la planeaciÓn democrÁtica para el...

Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA

EL DESARROLLO MUNICIPAL

Dr. Eusebio Arnulfo Cordero Méndez

Dr. Juan Liborio Morales Martínez

RESUMEN

La falta de planeación del desarrollo municipal, es un proceso colectivo de comunicación directa

entre vecinos y comunidades locales, quienes analizan y discuten sus problemas en la prestación de

los servicios públicos y a la promoción de su desarrollo.

Un elemento clave para avanzar hacia una articulación efectiva entre democracia política en

las condiciones sociales de las comunidades y la participación social, lo que se traduce en un orden

democrático municipal con estabilidad, que es una condición básica para el desarrollo municipal y

hacer efectiva la planeación estatal, y en la formulación del plan, se tomen en consideración las

necesidades y problemas de los municipios.

El desarrollo municipal se debe planear dentro de un contexto en donde los elementos

sociales juegan un papel relevante en el proceso de cambio social y progreso económico.

La planeación del desarrollo municipal tiene sus propias características, que lo diferencian

de la planeación global o nacional como de la sectorial y de la regional. La especificidad que tiene

la política de afinidad del desarrollo local y de su consistencia interna para asegurar la debida

vinculación entre los objetivos, estrategias e instrumentos.

Lo que facilita la tarea de definir supuestos teóricos, metodológicos organizacionales a

partir de considerar al municipio como una instancia autónoma, con capacidad para echar a andar

programas de servicios públicos, programas sectoriales y proyectos. Abordar particularmente la

planeación urbana, cuya importancia en el ejercicio del gobierno municipal es múltiple. A todo ello

se agrega que la planeación urbana es una competencia exclusivamente municipal establecida en el

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ziccardi,2003:129).

ABSTRACT


DEMOCRATIC PLANNING FOR THE MUNICIPAL DEVELOPMENT

The lack of planning of the municipal development, where there is no communication between

neighbors and local communities. An important element to advance towards an effective relation

between political democracy in the social conditions of the communities, it is necessary to take in

consideration the demands and problems of the municipalities. The planning of the municipal

development and its characteristics that separate it from the global or national planning, It

considered as an autonomous instance, with aptitude to begin to cover programs of public services,

sector programs and projects; as well as the urban planning, which is an exclusively municipal

competition.

PALABRAS CLAVE: La Planeación Municipal, desarrollo municipal, gobierno, participación

social y democracia

KEY WORDS: Municipal planning, municipal development, government, social participation,

democracy

SUMARIO

1. Introducción

2. Planeación Municipal

3. Estrategias

4. Identificación territorial de la zona Metropolitana

5. Implicaciones si no se lleva a cabo la propuesta

6. Un nuevo paradigma de planeación para el desarrollo en Puebla

7. Conclusión

1. Introducción


La planeación democrática municipal considerada como instrumento de gobierno y de acción para

el desarrollo municipal, debe responder a la voluntad y al deseo mayoritario de la comunidad para

coordinar el esfuerzo colectivo, orientar las acciones y apoyar el cambio social y el progreso

económico sustentado en la estrategia global en las directrices políticas del Estado, derivado del

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Entender por Planeación Municipal como un instrumento de la gestión del gobierno que

debe responder a la voluntad y al deseo mayoritario de la comunidad, para coordinar el esfuerzo

colectivo, orientar las acciones, apoyar el cambio social y el progreso económico, sustentado en la

estrategia global de la Federación, las Entidades Federativas y Municipios (Salazar,1990:29).

Planeación –como acto y efecto de proyectar- es tan arcaica como el hecho de prever y

concebir futuras acciones. Lo que acontece en la realidad es que cada gobierno –entendido este

como un cuerpo especializado y privilegiado de individuos que monopolizan la toma de decisiones

políticas- aporta sus ideas, su peculiar manera de enfocar los problemas, y así surgieron nuevas

instituciones, sobreviviendo algunas y siendo descartadas otras.

Los objetivos de la planeación se determinarán en función de los fines que la carta magna

prevé para el proyecto de nación que se quiere hacer de México. En este tenor se establece que la

planeación será – democrática - mediante la participación de los diversos sectores sociales, se

recabarán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de

desarrollo. Es decir, es el proceso y el resultado del crecimiento de los centros de población, los

cuales se integran para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, aunque las distintas

unidades que lo integran pueden mantener su independencia funcional y dinámica. Cada uno de

ellos presenta una organización de espacio propia y no requieren de la continuidad física de los

espacios construidos.

Planeación municipal es un instrumento de política pública para lograr el desarrollo de

ciudades, para remediar los problemas que les afectan. Esta visión de la participación social le da

pleno sentido a la integración de la población. En esta época es vital reglamentar el crecimiento de

los centros de población, pero también es trascendental comprender que el Municipio debe estar a

cargo de la gestión del territorio relacionado con la zonificación y planeación urbana, del

otorgamiento de permisos de cambio de uso del suelo para el suministro de servicios públicos

elementales.

Es importante que en el plan se incluya el panorama actual del municipio y los objetivos

que se pretenden alcanzar. Modernizar la infraestructura productiva del municipio fomentando la

transformación de la planta actual de empresas seguras y con un estricto control en la emisión de

contaminantes. Capacitar la mano de obra local a efecto de contar con una población mejor

preparada para integrarse a la estructura económica local.


En el ordenamiento territorial, se debe establecer claramente los límites físicos al

crecimiento de las áreas urbanas, controlando, con estricto apego a la normatividad, la autorización

de nuevos espacios habitacionales o la ampliación de los ya existentes. Por ello indispensable en

repensar en un nuevo paradigma de planeación para desarrollo local y regional que permita

eficientar la gestión publica y la acción ciudadana.

2. Planeación Municipal

Por Planeación Municipal se entiende, como una técnica administrativa que facilita la toma de

decisiones, y que se aplica para perfeccionar la transformación profunda de la realidad local,

apoyada en una correlación favorable de fuerzas y con un esquema de valores que apunta hacia una

sociedad más igualitaria, acorde con una voluntad nacional bien definida por el gobierno central.

