligados a refugiarse en la sierra, como en el caso de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Por otro lado, “[…] [el indulto fue] un ins-trumento poderoso que utilizó el gobierno español para de-bilitar el movimiento rebelde, ya que cada día era mayor el número de insurrectos que claudicaban y lo solicitaban, abandonando de esta mane-ra la causa insurgente”.172

Para principios de 1816, el movimiento insurgente se había debilitado en las Provincias Internas de Oriente, al igual que en el resto de la Nueva España. En ese mismo año las preocupacio-nes del cabildo regiomontano eran principalmente el abastecimiento de granos y de carne, al menos es lo que reflejan las actas de cabildo de ese año.173

Hacia 1817 la preocupación del cabildo174 siguió siendo el abasto de alimentos, ya que el Nuevo Reino de León experimentó una fuerte se-quía. A tal grado llegó la crisis por la sequía que se organizaron varios eventos de carácter religioso, entre ellos un novenario a la Virgen pidiendo por

Escudo Junta Nacional de Zitácuaro.


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la ciudad. Mina fue capturado el 27 de octubre en el rancho el Venadito, y fusilado en el fuerte de los Remedios el 11 de enero de 1818.185

Fray Servando se embarcó en la expedición de Mina, considerado como director intelectual de dicha expedición. Mier se caracterizó por poseer un pensamiento liberal antimonárquico. Fray Ser-vando se quedó en Soto la Marina con un grupo de hombres que Mina dejó para asegurar dicho puer-to. Al saber del desembarco de Mina, Arredondo reunió tropas con el fin de recobrar el puerto. En dicha campaña, Mier fue hecho prisionero y remi-tido a la ciudad de México. Dichas acciones le re-dituaron al comandante Arredondo la confianza del virrey Apodaca, quien lo conservó en su cargo.186

Por otro lado, se recibió la noticia en la provincia de que Bernardo Villamil fue designado gobernador, a principios de octubre del 1817,187 Sin embargo, la estancia de Villamil en el Nuevo Reino de León fue corta.

4.2. Fin de la guerra y el nacimiento de Mé-xico

Para finales de 1818 la Corona española recibió fuertes presiones internas que cul-minaron con la restitución de la Constitución de Cádiz por Fernan-do VII. De este modo las Cortes reanudaron sus labores en julio de 1820, restaurando principios libera-les como:

[…] la disolu-ción de las ordenes religiosas, el fomento a la secularización y desamortización, la utilización de los tesoros y plata de iglesias

Imagen de soldado realista.

rar el régimen constitucional. […] De hecho Javier Mina creía que la guerra insurgente de América constituía en realidad un intento de restaurar la constitución.179

Javier Mina era un héroe de la guerra contra Francia que no alcanzó ningún puesto una vez que ésta terminó. Junto con otros militares, como su tío Francisco Espoz y Mina, encabezaron una rebelión exigiendo el reestablecimiento de la constitución en 1814. Debido a ello fue exiliado a Londres don-de conoció a fray Servando Teresa de Mier.180

En Londres, fray Servando lo convenció de encabezar una expedición a la Nueva España con el fin de restaurar el orden constitucional. Dicha expedición contó con el apoyo británico, italiano y estadounidense, partió en mayo de 1816 hacia Estados Unidos y de ahí a la Nueva España. De-sembarcó en Soto la Marina con 300 hombres el 15 de abril de 1817.181

Las noticias del desembarco de Mina en Soto la Marina fueron recibidas por Arredondo en abril de 1817.182 Asimismo, el 19 de mayo llegó el in-forme sobre la partida del comandante Arredondo a Soto la Marina para combatir a Mina y su expe-dición al Ayuntamiento de Monterrey. En ausencia del comandante, el alcalde regiomontano tomaría las funciones de comandante de armas.

La incorporación de Javier Mina a la insur-gencia revitalizó el movimiento, inyectándole fuerza y ánimo. Una vez desembarcado en Soto la Marina, Mina proclamó un manifiesto en el que explicaba los motivos que lo habían llevado a adherirse a la causa insurgente: la lucha por la independencia y el esta-blecimiento de un gobierno liberal, dando la vida si fuera necesario. El plan de Mina era penetrar el in-terior del país para ponerse en contacto con los in-surgentes y luchar juntos contra el tirano español.183 Después de establecer un fuerte en Soto la Marina Mina, se internó en el país dejando dicha plaza en manos de Sardá junto con un regimiento de cien hombres.184 Tuvo algunas batallas exitosas, llegan-do hasta Guanajuato, sin embargo no pudo tomar


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y catedrales, la vuelta a la libertad de im-prenta y otras medidas que escandalizaron y atemorizaron a varios grupos del clero y a las sociedades oligárquicas […].188

Por esas fechas, en el Nuevo Reino de León, Arredondo logró una relativa pacificación de las Provincias Internas a base de mano dura con los insurgentes. De este modo encaminó sus esfuerzos hacia la persecución de indios comanches y a la de-fensa de las provincias del avance de filibusteros.189

En la Nueva España, José María Calle-ja había sido sustituido en el cargo de virrey por Juan Ruiz de Apodaca, quien estuvo en el cargo de septiembre de 1816 a julio de 1821, cuando fue destituido por los mismos oficiales españoles. Ruiz de Apodaca fue reemplazado provisionalmente

por Francisco Novella, hasta la llegada de Juan de O’Donojú, quien tomó el cargo el 3 de agosto de 1821.190

Por otro lado, la constitución de Apatzin-gán estuvo vigente poco tiempo en los territorios dominados por los insurgentes. La lucha indepen-dentista, después de la muerte de Morelos, se vio seriamente diezmada. Muchos de los líderes insur-gentes pidieron el indulto. A partir de 1818, el gru-

po rebelde más importante era el comandado por Vicente Guerrero. En esta etapa de la guerra, tanto insurgentes como autoridades virreinales tuvieron una actitud un tanto conciliadora, ya que en ambas partes se pensaba que era necesaria una especie de negociación para poder finalizar la guerra.

Hacia 1819, la población de la Nueva Espa-ña se encontraba en búsqueda de libertades como supresión de tributos y alcabalas, la distribución equitativa de la riqueza y de la tierra, la impartición pronta de justicia, la posibilidad de obtener una movilidad social y el goce de los derechos naturales y civiles del hombre.191 Este deseo de la población novohispana era muy similar al de sus compatriotas en la península. La presión social y en el caso de la península también la militar, obligaron al rey y al virrey a volver a jurar la Constitución de Cádiz en 1820.

Éstas fueron las circunstancias que motiva-ron a Vicente Guerrero a intentar hacer un pacto con un militar fuerte y prestigiado para así lograr, de una vez por todas, la independencia de la Nueva España. El 9 de noviembre de 1820 le fue encomen-dada la Comandancia del Sur a Agustín de Iturbi-de, quien inició correspondencia con Guerrero a principios de 1821; Iturbide comenzó la comunica-ción epistolar. En sus cartas, Iturbide le hacía saber a Guerrero sus planes de independencia y el deseo de adoptar una monarquía constitucional. Ambos jefes militares llegaron a un acuerdo y se reunieron el 14 de febrero cerca de Teloloapan, donde tuvo lugar el memorable abrazo de Acatempan.192

El 24 de febrero fue promulgado el Plan de Iguala y se formó el Ejército Trigarante, con las fuerzas de Iturbide y Guerrero. Dicho ejército tenía como principios la religión, la independencia y la unión entre americanos y europeos. Copias de este plan fueron distribuidas en toda la Nueva España. Iturbide y su ejército fueron recibidos con júbilo por la población de la mayoría de las ciudades por las que pasaba en su avance hacia la capital.

Pintura de rancheros o chinacos mexicanos.


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Mapa de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, estando en Puebla se enteró de la llegada a Veracruz de Juan de O’Donojú,193

quien sustituiría a Apodaca. Iturbide cambió de planes y marchó hacia Veracruz para entrevistarse con O’Donojú, con quien después de una larga ne-gociación firmó los Tratados de Córdova, el 24 de agosto de 1824. En dichos tratados

[…] se reconoce a México como nación independiente, se crea un gobierno mo-nárquico constitucional moderado, y se llama a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar al señor Fernando VII, y por su renuncia o no admisión, al serenísimo infante don Carlos Luis, y por renuncia o no admisión, al que las Cortes del Imperio designaran.194

Después de firmar los tratados, Iturbide y el Ejército Trigarante marcharon hacia la ciudad de México. Acompañados por O’Donojú hicieron su entrada en la ciudad de México el 27 de septiem-bre de 1821, consumándose así la Independencia. A pesar de que O’Donojú firmó los tratados repre-sentando a la Corona española, ésta no reconoció la independencia de la Nueva España de inmediato, sino unos años después.

4.3. El Ayuntamiento de Monterrey en la última etapa de la Guerra de Independen-cia

Después de la incursión de Javier Mina a territo-rio novohispano, y de los constantes conflictos de Joaquín de Arredondo y el Ayuntamiento de Mon-


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José Morales.202 Durante 1819, las discusiones del Ayuntamiento giraron en torno al repartimiento de aguas, sobre todo la que donó a la ciudad el obispo Verger,203 así como el abasto y el control de precios en la venta de alimentos, específicamente de maíz y de carne.

En 1820, la Constitución de Cádiz fue res-tituida en todo el imperio español. Para el Nuevo

Reino de León significó el regreso del Ayuntamien-to constitucional y la organización de elecciones. La ceremonia en donde se prestó juramento a la Constitución, tanto por el jefe político, Joaquín de Arredondo, como por el Ayuntamiento de Monte-rrey204 y las autoridades eclesiásticas se llevó a cabo el 13 de junio de 1820, siguiendo el protocolo,205 sin embargo, la promulgación de dicha constitución se llevó a cabo hasta el 24 de julio.206

Siguiendo lo establecido en la Constitución, en su título III, capítulos III y IV, el procedimien-to para llevar a cabo las elecciones era el siguien-te: “En el caso de la elección para ayuntamientos constitucionales, se procedería en dos etapas: pri-mero, debían elegirse electores parroquiales y más tarde éstos debían designar a los nuevos alcaldes, regidores y síndicos […]”.207 Para la elección de los electores parroquiales se convocaba a los ciuda-danos en la parroquia debido a que eran éstas las que podían tener un registro de los feligreses y su condición, a falta de censos o padrones civiles. Una vez designados los electores, se formaba una junta electoral en la cual se nombraba un presidente, un

Bernardo Gutiérrez de Lara, líder del levantamiento insurgente en Texas.

terrey durante la etapa insurgente, liderada por Morelos, para 1818 las preocupaciones del Ayun-tamiento eran, entre otras cosas, el abasto de ali-mentos en la ciudad, la construcción de una nueva casa consistorial debido a que consideraron que su reparación ya no era suficiente,195 entre otras.

Ese año, en el Nuevo Reino de León, el gobernador Bernardo de Villamil pidió licencia de dos años para ausentarse de su cargo con el fin de viajar a España, dicha licencia fue concedida196 y de nuevo el cargo de gobernador quedó vacante.197 Según la legislación vigente, el cargo sería ocupa-do de manera interina por el alcalde primero de Monterrey, el coronel Francisco Bruno Barrera,198 quien recibió todo el apoyo de los miembros de dicho ayuntamiento199 para su designación como gobernador, muestra de ello es la carta dirigida al virrey en donde el Ayuntamiento avala dicha desig-nación. Además, en dicho documento se enlistan todos los beneficios que Barrera ha traído a la pro-vincia cuando ocupó, también de manera interina, el gobierno de la provincia.200

Por otro lado, el obispo doctor José Ig-nacio de Arancibia arribó a la provincia para ponerse al frente del obispado de Monterrey. La sede episcopal había quedado vacante des-pués de la muerte del obispo Marín y Porras. Se llevó a cabo la ceremonia correspondiente a la que el cabildo de la ciudad fue invitado.201

A principios de 1819 se realizaron las elec-ciones para renovar a los funcionarios del Ayunta-miento. Resultaron electos José Francisco Bruno Barrera y Jorge Soriano como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, respectivamente; Bernardo Ussel y Guimbarda, Lic. José Alejandro de Trevi-ño y Gutiérrez, Lic. Rafael Eca y Múzquiz, alférez. Francisco de Paula Mier Noriega, Manuel Antonio Arana, José Antonio de la Garza Saldívar, Juan José de la Garza y Treviño, Francisco Machorro, Ra-món Rodríguez como regidores; Ignacio Martínez como síndico procurador y como secretario Pedro


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Bandera mexicana del siglo XIX.

secretario y dos escrutadores. Todos los miembros de esta junta debían asistir a misa. Después cada elector le indicaba a la mesa los nombres de los compromisarios a designar.208 Es así que:

Hallándose en las casas de Ayuntamiento bastante número de vecinos ciudadanos de los que compren-de la Parroquia de esta ciudad convocados con anterioridad por Ban-do Publicado el día 15 del corriente para el nombramiento de los diez y siete Electores, que deben elegir el nuevo Ayuntamiento constitucional según lo dispuesto por los Artí-culos trescientos trece, y trescientos catorce de la constitución Po-lítica de la Monarquía Española […] el Señor Comandante General de estas provincias Bri-gadier Don Joaquín de Arredondo, que presidió la junta de este día manifestó al concurso debía proceder-se al nombramiento de dos Escrutadores, y un Secretario […] resultaron Electos a pluralidad de Votos Don Juan Bautista de Arispe, y el Alférez de Milicias Don Pe-dro del Valle, y para lo último Don Pedro José Morales cuyos Individuos aceptaron el nombramiento […] se procedió a la Vo-tación por medio de listas que contenían el número de las diez y siete personas, por otros tantos Electores que conforme al Artí-culo sexto del Real Decreto de veinte y tres de Mayo citado toca á la comprensión de la Parroquia de esta ciudad, y reunidas las ex-presadas listas, que con el acto presentamos

los ciudadanos y otros que sucesivamente y durante la junta manifestaron otros, se verificó el escrutinio con toda escrupulo-sidad del que resultaron nombrados para Electores por mayoría de Votos los ciuda-danos siguientes; el Señor Don Matías de

Llano Don José Luis de la Garza, Don José Alexandro de Treviño, Don Juan Bautista de Arispe, Don Bernardo Guimbarda, Pe-dro Morales, Don Santos de Uribe, Don Rafael Muzquis, Don Rafael Llano, Don Pedro del Llano, Don Francisco Farias, Don José María Sada, Don José Antonio Garza Guerra, Don Melchor Núñez Es-quivel, Cura Don Juan Bautista Valdés, Don Juan Antonio Mujica, Don Domingo de Ugarte.209

Después, los electores conformarán la jun-ta electoral que será presidida por el jefe político, Joaquín de Arredondo; se nombró como secreta-rio de dicha junta a José Alejandro de Treviño y Gutiérrez. Quienes podían ser electos, según la


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Joaquín de Arredondo fungió como comandante general de las Cuatro Pro-vincias de Oriente. Su llegada a la provincia es sumamente importante ya que marca la consolidación de la contrarrevolución en Monterrey y el regreso al

régimen monárquico.

Constitución, eran los ciudadanos y el concepto moderno de ciudadano tenía tres componentes de soberanía: lo nacio-

nal vs. lo extranjero, el sujeto de derechos civiles y el titular de los derechos políticos. El ciudadano moderno definía, por medio del modelo de círcu-los excluyentes, en el cual quienes fueran esclavos, extranjeros, mujeres o menores de edad, quienes descendieran de esclavos y/o no tuvieran un modo honesto de vida, no podían ser ciudadanos. Sin embargo, todavía estaba muy cercano al vecino210 del antiguo régimen, produciéndose lo que Fran-cois-Xavier Guerra llama una hibridación de con-ceptos.211

Una vez instalada la junta electoral, se pro-cedió a la votación, resultando electos el Licencia-do José Alejandro de Treviño y Gutiérrez y Santos Uribe como alcaldes ordinarios; don José Antonio de la Garza Saldívar, don José Antonio Rodríguez, don José María González, don Rafael de la Garza, don Nicolás de la Garza y Guerra, don miguel de la Garza y los ciudadanos don Leonardo Guerra, don Domingo Isundagui, don Juan José Martínez, y para síndicos procuradores don Apolinar de Maz-mela y don Joaquín García.212 Asimismo, se reali-zaron las elecciones para conformar la Diputación Provincial, la cual fue instalada el 20 de noviembre de ese mismo año.213 No obstante, Santos Uribe, quien fue electo alcalde segundo, fue nombrado vocal de la Excelentísima Diputación Provincial por lo que para sustituirlo fue nombrado Francisco de Paula Mier y Noriega.214

En los meses antes de la proclamación del Plan de Iguala, la ciudad sufrió una restructuración administrativa al ser dividida en barrios:

[…] resolvieron que para celar y cuidar con más exactitud de los diversos puntos que comprende dicho ramo, como de la seguridad y buen orden interior se divida la Ciudad en cuarteles, y se haga el nom-bramiento de cuatro individuos aptos para cuidar de ellos con el nombre de Alcaldes de Barrio; para cuya propuesta de uno y otro se comisionaron a los Señores Regido-res don Rafael de la Garza y don Julián de Llano […]215

Asimismo, los recursos del fondo de propios ya no son suficientes para cubrir los gastos munici-pales. Enterada la Diputación Provincial de dicho problema, se acordó “[…] llevar a efecto el cobro de la contribución voluntaria de uno por ciento y en su consecuencia acordaron que formadas las lis-tas de todos los vecinos capaces de entrar en ella se presentaron para nombrar el regidor comisionado a cuyo cargo sea el cobro inmediato y colectación de su producto […]”,216 los nombrados para realizar di-cha comisión fueron Francisco Mier, los regidores José Antonio Rodríguez y Apolinar Mazmela.217

El Plan de Iguala y las noticias acerca de los éxitos de Iturbide llegaron al Nuevo Reino de León, provocando aceptación entre la población, teniendo como consecuencia que el régimen de Arredondo se endureciera. Al llegar la noticia de que gran parte de las tropas realistas se habían pa-sado al bando insurgente, causó gran impresión entre los miembros de las fuerzas armadas en las Provincias Internas.

Nicolás del Moral, comandante del regi-miento procedente de Veracruz, desconoció las órdenes de Arredondo y declaró su adhesión a la insurgencia el 1 de julio de 1821. Al mismo tiem-po, en Saltillo también se declaraba la adhesión al Plan de Iguala. Viendo esta situación, a Arredondo no le quedó más que convocar a una reunión a las


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autoridades y vecinos el 2 de julio de 1821, con los cuales, después de un largo debate, acordó jurar la independencia.

Al día siguiente se enviaron órdenes a los gobernadores de las provincias internas, con el fin de que en ellas también se proclamara la indepen-dencia. Después, Arredondo salió de la provincia y dejó el mando de las Provincias a Gaspar López.218

Es así como el Nuevo Reino de León vi-vió los últimos años de la insurgencia. Algo que es importante señalar es que el restablecimiento de la Constitución de Cádiz fue fundamental para el establecimiento futuro de un sistema con tenden-cias liberales. Éste es un momento de transición importante debido a que se parte de la soberanía popular para la realización de elecciones. Aunque los derechos políticos depositados en manos de los ciudadanos-vecinos restringieron la participación directa de las masas, aún así el grupo que tiene ac-ceso al poder creció y su función era la de represen-tar los intereses de la población que votó por ellos y propiciar el bien común.

Por otro lado, el régimen de Joaquín de Arredondo fue considerado como autoritario y despótico, permitió a los regiomontanos el ejercer en cierto grado el autogobierno debido a la falta de gobernador en la provincia que pudiera interferir con los intereses locales. Francisco Bruno Barrera ocupó este cargo durante la mayor parte de este periodo con el apoyo del Ayuntamiento de Monte-rrey, por lo que los intereses de la Corona pasaron a segundo término al no haber un representante que viera por sus intereses y que por lo tanto tensionara el ambiente político en la provincia.

Pese a que no se llegó a la autonomía, de-bido a la falta de recursos fiscales del municipio. Sin embargo, el que no se hayan registrado aconte-cimientos bélicos en la ciudad, le dio oportunidad al cabildo regiomontano de enfocarse en cuestio-nes económicas como lo son la reordenación del arrendamiento de aguas, reglamentaciones para

el abasto de carnes y de maíz, e incluso el estable-cimiento de una especie de impuesto adicional de 1% aplicado a la población que pudiera cubrirlo. Aunque el abastecimiento de las tropas, tanto en bagajes como en personal, fue constante durante este periodo. Por último diremos que este periodo sirvió de ensayo para la conformación del estado de Nuevo León dentro de un sistema de gobierno mo-derno como lo es la república.


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Citas Bibliográficas

1. Rodríguez, Jaime. La independencia de la América española. El Colegio de México – Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 53.

2. Lynch en Rodríguez, Jaime. op. cit. p 54.

3. Rodríguez, Jaime. op. cit. p. 59.

4. Vizcaya Canales, Isidro. En los albores de la independencia. Las Provincias Internas de Oriente durante la insurrección de don Miguel Hidalgo y Costilla 1810-1811. Monterrey: Archivo General del Estado de Nuevo León, 2003, p. XVIII.

5. Hamnet en Vázquez, Josefina Zoraida. Inter-pretaciones del siglo XVIII mexicano. El impac-to de las Reformas Borbónicas. Editorial Patria, México,1991, p. 91.

6. Ibid, p. 94.

7. Ibid, p. 95-96.

8. Rodríguez, Jaime. op. cit. p. 72-73.

9. Véase Miño Grijalva, Manuel. El mundo no-vohispano. Población, ciudades y economía, siglos XVII y XVIII. El Colegio de México – Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 332-380.

10. De la Torre, Ernesto. La independencia de México. Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 73-75.

11. Ibid, p. 60.


13. Ibid, p. 84.

14. Algunos de los principales periódicos fueron, en España: La Gaceta de Madrid (1701), Semanario

erudito (1781-1791), El Observador (1781-1877), entre otros; y en la Nueva España, La Gaceta de México (1722, 1728-1739, 1784-1809), El Mercurio volante (1772-1773), La Gaceta de Literatura de México (1788-1795), entre otras. Para más información consúltese Rodríguez, Jaime (2005). La independencia de la América española. México: FCE.


16. Ibid, p. 87.

17. Ibid, p. 69.

18. Ibid, p. 64.

19. Ibid, p. 44.

20. Torre de la Villar. op. cit. p. 42.

21. Gerhard, Peter. La frontera norte de la Nueva España. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996, p. 31.

22. Recuérdese que la Comandancia de las Provin-cias Internas ya había sido instaurada (1776), ésta fue una modificación a los territorios que compren-dían dicha comandancia.

23.Vizcaya, Isidro, op. cit. p. XIX y Véase Gherard, Peter, op. cit., p. 29.

24. Idem.

25. Catálogo de noticias concernientes a esta pro-vincia del Nuevo Reino de León por Simón de He-rrera y Leyva que solicita el señor intendente para llenar el general informe que pide el Real Consu-lado de Veracruz, 1806, Herrera eb Espinoza. El Nuevo Reino de León en voz de sus Contempo-raneos, Fondo Editorial Nuevo León, Monterrey, 2006, p.177.


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26. Idem.

27. Montemayor, Andrés. Historia de Monterrey. Asociación de editores y libreros de Monterrey, A.C., Monterrey, 1971, p. 87.

28. Espinoza Morales, Lydia e Isabel Ortega Ridaura. Espinoza op. cit. p. 178.

29. Galindo, Benjamín. El Provincialismo Nuevo-leonés en la Época de Parás Ballesteros 1822-1855. UANL, Monterrey, 2005, p. 82.

30. A excepción del desaparecido convento fran-ciscano, la catedral y el palacio del obispado, los cuales son las obras arquitectónicas de mayor di-mensión de la época.

31. Salinas, Genaro. Historia de la cultura Nuevo-leonesa. UANL, Monterrey, 1981, p.33.

32. Rodríguez, Jaime. “De súbditos de la Corona a ciudadanos republicanos: el papel de los autono-mistas en la Independencia de México” en Váz-quez, Josefina Zoraida. Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de las Reformas Bor-bónicas. Editorial Patria, México, 1991, p. 38.

33. Guerra, François-Xavier. Modernidad e inde-pendencias. Ensayos sobre las revoluciones hispá-nicas. 3ª. Edición. Fondo de Cultura Económica – MAPFRE, México, 2000, p. 119.

34. Ibid, p. 124.

35. Este mito, según Luis Villoro, da cuenta de una especie de consejo en el cual se encontraban representadas todas las tribus visigodas y en el cual se tomaban acuerdos y decisiones en asuntos que les concernían a todos. Este consejo fue disuelto por los monarcas absolutos. Consúltese Villoro, Luis (2002). El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. 2ª, ed. México: CONACULTA.

36. Rodríguez, Jaime. op. cit. 1997. p. 41.

37. Ibid. p. 42.

38. De la Torre. op. cit. p. 79.

39. El AHM cuenta con una amplia colección de ejemplares de periódicos y gacetas españolas en las que se da cuenta de todo lo acaecido en la península durante la invasión francesa.

40. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Actas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1808/04. 20 de agosto 1808. Oficio dirigido al Virrey Iturrigaray.

41. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Actas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1808/05. 6 de sep-tiembre 1808. Con base en esta documentación puede decirse que las autoridades del Ayuntamien-to de Monterrey y del Nuevo Reino de León tra-taron de seguir las instrucciones del gobierno que hasta ese momento era el legítimo para la Nueva España, y que a su vez recibía órdenes del gobierno provisional español.

42. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Actas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1808/07. 2 de noviembre 1808. En esta sesión el cabildo elaboró una lista de los miembros del cabildo que efectuarán donacio-nes para la defensa de la madre patria y señalaban el monto de la cooperación realizada.

43. Cuando el gobierno provisional español estuvo legitimado e instauró su aparato de comunicación con las colonias para dar a conocer de manera oficial las disposiciones de dicho gobierno, emitió las Gacetas de la Regencia. En el Archivo Histórico de Monterrey se encuentra una colección importante y numerosa de ejemplares de este medio impreso. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey


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(segunda época). Secc. Gacetas y Periódicos. Colección Impresos.

44. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Gacetas y Periódicos. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 13, fol. 10. 4 de oc-tubre 1808.

45. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Gacetas y Periódicos. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 13, fol. 4. 20 de agosto de 1808.

46. Con respecto a la falta de documentos que verifiquen que las autoridades del Nuevo Reino de León estuviesen al tanto de los debates realizados en la ciudad de México entre el Ayuntamiento y la Real Audiencia, podemos mencionar algunas hipótesis que podrían explicar la ausencia de esta información, entre ellas la distancia y el hecho de que la discusión entre las instancias antes mencionadas tenía como fin la convocatoria a todas las provincias para la integración de una especie de cortes novohispanas a semejanza de las peninsulares. Sin embargo, esto no se llevó a cabo debido al golpe de Estado que sufrió Iturrigaray.

47. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Gacetas y Periódicos. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 13, fol. 4. 20 de agosto de 1808.

48. Entre las ideas planteadas por estos dos pensa-dores políticos podemos mencionar la defensa de la tesis del pacto entre el monarca y su pueblo, en el cual la soberanía reside en el pueblo y es cedida al monarca otorgándole la capacidad de gobernar. Sin embargo, a falta de monarca, la soberanía re-tornaba al pueblo. Este planteamiento es impor-tante ya que de él se desprenderían posteriormente las propuestas de autogobierno para los territorios americanos.

49. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Gacetas y Periódicos. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 13, fol. 9. 6 de oc-tubre de 1808.

50. Existe un bando en el cual el gobernador Pe-dro de Herrera publica noticias sobre los aconte-cimientos de la guerra en España. Pareciera que la publicación de este tipo de noticias era con el fin de despertar el patriotismo y de este modo promo-ver la cooperación para el sostenimiento de esta guerra. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época). Sec. Gacetas y Perió-dicos. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 14, fol. 6. 12 de marzo de 1809. Incluso se publicó un bando en donde informaban sobre el buen estado de salud del rey aun en su cautiverio. AHM. Fondo Ciu-dad Metropolitana de Monterrey (segunda época). Sec. Salud. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 14, fol. 19. 20 de agosto de 1809.

51. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Gacetas y Periódicos. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 14, fol. 7. 18 de marzo de 1809.

52. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1809/07. 7 de abril de 1809.

53. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1810/07. 23 de mayo de 1810.

54. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Ac tas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1810/10 y 1810/11. 14 y 19 de junio de 1810.

55. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Ordenanzas Reales.


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Colección Bandos. Vol. 4, Exp. 11, fol. 2. 4 de di-ciembre de 1810.

56. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Bandos. Vol. 3, Exp. 5, fol. 4. 16 de mayo de 1810.

57. AGN. Grupo documental Provincias Internas. Vol. 15. 1793. Este documento es una carta dirigida al virrey Revillagigedo por Ramón Castro en Mon-clova en donde queda enterado de las disposiciones para evitar el contrabando con franceses de Nueva Orleáns y norteamericanos. El comandante general de las Provincias también firma de enterado.

58. AGN. Grupo documental Provincias Internas. Vol. 200. exp. 1, fojas 1 – 48, 1802 – 1809. Noticia emitida por el comandante de Provincias Internas en la que a su vez comunica lo dicho por el marqués de Someruelos, capitán general de Cuba y don José Vidal, residente de Nueva Orleáns con fecha de 2, 6, 12 y 13 de febrero de 1809. En estas comunica-ciones se informa lo siguiente: […] relativo a los armamentos que hacen los estados americanos, con intento de lo que parece de invadir las Floridas, y aun el Reyno, para que impuesto V.S. de estas graves novedades, pueda tomar por su parte las medidas de precausión que estime convenientes a fin de cubrir la Provincia de Texas limítrofe con la Luisiana […].

59. AGN. Grupo documental Provincias Internas. Vol. 200. exp. 1, fojas 1 – 48, 1802 – 1809. Este acuerdo se encuentra entre la p. 14 – 17 de este ex-pediente.

60. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Gacetas y periódicos. Colección Bandos. Vol. 1, Exp. 14, fol. 11. 18 de abril de 1809.

61. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Ayuntamiento. Colec-

ción Bandos. Vol. 3, Exp. 4, fol. 1. 30 de septiembre de 1809.

62. Rodríguez, Jaime. op. cit. 2005. p. 288.

63. De la Torre. op. cit. p. 86-87.

64. Ibid, p. 89.

65. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Correspondencia. Colección Correspondencia. Vol. 130, exp. 8, fol. 11. 22 de septiembre de 1810.

66. Consúltese a Vizcaya Canales, Isidro op. cit. p. 84-85.

67. Además de la correspondencia particular, lle-garon al Nuevo Reino de León varios documentos que daban cuenta de los acontecimientos de Do-lores. Consúltese el Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época), colección Principal vol. 14, exp. 7; vol. 15, exp. 1 y vol. 17 exp. 5. del Ar-chivo Histórico de Monterrey. Además del Fondo Colonial, secc. Guerra de Independencia del Ar-chivo General del Estado de Nuevo León.

68. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Militares. Caja 2 años 1802 – 1810. exp. 15. 26 de octubre de 1810. Este documento parece ser una circular enviada por el gobernador Santa María, aunque no aparece su firma. “Manden ustedes sin escusa ni pretexto alguno a esta capital toda la gente útil que haya quedado en las compañías de su mando, […] Ynmediatamente y sin pérdida de instantes empelado toda la dulzura y persuasión siempre menesterosa procedan ustedes a tiviar la gente útil que se pueda para que a mi llegada les pase la correspondiente revista […]”.

69. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Guerra de In-dependencia, Caja 1. 12 de octubre de 1810.


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70. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Guerra de In-dependencia, Caja 1. 15 de octubre de 1810.

71. Véase Vizcaya. op. cit. p.43-50.

72. AGENL. Fondo Colonial. Secc. Guerra de In-dependencia caja 1, en esta misma sección existen otros ejemplares de anónimos insurgentes. Tam-bién véase los expedientes con causas seguidas a algunos indígenas provenientes de Guanajuato y San Luis Potosí por la propagación de material sedicioso, AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Sec. Vida Cotidiana. Colección Causas Criminales. Vol. 42, exp. 731. 19 de diciembre de 1810.

73. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Vida cotidiana. Co-lección Causas criminales. Vol. 42 - A, exp. 732, fol. 0. 13 de diciembre de 1810.

74. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Ac-tas de cabildo. Vol. 3, exp. 1810/014, fol. 0. 29 de noviembre de 1810.

75. Vizcaya. op. cit. p. 83-85.

76. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Correspon-dencia de Gobernadores. Caja 1. año 1810.

77. Según Isidro Vizcaya, Santa María le escribió a Calleja pidiéndole que lo incorporara a su ejército y que no quería seguir como gobernador del Nuevo Reino de León. (p. 56).

78. AHM. Fondo: Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1810/13. 15 de noviem-bre de 1810.

79. Quien estaba a cargo de los fondos eclesiásticos era José León Lobo Guerrero.

80. AHM. Fondo: Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección: Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1810/14. 29 de Noviem-bre de 1810.

81. Vizcaya. op. cit. p. 102-103.

82. Jiménez en Garza Cantú, Rafael. Algunos Apuntes acerca de las letras y la cultura de Nuevo León en la centuria de 1810 a 1910. Reimpresión. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes – Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 1995, p. 114.

83. Vizcaya. op. cit. p. 113-114.

84. En este punto existe cierta controversia, ya que según Vizcaya, Ramón efectivamente tuvo corres-pondencia con Jiménez, pero que trató de no tomar abiertamente partido por los insurgentes y que Santa María no tuvo correspondencia con Jiménez “[…] Probablemente lo que la Junta de Gobierno quería saber era si Santa María había tenido correspon-dencia con los insurgentes, y naturalmente ésta no la encontraron en el Archivo porque nunca existió” (p. 130). Esta afirmación surgió por el interrogatorio que la Junta de Gobierno realizó a Martín Salvatierra, sirviente de Santa María acerca del archivo que el gobernador se había llevado consigo. Cossío por su parte en su Historia de Nuevo León, afirma que Ji-ménez también le escribió a Santa María y que Juan Ignacio Ramón tomó partido por los insurgentes después de recibir una segunda carta del insurgen-te explicándole los motivos de la insurgencia, y no sólo tomó partido, sino que se había comprometido a convencer al gobernador para que se uniese a los insurgentes (p. 74-75).

85. Ibid, p. 117.

86. Ibid, p. 119.

87. Ibid, p. 120.


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88. Ibid, p. 120-123.

89. Ibid, p. 132-133.

90. Ibid, p. 134. y Cossío, op. cit. p. 90-92


92. Vizcaya. op. cit. p. 181-199; op.cit. p. 91.

93. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1810/05. 11 de Mayo de 1810.

94. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1810/07. 23 de Mayo de 1810. y AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Actas de Cabildo. Vol. 3, Exp. 1810/08. 25 de Mayo de 1810.

95. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Correspondencia. Colección Bandos. Vol. 4, exp. 11, fol. 4. 1 de no-viembre de 1810.

96. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época). Sec. Actas. Colección Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1811/1. 1 de enero de 1811.


98. Guzmán Pérez, Moisés. La Junta de Zitácuaro 1811 – 1813. Hacia la institucionalización de la in-surgencia. Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-dalgo, Morelia, 1994, p. 58.


100. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época). Sec. Corresponden-

cia. Colección Correspondencia. Vol. 129, exp. 1, fol. 2. 1 de abril de 1811.

101. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Guerra de In-dependencia, Caja 3. 1811.

102. Idem.

103. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Guerra de In-dependencia, Caja 4. 22 de abril de 1811, este do-cumento fue firmado por Félix Ma. Calleja. Otro documento emitido en Zacatecas, el 29 de abril de 1811, informa a los miembros de dicha junta el visto bueno del virrey.

104. En el mismo expediente de la formación de la Junta se anexa la negativa de José León Lobo Gue-rrero de pertenecer a dicha Junta.

105. Galindo, Benjamín. op. cit. p. 44.

106. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Correspon-dencia de Primeros Alcaldes de Lampazos, Caja 1. 3 de abril de 1811. Este bando contiene los mis-mos puntos que el plan propuesto por Francisco Antonio Farías, sin embargo, lo importante de este documento, incluido en el Anexo 6, es la difusión del discurso oficial. Otro punto importante en este documento es que se dan a conocer los nombres de quienes conforman la junta y los cargos que desem-peñarían en ella.

107. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Correspon-dencia de Primeros Alcaldes de Lampazos, Caja 1. 10 de Junio de 1811.

108. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Correspon-dencia de Primeros Alcaldes de Lampazos, Caja 1. 10 de Junio de 1811.

109. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Correspon-dencia de Primeros Alcaldes de Lampazos, Caja 1. 9 de Agosto de 1811.


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110. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Correspon-dencia de Primeros Alcaldes de Lampazos, Caja 1. 9 de Agosto de 1811.

111. AGENL. Fondo Colonial. Sec. Corresponden-cia de Primeros Alcaldes de Lampazos, Caja 1. 6 de Noviembre de 1811.

112. Génesis y Evolución de la Administración Pública de Nuevo León. Monterrey: Fondo Editorial Nuevo León-UANL, 2005, p. 28.

113. Ejemplares de las gacetas españolas pueden consultarse en el Archivo Histórico de Monterrey, el fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (se-gunda época), colección impresos.

114. AGENL. Fondo Colonial. Secc. Correspon-dencia de Primeros Alcaldes de Lampazos. Caja 1. Años 1802 – 1816. 21 de noviembre de 1812.

115. La primera sesión del cabildo, en enero de 1813, sirvió para las elecciones del nuevo cabildo regiomontano, resultando electo Pedro Manuel de Llano como alcalde de primer voto; José Marcos de Arredondo, como alcalde de segundo voto; Ambrosio María de Aldasoro, para regidores a Melchor Núñez de Esquivel, José María Sada y Miguel González, para síndico procurador a Juan Bautista de Arizpe y para mayordomo de propios a Ignacio Martínez. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/001. 1 de enero de 1813.

116. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/002. 10 de febrero de 1813.

117. Ramón Díaz de Bustamante era el gobernador de la colonia del Nuevo Santander, a pesar de esto el virrey le otorgó provisionalmente el cargo de

gobernador en el Nuevo Reino de León. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/003. 11 de marzo de 1813.

118. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Correspondencia. Col. Correspondencia. Vol.2, exp. 21, fol. 1. 4 de marzo de 1813.

119. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Correspondencia. Col. Correspondencia. Vol. 2, exp. 9, fol. 59. 10 de abril de 1813.

120. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/004. 23 de abril de 1813.

121. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/005. 10 de mayo de 1813.

122. Tiempo después, por decreto real las plazas en donde se había llevado el juramento a la constitución, serían llamadas Plaza de la Constitución y se pondría una placa conmemorativa. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/022. 27 de septiembre de 1813.

123. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/006. 31 de mayo de 1813.

124. Estas elecciones tenían como propósito elegir un nuevo cabildo según lo que marcaba la Constitución de Cádiz. A partir de junio se registra en las actas de cabildo a los nuevos funcionarios, Fernando de Uribe alcalde de primer voto; José


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Froilán de Mier Noriega alcalde de segundo voto; Juan José de la Garza, Urbano de la Garza, José María Cárdenas, José Luis de la Garza, Matías de Llano, Juan Francisco de la Penilla, José Antonio Mier y José Antonio de la Garza regidores; Ambrosio María Aldasoro y Pedro José Ma. Morales como síndicos procuradores.

125. Cossío, David A. Historia de Nuevo León, Obras Completas, Madero Quiroga Adalberto (compilador), Congreso del Estado de Nuevo León, LXVIII Legislatura, Tomo IV, Monterrey, 2000, p. 144.

126. Este nombramiento se otorgó después de ser hecha pública la disposición del virrey de dividir la Comandancia General en dos, haciéndose cargo Arredondo de las Provincias Internas de Oriente. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monte-rrey (segunda época) Secc. Correspondencia. Col. Correspondencia. Vol. 1, exp. 17, fol. 0. 28 de mar-zo de 1813.

127. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/018. 25 de agosto de 1813. El nombramiento se efectuó el 28 de abril de ese año.

128. Cossío. op. cit. p. 145.

129. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/019. 28 de agosto de 1813.

130. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1814/002. 10 de enero de 1814.

131. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas

de Cabildo. Vol. 3, exp. 1814/029. 16 de mayo de 1814.

132. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1814/030. 21 de mayo de 1814.

133. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1814/037. 17 de junio de 1814.



136. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1814/066. 10 de octubre de 1814.


138. A este respecto el Ayuntamiento se dio a la ta-rea de reunir testimonios sobre este acontecimiento para respaldar sus argumentos. AHM. Fondo Ciu-dad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1814/070. 17 de octubre de 1814.



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140. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1814/051. 23 de julio de 1814.



143. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Salud. Col. Bandos. Vol. 4, exp. 6, fol. 1. 11 de mayo de 1815.

144. En esta convocatoria participó Miguel Ramos Arizpe. Según las actas de cabildo de 1810 y co-rrespondencia localizada tanto en el Archivo His-tórico de Monterrey como en el Archivo General del Estado de Nuevo León, también se eligió un diputado por el Nuevo Reino de León, sin embar-go, no se menciona a de la Garza en las listas de diputados de la Nueva España en Cádiz. Debido a esto se presume que Juan José de la Garza no pudo llegar a Cádiz.

145. Rodríguez, Jaime. op. cit. (2005) p. 147.

146. Chust, Manuel. “Legislar y revolucionar. La trascendencia de los diputados novohispanos en las cortes hispanas” en Guedea, Virginia. La in-dependencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808 – 1824. Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigacio-nes Doctor José María Luis Mora, México, 2001, p. 28-30; Rodríguez, Jaime. op. cit., 2005, p. 147.

147. Complementando un poco la información sobre el representante de Monterrey como ciudad capital del Nuevo Reino de León, Rodríguez men-ciona que sólo 15 de los diputados electos partici-paron en las cortes, y en la lista de provincias con diputado en Cádiz no aparece el Nuevo Reino de

León. Guedea en Rodríguez, Jaime. La indepen-dencia de la América española. El Colegio de Méxi-co – Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 153.


149. Entre las libertades económicas, Chust men-ciona la libertad de cultivos y manufacturas, de importación de bienes no sólo a España, sino a otras naciones, libertad de extracción de mercurio, libertad de comercio entre los territorios coloniales tanto americanos como asiáticos y la eliminación de monopolios (p. 28).

150. Chust, Manuel. “Legislar y revolucionar. La trascendencia de los diputados novohispanos en las cortes hispanas” en Guedea, Virginia. La in-dependencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808 – 1824. Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigacio-nes Doctor José María Luis Mora, México, 2001, p. 28.

151. Según Rodríguez, a pesar de haber abolido el virreinato, el cargo de virrey se conservó, si bien no como tal, sí como un jefe político superior. Esto con el fin de mantener cohesión entre los territorios americanos.


153. Rodríguez, Jaime. op. cit. p. 168

154. Ibid, p. 173.

155. Ibid, p. 171.

156.- AGENL. Fondo Colonial. Secc. Correspon-dencia de Primeros Alcaldes de Monterrey. Caja 1. Años 1807 – 1818. 16 de octubre de 1813.

157. Rodríguz, Jaime. op. cit. p. 172.

158. Ibid, p. 178.


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159. Ibid, p. 179.

160. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1813/07. 13 de junio de 1813. En el apartado anterior se hace el listado de los funcionarios que fueron elegidos para renovar el Ayuntamiento de la ciudad.


162. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Ayuntamiento. Col. Correspondencia. Vol. 1, exp. 24, fol. 0. 1 de enero de 1814. Esta es la fecha en la que se tiene registra-do el documento, más a juzgar por el contenido fue elaborado tiempo después.


164. En un principio entre sus obligaciones estaban 1) ayudar a los capitanes generales y demás jefes militares a conseguir suministros y reclutas, corres-pondiéndoles especialmente el repartimiento entre las tropas de las recaudaciones de bastimentos; 2) velar por que la recaudación de los caudales públi-cos se hiciera en la debida forma; 3) poner en cono-cimiento de las Cortes las cantidades de caudales, víveres, donativos, etc., que hubieren exigido y cobrado de los pueblos, los ayuntamientos y otras corporaciones o personas particulares para el man-tenimiento de las tropas, y el uso que hicieren de los mismos. Estaban también encargadas de 4) cuidar que los caudales públicos fuesen guardados en una sola tesorería de la hacienda pública y de 5) publi-car y remitir al gobierno central un estado mensual de las entradas y salidas del erario público y otro a fin de año con la cuenta general y nota de las parti-das que se hubieren reclamado. Además, tenía que 6) levantar el censo de su población y la estadística anual de los diversos productos de la agricultura, industria y comercio de la provincia; 7) fomentar y establecer escuelas de primeras letras para ambos

sexos; y 8) comunicar a las Cortes los empleos y los establecimientos que juzgasen ya inútiles en las provincias y proponer los que conviniese fomentar o formar de nuevo. Benson. op. cit. 1992. p. 22.

165. Benson, Lee Nettie. La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano, México LI Legislatura. Cámara de Diputados, México, 1992, p. 21-22.

166. Ibid, p. 21-22.

167. Las facultades de la diputación provincial se detallaron en la “Instrucción para los Ayuntamien-tos Constitucionales, juntas provinciales, y jefes políticos superiores” decretada por las Cortes el 23 de junio de 1813. Benson, op. cit. p.29

168. Benson. op. cit. p. 28-29.

169. Ibid, p. 33.

170. Ibid, p. 40.

171. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Correspondencia. Col. Correspondencia. Vol. 3, exp. 6, fol. 0. 16 de mayo de 1813.

172. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Correspondencia. Col. Correspondencia. Vol. 3, exp. 2, fol. 0. 13 de abril de 1814.

173. Benson. op. cit. p. 40.

174. Se encontró una correspondencia procedente de la villa de Laredo anunciando la disolución de la Diputación Provincial. AHM. Fondo Ciudad Me-tropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Correspondencia. Col. Correspondencia. Vol. 4, exp. 3, fol. 0. 7 de junio de 1814.

175. Benson. op. cit. p. 40.


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176. Vigil Batista, Alejandra. “Continúa la lucha insurgente” en García Díaz, Tarsicio. Independen-cia Nacional. vol. 2. UNAM, Instituto de Investi-gaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional, He-meroteca Nacional, México, 2005, p. 209.

177. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1816/000. 1 de enero de 1816. Resultaron electos para ese año José Francisco Bru no Barrera y Bernardo Ussel y Guimbarda como alcaldes de primero y segundo voto, respectiva-mente, José Agabo de Ayala, José Luis de la Garza, Miguel González, Francisco Antonio Farías, Bar-tolomé Serna, Francisco Martínez Guajardo, Fran-cisco García Elizondo y José Antonio de la Garza Saldívar como regidores y José Antonio Rodríguez como síndico procurador.

178. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1817/001. 7 de enero de 1817. Para este año fueron reelectos José Francisco Bruno Barrera y Bernardo Ussel y Guimbarda como al-caldes de primero y segundo voto respectivamente, Matías de Llano, Juan Bautista de Arizpe, Leonar-do Guerra, José María González, Juan José Taméz, Blas Casimiro Sada, Francisco Martínez y Garza y Simón Rodríguez como regidores, Jorge Soria-no como síndico procurador y Pedro José Morales como escribano del cabildo.

179. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1817/004. 20 de marzo de 1817.

180. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1817/006. 19 de mayo de 1817. Según las actas de cabildo, las noticias sobre Javier Mina llegaron a la ciudad hasta mayo, sin embar-

go, David Alberto Cossío afirma que Joaquín de Arredondo tenía noticias de la expedición de Mina desde abril de ese mismo año (Cossío: 2000, tomo IV, 207). Cossío, op. cit. p. 207.

181. Rodríguez, Jaime. op. cit. 2005. p. 337-338.

182. Según Jaime Rodríguez, debido a las guerras en América, España no podía recibir las ganancias de sus colonias con lo cual la restauración del país después de la guerra se complicaba.

183. Idem y de la Torre, op. cit. 115.


185. Vigil. op. cit. p. 209.

186. Cossío, op. cit., p. 208.

187. No está del todo clara la fecha del fusilamien-to de Mina ya que Vigil afirma que acaeció el 11 de noviembre de 1817 y no el 11 de enero como asegura Ernesto de la Torre. Véase De la torre, op. cit. p 115.


189. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1817/019. 8 de octubre de 1817.




193. Ibid, p. 124.

194. Ibid, p. 129.

195. Según De la Torre, O’Donojú era un hombre con ideas liberales. Al enterarse de las circunstan-


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cias en las que llegó a la Nueva España comprendió que no había mucho que hacer ya que el número de soldados que le acompañaban no era suficiente para hacerle frente al Ejército Trigarante. No obs-tante, la Corona española no reconoció la indepen-dencia de la Nueva España hasta 1836. De la Torre. op. cit. p. 130.


197. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Correspondencia. Col. Correspondencia. Vol. 7, exp. 1, fol. 39. 16 de febrero de 1818.

198. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1818/06. 16 de febrero de 1818.

199. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1818/010. 2 de abril de 1818.

200. Las elecciones del cabildo se llevaron a cabo el 1 de enero. Resultaron electos José Francisco Bruno Barrera, Bernardo Ussel y Guimbarda como alcal des, Juan Bautista de Arizpe, José María Gon-zález, Santos de Uribe, Victoriano Martínez, José Antonio de la Garza y Guerra, Matías de Llano, Nicanor Martínez, Víctor Garza Treviño como regidores y José María Canales como síndico pro-curador. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1818/046. 1 de enero de 1818.

201. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de

Cabildo. Vol. 3, exp. 1818/019. 3 de abril de 1818.

202. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Corresponden-cia. Col. Correspondencia. Vol. 7, exp. 2, fol. 9. 12 de septiembre de 1818.



205. Guede en Rodríguez Jane. La independecia de la America Española. El colegio de México-Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p.178.

206. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Ac-tas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1820/010. 13 de junio de 1820.


208. Virginia Guedea en Rodríguez, op. cit., p. 178.

209. Guerra en Sabato, Hilda, Ciudadana política (2003). p. 50.

210. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1820/033. 18 de junio de 1820 y formación de las naciones. Perspectivos Histó-ricos de America Latina,México: FIECOIMEX, p. 50.

211. Ser vecino no es sólo tener un estatuto particular, sino de un estatuto privilegiado, por lo


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tanto, implicaba desigualdad no sólo con los que no eran vecinos, sino entre los mismos vecinos, este estatuto depende de los derechos de la comunidad a la que se pertenecía, lo cual pone de manifiesto la jerarquización de las ciudades. Asimismo, dentro de la misma ciudad, la diferencia estaba en los privilegios que se poseyeran (nobleza, hidalguía). Consúltese el trabajo de Francois–Xavier Guerra “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina” en Sabato Hilda (2003). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de America Latina. México: Fondo de Cultura Económica – El Colegio de México.

212. Véase el artículo de Francois – Xavier Guerra “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina”.

213. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1820/034. 19 de junio de 1820.

214. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1820/027. 4 de diciembre de 1820.

215. Francisco de Paula Mier y Noriega aparece como alcalde segundo en la primera acta del año de 1821, por lo cual se corrobora su nombramiento para sustituir a Santos Uribe. AHM. Fondo Ciu-dad Metropolitana de Monterrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1821/001. 10 de enero de 1821.

216. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1821/010. 19 de febrero de 1821.

217. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1821/017. 26 de marzo de 1821.

218. AHM. Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey (segunda época) Secc. Actas. Col. Actas de Cabildo. Vol. 3, exp. 1821/019. 12 de abril de 1821.



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CAPÍTULO IIMONTERREY, DEL PROVINCIANISMO NUEVOLEONÉS

A LA FORMA DEL ESTADO

1. La provincia del Nuevo Reino de León en los inicios de la vida independiente

En este capítulo abordaremos la transformación del Nuevo Reino de León y de la ciudad de Monte-rrey, en un Estado libre y soberano perteneciente a una república federal, y en la capital de una entidad de los Estados Unidos Mexicanos.

1.1. De la constitución de 1812 a la for-mación de las Diputaciones Provinciales

Desde la época en que se introdujeron las refor-mas borbónicas en la monarquía española con el objeto de descentra-lizar el poder de las élites en los reinos y provincias se creó una territorialidad diferente.1 El siste-ma de intendencias en la Nueva España respondió a estas in-quietudes, su objeti-vo fundamental era establecer un sistema administrativo, fiscal y territorial2 y dentro de éste las provincias internas de Oriente, Nuevo Santander, Nuevo León, Coa- El Nuevo Reino de León fue poblado por españoles, criollos y castas.

huila y Texas formaron parte de la Intendencia de San Luis Potosí en 1787, y uno de los fenómenos que se creó a partir de estas reformas fue el surgi-miento de las provincias como unidades de áreas administrativas.3

Este proceso fue evolucionando a partir de los inicios del siglo XIX, con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, de donde surgió la tradición liberal hispánica que influiría todo el pensamiento del futuro estado mexicano. Entre las aportaciones más importantes de esta carta consti-tucional, Jaime E. Rodríguez menciona: abolición de las instituciones señoriales, la Inquisición, el tri-buto a los indígenas, el trabajo forzoso y el control


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del Estado sobre la Iglesia. Esta constitución estableció, además, un gobierno representa-tivo en tres niveles: en las ciudades y pueblos con el establecimiento de Ayuntamientos constitucionales, en las distintas provincias con la creación de diputaciones Provinciales, y la monarquía con la plataforma de las cortes hispánicas.4

Empezaremos hablando de la impor-tancia del establecimiento de las Diputacio-nes Provinciales, éstas fueron colocadas a partir de las denominadas Juntas Gubernati-vas, surgidas en España a raíz de la ausencia del rey Fernando VII, en 1808.5 La posterior re-unión de las Cortes Españolas dio legitimidad al establecimiento de estas juntas y decretó la Carta Constitucional de 1812. Dentro de esta constitución se legisló el capítulo II que contiene los artículos respectivos al gobierno político de las provincias y de las Diputaciones Provinciales.6

La formación de las Diputaciones Provin-ciales señalaba, mediante el artículo 6 de la Cons-titución española, que “las diputaciones Provin-ciales, peninsulares y de ultramar se compondrían de un jefe político, el intendente y siete individuos independientemente de la extensión o población de la provincia”.7 La figura del jefe político (que sería nombrado directamente por el gobierno), marcó la extinción del virrey y le dio a este primero la atribución del gobierno político. El jefe político o gobernador Provincial se convirtió en la máxima autoridad en el territorio de la provincia, mientras que los Ayuntamientos quedaron bajo la supervi-sión de la Diputación Provincial.8

La trascendencia de esta constitución y de los conceptos antes mencionados es invaluable pues introdujo la existencia de un nuevo gobierno más liberal y representativo. Analizar particular-mente dentro de la experiencia de la provincia del Nuevo Reino de León, dichos conceptos resultan esenciales para comprender el proceso histórico

Mapa del virreinato de la Nueva España hacia 1821.

mediante el cual la provincia evolucionó hasta con-vertirse en un estado.

Así pues, como antecedente de dicho pro-ceso, partiremos desde el movimiento de insur-gencia en la provincia del Nuevo Reino de León, el cual llegó con fuerza a la región en 1811, con la presencia de Mariano Jiménez; en ese entonces el gobernador de la provincia del Nuevo Reino de León, Manuel Santa María, se unió al jefe mili-tar Juan Ignacio Ramón y ambos se adhirieron a la causa insurgente. Jiménez nombró un gobierno interino presidido por Santiago Villarreal, el cual duró apenas unos días, pues fue declarado ilegíti-mo al volver la provincia al régimen realista.9

Por ello Santiago Villarreal hizo dimisión de su empleo, creándose un vacío de poder. Ante la necesidad de establecer gobierno, el síndico pro-curador de Monterrey, Francisco Antonio Farías, presentó un plan para formar una Junta Provisional compuesta de seis individuos y su presidente: Blas Gómez de Castro, presidente; Bernardo Ussel y Guimbarda, vicepresidente; José León Lobo Gue-rrero; José Vivero; José Valera; Melchor Núñez de Esquivel; Antonio Silverio de Berridi y Francisco Bruno Barrera Gómez de Castro, esta junta gober-nó desde el 1 de abril de 1811 hasta el 11 marzo de 1813.10

Luego de esa fecha, Fernando Uribe, en calidad de alcalde mayor, asumió el cargo de go-


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Fray Servando Teresa de Mier, religioso regiomontano.

bernador y convocó a la junta preparatoria electo-ral de 1813, “la cual mandó el 20 de septiembre a los gobernadores de Nuevo Santander, Coahuila, Texas y Nuevo León, que remitiesen sin demora en los censos de sus respectivas provincias, para que pudieran terminarse las instrucciones relativas a elecciones”,11 y formar la que sería la primera Di-putación Provincial de las Provincias Internas de Oriente en 1814.

La junta señaló los distritos electorales, de acuerdo con los censos eclesiásticos del obis-po Martín de Porras, de la diócesis de Linares. A Texas, debido a su escasa población, le fue desig-nado solamente un distrito electoral, con su capi-tal en Béjar, a Nuevo Santander, cinco distritos; a Nuevo León cuatro y, finalmente, a Coahuila, tres. Se giraron instrucciones a los gobernadores de cada provincia para realizar las elecciones parroquiales y las de partido o de distrito, y los votados se tras-ladaron a Monterrey y realizaron las elecciones de partidos el 20 de febrero de 1814, eligiendo los di-putados a cortes que ejercerían en 1815-1816.12

La formación de la primera Diputación de las Provincias de Oriente 1814

La élite del Nuevo Reino de León reconoció la soberanía del Congreso español, adoptó la Consti-tución Liberal Española, y acogió a la nueva corpo-ración: la Diputación Provnicial, con entusiasmo y esperanza. El acta de proclamación e inicio de se-siones exclamó con complacencia que este nuevo cuerpo repartiría “los preciosos frutos del sistema social”, y que sus integrantes se dirigirían a promo-ver el desarrollo de la “industria, artes, comercio y demás ramos de la economía civil”.13

Respecto a la Constitución, se mostraban complacidos, ya que por medio de esta carta se habían convertido en ciudadanos libres con dere-chos, recalcaban, además, comprometerse a vigilar su observancia, pues a través del espíritu de esta ley aspiraban a alcanzar “la rectitud, la justicia y

la equidad”, único medio que conduce a la gran-deza de la nación y el Estado.14 Manifestaron que la Diputación era un órgano representativo que se ocuparía por la felicidad pública e individual, que todos los Ayuntamientos y corporaciones debían respetarla y acatar sus disposiciones; así como pre-sentar ideas, proyecto y planes de progreso para que la Diputación dictara las mejores providencias para el gobierno interior de las provincias y lograr entonces la prosperidad.15

La primera Diputación Provincial fue inte-grada por los entonces diputados doctor Bernandi-no Cantú y el doctor José de León Lobo Guerrero, representando a la provincia de Coahuila estuvie-ron los señores Melchor Sánchez Navarro y Fran-cisco Antonio Gutiérrez; por la provincia de Nuevo Santander Ylarión Gutiérrez y Pedro Paredes; re-presentando a la provincia de Texas fungió Pedro Manuel de Llano y como secretario Juan Bautista de Arizpe.16 Estos siete individuos, tal y como mar-caba la Constitución de Cádiz, tenían como presi-dente al jefe político de las Provincias de Oriente, Joaquín Arredondo.


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Joaquín Arredondo había sido designado comandante de las Provincias Internas de Orien-te desde 1813, y basándose en el decreto expedido del 23 de junio de 1813, estableció su comandan-cia y cuartel general en la ciudad de Monterrey.17 La relación entre la élite Provincial y el jefe militar fue siempre muy tensa, pero con la revocación de la Constitución de 1812 y la abolición de las cortes de Cádiz por el monarca Fernando VII, en 1814, la Diputación Provincial fue disuelta por órdenes del comandante general. Desde entonces Arredondo tuvo la libertad para gobernar las provincias de ma-nera autoritaria, férrea y dominante.

No fue sino hasta mayo de 1820, cuando, con motivo del pronunciamiento liberal ocurrido en España, mediante el cual Fernando VII fue obli-gado a restaurar la Constitución de 1812 en mayo, que se restablecieron en la Nueva España las di-putaciones Provinciales como formas de gobierno. En la provincia de Monterrey se comenzó por girar las correspondencias respectivas con el resto de las provincias para llevar a cabo el juramento de la Constitución de la monarquía española y establecer los Ayuntamientos, así lo describe una correspon-dencia de la ciudad de Linares dirigida al gober-nador de la provincia Francisco Bruno Barrera y al jefe político Gaspar López, así como el testimonio de conformidad que suscribe el Ayuntamiento.18

Segunda Diputación

El siguiente paso fue llevar a cabo las juntas pa-rroquiales19 y las electorales de partido, para así establecer la segunda Diputación de las Provin-cias Internas de Oriente, misma que se eligió el 2 octubre de 1820 y fue instalada en Monterrey en noviembre del mismo.20

Los integrantes de la segunda Diputación Provincial fueron: por Coahuila José de León Lobo

Guerrero, canónigo doctoral de la Iglesia, y Mau-ricio Alcocer, hacendado de Saltillo; por el Nuevo Reino de León, Fermín Sada, prebendado de la catedral de Monterrey, y Santos de Uribe, alcal-de segundo de Monterrey; por Nuevo Santander, don José Eustaquio Fernández de Lara y don Ma-nuel de la Torre, alcalde de la villa de Aguayo; por Texas, Ambrosio María de Aldasoro, del comercio de la capital de Monterrey; como suplente fungió don José Antonio Rodríguez, regidor del Ayunta-miento.21 Esta segunda Diputación es considerada de “transición” ya que fue nuevamente disuelta por Arredondo en los primeros días de julio de 1821, para llevar a cabo la Junta Electoral de Provincia que elegiría a la tercera Diputación Provincial.

A pesar de lo efímero de su existencia, la segunda Diputación llevó a cabo algunas activida-des que se pueden inferir por las correspondencias recibidas de las diferentes Provincias de Oriente. Principalmente de la provincia texana se recibieron los oficios referentes a los ataques indígenas que eran tan perjudiciales a la región, por este motivo la Diputación se dio a la tarea de proyectar una cam-paña en contra de los indios bárbaros.22 Para lle-varla a cabo se acordó establecer un cobro de con-tribución de 1% a la población, y el Ayuntamiento de Monterrey,23 se crearon comisiones encargadas de levantar listas de posibles contribuyentes.24

Otras correspondencias como las de la Diputación de Nuevo Santander relataban, a pe-tición de la Diputación Provincial, la averiguación relativa a la introducción de harinas en el puerto de Altamira.25 Sin embargo, pese a los esfuerzos de la Diputación, nunca celebró sesión formal alguna, ante la falta de un competente número de vocales que acudiera para resolver dichas cuestiones y fi-nalmente fue disuelta por Arredondo en los prime-ros días de julio de 1821.26


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Mapa de lasDiputaciones Provinciales e Intendencias en 1821.

1.2. Reconocimiento y jura de la Indepen-dencia

Mientras la vida de la provincia del Nuevo Reino de León continuaba, y los representantes de las cor-tes hispánicas sesionaban en España, los generales Iturbide y Guerrero proclamaron la Independencia en febrero 1821.

Su Plan de Iguala proponía una monarquía constitucional con el rey de España o un miembro de la familia real española como soberano, recono-cía la Constitución Española de 1812, y los decretos promulgados por las cortes españolas.27

Lo proclamado mediante este plan llegó a conocimiento de la provincia del Nuevo Reino de León en marzo de 1821. Pero la adhesión al plan y la jura tuvieron lugar hasta el mes de julio. Fue en estos últimos meses de gestión que el comandante militar Arredondo redobló la vigilancia y mandó traer de Saltillo las cajas reales; pero el tesorero y el Ayuntamiento de dicha provincia se negaron a obedecerlo.

El comandante mandó entonces al batallón de Veracruz, que se encontraba de guarnición en Monterrey, hacia Saltillo, con la intención de ha-cerse obedecer.28 Por el contrario, el teniente de la compañía de granaderos de Veracruz, don Nicolás del Moral, junto con los soldados, juró la indepen-dencia el 1 de julio de 1821, para ser luego acompa-ñado por el teniente don Pedro de Lemus.

La situación se volvió en contra del militar realista, y no tuvo más remedio que verse en la ne-cesidad de convocar, la noche de 2 de julio, a las autoridades y vecinos más representativos de Mon-terrey, quienes, en común acuerdo, “para aquietar los ánimos y uniformar el sistema de gobierno”,29 juraron la Independencia y adoptaron el Plan de Iguala.30

Sin duda, estas acciones fueron muy signi-ficativas para el estado político tanto de las Provin-cias Internas como para la ciudad de Monterrey. El poder del brigadier Arredondo disminuyó de manera considerable, al grado que la provincia de Saltillo se negó a reconocer al comandante pese a


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saber del juramento prestado en la capital de Mon-terrey.31 De tal manera que Joaquín Arredondo manifestó, o más bien amenazó con renunciar al mando de las provincias.

Esto generó confusión en Monterrey, pues se temían las consecuencias que de toda esta situa-ción se podrían originar, especialmente respecto a la unión y tranquilidad de las provincias. Cabe recordar que la segunda Diputación Provincial recién había sido disuelta, y en esta atribución, el Ayuntamiento tomó la resolución de erigir una repre-sentación escrita y personal por medio del re-gidor brigadier don Juan Bautista de Arispe, en la cual relataban todas estas desavenencias al primer jefe, don Agustín de Iturbide, para que dictara una resolución.32

Sin embargo, los días de Arredondo esta-ban contados, y en una reunión extraordinaria de Cabildo se acordó aceptar la renuncia de Arredon-do “por no contemplar autoridad para hacerlo” y también se convino que las comisiones de los cuer-pos eclesiásticos, civil y militar pasaran a la ciu-dad de Saltillo a exponer las razones y dificultades que existían para deponer del mando al “señor ge-neral” y, asimismo, exhortar a la unión de ambas provincias para proceder a nombrar la Diputación en lo que se esperaba la resolución del gobierno.33 Finalmente, en agosto de 1821, Joaquín Arredondo entregó el mando al nuevo jefe político de la región, el teniente coronel Gaspar López.34

Vicente Guerrero se une a Iturbide, al proclamarse el Plan de Iguala.

Tercera Diputación

La tercera Diputación Provincial había sido electa por la junta electoral de provincia en marzo de 1821, y entre sus elementos fueron elegidos: Bernandino Cantú, del Nuevo Reino de León; José Melchor Sánchez Navarro, por Coahuila; José María Gutié-rrez de Lara, por Nuevo Santander, y José Vivero, por Texas; se entiende que ésta laboró entre los me-ses de septiembre y diciembre de 1821.35

El nuevo jefe político, Gaspar López, se ganó a pulso el rencor de la comuna de Monterrey. Primeramente estableció su mando en Saltillo, “lo que presagiaba que, como comandante militar y, por lo tanto jefe político, la Diputación Provincial se trasladaría a la ciudad”.36

Gaspar López solicitó a la provincia de Monterrey bagajes para la conducción del parque, la imprenta y hasta del archivo de la Diputación; de inmediato el Cabildo de Monterrey mandó for-mar una comisión para dirigir un oficio al primer jefe, Agustín de Iturbide, y al comisionado en cor-te, Juan Arispe, informando “del notorio despojo y agravio que se le infiere a esta capital, trasladando la comandancia general de su suelo”, y en tanto se detuvo la conducción del archivo y el demás en-cargos.37

Gracias a la resistencia de la provincia se pu-dieron salvaguardar los archivos de la Diputación, no así en lo que se refiere al parque y la imprenta, que sí fueron enviados a Saltillo en detrimento de la milicia y, por consiguiente, en la seguridad de la misma.38

1.3. Solemnidad de la proclama de Inde-pendencia del Imperio Mexicano realiza-da en Monterrey

Una vez que los dirigentes de la Nueva España de-clararon la Independencia, en septiembre de 1821, y se proclamó la adhesión al Plan de Iguala, se


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Escudo nacional, símbolo de la independencia mexicana.

estableció un Consejo de Regencia para ejercer el poder ejecutivo y una Soberana Junta Provisional Gubernativa para el poder legislativo, en tanto se reunían las Cortes mexicanas.39

Para ese entonces, en la provincia de Nue-vo León, la independencia era ya una realidad, “consecuencia inevitable por los rápidos progresos de nuestro victorioso y valiente y nunca bien pon-derado ejército libertador trigarante”,40 así lo ma-nifestaba la correspondencia que el Ayuntamiento dirigió al jefe político Gaspar López, en la que se le invitaba a asistir a las celebraciones programadas el 11 de noviembre de 1821 ante tan plausible noticia.

Un d e c r e t o enunciado por la Junta Provisional Gubernativa formuló el modo y los términos en que debía verificarse la jura de Independencia, y con base en este oficio, el Ayuntamiento de Mon-terrey acordó: convocar al vecindario para que contribuyera con lo que “dictara su patriotismo” para los gastos de la or-ganización, que lo que se produjera en la pla-zuela se sufragara con el fondo de propios, además se nombró una comisión que se encargaría de soli-citar la casa morada para hospedaje del jefe político de la provincia; por su parte, el cabildo eclesiástico señaló al Ayuntamiento de Monterrey que en breve mandaría la fecha programada para el canto de una misa en sufragio de las almas de los fallecidos en la lucha de la Independencia.41

La jura de Independencia se llevó a cabo fi-nalmente el 18 de noviembre de 1821.42 Un día antes un repique general y música resonó por las calles

públicas para anunciar el evento, mientras que en las salas, adornadas con entapizado de Damasco, y en la cabecera al frente del dosel una mesa y en medio de ella la efigie de Jesucristo acompañada del libro de los Santos Evangelios, se afinaban los últimos preparativos.43

Llegó el día de la jura y primeramente se contó con la presencia de todas las autoridades im-portantes para tan magno evento: el teniente coro-nel Gaspar López, las diputaciones de la excelentí-sima Diputación Provincial, el cabildo eclesiástico: con la presencia de don José de León Lobo Guerre-

ro, canónigo diocesal de la santa Iglesia catedral Provincial y el vicario capitular del obispado, don Ambrosio María de Aldasoro; el secretario don Rafael de Llano, don José Bernandino Cantú, tesorero de la santa Iglesia; don Pedro de Hombre, canónigo, y el secretario don José Antonio de la Garza, to-dos ellos en reunión de todos los vecinos repu-blicanos, del batallón de voluntarios de la patria, el batallón de infantería de Querétaro, y dos de

los cuerpos de caballería que guarnecían en ese momento la capital.44

En seguida se dio lectura del acta soberana de la junta de imperio, declaratoria de su indepen-dencia, del Plan de Iguala y del Tratado de Cór-doba.45 Luego se recibió el juramento individual por el señor comandante general, quien lo prestó ante el vocal más antiguo de la excelentísima Di-putación. Al término del juramento el comandan-te general, don Gaspar López, hizo entrega de la bandera tricolor al alcalde primero, don Matías de


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Llano, quien al sujetarla la besó, diciendo: “Ésta es la bandera del pueblo mexicano, juremos defen-derla hasta la muerte”,46 en coro todos contestaron: juramos y se hicieron entonces las vivas y aclama-ciones, las descargas de artillería de los granaderos voluntarios de la patria, y además se acompañó con música y repique de campanas de la santa iglesia catedral por espacio de media hora, con lo que se disolvió la junta.47

Nuevamente se reunieron a las cinco de la tarde todas las autoridades y el Ayuntamiento, quienes se trasladaron a la catedral donde los es-peraban el ilustrísimo señor venerable presidente y cabildo. En ese momento el alcalde Matías de Lla-no portaba la bandera de las armas del imperio para ser bendecida en el acto. Concluida la bendición, y como lo previene el art. 4 del decreto, se llevó a cabo un paseo por las calles que anteriormente había señalado el Ayuntamiento, y que para mayor lucimiento se hallaban bien adornadas.48

En el paseo ocho granaderos de las com-pañías veteranas de la provincia de Guanajuato abrían el paso a la multitud, le seguían dos danzas alegóricamente vestidas por los vecinos de la ciu-dad de Monterrey y del pueblo de nuestra señora de Guadalupe, en seguida marchaban la infantería

de voluntarios de la patria, la ligera de Querétaro, quienes finalizaron el recorrido al llegar a la plaza principal.49

En la plaza el Ayuntamiento se tenía prepa-rado el tablado,50 que estaba adornado con la ban-dera del imperio, al que subieron el Ayuntamiento y el concurso, mientras que en un decente dosel, colocado enfrente de la plaza, la demás ocurrencia, tomó sus asientos. A continuación se llevó a cabo el juramento bajo la fórmula que juraban antes los reyes por los señores alcaldes.

Después de terminar la voz del alcalde Matías de Llano, se solemnizó en augusto acto una aclamación general que fue iniciada por el se-ñor comandante Gaspar López, quien tributó las justas vivas a nuestra santa religión, al imperio y unión como las tres garantías que sostienen nuestra gloriosa independencia, seguido entonces de las descargas militares y el repique de campanas. En el acto intermedio, el señor comandante, el Ayun-tamiento y las diputaciones repartieron bastante cantidad de dinero, habiendo concluido así con dar al público las tres fuentes de plata que dispuso la ciudad con ese objeto.51

Enseguida, el concurso se dirigió a la casa que el Ayuntamiento dispuso para el refresco y por la noche se repitieron a las oraciones el repique de

campanas. Al día siguiente continuó la ilumi-nación general y a poco comenzó la diversión en la plaza pública hasta las once de la noche, acompañados de lucidos fuegos artificiales. Al tercer día se celebró en la santa iglesia catedral la magnífica, para dar gracias al todo podero-so, el sermón fue predicado por el presbítero Francisco Rafael Antonio Gamboa, y asistie-ron al acto las Diputaciones Provincial y el Ayuntamiento, presididos por el comandante general.

Acto seguido, ambos cuerpos, dipu-taciones, vecinos de distinción y oficialidad se trasladaron a la misma casa donde se re-pitió el refresco dispuesto por la ciudad, y se

Entrada triunfal de Iturbide a la ciudad de México para lograr la Independen-cia.


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solem-nizó lo mismo que el anterior. Y así se dio por concluido el juramento y proclamación de la Independencia.52

1.4. Elecciones para la cuarta Diputación Provincial y la rivalidad con Saltillo

En noviembre de 1821, el Consejo de Regencia ex-pidió las instrucciones para la elección de miembros ante el nuevo congreso. Sobre el establecimiento para las diputaciones en el art. 15 se dispuso que los miembros de las diputaciones Provinciales ya establecidas fueran renovados por completo; mas la mitad de los antiguos podrían ser reelegidos, a condición de que perteneciesen a la provincia que los reeligiera.53

En la provincia de Monterrey se llevó a cabo la junta parroquial para el nombramiento de electores, en diciembre de 1821. Se nombraron dos escrutadores, según lo prevenido el decreto de las Cortes de España del 23 de mayo de 1821, resul-tando electos: don José Antonio y don José María González; en seguida ocurrieron los ciudadanos presentando las listas de elección de los 17 electores nombrados que correspondían a esta capital.54

La Diputación quedaría elegida para el 29 de enero de 1822, e instalada para inicios de marzo de ese año, con siete miembros: dos de las provin-cias de Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo León y uno por Texas,55 mientras que el nombramiento para diputado recayó en la persona del doctor Fray Servando Teresa de Mier y Guerra, y el señor don Juan Bautista de Arispe como diputado suplente.56

Sin embargo, la cuarta Diputación Provin-cial de las Provincias de Oriente nunca fue estable-cida, pues desde mediados de diciembre de 1821, más o menos al tiempo que se había disuelto la tercera Diputación, el Ayuntamiento de Monterrey tuvo la noticia de que comisionados de Saltillo bus-caban que la Corte de México declarara capital de las Provincias de Oriente a aquella villa.57 El Ayun-

tamiento acordó el envío de una representación que expondría a la Junta Provisional Gubernativa:

la poca justicia con que la villa de Saltillo pretende despojar de su rango y represen-tación a esta ciudad, las ventajas que ésta ofrece respecto a aquélla para que se exi-jan en su suelo los Tribunales Superiores de Audiencia, Silla Episcopal, Diputación Provincial, Comandancia General y Teso-rería Nacional, además de explicar las ven-tajas de la ciudad en productos, salubridad, por haber sido ya reconocida capital y eri-gida ciudad metrópoli, implorando suspen-der cualquier injusta pretensión.58

Estas prerrogativas fueron representadas por Miguel Ramos Arizpe, “que con un amor in-moderado a procurado engrandecerlo más de lo justo” (Saltillo), con agravio manifiesto de esta ciudad. El Ayuntamiento de Monterrey alegaba que la situación topográfica de la villa Saltillo era el último lugar en una extremidad, lo cual creaba un visible prejuicio para los habitantes de la pro-vincia “al obligarlos a pasar atravesando desiertos para dar cursos a sus negocios o desempeñar sus destinos (…)”,59 además su suelo es desigual, sus edificios de tierra, sus producciones, a excepción del pan, son estériles, “porque la carne, maíz, pi-loncillo, pescado, lana, pieles, ganado mayor o me-nor y muchas fiestas las recibe de esta provincia y sus adyacentes”.60

El Ayuntamiento de Monterrey formalizó estos informes en una representación muy contun-dente en la que pedía suspender las prerrogativas del diputado Miguel Ramos Arizpe.61 A partir de estas declaraciones, Monterrey y Saltillo iniciaron una lucha por establecer la capital de la Diputación Provincial durante 1822.62 Nuevo Santander apro-vechó esta situación y solicitó su separación de las Provincias Internas, eligió su propia Diputación Provincial, la cual fue aprobada por el Congreso en agosto del mismo año.63


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Las competencias entre el comandante Gas-par López y el Ayuntamiento de Monterrey

Con la limitación de la tercera Diputación Provin-cial, la falta de establecimiento de la cuarta, y la instalación de la Comandancia Militar en Saltillo, Gaspar López se perfiló como detentor del poder político de las Provincias Internas de Oriente. En tal situación, la relación entre el Ayuntamiento de Monterrey y el comandante militar Gaspar López se tornó conflictiva.

El problema estribó principalmente en la ausencia de un gobernador en la provincia de Monterrey, y como medida la Regencia del Impe-rio Mexicano declaró, en marzo de 1822, el ejerci-cio del gobierno político a favor del Alcalde 1º del Ayuntamiento de Monterrey, el Lic. don Alejandro Treviño. Este último padeció un tiempo enfermo por lo cual la circulación de algunos decretos y circulares no tuvieron un puntual cumplimiento, y esto generó resentimientos entre ambos, y en este contexto el Ayuntamiento ejerció el gobierno po-lítico.64

El inicio de los problemas entre el Ayun-tamiento y el comandante, comenzó cuando este último ordenó al Cabildo levantar una suscripción patriótica para la compra de armamento, el Ayun-tamiento, por su parte, justificó no poder llevar a cabo dicha tarea debido a la escasez del vecindario, y contestó al comandante diciendo que se debía reunir a la Diputación Provincial65 para que esta corporación tomará las medidas, arbitrios o recur-sos convenientes para adquirir el dinero necesario

Militares, civiles y religiosos juraron la Independencia en Monterrey.

para ese objeto; además, el Ayuntamiento sugirió que se podía tomar razón de los depósitos de los juzgados de concursos de acreedores para usarlos en calidad de reíntegro.66

Otra petición del señor comandante, dirigi-da al Ayuntamiento, era la relativa a que se quitara la estatua del rey de España de la plaza mayor de la ciudad, el Ayuntamiento decidió por votación que su orden no podía tener efecto por “carecer la ciudad absolutamente de fondos” para erogar los costos. La reacción del comandante Gaspar López no se hizo esperar, se rumoraba, según informes del procurador, que el señor comandante había afirma-do públicamente, en una junta de oficiales “que la corporación se hacía sospechosa por no haberse llevado a efecto la suscripción que propuso para comprar armamento”, habiéndose comprometido de esta manera la conducta de la corporación.67

El Ayuntamiento, indignado, acordó recla-mar al comandante general por medio de un oficio, pidiéndole que don Francisco Mier rindiera cuenta de la contribución que exigió al vecindario el año pasado cuando éste había sido nombrado capitán de caballería;68 en esta prerrogativa el Ayuntamien-to dijo haber tomado las medidas que estaban en sus facultades, y además acordó pasar los antece-dentes del problema al procurador más antiguo para que en beneficio público solicite un sujeto le-trado que forme una enérgica representación “que abrace todos los puntos que se coincidieren anexos al bien de las provincias y para sostener los dere-chos y honor de esta corporación”.69

Estas demostraciones por parte de la corpo-ración, las cuales, siendo justificadas o no, fueron una muestra evidente de insubordinación al jefe político; en esa actitud el Ayuntamiento buscaba ejercer mayor autonomía y poder, de la misma ma-nera que el comandante general luchaba por ejercer su primacía como jefe político, así pues, la com-petencia entre ambas corporaciones resultó inevi-table, creando un conflicto para regular las órdenes, circulares y decretos entre los mismos.


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de Iturbide al trono, pues ya había sido descartada la posibilidad de que la casa de Borbón ocupara la vacante con la negativa de las Cortes Españolas y de Fernando VII de aceptar los Tratados de Cór-doba, ante la presión popular y militar el Congreso ratificó el hecho y declaró emperador a Iturbide el 19 de mayo de 1822.73

En el Nuevo Reino de León, el mismo mes de mayo que había tenido lugar la jura de reconoci-miento al Congreso Constituyente del Imperio, se recibió la noticia relativa de que el pueblo de Méxi-

co y el ejército proclamó emperador al generalísimo Agustín Iturbide. La noticia causó no sólo expecta-ción, sino gran simpatía en el pueblo de Monterrey, el cual celebró con un repique general de campa-nas, fuegos y demás demostraciones de júbilo.

Sin duda, la intención de legitimar una na-ción independiente iba adentrándose en los pue-blos de las Provincias de Oriente, pero aún estaba muy arraigada la costumbre de un poder personi-ficado en un monarca, pues cuando se proclamó emperador a Iturbide, uno de los personajes más populares de la lucha de Independencia, el pueblo

Escudo imperial del gobierno de Agustín de Iturbide.

Mientras las competencias prosiguieron, la siguiente actividad entre las distintas corporacio-nes en la provincia de Monterrey fue la relativa al juramento prestado al Congreso Constituyente del Imperio, instalado el 24 de febrero de 1822.

El juramento tuvo lugar en el mes de mayo y, siguiendo el decreto dictado por el Soberano Congreso, se celebró una misa, y al término de ésta prestaron juramento todos los vecinos concurrentes y el clero, quienes juraron reconocer la soberanía de la nación mexicana representada en el Congre-so Constituyente, obedecer y cumplir las leyes y decretos que dimanen del mismo. Al término del mismo, el Ayuntamiento se retiró a la sala capitular bien adornada y, en presencia de la efigie de Jesu-cristo, prestó ahora juramento el señor presidente y luego todo el cuerpo, el secretario y mazeros, finali-zando así el acto de reconocimiento.70

1.5. El efímero episodio del iturbidismo en la provincia de Monterrey

El Congreso Constituyente del Imperio reconoció su origen en el Plan de Iguala. Así se aceptó que la soberanía reside en la nación y que se establece-ría una monarquía católica moderada basada en la separación de poderes y el respeto a los derechos individuales.71

Los conflictos iniciaron cuando el Congre-so Constituyente declaró ser el depositario de la so-beranía nacional, situación que fue aceptada por el Consejo de Regencia. Esta medida estuvo encami-nada no sólo a legitimar la posición del Congreso, sino a tratar de romper los límites impuestos a las cortes por el Plan de Iguala, por esta razón Iturbide se opuso a reconocer la supremacía del Congreso.72 La oportunidad llegó cuando el Congreso en sesión secreta declaró incompatible el cargo de presidente de la Regencia y jefe de las tropas de Iturbide.