En este sentido se debe dar al unísono la simplificación y modernización administrativa

pública municipal, de tal forma que incremente los ingresos municipales a través de una mejor y

más eficiente recaudación, sustentada en la ampliación y automatización del padrón de

contribuyentes más que en el incremento de las bases gravables; diversificar las fuentes de

captación de recursos, mediante la incorporación de impuestos provenientes de fondos de

financiamiento internacional; introducir sistemas eficientes de atención al cliente reduciendo

tiempos de respuesta por parte de los servidores públicos. Fomentar la reingeniería de procesos

administrativos que permitan simplificar trámites, ahorrar recursos y hacer más eficiente el tiempo

de los servidores públicos; propiciar programas continuos de capacitación para el personal de la

administración para elevar su rendimiento, desarrollar habilidades y promover el cambio de

actitudes.

Tener el control para el desarrollo y reordenamiento del área urbana; modernizar, eficientar

y desregular los trámites administrativos para lograr una administración transparente; realizar

trabajo compartido en asuntos municipales a efecto de lograr una entidad municipal con mayor

participación en la coordinación metropolitana. Se debe buscar posibles soluciones y mejoras que

permitan hacer un balance de los beneficios que probablemente ocasione la reanudación en sus

funciones de la dirección de planeación en el municipio. Esto presupone coordinar la acción y la

participación de los diversos grupos y sectores sociales de la comunidad, para que delimiten sus

intereses en función de sus fuerzas, y dentro del marco normativo de respeto a la regulación,

conciliación y acuerdo político; proceso cuyo resultado positivo se reflejará en la aceptación del

plan que sustenta el desarrollo municipal integral.

La percepción de la planeación municipal, conduce a la necesidad de sistematizar las

premisas que sustentan ese proceso, y se puede afirmar que consiste en aplicar los principios: 1)

facilitar a los presidentes municipales el ejercicio del poder y la administración del desarrollo

local;2) racionalizar la asignación de los recursos locales; 3) el ordenamiento territorial y el


suministro de servicios públicos; 4) ampliar la capacidad empresarial y de promoción de actividades

socioeconómicas, políticas y culturales, para coadyuvar con los cambios estructurales del país; 5)

crear condiciones para que los Ayuntamientos puedan –con la participación de la población- fijar

metas, estrategias y prioridades locales; 6) y modernizar la gestión municipal, para facilitar la toma

de decisiones, la delimitación de responsabilidades, y la fijación del tiempo de ejecución de los

programas, proyectos y tareas, así como la coordinación, el control y la evaluación de resultados.

Estos principios deben ser congruentes con aquellos que sustentan a la Planeación Federal – y a la

estatal- porque la Planeación Municipal tiene una vinculación íntima con lo global y lo local.

Se observa que la normatividad vigente define el significado y las funciones que tienen los

mecanismos de planificación territorial. Es allí donde se precisan sus alcances y formas de operar

con respecto a las tareas de identificación y jerarquización de las necesidades básicas de población,

y cómo se deban integrar – en forma congruente con las prioridades estatales y municipales- para

utilizar adecuadamente estos espacios.

Aquí asume jerarquía la vinculación entre los objetivos, las estrategias e instrumentos, así

como la regulación de las actividades de tipo institucional que tienen directa relación con la reserva

territorial. Por ello, tienen gran importancia las bases jurídicas y la reglamentación existente, con

respecto a la planeación municipal, en los diferentes órdenes o ámbitos de gobierno, dado que es

fundamental precisar las funciones, objetivos y responsabilidades que se tienen en materia de

formulación, ejecución y control de planes y programas. Además, hay que saber distinguir las

atribuciones y competencias, así como el sentido que tiene la rectoría económica en el nivel federal,

estatal y municipal.

Existen las condiciones legales para hacer del Municipio una comunidad organizada –y más

participativa- ampliando su capacidad empresarial, política, jurídica y administrativa, de tal manera

que le dé sentido a la planeación del desarrollo socioeconómico y cultural en el nivel local.

El problema de la no planeación del desarrollo municipal se puede concebir como un

proceso de falta de comunicación directa entre vecinos y comunidades locales, quienes deberían

analizar y discutir sus problemas referentes a los servicios públicos y a la promoción del desarrollo.

Esta visión amplia de la planeación municipal debe entenderse como: Un largo proceso de

aprendizaje social, como un juego social e institucional en que los hombres crean e inventan formas

nuevas de acción con el fin de transformar su propia realidad.

Esta visión de la participación social y de la ampliación de la democracia municipal, le da

sentido a la integración y unidad de la población de las localidades en función de sus problemas y

de la manera de resolverlos conjuntamente con las autoridades municipales, al mismo tiempo que

señalan un camino para el cambio cualitativo de las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno,

abriendo una posibilidad cierta para la concentración y el acuerdo político.


Lo anterior es un elemento clave para avanzar hacia una articulación efectiva entre

democracia política en las condiciones sociales que muestran las comunidades y la participación de

la población, lo que hace visible un orden democrático municipal con estabilidad.

La búsqueda de un orden democrático con estabilidad a nivel local, es una condición básica

para promover el desarrollo municipal y hacer más efectiva una planeación estatal, en donde para la

formulación del plan respectivo, se tomen en cuenta las necesidades y problemas de sus municipios.

Estos planteamientos implican profundizar en los nuevos enfoques teóricos del desarrollo

local, tomando en cuenta los principios de igualdad, libertad y democracia como valores

significativos del concepto de autonomía local, así como las ideas de autosuficiencia, del concepto

de control social, de las necesidades básicas de la coparticipación y autogestión en las empresas y

del concepto de ecodesarrollo o desarrollo sin destrucción del medio ambiente, entendido este

último como un crecimiento en armonía con los ecosistemas, lo que nos ayudaría a buscar

tecnologías apropiadas a la realidad geográfica local ajustada a los valores culturales de cada

municipio, todo esto contribuye a la creación de condiciones para encauzar en una realidad al

gobierno y administración municipal.

3. Estrategias

La idea de desarrollo municipal se debe plantear dentro de un contexto en donde los elementos

sociales juegan un papel relevante en los procesos de cambio social y progreso económico, insertos

en los objetivos y estrategias del plan estatal, respetando o conservando un grado de autonomía y

descentralización, pero sin caer en planteamientos tan amplios. En la realidad estatal, se aceptan

estas visiones amplias cuando se considera como necesario para el desarrollo municipal una

planeación desde arriba, sobre bases orientadoras que tengan su efecto en los municipios, en donde

se fijan metas aceptables y apropiadas mediante el dialogo y consulta popular.

Esta visión permite la evaluación de nuevas alternativas para el desarrollo municipal y

facilita el análisis bajo una nueva perspectiva de las experiencias pasadas y de los problemas a que

se encuentra la coyuntura actual.

Se puede decir que ello corresponde a fases históricas de una amplia experimentación en

técnicas y procedimientos de planeación para convocar el cambio y desarrollo local, así como de

nuevos modos de articulación entre el poder central y el poder municipal, así como de nuevas

formas para darle solvencia al juego institucional que ocurre en el ámbito municipal.

Se afirma que la planeación del desarrollo municipal tiene sus propias características, las

que se diferencian tanto de la planeación global o nacional como de la sectorial y de la regional.

Esta distinción tiene su significado en las características generales que posee una política

planificada de desarrollo general, la cual puede ser de afinidad como un proceso complejo de

cambio que supone transformaciones de la base social, en el comportamiento institucional, en la


forma de fijar criterios para la asignación de recursos en la toma de decisiones y en la forma de

aumentar las inversiones, acciones y obras, cuyos resultados se trata de materializar en periodos

cortos de tres años y no de periodos prolongados.

Estas características propias de la planeación del desarrollo municipal, tienen su

importancia para la especificidad que tiene la política de afinidad del desarrollo local y de su

consistencia interna, para asegurar la debida vinculación entre los objetivos, estrategias e

instrumentos.

Esto facilita la tarea de definir supuestos teóricos, metodológicos u organizacionales a partir

de considerar al municipio como una instancia autónoma, con capacidad para echar a andar

programas de servicios públicos, programas sectoriales y proyectos por localidades.

Lo que permite hablar de otra connotación, que es la que distingue a la planeación del

desarrollo municipal como un subsistema de la planeación estatal y de considerar al plan municipal

como parte integrante del plan de desarrollo estatal, el cual toma sus orientaciones generales para

ajustar los objetivos, estrategias, prioridades y metas del plan municipal.

Lo anterior le daría sentido a un sistema de funcionamiento de la planeación que es

congruente con la división política y administrativa del Estado, así como con la regionalización

establecida, aceptando que no obstante la autonomía municipal existe, un reconocimiento a las

competencias, atribuciones y jerarquías del ayuntamiento, en función de la normatividad vigente y

del espíritu de garantizar y respetar las autonomías respectivas de los tres órdenes de gobierno,

respaldadas por el pacto federal y la relación: Federación, Estado, Municipio.

En este contexto se puede decir que la planeación municipal se vincula al sistema nacional y

estatal de planeación al tomar en cuenta a las directrices globales y estatales, con respecto a la

formulación de los planes municipales. Por otra parte se relaciona a la actividad municipal con la

planeación sectorial y regional, particularmente en lo espacial. Se obtendrá así una vinculación

directa con la planeación microregional, realizada por las dependencias que operan según una

directa vinculación con el gobierno estatal.

Esta connotación de funciones del municipio ha significado -indudablemente- la

vigorización de su actividad planificadora. Esto ha requerido que la administración estatal

promueva las asesorías en materia de planeación, y que estimule a los Municipios para que integren

sus correspondientes planes de desarrollo. Esto constituye –evidentemente- una forma de apreciar

cómo se relaciona la planeación municipal, con el sistema estatal y nacional de planeación

democrática.

En relación a reserva territorial es el esfuerzo organizado para utilizar la inteligencia social

en la determinación de la política nacional. Esta planificación se basa en los datos cuidadosamente

recogidos -y analizados- sobre los recursos, es una visión de conjunto que abarca los distintos

factores para evitar conflictos de propósitos o faltas de unidad en la orientación general. La


planificación se basa en “la consideración de nuestros recursos y trayectorias, con el mayor

cuidado posible, y la atención que los planificadores prestan a los problemas que van surgiendo,

para tratar de determinar pautas a largo plazo (Serra,2000:268).

Planeación territorial es realmente la defensa de los pueblos, porque a través de ella se

protegen los elementos que la política incuba en los altos puestos directivos de la Administración

Pública. La época de las improvisaciones afortunadamente ha disminuido, y hoy se privilegia la

estructuración tecno-científica del Estado. El gobernante ya no tiene derecho a improvisar

soluciones que la reflexión ha depurado, pues a él corresponde -con amplio margen- adoptar las

soluciones políticas que se susciten.

Toda planificación consiste en la disposición de las partes -o de los miembros en una unión

funcional- para cooperar en un proyecto deseable para los derechos humanos. Por consiguiente, la

planificación siempre será el segundo paso en la forma proyectista de la experiencia humana, que

tiene cuatro fases: la necesidad sentida; la interpretación reflexiva; el control social; y la apreciación

estética.

La acción de planeación es utilizada -a menudo- para denotar la elaboración técnica de los

medios para la aplicación de una política que se considera dada de antemano. Este uso de la palabra,

sin embargo, oscurece un elemento importante del concepto de planeación: lejos de estar dada a

priori, una política económica necesita ser planteada o diseñada. Por citar un ejemplo en la

planificación Francesa y su Adaptabilidad a los Países en Vías de Desarrollo –artículo periodístico

de Álvaro de Albornoz de la Escosura- percibimos que el objetivo esencial de la planificación es

manejar, de conformidad con los intereses de la comunidad, los recursos disponibles, y por eso es

difícil argumentar que la responsabilidad de dicho proceso pueda ser aislada del gobierno. Por otra

parte, la planificación por su condición de técnica –de procedimiento para actuar- es neutra; no es ni

buena ni mala en sentido ético. En cambio, puede ser eficaz o ineficaz. Puede o no, conducir “a la

obtención de los objetivos deseados, porque la planificación en sí, dada su neutralidad, no contiene

en esencia ningún fin implícito más que el que quiera dársele antemano (Serra,2000:271).

Se trata de crear instrumentos de planeación urbana técnicamente sólidos y producidos con

la participación ciudadana e investigadores de las distintas áreas, que han manifestado que no se

trata de desregular el uso del suelo para que sea el mercado el que lo regule, sino que se trata de

crear mejores regulaciones, que permitan fundar un ejercicio de gobierno eficaz y además

modernizar el actual marco normativo urbano metropolitano con los nuevos enfoques y

aportaciones teórico-prácticas de otras disciplinas de más reciente incursión en los temas urbanos,

tales como la ecología, la economía, la sociología y en particular el enfoque del derecho urbanístico,

para ello es necesario fortalecer la administración municipal para que pueda enfrentar tareas tales

como la promoción del desarrollo económico local y la generación de empleos, así como también

crear instrumentos de representación ciudadana plurales incluyentes eficaces.