Momentos después se inició un movimien-to popular que fue reforzado con el apoyo del ejér-cito que exigía al Congreso aceptar la candidatura


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Agustín de Iturbide, militar de origen criollo, logró la Independencia mexicana en 1821.

de Monterrey se agolpó en la plaza principal y “con demasiado fervor y resolución comenzaron a derri-bar la estatua del rey de España colocada en el Pirá-mide, fusilándolo, creándose un gran desorden”.74

En esos momentos el Ayuntamiento cele-braba sesión, cuando se presentó el capitán de la milicia nacional don Julián de Arrese, diciendo que se advertía mucho desorden y acaloramiento en el pueblo porque se quitase la estatua, por lo cual pidió que la corporación extendiera una solución. El regidor, Francisco Iglesias, acudió a la plaza y trató de imponer orden, proponiendo al pueblo que el Ayuntamiento acordaría el modo de bajar la estatua.75 Finalmente se llegó a un arreglo con Ni-colás Castillo (alias obispo), al que mandó llamar el Ayuntamiento, para que llevara a cabo la acción de bajar la estatua evitando todo desorden, mofa y alboroto, mas se le advirtió que para el cobro de su trabajo se entendiera con quienes lo habían mandado, ya que el Ayuntamiento no había tenido acuerdo alguno sobre el particular.76

Para celebrar la proclama del emperador, el cabildo eclesiástico celebró un te deum y acordó tres días de iluminación, ante tal acontecimiento.77

Sin embargo, el Ayuntamiento acordó no celebrar la jura, hasta esperar alguna resolución del Congre-so Nacional.78 Por ello, en junio se mandó convocar una junta general de la provincia con el fin de acre-ditar la voluntad general de todos los Ayuntamien-tos en el nombramiento de don Agustín Primero.79

Por último, se acordó el mes de agosto para solemnizar la coronación de su majestad (a pesar de no haber recibido la noticia o decreto) y “evitar las importunas que de omitirse este acto de reconoci-miento”, se acreditó la adhesión del Ayuntamiento y del vecindario, para “que desde esta noche se comience la iluminación de tres días, que se aseen las calles y se adornen con colgaduras”, también se acordó celebrar con un baile y mandar oficio sobre esta providencia al señor diputado Mier, comen-tándole que el juramento y proclamación solemne se haría en cuanto se reciba el soberano decreto con toda la magnificencia que corresponde al primer emperador de América en su restauración política después de trescientos años de opresión.89

Al respecto de este atraso en la jura, el co-mandante Gaspar López instruyó un informe en el que acusó la conducta del Ayuntamiento de sus-pender la jura. Aclaró que la corporación ya había recibido el citado decreto del Congreso nacional del 5 de septiembre, expuso también que el Ayun-tamiento entorpecía sus determinaciones, y que la idea para hacer concurrir a la capital de la provincia a cada uno de los Ayuntamientos de la provincia para realizar la jura era una conducta nada confor-me al cumplimiento de los decretos del gobierno, pues la corporación por ningún título podía ejercer ese tipo de facultades.81

Mas el Ayuntamiento testificó que estaba en todo su derecho, pues en oficio expedido por la Junta Gubernativa, el 19 noviembre, se declaró a Monterrey capital y Provincial por un solo partido, y con base en ello, todos los Ayuntamientos debían concurrir a la capital por medio de un diputado, para así solemnizar la proclama y jura del monarca, a la que no con algunas inconformidades habían ya


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acordado asistir los partidos de provincia: Linares, Cadereyta y Boca de Leones.82

Durante este periodo comenzó de forma continua la correspondencia suscrita del diputado Mier con la provincia de Monterrey, Al Ayunta-miento pedía informes sobre censos y estadística para respaldar la postura de la provincia de Monte-rrey en la lucha por establecer la capital de la Dipu-tación.83 Irónicamente, a diferencia de la población de Monterrey, Mier, como miembro del Congreso, era un abierto opositor al emperador Iturbide.

Esta situación llegó a un momento crítico en agosto de 1822, cuando Iturbide ordenó la apre-hensión de varios diputados, entre ellos Mier; y posteriormente la disolución del Congreso Cons-tituyente, para establecer en su lugar una Junta Nacional Instituyente.84 Así refirió este episodio el padre Mier:

“Muy señor mío: Vuelvo a tomar el hilo de nuestra correspondencia interrumpida desde el 26 de agosto último, en que el ti-rano, fingiendo una conspiración contra su persona apresó la flor de los diputados de la nación, y creyó con eso tener sometido a sus caprichos al Congreso (...), éste supo sin embargo sostenerse, y en 31 de octubre fue disuelto por la violencia (…).

Yo, que le había hecho principalmente

oposición y no ce-saba de hacérsela

desde los ca-labozos donde me tenía se-pultado, fui el que más sufrió el rigor de su

venganza.85

Las circunstancias estaban cambiando en el escenario nacional, y a pesar de que todavía en enero de 1823 el Ayuntamiento de Monterrey mencionaba el pendiente sobre la proclama hacia el emperador Iturbide, sucesivas correspondencias del diputado Mier, y sobre todo el hecho de haber-se disuelto el Congreso Constituyente del Imperio por el mismo emperador, transformaron la opinión de la provincia de Monterrey. 2. La Junta Gubernativa de Monterrey y su adhesión al Plan de Casa Mata

Luego de que Agustín de Iturbide fuera declarado emperador por el Congreso Constituyente, la divi-sión entre ambos cuerpos (ejecutivo y legislativo) por la lucha de la soberanía fue intensificándose en los meses siguientes. La llegada de nuevos oposi-tores como José Mariano Michelena, José Miguel Ramos Arizpe, José Servando Teresa de Mier, José del Valle, Juan de Dios Mayorga, reforzada con la presencia de republicanos como Miguel Santa Ma-ría, Joel Poinsset, Vicente Rocafuerte, contribuyó a crear grupos informales de oposición al monarca.86

Estos grupos políticos planearon una cons-piración que tenía por objeto deponer al emperador y colocar el ejército bajo la autoridad de las Cortes.

La intriga fue descubierta, por ello Iturbi-de ordenó, el 26 de agosto de 1822, la aprehensión de los confabulados, entre los que se encontraban miembros del Congreso.

El Padre Mier, como era conocido Fray Servando, fue uno de los ideólogos de la Independencia mexicana.

Lucha de ideas entre Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías, Fray Servando Teresa de Mier, para establecer la república.


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En los días siguientes, la legislatura trató de obtener la libertad de sus miembros bajo el derecho de inmunidad parlamentaria, pero ya en una se-sión secreta, el secretario del Interior, José Manuel Herrera, explicó a la Corte “que la Constitución española y las leyes vigentes otorgaban al ejecutivo la suficiente autoridad para mantener y proteger a la nación contra la subversión”.

Finalmente, el 31 de octubre de 1822, Itur-bide disolvió el Congreso acusando que la legisla-tura había sobrepasando su autoridad.87

En un intento por procurar la legalidad y el orden, Iturbide creó entonces una Junta Nacional Instituyente, conformada con aquellos congresistas que aún estaban dispuestos a colaborar con él. Esta medida de orden político no tuvo la aceptación deseada, pues se argumentaba que los miembros de la Junta Nacional habían sido designa-dos por el emperador, que eran partidarios del gobierno y no de la nación, por lo que su carácter representativo fue puesto en duda.88 El descontento y la oposición respecto al gobierno fue crecien-do gradualmente, es-tallando con ello varias revueltas en el país.

Todas estas in-conformidades se concretaron en torno a la promulgación del Plan de Casa Mata, el 1 de febrero de 1822.89 Entre las cláusulas más atractivas del Plan se encontraba, en primer lugar, aquélla que concedía autoridad lo-cal a las diputaciones Provinciales, y, en segundo, su principal demanda: “La elección de un nuevo Congreso, ya que algunos dirigentes Provinciales consideraban que la composición del primer Con-greso mexicano tenía algunas fallas”.90

La noticia del plan de Casa Mata llegó a Monterrey el 1 de febrero de 1823. Al saber la noti-cia, Miguel Ramos Arizpe y Rafael de Llano con-vocaron al Ayuntamiento de Monterrey, pues en ausencia de una Diputación Provincial,91 y con el motivo de no haber un centro de unión nacional, establecieron, el 6 de marzo de 1823, una junta pro-visional gubernativa de Monterrey. La creación de la junta se creyó de absoluta necesidad para que, puesta al frente de los negocios, “tomase en su consideración la salvación de la patria, cuidando de mantener el orden interior de los pueblos, para evitar confusión y anarquía”.92

Esta junta integró, entre alguno de sus miembros ya conocidos, como presidente a Miguel Ramos Arizpe; como vicepresidente, José León Lobo Guerrero, José Vivero, además de los voca-

les: Francisco Eusebio de Arizpe, Rafael Gon-zález, Julián de Arrese y José Antonio Rodrí-guez. Como secretario se nombró a Rafael de Llano. Siguiendo los lineamientos del Plan de Casa Mata, la junta afirmó ser establecida “con el fin de soste-ner la soberanía, que reside en la nación, y sus representantes (cuyo congreso fue disuelto),93 y cifrados

en la instalación del cuerpo representativo de la soberanía de la nación como fuente inagotable del bien y de la prosperidad del Estado, único baluarte de la libertad civil y el único eficaz (...) que puede ser el sostén de nuestra independencia.94 Además de esto la junta de Monterrey añadió dos artículos más al plan de Casa Mata:

Art. 1. Aunque la representación nacional por esta vez sea convocada bajo las bases

Mapa de Diputaciones Provinciales en México en noviembre de 1822. Fuente: Benson Lee, Nettie (1994).


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Doctor Miguel Ramos Arizpe, ideólogo de la República Federal.

de la convocatoria del Congreso anterior, o en cualquier forma que haga admisible la necesidad de conservar la Unión Nacio-nal, los poderes de las juntas electorales de cualquier clase que se otorgaren a sus elec-tores y diputados, se extenderán con plena libertad, y en la forma más amplia, sin más bases ni limitaciones que la de sostener y defender la Independencia absoluta de nuestra patria, la religión católica, apostóli-ca romana, con exclusión de otra alguna, y la Unión entre todos los habitantes de esta America, y la libertad de nuestra represen-tación nacional. Art.2. El próximo congreso nacional dentro de los ocho primeros días contados desde su instalación deberá tomar en conside-ración en toda su extensión la convocatoria por la cual ha sido reunido, y reorganizar li-

bremente la representación nacional, según principios inconclusos de derecho natural y público.95

Asimismo, la Junta Gubernativa de Mon-terrey se atribuyó facultades vastas y amplias para ejercer el gobierno y mando de estas provincias. También mandó las respectivas corresponden-cias para que cada uno de los Ayuntamientos que conformaban las Provincias Internas de Oriente se adhieran al Plan de Casa Mata, mediante el si-guiente juramento:

“¿Juráis sostener, defender a toda costa el Congreso Nacional que se va a reunir a fin de ser colocados en lugar seguro, delibere en plena libertad? ¿Juráis sostener y defen-der a toda costa la soberanía de la nación mexicana y el derecho imprescriptible que ésta tiene para nombrar libremente sus re-presentantes y depositar en ellos el ejercicio de dicha soberanía?

Al que la Junta de Monterrey añadió:¿Juráis obedecer las órdenes que emanen de la junta provisional gubernativa de esta provincia que acaba de instalar en esta ca-pital hasta que el Congreso Nacional por deliberaciones libre y estando presente los representantes de ellas resuelvan su cesa-ción 96

Los Ayuntamientos del Nuevo Reyno de León, como Cadereyta, Linares, Punta de Lam-pazos, Real de Santiago de la Sabinas, el pueblo de San Miguel de Aguayo, juraron la adhesión al plan, y algunos realizaron los acostumbrados ritos de aceptación como la celebración del Te deum, repique de campanas, paseo por las calles, lectura pública del documento proclamado; además ofre-cieron su apoyo en hombres, armas y dinero.97 La Junta Gubernativa de Monterrey comunicó además a las provincias sobre la necesidad de convocar una junta general para conciliar la unión de las provin-cias en una alianza, “tan deseada como necesaria”, que establecería una Junta Central.98


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Fray Servando Teresa de Mier, el primer regiomon-

tano universal.

Pese al apoyo de los Ayuntamientos norte-ños, la intención de la junta de Monterrey de es-tablecer una unión común y representativa de las Provincias Internas de Oriente, se vio truncada por varios factores: uno fue la creación de la Di-putación Provincial de Nuevo Santander,99 y otro la renuencia de Saltillo para aceptar el mando de la Junta de Monterrey.

Por otro lado, Saltillo tuvo dificultades para poder votar completa la adhesión al Plan de Casa Mata; para ejercer dicho voto, el comandante Gaspar López (pese a no apoyar el plan) reunió al Ayuntamiento de Saltillo, clero, empleados, vecin-dario y oficialidad de la tropa, y se creó entonces la Junta de Saltillo. Sin embargo, López expuso que la junta presentaba algunas dificultades, principal-mente sobre las atribuciones de la Junta de Mon-terrey y sobre el establecimiento de la Diputación Provincial o diputaciones “que han debido existir en estas provincias”.100

A estas consideraciones habría que agregar que, en realidad, el objetivo oculto del comandante Gaspar López era preservar el régimen realista y es-tablecerse como el jefe al mando de las Provincias Internas, para lograr dicho objeto buscó obtener el apoyo de la tropa auxiliar; en vista de la situación, las autoridades de Monterrey tuvieron el temor de que se formara una revuelta en la villa de Saltillo.101

Por tal motivo, la Junta Gubernativa de Monterrey ordenó a Pedro Lemus marchar sobre Saltillo “para auxiliar al pronunciamiento libre de los habitantes de ese lugar”,102 acompañando tam-bién una comisión a la villa de Saltillo compuesta por el doctor Miguel Ramos Arizpe y el licenciado Rafael de Llano. Esta comisión fue recibida con agrado; para uniformar la opinión del vecindario, el señor Ramos pronunció un largo discurso para ratificar el juramento de sostener el Congreso na-cional. En cuanto al punto de representación de las provincias, se le dijo al comandante general López “que su representación era ya innonia, a lo que él repuso que ya tenía resuelta su salida de estas pro-

vincias, pero deseaba arreglar el punto de entrega de mando, lo que quedó pendiente para tratar en otras conferencias (..)”.103

De esta manera Saltillo se adhirió al Plan de Casa Mata, pero no por ello dejó de cuestionar la instalación de la Junta de Monterrey, exigiendo la grande y única medida que nos hace temibles a los enemigos de afuera, y respetables (…) a saber la formación de una Junta Gubernativa de la cua-tro, compuesta de individuos nombrados en igual número por cada una de ellas (..).104 Sumado a esta la provincia, Monclova, que también votó su adhe-sión al Plan de Casa Mata, y creó una junta deno-minada General Gubernativa.105

La junta de Saltillo concilió con la comisión de Monterrey en formar una junta compuesta de nueve individuos, ambas acordaron que por el bien general de las provincias y para evitar toda divi-sión:

una junta Provincial de las cuatro Provin-cias de Oriente, que se componga de dos indivduos formados libremente por cada provincia, los cuales se irán reuniendo a la junta actual de Monterrey, y cuando todos estén reunidos resolverán a pluralidad de votos, si conviene o no al bien general de

las provincias trasladar su residencia a otro

lugar.106

Saltillo envió un informe y por consiguiente una in-vitación para unirse al plan de unión de un gobierno general a la Jun-ta establecida en Monclova.


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Expresó además que de lograrse dicho plan, cada provincia lograría su bien y su prosperidad “sin que estemos más a merced de autoridades residentes a distancias inmensas, y poco conocedoras de nues-tras necesidades y virtudes”.107 Todas las medidas que se añadieron iban dirigidas a proporcionar la unión general de toda la nación bajo los auspi-cios de un congreso general y a cuyas decisiones quedaban sujetas a la Junta General de las cuatro Provincias.

La Junta de Monclova dijo en su respues-ta que ya no había necesitad de tal reunión de ese cuerpo, pues acaban de recibir un decreto que esta-blecía la instalación de una Diputación Provincial en la capital de Monterrey con arreglo en febrero último.108

2.1. La tercera Diputación Provincial, Nue-vo León, Coahuila y Texas

La Junta Gubernativa de Monterrey recibió el oficio sobre la reinstalación del Congreso Consti-tuyente y el decreto relativo al establecimiento de la Diputación Provincial en la capital. En una reu-nión, la Junta discutió acerca de las invitaciones de la Diputación de San Luis, y también sobre la convocatoria de reunión de Puebla y Querétaro, provincias que habían ido adoptando posiciones más radicales a medida que Iturbide continuó ne-gando la petición de las provincias sobre la elección de un nuevo Congreso Nacional. Con ese motivo invitaron a las Provincias Orientales a mandar sus representantes para que unidos pudieran establecer un gobierno interino.109

Según el decreto de gobierno, la Diputa-ción Provincial de las Provincias Orientales debía ser integrada por las provincias de Monclova y Texas, sustituyendo a los de Santander dos suplentes de la provincia de Monterrey y dos de Monclova, la Junta de Monterrey acordó que siendo muy limitadas las cir-cunstancias de las provincias, la Diputación

La carreta fue un medio de subsistencia entre los reineros de principios del siglo XIX.

tendría tanta autoridad, facultad y poder como las que habían sido otorgadas a las diputaciones de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis, “por la notable diferencia que se advierte en aquéllas que tiene un jefe político o un capitán general, y éstas carecen de esa representación”.110

Sobre las invitaciones para asistir a las jun-tas de San Luis y Querétaro, la Junta de Monterrey tomó la resolución de asistir a la Convención de Puebla, “pues se cree con autoridad de proceder al nombramiento de los diputados que deben ir, y si lo cree propio la Exma. Diputación debe reu-nirse para que estas provincias tengan su debida representación”.111 Con la decisión de acudir a la reunión de Puebla, la Diputación se pronunció por la organización de “una Junta Central, compuesta de dos individuos nombrados por cada Diputación Provincial, la cual debía ocuparse de arreglar una convocatoria liberal, bajo la cual se formará el futu-ro congreso nacional”.112

Las posturas respecto a la representación de la Diputación fueron muy particulares, ya que el Plan de Casa Mata estipuló que para establecer la nueva Diputación se debía hacer “nombramientos”


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de los individuos que la conformarían. La primera corporación inconforme con este lineamiento fue la Junta de Monclova,113 la cual consideraba “que era impracticable la resolución dictada”, pues esta me-dida era contradictoria a lo que ya había sido acor-dado por el Ayuntamiento de esa provincia, la cual reclamaba para la conformación de la Diputación la reunión de los individuos ya nombrados en 1822.114

Finalmente, la Junta de Monclova accedió a conformar la Diputación Provincial, luego de que la Junta de Monterrey explicó a los comisionados de Coahuila, Víctor Blanco y José Guadalupe, algunas dudas sobre las respectivas atribuciones de la Di-putación que estaba por reunirse, la Junta de Mon- terrey respondió detallando:

Que la Diputación Provincial podría inter-venir en lo gubernativo en los pueblos, y en todo lo demás que se dirija a conservar el orden, la seguridad y libertades, rotos los vínculos que los unían a la sociedad con su gobierno (…).

Que la parte gubernativa de la provincia en particular y todo lo que sea necesario a conservar el orden y la seguridad interior la tendrían los go-bernadores de ellas y resolvían por el momento no parecer conveniente disolver las juntas provisiona-les instaladas.

Que el nombramiento de los vocales que debían asistir a la junta de Puebla (...) debían ex-presar la voluntad de los pueblos de cada provincia, para lo cual se formaría de ser necesario una convo-catoria liberal y sin trabas, ‘para la próxima reunión del Congreso constituyente de la nación, o ya para que se acordasen legítima reunión del anterior, y que estas tareas en su parecer debían ser practica-das por la Diputación Provincial’.

El mando superior de las armas de las cuatro provincias, debía recaer en el jefe de más gradua-ción en ellas, que fuera merecedor de la confianza del pueblo (a juicio de una junta superior repre- La sociedad mexicana del siglo XIX estuvo integrada en su gran ma-

yoría por rancheros y militares.

sentativa), (…), y en caso de que las provincias no quisieran reunirse en esta forma, podría cada una nombrar por sí su comandante militar (…).115

Estas resoluciones nos expresan un poco el autonomismo de la provincia para dictar en materia de gobierno órdenes concernientes a preservar el orden y la seguridad; en tanto, el deseo de otorgar a los gobernadores de provincia libertad para ad-ministrar sus territorios, así como la propensión de no disolver las juntas, seguramente fueron signos mediadores de conciliación para conformar lo más rápido posible la Diputación Provincial.

Finalmente, la Diputación Provincial que-dó establecida el 31 de marzo de 1823, y en su insta-lación contó con cinco de los siete individuos que debían integrarla, pues “fue en parte el resultado del decreto de 14 de octubre de 1822”.116 Los sujetos nombrados resultaron ser casi los mismos que ha-bían integrado la Junta Gubernativa de Monterrey: José León Lobo Guerrero, José Vivero, Francisco Eusebio de Arizpe, Rafael González, Julián de Arrese y José Antonio Rodríguez. El Ayuntamien-to de Monterrey no estuvo conforme con aquella situación, y envió a su diputado Mier una comuni-cación en que se le pedía que la Junta Gubernativa de Monterrey fuera disuelta, Mier presentó la soli-citud al Congreso:

para que se reinstalen con las personas que


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estaban nombradas la Diputación Provin-cial en Monterrey de las tres provincias de Nuevo Reino de León, Coahuila y Tejas; porque la de Nuevo Santander pidió y ob-tuvo junta Provincial aparte y que esta Di-putación tome el mando político de las tres provincias mientras que el poder ejecutivo provee de jefes políticos cesando las juntas gubernativas.117

Mientras esta solicitud tenía curso, la Dipu-tación Provincial de Monterrey tuvo que ligar con las posturas de la provincia de Saltillo y Texas. Por una parte Texas no se portaba renuente a aceptar el Plan de Casa Mata; y tanto Saltillo y Parras deci-dieron no reconocer la autoridad de la Diputación de Monterrey porque también instaban “por la nueva elección de individuos y no la reunión de los que se habían nombrado”.118 Aunado a esto, Mi-guel Ramos Arizpe continuaba haciendo labor para que todas las juntas de las Provincias Orientales se unieran en una sola Junta Gubernativa General de las tres provincias, para lograr el objetivo, Arizpe y Pedro Lemus fraguaron una revuelta en Monterrey que iba dirigida “a envolver a las provincias y sepa-rarlas de México”.119

La revuelta tuvo lugar el 30 de abril de 1823, pero no logró concretarse. El alcalde de primer voto en Monterrey, don Francisco Tomás Iglesias con la ayuda de la milicia cívica, “procedió a la captura de los cabecillas y los demás de su séquito para ase-gurar la tranquilidad y defender de conocimiento la soberanía del Congreso”.120 Informes de estos hechos fueron enviados al diputado Servando Mier y al recién nombrado jefe político y militar de las Provincias de Oriente, Felipe de la Garza, pues “mucho fue lo que depuso Lemus contra el honor y persona de nuestra señoría (…), nos iba á envolver en una recinta que sería la última de ésta y demás provincias”.121

En el mismo informe, la provincia de Mon-terrey demandaba la pronta venida de Felipe de la Garza, pues Ramos Arizpe, insistiendo en sus pre-

tensiones de establecer una Junta General de las Provincias Oriente y de que Saltillo fuera el nuevo centro de gobierno,122 había establecido en aquella provincia una nueva junta de la cual era presidente y trata de someternos a sus ideas, pero “esta capital jamás lo permitirá y antes por el contrario aumente a sus principios y forme en su resolución sostendrá los derechos del Soberano Congreso a toda costa”, reconociendo además que sólo “la Diputación Pro-vincial es el órgano por donde inmediatamente de-ben las Provincias manifestar su opinión”.123

Por estos motivos Mier aceleró la legaliza-ción del decreto de 22 de abril de 1823 sobre la Di-putación Provincial de las tres provincias124 y apre-suró la llegada de Felipe de la Garza, así lo expresó en una carta dirigida a don Bernandino Cantú: “Allá envío de comandante general y jefe político a Garza, que lo remediará todo y no sucumbirá á las seducciones de los saltilleros (...),125 aprovecho además para solicitar a la Diputación y al Ayunta-miento de Monterrey, hicieran petición formal de República “pero no en razón si ha de ser central o federal; lo mejor será un medio (…)”.126

2.2. Los pronunciamientos federalistas y la creación de nuevas diputaciones Provin-ciales

Felipe de la Garza, nombrado comandante gene-ral de las cuatro Provincias de Oriente a propuesta del padre Mier, llegó a Monterrey el 20 de mayo de 1823, resuelto a imponer el orden y solucionar los conflictos en las provincias nororientales.127 Con la llegada de De la Garza, Texas se subordinó al nuevo régimen y a la Diputación Provincial de Monterrey.128 El Ayuntamiento de Saltillo, en cam-bio, seguía sin reconocer la Diputación Provincial, alegando que desde un principio habían propug-nado “por la creación de una junta Provincial de las cuatro Provincias de Oriente que se componga de dos individuos formados libremente por cada provincia”, a más de esto la Diputación Provincial


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Salón de sesiones del Congreso.

de Monterrey se había otorgado facultades amplí-simas, “en especial la de atribuirse como cuerpo, toda la autoridad del jefe superior político”, lo que para Saltillo era inadmisible.129

En esta postura Saltillo se sintió con el de-recho de denunciar la poca parcialidad de la Dipu-tación y de conformar una junta que realmente fue-ra representativa de las Provincias Orientales, con bases en estas premisas y estando en consonancia con las ideas de Ramos Arizpe, a fines de abril Sal-tillo se pronunció por una República federada.

En tanto, y haciendo caso omiso a las re-comendaciones del padre Mier, el Ayuntamiento de Monterrey discutió el 2 de junio sobre el modo de gobierno más adaptable para las provincias. El procurador, don Julián de Llano, propuso a la cor-poración un pronunciamiento sobre la forma de gobierno representativo federado, “para que pueda persuadirse estar uniformes las provincias” por lo que se acordó investigar con exactitud sobre la vo-luntad de las provincias.130

El 5 de junio de 1823, la provincia de Monte-rrey, por medio de la Diputación Provincial, ecidió

formar una junta cívica para formalizar el acto de adhesión y reconocimiento del Congreso Nacional restaurado, pero sólo con autoridad para convocar a otro nuevo, sujetando así al gobierno provisional de la nación.131 La carta de la Diputación de Monte-rrey fue recibida en el Congreso Nacional con agra-do, por “su cordura en contraposición á las locuras de otras diputaciones”, la de Saltillo en cambio ni siquiera fue leída.132

Así, la Diputación Provincial de Monterrey quedó como la única reconocida por el gobierno: “que espera que por el fin de la tranquilidad, y por conservar en su integridad la nación mexica-na, haya desaparecido la inconstitucional junta de Saltillo, pues esa Diputación (Monterrey) reúne en sus facultades económicas lo necesario para el buen gobierno y prosperidad de la provincia”.133

Con la oposición del gobierno nacional res-pecto la Junta conciliatoria instituida en Saltillo con el apoyo de Arizpe, ésta terminó por disolverse a consecuencia de la llegada del comandante Felipe de la Garza, por su negativa a reconocer el gobier-no provisional, y por la uniformidad con que se


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Carta del Padre Mier a Bernardino Cantú.

fueron dando los pronunciamientos federalistas en la región, lo que le restó legitimidad.

Otras juntas como la de Monclova y Texas aletargaron su proceso de disolución, afectando con ello la estabilidad de las provincias orientales y amenazando con desconocer en cualquier mo-mento la autoridad del gobierno nacional si éste no apresuraba la convocatoria de elección del nuevo congreso. Estas provincias fueron presas de la in-fluencia de Ramos Arizpe, quien no cedía en su pretensión de establecer una “Junta General Supre-ma Gubernativa de las cuatro provincias”. Arizpe, junto con el comandante De la Garza, invitaron a la provincia de Monterrey por medio de una cir-cular a unirse en un plan “para constituir un esta-do soberano conforme a la federación de Estados Unidos”.134

La provincia de Monterrey no se pronunció completamente a favor de la idea, pues ya con ante-rioridad el Ayuntamiento sospechaba de la conduc-

ta del comandante De la Garza, y la desconfianza de éste hacia las corporaciones regiomontanas era aún mayor. Por estos motivos se redobló la vigilan-cia dentro de la ciudad y se ordenó a la milicia estar pendientes de cualquier suceso que pudiera trasto-car el orden público.135

Sin embargo, el 23 de junio de 1823, con acuerdo de previa citación, el Ayuntamiento de Monterrey, el comandante general, el gobernador de Coahuila, don Antonio Crespo, y don Juan Echandia, de Santander, se reunieron para discu-tir acerca de la creación de una Junta Provincial de las Provincias Orientales; pero el Ayuntamiento de Monterrey, a propuesta del alcalde 1º Tomás de Iglesias, sólo promovió la creación de una Junta con el carácter de convocante, “meramente para con-sultar la voluntad de los pueblos”, por no conside-rarse autorizadas para promover el establecimiento de otra (junta) para las providencias que exigen en la necesidad y circunstancias en que se hayan las provincias (…).136 El Ayuntamiento ratificó su voto días después añadiendo que por ahora y mientras el Soberano Congreso General Mexicano no expida las bases del gobierno republicano federado (…) no puede federarse de modo alguno con esta última en los términos que se acordó la junta gubernativa en su oficio y plan (…), entre tanto, esta provincia se gobernará del modo más análogo a sus circunstan-cias, mientras llega el propósito para federarse bajo un presidente firme contable y conforme al centro de unidad que tenemos reconocido, (…) parece es llegado de que el caso de que esta ciudad en junta cívica nombre una Junta Provincial del momento autorizada según la necesidad exige en todo lo que pueda ocurrir entre tanto se convocan los Ayunta-mientos de toda esta Provincia (...).137

La postura de la provincia de Monterrey, que por momentos parecía algo confusa, era en rea-lidad producto de dos vertientes de ideas e influen-cias dentro de los dos cuerpos políticos más acti-vos del momento: el Ayuntamiento de Monterrey y la Diputación Provincial. Ambas corporaciones


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Pintura de Agustín I, emperador de México en 1822.

competían entre sí por ejercer un control político que desembocara en consolidar una propia idea de gobierno.

Por una parte el Ayuntamiento de Monte-rrey, sincero seguidor de su diputado Fray Servan-do, quien también estaba íntimamente relacionado con uno de los miembros de la Diputación Pro-vincial (Bernandino Cantú), sostenía con firmeza la necesidad de uniformar la provincia sobre la conservación de la unión nacional y la obediencia del supremo gobierno. En esa posición, el Ayunta-miento de Monterrey acusaba continuamente a los miembros de la Diputación Provincial, específica-mente a los vocales de Coahuila, de ser agentes de Ramos Ariz-pe; expresaban además que dicha re-presentación y don José María Parás de la de Nue-vo León “van siempre conforme a sus ideas”.138

El Ayuntamiento de Monterrey instaba a Mier que en el actual estado de cosas lo más conve-niente era que la provincia de Monterrey tuviera su propia Diputación Provincial:

mientras esta provincia no tenga sola su Diputación siempre prevalecerán los otros y aunque ella en su opinión y conducta se maneje con cordura cargará la nota de las demás, y así sucede siempre esta gobernán-dola la representación de Coahuila, porque sobre ser tres sus vocales, el de Texas por lo común o por las relaciones o por estar más inmediatas, en asunto o interés general se adhiere a Coahuila: ahora han logrado te-ner de su parte a Parás y están por ellos to-das las disposiciones, de esto proviene que en los asuntos siempre se determine con opiniones contrarias como dirigidos diver-sos objetos (…) .139

Pese a la resistencia del Ayuntamiento, y de estar ya reconocida como legítima, la Diputación Provincial de Monterrey sucumbió a cuanto se pro-puso por el jefe. Se circuló entre los Ayuntamientos la propuesta de la “Junta Provincial de las cuatro provincias para proceder a la unión de las mismas en un solo estado, conservando cada provincia el carácter político de tal para separarse y formarse por sí sólo el día que se considere capaz de esta rango y otra acerca de un Congreso Provincial”.140

El Ayuntamiento de Monterrey acordó que, en virtud de que el gobierno interior de las provin-cias o estados federales depende en lo general del Soberano Congreso Nacional, convenían sólo en formar una “Junta General con asiento en Monte-rrey, compuesta por diputados que señalarían las instrucciones relativas para la perfecta unión con la nación hasta que el Congreso haga la división del territorio y señale las capitales de los estados (…)”.141

La propuesta de la Junta General fue apo-yada por De la Garza, quien sustentó la reunión y el establecimiento de la misma, aduciendo que las provincias debían hacer uso del derecho que les asiste en el actual estado de la nación constituirse del modo más conforme y análogo a sus circunstan-


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Grabado de la antigua Cámara de Diputados en Palacio Nacional.

cias que se hallan. La idea era que esta junta convo-cara a la reunión de un “congreso Provincial”142 que establecería el gobierno interior de las provincias y ministraría lo necesario para contener el peligro que temía de una invasión al territorio debido al ilegal pronunciamiento de Santa Ana en San Luis.143

El gobierno nacional, alarmado con la in-sistencia de las provincias para crear una Junta Ge-neral en las provincias orientales, aprobó, el 14 de julio, la medida presentada por Mier sobre que cada una de las cuatro provincias tuviera su Diputación Provincial, incluso ampliándose las facultades de las mismas para así desbaratar la centralización de la provincias inventada por el Sr. Ramos Arizpe.144

Por su parte, De la Garza expresó al Ayun-tamiento de Monterrey su deseo de que la pro-vincia regiomontana no apoyara la iniciativa de separación, “porque unidas las cuatro provincias podían facilitarse recursos para su subsistencia, prosperidad en sus recíprocos intereses y estar a

salvo de toda invasión enemiga interior y exterior con una fuerza considerable que no podrían hacer cada una de por sí separadas y aisladamente”.145 El comandante agregó además que con el objeto de evitar esta separación, Coahuila (Monclova) había enviado una invitación a la provincia de Monte-rrey, y aunque la de Santander no hace terminan-temente lo mismo, de ninguna manera pasaba por alto aquella posibilidad.

En realidad, la situación del país era deli-cada, las diputaciones Provinciales de Michoacán, Querétaro, Guanajuato y San Luis se habían reuni-do en una junta de representantes para resistir al gobierno, la provincia de Guadalajara estaba en-vuelta en un problema mayor que se agravó más cuando ésta y la provincia de Zacatecas se negaron a obedecer la ley electoral del 17 de junio de 1823 sobre nuevas elecciones para el Congreso y para nuevas diputaciones Provinciales.146 Temiendo que el país se fragmentara, el gobierno envió al ejército


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a controlar las provincias, al respecto de estos he-chos relata Mier:

Como el miedo es un específico excelente para la docilidad, luego que se asomó el excrito. Nacional mandado por los Gene-rales Bravo y Negrete y se les unieron los brigadieres Barragán, Cortazar (…), vino a reunírseles también Santana; entregó su di-visión y pasó a México donde está arrestado hasta que se le juzgue (…), pero respeto a la Diputación de San Luis muy temprano se reconcilió con el Gobierno y el Congreso. A la primera orden del gobierno también Querétaro, Valladolid, Guanajuato y San Luis deshicieron su junta de Celaya y es-tán del todo quietas y obedientes. Restaban Zacatecas y Guadalajara (…) ya han envia-do comisionados para ajustarse y todo se compondrá sin efusión de sangre (….).147

Respecto a las Provincias Internas de Oriente, en palabras de Mier, era necesario acallar-las y contenerlas, y bien informados el poder ejecu-tivo y el Congreso de las acciones de Ramos Arizpe y Garza, el gobierno ordenó a De la Garza deshacer las juntas, especialmente la general que había con-vocado, “y si no obedeciere será depuesto, y mar-chará sobre el ejército nacional”.148 Aparte de esta exigencia, otros factores que influyeron para debili-tar la posición de De la Garza fueron la aprobación del Congreso de las propuestas postuladas Mier sobre la separación del mando político y militar y la creación de los congresos Provinciales.149

El comandante De la Garza renunció a am-bos mandos, pero políticamente se juzgó oportuno mantenerlo brevemente, ya posteriormente el Con-greso decretaría para cada provincia un jefe políti-co y un comandante; quedando enteramente inde-pendiente un comandante general para las cuatro provincias.150 Ya sin remedio, De la Garza procedió a acatar la orden de disolver las juntas Provinciales que se habían erigido durante ese año; así lo hi-

cieron las juntas de Texas, y la que en Coahuila se había erigido con el título de gubernativa.151

Mientras las juntas eran disueltas, y con ello se disgregaban los sentimientos separatistas de las provincias, la tercera Diputación Provincial instalada en Monterrey llevó a cabo los prepara-tivos concernientes para las elecciones. Este paso se convirtió en un factor de competencia entre el Ayuntamiento de Monterrey y la Diputación Pro-vincial. Pues la Diputación, en base al art. 83 del decreto de la convocatoria actual, pidió al Ayun-tamiento a cumplir con la obligación de “circular entre los Ayuntamientos de la provincia las instruc-ciones relativas para la elección de diputados”.

El Ayuntamiento de Monterrey se negó terminantemente a circular las órdenes del partido, apegándose al decreto del 23 de junio de 1813, que atribuía a los jefes políticos como conducto respon-sable para llevar a cabo dicha tarea, pues de ninguna manera está carga se imponía a los Ayuntamientos, exponiendo a la Diputación: “este Ayuntamiento está muy distante de calificar las operaciones que ni le pertenecen y le importa muy poco entrometerse en ellas (…), solamente le hace presente no querer cargar sobre sus obligaciones (..)”,152 en dicha acti-tud devolvió dos veces a la Diputación Provincial las citadas instrucciones, exponiendo además que daría parte al ejecutivo para que dictara lo condu-cente a la ley.153

La Diputación acusó al Ayuntamiento de insubordinación a la autoridad, de falta de reflexión sobre el art. 88 y 89 que encargaban a los Ayun-tamientos la ejecución de las juntas preparatorias y la circulación de órdenes, tachó de inferior a la corporación y la hizo responsable de entorpecer el proceso de elección, además de atribuirle la res-ponsabilidad sobre la falta de representación de las juntas electorales que resultare por la desobediencia prestada.154 La preocupación por parte del Ayun-tamiento se hizo presente cuando remitió, en una sesión de Cabildo, avocarse al art. 19 del decreto de


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23 de junio de 1813, que delegaba al alcalde 1.- de las cabeceras de partido la circulación de órdenes y decretos en defecto del jefe político.155

Para fortuna de ambas corporaciones, la so-lución fue dada por el Doctor Mier, que respondió a ambas corporaciones que no existía contradicción entre el art. 81 del decreto reciente que exponía que la Diputación tenía a su cargo las juntas prepara-torias y el 83 que refería que si varias provincias estaban bajo una misma Diputación y distantes sus capitales, los Ayuntamientos eran los encargados de llevar a cabo la junta preparatoria, y aclaró:

No hay contradicción, (…), se puso ese artículo de remitir a los Ayuntamientos de Coahuila y Texas las juntas preparatorias. Para sólo ellas, á instancia mía se puso ese artículo (es una excepción, no una contra-dicción) es lo que los saltilleros de esa Di-putación quieren hacer la cosa á su gusto para sacar a Ramos, que quizá no lo elegiría Monclova.156

Mapa del Nuevo Reino de León a principios del siglo XIX.

Finalmente, luego de las desavenencias, se llevó a cabo el proceso de elecciones, siendo reelegido para la provincia de Nuevo León Fray Servando Teresa de Mier y como suplente el doctor Simón de la Garza, por el Nuevo Santander queda-ron elegidos Pedro Paredes, suplente Ignacio Gil, por Coahuila Ramos Arizpe, suplente doctor José Domingo Letona.157

En cuanto a la organización política de la provincia, la iniciativa presentada por Mier sobre que cada una de las provincias orientales tuviera su propia Diputación, quedó expedida en decreto el 18 de agosto de 1823. Cada provincia nombró en-tonces a sus respectivos diputados, “con el acuerdo de que el diputado primeramente nombrado ejer-ciera las funciones de jefe político de su provincia”. Los diputados propietarios nombrados por Nuevo León fueron: Eusebio Gutiérrez, Andrés Sobreri-lla, Juan José de la Garza, Bernandino Guimbarda, Joaquín García, Pedro de la Garza, Pedro González, y como diputados suplentes fungieron: Francisco Mier, José María Cárdenas y Pablo Cavazos.158

El puesto del Jefe Político Provincial resultó ser toda una afrenta, pues a instancias de Mier, la Diputación Provincial había elegido primeramente a José Antonio Rodríguez, siendo que con base en el artículo constitucional debía ejercerlo el más an-tiguo no siendo eclesiástico: “nosotros, suponien-do esto, y viendo firmadas por un señor Rodríguez las actas de Diputación creímos sin duda que era el más antiguo”.159 Sin embargo, la Diputación siguió turnando la jefatura política a disgusto del Ayunta-miento de la ciudad.

Mier aseguraba que ni él ni el gobierno sa-bían con seguridad quién era el miembro más an-tiguo de la Diputación, “aunque los Llanos dicen que es Julianito Arrese”, escribía el diputado.160 Por recomendación de la Garza, y por las atenciones prestadas a la familia de Mier, se confirió el cargo de jefe político del Nuevo Reino de León a Juan José Echandía.161


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2.3. Nuevo León en la Federación, un sólo estado para las Provincias Internas de Oriente, o un estado independiente, las diferentes posturas

Echandía llegó a la provincia a mediados de sep-tiembre de 1823, y en el mismo mes la (cuarta) Diputación Provincial de Monterrey comenzó a ejercer funciones.162 El Ayuntamiento se vio muy complacido con la llegada de Echandía, quien se presentó ante el Ayuntamiento expresando el mis-mo reconocimiento;163 en la misma sesión formu-ló la conveniencia sobre que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la formulación de la estadística, para así tenerla lista antes de que el nuevo soberano congreso lo requiriera. Sus siguientes instrucciones fueron relativas a llevar a cabo la completa organi-zación y arreglo de la milicia nacional, así como solicitar los arbitrios necesarios para la compra de armas, todas estas tareas que se generalizaron entre las diferentes corporaciones de gobierno para resto del año.164

Sin embargo, el gobierno presidido por Echandía duró sólo del 23 de septiembre al 28 de noviembre, pues durante su interinato se presentó una serie de desórdenes en contra de las autorida-des de gobierno, en estos hechos se vio involucrado un individuo llamado José María Garza, a quien se le notificó que sería sacado de la ciudad. Este su-jeto se presentó ante el Ayuntamiento a manifestar su reclamo contra tal decisión y expresó: “Jamás he intentado faltar al respeto a las autoridades y menos perturbar el orden público, que era su asunto con-servar, con precaver las acciones que se le habían denunciado y sólo creyó, en aquel acto, reconocer la autoridad del señor Gefe Político por motivos que tiene para ello, y que está dispuesto a sostener”.165

Así, muy a pesar del favoritismo exclamado por el Ayuntamiento, o la recomendación de Mier según decía: “Por dar gusto a la anterior Diputa-ción, o la animosidad en su contra”, el comandante fue cesado de su cargo. Durante el mismo mes de

noviembre, Mier por fin concretó la elección de su candidato a jefe político, designándose para ello a don Francisco de Paula Mier y Noriega.

Este nombramiento también generó opo-sición dentro de algunos miembros de la élite po-lítica neoleonesa, esto se evidenció en la toma de posesión del jefe político el 28 de noviembre de 1823, donde se suscitó un tumulto motivado por los sujetos que rechazaban al citado Francisco, y que, según informes de Fray Servando, sostenían el propósito de desobedecer al gobierno y evitar con ello el nombramiento.166 El suceso concluyó con el auxilio de Bernandino Cantú y la toma del jefe político, quien hizo un llamamiento a los presentes recomendando “la obediencia a las autoridades, el cumplimiento de las leyes, el respeto de los dere-chos sagrados de los ciudadanos y amor a la justicia y equidad” para el orden y tranquilidad pública.167

El Acta Constitutiva de la Federación

Mientras estos hechos tenían lugar en la provincia, en el escenario nacional, luego de tantas disputas y de los últimos acontecimientos generados en el país, quedó elegido el segundo Congreso Consti-tuyente, el cual nombró una comisión encargada de elaborar la primera versión del Acta Constitutiva de la federación. Entre los personajes que formaron esta comisión: Miguel Argüelles, Rafael Mangino, Tomas Vargas, José de Jesús Huerta, Miguel Ra-mos Arizpe, Juan de Dios Cañedo y Manuel Cre-scencio Rejón.168

El punto principal del Acta era el relativo a la forma de gobierno que se establecería en la repúbli-ca; las discusiones entre los diputados Arizpe y Mier al respecto no se hicieron esperar, más las interven-

Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.


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ciones a favor del sistema federal como el más conveniente por la vastedad del territorio y como el más provechoso para atender la inquietud de las provincias resultaron mayoría en oposición al gru-po de Mier que se inclinaba por un gobierno fuerte de tipo centralista, quedando acordado la adopción del sistema federalista.169

Otro de los puntos más interesantes del debate del Acta fue acerca del tipo de federalismo que adoptaría la república, Mier señalaba que la adopción de un federalismo conceptuado como el norteamericano generaría desunión y anarquía en las provincias, proponiendo un federalismo más compacto, “una federación razonable y moderada, conveniente a nuestra poca de ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente, que debe hallarnos muy unidos, pero al final se aprobó por mayoría el artículo marcada como número 5, que estableció la república representativa popular y federal”.170

Otro concepto importante es el relativo al ejercicio de la soberanía, marcado como el art. 6, el autor Ávila destaca tres grupos: la postura fede-ralista contendida por Arizpe, que consideraba que la soberanía nacional radicaba en los estados uni-dos y sus órganos representativos serían la cámara de diputados, el senado y los congresos locales; la confederalista, representada por Cañedo y su grupo radical, que consideraba que la soberanía en cada uno de los estados confederados, en el que cada estado tendría su Congreso local y un congreso general con representantes de cada entidad confe-derada, y un tercer grupo federal moderado, con-formado por Mangino y Mier, que apuntaba que la soberanía que reside únicamente en la nación, y no en los estados, aunque éstos también podrían elegir sus propias autoridades que sólo tendrían funciones administrativas y no de representación, de igual manera se les concedería un congreso de diputados y un senado.171

El acuerdo estableció, finalmente, el reco-nocimiento de una doble soberanía, la de la nación y la de los estados, estos últimos quedaron reco-nocidos como independientes, libres y soberanos, en lo referente a su administración y gobierno in-terior.172

Por último, mencionaremos el debate so-bre la territorialidad de los estados la federación, señalado como el artículo 7º, el cual promovió de nuevo la rivalidad entre Arizpe y Mier. Es por ello que desde noviembre de 1823, Mier suscribió tanto a la Diputación Provincial como al Ayuntamiento de Monterrey para que participaran en la discusión sobre el mejor modo que podrán constituirse estas cuatro Provincias de Oriente entre sí: si formando todas un solo estado como primera opción (secun-dada también por Arizpe), la segunda era la pro-posición sobre la conformación de un estado entre Nuevo León y Santander, y la formación de otro por Coahuila y Texas, y por última opción sobre si cada provincia podría convenir en la formación de un solo Estado, cediendo Nuevo Santander cincos villas y el Puerto del Refugio a las Provincias In-ternas.173

Un solo estado de las cuatro Provincias de Oriente

Para resolver este asunto, el Ayuntamiento de Monterrey nombró en comisión a don Antonio Canales y Rafael de Llano, éstos expusieron en su representación la necesidad de establecer un solo estado de las cuatro provincias debido a la pobreza general de las mismas, la falta importante de gente instruida para renovación de los Ayuntamientos, del que sólo la provincia regiomontana poseía el Colegio Seminario, “de suerte que sólo el carácter honrado y sencillo de estas gentes, en lo general, es capaz de contenerlos en el círculo de sus deberes es un trastorno, y desgobierno tal como el que se


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padece”, añadiendo que no existían los elementos necesarios para que cada una de las provincias se convirtieran en estados, y sólo la unión de éstas podría formar una representación digna de alternar con los otros estados.174

En la misma postura sobre la unión de las cuatro provincias se pronunció el doctor José León Lobo, advirtiendo del peligro de la frontera con los norteamericanos, y sobre todo de los avecindados en Texas; como posible capital mencionó a las villas de Mier o Cerralvo por ser poblaciones más céntri-cas.175 Estas dos representaciones sirvieron como base a Mier para exponer que el sentir general de Nuevo León era sobre la una unión de las cuatro provincias, sólo que el diputado siempre se apegó a que la capital del estado debía ser Monterrey.

Esta misma posición fue secundada por otros elementos como el cabildo eclesiástico, que con los mismos argumentos sobre la pobreza, los indios, la falta de atención de los gobiernos a las propiedades, exclamaba: “No parece caber la for-mación de muchos Estados, sin que puedan fa-vorecerlos muchos brazos que le restan porque

Mapa de los Estados Unidos Mexicanos según el Acta Constitucional.

son inútiles por ca-recer de industria y ocupación”.176 La misma res-puesta se advirtió tam-bién en los partidos municipales como Li- nares, Cadereyta, el valle de San Mateo del Pilón, y a pesar de que en todas las represen-taciones se plantean distintas posibilidades de combinación entre las cuatro provincias, todas promueven una base de equilibrio en la que señalan al Nuevo Reino de León consti-

tuido como capital.La única postura contraria a este sentir es

la testificación escrita por el doctor José Francisco Arroyo, quien expuso que la conformación de un estado de las cuatro provincias podría ser un peligro para la Federación, pues con el tiempo este gran es-tado podía llegar a oponerse a la Unión, rompiendo el lazo federal, exponiendo lo que a su parecer, y con base en la naturaleza del género de gobierno y la habitud de los pueblos, se persuadía porque cada provincia se gobernara por sí misma.177

A pesar de la generalidad del argumento sobre la formación un solo estado, esta postura su-frió un giro cuando el diputado de la provincia de Nuevo Santander, Pedro Paredes, con el favor de Arizpe, promovió para su provincia la petición ante el Congreso para que fuera constituido en Estado. En esa misma sesión, Mier expresó que su pro-vincia estaba en el mismo derecho de petición de convertirse en un estado, “pues Coahuila y Texas no le servían para nada”. Los largos debates no se hicieron esperar y Arizpe, en detrimento de las explicaciones utilizadas por Mier para fortalecer a


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Monterrey como capital, señaló que esta última era dominada por tres o cuatro canónigos, y que era una ciudad corrompidísima y levantisca (haciendo alusión al disturbio presentado con Francisco de Mier).178

El doctor Mier perdió la paciencia y acusó a Arizpe de ser enemigo jurado de su patria, contra la cual descargaba su rabia por habérsele frustra-do sus planes, al final la sesión no llevó a ningún acuerdo. La resolución fue dada por el Congreso en el decreto expedido en febrero de 1824, el cual reveló la creación del Esta-do Interno de Oriente con-formado por Nuevo León, Coahuila Texas y Nuevo Santander.179 No obstan-te, como las legislaturas de Zacatecas, Yucatán, Jalisco y Oaxaca fueron declarados como estados, Nuevo San-tander reclamó lo mismo, conformarse como un es-tado, fin que el Congreso resolvió a su favor.180

Con la elevación de Tamaulipas como un estado independiente, se instauró otro dictamen pronunciando a Nuevo León, Coahuila y Texas como el Estado Interno de Oriente, fijando provi-sionalmente como capital Monterrey y designando para la formación de su congreso cinco diputados a la provincia de Coahuila, cinco a Nuevo León y dos suplentes, y a Texas un diputado y un suplen-te.

A pesar de que este decreto de alguna ma-nera debió uniformar las provincias en un senti-miento común, las divisiones y disputas generadas en parte por el celo y rivalidad por delimitar su te-rritorialidad y su dominio frente a las demás, como era el caso entre los partidos de Monterrey, Saltillo o Monclova, aunado a la pequeña pero sustentable experiencia de representación tanto de las dipu-

taciones como de las juntas gubernativas, y sobre todo el peso de las posturas intransigentes de sus diputados, reafirmaron los deseos de autogobierno provocando con ello el desmembramiento de las Provincias Internas de Oriente.

Nuevo León, ¿formar un solo estado?

Ésta fue la tendencia generada entre los miembros de la élite neoleonesa, la cual, al tener noticia sobre el rango concedido a Tamaulipas, convino en for-

mular una representación escrita que fue empleada por Mier, en la que se expusieron los funda-mentos para que Nuevo León fuera instituido como estado. El documento empieza de un modo lastimero, la corporación se ma-nifestaba dolosa y sensible, pues como metropolitana y digna ciu-dad “es la mártir de las otras tres provincias”, pues poseyendo un buen clima, terrenos fértiles, ma-

yor antigüedad, decorosa re-presentación política, gozando de una iglesia catedral, un colegio semina-rio y por ello de una mayor ilustración a diferencia de las demás provincias, esperaba ser mecedora de tan plausible beneficio.181

El escrito establece que la estadística fa-vorece a Nuevo León, según la cifra formada en 1820, la provincia regiomontana cuenta con 70,000 habitantes, a diferencia de las otras tres provincias, Texas, Nuevo Santander, Coahuila, que cuentan con 4 mil, 55 mil y pico, y 45 mil habitantes, res-pectivamente. También supera a las demás en agri-cultura, así “como que Nuevo León subsisten las otras tres”, y su producción de diezmos ascendía a 82,000 en comparación a la de Tamaulipas que era sólo de 10, 000.182

Con la separación de Tamaulipas, decían, se creaba un desequilibrio entre las provincias, el

La república mexicana surgió como país en 1824.


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perjuicio se distinguían simplemente en la repre-sentación política, pues con igual número de ma-gistrados que han de componer el Congreso con-cedido de las tres provincias, se ocultaba capciosa-mente a pluralidad de votos, el riesgo de perder el asiento del Congreso y que por ello fuera a radicar en Saltillo, dejando “a la metropolitana de Nuevo León desairada y despojada de todo su rango y su representación política”.183 Por ello, aducían, el abismo generado por sus rivalidades no cesaría, por tanto no ocurría a la corporación sino “erigirse por sí sola en estado federal”, con absoluta indepen-dencia de sus laterales y limítrofes de Tamaulipas, Coahuila y Texas.184

Los argumentos de este escrito, sumados a la persuasión de Mier, debieron causar un buen impacto en las discusiones del Congreso, pues a pesar de haberse ya declarado en abril la conforma-ción de un solo estado de las Provincias de Oriente, el Congreso se disuadió finalmente por decretar, el 7 de mayo de 1824, como estado a Nuevo León por un lado y a Coahuila y Texas por otro.146 La no-ticia fue recibida en Monterrey con satisfacción y la Diputación Provincial, regida por Bernardo Us-sel y Guimbarda y el licenciado Rafael de Llano, procedió a organizar las elecciones para el Primer Congreso Estatal de Nuevo León.

Algunas consideraciones

Los primeros años de vida independiente fueron reveladores para la formación y el pensamiento de la sociedad nuevoleonesa de principios del siglo XIX. Este breve esbozo nos ha permitido observar de qué manera las élites Provinciales, particular-mente la de Monterrey, practicó y arraigó la tradi-ción liberal hispánica, aplicada especialmente en la Constitución de Cádiz de 1812. Pues, pese que a primera vista se pudiera entender que esta expe-riencia fue temporal, en la realidad los alcances de esta carta, en un sentido político-administrativo y económico, prevalecieron ampliamente en muchas

de las corporaciones ya existentes, como se verá más adelante con las nuevas instituciones formadas al establecerse el estado de Nuevo León.

Así pues, con la introducción de la Cons-titución de 1812, la provincia del Nuevo Reino de León experimentó nuevos niveles de representa-

ción, especialmente mediante la conformación de las diputaciones Provinciales. Con la formació de esta corporación, la provincia se vio inmersa en la producción de una nueva cultura política en la que la preparación y práctica de las elecciones, como las parroquiales y de distrito, se volvieron proce-dimientos admisibles de actividad política. Con la formación de las dos primeras diputaciones: la primera en 1814 y la segunda en 1820, las diferen-tes élites Provinciales entendieron perfectamente las posibilidades de la nueva corporación: esto es la formulación de una representación de las provin-cias, que integrada por algunos de elementos más sobresalientes, perseguía consolidar una especie de autogobierno mediante la práctica de reglas expe-didas que tenían como objeto lograr el desarrollo económico y político de las entidades.

Las primeras diputaciones de las Provin-cias Orientales no pudieron concretar dichas fun-ciones y lograr tales objetivos debido a su corta duración y al dominio de otras corporaciones. La primera de ellas era la del jefe político, figura que, nombrada directamente por el gobierno, se convir-tió en la máxima autoridad de la provincia, éste es

Juramento de la Constitución de Cádiz en 1812.


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el caso, Joaquín Arredondo, quien, aprovechando la coyuntura de la Guerra de Independencia y la posterior abolición de las Cortes de Cádiz, gobernó la provincia de manera despótica hasta 1821, año en que entregó el mando a Gaspar López.

La tercera Diputación Provincial tuvo una mejor y más amplia participación que sus antece-soras, y durante su gestión se aceptó y legitimó la independencia. No obstante, desde este año, la ca-beza de la Diputación comenzó a estar en juego, sobre todo cuando el comandante y jefe político es-tableció su base en Saltillo. Esta situación se agravó más cuando comisionados de Saltillo presentaron ante la Junta Provisional Gubernativa una solici-tud sobre el nombramiento de la ciudad de Salti-llo como capital de las Provincias de Oriente. Para entonces la tercera Diputación Provincial ya había terminado su gestión, y el Ayuntamiento de Mon-terrey, consciente de la importancia de extender y a la vez consolidarse como la capital de las Provincias de Oriente, hizo frente a esta problemática, funda-mentando importantes razones para frenar a sus permanentes rivales de Saltillo. En estos argumen-tos se advierte no sólo la añeja lucha entre ambas ciudades, sino también los deseos autonomistas de ambas provincias por instituirse como centro de la actividad Provincial política y económica y asen-tarse como una unidad territorial autónoma.

El otro problema para el Ayuntamiento de Monterrey era el concerniente a la competencia desatada con el jefe político Gaspar López, pues encontrándose este último en Saltillo, y teniendo ausente en Monterrey la figura del gobernador, el Ayuntamiento, por orden de la Regencia del Im-perio en 1822, tomó, por medio del alcalde 1º, Ale-jandro Treviño, el gobierno político de la provincia regiomontana. Una vez más la competencia entre ambas corporaciones se torna en nulos deseos de subordinación y crecidas aspiraciones autonomis-tas de dominio y gobierno.

Es en este trance cuando se presentó el epi-sodio de arrebato entre la población de Monterrey,

con motivo de la proclamación de Iturbide; y de-jando un lado las desavenencias entre el jefe polí-tico y el Ayuntamiento sobre la jura de adhesión al emperador, nos parece oportuno sugerir que la pro-vincia de Monterrey, debido a sus características y su apego por la forma monárquica republicana de gobierno, hubiera sido un buen partidario de dicho régimen.

No obstante, los acontecimientos presenta-dos con la disolución del Congreso por el empera-dor encendieron los ánimos en la provincia orien-tal, pues sin Diputación Provincial, con la pre-sencia de Ramos Arizpe en la región, y motivados siempre por un espíritu práctico, la élite política de la ciudad se adhirió al Plan de Casa Mata, y esta-bleció, el 31 de marzo de 1823, la Junta Gubernativa de Monterrey. Al igual que la de 1811, esta junta fue instalada en circunstancias extremas como una forma gobierno provisional, y su postura ideológica en línea con el Plan Casa Mata apostó por sostener la soberanía del Congreso como el representante de la nación, exigiendo también una justa representa-ción del mismo mediante una nueva legislatura. En esa situación, la soberanía de la provincia fue de-legada al mando de la Junta Gubernativa de Mon- terera, pues reuniendo esta corporación en su entidad todo el mando político y económico de la región, todos los Ayuntamientos debían aceptar su dirección y subordinarse a su mando.

Es por estas características que su legitimi-dad ante las demás provincias –Saltillo, Coahuila, Santander– siempre fue puesta en cuestión, pues cada una de estas provincias sostenían sus propias juntas y delimitaban sus territorios de una manera vehemente. El punto en común entre las provincias radicaba sólo en la reunión de una Junta General de las Provincias de Oriente, este plan de gobier-no no sólo era una causa motivada por Arizpe, sino que era el genuino sentir de las provincias sobre que este era el único medio eficaz que los llevaría a lograr estabilidad y el desarrollo. En este pensa-miento las características de autogobierno se hacen


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Una vez lograda la independencia mexicana, la disputa por el poder provocaba discusiones públicas en la ciudad de Monterrey, así como en todo el país.

nuevamente presentes en ello, pues como dice Sal-tillo, de “lograr el plan, no estaremos más a mer-ced de autoridades lejanas y pocas conocedoras de nuestras necesidades”.

La reinstalación del Congreso y la orden para restablecer las diputaciones Provinciales abrió una nueva serie de eventualidades entre las pro-vincias. Es en esta fase cuando, justificando la au-sencia de un jefe político, todo el poder, facultad y autonomía de la Diputación regiomontana se hace presente. Finalmente, la Diputación Provincial legalizada no fue la que la provincia regiomonta-na había nombrado y que había compartido a los integrantes de la Junta Gubernativa de Monterrey, pues a pedimento del Ayuntamiento de la ciudad,

y por influencia del doctor Mier, el gobierno auto-rizó la Diputación ya nombrada en 1822, es decir, la tercera, ésta contaba entre sus miembros a Ber-nardino Cantú, lo cual le aseguró al diputado una especie de equilibrio y resistencia en la represen-tación de dicho cuerpo frente a la actitud de otras provincias.

En correspondencia, debemos repetir la constante actividad e influencia de Ramos Arizpe en la provincia de Monterrey, pues sus ideas re-percutieron en muchos de los miembros de la élite política de Monterrey, más claramente en algunos de los sujetos que habían conformado la Junta Gu-bernativa de Monterrey, la posición federalista y su deseo de instaurar una Junta Gubernativa de las

tres provincias, esta ambición fra-casó en el primer intento con Pedro Lemus, esto en parte por la actitud afanosa de los regiomontanos res-pecto a las pretensiones saltillen-ses y su frecuente inclinación de sujetarse al gobierno. La variación se encontró cuando el jefe político de las Provincias Orientales, Felipe de la Garza, se rebeló en contrapo-sición del gobierno, y en convenio con Arizpe, y ante la delicada si-tuación de división en el país y el temor de los hechos ocurridos con Santa Anna en San Luis, propuso a las corporaciones regiomontanas la instalación una Junta Provincial de las cuatro provincias.

El Ayuntamiento de Mon-terrey, cauteloso y resistente a las ideas de De la Garza, y con el influ-jo de Mier en el Congreso, ya había expresado a su diputado los deseos de que a cada una de las provincias se le otorgara su propia Diputación Provincial, pues de otra mane-ra temían que las ideas de Arizpe


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prevalecieran en la región; por medio de los repre-sentantes de Coahuila en la Diputación Provincial, por su influencia en Parás, o incluso en Julián de Llano, conducta que nos refleja un poco hasta dón-de llegaba la persuasión de las ideas federalistas en los regiomontanos. El Ayuntamiento, frente a la invitación De la Garza, respondió reconociendo al Congreso y el Gobierno, y con resistencia lograron convenir solamente en la formación de una Junta General en Monterrey que tendría como finalidad centralizar las provincias orientales mediante un congreso Provincial que dictaría las medidas con-cernientes para el Gobierno interior de las mismas.

Este tipo de centralización fue remediado por el gobierno con las disposiciones para estable-cer diputaciones con amplias facultades en cada una de las provincias, con el mandato a De la Gar-za para deshacer las juntas de provincia, especial-mente la general que había convocado; y finalmen-te con la separación del mando político y militar, medida que acabó por mermar el peso autoritario de los comandantes de provincia. Así, De la Gar-za fue oficialmente el último detentor de un poder con esas características; con todas estas acciones las Provincias Orientales entraron en un periodo de relativa calma, en dicho entorno la provincia de Monterrey procedió a regularizar el orden político, tratando de atender en lo posible los dictámenes del gobierno.

Una de estas disposiciones, la relativa a circular las órdenes del partido para la elección de diputados, generó serias contrariedades entre el Ayuntamiento de Monterrey y la Diputación Pro-vincial, este simple detalle expresa claramente un proceso muy característico durante toda esta eta-pa, es decir, al ser ambos cuerpos encargados de ejercer una administración local en dos niveles: el municipal que correspondía a los Ayuntamientos, y el Provincial, a las diputaciones, fue inevitable que se desataran competencias entre ambas cor-poraciones y, por tanto, que este tipo de adminis-tración pudiera ser practicada con equilibrio, pues

en sí, el Ayuntamiento era tradicionalmente el or-ganismo encargado de ejercer el gobierno interior de los pueblos; debido a esto, el Ayuntamiento se convierte en la segunda corporación que dificulta el provechoso funcionamiento de la Diputación; las disputas son un reflejo del control que la Diputa-ción quería ejercer como cuerpo superior y que el Ayuntamiento declinaba a aceptar, esta situación se complicó aún más por la divergencia de ideas e influencias entre ambas corporaciones, como lo muestran los hechos suscitados.

Ante todo se reconoce la prudencia con que se manejaron los cuerpos, como el Ayuntamiento, la Diputación y otros, pues sin otras dificultades se puede decir que la provincia permaneció estable hasta el arribo de su jefe político, Juan Echandía. A su llegada, la última Diputación Provincial de Oriente ejercía funciones, y durante su interinato fue que la provincia se vio uniformada en los di-versos pronunciamientos federalistas. Tanto el cese de su mandato como la ocurrencia presentada con el nuevo jefe político, Francisco de Paula Mier y Noriega, son ejemplos que deducen claramente el surgimiento de la división de grupos dentro de la élite, la procedencia se irá definiendo de forma cada vez más tangible conforme se vaya pactando el sistema de gobierno en la República.

Con todo, la experiencia en los últimos me-ses de la vida política de la nación, a través de la Diputación Provincial de 1823, había producido la tendencia a rebasar la dosis moderada de autogo-bierno que era regulada de forma centralista por la corte gatidanas, ahora las provincias demandaban mayor independencia y soberanía; la inclinación hacia los gobiernos Provinciales fuertes, encauzada en el federalismo, fue ganando terreno, y entre éstos, las Provincias Internas de Oriente. Nuevo León se pronunció también como partidario del federalismo, pues la provincia suponía poder gobernarse de ma-nera autónoma al reunir buenas facultades económi-cas para ello como se lo había advertido a la Diputa-ción Provincial en mayo de 1823.


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Los juegos como el ajedrez y las cartas, relajaban, en parte, las tensiones políticas en la ciudad.

En efecto, los derechos de las provincias fueron reconocidos en el Acta Constitutiva, y una vez declarados independientes, libres y soberanos, era necesario especificar la delimitación de los esta-dos que compondrían la república federal. Por ello las Provincias Internas de Oriente tenían que resol-ver del modo más análogo y fructuoso la manera de constituir su territorio.

Las variadas representaciones de la provin-cia de Nuevo León naturalmente concibieron la necesidad de formar todas las cuatro provincias un solo estado. De alguna manera, por tradición y ex-periencia, ésta había sido la manera más funcional y práctica en que siempre se habían gobernado, y la concepción no era ahora tan diferente, al menos en la provincia regiomontana. Muchos eran los mo-tivos que sostenían esta premisa en las represen-taciones de los diferentes cuerpos Provinciales: la pobreza del territorio, sus muchas dificultades eco-nómicas, falta de instrucción, el peligro de las in-cursiones de los indios y otros. Es interesante que

sólo la opinión del doctor Arroyo fuera opuesta a este sentir; se puede conjeturar que, compartiendo un poco la visión de Mier y observando los hechos anteriores, Arroyo se convenciera que Nuevo León podría ser la que poseía más posibilidades de go-bernarse por sí misma.

Y esta última proposición fue la que se ma-nifestó en Nuevo León al saberse la elevación del Nuevo Santander como estado de Tamaulipas. Esta noticia provocó un sentimiento de inferioridad en la provincia de Nuevo León, pues las diferencias entre ambos estados parecían inexplicables a los re-giomontanos, pues a su favor contaban con mayor población, comercio y riqueza, poseían un Colegio Seminario, mayores diezmos, características que la convertían en el mejor candidato para poderse gobernar medianamente y convertirse en estado.186 Aduciendo estas argumentaciones y la rivalidad con las provincias de Coahuila y Texas y sus inte-reses locales, el diputado Mier y los grupos políti-cos regiomontanos lograron el convencimiento del


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gobierno para que Nuevo León fuera declarado es-tado independiente.

Con el dictamen se disgregaban las Pro-vincias Internas de Oriente y Nuevo León, Tamau-lipas, Coahuila y Texas formaban cada uno estados independientes. De éstos, Nuevo León siempre fi-guró como la provincia de mejores posibilidades de consolidarse de manera económica y política, y ésta sería la tarea que emprendería la élite política regio-montana a partir de su nacimiento como estado.

3. El surgimiento del estado de Nuevo León

3.1. El establecimiento del primer Congre-so Constitucional del estado de Nuevo León

Señor: Día grande, día dichoso afortunado día ha sido aquél en que la provincia del Nuevo León le-vantó su augusta y majestuosa frente y se colocó a la par de los estados libres de la grandiosa república

mexicana.187

¡Caminad pues dignos representantes! ¡Caminad a paso firme y con ánimo tranquilo, desplegad toda la alegría de nuestro ilustrado zelo, conducid al pue-blo neolense a la encumbrada grandeza a donde la llama su destino; y disponer a recibir las bendicio-nes de la presente generación, y los laureles de la

inmortalidad!188

El 7 de mayo de 1824, el Congreso Nacional decla-ró a Nuevo León como un Estado de la Fderación mexicana. La tercera Diputación Provincial y el jefe político, Francisco de Paula Mier y Noriega, circularon las órdenes respectivas para el proceso de elección del primer Congreso del Estado. Las elecciones primarias y secundarias o de partido tu-vieron lugar los días 20 y 27 de junio, y el 11 de julio los electores de los cinco partidos: por Monterrey José Antonio Rodríguez y Joaquín García; de Ca-derey-ta, Br. Francisco Antonio González; del valle

del Pilón Julián García y Gómez; de Linares Fran-cisco de la Garza Benítez, y por el de Real Boca de Leones, José de Jesús Treviño, conformaron la junta de electores de provincia.189

Siguiendo el decreto sobre la convocatoria de 17 de junio de 1823, se nombró a los electores de la junta de partido, un secretario, dos escrutadores y una comisión compuesta por tres ciudadanos, “por componerse la junta de sólo seis individuos expresados”, quienes en conjunto nombraron a los diputados del congreso local.190

La primera Legislatura de Nuevo León quedó establecida el 1 de agosto de 1824, la con-formaron los diputados propietarios: primer vocal. José Francisco de Arroyo, José María Gutiérrez Lara, Pedro Agustín Ballesteros, Cosme Aram-berri, Juan Bautista de Arizpe,191 Rafael de Llano, José María Parás, Juan José de la Garza Treviño, Antonio Crespo, José Manuel Pérez, Pedro de la Garza Valdés. Fueron nombrados diputados su-plentes; José Andrés de Sobrevilla, Pedro Antonio de Eznal, José Andrés García de Evia y Francisco del Corral.192

La ceremonia de instalación contó con la compañía de diez individuos de los once que con-formaron la legislatura, y ante un numeroso con-curso de ciudadanos, el señor jefe político Mier y Terán recibió individualmente el debido juramento a cada uno de los señores diputados. A continua-ción tuvieron lugar los ya conocidos ritos para legi-timar al nuevo cuerpo: el Te Deum, júbilo del ve-cindario, honores de la milicia cívica, la cual quedó encargada de velar por la soberanía y legalidad del Congreso, así como felicitaciones y discursos del jefe político y del gobernador de la mitra.193

En la acto se entregó también los archivos de la Diputación Provincial, y ya en sesión la asam-blea acordó que el Congreso local sería tratado de honorable e impersonal,194 y se dispuso que todas las autoridades de gobierno, empleados, corpora-ciones civiles y militares debían prestar el juramen-to correspondiente de reconocimiento y obediencia


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de la corporación.195 En la sesión del 2 y 3 de agosto se procedió a tratar el nombramiento de goberna-dor, por ser “urgentísimo y por hallarse en desor-den todos los ramos de la administración pública”, fue nombrado provisionalmente gobernador José Antonio Rodríguez y como teniente de gobernador provisional Francisco Bruno Barrera.196

Durante los meses siguientes de ser comu-nicada la instalación del Congreso local de Nuevo León, fueron llegando los manifiestos de felicita-ción de diversos estados como Querétaro, Duran-go y Veracruz, como menciona el autor Jáuregui, la idea de federación se iba construyendo según lo exponen las cartas recibidas por estas entidades.

Nuevo León se constituyó como un estado independiente, libre y soberano. La soberanía que residió en su augusta asamblea fue bien recibida en los diferentes Ayuntamientos de la antes provincia. Todas las esperanzas eran puestas en este cuerpo como el supremo poder legislativo, esto es cierta-mente evidente en las inquietudes que formuló un manifiesto del Ayuntamiento del valle de Guajuco, en él expuso: “que se asegure la prosperidad pú-blica, la quietud del ciudadano, el castigo al crimi-

noso; el alivio del miserable; el progreso del agrícola y del artesano; que haga florecer la industria (…), que levante un dique que con-tenga los abusos que oprimen los derechos del ciudadano”,197 estos intereses tan repre-sentativos de las Provincias Orientales serían plasmados en la formulación de la carta cons-titucional nuevoleonesa.

En el mes de septiembre la legislatura realizó la votación para elegir presidente de la república, quedando elegido por nueve votos Nicolás Bravo y como vicepresidente Guada-lupe Victoria. Como senador fue votado Si-món de la Garza y en octubre fueron elegidos diputado y suplente al Congreso Nacional Eusebio Gutiérrez y Manuel María Canales, respectivamente.198

A partir de noviembre se realizó el bosquejo de la Constitución, siendo promul-

gada y jurada el 5 de marzo de 1825. Siguiendo la costumbre, fue jurada ante un crucifico, los libros sagrados y, según parece, se intentó imitar el sim-bolismo del acto del presidente Guadalupe Victoria de acompañar el juramento con un símbolo mexica-no, pues un acuerdo de la comisión de reglamento interior del Congreso local sugirió que en la sala de sesiones se instalaría en el lugar más conveniente la imagen de María señora de Guadalupe, patrona de la nación mexicana,199 aunque no queda del todo claro si efectivamente se realizó el juramento acom-pañado de la imagen.

3.2. La Constitución Federal del Estado de Nuevo León

Los estados nación se definen por su Constitu-ción y por su forma de gobierno, es por ello que la Constitución mexicana de 1824 nos detalla todo un concepto de sociedad, del poder público y de las relaciones entre ambos.200 Con una importante influencia liberal de la Constitución de Cádiz de 1812, la carta mexicana mantuvo la religión católica

Sala del Antiguo Congreso del Estado de Nuevo León. El primer recinto legisla-tivo estuvo ubicado en una antigua casona que se encuentra en la calle Morelos cruz con Escobedo en el centro de Monterrey.


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Ejemplar de la primera Constitución Política del Estado Libre de Nuevo León sancionada el 5 de marzo de 1825.

como exclusiva en el Estado y además perpetuó los privilegios de grupos de poder como los eclesiásti-cos y militares.201

Estos privilegios que contrastan con el ideal un gobierno constitucional representativo son pro-ducto de la fuerza e intereses de distintos grupos, principios como “militarismo y civilismo o institu-cionalismo, el ejecutivo o congreso fuerte, libera-lismo y tradicionalismo, federalismo y centralismo” se conjuntaron en un solo código de leyes.202 En ese contexto la Constitución de 1824 trató de dar res-puestas a las diversas manifestaciones ideológicas de los grupos que intentaban construir la nación mexicana, y a pesar de que varios de estos princi-pios tienden a ser contradictorios, la promulgación de la Constitución contribuyó a la formación de un compromiso y un camino que formuló distin-tos cambios y continuidades dentro de la sociedad mexicana.

La Constitución estatal de marzo de 1825 transcribió los mismos principios de la Carta Fede-ral.203 Primeramente, en su artículo 1, estableció la territorialidad, comprendiendo Nuevo León, en particular los distritos municipales de: Monterrey, Valle de Santa Catalina, Pesquería Grande, Cañón de Guadalupe, Salinas, Huanuco, Boca de Leones, Punta de Lampazos, Vallecillo, Sabinas, Cadereyta, Cerralvo, Marín, Agualeguas, Pilón, Mota, China, Linares, Río Blanco y Labradores.204

En el artículo 2º declaró su soberanía: “El estado de Nuevo León es libre, soberano e inde-pendiente de cada uno de los estados mexicanos y de cualquier extranjero. No es ni puede ser pa-trimonio de la nación, estado, corporación, familia o persona alguna”.205 Como lo estableció la Carta Federal, la soberanía estatal debía ser compartida con en el supremo poder de la federación, por ello el artículo 3 señaló que Nuevo León ejercería su soberanía en lo concerniente: “a la común conser-vación, defensa y relaciones exteriores con otras naciones, y a la unión y paz, orden justicia mutua de estas personas morales de los estados (…)”.206

Resulta notable la discusión en torno al art. 5, el cual estableció que el objeto de gobierno es “procurar a los individuos la mayor suma de posi-bles goces, y alivios”; y “a costa de la mayor suma de posibles padecimientos y sacrificios”.207 Éste es un elemento bastante distintivo del código nuevo-leonés: el bienestar de los individuos, pues ése era el fin de toda sociedad política y para lograrlo era necesario el sacrificio de las personas. Curiosamen-te los que no estuvieron del todo de acuerdo con la formulación de este artículo fueron los diputados Antonio Crespo, José María Parás, Antonio Cres-po, José Manuel Pérez y Juan Bautista de Arizpe.

Otro elemento muy representativo de la Constitución estatal, unido al deseo de procurar bienestar al individuo, es el artículo 9, que esta-bleció que el estado garantizaría a “todo individuo, habitante, estante y aún trausente la seguridad de su propiedad y demás bienes que le pertenecen”.208

Como vimos anteriormente, esta preocupación por la seguridad, la propiedad individual y el bienestar, eran las necesidades más inmediatas de sus habi-tantes, este interés identificado con el liberalismo y su concepto del individuo como lo más importante en el “entendido de que la suma de las felicidades


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individuales traerá el bienestar colectivo” son pe-culiaridades visibles dentro de la constitución de Nuevo León.209

Finalmente, los artículos 6 al 8 de la Cons-titución local establecieron la unidad y adopción sobre la forma de gobierno republicana-federal, la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Ju-dicial, del que “ni los tres, ni dos de ellos pueden jamás reunirse en una sola persona o corporación, ni el Legislativo puede nunca estar en un solo in-dividuo”, y la perpetuación de la religión católica, prohibiendo el ejercicio de alguna otra.210

3.2.1. Otros conceptos básicos dentro de la Constitución estatal

Los principales atributos de la carta estatal han sido mencionados, sin embargo, es necesario seña-lar algunos otros que se refieren al tipo de sociedad que se concebía, así como los que tratan sobre los derechos y obligaciones de todo ciudadano nuevo-leonés que formaban esa sociedad, y las relaciones implícitas con otros poderes.

El ciudadano nuevoleonés

La Constitución estatal estableció la libertad e igualdad de los ciudadanos, por ello el artículo 12 rezó: “En lo sucesivo nadie nace esclavo en el es-tado de Nuevo León: no se permitirá introducción de esclavos, y quien introdujera alguno se entiende en el mismo hecho de manumitirlo”.211 Al respecto de este artículo, sólo el diputado Arizpe salvó su voto objetando que el último apartado del artícu-lo podía ser una traba efectiva para los extranjeros que quisieran avecindarse en el estado; quizá por la poca población de la región o el deseo de que los extranjeros ayudaran al progreso del Estado, Ariz-pe contemplaba esta idea, de cualquier manera el artículo votado en su totalidad abolió textualmente la esclavitud y dio libertad a los individuos.

Pero, ¿quién podía ser ciudadano en el es-tado de Nuevo León?, ciudadano, según la Cons-titución, es todo hombre nacido o avecindado en el territorio de Nuevo León, también lo es todo militar que con sus armas haya contribuido a la Independencia donde quiera que haya nacido, al igual lo era todo americano natural de cualquiera de las naciones emancipadas de España, con tal de que tuvieran una residencia mínima de tres años en algún pueblo del estado con familia, bienes raíces o alguna industria útil. Pero los extranjeros también podían ser ciudadanos del estado de Nuevo León, las condiciones eran residir en algún pueblo del Es-tado por espacio de seis años, ser católico y tener algunas de las tres circunstancias indicadas en el artículo precedente.212

De este modo la categoría de ciudadano implica la connotación de vecindad como un ele-mento de la sociedad política, en la que el indivi-duo, al convertirse en vecino-ciudadano, es titular tanto de derechos como de obligaciones que debe cumplir con el Gobierno y por consiguiente con el Estado.213 ¿Y cuáles eran las obligaciones a las que todo ciudadano estaba precisado a cumplir?, la constitución advierte cuatro: “Contribuir a la segu-ridad del estado y en justa proporción a los bienes que el estado le asegura y defiende, acudir perso-nalmente a la defensa del estado, siempre que sea llamado por la ley, contribuir con su voto al buen gobierno del estado, toda vez que la ley le llama a nombrar mandatarios públicos, y por último, amar a la patria, ser veraz, justo, benéfico, en suma, virtuoso”.214

En conjunto, el ciudadano debía ejercer sus derechos y sus obligaciones convirtiéndose en un modelo de virtud que conllevaría a lograr el bienestar colectivo. De igual manera, la constitu-ción legisló además que el derecho de ciudadanía se perdía si: un ciudadano se naturalizaba extran-jero, por sentencia ejecutoriada con penas corporis aflictivas o infamantes.215 Por otro, lado se advirtió


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La Constitución explicaba terminantemente quién era considerado ciudadano en el es-tado de Nuevo León, quién podía votar y ser votado, entre otros conceptos. Aquí se pre-senta la imagen de una familia mexicana del siglo XIX.

también la suspensión de esos derechos, ya sea por “incapacidad física o moral, por el estado de deu-dor quebrado hasta la conclusión del juicio, por ser deudor de caudales públicos, por no tener caudal, renta, oficio u modo de vivir conocido, por hallarse procesado criminalmente, por no tener cumplidos veintiún años de edad, excepto los casados que ya hallan entrado en los dieciocho, y los que tuvieran cuarenta años en adelante y no supieran leer ni escribir”.216

Las elecciones

Pero las condicionantes por parte del gobierno no terminaban ahí, pues, aunque relativamente cual-quier persona podía ser ciudadano del estado, no todos podían cumplir con la obligación y derecho de ejercer su voto. Las razones son varias: la pri-mera se relaciona con el sistema de elección que Nuevo León adoptó para elegir a sus mandatarios políticos. Para arreglar las elecciones se eligió el criterio demográ-fico, es decir, las elecciones debían ser arregladas con base en la población.217 En consecuencia, tocaba a cada distri-to municipal “tantas acciones o votos cuantos millares de almas tenga la po-blación. Las fracciones, que pasen de 500 almas, se reputarán como acciones enteras; las que no pasen de 500 almas no se tomarán en cuenta”.218 Es decir, cada mil almas, o fracción mayor de 500 representaba un voto.

¿Quiénes podían ser votados y elegidos por los ciudadanos?, nue-vamente encontramos fuertemente condicionados los derechos, pues para ejercer la voz activa y voz pasiva era necesario cumplir con las obligaciones ciudadanas ya marcadas en el artícu-lo 11, y más importante era realizar el pago de la contribución directa, para

así poder votar.219 Este requisito, junto con la es-casa y poca preparación política de la población, hizo inevitable que al igual que en el periodo colo-nial, los puestos públicos fueran ocupados sólo por aquellos personajes notables de la Provincia, ahora Estado.

Las juntas para realizar las elecciones se-guían el mismo patrón ya marcado por la legisla-ción gatidana, las elecciones populares debían ser realizadas en forma indirecta. La realización de las juntas primarias o municipales debían ser celebra-das el primer domingo de diciembre de cada Ayun-tamiento municipal, a la junta debían acudir todos los ciudadanos y enseguida se elegía un secretario y dos escrutadores, en compañía de estos censores y del presidente, cada ciudadano debía acercarse a la mesa con los funcionarios y presentar una lista de candidatos para la renovación del Ayuntamiento y para el nombramiento de electores secundarios.220


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Enseguida el secretario preguntaba al ciudadano si estaba conforme con la expresa-da lista y de ser negativa la respuesta, en ese momento tenía oportunidad de corregirla, y entonces entregarla firmada. La lista debía contener el nombre, apellido, estado y oficio del votante. Al término de la elección los fun-cionarios debían leer en voz alta los nombres de los elegidos, y en caso de que hubiera algún empate, se decidía a la suerte, por último se le-vantaba constancia escrita sobre el acto.221

La juntas secundarias o de partido de-bían tener lugar quince días después de haber-se celebrado las primarias. A ella acudían los electores primarios elegidos por los partidos del Estado, quienes ya en una precedente reunión a la junta secundaría elegían secretario y escrutadores. Asentados los electores sin preferencia alguna, y siguiendo casi el mismo mecanismo de las juntas primarias, ejercían su voto de manera secreta. El resultado de la elección nombraba uno a uno a dos electores secundarios222 o de partido, quienes de-bían llevar a la Junta de Estado tantas acciones o votos como le habría delegado su distrito.

Juntas de Estado, antes de Provincia

Eran celebradas también a los quince días de ha-berse realizado la junta precedente, y estaban for-madas por los electores secundarios de los partidos de todo el estado.223 Tres días antes de la elección, los electores, en junta y a puerta abierta, nombra-ban al secretario y los dos escrutadores respectivos. Las credenciales de estos últimos funcionarios y de los electores eran revisadas para mayor transparen-cia de la elección. A puerta abierta y sin preferencia en los asientos, el escrutinio se realizaba en forma secreta. Cada elector secundario debía echar en una urna todos los votos que remitía el partido que representaba.224

Los resultados obtenidos designaban a los once diputados y cuatro suplentes del Congreso local, y al diputado y suplente para el Congreso de la Unión. El cargo de diputado era bienal y reele-gible indefinidamente para todo ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Al otro día de haberse realizado la elección de diputas, la Junta de Estado volvía a reunir para votar la elección de 21 hombres íntegros, conocidos como censores de los altos fun-cionarios.225

En pocas palabras éste era el proceso de elección, de forma indirecta y escalonado en tres grados era la forma en que se elegía a los funcio-narios políticos. La elección de gobernador y vi-cegobernador, en cambio, debía ser realizada por los Ayuntamientos del estado. Cada Ayuntamiento debía mandar al Congreso estatal una lista cerrada y sellada de cinco ciudadanos, vecinos del esta-do, hombres de bien y con aptitud para el cargo. El Congreso era el encargado de abrir las listas y computar los votos, y el que obtuviera la mayoría de votos era designado gobernador.226

El cargo de gobernador y vicegobernador era también reelegible indefinidamente, los re-quisitos para estos puestos eran: nacer en territorio mexicano o ser hijo de padres mexicanos, tener 30 años de edad, y cinco de vecindad en el Estado,

Elecciones en el siglo XIX.


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no ser militar en ejercicio, eclesiástico, ni empleado federal o de hacienda pública del estado.227

Facultades del Gobernador y del Congreso local

La Constitución local también invistió al poder Ejecutivo o Gobernador con facultades importantes para el funcionamiento de la sociedad, así como de los bienes y derechos de las personas. Algunas de las funciones de este poder Ejecutivo eran: ejecu-tar las leyes, proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos y además man-tener el orden, paz y tranquilidad en todo el estado, remover a los jefes políticos en caso de incumpli-miento, cuidar de la justicia administrada por los tribunales del estado, formar el censo y estadística de los distritos y en general del Estado, comunicar, circular, publicar y cumplir los decretos y órdenes del Congreso del Estado; y como nombrado jefe nato de la milicia local, debía cuidar de la organiza-ción, instrucción y disciplina de dicho cuerpo.228

Pero el poder Ejecutivo no estaba solo en cuanto al cabal cumplimiento de sus obligaciones, el gobernador podía apoyarse en la Junta Consulti-va, creada con la función de dar consejo en las cues-tiones más urgentes y graves, debía ser compuesta del teniente gobernador, el eclesiástico más autori-zado de la capital, el Jefe de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Jefe Político de la capital.229

A pesar de las amplias facultades del gober-nador del Estado, la Constitución Estatal de Nue-vo León de 1825, invistió al Congreso estatal de poderes mucho más fuertes, éste era el fundamento del liberalismo, la idea de que la soberanía nacional se ejerce a través de sus representantes;230 en este cuerpo reside la soberanía y por ello las facultades del Congreso local son extraordinarias, entre ellas podemos mencionar: supuesto que al estado toca proteger la seguridad de las personas, bienes, de-rechos, individuos, debe el Congreso decretar las leyes relativas a la administración y gobierno in-

terior del estado en todos sus ramos, velar sobre el cumplimiento de la constitución y de las leyes, especialmente las concernientes a la seguridad de personas, propiedades, libertad de imprenta y de industria.231

También declarar cuando haya lugar a censura de altos funcionarios, representar ante el Congreso de la Unión sobre leyes u órdenes que se opongan o perjudiquen a los intereses del Estado, o de sus individuos. Ordenar el establecimiento o supresión de los cuerpos municipales o Ayunta-mientos, fijar anualmente todos los gastos de la administración pública del Estado, a propuesta del gobernador; en sí, ejercer todas las facultades pro-pias de un cuerpo legislativo, en todo aquello que no le prohíbe la Constitución Federal.232

En conclusión, la promulgación de la Cons-titución local de marzo 1825 concretó los derechos y los deseos autonomistas del estado de Nuevo León. El establecimiento de un gobierno legislativo fuer-te y soberano, y las amplias facultades otorgadas a este cuerpo, por ejemplo, el derecho y la libertad de decidir, crear o fundar instituciones que respondie-ran a sus necesidades más inmediatas, concretaron dichas expectativas.

Así, el Congreso local se estableció de forma definitiva como la corporación soberana encargada de institucionalizar la vida de los nuevoleoneses. La importancia de esta institución resulta induda-ble porque en ella se advierte un nuevo proceso de formación, participación y representación política; y en esa transformación los congresos se convierten en la escuela política del naciente Estado mexicano y en un reflejo del carácter elitista de la política de esos años.233

Esta idea es aplicable al estado de Nuevo León, pues todos los personajes notables del pe-riodo de transición colonial-republicano participa-rán y se formarán a lo largo del siglo XIX, en este cuerpo. Y aunque el proceso de participación po-lítica nuevoleonés es poco democrático, bastante condicionado e indirecto,234 esto no significa que


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los espacios de participación ciudadana fueron tan cerrados como en la época colonial en que los puestos políticos se vendían y compraban al mejor postor; ahora la dinámica política es diferente, y los espacios son ahora llenados por la conformación de una nueva clase política local surgida de la consoli-dación de esa práctica democrática. 235

Pero pasemos ahora a describir algunos de los trabajos y preocupaciones de aquella clase política que conformó la Primera Legislatura del Estado.

Algunas de las labores del Congreso local

La reorganización política y administrativa de Nuevo León fue una de las más apremiantes ne-cesidades para la primera Legislatura local. Dentro de los trabajos de este cuerpo encontramos algunos temas referentes a distintos ramos, estas acciones responden al cumplimiento de los diversos decre-tos federales, especialmente el relativo a la organi-zación y clasificación de rentas de los estados, para ello el Gobierno nacional estableció el pago de un contingente, es decir, el pago de una contribución que cada Estado pagaría de acuerdo a su riqueza y población,236 para ayudarse a pagar dicho con-tingente, Nuevo León legisló sobre algunos ramos importantes; a continuación detallaremos algunos de estos ramos:

El tabaco

La inquietud sobre el monopolio estatal, produc-ción y venta del tabaco respondió a la orden federal de 9 de febrero de 1824, en la que se debía respon-der al gobierno sobre el número de tercios de tabaco para el consumo de un tercio de año, especificando si el pago lo harían de contado, o en el término más breve para ejecutarlo. Deseando que el recargo no fuere perjudicial, y que tampoco se le privara de tal consumo, la primera Legislatura local dedico am-plias y diversas discusiones a tal objeto.237

La primera intención del Estado fue la de establecer una fábrica de cigarro y ponerla en orden de arreglo y así facilitar su expendio. Con ello se evitaría la escasez y se contaría con efectivo para pagar la cuota correspondiente al Gobierno. La-brar por su propia cuenta el tabaco era la propues-ta de Nuevo León, y por este motivo muchas de las reglamentaciones referentes a la producción y mercantilización del tabaco serán destinadas a este producto durante los primeros años de vida cons-titucional.238

En este primer momento, una comisión especial del Congreso local y el Gobernador pro-pusieron un plazo de tres meses para llevar a cabo el proyecto de la fábrica, mientras tanto pidieron al gobierno su auxilio para que en el primer tercio del año se cargaran al Estado las cajas de tabacos, labrado a razón de tres octavos, y un plazo fijo para el pago de las remesas.239 La situación se agravó con la noticia y comunicación, con fecha de 10 de mayo 1825, sobre que el diputado Padre Mier había declarado al ministro que no se le enviará tabaco al estado de Nuevo León durante un año porque se lo tomaría la legislatura y no habría de pagarlo; esto generó gran algarabía en el Congreso. La le-gislatura consideró este rumor como una calumnia, una intriga, un ataque en contra de los intereses del estado de Nuevo León.240

También se manifestó que el Padre Mier nada sabía del terreno de las costumbres y nego-

Las cigarreras, obra de Gonzalo Bilbao. La Industria del tabaco fue uno de los principales motores económicos del siglo XIX.


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cios del estado neoleonés, que no era un verdadero republicano cuando era notorio que es un “domi-nante ambicioso, aspirante, pretendiente eterno y semipeterno: que no cesa de trabajar y fatigar a las autoridades en acomodar en empleos a los aún indi-viduos más ineptos de su familia (..)”, “quiere man-dar en déspota desde México, por medio de ellos quiere fundar aquí en Nuevo León una monarquía donde absolutamente nada se haga sin su licencia y dirección (..)”; su acción, decían, era motivada por el resentimiento de las providencias del Congreso para que Mier y algunos deudos inmediatos suyos duplicaran la percepción de sus pagos.241

Por último, declararon que si Mier tenía enemigos personales en Nuevo León, debería ba-tirse con ellos, y no tomarla en contra de un gobier-no y un estado, acordaron suplicar al gobierno que se les abonara a cuenta del contingente del estado los doce mil pesos por causa del tabaco, y no privar con ello al estado de la tercia parte de sus rentas totales, imposibilitándolo de pagar el contingente del primer año y humillándolo al ver entonces in-tervenidas sus rentas.242

Para 1825, la clasificación de rentas del esta-do asignó a Nuevo León la suma de un contingente de 18, 750 pesos,243 suma que para casi mediados de año el estado no había podido solventar. El moti-vo más fuerte para argumentar esta imposibilidad era aducida a la importancia del ramo de tabaco, remesa de la cual el estado estaba privado, aún de provisiones de labrados; siendo este ramo el más valioso, productivo y seguro.244 Sin saber la razón exacta de tal omisión, y con el estanco de dicho ramo por parte de la federación por espacio de casi un año, el Congreso local explicó las graves con-secuencias del problema, arguyendo contrabando e introducción de cultivo extranjero, debilidad de leyes en materia, perjuicio de la Federación y del Estado, monopolio inmoral de los que se dedican a esta negociación, y lo más grave, “la pérdida de la independencia, seguridad y propiedad de las rentas”.245

La desmoralización del estado de Nuevo León era mucha, pues “siendo un estado pobre y con un carácter pacífico moderado”,246 pedía fuera redimido de tal vejación, de ese ataque centralista. Pero todavía para mediados de 1826 la prohibición sobre el cultivo de tabaco estaba vigente, y deduc-ciones hechas por el Congreso local se volvieron una realidad. Para ese año la legislatura local de-cretó varias disposiciones relativas a exterminar la introducción del tabaco extranjero; pues los contra-bandistas compraban tabaco en Virginia, EUA, por vía del Puerto Refugio, alias Matamoros; además, la existencia de sembradíos clandestinos en distri-tos como Monterrey, Santa Catalina, Pesquería, Cadereyta y Montemorelos, conllevaría a la legisla-tura a poner de ejemplo el estado de Texas, donde no existía el estanco, puesto que dicho estado y sus nuevas colonias se proveían de tabaco mediante un ilegal tráfico extranjero.247

El Congreso aseguraban que el estanco de tabaco era perjudicial en los estados del oriente de México, y que esto no aprovechaba en ningún modo a las ciudades de Córdoba ni Orizaba, pues la cercanía con los contrabandistas extranjeros era más provechosa y fácil para el consumidor, pues el contrabandista vendía más barato y su producto era de calidad superior.248 Nuevamente el Congreso local pidió al Gobierno que se le concediera a los estados el libre derecho de cultivo de tabaco, que sobre ese derecho se estableciera un impuesto que indemnizara a la federación del interés actual del estanco, y que los estados también pudieran decre-tar para su provecho tal impuesto.249 No obstante los esfuerzos y las crecientes peticiones del estado neoleonés, fue hasta julio de 1829 que el gobierno nacional declaró libre la siembra de tabaco.

El comercio e impuestos

La Constitución federal de 1824 dispuso a los es-tados la libertad de establecer cobro de alcabalas, impuestos y contribuciones directas en el ámbito


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La Constitución de 1824 dio a los estados la autoridad de regular los comercios. Fotografía: Manuel M. López.

de los estados.250 Éste es nuevamente otro factor común en el Congreso local, la amplia legislación y decretos de diverso orden económico. Sin em-bargo, aunque la principal actividad del Estado era la agricultura, muchos de los miembros de la élite local neoleonesa se dedicaban en mayor o menor medida a otro tipo de actividades económicas, en-tre ellas el comercio. Paulatinamente, este ramo irá cobrando cada vez mayor importancia, con base en ello, desde 1821 encontramos información sobre la necesidad de las Provincias Orientales por la habi-litación de un puerto en Soto la Marina, por tener notables ventajas en comparación al de Altamira, Tamaulipas; como mayor comodidad en los ca-minos, por estar a menor distancia de Monterrey, entre otras.251

Con el mismo objeto fue discutida por el Congreso local la representación del vecindario de Altamira, Tamaulipas. La petición era el apoyo del estado de Nuevo León para pedir al Congreso na-cional la habilitación del Puerto de Santa Ana. Una comisión se encargó de averiguar, por medio de los comerciantes, las posibilidades de dicha solicitud.

La comisión expuso que las pérdidas para los co-merciantes de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua y gran parte de los pertene-cientes a Zacatecas por la vía del puerto y aduana de Pueblo Viejo eran sumamente gravosas, tanto que el comerciante de Nuevo León “tiene que dejar los caudales que no le son necesarios conducir a Pue-blo Viejo junto con su equipaje, bestias, y mozos”; agregaban además que los otros comerciantes que se dirigen a la aduana de Pánuco sufrían también vejaciones, incomodidades y riesgos.252

Declararon que el privilegio exclusivo de Veracruz por mantener una aduana en Puerto Viejo o de remontarla en Pánuco, era perjudicial para la libertad de comercio, para los estados mencionados y para los extranjeros, por ello apoyaban la solicitud de la apertura del puerto, como un medio de activar la economía del noreste.253

Junto al interés por el comercio estaban tam-bién algunas disposiciones relativas a los arbitrios, y siguiendo con los acuerdos relativos de Hacien-da por el gobierno nacional; el Congreso decretó también sobre este ramo. Por ejemplo, los derechos


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Mapa que muestra la ubicación del municipio de Soto la Marina, en el estado de Tamaulipas. Notables ventajas, según la documentación del archivo del H. Congreso del Estado de Nuevo León, se lograrían con la habilitación de un puerto en la entonces villa de Soto la Ma-rina.

de aduana común quedaron vigentes según la ley federal del 4 de agosto de 1824, en cambio se abo-lió la alcabala ordinaria de 6% llamada eventual, y en su lugar se reemplazó con el derecho de 3% de consumo sobre todos y cualesquiera efectos de la llamada alcabala eventual.254

También quedó abolida la contribución di-recta de la ganancia de tres días por la ley de junio de 1823 sobre rentas, sueldos, salarios, giros e indus-trias, y en su lugar se estableció una contribución de 1% sobre productos, rendimientos y ganancias de los habitantes del estado.255 Para la introducción de efectos extranjeros al estado sobre los aforos de las aduanas marítimas, se impuso un cobro de tres

por ciento de derecho de consumo. También se ex-ceptuaron de todo derecho de alcabala de consumo y aún municipal a productos como el azogue, fie-rro, platina, vergajon, el acero con varilla, faroles y fondos que se usan en los trapiches.256 Todas estas contribuciones estaban destinadas a carga de la po-blación y con ellos se auxiliaba el Estado, de ahí la urgente necesidad de regular las bases y adminis-tración del nuevo estado.

Milicia

Así como el reordenamiento, el ámbito político-ad-ministrativo era una necesidad indispensable para el nuevo estado, también lo era la urgente organi-zación de las fuerzas armadas, tanto para la con-servación del orden, por previsión y seguridad del territorio por los deseos de invasión de potencias extranjeras, como también por la constante guerra en contra del bárbaro.257

Para principios de 1825, el Congreso local encargó al diputado Antonio Crespo la comisión de informar acerca de la posición militar del estado. En el informe se detalló que no se sabía a ciencia cierta el número con que contaba la milicia cívica y tampoco acerca del número de su armamento, pero se sabía de antemano que éste era escaso.258 Res-pecto a la milicia permanente, establecida en Punta de Lampazos, ésta se hallaba con sólo 50 hombres entre soldados viejos y reclutas, sin vestuario ni ca-ballo; y la milicia activa también era nula.259 Para mejor conocimiento acerca del armamento, la co-misión del Congreso mandó a los Ayuntamientos a hacer una relación exacta de todas las armas úti-les que tuvieran los habitantes de sus municipali-dades, con presencia de las que las tuvieran en su poder corrientes para cuando fuera necesario usar de ellas, ya sea por sus dueños o por la milicia cí-vica.260

Como se puede observar, las condiciones de la milicia cívica eran pésimas, por ello, los es-fuerzos del Gobierno, como los del Comandante


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Militar del Estado, estarán siempre destinados a tratar de mantener al menos medianamente en mejores condiciones a dicha fuerza militar.261 Por lo pronto, el Congreso local dictaminó varias medi-das concernientes para la reforma de organización y composición de la milicia, pues esta fuerza era el baluarte de la libertad de la nación y el encargado de conservar del orden interior de los pueblos y propiedades de los habitantes, por ello debían ser arreglados y disciplinados.

Por ello gran parte de la actividad legisla-tiva posterior estuvo dedicada a este tema; final-mente, durante 1827 y 1828, el Congreso decretó una ley para la milicia cívica y posteriormente un reglamento interior262 para la conformación de estos cuerpos, estas leyes derogaron la ley de milicia del 8 de abril de 1823 y compensaron de alguna manera la obligación que la legislatura tenía para solven-tar de manera teórica las necesidades de la fuerza armada.

Justicia

La administración de la justicia también fue apre-miante para el orden interno, pues se carecía de leyes aplicables al sistema federal.263 Para la apli-cación de las leyes en causas civiles y criminales se aprobó un proyecto sobre el arreglo de los tribu-nales de primera instancia. Este tribunal tendría la función de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado de las diversas causas y litigios.264

La Constitución local reglamentó las la-bores del tribunal de justicia, este cuerpo sería el encargado de administrar justicia en nombre de la ley del Estado, ni el Congreso ni el Gobernador podían ejercer funciones judiciales, solicitar causas pendientes ni mandar abrir juicios ya concluidos. Respecto al arreglo de los tribunales, quedaron li-bres las facultades de los alcaldes constitucionales de los pueblos, sus facultades correccionales, con-ciliatorias y también judiciales, que acordaron las leyes de octubre de 1812.265

Los alcaldes eran pues los jueces de prime-ra instancia en su distrito, siempre que llegaran a

tres mil almas; los pueblos que no tu-vieran esa cantidad podían solicitar su petición al Congre-so o podían dirigir-se al juzgado más inmediato. Además, de manera repre-sentativa, el Con- greso decretó el es-tablecimiento de una Audiencia, la cual se compondría de tres salas, un competen-

te número de magistrados y un fiscal.266

A esta Audiencia pertenecían funciones como: conocer los negocios civiles y criminales en segunda y tercera instancia, en recurso de nulidad,

Ejemplar del reglamento de la milicia cívica de Nuevo León, 1828.

Themis, la diosa de la justicia griega


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en juicio de residencia de empleados sujetos a ella, competencias que se susciten entre jueces y tribu-nales del estado entre sí, o alguna sala de la audien-cia, también examinar y aprobar a los abogados y escribanos, y expedirles el título como tales, entre otras.267

Los últimos apartados, XIII y XIV, de la Constitución local son relativos a la administración de justicia en lo civil y en lo criminal. Este tipo de reglamentaciones son muy importantes porque ad-vierten para el nuevo estado su deseo y capacidad para aspirar de una manera autónoma al ejercicio de la justicia, pues ya sin depender de otras instan-cias, el estado contaba ahora con su propio tribunal de justicia, y si bien faltara aún mucho más tiempo para reglamentar de forma interior este cuerpo y re-formar a fondo todo el sistema, los primeros pasos estaban ya concedidos constitucionalmente. 4. Los primeros gobiernos constitucio-nales

4.1. El primer gobernador, José María Pa-rás (1825-1827)

De manera general, los lineamientos de los prime-ros gobiernos del estado fueron ejercidos en con-sonancia con las normas fijadas por el Gobierno central.268 Estos nuevos gobiernos asumieron con entusiasmo la tarea de lograr, mediante la implan-tación de políticas económicas y sociales, las aspi-raciones de un gobierno liberal y republicano. La creación o reforma de nuevas leyes como los ya mencionados decretos sobre el tabaco, comercio, impuestos o tributaciones, así como el deseo de es-tablecer una casa de beneficencia, la promulgación sobre un plan de instrucción pública, el estableci-miento de la Junta de Diezmos, el simbolismo de la primer festejo del Grito de Independencia en Nue-vo León o la relevancia del Ayuntamiento de Mon-terrey en la aplicación de estos decretos son sólo algunos de los rasgos característicos de este primer

periodo del siglo XIX. A continuación describire-mos el seguimiento de algunas las leyes o decretos más interesantes de estos gobiernos.

Una vez terminado el mando como gober-nador provisional de José Antonio Rodríguez, el proceso de elección para designar al nuevo jefe del estado de Nuevo León favoreció el empate de dos candidatos: precisamente al ciudadano José Anto-nio Rodríguez y José María Parás, el Congreso dejó a la suerte el desempate y ésta concedió a Parás la facultad de ser oficialmente el primer gobernador constitucional.

Proveniente de una familia con descenden-cia española, cultivado en el Seminario de Monte-rrey, comerciante y hacendado, José María Parás decretó algunas de las políticas estatales más reve-lantes de la época que por sus particularidades y características son tanto demostrativas de la socie-dad mexicana en general como particulares de los habitantes del Nuevo León.

De la instrucción pública

La confianza puesta en la educación como un me-dio de poder lograr el progreso y desarrollo del in-dividuo es un elemento liberal muy común dentro de la ideología de nuestros políticos. Por ello, cons-ciente de la precariedad de este rubro, el Congreso local encargó a una comisión la elaboración de un dictamen sobre dicho ramo.

El informe expuso que la situación de las escuelas de primeras letras en el municipio de Mon-

El mazo es otro de los símbolos de la justicia. Se utiliza para abrir o cerrar un acto judicial, ordenar silencio o dictar una sentencia.


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terrey y en el Estado era naturalmente penosa, pues no había los arbitrios necesarios para la dotación y el sostenimiento de estos establecimientos, pues las que se habían puesto desde 1821 “se han soste-nido a costa de contribución y sacrificios para los niños pobres, y los de mediana comodidad pagan y han pagado sus padres”,269 similares situa-ciones se en-contraron en otros munici-pios, por ello el Congreso pidió a los Ayunta-mientos formu-lar propuestas sobre los arbi-trios más con-venientes para poder estable-cer y sostener las escuelas.

En tan- to el informe de gobierno de Pa-rás, de 1826, se refería así a la instrucción pública:

Hay una escuela de primeras letras, legado piadoso instruido al efecto, igualmente su-jeta al diocesano, quien la produce y cuida de su servicio. Hay otros vecindarios, no en el mejor arreglo, por la escasa dotación de maestros, que en lo general suelen ser unos sujetos que apenas pueden dar, a los niños, unas cortas nociones de la doctrina cristiana, y los principios comunes para aprender a leer y escribir, quedando des-pués al cuidado de los padres, el que ya acaben de perfeccionar(…)”.270

Si la actitud del gobierno respecto a la educación no era la de separar completamen-te los privilegios del poder eclesiástico sobre

José María Parás Ballesteros. primer gober-nador Constitucional del Estado de Nuevo León. prominente liberal y político.

Imagen que ilustra una escuela de enseñanza primaria elemental en el siglo XIX.

el ramo educativo, en lo que se refiere a dotación e instrucción, sí lo era por lo menos auxiliarse de ellos, y de cierta manera distanciarlos y reforzar con ello un poco el carácter público de la educación, y así cumplir también la obligación del gobierno para promover e impulsar de paso la prosperidad e in-dustria del Estado.

Esto es precisamente lo que se planteó en decreto provisional en 1826, el plan de instrucción pública y prevenciones generales nos permite vi-sualizar un poco más acerca de las particularidades del proyecto de sociedad que se tenía en mente.

Los puntos del decreto sobre instrucción pública y prevenciones generales refieren sobre la instrucción primaria, que en cada cabecera de dis-trito se debía establecer una escuela de primeras letras para niños y niñas, que se darían las licencias necesarias para cualquier interesado en promover-las, y que el Ayuntamiento era el cuerpo comisiona-do para vigilar y proteger con celo las escuelas.271

Los padres de familia que por su pobreza no pudieran enseñar por sí mismo, o hacer enseñar dentro de su casa a sus hijos y domésticos las obli-gaciones cristianas y civiles, como leer y escribir, tenían la obligación de mandarlos a la escuela pú-blica, salvo aquel tiempo que los tengan ocupados en labores útiles como la pastoría u labranza. Se señaló además que lo mismo se entendía respecto a la instrucción de las hijas pobres y ricas en leer, es-


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Para 1828 un estado de escuelas manifestaba que sólo había tres en el distrito de Monterrey, el grado de enseñanza de los alumnos mostraba que había doce en cartilla, cinco en Catón, siete en libro, cero en Cata, y escribiendo y contando 19, haciendo un total de 43 alumnos.275

También los fondos para el mantenimiento de estos establecimientos era siempre austero, por ello una solicitud de doña Josefa Niño de Córdova dirigida al Ayuntamiento de Monterrey expuso: “Que a once años de enseñar en la escuela de niñas, “por disposición del gobernador actual del Obispa-do, y mandada exigir por el finado Domingo Ma. Aldasoro, con la dote de dos mil pesos, de los cua-les se estipuló cien pesos para la gratificación de la maestra”. Doña Josefa declaró al Ayuntamiento que esa renta a lo largo de los años era escasa y solicitó alguna ayuda aparte para su mejor subsistencia.

La maestra expresó también haber ocupa-do con entrega su oficio en la escuela de niñas, pues “no satisfecha de que sepan leer y escribir, también ha pro-curado enseñarles ejercicios de devoción, que le es muy útil, que recen el rosario después de la lección, que en la mañana se pregunte la doctrina cristiana y otras devociones con los actos de fe, y que canten alabanzas en honra de María Santísi-

ma, sin contar con la buena educación y precisas instrucciones de la honestidad, lucio y recato, con que deben portarse siempre por ser oficio propio de maestras”. Para su suerte, estos argumentos convencieron al Ayuntamiento, que autorizó técni-camente el pago del anual de cincuenta pesos del fondo de propios.276

Caso contrario es la petición de Matías Dávila Prieto de establecer una escuela de prime-ras letras en Monterrey, en 1831. Esta solicitud es

Profesor mexicano del siglo XIX. La educación en Monterrey estuvo destinada para las familias que pudiesen pagarla.

cribir y contar, además de enseñarles una industria proporcionada a su sexo.272

En las escuelas de primeras letras se señaló, además de enseñar a leer, escribir y contar, se de-bía aprender el catecismo de la doctrina cristiana y también un compendio de las obligaciones civiles sacada de la Constitución del estado. En el texto educativo figuraban las obras de autores como el catecismo de Fleuri, o el compendio de religión de Pinton. Las materias instruidas debían ser en-señanza en la moral, historia y geografía. Para la compresión didáctica de estas materias se acordó mandar a hacer en Nueva York una colección de estampas que trataran sobre los personajes célebres de la historia sagrada y profana, antigua y moder-na, especialmente la americana, acorde al sistema republicano, y con una breve narración del suceso, junto con una explicación de las virtudes morales en un lenguaje claro y sencillo.273

Para la materia de geografía se dispu-so también mandar traer una colección de mapas geográficos, especialmente de la república mexicana, y también globos te-rráqueos. Además de estas materias, tam-bién se animaba el desarrollo físico me-diante la práctica de la lucha, carrera, el lazo, tiro al blanco con flecha y bala, sembrar y transportar árboles y matas útiles, enfrenar, ensillar y montar caballo (…) o jugar al florete y sable de palo. Por último, se contemplaba la enseñanza del latín, dibujo lineal y humano, ter-mómetro, barómetro y brújula cuadrante.274

Sin embargo, a pesar de las buenas inten-ciones plantadas por el Gobierno con este plan de instrucción, la educación de primeras letras conti-nuó siendo muy precaria y de alcances limitados.


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muy interesante no sólo por su discurso efusivo, sino también por los lineamientos educativos que propone. Menciona el ciudadano Dávila que la educación:

era la base fundamental de todo gobierno bien constituido y la más firme áncora de la libertad de los gobiernos representativos, divisa de la moral pública de los ciudada-nos, pues la ilustración es la base y el apollo firme de la libertad, y sin ésta no puede ni haber ciudades, ni nunca ecsistir lo que se llama Patria.277

Bajo tales principios propuso abrir dentro de la ciudad de Monterrey un establecimiento de primeras letras, sencilla y privada, y destinada a ni-ños pobres. Sus propuestas sobre la enseñanza eran las siguientes:

1. Lo primero que me propongo enseñar a los niños a hablar y pronunciar clara y dis-tintivamente con mayor especialidad que me sea posible las voces propias y figuradas de nuestro idioma nativo, con sus significa-dos por orden de sentido en oración con-cluida y de uso fácil.2. Explicar diariamente la doctrina santa de nuestro señor Jesucristo como no lo ha enseñado nuestra fe. La Santa Iglesia; con todos sus misterios y sacramentos explican-do todo con dignidad y decoro: sin profun-dizar en los Ministerios Santos porque no es prohibido, y es imposible comprender lo infinito y lo eterno. Para lo literal me valgo del Pe Ripalda recomendándolo a los niños para de memoria; y en qto. a la substancia me adhiero a Ripalda, de Fleuri, Clicnét, Pouget. De todos los misterios de la fe divi-na, los que explican con más continuación son los siguientes: El de la Trinidad de la Santísima encarnación del verbo, su vida y, el de la renumeración eucarística, y final-

mente es de mi atribución es darles a enten-der la dignidad de los santos sacramentos y las necesarias disposiciones de nuestra parte para conseguir la gracia de Dios.3. Enseñar a los niños honrar y respetar a todas las superiores autoridades q.e nos goviernan: como también amar y obedecer con docilidad las leyes de nuestro supremo y actual gobierno, ya que desde niños tier-nos tengan un amor grande y verdadero por su patria, honrándola con ser buenos cris-tianos y buenos ciudadanos.4. Darles máximas y preceptos de una edu-cación pura, fina y delicada, con la más ecsacta escrupolosidad, y con sus verdade-ros principios reducidos a práctica general, con toda clase de personas.5. Del método de enseñanza para leer con perfección: será por tres fórmulas, silabar, deletrear, y decorar. El uso de silabar faci-lita a los niños la comunidad de pronunciar una dicción con toda propiedad (…).

Además aprenderán de memorias los niños todo el alfabeto con definiciones para los vocales y su número, las consonantes así mudas (…), precep-tos útiles de ortografía y ortología, escritura cursiva, aritmética (…).278

Dávila calculó que la cuenta en total de cinco reales por cada niño pobre, siendo veinte en total, y pidiendo la dotación de 150 pesos, para su infortunio y pese al entusiasmo del Ayuntamiento, el comisionado de escuelas declaró innecesario di-cho establecimiento, pues en la ciudad ya existía una escuela pública para amparo de pobres dotada con cuatrocientos pesos anuales a su director C. Juan Nepomuceno Morales.279

Durante los siguientes años los problemas en cuanto a la educación de primeras letras, como falta de arbitrios para su apertura y mantenimiento, así como de maestros capaces y la práctica de recu-


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cia y trascendencia es incuestionable. El Seminario de Monterrey era hasta ese momento el único y más importante establecimiento científico de educación en el noreste de México. Este “verdadero plantel de luces e ilustración”283 se vio favorecido por la nueva autonomía del Estado al inaugurarse en su seno, en 1824, la cátedra de derecho civil y canónigo, la cual quedó a cargo del entonces presidente del Tribu-nal de Justicia, el Licenciado Alejandro Treviño y Gutiérrez.284

Las cosas mejoraron aún más en 1827, cuan-do por decreto se habilitó al Seminario para conce-der los grados mayores de teología por la enorme dificultad y distancia para solicitarlos en México. Los requerimientos del decreto eran:

-El tiempo necesario de curso y pasantía de los estudios, pruebas, actos ejercicios, calificaciones se exijirán con arreglo a las constituciones de la Universidad de Gua-dalajara.-Los doctores de universidades aprobadas existentes en la ciudad harán los exámenes, calificaciones y aprobaciones con arreglo a dichas constituciones, en falta de doctores se suplirá con licenciados y catedráticos de la ciudad.-La propina de cada doctor o examinador en grado menor no excederá de tres pesos, ni nueve en grado mayor.

rrir a las contribuciones voluntarias de los vecinos serán constantes. Y pese a ser poco perceptibles o mínimos los avances en este ramo, podemos vacilar en cuanto a la cifra de establecimientos en el esta-do que nos proporciona el informe del gobernador Joaquín García, en 1831, siendo un total de 30 es-cuelas, con un total de 1598 alumnos.280

De lo que no podemos dudar es de la fe e importancia colocada en este ramo por parte de los gobiernos republicanos. Ideológicamente es-tos establecimientos fueron proyectados no sólo como divulgadores de una instrucción educativa, sino que ésta iba complementada a la formación ideal y práctica de unos ciudadanos propiamente religiosos sí, pero también versados en el conoci-miento de la moral y la política de las instituciones, como lo sugiere el decreto del gobernador Parás sobre la instrucción en escuelas e iglesias sobre la Constitución,281 crear ”buenos cristianos”, “buenos ciudadanos”, republicanos, respetuosos y dóciles con las autoridades, y sobre todo útiles y prove-chosos al estado. Ésta es la sociedad que en teoría podemos observar dentro de las leyes expedidas durante la gestión de los primeros gobernadores, y que prácticamente influirá en la formación y carác-ter de los habitantes del estado de Nuevo León en las décadas siguientes.

El Colegio Seminario

La dirección educativa era un poco distinta en lo que se refiere a la instrucción superior. Para 1825 sólo había un establecimiento científico en el es-tado, el Colegio Seminario Conciliar, fundado en la capital de Monterrey en 1793, y desde entonces “siempre bajo la inspección del excelentísimo dio-cesano”, por esta última razón el gobierno no podía tratar con facilidad sobre la dotación, cátedras u otros puntos de dicho establecimiento.282

No obstante que el colegio estaba sujeto ex-clusivamente al gobierno eclesiástico, su importan-

Durante los primeros años de vida del Nuevo Reino de León, la labor educativa estuvo a cargo de religiosos que pertenecían a las órdenes franciscanas y jesuitas.


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-El maestrescuela de la Santa Iglesia Ca-tedral es Conciliario, Rector y Secretario será el que designare la autoridad superior eclesiástica, bajo cuya inspección y gobier-no consiste el dicho Seminario Conciliar, aunque no sean doctores.285

Finalmente, también en 1826, el Gobier-no expidió un decreto para fundar una cátedra de medicina y cirugía en el único hospital de la ciu-dad, para cuyo objeto se asentó una dotación anual aproximada de mil pesos.286 El decreto no llega a la práctica hasta 1828, año en que con esfuerzo e invi-taciones por parte del gobierno, para encontrar un sujeto idóneo para establecer una escuela de medi-cina, el Ayuntamiento de Monterrey agregó a esos mil pesos la suma de 200 pesos.

La vacante fue ocupada por el profesor de medicina y cirugía, doctor Pascual Constanza, me-diante un contrato que el Congreso del estado dis-cutió y acordó paulatinamente. Entre las proposi-ciones discutidas se mencionaron gastos de viáticos para el viaje del doctor, arreglo del plan y autores presentados para la cátedra de medicina y cirugía por el mismo doctor, puesto también a aprobación de la legislatura, asignación de una cátedra de bo-tánica médica y otra de anatomía práctica, para el mismo se advierte como necesario establecer un jardín botánico y un anfiteatro, arreglo entre las au-toridades del estado y los mandos eclesiásticos para que el doctor Constanza se haga cargo de visitar y asistir el Hospital de la capital, anticipación del sueldo de un año para el facultativo, contrata míni-ma de seis años, entre otros.287

La contrata con el doctor Constanza tuvo lugar en agosto de 1828, mediante los represen-tantes del estado, doctor José Simón de la Garza y Manuel María de Llano, y fue aprobada por el Congreso en diciembre del mismo. Gracias a este acuerdo, pese a su corta estancia en el estado, el doctor Pascual Constanza fue el primer catedrático y precursor de la medicina en el estado.288

En suma, el Seminario de Monterrey289 continuó siendo la institución formativa de bachi-lleres, licenciados, doctores, tanto seculares como eclesiásticos en el ahora estado de Nuevo León.290 De manera conjunta al Seminario, la articulación de elementos como la apertura de la cátedra de de-recho, la habilitación de grados mayores de teología y la fundación de la cátedra de medicina y cirugía,

contribuyeron al desarrollo y profesionalización de una nueva clase política que consolidaría su do-minio bajo la experiencia práctica de los cargos y oficios.291

La Casa de Beneficencia Pública

Entre 1825 y 1827 la situación económica del recién fundado estado de Nuevo León no era precisamente la más óptima. La agricultura continuaba siendo la principal actividad del Estado, pues “se cuenta con terrenos espaciosos feraces, campos abundantes de

Contrata del médico italiano Pascual Constanza y los representantes del Estado, doctor José Simón de la Garza y Manuel María de Llano, aprobada por el Congreso en diciembre de 1828.


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pastos y aguas, hermosos y enriquecidos bosques y finas maderas”; pero este ramo no lograba impulsar su crecimiento debido a la “escasez de fomento y la falta de mayores capitalistas, lo cual hace que no se halla conseguido mayores ventajas”.292

Los productos agrícolas se reducían a los víveres de primera necesidad como el maíz, el fri-jol, chile, algún garbanzo, frutas de varias clases, legumbres, cañas dulces.293 La industria, al igual que el ramo agrícola, se encontraba también obs-truido y paralizado, los ramos sostenidos eran la labranza, cría de ganados mayores y menores de pelo y lana, algo de caballada, la minería continua-ba en decadencia, y no obstante existir en la “ca-pital dos telares de manta y telares de jorongos y fresadas en Cadereyta y Montemorelos del que se surten algunos pueblos del estado de Tamaulipas”, esta pequeña industria se vio afectada por la intro-ducción de telares de Norteamérica a precios más cómodos.294

Entre 1824 y 1825 se contaba con una pobla-ción de 83,871 pobladores, siendo inferido un por-

centaje de 80,000 a causa de la epidemia de saram-pión295 sufrida en 1825, y por la epidemia de fiebres, pútrida de que vino acompañada. Pero un estado modesto, con una población agrícola austera, una industria casi nula y una población diezmada, no fue obstáculo para que el gobierno de José María Parás decretara, en junio de 1825, la propuesta so-bre el establecimiento de una casa de beneficencia y corrección general para todo el Estado.296

Este decreto trasluce el deseo del Estado para establecer reiteradamente una base organiza-tiva, pero esta vez enfocada en la facultad de ad-ministrar y constituir reglas acerca de la atención y necesidades de su población por medio de una institución de beneficencia que fuera no sólo ca-ritativa y asistencial, sino también correctiva y educativa para el Estado. ¿De qué manera explicar esta inquietud del gobierno para incursionar en la caridad y los servicios asistenciales o educativos en un estado que no tenía la capacidad o la fuerza eco-nómica para crear y administrar un establecimiento de esa naturaleza?

La ciudad de Monterrey se convirtió en la capital del estado libre y soberano de Nuevo León.


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La capacidad y práctica de la caridad para los más necesitados era en aquella época dominio exclusivo de la Iglesia católica. Por ello, un informe del cabildo eclesiástico en 1823 documentó acerca de los establecimientos de beneficencia pública:

Como los pueblos de estas provincias son verdaderamente más nuevos y más pobres que los otros de Anáhuac han carecido de fundaciones de establecimientos de pública beneficencia con que pueda contarse para la planificación general de este ramo. Ape-nas puede sostenerse el hospital general de la capital fundado por el Ilustmo. Obispo don Antonio Ambrosio de Llanos y Valdez (de buena memoria) el cual subvive con-forme a su establecimiento de la cuota que sobre la masa decimal le está asignada por las leyes. Verdad que la corta población, la sencillez de los alimentos, vida, costumbres hace aquí más educado que en otro países el número de los verdaderos indigentes. Sin embargo las contribuciones forzadas de

unos pueblos, que aún no pueden colocarse en la clase de cultivadores, ni menos en la de las manufacturas o comerciantes, no es verosímil que puedan sufragar por sí solas a la creación y manutención de los estableci-mientos respectivos, aun de los ramos más necesarios de pública beneficencia, como cerca de una casa en cada lugar considera-ble para recoger los expósitos, huérfanos, viejos estropeados y sanos que no tienen en que trabajan (….) Al cabildo solamen-te ocurre circunstancias tan apuradas el de establecer asociaciones piadosas de caridad en las ciudades y pueblos más considera-bles.297

Así, en 1825, el Estado retomó la idea de fundar un establecimiento de beneficencia, es de-cir, una casa de corrección, educación y beneficen-cia. Poco interesaba que no hubiere fondos para llevar a cabo dicha tarea, porque “ya bien formados el plan y los términos del proyecto, se pedirá a los vecinos que contribuyan”.298 Ya formalmente, el decreto número 48 estableció:

1. Que los sobrantes que haya de rentas del estado cumplidas sus más indispensables y urgentes obligaciones se funde en la misma capital, ó no muy lejos en paraje oportuno, una casa de corrección, educación, benefi-cencia.2. Y lo que en adelante se ha de cobrar, sin novedad la manda forzosa, llamada patrió-tica, de tres pesos para viudas y huérfanas españoles.3. Que el producto de las otras cuotas mandas forzosas que se están cobrando se apliquen provisionalmente al mismo objeto con calidad de reintegro al dueño.4. Que el gobierno excite los vecinos pu-dientes y benéficos del estado a ejercitar su caridad, liberalidad, beneficencia con pre-ferencia en vida favor de un objeto piadoso importante.Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, nombrado por el Papa Pío VI,

tercer obispo del Nuevo Reino de León.


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5. Que estos caudales no entren en arcas, sino que el gobierno nombre un tesorero y un contador particular.299

Acordados los términos en que se recauda-rían los fondos para el establecimiento de la casa de beneficencia, el Congreso acordó el plan sobre el que se asentarían las bases de dicha empresa; en los primeros artículos se estableció que la casa de beneficencia sería gobernada por una Junta de Be-neficencia compuesta por tres individuos, además de un tesorero, un contador y un procurador síndi-co, todos con voto cuyos oficios son denominación del Congreso, esta Junta tenía como función aten-der sobre la conservación, aumento, perfección y gobierno de la casa de beneficencia, pero siempre bajo las ordenes inmediatas del Gobernador.300

Bajo ese objetivo, las tareas de las Junta eran variadas, entre ellas estaban: nombrar admi-nistradores y dependientes; colaborar en conjunto con el auxilio de personas eclesiásticas y seculares; formar, de ser posible, una asociación o cofradía estable de beneficencia; formular un reglamento u ordenanzas para el gobierno general de la casa de beneficencia y para el gobierno de cada una de las clases de personas que allí ha de haber; la Junta tendría una autoridad en la casa verdaderamente paternal entre otras.301

En tanto, las personas que podían asistir y destinarse a esta Casa eran numerosas:

-En beneficencia: muchachos desampara-dos o vagabundos quienes sus padres no cuidan bastamente, los locos que no cui-dan sus deudos para que no perjudiquen, los mendigos verdaderamente necesitados de socorro, los que buscan trabajo y no encuentran, los que piden voluntariamente estar ahí porque así les conviene. -Por corrección podía ir: los muchachos quienes sus padres quieran poner allí por incorregibles, los que piden limosna por no trabajar, los que no tienen oficio o modo de vivir conocido o teniéndolo no lo ejercitan,

los vagos, jugadores ebrios, amancebados, viciosos y ociosos de cualquier género, los peones o criados que reúnen devengar con su leal trabajo el dinero recibido a cuenta de él, los malcriados, las mujeres ociosas o rameras.302

Una vez definido el tipo de personas que debían ser destinadas al establecimiento, y toman-do en cuenta que el objetivo de la Casa de Benefi-cencia respondía a dos propósitos: uno socorrer al más necesitado y dos volver en ciudadano útil a la sociedad a todo aquél que molesta, perjudica y tur-ba sus vicios, se ideó un régimen de coerción en el que cada uno de los habitantes de esta Casa tendría sus obligaciones, así como recompensas o castigos dependiendo de su comportamiento.

El método de corrección funcionaba de la siguiente manera: cualquiera de las personas ante-riormente calificadas para la Casa de Beneficencia podía cumplir ahí su indulto o también podía ser puesta a cargo de algún amo honrado, labrador o empresario, el cual les instruía en su oficio. De la misma manera, estos sujetos podían pasar al esta-blecimiento y hacer solicitud de personas a propó-sito para servirse de ellas en sus empresas, trabajos e industrias. Por ello, el art.10 sobre la instrucción

Dibujo de la historia de Juan el Pecador.


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pública y prevenciones generales señalaba: “Se ex-horta a los dueños de tenerías, obrajes y otras fábri-cas y a los maestros de oficios mecánicos a que en pro de sus semejantes y de toda la sociedad sean liberales y francos en admitir aprendices celosos en su enseñanza y arreglo”.303

Las personas destinadas a la beneficencia tenían las mismas funciones que las personas en corrección; aprender una industria útil si sus pa-dres no les habían podido enseñar alguna, educarse también en las obligaciones cristianas-civiles, y de instrucción elemental o primaria. También los mé-todos incluían una clara separación entre los sexos y sus empleos, por ejemplo, para los hombres sanos y robustos se sugerían emplearlos en la elaboración de cigarros; en cambio, para las mujeres se propo-nía introducirlas en la habilidad de hacer medias, cintas, zapatos y ropas.304

En la práctica, el proyecto de la Casa de Beneficencia avanzó a pasos muy lentos. Se co-menzó por buscar un espacio o terreno adecuado para el nuevo establecimiento. En 1826, la Junta de Beneficencia nombró a los ciudadanos don José Francisco Arroyo y Rafael Garza, en compañía del síndico procurador Mateos Quiroz para reconocer y demarcar el espacio que había de servir para Casa de Beneficencia, aunque por la cortedad de fondos aún no fue posible edificarla. Más adelante se men-ciona como su ubicación por el lado norte, por la calle de los ojos de Santa Lucía; por el oriente, el callejón que sale de los Pilares; por el sur la calle de la Tortuga, y por el poniente el callejón que sale de la plazuela de la Purísima.305

En cuanto a los alcances o propósitos de la Casa de Beneficencia, puede decirse que éstos fue-ron casi mínimos e ineficaces. Sólo hemos encon-trado datos sobre la corrección de mujeres regene-rándose en la elaboración de algodón.306 Y en tanto, para 1832, un informe anunció que la separación de los departamentos de hombres y mujeres, y su divi-sión entre educandos y corrigendos, aún no era posi-ble por la escasez de erario, exponiendo además:

Los productos de las labores de las reclusas en este año han subido a 67 pesos 6 reales, podrían ser mucho más si se diera ese ramo un impulso más enérgico. Niñas desamparadas que hay bas-tantes y muchachos holgazanes de cuya educación descuidan sus padres, deben mover el celo de las autoridades que de este caso son los verdaderos padres y dedicar a los unos el aprendizaje de las labores de su sexo en la casa de beneficencia y a los otros asignados maestros de los oficios a que se inclinaron con la precisión de asistir al descanso de la noche y en los maestros desocupados de la casa de beneficencia, cuyo rector debería de cuidar mu-cho de inspirarles las mejores máximas y presidir las diversiones que es necesario conceder siempre a su edad.307

No obstante el discurso celoso de las auto-ridades, un año después, es decir, en 1833, el Go-bierno ya pensaba en la posibilidad de suspender o clausurar la Casa de Beneficencia, pues debido a la falta de fondos para su manutención, se encontra-ba ya inhabilitada, por lo que se propuso repararla y ocuparla para el uso de oficinas de Hacienda, Aduana y Secretaría, pero al parecer no fue así, el establecimiento se abandonó y se arruinó por com-pleto.308

Así es que de manera conclusa podemos afirmar que el proyecto del gobierno de incursionar en los servicios asistenciales por medio de la Casa de Beneficencia fue una experiencia malograda y poco afortunada. Mas no por ello podemos dejar de lado el sumo interés y cuidado en el arreglo planteado en una ley que concibió la acción social pública mediante el establecimiento de una casa de beneficencia que, como ya hemos mencionado, tenía funciones tanto asistenciales y caritativas, así como correctivas y educativas.

Siguiendo el liberalismo de Cádiz y los pos-tulados del liberalismo clásico, el proyecto de be-neficencia reconoció a un conjunto de ciudadanos, entre ellos los pobres, con la capacidad de generar riqueza. Por ello se les asiste de forma paternal y


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Manuel Gómez de Castro fué gobernador de Nuevo León durante los periodos de 1827-1828, 1833-1834.

protectora, porque su capacidad de regeneración se concibe como una atribución o un beneficio para la sociedad, ésa es pues la importancia de la Ley de Beneficencia, así lo expresó finalmente el Gobierno en 1835:

Este establecimiento (beneficencia) se pue-de asegurar influye bastante en el adelan-to y el complemento de la moral pública, porque su objeto es corregir y reprimir los excesos que con escándalo los pueblos, se constan por algunas mayores desarregladas y proteger el desamparo de los huérfanos y educándolos y proporcionándoles un oficio con que puedan vivir con utilidad propia y de la sociedad.309

En conclusión, la Ley de Beneficencia, pese a no ser exitosa, dejó un importante antecedente histórico, pues retomó problemas como la pobreza, vagancia, desamparo, etcétera, como un asunto pú-blico que el estado liberal trató de orientar y resol-ver de manera conjunta a otras corporaciones como el cabildo eclesiástico y, sobre todo, con la acción de los Ayuntamientos, para juntos promover el de-

sarrollo y de fomento de valores como el trabajo, la cooperación y la obediencia con la finalidad de crear ciudadanos virtuosos y útiles al estado.310

4.2. El gobierno de Manuel Gómez de Castro (1827-1828)

Manuel Gómez de Castro se formó, al igual que José María Parás, en el Seminario de Monterrey. De un carácter liberal republicano, certero y mo-derado, inició su periodo como gobernador cons-titucional en 1827, y uno de los actos cívicos más simbólicos de su gobierno fue conmemorar en el estado independiente y soberano de Nuevo León el primer aniversario de la Independencia en México.La programación del festejo estuvo a cargo de la Junta Patriótica de la capital del Nuevo León, la cual fue elegida por la municipalidad y que tentati-vamente planeo lo siguiente:

El festejo comenzaría a las 3 de la maña-na de día 15 de septiembre, con tiros de artillería, diana militar, repique solemne: música y gallo. Las casas serían adornadas con colgaduras, gallardetes y bandera en la consistorial, gobierno, tesorería, aduana, comisaría, correo y catedral si es posible, caja del pueblo, pito, chirimías, teponastle que seguirán todo el día.311

A las ocho en punto comenzarían los fuegos anunciados por un tiro de artillería, comenzarían los tropos y los corredores por los cuatro vientos dirigi-dos a la pirámide, en ademán de batir esa columna del depositario, la cual se iluminará toda con luces, con cuatro muy durables en la parte más alta, para que vea la estatua del Nerón Fernando 7 (…), en el que se concluirá con un llorido o grito furibundo, reventado con un gran trueno y cayendo del suelo quedará en su lugar la del pabellón mexicano con el gorro de libertad en la punta del asta y trofeos indianos. Seguirán luego llamando la atención las dos pilastras de fuegos ratifícales sobre las cuales estarán las estatuas de la América y de Europa, ba-


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señor gobernador la manumisión de diez esclavos en que la liberalidad del ciudadano José Trinidad Arrese, su dueño va a dar un golpe de fama eter-na.314 Los huérfanos de la patria, hijos de los fusila-dos por orden del cruel Perea serán recomendados a los artesanos y maestros de educación religiosa y civil por el mismo señor gobernador prometiéndo-les iniciar a la legislatura un decreto de protección o socorros encargándoles del honrado comporta-miento y amor al trabajo.315

Acto seguido, el licenciado de Llano subirá a la tribuna, hará un saludo al gobierno y al pueblo y pronunciará el discurso del que se ha dignado en-comendarse. Después de esto seguirá un paseo y demostraciones de jubilo en buen orden por la calle

del Hospital, de la Presa, de la Alameda, puente Morelos, (...) calle principal hasta entrar a la plaza, donde se divertirá todo el día con el palo enceba-do, el que con el atractivo de algún interés de ropas incitará a los fornidos para treparse, con interés de lograr el premio si llegan a encender una rueda de fuego. En la noche será divertido todo el pueblo con un baile público en la plaza, y por fin de función se dará el día 17 en la noche un baile de etiqueta en la casa del ciudadano Pedro A. Gómez.316

En la planeación de este evento existe una continuidad en las fórmulas utilizadas para legiti-mar este tipo de actos ceremoniales, la diferencia estriba en el entorno en que ahora se realiza dicha

tiéndose con tiros disparados (…) hasta que derri-bada, quedé triunfante la América iluminada con un viva la América (…).312

El 16 de septiembre se anunciará con tres ti-ros de salva de artillería, repique, diana militar a las cuatro de la mañana. Desde las ocho se preparará a la milicia cívica con toda decencia y aseo posible en vestuarios y armamentos. A las nueve se habrán reunido todos los miembros de los Ayuntamientos en las plazas municipales para que, en masa, salgan a recibir al excelentísimo gobernador en su Palacio, el que estarán reunidos los señores diputados, los magistrados del Tribunal de Justicia, y todos los empleados que disfrutan del estado y federación. Toda la comitiva se dirigirá a la catedral para asistir a los actos religiosos. Saliendo se dirigirán a la casa del ciudadano Francisco Arizpe al refresco en que

se servirán los licores, ponche, sangría y repostería designada. La música alegrará la concurrencia con las mejores obras, especialmente la nueva canción del día con su música propia y poesías nuevoleo-nesas.313

A las cuatro de la tarde un cañonazo será la señal de una reunión de ciudadanos en la plaza municipal a su sala y empleados del palacio del su-premo gobierno de éste saldrá el paseo a las cuatro y media con el carro triunfal, verificará el exmo.

Celebración del Centenario de la Independencia.

Soldado presidial mexicano.


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práctica, pues el paulatino convencimiento sobre la idea de una nación independiente, asociado al de un estado soberano y autónomo, se enriquece con las representaciones figuradas y alegóricas que ali-mentan el imaginario colectivo de la sociedad nue-voleonense sobre la idea de lo nacional, lo cívico y, sobre todo, del arraigo regional. El establecimiento de la Junta de Diezmos

Una de los asuntos más polémicos dentro de los grupos políticos de la élite nuevoleonesa fue el re-lativo al cumplimiento y arreglo del decreto federal número 70 del 18 de diciembre de 1824, el cual, ba-sado en lo prevenido en la ordenanza de los inten-dentes, adjudicó a los estados lo que antes pertene-cía al rey de España, “de lo que resulta que Nuevo León tiene una gran parte de la gruesa decimal de su obispado y por consiguiente debe tener esto una inspección inmediata, puesto que no sólo es de sus atribuciones sino su obligación tomar conocimien-to de todos los ramos de la hacienda pública del estado, con ese objetivo se procederá a la mayor brevedad a establecer la Junta de Diezmos”.317

La Junta de Diezmos fue un tema que gene-ró dentro del Congreso, la posición de grupos bien

definidos, y los debates al respecto fueron largos e intensos. Las principales proposiciones acerca de la necesidad de establecer la Junta de Diezmos, por ejemplo: el interés de los diezmos para el estado y su inmediata inspección, la oscuridad y falta del conocimiento de los ingresos por parte del Congre-so o el gobierno, la falta del repartimiento de los diezmos, entre otras, fueron representadas por los diputados Joaquín García, Ambrosio de Llano Lo-zano y Vicente de la Garza.

El grupo opositor fue encabezado por José Francisco Arroyo, al que se unieron José Joaquín Canales y José María Elizondo. El primer argu-mento de Arroyo en contra de la Junta de Diezmos fue alegar que la Iglesia era sólo una interventora de los estados participes en los diezmos, la única encargada de las liquidaciones y repartimientos, siendo esto último, dijo, el único medio de quitar la oscuridad:

“Señor aunque se instale la junta de diez-mos, el cual para ese efecto es, la misma junta de diezmos se ha de quedar por siem-pre en esa misma oscuridad e incertidum-bre. Sólo la liquidación general o reparti-miento es quien la disipa (…). Y así es que en ninguna parte se ha hecho, ni se ha po-dido hacer todavía la liquidación general o repartimiento de los diezmos causados con posterioridad a la clasificación de la rentas de los estados (…). Por todo lo dicho (…) esa oscuridad e incertidumbre (...) ha que-dar en pie, no se ha de remediar por el esta-blecimiento de la junta de diezmos, el cual para ese efecto es absolutamente inútil e in-fructuoso tan lejos de ser necesario (…)”.318

Juzgando la utilidad de la Junta de Diez-mos, el diputado Francisco Arroyo reforzó aún más su posición, exponiendo ante el Congreso los si-guientes argumentos:

1. No estamos ciertos ni seguros de que se halle en nuestras facultades sobre el esta-Pintura. Diversiones populares del siglo XIX.


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blecimiento de la junta. (..). Los canonistas enseñan informes y aun los pragmáticos mismos confiesan que la autoridad ecle-siástica es administradora general de los diezmos redonados a la Iglesia y de todos los bienes eclesiásticos.2. Los mismos príncipes y estados protes-tantes de Alemania en su reciente negocia-ción con el Papa sobre exención de cuatro o cincos obispados católicos de nuevos (…) hablan así al Papa en su nota diplomática todos y cualesquiera bienes de la Iglesia, los de todos los beneficios seminarios, fá-bricas y, en general, todos los fondos ecle-siásticos generales particulares y locales y,

así, aquéllos que existan al presente como los que fueren adquiridos en adelante siempre conservados en su integridad, no podrán ser empleados en otros usos, ni des-naturalizados, sino es según los cánones de la Iglesia.3. Todo lo dicho lo hace muy dudora la fa-cultad de quitar la administración de bienes que son eclesiásticos por confesión aún son los mismos jurisconsultos españoles, qui-tarla digo a los eclesiásticos y trasladarla a una junta que en su mayoría es de seglares. (…). Por otra, parte al obispo a quien como esposo incumbe en jefe de la administra-ción de los bienes de su esposa, se ha vuel-

to fatuo o pródigo para que se la quite Estos administradores que representan al obispo que han hecho por donde se les declare indignos de proseguir la administración (…).4. El estado no es más de un partícipe en bienes comunes con el a varios otros. Dudamos que e calidad de tal, tenga la facultad de cambiar o mudar de más, en otras manos, la administración de los bienes comunes sin el consentimien-to de los otros participes (...) estados, (…) la iglesia, (...).319

El grupo contrario replicó que aunque la ley de 18 de diciem-bre de 1824 estaba pendiente ante el Congreso de la Unión, sólo al estado concernía su ejecución, ex-presaron además que el estableci-miento sobre la Junta de Diezmos era oportuna, que la contaduría de diezmos era mala e insuficiente y que por ello la intervención del Estado era necesaria, proponían

La unión del Estado con la Iglesia permaneció en México hasta 1857.


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también esperar a ver sobre la posición de los de-más estados, para así no obrar solos y aisladamente en un punto tan importante para el ramo de Ha-cienda.

El debate continuó con la palabra del doc-tor Arroyo, quien continuó fundamentando “la administración notablemente no va mejorar, los diezmos lejos de crecer disminuyen: algún nue-voleonés padece: los otros no se alivia: y al cabo nos hallamos más pobres menos desahogados”, finalizó concluyendo que la ley sobre la Junta de Diezmos no era saludable, necesaria, ni oportuna, ni urgente, “aun estándolo en la orbita de nuestros poderes” y propuso a votación un proyecto que re-sumía que la administración de la diócesis se debía conservar integra y unida y en las mismas manos, mientras no fuera dividido el Obispado, y la conta-duría de diezmos continuara fungiendo como in-terventora por los estados (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).320

El proyecto del doctor Arroyo propuso que de ser necesaria mayor intervención “cada estado nombrará una o dos personas que resi-dan en la capital del Obispado en calidad de interventoras”, “en junta o sin junta estos interventores tendrán el derecho a intervenir todos y cada uno de los actos administrati-vos en que vaya interés del estado respectivo o interés común de los tres estados quienes arreglaran los porme-nores con el diocesa-no (...), y en caso de no poderse convenir acudirán a los estados respectivos”. Termi-

nada la propuesta del partido del doctor Arroyo, los debates se prologaron en torno al dictamen de las comisiones unidas Eclesiástica y de Hacienda sobre la Junta de Diezmos.321

Se reconoció entonces la existencia de opi-nión dividida en dos partidos. El diputado Francis-co Arroyo hizo la proposición de efectuar arreglos al art. 113 de la constitución estatal, el cual señala la circulación de extractos de razones y motivos de la opinión de cada partido del Congreso, expresan-do claramente que aquélla no es ley todavía, sino un proyecto de ley que se trata de examinar,322 pe-tición que fue aceptada. El debate finalizó con la exclusión del proyecto de intervención del partido de Arroyo y el examen de los artículos del decreto sobre la Junta de Diezmos.323

El primero de los artículos fue impugnado por el partido de Arroyo, quien en un último es-fuerzo arguyó que aprobaría la Junta de Diezmos si ésta, al igual que la Contaduría, tenía un carác-ter de interventora, no como administradora, esto, dijo, ayudaría a evitar el desorden y las pérdidas

Imagen de la Catedral de Monterrey.


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en el ramo de diezmos; lo cual, advirtió, generaría un deterioro en la acción y el mantenimiento del Obispado, Catedral, Seminario, Hospital, Cátedra de derechos, Curatos de Monterrey. Insistió nue-vamente en la necesidad sobre la repartición entre los estados del noreste, participes del Obispado, así como en la cuestión de esperar la decisión del Congreso federal, por último repitió que el estable-cimiento de la Junta era opuesta a la ley federal del 18 de diciembre.324

El partido contrario, el cual para esos mo-mentos ya era claramente mayoría, respondió que no había oposición con la ley federal porque ésta sólo se limitaba a prohibir a los estados las varia-ciones en la naturaleza y cuota de las rentas ecle-siásticas, mientras que la ordenanza de intendentes no privaba a nadie de la renta decimal, a más de esto añadieron no existía desafío alguno contra el Congreso de la Unión porque éste ya archivaba decretos de varias legislaturas que previnieron es-tablecerla en sus respectivos estados.

Finalizaron concluyendo que la advertencia y el temor de ver perjudicados los intereses y la ad-ministración de las rentas decimales en sus conse-cuentes empresas, es decir, el Hospital, Seminario, la Cátedra de derecho, etcétera, serían arreglados y cuidados conforme al compromiso y obligación que el estado tiene de sostener las iglesias, ministros de culto, y demás preocupaciones enfocadas en el so-breentendido de conservar la religión cristiana.325

Patio del Palacio del Obispado.Fotografía: Manuel M. López.

La balanza entre los partidos en el Con-greso estatal se inclinó a favor del proyecto de la Junta de Diezmos, la cual se decretó de la siguiente manera:

1. El gobierno procederá, a la mayor breve-dad, a establecer la junta de diezmos de que habla la ordenanza de intendentes.2. Dicha junta se compondrá del vicego-bernador, del ministro menos antiguo de la audiencia, del jefe de Hacienda, de dos jueces hacedores, y el contador, que hará las veces de fiscal.3. El presidente nato será el vicegoberna-dor, en su defecto el que le siga en orden de nombramiento.4. La junta en el uso de sus facultades se arreglará a lo prevenido en dicha ordenan-za, en cuanto no diga la oposición de nues-tro actual sistema, y sin traspasar los límites de la comprensión del estado, de cuyos so-los diezmos debe cuidar por lo respectivo su dirección, recaudación e inversión. 5. El gobierno pondrá en conocimiento del eclesiástico diocesano el presente decreto, invitándole al nombramiento de los jueces hacedores que se hará con arreglo a la mis-ma ordenanza.326

6. El mismo gobierno comunicará esta re-solución a los estados participes en la grue-sa decimal del obispado.327

La oposición de partidos, generada desde comienzos de la época independiente en el centro del país, y reflejada en el Congreso federal, co-menzó a percibirse de manera local en el estado. Asociado a esta idea el decreto federal sobre el es-tablecimiento de la Junta de Diezmos posicionó la existencia de dos partidos en el seno del congreso local: uno liderado por el doctor Arroyo, quien de-fendía los intereses del cabildo eclesiástico, y otro por el diputado Joaquín García, defensor de los in-tereses del estado.


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Para el cabildo eclesiástico, este ramo de-cimal era una importante fuente de ingresos que aseguraba la estabilidad y la acción de la corpora-ción traducida en acciones sobre la educación ele-mental y superior, en la protección o asistencia de la población en momentos críticos.328 Para el poder civil los diezmos eran una importante fuente de co-laboración, socorro o hasta servicio en las múltiples necesidades del estado.

El discurso liberal gatidano, con sus raíces en la ilustración hispánica, identificaba como una de sus ideas prioritarias reducir la posición de la iglesia en la economía y en la educación.329 Este anticlericalismo presente en el decreto federal sobre la Junta de Diezmos fue percibido de manera muy clara por el partido del diputado Arroyo, quien defendió enérgicamente la posición del cabildo eclesiástico cuestionando la legitimidad de las au-toridades civiles del estado para intervenir en los bienes de la Iglesia, y exhortando a la repartición de la gruesa decimal de los estados de oriente, antes

que proceder a una intervención perjudicial en la administración del estado.330

En cambio, la élite civil asimiló la utilidad de la propuesta de intervención en el ramo decimal

Antiguo Palacio Municipal de Monterrey.

de forma práctica y oportuna en el entendimien-to de utilizar esos recursos de manera más directa como un medio para constituirse como la entidad capaz de sustentar y mantener de forma efectiva las exigencias del estado.331

Sin embargo, la secularización de los diez-mos no aseguró en lo absoluto el éxito de la recau-dación y administración de los mismos, de hecho todo parece indicar que con la nueva organización en todo su conjunto, este ramo fue cada vez más en descenso y la repartición quedó reducida al míni-mo, hasta que la obligación civil de pagar los diez-mos quedó suspendida en 1833.332

4.3. El Ayuntamiento de Monterrey y su relación con algunos decretos estatales

Si el Congreso local se convirtió en la institución soberana y representativa del Estado, justo es decir que de forma análoga los Ayuntamientos, en espe-cial el Ayuntamiento de Monterrey, capital del es-

tado, se consolidó durante la República fede-ral como la corporación o institución local más importante y representativa de la voluntad de los pueblos o distritos.

Poseedores de una fuerte tradición corporativa, los Ayuntamientos desarrollaron con libertad múltiples funciones de carácter administrativo, económico y social. En su conjunto, estas funciones, anteriormente le-gitimadas por la Constitución de Cádiz, en el reglamento sobre el gobierno interior de los pueblos, fueron reformuladas y delegadas nuevamente por la constitución estatal de 1825 en su artículo 230, el cual especificó que a los Ayuntamientos tocaba: hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones directas, proponer al Congreso arbitrios para escuelas,

cárcel, así como cuidar de la construcción y repa-ración de las cárceles, sala consistorial, calzadas, puentes, velar sobre la seguridad y propiedad de los individuos, cuidar que no sea quebrantada la


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Constitución, promover la educación, establecer escuelas de primeras letras, cuidar de la adminis-tración y régimen de la cárcel, casa de caridad o corrección o cualesquiera establecimientos de be-neficencia.333

También tocaba al Ayuntamiento promover la agricultura, la minería, las manufacturas, el co-mercio “y cuanto conduzca a proporcionar medios de subsistencia y adelantamiento a la fortuna de los individuos de que resulta la riqueza pública”, for-mar el censo y estadística de todo el distrito y, por último, crear ordenanzas municipales “para el buen gobierno del distrito y policía de seguridad, correc-ción, educación, salubridad, comodidad y demás objetos concernientes al bien del individuo”.334

De forma interna, el Ayuntamiento de Monterrey es la institución responsable de suplir las necesidades más básicas de la población. Con este objeto el Ayuntamiento tiene la autoridad para controlar recursos tan importantes y esenciales como el abasto, provisión, arreglo o venta de ali-mentos como la carne, el maíz y la repartición o arreglo del agua. El desempeño de sus atribuciones abarcaba también el arreglo y peso de medidas, la organización del ramo de bagajes y alojamientos, la recaudación y cuidado de la ventas o rentas de mercancías en la Plazuela, el cuidado, seguridad y manutención de la cárcel y sus presos, la formación de la estadística, el mantenimiento y seguridad de la ciudad y el individuo mediante el ramo de policía y limpieza.

Las múltiples funciones del Ayuntamiento fueron organizadas mediante comisiones formadas y repartidas entre los miembros del Ayuntamiento: regidores, procuradores y alcaldes; una élite forma-da “por aquellos individuos que habían obtenido reconocimientos por su capacidad de servir y re-presentar los intereses de la comunidad, o que por otras causas gozaban de más prestigio social”.335

Debido a sus alcances, el Ayuntamiento se convierte en el órgano legítimo y ejecutor en que el estado coloca la marcha de políticas esenciales

para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad. La repercusión e importancia de esta institución advierte también un espacio trascendente para el crecimiento, influencia y consolidación de una éli-te local que perfeccionó a través de la ocupación de cargos, toda la experiencia y conocimiento necesa-rio tanto “para la organización normativa y formal de la comunidad social a la que sirven”336 como para atender y proteger sus intereses particulares.

Ordenanzas municipales

La creación de las ordenanzas municipales, atribu-ción marcada por la Constitución estatal en el título XVI, artículo 230-XX, definió la reformulación de un reglamento enfocado en los aspectos de policía de seguridad y salubridad que creó el Ayuntamien-to entre 1827 y 1828, y aprobó el Congreso estatal en 1829.337

Procurando establecer el orden y la segu-ridad, se decretó que la primera autoridad política del distrito de forma directa era el presidente del Ayuntamiento, encargado también del juzgado de primera instancia, con capacidad de multar a quie-nes turben la tranquilidad, imponer penas correc-cionales, y de ser necesario decretar el arresto en alguno o más ciudadanos.338 Se estableció además, para la seguridad de los individuos y las propieda-des, orden y tranquilidad pública, la formación de rondas por turnos hechas por vecinos y en auxilio del alcalde y el regidor encargados. Se incluye tam-bién el toque de queda para la población y tiendas de comercio, castigos o multas sobre la portación de armas prohibidas, entre otras.339

De la misma manera, la ordenanza general de policía hacía observaciones a aquellas medidas de seguridad, corrección y educación necesarias para tranquilidad del vecindario. Entre éstas se mencionan no provocar ni turbar la tranquilidad con gritos descompasados el sosiego de la noche, pedir las respectivas licencias para la realización de baile o música en la calle al alcalde 1º, también


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Ordenanzas generales de policía expedidas por el alcalde 1º, Fran-cisco Tomás Iglesias, alcalde 1º constitucional de Monterrey en 1828.

se les prohibía correr a caballo dentro del poblado “aún en los días de San Juan, San Pedro, San San-tiago y Santa Ana”.

Otra medida muy recurrente era exhortar a todo aquel forastero, visitante, a presentarse ante los alcaldes o jueces de prevención del distrito e informar algunos datos generales, su oficio y mo-tivo de visita para darles un permiso o pasaporte, a la vez se invitaba a todo vecino a avisar a la au-toridad sobre el alojamiento o posada dada a algún desconocido o forastero, todo con el fin de evitar “el resguardo en la ciudad de malhechores, sirvien-tes, fugitivos de un amo, desconocidos, vagos o malentretenidos”.340

La corrección y educación respecto a los va-gos, ebrios y escandalosos,341 debía llevarse a cabo a través de los alcaldes, quienes los debían destinar a establecimientos correccionales o en su defecto encomendarlos a maestros artesanos y labradores. Mientras que para los rufianes, delincuentes o en-cubridores se procedería conforme a las leyes. A los muchachos huérfanos, destituidos o abandonados

por sus padres, se les consignaba a un pariente cer-cano, algún labrador o maestro de oficio que res-ponda de su instrucción.342

Siguiendo con la seguridad del vecindario, los ordenanzas marcaban que en caso de peligro de algún incendio se obligaba a todo individuo sin distinción de personas a concurrir en auxilio del accidente, “cuidando de no extraviar ninguna cosa que pertenezca al dueño de la casa incendiada”, tampoco se permitía realizar en las casas juegos de albures, montes u “otros prohibidos en la ley de 6 octubre de 1771”. A los jóvenes se les prohibió jugar palmo, rayuela, y tres en raya. Respecto a la corrección de los jóvenes de familia la ordenanza municipal iba con el plan de instrucción pública y prevenciones generales.343

Sobre la policía de Salubridad se exhorta-ba a cuidar de la limpieza y el aseo de las calles, de los mercados y las plazas públicas, “y que los alimentos y bebidas que se vendan sean de buena calidad, y de que el peso y medida de productos sean arreglados conforme a la ley”. Se procuraba la desecación de las lagunas, pantanos, así como dar curso a las aguas insalubres o estancadas.344

También se incitaba a remover “todo lo que en su territorio puede alterar la salubridad públi-ca, así de los hombres como del ganado,345 a hacer que los caminos carreteros y que travesías de su territorio se mantengan compuestos y desmonta-dos para el más cómodo tránsito, comunicación y comercio”. Se alentaba a cuidar que los cemente-rios o camposantos estuvieran situados de manera conveniente y así evitar problemas de salud como epidemias. Incluso se animaba a cuidar de la con-servación y defensa de los bosques o árboles, entre muchos otros puntos sobresalientes.346

En suma, la elaboración de las ordenanzas municipales complementaron íntegramente los planes del gobierno del estado para institucionali-zar un proyecto de sociedad basado en sus intereses más inmediatos, como ya lo hemos mencionado de forma constante, es decir, intereses como: “la se-


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guridad de las personas y las propiedades, la con-servación del orden público, la corrección de los vicios”, la necesidad de protección y amparo de la educación, coordinando también implícitamente el fomento de la industria, el comercio y la agricultu-ra, todo con el fin u objeto de promover el bienestar y el progreso.

Las Sociedades Patrióticas de Amigos del País

Las Sociedades Patrióticas del País, antecedentes de las Sociedades Económicas Modernas,347 fueron establecidas en Nuevo León con base en el cum-plimiento del decreto estatal provisional 83 y con-vertido en ley en marzo de 1827. Estas Sociedades se constituyeron como otro espacio significativo en que la clase política del estado orientó de manera uniforme la reafirmación de contenidos sobre el va-lor del desarrollo de la economía y la riqueza para el bienestar de la sociedad que se han hecho presen-tes en algunos de los decretos o leyes anteriormente referidos.

Su objetivo principal consistió en procurar conocimientos y ayuda a los individuos del distri-to:

1. En todo aquello que conduce a la conser-vación de la vida del hombre.2. En la adquisición de los medios de sub-sistencias suyas y de su familia.3. En arbitrios para el aumento de su rique-za, de sus servicios, de sus comodidades y de sus goces.348

Asimismo, el plan sobre establecimiento de sociedades dispuso que en cada cabecera del dis-trito del estado habría una Sociedad Patriótica de Amigos del País, y desde el principio se especificó que la sociedad estaría compuesta de manera innata pero temporal por los miembros que compusieran actualmente el Ayuntamiento, por el cura párroco y los empleados distritales de Hacienda. Más tarde, el decreto de 18 de marzo de 1827, estableció que la Sociedad sería fundada a lo menos de ocho in-

dividuos electos por el Ayuntamiento “de los más aptos, patrióticos y amantes del orden entre los mu-chos que hay como residentes del distrito”.349

En calidad de socio podía ser admitido cualquier ciudadano que de palabra o por escrito deseara ingresar a la sociedad, “siempre que tuviera las cualidades afines a la sociedad, y se decidiera a pluralidad de votos su admisión”, al paso que tam-bién la misma sociedad podía hacer un nombra-miento de socio de forma espontánea sobre algún individuo que tuviera las cualidades o actitud para influir en los fines de la sociedad.350

Los socios residían fuera del distrito serían llamados socios corresponsales. Cualquier indivi-duo de la sociedad podía promover la censura o exclusión sobre otro miembro que faltara el bien público y los fines u obligaciones de la Sociedad. Además se obligaba a todo miembro a contribuir con dos reales mensuales adelantados para los gas-tos de la Sociedad.351

Los nombramientos de los funcionarios que conformaban la Sociedad eran electivos anual-mente y podían ser reelegibles; la mesa directiva era integrada por un presidente, un vicepresidente, un síndico procurador, un tesorero y un secretario.352

Las tareas de la Sociedad se enfocaban a atender los negocios económicos más urgentes, en velar por “el buen estado y aumento de la pastoría, de la agricultura, de la minería, del tráfico, del co-

Hidalgo e Iturbide coronando a la patria.


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mercio, de las artes útiles, la economía doméstica y rural, la química y otras ciencias naturales y exactas auxiliares del hombre para conservarse y facilitarse los medios de su subsistencia y sus riquezas en el ejercicio de las artes”, a más de procurar los medios y arbitrios para extinguir la mendigues voluntaria, la inmoral holgazanería y en la mala crianza, ociosi-dad y abandono de los muchachos .353

Otro plan de la Sociedad era suscribirse a algún periódico de interés, y de haber los fondos se aprobarían los gastos necesarios para “comprar algunos libros, estampas o muebles o modelos de instrumentos, máquinas de las artes o cuando hu-biere necesidad de imprimir memorias sobre culti-vo o fabricación de algún útil sobre invención de alguna máquina o instrumento”.354

Desde sus comienzos, la Sociedad Patrió-tica de Amigos del País agrupó a los individuos más sobresalientes de la élite local, en su política se encuentra de forma más directa el pensamiento ge-neral de la misma, es decir, volvemos nuevamente a tocar el tema sobre el desarrollo y progreso de la economía, de la industria, como la fórmula general la riqueza de los pueblos.

La singularidad de esta asociación radica en este interés y en este deseo de atención, especia-lización, protección y fomento de todas las posibles actividades o relaciones económicas “sólo posibles en un estado liberal”.355 La identificación de la élite con estos fines y su participación activa contribuyó a lograr que la Sociedad Patriótica se convirtiera en un importante espacio de asociación y conoci-miento político-económico para sus miembros, a la vez que proporcionaba al estado una fuente de co-operación primordial en determinados momentos de auxilio como recaudaciones, aportaciones, contribuciones, etcétera.356

Así pues, para finalizar, sólo se mencionará que cada uno de estos decretos y de las institucio-nes expuestas son en su conjunto una base impor-tante para estudiar más a fondo y entender cómo la élite política concibió la práctica del liberalismo

político y económico en los primer decenios poste-riores a la Independencia, todo este esfuerzo refleja a la vez un importante proceso y desarrollo de un estado y una sociedad en que los valores del tra-bajo, la industria y el crecimiento económico irán definiendo cada vez más la identidad y el carácter del nuevoleonés.

5. El origen de los partidos en la élite nuevoleonesa

El inicio de la vida independiente de México y la adopción del régimen republicano, y su carta de 1824, vislumbraron el sueño y las esperanzas de que el país “se elevaría al rango de las potencias, libres, independientes y soberanas”.357 Sin embargo, esto no sucedió y la inestabilidad política, las asonadas, revueltas, el continuo desastre económico han he-cho que se generalice erróneamente la historia del siglo XIX como un periodo anárquico.

Dentro de la llamada “era de las revolucio-nes” han abundado estudios en torno a factores o causales sobre dicho desequilibrio económico-político, pocos han sido hasta ahora los estudios realizados en torno a elementos intrínsecos a la for-mación del estado-nación como la cultura política, el desarrollo o evolución de las élites o grupos de poder, su ideología, comportamiento, entre otros. Más aún, existe una ausencia importante en los es-tudios regionales al respecto de estos temas.

Retomando las ideas del autor Carmagnani, la investigación histórica regional nos presenta va-riadas posibilidades interesantes y comparativas de diversos hechos:

(…) un fenómeno oscurecido por los hechos y por las biografías, la capacidad de cada territorio, provincia o estado de México de impedir, en ausencia de cualquier gobierno central, la anarquía política y la suspensión de la colaboración social. Si pudiéramos caracterizar la vida mexicana a partir de los estados y no, como por lo general ha acon-


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recía haber encaminado a su ulterior consolidación.

En este pacto de consolidación, y frente a los múltiples levantamien-tos militares sucedidos en esta etapa, el estado nue-voleonés se distinguió más por adoptar un federalismo moderado y por apegarse de manera cuidosa y fiel al presidente o gobierno na-cional en turno.

Otro proceso aso-ciado a la forma de go-bierno republicana es el surgimiento de los parti-dos políticos y su posterior

polarización a partir de 1826. Esta contienda de la política partidista nacional no estuvo exenta en el estado de Nuevo León, especialmente su capital, Monterrey; por lo tanto, el último apartado del tra-bajo está dirigido a indagar en el desarrollo de los partidismos en la élite local nuevoleonesa, en su antagonismo y la lucha por el poder para así poder comprender algunas de sus ideas, actitudes y pos-turas precedentes al derrumbamiento del régimen federal.

tecido hasta ahora, a partir de la ciudad de México, podríamos decir que ella no fue ni caótica ni anárquica.358

Y en efecto, durante los capítulos anterio-res a este trabajo, hemos intentado describir un poco acerca de los hechos ocurridos en la antes provincias del Nuevo Reyno de León durante las primeras décadas del siglo XIX, y así comprender un poco acerca de la influencia del liberalismo, la cultura política, la representatividad y actuación de los grupos dirigentes, la experiencia del primer imperio, el deseo de autogobierno que culmina con la adopción del régimen federal, el establecimiento del Estado y la institucionalización del régimen re-publicano.

Con base en lo anterior, y retomando el proceso de la institucionalización y surgimiento del Estado, podemos afirmar que pese a eventua-les desordenes, como las incursiones de los indios bárbaros, una persistente austeridad económica y de constantes limitaciones, el estado de Nuevo León y la élite o grupo político dirigente ejerció una gobernabilidad envidiable, enfocada totalmente en la organización y administración del nuevo tipo de estado republicano, compromiso que el estado pa-

Paseo de la independencia en la ciudad de México.

Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos.


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Los partidos políticos y las logias masónicas

Durante 1821-1824, en el México independiente, surgieron diversos grupos políticos dentro de los que se encontraban: los monárquicos que aspira-ban a una monarquía constitucional moderada, y por otra parte los republicanos, tributarios de la tradición liberal europea y que entre sus persona-lidades más destacadas contaron con: Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe, Juan de Dios Ca-ñedo, José Mariano Michelena, todos habían sido miembros de la Cortes de Cádiz “defendían la po-lítica progresiva que habían aprendido, (…) en sus lecturas de Venta, Constant y los grandes filósofos de la Francia del siglo XVII. La libertad de prensa y del individuo, la igualdad ante la ley, el gobier-no representativo, la división de poderes (…) eran principios compartidos por ellos”.359

Los diversos partidos que se generaron al principio del siglo XIX encontraron en el mo-vimiento masónico una base para la organización y difusión de sus ideas. El que predominó en un primer momento fue la Logia Masónica Escocesa. Al respecto, el doctor Mora nos dice: “Este partido nació en México en 1813 a consecuencia de la cons-titución española de 1812, y entre sus actividades estaban: trabajar para conseguir prosélitos, fomen-tar la lectura, dar difusión a los libros prohibidos y reducir la influencia clerical en la sociedad”.360

A la caída del imperio de Iturbide surgió la división del grupo republicano, entre los que pro-pugnaban una república federal y los que optaban por una república central. Al proclamarse la repú-blica federal, la lucha partidista se recrudeció con la presidencia de Guadalupe Victoria, éste siguió la política de amalgamiento de partidos, es decir, compuso su gobierno de individuos pertenecientes de diversos partidos: el vicepresidente Bravo era el jefe de los centralistas, el ministro de Relaciones, Lucas Alamán, también era centralista, mientras que Manuel Gómez Pedraza, ministro de Guerra, satisfacía a los “iturbidistas, y José Ignacio Esteva

ministro de Hacienda, era reconocido como federa-

lista”. 361 La política de

amalgamamiento ter-minó por irritar a los federalistas y criollos

americanos en general, quienes, resentidos de

la influencia y el poder de los centralistas, funda-ron, en 1825, una nueva sociedad conocida como los yorkinos, la cual tenía como objetivo establecer

el apoyo federalistas sobre una base firme y orga-nizada, entre los personajes que se distinguieron en esta logia se encuentran: José María Alpuche e Infante senador radical del Congreso nacional; Miguel Ramos Arizpe, José María Mejía, Lorenzo Zavala, José María Tornel y Vicente Guerrero.362

El nacimiento del Partido Yorkino estuvo involucrado con la controversial participación del diplomático estadounidense Joel R. Poinsett, algu-nos autores defienden distintas posturas acerca de si en su participación sólo se limitó a ser consejero en la formación de la logias yorkinas, o si, por otro lado, tuvo una intervención más activa e influyen-te. En todo caso las logias se convirtieron en clubs políticos, y en este desarrollo los masones yorkinos enfocaron su programa político bajo dos objetivos: la defensa de la independencia y la consolidación de la federación.363

5.1. La éilte nuevoleonesa y las logias ma-sónicas

La estructura social y el carácter de la élite local nuevoleonesa del siglo XIX, entre la que podemos encontrar elementos de distintos grupos o intereses como: eclesiásticos, abogados, médicos comer-ciantes y pequeños industriales,364 experimentó

Miguel Ramos Arizpe, religioso y político coahuilense.