4. Identificación territorial de la zona Metropolitana.

En los municipios que conforman el Estado de Puebla, principalmente los considerados como parte

de la zona metropolitana de la ciudad capital, en los que la planeación urbana puede considerarse

una etapa de la política urbana, en la que se elabora conceptualmente un modelo de ciudad, se

definen los principales objetivos de la acción pública y se formula una estrategia para alcanzarlos en

términos de acciones, inversión, corresponsabilidad institucional, social, y demás instrumentos.

Esta propuesta interesa abordar particularmente la cuestión de la planeación urbana, cuya

importancia en el ejercicio del gobierno municipal es múltiple. A todo ello se agrega que la

planeación urbana es una competencia exclusivamente municipal, establecida en el artículo 115

constitucional.

Es conveniente recordar que en México las autoridades municipales son las principales

responsables de la gestión del territorio, en lo relacionado con la zonificación y planeación urbana,

la creación y la administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra,

el otorgamiento de licencias de construcción y el suministro de los servicios públicos básicos agua

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado

público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y

centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad

pública, policía preventiva municipal y tránsito.

Para el cumplimiento de estas funciones relacionadas con la provisión de los servicios

públicos, el mismo precepto 115 constitucional, prevé que los municipios de un mismo Estado

podrán coordinarse o asociarse para hacerlo con eficacia.

El fracaso de muchos proyectos de desarrollo rural se debe, según las evaluaciones de esos

programas, a fallas en la coordinación de las dependencias centrales entre sí, y con los gobiernos

estatales y municipales.

Una pésima coordinación se traduce en pugnas de los intereses locales con las decisiones de

las instancias federales que aprueban las inversiones públicas.

Los programas de inversión pública muchas veces se detienen y es preciso comentarlo, por

la ausencia de prioridades, por la multiplicación de canales de financiamiento, por intereses

políticos o porque alguna entidad ejecutora fracasa en el cumplimiento de las acciones que le

corresponden.

En otras ocasiones, los municipios conocen los proyectos que ordenan los órganos centrales

sólo hasta que se ponen en marcha, lo que es un síntoma de menosprecio por la calidad de la

participación local.

La distancia entre las decisiones del gobierno local y las condiciones sociales de las

comunidades se amplió durante el periodo comprendido entre los años 1940 y 1970. Este


distanciamiento causó dispendios, provocó problemas de mantenimiento y en ocasiones implicó el

uso inadecuado e insuficiente de las obras construidas. Por ello mismo, frecuentemente “la

comunidad y los gobiernos locales se sintieron ajenos y dejaron de participar en la solución de los

problemas” (Salinas,1992:242).

La coordinación entre la federación, los Estados y los Municipios, también se hizo difícil

porque existían problemas derivados de la rigidez de las estructuras administrativas burocratizadas

fenomenalmente, que imposibilitaron un trabajo ágil y eficiente. Se ha determinado que la falta de

coordinación se produjo habitualmente porque no se disponía de la información suficiente.

Los ayuntamientos demandan y requieren sistemas de información que les permitan conocer

oportunamente, en sus condiciones y detalles, los programas centrales que atañen a su desarrollo,

para incorporarse a dichos esquemas y obtener apoyos directos con alternativas técnicas adecuadas

en viabilidad, costos de inversión y mantenimiento. Al mismo tiempo, los gobiernos centrales y

estatales necesitan flujos de información local actualizada, para proceder con mayor precisión:

horizontal y vertical.

En nuestro país a partir de la década de los sesenta del siglo XX, la coordinación entre la

Federación, los Estados y los Municipios, se ha practicado a través de convenios, ya sea que se

celebren estos entre los Estados y sus municipios, o entre la Federación y los Estados. “En algunos

casos, estos convenios abarcan los tres órdenes de gobierno” (Salinas,1992:242).

El Convenio Único de Desarrollo, pongámoslo, por ejemplo, es un instrumento que

coordina las inversiones federales y estatales, para enfrentar efectivamente las carencias de las

entidades federativas e impulsar programas de desarrollo municipal.

Su ejercicio, en los últimos años, ha permitido perfeccionar esta coordinación y el Convenio

Único de Desarrollo ha pasado a ser un documento con metas precisas y recursos integrados. Entre

los cambios que ha experimentado se encuentra la integración de los diversos programas de

inversión federal, los que con anterioridad se mostraban en forma separada.

El municipio mexicano autosuficiente, capaz de responder positivamente a todas las

demandas de su población, es todavía un proyecto en construcción. Las reformas fiscales de 1978

mejoraron, evidentemente la capacitación local, y los cambios en 1989 impulsaron el progreso de

los Estados, pero todavía existen multitud de haciendas municipales en condiciones muy precarias.

Aunque las atribuciones locales se robustecieron con la reforma del artículo 115

constitucional, en los años 1983 y 1987, aún existen muchos Ayuntamientos con problemas para el

pleno ejercicio de tales atribuciones. Sin embargo, los avances en la coordinación institucional han

permitido una mejor canalización de recursos desde la Federación o desde las entidades federativas,

hacia los Municipios, y también se ha visto que las acciones nacionales implementadas como el de

combate a la pobreza han convertido a muchos Ayuntamientos en entidades prósperas y eficientes.


Para continuar vigorizando al Municipio convendría darse cuenta, que aún falta mucho por

hacer; observar luego los pasos ya dados, recibiendo el aliento de los frutos visibles con realismo; y

vislumbrar finalmente lo que los Ayuntamientos requieren, dentro de su variedad y diversidad, para

coordinarse con los demás órganos de gobierno.

Con ello, los Municipios tendrían la posibilidad de mejorar sus finanzas, de promover el

desarrollo socioeconómico de sus localidades, y de responder a las demandas ciudadanas en forma

eficiente y democrática.

Es un procedimiento empleado en la planeación elemental en todos los lugares y en todos

los tiempos. Los grupos humanos -en largos periodos de la historia- aparecen como los animales

más domésticos, pero son altivos y renacen cada cien años, cuando el pueblo se alza -en la

expresión lapidaria de Pablo Neruda-. Magnifica inconformidad que nos hace reaccionar en contra

de la injusticia, la opresión y el desaliento. En un país como el nuestro –con tantos contrapesos

políticos y económicos- es lógico suponer que existan barreras a todo proceso de

planificación. Un correcto sistema de programación integral debe ser no sólo un factor de

desarrollo económico, sino también el garante de un amplio régimen de libertades y el pleno

ejercicio de los derechos humanos de los pueblos – indígenas- requiere del reconocimiento de sus

derechos culturales que no estén aislados, que se encuentren estrechamente vinculados a todos los

demás derechos humanos, de acuerdo a la reforma del 2011, de tal suerte que la violación de unos

implica la violación de los demás, es decir, de sus derechos colectivos comunitarios.