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Elementos conservadores, masones escoce-ses

De manera que, tomando en cuenta estos dos facto-res, la estructura social de la élite y sus influencias, y adoptando al autor Hamill, podemos identificar dentro de la élite local nuevoleonesa a dos tipos de

Joel Robert Poinsett, diplomático norteamericano.

Miguel Fernández Félix, más conocido con el nombre de Guadal-upe Victoria, fue electo primer presidente de la república mexicana en 1824.

importantes cambios en la transición de la colonia a la república, los cuales provocaron el nacimiento de una nueva clase política local que diversificó su autoridad y poder a través de las diversas corpo-raciones institucionales como puestos en el Cabil-do, juntas, diputaciones, congresos, gobernaturas, poder judicial y otros espacios formativos, con un carácter relativamente más participativo y demo-crático.

En este proceso de transformación de la élite en el republicanismo y su articulación con los partidismos y logias masónicas destaca la influen-cia directa de dos figuras: el doctor Fray Servando Teresa de Mier, el doctor Miguel Ramos Arizpe; ambos importantes e influyentes personajes que rivalizaron celosamente en sus ideologías. Su re-lación con las Provincias Internas de Oriente, su posterior posición en el primer Congreso Nacional Constituyente, y su prolongada lucha por tratar de imponer sus ideas al organizarse la república, se extendió con el establecimiento del federalismo,365 fueron condiciones que derivaron en que ambas personalidades se convirtieran en modelos a seguir para algunos miembros de la élite nuevoleonesa.

criollo: el primero de ellos incluye aquellos que ha-bían prosperado económicamente bajo el régimen colonial y sus ideas y actitudes eran de orientación europea,366 éste pareciera ser el caso de varios per-sonajes políticos como José Francisco Arroyo, José Joaquín Canales, Juan Bautista Valdez, Bernan-dino Cantú, todos ellos eclesiásticos, y también a Joaquín García de la Garza, José de Jesús Dávila Prieto, Juan Nepomuceno de la Garza y Evia.367

Todos estos personajes criollos, un poco más europeos, que conservaban sus privilegios desde la Colonia, entre los que sobresalen la clase eclesiástica, particularmente el doctor José Francis-co Arroyo, quien se consolidó desde 1825 como el personaje dominante del Congreso local durante varios años; familiares de don Servando Teresa de Mier como Felipe Mier y Lorenzo Antonio Melo, y otros como Juan Nepomuceno de la Garza, se identificaron y alienaron en la práctica con el doc-tor Fray Servando Teresa de Mier como elementos


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La situación política del país originó discusiones en las calles.

ligados a las fuerzas conservadoras, enfatizando su posición como masones escoceses más por su habi-lidad, experiencia y resistencia ante el grupo oposi-tor liberal, antes que por abierta manifestación.

Elementos liberales, masones yorkinos

El segundo tipo de criollo, el americano, es descrito por Hamill: la mayoría no poseía ni riqueza ni posi-ción. Los más importantes de éstos desta-can en las profesiones eclesiástica, militar, jurídica y docente, los más (…) ocupando puestos inferiores de tenderos, artesanos, pequeños propietarios y comerciantes de poca monta.368 Tal vez este segundo con-cepto no se adapte completamente al caso de algunos miembros de la élite nuevoleo-nesa, pero como tal nombraremos a: José Antonio Rodríguez, dueño de una tenería y gobernador provisional en 1823; Pedro Manuel de Llano, comerciante, quien también era descendiente de españoles, alcalde 1º de Monterrey en 1813, padre de Julián; Manuel María, Rafael, Francisco Antonio y Ambrosio, Diego Cenobio de la Chica por mencionar algunos.369

Sin embargo, el concepto o término de los tipos de criollo que utilizamos no debe ser tomado de forma tan concluyente, pues dentro de ambos conceptos podemos encontrar elementos combi-nados de ambos criterios, el caso más evidente es el del político José María Parás, quien siendo ha-cendado, comerciante, fue también estudiante del seminario de Monterrey, pero en otros casos existe una tendencia muy marcada en ciertos personajes para pertenecer, según sus ideales, a uno u otro bando. Éste el caso de una de las familias liberales

por excelencia que estuvo vinculada a la logia yor-kina y al doctor Ramos Arizpe.

La logia yorkina se organizó en Monterrey en un taller, el primero de los yorkinos en provin-cia, alrededor de 1825, era llamada Perfecta Unión y las tres primeras luces fueron: Irineo Castillón, Julián Arrese y Rafael de la Garza.370 Es innegable mostrar que en la familia Llano se encuentra una profunda identidad en todos estos ideales que la

logia yorkina practicaba. Y especialmente en Ma-nuel María de Llano, quien se distinguió siempre por profesar un liberalismo progresivo. Julián Arre-se fue el punto de conexión de los De Llano con los masones yorkinos, pues además de coincidir en ideales políticos, los Llano estaban emparentados con los Arrese con vínculos matrimoniales.371

Es durante los años que van de 1826 en ade-lante que encontramos a los Llano y a su grupo in-volucrados en una serie de hechos escandalosos que confirman la lucha de poder entre dos partidos, uno más conservador y otro más liberal y progresivo.


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5.2. El comienzo de la lucha política: insul-tantes anónimos y pasquines

Insulto contra el Ayuntamiento de Monterrey

La introducción de la masonería en Nuevo León se presentó de forma manifiesta con el gobernador José María y Parás y de forma más activa con Ma-nuel Gómez de Castro, ambos mandatarios con un carácter tolerante y moderado, quienes permitieron las expresiones partidistas. Fue a partir 1825 cuando surgieron las primeras señales de las logias masóni-cas a través de una serie de anónimos o pasquines ligados al movimiento partidista.

El 18 de abril 1825 apareció un anónimo fijado en la casa de Manuel Uribe. El anónimo insultaba “del modo más infame y calumnioso” al Ayuntamiento de Monterrey, presidido por el al-calde 1º, Julián de Arrese. Se ordenó realizar una averiguación exacta para dar con el autor del anó-nimo. Los peritos nombrados al efecto fueron los ciudadanos Juan del Moral, Francisco de Rada y Lorenzo Melo, quienes responsabilizaron en su investigación al secretario del Ayuntamiento José Antonio Canales.372

No resulta claro cuál era el objeto de ofen-der mediante a un anónimo a la corporación por un sujeto de la misma, sin embargo, Canales fue suspendido y se le instruyó causa sumaria por el alcalde segundo de Cadereyta, quien en ese mo-mento fungía como juez de primera instancia de la cabecera del partido.373

Pasquín: conjugación antimasónica

El año de 1826 fue el inicio de los enfrentamientos entre los partidos políticos a nivel nacional. La lu-cha por las elecciones se reflejó en México a través de la publicación de periódicos como El Sol de ten-dencia escocesa, El Águila Mexicana Federalista, El Correo Semanario, yorkino, y otros que promo-

vían campañas a favor de sus respectivos bandos. En estas operaciones el principal acometido de los escoceses se enfocó en hacer declarar ilegales las sociedades secretas.374

No obstante que el proceso de elecciones mostró la creciente influencia de las logias yorki-nas, quienes organizaron sus fuerzas aprovechando el control de tres de sus agentes en los ministerios de gobierno: Hacienda con Esteva, Justicia con Ramos Arizpe y Relaciones, donde se encontraba temporalmente Espinosa de Monteros, en la ma-yor parte del país las elecciones fueron agitadas y algunas hasta violentas, acusándose de dichos desórdenes a los yorkinos y a los clericales; pero, al final, el triunfo y el dominio de la mayor parte de las votaciones fue para los yorkinos.375

De manera más leve, un ejemplo bastante efectivo de la influencia de los yorkinos en la ciu-dad de Monterrey y del temor de los escoceses a la oposición lo señala el pasquín nombrado como Conjugación Antimasónica en plena etapa de elec-ciones.

Este pasquín fue encontrado el 4 de di-ciembre de 1826 por Antonio de Llano, quien, se-gún sus palabras, declaró “haber salido de su casa a las ocho y media de la noche, cuando encontró un papel tirado en la esquina de frente a su casa, creyendo que al ser época de elecciones ese papel pudiera contener su nombramiento, tomó el papel y lo llevó a la casa de su hermano, el Licenciado Rafael de Llano”.376 Cuál fue la sorpresa de los Lla-no que a la luz de la vela advirtieron y leyeron el mencionado pasquín. Luego de leerlo, Antonio de Llano se dirigió a la plaza con la intención de iden-tificar algún sospecho y relata:

pero en proporción que me acercaba a la repetida sociedad advertí un hombre de mediana estatura envuelto en una capa que se hallaba cerca de la pirámide por el lado que mira el parage en que encontré el men-cionado pasquín, el que desde luego se ad-


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vierte haber estado en observación de lo que pasaba y por lo con-siguiente haber sido quien lo tiró.377

Se ordenó hacer una averiguación y se mandó citar al presunto responsable, quien, ante Juan Bautista Valdez, ace- ptó que el documento era de su puño y letra, éste resultó ser el cura y ca-tedrático de latinidad del seminario don José Ángel Benavides.378 Un eclesiás- tico era el autor que sos-pechosamente había de-jado exactamente frente a la casa de Antonio de Llano. ¿Qué es lo que contenía dicho pasquín? A continuación retoma-mos unas líneas del pasquín:

Conjugación antimasónica379

El Pasquín Conjugación antimasónica fue encontrado tirado en la calle por Antonio de Llana.

Que el governa-dor; Que será desastroso Ya todos habrán sabido.

Debiendo quitar-los; El fin de los masones el desprecio y la burla.

No ha querido con razón tendrán que el papel de los yorkinos Justamente han sufrido.

El pasquín380 ex-presa hacia los yorkinos un ataque verbal y su-tilmente agresivo en su contra por parte de los partidarios escoceses, quienes trataban, por todos los medios posi-bles, de desprestigiarlos solicitando con ello al gobernador Parás supri-mirlos y así acabar con la oposición.

5.3. La legislación antiespañola y las elec-ciones presidenciales de 1828: la mani-festación política en Nuevo León

Como ya se mencionó anteriormente, el programa político de los yorkinos se basó en dos objetivos: defensa de la independencia y consolidación de la federación. Las elecciones de 1826 favorecieron a este partido que dominó a partir de entonces y hasta 1830 la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

En esa posición de dominio, una de las me-jores armas de los yorkinos para llevar a cabo sus objetivos fue la campaña emprendida a favor de la expulsión de los españoles. En una época de fuerte depresión económica en que la posición de los es-pañoles peninsulares y su dominio en el comercio o en puestos políticos eran mirados como una ame-naza a la Independencia y al sistema republicano,

Pretérito PluscuamperfectoYa yo

Ya yo

Ya yo

Ya tú

Ya tú

Ya yo

Ya aquél

Ya aquél

Ya aquél

Ya nosotros

Ya nosotros

Ya nosotros

Ya vtros

Ya vtros

Ya vtros

Ya todos

Ya todos

Ya todos

Futuroimperfectohabía

habría

habías

habré s

había

sabrá

habrá

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habíais

habréis sabido

habían sabido

habrán sabido

Futuro perfectosabido

sabré

sabido

sabido

sabrás

sabido

sabido

sabrá

sabido

sabido

sabremos

sabido

sabido

sabréis

abido

sabido

sabrán

sabido


148

la popularización y el apoyo a la causa antiespañola encontró eco en la conspiración del padre Joaquín Arenas.381

La conspiración de Arenas es acerca del es-cándalo de un religioso español reaccionario que, en complicidad con otros personajes, fraguaban un plan para llevar a cabo la restauración del poder es-pañol en México. Arenas invitó a participar al doc-tor José María Luis Mora en el movimiento, pero éste se negó a comprometerse con el movimiento y reveló al gobierno federal lo acontecido, estos hechos desataron el furor en la república.382

El gobierno distribuyó una circular a todos los gobernadores advirtiendo sobre la conspiración,383 y en mayo de 1827 el Congreso na-cional decretó la ley de empleos que prohibía a los españoles el ejercicio de todo cargo público, civil o militar federal, hasta que España no reconociera la independencia mexicana.384

El sentimiento antiespañol y la labor de los yorkinos en el Senado creció en los siguientes meses, la difusión de peticiones armadas en el país y la iniciativa de algunos gobiernos estatales como Jalisco, el estado de México, Michoacán, Tamauli-pas, Guanajuato, Oaxaca, Coahuila y Texas culmi-nó finalmente con la promulgación en el Congreso nacional de la ley de expulsión española de diciem-bre de 1827.385

En Nuevo León los desórdenes respecto a la campaña antiespañola no llegaron a tales extremos de desorden y expulsión, pero tampoco estuvieron ausentes. Prueba de ello son las acciones realizadas por Manuel María de Llano y sus colaboradores en la campaña antiespañola. El primer incidente se caracterizó por un altercado que Manuel María de Llano, alcalde del Ayuntamiento de Monterrey, enfrentó con el cabildo eclesiástico al exhortarlo a cumplir con el decreto federal sobre la destrucción de escudos y armas localizados en la Audiencia y Catedral de la ciudad, pues eran símbolos de la do-minación española, propósito que logró.386

Informe del Ministerio de Relaciones al Congreso sobre los resulta-dos de la primera expulsión general de españoles.

El eco sobre la campaña del padre Arenas fue utilizado por los colaboradores yorkinos Pedro Treviño y Refugio Flores, quienes, haciendo caso omiso y en provecho de la promulgación del decre-to federal 107 del gobernador Parás, que condenaba en sus artículos 6 y 7 a toda persona que perturbara la Constitución del Estado mediante papeles sub-versivos, conspiración, persuasión, castigándolos con el destierro, expulsión, o privación del empleo, según dependiera el caso,387 lanzaron unos pas-quines con la firma “S.A”, siglas que significaban: “miembro del partido de Arenas”, dirigidos a un enemigo suyo de Punta de Lampazos de nombre don Cayetano.

Para su mala suerte, su acción fue denun-ciada por el ciudadano Cristóbal Sánchez, en el


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comercio-viandante y algunos ausentes a los que no se les había sido posible presentarse ante las au-toridades por asuntos propios.391

En general, las solicitudes de excepción para los residentes españoles, basadas en el art. 2 de la ley, fueron copiosas; para asegurarse de esto el gobierno del Estado encargó a los facultativos de medicina doctor Constanza y Manuel Ma. de Llano, para revisar quién se hallaba físicamente im-pedido para efectuar la ley de excepción y extender los correspondientes certificados de salud, incluso se hacían averiguaciones testimoniales sobre el camino y la conducta de los residentes españo-les, para exponer entonces al gobierno federal “el convencimiento, satisfecho de su conducta quieta y pacífica, aprecio de vecinos”.392

Los españoles exceptuados podían perma-necer en el territorio a condición de que realizaran

el correspondiente juramento público de sostener la independencia, la forma de gobierno federal, su

Ocupaciones de los españoles que quedaban en México en 1828.

proceso Refugio Flores fue declarado culpable y encarcelado, para ser liberado meses después.388

Pese a estos hechos, no se puede genera-lizar la existencia de un sentimiento antiespañol en Nuevo León. La Ley Fe de Expulsión de di-ciembre de 1827 fue aplicada posteriormente a la ley nacional en 1828; dicha ley exhortó la expulsión de los españoles capitulados, a los desafectados, los que habían llegados a partir de 1821, el clero regu-lar y peninsulares solteros que hubieran carecido de hogar durante los dos años anteriores, de la ley se exceptuaban a los casados con mexicanas que hagan vida marital, a los que tengan hijos que no sean españoles, a los mayores de setenta años o a los impedidos físicamente a perpetuidad.389

Una lectura ligera sobre la aplicación de la ley de expulsión de españoles en Nuevo León en el gobierno de Joaquín García indica que la ley se acató y observó de forma indulgente y ge-nerosa. Los Ayuntamientos del estado fueron los organismos responsables de presentar los censos e informes sobre los españoles residentes, los cuales incluían datos sobre su procedencia, edad, año de ingreso al país, oficio, pueblo de residencia, estado civil y oficio o profesión, destacando en este último apartado los giros de comercio y labrado.390

En Monterrey se registró una lista de 29 es-pañoles residentes, entre los que destacan Hipólito de Hoyos, de 49 años, y que durante algún tiempo sirvió en la Secretaria de gobierno en Nuevo San-tander en tiempos del general Echandía; Matías de Llano, natural del señorío de Vizcaya, de profesión comerciante; Jorge Soriano, natural, comerciante y otros, entre los españoles capitulados se encontra-ban: Antonio Mier y Cayetano Rodríguez ambos soldados del regimiento de Extremadura.

También eclesiásticos regulares como el Prb. Francisco Félix, Fr. Andrés Higuero, R.P. Fr. Juan Antonio Manuel Alamo, venidos en 1795, eclesiásticos seculares como el canónigo Pedro de Hombre. Por último, se mencionaban a los espa-ñoles conocidos como trausentes y dedicados al


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constitución y leyes generales de la nación y del es-tado nuevoleonés,393 los menos agraciados debían obtener su pasaporte y salir del país en plazo de un mes y arreglar sus pendientes, liquidar cuentas, decidir llevar o no sus familias, de ser necesario po-drían pedir al gobierno el aplazamiento de su salida por medio de los gobernadores en un término no mayor de seis meses, y salir por el puerto más cer-cano a embarcarse.394

Así pues, la ley de expulsión de españoles no generó grandes controversias al interior del es-tado, la anuencia entre los partidos se uniformó en el objeto de hacer cumplir la ley, independiente si estuvieran o no en concordancia con ella; asimis-mo, pese a que la actitud del gobierno deja entrever preocupación y tensión en la marcha de las diligen-cias, oficialmente aceptaron la expulsión como una medida necesaria que derivó de la conspiración del padre Arenas, del profundo temor hacia una inva-sión española y de la amenaza en la capacidad del gobierno federal para contener a los partidos.

La postura del Estado es perceptible, por ejemplo, con el levantamiento de Juan Manuel Montaño. Por entonces la polarización entre las facciones yorkinas escocesas en el país llegó a ser significativa con el triunfo sobre la ley de expulsión de los españoles de 20 de diciembre de 1827, lo que provocó el levantamiento armado de los escoceses en Otumba, Veracruz, quienes, encabezados por el teniente coronel Montaño, exigían “la abolición de las sociedades secretas, un cambio de gabinete y la expulsión del representante de los Estados Unidos, Joel R. Poinsett, uniéndose poco después a ellos el general Nicolás Bravo”. La sublevación pronto fue sofocada por la campaña emprendida por Vicente Guerrero, y los insurrectos fueron encarcelados o exiliados.395

Pronto la noticia sobre el pronunciamiento del plan de Montaño fue enviada a los gobiernos estatales, advirtiéndoles “las verdaderas miras del plan”, las cuales “obligan a entender que el verda-dero propósito sea impedir que se hagan los severos

La elección presidencial de 1828 enfrentó a Vicente Guerrero y a Manuel Gómez Pedraza.

ejemplares, que el público reclama contra los com-plicados en el plan de la conspiración que descubrió el religioso Arenas, frustran el cumplimiento de la ley de los españoles y declinan en otros proyectos más avanzados y contrarios a la forma de gobierno adoptada (..)”.396

Al respecto, Nuevo León expidió un decre-to en el que definió su postura en unión y acuerdo al gobierno federal:

(…) Entre tanto el gobierno debe estar se-gurísimo de la adhesión de la legislatura misma y de todo el estado: pues aunque en realidad se detestan aquí las reuniones clandestinas y se prevén sus malos efectos ya demasiado patentes, su extinción se quiere y se procura tan sólo por medios le-gales y en Nuevo León no se han hecho ni se harán Dios mediante males por amor de bienes, ni se atacarán a las mismas leyes a pretexto de sostenerlas.397

Pocos días después, esta postura fue reafir-mada con un bando del Congreso y del gobernador Manuel Gómez de Castro, y sobre la prevención que el gobierno exhortó al estado expresaron:

(…) prevenidos contra las seducciones de los revoltosos (….) Nuevo León hizo el más alto desprecio a los perturbadores, fac-ción detestado al contestar al aviso oficial.


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Otumba no tendrá séquito alguno en Nue-vo León, en donde sólo hay confianza en el supremo gobierno, amor a las leyes vigen-tes y obediencia a las legítimas.398

En resumen, Nuevo León reiteraba su apo-yo al Gobierno, desaprobaba el levantamiento en función de ser ilegítima y contraria al sistema repu-blicano, pero sostenía la necesidad de exterminar las asociaciones secretas y con ellas el antagonismo entre partidos.

Sin embargo, la lucha entre los principa-les partidos del país siguió recrudeciéndose aún más cuando las elecciones presidenciales de 1828 estaban en puerta. En esta tarea los yorkinos ini-ciaron una fuerte campaña electoral para ganar la renovación de la Cámara de Diputados, el Senado y las legislaturas estatales. El candidato elegido por los yorkinos, héroe nacional de la guerra de Inde-pendencia, vencedor contra el pronunciamiento de Montaño, fue Vicente Guerrero, “su reputación era la de un devoto servidor de pueblo, un hombre de gran bravura”.399

El candidato opositor de Guerrero, y por consiguiente representante de la facción escocesa, fue el ministro de Guerra Manuel Gómez Pedraza, “pues socialmente era el candidato ideal, cultivado y criollo blanco”, cualidades tan atractivas que le ganaron el apoyo de los yorkinos moderados y los entonces conocidos como imparciales: Gómez Fa-rías, Ramos Arizpe, Juan de Dios Cañedo.400

En esta lucha de elecciones la logia yorkina dirigió sus esfuerzos en el dominio de las legisla-turas estatales,401 motivo por el cual empezaron a servirse de sus propias esferas de influencia y así lo-grar el voto a favor de Guerrero.342 En Nuevo León, la influencia de la logia yorkina y sus miembros se puede apreciar directamente en Manuel de Llano, quien fue elegido diputado federal por el estado en 1827-1828.403

Incluso apareció un impreso propagandís-tico a favor de Guerrero en el que se recomendaba votar por él “porque pertenecía a la clase de distin-

guidos, sus servicios fueron constantes y heroicos (…), a pesar de que algunos miserables arrastrados del espíritu de partido cuestionaban sus hechos, ta-lentos y popularidad”.404

Sin embargo, la legislatura del estado de Nuevo León ejerció su voto el 1 de septiembre de 1828, resultando electo Manuel Gómez Pedraza y Anastacio Bustamante como vicepresidente.305 Esta elección se puede explicar por la identificación y preferencia en la votación ejercida en el Congreso local, que incluía a diputados como Joaquín García y Francisco Arroyo, ambos descendientes de espa-ñoles y poseedores de una esencia más conservado-ra, lo que los hizo simpatizar con Pedraza.

Otro posible factor es el siguiente: la pro-puesta de Pedraza incluía a Anastacio Bustamante como vicepresidente, Bustamante había sido desig-nado comandante general de los Estados de Orien-te desde 1826 y mantenía una relación armoniosa con el gobierno estatal, lo que sin duda podría ser un motivo más de oposición para Guerrero.

Además, es singular notar que aunque en Monterrey se empezaba a vivir una época de agita-dos partidismos, la lucha se mantenía todavía con cierta sensatez, y fuera de la evidente preferencia de Manuel María de Llano por Guerrero, la mayo-ría de la élite criolla nuevoleonesa eligió a Pedraza, votando diez diputados propietarios a favor del ge-neral Pedraza, un voto que obtuvo Bustamante y ninguno Guerrero.406

El voto del estado de Nuevo León se hizo aún más interesante cuando llegó a la ciudad, y en particular al Congreso del estado, la noticia de un impreso procedente de Victoria, Tamaulipas, con la firma Jacobo Amat. Este personaje era un militar y partidario yorkino que había estado en la ciudad de Monterrey acompañando a Manuel María de Llano, cuando éste recién había terminado su labor como diputado federal en las elecciones de 1828. Amat permaneció en la ciudad alrededor de un mes, alojado en la casa del liberal.407 El impreso de Jacobo Amat expresaba lo siguiente:


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Acabo de regresar de México y a mi tránsito de Nuevo León, he hallado que desde la primera hasta la última clase

del estado se encuentra una mayoría en deseos que el benemérito Guerrero sea presidente porque así lo proclaman sus pueblos. ¿Cómo así que aquella legislatura sufragó contra el común sentir de sus ponderantes? La respuesta era muy sencilla: pero no es mi ánimo escribir per-sonalidades ni quiero encender la tea de la discordia (…), y entonces dirá lo conducen-te el virtuoso diputado Parás como tan em-papado de las intrigas que ocurrieron en su estado; por cuyo motivo lloran los patriotas, lloran (…) el yerro de sus diputados.408

El Congreso del Estado, ofendido por la agresión y las acusaciones referentes a no respetar las preferencias del pueblo debido a intrigas polí-ticas, según el impreso, publicó la impugnación a estas acusaciones diciendo respecto a Amat:

Lo de menos era que gritara aún más alto si puede el folletista en su desesperación de conseguir que se le unan las diversas

Manuel Gómez Pedraza fue respaldado por el partido escocés.

encontradas sectas de masones (...), lo de menos era que mintiese, que vomitase ca-lumnias contra la legislatura y contra el es-tado virtuoso de Nuevo León (…). Nunca jamás hemos visto llorar, ni sabido que llore un patriota, pueblo, cocinera, no se ha de-jado de percibir ni antes ni después esa pre-tendida mayoría de deseos que el general Guerrero sea presidente (…). Os lleváis un chasco si sobre la palabra de Amat contáis con Nuevo León con vuestro alzamiento y vuestras intrigas.409

Y firmemente el impreso finaliza:Aquí se ama el orden: aquí no hay más regla que proceder que la ley (…). Aquí no hay partidos, ni hay masones de ningún género: aquí no hay más que mexicanos federalistas amantes de la libertad de la ley: no cuente con ellos para oprimir la libertad mexicana embiste con la ley. Imprenta de Manuel María de Mier. Firmas Joaquín García Presidente, José Francisco Arroyo y Julián García Gómez, diputado secretario.410

Otro documento respecto a las elecciones concluye que “el gobierno está plenamente satisfe-cho de que la honorable legislatura ha obrado con buen fin; que en la elección nada hubo que oliera a intriga, seducción o engaño (…), ¿pues cómo no han de estar contentos cuando han visto que la ma-yoría de las legislaturas de la república han sufra-gado por el mismo que sufragó la de su estado? En efecto Nuevo León está satisfecho.411

Una vez más el gobierno establecía su pos-tura mediante la impresión de un decreto en el que negaba en que Nuevo León hubiera la existencia de un grupo opositor, en este caso representado por los yorkinos, hay que observar también la constan-te tendencia a desaprobar los alzamientos ilícitos, se distingue también en su discurso la creencia am-pliamente compartida de una “sociedad basada en el orden, el respeto de la ley y el carácter sagrado de la propiedad privada”,412 características bastante


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representativas en la constitución nuevoleonesa y, por supuesto, de la élite nuevoleonesa en continui-dad como una élite criolla y conservadora.

Sin embargo, se advierte también un pro-ceso de evolución dentro de la conformación de la élite, de un nuevo grupo político, “gente educada, intelectuales, profesionales interesados en reafirmar ideales como el gobierno republicano representati-vo, libertad de prensa e igualdad jurídica”,413 que ya no necesariamente comparte la homogeneidad, postura e ideales de la clase política dirigente. Más adelante veremos que estos dos grupos partidistas se confrontan cada vez más a medida que la disputa se hace abierta entre un partido opositor encabeza-do por Manuel de Llano, que lucha por establecer sus ideas y conseguir el poder, y el otro grupo lidia por mantenerlo el poder y conservar sus ideales.

5.4. Inicio de la polarización de los gru-pos Masónicos en Nuevo León

La elección de Manuel Gómez Pedraza como presidente de la república fue interrumpida por el levantamiento de Santa Anna, ocurrido en Perote, Veracruz, el 10 de septiembre de 1828. Los pronun-ciados exigían la anulación de la elección de Pedra-za y apoyaban la elección de Guerrero, así como la convocatoria a nuevas elecciones por parte de las congresos estatales, ya que argumentaban “que la mayoría de las legislaturas que habían votado por Pedraza fueron elegidas con anterioridad al esta-blecimiento de los yorkinos, lo que significa que era impopular en sus propios estados (…)”, y por lo tanto no expresaban la voluntad popular.414

Con la noticia sobre la sublevación de Santa Anna, el gobierno de Nuevo León reiteró su postura de adhesión al gobierno, declaró que la sublevación era un ataque a las instituciones, una rebelión anarquista; y lanzó un impreso para preve-nir al pueblo nuevoleonés acerca del hecho

Conciudadanos el general Santa Anna, (....), acaba de sublevarse contra el gobierno sedu-

ciendo algunas tropas, con las cuales en la fortaleza de Perote: viva la federación, la soberanía de los pueblos, el inmortal Guerrero y fuera los españoles (…) he aquí los pretextos con que ese hombre am-bicioso quiere cubrir el más horroroso crimen que contra la patria pudiera cometer un hijo desnatura-lizado. Tal pronunciamiento no necesita comenta-rio; él por sí está descubriendo toda la malicia de su autor, (…) el congreso ha declarado fuera de la ley al general Santa Anna y traidores quienes procuren el sostén de su plan (...), nuevoleoneses no reco-nozcamos autoridad que no esté legalmente consti-tuida, pongámonos en derredor del gobierno; y sea nuestra divisa Unión Independencia y Libertad en la ley, 30 sep 1828, Manuel Gómez.415

El conflictivo ambiente partidista y la sos-pecha de complicidad de los partidarios yorkinos en el pronunciamiento hizo al gobierno destituir a José María Tornel, gobernador del Distrito Federal; y sucesivamente otros yorkinos fueron destituidos de sus puestos y acusados. Luego, en octubre de 1828, el Congreso Nacional puso en vigor la ley que prohibía la existencia todas las sociedades se-cretas.416

En tanto, la rebelión de Perote fue sofocada por la superioridad de fuerzas del ejército federal, pero siguieron ocurriendo grandes protestas y re-beliones en algunos Estados del país; por último, Zavala, uno de los más representativos yorkinos, quien había sido acusado de favorecer la subver-sión, se unió a conspiradores experimentados como José María Lobato, Anastasio Tercero y Lucas Bal-deras, más tarde se les uniría Guerrero. Pronto la rebelión se hizo general en el episodio conocido como la Acordada. Los rebeldes exigían una legis-lación más estricta contra los españoles, y una mul-titud de gente se les unió provocando un saqueo de tiendas en la zona del Parían.417

Luego Zavala fue llamado para encabe-zar a los rebeldes y buscar una solución, la fuerza armada ocurrida en el la Acordada y la vacilación de algunos sectores del ejército para reprimirla,


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sometió al gobierno de Victoria quien cedió a sus demandas.418 Gómez Pedraza, ministro de Gue-rra, renunció a su puesto y se fue a Jalisco, donde Vicente Filisola presentaba resistencia al gobierno hasta que fue vencido. En diciembre de 1827, Pe-draza renunció a su derecho a la presidencia y en marzo de 1829 abandonó el país.419

Poco a poco el escaso apoyo del gobierno se fue desmoronando, los rebeldes de la Acordada triunfaron, los rumores en estados como Veracruz, Guanajuato, Puebla, México, Jalisco sobre una posible resistencia a favor de Pedraza no se concre-taron, y finalmente el Congreso de la Unión, elegi-do en los meses de la campaña presidencial 1828, declararon nula la elección de Pedraza y ejercieron una votación en la que naturalmente resultó electo Vicente Guerrero para la presidencia y Bustamante

para la vicepresidencia.420

Nuevo León sin duda fue un estado más, que por “mucho que lamentase la situación, aceptó el hecho consumado”. Curiosamente existen in-formes con relación a estos acontecimientos en la correspondencia del entonces comandante general de los Estados de Oriente, Anastacio Bustamante. En estos documentos se puede apreciar que los nuevoleoneses se hallaban perfectamente instrui-

Lorenzo de Zavala, político yucateco, de ideas liberales. Desconoció a Santa Anna y apoyó la rebelión texana en 1836.

dos de los pronunciamientos y consideraban fac-ciosos a los involucrados en estos hechos, optaban por sostener al gobierno, incluso, aunque muchas correspondencias hablan acerca de la necesidad de “sostener la independencia, la constitución, sacri-ficios y libertad”,421 no existe alguna prueba que demuestre los intentos más allá de la prevención de los hechos y adhesión al gobierno:

Ciudadano Gobernador. Manuel Gómez. Mi conciudadano y amigo muy querido: supongo a usted instruido en los desastres ocurridos en la ciudad federal, por lo que considero a los supremos poderes en el mayor conflicto y sin la libertad y energía necesaria para regir la nave del estado y por impuesto con necesidad de nuestros auxi-lios para sostener su dignidad y reestablecer el imperio de las leyes halladas y ultrajadas (…) espero (…) que me diga qué opina en tan críticas circunstancias para que obre-mos de acuerdo y hacer aquello que mejor convenga a la patria. Afortunadamente se conserva el orden público en estos esta-dos y creo de suma importancia el que no se altere, porque en medio de la confusión de los desordenes y las pasiones, es difícil obrar con arreglo a la razón y a la justicia (…).422

No hemos encontrado la respuesta del go-bernador Manuel Gómez, sin embargo es posible deducir, como ya se ha mencionado, que la postura oficial de gobierno se dirigió a conservar el orden y la tranquilidad dentro del estado, pues una vez legitimado por las propias autoridades del Congre-so de la Nación, el gobierno se limitó a enviar sus correspondientes felicitaciones al presidente Gue-rrero.

El recién instalado Congreso de la Unión había declarado presidente a Vicente Guerrero,423 mientras que Nuevo León las elecciones del Con-greso local declararon gobernador al ciudadano


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Joaquín García, “hombre íntegro y de ideas pro-gresistas” y como vicepresidente a Manuel Gómez de Castro.424

La influencia del grupo conservador de la élite local continuaba frenando la influencia del grupo liberal de Manuel de Llano, pues poco antes de la elección de Joaquín García como goberna-dor, llegó a manos del gobierno un anónimo que hacía burla sobre varios funcionarios de gobierno, dicho escrito fue encontrado por Hilario Mesa; la posterior de Cristóbal Sánchez y una posterior ave-riguación declaró culpable a Pedro Treviño Perey-ra, quien fue encarcelado e incomunicado, pero enseguida obtuvo el apoyo de Manuel de Llano, quien se presentó como su testigo de asistencia, y le sirvió además al amigo suyo Camilo Gutiérrez como abogado.425

Por ello el Gobernador hizo extensiva la ley federal sobre la prohibición en sociedades secretas el 24 de febrero de 1829,426 medida que en aparien-cia exterminó la masonería, porque era ya un he-cho que la influencia de los liberales iba en ascenso en la ciudad de Monterrey, así lo ilustran algunas sesiones en el Congreso local en la discusión del proyecto de reforma sobre elecciones presentado por los diputados Francisco Arroyo y Leonardo Gómez.427

El proyecto de reforma sobre elecciones se enfocaba en dos puntos: uno era la preocupación acerca de que la mayoría de los ciudadanos propie-tarios no acudían al sufragio y se decía que de esto

resultaba el repartimiento de listas en las elecciones primarias “donde puede resultar no vengan a ser la expresión de la voluntad general de distrito, sino en la expresión de la voluntad general de una fracción muy corta”.428

El segundo punto hace referencia a la rela-ción susceptible entre el presidente, el secretario y escrutadores y “alguna otra persona no comisiona-da por el pueblo pudiera intervenir malintenciona-damente en la elección”, de modo que la voluntad general “puede ser aún oprimida, sofocada y supe-rada toda vez que una facción o sea un hombre ac-tivo e intrigante sedicioso se empeñara en repartir listas (…) sólo aparece dominante la voluntad del autor o autores de las listas repartidas”.429

Con base en estos puntos, los diputados Arroyo y Gómez propusieron el siguiente decreto del cual destacamos lo siguiente:

1. Todo el Ayuntamiento o una comisión suya debe presenciar la junta primaria des-de el nombramiento del secretario y escru-tadores inclusive hasta la conclusión y de-claración solemne de la regulación de votos que prescribe el art. 41.5. El repartimiento de listas impresas o ma-nuscritas para la junta primaria de cualquie-ra distrito es delito aun cuando el valor de la elección primaria no parezca vacilar: contra el que escribiere o repartiere tales listas se procederá desde luego conforme a la ley número 90 del estado aplicándole las penas que se expresan allí en el artículo 4.430

El diputado Pedro González criticó la pro-puesta, expuso que la ley reglamentaria era cabal y suficiente, y que si ésta resultaba poco satisfac-toria, se debía a que a los ciudadanos no veían ni cuidaban de sus derechos. Agregó que la nueva propuesta complicaba las elecciones, y cuestionó la existencia, función e intervención de una comisión formada por el Ayuntamiento y expresó: “en mi concepto el único que aparece más visiblemente es el que cuiden y celen por el legal procedimiento del La lucha entre los grupos conservadores y liberales provocó caos en la

vida social, política y económica de la sociedad mexicana.


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presidente, secreta-rio y escrutadores en las elecciones, lo que induce sin duda un género de desconfianza en aquellos cuatro in-dividuos escogidos, tres de ellos inme-diatamente por el pueblo para decla-rar su voluntad con-signada en las listas que se depositan en

sus manos”;431 por último añadió: “porque a nadie se le oculta que los partidos tienen sus prosélitos en los Ayuntamientos en los congresos y en toda clase de corporación y reuniones (..)”.432

Todos éstos y algunos otros argumentos fue-ron refutados por la comisión de Francisco Arroyo, quien sustentó que el Congreso poseía toda la au-toridad tanto para hacer reformas a la Constitución como para computar, regular o anular votos en las diversas elecciones de gobernador-vicegobernador y magistrados del congreso.433

El diputado Pedro González insistió en que el decreto sobre elecciones “atacaba la libertad na-tural del hombre, restringía su libertad, que eran las bases mismas del gobierno liberal, exhortando que el único remedio consistía en ilustrar y moralizar a los pueblos; nunca restringiendo ni recogiendo lo que es un efecto necesario del mismo gobierno, sino es que queramos mudar su forma y esencia (…).434

Los diputados José Manuel González Ba-llesteros, Garza García y Francisco Arroyo se opu-sieron a los cuestionamientos de González alegando “que no eran los derechos del pueblo los que ataca-ba la ley, sino que la ley atacaba la manera tiránica de algunos que pretenden contrahacer, suplantar, oprimir la voluntad general haciendo prevalecer la suya propia para que su partido se apodere de todo.

Como parte de la discusión nacional, en el Congreso de Nuevo León se dis-cutió y aprobó la expulsión de los es-pañoles no gratos.

Obviar esto no es variar ni enmendar la constitu-ción: es sostenerla, conservarla, defenderla: es im-pedir que la arruinen por el pie esos que a la fuerza de maña quieren que su particular voluntad preva-lezca sobre la voluntad de todos (…)”.435

Finalmente, el decreto que fue aprobado con una mayoría (9 de 10 votos) muestra la fuerte pugna y discusión de los partidos que en Nuevo León iban alienando cada vez para principios de 1829; por otro lado, la regulación de las elecciones por medio de una comisión del Ayuntamiento por parte de un grupo conservador no estuvo dirigida precisamente a tratar de llevar con orden el proceso de elecciones, sino a tratar de dominar por comple-to en su favor la gubernatura y coartar las libertades de los ciudadanos y su voto. Todos estos problemas se harían más evidentes a medida que el enfrenta-miento entre ambos grupos encaminara la lucha por la disputa del poder en los próximos años.

Aunque la lucha partidista se hacía presen-te en el estado, el Gobierno se ocupó de proble-máticas más inmediatas y, ciertamente, aunque el gobierno de Nuevo León no simpatizara en lo ab-soluto con el presidente Guerrero, estos aplicaron con afán la política proteccionista local en contra del comerciante extranjero.436

Este sentimiento antiextranjeros, presente en las disposiciones del gobierno local, y la inspec-ción realizada en todos los extranjeros circulantes o residentes en la región en los primeros meses de 1828,437 tuvo también su efecto en la representa-ción que el Ayuntamiento de Monterrey dirigió al Congreso local, este escrito exhortaba a remediar, a extinguir el comercio extranjero, “especialmente el norteamericano”; pues “el nocivo comercio, la defraudación de rentas, el aumento de las ventas en mercancía en la capital del estado en perjuicio del comerciante nuevoleonés”.438

Por ello, el siguiente año el gobierno de Joaquín García expidió un decreto que regula-ba las negociaciones con extranjeros, en el bando se declaró extranjeros “a todo negociación cuyos


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agentes venga algún extranjero aunque sea mero criado o muchacho mozo de tienda”, expresando además las correspondientes sanciones en caso de cualquier fraude.439

Sin embargo, ningún hecho causó tanta ex-pectación y alarma en ese tiempo como la noticia sobre la invasión española en Tampico. La invasión y reconquista por parte de España siempre fue un temor presente en el México independiente, cons-tantes rumores iban y venían, hasta que el temor se hizo realidad con las noticias circulares sobre la preparación de una expedición española proceden-te de la Habana,440 por fin las fuerzas españolas apa-recieron a finales de julio por Tampico, Tamps.441

Enseguida, el Congreso Nacional, que ya en marzo de 1829 había promulgado una segun-da ley de expulsión más estricta en contra de los españoles,442 otorgó facultades especiales al presi-dente Guerrero para hacer frente a la invasión ex-tranjera. Al mismo tiempo se activaron los cuerpos de milicias; en Nuevo León, el gobernador Joaquín García, en conjunto con los oficiales militares, dis-puso el ordenamiento de la milicia cívica para ser montada y armada, ejercicio que se tornó dificulto-so por la falta de instrucción, disciplina y armas.443

Basándose en la inexperiencia y la falta de disciplina, el gobierno de Nuevo León retrasó continuamente el auxilio de las divisiones de su milicia cívica bajo la reserva de que esta acción sólo ocasionaría gastos y era mejor esperar el momento oportuno.444

Parte de esta situación, unida al sentimien-to hostil que el gobierno nuevoleonés manifestaba con el presidente Guerrero, provocó los ataques del periódico yorkino El Correo, que acusaba al estado de “poco entusiasta en la participación de la de-fensa contra los invasores españoles, acometiendo además sobre la campaña y el servicio prestado por el estado de Nuevo León”.445

Sin embargo, el apoyo y el esfuerzo de los nuevoleoneses se manifestó en las cartas de di-

versas dirigidas al coronel Julián de Arrese, otra del comandante de la milicia cívica de Cadereyta Jiménez, don Félix Rodríguez, y otras notas per-tenecientes a don Felipe de la Garza.446 Debido a la urgente situación, el gobierno federal decretó un préstamo forzoso destinado a los gastos de guerra para cada una de las entidades federales, corres-pondiendo a Nuevo León 17, 248, Coahuila y Texas 47.414 y Tamaulipas 26.000.447

La colección del donativo en una “prueba de pureza y legalidad de sus procederes”448 en la defensa y unión del país se ejerció exhortando a los ciudadanos especialmente el de los ciudadanos propietarios y pudientes, para ello se formó una junta de nueve individuos escogidos en lo cinco partidos del estado, esta junta estuvo compuesta por el señor gobernador, dos sujetos del cabildo eclesiástico: don Juan Bautista Valdés y don Pe-dro Antonio Esnal, y los señores Manuel Gómez de Castro, José María Parás, don Pedro de la Gar-za González, don Pedro Fernández, don Julián de Llano y don Manuel Pérez.449

Las contribuciones fueron de 1000 a 100 pesos y se incluyeron doce haciendas, de las cuales ninguna se ubicaba en la capital de Monterrey,450 incluso el gobernador cedió su sueldo para ayudar en los gastos de campaña;451 así, de manera general, el empréstito forzoso fue sacado de los capitalistas nuevoleoneses bajo las garantías correspondientes y en calidad de provisional.452

Los sacrificios fueron recompensados en septiembre de 1829, fecha en que logró ser sitiado y derrotado el enemigo por las fuerzas convergentes de Manuel Mier y Terán, de Tamaulipas, y de San-ta Anna, de Veracruz, personaje en quien recayó la gloria.453 Las noticias sobre la capitulación fueron recibidas en Nuevo León con repiques, ilumina-ciones, colgaduras en las calles, sermón, misa de gracias y Te deum en la catedral;454 afirmando con ello mucho del sentimiento sobre un país libre e in-dependiente.


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5.5. La efervescencia política en Monte-rrey (1830-1831)

Para el término de 1829, el gobierno del presiden-te Guerrero, el cual se había distinguido por ser una coalición de elementos heterogéneos que in-cluía liberales progresistas o federales, que había colaborado con el imperio de Iturbide como José María Bocanegra en la Secretaría de Relaciones y Lorenzo de Zavala en Hacienda; así como de fac-ciones ajenas al yorkinismo, procedentes tanto del iturbidismo como del naciente santannismo, entre los que se encontraban Anastacio Bustamante en la vicepresidencia o José María Tornel, gobernador del Distrito Federal, se derrumbaba en medio de un periodo de crisis, en la que la aplicación de la segunda ley de expulsión en contra de los españo-les, la amenaza de la invasión española, los severos

problemas económicos como: la implementación de la política proteccionista, menores ingresos en las aduanas, desaparición del monopolio del tabaco y la aparición de los agiotistas como importantes inversionistas: terminaron por agitar y romper la coalición que lo había llevado al poder.455

La presión de las fuerzas opositoras obligó al presidente Guerrero a pedir la salida al diplomá-tico estadounidense Poinsett y a declarar la amnis-tía a los implicados en el plan de Montaño. No obs-tante, los temores de los sectores conservadores se habían ido acrecentando por las propuestas vertidas en el periódico yorkino El Correo, las cuales habla-ban sobre la aceptación de la tolerancia religiosa y sobre las elecciones directas en lugar del compli-cado sistema indirecto. La situación se complicó más con los constantes rumores de una revuelta re-lacionada a la formación de un régimen centralista, siendo efectivos con el golpe de Yucatán, donde la guarnición militar de Campeche manifestó su de-seo de adoptar el régimen centralista.456

Semanas después, el 4 de diciembre, las fuerzas armadas de Xalapa, a la orden de Ignacio Inclán y José Antonio Facio y otros oficiales, pre-sentaron un plan en defensa del federalismo contra el centralismo, exigiendo un cambio en el gabinete de gobierno, la reunión del Congreso para reunio-nes extraordinarias y la suspensión de las faculta-des extraordinarias del Ejecutivo. A la cabeza del movimiento se colocó el vicepresidente Anastacio Bustamante.457

El presidente Guerrero salió a batalla, pero pocos días después se pronunció la guarnición de la capital al mando de Luis Quintanar y otros militares de derecha como Pedro José Romero de Terreros, Miguel Cervantes, Ramón e Ignacio Ló-pez Rayón. La resistencia fue precaria debido a la rápida y extensa adhesión de los militares al Plan de Xalapa, y el apoyo de los propietarios, el clero, avanzó de forma incontenible; el 31 de diciembre de 1829 Bustamante dirigió su ejército a la capital y se hizo cargo del poder ejecutivo, apoyándose

Anastacio Bustamante, militar que fue presidente de México.


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en las clases privilegiadas, las jerarquías militares y eclesiásticas y por políticos conservadores como Lucas Alamán.458

El fraude electoral de diciembre de 1830, teoría de la conspiración

El gobierno de tipo conservador de Anastacio Bus-tamante coincidió con la gobernatura del conocido centralista Joaquín García en Nuevo León. Como ya se había mencionado con anterioridad, la lucha partidista en Nuevo León había mantenido ocupa-do al Congreso local, reformando la Constitución local para solucionar el problema del repartimiento de listas en el proceso de elección de los dignata-rios del poder político. El grupo de Manuel Ma-ría de Llano había llegado a tener una presencia e influencia importante, valor que se mostró signifi-cativo con la llegada al poder en distintos puestos políticos.

Esta problemática quedó en evidencia cuando, el 5 de diciembre de 1830, Manuel de Lla-no, en compañía de Francisco Iglesias y Pedro Tre-viño, fueron nombrados secretario y escrutadores, respectivamente, en la junta primaria de elecciones del Ayuntamiento de Monterrey. Juntos presencia-ron y levantaron el acta correspondiente de la junta; sin embargo, ésta no prosperó debido a la denuncia de Cristóbal Sánchez, un miembro de la comisión del Ayuntamiento, quien declaró una serie de irre-gularidades en el proceso que acusaban directa-mente al secretario y escrutadotes de manipular las elecciones.

Entre las acusaciones se encontraban: per-misión de votos ejercidos a personas que no habían pagado la contribución directa, haber insultado a la comisión del Ayuntamiento, burla en contra de las listas que no eran de su séquito,459 todas estas irregularidades provocaron un escándalo y los in-dividuos que antes se conocían como masones yor-kinos se convirtieron abiertamente en una facción o partido opositor que se declaraba como “represen-tante del pueblo”, soberanía que constitutivamente

pertenecía al Congreso local. Una averiguación del asunto hecha por el alcalde 4º del Ayuntamiento de Monterrey, Juan de la Garza Ayala, declaró la nuli-dad de las elecciones primarias, siendo el principal vicio “haber encontrado 34 listas de la misma mano y letra (…) siendo el vicio más claro el del reparti-miento de listas”.460 Nulidad que el Congreso local corroboró mediante una nueva regulación de listas y la expedición del correspondiente decreto.461

Manuel de Llano presentó su queja de in-conformidad al Congreso local, y éste ordenó su aprehensión por atreverse a negar a la representati-vidad y legalidad del cuerpo legislativo en el proce-so de elección.462 El Congreso local, liderado por el grupo de Francisco Arroyo, lo acusó de iniciar, el 5 de diciembre, un “partido o facción desorganizado-ra”, y agregó respecto a de Llano: “Él fue marcado en México, en 1828, como adicto a Guerrero y a la facción desorganizadora que elevó a este hom-bre inepto. No ha dado hasta ahora prueba alguna de su arrepentimiento, ni hay un solo hombre que pueda testificar que ha mudado de ideas”.463

Con el temor de que aun Manuel de Lla-no pudiera influir en el proceso de elección, se le mantuvo en rigurosa prisión e incomunicado por orden del juez de su causa, Juan de la Garza Ayala, al tiempo que sólo fue liberado uno de los escru-tadores, Francisco Iglesias.464 Los alcances de esta situación llegaron a proporciones inimaginables, al grado de que a Manuel de Llano y su grupo se les acusó de estar fraguando una conspiración, en la que de Llano era el autor principal y sus colabora-dores cómplices de una revolución.

Esta acusación, que fue motivada por la declaración y denuncia de un militar que custodia-ba a De Llano, el sargento Segundo de la Garza, quien informó que el ciudadano Refugio Flores, con palabras de querer seducirlo, lo había citado a una conferencia para tratar sobre el plan de dar un grito en tres días para que la milicia cívica sos-tuviera las elecciones primarias a favor de Manuel de Llano y “expresar la voluntad del pueblo que este individuo obtiene el gobierno para poner re-


160

Las clases sociales bajas se vieron perjudicadas por las luchas entre partidos.

medio a los abusos”.465 La teoría de la conspiración fue muy controversial, pero gracias a la defensa y los argumentos del licenciado Luis Gonzaga, los liberales pudieran quedar libres y en el goce de su ciudadanía.466

Pero Manuel de Llano continuó encarce-lado y dirigió al gobernador García una represen-tación en que exponía su opinión respecto a los mandatarios políticamente elegidos, y aclaraba que no se le imputara a él y su facción desorganizadora, “los esfuerzos de los pueblos libres que se agitan y conmueven por la amovilidad y renovación de sus mandatarios que ‘perpetuándose quieren hacerse necesarios, como lo experimenta Nuevo León’”.467

Esta representación no tuvo efecto alguno para agilizar el proceso de liberación de Llano, mas al ser repartido en Monterrey fue considerable su influencia al manifestar que la anulación de las elecciones era una acción encaminada a perpetuar en los empleos a sus opositores.468

Aparición de El Antagonista de Nuevo León y la eferves-cencia política

Ante las constantes exhortacio-nes De Llano para liberar su causa y los ataques de que era objeto por medio del periódico oficial del gobierno La Gace-ta Constitucional,469 Manuel de Llano planeó establecer un periódico. El proceso se inició cuando uno de los hermanos De Llano contactó en Saltillo al es-critor Juan José de la Rosa Me-léndez470 para ser redactor, de este modo sus hermanos Rafael y Julián de Llano, quienes en ese momento ejercían como fun-cionarios de gobierno, llevaron a cabo el proyecto para: “plasmar

sus ideales liberales y criticar los vicios de poder del gobierno que ellos mismos representaban” .471

Finalmente, De Llano y Pedro Treviño Pereyra salieron libres en enero de 1821, gracias a la consulta hecha al asesor general quien declaró

Lista de regulación de votos hecha por el Congreso local sobre las elecciones del 5 de diciembre de 1830.


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Ejemplar del periódico El Antagonista de Manuel María de Llano.

Manuel María de Llano, liberal regiomontano.

como arbitrarias las providencias de no permitirles fianzas ni de-fensor.472 Ya en casa, Manuel de Llano reunió a sus amigos y les presentó el proyecto de estable-cer un periódico que vio la luz el 25 de febrero de 1831, este primer número expresó su propósito de ser “un medio ilustrativo y dig-no del público, proponiéndose ser una fuente de saber para el pueblo para así defenderlo de las irrupciones arbitrarias del poder”.473

El costo del periódico era de 3 reales mensuales con la con-dición de pagarlo trimestralmen-te y por adelantado. Los primeros números fueron impresos en Leona Vicario (Saltillo, Coahuila) y eran vendidos en la casa de Pedro Treviño y Perey-ra. Y el lema del periódico era el siguiente “Tiranos alimenta perpetuidad: Termino pone al mando, la libertad”, tácito.474

Con la creación de este periódico comenzó una lucha controversial de ideas, posturas y ver-siones entre El Antagonista de Nuevo León y La Gaceta Constitucional, pues ambas prensas se con-virtieron en importantes instrumentos de difusión de las ideas políticas de cada uno de los partidos existentes en Nuevo León.

Establecido El Antagonista, dedicó sus primeros números, como lo había explicado en el prospecto del primero, a “exponer los abusos y críticas hacia el gobierno”, su crítica era explícita-mente lanzaba contra la perpetuidad de los puestos públicos.475

Los ánimos apenas se calentaban y el primer incidente de relevancia se suscitó por un artículo suscrito en la Gaceta Constitucional del 14 de julio, este escrito era la respuesta ante la crítica que El Antagonista había hecho sobre el fuerte gasto que el Estado sufragaba para que estudiantes de medicina

continuaran sus estudios fuera del estado. La Gaceta acuso a El Antagonista de curandero to-lerado por la falta de facultativo (una clara alusión a la persona de Manuel de Llano).476

Manuel María de Lla-no presentó una acusación por injurias al alcalde 2º Mateo Quiroz en contra del responsa-ble del escrito, quien resultó ser Felipe de Mier,477 sin embargo, ambos implicados no pudieron convenir sobre un juicio de conciliación,478 formalizándose la causa ante el alcalde 1º Iri-neo Castillón, quien bajo el art.

46 de la ley federal mandó citar a los 15 miembros


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pertenecientes al jurado de imprenta, en un acto de tendencia ilícita el jurado desechó la denuncia de Manuel de Llano.479

El periodismo nuevoleonés de La Gaceta Constitucional y El Antagonista

Pero el juicio más controversial entre La Gace-ta Constitucional y El Antagonista es sin duda la denuncia de Lorenzo Antonio Melo en contra del periódico liberal. La causa fue la crítica que Ma-nuel María de Llano vertió en El Antagonista no. 20 en la persona del gobernador Joaquín García. El nombre del artículo era “Gaceta de gobierno”, y expresaba un duro ataque al órgano oficial del gobierno al que inculpaba de destruir a los ciuda-danos, especialmente el de Manuel de Llano, agre-

Gazeta Constitucional fue el primer periódico del estado de Nuevo León, su primer número salió el 3 de agosto de 1826.

gaba además que el causante de tales ofensivas en contra de los ciudadanos y de la destrucción de los cimientos de la constitución nuevoleonesa era don Joaquín García.480

El impresor Lorenzo Antonio Melo denun-ció el artículo bajo la causa de injurias y calumnias a la dignidad del gobierno y exigió averiguar el au-tor del escrito. En seguida se presentó Manuel M. de Mier, impresor de El Antagonista y reveló como responsable a Manuel María de Llano.481 Sin pro-ceder al arreglo mediante el juicio de conciliación, y con la declaración hecha por el alcalde 3, Pedro de la Garza Ayala, de ser injurioso a la autoridad del gobierno el escrito no. 20 de El Antagonista, el go-bernador exhortó la orden para proceder al arresto de Manuel María de Llano “por la altanera y falta de respeto en que trata en el citado número a las autoridades minando su concepto y provocando escandalosamente la desobediencia, la desorden y la anarquía”.482

Ante esto, de Llano abogó que apegándose al art. 22 de la Ley Federal del 14 de octubre de 1828, que sólo se debía exigir fianza previa califi-cación del jurado de ser injurioso el escrito,483 con esta razón logró una detención domiciliaria y el licenciado Valeriano Borrego, asesor letrado del estado, recomendó proceder a escuchar al fiscal de imprenta y calificar el impreso. Pero el alcalde 4º, Juan de la Garza Ayala, en su carácter de juez de primera instancia, ordenó un auto de arresto en la casa de beneficencia para Manuel María de Lla-no.484

Manuel de Llano no perdió tiempo y acu-dió con Guadalupe Treviño y Francisco Mier, en calidad de testigos, se presentó ante el Alcalde 4º Garza Ayala, y dijo no reconocerlo como juez de causa, exigiendo un jurado de imprenta como juez nato, y en un acto de desobediencia y desafío se dispuso a marcharse a su casa.485

En tanto Garza Ayala, dispuesto a hacerse obedecer, pidió se le franqueara la guardia de sol-dados del alcalde 1º Irineo Castillón. Y entre 8 y 9


163

La libertad de prensa en Monterrey provocó grandes con-flictos entre el gobierno civil, los eclesiásticos y la socie-dad.

de la noche del día 3 de agosto, dos o tres solda-dos con fúsiles acudieron a casa de De Llano y fue apresado y conducido a la cárcel pública.486 Ante esta nueva vejación, De Llano, incomunicado y en rigurosa prisión, sin poderse llevar a cabo su juicio no tuvo otra salida que dirigir una solicitud de in-dulgencia al gobernador del Estado.

En la representación de De Llano explica-ba los padecimientos de los que había sido víctima, su desgracia, decía, “ha consistido en que se le ha creído autor de los vicios, y defectos que se notaron en aquellas elecciones”, “su honor se vio retratado con los negros colores de guerrerista, anarquista y desorganizador, designado como autor y reo prin-cipal de los desórdenes, tachado aún de conspira-ción y sufriendo una rigurosa prisión”.487

Respecto a El Anta-gonista, relató: la reparación de su honor, le hizo conce-bir el proyecto de realizar un periódico, que tuvo por efecto la asociación de varios compañeros y que entre otras cosas creyeron conveniente censurar algunas providen-cias y actos públicos de los que se persuaden más opre-sivos a su persona (…), para ver si de esta suerte lograban algún remedio (…).488

Este escrito fue pre-sentado al gobernador por su hermano Rafael de Lla-no, quien llevó consigo la edición de El Antagonista no. 21 que había recogido a su hermano, y le prometió al ejecutivo que dicho periódi-co jamás vería la luz pública.489 El Congreso, sa-tisfecho del arreglo, decretó un impreso en que se declararon a los inculpados en los acontecimientos

del 5 de diciembre de 1830 como libres y en el ejer-cicio de sus derechos, declaró el cese de las causas, aclarando que el gobierno guardaría los expedien-tes bajo el reparo de abrir nuevamente el proceso de serle necesario.490

Esta última condición fue la causa de que Manuel de Llano, ya en libertad, no respetara el acuerdo expedido por el gobierno, por lo que de-claró que renunciaba al citado beneficio por serle gravoso.491 Supuestamente derrotado, y con la apariencia de aceptar su culpabilidad ante los he-chos, Manuel de Llano publicó El Antagonista 21, del 4 de agosto, e incluyó un artículo en el cual de-nunció que el gobierno no dejaba de acusar y per-seguir a sus enemigos.492

La lucha se abrió de nuevo y la Gaceta ta-chó a los liberales de ser unos hombres miserables con un frenético y temerario em-peño por gobernar, acusó a De Llano y sus compañeros de haber burlado traidora y alevosamente al Gobierno y al Gongreso mismo, y sobre la publicación de las protes-tas en El Antagonista expre-só: “su objeto no fue otro que procurarse una tregua mientras el Congreso que pudiera dictar medidas que lo escarmentaran se disolvía para volver de nuevo a la carga”.493

El Gobernador acu-dió a la junta consultiva de gobierno presentando El Antagonista 21, y les pidió tomar providencias en contra

de los editores; porque: “era excesivo el abuso de la libertad de imprenta que hacían esos hombres y el desacato con que trataban a la autoridad”.494 La


164

junta recomendó remitir todos los documentos a la legislatura, “manifestando los funestos efectos que ha producido y puede producir en todo el estado la publicación del periódico Antagonista en los térmi-nos que hasta ahora lo ha verificado”.

Mientras que en el Congreso pensaban en las posibles medidas para poder acabar con El Antagonista, la influencia del periódico continuó creando polémica. En especial Rafael de Llano quien, como presidente del Tribunal Superior de Justicia, comenzó a tener enfrentamientos con el segundo magistrado de Justicia, Juan Nepomuce-no de la Garza y Evia, a quien acusó de promover “la cizaña, fomentar odios y venganzas personales entre el gobierno y particulares”.495

El Antagonista se convirtió en tribuna de Rafael de Llano, y el gobierno, que ya entonces sospechaba de la participación de Rafael en dicho órgano, confirmó sus sospechas con la aparición de El Antagonista número 26,496 declarando entonces “que les causaba que un magistrado de audiencia apoyara las doctrinas anárquicas y sediciosas de un periódico como El Antagonista.497

El fin de El Antagonista sobrevino tal y como había iniciado, en medio del escándalo. La lista de jurados autorizada por Lorenzo Antonio de Melo para la causa de Manuel de Llano, como ofi-cial mayor de la Secretaría de Gobierno, y no por el secretario de Gobierno como correspondía, se con-virtió en la cruzada de El Antagonista no. 29.498

Lorenzo Antonio se defendió de la acusa-ción, diciendo haber autorizado la lista por hallarse enfermo el Secretario de Gobierno. Posteriormente denunció ante el alcalde 3º Pedro de la Garza Aya-la, a El Antagonista por injurias; luego se mandó ci-tar al impresor del periódico liberal, Manuel María Mier, quien se negó a revelar el nombre del autor del escrito; entonces se designó como responsable a Andrés Elizondo, un criminal que se hallaba en la cárcel con causa pendiente.499

Mier fue condenado a un mes de prisión por no colaborar con las autoridades, y apeló su

causa, petición que fue declarada inadmisible por el magistrado de la tercera sala, licenciado Dávila Prieto, “por no haber documentación acerca de los hechos, ni acusación de ellos por la parte agraviada como la única legítima”.500

El número 30 fue la última edición de El Antagonista, número que hacía referencia a la causa de Mier y Elizondo. A partir de entonces ya no se tiene noticia de este periódico. Un artículo firmado por El Censor, inserto en la Gaceta no. 274, con fecha de 20 de octubre, lo proclamó así:

Para la felicidad del género humano pasó ya y para no volver jamás, la funesta época de horror y tiranía en que algunas familias pre-válidas de la injustas prerrogativas sobre las sociedades, e investidas al canto de cuantos vicios es susceptible la fragilidad huma-na, dominaban y disponían a su antojo de la suerte de los pueblos, considerándolos

Suplemento de la Gaceta Constitucional.


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Lucas Alamán y Escalada fue la personalidad más controvertida del Partido Conservador.

como un rebaño de ovejas que constituían su legítimo patrimonio: esta época de ab-jección y abatimiento voló para siempre de Nuevo León, según el art. 2 de la consti-tución.501

La Gaceta declaró además que el público había sido testigo imparcial y discreto de la contien-da, y que ésta ha sido cerrada a favor del gobierno, añaden que el pueblo debe aprender a reconocer los enemigos del estado, aspirantes políticos, como El Antagonista.

De esta manera terminó oficialmente la lucha política entre el periódico oficial la Gaceta Constitucional, bastante representativo del desa-rrollo de la ideología política local, lo cual lo con-virtió en el órgano expositor de la élite dominante mayoritariamente moderada y conservadora, y del primer periódico opositor del Estado, El An-tagonista, “defensor de las doctrinas democráticas puras, de la no reelección, separación de poderes constitucionales del poder electivo”.502

La influencia de las corrientes políticas de la época, como el liberalismo gatidiano, y el deli-neamiento del posterior federalismo, aunado a la llegada de la masonería la región, causaron una progresiva transformación dentro de la ideología de la élite local de principios del siglo XIX. Los cam-bios dentro de la élite rebelaron la aparición y lucha de un grupo liberal progresivo, liderado por Ma-nuel de Llano, en oposición a un grupo moderado y conservador, grupo al que pertenecían el doctor Francisco Arroyo y Joaquín García.

Las elecciones de diciembre de 1830 exhi-bieron por fin la existencia de ambos grupos y la contienda por el poder, una polémica lucha perio-dística entre “los hombres de bien”,503 y la conside-rada “facción jacobina”. Sin embargo, esta oposi-ción por parte del grupo liberal no terminó con la desaparición de El Antagonista, sino que continuó hasta el término del periodo de gobierno de Joa-

quín García y Anastacio Bustamante, aguardando el momento de llegar al poder y poner en práctica sus doctrinas, como veremos más adelante.

5.6. El gobierno centralista de don Anas-tacio Bustamante y de don Joaquín Gar-cía; la llegada al poder de los liberales progresistas de Manuel de Llano

Los sectores de las clases dominantes como cleri-cales conservadores, liberales moderados, militares profesionales, iturbidistas y desarrollistas pragmá-ticos, representados por Lucas Alamán, se habían unido en torno al gobierno de don Anastacio Bus-tamante, quien había ascendido el poder “conside-rando que Guerrero504 había quedado incapacitado para ejercer el mando”, la resistencia del periodis-mo de oposición terminó con la desaparición o la censura, y la reacción de los estados inconformes fue aplacada o negociada con el gobierno y el Con-greso nacional.505


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Con un sólido apoyo de la clase alta, el go-bierno, mediante el ministro de Relaciones, Lucas Alamán, puso orden en la administración y los im-puestos, con lo que se logró el aumento de los in-gresos y la reducción de los gastos. Favoreció ade-más la creación de un Banco de Avío para estimular el desarrollo de grandes proyectos industriales y se favorecieron los intereses de los grupos de artesa-nos, medidas que le ganaron el favor de importan-tes sectores de la población. Se recuperó el ramo de la minería estimulado por el capital británico, y se empezaron a construir fábricas textiles en Puebla y en la cercana Orizaba, Querétaro, Guadalajara.506

Las aspiraciones del gobierno nacional para desarrollar o fomentar la industria, el comercio y la agricultura eran ideales muy fijados dentro la élite local nuevoleonesa; aun así, ésta se encontraba dividida en grupos, ambos coincidían el progreso del Estado. Esta identificación de ideales es per-ceptible dentro del gobierno paternal y progresista de Joaquín García.

Una imagen de la capital del estado, en el tiempo de las elecciones de diciembre de 1830, nos permite observar una distribución de clases entre las que se encontraban “758 criadores, 937 labra-dores, 795 sirvientes, 562 artesanos, once maestros de escuela y 32 dueños de atajos”.507

Se incluye en la nota estadística la pequeña industria, la cual registró 37 zapaterías, 27 herrerías, 24 sombrererías, 7 platerías, 28 telares de fresadas, 3 curterías, 15 alfareros, 43 albañiles, el comercio 27 tiendas de ropa, 69 tendajos con 76 comerciantes, tres billares y una plaza de gallo.508

Éste era el panorama con el que el gobierno de Joaquín García ejerció su mandato; y al término de 1831 se le reconoció por su “imparcialidad, recti-tud e integridad”, cualidades del verdadero “hom-bre de bien” que dirigió la nave del estado en tiem-pos que la “borrasca de las pasiones que se apoderó de la imprenta” (refiriéndose a la confrontación

entre el gobierno y el grupo de Manuel de Llano), que por fortuna y satisfacción ha desaparecido.509

En buena medida, no obstante la lucha de facciones y las críticas vertidas entre ambos ban-dos; el gobierno de García se dedicó a atender problemáticas inmediatas como la sublevación de las tribus comanches que amenazaban a las po-blaciones fronterizas, y se ocupaba también, un tanto desalentada, de la promoción de la industria del país, la cual se reducía a los tejidos de algodón y lana de pueblos como Abasolo, San Nicolás de Hidalgo y otros, constantes iniciativas en ámbitos hacendarios expuso el ejecutivo para mejorar desde las utilidades de la feria local, las ganancias de la extracción del ganado menor y del piloncillo del estado.510

Igualmente, se debe hacer mención de la ejecución del primer proyecto de alumbrado de la ciudad, “para el bien que resulta a la moral y la pro-tección de personas y propiedades”.511 Para dicho proyecto de utilidad y ornato se formó un presu-puesto de la construcción de faroles y se acordaron por la Legislatura del Estado, los arbitrios corres-pondientes, pero siendo insuficientes, se convino ingresar fondos de propios en los ramos de contri-bución, multas, licencias de baile, la pensión del ejido de cabras lecheras, cobro de solares de arren-damiento pertenecientes a la ciudad, arrendamien-to del agua de la toma de Santa Lucía en auxilio de la causa.512

Pero en 1832, la población de Nuevo León empezó a experimentar diversos problemas. En-frentó una gravosa seca que acrecentó el fervor re-ligioso, pues el Ayuntamiento de la ciudad acordó traer del pueblo de Guadalupe la imagen de cristo crucificado, con el fin de venerarlo y pedirle el en-vío de lluvias tan necesarias para los sembrados y la salud pública.513

También encaró un conflicto con el go-bierno de Tamaulipas, cuando éste a pretexto de


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Los primeros años del México Independiente se convirtieron en la etapa de las revoluciones de Antonio

Lopez de Santa Anna.

reclamar 400 fúsiles, amenazó invadir al Estado de Nuevo León.514 Y no obstante que el Estado te-nía sobrados elementos para repeler con ventaja la agresión, se juzgó conveniente un arreglo que puso fin a las hostilidades.515

De la misma manera, y no obstante el ópti-mo crecimiento económico, el régimen conservador y autoritario del presidente Bustamante, que había acallado a toda resistencia, empezó a generarse una oposición legal que se diferenció de la más violen-ta que empezaba a surgir en varias partes del país. A esta oposición legal se fueron sumando algu-nos liberales moderados que no estaban del todo de acuerdo con la orientación conservadora de la mayoría de los escoceses, además de federalistas y algunos restos del pedracismo.516

En enero de 1832 ocurrió un nuevo pronun-ciamiento en el país, Santa Anna se había levantado en armas en el Plan de Veracruz bajo la demanda de un cambio en el ministerio del gobierno, a él se le unieron aliados del puerto de Tampico. Este he-cho mantuvo al gobierno ocupado a fines de marzo, pues sitió a los sublevados, mientras que el coman-dante Manuel de Mier y Terán hacia lo propio con el gobierno de Tamaulipas.517

La noticia sobre el pronunciamiento de la guarnición de Veracruz fue recibida con total desagrado en Nuevo León, donde la legislatura se ocupó de romper el silencio, y tachó a Santa Anna de “ingrato general” que “ha burlado las medidas de paz y conciliación que el supremo gobierno con ‘dulzura y moderación’ ha brindado”. Indignada y en total desacuerdo por el plan revolucionario y an-ticonstitucional, la Legislatura juzgó conveniente reprimirlo.518

Y agregó: “¿Cómo pues por la débil y sim-ple petición del general Santa Anna, sin el principal apoyo de la opinión pública, desorganiza el orden preservado por la carta federal?, ¿y cuando menos por la protesta temeraria de sostener su plan con la espada que ha creído reguladora del destino de los mexicanos? (…) Téngase pues por traidor y por un

hijo expureo aborto de la naturaleza”.519 Respecto a los informes del comandante general de los Esta-dos de Oriente, Manuel Mier y Terán, sobre que las guarniciones de Pueblo Viejo y ciudad de Tam-pico que se adhirieron al plan general Santa Anna, el estado de Nuevo León ordenó esperar las indica-ciones del presidente para poder auxiliar a la peti-ción del comandante general y de la propia milicia cívica, quienes pedían el apoyo del Gobierno del Estado para involucrase en la lucha de la conserva-ción de las instituciones atacadas; mientras tanto, el gobierno se dedicó a dictar las medidas concer-nientes para la seguridad y preservación del orden interior del Estado.520

Con el mismo objeto, el gobierno decretó, en octubre, un préstamo forzoso por la cantidad de 10, 000 pesos para cubrir las urgencias del Estado, motivo por el cual se organizó una junta entre todos los capitalistas, comandantes y hacendados del es-tado, a los prestamistas se les pagaría un 5% anual sobre las cantidades prestadas.521

También se cuidó de evitar cualquier tipo de subversión, producto de la contienda civil, cui-dó especialmente la relación con el vecino estado de Tamaulipas por medio de un convenio que fue encargado a los comisionados don Manuel de Lla-no y don Francisco, en el mismo se anotaron como puntos: “el respeto entre ambos estados que debe-rán sujetarse en sus opiniones y votos en la actual contienda al de la mayoría de la nación”, el cuidado


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de la frontera de Texas para cuyo fin se invertirían los productos aduaneros del puerto de Matamo-ros, dar de baja a los cuerpos que en ambos esta-dos e habían levantado con el objeto de defender u ofenderse, no perjudicar a los emigrados de ambos estados debido a sus opiniones políticas y dirigir conjuntos esfuerzos para contener las correrías de las tribus salvajes.522

Mas la lucha civil aumentaba conforme transcurrían los meses, y a la oposición del gobier-no centralista del presidente Bustamante se suma-ron los estados de Zacatecas, el Estado de México, Guadalajara; para mayo de 1832 el gabinete del go-bierno general entró en crisis, Lucas Alamán y José Ignacio Espinosa renunciaron a sus puestos. En agosto del mismo año, en un intento de reconstruc-ción política para salvar el gobierno, Bustaman-te ofreció a la oposición legal una cohabitación, medida que fue aceptada. En seguida se hicieron cambios en el gabinete y se eligió a Melchor Múz-quiz como presidente sus-tituto. 523

Sin embargo, el desorden nacional conti-nuó y los rumores sobre el fin de régimen eran una realidad; Santa Anna rom-pió el pacto de armisticio que el Gobierno había logrado con anterioridad, envió tropas a Toluca y para principios de octubre ocupó Puebla; el gobierno envió comisionados para negociar un cese al fuego, el 13 de octubre fue toma-da la decisión de llamar a Gómez Pedraza para que

regresara de Nueva York y ocupara brevemente la presidencia.

Por último, el 23 de diciembre de 1832, Anastacio Bustamante, Antonio López de Santa Anna y Gómez Pedraza pusieron fin a las revueltas mediante el convenio Zavaleta. Más tarde se con-vocó a elecciones en los meses de febrero y marzo de 1833; y posteriormente el Congreso nacional, mediante los votos de las legislaturas, declaró pre-sidente a Santa Anna y vicepresidente a Gómez Farías.524

En la práctica, la jefatura del ejecutivo fue ejercida por Gómez Farías, quien llegó al poder apoyado por una coalición que incluyó a federalis-tas, expedrecistas y a liberales progresistas.

Nuevo León había reconocido, desde me-diados de 1832, el nombramiento de presidente de Gómez Pedraza, y también, en agosto del citado año, la guarnición del estado de Nuevo León se

adhirió al pronunciamiento de la legislatura de Zacatecas y al Plan de Santa Anna en Puebla. En octubre se desig-naron diputados al Congreso nacional al Licenciado José de Jesús Dávila y Prieto y como suplente al doctor José Bernardino Cantú. Final-mente, a mediados de enero de 1833, el recién electo Con-greso local decretó la acepta-ción del plan Zavaleta para la pacificación del país y ratificó el reconocimiento de Gómez Pedraza como jefe de la na-ción. 525

En febrero de 1833 el Estado llevó a cabo las elec-ciones de gobernador y vice-

Valentín Gómez Farías. Reformador Liberal.


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gobernador del estado; siendo nombrados, respecti-vamente, el muy apreciado don Manuel Gómez de Castro y el liberal don Manuel María de Llano.

De forma casual así como el ejercicio del ejecutivo fue constituido por la persona Manuel Gómez Farías; la renuncia de don Manuel Gómez de Castro en el cargo de gobernador provocó el as-censo tan ansiado, al menos por parte de los segui-dores de este liberal progresivo, de Manuel María de Llano como gobernador del estado de Nuevo León.

El 4 de marzo de 1833, día que ascendió al poder, Manuel de Llano lanzó un manifiesto en el que proclama el triunfo de las ideas liberales:

me habéis visto siempre a la vanguardia de la causa del pueblo: mis constantes anhelos por tan plausible decisión, sabéis cuántas contradicciones, padecimientos y perse-cuciones me han acarreado, envolviendo aún a toda mi familia: las ideas liberales, no podían dejar de triunfar y las reiteradas elecciones populares para la renovación de los funcionarios, prestan una prueba irrefu-table de esta verdad.526

Convino además en la necesidad de protec-ción de la religión única y verdadera, advirtiendo que en caso de algún roce con el ministerio de la Iglesia debido a personas o intereses, estaría se-guro de contar con la buena disposición de ambas partes para el arreglo de sus diferencias. Con la misma consonancia el Congreso local elegido para 1833-1834, y en el cual figuraron individuos como Bernando Guimbarda, Tomás Iglesias, Gregorio Zambrano, Camilo Gutiérrez, Pedro Treviño y Pereyra, Manuel Marín de Llano y como suplen-tes Perfecto Barbosa y Bernardo Quiroz, lanzó, en marzo de 1833, un manifiesto al pueblo en el que reafirmaba “el poder de la soberanía y sus repre-sentantes en sus justos límites, y hacía un llamado a no confiar en los falsos rumores de la oposición

y descontentos, siempre presente en los gobiernos populares”.527

5.7. El fracaso de las reformas liberales de 1833: Valentín Gómez Farías y Manuel Ma-ría de Llano

El ascenso del nuevo gobierno de Valentín Gómez Farías se distinguió por llevar a cabo la administra-ción de reformas contundentes a abolir los privile-gios de corporaciones tradicionales como el clero y el ejército. En resumen, la administración de Fa-rías abrazó los principios de: libertad de opinión e imprenta, abolición de los fueros de los privilegios del clero y milicia, supresión de las instituciones monásticas, reconocimiento, clasificación y conso-lidación de la deuda pública, medidas para cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial, destruir el monopolio del clero en la educación pú-blica, abolición de la pena capital, creación de co-lonias para garantizar la integridad del territorio.528

La Iglesia, vista como fuente de poder eco-nómico, fue de las primeras instituciones afectadas con estas reformas, el Estado impuso medidas ex-tremas para minar los diferentes privilegios de esta corporación; con este objeto se derogó la obliga-ción civil de pagar el diezmo y su pago se volvió voluntario. También se acabó con la fuerza civil de los votos monásticos o conventos, y se permitió que los frailes y monjas salieran de los monasterios o conventos si querían. Además se declararon nulas y se abolieron todas las transferencias de bienes in-muebles pertenecientes al clero regular, pensando que con ello se provocaría la eventual desaparición de las órdenes regulares.529

Otra de las grandes corporaciones tradicio-nales que se vio perturbada con las reformas libe-rales fue el ejército. Tratando de delimitar el poder, el gobierno redujo una porción considerable de sus miembros, y se exhortó a que éste debía ser subor-


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dinado a la orden del ejecutivo, y que en adelante su papel consistiría sólo en ser la fuerza de defensa del país en caso de amenaza exterior; a más de se-ñalar que cualquier tipo de sublevación en contra de las instituciones sería motivo de disolución de dicho cuerpo.530

La consecuente radicalización de las refor-mas eclesiásticas naturalmente generó una crecien-te oposición de los grupos más conservadores de la sociedad. Los alzamientos militares en contra del Gobierno comenzaron a sucederse. En el estado de Michoacán la reacción provino, en mayo de 1833, del capitán Ignacio Escalda, quien se sublevó a protesta de sostener “la santa religión de Jesucris-to, los fueros y los privilegios del clero y del ejér-cito amenazados por las autoridades intrusas” y al presidente Santa Anna; también se levantaron en armas los generales Durán y Arista, ambos recono-cían a Santa Anna como dictador de la república; sólo que esta vez fue el mismo Santa Anna quien acudió a someter a los rebeldes y aprobó, en junio, la llamada Ley del Caso, medida que trató de aca-

Iglesia de El Roble en Monterrey. La institución de la Iglesia fue una de las grandes corporaciones atacadas por las reformas liberales de 1833.

bar con la oposición mediante la expulsión de una lista de varias docenas de personas “casi todos notables escoceses y algunos conocidos iturbidistas.531

En una actitud ya sumamente cono-cida del gobierno de Nuevo León, mediante el Vicegobernador en funciones Manuel de Llano, se condenó la insurrección de los ge-nerales:

Nuevoleoneses: el generoso pueblo mexicano, que en la última sangrienta lucha supo sacrificar en aras de la paz pública, los honores, atractivos de una victoria cierta; (…) acaba de recibir el premio de proceder tan noble, el exe-crable presente de la más negra, y escan-dalosa perfidia. Los Generales Arista y Durán, cuyos nombres leerán con opro-bio, en la historia de nuestros asesinatos públicos, han asaltado cuan bandidos en despoblado, al gobierno nacional en su camino de prosperidad y gloria.532

Sin embargo, la cualidad de este testimonio varía en su tono elevado y en una posición mucho más abierta y crítica respecto al comportamiento de los facciosos y su defensa de la religión; advirtiendo a los ciudadanos la obligación de sostener el siste-ma federal:

¡Y estos pérfidos reclaman religión! ¡hipó-critas!, ¿no os basta desgarrar de nuevo el seno de una infortunada patria? (…..) Mal-vados invocáis sólo a la religión para cica-trizar las matanzas, y excitáis la rebelión en nombre de un Dios de paz, para hacer mayor ultrajes a la divinidad.

No compatriotas: la adorable religión de Jesucristo, que sostiene a la nación por masa por convicción, y por deber, no es en los impuros la-bios de esos carniceros jefes, sino un malicioso pre-texto, por el que moviendo nuestra sincera piedad, se os quiere hacer instrumento ciego, para apoyar nuevos desordenes (…)


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Compatriotas morir mil ves en el campo de honor, sosteniendo las instituciones fe-derales, antes que ser miserables esclavos de una facción alevosa, que intenta con la espada borrar las glorias de los Hidalgos, y Morelos, de los Iturbides y Guerreros (…).533

Pero no sólo en este hecho se manifestó la correspondencia del grupo liberal progresista de Manuel de Llano con el gobierno de Farías, la armonía también se condujo en la práctica del doctrinario de reformas liberales que con devoción profesaba el superior dirigente del estado de Nuevo León.

La reforma en materia de bienes eclesiásti-cos fue aplicada con vivacidad y rigor por Manuel de Llano, las medidas incluyeron un decreto que establecía como arbitrarios los cobros sobre los derechos parroquiales o administración de sacra-mentos. Este decreto, formulado como provisio-nal, contiene las firmas de los diputados Francisco Tomás Iglesias, Gregorio Zambrano y Eduardo

García Dávila; en el mismo el gobierno decreta un arancel común para todas las parroquias y ca-pillas en los servi-cios de bautismos, casamientos y entie-rros.534 En noviembre de 1833 se expidió el decreto sobre el cese del pago del diezmo eclesiástico, “deján-dose a cada ciudada-no en entera libertad obrar con arreglo a su conciencia”.535

Por otra par-te, la ley federal del 17 de diciembre de

1833, la cual ordenó la supresión de sacristías ma-yores, y la de abril de 1834, sobre citación de con-curso de curatos, provocó en 1834 la emigración del obispo de Monterrey, Belaunzarán y Ureña, quien se informó tiempo después desapareció en su cami-no por los distrititos nuevoleoneses.536

Sin embargo, en los meses de julio y agosto de 1833, antes de la partida del obispo Belaunzarán, la situación social de Nuevo León se vio interrum-pida por la llegada del mal epidémico del cólera, lo que movilizó la unión de las fuerzas civiles y ecle-siásticas para controlar los daños de la enfermedad. Las disposiciones del gobierno en cuestión de salu-bridad, y para evitar el contagio de la enfermedad, consistieron en prohibir la procesión o paseo de los cadáveres descubiertos para que fueran traslados de inmediato al camposanto o cementerio, con el mismo objeto se prohibió la sepultura de las vícti-mas en las iglesias, medidas que pidió a los curas y párrocos circular entre la población.537

La gobernabilidad del Manuel de Llano se vio afectada no sólo por la necesidad de atender las

La Catedral de Monterrey. Los grupos eclesiásticos fueron los más golpeados en las reformas aplicadas por Gómez Farías a nivel nacional.