Los pueblos oprimidos, explotados y discriminados que reclaman sus derechos culturales y

colectivos no lo hacen para celebrar la diferencia la que en sí misma, no es buena ni mala, sino para

garantizar sus derechos humanos y para lograr un mínimo de poder político en su entorno, que les

permita participar en condiciones de igualdad en la gobernanza democrática de sus pueblos. Un

acontecimiento del siglo pasado, los acuerdos de San Andrés, Chiapas, que debían haberse

incorporado a la reforma constitucional, pero no fue así, reconocen el derecho de los pueblos

indígenas a la autonomía, reclamo legítimo porque en la organización territorial administrativa

vigente estos pueblos han estado generalmente marginados de las estructuras del poder a nivel

regional. No obstante que la autonomía es un principio filosófico vinculado a la dignidad humana,

como lo reconoce la filosofía política de occidente, hay voces que se siguen oponiendo a la

autonomía de los pueblos indígenas, en nombre de la unidad del Estado, por una parte, y de los

derechos individuales, por la otra, sin remarcar que la autonomía bien entendida no atenta ni contra

aquella ni contra éstos.

La multiculturalidad constituye un marco para el reordenamiento de las relaciones sociales

y políticas con el objeto de reafirmar lo que tiende a llamarse la ciudadanía multicultural. En el

campo de las leyes y las instituciones, también ha de ser considerada como eje en torno del cual se

construye una nueva normatividad jurídica y política de los estados nacionales. La realidad es que


más de cien millones de mexicanos vivimos sobre la irregular topografía de una extensión territorial

de menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, con 9 mil 303 kilómetros de frontera. Una

desigual e injusta distribución de la riqueza nacional, que ha gravitado desde las etapas anteriores,

hace que la mayoría de la población viva una existencia precaria -en ocasiones llevando una vida

infrahumana-. Sólo un reducido porcentaje de la superficie del país permite su desarrollo agrícola,

porque la orografía y el clima lo limitan. “El agua, la montaña, el aislamiento y el cacicazgo, han

sido los enemigos tradicionales del mexicano (Serra,2000: 282).

En la planificación se observan finalidades de carácter general y otras de carácter

específico. Desde un punto de vista general, la planificación se propone una visión integral de los

problemas que afectan a un país. En el sentido específico podemos plantear un problema –o un

grupo de problemas- relacionados económicamente. En sentido específico podemos planear desde

nuestra propia vida, hasta la complejidad de los problemas del estado. Existe una planificación

social, económica, agraria, urbana, territorial, pedagógica, vial, agrícola, hidráulica, ganadera y

otras formas; en general, toda actividad social es susceptible de planeación (Serra,2000:280).

No queda otra alternativa que emplazar este problema en el sector público, es decir, dejar

que el propio Estado cree la organización que sea apropiada, ya sea centralizada –como una

Secretaria o un Departamento de Estado- o descentralizada. El Derecho Administrativo proporciona

una amplia información en cuanto a los mecanismos administrativos. La propuesta es que debe

establecerse un órgano central de planeación. Esto implica la instauración de una institución,

dirigida por Secretarios de Estado –en materia de economía- y una organización administrativa

técnica, manejada exclusivamente por expertos. La entidad “tendría características especiales al

depender directamente del Presidente de la República, del cual emanarían directamente las

órdenes ejecutivas, sin intervención de ninguna otra organización pública” (Serra,2000:293).

Otra problemática es de la reserva territorial municipal puede concebirse como un

problema entre vecinos del mismo municipio y comunidades colindantes que se apoyan en sus

propios recursos para resolver los inconvenientes que los afectan, analizan juntos su realidad, y

proponen formas de cooperación, de ayuda mutua y de protección local. Esta visión de la

participación social –y de la ampliación de la democracia municipal- le da sentido a la integración

de la población en función de sus problemas y de la manera de resolverlos conjuntamente con las

autoridades municipales, al mismo tiempo que señala un camino para el cambio cualitativo y

cuantitativo de las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno local, abriendo una posibilidad

cierta para la concentración y el consenso político.

Esto último es un elemento clave para avanzar hacia una articulación efectiva entre la

democracia política –en las condiciones sociales de las comunidades- y la participación de la

población, lo que hace visible un orden democrático municipal con estabilidad. La búsqueda de ese

orden democrático local -con estabilidad- es una condición primordial para promover el desarrollo


municipal y para incentivar una efectiva planeación estatal, que tome en cuenta las necesidades y

problemas de los municipios colindantes -conurbados-.

Estos planteamientos profundizan en los modernos enfoques del desarrollo local, que

consideran los principios de igualdad, libertad y democracia como valores significativos del

concepto de autonomía local, así como las ideas de autosuficiencia; del concepto de control social;

de las necesidades básicas, de la coparticipación y autogestión en las empresas; y del desarrollo

sustentable –o desarrollo sin destrucción del medioambiente- entendido este último como un

crecimiento en armonía con los ecosistemas, lo que nos ayudaría a buscar tecnologías apropiadas a

la realidad geográfica local, ajustándola a los valores culturales de cada Municipio; todo esto crea

las condiciones para encauzar en una racionalidad al gobierno y a la administración municipal más

eficiente.

5. Implicaciones si no se lleva a cabo la propuesta

Las autoridades municipales elaboran sus planes de desarrollo municipal, no todos tienen la

característica de ser trienales y con ellos cada presidente municipal trata de imponer estrategias que

en la mayoría de las veces, no corresponden a la opción mas viable, por lo que los gobiernos locales

han tratado de dar solución a problemas más urgentes, dejando de lado los lineamientos

programáticos que se hicieron al comienzo de la gestión municipal, todo esto ha complicado la

relación, gobierno estatal con el gobierno municipal y más aún la relación gobernantes–gobernados,

ya que en los mismos se advierte un fuerte incumplimiento de las normas establecidas, en particular

en lo relacionado con el uso del suelo.