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urgencias derivadas de la enfermedad, sino también por la apremiante situación política que se produjo con la noticia de sublevación de la guarnición Matamo-ros y el general José de las Piedras en apoyo de los generales Arista y Durán, y su consecuente invitación a otras guarniciones de los Estados Internos de Orien-te y al propio Ayuntamiento de Monterrey.538

El general Piedras invitó al Ayuntamiento de Monterrey a unirse en fa-vor de la salud y bien futu-ro de la patria y a levantar un acta de adhesión de los vecinos honrados, especialmente del cura párroco. La asonada de Matamoros desvió la atención y los recursos del Estado en defensa de la capital y las legítimas autoridades constituidas, ante la amenaza de una invasión al Estado y una posible guerra civil que finalmente logró ser evitada tanto por las dis-posiciones dictadas del ejecutivo Manuel de Llano como por la disposición del comandante de Nuevo León, Domingo Ugartechea, y hasta los buenos deseos del obispo eclesiástico. 539

Pero estas dificultades no lograron impa-cientar el ánimo del gobierno local, que en un acto que difiere de su reiterada actitud pasiva, suma cordura y habitual posición de manifestarse o de-finirse sólo en situaciones apremiantes, marcó el primer momento de defensa por parte del estado a favor del federalismo, coaligándose con los estados de San Luis, Durango, Zacatecas, Jalisco, Gua-najuato, Morelia, Michoacán y Querétaro, “a fin de sostener el sistema republicano, representativo y popular”.540

Representación del cólera en el siglo XIX como una masa de aire venenosos, de acuerdo a la teoría mias-mática, la cual afirmaba que las epidemias eran causadas por el miasma o aire impuro creado por la

materia orgánica en descomposición.

Por medio del plan de coligación con los es-tados de occidente, Nuevo León se comprometió a cooperar con el pago de 1,000 fúsiles de los 50, 000 que marcaba el citado plan, se admitió también la proposición del gobernador de Zacatecas para que los estados fronterizos quedaran en “libertad de emplear sus contingentes de tropas en la seguridad de puertos y fronteras (...)”, emplear las milicias para mantener la tranquilidad interior y defender el territorio en caso de ser invadido”.541

Mientras el proceso de la aplicación de las reformas se radicalizaba mediante las leyes del 17 de diciembre del año anterior, y de abril del año entrante, los debates respecto a la nacionalización de las propiedades eclesiásticas y las pretensiones del estado con respecto a ejercer el ejercicio del pa-tronato se elevaron, el clero, ante estos gravámenes, se posicionó en un actitud de total desacato. Santa Anna se opuso a la ley de destierro; y el clero, junto con la oposición aristocrática y militar, empezó a recobrarse de los reveses sufridos el año anterior y


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pronto se dejaron sentir nuevamente los rumores sobre conspiración y sublevación.542

En marzo de 1834, el plan de Cuernavaca se proclamó en contra de las reformas eclesiásticas, la destitución de personas y las leyes de proscripción. Santa Anna, quien ya había retomado al Ejecutivo, suprimió el Congreso Nacional que seguía sesio-nando fuera del tiempo establecido por la Constitu-ción, rompió en definitivamente con Gómez Farías y derogó la mayoría de la legislación antirreligiosa, exclamando sostener el régimen federal.543

El gobierno de Nuevo León declaró en-seguida desconocer las medidas adoptadas por Santa Anna, por ser inconstitucionales y protestó desobediencia hasta la reposición del Congreso de la Unión. Durante los siguientes meses Manuel de Llano trató de salvaguardar el gobierno federal y la libertad de los estados, según parece pretendía hacerse de alguna fuerza y armas y de utilizar los recursos del puerto de Matamoros; este testimonio y parte del sentir de los liberales se puede leer con las dos cartas interceptadas que se dirigían hacia la ciudad de San Luis Potosí, la primera de ellas es de don Pedro Treviño y Pereyra:

Exmo. Sr. General d. José Antonio Mejía.Muy respetable y fino amigo que hincha-das las entrañas negras del fraile impío, el asesino servil, y el cuer-po general del fanatis-mo político religioso, de hombres débiles (…). Mas levantado de nuevo la confederación mexi-cana de sus hermosos estandartes de libertad o morir, quedan ahoga-dos por una mostrousa serpiente que los devo-ra en su agonía, que ya suena: (…). A grande esfuerzos de la nación, se agregan los del amigo

general Lemus, quien con religioso deber no permitirá que los mexicanos sufran cau-tiverio, y siga esclavizada a una condición extranjera; por cuya fortuna, a Santa Anna le ha concedido hallar error en lo que eligió y buscó, encontrando una disolución so-cial, más hueso que carne. (…).544

La carta de Manuel de Llano está dirigida a don Vicente Romero y expresa lo siguiente:

Exmo. Señor General. Don Vicente Rome-ro. Q.B.S. Monterrey junio 1º 1834. Apre-ciable y fino amigo: al contestar su muy grata fecha de 26 pasado que recibí por extraordinario, debo decirle, que la incer-tidumbre que os ha puesto Tamaulipas, y la consiguiente indecisión de los puertos de Tampico y Matamoros, me hace no poder mover esta vez fuerza alguna, como ardien-temente lo deseo, pues el clero que no cesa de hacernos la guerra con furor, desde que se verificó su salida el P. Obispo, unido al partido aristócrata, que por desgracia no ha desaparecido entre nosotros y alentado hoy más que nunca. Con la defección de nuestro D. Vital, haría un esfuerzo debili-tando nosotros los medios de contenerlo, y las consecuencias serían el retroceso de los

Mapa de los Estados Unidos Mexicanos hacia 1822.


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principios en estos pueblos, que dirigidos con un poco de desconfianza, pueden ser-vir de patria el asilo a los perseguidos de toda la república (…).545

En la última parte de la correspondencia, Llano continúa su queja respecto a la apatía de las comunicaciones con Tamaulipas, y finaliza comen-tando sobre la disposición de los generales milita-res:

El Señor Lemus y Ugartechea se portan bien y uniformes conmigo y con Coahuila y Texas que se han acelerado también, se ocupan de arreglar la fuerza, que aún no se pone sobre las armas, porque aún no con-tamos con los puertos y escasean los recur-sos pecuniarios: en fin, cualquier cosa que sea, y lo que piense Don Vital, lograremos siempre Matamoros, y entonces duplega-rémos la energía que no lo es dado por hoy por las razones dichas a su afectísimo ami-go y compañero. Q.B.S.M Manuel.546

Pero a pesar de los ánimos y la disposición de Manuel de Llano, el poder políticos de los li-berales iba en descenso, la oposición de religión y fueros iba ganando terreno, el vicegobernador Fa-rías fue expulsado y pese a la resistencia de la Liga Federal Central en el Bajío y en Zacatecas, Santa Anna consolidó su posición, sofocó un intento de reacción en Puebla y convocó a nuevas elecciones para el Congreso.547

Dos meses después de que Manuel de Lla-no lanzara su protesta de junio de 1834, y sin contar con el apoyo de una fuerza armada, con la oposi-ción del clero, del grupo conservador y de los mis-mos comandantes que el creía estaban “uniformes a sus ideas”, se vio obligado a dejar el cargo ejecutivo y se verificó entonces un pronunciamiento hecho por el comandante del estado Domingo Ugarte-chea, y el comandante general de los Estados de Oriente, Pedro Lemus, para “suspender los efectos del decreto 368 en cuanto al desconocimiento del

presidente Antonio López de Santa Anna, declarar sin valor y sin efecto los decretos expedidos por la Legislatura del Estado que introducen una verda-dera novedad en la disciplina antigua de la Iglesia, y aconsejar a los ‘opositores’ reconocieran su derro-ta en caso contrario serían tratados de traidores.548

Así llegaba a su fin el intento de reforma de la clase media liberal de Nuevo León, aquélla que desde principios de 1824 había demostrado diferenciarse de una parte de la élite, retomando los principios liberales que los llevaron a identificar con las logias yorkinos, aquélla que había luchado por conseguir el poder “por voluntad del pueblo”, y que habiendo llegado al poder casi una década después de la expedición de la carta federal, caía súbitamente en medio de la oposición nacional y local por una reforma que “se había concentrado sólo en reducir los fueros y privilegios del clero”.549

Para agosto de 1834, una Junta del Ayun-tamiento nombró Gobernador Interino Provisional al Ciudadano Juan Nepomuceno de la Garza Evia, quien reconoció “el descontento de los pueblos contra la anterior administración por la precipita-ción de las formalidades legales que introdujeron muchas novedades en puntos radicales”, por lo que se derogaron todas leyes, órdenes y decretos dictados hasta entonces.550 En octubre de 1834, en cumplimento de una orden de la Secretaría del Es-

El cambio a un Régimen Central Nacional fue respaldado por la iglesia y algunos militares.


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tado, se encarceló a Manuel de Llano “para ser juz-gado por el tribunal que corresponde (…), en una casa decente, cual corresponde a la circunstancias de dicho señor de Llano”, para ser liberado bajo el permiso del presidente de la república y una fianza sufragada por don Julián De Llano.551

Mientras tanto, la campaña electoral na-cional de los elementos centralistas y el clero con-servador en las elecciones para 1835 dio sus frutos en varias legislaturas y en el Congreso nacional. En una posición mucho más fuerte, las crecientes demandas sobre un cambio de gobierno cambia-ron la balanza a favor de los centralistas, y durante los siguientes meses la asamblea nacional, con una mayoría centralista clerical, preparó el camino para un sistema centralista de gobierno; después de lar-gos debates, discusiones y votaciones, el Congreso se declaró facultado por voluntad de la nación, para reformar la Constitución de 1824”.552

En septiembre el Congreso asumió plenos poderes para efectuar el cambio de gobierno, se disolvió y se convirtió en cámara única, el 3 de oc-tubre se adoptó formalmente el sistema centralista, se promulgó una ley que disolvía las legislaturas de los estados y los sometía al poder central, y se pre-paraba el camino para la sustitución de la Constitu-ción de 1824 por la nueva constitución centralista: las Siete Leyes Constitucionales.553

Ante la imposición del centralismo, el Con-greso local de Nuevo León acordó que cada uno de los Ayuntamientos manifestara su opinión sobre la variación de gobierno, las correspondencias llega-ron durante los meses de julio a septiembre de 1835, presentándose desde la adhesión del Ayuntamiento de la capital, y el apoyo a favor del centralismo de villas como Galeana y Santiago, hasta la abstinen-cia de Cadereyta o la pronunciación a favor del federalismo de el valle de San Felipe de Jesús de China.554

Finalmente, el voto general nuevoleonés reconoció al Gobierno nacional centralista y, en

octubre de 1835, el gobierno local acató las dispo-siciones sobre el cambio del gobierno, el Congreso del Estado cesó en funciones y en su lugar se eligió una Junta Departamental, siendo elegido Goberna-dor legítimo del Estado, para 1835-1836, Juan Ne-pomuceno de la Garza Evia; ya no había marcha atrás, el primer federalismo mexicano había termi-nado y el proceso hacia la república centralista y la gobernabilidad del Departamento de Nuevo León iniciaba.


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Citas Bibliográficas

1.-Carmagnani, Marcelo. Territorios, Provincias y Estados: Las transformacones de los espacios políti-cos en México, 1750-1850, en Vázquez, Josefina Zo-raida (coord.) La Fundación del Estado Mexicano, 1821-1855. Nueva Imagen, México, 1994. p 39.

2.-Idem.

3.-Gortari, Rabiela Hira. La Organización Política Territorial de la Nueva España a la Primer Repúbli-ca, 1786-1827, en Vázquez, Josefina Zoraida. El es-tablecimiento del Federalismo en México en México, 1812-1827. COLMEX, México, 2003, p. 47, 52.

4.-Rodríguez, Jaime. Una Cultura Política Com-partida: Los Orígenes del Constitucionalismo y el Liberalismo en México, en Chost, Manuel y Cor-nuelles Mingoz, Victor. El Imperio sublevado: Mo-narquía y Nacones en España e Hispanoamérica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2004. p. 212.

5.- Benson. op. cit. p. 11.

6.- Al saber a cerca de la publicación del reglamen-to de las provincias de este distrito, el diputado Ra-mos Arizpe presentó una memoria que describía la situación política y económica de las Provincias In-ternas de Oriente. Entre las recomendaciones para remediar la situación de las provincias proponía: el establecimiento de una junta superior ejecutiva de las cuatro Provincias de Oriente, compuesta por siete ciudadanos de las mismas y la instalación de una diputación provincial por cada provincia. Ben-son. op. cit. p. 14.

7.-Jaúregui, Luis. Nueva España y la nueva pro-puesta administrativa fiscal de las Cortes de Cadiz, en Guedea Virginia. La Independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1826, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Doctor Mira, p. 196.

8.- Gortari, Rabiela Hira. op. cit. p. 55.

10.- Jáuregui, Luis. “Del Plan de Casa Mata a la Promulgación de la Constitución Estatal”, en Váz-quez, Josefina Zoraida. op. cit. p. 352.


12.- Idem.

13.-Archivo Histórico de Monterrey, AHM, Fon-do Ciudad Metropolitana de Monterrey (segunda época), Sección Ayuntamiento, Serie Disposicio-nes Generales, Colección CORRESPONDEN-CIA, Vol. 003, Exp. 6.1, 12 mayo 1814.

14.-Idem.

15.-Idem.

16.-De acuerdo con el artículo 330 de la Constitu-ción Española, “para ser individuo de la Diputación Provincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia, con residencia, a lo menos de siete años, y que tenga lo suficiente para man-tenerse con decencia (..)”.consultar Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 marzo de 1812, Cap. II. , p. 93. Del gobierno político de las provincias, y de las dipu-taciones provinciales, disponible desde: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ c1812/12260.

17.- Cossío, David A. op. cit. p. 220; Saldaña, José P. Historia y Tradiciones de Monterrey, Impresora, Monterrey, 1943, p. 197.

18.-AGENL, Correspondencia de Gobernado-res, Caja 1, Oficio 28 de julio 1820, Linares, 2f., y Correspondencia de Primeros Alcaldes, Fondo Colonial, Caja 2, oficio con fecha 25 septiembre de 1820.

19.-Un hecho sobresaliente durante el proceso para llevar a cabo la exhortación a los electores de parroquia fue la acusación pronunciada en contra del Lic. José Viveros, por parte del comandante Joaquín Arredondo. Según el testimonio de este


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último el Lic. Viveros pronunció un discurso en la catedral de la ciudad que era ofensivo a su persona y reputación, ya que se le acusaba de no dejar pro-gresar a las provincias, pues “a los artesanos se les quitan sus arrieros, a los labradores sus mozos, a los arrieros las mulas de recua”. Por su parte, el Lic. Viveros respondió que no era su ánimo injuriarlo, y justificó que sus disposiciones eran dirigidas sólo en utilidad de la provincia, asimismo, accedió se-guramente por orden de los mandos eclesiásticos, a escribir una satisfacción a favor del comandante. Asuntos Eclesiásticos, AE. 3/99, septiembre de 1820.

20.- Jauregui. op. cit. 2003, p. 352.

21.-AGENL, Fondo Colonial, Caja 2, Circulares 1812-1824, aviso de la junta electoral, 3 octubre 1820.

22.-AGENL, Fondo Colonial, Correspondencia de Alcaldes Primeros, Caja 1, noticia del goberna-dor de Texas, 9 mayo 1821. Desde fines de 1820 el brigadier Arredondo había propuesto a la Diputa-ción Provincial un informe sobre los ataques de las tribus bárbaras, por lo cual pedía a la diputación dirigiera una solicitud al virrey para emprender una campaña en contra de los bárbaros, Vizcaya, 1998: 19.

23.-Una de las funciones del ayuntamiento de Monterrey, bajo el reglamento del gobierno inte-rior de las provincias y los pueblos, artículo 321, tercer punto, “era llevar a cabo la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a las leyes y reglamentos” y cuarto punto, “hacer el repartimiento y recaudación de contribu-ciones, y remitirlas a la tesorería respectiva”. Con-sultar: Chust, 2003 81.

24.-AHM, Fondo Sección Metropolitana, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 20, 5 abril 1821 y exp. 21, 9 abril 1821, exp. 17, 26 marzo 1821.

25.-AGENL, Fondo Colonial, Correspondencia de Alcaldes Primeros, Caja 1, noticia del administrador

de rentas unidas del Nuevo Santander, 1 febrero de 1821. Se entiende que esta petición derivaba de los abusos cometidos por comerciantes y regatones que habían introducido a la ciudad de Monterrey algunos efectos para su expendio sin control algu-no sobre el precio de compra. Véase AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Monterrey, Sección Ac-tas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 004, Exp. 7, 5 febrero 1821.

26.-AGENL, Fondo Colonial, Alcaldes Primeros, Caja 2, oficio de 29 mayo 1831 y Correspondencia de Gobernadores, Caja 1, 31 mayo 1821.

27.- Rodríguez, Jaime. Las Cortes Mexicanas y el Congreso Constituyente, en Guedea, Virginia. La independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808 – 1824. Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigacio-nes Doctor José María Luis Mora, México, 2001, p. 285.

28.-Por su parte, Jáuregui detalla que la intención de Arredondo de trasladar la tesorería a la provincia de Monterrey “sugiere que deseaba que la cabeza de la diputación provincial estuviera en Monte-rrey”, estos temores estaban fundados en el proyec-to de establecer una intendencia en las Provincias Internas de Oriente con sede en Saltillo, pretensión expuesta por Ramos Arizpe en las cortes hispáni-cas desde 1811 y 1812, Jaúregui, op. cit. (2003), p. 353. Véase también Viscaya Canales. Un siglo de Monterrey. Desde el grito de Dolores hasta el Plan de San Luis, 1810-1919. Monterrey, 1a. edición, 1998, p. 20.

29.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 30, 5 julio 1821.

30.- Cossío. op. cit. p. 107.

31.- AHM, Fondo Ciudad Metropolitana, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 30, 5 julio 1821.

32.-Idem.


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33.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 31, 6 julio 1821.

34.-Idem.

35.- Galindo, Benjamín. El Provincialismo Nuevo-leonés en la Época de Parás Ballesteros 1822-1855. UANL, Monterrey, 2005, p. 47.

36.- Jáuregui. op. cit. p. 352.

37.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, Exp. 41, 27 agosto 1821, y exp.46, 27 septiem-bre 1821.

38.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Vol. 003, Exp. 41, 22 octubre 1821. Véase también Fondo Capital de Provincia, Sección Correspondencia, Colección PRINCIPAL, Vol. 2, exp. 16, 30 abril 1823.

39.- Rodríguez, Jaime. Las Cortes Mexicanas y el Congreso Constituyente, en Guedea, Virginia. La independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808 – 1824. Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigacio-nes Doctor José María Luis Mora, México, 2001, p. 285.

40.-AGENL, Fondo Colonial, Correspondencia de Alcaldes Primeros, Caja 2, oficio 27 octubre 1821.

41.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CA-BILDO, Vol. 003, Exp.55, 29 oct 1821 y exp. 56, 5 noviembre 1821.

42.-La simbología utilizada en el acto ceremonial y las fiestas provenían de las fórmulas utilizadas para legitimar el poder de los monarcas españoles, por lo que ya eran propiamente conocidas por los pueblo de la Nueva España. Lo único que cambiaba en sí era significado del acto, y en éste se legitimaba el poder de un México independiente (Frasquet, 2004: 254).

43.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CA-BILDO Vol. 003, Exp. 64, 18 noviembre 1821.

44.-Idem.

45.-La lectura del Acta de Independencia, Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba eran leídos al pueblo, como un medio simbólico “de convencer al pueblo de que México se convertía en un imperio independiente de la monarquía española, aunque mantenía la forma de gobierno monárquico consti-tucional (Frasquet, 2004: 271).

46.- Saldaña, José P. “Historia y Tradiciones de Monterrey”, Impresora, Monterrey, 1943, p. 11.

47.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CA-BILDO, Vol. 003, Exp. 64, 18 noviembre 1821.

48.-Idem.

49.-Idem.

50.-Sobre el tablado, estos: se colocaban cerca de los tres poderes principales de la ciudad: el monár-quico, el religioso y el municipal (…), Víctor Mín-guez citado en Frasquet Ivana, 2004: 265.

51.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CA-BILDO, Vol. 003, Exp. 64, 18 noviembre 1821. El lanzamiento de monedas también era un símbolo de los monarcas hispanos, “las monedas signifi-caban devolver la imagen del rey multiplicada a la multitud en monedas de oro y plata que simboli-zaban las futuras riquezas del nuevo monarca pro-porcionaría a sus súbditos (…), Víctor Mínguez, citado en Frasquet Ivana, 2004: 265.

52.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CA-BILDO, Vol. 003, Exp. 64, 18 noviembre 1821.


54.-Resultaron electos: don José Antonio Rodrí-guez, don Julián de Llano, el Lic. don Rafael de Llano, don José Vivero, doctor Bernandino Can-


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tú, don Julián Arrese, don Tomás Iglesias, Pedro José Morales, el Lic. don José Alejandro Treviño y Gutiérrez, don Bernando Ussel y Guimbarda, el Dr. José de León Lobo, don José Luís de la Garza, don José María Sada, don Fermín Sada, Melchor Núñez de Esquivel, Dr. don Domingo Ugarte, el bachiller don José Antonio Gutiérrez. AHM, Fon-do Ciudad Metropolitana de Monterrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, Exp. 65, 20 dic 1821.


56.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 7, 1 febrero 1822.

57.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CA-BILDO, Vol. 003, exp. 59, 18 diciembre 1821.

58.-Idem.

59.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Asuntos Legales, Serie Información y Declaración, Colección MISCELÁNEO, Exp. 6, Folio 52, 18 diciembre de 1821.

60.-Idem.

61.-Para más detalle acerca de la representación del ayuntamiento de Monterrey: AHM, Fondo Capi-tal de Provincia, Serie Información y Declaración, Colección MISCELÁNEO, Vol. 2, Exp. 6, folio 53, 18 dic. 1821.

62.-La rivalidades entre ambas provincias eran muy añejas, pues desde que Monterrey había ob-tenido la sede del obispado en noviembre de 1789, (Consultar Galindo, 2005: 34-36), Saltillo no cesa-ría en sus intentos por convertirse en la capital de las provincias de oriente, véase también Benson, 1980: 76-77.


64.-AGENL, Fondo Concluidos, Caja 8, Exp. 70, CL-8/73. oficios fecha, 25, 30 mayo y agosto de 1822.

65.-El art. 335 del reglamento del gobierno interior de las provincias y de los pueblos estableció que correspondía a las diputaciones intervenir y apro-bar el repartimiento hecho a los pueblos de las con-tribuciones que hubieren cabido en la provincia, velar sobre la buena inversión de los fondos públi-cos de los pueblos y examinar sus cuentas, cuidan-do en todo la observación de las leyes, consultar Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 marzo de 1812, Cap. II. , p. 94. Del gobierno político de las provincias y de las diputaciones provinciales. Disponible des-de: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirve-Obras/ c1812/12260.

66.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 25, 10 abril 1822.

67.-Idem.

68.-AHM, Fondo Ciudad Metropolitana de Mon-terrey, Sección Actas, Colección ACTAS DE CA-BILDO, Vol. 003, exp. 26, 10 abril 1822.

69.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 27-28, 22 y 27 abril 1822.

70.- AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 32, mayo 1822

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72.- Ávila, Alfredo. En Nombre de la Nación. La formación del gobierno representativo en México 1808-1824. Taurus-CIDE, México, 2002, p. 226.

73.- AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 32, mayo 1822.

74.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 36, 29 mayo 1822.


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75.-Idem.

76.-Idem.

77.-Idem.

78.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO Vol. 003, exp. 38, 30 mayo 1822.

79.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 42, 45, 10 junio y 26 junio 1822.

80.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, exp. 55, 5 agosto 1822.

81.-AGENL, CL-8/70.

82.- Idem.

83.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Actas, COLECCIÓN ACTAS DE CABILDO, Vol. 003, Exp.53, 58, 69, fechas: 29 julio, 2 sep-tiembre y 9 noviembre de 1822.

84.- Sordo, Cedeño. El Congreso y la formación de la Nación en México, en Zoraida (coord.), México, 1994, p. 198.

85.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sec-ción Correspondencia, Serie Políticos, Colección PRINCIPAL, Vol. 2, Exp. 1, 1823, documento sin fecha exacta.

86.- Rodríguez, Jaime. op. cit. p. 292-293.

87.- Ibid, p. 294.

88.- Ávila. op. cit. p. 233-234.

89.- Rodríguez, Jaime. op. cit. p. 294.

90.-Acerca de la representación y elección del pri-mer Congreso Constituyente consultar: Ávila, Al-fredo, 2002: 214-220.

91.-Los conflictos entre Saltillo y Monterrey por la sede de la diputación provincial seguían en proce-

so, pero para finales de 1822, tanto Nuevo León, Coahuila y Texas, formularon peticiones para esta-blecer su propia diputación provincial. Hasta el 25 de febrero de 1823 se publicó el decreto del primer Congreso Constituyente de octubre de 1822, que establecía que la sede de la diputación de Nuevo León, Coahuila y Texas fuera la ciudad de Monte-rrey, Benson, 1980: 70, 80.

92.-Archivo Histórico de Monterrey (AHM), Sec-ción Correspondencia, Serie Diversos, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 12, Exp. 15, 30 mar-zo 1823.

93.-Ayuntamiento de Parras a la Junta Gubernativa de Monterrey, 14 marzo 1828, Archivo General del Estado de Nuevo León, AGENL, Fondo Adhesión de las Provincias de Oriente al plan de Casa-Mata, en adelante APOPM, Caja 1, exp. 7.

94.-Ayuntamiento del Refugio a la Junta Guberna-tiva de Monterrey, 16 marzo 1828, AGENL, APO-PM, Caja 1, Exp. 7.

95.-Ayuntamiento de la villa de Santiago de Salti-llo a la Junta del Nuevo Reyno de León, AGENL, APOPM, Caja 1, Exp. 57.

96.-Correspondencia de Real de Vallecillo a la Jun-ta de Monterrey, AGENL, APOPM, caja 1, legajo 7.

97.-Idem.

98.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Correspondencia, Serie Diversos, Vol. 12, exp. 15, 30 marzo 1823.

99.-La villa de Aguayo escribió a la junta guberna-tiva sobre su adhesión al plan, y señaló haber reci-bido el decreto del emperador sobre la Diputación Provincial de Nuevo Santander “por lo que esta provincia cuenta ya con una Corporación a la que la ley previene cuide de su felicidad de su territorio en lo gubernativo y económico (...), pero no crea usted que se interrumpirán por nada las estrechí-simas relaciones que ligan a una y otra provincia, pues ésta queda en continua vela para servir (...) en


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toda clase de auxilios, y en especial el de la tropa ar-mada y sus anexos (...), AGENL, APOPM, Exp. 37, 14 marzo 1823.

100.-Correspondencia de Gaspar López al presi-dente y vocales de la Junta Gubernativa de Monte-rrey, AGENL, APOPM, Caja1, Exp. 1.

101.-Ibid. Véase también Exp. 14, 10 marzo 1823. Al respecto de la revuelta: “se tuvo noticia de que el Sr. brigadier López, en la hacienda La Rinconada “tenía toda la tropa acuartelada, haberla juramenta-do sobre reconocimiento sobre el emperador y cie-ga obediencia a sus órdenes, parece a pedido tropa a Monclova (…)”, Miguel Ramos Arizpe y Rafael de Llano a la junta gubernativa de Monterrey, exp. 2, 10 marzo 1823.

102.-AGENL, APOPM, Exp. 20, 10 marzo 1823.

103.-AGENL, APOM, Caja 1, Exp. 12, 11 marzo 1823.

104.-Ibid., exp. 57, 14 marzo 1823.


106.-AGENL, APOPM, Caja 1, Exp. 57, 14 marzo 1823.

107.-Idem.

108.-Ibid. Exp. 50 y 51, 20 marzo 1823.

109.- Rodríguez, Jaime. op. cit. p. 295.

110.- AGENL, APOPM, Caja 1. Exp. 52, 24 marzo 1823.

111.-Idem.


113.-La junta de Monclova era considerada por la junta de Monterrey como la capital de la provin-cia de Coahuila, véase AGENL, APOPM, Caja 1, Exp. 57, 20 marzo 1823.

114.-Ibid. Exp. 53-54, 26 marzo 1823.

115.-AGENL, APOPM, Caja 1, Exp. 52, 24 marzo 1823.

116.-En su instalación contó sólo con cinco de los siete individuos que debían conformarla, siendo la ausencia más notoria la de Ramos Arizpe, Jáuregui, 2003: 357.

117.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sec-ción Correspondencia, Serie Políticos, Colección PRINCIPAL, Vol.2, Exp. 8, sin fecha.

118.-Según parece, Saltillo no deseaba formar par-te del gobierno establecido en Monterrey, primero porque tenía una actitud de oposición hacia la Jun-ta Regiomontana y en segunda porque se negaba también a ser parte de una Diputación conformada por los miembros electos en enero de 1822, petición de Mier y el Ayuntamiento de Monterrey, Jáure-gui, 2003: 359-360.

119.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 26, 5 mayo 1823 y exp. 27, 9 de mayo 1823. Retomamos el término “separar” uti-lizado por Jáuregui el cual significa “la posición federalista” que defendía Ramos Arizpe. Jáuregui, 2003: 362. Sobre la representación de Pedro Lemus por haber salido de Monterrey en calidad de reo: AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Co-rrespondencia, Serie Ayuntamiento de Monterrey, Colección PRINCIPAL, Vol. 17, Exp. 7, mayo, agosto 1823.

120.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 26, 5 mayo 1823 y Exp. 27, 9 de mayo 1823.

121.-Idem.

122.-La Junta de Monterrey que coincidía en mu-cho con los argumentos de Ramos Arizpe, particu-larmente su idea de establecer “Una junta General de las provincias orientales”, “fue disuelta por ve-cinos medio amotinados, porque conocieron que el Sr. Ramos Arizpe, ciego como spre. por su Sal-


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tillo quería llevarse allá el gobierno y reinstalaron la diputación provincial que tenia luego el mando político y que Saltillo no quiso cambiar a sus miem-bros, ni quiere reconocer a Monterrey, ni a Mon-clova (…)”, AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Correspondencia, Serie Políticos, Colec-ción PRINCIPAL, Vol. 2, Exp. 14, sin fecha.

123.-AHM, Fondo Capital de Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 26, 5 mayo 1823 y Exp. 27, 9 de mayo 1823.

124.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Serie Po-líticos, Colección PRINCIPAL, Vol.2, Exp. 11, sin fecha.

125.-AHM, Fondo Capital de Nuevo León, Sec-ción Correspondencia, Serie Civiles, Colección PRINCIPAL, Vol. 2, Exp. 3, 30 abril 1823.

126.-Idem.

127.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Serie Po-líticos, Colección PRINCIPAL, Vol.2, Exp. 11, 13, sin fecha.

128.-AGENL, APOPM, Caja 1, Exp. 59, 20 mayo 1823.

129.-Consultar: AGENL, APOPM, Caja 1, Exp. 52, 24 marzo 1823, Jáuregui, Luis, 2003: 363.

130.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 28, 2 junio 1823.

131.-Ibid., exp. 29, 5 junio 1823.

132.-Carta de el padre Mier al Sr. Bernardino Can-tú, 25 junio 1823. Cossío, 2000: 32, 39, 75, Tomo V.

133.-AGENL, APOPM, Caja 1, Exp. 59, 20 mayo 1823. Nota: la diputación provincial que se reco-noció por el congreso, fue la tercera, la que entre sus miembros contaba con Bernandino Cantú, por Mty., José Melchor Sánchez Navarro de Coahuila, José María Gutiérrez de Lara.


135.-Las inquietud eran suscitadas por las noticias sobre los hechos ocurridos en San Luis por Santa Ana, y por el rumor de la venida a la ciudad de los presos del 30 de abril del corriente, por ese motivo la defensa de los hogares y la protección de los ve-cinos eran preocupaciones urgentes para las corpo-raciones de Monterrey, AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 32, 18 junio 1823.

136.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 35, 24 junio 1823.

137.-En el acta don Julián de Llano asentó ser con-trario al total acuerdo del ayuntamiento, en cuanto que él votaba pero por respaldar el acta de 23 de junio en que se convino en la formación de la Jun-ta General convocante, AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 38, 29 junio 1823.

138.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Correspondencia, Serie Diversos, Vol.12, Exp. 41, 21 julio 1823. El rechazo por parte de miembros de la elite regiomontana hacia los representantes de Coahuila era tan obvio que el ayuntamiento recibió, por parte de la Diputación Provincial, un oficio con fecha de 17 de julio, en el que cuestionaban a la cor-poración la veracidad del rumor sobre si deseaban “la separación de la representación de Coahuila”, y la traslación de la Diputación a otro punto; el Ayun-tamiento respondió por medio de Julián de Llano: “que entendían que la representación de Coahuila debía cesar por motivo de la declaración de la Junta de Coahuila de ser libre, independiente y soberana, como había quedado en concepto público, y que de ser llevado a efecto la exclusión debían convo-car a una Junta de Provincia con reconocimiento a la soberanía y supremo gobierno, a la vez expre-saron que los rumores seguramente provenían de las especies ligeras e improperios de los señores de la representación de Coahuila, por último expresa-ron que no consideraban conveniente el traslado o disolución de la Diputación, por ser opuesto a las


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leyes y por los trastornos, reclamos, desórdenes que se ocasionarían con ello, AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sección Correspondencia, Serie Di-versos, Vol.12, Exp. 36- 37, 17-18 julio 1823.

139.-Idem.

140.-La propuesta de la diputación provincial y del comandante De la Garza fue aceptada por el ayun-tamiento del Pilón, como un medio para evitar la anarquía, adhiriendo a los siguiendo puntos del acta: 1. Unión de dichas provincias en un solo esta-do; 2. Esperar la convocatoria del congreso provi-sional: 3. gobernar hasta la reunión del Congreso, obrando en su dirección las autoridades constitui das y reconociendo al gobierno nacional con todos los casos a que el Estado queda obligado por medio de la federación. AGENL, Fondo Militares, Caja 9, 30 junio, 7 julio, 1823.

141.-AHM, Fondo capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Exp. 39, 30 junio 1823.

142.-Ya en junio de 1823 Mier relataba la petición de las Provincias de Oriente sobre un Congreso Provincial: “Algo embarazado se halla para que el Congreso sea de las cuatro provincias, con la di-putación de Santander; (…), este pobre diputado de Monterrey (…) hizo proposición la semana pa-sada, (...) que se instalen congresos provinciales con facultades amplísimas conforme al proyecto de bases. Hoy lo apoyó el gobierno con toda eficacia, (…), Cossío, 1946: 38.

143.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999 Exp. 39, 30 junio 1823.

144.-Sobre la petición dirigida al congreso el padre Mier expresó: “Yo viendo la opresión de mi patria por la prepota (prepotencia) de ese comandante y los excesos políticos de las otras provincias pedí al congreso 1. que se separase el mando político del militar y lo 2. que cada una de las cuatro provin-cias tuviera su propia diputación provincial como todo se ha concedido a las provincias internas del

poniente (…)”. Sobre las facultades de las diputa-ciones provinciales comunicó: “ya se autorizó a las diputaciones provinciales velar sobre los fondos de provincia hasta suspender a los empleados y para proponer ternas al gobierno para todos los empleos civiles, políticos, de hacienda, judicatura; ¿qué más quieren?”, AHM, Fondo capital de provincia, Sección Correspondencia, Serie políticos, Colec-ción PRINCIPAL, Vol. 2, Exp. 20, sin fecha. So-bre la petición de diputaciones provinciales véase también Cossío, 1946: 40.

145.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999 Exp. 39, 30 junio 1823.

146.- Rodríguez, Jaime. op. cit. p. 305-307.

147.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sec-ción Correspondencia, Serie Políticos, Colección PRINCIPAL, Vol. 2, Exp. 23, sin fecha.

148.-Idem.

149.-Ver más arriba citas 130 y 135.

150.-Fondo Capital de Provincia, Sección Co-rrespondencia, Serie Políticos, Colección PRIN-CIPAL, Vol.2, Exp. 10, fecha aproximada agosto 1823. Cossío, 2000: 46, Tomo V.

151.-Correspondencia de Alamán al jefe político de Monterrey, 20 de septiembre de 1823, AGENL, APOPOM, Caja 1, Exp. 10.

152.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol.999, Exp. 41-42, 12, 14, julio 1823.

153.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monterrey, Vol. 12, Exp.68.6, 14-15 julio 1823.

154.-Ibid., 15 julio 1823.

155.-Ibid., 21 julio 1823. AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol.999, Exp. 44, 17 julio 1823.


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156.-Carta de Servando Teresa de Mier a Bernar-dino Cantú, 30 julio 1823. Cossío, 2000: 48, 78, Tomo V.

157.-AGENL, Fondo Colonial, Caja 2, Circulares 1812-1824, Gaceta, 18 noviembre 1823, Tomo II.

158.- Benson. op. cit. p. 82-83.

159.-AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monte-rrey, Colección PRINCIPAL, Vol.2, Exp.22, sin fecha. “Se han equivocado Vdes. Con la elección del jefe político, lo que les pidió el Gobierno no fue que indicarán a las personas que anduvieran por ahí a propósito, no que lo eligiesen, carta de Fray Servando Teresa de Mier, 5 julio 1823. Cossío, 1946. p. 41, 45.

160.-Carta del diputado Dr. Mier a Bernardino Cantú, 13 julio 1823, Cossío, 2000: 46, Tomo V.

161.-Juan José Echandía tenía la orden de resis-tir a De la Garza si éste turbaba el orden público, Echandía incurrió en la indiscreción de participarle a De la Garza la noticia lo que le costo el cargo de jefe político en noviembre de 1823. AHM, Fondo Capital de Provincia, Sección Correspondencia, Colección PRINCIPAL, Vol. 2, Exp. 28, Cossío, 2000: 52, Tomo V.

162.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 4, 22 septiembre 1823. Para revisar quienes conformaron la cuarta diputación provin-cial, véase cita 149.

163.-El ayuntamiento se mostró complacido con la elección de Echandía como jefe político, pues su celo, patriotismo, actividad, prudencia y conoci-miento eran ideales para un perfecto desempeño para llevar a cabo el orden, tranquilidad y prospe-ridad de la provincia, AGENL, Fondo Colonial, Caja 2, 24 septiembre de 1823.

164.-AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 57, 30 septiembre 1823. La peti-

ción sobre la necesidad de conseguir fúsiles, ya había sido expuesta por la diputación provincial al ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre, en la misma exponía el acuerdo para que la provincia se hiciera de la compra de una imprenta y de fúsiles.

165.-AHM, Fondo capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol.999, Exp. 66, 3 noviembre 1823.

166.-La oposición en contra de las autoridades y del propio Mier seguramente era causada por la ya entonces visible incompatibilidad de ideas dentro de los integrantes de los grupos políticos, al respec-to Mier señaló: “Esa diputación tiene aturullado al gobierno con representaciones contra Francisco, sin duda son cosas de Arizpe y Llano. Toda la Fe-deración se reduce á pleito de empleos”. Cossío op. cit. 2000, p. 56-58.

167.- AHM, Fondo Capital del Nuevo León, Sec-ción Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol.999, Exp. 70, 28 nov. 1823.

168.- Ávila. op. cit. p. 263.

169.- Gortari. op. cit. p. 59.

170.- Ibid, p. 60.

171.- Ávila. op. cit. p. 267-268.


173.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Ac-tas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp.73, 9 diciembre 1823.

174.- Cossío. op. cit. Tomo V. p. 84.

175.- Ibid, p. 85.

176.- Ibid, p. 86.

177.- Ibid, p. 85.

178.- Ibid, p. 57.

179.-Incluso el Dr. Mier comunicó a Bernardino Cantú el 17 abril de 1824 que la comisión de Cons-


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titución ya había dictaminado la reunión de las cuatro provincias en un solo estado, Cossío, 2000: 93, Tomo V.


181.-AHM, Fondo Capital del Estado, Fondo Co-rrespondencia, Colección Correspondencia, Vol. 14, Exp. 25-26, 20 febrero 1824. Este documento esta firmado por el jefe político don Francisco de Paula Mier y Noriega.

182.-Ibid. El número poblacional indicado en el documento se acerca a lo presentado por el Dr. Mier, quien refirió al Congreso de la Unión que en las estadísticas preparadas para las cortes espa-ñolas en la década de 1820 “constaba que Nuevo León tenía más de 70 mil habitantes, Tamaulipas 51 y Coahuila 45 mil, aunque le daban igual número de representantes que a Coahuila, con casi el doble de población, y a ésta se le agregaba Texas por ser limítrofe”, Gortari, 2003: 67.

183.-Idem.

184.-En equivalente consulta de Mier al ayunta-miento de Monterrey, el procurador más antiguo d. Mateo Quiroz opinó respecto a las rivalidades entre las provincias: “(…) esta anexión está comprobada con la experiencia (…), a casos particulares de des-avenencias, discordias, enemistades acaecidas con la provincia de Coahuila (…..)”, AHM, Fondo Ca-pital del Estado, Sección Actas, Colección ACTAS DE CABILDO, Vol. 999, Exp. 7, 24 marzo 1824.

185.-Todavía en junio, en una posición variable del congreso “se volvió a debatir la posibilidad de una sola entidad nororiental, ante la representación re-cibida por las villas de Mier, Camargo y Refugio pidiendo la supresión del estado de Tamaulipas o agregación al actual estado de oriente”, Jáuregui, 2003: 373.


187.-Felicitación del estado de Querétaro dirigido a la provincia del Nuevo León, Archivo de Hono-

rable Congreso del estado de Nuevo León, AH-CENL, Tomo 1, Exp.1, 18 agosto 1824.

188.-Congratulación del ayuntamiento del valle de Guajuco y su cura párroco Preb. Pedro Antonio de Eznal, AHCENL, Tomo 1, Exp. 1, 4 agosto 1824.


190. Ibid, p. 95

191.-La votación de la primera legislatura contó desde sus inicios con divisiones políticas bien de-finidas, pues ya sea por suerte o por doble escruti-nio, Parás, el ya citado agente de Arizpe, Rafael de Llano, quien también se distinguió por estar acorde a sus ideas, y Juan Bautista de Arizpe salieron elec-tos diputados. Este último declaró abiertamente no querer aceptar su nombramiento, pues ofendido por la acusaciones de Fray Servando por llamarlo ladrón al haber cobrado dietas cuando fungió como diputado suplente en el Congreso de la Unión en 1822, pidió nulidad del cargo por ser contrario a la ley; pero la comisión nombrada para estudiar su caso dictaminó que no había mérito para tal peti-ción, Cossío, 2000: 97-99, Tomo V.

192.- Ibid, p. 96.

193.-AHCENL, Tomo 1 (reservado), sesión 3 agos-to 1824.


195.-Se presentaron ciertas contrariedades relativas al manejo interior y pendientes de la Tesorería de Saltillo; entre ellas el administrador de tabacos se negó a prestar el debido juramento al Congreso del estado de Nuevo León, por tal motivo el Congreso, para evitar todo género de dudas sobre su recono-cimiento y juramento de obediencia, decretó que todo individuo que se rehusase a prestar conforme a la ley juramento saldría del estado inmediatamen-te, AHCENL, Tomo 1 (reservado), sesión de 16, 23 agosto 1824.

196.-AHCENL, Tomo 1 (reservado), sesión 3 agosto 1824.


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197.-Congratulación del ayuntamiento del valle de Guajuco y su cura párroco Preb. Pedro Antonio de Eznal, AHCENL, Tomo 1, Exp. 1, 4 agosto 1824.


199.-La comisión agregó además que en la sala se sesiones “se dispondría de bancas y asientos para que los concurrentes extraños pudieran asistir y oír las discusiones, además de una banca distinguida destinada para los señores magistrados, exdipu-tados del congreso, o empleados extranjeros (…), AHCENL, Tomo II (reservado), sesión 6 agosto 1824.

200.- Sordo. op. cit. p. 148.

201.-A pesar de que tanto la Constitución de 1824 como la local de marzo de 1825 establecieron la igualdad de todos los individuos, esto fue manifes-tado sólo de forma relativa, ya que el Tit. XI del Poder Judicial art. 50, declaró no hacer novedad al-guna en cuanto al fuero clerical ni militar, Quiroga, Madero, 1998: 89.

202.- Sordo. op. cit. p. 148.

203.-Otras fuentes que sirvieron de base para la formulación de la constitución del estado de Nuevo León fueron algunas leyes y reglamentos de otros estados: Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Estado de México y otros, Jáuregui, 2003: 376.

204.-AHCENL, Tomo 2 (reservado-Borrador de la Constitución), sesión 9 dic. 1824.

205.-Idem.


207.-Idem.

208.-Idem.



211.-Idem.

212.-AHCENL, Tomo 2 (reservado-Borrador de la Constitución), sesiones 13 y 14 dic. 1824. Consultar también: Quiroga, Madero (1998). Nuevo León a través de sus constituciones, H. Congreso del Es-tado de Nuevo León, artículos 13-16, 63.

213.- Carmagnani. op. cit. p. 62-63.

214.-AHCENL, Tomo 2 (reservado-Borrador de la Constitución), sesión 11 dic. 1824

215.-Ibid., sesión 13 dic 1824.

216.-Idem.

217.-Para facilitar más el proceso de elecciones y para la circulación de las órdenes el Congreso de-cretó oficialmente, en 1826, la división del territorio del estado en los partidos de: Monterrey, Cade-reyta Jiménez, Montemorelos, Linares y Boca de Leones, AHCENL, Tomo 3 habilitado para los años 1825-1827, libro de acta de sesiones públicas, 9 abril 1826.

218.-AHCENL, Tomo 2 (reservado-Borrador de la Constitución), sesión, 14 dic. 1824.

219.-Ibid. En las elecciones sólo se exceptuaba de ser electores a las personas empleadas en el poder ejecutivo del estado, así como los que ejercían ju-risdicción contenciosa, eclesiástica civil o militar, art. 23 en Quiroga, 1998: 65.

220.-AHCENL, Tomo 2 (reservado-Borrador de la Constitución), sesión, 14 dic. 1824.

221.-Idem.

222.-Para poder ser elector primario bastaba con ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, en cambio, para ser elector secundario a petición se debía ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y ser vecino del partido que lo nombra con residen-cia de tres años en el estado, AHCENL, Tomo 2 (reservado), sesión 14 y 16 dic. 1824.

223.-Para consultar la división de los partidos y los distritos que cada uno componen: AHCENL,


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Tomo 3 habilitado para los años 1825-1827, libro de acta de sesiones públicas, 9 abril 1826.

224.-AHCENL, Tomo 2 (reservado), sesión 16-18 dic. 1824.

225.-Ibid. Sesión 18 dic. Como las personas de los altos funcionarios (entendiéndose por estos: Go-bernador, secretario, diputados del Congreso, inte-grantes de la Junta Consultiva, magistrado de Au-diencia y síndicos procuradores) eran inviolables, ninguno de ellos podían ser procesado criminal-mente. Por ello la constitución estatal estableció en su título XV que la conducta pública y privada de estos funcionarios estaría sujeta a un juicio sumario llamado censura, cuyo efecto tenía por fin la revo-cación del cargo. Para esta función eran elegidos en Junta de Estado los censores, para participar de ser el caso, en juicio censorio; Quiroga, Madero, 1998: 94-100.

226.-Idem.

227.-Ibid. En caso de muerte o imposibilidad del gobernador, el nombramiento debía recaer en el te-niente gobernador, y a falta de éste el jefe político de la capital hasta finaliza el año, Quiroga, 1998: 87.

228.- Madero Quiroga, Adalberto. Nuevo León a través de sus Constituciones, Monterrey, Serie la Historia y el Derecho. LXVIII Legislatura del Congreso de Nuevo León, 1ª edición, Monterrey, 1998, p. 84-87.

229.-La Junta Consultiva de Gobierno de 1825 es-tuvo compuesta por: presidente, vicegobernador del mismo estado Julián Arrese; eclesiástico secular nombrado doctor José Bernardino Cantú; secreta-rio de gobierno Miguel Margain; alcalde I Ambro-sio de Llano, AHCENL, Tomo 3 (reservado), libro de actas de la Junta Consultiva del gobierno del estado de Nuevo León, sesión 2 agosto 1825.

230.- Sordo. op. cit. p. 139.

231.- Madero. op. cit. p. 78.

232.- Ibid, p. 79-80.

233.- Sordo. op. cit. p. 139.

234.-Jáuregui retoma el concepto de antidemócra-tas interpretado por Annino, pero para los criollos nuevoleoneses, consultar Jáuregui, 2003: 378.

235.- González Maiz, Rocío. “Nuevo León en la República”, en Nuevo León Historia de un Go-bierno. Museo de Historia Mexicana, Monterrey, 2006, p. 62.

236.- Vázquez, Josefina Zoraida. El establecimien-to del Federalismo en México en México, 1812-1827. COLMEX, México, 2003, p. 34.

237.- AHCENL, Caja 1, exp. 8. Disposición sobre el ramo del tabaco que pertenece al estado, 18 oct 1824.

238.- Reséndiz, Balderas José. “Liberalismo en el Noreste de México, S.XIX”, en ACTAS, Revista de la Historia de la UANL, Vol.1, Número 1, ene-ro-junio 2001, 2002, p. 6.

239.- AHCENL, Caja 1, exp. 8. Disposición sobre el ramo del tabaco que pertenece al estado, 22 oct 1824.

240.- AHCENL, Caja 1, exp. 5. Dictamen recaído sobre la comunicación dirigida al gobierno del es-tado por los representantes del mismo en la cámara del senado, sobre ataques del padre Mier al estado, junio 1825. En relación también consta el expedien-te del Tomo I (reservado), sesión 18 abril 1825.

241.-Idem.

242.-Idem.

243.- Gónzalez Maíz. op. cit. p. 61.

244.-AHCENL, Caja 2, exp. 18, mayo 1825.

245.-Idem.

246.-Idem.


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247.-AHCENL, Caja 4, exp. 60, 9 sept. 1826. Disposición relativa a la introducción del tabaco extranjero en los estados de Nuevo León, Tamauli-pas, Coahuila y Texas.

248.-Idem.

249.-Idem.

250.- Vázquez, Zoraida. op. cit. p. 34.

251.-AGENL, Fondo Concluidos, Caja 7, Exp. 47. CL-7/47.

252.-AHCENL, Tomo II (reservado), sesión 21 agosto 1824.

253.-Este tipo de solicitudes no eran novedosas, ya desde el siglo XVII el reclamo en contra del mono-polio ejercido por los comerciantes de Veracruz o México era persistente; de igual manera la solicitud de apertura de puertos fue también una petición representada por Miguel Ramos Arizpe o Simón Herrera y Leyva, Galindo, 2005: 124.

254.-AHCENL, Caja 3, Borradores de decretos expedidos por el congreso del estado, exp. 30. no. 21.

255.-Ibid. Sólo se exceptuó de este cobro a los indi-viduos cuyos productos no llegasen a los 100 pesos anuales, el cobro de este impuesto se comenzó a realizar por los ayuntamientos a partir de mayo de 1825, AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Congreso de la Unión, COLECCIÓN IMPRESOS II, Vol. 4, Exp. 5, Folio 1. Al respecto se puede consultar también, AHCENL, Caja 2, exp. 30, decreto 22, 17 marzo 1825.

256.-Idem.

257.- Reséndiz. op. cit. p. 6.

258.-AHCENL, Tomo 1 (reservado), sesión secre-ta 13 enero 1825.

259.-Idem.

260.-Idem.

261.-Un informe del militar Vicente Arreola diri-gido al gobernador detalla la precaria condición y miserabilidad de sus tropas, suplicando asistencia y auxilio para la escasez; la respuesta del gober-nador fue la imposibilidad de su petición, pues el único medio que podía aliviar esta situación era el envío de tabacos labrados y con rama que se había solicitado al gobierno (…). AGENL, Caja 12, exp. 28, 17-18 mayo 1825.

262.-En estos documentos se señaló que la milicia nacional debía ser conformada por todos aquellos individuos que estaban obligados a concurrir a la defensa de la patria cuando la ley los llamara, que los individuos que formaban la milicia nacional lo-cal estaban sujetos a los gobernadores del estado y el presidente de la república; que la milicia debía ser compuesta de infantería, artillería y caballería (…), AHCENL, Caja 4, exp.61, 29 dic. 1827. El reglamento detallaba el nombramiento de jefes, oficiales, sargentos y cabos de las milicias, el cual debía ser hecho por los ayuntamientos del esta-do, también se señaló el juramento de las fuerzas armadas que rezaba: “Juráis a dios nuestro señor emplear las armas que este estado pone en nuestra manos en defensa de la religión católica, apostólica, romana, de la independencia y de la soberanía de la nación mexicana y de la forma de gobierno republi-cana, conservar el orden interior del estado: cum-plir y hacer cumplir sus leyes y las del Congreso de la Unión, guardando en todo la más acendrada felicidad; obedecer a nuestros jefes, no abandonar jamás cualquier servicio y guardar la más debida consideración a los demás ciudadanos”; asimismo, el reglamento disponía sobre el uniforme de la mi-licia, el cual debía ser casaca pantalón, pantalón y forro azul celeste, cuello, vueltas y vivo encarnado, botón de oro de la infantería, y de plata la caballe-ría, se estipuló también sobre penas y castigos co-rreccionales sobre el servicio de milicia, entre otros temas interesantes. AHCENL, Tomo 3, sesión 8 marzo 1828.


264.- Madero. op. cit. p. 88.


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265.- Ibid, p. 89.

266.- Ibid, p. 90.

267.- Ibid, p. 91.

268.- Reséndiz Balderas (2002). Liberalismo en el noreste de México, siglo XIX. ACTAS. Vol. I Núm. 1. Enero-Junio, 5.

269.-Oficio del ayuntamiento de la Mota, Archi-vo del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, AHCENL, Caja 2, Exp. 10, Dictamen de la comisión de instrucción pública, junio 1825. Se estableció también, por decreto del Congreso del estado y del gobernador José María Parás, que a todos los niños en las escuelas e iglesias se les debe instruir acerca de la Constitución, AHM, Fondo capital del estado, Sección correspondencia, Serie ayuntamiento de Monterrey, Vol. 16, Exp. 4, Folio 9, 12 abril 1826.

270.-Archivo General del Estado de Nuevo León AGENL, Fondo Memoria de Gobierno, Informe de José María Parás, Caja 1, 16 febrero 1826.

271.-AHCENL, Tomo 4 (reservado), sesión 16 febrero 1826. Véase también Archivo Histórico de Monterrey, AHM, Fondo Capital del Estado, Serie Planes y Programas, Colección IMPRESOS II, Vol. 6, Exp. 3, Folio 9 no.1, artículo 12 de Ins-trucción Primaria.

272.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Educación, Serie Planes y Programas, Colección IMPRESOS II, Vol. 6, Exp. 3, Folio 9., no.1.

273.- Galindo, Benjamín. El Provincialismo Nue-voleonés en la Época de Parás Ballesteros 1822-1855. UANL, Monterrey, 2005, p. 109.

274.- Ibid, p. 110.

275.- Memoria presentado al Honorable Congreso por el gobernador Manuel Gómez, 1828, AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Corresponden-cia, Serie Ayuntamiento de Monterrey, Colección Principal, Vol. 23, Exp. 1, 8 marzo 1828.

276.-AHCENL Caja 10, Exp. 10, Solicitud del ayuntamiento de esta ciudad, sobre que se le au-torice dar del fondo de propios $50. 00 anuales a la preceptora de escuela pública de niñas, 4 febrero 1828. En la práctica, según parece la autorización de estos 150. pesos no tuvieron efecto, así lo expre-sa otra representación de la maestra Josefa Niño de Córdova en 1840, Galindo, 2005: 116.

277.-AGENL, Fondo Concluidos, Caja 16, Exp. 27, CL/16-27, enero, junio 1831.

278.-Idem.

279.-Idem.

280.-AGENL, Fondo Memoria de Gobierno de Joaquín García, Caja 2, 1831. Posteriormente la previsión sobre estos establecimientos se extiende a los gobiernos centralistas, pues en 1835 la memo-ria de Manuel Gómez de Castro menciona la san-ción de un decreto para la creación de un instituto para enseñar después de los primeros rudimentos y nociones de urbanidad: aritmética, geométrica, gramática, castellana, astronomía y geografía. Sin embargo, la enseñanza pública no representó un avance representativo sino hasta la fundación de las compañías lancasterianas de 1844, Galindo, 2005: 117.

281.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monte-rrey, Colección Correspondencia, Vol. 16, Exp. 4, Folio 9.

282.-AGENL, Fondo Memoria de Gobierno, In-forme de José María Parás, Caja 1, 16 febrero 1826.

283.-Memoria del Estado Libre de Nuevo León a cargo del gobernador Manuel Gómez de Castro, 1828. AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Congreso de la Unión, Colección Impresos II, Vol. 4, Exp. 5, Folio 1.

284.- Galindo. op. cit. p. 102.

285.-En 1825 el Congreso decretó la propuesta so-bre la habilitación de grados mayores de teología


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véase: AHM, Fondo capital del estado, Sección correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monte-rrey, Colección correspondencia, Vol. 16, Exp. 5, Folio 4, 1 mayo 1826. Pero fue finalmente el decreto del gobernador Manuel Gómez quien con rigor de ley publicó el impreso, AHM. Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circula-res, Colección PRINCIPAL, Vol. 10, Exp. 36.

286.-Memoria del Estado Libre de Nuevo León a cargo del gobernador Manuel Gómez de Castro, 1828. AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monte-rrey, Colección Principal, Vol. 23, Exp. 1, marzo 1828,

287.-Archivo del Honorable Congreso del Estado, AHCENL, Tomo 3 habilitado para los años 1825- 1827, sesión 9 febrero de 1829.

288.-Desgraciadamente, para junio de 1829 el gobierno no podía solventar más los gastos de la escuela de medicina y deseaba rescindir la con-trata del Dr. Constanza, AHCENL, Tomo 3 (re-servado), sesión 1 junio 1829. Según el informe de gobierno de 1831, la escuela dejó de funcionar a “falta de director, pues el recomendable médico Dr. Pascual Constanza, encargado de su asistencia, ha tenido que abandonarla estrechando la necesi-dad de atenderse a sí mismo (…)”.AGENL, Fondo Memoria de Gobierno de Joaquín García, Caja 2, 1831. Por último, de los cuatros alumnos inscritos en el curso de medicina, sólo dos: Francisco Gutié-rrez y Carlos Ayala, lograron concluir sus estudios fuera del estado, Galindo, 2005: 100.

289.-El desarrollo del Colegio quedó confirmado con el estado manifiesto 1828 que expresa entre otras características un número total de alumnos del Seminario, cátedras, facultades, autores que sirven de seguía, y otros, consultar: AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayun-tamiento de Monterrey, Colección PRINCIPAL, Vol. 23, Exp. 1. No obstante de que el Colegio Seminario fue por mucho el único establecimiento ilustrativo hasta el advenimiento del Colegio Civil, éste nunca pudo estar a salvo de las carencias eco-

nómicas tan comunes en esta época; la situación llegó al extremo en 1832, pues a falta de recursos y debido a la decadencia en rentas decimales, este centro educativo ingresó en una etapa de decaden-cia, cierres prolongados, y hasta abandono, muy a pesar de los esfuerzos generales del gobierno y de su temor a “una retrogradación espantosa y funesta en la moral y en la civilización”, AGENL, Fondo Memoria de Gobierno de Joaquín García, Caja 2, 1832.


291.- González Maíz. op. cit. p. 71.

292.-AGENL, Fondo Memoria de Gobierno de Manuel Gómez, Caja 1, 1827.

293.-Idem.


295.-Ibid. El estado de Nuevo León sufrió en 1825 una epidemia de sarampión, el plan de contingen-cia del gobierno en casos como éste, obligaba al go-bierno a facultar a los ayuntamientos para que éstos tomaran las medidas correspondientes a fin de cor-tar el mal y auxiliar al pueblo con medicamentos y socorros necesarios, también se formaban “Juntas de Sanidad” que colaboran en unión del ayunta-miento, se exhortaban a la caridad de los pudientes para proveer medicinas y alimentos a los más nece-sitados, y por último el gobierno redoblaba esfuer-zos para hacer circular el método curativo.

296.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monte-rrey, Colección CORRESPONDENCIA, Vol. 16, Exp. 5, Folio 1.

297.-En su informe, el tesorero de la iglesia, D. José Bernandino Cantú, expresó que no se podía pensar por ahora en algún establecimiento de beneficencia por la falta de erario, mas proponía como útil, con-veniente y práctico la siembra, cultivo y labranza de tabaco por ser un ramo de utilidad del que sal-drían beneficiados “a todas las clases del común, tanto cosecheros, empleados, menesterosos, como


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sirvientes, en los que incluidos tanto los pobres, como hasta las inútiles y desvalidas mujeres, todos van a resultar aprovechados de esta disposición”, AGENL, Asuntos Eclesiásticos, Caja 3, Exp. 111, AE, 3/111. Informe que el Venerable Cabildo Ecle-siástico presenta al Jefe Político de esta Provincia sobre los establecimientos de Pública Beneficen-cia, 1823, Monterrey, 15 fojas.


299.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Muni-cipales, Colección IMPRESOS II, Vol. 20, Exp. 8, Folio 12.

300.-AHCENL, Tomo 4 (reservado), sesión 13 de febrero de 1826 o consultar también AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamento, Decre-tos y Circulares, Colección IMPRESOS II, Vol. 6, Exp. 2, Folio 24. Entre los nombres manejados para llenar los cargos de la Casa de Beneficencia se mencionaron como tesorero al C. Br. José de Jesús de la Cerda, como contador al C. Pedro Morales, síndico procurador don Francisco Arroyo, y para los otros tres individuos: don Fermín de Sada, Ra-fael de la Garza, Pedro Agustín Ballesteros, AH-CENL, Tomo 4 (reservado), sesión 13 abril 1826.

301.-Idem.

302.-Idem.

303.-Plan de Instrucción Pública y Prevenciones Generales, AHCENL, Tomo 4 (reservado), sesión 20-21 de febrero de 1826. El plan de prevenciones generales e instrucción pública que hemos citado con anterioridad en el apartado sobre educación pública es un complemento entre las obligaciones del gobernador para ejercitar en formar conjunta con el Congreso, el ayuntamiento y otras corpo-raciones la corrección sobre desconocidos vagos, ociosos y malentretenidos, locos, mendigos, volun-tarios y muchachos desamparados; enviándolos a obras públicas o a casas de corrección y beneficen-cia, o poniéndolos a cargo de empresarios o maes-

tros, que los instruyan o empleen en ocupaciones útiles, Título 10, art. 128-IV, Madero, 1998: 85.

304.-Idem.

305.-En este documento aparece el oficio sobre la comisión de la Junta de Beneficencia y un plano, AGENL, Fondo Correspondencia de Alcaldes Pri-meros, Caja 3, junio-julio 1826. Según el informe de gobierno en 1828 de Manuel Gómez Castro, la ubicación contemplada para la casa de beneficen-cia se encontraba por el barrio de la capilla de la Purísima Concepción, AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayunta-miento de Monterrey, Colección PRINCIPAL, Vol. 23, Exp.

306.-En 1830 la Casa de Beneficencia formuló un reglamento interior para las reclusas conformado por 20 puntos. Este reglamento incluye todo un día de itinerario que va desde las cinco y media de la mañana hasta las nueve o diez de la noche, comprende además el tipo de oraciones que deben rezar, el trabajo del día, sus dietas y los métodos de corrección que incluían: ejercicios espirituales, confesión, reclusión y meditación, omisión del desayuno o cena como multas, como “destinarla a un trabajo que la humille y fortifique”, pero tam-bién se mencionan recompensas por la obediencia y corrección por ejemplo ofreciendo a las reclusas alguna fruta o plato especial, dispensarles el que se levanten temprano u otra atribución para su recreo, por mencionar algunos puntos interesantes, AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Serie Vida Cotidiana, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 3, Folio 11.

307.-Consultar: AGENL, Fondo Memoria de Go-bierno de Joaquín García, Caja 2, 1831 y 1832.

308.-Todavía para 1852 se menciona el abandono de la Casa de Beneficencia y una aprobación por parte del Congreso para las reparaciones del edifi-cio, AGENL, Fondo Correspondencia de Alcaldes Primeros, Caja 4, oficios 1833, 1834 y 1852.


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309.-AGENL, Fondo Memoria de Gobierno de Manuel Gómez Castro, Caja 2, 1835.

310.-Un estudio muy interesante sobre la acción pública en el estado liberal lo podemos encontrar en: Myiriam Fernández Herrero (2001), Proceso de convivencia y sustitución de la acción social en el estado liberal, Disponible: http://www.aecpa. es/congreso_07/archivos/area6/GT-26/FERNAN-DEZ- HERRERO-Myriam(UV).pdf.

311.-AGENL, Fondo Correspondencia de Gober-nadores, Caja 1, 13 septiembre 1827.

312.-Idem.

313.-Idem.

314.-Ibid. La idea sobre la manumisión de los es-clavos fue una obra meditada entre el gobierno y el ciudadano Arrese para darle a la ceremonia de In-dependencia un acto público, solemne y simbólico, así lo indicó una correspondencia que José Trinidad Arrese: “El amor a la humanidad, particularmente a aquellos infelices, que adornados de igual subsis-tencia y espíritu que los demás hombres, la suerte, la fortuna u origen los presenta desiguales, me han hecho ver siempre con horror su fatal condición con el nombre de esclavitud. Los bienes de la fortuna ó mejor decir, el derecho hereditario me constituyó dueño, casi desde mi tierna edad, de posición de personas sujetas a dichas condición; pero carecien-do de las comodidades necesarias, para mantener-las y educarlas, no queriendo tampoco enriquecer con el precio de la humanidad, ni menos sujetarlos al carácter ó dura servidumbre de otro señor, tomé el partido de permitirles se mantuvieran como sir-vientes en casas particulares (….), cuando en esto vemos que las autoridades del Estado invitan a sus conciudadanos a celebrar el aniversario de la in-dependencia tenemos el honor y la satisfacción de poner en manos de V.E manumitirlos (…), AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Corresponden-cia, Serie Ayuntamiento de Monterrey, Colección CORRESPONDENCIA, Vol. 20, Exp. 7, 13 de septiembre 1827.

315.-Idem.

316.-Idem.

317.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Eclesiásticos y Cabildo Eclesiástico, Colección IMPRESOS II, Vol. 20, Exp. 11, Folio 1.

318.-AHCENL, Tomo 3, sesión 9 mayo 1827.

319.-Idem.

320.-Idem.

321.-Idem.

322.-Madero. op. cit. p. 82.

323.-AHCENL, Tomo 3, sesión 10, 12 mayo 1827.

324.-Ibid. Véase también AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ecle-siásticos y Cabildo Eclesiástico, Colección IM-PRESOS II, Vol. 20, Exp. 11, Folio 1.

325.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Eclesiásticos y Cabildo Eclesiástico, Colección IMPRESOS II, Vol. 20, Exp. 11, Folio 1.

326.-Este punto también fue objetado por el parti-do de Arroyo, el cual sostuvo que la junta debía ser compuesta por tres eclesiásticos y tres seculares y no de cuatro “juglares” y dos eclesiásticos.

327.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Estata-les, Colección PRINCIPAL, Vol. 10, Exp. 35, 15 mayo 1827.

328.- Otero en Galindo, Benjamín. El Provincia-lismo Nuevoleonés en la Época de Parás Ballesteros 1822-1855. UANL, Monterrey, 2005, p. 66.

329.- Hamnett, Brian R. “Faccionalismo, Consti-tución y Poder Personal en la Política Mexicana, 1821-1854: Un Ensayo Interpretativo”, en Vázquez, Josefina Zoraida (coord.) La Fundación del Estado Mexicano, 1821-1855. Nueva Imagen, México, 1994, p. 80.


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330.-Una vez aprobado el decreto 157 sobre la Jun-ta de Diezmos, el cabildo eclesiástico utilizó como último recurso una representación escrita dirigida al Congreso estatal, en el que pidieron suspender dicho decreto, medida que no prosperó por ser extemporánea según las leyes, “quedando sólo la aptitud y el derecho de poder hacer observaciones y reclamos, según el art. 114 de la Constitución”, AHCENL, Tomo 2 (reservado), sesión 30 mayo 1827.

331.-Para 1827 aún sin haberse realizado el reparto de la gruesa decimal, el gobierno ya contemplaba el recurso de este ramo para efectuar el pago del contingente del estado en unión de las utilidades de la venta de tabacos labrados, AGENL, Fondo Memoria de Gobierno, Informe de Manuel Gómez Castro, Caja 1, 1827.

332.-Ibid. Caja 1-2, Informes de gobernadores 1827, 1831-33, 1835.

333.- Madero. op. cit. p. 101-103.

334.- Idem.


336.- Ibid, p. 26.

337.-La comisión formada por los ciudadanos Ca-milo Gutiérrez, Félix Taboada y Pedro Treviño presentó ante al Ayuntamiento Municipal un pro-yecto de ordenanzas municipales compuesto de 8 capítulos y 65 artículos que comprende los temas de policía de corrección, policía de seguridad, po-licía de salubridad, policía de industria, policía de arbitrios, policía de agricultura, policía de milicia local, de la instrucción pública, AHM, Fondo Ca-pital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Municipales, Colección PRINI-CIPAL, Vol. 14, Exp. 12, 14 nov. 1825.

338.-AHCENL, Tomo 3, Sesión 2 mayo 1827.

339.-AHCENL, Tomo 3, Sesión 3 marzo 1828.


341.-Se declararon como viciosos, holgazanes y mal entretenidos 1. Los que sin oficio y beneficio, hacienda, o renta viven sin saber de qué les venga su subsistencia, 2. los que teniendo patrimonio o siendo hijos de familia, no se les conoce otro em-pleo que el de las casas de juego (…), 3.los que vigorosos, sanos y robustos, y aún con lesión que no les impide ejercer oficio, piden limosna, 4. los hijos de familia mal inclinados (…), 5. los distraídos con juegos de embriagueces o amancebamiento, 6. los que tenidos por la reputación de su casa, del poder, o representación de sus padres, no veneran la justicia como deben (...) disponiendo músicas, bailes, (...), 7. los que traen armas prohibidas, 8. los que teniendo oficio no lo ejercen más de un año sin motivo justo que lo impidan, 9. los que con pre-texto de jornaleros si trabajan un día lo dejan de hacer muchos (...) y gastan su tiempo en ociosidad, 10. Los muchachos forasteros que andan prófugos y sin destino (...), AHCENL, Tomo 3, Sesión 12 abril 1828.


343.-Ibid. Se puede consultar un informe sobre los juegos que estaban prohibidos según el decreto del Conde de Revillagidedo de 29 de octubre de 1790, AGENL, Fondo Concluidos, Caja 23, Exp. 361, 13 fojas, 1833.

344-.AHCENL, Tomo 3, Sesión 12 abril 1828.

345.-Las ordenanzas incluían además medidas de preocupación para licenciar el “carnear” o matar ganado norteño, para realizar ordenadamente las corridas de caballada o ganado y la venta de los mismos, AHCENL, Tomo 3, Sesión 26 marzo 1828.

346.-AHCENL, Tomo 3, Sesión 12 abril 1828. Para mayor exactitud y detalle sobre el ramo de policía y salubridad de estas ordenanzas se puede consultar el bando publicado con fecha de 27 fe-brero de 1821 por el Ayuntamiento de Monterrey y el Alcalde 1 don Matías de Llano en AGENL, Fon-do Colonial, Sección Correspondencia de Alcaldes Primeros, Caja 2 1829-1821, 11 fojas. De igual forma


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el ayuntamiento de Monterrey, expidió un bando de policía y buen gobierno de 23 artículos previo a la aprobación del Congreso local de las ordenanzas de gobierno, Galindo, 2005: 217-224.


348.-AHCENL, Tomo 4 (reservado), Sesión 1 marzo 1827.

349.-AHCENL, Tomo 4 (reservado), Sesión 18 marzo 1826, 26 febrero 1827.

350.-Idem.

351.-Ibid, Sesión 1 marzo 1827.

352.-AHCENL, Tomo 4 (reservado), Sesión 26 febrero 1827.

353.-Ibid, Sesión 1 marzo 1827.

354.-Idem.

355.-El proyecto de ordenanzas municipales pre-sentado por el Ayuntamiento en 1829 señaló reitera-damente la necesidad de protección de la industria, el comercio, la agricultura, por lo que proponían: extensión o moderación de alcabalas comestibles, apertura a la diligencia, tráfico y abundancia; reali-zar el cobro puntual de los vendedores de las plazas, ofrecer terrenos y laboríos del patrimonio de María Santísima y así aumentar los fondos y productos derivados de dichas rentas en beneficio del mu-nicipio de Monterrey, mientras que a los pobres y desocupados involuntarios se les ofrecería terrenos indultos y capaces de beneficio (..), AHM, Fon-do Capital del Estado, Sección Reglamentos, De-cretos y Circulares, Serie Municipales, Colección PRINICIPAL, Vol. 14, Exp. 12, 14 nov. 1825.

356.-En 1856 la Junta fue obligada a contribuir con 200 pesos de sus fondos para construir obuses para el Ejército del Norte, en 1870 tenía en funcio-namiento dos escuelas para adultos con dieciséis y veinticinco alumnos cada una. Incluso algunos miembros de la sociedad fungían como maestros e impartían clases gratuitamente, consultar González Maiz, 2002: 27.

357.- Costeloe. La Primera República Federal 1824-1835. Un Estudio de los Partidos Políticos en el México Independiente. Fondo Cultura Económica, México, 1975, p. 11.

358.- Carmagnani. op. cit. p. 71.

359.- Costeloe. op. cit. p. 19.

360.- Ibid, p. 22.

361.- Ibid, p. 48-49.

362.- Ibid, p. 362.

363.- Ibid, p. 55-56.

364.- Sobre la conformación de las elites locales consultar González Maiz, 2006: 81-83, Galindo, 2005: 156.

365.- Todos estos temas son tratados especialmente en el capítulo 2 de este trabajo.


367.- Galindo. op. cit. p. 187-215.


369.- Galindo. op. cit. p. 187-215.

370.- Consultar Derbez, 2007.Véase también Cos-sío, 1946: 210, 221. Tomo V. En que detalla que Irineo Castillón era de los miembros más promi-nentes de la masonería.


372.-AHM, Fondo capital del estado, sección ac-tas de cabildo, sesión mayo 1825, exp. Nota: no se cuenta con el contenido escrito del anónimo.

373.-AHM, Fondo capital del estado, sección actas de cabildo, sesión mayo 1825, exp.

374.-La defensa de las sociedades secretas por ór-ganos como la revista literaria El Iris destacaron la importancia de las sociedades secretas y lo perjudi-cial de la excesiva influencia que los curas ejercían


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en el proceso de elección en los pueblos, Torcuato 1994: 181.

375.- Di Tella, Torcuato S. “Ciclos en la primera mitad del siglo XIX”, en Vázquez, Josefina Zoraida (coord.) La Fundación del Estado Mexicano, 1821-1855. Nueva Imagen, México, 1994, p. 184, 186, 194.

376.-AGENL, Asuntos eclesiásticos, caja 4, exp. 123. En adelante AE.4/123.

377.-Ibid. Documento con fecha de 9 de diciembre de 1826.

378.-Ibid. Documento con fecha de 12 de diciem-bre de 1826.

379.-Tomado de la segunda columna, para consulta del pasquín completo. AGENL. Asuntos Eclesiás-ticos, caja 4, exp. 123. En adelante AE.4/123. Las negritas son nuestras.

380.-Para más información sobre la existencia de otros pasquines íntimamente relacionados con la lucha de los partidos, consultar Derbez, 2007.

381.- Sims, Harold D. Descolonización en Méxi-co el conflicto entre mexicanos y españoles (1821-1982). FCE, México, 1982, p. 16-18.

382.- Costeloe. op. cit. p. 90-91.

383.-AHM, Fondo Capital del Estadio, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Muni-cipales, Colección IMPRESOS II, Vol. 20, Exp. 12, Folio 3.

384.- Sims. op. cit. p. 25.

385.- Ibid, p. 117-127.

386.- Derbez García, Edmundo. Investigación por publicar. 2007.

387.-AHCENL, Caja 4, Exp. 62, 2 mayo 1827.

388.- Derbez. op. cit.

389.-AHCENL, Caja 4, Exp. 61. Decreto de ex-pulsión de los españoles o en Sims 1982: 36-37.

390.-Sobre el censo de los españoles residentes en el estado de Nuevo León consular: AGENL, Caja 4, CL-12/165.

391.-Ibid. 15 enero 1828.

392.-AGENL, Caja 4, CL-12/215, mayo 1829. Otra prueba de la actitud de colaboración entre la eli-te nuevoleonesa, pese a la ya existente división de partidos, es la ocurrida en los meses de octubre y diciembre de 1830, cuando el estado fue azotado por una epidemia de viruela, AHM, Fondo Ca-pital del Estado, Serie Epidemias, Colección CO-RRESPONDENCIA, Vol. 26, Exp. 34.

393.-AGENL, Caja 4, CL-12/165, 28 enero 1828. Entre los nombres de los residentes españoles ex-ceptuados por la Federación Mexicana se encuen-tran Antonio Casado, Matías de Llano, Fr. José Roll, don Pedro Hombre, Pedro González, Tomás Delgado, José Garay, D. Francisco Marichalar, don Francisco e la Penilla entre muchos otros, consul-tar la lista completa de los españoles exceptuados de la ley de marzo de 1829 en CL-14/215, 23 mayo 1829. Sobre la fórmula o juramento, AHM, Fon-do Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monterrey, Colección CO-RRESPONDENCIA, Vol. 20, Exp- 5, Folio 2.

394.-Artículo 19 del decreto de expulsión de los es-pañoles de 20 de diciembre de 1827 en AHCENL, Caja 4, exp. 61. Significativo es el caso del español Blas Antonio, residente apoderado de la hacienda El Carrizal en Punta de Lampazos, quien fue apo-yado en su petición de aplazamiento de su salida, autorización de una ruta más segura y embarque por Mata Gorda; por el gobernador Joaquín Gar-cía, quien lo declaró: “estimado amigo y compañe-ro, intimo amigo en toda la extensión de la palabra, con quien he tenido relaciones de amistad y de co-mercio, desde el momento en que nos conocimos (…)”, AGENL, Caja 14/215-17.

395.- Di Tella. op. cit. p. 213.

396.-AHCENL, Caja 10, Exp. 1, 1 febrero 1828.


196

397.-Ibid. Existe también otro impreso del Coman-dante General de los Estados de Oriente, Anastacio Bustamante en el ratifica la lealtad del estado nue-voleonés y sus fuerzas de milicia cívica, AGENL, Fondo Militares, Caja 25, 3 febrero 1828.

398.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Gacetas y Periódicos, Colección IMPRESOS II, Vol. 1, Exp. 8, folio 1, 1, 8 de febrero 1828.


400.- Ibid, p. 170.

401.-Torcuato S. Di Tella lo explica mejor al re-ferirse así sobre el proceso de elección indirecta: “Ésta era una de las cualidades de la Constitución adoptada de 1824, que redujo la legitimidad de las autoridades y de algunos representantes: senadores y presidentes eran elegidos por las legislaturas sa-lientes de los estados (…)”. Torcuato, 1994: 185.




405.-AGENL, Gaceta Constitucional. No. 110, 4 septiembre 1828.

406.-AHM, Fondo Correspondencia, Serie diver-sos, colección impresos II, vol. 20, exp. 14, folio 37, 25 nov 1828.

407.-Idem.

408.-Idem.

409.-AHM, Fondo Correspondencia, Serie Diver-sos, Colección IMPRESOS II, Vol. 20, Exp. 14, Folio 37, 25 nov. 1828.

410.-Idem.

411.-Ibid, documento con fecha de 5 dic. 1828.


413.- Ibid, p. 186.

414.- Sims. op. cit. p. 64-66.

415.-AGENL, Gaceta núm. 115, 9 oct, 1828.

416.-En Nuevo León, en un intento por frenar la lucha de anónimo y pasquines que se vivía en la ciudad, el gobernador Manuel Gómez de Castro expidió un decreto prohibiendo la circulación o creación de pasquines bajo las correspondientes penas, AGENL, Gaceta Constitucional no. 123, 4 diciembre 1828.


418.- Ibid, p. 225.


420.- Ibid, p. 210.

421.-AGENL, Fondo Militares, Caja 30-31, Ofi-cios 22 dic. 1828, José Juan Sánchez veterano, Lampazos 2 enero 1829, José Mariano Guerra, San Fernando, 11 enero 1829.

422.-AGENL, Fondo Militares, Caja 29, Anasta-cio Bustamante, San Fernando, 19 diciembre 1828.

423.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Esta-tales, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 1, Folio 14.



426.- AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Estata-les, Colección PRINCIPAL, Vol. 10, Exp. 2, Folio 58, 21 agosto 1831.

427.- AHCENL, Diario de debates tomo 4, sesión 14 marzo 1829.

428.- Idem.

429.- Idem.

430.- Idem.


197

431.- Idem.

432.- AGENL, Gaceta Constitucional no. 142, 9 abril 1829. Es de observarse que la conformación del Ayuntamiento de Monterrey en 1829 estaba dominada por el partido de de Llano: el alcalde su-plente Francisco Tomás Iglesias, los regidores: Pe-dro Treviño Pereyra, Francisco Antonio de Llano, síndico Camilo Gutiérrez. Véase Cavazos, : 83.

433.-Idem.

434.-AGENL, Gaceta Constitucional no. 144, 23 abril 1829.

435.-AGENL, Gaceta Constitucional no. 146., 7 mayo 1829.


437.-Algunas de estas relaciones sobre los limita-dos extranjeros en el estado se pueden revisar en AGENL, Fondo Correspondencia de Gobernado-res, Caja 1, meses marzo, abril, julio 1828.

438.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monte-rrey, Colección IMPRESOS II, Vol. 5, Exp. 1, Fo-lio 17, 18 noviembre 1828. A principios del mismo año existe también un expediente de la legislatura de Coahuila y Texas en que expone una petición para prohibir la introducción en la república los lienzos de algodón, lana, vinos, aguardientes y otros licores, por ser gravosos y perjudiciales a la industria agrícola y fabril, AHCENL, Caja 10, Exp. 16, 18 febrero 1828.

439.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos, Circulares, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 3, Folio 8, 7 abril 1830.

440.-AHM, Fondo Capital de Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Esta-tales, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 1, Folio 23.


442.-Los documentos respectivos a la segunda ley de expulsión en AGENL, Fondo Concluidos, Caja 14, Exp. 215, meses de abril-mayo 1829. El decre-to sobre la expulsión se puede consultar en AHM, Fondo Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Estatales, Colección Impresos II, Vol. 21, Exp. 2, Folio 3.

443.-AHM, Sección Circulares, Serie Estatales, Colección IMPRESOS II, Vol. 3, Exp. 11, Folio 2, 11 mayo 1828, AGENL, Fondo Militares, Caja 33, 37, 38, oficios julio- agosto, 1829.

444.-Ibid. Caja 36, 13 agosto 1829. AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Estatales, Colección IMPRE-SOS II, Vol. 21, Exp. 1, Folio 31, 5 agosto 1829.

445.-En noviembre el gobierno de Nuevo León respondió a los ataques de El Correo por medio de la Gaceta Constitucional en que reivindicaba su “honor” exponiendo sobre el aprestamiento y ar-mamento de 500 hombres de infantería y 500 de caballería; de los cuales 350 habían marchado a la campaña, revelando que si el gobierno no había podido mandar las dos compañías de milicia activa de caballería fue porque “no estaban a su disposi-ción”, AGENL, Gaceta Constitucional, extraordi-naria sin número, 7 agosto de 1829 y Gaceta 175, 26 nov. 1829.


447.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Serie Esta-tales Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 2, Folio 17, 8 sept. 1829.

448.-Ibid. Vol. 21, Exp.1, Folio 32, 18 agosto 1829. AHCENL, Tomo 4, Sesión 2 julio 1829

449.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos, Circulares, Serie Esta-tales, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 2, Folio 18.




198

452.- Ibid, Vol. 21, Exp. 3, Folio 2, 21 enero 1830.

453.- AGENL, Fondo Militares, Caja 39, 12 sept. 1829


455.- Di Tella. op. cit. p. 229-230.

456.- Ibid, p. 234-235.

457.- Ibid, p. 236.


459.- AGENL, CL.20/335. Información sobre las elecciones primarias de 5 de diciembre de 1830, exp. 4.

460.- AGENL, CL20/335. Información sobre las elecciones del 5 de diciembre, Exp. 5.

461.- Idem.

462.- Ibid. Oficio con fecha 13 de diciembre 1830.

463.- Ibid. 14 dic. 1830. Firmas Arroyo, González.

464.- Ibid. Foja 37.

465.- AGENL, CL22/346. Causa criminal contra el reo Refugio Flores, acusado de conspiración. Se decía que, con la pronunciación Manuel de Lla-no, acabaría con los abusos de administración de caudales, y de esta manera habría suficiente dinero para asistir bien las tropas.

466.- Ibid. Uno de los argumentos más importan-tes del abogado Gonzaga fue demostrar que el acu-sado Flores había persuadido a la guardia que cus-todiaba la persona de don Manuel María de Llano, “para pedirle un medicamento a una hija suya que se hallaba sumamente enferma”.

467.- AGENL CL20/335. Oficio con fecha 29 di-ciembre 1831. 15 fojas.


469.-En diferentes números de la Gaceta se puede leer la controversia generada con las elecciones y

con los hechos ocurridos en las elecciones prima-rias: tráfico, contrato de elecciones, “el podersito” usado para referirse al grupo liberal, son algunos de los términos con que se expresaba la prensa de gobierno. Véase AGENL, Gaceta Constitucional 174- 19 nov 1829, 232-30 dic. 1830, 239- 17 febrero 1831.

470.-AHCENL, Gaceta Constitucional 183, 28 enero 1830. Con anterioridad los De Llano co-nocían a de la Rosa (apoderado el carmesí). Este escritor fue defendido por los Llano cuando éste escribió un impreso en Saltillo titulado “Fenómeno raro acaecido en Nuevo León”, en donde criticaba al gobernador Joaquín García por el destierro que les fue impuesto en Monterrey


472.- Ibid. El defensor de los liberales fue Antonio de la Guerra Saldívar, éste se encargó de desvane-cer todos los cargos imputados en la causa de las elecciones primarias en contra del secretario y los dos escrutadores: los puntos más importante de la defensa fueron: 1.Reclamo por la falta del auto de incomunicación, 2.Desvanecimiento del cargo hecho al secretario por no hacer la lectura corres-pondiente de las listas porque algunas listas fueron remitidas desde las casas, y fue necesario prescindir de la lectura por premura de tiempo y 3. Sobre el aumento de votos, injurias, existen también otras irregularidades por las que se justifica que la junta, en uso de sus atribuciones, dejó de computar su-fragios y otras que podían serlo dejó de anotarles (…), Véase AGENL, CL20/335. oficio con fecha 3 marzo 1831.

473.- Zapata, Vázquez Dinorah. El Antagonista de Manuel María de Llano. CIHR, Monterrey, 1988, p. 8.

474.- AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos y Circulares, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, exp. 3, folio 1.

475.- AGENL, Gaceta Constitucional 242, 10 marzo 1831.


199

476.- AGENL, CL22/347. 16 julio 1831. Véase también AHCENL, Gaceta Constitucional 261, 21 julio 1831 y 263, 4 agosto 1831.

477.- Idem.

478.- Sobre la causa entre Manuel de Llano y Felipe de Mier, AGENL, El Antagonista no.19 y CL22/347, 29 JULIO 1831.



481.- AGENL, CL22/348, oficio con fecha 1 de agosto 1831.

482.- Idem.

483.- Idem.

484.- AGENL, CL20/335 exp. 2. Declaración de Florencio Farías en la causa seguida a Manuel Ma-ría de Llano, 10 agosto 1831.

485.- Ibid. Oficio 4 agosto 1831.

486.- Idem.

487.- AHCENL. Suplemento de la Gaceta Consti-tucional no. 266, 25 agosto 1831.

488.- Idem.

489.-AGENL, Gaceta Constitucional no. 273, 13 octubre 1831 y no. 274, 20 octubre 1831.

490.- AHCENL. Suplemento de la Gaceta Cons-titucional no. 266, 25 agosto 1831.9

491.- AGENL, CL22/348. Oficio con fecha 23 de agosto 1831.


493.- AGENL, Gaceta Constitucional no.269, 15 sep. 1831.

494.- AHCENL, Diario de debates tomo 3, 27 agosto 1831.

495.- AGENL, Gaceta Constitucional no. 270, 22 septiembre de 1831.

496.- Gaceta Constitucional No.274 del 20-octu-bre- 1831

497.- Idem.

498.- AGENL, Gaceta Constitucional no. 275, 27 octubre 1831.

499.- Idem.

500.- Idem.

501.- Idem.

502.- Garza Cantú, Rafael. Algunos Apuntes acerca de las letras y la cultura de Nuevo León en la centu-ria de 1810 a 1910. Reimpresión. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes – Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 1995, p. 188.

503.- “Los hombres de bien” es un concepto que el periódico federalista El Correo explicó: los anti-guos escoceses, la facción de los yorkinos y el tercer partido conocido como “los moderados”, “hombres de bien” en el que figuraban clérigos, oficiales del ejército, altos funcionarios del gobierno, antiguos escoceses, y otros que habían apoyado la candida-tura de Gómez Pedraza, en general, todas las clases propietarias y muchas familias con parentesco es-pañol (Costeloe, 1975: 247); parte de la elite local nuevoleonesa se identificaban a sí mismos como “hombres útiles y de bien” en diferentes número de la Gaceta Constitucional, lo cual reafirma que simpatizaban y adoptaban el republicanismo cen-tralista.

504.-Una vez depuesta la presidencia, La Gace-ta Constitucional del estado siguió las acciones de Vicente Guerrero, con cierta apatía, publicando también sobre su aprehensión y ejecución (Cossío, 2000: 27-28, Tomo VI). El Antagonista, en cam-bio, publicaba su desánimo y decepción respecto a la decapitación de Guerrero, El Antagonista en AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Gacetas y Periódicos, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 3, Folio 1.


200

505.- Di Tella, Torcuato S. “Ciclos en la primera mitad del siglo XIX”, en Vázquez, Josefina Zoraida (coord.) La Fundación del Estado Mexicano, 1821-1855. Nueva Imagen, México, 1994, p. 238.

506.- Ibid, p. 240, 243.

507.- AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Educación, Serie Escuelas, Colección CORRES-PONDENCIA, Vol. 26, Exp. 13, Folio 13, 30 di-ciembre de 1830.

508.- Idem.

509.- AGENL, Fondo Memorias de Gobierno, Caja 2, 1831.

510.- Ibid. Memoria del año 1832.

511.- AGENL, Fondo Correspondencia de Alcal-des Primeros, Caja 7, 2 diciembre 1830.

512.- Ibid. 10, 26 febrero 1831.

513.- AGENL, Fondo Correspondencia de Alcal-des Primeros, Caja 10, junio 1832.

514.- AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Correspondencia, Serie Ayuntamiento de Monte-rrey, Colección CORRESPONDENCIA, Vol. 32, Exp. 16, Folio 5, 7 dic 1832.

515.- AGENL, Fondo Memorias de Gobierno, Caja 2, 1832.

516.- Di Tella. op. cit. p. 243-244.

517.- Ibid, p. 244.

518.- AHCENL, Exp. 22 “Exposición que la le-gislatura del estado dirigió al vicepresidente de la república (…), 27 febrero 1832.

519.- Ibid. En julio de 1832 el capitán Díaz Noriega informó sobre el sentido suicidio del Comandante Manuel Mier y Terán, hecho que causo sensación en el estado de Nuevo León, Cossío, 2000: 32, Tomo VI.

520.-AHCENL, Exp. 33, 38, Caja 12, 27 febrero, 29 marzo; 1832.

521.-AHCENL, Exp. 90, Caja 13, 13 octubre 1832.

522.-AHCENL, Exp. 96, 98, Caja 13, nov-dic. 1832.

523.- Di Tella. op. cit. p. 245-246.

524.- Ibid, p. 249.

525.- Cossío. op. cit. Tomo VI p. 33.

526.- Ibid, p. 34.

527.- Ibid, p. 35.

528.-Sordo Cedeño (1895), Federalismo, Centra-lismo y Constitución del Estado, disponible en: http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estu-dio02/ sec_49.html.

529.- Bethell, Leslie. Historia de América Latina. América Latina Independiente 1820-1870. Barce-lona: Crítica, Tomo 6, 2000, p. 116.



532.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Gacetas y Periódicos, Serie Congreso de la Unión, Colección IMPRESOS II, Vol. 1, Exp. 11, 19 junio 1833.

533.-Idem.


535.-AHM, Fondo Capital del Estado, Serie Esta-tales, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 6, Folio 14.

536.- Cossío. op. cit. tomo VI. P. 38.

537.-AGENL, AE5/149. Correspondencia entre Fray José María de Jesús Belauzarán, Obispo de Monterrey, y Manuel María de Llano gobernador, sobre la epidemia del cólera morbos, 1833, 27 fo-jas.

538.-AGENL, Correspondencia de Alcaldes Pri-meros, Caja 11, julio 1833.


201

539.-Ibid., 13 agosto 1833, AGENL, AE5/149-151, 16, 18-18 julio y 25 sep. 1833.

540.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Gacetas y Periódicos, Serie Estatales, Colección IMPRESOS II, Vol. 21, Exp. 7, Folio 2.

541.-Idem.

542.- Costeloe. Op. cit. p. 420-421.

543.-Sordo Cedeño (1895), Federalismo, Centra-lismo y Constitución del Estado, disponible en: http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estu-dio02/ sec_49.html.

544.-AHM, Sección Gacetas y Periódicos, Colec-ción IMPRESOS II, Vol. 6, Exp.7, Folio 1.

545.-Idem.

546.-Idem.

547.- Di Tella. Op. cit. p. 258.

548.- Cossío. Op. cit. Tomo VI. p. 39.

549.- Reséndiz. Op. cit. p. 12.

550.-AHM, Fondo Capital del Estado, Sección Reglamentos, Decretos, Circulares, Serie Estatales, Colección IMPRESOS II, Vol. 6, Exp. 7, Folio 4.

551.- Cossío. Op. cit. Tomo VI. p. 40.

552.- Costeloe. Op. cit. p. 435.

553.- Ibid, p. 436.

554.- Cavazos. Op. cit. p. 66.


203

CAPÍTULO IIIMONTERREY: UNA PERSPECTIVA DE SU HISTORIA ANTE EL

CAMBIO DE FRONTERA (1835-1855)

“Las lecciones del pasado entre hombres que han su-frido males precaven los desórdenes del porvenir.”

Montesquieu

Hacia mediados de la década de 1830, la novel na-ción mexicana navegaba en aguas de incertidum-bre e indefinición política. Los grupos federalistas y centralistas continuaban peligrosamente con una pugna iniciada desde antes del establecimiento de la República Federal Mexicana en 1824. Estos en-frentamientos provocaron, entre 1821 y 1867, una guerra civil (la también conocida Guerra de Refor-ma 1858-1861), tres intervenciones extranjeras (dos francesas 1838, y 1862-1867, y una norteamericana 1846-1848), la pérdida de más de la mitad del te-rritorio nacional (Texas, Nuevo México y la Alta California, así como la separación de las naciones centroamericanas que pertenecieron al virreinato de la Nueva España), y a una serie de conflictos y golpes de estado que provocaron caos y anar-quía en la política, la economía y la sociedad mexicana.

Durante el año de 1835 los promotores del régimen central tomaron las riendas del poder en la nación. Los centralis-tas promovían un gobier-no fuerte que pretendía unificar y dirigir las dis-tintas regiones del país.1 Durante cerca de un década (1835-1846) esta forma de gobierno ocu-

pó las discusiones políticas en el ámbito nacional y regional: el presidente en turno se encargó de so-meter el poder en sus manos gracias a las ilimitadas facultades que les otorgó la constitución centralista (las también llamadas Siete Leyes), y manipular a gobernadores y prefectos a su beneplácito.

Algunos estados de la república como Zacatecas, Yucatán y Texas se rebelaron en armas contra tales disposiciones. En el caso de Nuevo León la aceptación para el cambio de régimen fue en circunstancias muy similares a las del resto del país: con el voto de los ayuntamientos y del congre-so local se aceptaba en octubre de 1835 la República Centralista Mexicana.

Mientras la nación se convertía en un país de revoluciones, la región del noreste mexicano hervía en el fuego de la guerra viva que diariamen-

Mapa de la república mexicana de mediados del siglo XIX.


204

te sufrían los habitantes de las villas y ciudades de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas a causa de los emba-tes de los indios seminómadas norteamericanos. Por si no fue-ra poca esta penuria, colonos estadounidenses avecindados en la Texas se rebelaron con el régimen central mexicano y decidieron independizar la provincia y conformar la Repú-blica de Texas a partir de marzo de 1836, hasta que finalmente en 1845 se anexan a los Estados Unidos como un estado más de la Unión Americana. La campaña militar mexicana por recuperar este territorio duró cerca de diez años en los cuales las poblaciones norteñas tuvieron una fuerte y destacada participación a través de donati-vos, préstamos forzosos y actividad militar.

En este contexto, y bajo tal problemática, se consolida en la ciudad de Monterrey un grupo, una élite política local que había controlado los destinos de la provincia y de los ayuntamientos reineros des-de la época de la Colonia. Este grupo monopolizó durante años el poder político, económico y militar de la región haciendo a veces de lado las disposi-ciones provenientes de la capital. Ante esta situa-ción se establece que la comprensión del discurso y el acontecer histórico local se visualizó desde la óptica de los grupos hegemónicos de la provincia, más que a los lineamientos provenientes de la capi-tal de una nación en proyecto de constituirse.2

1. Aspectos de la administración mu-nicipal del Ayuntamiento regiomontano durante la primera mitad del siglo XIX

En el contexto de la Nueva España, el cabildo era el representante del poder central de la Colonia en pueblos, villas, ciudades y provincias pertenecien-tes a la Corona española. Según refiere Agustín Cue Cánovas “en los pueblos españoles el cabil-do estaba compuesto de alcaldes ordinarios y los regidores”.3 Comúnmente eran elegidos cada año

Durante el siglo XIX, el antiguo Palacio Municipal fue motivo de discusión en su intento por modernizarlo.

por el cabildo saliente, y en sus acuerdos y discu-siones intervenían gobernadores y corregidores.

La palabra ayuntamiento se puede referir a una junta o reunión de una corporación compuesta de un alcalde y varios concejales para la administra-ción de los intereses de un municipio de personas para tratar algún asunto, y al cabildo como la cor-poración máxima que rige un municipio.

Constituida la ciudad metropolitana de nuestra señora de Monterrey, en septiembre de 1596, don Diego de Montemayor (fundador y uno de los primeros pobladores de ella) establece en su acta de fundación un cabildo que regiría los desti-nos de los primeros reineros:

la Ordenanzas de Nuevas Poblaciones que se concedieron y dio Su Majestad a este reyno en el número cuarenta y tres, dice que nombrado ciudad metropolitana, se nombre el concejo y regimiento de los ofi-ciales que se requieren y señala y atento a que al presente no hay gente suficiente de españoles, para el señalamiento de dicho concejo hasta adelante, Dios mediante que haya más comodidad, dejando su derecho a salvo para cada que la haya, use de su fa-cultad conforme en ella se contiene como tal ciudad metropolitana, tan solamente al presente para la administración de justicia, concejo y cabildo que ha de haber en esta


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población, nombro a vos Alonso de Barre-da y a Pedro Iñigo por alcaldes ordinarios y a Juan Pérez de los Ríos y Diego Díaz de Berlanga y a Diego Maldonado, por regidores y a Diego de Montemayor por procurador general de este reyno y a Diego Díaz de Berlanga por escribano de cabildo; y el dicho procurador general pueda tener y tenga voto en cabildo, a los cuales y a cada uno de ellos les doy entero poder y facultad en nombre de Su Majestad, para que este presente año de noventa y seis usen y ejer-zan el dicho oficio de Cabildo, Concejo, justicia y regimiento de ella y que a fin de él y principio del año venidero, el primero día nombren y elijan ellos para el año siguiente dos alcaldes ordinarios y cuatro regidores y los demás oficiales a la dicha república ne-cesarios y aquéllos mismos hagan la misma elección para el otro año, así sucesivamente durante todo el tiempo que la dicha ciudad permaneciere, con el aditamento que atrás se refiere, que habiendo comodidad sufi-ciente se nombre concejo con los oficiales, que como a tal ciudad metropolitana le compete por la concesión que Su majestad por sus reales ordenanzas concede, al cual dicho concejo y cabildo de la dicha ciu-dad que es o fuere, le doy el dicho poder en el dicho real nombre, cuan bastante de derecho requiere, con declaración que los oficiales de la real hacienda tengan ellos y cualquier de ellos, voto en el dicho Cabildo y Concejo.4

Según la Real Ordenanza de Nuevas Po-blaciones de 1573, en su apartado 43 se señalaba que toda nueva metrópoli debía ser erigida bajo la autoridad de la Corona española, y como requisi-to levantarse un Consejo o Cabildo integrado por españoles:

Elegida la tierra, provincia lugar en que se ha de ser nueva población y averiguada la comodidad de aprovechamiento que pueda haber, el gobernador en cuyo distrito estu-viere, o en cuyo distrito confinare, declare

el pueblo que se ha de poblar, si ha de ser ciudad, villa o lugar; y conforme a lo que declare, se forme el consejo, república de españoles; de manera que sí hubiere de ser ciudad metropolitana, tenga un juez con tí-tulo o nombre de adelantado o gobernador o alcalde mayor o corregidor o alcalde ordi-nario que tenga la jurisdicción in solidum, y justamente con el regimento. Tenga la admi-nistración de la república tres oficiales de la Hacienda Real, doce regidores, dos jueces ejecutores, dos jurados de cada parroquia, un procurador general, un mayordomo, un escribano de consejo, dos escribanos públi-cos, uno de minas y registros, un pregonero mayor, un corredor de lonja, dos porteros; y si diocesana o sufraganea, ocho religiosos y los demás dichos oficiales perpetuos.5

Como es sabido, los pocos pobladores que integraron en un inicio la Metropolitana Ciudad de Monterrey no eran suficientes para integrar su aparato administrativo. Inclusive, hubo duplicado de cargos en el primer cabildo de la ciudad. Pedro de Íñigo y Alonso de Barreda se convirtieron en al-caldes ordinarios hacia 1596,6 los regidores fueron Diego Díaz de Berlanga, Juan Pérez de los Ríos y Diego de Maldonado; como procurador general se designó a Diego de Montemayor El Mozo, además a Diego Díaz de Berlanga se le asignó el cargo de escribano público. Solo hasta 1813, el cabildo regio-montano logró tener los 12 regidores que le corres-pondían como ciudad, capital de una provincia, aunque fue difícil completar el número debido a la escasez de funcionarios capaces de servir empleos públicos.7

Cada inicio de año se elegía un nuevo Ca-bildo, integrado casi siempre por los mismos aspi-rantes. Comúnmente, eran escogidos individuos que unos años antes habían sido regidores, síndicos o alcaldes ordinarios. En algunos casos, los funcio-narios elegidos despreciaban el nombramiento ar-gumentando trabajo en estancias lejos de la ciudad, enfermedades e incapacidad para gobernar. Ante ello, la labor político-administrativa de Monterrey durante la época colonial estuvo en manos de in-


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Lista de la propuesta de ciudadanos al Ayuntamiento de Monterrey para ocupar cargos militares.

dividuos con poca educación superior, militares, encomenderos, campesinos, mineros, etcétera.

Además, se puso en práctica el sistema de oficios vendibles, que consistía en la venta de los puestos públicos, que sólo algunos vecinos de la ciudad podían comprar. Ejemplo de ello es el caso de don José Joaquín Canales, quien en 1789 compró el título de regidor alférez real en $350 pesos. Este título lo ostentaría durante 31 años (1780-1811).8

Durante el siglo XIX, el Cabildo regiomon-tano fue integrado por otro tipo de ciudadano, más letrado y con visión de servicio. Como ejemplo destacamos la labor de don Miguel Nieto, distin-guido regiomontano, que en 1825 tomó el puesto de Secretario del Ayuntamiento logrando permane-cer en el cargo 45 años ininterrumpidos hasta que en 1870 falleció en su oficina municipal firmando documentos.9

Varios fueron los obstáculos para el ejer-cicio de la función pública en los ayuntamientos

de Nuevo León. Enfermedades, negocios perso-nales, incapacidad física, hacendados renuentes a dejar sus parcelas por ocupar un puesto público, etcétera. Y como ejemplo citamos el caso de José María de la Garza, alcalde primero de Monterrey en el año de 1849. El 1 de enero toma posesión del cargo, del cual tiene que pedir permiso trece días después para atender sus negocios particulares. Al cumplimiento del permiso regresa para tomar po-sesión de su cargo,10 pero en agosto de ese año se tiene que retirar de las actividades políticas “por sus enfermedades”.11 Al final, la Junta Electoral nombra un alcalde sustituto por causa de su falle-cimiento.12

1.1. Elección de funcionarios

Era el Cabildo de la ciudad el encargado de organi-zar las elecciones de funcionarios, quienes realiza-ban toda gestión relativa en la ley electoral vigente. Ante estas modificaciones, el Ayuntamiento de Monterrey de mediados del siglo XIX era repre-sentativo de la voluntad popular, y estaba integra-do por mexicanos de nacimiento.

Aun lograda la independencia de España en 1821 y en años posteriores, los Cabildos eran integrados por extranjeros, en particular españoles. Citando el caso del español Pedro Calderón, quien durante la década de 1820 llegó a Monterrey, y se dedicó al comercio. Casándose con una mexicana, integró los Ayuntamientos de 1838 y 1839 como al-calde primero.

Las elecciones de los ayuntamientos duran-te la primera mitad del siglo XIX se llevaba a cabo de la siguiente manera: se realizaba una asamblea en donde los votantes (o funcionarios salientes) es-cribían los nombres de los candidatos elegidos en papeletas, o se distribuía un folleto impreso con los nombres de los candidatos para que los votantes los usaran como boletas electorales.13

A partir de la Constitución Estatal de 1849 se reestablece en Nuevo León la forma republicana, representativa y federal que comprendía en su terri-torio 32 distritos federales. Además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se contempló la existencia de un poder electoral, por medio del cual


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En 1851 se realizó la construcción de los portales del Antiguo Palacio Municipal, frente a la Plaza de armas (hoy plaza Zaragoza).

los funcionarios de gobierno fueran ele-gidos directamente por los ciudadanos.

1.2. Funciones del cabildo

El escribano público y de cabildo eran los encargados de las funciones que hoy tiene el Secretario del Ayuntamiento. Se encargaban de la redacción de los acuer-dos del cabildo (actas). En ocasiones, este trabajo era realizado por quien podía hacerlo tal como lo refieren algunas actas ubicados en el Archivo Municipal.

La función de administrar el di-nero fue asignada en un principio a los síndicos procuradores, y a principios del siglo XIX se nombró un mayordomo de propios, independiente del cabildo.

Para una mejor organización, el Ayuntamiento regiomontano, a partir de 1813, decidió dividir las tareas de los regidores en comi-siones. Algunas de ellas fueron: las de policía y sa-lubridad, abasto de carnes, pesas y medidas, abasto de maíz, acequias y puentes, distribución de aguas, reparación de las Casas Reales, etcétera.14

El primer ayuntamiento de la ciudad en la era independiente encabezado por el licenciado Joseph Alejandro de Treviño como alcalde prime-ro, estableció en diciembre de 1821 las siguientes comisiones y obligaciones para servicio de la co-muna regiomontana:

•Para cuidar de los Abastos de carnes en las Tablas de la Ciudad el Señor Regidor don José Alexandro de Uro.•Para el acopio y expendio de maíces don Juan José Taméz y don Pedro Cleto de Aya-la.•Para cuidar del arreglo de aguas de esta Ciudad desde la Partición hasta la Com-puerta del Nogal en la Plazuela de la Purí-sima don José María de la Peña.•Para la Policía y Limpieza de las calles don Tomás de Yglesias (sic).•Para ejercer funciones de fiel ejecutor don José María de Cárdenas.•Para cuidar del cobro de la Plazuela del

Mercado don Manuel Treviño.•Para ejercer funciones de Alguacil Mayor don José Luis de la Garza.•Para continuar con el cobro de la contri-bución mensual impuesta por el Serení-simo Señor Yturbide (sic), don Juan José Martínez.15

La Constitución Política del Estado de Nuevo León de 1825 estableció como funciones del Ayuntamiento las tareas relativas a educación, sa-lud, salubridad, y lo que hoy se conoce como obras públicas.16

Es así como en los primeros años de vida independiente el papel político-administrativo de la provincia y del municipio recayó en la figura del Muy Ilustre Ayuntamiento de Monterrey, el go-bierno del naciente estado libre y soberano de Nue-vo León, Juntas Gobernadoras, Jefes Políticos Mi-litares, vocales de la Junta Departamental, y hasta en extranjeros, como fue el caso de la ocupación norteamericana, que durante dos años (1846-1848) mantuvieron el control administrativo del Estado, a la par del gobierno local.

En la etapa de la posguerra (1848-1855) la mayoría de los alcaldes y regidores eran de origen militar, por causa de la inestabilidad política, social


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Asimismo, la elección de oficiales militares para la compañía de infantería recién creada en 1835 estaba integrada por las siguientes personas:

Cuadro 219. Lista de Guardia militar en Monterrey de 1835

Como hemos visto, los primeros asientos políticos estaban ocupados casi siempre por las mismas familias criollas herederas de la etapa de la Colonia. Por ello, historiadores como Benjamín Galindo han expresado que este reducido grupo de personas pertenecientes a la élite dominó, sin interrupciones, el escenario político local desde la instalación de la Junta Gubernativa en 1811, hasta el deceso de del gobernador José María Parás en 1850.20 Después vino un intervalo de gobernantes impuestos desde la capital, hasta que finalmente, en 1855, Santiago Vidaurri llegó al poder con una nueva camada de políticos que controlarían los puestos administrativos hasta el porfiriato.

Capitán…….. Teniente 1°…. Teniente 2°…. Subteniente 1°... Subteniente 2°... Sargento 1°…... Sargento 2°……Otro…………. Otro…………. Otro…………. Cabo primero.... Otro………….. Otro………….Otro…………. Cabo segundo... Otro………….. Otro………….. Otro………….. Otro………….. Otro…………..

Leandro AguilarRafael de la GarzaBlas CastañoJosé Pablo CarreñoLorenzo Garza TijerinaPedro González de MayaJoaquín SadaGregorio ZambranoVicente LozanoFrancisco Antonio de LlanoRamón Treviño Pablo AnciraFrancisco DoriaJosé María PenillaUbaldo GonzálezLuis ZambranoFrancisco MargainPedro QuirozPablo MartínezMatías de Llano

Lista de Guardia militar en Monterrey de 1835.

y económica que había en el país. Casi siempre, los funcionarios públicos electos eran los mismos personajes que controlaban el comercio y las ha-ciendas en la región. En lo particular, el caso de Nuevo León refiere la existencia de un círculo de ganaderos, terratenientes urbano-rurales, comer-ciantes, prestamistas y burócratas eclesiásticos que constituyeron la clase política local durante la primera mitad del siglo XIX.17 En el cuadro 1 que corresponde a le elección del cabildo de Monterrey del año de 1836 podemos ver la existencia de este selecto grupo.

Cuadro 1. Ciudadanos sufragados para electores primarios esta capital.18

Pedro Gómez............................................ Mateo Quiroz ...........................................Pedro José Alvarado Miguel Nieto José...... María Garza y Gza. ...................................Nicanor Martínez ......................................Juan José Garza Treviño ..........................Cristóbal Sánchez......................................Lorenzo A. Melo.......................................Lic. Domingo Martínez Ramón Quiroz ..Nicolás de la Garza Guerra .....................Rafael de la Garza .....................................Joaquín Sada ............................................Lic. Juan Martínez .....................................Miguel Sada ...............................................Felipe Sepúlveda ......................................Anselmo R.l de Marichalar .......................José María García Calderón ....................Juan N. Margain .........................................Rafael Arreola y Garza ..............................José Ángel Zambrano ..............................Blas de la Garza García ............................Santiago Vidaurri .......................................Luciano Espinosa ......................................

41 votos 40 “”””38 “”””36 ””””35 “”””34 “”””34 “”””34 “”””33 “”””32 “”””32 “”””31 “”””31 “”””31 “”””25 “”””23 “”””23 “”””22 “”””22 “”””22 “”””21 “”””20 “””” 18 “”””


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La feria de Monterrey se esta-blecía en la Plaza de Armas y en la Plazuela del Mercado.

La Sala de cabildo es el lugar donde se dis-cuten los asuntos públicos-administrativos de la ciudad.

1.3. DIicusiones y acuerdos

Las actas de cabildo ubicadas en el Archivo His-tórico de Monterrey nos permiten observar que las reuniones del Ayuntamiento durante la época colo-nial se reducían a la elección anual de funcionarios, y juntas extraordinarias provocadas por desastres naturales o situaciones excepcionales (epidemias, visitas o llegadas de gobernadores, juicios de resi-dencia, etcétera). Sin embargo, la jura de la Cons-titución Política de la monarquía Española en 1813, obligó al cabildo regiomontano a reorganizar su rol de funciones.

A lo largo del siglo decimonónico, hubo al-gunos intentos por formalizar la imagen del cabildo regiomontano. La más conocida fue la propuesta hecha por el bachiller Juan Bautista de Arizpe en 1817, quien solicitó la uniformidad de la comuna reinera, argumentando la distinción jerárquica que el puesto demandaba. Catorce años después, el Reglamento Municipal emitido requería a los inte-grantes del Ayuntamiento uniforme para toda asis-tencia pública, usando pantalón, chaleco y casaca negra, sombrero montado y espadín.21

La organización de la feria anual de la Pu-rísima Concepción era motivo de discusiones y acuerdos entre el Ayuntamiento, particulares, y el cabildo eclesiástico de la ciudad. En oficio presen-tado ante el gobernador Joaquín García, Santiago García alcalde 1º de Monterrey refiere en agosto de 1835 que: “la continuación de la obra pública, la disposición de plazas y calles para el mejor or-nato de esta ciudad; la de formar en distintos pues-tos sitios para las plazas de toros…, y atajos que en la feria… fueron lo motivos que impidieron a este Ayuntamiento el aumento de cuatro hombres para la policía”.22 En contestación, el go-bernador García confrontaba al alcalde de Monterrey la obligación que como edil tenía para cuidar la tranquilidad y orden público, la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, por lo que evitando cualquier confrontación verbal y pública le permitía disponer de las compañías de infantería y cívicas, recién creadas, para la vigilancia en los días de la feria de la ciudad, “para

que hagan servicios de rondas y patrullas de día y de noche que son tan necesarias para evitar los desórdenes que pueda causar la reunión de varias gentes que traen consigo semejantes negocios.23

Su cercanía histórica con la Iglesia pro-vocaba que por motivo de desastres naturales que azotaban la región, tales como la lluvia, la sequía y hasta temblores de tierra, se acudiera a la catedral de la ciudad para clamar ayuda de lo alto. En acta de cabildo del 24 de mayo de 1841 se expresa lo siguiente:

Acordado por el Ayuntamiento que se ha-gan frases a la Santisima Virgen para que como Madre de Dios interceda para con su Hijo Santisimo socorra a esta Ciudad con todo los remedios necesarios asi por la esca-ses de llubias, como por los temblores que han comenzado a aparecerse; despues que para esta religion objeto a colecta limosna a los fieles manifestandoles el objeto con que se pide y es para hacer un novenario a misas con su salve por la tarde a la Santi-sima Virgen en su adoracion a la Purisima Concepcion que se venera en la Capilla de esta Ciudad.24

Durante el siglo XIX se dejaron sentir una serie de movimientos de tierra que fueron reporta-dos por los alcaldes de los diferentes municipios

al alcalde de Monterrey. El 9 de agosto de 1838 el Juez 1º de Paz de la Villa de Santiago comunicaba al Prefecto del Distrito de Monterrey por Juan Nepomuceno Tamez, que hubo ocurrido un fuerte temblor en este día, sin causar perjuicio alguno.25


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A lo largo de la historia, el cabildo regio-montano fue juez y mediador en asuntos que re-basaban los límites de su jurisdicción. Siendo la máxima autoridad legal-político-administrativa del estado, muchos asuntos de villas, haciendas y rancherías fueron sancionadas en las salas del ayuntamiento regiomontano. Hacia 1835 el cabildo supervisaba la venta de las tierras pertenecientes a la virgen de la Purísima Concepción que desde la fundación de Monterrey los primeros pobladores habían otorgado para la realización de sus festivi-dades. En la referida acta de cabildo se solicitaba que:

que se suspenda la petición al gobierno pidiendo licencia para vender las tierras de la virgen en Jurisdicción de Cadereyta Jimenez hasta que el señor Quiros pase a inspeccionar la saca y se asosien los señores Garza Garza y Treviño. Leída la ley federal para nombrar el jurado se dispuso se publi-que bando para cumplir con el artículo 4o. y se nombraron en comision para recibir la inscripsion de los señores Margain y Ta-mes.26

Como institución que regulaba la goberna-bilidad y el bienestar de la ciudad, el cabildo regio-montano orientó gran parte de sus acuerdos al tema de la seguridad. Indios, bandoleros, filibusteros asolaban durante la primer mitad del siglo XIX los pueblos y villas de Nuevo León. Por este motivo el alcalde de Monterrey, Santiago García, solicitaba al gobernador del departamento aumentar el número de vigilantes que servirán para la comunicación de todas las disposiciones judiciales y preventivas del bandidaje.27 Días después el gobernador Joaquín García ordenaba a todos los alcaldes la organiza-ción de una compañía de infantería y otra de caba-llería para la conservación del orden interior.28

La organización de milicias cívicas provo-caba en ocasiones el rechazo popular, distinciones y obligaciones ciudadanas. En diciembre de 1835 el Ayuntamiento de Monterrey era informado a través de un comunicado la compañía de infantería debe-ría organizarse bajo el pie de guerra reclutando a los principales individuos de la ciudad, ciudadanos

útiles sin incluir a los artesanos, operarios pobres y dependientes de haciendas.29 Los españoles, hi-jos de viudas, individuos que fueran “cajeros del comercio”, mayordomos30 y procesados por deli-tos también eran exentos de estos reclutamientos, provocando estas excepciones en el enlistado que en ocasiones no se lograra convocar las cantidades de personas por causa de inutilidad a los servicios militares requeridos y deserciones.

En el tema de las deserciones del ejército, el gobernador y los alcaldes se veían obligados a dictar disposiciones para el castigo de estos hechos. Aunque en ocasiones la ley no se aplicaba (o no se quería aplicar), las sanciones contra los desertores iban desde la cárcel o la reinstalación en el ejerci-cio militar hasta la pena capital. En una ordenanza dada en julio de 1836 por el gobernador Juan Ne-pomuceno de la Garza y Evia al alcalde de Monte-rrey se le menciona lo siguiente:

Ha observado este gobierno que, bien por el considerable número de desertores que ha tenido el ejército de operaciones so-bre Texas, o bien, por la introducción de la gente perdida de afuera, abundan, los distritos de este departamento en hombres vagos, ociosos, y mal entretenidos, de que resultan los robos, riñas, y otros excesos, que con frecuencia se han experimentado en estos días. Para evitar estos males que perjudican en gran manera a la sociedad, ha venido esta superioridad en recordar a v. el cumplimiento mas puntual de las circulares libradas sobre la persecución y castigo de todo desconocido y demás personas com-prendidas en el art. 89 de la ley num. 179: cuidando de no permitir la residencia en el distrito de su mando a ninguna persona de fuera, aunque de conocimientote su perso-na, si no es que de pública notoriedad este entretenimiento en algún oficio u ocupa-ción honesta, y de remitir al Sr. Comandan-te principal de desertores que resulten.31

Asimismo, los ayuntamientos y los con-gresos estatales (o en su defecto juntas departamen-tales) y federales eran los encargados de establecer


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La obra del antiguo Palacio Municipal,estuvo a cargo del arquitecto Papías Anguiano, quien concluyó la obra en 1853.

las formas de gobierno de la nación. Hacia noviembre de 1835 el Cabildo re-giomontano dio su voto a favor del cam-bio de régimen centralista en la nación y de la siguiente manera se lo expresaba al gobernador Joaquín García:

En la Metropolitana Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, ca-pital del Departamento de Nuevo León, a los quince días del mes de noviembre de mil ochocientos treinta y cinco: reunido es sus Ca-sas Consistoriales el Excelentísimo Ayuntamiento con el objeto de dar cumplimiento al soberano decreto nacional de 27 de octubre del pre-sente año, sobre jurar las bases cons-titucionales sancionadas por el actual con-greso general en el soberano decreto de 23 del mismo mes… cuyo acto concluido con la solemnidad y formalidades que previe-nen los enunciados soberanos decretos, se mandó entender la presente acta que auto-rizada en debida forma se remitirá en copia duplicada al Superior Gobierno del Depar-tamento como dispone la prevención de su reglamento consiguiente del artículo 10 de el Superior Gobierno General. De cuyo acto doy fe. Santiago García, presidente; Juan de la Garza Ayala, alcalde 3º, Felipe Sepúlveda, regidor 2º; Julio Gutiérrez, regi-dor 11º; Cristóbal Sánchez, procurador 2º; Miguel Nieto, secretario.32

Otro aspecto que fue plenamente discuti-do por el cabildo de Monterrey durante la primera mitad del siglo XIX fueron las constantes restau-raciones que sufrieron las Casas Consistoriales. Según algunos historiadores, el edificio en donde se realizaban las reuniones del Ayuntamiento de la ciudad se encontraba en condiciones deplorables, de insalubridad, de inseguridad y de falta de una imagen digna para una ciudad como Monterrey.33 Inclusive en enero de 1850, se intentó por parte del regidor Quiroz para que previos los requisitos necesarios se proponga al Estado el cambió de las casas consistoriales por la que esta destinada para

formarse palacio para los Poderes del Estado, siem-pre que en aquélla se dé lugar al Ayuntamiento para sus secciones de los alcaldes para la administración de justicia y se preste la casa llamada de beneficen-cia para la penitenciaria de reos interin hay lugar a propósito.34 La proposición fue admitida a discu-sión y pasada a los señores Garza Fonseca, Quiroz y primer síndico para que prestaren el dictamen correspondiente el cual no prosperó.

La remodelación del antiguo edificio que ocupaba el Cabildo regiomontano durante las pri-meras décadas del siglo XIX fue motivo de discu-sión e intentos por modernizarlo. En julio de 1835 el alcalde suplente de Monterrey, Nicanor Martínez, requirió al gobernador su autorización para trasla-dar las piedras que había sueltas en el corral y una pila de la noria de la casa donde reside el poder legislativo y judicial, a fin de utilizarlas en las ba-ses de los pilares de las Casas Consistoriales de la ciudad. En contestación el gobernador autorizó tal movimiento.35

Iniciados los trabajos de remodelación, el alcalde de la ciudad informaba al gobernador un año después de los avances de la construcción de los portales del referido edificio, tal cual se describe en el siguiente párrafo:

se ha continuado la saca y labrado de pie-dra, se han concluidos dos pilares, se han hecho otros dos nuevos y se han hecho to-dos los cerramientos de los arcos…36


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Las arcadas del Palacio Municipal, en las alas oriente y norte, se terminaron en 1853.Fuente: Fotografía Manuel M. López.

Años después, mediante una sesión de ca-bildo en mayo de 1851 se aprobó la construcción de los portales que dan frente a la Plaza de Armas (Za-ragoza), según el plan que presentó el arquitecto de la obra Papías Anguiano.37 Las dificultades que sorteó el Ayuntamiento de Monterrey para costear la obra se ven reflejadas en la siguiente acta de ca-bildo:

La comision encargada de agenciar dinero para la continuacion de la obra del palacio Municipal hizo presente no poderse con-seguir pero que hay 1100 pesos cuya en-trega no urge hasta el mes de Noviembre y el interesado dice que agenciandose su anticipacion podra conseguirse con algun descuento, concluyendo con decir que pa-rase muy oportuno hacerse cualquier Sacri-ficio por no pararse la obra y mas cunado entíende que podra ser ninguno tal vez lo

cual acordo se facultó a la misma comision para hacer la misiva con la menor gravamen posible de si cerrar trato.38

La situación precaria del erario obligó a los integrantes del cabildo a vender los sitios de tierra y agua que desde la fundación pertenecían a la ciu-dad y así continuar con el proyecto del nuevo pa-lacio municipal. Tal como lo afirmamos el acta de cabildo del 25 de octubre de 1852 dice lo siguiente:

Se acordó á mocion del Señor Gutierrez Don Julio que para atender á las actuales escaceses y principalmente á las crecidas erogaciones que se hacen en la construc-cion del palacio municipal, se anuncie áquí y en los pueblos correspondientes la venta de los sitios de China, y se haga otro tanto con los sitios y Caballerias que estan en la Boca del rio San Juan y que se encarguen de formar las correspondientes bases para lo primero el Señor Gonzalez Dávila y para lo segundo el Señor Ayala.39

Por consiguiente, el gobernador Pedro de Ampudia, exhortaba, en enero de 1854, al Ayun-tamiento de Monterrey a enviar una misiva al presidente general Antonio López de Santa Anna “pidiendo autorización para vender las aguas de la Ciudad en virtud de creer ser este el medio más apropósito para que los fondos municipales pue-

dan contar con los recursos necesarios para sus atenciones, para la obra del Palacio Mu-nicipal para un Hospital y otros Estableci-mientos de publica utilidad”.40 La aproba-ción presidencial permitió la venta de estos sitios y a la vez motivó a la clase política de la ciudad, prometiéndole que en lo sucesivo seran mayores los auxilios.41

Inclusive, la comisión de arbitrios del Cabildo regiomontano solicitó, por medio de la aprobación de todo el Ayuntamiento, un préstamo de cinco mil pesos sin premio alguno al gobierno estatal.42 La dificultad de la obra, y el pago a los funcionarios munici-pales obligó a tal medida.

Hacia julio de 1853, el arquitecto de la obra, Papías Anguiano, al presentar los diseños de pintura, se proponía concluir la

obra en septiembre del mismo año.43 Finamente, los trabajos de herrería de Gregorio Vega, de car-pintería para las puertas por el taller de Santiago Rivier y Manuel Olivares, y de la supervisión de la obra por el mismo Anguiano, quien también contribuyó en el labrado del escudo de armas de la ciudad,44 dejaron concluida la obra.

Como retoque de esta majestuosa obra para la ciudad el Cabildo solicitaba, siempre que


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se pudiera, la compra de muebles extranjeros para adornar el palacio municipal en la feria que habría de llevarse a cabo en Monterrey.45 La reconstruc-ción del palacio municipal se vió enmarcada por el empedrado de la Plaza de Armas, la instalación de faroles y la el traslado del mercado a la Plaza de las Carnes.46

Como hemos podido comprobar, las dis-cusiones y acuerdos a que llegó el cabildo regio-montano durante la primera mitad del siglo XIX fueron de gran trascendencia para la ciudad. Obras públicas, medidas de seguridad para la población, acuerdos sobre las formas de gobierno fueron sólo algunos de los muchos asuntos que el Ayuntamien-to de Monterrey, como corporación política-admi-nistrativa de la capital del estado, ejecutó para el bienestar de los ciudadanos de esta ciudad.

1.4. Relaciones Ayuntamiento-Iglesia

Una institución que estuvo ligada desde un prin-cipio al Ayuntamiento regiomontano fue el cabildo eclesiástico. Salvo excepciones, las relaciones entre estas dos instituciones fueron de mutua conviven-cia y acuerdos. Para la década de 1830 y a pesar de los discursos de libertad y soberanía producidos por la Independencia y la constitución estatal de 1825, el coexistir de estos cabildos se fortaleció y com-plemento a causa de los poderes que representaban (uno el económico, y otro el político y social).

Varios clérigos ocuparon durante gran parte del siglo XIX puestos importantes en el área legis-lativa del municipio y el estado. Personajes como el presbítero José María Canales, el ca-nónigo José Ángel Be-navides, el doctor Ber-nardino Cantú, el Ca-nónigo Manuel María Canales, el presbítero Felipe de Jesús Cepe-da, el cura Pedro An-tonio Eznal, el doctor José María Gutiérrez, el doctor José León Lobo

Guerrero, el doctor Fermín Sada, el cura Juan Bau-tista Valdez, y el doctor José Francisco Arroyo, en-tre otros, formaron parte de diferentes diputaciones y legislaturas.47

A pesar de los cambios que sufrió la ciudad a lo largo de siglo decimonónico, el Ayuntamiento secular continúo, como desde los primeros años de la fundación de la ciudad, organizando las fiestas anuales de la Purísima Concepción que se reali-zaba durante los meses de agosto y septiembre48 y que era el culto oficial de la ciudad, la fiesta de la encarnación del divino Verbo,49 las fiestas de sema-na Santa, entre otras. Aunque con roces normales en la realización de las fiestas con el cabildo ecle-siástico, era muy común ver a los regidores regio-montanos salir de la Catedral después de un acto religioso por causa de las sequías, inundaciones o enfermedades.

Generalmente el cabildo eclesiástico en voz de sus integrantes participaba en los llamados para el auxilio por algún desastre natural, epidemia o al-gún motivo extraordinario. Durante el año de 1836 la campaña del ejército mexicano por controlar a los rebeldes colonos texanos se encontraba en su plenitud, y mediante el llamado que realizó el go-bernador del departamento para ayudar con maíz el sostenimiento de dicha campaña, esta institución religiosa donó una gran cantidad de semillas que por orden del gobernador se recogieron en Monte-morelos y Cadereyta.50

En ocasiones, estas relaciones Ayuntamien-to-Iglesia facilitaban el uso de la infraestructura del

cual el Ayuntamien-to regiomontano y el gobierno estatal carecían. Durante la guerra de Interven-ción norteamericana en la ciudad (1846-1848) la falta de cuar-teles militares donde acantonar la tropa y sus animales obliga-ron al gobierno civil a solicitar el uso del vetusto convento de

Durante la guerra de intervención norteamericana en la ciudad, el convento de San Andrés, la Catedral de la ciudad y las ruinas de la llamada Catedral nueva, fueron utilizados como centros de operaciones militares.


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San Andrés, de la Catedral de la ciudad y de las ruinas de la llamada Catedral nueva, al norte de la ciudad, como centros de operaciones militares. En referencia al convento de San Andrés, fue necesario que el guardián del convento solicitara al goberna-dor el desalojo del edificio para su rehabilitación tal como se refiere en la siguiente carta:

El R.P. Guardián del Convento de esta ca-pital ha ocurrido a este gobierno haciendo presente que aunque tiene reunida una limosna para hacer al edificio aquellas re-paraciones más necesarias en los deterioros que sufrió durante la invasión americana, la circunstancia de estar alojados en él dos cuerpos del ejército se lo impide absoluta-mente, y como a la vez haya manifestado S.P. que está conforme que la caballería permanezac allí, suplicando solamente que se le quite la infantería que es la que más embarza los trabajos que va a emprender. Este gobierno, deseando atender tan justa súplica recomienda a V.S. excite a la comi-sión respectiva a que con la brevedad posi-ble solicite un local en donde se acuartele la indicada tropa.51

Como hemos confirmado, las relaciones Estado-Iglesia se mantuvieron intactas en Monte-rrey por lo menos hasta la época de la Reforma. Re-laciones de élite permitían que la vida económica, política, social y espiritual de los regiomontanos se fusionaran en un solo aparato administrativo.

Educación

A pesar de que durante la primera mitad del siglo XIX la educación estaba en manos de la Iglesia católica, el Ayuntamiento de Monterrey ofreció, aunque moderadamente, el servicio de instrucción pública a los niños y jóvenes regiomontanos.

En febrero de 1821, los miembros del cabil-do regiomontano veían la urgente necesidad de es-tablecer una escuela de primeras letras con el fin de instruir correctamente a la niñez de la ciudad. En el acta de cabildo referida se menciona lo siguiente:

Habiéndose propuesto la necesidad tan urgente que hay en esta Ciudad de una es-cuela de primeras letras bajo la dirección de un hombre instruido y suficiente: y lo mis-mo de un facultativo de medicina de cuya persona carece con notable perjuicio este público; sería muy oportuno tomar unos medios que fuesen suficientes a conseguir el fin que se desea y en consecuencia de todo acordaron: que se junte el vecindario para el 15 del corriente y se le proponga lo útil y casi necesario que es formar una con-tribución voluntaria para dotación de un maestro de primera letras considerándose suficiente para ello el Presbítero don José Antonio Gutiérrez de Lara por su notoria aptitud y aplicación.52

Para el establecimiento de esta escuela y con el fin de sacar fondos para proveer las nece-sidades que se suscitasen, el Cabildo de Monte-rrey propuso el cobro del 1% “y en el que debía hacerse la iguala o contribución para los otros establecimientos”.53 Meses después, esta iniciativa fue desechada “y acordaron se suspenda tomar pro-videncias por ahora a causa de la falta de recursos, y estar aún subsistentes las pensiones diversas sobre los más ramos del comercio, y agricultura”. 54

En ocasiones, era difícil para el Ayunta-miento regiomontano encontrar un espacio digno para el establecimiento de escuelas. Es preciso se-ñalar que la infraestructura educativa del municipio y del estado durante el siglo XIX era nula, por lo

Catedral de Monterrey a mediados del siglo XIX.


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El Colegio Civil fue una de las primeras instituciones educativas de Monterrey.

que era necesario rentar casas para abrir sitios de instrucción pública. En octubre de 1849, la falta de locales en la ciudad se evidenció en la queja que el Cabildo regiomontano hizo sobre este aspecto:

dado cuenta la comision de Escuelas no encontrarse local para la continuación de la educacion de Niños, se dispuso que la misma comision; conceda a ella como se ofreció el Sr. Garza Martinez, solicite en renta la casa conocida con el nombre del Sr. Marin, ó en venta ofreciendo tomar á reditos su valor.55

La falta de una institución educativa que formara profesionistas no religiosos fue un proble-ma que existía en Monterrey desde su fundación. El maestro Benjamín Galindo refiere que la inexis-tencia de estos profesionistas detuvo el desarrollo social y conómico de la ciudad:

No sorprende la total inexistencia de pro-fesionistas tan necesarios para el desarrollo social y económico de una sociedad como profesores, dado el alarmante índice de analfabetismo; médicos, estando la región plagada de enfermedades endémicas; o ar-quitectos, ingenieros topográficos, agróno-mos y veterinarios.56

La Constitución Estatal de Nuevo León de 1825 obligaba a los municipios a promover la edu-cación para los niños nuevoleoneses, establecer es-cuelas y cuidar las que ya existían. La uniformidad de la enseñanza sería trazada por el método peda-gógico “acorde a las necesidades y circunstancias de la región”.57 Anteriormente, la educación era

monopolio de la Iglesia, en donde se enseñaba lec-tura, escritura, aritmética y doctrina católica.

En la década de 1840, el Ayuntamiento de Monterrey avaló el modelo lancasteriano en las es-cuelas municipales. Las compañías lancasterianas eran sociedades civiles a las que podían ingresar cualquier ciudadano interesado en la enseñanza pública, ya fuere con su esfuerzo personal o con sus medios económicos.58

Este modelo de enseñanza pública funcio-naba mediante el aprovechamiento de los alumnos más adelantados como auxiliares del maestro en la impartición de contenidos. Este sistema, permitía que el Ayuntamiento aligerara la carga presupues-tal, pues resultaba muy económico para las arcas municipales.59

La inspección de los locales que eran las sedes de estas instituciones educativas era llevada a cabo por los integrantes de la Junta, quienes hacían llegar sus opiniones acerca del funcionamiento de las tales. Ocasionalmente sugerían el cierre o clau-sura de escuelas por el mal uso de ellas o el mal testimonio público de los dueños de los locales en donde se localizaban las escuelas. En mayo de 1843 la Junta Lancasteriana de Monterrey autorizó que se cerrara el establecimiento de primeras letras de don Rudecindo Aldape ubicado por la calle de la Presa Grande, “ya que dicho individuo se embria-ga con frecuencia.60

La Iglesia monopolizaba el uso de la educa-ción y seguía contando con los maestros y profesio-nistas más distinguidos de la sociedad, por lo que, en ocasiones, los ayuntamientos de miembros dis-


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tinguidos del clero regiomontano para que se en-cargarsen de la educación en la ciudad. Por ello no es raro comprender que en 1835 los integrantes del cabildo regiomontano suplicaran al gobernador del estado se dirigiera al Cabildo Diocesano para que diera permiso al religioso Felipe de Jesús Cepeda se encargare de la escuela pública de la ciudad.61

Epidemias

A lo largo de la historia, la ciudad de Monterrey fue testigo de los embates ciclónicos de diversas y muy mortíferas epidemias que hicieron blanco en la población de estas regiones. En estos casos el Ayuntamiento regiomontano era el encargado de aplicar medidas de prevención y sanidad para la población, las cuales permitieron, en la mayoría

de los casos, controlar los efectos de estas mortales enfermedades.

En julio de 1814 el cabildo local tenía in-formes de un brote epidémico de fiebre que pro-venía de la villa del Saltillo en un jacal ubicado en el sitio de San Jerónimo, al poniente de la ciudad. Los miembros del Ayuntamiento regiomontano deseosos de controlar este brote decidieron “tomar las medidas proporcionadas para precaver de ella a esta ciudad; a cuyo efecto había resuelto que el señor Dn. Miguel Pagés, cirujano del Ejército, de su mandado, pasase a inspeccionar a los enfermos y hecho cargo de los síntomas de la enfermedad, le informarle lo conveniente”.62

El avance de esta epidemia en la ciudad provocó que un mes más tarde el cabildo organiza-ra una Junta de Sanidad para los saludables efectos

de los regiomon-tanos. Esta Junta estaba compues-ta por los se-ñores Miguel Pagés; los regi-dores José Ma. Cárdenas y Ma-tías de Llano, y los ciudadanos vecinos republi-canos José Froy-lán de Mier y Juan Francisco de la Penilla.63 La junta reporta-ba que para oc-

tubre del mismo año existían varios enfermos en el Hospital Real, por lo que de-bían acelerarse métodos curati-vos para controlarla.

La rápida intervención del cabildo en la toma de desiciones, provocó que este brote epidémico no registrara víctimas. Sin embargo, para 1825 un brote de sarampión sacudió fuertemente a los habitantes de estas tierras.

Hacia octubre de 1825, el ayuntamiento lo-cal solicitó la organización de los ciudadanos para el control de esta enfermedad. Siguiendo un pará-metro, se definió que:

los individuos que sean menos aptos en otros que sean mas aptos para la formacion de las listas de los habitantes de cada man-zana o quartel, la pasen al secretario y que acada individuo en los que expresa la lista de la comision le de una copia a la manzana o quartel que le corresponda.64

Además, esta Corporación Municipal reque-ría la puesta en práctica de un plan curativo emergente y los medios que se creían adaptables para evitar los funestos resultados que causa la epidemia del saram-pión como los accidentes que suelen acompañarle.65

Insumos otorgados al Hospital de los pobres en Monterrey por mo-tivo de la epidemia de viruela en 1798.

Imagen relacionada a la epidemia de viruela en Monterrey.


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El contagio más mortal que resistieron los regiomontanos fue provocado por el cólera morbus en 1833. Los embates de esta enfermedad provoca-ron una fuerte mortandad entre la población, por lo que fue necesario construir un nuevo camposanto en las afueras de la ciudad, por el rumbo de San Fran-cisco (Apodaca);66 una carta del gobernador Manuel María de Llano al alcalde de Monterrey Francisco Iglesias así lo refiere, y además le expresaba las difi-cultades para establecer este cementerio:

y como no se halla contado con esta supe-rioridad para designar el local con el previo nombramiento de facultativos perito y la concurrencia del cura párroco, espera que le informe a la mayor brevedad sobre este grave negocio para resolver lo que sea más conveniente con arreglo a las leyes.67

Algunas crónicas de la época refieren que los cadáveres eran transportados a los camposan-tos en carretas68 y sepultados inmediatamente para evitar así el contagio de este mal. Inclusive, fue necesario que el gobernador del estado informara a los alcaldes que creía conveniente se difiera la solemnización del 16 de septiembre hasta el 4 del entrante mes por causa de que la epidemia del có-lera morbus no había cedido en sus embates a la población.69

Hacia octubre de 1833, cuando los momen-tos más críticos de la enfermedad habían pasado, el Ayuntamiento regiomontano, en voz del alcalde 1º, Francisco Iglesias, solicitaba al cabildo eclesiástico

La epidemia de cólera morbus arrasaba con villas y ciudad.

Oficio del Cabildo de Monterrey, girando instrucciones para contro-lar la epidemia de viruela en 1798.

Bando sobre el tratamiento del sarampión en Monterrey del año de 1836.


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y su presidente la realización de una misa por aque-llas personas que habían sobrevivido a los embates de la epidemia.70

Al final, en el recuento de los daños, los nú-meros eran fríos y contundentes. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, solamente en la jurisdicción de Monterrey, ocurrieron 667 decesos de los 886 que se suscitaron en todo el año.71 Este suceso fue uno los hechos de recuerdos más dra-máticos para la población regiomontana del siglo XIX.

*Estadística de muertos en la ciudad de Monterrey durante el año de 1833.72

Enero 18Febrero 20Marzo 26Abril 32Mayo 23Junio 39Julio 24

Agosto 451Septiembre 156

Octubre 60Noviembre 16Diciembre 21

Total 886

Años después, en 1849, otra terrible epi-demia de cólera morbus atacó nuevamente esta tie-rra norestense. Ante este suceso, el cabildo local se vio obligado a solicitar un carro para que sirviese en trasladar a un nuevo campo santo los cadáveres, por causa de que el campo santo de la ciudad esta-ba lleno.73

Durante la primera mitad del siglo XIX, la participación activa y diligente del Cabildo regiomontano en los casos de en-fermedades en la población permitió que és-tas no llegaran a mayores tragedias. Salvo la epidemia de 1833, la cual se salió de control por la naturaleza de la misma, las medidas preventivas de higiene y salubridad fueron llevadas a cabo de manera satisfactoria por el Ayuntamiento de Monterrey, y ejerciendo así de manera responsable la labor de administrar y ver por el bien de sus gobernados.

1.5. El Ayuntamiento de Monterrey duran-te la ocupación norteamericana (1846-1848)

La independencia de la provincia de Texas ejecuta-da en 1836 por los colonos angloamericanos abrió la puerta a una serie de acontecimientos que culmina-rían con la pérdida por parte de México de los terri-torios de Nuevo México y las Californias mediante el tratado de paz de 1848, y la conquista estadouni-dense del siempre lejano oeste americano.

Tras anexarse los territorios de Texas en 1845, los Estados Unidos deciden militarizar la frontera con México, la cual llegaba a las márge-nes del río Nueces.74 Un incidente menor provo-cado por una escaramuza entre patrullas militares en la línea fronteriza dio a los angloamericanos la oportunidad para iniciar la tan anhelada guerra con México.

Después de sendas batallas en Palo Alto y Resaca de la Palma, al lado norte del río Bravo, en mayo de 1846, el ejército mexicano se vio obligado a replegarse a la ciudad de Monterrey, centro co-mercial y político del noreste de México, en donde prepararía la defensa de la plaza más importante de la región.

Los días del 21 a 24 de septiembre de 1846 se llevaron a cabo las batallas por Monterrey, las cuales al final dieron como resultado un armisticio en donde el ejército mexicano se retiraría de la pla-za, permitiría la instalación del Cuartel Maestre del

Una epidemia de cólera morbus atacó a los habitantes de Monterrey en agosto de 1833.


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Los días del 21 a 24 de septiembre de 1846 se llevaron a cabo las batallas por Monterrey.

ejército invasor en la ciudad, se abriría un armisti-cio por el transcurso de siete semanas, y se permi-tiría a los habitantes del estado tener un gobierno propio que regulara las actividades económico-administrativas.

Durante cerca de dos años (de septiembre de 1846 a julio de 1848), la ciudad de Monterrey se mantuvo ocupada por una parte del ejército nortea-mericano encabezado por el general Zachary Tay-lor. En el transcurso de estos dos años, la ciudad se mantuvo bajo el resguardo del Ayuntamiento regiomontano, quien era el mediador entre la po-blación y el cuartel maestre norteamericano, quien a su vez nombró un gobernador o administrador en Monterrey.75

Ante estas circunstancias es necesario en-tender la función que cumplió el cabildo regio-montano ante el problema de la invasión extran-jera durante estos casi dos años (1846-1848). Por ello analizaremos algunos aspectos de su función administrativa de la ciudad, sus reclamos ante los abusos de los soldados norteamericanos contra la población civil, y su relación con el gobernador del Estado, quien a partir de la ocupación militar ex-tranjera en Monterrey, decidió trasladar su sede a los municipios del sur de Nuevo León.

La función del Ayuntamiento de Monte-rrey durante este periodo bélico fue de constante auxilio a las labores mili-tares que en su momento realizó el ejército mexica-no en las calles y fortifi-caciones de la ciudad. En junio de 1846, tres meses antes del ataque militar extranjero, el gobernador de Nuevo León solicitaba al alcalde de Monterrey José María de la Garza proporcionare al Coman-dante General del ejército mexicano los auxilios que necesitarce en atención de la importancia de las forti-

ficaciones que se han de construir para poner esta ciudad en defensa de las minas del enemigo “y pro-ceda a proporcionar a dicho Jefe los auxilios que se enumeran en la preinserta contestación, poniendo el mayor empeño en completarlos sin atacar la pro-piedad particular…, y convocar a los jornaleros que sean necesarios, incluso a los prisioneros”.76

Además de esto, el Ayuntamiento de Mon-terrey se encargó de vigilar la seguridad y tranquili-dad de una ciudad provincial que comenzaba a fa-miliarizarse con el aroma de la guerra. El 6 de julio de 1846 el cabildo local denunció ante las autorida-des militares la realización de un baile prohibido, organizado por el soldado Regino Hidalgo “sin el permiso de la primera autoridad”, al cual acudieron tropas que realizaban la guardia nocturna. En con-testación, el teniente coronel Bruno de Ordóñez refirió la aprehensión del mencionado Hidalgo y de los soldados que acudieron al baile realizado sin licencia.77

En lo relativo a las actas del cabildo de Monterrey, no existe durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1846 ninguna referencia a la actividad militar de uno u otro bando, o algu-na orden superior para auxilio en alguna obra de fortificación. Lo más seguro es que se trató de no


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infiltrar miedo a la población sobre el torbellino de la guerra, la indiferencia del Ayuntamiento local, o que el cabildo regiomontano no era la instancia co-rrecta para tratar estos asuntos bélicos.

Sólo hasta el 28 de septiembre de ese año, cuatro días después de la capitulación de la ciudad de Monterrey en manos del ejército norteamerica-no, existe una referencia de la situación político-militar que vivía Monterrey. En este documento, el gobernador de Nuevo León, Francisco de Paula Morales, expone lo siguiente:

que durante las circunstancias permaneció de acuerdo con el Excelentisimo Señor Ge-neral en Jefe del Ejército del Norte asistien-do á algunas juntas en las que dicho Ge-neral tuvo hasta la última en que después de todos los pagos y pasando algunos días aquel Jefe acordó capitular así el Jefe en los Estados Unidos a lo que le expuso en la misma Junta con Generales y Jefes que al efecto hubo para ello: que verificado la capitulación como lo ha palpado bien la corporación el General impondrá según los artículos acordados en ella se mandó con su ejercito al Saltillo y ocupó el ejercito Ameri-cano esta Plaza.78

Asimismo, el gobernador Morales men-cionaba haberse reunido con el general en jefe del Ejército Norteamericano Zachary Taylor, asegu-rándole éste que: todo sería ordenar con su acuerdo a la marcha segura de los casos del Es-tado, manifestán-dose que desearía con el mayor inte-rés que las autori-dades constituidas en él siguiesen todas como lo es-taban hasta aquí en el libre ejercicio de las funciones que las Leyes se han cometido para lo cual cooperará de la manera que el

Gobierno lo crea conveniente para la seguridad y pacificación de los pueblos.79 Disponiendo el mi-litar norteamericano que las rutas generales fuesen puestas a disposición del gobierno para que de ellas los empleados del Estado, “pidiendo sólo por ahora se le proporcionen los recursos de mais y leña así como mechas y un conductor de equipajes y viajes de Camargo a esta Capital ofreciendo que todo será satisfecho anticipadamente a precios de plaza de que pide una noticia”.80

En el acta del 19 de octubre de 1846, el Ayuntamiento de Monterrey establece que tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad se han ido con rumbo a Linares o Galeana, y que “sin decir de dónde se pagaba la fuerza que dejó sobre las armas para mantener en lo posible el orden y custodiar los criminales lo que le movió ocurrir a la Adminis-tración de Alcabalas con este objeto interin reciba del Gobierno la aprobacion sobre el partícular”.81 También refiere que el general que mandaba la plaza estaba dictando algunas órdenes “y aun inte-riorizandose respecto del comercio y manejo de la aduana pues quiere que se le de rason y cuenta de la distribusion de caudales, lo que le ha manifes-tado hase por arreglar en alguna parte el orden de la ciudad y para lo que espera que reuniéndose el Ayuntamiento con su acuerdo se dispondrán todas las cosas de manera que todo sea arreglado”.82

En esta situación podemos ver que a pocos días de haber tomado posesión de la plaza de Mon-

terrey, los militares norteamericanos inmediatamente trataron de tomar el control admi-nistrativo de la ciudad. Ante ello, los políticos locales trataron de retomar el manejo político-a d m i n i s t r a t i v o previniendo que las comunicacio-nes y acuerdos se dirigiesen a Ga-leana, en donde se

El Ayuntamiento de Monterrey se preocupaba por la tranquilidad de la ciudad aun en tiempos de guerra. Uno de los disturbios más comunes era la realización de bailes sin permiso de la autoridad.


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encontraba el gobernador del Estado y que “varios decretos generales los cuales ha dispuesto el Jefe Americano que mandó la plasa no se publiquen pues que el General en Gefe ha prevenido que sólo las leyes documentos y órdenes del Estado puedan publicarse y circularse y no asi las generales.83

Además, el Cabildo tuvo que fungir como protector y guardián de los bienes del regiomon-tano, se enfrentó a la violencia que en ocasiones los militares angloamericanos (sobre todo los Vo-luntarios, grupo que causó destrozos materiales u muertes en las ciudades donde se establecían) rea-lizaban. Este hecho se ve plasmado en el acta de cabildo del 23 de noviembre de 1846 en donde se refiere lo siguiente:

Leída y aprobada la acta, se dio cuenta con lo siguiente, el Señor Presidente manifes-tó que por los daños que se están leyendo del alumbrado por causa de los voluntarios dispuso que los faroles se guarden y los serenos se retiren hasta que la corporación acuerde los términos en que debe seguir la Administración y manejo de este ramo.84

De la misma manera, se establecieron serias sanciones para aquellos contrabandistas que ven-dieran licor en calles plazas, calles, establecimien-tos y casas particulares, y así evitar “los desórdenes que de lo político y moral se están causando a con-secuencia a la embriaguez”.85

Los problemas entre militares extranjeros y población civil se dejaron sentir desde el inicio de la ocupación, y como ya lo hemos menciona-do, el Ayuntamiento de Monterrey se convirtió en el guardián del orden y el demandante ante las au-toridades militares norteamericanas de los abusos de que eran objeto los ciudadanos regiomontanos. En noviembre de 1846, el gobernador del Estado Francisco de Paula Morales instruía al alcalde de Monterrey para que a la brevedad posible avisara a los vecindarios de que sí hubiesen sufrido algún daño o prejuicio por parte del ejército invasor in-mediatamente lo denunciaran en el Juzgado 1º de la capital.86

Otro ejemplo claro de los conflictos que provocaron los militares angloamericanos en Mon-

terrey fue la denuncia hecha por el señor Gala, miembro de la Compañía Lancasteriana de la ciu-dad ante el Cabildo regiomontano, en donde refiere que el cuartel maestre norteamericano establecido en esta capital desea instalar un cuartel militar en la casa del referido establecimiento educativo.87

Para 1847 las agresiones de los invasores contra los civiles eran intolerables. En junio de 1847 el alcalde de Monterrey, José de Jesús Dávila y Prieto. escribía al gobernador Francisco de Paula Morales que promoviera leyes de protección para

que los ciudadanos del Estado se libraran de los abusos de los norteamericanos.88 Al parecer Mora-les protestó, pero el general Zachary Taylor le argu-mentó que era muy difícil controlarlos.89

Sin embargo, el suceso que colmó la pa-ciencia del ejecutivo estatal y del Ayuntamiento re-giomontano fue el asesinato del ciudadano Manuel Peña a manos de un guardia americano, por no ha-ber respondido al “quién vive” tres veces en inglés. Por lo cual el gobernador solicitaba al alcalde que presionara al Jefe Militar de la plaza de Monterrey

Acta de Cabildo de Monterrey, correspondiente al 6 de octubre de 1846, cuando ya estaba ocupada la ciudad por el ejército yanqui.


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para que la orden del toque de queda se derogara o se modificara.90

A mediados de 1847 se suscitó en la ciudad de Monterrey una confrontación de ideas entre el grupo de políticos regiomontanos y el gobierno americano. A través del periódico semanal Ameri-can Pioneer, fundado en la ciudad por el Cuartel Maestre, los estadounidenses promocionaban sus negocios, hacían circular algún decreto o califica-ban la labor administrativa del cabildo de Monte-rrey. Sin embargo estas críticas no eran bien recibi-das por los políticos locales, quienes en voz del al-calde Gregorio Zambrano interpusieron una enér-gica protesta a los editores del American Pioneer, por causa de un artículo editorial de la publicación No. 20 del referido periódico, en la que se refiere a la nueva tarifa municipal, la cual, a consideración del autor, era imparcial. Esta protesta provocó que el siguiente número de este semanario los editores endurecieran su crítica, haciendo referencia de que el ayuntamiento de la ciudad pone en libertad a la-drones y vagos.91

Ahora bien, hacia finales del año de 1846 el Cabildo de Monterrey resolvió permanecer en sus puesto “por motivo de las circunstancias y la de no haber Pueblo para ello continue el Ayuntamiento mientras que aquellas dán ocacion para ello y que se dé cuenta al Gobierno para su superior conocimiento”.92

El 28 de diciembre de 1846 el Ayuntamien-to de la ciudad aprobó el restablecimiento del siste-ma federal en la nación, logrando con ello terminar los 11 años en donde el régimen central se estable-ció en todas las estructuras políticas de México. El Cabildo, unánimemente a una junta de vecindario, votó a favor de reestablecimiento de los principios federales en el país, bajo las bases de religión, in-dependencia y división de poderes constituidos en la carta de mil ochocientos veinticuatro, plantean-do que “será quisá el medio más eficaz y oportu-no para que tenga fin la guerra que contra nuestro Gobierno general han introducido ya los Estados Unidos de America”.93

Hacia julio de 1847, la administración polí-tica del estado vivó una severa crisis que puso ries-go la existencia e identidad del estado de Nuevo

León. El Estado controlado en su mayoría por el ejército invasor, la escasez de recursos que a la vez reclamaban el Ayuntamiento regiomontano y el go-bernador civil norteamericano, entre otras circuns-tancias, obligaron a Francisco de Paula Morales, gobernador del estado, a renunciar a su encargo. Ante esta situación adversa surge la figura del al-calde de Monterrey, José de Jesús Dávila y Prieto, quien por alrededor de dos meses fue gobernador interino del estado y alcalde de la capital de Nue-vo León. Tras la aprobación de los municipios del estado, Dávila y Prieto se convierte temporalmente en alcalde y gobernador.94

Aunque el tiempo que duró su interinato fue corto, la gestión de José de Jesús Dávila y Prie-to puso su énfasis en controlar el desorden político, social y económico que había en Nuevo León. Pre-cisamente el Reglamento para policía y seguridad interior dictaminado en julio de 1847 fue el primer intento por remediar el problema que enfrentaban los pueblos y los caminos, que estaban infectados de cuadrillas de ladrones y guerrilleros.94 Dos me-

La orgullosa élite militar mexicana sucumbió ante el embate de los rifles yanquis.


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ses después de su renuncia, el licenciado Francisco de Paula Morales retoma el puesto de gobernador de Nuevo León ante la protesta de algunos muni-cipios que consideraban ilegible el nombramiento de Morales por haber abandonado a su suerte los destinos del estado cuando más se necesitaba de la unidad de todos los ramos de gobierno.96 En el ca-pítulo de la Invasión norteamericana a Monterrey ampliaremos más sobre el tema.

Posteriormente, otro de los integrantes de la élite política local, José María Parás, tomó pose-sión del cargo de gobernador del estado en enero de 1848. Convencido de que los tiempos políticos y militares eran diferentes a los de septiembre de 1846, decidió regresar con su aparato estatal a la metropolitana ciudad. Por lo cual hizo saber al jefe de las fuerzas americanas de su nombramien-to y pidó se le dieran las garantías necesarias para

trasladar la capital administrativa y territorial a Monterrey, en contestación, el jefe de las fuerzas americanas, John E. Wool, le expuso el agrado que le causaría ese traslado.97 Sin embargo, las bue-nas relaciones entre ambos bandos se colapsarían cuando Parás solicitó las rentas recaudadas durante el tiempo que duró la ocupación, las cuales serían utilizadas para comenzar la reconstrucción de la ad-ministración estatal.98

Otro aspecto importante de la administra-ción municipal regiomontana durante la interven-

ción extranjera fue la labor de espionaje que realizó de los movimientos militares de los angloamerica-nos en la región. Según un reporte enviado ante el presidente de la república el general Antonio López de Santa Anna, que se encontraba en la ciudad de San Luis Potosí reorganizando las fuerzas armadas de la nación, el Ayuntamiento de Monterrey, por medio de su alcalde, avisaba los pormenores de los movimientos del ejército invasor en el estado de Nuevo León.99 Asimismo, el cabildo regiomontano fue administrador de los desechos de guerra habi-dos en la ciudad cuando la partida gradual del ejér-cito invasor comenzó a realizarse tras los tratados de paz en 1848. Existe un documento en el Archivo Histórico de Monterrey, el cual especifica que el alcalde de la ciudad mandó realizar una lista con los ciudadanos Juan Chávez y Clemente Penilla que contenía los apuntes del armamento, cartuchos, pólvora y demás cosas que entregaron los norte-americanos al partir rumbo a su país.100

Hacia octubre de 1848, el gobernador del estado, por medio del alcalde de Monterrey, solici-taba a los ciudadanos del estado que denunciaran cualquier daño o agravio que sufrieron en sus pro-piedades por causa de la ocupación norteamerica-na que se sufrió durante cerca de dos años. Ante el Juzgado 1º de la capital, algunos individuos como el reconocido médico José Eleuterio González Gon-zalitos, Blas José de la Garza, Pedro José Góngo-ra, Ramón García, entre muchos otros, acudieron a poner sus denuncias reclamando toda clase de objetos, libros, dinero, medicinas, animales, mue-bles.101 Todo parece indicar que no les fue resuelta su denuncia, ya que no existe documento que avale la reposición de los bienes reclamados.

Como hemos podido constatar, la función que el Ayuntamiento de Monterrey tuvo durante la primera mitad del siglo XIX fue de vital importan-cia para la administración política del municipio, la aplicación de la justicia, y el resguardo y seguridad de los regiomontanos. En medio de revoluciones, invasiones extranjeras y desastres naturales, el ca-bildo local a través de sus actividades públicas y desiciones logró mantener a Monterrey en el mapa político, económico, social de la naciente república mexicana.

Documento del Cuartel Maestre Americano en Monterrey (1847).


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2. Comercio y pequeñas industrias

A principios del siglo XIX la ciudad de Monterrey consolidó un proceso de desarrollo comercial den-tro del contexto del entonces noreste novohispa-no, lo que le permitió atravesar la línea provincial para convertirse en una ciudad capital, comercial y finalmente industrial a principios del siglo XX. Durante estos años una tenaz actividad comercial impulsó el crecimiento urbano y demográfico de la ciudad. El establecimiento de casas comerciales y de almacenes dedicados a la venta de ropa y aba-rrotes en la región amplió el radio de acción de los comerciantes regiomontanos, quienes llegaron a tener influencia mercantil hasta la zona del Bajío

mexicano, específicamente en la feria de San Juan de los Lagos.

Ahora bien, la situación geográfica puso a Monterrey en el centro estratégico de un gran mer-cado regional. Productos agrícolas provenientes de Coahuila, Durango, Jalisco y el Bajío, así como de otras naciones desembarcados de los Puertos de Tampico y Matamoros, hicieron de Monterrey un centro de comercio muy próspero durante gran parte del siglo XIX.

La intensa actividad mercantil provocó que en Monterrey se dimensionaran en mayor grado las casas comerciales, almacenes y tendajos de abarro-tes. Durante la década de 1830 eran ya famosos en la región los comercios de Pedro Calderón, Juan Francisco de la Penilla, de Andrés Viteri, Julián de Llano y Pablo Carreño, ubicados sobre la calle Principal o Rea.102

El trueque de mercancías se llevaba a cabo en la Plazuela del Mercado (hoy Plaza de Hidal-go) y en la Plaza de Armas (Plaza de Zaragoza) en donde, según una crónica del historiador Santiago Roel, este último lugar servía de sede para la reali-zación de la feria anual de la ciudad:

La Plazuela (que más tarde se conoció como Plaza del Mercado), era el nombre de la hoy Plaza de Hidalgo, y allí se amon-tonaban en desorden figones y tenduchos con paredes y con techos de mercancías a

la intemperie, sobre el suelo y de noche se alumbraban con candilejas colocadas al lado de aquéllas, viéndose entonces la Plazuela, tapizada de luces tem-blorosas.103

2.1. La Feria de Monterrey

Durante estos años se celebraba en la ciudad durante los meses de agosto, septiembre u octubre la feria anual dedicada a la Purísima Concepción, la cual aglomeraba una gran canti-dad de visitantes y una importante derrama económica para los comer-ciantes y el Ayuntamiento local.

En la Plaza Zaragoza los comerciantes intercambiaban productos con sus colegas de otros estados.

La Plazuela del Mercado (hoy Plaza de Hidalgo) y la Plaza de Armas (Plaza de Zaragoza), servían de sede para la realización de la feria anual de la ciudad.


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Daniel Cossío Villegas menciona que las ferias populares durante el siglo XIX eran centros de diversión que daban vida a los pueblos.

La plaza principal es el sitio escogido, y en él se establecían puestos, jacalones, tiendas, todas diferentes y a cual más llamativas por sus vistosos adornos; un verdadero bullicio se apoderaba del pueblo días antes de inau-gurarse la feria y las diligencias llegaban re-pletas de gentes de los lugares cercanos.104

En el caso de Monterrey, la realización llevaba consigo la posibilidad de que los comer-ciantes regiomontanos pudiesen intercambiar sus productos y artículos con sus colegas provenientes de otras partes de la república. La feria de Mon-terrey tenía atracciones como las peleas de gallos, las corridas de toros,105 las funciones de circo y la realización de los llamados juegos prohibidos (que no lo eran tanto en esas ocasiones) como la baraja y las apuestas.

Los permisos legales corrían a cargo del Congreso y del Cabildo regiomontano, quienes se convertían en los vigilantes y árbitros de la misma.106

Asimismo, la seguridad de las personas y de las pro-piedades corría a cargo del Ayuntamiento de Mon-terrey, quienes se veían obligados a cubrir, pese a las limitaciones de recursos y de personal, los caminos y brechas que conducían a la ciudad, así como el resguardo de los comerciantes que se ubicaban en la

Plaza de Armas (hoy Plaza de Zaragoza).107

Para el remate de la plaza para la corrida de toros se hacía una convocatoria general para que los intere-sados acudieran a promover su mejor propuesta. Citamos un rotulón promovido por el Ayuntamiento regiomontano y fechado el 18 de abril de 1836:Deseando este Ayunta-miento que la feria anual de esta Capital sea como hasta aquí, celebrada con el mayor fausto posible, ha acordado rematar la plaza para la corrida de toros en

doscientos pesos libres, y mandaro fijar el presente por el cual se convocan a los ciu-dadanos de este y distritos vecinos para que quien guste tomarla ocurra dentro de quin-ce días contados desde esta fecha a hacer la postura que crea convenirle, previas las condiciones que en el remate se [mani]pu-larán por ambas partes contratantes. Mon-terrey, abril 18 de 1836.

Justo de Cárdenas; Miguel Nieto, Secreta-rio108

La realización de la feria anual en la ciudad permitió el fortalecimiento de un mercado de libre intercambio de mercancías, que abrió las puertas para que los vecinos del comercio regiomontano acudieran a las grandes ferias del centro del país para intercambiar productos, abarrotes y artículos de primera necesidad. Según cifras de algunos his-toriadores, durante años la concurrencia a la feria de Monterrey era grande ascendiendo el número hasta 10 mil asistentes, muchos de los cuales pro-cedían de San Luis Potosí y de otros lugares del país.109

2.2. El comercio en la región noreste

Para 1850 el gobernador de Nuevo León, José María Parás, analizaba en sus Memorias la situa-

Plano de la ciudad de Monterrey de 1840.


226

*Padrón de los extranjeros formado según el decreto de 23 de diciembre de 1843.110

NOMBRE POR ORIGEN LEGAL RELIGIÓN EDADESTADO CIVIL

PROFESIÓN

José Gutiérrez y Gtz. Español Católica 24 Soltero Comerciante

Carlos Caballero Vivanco Español Católica 27 Soltero Botiquero

José Garay de Llano Español Mexicano Católica 36 Casado Comerciante

José Isaac Morguen Norteamericano Mexicano Católica 34 Casado Zapatero

Eugenio Serrano Español Mexicano Católica 45 Viudo Comerciante

Ildefonso [Armindes] Español Católica 23 Soltero Comerciante

Juan José de Isla Español Mexicano Católica 44 Viudo Comerciante

Pedro Calderón Español Mexicano Católica 42 Casado Comerciante

Juan Ángel Maritegui Español Católica 20 Soltero Comerciante

Juan López Peña Español Católica 21 Soltero Comerciante

Santiago Belden Irlandés Católica 29 Casado Comerciante

Fernando López Español Católica 22 Soltero Comerciante

José María Penilla Mexicano Español Católica 30 Soltero Comerciante

Francisco Milmo Irlandés Católica 34 Soltero Comerciante

Santiago Milmo Irlandés Católica 18 Soltero Comerciante

Valentín Rivero Español Católica 26 Soltero Comerciante

Nicolás Peláez Español Católica 13 Soltero Comerciante

Dr. Bernardo Fougad Francés Católica 32 Soltero Médico

Claudio Francisco Gojón Francés Católica 47 Viudo

Carlos Espinoza Español Católica 31 Casado Comerciante

Estanislao Justice Polaco Católica 27 Soltero Religioso

Jorge Wischler Austriaco Católica 35 Soltero [Organista]

Guillermo Wischler Polaco Católica 33 Soltero Pintor

Guillermo G. Steel Norteamericano Católica 29 Casado Agricultor

José Phillips Norteamericano Católica 35 Casado Sastre

Enrrique Vampelech Norteamericano Presbiterana 46 Soltero Sastre

Francisco Arjona Español Mexicano Católica 39 Casado Médico

Cayetano Rodríguez Español Mexicano Católica 62 Casado Jornalero

Guillermo Yung Norteamericano Católica 36 Soltero Platero


227

intentó prevenir la práctica del contrabando a los vecinos de la frontera con los texanos, para que de esta forma no se siguiera perjudicando la Hacienda Pública.115 En oficio girado al prefecto del Distrito de Monterrey por orden del secretario de Gobierno del Departamento de Nuevo León, Francisco Mar-gain, informa la aprehensión de Gregorio Avenda-ño, quien ha estado en la ciudad capital vendiendo

tabaco. Se le acusa de haber participado en el con-trabando con los texanos, y circular noticias falsas y alarmantes, sobre que las villas del norte se han pronunciaron en contra del Supremo Gobierno.116

De tal magnitud fue la práctica de esta acti-vidad, que a través de ella se formularon algunos ca-pitales que activaron el comercio regional y crearon los vínculos de unión, que históricamente se han mantenido con los comerciantes texanos, los cuales se incrementaron con la ocupación norteamericana en Monterrey (1846-1848) y con la llamada Guerra de Secesión (1859-1865).