La planeación normativa ha establecido rígidos usos de suelo particularmente en las zonas

habitacionales y ante esta situación las clases populares desarrollan en su vivienda y en la calle

actividades económicas y sociales que permiten obtener un ingreso, aunque sea al margen de la

legalidad. Por ello urge elaborar nuevos modelos de ciudad y revisar los procesos y las normas

contenidas en la planeación que pretende regir la gestión de la ciudad.

Las políticas urbanas deben orientarse hacia el logro de un desarrollo sostenible en términos

sociales, económicos y medioambientales, por ello deben articularse de manera provechosa y eficaz

para incidir en las cuestiones de calidad de vida, sostenibilidad ambiental y derechos de los

ciudadanos, tales como vivienda, empleo, transporte, educación, salud, ocio, participación, que

caracterizan la vida en sociedad.

Los cambios en la sociedad urbana implican nuevas formas de gobernabilidad. La

multiplicidad de actores e intereses que intervienen en el panorama urbano implica una gestión

compartida y participativa de lo público con el objeto de aumentar los recursos, la eficacia y la

eficiencia en la prestación de los servicios públicos, por ello debemos entender la planeación y la

gestión estratégica de forma integrada.


En estos tiempos ya es necesario presentar un breve panorama del entorno vigente para la

administración municipal mexicana. Sabemos con certeza, a partir de los datos acopiados por el

Censo Municipal, Que en México existen 2 mil 427 municipios (Serra,2003:139) que el siete por

ciento de ellos cuentan con más de 50 mil habitantes, que un 13 por ciento de las localidades tienen

entre 10 mil y 50 mil personas, que un 19 por ciento contabilizan entre 2 mil 500 y 10 mil

mexicanos, y que sesenta y uno por ciento reportan menos de 2 mil 500 habitantes.

El cotejo de los datos del Censo Mundial 2002 revela que los grandes municipios

mexicanos tienen un promedio de mil seiscientos trabajadores en su administración, mientras que

los pequeños poseen sesenta empleados, aunque hay algunas localidades municipales con menos de

veinte.

Casi todos los mayores municipios cuentan con un plan de desarrollo, mientras que en los

Ayuntamientos diminutos menos de una quinta parte poseen un proyecto similar, lo anterior es una

realidad

El grado de autonomía municipal también es muy diferente, porque en los Ayuntamientos

los ingresos propios, que generan impuestos y derechos locales, significan casi la mitad de sus

ingresos y el resto son transferencias del gobierno federal. En los municipios minúsculos menos de

una quinta parte de sus ingresos son propios, y corresponde el resto al rubro de transferencias por

parte del gobierno federal.

El sistema administrativo obsoleto domina el escenario municipal mexicano. Casi el 86 por

ciento de los municipios no cuenta con una normatividad administrativa interna de base; en 80 por

ciento de ellos no hay un reglamento para la planeación; en 52 por ciento no existe un reglamento

de obra pública; en 20 por ciento no tienen un plan de desarrollo, y en 60 por ciento no existe un

área administrativa especializada en acciones de evaluación y supervisión del ejercicio del gasto,

tales como una oficialía mayor o una dirección administrativa.

La mitad de los municipios mexicanos reconocen tener un nivel de cumplimiento de sus

metas menor al 75 por ciento. Tres cuartas partes de los Ayuntamientos reconocen que sus

recaudaciones, por conceptos de impuestos y derechos, son 75 por ciento por debajo de lo

presupuestado.

En 17 por ciento de los municipios no existe una sola computadora para tareas

administrativas. Y en el 65 por ciento de los gobiernos locales no hay un área de administración de

personal.

La profesionalización de los gobernantes y funcionarios locales mexicanos es endeble. El

18 por ciento de los presidentes municipales no tienen estudios medios o universitarios, y los que

tienen no lo aplican en su gestión pública y la mitad de ellos carece de experiencia previa en

administración pública.


Los funcionarios de primer nivel de la administración municipal tienen poca experiencia

acumulada en su función; 30 por ciento tienen menos de un año en el puesto; 55 por ciento tienen

menos de tres años en el cargo, y sólo el 5 por ciento tienen más un lustro de antigüedad en su

función. Igual que los presidentes municipales, “la mitad de los funcionarios de primer nivel no

cuenta con experiencia previa en la administración pública” (Serra,2003:167).

El escrutinio de la organización de los Ayuntamientos ha proyectado tres tipos de

estrategias para la renovación administrativa municipal. La primera, la Modernización Gerencial,

esta claramente inspirada en los nuevos estilos de gerencia pública, con programas para disminuir

los trámites y reglamentaciones excesivas mediante mecanismos de regulación, que incorporan

tecnologías de información en las tareas de atención ciudadana, y acciones que buscan mejorar los

sistemas de planeación estratégica, evaluación por resultados u otros similares.

La segunda estrategia, orientada por un punto de vista tradicional, exhorta a buscar la

solución de los problemas municipales en la elaboración de reglamentos básicos, en la adopción de

sistemas formales de control presupuestal, en la mejora de los sistemas contables, en la creación de

departamentos de recursos humanos, de administración, y de finanzas, o en mejorar los catálogos de

predios, servicios u otros.

La Construcción Administrativa Elemental, como tercera estrategia, para la renovación

municipal, se refiere a procesos de reforma administrativa que emplazan a ajustes elementales en la

organización interna del Ayuntamiento, vinculados frecuentemente con formas tradicionales del

gobierno local, o de coordinación de las acciones frente a comunidades de pobladores, tales como

delegaciones municipales, vicealcaldías o sencillamente a la organización de tradicionales acciones

de prestación de algunos servicios por parte del gobierno local.

A todo esto, del total de programas de reforma administrativa analizados, el treinta y cuatro

por ciento estaban inspirados en la modernización gerencial, el cuarenta y nueve por ciento se

orientaban al segundo tipo de estrategias, a una reforma administrativa tradicional y finalmente un

diecisiete por ciento pugnaba por mejorar las funciones de la administración municipal mediante la

implementación de la construcción administrativa elemental.

Está claro que la preocupación fundamental en las reformas administrativas de la mayoría

de los gobiernos locales, en México, pasa todavía por un intento de edificar los elementos mínimos

indispensables para contar con una administración municipal ordenada, y por organizar

transparentemente las funciones de gobierno local. Pero las tendencias no parecen ser tan

dominantes, mencionemos como dato relevante que más de una tercera parte de los programas de

modernización administrativa no provenían de municipios grandes y urbanos, lo que significa que

existen municipios modestos en tamaño, administración y equipamiento que se esfuerzan por

adoptar los modelos vanguardistas de la nueva gerencia pública.