La caída de Monterrey en manos de los norteamericanos, en septiembre de 1846, produjo un fenómeno poco común: el establecimiento de dos autoridades que regularon la región durante dos años aproximadamente (1846-1848). Por un lado encontramos el gobierno mexicano represen-

ción mercantil del Estado. En ellas confirmaba el avance comercial de la región, pero resaltaba las limitaciones propias de la entidad; Parás veía como una necesidad la mejora de caminos como ruta para el transporte, la comunicación y el comercio, actividad “que día a día adquiere mayor vigor en la región”.111 Los esfuerzos del gobierno del estado por promover la actividad comercial no sólo se cen-tró en la reconstrucción y vigilancia de los caminos de la localidad, sino en el apoyo fiscal a los comer-ciantes. En referencia a lo anterior Parás escribe: “La animación del comercio cada día se hace más visible por el enlace que ha formado con el interior con motivo de la abolición de las alcabalas”.112

La situación del comercio había cambiado, y a principios del siglo XIX esta actividad comer-cial comenzaba a destellar frente a los ojos de los reineros. Durante la década de 1810 uno de los comerciantes de más actividad e influencia en la región noreste fue el español Ignacio Martínez. Miembro del grupo que controló la política regio-montana durante esos años, aprovechó su cargo como regidor 1º (1815) y síndico procurador des-pués (1819) para fortalecer sus negocios y ampliar sus redes mercantiles.113

En este referido lapso de tiempo, Martínez estableció estrechos lazos mercantiles con agricul-tores, comerciantes, mineros y ganaderos de las diferentes villas y pueblos de la Nueva España. Su extenso dominio comercial llegó a poblaciones como Linares, Chihuahua, Río Grande, Zacate-cas, San Antonio de Béjar, Mazapil Zacatecas, Real de Catorce, Villa de San Carlos, Monclava, entre otras.114 A su muerte, su herencia, adeudos y relaciones comerciales recayeron en su hijo político Domingo de Isundegui.

Por otra parte, el contrabando comercial fue uno de los ramos que más consecuencias tra-jo para la economía en Nuevo León. El general Mariano Arista, encargado del Ejército del Norte,

Francisco Tomas Francés Católica 34 Soltero Peluquero

Juan Francisco Penilla Español Mexicano Católica 64 Casado Comerciante

Amaro Martínez Español Irlandesa 33 Soltero Labrador

Bernardo Veguer Francés Católica 30 Soltero Preceptor

La botica del comercio se encontraba en la esquina noreste de las calles Juárez y Mátamoros, y era propiedad del doctor Mauro Vi-llarreal.


228

tado por el gobernador Francisco de Paula Morales, quien anduvo peregrinando por el sur del Estado, y por los alcaldes en la ciudad de Monterrey. Por el otro ubicamos al gobernador norteamericano, quien a su vez fungía como comandante de las Tro-pas Americanas en la ciudad. Él era el que controla-ba el pago de impuestos, y quien tenía pleno dere-cho sobre el ramo financiero y civil. Para corroborar esta afirmación citamos un oficio enviado por E. S. [Sibley], encargado de la recaudación de las rentas, nombrado por el general Wool, al Alcalde de Mon-terrey, en donde le informa que se ha prestado a nombrar a los alcaldes de Montemorelos, Linares, Cadereyta Jiménez, Lampazos y Salinas Victoria, así como a él mismo, para que en sus respectivas cabezas municipales se conviertan en los agentes que cobren las rentas e impuestos acordados por el general en Jefe del Ejército Americano en la ciudad de México.117

Aunque para 1850 la actividad comercial ya ocupaba un rango muy importante dentro de la

economía regional, la agricultura seguía siendo la principal actividad productiva. El cultivo del pilon-cillo y el azúcar se había incrementado a partir del acercamiento de la frontera.118 El cuadro 1 muestra la actividad productiva de los municipios más im-portantes de Nuevo León para 1850:

Tal como lo menciona el doctor Mario Cerutti, “tanto en México como en América Latina la centuria pasada habría estado caracterizada por un conjunto de historia regionales, mas que por precisas historias nacionales.119 La base sobre la que se forjó la industrialización en Monterrey fue

Lista de comerciantes regiomontanos del año de 1847.

MUNICIPIOGénero de industria a que se dedican y sobresalen más.

Ciudad de Monterrey

Valle de Santa Catarina

Villa de Santiago

Villa de Guadalupe

Ciudad Cadereyta

Villa de Marín

Villa Sabinas Hidalgo

San Francisco Apodaca

Villa de Lampazos

Villa de Agualeguas

Ciudad de Montemorelos

Comerciantes

Labradores y arrieros

Agricultores

Agricultores

Agricultores

Agricultores y ganadería

Criadores

Agricultores

Criadores y agricultores

Agricultores

Agricultores

*Cuadro 1: Estado que manifiesta la riqueza indus-trial y profesional de Nuevo León para 1850.

*Fuentes: Memorias de José María Parás (AGENL, In-formes de Gobierno, 1850)

sin duda la actividad comercial en el noreste mexi-cano.

2.3. Pequeñas industrias y talleres

Durante la primera parte del siglo XIX, la ciudad de Monterrey se convirtió en sede de pequeños ta-lleres y fábricas caseras que fueron el antecedente de la gran industria regiomontana de principios del


229

Molino de Jesús María en Monterrey.

siglo XX. Tabaquerías, tenerías, panaderías, moli-nos, etcétera, estaban en manos de comerciantes,

en su mayoría españoles, que le apostaban al desa-rrollo industrial de la región.

A raíz de que la agricultura era la principal actividad económica de la región, explicaba Isidro Vizcaya, muchas de las pequeñas industrias y talle-res que surgieron en Monterrey fabricaban equipos para la agricultura e industrializaban algunos pro-ductos del campo. Así se multiplicaron las carro-cerías, los talleres para la fabricación de trapiches y alambiques, los molinos de trigo, las fábricas de fideos, las curtidurías y muchas otras pequeñas in-dustrias semejantes.120

Según un padrón levantado en la ciudad el 12 de junio de 1847 durante la ocupación norteame-ricana en Monterrey, los nombre de los comercian-tes y sus establecimientos eran los siguientes:121

Giro Comercial Dueños

Tiendas de RopaGregorio Zambrano, Juan Francisco de la Penilla, José Morrel, Domingo Martínez, Pedro Calderón, Valentín Rivero, Charles Heason y Cía., Francisco Milmo

TendajosGregorio Zambrano, Joaquín Quiroz, José María de la Garza y Garza, Jacinto Lozano

Fondas James Kelly, Enrique Graham, H. H. Roberts, Antonio Ramírez

Billares Blas Castaño, Domingo Buenaventura, Juan González

Boticas Manuel María de Llano, Francisco de Arjona

Molinos Jacinto Lozano

Panaderías Crisanto Lozano, Pelagio Garibay, Vicente Lozano, Concepción Tijerina

Azucarerías Enrique Jones

Sastrerías Juan Ayarzagoitia, Francisco Ibarra, Narciso Contreras, Miguel Hernández

Zapaterías Nemesio Guerra, Nicanor Ibarra, Andrés Treviño

Barberías Juan Martín Flores, Rosalío Mancillas

TeneríasGuadalupe Treviño, Benito Martínez, Francisco Barrera, Ignacio Flores, Ambrosio García

Carpinterías Francisco Pérez, José Ángel Zambrano, Patricio Sánchez, Agapito Saldaña

Talabarterías Marcos Castro, Marcos Cruz

Platería Rafael Garza

Herrerías Diego y Pablo de la Garza

Hojalaterías Evaristo Hernández, Guadalupe Gándara


230

Monterrey era, para 1853, una ciudad que contaba con 26, 795 habitantes, cifra que duplicaba la población de 1824 la cual ascendía a 12, 282 ha-bitantes122 y que permitía ver un notable ascenso en el nivel de vida socioeconómico del regiomontano.

Hacia 1854 se lleva a cabo la fundación de la Fábrica de Hilados La Fama de Nuevo León, por un grupo de empresarios encabezados por Valentín Rivero, Pedro Calderón, Gregorio Zambrano, Ma-nuel María de Llano, Clausen y Compañía, José Morrell, José Ángel Benavides, Mariano Hernán-dez y Ezequiel Steel, y con 75,000 pesos de capital, formaron esta Sociedad Mercantil en Santa Catari-na.123 Según el historiador Isidro Vizcaya, este he-cho no puede considerarse decisivo en el proceso industrial de Monterrey, ya que el establecimiento de esta fábrica de hilados se convirtió en un hecho aislado, que sólo 18 años después provocó el esta-

La aparición de fábricas como La Fama y El Porvenir fué muy importantes para el proceso industrial que desarrolló Monterrey.

blecimiento de otra empresa del mismo rango: El Porvenir, en 1872.124

Por contraparte, la decadencia de la acti-vidad comercial a principio de la década de 1880 por causa de la llegada del ferrocarril a Monte-rrey fue el detonante que apresuró la aparición de la gran industria en la ciudad. El fortaleci-miento del comercio y aparición de pequeñas industrias caseras aceleraría en Monterrey el establecimiento de grandes fábricas productoras de acero, cemento, cerveza y vidrio a finales del siglo XIX y la confirmación de la región noreste como una de las más productivas de la nación mexicana.

3. Evolución urbanística de la ciudad

A lo largo de su historia, la ciudad metropolitana de nuestra señora de Monterrey se ha transformado en una de las ciudades más importantes de la re-pública mexicana. De manera particular, durante el siglo XIX sufrió una serie de transformaciones arquitectónicas, demográficas y económicas que la catapultaron para convertirse en la gran metrópoli que es actualmente. Sin embargo, su acelerado cre-cimiento durante los últimos dos siglos contrasta con su sencilla y precaria situación desde la época de su fundación y durante el periodo colonial. En este contexto, presentamos al lector un breve re-corrido del desarrollo de la ciudad a través de su historia.

3.1. Intentos por crear una ciudad

En septiembre de 1596, el capi-tán Diego de Montemayor fun-dó la ciudad metropolitana de la ciudad de Monterrey, que es en esencia el asentamiento defini-tivo, y que fue precedido por la villa de San Luis Rey erigida por Luis de Carvajal en 1582. Aun-que con problemas, los prime-ros pobladores de Monterrey se Comerciantes y empresarios regiomontanos.


231

establecieron en estas tierras y exigieron sus casas y jacales, de las cuales no eran de adobe, sino de palizadas embarradas y la ciudad se limitaba a unas cuantas cuadras.

Años después, una vez fallecidos los pri-meros pobladores, Martín de Zavala obtuvo del rey Felipe IV la capitulación sobre fomento y pa-

cificación del Nuevo Reino de León (3 de abril de 1625), siendo nombrado un mes después goberna-dor, capitán general y alguacil de dicho reino. A la llegada de Zavala a esta región, el Nuevo Reino de León era considerado como reino de anillo, debido a la escasez de vecinos. La doctrina religiosa esta-ba a cargo de los franciscanos, las casas no eran de adobe, sino de palizadas embarradas. Las disputas con los naturales por controlar la tierra eran muy evidentes y provocaban grandes enfrentamientos que regularmente terminaban con matanzas de uno u otro lado. En general el reino se encontraba des-poblado y falto de producción, a pesar de la gran cantidad de tierra sin cultivar.

Una de las primeras medidas que tomó el gobernador Zavala a su llegada fue organizar un

censo de población y vivienda en la ciudad de Mon-terrey. En septiembre de 1626 el gobernador Zavala ordenó que se ejecutara una lista de ojos y testimo-nio del estado en que se halló la villa de Cerralvo,125 el número de vecinos casados que en ella asisten de ordinario en su habitación y casa; el número de ellas, orden y policía que tienen y el modo de repú-

blica. En la descripción de las casas se mencio-na el nombre de quien la habita expresando si tiene mujer e hijos. El expediente incluye la nómina de los veci-nos casados, viudos y solteros e indios labo-ríos que viven en las Salinas, los Muertos y otros lugares. Este do-cumento nos proyecta una ciudad compuesta por casas cubiertas de paja, jacales cubiertos de zacate, una plaza, una sala nueva, un convento, aposentos y solares.126 Podemos asegurar que este fue el primer censo de pobla-ción y vivienda que se

levantó en la ciudad, y que es uno de los elementos históricos más importantes existentes en el Archivo Histórico de Monterrey, que resguarda la memoria histórica del regiomontano.

A principios del siglo XVIII, las calles más importantes de la ciudad se limitaron a ser “la del Convento de San Francisco” que atravesaba por este edificio religioso, “La Principal”, “La Real” que comunicaba con Saltillo y era la entrada de la ciudad, “La del ojo de agua” que circulaba en las orillas de los arroyos. A esta lista se agregan algunas que fueron bautizadas con el nombre de los lugares que se encontraban cercanos, como por ejemplo “la que va de la plaza al ojo de agua”, “la que viene del camino de la silla”, “la que va a la calera”, “la que va del Palacio para el camino al Saltillo”, “la

Panorámica de la ciudad de Monterrey a mediados del siglo XIX.


232

que baja por el Convento de San Andrés”. Algunos poco conocidas como “del Andrajo”, “de Santa Ca-tarina”, “de la Compañía”, “del Calvario”, “la que va a el Paso” también pasaron a formar parte de los recuerdos de nuestra ciudad.

El lento crecimiento de la ciudad lo po-demos ver reflejado en el mapa de la situación de Monterrey en el Nuevo Reino de León elaborado en 1791.127 El trazado de la ciudad es muy similar a las descripciones encontradas de las calles de la ciudad durante el siglo XVII. La calles del Con-vento de San Francisco y la de los ojos de agua son los límites de la ciudad y de oriente a occidente al-gunos callejones demarcan el asentamiento. Pode-mos ubicar la Iglesia Parroquial, la Plaza Principal, el Convento de San Francisco, la capilla de Santa Rita, una iglesia caída y un solar de San Francisco Xavier, propiedad de los jesuitas, un Palacio Epis-

copal y Casa de Alférez Real, algunos callejones que atraviesan la ciudad de norte a sur, la capilla de la Purísima que llaman de la zapatera, un palacio que fabricó el Obispo Verger en una loma distan-te de la plaza de la ciudad (Palacio del Obispado), algunas acequias que circundan la ciudad, el río de Santa Catarina, la Sierra Madre, un cerro muy alto que llaman “de la silla”, un ojo de agua muy grande y permanente, el cerro del Topo Chico, va-rios puentes, algunas casas fabricadas de piedra de cantera y mezcla, así como algunos jacales o chozas fabricados de palos o adobe, techo de hierba o cás-cara de sabino.128

Con estos apuntes corroboramos que du-rante los primeros dos siglos de su existencia, la ciudad de Monterrey tuvo un lento desarrollo de-mográfico y urbanístico. Durante el siglo XIX, la provinciana villa capital se convertiría en una gran ciudad con perfil industrial.

3.2. La ciudad en crecimiento durante la primera mitad del XIX

A principios del siglo XIX, la ciudad de Monte-rrey comenzaba a experimentar la transformación que provocaba el reacomodo administrativo y eco-nómico de las reformas que los reyes borbones im-plementaron en todo el imperio español. La cons-trucción de nuevos edificios, como el Obispado en la Loma de Vera, la Catedral, el Convento de las Capuchinas al Norte (actuales calles de Juárez y Ruperto Martínez en el centro de Monterrey)

dio una fisonomía distinta de la bicentenaria metropolitana Monterrey.

La instauración de un Obispado con sede en la capital del Nuevo Reino de León, per-mitió proyectos de reorganiza-ción urbanística, y por primera vez una planeación real en el diseño de Monterrey, aunque finalmente el plan urbanístico de la nueva ciudad se tuvo que abortar por diferencias irrecon-ciliables entre el Gobernador y el obispo.129

Una de las calles más importantes de la ciudad se limitaba a ser “la del Convento de San Francisco”, que atravesaba por este edificio re-ligioso.

Plano de la ciudad de Monterrey de 1791.


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Según un documento descriptivo de la ciu-dad localizado en el Archivo Histórico Munici-pal de Monterrey (AHM), Monterrey, capital del estado de Nuevo León:

se halla situada esta ciudad en la primera planicie que [dá] principio de las espesas montañas del Poniente, a los 25 grados, 50 minutos de Latitud Septentrional, y a los 102 grados, 15 minutos de Longitud, con la altura Barométrica de 314 [lineas]. La sierra Madre le rodea de Poniente a Sur y con el Cerro de la Silla al Oriente y el de las Mitras al punto opuesto, se forma un semicírculo cuyo centro es la Ciudad distante 2.3. y 4. leguas de estas altas montañas. Tiene en sus inmediaciones varios vertientes, u ojos de agua, siendo los principales y pertene-cientes en todos tiempos los de los Peña que se hayan casi en el centro al lado del Norte de la plaza principal de esta Ciudad, y que a distancia [estan] divididos en dos considerables Acequias: la una riega más de una legua al nordeste formando el vecin-dario que llaman de las Labores Nuevas, y produce abundantes cosechas de semillas, caña dulce, y todo género de fruta: la otra [azequia] [asia] el oriente riega más de dos leguas que [comprehenden] el Vecindario del Ancón; y Pueblo de Guadalupe con su

laboratorio, produciendo los mis-mos frutos.130

En este contexto, la ciudad de Monterrey inició el siglo XIX, un tiempo de transformación urbanística y social, de cambios políticos y sociales que permitieron a la ciudad traspasar línea del tiempo entre una villa agrícola y ganadera, a una ciudad industrial y moderna. Al principiar el siglo decimo-nónico, a pesar de ser capital del Nue-vo Reino de León, Monterrey era una ciudad enmarcada por seis cuadras de Norte a Sur y doce cuadras de oriente a poniente.131

Según el censo de 1803, levanta-do por el gobernador Simón de Herrera y Leyva, la ciudad de Monterrey con-

La construcción de edificios como el Obispado, cambió la fisionomía del Monterrey de aquel entonces.

Plano de la nueva Catedral de Monterrey, promovida por el obispo de Lla-nos y Valdés, la cual no fue concluida.


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das por fangos causantes del desbordamiento del agua del río Santa Catarina y de los Ojos de Agua de Santa Lucía.135

Durante la década de 1810 se iniciaron en la ciudad una serie de obras públicas que mejoraron considerablemente el rostro de la misma. En enero de 1814 el cabildo de Monterrey procedía a discutir y votar una propuesta sobre el empedrado de las calles, lo cual se intentaba hacer con la cooperación de todo el vecindario.136

Meses después, Joaquín de Arredondo, encargado militar del Nuevo Reino de León, inter-cambiaba correspondencia con Juan Antonio Mú-jica y Francisco Antonio Farias, alcaldes ordinarios de Monterrey en esos años, solicitándoles cuentas sobre el empedrado de las calles, la construcción de un rastro y una casa de matanza para el comercio de carnes.137 La justificación para la realización de estas obras era que la humedad de las acequias pro-

Estadística sobre la epidemia de viruela en Monterrey en el año de 1798.

taba con 6,412 habitantes. La epidemia de viruela que había sacudido la región en 1798, la cual pro-venía de la provincia de Guatemala, había provo-cado grandes estragos en la sociedad. En esfuerzos desesperados por detener el contagio, es enviada por el Cabildo de Monterrey, una instrucción a los encargados del cuidado de los barrios de esta ciudad para que se controle la enfermedad.132 Un padrón levantado en el Nuevo Reino de León de-mostraba la magnitud de la epidemia:133

CiudadNÚMERO DE MUERTOS

Ciudad de Monterrey 104Villa de Cerralvo 77Valle de Santiago del Guajuco 31Valle de Río Blanco 86Villa de Punta de Lampazos 27Real de San Carlos de Vallecillo 89

Villa de Cadereyta 164

Valle del Pilón 56Real de San Pedro de Boca de Leones

151

Ciudad de Linares 184Valle de Salinas 92Pesquería Grande 18Total 1079

Por tal motivo, el padrón levantado por el gobernador de Herrera y Leyva en 1803 fue de gran utilidad, debido a que en el Reino había un vacío en la labor estadística. Prueba de ello es el oficio dado en 1786 por Fray Rafael Josef Verger, obis-po del Nuevo Reino de León, en el que le requiere al gobernador un padrón de las almas, de uno u otro sexo, incluso los eclesiásticos, con distinción de clases y castas de toda esta Mitra de la Provin-cia. En la contestación, el Gobernador previene al obispo Verger que no tiene un padrón elaborado del Reino.134

Al iniciar el siglo XIX, el empedrado de las calles se limitaba a unas cuantas calles del centro de la ciudad, y éstas se encontraban en mal estado por causa de las carretas, coches, arrieros y trajineros que circulaban. Comúnmente, las calles y callejo-nes del Monterrey del siglo XIX eran interrumpi-


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vocaba enfermedades entre los regiomontanos, por lo que Arredondo recomendaba la construcción del empedrado de las calles y construcción de banque-tas de material de loza. Además solicitaba que los presidiarios trabajaran en estas obras, y aclaraba que la escasez de materiales provocaba la imposi-bilidad de cercar algunos solares.138

En años posteriores se realizaron varias obras relativas al mismo ramo. Hacia diciembre de 1816 el Ayuntamiento de Monterrey anunciaba el empedrado de la Plaza de Armas, así como el costo de la misma. Al parecer sólo unas cuantas calles del centro de la ciudad se vieron beneficiadas con estas obras, ya que las ubicadas en las orillas de la pobla-ción eran caminos de tierra que se convertían en verdaderos chiqueros cuando las lluvias llegaban a la ciudad.

No es hasta junio de 1826 cuando el Ca-bildo aprueba la recomposición y empedrado de la presa general llamada de la Purísima, ubicada al noreste de la ciudad en los ojos de agua de Santa Lucía. Además se autorizó para que se formaran los asientos o banquetas del empedrado.139 Hacia 1832, esta misma corporación municipal proponía la construcción de puentes en las calles principales y sus callejones, a fin de formarlos en cal y canto con vigas de madera.140

La ciudad de Monterrey era para la década de 1820 una ciudad en movimiento. Las condicio-

nes urbanas, demográficas y económicas de la ciudad de Monterrey comenzaban a cambiar, y un censo levantado en 1824 informaba que en la capital y sus jurisdicciones había una po-blación total de 12,282 habitantes. Existía una parroquia, una misión inconclusa, 20 hacien-das, 20 rancherías y 4 estancias. En la distri-bución de clases se halla un obispado vacante, 4 abogados, 86 estudiantes, 4 empleados en Hacienda Pública, 788 labradores, 65 comer-ciantes, 297 artesanos, 1,442 jornaleros, 2 ci-rujanos, 3 barberos, 3 maestros de escuela, 158 criadores, un notario, 3 pintores, 30 albañiles, 25 carpinteros, 20 sastres, 7 herreros, 10 plate-ros, 18 sombrereros, 28 zapateros, 7 curtidores, 12 obrajeros que trabajan frazadas y jergas, 9 panaderos, 3 coheteros y 8 alfareros.

En las casas de comunidad existía un convento, un colegio de hombres, un hospital y

una cárcel. Las principales actividades comercia-les eran la agricultura, la siembra de maíz, frijol y caña de dulce, y la cría de ganados de toda especie. Dentro de la ciudad se forma el principal comer-cio con 18 tiendas de ropa mixta y 30 tiendas de pulpería. En el documento también se especifica que la sequía experimentada había provocado una disminución alta del número de ganado caprino y vacuno.141

Para esos años Monterrey era una pequeña ciudad mantenida por la actividad agrícola, gana-

Cuarteles organizados por calles para combatir la epidemia de viruela en Mon-terrey durante el año de 1798. Propiedad del Archivo Histórico de Monter-rey.

Inoculación contra la epidemia de viruela.


236

dera y el comercio. “Sus calles rectas y no mal cons-truidas”, afirmó el Teniente José María Sánchez en su visita a la ciudad en 1827, “pero las casas son de mal gusto y parece que sobran al número de indivi-duos que las ocupan. Sus casas estaban construidas de cantería, sus plazas amplias, junto a pintorescas montañas y en medio de un valle fértil. Calificada como una de las más hermosas de la República Mexicana, era la capital de la región noreste de México”.142

La vida cotidiana del regiomontano trans-curría en la calma de una ciudad de provincia y en el desorden provocado por las cuadrillas de asaltantes y las embestidas de las tribus de indios provenientes de norteamérica. Para prevenir delitos nocturnos, el Cabildo de Monterrey y los vecinos nombraban patrullas integradas por los mismos ha-bitantes de la ciudad. Edmundo Derbez en su obra Sin novedad Monterrey nos narra las acciones que realizaban estos escuadrones vecinales:

Víctimas de la epidemia de cólera morbo en Monterrey, durante los meses de mayo a agosto de 1833.

La patrulla ha de recorrer los cuarteles en que está dividida la ciudad, como una de las medidas de policía adoptada en la ciudad para evitar los daños de vagos y ociosos. En cada uno está nombrado un juez, obligado a celar el orden, quietud y tranquilidad del vecindarios.143

Era muy común que los jueces del cuar-tel extendiesen por esos años los pasaportes o bo-letas de resguardo a los forasteros, y que durante la noche los comerciantes, dueños y mayordomos de las haciendas introdujeran sus cargamentos de mercancías provenientes del Puerto de Matamoros o del centro del país para evadir pagar sus respecti-vos impuestos.144 El patrullaje y las rondas noctur-nas no impedían esta práctica.

Las casas y edificios regiomontanos del siglo XIX, poco elegantes, “son sólidos, de buena apariencia y cómodos en los interior”, afirma Ed-mundo Derbez. “Las casas se fabrican con sillares y techos de envigados, por lo común tienen zaguán, una sala, varios cuartos, corredores con sus pilares y envigados, corrales de sillar, noria y acequia de calicanto”.145

Una nueva descripción de la ciudad reali-zada en 1854 nos refiere que en la ciudad de Mon-terrey:

las actividades que las producciones más abundantes son la de el maíz y fríjol de lo que se levantan dos meses considerables cosechas al año, ya sea en tierra de regadío o de temporal. Lo es también la caña dul-ce o la azúcar, cuya planta ó [zepa] puesta una vez, dura por 7.9 y hasta 10 años de la que se labra anualmente cantidad crecida de piloncillo por su buena calidad, es uno de los ramos principales de comercio para con las Provincias foráneas. El algodón aun sin particular [cultibo], se cosecha hasta en los mismos salones del centro de la Ciudad, en donde hay también muchos Naranjos de diversas especies, limones, limas, cidras, aguacates, [durasnos] y otra porción de ár-boles frutales.146

En cuanto a los ríos:la una del [río] de la silla y ojo de agua que


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nombran la Pastora que es el más perma-nente: la otra de los vertientes del [río] de Santa Catalina: y la tercera del arroyo que comúnmente llaman de San Miguel. Por este mismo rumbo sigue el Rancho de las Savinas, cuyo [río] es la [línea] divisoria del Curato y Ayuntamiento de esta Ciudad y del de la Villa de Cadereyta.147

Esta misma descripción nos permite co-nocer los límites de la ciudad hacia mediados del XIX. Rumbo al oriente se encontraban los vecin-darios de Tierra Dura y los Lermas, hacia el noreste los Ranchos de Gûinalá y de las Gallinas, hacia el norte la Estancia de los Garza y Santo Domingo, hacia el noroeste San Bernabé, el Topo de los Gon-zález y las Labores de los Tjerinas. Al poniente de la ciudad los arroyos de Los Jagueyes, el rancho de San Antonio y el valle de Santa Catalina. Al sur los parajes de Carrizalejo y San Agustín, así como la hacienda de Mederos.148

La ciudad crecía en varios rubros movidos por el aumento de la actividad comercial. Según el plano realizado por el ingeniero Isidoro Epstein en

1865, la ciudad comenzaba a extenderse. Las Ha-ciendas de Labores Nuevas, el Repueble del norte y del sur, así como la del Ancón iniciaban un pro-ceso de expansión demográfica y productiva en la región.149 El Ayuntamiento de Monterrey construía un nuevo Palacio Municipal bajo las órdenes del arquitecto Papías Anguiano con préstamos hipo-tecarios solicitados a la Tesorería del Estado.150 La fábrica de Hilados y Tejidos la Fama, la primera de grandes dimensiones en la ciudad, abría sus puer-tas en 1854. Se funda el Colegio Civil por disposi-ción del gobernador Silvestre Aramberri en el año de 1859, lo que impulsó el desarrollo de la educa-ción en Nuevo León.151

La población total de Monterrey para 1857 era de 32,455 habitantes (20 mil más que en 1824). Las Haciendas, Ranchos y Minerales que estaban dentro de su jurisdicción eran:

Hacienda de San Pedro

a 2 leguas de distancia rumbo al poniente

Hacienda de San Jerónimo

a 1 legua de distancia rumbo al poniente

Plano de la ciudad de Monterrey del año de 1854.


238

Hacienda de San Bernabé

a 2 leguas de distancia rumbo al noroeste

Hacienda del Roble de los Prieto

a 1 legua de distancia rumbo al norte

Rancho de San Martín


Rancho de San Miguel


Mineral de San Pedro

a 2 leguas de distancia rumbo al sureste

*Documento ubicado en el Archivo Histórico Mu-nicipal de Monterrey (AHM)152

Monterrey, la capital del Estado de Nuevo León, se convirtió en el centro económico de la co-marca. La ciudad atravesó un proceso de desarrollo único en América Latina. Una sociedad agrícola como la regiomontana, tras dos siglos y medio de lento progreso, encontró en la actividad comercial su motor de desarrollo. La etapa de consolidación urba-nística y demográfica de Monterrey fue corroborada durante el movimiento industrial iniciado a finales del siglo XIX y principios del XX con la participa-ción de inversionistas locales y extranjeros. La etapa de la gran industria había llegado al noreste mexica-no, y en palabras del profesor Timoteo Hernández, “Monterrey abrió fantásticamente su ruta de trabajo y se superó nuevamente en el campo industrial”.153

3.3. Remodelación del Antiguo Palacio Municipal: un ejemplo de crecimiento ur-bano

La construcción de nuevos edificios y la remodela-ción de los vetustos inmuebles coloniales durante el siglo XIX dieron a la ciudad una nueva perspectiva arquitectónica. Las plazoletas fueron remodeladas y los mercados ubicados cerca de edificios de go-bierno fueron trasladados a otros espacios exclusi-vos para su uso. En particular, queremos participar al lector sobre el caso de las remodelaciones que sufrieron las Casas Consistoriales durante el siglo XIX.

Para inicios del siglo XIX se tiene la refe-rencia que el edificio que ocupaba el Antiguo Pa-lacio Municipal de Monterrey se encontraba en regulares condiciones. Un informe del Cabildo en 1785 refiere que la escasez de fondos impedía la construcción de unas Casas Reales propias de una ciudad sede de un obispado. Hacia 1820, el lúcido empedrado de las calles principales de la ciudad, promovido por el gobierno del comandante y go-bernador Joaquín de Arredondo, la construcción de la Plaza Mayor (actual Plaza de Zaragoza), la

En 1859 se funda el Colegio Civil por disposición del gobernador Silvestre Aramberri, lo que impulsó el desarrollo de la educación en Nuevo León.

Censo de la ciudad de Monterrey en 1857.


239

pirámide conmemorativa a la Constitución liberal de Cádiz de 1812, y la bonanza significativa de los locales de la Plaza del Mercado (hoy Plaza Hidal-go), contrastaban con las austeras edificaciones de las Casas Reales y de la Catedral de la ciudad.154

El pequeño caserón correspondiente a la casa del Ayuntamiento regiomontano se vio benefi-ciado por la bonanza de la Plaza del Mercado, cu-yos comerciantes construyeron muy probablemen-te en la época de la Guerra de Independencia, unos portales de madera en la parte occidental del edi-ficio (de cara a la hoy Plaza Hidalgo). Estos portales fueron remo-vidos posteriormente, y reconstruidos de un material más sólido. 155

Durante la etapa de la ocupación norteamericana en Monterrey se tiene la referencia de que al-gunas piezas ardieron, producto del fuego cruzado entre mili-tares mexicanos que defendían la plaza y el ejército norteamericano que intentaba tomar la ciudad. En ese tiempo la cons-trucción de la planta baja del actual edificio estaba casi en su totalidad, iniciándose en el año de 1847 la edificación de las actuales arcadas y piezas de la zona occidental del edificio, concluyéndose hacia 1850.156

La construcción de los portales que dan a la Plaza Mayor (hoy Plaza Zaragoza) fue asignada al arquitecto Papías Anguiano. Hacia 1853 la cara oriente de las Casas Consistoriales quedaron con-cluidas. Como colofón de esta joya arquitectónica decimonónica, quedó esculpida, en la planta alta del edificio, el escudo de armas de la ciudad, que la reina gobernadora Mariana de Austria concedió a la Metropolitana Monterrey en 1672, así como la leyenda de “M.I.A.”157 de 1853 en la parte superior y en las forjas de los barandales. Como referencia

mencionamos que dentro de las listas de reclusos que participaron en la construcción de esta obra, se encuentra el nombre de Agapito Treviño, también llamado caballo blanco, asaltante de caminos quien tiempo después esperaría su ejecución en las cárce-les de este mencionado edificio.

Monterrey era, a mediados del siglo XIX, una ciudad en plena transformación urbanística, incentivada entre otras cosas por la prosperidad comercial, la cual enmarcó la inauguración de las nuevas Casas Consistoriales del Ayuntamiento de

Monterrey. Según el dictamen de una Co-misión de Obras Pú-blicas en 1853 se men-cionaba, entre otras obras, el empedrado de la Plaza de Armas, la edificación de lunetas, la construcción de fa-roles en la plaza.

La conclusión del edificio se logró hacia finales siglo XIX. La construcción de las alas norte (calle Corre-

gidora) y sur (calle Hidalgo) del edificio, así como la totalidad de los altos de la parte poniente (priva-da Alberto del Canto) quedó terminada hacia 1887, cuando en acuerdo con el Colegio de Abogados (que cabe decir ocupaban una de las piezas del edi-ficio para sus actividades) se liquidó la edificación.

De esta manera, la obra del Palacio Mu-nicipal quedó concluida en una primera etapa en 1853. La segunda parte de la obra quedaría lista para el año de 1888. Las obras de remozamiento del Palacio Municipal fueron a la par con el ace-leramiento urbano de la ciudad, en donde cons-trucción de nuevos edificios, calles empedradas, instalación de faroles y obras de limpieza e higiene en las acequias, dieron un nuevo rostro a la metro-politana ciudad de Monterrey hacia la conclusión de la primera mitad del siglo XIX.

Edificio del Antiguo Palacio Municipal, terminado en su primera parte en el año de 1853.


240

Pintura popular anónima de la Plaza de Armas de Monterrey.

4. La participación de los extranjeros en Monterrey durante la primera mitad del siglo XIX

Durante el siglo XIX un gran número de extran-jeros que, por azares del destino o por voluntad propia, se establecieron en estas tierras regiomon-tanas, participaron activamente en las desiciones que formaron el destino de Monterrey. Estos in-dividuos fincaron bases no solamente económicas, sino también de lazos sanguíneos, ya que muchos de ellos formaron lazos familiares con los grupos establecidos en la ciudad.

En las primeras décadas del siglo XIX se puede percibir una gran influencia extranjera en la vida política, social y económica de los regiomon-tanos. Un censo de extranjeros residentes en Mon-terrey en 1843 indicaba la realidad demográfica de la ciudad: españoles, estadounidenses, alemanes, ingleses, entre otros poblaban ya estas tierras re-gias.

Los extranjeros que residían en la ciudad de Monterrey, según el padrón del 23 de diciem-bre de 1843, eran entre otros, los españoles Carlos Caballero Vivanco, Pedro Calderón, Valentín Ri-vero, Juan Francisco de la Penilla; los norteameri-canos José Isaac Morguen, Guillermo G. Steel; los irlandeses Santiago Belden, Santiago y Francisco

Padrón de extran-jeros residentes en Monterrey corres-pondiente al año de 1843.


241

Milmo; los franceses Bernardo Fougad (doctor) y Francisco Tomás; el polaco Estanislao Justice; y el austriaco Jorge Wischler. 158

Sin embargo, las dificultades históricas que atravesó el Virreinato de la Nueva España primero, y la república mexicana, provocaron que las relaciones diplomáticas con otros países, princi-palmente España, y con sus ciudadanos no fueran muy afectuosas. Durante el imperio de Iturbide, en 1823, el gobierno mexicano hizo un intento por proteger la integridad física y material de estos resi-dentes. A través de un decreto imperial se requería a los gobernadores y alcaldes la protección a los ex-tranjeros que profesaran la religión católica, la dis-tribución de tierras según su profesión; medidas, distribución de terrenos, asignación de párrocos, repueblos, y se facilitara los trámites para la natura-lización de extranjeros.159

Años después, ya establecida la república mexicana, el presidente Guadalupe Victoria esta-blecía un decreto nacional para que todo extranjero que desembarcare en puertos mexicanos debiera hacer su declaración por escrito, especificando

nombre, edad, estado, naturaleza, así como la pre-sentación de su pasaporte.160 Estas medidas esta-ban endureciéndose ante los rumores de España planeaba reconquistar sus colonias americanas, y ante la sospecha de que ciudadanos españoles que emigraban a tierras mexicanas eran en realidad es-pías de la Corona española.

Ante esta problemática, el gobierno federal se vio en la necesidad de modificar las medidas para que los residentes extranjeros obtuvieran la carta de naturalización. El decreto del 14 de abril de 1828 menciona lo siguiente:

que todo extranjero residente en los Esta-dos Unidos Mexicanos, como mínimo de dos años, podrá obtener la carta de natu-ralización siempre cuando compruebe su residencia, su giro, industria o renta y sea católico.161

Las cartas de naturalización para los extran-jeros que residían y circulaban a lo largo del país eran solicitadas con frecuencia cuando llegaban a una ciudad a comerciar, visitar o por simple revi-sión. El Gobernador del Estado comúnmente soli-citaba a los alcaldes que registrasen bien los pasa-portes de los extranjeros avecindados en la ciudad y que se les solicitare la carta de seguridad que deben portar, la cual tenían que tramitar en la forma en que la ley lo prevenía.162

Tras el decreto presidencial de Guadalupe Victoria, en donde se ordenaba la expulsión de es-pañoles de territorio nacional, las autoridades esta-tales y municipales de Nuevo León iniciaron con mano dura el cumplimiento de tal requerimiento. Miguel Nieto, como secretario del Ayuntamiento de Monterrey en 1828 fue el encargado de poner a disposición del Gobernador a los ibéricos que no habían cumplido con el trámite de la papelería para establecerse en el país. Esta ley contenía los siguientes preceptos:

•Que todo español capitulado o menciona-do en el Tratado de Córdoba salga del país en un periodo de seis meses; •El gobierno podrá exceptuar de tal condena al español casado (a) con mexicana (o), que tengan hijos no españoles, a los mayores de sesenta años y a los impedidos físicamente; Lista de españoles expulsados de Monterrey en 1828.


242

•Los españoles que se hayan introducido en el país después de 1821, saldrán del país en el plazo determinado; también serán expulsados del país los españoles del clero regular; •Todos los españoles que no tengan dónde establecerse u hogar serán considerados va-gos y también saldrán del país; •El gobierno podrá retener en el país a todo aquél que haya hecho obras benéficas para la causa de la independencia y a todo profesor en ciencia, arte o industria; todo español que pueda costear su viaje saldrá inmediatamente del país, y aquél que su sueldo no lo permita, el gobierno se lo cos-teará a algún puerto español o de los Es-tados Unidos del Norte, según le parezca; la separación de los españoles del territorio mexicano sólo durará mientras España no reconozca la independencia nacional.163

Por lo tanto, estos individuos debían jurar lealtad a la nación mexicana o serían deportados inmediatamente a sus lugares de origen.164 La gran mayoría de ellos siguió radicando en el país des-pués de hacer su respectivo juramento de lealtad a la nación mexicana. Según una lista encontrada en el Archivo Histórico de Monterrey (AHM) los nombres de algunos de ellos son los siguientes:

Nombre Procedencia

Pedro González de Lagos Reino de Asturias

Miguel Calvo Reino de Córdoba

José María Chichón, alias “el gachupín”

No se encontró procedencia

Pedro ViteriNo se encontró procedencia

Antonio Mier y Cayetano Rodríguez


Francisco Félix, religiosoNo se encontró procedencia

Fray Andrés HigueroNo se encontró procedencia

Fray Juan Antonio Manuel del Álamo Gómez de Luna


En algunos casos, las deportaciones se rea-lizaban cuando los gobernantes de las villas, ciu-dades y pueblos que habitaban los españoles en Nuevo León así lo determinaban por causa de la conducta pública del acusado. Finalmente, hacia enero de 1828, el Gobernador convocaba al Ayun-tamiento de Monterrey para que convocare a todos los españoles restantes en la ciudad y prestaren ju-ramento a la nación mexicana.165

Tras el reconocimiento de la independen-cia de México que España hizo en 1836, una nueva legión de españoles jóvenes y de escasos recursos llegó a la ciudad. Por ello, Monterrey se convirtió en refugio de muchos españoles que emigraban por causa del fervor político de la península ibérica a territorio mexicano. Juan Francisco de la Penilla, notable español nacido en Santander, se había avecindado en el Nuevo Reino de León al fina-lizar el siglo XVIII. Para la década de 1820 tenía establecida una Casa Comercial en los cruces de la Calle Principal (Morelos) y de la Presa Chiquita (Escobedo), en donde protegía a los jóvenes paisa-nos que llegaban a trabajar a Monterrey.166 Ibéricos como Pedro Calderón, Valentín Rivero y Juan José de Isla se establecieron en estas tierras y poco a poco fueron formando un capital que años después sería la base para la conformación de la gran indus-tria regiomontana a finales del siglo XIX.

La situación legal de estos extranjeros se fue regularizando con el paso del tiempo, y para 1841 la gran mayoría de ellos se había naturalizado y habían formado una familia. En el siguiente cua-dro observamos los nombres de algunos españoles que para 1841 habitaban en Monterrey.

*Registro de españoles que hay en Monte-rrey con fecha 13 de diciembre de 1841.167

Naturalizados No naturalizados

Juan Francisco de la PenillaPedro CalderónJuan José de IslaJosé Garay de LlanoCayetano RodríguezEugenio SerranoAndrés PáezLuis de Granada

Leonardo de LlanoGuillermo Alfonso MartellMáximo de la TorreMiguel Gómez CossioFrancisco VerguíaMatías Vázquez


243

Además de los españoles, habitó en Mon-terrey, durante la primera mitad del siglo XIX, un grupo muy nutrido de norteamericanos, ingleses, alemanes, irlandeses, franceses, polacos, entre otras naciones, que dejaron huella en la historia de la ciudad. Algunos de ellos con profesiones, ideas y religiones distintas se adaptaron al modo de vida del regiomontano.

No obstante al decreto del 3 de mayo de 1826, en el cual se advertía a todos los habitantes de estas tierras, nuevoleoneses o extranjeros, que no se practicara otra religión distinta a la Católica, Apostólica y Romana, ya que sería declarado como traidor a los principios de la nación mexicana y reo de muerte,168 algunos de estos extranjeros residen-tes en Monterrey no escondieron la profesión de su fe.

En el padrón de extranjeros formulado por el decreto del 23 de diciembre de 1843, el nortea-mericano Enrrique Vampelech soltero de 46 años y de oficio sastre, expresaba profesar la religión evangélica (presbiteriana). Asimismo, el español Amaro Martínez, labrador soltero y de 33 años, declaraba ser de religión irlandesa (sic).169 Todo parece indicar que en esos años no existían en la ciudad lugares públicos para el culto de religiones distintas a las católicas, por lo que es muy posible que las prácticas y oraciones se llevaran a cabo en la intimidad de un hogar. Sólo hasta principios de la década de 1860 se establecieron formalmente en Monterrey las primeras iglesias evangélicas por causa del decreto de libertad de cultos formulado por el gobierno liberal de Benito Juárez.

*Padrón de los extranjeros formado según el decreto de 23 de diciembre de 1843.170

NOMBRE POR ORIGEN LEGAL RELIGIÓN EDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN

José Gutiérrez y Gtz. Español Católica 24 Soltero Comerciante

Carlos Caballero Vivanco Español Católica 27 Soltero Botiquero

José Garay de Llano Español Mexicano Católica 36 Casado Comerciante

José Isaac Morguen Norteamericano Mexicano Católica 34 Casado Zapatero

Eugenio Serrano Español Mexicano Católica 45 Viudo Comerciante

Ildefonso [Armindes] Español Católica 23 Soltero Comerciante

Juan José de Isla Español Mexicano Católica 44 Viudo Comerciante

Pedro Calderón Español Mexicano Católica 42 Casado Comerciante

Juan Ángel Maritegui Español Católica 20 Soltero Comerciante

Juan López Peña Español Católica 21 Soltero Comerciante

Santiago Belden Irlandés Católica 29 Casado Comerciante

Fernando López Español Católica 22 Soltero Comerciante

José María Penilla Mexicano Español Católica 30 Soltero Comerciante

Francisco Milmo Irlandés Católica 34 Soltero Comerciante

Santiago Milmo Irlandés Católica 18 Soltero Comerciante

Valentín Rivero Español Católica 26 Soltero Comerciante

Nicolás Peláez Español Católica 13 Soltero Comerciante

Dr. Bernardo Fougad Francés Católica 32 Soltero Médico


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La inmensa mayoría de estos extranjeros eran comerciantes, sastres, botiqueros, médicos, peluqueros y labradores, y salvo los dos casos ya mencionados profesaban todos ellos la religión ca-tólica. Solteros, de edad entre 20 y 40 años, habían comenzado a amar esta ciudad la cual los acogió y a la que llegaron con pocos pesos.

Para historiadores como el doctor Mario Cerutti, los comerciantes locales y en especial ex-tranjeros de la frontera norte de México, operaron sobre extensas áreas que incluían los territorios de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Su protagonismo, imbricado con familias mexicanas, es fuertemente representativo del comportamiento general de los sectores burgueses que se consoli-daron en el dinámico norte de México a principios del siglo XX.171

Precisamente durante las décadas de 1840 y 1850, estos grupos de extranjeros residentes en Monterrey encabezaban las principales casas co-merciales. Juan Francisco de la Penilla, Pedro Calderón, Valentín Rivero y Mariano Hernández estampaban en el nombre de su negocio como

signo de su honradez y buen servicio. Promovían préstamos a plazo fijo, depósitos y sirvieron de antecedente para los bancos que se establecieron en la capital del estado. Estas casas fomentaron a pequeños propietarios y artesanos mediante prés-tamos.172

A finales del siglo XIX, una nueva ge-neración de negociantes y empresarios transfor-mó de manera radical el porvenir de Monterrey al establecerse la gran industria en estas tierras. Esta generación fue producto de los matrimonios que formaron estos extranjeros con familias mexi-canas, y como ejemplo citamos a José Calderón Penilla, quien fue hijo de María de Luz Penilla (hija de Juan Francisco de la Penilla) y de Pedro Calderón. Calderón Penilla se convirtió duran-te las décadas de 1870 y 1880 en un importante comerciante de la ciudad, dueño de la firma José Calderón Compañía, fue empresario fundador de la Cervecería El León, y formulaba, hasta antes de su muerte en 1889, la creación de la Cervecería Cuahutémoc junto a Isaac Garza, José María Sch-naider y José Muguerza.

Claudio Francisco Gojón Francés Católica 47 Viudo

Carlos Espinoza Español Católica 31 Casado Comerciante

Estanislao Justice Polaco Católica 27 Soltero Religioso

Jorge Wischler Austriaco Católica 35 Soltero [Organista]

Guillermo Wischler Polaco Católica 33 Soltero Pintor

Guillermo G. Steel Norteamericano Católica 29 Casado Agricultor

José Phillips Norteamericano Católica 35 Casado Sastre

Enrrique Vampelech Norteamericano Presbiterana 46 Soltero Sastre

Francisco Arjona Español Mexicano Católica 39 Casado Médico

Cayetano Rodríguez Español Mexicano Católica 62 Casado Jornalero

Guillermo Yung Norteamericano Católica 36 Soltero Platero

Francisco Tomas Francés Católica 34 Soltero Peluquero

Juan Francisco Penilla Español Mexicano Católica 64 Casado Comerciante

Amaro Martínez Español Irlandesa 33 Soltero Labrador

Bernardo Veguer Francés Católica 30 Soltero Preceptor


245

En el siguiente apartado presentamos el caso del español Pedro Calderón, quien se estable-cería en Monterrey, y ejecutaría no sólo actividades mercantiles, sino también políticas. Este caso es re-presentativo de las actividades que muchos extran-jeros realizaron en Monterrey durante la primera mitad del siglo XIX.

4.1. La presencia española en Monterrey: el caso de Pedro Calderón

A finales de la década de 1820 se establece en la ciu-dad un joven español oriundo del Pueblo de Carre-jo en la Provincia de Santander, y que respondía al nombre de Pedro Calderón Velarde. Como él mis-mo lo afirma en su testamento (1858), sus padres fueron Pedro Calderón Bustamante y doña Teresa Velarde y Bustamante.173

Pedro Calderón fue vecino de la ciudad desde la etapa de su juventud, y aunque la escasez de documentos sobre su persona nos permiten con dificultad conocer certeramente en qué fecha llegó a Monterrey, él ya aparecía en los registros de la ciudad para el año de 1831;174 años después se casa-ría con una dama de la aristocracia regiomontana: la señorita María de Luz Penilla, hija del prominente español radicado en Monterrey Juan Francisco de la Penilla.175

El establecimiento de don Pedro Calderón en la ciudad fue de gran calidez, y por ello contra-

Las fábrica textileras, como El Porvenir y La Fama, fortalecieron el comercio y la naciente industria en los alrededores de Monterrey.

jo amistades con el grupo político y comercial que dominaba la política y la economía de la región. Sin embargo, es necesario aclarar los conflictos a que se hizo acreedor por causa del intento de reconquista española. La victoria mexicana en contra del Gene-ral Barradas en Tampico (1829) abrió la puerta para la expulsión española, y sólo unos cuantos lograron quedarse en el país. En ese mismo año y por decre-to del gobernador de Nuevo León se ordena que ningún español transite por las calles de la ciudad sin pasaporte dado por las autoridades políticas respectivas.176 Por tal causa, Pedro Calderón soli-citó ante el Gobernador del Estado la exención de dicha ley para su persona.177

La participación activa de don Pedro Cal-derón en los pormenores de la vida cotidiana de la ciudad se vio reflejada muchas veces, por su inte-gración a las tareas administrativas municipales. Por ejemplo, en 1837 integró la Junta Patriótica para la Festividad del 16 de Septiembre.178 En 1838 y 1839 fue regidor del Ayuntamiento y alcalde inte-rino de Monterrey. Asimismo, en 1843 conformó la lista de los prestamistas de ésta ciudad, para iniciar una campaña contra los indios bárbaros, según la circular dada por el Gobernador el 15 de agosto.179

Durante la guerra que la nación mexicana sostuvo contra los Estados Unidos de América, Calderón, ya nacionalizado mexicano,180 aparece en las listas de los dueños de las casas que han de dar alojamiento a los oficiales mexicanos que se es-tablecieron en la ciudad para defender la plaza del

Fábrica de Textiles y Tejidos La Fama de Nuevo León, pionera en su clase en la región.


246

5. La Invasión norteamericana pisa sue-lo regiomontano: ruge la guerra en el noreste mexicano

“La ciudad tomaba el aspecto severo e imponente de una plaza guerrera: aquel sordo presentimiento de la

lucha próxima se comenzó a sentir…”.

José Sotero Noriega, capellán del ejército mexicano que defendió la ciudad de Monterrey en septiem-bre de 1846.

El 20 de septiembre de 1846 los ciudadanos de Monterrey conmemorarían el aniversario 250 de su fundación. Sin embargo, los festejos civiles de-bieron esperar debido a que la ciudad comenzaba a ser amenazada por el ejército invasor norteameri-cano, quien tenía la intención de tomar a sangre y fuego la capital del noreste mexicano.

Desde el mes de mayo del referido año de 1846, los Estados Unidos de América habían de-clarado formalmente, en voz de su presidente Ja-mes Polk, la guerra contra México por causa de que “soldados mexicanos derramaron sangre ame-ricana en suelo americano”. Este hecho precipitó el avance de las tropas norteamericanas al mando del general Zachary Taylor acantonadas en Cor-pus Christi, Texas. Taylor, veterano de la Guerra de 1812, de la Guerra Black Hawk, y de la Guerra

La Invasión norteamericana a México en tres flancos.

ejército invasor norteamericano durante septiembre de 1846.181

Su almacén de ropa, muy popular en Mon-terrey hacia 1846, estaba ubicado sobre la calle Principal o Real (hoy calle Morelos), casi esquina con el callejón de la Presa Chiquita (hoy calle de Escobedo) por la acera sur. En el padrón de tiendas de ropa, tendajos, panaderías y boticas que levantó el Ayuntamiento de Monterrey en enero de 1846, se aprecia la importancia de esta tienda junto a la de Valentín Rivero, Pablo Carreño y Gregorio Zam-brano.182

Sin embargo, uno de sus más grandes lo-gros empresariales, y que dio inicio a la industria-lización en la región noreste fue la fundación de la fábrica de hilados La Fama de Nuevo León en 1854. Junto a Gregorio Zambrano, Manuel María de Llano, Clausen y Compañía, Valentín Rive-ro, José Morrell, José Ángel Benavides, Mariano Hernández y Ezequiel Steel, y con 75,000 pesos de capital, formó esta Sociedad Mercantil en Santa Catarina.183 Esta industria se convertiría en uno de los pilares para el comienzo de la industrialización del noreste mexicano y el florecimiento de Monte-rrey como una de las ciudades más progresistas de América Latina.

A su muerte, don Pedro Calderón estable-ció el repartimiento de su fortuna en sus ocho hijos de nombre María del Refugio, Pedro, Isabel, Zefe-rino, José, Jesús María, Alberto y Emiliana Cal-derón Penilla. Solicita que sus albaceas sean su esposa María de la Luz Penilla, y sus amigos Mariano García y Juan Islas. Según dispuso, sus propiedades personales pasaron a poder de sus hijos, siendo éstas unas casa “frente a la Calle del Hospital (hoy Avenida Cuauhté-moc)”, seis cuartos de terrado en la calle que pasa por el Mesón de San Antonio a la Capilla de la Purísima, una casa de alto que se localiza en la 1ª calle del Ángel (contra esquina del Pa-lacio de Gobierno), así como sus acciones en la fábrica de hilados La Fama de Nuevo León. Su voluntad fue ser sepultado a disposición de sus albaceas.


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Con la excusa de que soldados mexicanos habían derramado sangre norteamericana, las tropas de Estados Unidos al mando de Zachary Taylor, comenzaron la avanzada hacia México en Corpus Christi, Texas.

Seminole, comenzaría la ofensiva militar con la fi-nalidad de controlar las principales villas y ciuda-des del noreste mexicano, para así garantizar una guerra rápida y forzar al gobierno mexicano a en-trar en negociaciones por los territorios de Nuevo México y las Californias, y el reconocimiento de la provincia de Texas como estado libre y soberano de la Unión Americana.

Los primeros triunfos norteamericanos en los márgenes fronterizos del río Bravo (Resaca de la Palma y Palo Alto que concluyeron con retiradas mexicanas) provocaron que el ejército mexicano, al mando del general Mariano Arista, se replegara al puerto de Matamoros primero, y a la ciudad de Linares, Nuevo León, después, dejando la puerta abierta para que el ejército angloamericano avanzara por las villas de la línea del Bravo, ya en Tamaulipas, y por las villas del noreste nuevo-leonés hasta llegar a la ciudad de Monterrey.

Ante el inminente ataque del enemigo inva-sor, en “la ciudad santa de la frontera”184 se reali-

zaban las labores de fortificación de la plaza y se incrementaban los trabajos de evacuación de las fa-milias regiomontanas a otras villas circunvecinas. En este contexto llegan los norteamericanos a las inmediaciones de Monterrey el 19 de septiembre de 1846, para esta-blecerse durante cerca de dos años con el control militar, civil y políti-co, hasta que finalmente se firman en febrero de 1848 los Tratados de Guadalupe Hidalgo en donde ambas naciones acuerdan un ar-misticio para garantizar la paz, la indemnización de guerra y la con-cesión de los territorios de Nuevo México, las Californias y Texas a

los Estados Unidos de América a cambio de una remuneración económica de cerca de 15 millones de dólares a favor de la novel y anárquica república mexicana.

5.1. Las batallas por Monterrey

Monterrey fue para 1846 “la más grande e impor-tante ciudad en el noreste de México..., está si-tuada en la entrada noreste de las montañas de la Sierra Madre para vagones y artillería”.185 Capital del Departamento de Nuevo León, la metropo-

Panorámica de la ciudad de Monterrey en 1846. Se aprecia la Catedral, La Plaza Mayor, y el llamado Jardín del general Arista.


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Valle de Monterrey. Acuarela correspondiente al año de 1846.

litana ciudad de Monterrey era una población en crecimiento y tranquila, ajena a los cuartelazos y revoluciones que caracterizaban a las ciudades del centro y del bajío mexicano. Sus principales acti-vidades económicas eran el comercio, la ganadería y la agricultura, y su clima semiárido provocaba grandes estragos prolongando sequías en el campo y dañando en ocasiones la producción ganadera y agrícola.

El principal conflicto social que enfrentaban los regiomontanos de esos años era la inseguridad en los caminos infestados de bandidos e indios se-minómadas que deambulaban por la región. Como ejemplo citamos un documento de noviembre de 1844 en el cual Francisco Margain, oficial mayor de la Secretaría de Gobierno, solicita al alcalde de Monterrey, Manuel Antonio Morales, el envío de 25 o 30 hombres para que aseguren la villa de Valle-cillo, debido a los constantes asesinatos cometidos por los indios en ese punto.186

Declarada la guerra entre Méxi-co y los Estados Unidos en mayo de 1846, el gobernador de Nuevo León solicitó a los alcaldes la organización de una milicia cívica nuevoleonesas que combatiría las fuerzas norteamericanas que habían invadido territorio nacional, y sería integrada “por todo nuevoleonés desde la edad de dieciocho años hasta los cincuenta años.” Esta milicia ex-ceptuaría de la lista a los eclesiásticos seculares y regulares, a los sirvientes domésticos y de las haciendas. Además, estaría bajo la autoridad del goberna-dor, siendo los Ayuntamientos y juntas municipales los encargados de abrir la lista de reclutamiento.187

Algunos municipios se vieron en serios aprietos para organizar las milicias locales como Apodaca y Punta de Lampazos, pero en el caso de Monterrey el alcalde 1º José María de la Garza García informaba al gobernador Juan Nepomuce-no de la Garza y Evia un mes después de emitida la circular la aprobación de cuatro compañías de infantería y dos de caballería que integrarían la mi-licia local.188

Ante el fantasma de la guerra rondando en la región, hubo en la ciudad un mismo sentir contra el enemigo invasor. Mientras el sector civil y mili-tar se comprometió a salvar la tranquilidad de las ciudades y villas nuevoleonesas, el otro sector, el eclesiástico, cooperaría para la causa oficiando mi-sas y oraciones que garantizaran el triunfo de las armas nacionales.189

Tras los desastres militares en Palo Alto, Resaca de la Palma y la retirada de Matamoros, el ejército del norte, comandado por el general Maria-no Arista, se organizó en Linares, población ubica-da en el sur de Nuevo León. Tras la destitución de Arista al mando de esta corporación, los mandos militares provisionales que se quedaron a cargo pla-nearon la defensa del noreste en la capital y centro económico de la región: la ciudad de Monterrey.

La ciudad de Monterrey, situada en un fértil valle en medio de altísimas y pintorescas montañas,

la naturaleza se ostenta en toda su belleza y vigor, refirió José Sotero Noriega, integrante del ejército mexicano que llegó a Monterrey a finales de julio de 1846. Refiere en su narrativa que el material con que estaba construida la ciudad “era bastante buena” (sic), con “casas de cantería, calles tiradas a cordel, plazas amplias, y una iglesia catedral de magnífica construcción. Pasa por un costado de la ciudad un cristalino río, en cuyas márgenes hay pintorescas casas de campo y frondosas huertas”.190


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Sin embargo, sus letras profetizaban un panorama oscuro y deprimente para los regiomontanos “la ciudad desde su fundación había disfrutado de tranquilidad, pues aun las revoluciones civiles ha-bían las más veces perdonado la ciudad santa de la frontera. Después de las desgracias del río Bravo el torbellino de la guerra la amenazaba muy inme-diatamente, y los habitantes preveían un grave y doloroso conflicto”.191

Las labores de fortificación de la ciudad de Monterrey iniciaron bajo el comando del general Francisco Mejía, quien interinamente se encargaba del mando militar del Ejército del Norte. Sin embar-go, antes de la llegada del cuerpo militar mexicano a la ciudad, la autoridad civil ya planeaba la defensa de la misma, refiriendo la necesidad de fortificar las gargantas de la Sierra Madre, así como la impor-tancia de hacer la guerra contra el enemigo invasor con el orden, las fuerzas y los recursos bastantes para dar respuesta a las demandas de libertad de la nación mexicana.192 En un documento fechado el 16 de junio de 1846, el Secretario de Gobierno,

Santiago Vidaurri, informa al alcalde de Monterrey que devuelve los planos del Repueble del Norte, los cuales fueron vistos y analizados por la Coman-dancia General para planear la ubicación de las for-tificaciones que han de hacerse a la ciudad, tras el inminente ataque de las fuerzas norteamericanas a Monterrey.193

El mismo gobernador solicitó el auxilio necesario al Ayuntamiento regiomontano para las labores de fortificación de la ciudad, sin poner en riesgo las propiedades de particulares, convocan-do a los jornaleros para tales tareas, incluso a los prisioneros existentes en la cárcel municipal.194 En otro oficio del 26 de agosto se solicitaba al alcal-de de Monterrey convocara a todos los albañiles de la localidad para que se presenten ante el co-mandante de ingenieros teniente coronel Mariano Reyes, y ayuden en la fortificación de la ciudad.195 La respuesta no se hizo esperar, y dos días después se informaba al alcalde de Monterrey por parte de Santos Sánchez que se había cumplido con la or-den de trasladar a todos los individuos que no son

Plano de la ciudad de Monterrey en 1846.


250

actividad militar nos demostraron que no se había conseguido impregnar una conciencia nacional que motivara a la defensa del país, y que los reclu-tamientos forzosos causaron histeria y rechazo más que patriotismo y orgullo nacional.

A unos días del ataque norteamericano a Monterrey, el general Pe-dro de Ampudia ya atrin-cherado en Monterrey trataba de cerrar filas, y por medio de una circular enviada ante los ciudada-nos nuevoleoneses indul-taba a todos los desertores con tal de que se presen-ten ante cualquier autori-dad civil o militar en un lapso de tres meses.203

El 6 de agosto de 1846 se dio en la capital del país un golpe federa-

lista al gobierno en turno, el cual fue encabezado por Valentín Gómez Farías y el general Mariano Salas, que permitiría el regreso a la cumbre polí-tica del general Antonio López de Santa Anna. Esta declaración promovía la restauración de la Constitución de 1824 y los principios federales con que habían sido concebidos desde su erección los

Decreto del general Pedro de Ampudia, convocando a los mayores de 18 años a tomar las armas contra los invasores.

Lancero mexicano.

soldados, para que ayudasen a las labores de fortifi-cación de la Catedral Nueva, y por lo tanto, “todos se allan en el trabajo de barras y carretas”.196

De la misma manera, para las labores de fortificación de la plaza fueron alistados los vagos y viciosos de los pueblos y villas de Nuevo León. Muestra de ello es el anuncio del alcalde de Cerralvo fechado el 4 julio de 1846, el cual notificaba a la autoridad militar de la ciudad que los vagos capturados en esa villa serían remitidos a Monterrey para su utilidad en las labores de fortificación de la plaza.197

La concentración de víveres, pertre-chos y esfuerzos para preparar la defensa de la ciudad provocó que el gobernador de la Garza y Evia solicitara a José María de la Garza, al-calde regiomontano, la exención de la lista para el servicio militar a los individuos que se com-prometieran a prestar sus caballos para comba-tir al enemigo invasor.198 En contestación, Mi-guel Nieto, como secretario del Ayuntamiento, le manda la lista de estos ciudadanos, entre los que se encontraban Trinidad Sáenz, Albino de la Garza, Anastasio de la Garza, Trinidad Urdiales, Juan Alcántar, Rafael de la Garza, José María Gua-jardo, y los hermanos Jesús, Luis y Guadalupe San Miguel, todos ellos vecinos del 1º y 2º sector de la ciudad de Monterrey.199

Otro problema que enfrentaron las altas es-feras de la milicia y los ediles municipales fueron las constantes deserciones de los soldados mexica-nos del ejército. En su estancia en Linares, el gene-ral en jefe del Ejército del Norte, Francisco Mejía, tomaba medidas drásticas: se condenaba a muerte a toda persona que hubiera desertado y no se re-portara a su escuadrón en los próximos quince días después de publicadas sus órdenes.200

Muy pronto esta ley sería secundada por los distintos municipios del estado. Anteriormente el alcalde de Santa Catarina incitaba a los vecinos de su jurisdicción a la captura de estos individuos a cambio de cinco pesos por desertor;201 en la villa de Santiago los vecinos se organizaban en grupos para vigilar entradas y salidas de extraños y así po-der identificar a los desertores;202 y de una forma u otra las deserciones y los pretextos para evadir la


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Estados Unidos Mexicanos. Para algunos historia-dores, este movimiento provocó que sus coletazos llegaran a Nuevo León promoviendo en el mando del ejército del norte a un general leal a Santa Anna, de escasa valentía, y abundante propensión al abu-so y a la violencia: nos referimos al general Pedro de Ampudia.204

El nombramiento de Ampudia, mil veces impopular, provocó grandes reacciones de enojo y disgusto entre la élite política local y los militares mexicanos. Para investigadores como David Al-berto Cossío, Ampudia contaba con grandes ene-mistades en Nuevo León, y su presencia provocó disgustos que fueron de malas consecuencias.205 Políticos como el gobernador Juan Nepomuceno de la Garza y Evia, como Manuel María de Llano (amigo de Valentín Gómez Farías) escribieron a la capital del país solicitando abiertamente el reem-plazo de Ampudia. Sin embrago sus voces no fue-ron oídas y Pedro de Ampudia llegó a Monterrey procedente de San Luis Potosí a finales de agosto de 1846 para ponerse a cargo de las labores de for-tificación y defensa de la ciudad tras la inminencia de un ataque angloamericano.

A pesar del rechazo de buena parte de los militares, el descontento de los políticos nuevoleo-neses y de la molestia de la población, el general Ampudia anuncia su llegada a la ciudad, y que a pesar del pesimismo, no abandonaría a su suerte a los ciudadanos regiomontanos tal y como se rumo-raba.206 A su llegada ejerció una serie de medidas que reflejarían su deseo por tomar el control de la situación:

se encarga del plan de su antecesor, practi-ca escrupulosos reconocimientos, encarga a los ingenieros Reyes, Robles, y otros oficia-les del mismo cuerpo, que se perfeccionen las obras de fortificación y encomienda al capitán de plana mayor don Francisco se-gura, que practique el reconocimiento del camino hasta el rancho de Papagayos.207

Ya establecido en la ciudad, Ampudia toma el control militar y político del Estado. El alcalde 1º de Monterrey, José María de la Garza, notificó a los alcaldes de San Nicolás de los Garza y de los Topos, de esta medida y que la ciudad capital esta-ba declarada en estado de sitio. Por tal motivo, “es preciso que se hagan en esta plaza acopios, de toda clase de efectos comestibles”.208

Como bálsamo en el desierto le llega la no-ticia acerca de una victoria obtenida por las armas nacionales en contra de una partida de angloameri-canos, en el Paso del Tlacuache, a márgenes del río Grande. Por lo que solicita al gobernador de la Mi-tra que por la mañana, “se de un repique de cam-panas a vuelo para solemnizar tan plausible acon-tecimientos que no puede menos que reanimar los ánimos de mejicanos que con armas en las manos, están preparados para escarmentar la osadía de la nación a que pertenecen esos bandidos”.209

Buscando el respaldo de los ayuntamientos del Estado, Ampudia inicia una serie de comuni-caciones con los ediles, tratando hacerse de aliados y de recursos para fortalecer la defensa de la plaza. En una célebre misiva enviada al alcalde de Monte-rrey, lo exhorta para que llame a los regiomontanos a defender la ciudad del enemigo invasor. A conti-nuación reproducimos esta carta:

cuando un país se vé invadido por tropas estrangeras con la torpe mira de sojuzgar-Imagen de Antonio López de Santa Anna.


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Perspectiva de la ciudad de Monterrey de 1846.

Zachary Taylor, jefe del ejército norteamericano que tomó Monterrey

en septiembre de 1846.

lo y envilecerlo, nada es más justo que oca-sionarle todos los per-juicios posibles aun arrastrando los mayo-res peligros. En este caso se encuentra hoy Nuevo León, y es por tanto necesario que sus dignos habitantes desplieguen su valor y patriotismo con el fin indicado, para lo cual convocará v. á todos los vecinos de ese pueblo y les hará entender el de-ber en que se hallan de hacer al enemigo que con toda la injusticia nos invade todos los daños que puedan, ya sea derrotándoles sus partidas abanzadas, ya cogiéndoles sus co-rreos y espías, ya retirándoles los recursos, ó ya en fin abandonando sus hogares todos aquellos que puedan hacerlo sin la total ruina de sus familias é intereses. Del acre-ditado patriotismo de v. espero que cuando el caso llegue obrará de conformidad con las prevenciones que anteceden, y dictará con el mismo objeto cuantas otras medidas le sugiera la razón y las circunstancias cui-dando de darme de todo conocimiento por extraordinario violento.210

La comunicación fue fluida a partir de ese momento, y unos días después solicitaba al mis-mo alcalde regiomontano la remisión de sacos de lana y algodón que hubiese en la ciudad, para que sirviesen en las labores de defensa de la plaza,211 y enviaba una orden dirigida a todos los dueños de la haciendas o encargados de justicia de los ranchos de su jurisdicción, para que auxilien cuando sea necesario a las tropas mexicanas con abastecimien-tos, como maíz, carne, frijol o de cualquier otra cla-se. En caso de negarse a la ayuda, serían tomados como adictos a las tropas americanas, y acusados de traidores.212 Tal es el caso de Francisco Arrambi-de, quien fue acusado por la autoridad militar de

haber servido de guía a los americanos que se ha-llaban en la villa de China y trasladarlos a Cerralvo. Las diligencias de esta acusación involucraron a la administración de China y al referido Arrambide para que declarare sobre ello.213

Cuando Pedro de Ampudia llega a Mon-terrey, la ciudad se encontraba siendo fortificada. A principios de septiembre de 1846 preparaba junto a sus subalternos el plan de defensa y los trabajos para hacer de Monterrey una ciudad amurallada contra el ataque invasor provocaron daños en las propiedades de los regiomontanos. Por ello comi-sionó al alcalde de la capital, José María de la Garza, y al-gunos peritos por él nombrados para que inspeccionaran los prejuicios provoca-dos por las labores de fortificación en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en sembradíos, haciendas y bardas de casas particu-lares, y asimismo valoraran para que


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la Comisaría del Ejército pagara oportunamente. Por desgracia no se han encontrado las referidas inspecciones y cotizaciones de estas diligencias.214

Para los trabajos de edificación de fortines en Monterrey los ingenieros militares se vieron en la obligación de utilizar el material disponible. En ocasiones se utilizaban piedras de solares de parti-culares, o como en el caso de la fortificación de la llamada Catedral Nueva o Ciudadela, fue necesa-rio trasladar materia prima como el guilote y pita de amarras procedente del Topo Grande. Para ello fueron convocados por el alcalde regiomontano to-dos los techadores libres que había disponibles en la ciudad.215

Ante la inminencia de un ataque angloame-ricano a Monterrey, Ampudia solicitó con mayor apuro el envío de hombres habilitados de palas, ba-rras y azadones para construir obras de defensa; de-cretó algunas disposiciones a favor del pueblo para que los comerciantes no abusaran en los precios y activó la leva a fin de contar con el mayor número posible de individuos para la defensa. El 15 de sep-tiembre, seis días antes del ataque a la ciudad, envía una circular a los alcaldes nuevoleoneses para que si se llegase a presentar algún desertor del ejército norteamericano en sus jurisdicciones lo remitieran al cuartel general. De manera adjunta, incluyó una orden traducida al inglés la cual tiene por objeto hacer entender a los soldados invasores que deseen aban-donar “aquella ban-dera” y de la buena disposición con que serán acogidos por el pabellón mexica-no.216

La ciudad vivía momentos in-éditos de su historia, ya que nunca un conflicto armado ha-bía tocado las fibras

sensibles del regiomontano. Con el ejército norte-americano a las puertas de la capital nuevoleonesa “la ciudad tomaba el aspecto severo e imponente de una plaza guerrera”. Sotero Noriega, testigo presencial de los hechos nos narra de manera dra-mática los hechos acontecidos en Monterrey pre-vios al ataque norteamericano a la capital de Nuevo León:

Las familias que hasta entonces no habían emigrado, ahora abandonaban en tropel sus hogares con el terror en los semblantes, ver-tiendo lágrimas por sus deudos, sostenien-do la joven los pasos el trémulo anciano, llevando a sus hijos el padre cariñoso. Las escenas de dolor, de ternura, de abnegación generosa se multiplicaban por todas partes, y estas sufridas poblaciones que tan poco debían a la opulenta y desdeñosa México, lo sacrificaban todo, se ofrecían como ex-piación sublime de todos nuestros críme-nes…, ese aspecto solitario de una ciudad en espera de un combate, ya lo podemos comprender los que lo hemos visto; pero es superior a toda descripción.217

El historiador Santiago Roel en su obra Nuevo León: Apuntes históricos menciona que la

Plano de la situación de los ejércitos mexicano y norteamericano, la mañana del 19 de Septiembre de 1846.


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El 19 de septiembre de 1846 se dieron los primeros avistamientos de las tropas norteamericanas en suelo regiomontano. El número de sus combatientes era de seis mil aproximadamente.

ciudad fue fortificada primero por el oriente cons-truyéndose cuatro fortines: el de Tenerías ubicado en el barrio del mismo nombre, por el antiguo ca-mino a Marín; el del Diablo ubicado a 200 metros al norte del de Tenerías; de la Libertad, cerca del río Santa Catarina; y el del Puente de la Purísima que se ubicó sobre los ojos de agua de Santa Lucía al noreste de la ciudad. Por el área norte se amuralló la zona conocida como la Ciudadela y en particular se utilizaron las ruinas de la llamada Catedral Nue-va.176 En la parte occidental de la ciudad se fortificó el edificio del Obispado sobre la misma loma, y en la parte baja un pequeño parapeto en la iglesia de la Purísima sobre la calle Hidalgo. Ade-más se construyeron sobre la Loma Larga algunas fortificacio-nes conocidas como de la Federación.

Para agosto de 1846 se recibían los primeros avi-sos de la presencia norteamericana en Nuevo León. Du-rante algunas horas del 14 de agosto, Cerralvo es ocupado

por unos cuarenta voluntarios ame-ricanos quienes posteriormente se retiraron,177 lo mismo sucedió unos días antes en la villa de China.178 Prosiguieron hacia el paraje cono-cido como Alacranes y después acamparon, el 14 de septiembre, en la villa de Marín. El siguiente día el ejército invasor se aproximó al valle de Monterrey al tomar la posesión del Rancho de Agua Fría y de San Francisco.179 Finalmente, el 19 de septiembre, los soldados norteame-ricanos se apostaron sobre el bosque de Santo Domingo, en la jurisdic-ción de San Nicolás de los Garza, para desde allí atacar los días 21 al 24 de septiembre los fortines y las

calles de la ciudad de Monterrey que eran defendi-dos por la división norte del ejército mexicano. El ejército invasor sumaba alrededor de seis mil ata-cantes y los militares mexicanos que defenderían la plaza aproximadamente el mismo número.

El avance norteamericano hacia Monterrey provocó nerviosismo y pánico entre los altos jefes militares mexicanos. El plan original de defensa se sustentaba en presentar combate en el paraje cono-cido como Papagayos al norte de la ciudad, ya que en caso de retirada, el terreno daba ventajas para llegar a salvo a Marín. Ante el rechazo de la Junta

de Militares se acordó defender la villa de Marín, para así dejar a Monterrey como base de refuerzos. Ante la sorpresa de muchos y del mismo Ampudia, la junta militar deci-dió atrincherarse en Monterrey y defender la plaza “a sangre y fuego”. La falta de de-cisión del mando mi-litar ante la inexisten-cia de una estrategia planeada se manifestó

Plano de la situación de los ejércitos mexicano y norteamericano, la mañana del 24 de sep-tiembre de 1846.


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en la fortificación de la capital del estado. Según José Sotero Noriega, el día 13 de septiembre la jun-ta de jefes de brigada decidió que se abandonasen las obras de fortificación que se construían entre la Ciudadela y el cerro del Obispado, continuándose sólo las dos de los puntos referidos y la de las Tene-rías, que antes se había considerado importante..., el 19 de septiembre ante el sigilo del enemigo se mandó reparar el mismo reducto.180

Las batallas de Monterrey iniciaron justo cuando la ciudad celebraba 250 años de su funda-ción. Las familias habían abandonado la ciudad “vertiendo lágrimas por sus deu-dos y con el terror en sus semblantes”.181 El historiador Ahmed Valtier refiere que el miedo latente de quedar atrapados en medio de la batalla provocó que muchas familias regiomontanas huyeran de la ciu-dad en busca de refugio, ya fuere en fincas en los alrededores o con familiares a otros poblados.182

Justo antes de iniciar el ataque nor-teamericano, durante el día 20 de septiem-bre, el general Pedro de Ampudia estalla en ira por el abandono masivo de la capital nuevoleonesa. En una circular enviada ante los alcaldes de Santa Catarina, Santia-go, Pesquería Grande y Salinas Victoria, ordena que haga marchar para Monterrey a todos los vecinos que se han trasladado a esos puntos en “las presentes circunstan-cias en que la patria los llama a la defensa del honor e independencia”, pues si habían podido transportar a sus familias con bien a esos lugares, era tiempo “de regresar inmediatamente a llenar sus deberes sin excepción de personas”, y de contrariar sus órdenes serían severamente castigados tanto ellos como autoridad, así como los desertores.183

En el reporte oficial de las batallas de Mon-terrey que el general norteamericano Zachary Tay-lor entregó al Congreso, refiere la siguiente infor-mación sobre la llegada del ejército angloamericano a las inmediaciones de la ciudad:

a nuestra llegada a los barrios de la ciudad en la mañana del día 19 de septiembre, este

presentimiento (que los mexicanos defen-derían a sangre y fuego Monterrey) fue totalmente confirmado. Fue corroborado que se había establecido el enemigo en la ciudad a la fuerza; que se había construi-do una gran estructura defendiendo el lado norte; y que el Palacio del Obispado y algu-nas lomas de las proximidades del camino a Saltillo habían sido fortificadas y ocupado por las tropas y artillería. Era ya sabido por informaciones recibidas previamente, que

las proximidades al este de la ciudad eran protegidas por pequeños fuertes en el límite más bajo de la ciudad.184

Acuartelado en la catedral de Monterrey, el general Pedro de Ampudia esperaba los emba-tes del ejército invasor. Es preciso señalar que el edificio de la catedral se convirtió en el centro de operaciones del ejército mexicano durante las bata-llas de Monterrey, además de fungir como depósito de suministros, armas, y alimentos. Roberto Jorge Rodríguez Lozano, notable relator de la historia de la catedral, refiere que casi 20 mil libras de pólvora habían sido almacenadas en la nave principal del

La Catedral se convirtió en el centro de operaciones del ejército mexicano durante las batallas de Monterrey, además de fungir como depósito de suministros, armas, y alimentos.


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Vista de los ataques a Monterrey la mañana del 21 de septiembre de 1846.

edificio, por lo que algún proyectil que hubiese atravesado la cúpula o los muros hubieran provo-cado una verdadera catástrofe.185

Según se refiere en las crónicas de militares de ambos lados, y testigos presenciales de las ba-tallas, los combates iniciaron el día 20 de septiem-bre cuando la artillería mexicana de grueso calibre ubicada en el fortín de la Ciudadela al norte de la plaza comenzó a disparar ante los movimientos de las columnas invasoras.

El general Zachary Taylor menciona en su ya referido informe que se establecieron a tres millas de Monterrey en el sitio que ellos bautizaron como el Walnut Springs (Arroyo del Nogalar). Desde allí ordenó a las dos de la tarde del domingo 20 de septiembre la salida de una columna al mando del general brigadier William J. Worth para tomar el cerro del Obispado, bloquear el camino a Saltillo y ocupar las fortificaciones ubicadas al occidente de la ciudad.186 Tal maniobra fue descubierta, y por or-den del general Ampudia se destacaron 200 drago-nes sobre este punto que sumados a los defensores ya existentes podían defender más eficientemente este cerro.

Para el día 21 de septiembre, el ejército nor-teamericano ya había ampliado sus redes ofensivas para atacar certeramente la ciudad. En el occidente de la plaza las columnas al mando del general Worth iniciaron los combates contra la caballería mexica-na en la zona conocida como El Jaguey al oeste del cerro del Obispado. En el lado norte las baterías de los invasores se batían en duelo contra la artillería

mexicana apostada en la Ciudadela. Y en el oriente, tropas norteamericanas a la par tomaban los caminos a la villa de Guadalupe, y atacaban el fortín de las Tenerías.

Aunque la historiografía local, nacional e inclusive estadounidense mencionan como el sitio de Monterrey a las batallas ocurridas por el control de la ciudad entre el ejército mexica-no y norteamericano durante los días del 21 al 24 de septiembre de 1846, la realidad fue que el general Taylor y sus oficiales no tenían la intención de

sitiar Monterrey estableciéndose por varios días en los alrededores, cortando toda comunicación mili-tar, y forzando la rendición total de los defensores después de un largo acecho. Por el contrario, ellos planeaban una batalla rápida por medio de la cual se tomara el control de la plaza atacándola certe-ramente por varios frentes, en especial por la zona occidental de la misma.

Además, para corroborar esta idea existen evidencias documentales de que los defensores mantuvieron comunicación con los municipios del centro-sur de Nuevo León durante los días que duró el conflicto armado. Según Ahmed Valtier, investigador reconocido del tema, menciona que en las aldeas y villas más cercanas de Monterrey, la gente aguardaba con ansias las noticias y repor-tes sobre los hechos bélicos. “El camino hacia Villa de Santiago”, refiere Valtier, “continuaba abierto y por lo tanto la comunicación con el sur proseguía. Correos eventualmente se arriesgaban a salir en aquella dirección para llevar informes de los acon-tecimientos a Villa de Santiago, que a su vez re-transmitían a Montemorelos y Linares”.187

Desde nuestra perspectiva, las batallas más sangrientas se llevaron a cabo en el lado oriente de la ciudad, específicamente en el fortín conocido como de la Tenería. En este lugar las tropas mexi-canas defendieron a sangre y fuego esta entrada de la ciudad ante unos norteamericanos obsesionados con marchar hacia la boca de los cañones. Según refiere el historiador Ahmed Valtier cerca de cuatro quintas partes de las pérdidas en el lado americano


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Ataque a la ciudad de Monterrey por el oriente. Las batallas por controlar la ciudad iniciaron la mañana del 21 de septiembre de 1846

ocurrieron durante los combates de las Tenerías el día lunes 21 de septiembre.188

Las estrechas calles que des-embocaban en el fortín de las Tenerías fueron sepulcro de una gran cantidad de soldados estadounidenses, quienes a primera instancia se mostraron sorpren-didos por la metralla mexicana. Raúl Martínez Salazar, notable investigador de la guerra México-Estados Unidos, menciona que la inesperada capacidad de respuesta de las armas mexicanas y las sensibles bajas sufridas sin aun po-der ver la cara del enemigo, desconcertó a los atacantes que rompiendo filas en completo desorden buscaron protección en cualquier sitio que los guarneciera de la granizada de metralla y bombas que caía sobre ellos”.189

Sin embrago, una segunda carga más orga-nizada del ejército invasor, así como la falta de auxi-lio del cuartel general y el cansancio de las tropas mexicanas provocaron que finalmente el fortín de las Tenerías cayera en manos de los soldados norte-americanos. El intenso asedio de las tropas extran-jeras a este fortín duró cerca de cinco horas (desde las siete de la mañana hasta el mediodía) y permitió a los angloamerica-nos posesionarse de un punto militar para atacar la ciu-dad desde su lado oriente.

Tras tomar el control del barrio de las Tenerías, los norteamericanos fijaron en su mira capturar el fortín bautizado como del Diablo, ubicado a unos doscientos metros de las Tene-rías. La resistencia que mostraron los defensores mexicanos en este

fortín y la retirada norteamericana se ve reflejada en el informe del general Taylor:

El general Bu-tler con el 1º regimiento de Ohio entraron a la ciudad por un punto más a la izquierda y marcharon en dirección de la Batería No. 2 (fortín del Diablo). Mien-tras estudiaba la posibilidad de capturar esta segunda posición por asalto, resultó herido y ordenado abandonar el frente. Dada la re-sistencia de la Batería No. 2 (fortín del Dia-blo) y el constante disparo de mosquetes

que flanqueaban sus proximida-des, resultaba im-posible tomarlo sin considerables bajas, por ello el 1º regimiento de Ohio fue retirado de la ciudad.190

Tras fraca-sar en su intento por capturar los fortines del Diablo y el puen-te de la Purísima, y ordenar el retiro de las tropas a las Tene-

rías, el general Taylor comprendió que para lograr tomar el control de Monterrey era necesaria pa-

Entre el 21 y 24 de septiembre de 1846, los norteamericanos asaltaron la plaza, pelearon calle por calle y casa por casa.


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Combate entre mexicanos y norteamericanos en el Palacio del Obispado de Monterrey.

ciencia, inteligencia y, sobre todo, tiempo. El día 21 de septiembre concluyó con el invasor tomando posiciones en el oriente de la plaza, y en el occiden-te amenazando el cerro del Obispado. Las letras de Zachary Taylor en su informe fueron más que su-ficiente para expresar el baño de sangre que había acontecido en la ciudad: “una de las fortificaciones avanzadas del enemigo fue capturada y ahora te-níamos ya un pie en la ciudad. Pero esto no había sido logrado sin una grave pérdida de hombres, la cual comprendía algunos de nuestros oficiales más galantes y prometedores”.191 Los habitantes de la ciudad durmieron bajo la sombra de la guerra y la muerte.

El día 22 de septiembre el ataque invasor centró su mirada en conquistar la loma del Obispa-do. Una pequeña guarnición mexicana no mayor a 200 hombres defendía el Palacio de la Loma de Vera. El general Worth a la cabeza de su brigada controló el camino a Saltillo, cortando así la comu-nicación local con el centro del país. Además tomó posesión de las llamadas Lomas de la Federación también conocidas como Loma Larga. Durante la madrugada del día 22 las tropas norteamericanas iniciaron el ataque al cerro lográndolo escalar hasta su punto más alto por la parte de atrás, y sorpren-diendo a las tropas mexicanas lograron controlar el cerro y el edificio en la tarde de ese mismo. En ese momento la bandera estadounidense comenzó a ondear en suelo regiomontano.

Al contemplar la toma del Obispado aquella tarde del martes 22 de septiembre, Taylor aseveró: “me sentí seguro de que, con una fuerza importante ocupando el camino y las lomas, y con una buena posición bajo la ciudad ocupada, el enemigo no tendría posibilidades de mantener el pueblo”.192

En el amanecer del día 23 de septiembre las posiciones mexicanas habían sido replegadas al centro de la ciudad. Abandonando los fortines de la Ciudadela en la parte norte, del Diablo y del Puen-te de la Purísima en el oriente, el general mexicano Pedro de Ampudia trató de atrincherarse en el últi-mo reducto defensivo buscando soportar más tiem-po el embate de los norteamericanos. Este hecho provocó el repudio de los habitantes de Monterrey quienes maldijeron “sin cesar al que ha sido la cau-sa de su desgracia (Ampudia)”.193

Un militar angloamericano de nombre Is-rael Bush Richardson escribía desde el campamen-to angloamericano a su padre lleno de optimismo las siguientes letras:

Monterrey es casi nuestro ahora, pero des-pués de un sangriento y violento comba-te…, (el último valuarte) el enemigo aún lo tiene en posesión y nosotros estamos exten-diendo una trinchera alrededor de él por la noche desde nuestro reducto para colocar infantería y atacarlo de frente, y al mismo tiempo atacar con más fuerza las casas de la ciudad. Esto lo lograremos para antes

de (que termine) la noche.194

La lucha en toda la ciudad se volvió cuerpo a cuerpo, casa por casa. Mexicanos y norteame-ricanos se trenzaron en luchas ca-llejeras por el control de la ciudad. Desde el camposanto de la Purísi-ma militares mexicanos defendían la plaza desde los parapetos insta-lados sobre la calle y el cementerio aquel 23 de septiembre. De pronto un ataque del ejército invasor pro-veniente del fortín del Obispado los obligó a replegarse al centro de la ciudad. Esta escena es narrada


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por Thomas Bang Thorpe de la siguiente manera:A las murallas altas y fuertes del cementerio se les habían puesto cañones y el terreno sagrado se había llenado de tropas. El rudo pisoteo de la soldadesca había marcado el césped y con sus armas habían estropeado el mármol, pero no tuvieron el valor de jus-tificar sus profanaciones con una defensa de las tumbas de sus antepasados, sino que huyeron en el momento en que nuestras ar-mas abrieron fuego.195

Las batallas en las calles de Monterrey provocaban que los militares mexicanos se fueran replegando poco a poco y que las fuerzas invasoras tomaran calle por calle. Mientras el general Wor-th y su brigada avanzaban por el occidente de la ciudad bajando del cerro del Obispado, el general Taylor ordenaba al general Quitman entrar a la plaza a discreción por el lado oriente “cubriendo a sus hombres tras las casas y paredes, y avanzar cui-dadosamente tan lejos como sea prudente.” Unas horas después, tras recorrer las defensas que el ejér-cito mexicano había abandonado, el general Taylor observaba que Quitman había entrado ya al pueblo y estaba exitosamente forzando su camino hacia la plaza principal.196

Para la tarde del 23 de septiembre el reducto defensivo de la fuerza militar mexicana se limitaba a plaza de principal, la Catedral y dos calles a la re-donda. Desde las azoteas de las casas circunvecinas a la catedral se apostaba el fuego cruzado contra los soldados estadounidenses. El historiador Ahmed Valtier expresa en las siguientes líneas el grado de gravedad que estaban sufriendo la armada mexica-na:

Posesionados de algunas casas contiguas a la plaza principal, varias compañías de rifleros del Mississippi armados con sus rifles rayados Whitney, de mayor precisión que los mosquetes normales, comenzaron a hacer fuego desde la parte alta de los edifi-cios. Los soldados mexicanos apostados en las azoteas aledañas, incluyendo los que se encontraban sobre la casa de Josefa Zoza-ya, respondieron al tiroteo y el combate se generalizó por entre los techos. Las balas silbaban y caían como granizo, rebotando en los sillares de parapetos.197

El avance norteamericano al centro de Monterrey durante el día 23 de septiembre se ve re-flejado en las letras de una regiomontana que huyó de la ciudad tras la capitulación de la misma. En

Panorámica del cerro del Obispado. El Palacio del Obispado fue tomado por el ejército norteamericano la mañana del 22 de septiembre de 1846.


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ricano. Por el lado mexicano estuvieron el general Tomás Requena, el general José María Ortega y el licenciado Manuel María de Llano exgobernador de Nuevo León, y por el norteamericano el general William Whort, el general James P. Henderson y el coronel Jefferson Davis.

Hasta la madrugada del día 25 de septiem-bre se lograron los acuerdos conocidos como “la Capitulación de Monterrey”. Se establecía que los norteamericanos ocuparían la ciudad de Monte-rrey, a cambio que el ejército mexicano saliera con sus banderas, armas y batería de artillería ligera con ocho cañones. El armisticio suspendería toda clase de confrontación armada y se prolongaría por ocho semanas a partir de ese día, estableciendo una línea de demarcación en el Paso de Rinconada, por la frontera con Coahuila.200

Durante la mañana del 25 de septiembre las tropas mexicanas comenzaron a abandonar la pla-za, en medio de tristezas de los pobladores, quienes desanimados abandonaron una ciudad destruida. La otrora ciudad santa de la frontera había deja-do de serlo. Varias familias regiomontanas que no habían salido de la ciudad previo al ataque y que habían sobrevivido a las batallas en Monterrey, se encaminaron a los ranchos y haciendas de alrede-

ella expresa lo que a continuación referimos:el 19 comenzó el ataque; el 20 sitiaron los enemigos la ciudad sin dejar libre un solo paso; el 21 se encontró nuestra caballería con los americanos al pie del cerro del Obispado y los nuestros se descompusieron corriendo la mitad de las tropas. El americano se fijó al pie del cerro y el 23 tomó los fortines a discreción. Este señor Ampudia redujo su defensa a sólo la plaza, pues los america-nos se metieron hasta la plaza de la Carne, echando casas al suelo, hor(ad)ando otras y posesionándose de todas; mientras este general estaba metido en la Catedral.198

Convencido de que la toma de Monterrey estaba cerca, el general Worth ataca los reductos defensivos mexicanos desde el occidente disparan-do con un mortero cerca de la plaza principal. Este militar había informado al general Taylor que sus tropas se encontraban a corta distancia del cuartel general mexicano.199

Consciente de su precaria situación, y de que era cuestión de horas para que el ejército norteamericano tomara las últimas trincheras en la ciudad, los restos del ejército y el mismo fueran capturados como prisioneros de guerra, el general Pedro Ampudia solicitó parlamento al general Tay-lor la mañana del jueves 24 de septiembre de 1846. Taylor ordenó un cese al fuego temporal hasta el mediodía. En cartas despachadas se acordó por la tarde del mismo día 24 crear una comisión de tres oficiales de cada bando que afinara las condiciones para la entrega de Monterrey al ejército norteame-

El Puente de la Purísma fue asaltado por el ejército norteamericano en su atque a la ciudad en septiembre de 1846.

Términos de la capitulación de Monterrey en el Semanario Político del 6 de octubre de 1846.


261

Soldados norteamericanos asaltaron la ciudad y sus defensas del 21 al 23 de septiembre de 1846.

dores. El licenciado Hermenegildo Dávila, uno de los biógrafos del doctor José Eleuterio González Gonzalitos, afirma que el benemérito del Estado abandonó la ciudad cuando el ejército americano ocupó la plaza “en unión de otras personas diri-giéndose a la Hacienda de Santa Ana, jurisdicción de Cadereyta Jiménez. Pero no permaneció inacti-vo en tales circunstancias…, varias veces, ya bien se dirigía a Cadereyta, ya a la Villa de Santiago, en cuyos puntos se habían aglomerado las familias emigradas”.201

Otros regio-montanos menos afor-tunados plasmaban en sus escritos la tragedia personal que estaban viviendo. Desde la Vi-lla de Saltillo una nue-voleonesa escribió lo siguiente:

Por fin, la Provi-dencia lanzó para nosotros su terrible castigo. Ya me tie-ne aquí sin casa y sin patria, huyendo de las consecuen-cias de una guerra provocada por un individuo que com-prometió al desgra-ciado Monterrey, presa hoy de los americanos.

Ya nos llevó Satanás y todos nos encontra-mos en la calle; repito sin patria, sin fortuna y sin hogar…, mi venida de Santa Catarina fue el día de la dispersión, por que al ver correr a la caballería por el pueblo que huían porque los habían entre-gado, el pueblo tomó las serranías y a los 10 mi-nutos sólo yo estaba ahí. Los dispersos en varias gavillas comenzaron a robar y a cometer excesos. Los americanos se acercaron hasta San Pedro y yo viéndome en medio de tantos peligros me puse en

salvo para ésta, a donde llegué hace 2 días, arras-trándome y casi muerta de hambre.202

La visión de los norteamericanos al tomar la plaza de Monterrey se ve reflejada en las líneas que escribió el coronel Jefferson Davis a su herma-no Joseph desde el campamento en las afueras de la ciudad:

Esta ciudad es nuestra después de severos conflictos. Los Mississippianos entramos

en acción el día 21 y realizamos una brillante participa-ción…, esperamos pronto regresar pues la guerra probable-mente termine.203

De esta manera, el ejército norteameri-cano tomó posesión de Monterrey a partir del viernes 25 de septiembre de 1846 y su ocupación se alargó hasta junio de 1848, cuando se habían firmado los Tratado de paz y se dio fin a la gue-rra. Monterrey fue la segunda capital de un estado mexicano en ser capturada por las tropas estadounidenses (Santa Fe de Nuevo México había sido capturada en agosto de 1846), y junto a la ciudad de México y

el puerto de Veracruz sintieron el fervor de las bata-llas en su zona urbana.

Los restos del ejército mexicano comenza-ron a abandonar la ciudad el día 25 de septiembre y en un plazo de tres días la capital de Nuevo León estaba totalmente desierta de militares mexicanos. Sólo los soldados que habían sido heridos permane-cieron en el hospital hasta su recuperación. José So-tero Noriega nos narra el cuadro dantesco que ocu-rría en Monterrey a la salida del ejército nacional:


262

Al rendirse Monterrey se firmó un armisticio que permitió a los mexicanos salir de la ciudad con honor, retirándose con armas, banderas y artillería.

Semanario Político, órgano oficial del gobierno de Nuevo León. Ejemplar 6 de octubre de 1846.

(la ciudad) quedó convertida en un gran cementerio. Los cadáveres insepultazos, los animales muertos y corrompidos, la soledad de las calles, todo daba un aspecto pavoroso de aquella ciudad.204

Al ocupar la ciudad el general Taylor se da cuenta “que era muy sólida y que contenía gran cantidad de fuerza, (y) sus límites estaban fuerte y cuidadosamente fortificados.” También refiere que el pueblo y las defensas estaban armados con 42 piezas de cañón, bien abastecidas con municiones y resguardada con una fuerza de siete mil tropas del ejército y entre dos o tres mil irregulares. La fuerza bajo sus órdenes ascendía a 425 oficiales y 6,222 hombres,205 y el resultado final de las batallas por Monterrey fue de 438 entre muertos y heridos del lado mexicano, y 488 entre muertos y heridos del lado norteamericano.

Las batallas de Monterrey se convirtieron en hechos históricos y literarios relatados por mi-litares de ambos bandos años después. Sin lugar a dudas la población regiomontana de mediados del siglo XIX y los militares norteamericanos fue-ron marcados para toda su vida por estos aconte-cimientos. Héroes y villanos, valientes y cobardes serán recordados por su participación en las bata-llas de Monterrey. Un compositor anónimo que indudablemente participó en estas confrontaciones compuso los siguientes versos:

Fuimos pocos quienes enfrentamos,ese día marcial la lluvia de plomo;

¡Pero muchas almas valientes hubiesendado gustosos la mitad de sus días

por habernos acompañado en Monterrey!Por aquí, por allá, cayeron las balas

en mortales montones de rocío caliente;no obstante, ningún soldado cejó

cuando a su alrededor los heridos lanzaronsu último grito en Monterrey…206

5.2. Monterrey ocupado: entre guerrillas y militares

El 27 de septiembre de 1846 la ciudad de Monte-rrey queda completamente bajo el control del ejér-cito norteamericano. La gran mayoría de la pobla-ción, incluido el gabinete del gobernador Francisco de Paula Morales, quien había reasumido el poder estatal tras la capitulación y salida del general Pe-dro de Ampudia, abandonaron la ciudad. Sólo los integrantes del Ayuntamiento regiomontano per-manecieron en Monterrey, quedando bajo su cargo la tarea de negociar y confrontar las desiciones de los militares estadounidenses.


263

Oficio del Cuartel Maestre Americano de Monterrey en 1848.

La ciudad había quedado completamente destrozada, con cadáveres insepultos, con calles llenas de baches producto del bombardeo, con jacales y casas destruidas y sembradíos quemados producto de los combates que se llevaron a cabo. Mientras lo cuerpos de los soldados mexicanos fueron quemados, sepultados en criptas clandes-tinas o en los camposantos de la ciudad, los nor-teamericanos construyeron su propio panteón. La historiadora Alba Garza menciona que en octubre de 1846 el ejército norteamericano construyó cerca de su cuartel general en Santo Domingo un cemen-terio para sus soldados muertos en combate.207

En las negociaciones que encaminaron la capitulación de Monterrey, un punto comprome-tedor del que tuvo que responsabilizarse el general Taylor fue el buen trato a la población civil. El día 26 las autoridades municipales de Monterrey se entrevistan con el para solicitarle el control de sus militares, la prevención de delitos, muertes de civiles y el castigo ejemplar para cualquier clase de desorden que se ejecutare en Monterrey. En con-testación Taylor comentó “que no hubiera cuidado

de ello”, confiando en que todo se llevaría de ma-nera correcta.208

Días después, las agresiones de los invaso-res contra los civiles comenzaron a salir a la luz pú-blica. Por ello el ciudadano Facundo Tamez escribía el 29 de septiembre al alcalde de Monterrey, José Antonio de la Garza, manifestándole que a causa de los múltiples desmanes que habían ocasionado los Voluntarios de Texas, se reuniese a los jueces de la ciudad, y participasen cualquier anomalía para prevenir desgracias y matanzas de civiles.209

Ese mismo día el secretario de Gobierno de Nuevo León, Santiago Vidaurri, solicitó al alcalde de Monterrey el control de la venta de licor “que tantos males a causado a la ciudad en estos últimos días, debido a que los voluntarios americanos tie-nen acceso a él”.210 Asimismo, le pidió tomase a dos vecinos honrados, para que procediese a formar una lista o tarifa de efectos con sus precios respec-tivos, debido a que los generales americanos han reclamado varias veces el control de los alimentos y sus variables costos por los comerciantes regio-montanos.211 Las protestas por los abusos de la mi-licia extranjera en Monterrey fueron presentadas por el gobernador Francisco de P. Morales, pero el general Taylor le argumentó que era muy difícil controlar a sus oficiales.212

En un suceso que trascendió regionalmen-te a mediados de junio de 1847 y que muestra cla-ramente los abusos de militares estadounidenses en tierras regiomontanas, fue el caso de un guar-dia americano que resguardaba los suburbios de Monterrey y que asesinó a un civil regiomontano de nombre Manuel Peña, quien no respondió al, ¿quién vive?, en lengua inglesa tres veces. El alcal-de de Monterrey informó al gobernador este suceso y pidió una enérgica protesta en contra del jefe de la Plaza para que derogara o se modificara el toque de queda en la ciudad.213

Los problemas de inseguridad y violencia muy pronto se vieron reflejados en las villas y ha-ciendas circunvecinas de Monterrey. En un oficio enviado ante el alcalde de Monterrey por su homó-logo de Guadalupe, este último solicitaba le entre-gasen el permiso otorgado por el general Zacarías Taylor a ese Juzgado para establecer una policía


264

que combata los robos y violencia que han introdu-cido algunos criminales en ese pueblo.214

Las medidas establecidas por el Cuartel Maestre Americano que administraba la ciudad fueron insuficientes. Sin embargo, se expidieron leyes que permitirían evitar los choques entre la po-blación civil y los militares norteamericanos, como es el caso de la ley establecida el 8 de octubre de 1846 por orden del brigadier general Worth, que se expresa en las siguientes líneas:

I.- Toda clase y Descripción de Estableci-miento p.a el juego son por esta prohibi-dos- Toda persona, que después de ponerse el Sol, de esta fecha, abra y tenga directa o indirectamente tal establecimiento, será arrestado y encarcelado en la prisión de la ciudad á cargo del Alcalde para ser tratado como los demás presos.II.- Se permiten los Billares mas han de es-tar cerrados, ha no ser que haya excepción

Especial, al toque de cajas á las ocho en la retreta. Los guardias y oficiales que están de guardia están encargados de la ejecución más eficaz de estas órdenes- Por autoridad del Gral. en Jefe.

Cuartel Gral. y División. Monterrey, 8 de octubre de 1846.215

Otra ley que buscaba frenar la venta de licor a toda hora en Monterrey fue establecida, finales de ese mismo mes por el teniente Pembertón, quien ordenó, por requerimiento del general Worth, la prohibición de los establecimientos que vendan licores antes de las nueve de la mañana, o después de las doce del medio día, bajo la pena de perder la licencia. Así también, se procederá a cerrar los ne-gocios que acontezcan con actitud desordenada.216

Una carta dirigida al general Taylor por el ciudadano Juan González Prieto, en agosto de 1847, nos muestran las evidencias de los desmanes que las tropas invasoras provocaron en la ciudad de Monterrey y sus alrededores durante la ocupación norteamericana. González Prieto comienza este manuscrito exponiéndole la necesidad a Taylor para que dicte medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos, el respeto a sus fincas y certi-dumbre a los dueños de los ranchos del Estado, ya que en la semana que pasó, “una partida de tropas mandadas por el gefe de la plaza, robo casi todas las habitaciones de un rancho cercano llamado San Agustín... en los mismos días, una patrulla coman-dada por un oficial fue a aprender un mejicano, y un soldado le dio un tiro en el paraje donde estaba durmiendo. El domingo en la noche fuertes gru-pos de tropa armadas recorrieron la ciudad la ciu-dad comandados por oficiales, y uno de los varrios poblados y pacíficos, fue completamente allanado con el mayor escándalo, pues que iban rompiendo puertas, golpeando a sus moradores y robándolos también”.217

No obstante los esfuerzos de los Ayunta-mientos, del Gobierno estatal y del Cuartel Maes-tre Americano por proteger la integridad física de los nuevoleoneses, los abusos de los militares nor-teamericanos contra la población civil continua-ron. En junio de 1847 el alcalde de Monterrey, el

La falta de respeto y los abusos de la milicia extranjera eran una queja constante de los civiles regiomontanos, en las mismas palabras del general Taylor “era muy difícil controlar a sus oficiales”.


265

licenciado José de Jesús Dávila y Prieto, escribía al gobernador Francisco de P. Morales que promo-viera leyes de protección para que los ciudadanos del Estado se libraran de los abusos de los nortea-mericanos.218

Las capitulaciones o armisticio firmado en Monterrey por mexicanos y norteamericanos, motivaron que el gobierno del Estado trasladara la capital a la villa de Galeana,219 iniciando así un largo peregrinar de casi dos años por el sur de Nue-vo León (el gobernador se estableció también en las villas de doctor Arroyo, Linares, Río Blanco, y en su momento mas crítico, Matehuala, S. L. P.). Todo parece indicar que la presencia del gobierno en Monterrey provocaría grandes desacuerdos y hostilidades con el gobierno militar establecido por los estadounidenses.

El gobernador Francisco de Paula Morales realizó durante estos seis meses de peregrinaje una labor ejemplar al frente del gobierno del Estado. Dos meses después de ocupada Monterrey, Mo-rales informaba a los municipios que Nuevo León volvería a integrarse a la Federación y se regiría por

la Constitución de 1824 y para ello pidió la opinión de los municipios. Muy pronto, las muestras de apoyo de algunos municipios se vieron reflejadas; por una parte el Ayuntamiento de Santiago vota-ba a favor de la soberanía del Estado y de su in-tegración a la Federación;220 y por otra, Lampazos apoyaba la renovación del pacto de alianza con los otros estados del país y sugería la integración de un Congreso local.221

El mismo gobernador Morales formuló la idea de una red de comunicación entre la adminis-tración estatal y los municipios. En circular del 1 de septiembre de 1847 planteaba el establecimien-to de tres líneas principales de comunicación: “La primera comenzará en Concepción y tocará los pueblos intermedios, Río Blanco, Galeana, Lina-res y a terminar en Cadereyta Jiménez. La segunda comenzará en Agualeguas, tocando Cerralvo y ter-minando en Cadereyta. La tercera en la Punta de Lampazos, atravezará los pueblos de Bustamante, Villa Aldama y terminará en Salinas Victoria”.222

La creación de esta cordillera planeaba que todos los alcaldes primeros fueran los conductos ordinarios para mantener la comunicación y uni-dad del Estado. Por desgracia, la presencia nortea-mericana en Nuevo León, y la falta de interés y apatía de algunos alcaldes, fueron los motivos que causaron la cancelación del proyecto.

Mientras el Gobierno estatal sorteaba mi-les de dificultades para sobrevivir, la población de Nuevo León se dividía entre combatir al invasor o entablar buenas relaciones con él; las crónicas nor-teamericanas relatan que una vez ocupada la ciu-dad, los soldados se instalaron inmediatamente en las casas desocupadas; el fenómeno que se había presentado en Matamoros se repitió en Monte-rrey: “una ola de negocios como salones de billar, restaurantes, cantinas se instalaron en la ciudad manejados por comerciantes americanos con fines mercantilistas”.223

El comercio se convirtió en un punto de unión entre los militares norteamericanos y la po-blación civil. Se generó una economía de guerra que resultó provechosa para algunos productores de la región. De tal forma se inició el contacto lucrativo entre ambos bandos que el general Ampudia inter-

Decreto del gobernador Norteamericano de Monterrey A. M. Mit-chell sobre el buen orden público en la ciudad.


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vino decretando unos días antes de la batalla que todo aquél que prestara algún servicio al invasor sería pasado por las armas;224 du-rante los dos años de permanencia norte-americana en Nuevo León podemos afir-mar que se crearon las bases financieras, para la creación de un mer-cado regional entre el sur texano y el noreste mexicano, que se acre-centaría con el cambio de frontera en 1848.

En el caso Nuevo León, algu-nas regiones del Estado mantuvieron la hostilidad contra los angloamericanos mediante la táctica de guerrillas. En el norte, el general Antonio Canales, antiguo enemigo de Santa Anna y del Centralismo, brillaba por sus victorias obtenidas entre los cami-nos de Cerralvo y Camargo.225 En marzo de 1847, el alcalde de Pesquería Grande, Juan Bautista Gar-cía, informaba a su homólogo de Monterrey que los arrieros le han solicitado al agente americano Samuel, que garantice el envío de una escolta, que lleven las mulas y los arrieros a Camargo, ya que el peligro está latente por las partidas de Canales y otros.226

El sistema de guerrillas en Nuevo León fue autorizado por el ejército mexicano a consecuencia de la derrota en Monterrey. Su aliado principal era la sorpresa y se trasladaban en pequeños grupos que facilitaban sus rápidos traslados. El historiador César Morado expresa que en Nuevo León se ha encontrado evidencia documental de tres facciones guerrilleras:227

1.La guerrilla de Norberto Galán, al norte del Estado.2.La guerrilla de Lara, liderada por un te-niente coronel del ejército mexicano de nombre Jorge Luis Lara.

3.La guerrilla de Treviño, se desconoce quién la lideró.

Mientras tanto, en el sur algunos milicianos de Galeana encabezaban la resistencia popular en contra de la ocupación norteamericana. Cabe agre-gar que entre ellos se encontraba el futuro general de la División del Norte, Mariano Escobedo.228 En un hecho poco conocido en la historia nuevoleo-nesa, un grupo de cien americanos invadieron la villa de Galeana, con el fin de explorar las Bocas de Santa Rosa y Morelos, e instruirse de alimentos y demás productos, y en defensa, algunos milicia-nos sometieron a los soldados invasores en Santa Rosa y capturaron ocho acémilas en que condu-cían sus equipajes, doce caballos frisones con sus monturas correspondientes, once carabinas, once pares de pistolas, once sables, e igual número de prisioneros;229 en tanto, el mismo alcalde de Mon-terrey, José de Jesús Dávila y Prieto, enviaba los pormenores de los movimientos del ejército invasor al general Santa Anna, acantonado en San Luis Po-tosí.230

A principios de abril de 1847 un grupo de guerrilleros mexicanos emboscaron una caravana de trenes norteamericanos cerca de Cadereyta, ase-sinando a carruajeros, civiles y militares estadouni-denses. Por esta causa, el general Taylor ordenó en

Ejército norteamericano internándose en las montañas mexicanas.


267

Proclama de J.A. Early gobernador Norteamericano de Monterrey en 1847.

pago “una indemnización por la pérdida, causada por la destrucción de los trenes y el pillage de lo contenido”. Taylor advirtió que no era intención del ejército americano hacer la guerra contra los ciudadanos mexicanos, sino contra el gobierno central mexicano, pero a causa de las guerrillas, las pérdidas causadas por los criminales serán hechas buenas por los departamentos de Nuevo León y Tamaulipas.231

De esta manera afirmamos que el sistema de guerrillas dejó de funcionar en el instante mis-mo en que el movimiento se radicalizó, atacando los patrimonios de sus mismos compatriotas, pro-vocando que el rechazo civil contra estos movi-mientos se hiciera patente. De ser un movimiento de resistencia popular se convirtió en una actividad de pillaje. El alcalde de Linares a mediados de sep-tiembre de 1847 acusaba a las guerrillas de caer en desmanes contra la población civil;232 los residuos de las guerrillas en Nuevo León originarían el pos-terior fenómeno del bandidaje que tantos proble-mas provocó a gobiernos posteriores. El maestro Miguel Ángel González Quiroga describe a estas

bandas como un flagelo más del angustiado pueblo de Nuevo León.233

A pesar de los diferentes problemas que enfrentaba la administración estatal, el gobernador electo, José María Parás,234 logró regresar a la capital junto a su gabinete a principios de 1848. Los Trata-dos de Guadalupe-Hidalgo firmados en la ciudad

de México pusieron fin a la guerra y a la ocupación. La fecha clara de la entrada del gobernador Parás a Monterrey no es precisa. Los norteamericanos se retiraron hasta julio de 1848. Durante su marcha al norte, ejecutaron sus últimos desmanes: el alcalde de Marín los acusaría de incendiar el pueblo antes de seguir su camino.235

Después de la salida del ejército nortea-mericano, el gobernador Parás explicaba en una carta a don Antonio Ma-ría Jáuregui, comandan-te militar del Estado de

Firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Ejemplar del periódico American Pioneer, editado en Monterrey.


268

Nuevo León, el porqué algunos particulares con-servan armamento gravado perteneciente a algunos regimientos del Ejército Mexicano. Parás refirió en este escrito que el 24 de septiembre de 1846, día en que se firmó la capitulación con el Ejército Americano, como condición para dejar la plaza, los americanos prohibieron al Ejército Mexicano por-tar más armas de las que cada uno traía. Entonces, el general Pedro Ampudia, al mando del ejército mexicano en Monterrey, como una estrategia para poder conservar mayor armamento en manos mexi-canas, las repartió a algunos vecinos, mismos que, para septiembre de 1848 (fecha en que Parás escri-bió esta carta), aún las tenían bajo su poder.236

A mediados de 1848, el gobernador Parás comenzó el reparo del aparato estatal. Después de firmados los tratados de paz, logró consagrar la regeneración del Estado; consolidó los Ayunta-mientos como los agentes inmediatos del gobier-no; fortaleció los cuerpos de policía urbana y rural, para combatir las hordas de bandidos que asolaban los caminos del Estado. Impulsó el desarrollo de las actividades económicas, mejorando la calidad de los caminos, ofreciendo mejor vigilancia en ellos y motivando a la inversión en la minería y en la industria mercantil, agrícola y fabril; reorgani-zó la Hacienda Pública, impulsando el comercio mediante la abolición de alcabalas; y ante todo, su logro más importante fue la organización de la Guardia Nacional en el Estado, que combatió las incursiones de los indios y de los aventureros ame-ricanos a territorio nacional.237

En años posteriores al conflicto, el gobierno estatal instruyó a los municipios para que levanta-ra listas de los daños que sufrieron en sus bienes algunos ciudadanos residentes en esta ciudad de Monterrey, a consecuencia de la guerra que se tuvo con las fuerzas americanas durante los años de 1846 a 1848. Esta circular estuvo a la vista de todos en lugares públicos y esquinas de la ciudad.

La respuesta de los regiomontanos no se hizo esperar, y alrededor de doscientas personas realizaron el denunció por el agravio de sus bienes. Según los documentos encontrados en el Archivo Histórico de Monterrey (AHM) las personas más perjudicadas fueron aquéllas que tenían sus pro-

La patria derrumbada. El fin del sueño criollo concluyó en 1848 con la pérdida de más de la mitad del territorio heredado por España, tras la

guerra con los Estados Unidos.

piedades cerca de los fortines, en especial en las calles aledañas a la Ciudadela.238

Las principales denuncias son por la extrac-ción de material como el sillar, jacales completos, vigas y puertas de madera, carretas de piedra de loza, y pita “que se acarrearon para la Ciudadela” por el ejército mexicano. También se denunciaba la quema de sembradíos aledaños al fortín de la Ciu-dadela, morrilos y adobes que se llevaron los ameri-canos “para el campo de Santo Domingo”.239

Intelectuales de la talla de José Eleuterio González refirieron la pérdida de libros como El Gran Diccionario histórico de Moreri, una Biblia madrileña, un Biluart pergamino truncado en dos tomos, libros de física, anatomía y patología, así como un cuadro de San Francisco con marco de


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Mapa de México y los Estados Unidos después de finalizada la guerra (1848).

caoba y vidriera, entre otras cosas que fueron ex-traídas por los norteamericanos de su casa.240

Una de las denuncias más costosas fue la realizada por José Rafael de la Garza, quien acu-saba a los norteamericanos de haber ocupado sus casas citas en la Plaza y Plazuela de la ciudad por cerca de dos años sin pagarle renta, así como el asalto varias veces de su tienda. El adeudo ascendía a $3,576 pesos en total.241

Aunque las denuncias se hicieron, no hay evidencia de que se hayan liquidado algunas o en su totalidad. Hasta 1851 siguieron llegando listas de personas damnificadas por este hecho armado.

Al concluir el conflicto surgieron un sin fin de consecuencias provocadas por la derrota. Los munícipes se acusaban entre sí de haber sido ser-viles ante el invasor. Años después, el alcalde de Monterrey culpó, sin dar nombres, a varios alcal-des que se habían vuelto voluntarios ante los ameri-canos.242 Estos individuos que mencionó el alcalde de Monterrey fueron sin lugar a dudas, los nuevos comerciantes y contrabandistas que se beneficiaron económicamente de la ocupación norteamericana. La historiografía norteamericana sobre la guerra con México refiere grandes batallas y mu-chas primeras veces en el devenir histórico de los estadounidenses:

•La primera gue-rra de los Estados Unidos en el ex-tranjero.•La primera guerra en el mundo que fue fotografiada.•La primera guerra en donde los bar-cos de vapor tuvie-ron una actuación importante.•La primera vez que corresponsales de guerra reporta-ron la noticia desde el frente de batalla.•La primera vez

que la U.S. Militar Academy de West Point participó con cadetes que fueron grandes figuras en la Guerra Civil, como Robert E. Lee, Thomas J. Stonewall, Jackson Brax-ton, Ulises S. Grant, George G. Meade.243

De esta forma concluía la etapa de ocupa-ción norteamericana en Nuevo León. Duró cerca de dos años (septiembre de 1846 a julio de 1848) y más que perjudicial, la nueva realidad beneficiaría en gran medida el desarrollo comercial de la región noreste de México. Las batallas de Monterrey en-sangrentaron la vida de los regiomontanos, quienes nunca antes habían vivido una catástrofe de tales magnitudes. Aunque la recuperación urbana, eco-nómica, política y social fue rápida, el dardo de la guerra se clavó para siempre en el corazón de los habitantes de Monterrey.

6. La ciudad ante el cambio de fronte-ra y sus conflictos: indios, bandidos y aventureros

“Si divorciaba (el río Bravo) jurídica y políticamen-te ambos Estados-Nación, unía con generosidad dos ámbitos regionales ubicados en sus extremos geográficos, al menos en el plano del movimiento

mercantil”.244

Mario Cerut-ti

El cambio fronterizo formulado por los Tratados de Guada-lupe Hidalgo hacia 1848 trajo consigo consecuencias socia-les económicas de índole regional para la ciudad de Mon-terrey. En medio de incursiones de los in-dios norteamericanos y de los aventureros a las tierras del norte de Nuevo León, la


270

primera década posterior a 1848 fue de constantes reclamaciones, conflictos y discusiones.

En abril de 1848 el gobernador José María Parás ordenaba al Tesorero del Estado, que apro-vechando el armisticio con los Estados Unidos, reorganizare la administración pública de Nuevo León.245 A nivel nacional, en ese mismo año, conti-nuaba la rebelión de castas en Yucatán,246 y surgen nuevas voces alertando sobre un mejor republica-nismo en México aceptando las distintas manifes-taciones religiosas, la extinción de las órdenes de los frailes, monjas, canónigos, cofradías, suprimiendo los fueros, aboliendo las aduanas interiores, ofre-ciendo educación gratuita a la juventud.247

Volviendo a la región, grandes lazos comer-ciales entre ambas bandas fronterizas se conforma-ron durante la época de la ocupación de Monterrey por los norteamericanos. Todo hace suponer que el boom mercantil del noreste mexicano y el sur de Texas en las posteriores décadas fue provocado por la economía de guerra vivida durante el conflicto y sus posteriores efectos.

Según los cronistas estadounidenses, en Monterrey se repitió el mismo fenómeno que en Matamoros, ya que pronto brotaron como por arte de magia una gran cantidad de norteamericanos interesados en establecerse en la ciudad. “Tien-

Villa mexicana de mediados del siglo XIX. Acuarela.

das, mercancías, bebidas y juegos norteamericanos su-plantaron a los mercaderes mexicanos”.248

En febrero de 1848 se acordó el acerca-miento de la frontera hasta el río Bravo. Los intereses comerciales creados durante la guerra, se incrementarían terminando el conflicto. El doctor Mario Cerutti, his-toriador distinguido de los temas económicos de la fron-tera norte de México y sur de Texas, afirma lo siguiente:

Lo que para México re-presentó una auténtica tragedia, gestaría inédi-tas posibilidades para esa pequeña y aislada urbe al pie de una de las prolongaciones de la Sierra Madre.249

Era claro, la invasión norteamericana cam-bió para siempre los destinos del noreste de Méxi-co. Los efectos del comercio con los extranjeros, desvió la ruta comercial, que originalmente circu-laba entre Monterrey y el puerto de Tampico, hacia Matamoros y las orillas del Bravo. La consolida-ción de Texas como región libre, abrió los caminos para su integración al mercado internacional y con ello, la necesidad de crear un intercambio mercantil con diversas zonas comerciales. Las villas texanas, como Brownsville y Laredo, establecidas a orillas del Bravo, entrelazaron un mercado regional con los pueblos y ciudades del noreste de México. Para muchos mexicanos no era un secreto que el objeti-vo de los texanos eran los grandes centros mineros del norte mexicano. El de algunos mexicanos era continuar con las actividades muchas veces de con-trabando para amasar grandes fortunas; la inten-ción lucrativa de los comerciantes del sur de Texas y del noreste de México pronto creó un fenómeno económico-social: la consolidación de un mercado


271

Bando del general Mariano Arista en contra de las tribus indígenas que asolaban la región norte de Nuevo León.

Militar mexicano.

fronterizo en dos regiones ajenas totalmente una de otra.

Pero, ¿ésta era la realidad de todo el estado de Nuevo León? Era claro que los grandes nego-cios eran exclusivos de una cuantas personas; por el contrario, muchas poblaciones, como Lampa-zos, Cerralvo, Vallecillo y Villaldama, quedaban aisladas y empobrecidas por los ataques de los indios norteamericanos, de los filibusteros y de los bandidos. En 1851 el alcalde de Cerralvo, Antonio López, alertaba al gobierno estatal sobre la emigra-ción de familias a distintos puntos de la región por falta de víveres.250 Por tal motivo, el municipio se vio en la necesidad de organizar algunas fiestas y kermés para solventar los gastos administrativos,251 o tratar de vender el maíz más barato para solventar las desgracias.252 A pesar de los apuros económicos, el alcalde informaba al gobierno estatal que en las sierras de la región se habían encontrado minas con productos explotables que harían volver a la pros-peridad al pueblo.253

Esta situación contrastaba con algunos municipios que al parecer no fueron alcanzados

por los efectos de la guerra y por el contrario siguie-ron trabajando con mayor prosperidad. Como ejem-plo tenemos a Montemo-relos, Linares y Cadere-yta Jiménez, quienes en su momento eran junto a Monterrey, los munici-pios más importantes de Nuevo León. Estas villas no sufrieron los embates de invasor, pero sí benefi-ciaron su economía. Aun-que cabe agregar que es-tas villas ya vislumbraban empuje económico desde principios del siglo XIX.

El desarrollo de un comercio fronterizo originado desde la ocu-pación angloamericana en

Nuevo León modificó gradualmente las activida-des económicas de los alrededores. De una socie-dad puramente agrícola, poco a poco la ciudad se transformó en una base comercial de la región. Sin embargo, el amasamiento de riquezas fue exclusivo de sólo un grupo privilegiado y la gran mayoría de la población del Estado volvió a sufrir los flagelos originados por la guerra.

Los obstáculos que enfrentó la administra-ción estatal, a partir de 1848, se vieron conjugados por los efectos posteriores de la guerra, que situa-ron a Nuevo León y a su ciudad capital dentro de su destino: el acercamiento de la frontera con los Estados Unidos al río Bravo, y como consecuencia de ello la consolidación de los capitales regiona-les en las décadas posteriores a 1848, mismos que motivarían el despegue económico industrial de la región noreste a finales del XIX.


272

Conflicto con los Indígenas

Uno de los problemas más serios que enfrentaron los gobiernos estatal y municipal del XIX fueron las invasiones de los indios norteamericanos a estas tierras y que causaron muerte y destrucción en pue-blos y villas de Nuevo León.

Primero, para abordar el problema de los indígenas, es necesario conocer su génesis. Retro-cediendo unos años, la política de la Corona espa-ñola utilizada durante el siglo XVI para controlar las tribus sedentarias de Mesoamérica fracasó ro-tundamente con las tribus seminómadas del norte, por lo que se crearon nuevos mecanismos para lo-grar el control de esta region conocida como Tierra de Guerra Viva. El historiador Isidro Vizcaya afir-ma que a causa de estos sucesos fueron creados los presidios: “su objetivo era contener las incursiones de éstas hacia las zonas donde se habían estableci-do pueblos, reales de minas y ranchos”.254

A pesar de que nunca se logró pacificar la frontera, durante los últimos años de la etapa Colo-nial en México se logró contener las depredaciones de forma relativa. Sin embargo, el México inde-pendiente fue el heredero de este problema y ante la falta de una política que resguardara el bienestar de los Estados fronterizos en la región norte, el pro-blema se agudizó. Joaquín de Arredondo escribía en 1820 que:

Los pueblos fronterizos, de ricos y abun-dantes, habían quedado reducido a la ma-yor miseria. Los bárbaros han muerto a sus vecinos, cautivado a sus hijos y mujeres,

Indios seminómadas a caballo.

robado sus vienes de campo y talado sus sementeras.255

Según el historiador Isidro Vizcaya, los indios que más incursionaban en tierras nuevoleo-nesas eran los lipanes, los kikapus y los comanches, los cuales se dividían en muchas parcialidades que se extendían desde el actual estado de Arizona has-ta el sur de Texas.256 De entre ellos, los más agre-sivos eran los denominados lipanes. Estas tribus originalmente se habían establecido hacia el norte de Texas y al oeste de la Luisiana. Con motivo de la ola de colonos norteamericanos que se establecie-ron en las llanuras texanas desde la década de 1820, estas tribus quedaron orilladas cerca del río Bravo, justo en medio de Texas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

La independencia de Texas en 1836 trajo funestas consecuencias para las autoridades de las villas cercanas al río Bravo. La preocupación se centraba en la defensa territorial de la frontera con-tra dos fuerzas externas: la de los colonos nortea-mericanos avecindados en Texas y las incursiones de los indios del norte. Cabe aclarar, que aunque los estadounidenses rechazaban cualquier lazo de unión con estas tribus, tenían especial interés en desestabilizar al gobierno central mexicano y, por ello, algunas de las incursiones de indios seminó-madas a territorio nuevoleonés eran financiadas por algunos comerciantes norteamericanos, quienes les aseguraban la compra del ganado. El investigador clásico de la historia fronteriza mexicana Gastón García Cantú escribió en referencia a lo anterior que:

en la huida de las tribus a México, asolaron pueblos, aldeas y rancherías, sirviendo así como avanzadas de la invasión de los colo-nos y posteriormente del propio ejército de los Estados Unidos.257

Cansados los habitantes de esta región de los constantes asaltos de estas tribus a las villas del norte, Mariano Arista, como general del Ejército del Norte, declaraba estado de guerra contra estos grupos que internados en estas regiones asolaban a los nuevoleoneses. En un decreto expresaba lo siguiente:


273

Terminada la guerra con los norteamerica-nos en 1848, el problema al que se enfrentaron las autoridades municipales del estado de Nuevo León fue el abandono que sufrieron sus territorios:

Las correrías continuas de los indios impe-dían cualquier actividad productiva. Toda ocupación campestre resultó sumamente peligrosa, pues las personas dedicadas a ella, estaban siempre expuestas a ser asesi-nadas o cautivadas por los salvajes.259

La situación era grave, los municipios del Estado que habían tenido que soportar el torbellino de la guerra recién concluida, tenían la amenaza de

dos frentes. En 1845, el alcalde de Vallecillo mani-festaba al Gobierno estatal que temía una invasión de los indios y de los texanos.260 Estos temores no eran infundados, ya que antes la Comandancia del Ejército del Norte recibía informes desde la fronte-ra que una partida de indios, integrada también por norteamericanos preparaban una invasión a territo-rio mexicano.261 Por fortuna, muchas veces las dis-

Indios comanches.

Indios acecharon las villas del norte de Nuevo León durante el siglo XIX.

1.Queda rota la paz con los indios coman-ches, y en consecuencia se impone pena de la vida los militares y vecinos de toda la frontera de oriente que reciban de paz a los referidos indios, hablen con ellos amiga-blemente, les faciliten armas, municiones u otro cualquier auxilio.2.Todo comandante militar o de desta-camento perteneciente al ejército de mi mando que al recibir noticia de entrada de

indios fuere omi-so en mover sus fuerzas para per-seguirlos, o se evadiere de salir en persona a ope-rar contra ellos si la incursión fue-re considerable, será depuesto de su empleo, justi-ficada que sea en consejo de guerra su omisión, o su-

frira pena mayor con arreglo a la Ordenanza general del ejército según las circunstancias agravantes del caso.3.Del mismo modo se graduara la falta de los que pudiendo no auxilien inmediata-mente a las poblaciones haciendas y ran-cherías amagadas por los salvajes.4.Se vigilará por las autoridades militares con la mayor escrupulosidad, el que se lleve adelante el art. 1°, poniendo en segura toda custodia a los que incurren en aquel delito para que con las primeras averiguaciones que se practiquen, los remitan al cuartel ge-neral a fin de que sean juzgados en consejo de guerra y sufran el castigo a que se hayan echo acreedores. Por tanto mando que las disposiciones que anteceden se publiquen por bando en el ejército que me obedece y que se fije en los parajes acostumbrados, para noticia de todos los militares y habi-tantes a quienes corresponde su puntual cumplimiento.258


274

protegerlos directamente, empleando el ejército en defender sus fronteras; plantear un sistema bien calculado de presidios, de misiones y de colonización; fijar los límites entre la República y la Norte América; abrir caminos más cortos y mejores: componer y mejorar los que ya ecsisten...263

Una de las villas más afectadas por las constantes correrías de los indios fue sin duda la de Punta de Lampazos, hoy Lampazos de Naranjo. Su localización cercana a la frontera con los Esta-dos Unidos la hizo blanco fácil de aventureros y seminómadas. En diciembre de 1848, el alcalde 1º informaba al gobernador, José María Parás, que aventureros de San Antonio de Béjar e indios salva-jes atacarían las villas de la frontera y que requerían ayuda militar para afrontar tal situación, ya que la milicia local no contaba con los medios necesarios para dirigir la defensa.264

Autoridades de Vallecillo y Marín señala-ban para 1850 y 1853 respectivamente, que varios ranchos de la región habían sido desocupados a consecuencia de las hostilidades de los bárbaros;265 a respuesta clara de estas necesidades, el alcalde de Cerralvo crea, en 1851, “el Fondo contra la invasión de indios o cualquier otro enemigo”.266

Desde un principio la autoridad estatal es-tuvo interesada en iniciar el combate contra el in-

cordias entre norteamericanos y nómadas termina-ban por abortar tales expediciones. De lo contrario, el saqueo y destrucción de los pueblos fronterizos hubiera aniquilado tales poblaciones.

A principios de 1845, alcaldes de la región norte de Nuevo León mandaban una propuesta al Gobierno del Estado para que el pago de contribu-ciones se quedaran en las arcas municipales y así poder iniciar una guerra contra el indio,262 y aunque la situación era complicada para dichos pueblos, la administración estatal no contestó tales demandas.

Invadido por el fantasma de la guerra en 1846, Nuevo León se enfrentaba al enemigo en dos frentes: al indio seminómada en sus continuas incursiones, y al invasor norteamericano que in-tentaba llegar a Monterrey y así controlar el nores-te mexicano; El Periódico Oficial de Nuevo León presentaba, en su edición del 9 de febrero de 1845, las desgracias de estas regiones y sugería al gobier-no nacional la política a seguir para proteger tales entidades:

Las irupciones de los bárbaros; la vecindad del pueblo invasor norteamericano; la in-mensa estención territorial y la pequeñísima población que la cubre; la gran distancia y la dificultad de las comunicaciones con el nú-cleo del país... Dejar a estos Departamentos todos los elementos posibles de prosperi-dad individual, no tocar para nada sus ren-tas; armarlos; dejarles leyes escepcionales;

Indios lipanes.

Indios kikapoo.


275

nos estatales como el caso de Coahuila trataron de pacificarlos concediéndoles grandes extensiones de terreno, tratando de incorporarlos a la vida de los habitantes fronterizos. Su estilo de sobrevivencia, seminómada, impidió que esto se llevara a cabo, y que se procediera al exterminio brutal.

A manera de conclusión referimos que los conflictos fronterizos entre México y los Estados Unidos fueron motores para que estos grupos aso-laran por muchos años las villas, pueblos y hacien-das del noreste mexicano. Solo el uso de la fuerza militar y la aplicación de una estrategia guberna-mental para aniquilarlos pudieron contener los em-bates y arribos de estas tribus en la frontera norte de México.

Bandidos

Otro flagelo que debió afrontar la autoridad estatal y municipal fue la creciente ola de asaltos y críme-nes en los caminos. El historiador Enrique Krauze describe el contexto general del país, al referirse a esta actividad en las siguientes líneas:

Por si faltase una guerra en aquella geo-grafía bélica, estaba la guerra cotidiana contra los enjambres de bandidos que aso-laban los caminos.271

Esta actividad empleada antes del con-flicto se incrementó y fue una herencia desagra-dable y problemática de la ocupación norteame-ricana, ya que al invadir el ejército norteamerica-no territorios de Nuevo

León, se creó, como ya lo hemos mencionado, una conciencia de autodefensa en los habitantes de la región. Las guerrillas fueron la mejor solución para enfrentar al hostil vecino.272 La ocupación de Mon-terrey como base de comunicación de los pueblos de Marín, Cerralvo y Camargo era la idea de los norteamericanos. “Esta ruta”, citando a Joseph Chance, “era recorrida por trenes que comúnmen-

Retrato de bandolero.

Asalto de bandidos a diligencia.

dio. El exterminio de éstos se volvió una necesidad ante el cambio de frontera, ya que para la región noreste era la oportunidad para iniciar un comer-cio regional con sus nuevos vecinos. La hostilidad del indio originaría nuevos conflictos entre los nuevos comerciantes y su aniquilación se volvería algo fundamental para garantizar buenos tratos y bonanza económica. En abril de 1850, el gobierno estatal expidió un decreto en el cual se gratificaría con veinticinco pesos a quien matara o capturara un indio.267

En febrero de 1854 el Ayuntamiento de Monterrey aplicaría un impuesto para la guerra contra los indios, en el que sólo los que tuvieran las posibilidades económicas lo pagarían (la can-tidad a pagar, no fue especificada en el documento revisado).268 Anteriormente, el comandante Juan Zuazua emprendería una campaña para combatir los ataques de los indios en Parás, Vallecillo y Sa-binas Hidalgo;269 la persecución de los indios llegó a los extremos de que el gobierno de Nuevo León decretara que todas aquellas pertenencias o bienes que fueran quitados al nómada durante su persecu-ción sería para aquél que la obtuviera.270

Durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo intentos por controlar las incursiones de es-tos grupos a territorio mexicano. Algunos gobier-


276

te conformaban ciento cincuenta vagones y más de mil mulas de carga”.273

El ladrón que asolaba los caminos y bre-chas en las cercanías de la ciudad de Monterrey para atacar diligencias o individuos, se transformó en un guerrillero que arremetía contra las tropas in-vasoras, contra sus trenes de abastecimiento, y que enarbolaba la bandera de la libertad para cometer sus fechorías.

Las actividades de las guerrillas mexicanas encabezadas por Antonio Canales, Cristóbal Ra-mírez y Norberto Galán causaron estragos entre las filas norteamericanas. Es preciso señalar que en varias ocasiones, el Cuartel Maestre Americano establecido en Monterrey, cansado de las bajas y de los destrozos de esta guerrillas aplicaban multas y pagos en especie a los pueblo y rancherías más cercanas al atraco. En referencia a lo anterior, el historiador Miguel González menciona que:

Documento que contiene la filiación de Agapito Treviño también conocido como Caballo Blanco.

Plaza Hidalgo donde fue ejecutado Agapito Treviño.

así mismo, los civiles y neutrales se con-virtieron en blanco de ambos bandos. Las haciendas que no colaboraba, corrían el riesgo de ser quemadas por antipatrióticas. En cambio si colaboraban con estos guerri-lleros se arriesgaban a ser destruidas por los norteamericanos.274

De una forma u otra, las villas del norte se vieron castigadas por ambos frentes. Al parecer, una de las consignas de la guerrilla era eliminar a todo aquél que colaborara con los norteamericanos por traicionar a la patria. En una carta al gobierno nacional, el gobernador José María Parás expli-caba el porqué había ordenado a Norberto Galán la disolución de su guerrilla, ya que “al no poder arrebatar ningún botín al enemigo, los guerrille-ros sobrevivían asaltando a pobres e indefensos mexicanos”.274

Al igual que el problema de los indios, los bandidos se convirtieron en un obstáculo que po-nía en peligro la buena comunicación comercial con los vecinos del norte; los asaltantes se sumaron a la lista de una serie de enemigos para las autori-dades locales. A pocos meses de haber regresado a Monterrey, el gobernador del Estado solicitaba al Congreso la creación de la policía rural para com-batir el bandidaje.275 Meses más adelante, el Ayun-tamiento de Sabinas Hidalgo solicitaba permiso a la autoridad estatal para levantar una fuerza de seguridad en la villa.276

En los intentos por contener el pillaje, se les unió un decreto estatal en el cual se condenaba a “todo ladrón que asalta dentro y fuera de las po-


277

Aventureros angloamericanos

A pesar de los logros, el problema de la inseguri-dad en Nuevo León creció. A las incursiones de los indios y a las actividades del bandidaje se le agregaron las invasiones de los filibusteros norte-americanos. Estos grupos estaban constituidos por grupos de blancos que, disfrazados de indígenas y mezclados con éstos, entraban a robar ganado a te-rritorio mexicano, inestabilizar las villas fronterizas y crear el caos en territorio mexicano.

Estos grupos estaban en desacuerdo con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo y ansiaban ante todo más y mejores tierras en donde se expandie-ra su dominio. Por lo tanto, armaron y financiaron grupos de aventureros dispuestos a conseguirlas. En uno de los incisos del Tratado de paz, el go-bierno norteamericano se comprometía a defender la frontera con México de los ataques de nómadas y otros peligros. Al igual que en este apartado, mu-chos de los acuerdos quedaron en simple enuncia-do y no se aplicaron.

Los norteamericanos del sur tenían dos ob-jetivos que justificaban su actuar en contra de las propiedades fronterizas mexicanas:

•Mayor territorio para la esclavitud.•La expansión de sus instituciones superiores a pueblos inferiores.

La maestra Ángela Moyano

Shako para infantería .

blaciones del Estado a la pena de muerte, sea cual fuere la importancia del robo”;277 municipios como el de Guadalupe, organizaban cuadrillas de veci-nos para perseguirlos, pero al parecer pocas veces lograban capturarlos;278 en el caso de Monterrey, la organización vecinal que logró realizar el Ayunta-miento contra estos criminales permitió una relati-va pacificación de los alrededores.279

La práctica del bandidaje se desarrolló aún más durante las décadas posteriores al cambio de frontera, alcanzando estos individuos personifi-caciones épicas por sus hazañas, como el caso de Agapito Treviño, apodado Caballo Blanco, quien tras una larga historia de capturas y fugas324 fue fu-silado en la Plaza del Mercado (hoy Plaza de Hi-dalgo).

*Filiación del reo Agapito Treviño280

Agapito Treviño alias Caballo Blanco

Natural y vecino de Monterrey, soltero y de 23 años de edad: es alto, musculoso, bastante trigueño, ojos negros chicos; pelo negro y liso; nariz grande gruesa algo chata; boca grande; lampiño

A la finalización de la guerra entre Méxi-co y los Estados Unidos la actividad del bandidaje se vio incentivada por las circunstancias económicas-sociales de la región. Los asaltantes en los caminos frenaron por cierto tiempo, al igual que las incursiones de las tribus de indígenas, el desarrollo mercantil de la región. Sólo las medidas duras que se implementa-ron durante los posteriores años lograron contener esta práctica, lo que permitió el desarrollo del comercio del noreste mexicano junto a los comerciantes del sur de Texas.

Armas de militares mexicanos.


278

Pahisa nos comenta al respecto que la providencia los había colocado junto a México, y este demos-traba ser un país confundido por constantes revo-luciones.281

La idea de desestabilizar los pueblos y ciu-dades del territorio mexicano, por parte de algunos norteamericanos, no fue compartida por el gobierno de Washington, ya que las discordias entre el norte y el sur impedían darle más poder a los plantadores; la idea de establecer una República independiente en México volvió a retomar fuerza.282

La llamada República de la Sierra Madre volvió a tomar forma dentro de la cabeza de algunos norteamericanos y mexicanos. La excusa utilizada era la falta de un gobierno mexicano legal y estable, que protegiera y diera continuidad a los proyectos político-económicos de los estados fronterizos.283 La intención de los plantadores texanos para con-fundir y crear un caos en los estados fronterizos mexicanos estuvo a punto de cobrar efecto, contó finalmente con el apoyo oficial del gobierno ame-ricano.

Mientras tanto, Nuevo León, al igual que la mayoría de los estados fronterizos, padecía de la falta de apoyo del gobierno nacional, y cons-tantemente sufría la invasión de su territorio por grupos extranjeros. En septiembre de 1848, bandas de norteamericanos invadieron territorio nacional saqueando los municipios de Lampazos y Busta-mante.284 El gobierno angloamericano se desligaba de tales agrupaciones al considerarlos ajenos a sus decisiones y prometía aprehenderlos.

Lejos de verse frenadas tales expediciones se incrementaron. En noviembre de 1848, el alcalde de Lampazos avisaba que la villas de la frontera se-rían asaltadas por ochenta filibusteros y solicitaban una tropa de cien soldados para defenderse.285 An-teriormente, en julio de ese mismo año, los comer-ciantes, vecinos y rancheros de Sabinas Hidalgo y Villaldama eran asaltados por aventureros, quienes conseguían un botín de entre doce y quince mil pe-sos entre oro y plata.286

Por los datos recopilados, las villas más afectadas por los ataques de los aventureros norte-americanos fueron Lampazos, Vallecillo, Villalda-ma y Sabinas Hidalgo. Mientras tanto, la adminis-

tración estatal trataba de regular los mecanismos de seguridad para poder gobernar. El Congreso del estado aprobaba en abril de 1849, la organización y disciplina de 715 hombres para la Guardia Nacio-nal.287

Las invasiones filibusteras fueron frena-das más por el rechazo de las propias autoridades norteamericanas, que por la débil defensa del Go-bierno mexicano. El Gobierno estatal y los nuevo-leoneses se enfrentaron después de la guerra con los angloamericanos, a tres enemigos comunes que pusieron a prueba su capacidad de resistencia. Entre 1840 y 1860, el Estado vivió una doble y di-ferente realidad: mientras las villas del norte eran amenazadas y saqueadas por los ataques de nó-madas, filibusteros y bandidos, los pueblos del sur mantuvieron su ritmo de vida normal, ajenos a las consecuencias de la guerra. Al lograr controlar las consecuencias de la guerra, el Estado y más propia-mente los comerciantes, iniciaron el desarrollo de la actividad comercial emergida como un efecto di-recto a partir de la guerra con los angloamericanos.


279

Anexos

1. Alcaldes de Monterrey en el periodo de 1808 – 1855

1808 alcaldes:

Fernando de UribeManuel Antonio De la Rígada e Inda

1809 alcaldes:

Pedro de ElizondoJuan José Lozano

1810 alcaldes:

José Antonio de la Garza y GuerraMatías de Sada

1811 alcaldes:

Bernardo Ussel y GuimbardaJosé Leonardo de la Garza

1812 alcaldes:

José ValeraJuan Francisco de la Penilla

1813 alcaldes:

Pedro Manuel de LlanoJosé Manuel de Arredondo Bernardo Ussel y Guimbarda

* El 20 de junio se elige nuevo ayuntamiento:

Fernando de Uribe José Froilán de Mier Noriega

1814 alcaldes:

Juan Antonio MújicaFrancisco Antonio Farias

1815 alcaldes:

José Froilán de Mier NoriegaJosé Antonio de la Garza y Guerra

1816 alcaldes:

Cap. Ret. José Francisco Bruno BarreraBernardo Ussel y Guimbarda

1817 alcaldes:


1818 alcaldes:


1819 alcaldes:

Cap. Ret. José Francisco Bruno BarreraJorge Soriano

1820 alcaldes:

Lic. José Alejandro de Treviño y GutiérrezSantos Uribe

1821 alcaldes:

Matías de LlanoFrancisco de Paula de Mier Noriega


280

1822 alcaldes:

Lic. José Alejandro de Treviño y GutiérrezJuan José de la Garza y TreviñoFrancisco Antonio de Farías

1823 alcaldes:

Francisco Bruno BarreraFrancisco Tomás de IglesiasBernardo Ussel y GuimbardaNicanor Martínez.

1824 alcaldes:

Francisco Bruno BarreraFrancisco del CorralJuan José Tamez

1825 alcaldes:

Julián de Llano Irineo CastillónManuel Treviño

* El 18 de abril de 1825 tomó posesión el primer Ayuntamiento Constitucional de Monterrey.

alcaldes:

Julián de ArreseAmbrosio de LlanoIrineo Castillón Felipe de la Garza

1826 alcaldes:

Manuel Ma. de LlanoFrancisco Tomás de IglesiasNicanor MartínezJuan José Martínez

1827 alcaldes:

Diego de Cenobio del ChicaIrineo CastillónJuan José de la Garza TreviñoPedro Cleto de AyalaJosé María de la Peña

1828 alcaldes:

Rafael de la GarzaIrineo Castillón Nicolás José de la Garza y GuerraLeandro Aguilar Antonio Chávez

1829 alcaldes:

Pedro de GonzálezManuel de UribeFrancisco Tomás de IglesiasVictoriano MartínezAntonio Chávez

1830 alcaldes:

Francisco Tomás de IglesiasNicolás José de la Garza y GuerraRafael de la GarzaJuan José Garza y TreviñoGregorio ZambranoJuan José Tamez

1831 alcaldes:

Irineo CastillónRafael de la GarzaMateo QuirósPedro de la Garza Ayala Juan de la Garza Ayala


281

1832 alcaldes:

Manuel Ma. de LlanoMateo QuirósVictoriano MartínezJosé Antonio ChávezJosé Antonio Tamez

1833 alcaldes:

Manuel Ma. de LlanoFrancisco IglesiasCamilo GutiérrezAntonio de la Garza Saldivar Antonio TamezJuan Nepomuceno Reyes

1834 alcaldes:

German de IglesiasPedro de Treviño y PereyraFrancisco Antonio de LlanoMacario TreviñoDesidero Tamez

1835 alcaldes:

Luis ZambranoSantiago GarcíaFrancisco Antonio de LlanoAntonio de AyalaLic. Luis G. MartínezAntonio Chávez

1836 alcaldes:

Leonardo AguilarJosé Justo CárdenasNicanor MartínezMateo Quirós José Ma. de la Garza y GarzaBlas Ma. Valdés 1837 continúa el Ayuntamiento anterior

1838 alcaldes:

Juan de la Garza AyalaFrancisco de IglesiasAntonio Tamez

1839 alcaldes:

German de Iglesias

El 2 de mayo toma posesión el nuevo ayuntamien-to.

Alcaldes:

Desiderio TamezGuadalupe TreviñoFrancisco de IglesiasJulio GutiérrezDarío Guerrero

El 19 de mayo se designa como alcalde 2º y 4º a Gregorio Zambrano y José Phillips.

El 22 de junio se nombra como alcalde 2º, 3º y 4º:

Manuel Antonio MoralesJacinto LozanoPedro Calderón

1840 alcaldes:

Rafael de la GarzaFelipe SepúlvedaFrancisco Tomás de IglesiasJuan Nepomuceno Reyes

1841 alcaldes:

Manuel Ma. de LlanoJoaquín QuirósDesiderio TamezFrancisco Tomas de Iglesias


282

1842 alcalde:

Desiderio Tamez

1843 alcaldes:

Antonio AyalaManuel del GarzaAntonio TreviñoJuan Nepomuceno Dávila

1844 alcaldes:

Lic. Manuel Antonio MoralesGerman de IglesiasGuadalupe TreviñoJulio Gutiérrez

1845 alcaldes:

Francisco Antonio de LlanoPelagio GaribayLic. Manuel de la Garza y GarzaRafael García

1846 alcaldes:

José Ma. de la Garza García.Antonio Treviño GonzálezJulio GutiérrezLic. Antonio Ayala

1847 alcaldes:

Lic. J. de Jesús Dávila y Prieto (hasta 22 de agos-to)Santiago GarcíaGregoriano ZambranoLic. Trinidad de la Garza y MeloAntonio Tamez y TreviñoRafael García.

1848 alcaldes:

Juan José de la Garza y TreviñoLic. Domingo Martínez

Antonio TamezLic. Santos de la Garza SepúlvedaPedro GómezLeandro Aguilar

1849 alcaldes:

José Ma. de la Garza y GarzaJuan José de la Garza y Treviño Gregorio ZambranoJulio GutiérrezAntonio TamezPablo José Carreño

1850 alcaldes:

Manuel María LlanoSantiago GarcíaGregorio Zambrano Rafael GarcìaFernando de la Garza

1851 alcaldes:

Gregorio ZambranoFelipe SepúlvedaLic. Manuel VillalónMariano de la GarzaJuan de la Garza Martínez

1852 alcaldes:

Felipe SepúlvedaPablo José Carreño Fernando de la GarzaRafael MartínezAntonio Treviño GonzálezLeandro Morales

1853 alcaldes:

Juan de la Garza MartínezMariano de la GarzaFernando de la GarzaMarín PérezMauricio de la Garza


283

1854 alcaldes:

Esteban TamezJuan de la Garza Martínez Felipe SepúlvedaJosé María Garza Calderón Rafael de la GarzaLic. Jesús M. AguilarRafael MartínezCornelio Martínez

1855 alcaldes:

José María GarcíaCor. Mariano ReyesCenobio Garza GonzálezFrancisco Quirós y MartínezLázaro Garza Ayala


284

Citas bibliográficas:

1. Archivo Histórico de Monterrey (AHM), Colec-ción: Actas de Cabildo, Volumen: 001, Expedien-te: 1596/001.

2. Recordando que el primer alcalde legal fue Gas-par Castaño de Sosa, nombrado así por Luis de Carvajal para la villa de San Luis.

3. Humanitas 2006. Anuario del Centro de Estu-dios Humanísticos de la UANL.Mty, 2006, Rfr. Israel Cavazos Garza, El Ayuntamiento de Monte-rrey en 1776-1822, p.644-645.

4. Humanitas 2006. Anuario del Centro de Estu-dios Humanísticos de la UANL.Mty, 2006, Rfr. Israel Cavazos Garza, El Ayuntamiento de Monte-rrey en 1776-1822, p.642-643.

5. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 33, 13 de febrero de 1849.

6. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 33, 1 de agosto de 1849.

7. AGENL, Colección: Correspondencia Alcaldes Primeros, Monterrey, Caja 33, 26 de septiembre de 1849.

8. Humanitas 2006. Anuario del Centro de Estu-dios Humanísticos de la UANL.Mty, 2006, Rfr. Israel Cavazos Garza, El Ayuntamiento de Monte-rrey en 1776-1822, p. 646.

9. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 003, Expediente: 1821/062.

10. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 13, 6 de diciembre de 1835.

11. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 13, 5 de noviembre de 1835.

12. Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Colección: Correspondencia de Al-caldes Primeros, Monterrey, Caja: 13, agosto 19 de 1835.

13. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 13, 31 de agosto de 1835.


15. AHM, Colección: Correspondencia, Volumen: 46, Expediente: 5, Folio: 5.

16. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1835/005, acta del 22 de enero de 1835.

17. AGENL, Colección: Correspondencia Alcaldes Primeros, Monterrey, Caja 13, 1 de abril de 1835.

18. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 13, 29 de abril de 1835.






285


24. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja: 13, 23 de julio de 1835.

25. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja: 14, 27 de mayo de 1836.

26. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1852/039, acta del 3 de mayo de 1852.


28. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1852/075, acta del 25 de octubre de 1852.


30. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1854/019, acta del 9 de marzo de 1854.

31. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1853/013, acta del 3 de febrero de 1853.

32. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1853/042, acta del 11 de julio de 1853.

33. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1853/051, acta del 22 de agosto de 1853.

34. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1838/073, acta del 29 de agosto de 1838.


36. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 14, 23 de enero de 1836.






42. AHM, Colección: Correspondencia, Caja: 75, Expediente: 6, Folio: 100.

43. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 13, 9 de abril de 1835.




286







52. AHM, Colección: Correspondencia, Caja: 34, Expediente:1, Folio: 6.

53. AHM, Colección: Misceláneo, Caja: 9, Expediente:22, Folio: 1.

54. Idem.

55. AHM, Colección: Misceláneo, Caja: 25, Expediente:7, Folio: 2.

56. Según la perspectiva norteamericana, la fronte-ra de Texas ampliaba sus límites hasta el río Gran-de (Bravo), por lo cual el territorio en disputa entre ambas naciones se centraba entre el río Bravo y el Nueces.

57. AHM, Colección: Guerra México-Estados Unidos, Caja: 2, Expediente: 2, Folio: 17.

58. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja 32, 16 de junio de 1846.


60. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1846/071, acta del 28 de septiem-bre de 1846.

61. Idem.

62. Idem.


64. Idem.


66. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1846/079, acta del 23 de noviem-bre de 1846.

67. Idem.



70. AGENL, Colección: Militares, Caja: 45, 15 de junio de 1847.

71. AGENL, Colección: Periódico Oficial, Sema-nario Político, 6 de octubre de 1846.

72. AHM, Colección: Guerra México Estados Unidos, Volumen 1, Expediente 1, Folio 28.

73. AHM, Colección: Guerra México Estados Unidos, Volumen 1, Expediente 13.

74. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1846/081, acta del 7 de diciembre de 1846.


287

75. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 999, Expediente: 1846/086, acta del 28 de diciem-bre de 1846.






81. AGENL, Colección: Militares, Caja: 46, 26 de diciembre de 1846.





86. AHM, Colección: Correspondencia, Volumen: 33, Expediente: 7 y 10.


88. AGENL, Memorias de José María Parás, 1850.

89. Idem.

90. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volumen: 003, años de 1815 y 1819.

91. AHM, Colección: Correspondencia, Cajas 5 y 8.

92. AHM, Colección: Correspondencia, Cajas 5 y 8.

93. AHM, Colección Guerra México-EEUU, Vo-lumen 3, Expediente 2, Folio 13.



96. Idem.


98. AGENL, Colección: Protocolos de Bartolomé García, Tomo: 9, Folio:198-200.

99. Durante cerca de un año, 1626-1627, la ciudad de Monterrey cambió su nombre por el de Villa de Cerralvo por instrucciones del gobernador Zavala.

100. AHM, Colección Civil, Volumen 2, Expe-diente 2.

101. AHM, Colección: Mapas, Mapa de la ciudad de Monterrey del año de 1791, por Juan Crouset.

102. Idem.

103. Véase plano de la “nueva ciudad” del año de 1796, trazado por Juan Crouset, sito en el libro “Barbecho del tiempo”, Monterrey, 1995.

104. AHM, Colección: Misceláneo, Volumen: 31, Expediente: 1.

105. AHM, Colección Principal, Volumen 4, Ex-pediente 13.

106. AHM, Colección Civil, Volumen 161-A, Ex-pediente 1-F.


288

107. AHM, Colección Correspondencia, Volumen 126, Expediente 6, Folio 28.

108. AHM, Colección Actas de Cabildo, Volumen 003, Expediente 1814/005.

109. AHM, Colección: Civil, Volumen 195, Expe-diente 11.

110. AHM, Colección Correspondencia, Volumen 3, Expediente 19.

111.AHM, Colección Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1826/040.

112.AHM, Colección Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1832/021.

113. AHM, Colección Misceláneo, Volumen 2, Ex-pediente 15, Folio 60.

114. AHM, Colección Misceláneo, Volumen 31, Expediente 1.

115. Idem.

116. Idem.

117. AHM; Colección Mapas, Mapa de la ciudad de Monterrey por Isidoro Epstein hecho en 1865.

118. AHM, Colección Protocolos, Volumen 42, Ex-pediente 157.

119. AHM, Colección: Actas de Cabildo, 1859/044, 7 de noviembre de 1859.


121. Siglas que refieren a las palabras del Muy Ilus-tre Ayuntamiento, nombre oficial que tenía la insti-tución municipal.


123. AHM, Colección Correspondencia, Volumen 12, Expediente 7.

124. AHM, Colección Correspondencia, Volumen 16, Expediente 6, Folio:4.







131. AHM, Colección: Correspondencia, Volumen: 16, Expediente 5, Folio 8.

132. AHM, Colección: Civil, Volumen: 267, Ex-pediente: 14.


134. AGENL, Protocolos de Bartolomé García, Tomo 13, Folios 147-149.

135. AHM, Colección: Correspondencia, Volumen: 30, Expediente:8, Folio: 42, 27 de julio de 1831.

136. Medina, Enriqueta y Arreola, Federico. Don José Calderón Penilla, precursor del desarrollo in-dustrial de Nuevo León. Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 1994, p. 11.

137. AHM, Colección: Correspondencia, Volumen: 21, Expediente: 3, Folio: 14, 20 de marzo de 1829.


289

138. AHM, Colección: Correspondencia, Volu-men: 30, Expediente: 8, Folio: 42, 27 de julio de 1831.

139. AHM, Colección: Actas de Cabildo, Volu-men: 999, Expediente: 1837/043, 26 de junio de 1837.

140. AHM, Colección: Correspondencia, Volu-men: 71, Expediente: 1, Folio: 13, enero de 1843.


142. AHM, Colección: Guerra México-EEUU, Volumen: 1, Expediente: 4, Folio: 25.


144. AGENL, Protocolos de Bartolomé García, Tomo 9, Folios 198-200.

145.José Sotero Noriega, capellán del ejército mexi-cano durante las batallas de Monterrey, escribió una de las pocas crónicas de los acontecimientos antes y durante el asalto armado a la ciudad. Él refiere el término de ciudad santa de la frontera a Monterrey por causa de que nunca había sido víc-tima de una batalla en grandes dimensiones tal y como se esperaba.




149. AGENL, Colección: Periódico Oficial, Sema-nario Político, 22 de junio de 1846.

150. José Sotero Noriega, “El Sitio de Monterrey”, en González, Miguel y Morado César, Monterrey

Ocupado. Fondo Editorial Nuevo León, Monte-rrey, 2005, p. 170.

151. Idem.



154. AGENL, Colección: Correspondencia de Al-caldes, Monterrey, Caja 32, 16 de junio de 1846.



157. AGENL., Colección: Correspondencia Alcal-des, Cerralvo, Caja 13, 4 de julio de 1846.



160. AGENL, Colección: Correspondencia Alcal-des, Linares, Caja 9, 26 de julio de 1846.

161. AGENL, Colección: Militares, Caja 42, 14 de abril de 1846.

162. AGENL, Colección: Militares, Caja 42, 4 de abril de 1846.

163. AGENL, Colección: Correspondencia Go-bernadores, Caja 13, 12 de septiembre de 1846.

164. AGENL, Colección: Periódico Oficial, Sema-nario Político, 27 de agosto de 1846.

165. José Sotero Noriega, “El Sitio de Monterrey”, en González, Miguel y Morado César, Monterrey


290

Ocupado. Fondo Editorial Nuevo León, Monte-rrey, 2005, p. 171.






171. AGENL, Colección: Militares, Caja: 45, 17 de septiembre de 1846.




175. José Sotero Noriega, “El Sitio de Monterrey”, en González, Miguel y Morado César, Monterrey Ocupado. Fondo Editorial Nuevo León, Monte-rrey, 2005, p. 174.

176. Este fortín abarcaba las actuales calles de Juá-rez, Tapia, Guerrero e Isaac Garza.

177. AGENL, Colección: Militares, Caja: 45, 14 de agosto de 1846.

178. AGENL, Colección: Militares, Caja: 45, 11 de agosto de 1846.

179. Véase José Sotero Noriega, “El Sitio de Mon-terrey”, en González, Miguel y Morado César, Monterrey Ocupado. Fondo Editorial Nuevo León, Monterrey, 2005, p. 173.



182. Ahmed Valtier. María Josefa Zozaya, la heroína de la batalla de Monterrey, en Revista Atisbo, No. 10, p. 24.


184. Thorpe, Thomas. Our army at Monterrey, in-forme de las batallas de Monterrey por el general Zachary Taylor (traducción Pablo García Gonzá-lez), p. 155-164.


186. Ahmed Valtier. “¡Ya nos cargó Satanás…!”. Siete cartas inéditas y su contexto en la invasión nor-teamericana, en Humanitas. UANL, Monterrey, 2005, p. 701.

187. Ahmed Valtier. Fatídico asalto a Monterrey, en Revista Atisbo, No. 4, p. 20.



291



191. Ahmed Valtier. “¡Ya nos cargó Satanás…!”. Sie-te cartas inéditas y su contexto en la invasión nor-teamericana, en Humanitas. UANL, Monterrey, 2005, p. 704.

192. Bertha Villarreal de Benavides. Testimonio epistolares del sitio de Monterrey, en Humanitas. UANL, Monterrey, 2005, p. 674-675.

193. Alba Garza Acuña. Apuntes de algunos cemen-terios de Monterrey, en Humanitas. UANL, Mon-terrey, 2004, p. 838-839.


195. Ahmed Valtier. María Josefa Zozaya, la heroína de la batalla de Monterrey, en Revista Atisbo, No. 10, p. 24.





200. Bertha Villarreal de Benavides. Testimonio epistolares del sitio de Monterrey, en Humanitas. UANL, Monterrey, 2005, p. 677.



203. The rouge and ready annual: or military souve-nir. New Cork: D. Appleton and Co. 1848, pp. 81-82, citado por Raúl Martínez Salazar. Sangre y fuego en las calles de Monterrey. La invasión de tropas estadounidenses. Topo Grande, Escobedo, N.L., 2006, p. 28.

204. Alba Garza Acuña. Apuntes de algunos ce-menterios de Monterrey, en Humanitas. UANL, Monterrey, 2004, p. 843.





209. AGENL., Colección: Periódico Oficial (1846), Semanario Político, 6 de octubre de 1846210. AHM, Colección: Guerra México-EEUU, Volumen: 1, Expediente: 1, Folio: 28.


292


212. AHM, Colección Guerra México Estados Unidos, Volumen 1, Expediente 8, Folio 3.



215. AGENL, Colección: Militares, Caja: 45, 15 de junio de 1847.

216. AHM, Fondo Cuartel Maestre Americano, Sección Correspondencia, Serie Políticos, Colec-ción Guerra México Estados Unidos, Volumen 1, Expediente 1, Folio 12.


218. Ibid, 24 de enero de 1847.

219. AGENL, Colección: Correspondencia de Al-caldes, Lampazos, Caja 7, 1 de septiembre de 1847.

220. Miguel González en Herrera Serna, Laura (compilador) México en Guerra (1846-1848) .Con-sejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1997, p. 444.

221. AGENL, Colección: Periódico Oficial (1846), Semanario Político, 31 de agosto de 1846.

222. AGENL, Colección: Militares, Caja: 46, 3 de febrero de 1847.


224. AGENL, Colección: Militares, Caja: 45, 13 de enero de 1847.

225. AHM, Colección Guerra México Estados ni-dos, Volumen: 1, Expediente 3.

226. AHM, Colección Guerra México Estados Unidos, Volumen: 1, Expediente 3, 26 de diciem-bre de 1846.

227. AHM, Colección Guerra México Estados Unidos, Volumen: 2, Expediente 2, Folio 16.


229. Miguel González en Herrera Serna, Laura (compilador) México en Guerra (1846-1848) .Con-sejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1997, p. 455.

230. Primer Gobernador del Estado y miembro de la élite política local que manejaba los destinos de Nuevo León desde la década de 1820.

231. AGENL, Colección: Correspondencia de Al-caldes, Marín, Caja 8, 8 de abril de 1848.


233. AGENL, Memorias, José María Parás, 1850.

234. Véase AHM, Colección Guerra México Esta-dos Unidos, Volumen: 3, Expediente 4, Folios 5 y 6. El contenido aproximado de estos documentos son de alrededor de 200 fojas.


236. Idem.


238. AGENL, Colección: Correspondencia de Al-caldes, Monterrey, Caja: 38, 12 de mayo de 1853.


293

239. Bertha Villarreal de Benavides. Monterrey ante la invasión norteamericana, en Humanitas. UANL, Monterrey, 2001, p. 610.

240. Mario Cerutti, en Garza Guajardo, (1991), p. 209.

241. AGENL, Colección: Periódico Oficial (1848), Semanario Político, abril 6 de 1848.

242. Conflicto que para muchos norteamericanos pudo haber sido la puerta de entrada de una poten-cia europea al continente americano.

243. AGENL, Colección: Periódico Oficial (1848), Semanario Político, junio 8 de 1848.

244. John R. Kenly, 1873, citado por González (a), en Herrera Serna, (1997), p. 444.

245. Mario Cerutti, en Garza Guajardo, (1991), p. 203.

246. AGENL, Colección: Correspondencia de Al-caldes, Cerralvo, Caja 14, 31 de enero de 1851.



249. AGENL, Colección: Correspondencia de Al-caldes, Cerralvo, Caja 14, 31 de octubre de 1852.

250. AGENL, Colección: Correspondencia de Gobernadores, Caja 1810-1821, 18 de diciembre de 1820.

251. AHM, Colección Impresos II, Volumen 4, Ex-pediente 8, Folio 1.



254. AGENL, Colección: Militares, Caja: 42, 7 de abril de 1845.

255. AGENL, Periódico Oficial (1846), Semanario Político, 14 de marzo de 1845.

256. AGENL, Colección: Correspondencia: Alcal-des Primeros, Lampazos, Caja: 8, 6 de diciembre de 1848.

257. AGENL, Colección: Concluidos, Expedien-tes CL36/618, Vallecillo, 11 de abril de 1850. Marín, 29 de septiembre de 1853.

258. AGENL, Colección: Correspondencia: Alcal-des Primeros, Cerralvo, Caja: 51, 8 de febrero de 1851.

259. AGENL., Periódico Oficial (1850), El Órgano Oficial, 25 de abril de 1850.

260. AGENL, Colección: Correspondencia: Al-caldes Primeros, Monterrey, Caja: 38, 3 de febrero de 1854.

261. AGENL, Colección: Correspondencia: Alcal-des Primeros, Monterrey, Caja: 38, 18 de noviem-bre de 1852.

262. Archivo del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León (AHCENL), Decreto 8, 25 de abril de 1850.

263. AGENL, Colección: Periódico Oficial (1846), Semanario Político, 16 de julio de 1846.

264. Joseph Chance, citado por Miguel González, 1997, p. 456.



294

266. AHCENL, Expedientes, Caja: 14, 18 de mayo de 1848.

267. AHCENL, Expedientes, Caja: 14, 29 de agos-to de 1848.

268. AHCENL, Expedientes, Caja: 14, 24 de mar-zo de 1850.

269. AGENL, Colección: Correspondencia de Al-caldes, Guadalupe, Caja: 3, 21 de julio de 1851.

270. AGENL, Colección: Correspondencia de Alcaldes, Monterrey, Caja: 37, 8 de septiembre de 1853.

271. AHM, Colección Actas de Cabildo, Volumen 031, Expediente 1852/075, acta del 25 de octubre de 1852.

272. AHM, Colección Correspondencia, Caja: 90, Expediente 10, Folio: 2.

273. AGENL, Colección: Correspondencia de Alcaldes, Lampazos, Caja: 8, 3 de septiembre de 1848.

274. AGENL, Colección: Correspondencia de Alcaldes, Lampazos, Caja: 8, 7 de noviembre de 1848.

275. AGENL, Colección: Periódico Oficial (1848), Semanario Político, 20 de julio de 1848.

276. AHCENL., Expedientes, Decreto 35, 1 de abril de 1845.


295

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Directorio

Idea y ProyectoAdalberto Madero Quiroga

Coordinación GeneralJosé Antonio Olvera

Coordinación EjecutivaEduardo Cázares

Coordinación EditorialErnesto Castillo

Coordinación de DiseñoMónica Arroyo

Diseño GráficoWendolyne AlemánBelinda Wong

ImagenMelissa Villarreal

FotográfosEric LaraJesús EscandónDiana SalazarBrenda SánchezJessica JaramilloTere González

Correctores de estiloAbel GarzaAna NarváezLuis Enrique GómezRodrigo NavarroJosé Ángel AnguianoTeresa Villarreal

Agradecimientos:Archivo General del Estado de Nuevo León, Archivo Municipal de Monterrey, Museo de Historia Mexicana, Biblioteca Central Fray Servando Teresa de Mier, Fototeca del Estado de Nuevo León, Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Capilla Alfonsina de la UANL, Museo de las Armas Nacionales de Lampazos, N.L.

Esta obra se terminó de imprimir en septiembre de 2009,en los talleres de Imprenta Plata Monterrey, Nuevo León. Se tiraron 1000 ejemplares más sobrantes para reposición.

monterrey origen y destino

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