En este sentido, las experiencias con los programas de reforma administrativa, inspirados en

la modernización gerencial, demostraron que la mitad de estos se preocupaban por perfeccionar la

atención que el usuario recibe en trámites relacionados con la administración municipal y con la

certificación en sistemas de calidad, que otro grupo buscaba incorporar la tecnología de la

información para conseguir una comunicación más fluida con los ciudadanos; que diez de cada cien

programas se enfocaban en optimizar los sistemas de planeación; y que el resto trataban de reducir

el aparato administrativo municipal, de promover incentivos para el manejo del personal, y de

mejorar los sistemas de recaudación.

Otra característica peculiar que se detectó en los programas de modernización gerencial, es

que se aplican en Ayuntamientos por alcaldes cuyo grado de escolaridad es mayor, sesenta y seis

por ciento de los casos, y que provienen frecuentemente de algún puesto directivo en el sector

privado. Asimismo, la modernización gerencial tiende a implementarse en municipios del norte y

centro de México, en un promedio de ochenta y cinco por ciento, y sólo excepcionalmente en el sur

de la nación; este apunte coincide con la importancia, que otros estudios ya mencionados han

observado, de los factores culturales para adoptar la nueva gerencia pública.

Un testimonio significativo es que de este grupo de proyectos, basados en la modernización

gerencial, poco más de la mitad se integraban o coexistían con algún otro proceso de reforma

administrativa, más amplio, que buscaba democratizar la estructura municipal de gobierno, es decir,

que promovía una nueva forma de gobernanza local. Ejemplos palpables, de lo anterior, son la

integración de Consejos Ciudadanos a la toma de decisiones del Ayuntamiento; la promoción de

sistemas de participación ciudadana en la priorización de acciones por barrios o comunidades; y la

creación de comités no gubernamentales para la contraloría social de las acciones del gobierno

municipal.

A propósito y en honor a la verdad, es importante indicar que en este tipo de situaciones de

coexistencia política se observaron variadas dificultades para armonizar ambos procesos, que en

algunos casos se postergaron los programas de reforma democrática del gobierno municipal para

darle prioridad a las acciones de modernización de la administración local, y que se sustituyó con

herramientas metodológicas de la nueva gerencia pública a algunas acciones que formaban parte de

la reforma democrática inicial.

La reforma administrativa tradicional se concentra en clarificar las normas y los procesos

administrativos, pero aunque eso permite mejorar el desempeño del Ayuntamiento, no siempre

alcanza a traducirse en resultados perceptibles por causa del corto periodo de gobierno municipal,

tres años. Además, este enfoque tiende a adoptar procedimientos preestablecidos, o inducidos por el

nivel estatal de gobierno, los cuales difícilmente se ajustan con precisión particular a los

Ayuntamientos, no obstante, es indudable que fortalecen el marco de referencia formal de la

administración local y que constituyen un paso adelante en mejoras administrativas.


Ya se menciono, en páginas anteriores, que la reforma administrativa tradicional constituye

casi la mitad de los programas analizados, pero es necesario complementar que esta se presenta

principalmente en los municipios del centro y sur del país, ochenta y ocho por ciento, y sobre todo

en gobiernos conducidos por el partido revolucionario institucional, el cincuenta y ocho por ciento,

Ayuntamientos con débil economía financiera son los que promueven ese modelo de innovación

administrativa, y no apreciamos en ellos una tendencia definida en la extracción socioeconómica de

los alcaldes ni de sus funcionarios, porque ellos provienen tanto del sector público como del

privado.

Los Ayuntamientos que recurren a la construcción administrativa elemental, son gobiernos

pequeños, sesenta y dos por ciento, ubicados en el centro o en el sur de México, noventa y seis por

ciento, con endeble autonomía financiera, ochenta por ciento, gobernados casi totalmente por el

Partido Revolucionario Institucional, setenta por ciento, o por el Partido de la Revolución

Democrática, catorce por ciento, y sus alcaldes y funcionarios municipales provienen tanto del

sector público como del privado, aunque tienen menor grado de escolaridad si se les compara con el

resto de los municipios de la muestra.

6. Un nuevo paradigma de planeación para el desarrollo para Puebla

Como afirma Maestro Lauro Sánchez (2013) la vigente planeación creada fue construida en un

momento económico muy distinto al actual. Hoy es indispensable diseñar un nuevo paradigma de

planeación para el desarrollo local y regional en una reforma estructural relación político-

económico-legislativo para Puebla.

En 1983 se inició el proceso de la planeación nacional. A partir de ahí la Ley de Planeación de

Puebla se ha modificado dos ocasiones. La primera para la creación del Programa Regional

Angelópolis en 1992, y en 2005 con iniciativa de la Ley Federal para la integración en la planeación

de los pueblos indígenas. De ahí a la fecha, como sucede en gran parte del país, los postulados

constitucionales que deben dar precisión y operatividad a la planeación para la inversión y el

desarrollo, han permanecido casi estáticos, no obstante que de 1983 a la fecha la economía mundial

ha cambiado extraordinariamente en sus esquemas de organización y funcionamiento

(Sanchez,2013:26).

Los retos que tienen la planeación en Puebla entre otro, son los siguientes:

Hacer de la planeación un factor fundamental para equilibrar el crecimiento económico y el

desarrollo social.

Propiciar que la inversión pública juegue un papel de mayor equidad en el desarrollo de las

regiones.


Romper el modelo centralista de inversión pública y privada, impulsando las vocaciones

productivas y cadenas de valor en las regiones.

Comprender que no se puede desarrollar una región a costa de las otras.

Impulsar la nueva regionalización que permite diversificar, especializar y desarrollar las

vocaciones productivas en cadenas de valor con enfoque global.

Entender que en el desarrollo regional, todas las regiones tienen oportunidades.

Reconocer que los habitantes de cada región son las voces y actores más importantes de su

propio cambio y desarrollo (Sánchez,2013: 51).

Lauro Sánchez (2013) explica que la forma tradicional de la planeación busca concretarse

con base en la información que fluye de manera ascendente de la base social hacia los órganos

superiores de capacitación de información, hasta llegar a los dominios del tomador de decisiones

para el diseño y ejecución de las acciones de planeación o desarrollo. Una vez que el tomador de

decisiones y su reducido staff han elaborado el plan o programa, las decisiones van descendiendo a

contraflujo hasta llegar a las bases de la sociedad y el territorio como objeto de la planeación. Estos

organismos normalmente se burocratizan porque la jerarquización es inflexible, las decisiones se

van transmitiendo en descenso y van cambiando o perdiendo la esencia. Los recursos fluyen con

mucha dificultad y se van erosionando por las cadenas de burocracia y corrupción, hasta que

finalmente se vuelven exiguas pues la base de la pirámide pierde comunicación con las

circunstancias superiores de decisión, y viceversa. Esto da como resultado un entramado de estudios

de escritorio con escasas coincidencias con la realidad, donde fluyen órdenes y contraordenes. Es

cuando el jerarca mayor siente más practico cambiar los procesos de planeación por una visión

personal de gobierno, basada en su intuición, sus aspiraciones de trascendencia política y los

compromisos políticos, que son muy edificantes del culto de la personalidad de quien gobierna, así

ha sido y así es hoy día.

Lauro Sánchez señala, por estas razones la forma de operar la planeación debe invertirse,

para que exista la posibilidad de que los últimos sean los primeros en este nuevo enfoque de la

información para la planeación democrática prospectiva. Con base en las reflexiones anteriores

sobre la necesidad de una nueva planeación de desarrollo regional y creación de nuevos organismos

para su funcionamiento, se complementa el modelo con la portación de una serie de propuestas

legislativas para cerrar el círculo en función de las vocaciones productivas y cadenas de valor. En

función de esto el modelo para Puebla y que puede ser válido para otras entidades federativas: la

integración de la cadena legislativa socioeconómica, mencionada al inicio de éste capítulo, que

actualice nuestras leyes fundamentales en materia económica y administrativa, que las entrelace de

tal forma que se complementen para que construyamos con ella una fuerza motriz capaza de formar


y movilizar sinergias virtuosas y prospectivas con resultados previsibles y evaluables1

(Sanchez,2013:68).

El autor afirma, que de nada servirá una nueva Ley de Planeación y Desarrollo Regional, si

no tenemos una nueva regionalización en el estado, con nuevos organismos para la planeación del

desarrollo regional con base en la participación social. También necesitamos una nueva Ley de

Contabilidad, Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria y Rendición de Cuentas, una nueva Ley de

Desarrollo Social, una nueva Ley de Ciencia y Tecnología, aplicadas para resolver los problemas de

los tres sectores productivos del campo y la ciudad; tampoco servirá de mucho un nuevo marco

socioeconómico y administrativo sin una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, aplicadas para

resolver los problemas de los tres sectores productivos del campo y la ciudad; tampoco servirá de

mucho un nuevo marco socioeconómico y administrativo sin una Reforma a la Ley Orgánica del

Poder Judicial, para brindar mayor seguridad jurídica, legalidad e impartición de justicia a los

poblanos.

7. Conclusión

La implementación de la planeación urbana participativa, es preciso fortalecer la administración

local con la intención de que se afronte la promoción del desarrollo económico municipal, así como

la generación de empleos, la creación de instrumentos de representación ciudadana plurales,

incluyentes y eficaces. El sistema de participación ciudadana, con lineamientos, objetivos,

estrategias y acciones en interacción con los organismos ciudadanos públicos y dependencias

gubernamentales orientados a promover la participación, voluntaria organizada y respetable, en la

elaboración, programación, ejecución, supervisión y evaluación de planes y programas de la

administración pública, garantizar a los ciudadanos la posibilidad de participar de manera

responsable, abierta y permanente en la toma de decisiones gubernamentales en beneficio de la

comunidad, colonia o fraccionamiento, abrir un cauce institucional eficaz, que propicie la

participación plural, el consenso y la solidaridad en favor de un desarrollo más integral y

equilibrado de la sociedad, estableciendo una relación horizontal entre ciudadanos y autoridades,

garantizando una auténtica y directa representatividad ciudadana, integrar la participación

ciudadana a proyectos estratégicos de desarrollo social y comunitario.

La participación y el consenso de los ciudadanos –desde esta perspectiva- contribuye a una

mayor eficacia en la gestión del desarrollo deseado por el conjunto de los actores implicados. En

este sentido, resulta imprescindible reafirmar la necesidad de una amplia participación ciudadana

que permita fortalecer el espíritu comunitario, la responsabilidad solidaria de los pobladores, y

generar una cultura de dialogo y convivencia. La planeación democrática municipal como

1 Ídem, P 68


instrumento de gobierno de acción para el desarrollo municipal, debe responder a la voluntad y al

deseo mayoritario de la comunidad para coordinar el esfuerzo colectivo, orientar las acciones y

apoyar el cambio social y el progreso económico sustentado en la estrategia global en las directrices

políticas de la federación, los estados y los municipios.

Por otra parte, es indispensable el diseño de un nuevo paradigma para la planeación

nacional, regional y local en el país. Han pasado 34 años desde el inicio del sistema de planeación

democrática, por lo que es necesario y urgente una reforma integral político-administrativo-

legislativo para la planeación, la situación actual amerita un consenso de cambios indispensables

para enfrentar la complejidad de los problemas públicos ante un mundo global con enfoque local y

regional. La participación ciudadana cada vez es más fluida y exigente por lo que requiere de

mecanismos de planeación acorde a sus nuevas demandas para reformular las políticas públicas.

Referencias Bibliográficas

Cabrero Mendoza, Enrique (2003), Políticas públicas municipales. Una agenda en construcción. México, Editorial Miguel Ángel Porrúa - CIDE. Salinas de Gortari, Sergio (1992) Los Municipios de Iberoamérica, Puebla, México, Mundo Color Grafico. Salazar Medina Julián (1990) Desarrollo, Administración y Planeación Municipal: La experiencia del Estado de México. México, Editorial Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto de Administración Pública del Estado de México. Sánchez, Lauro (2013) Planeación desarrollo regional y competitividad. De la ambigüedad a una nueva etapa, Editorial Educación y Cultura, Puebla México. Serra, Rojas Andrés (2000) Derecho Económico, México, Editorial Porrúa. Ziccardi, Alicia, (2003) La Planeación urbana municipal ¿función normativa o sustento de la Gobernabilidad local?, México, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.


Hoja anexa de autores

Primer Autor

Nombre completo: Eusebio Arnulfo Cordero Méndez

Filiación institucional actual y correo electrónico vigente:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Dirección de correo: [email protected]

Reseña curricular (12 líneas aproximadamente):

Profesor Investigador Tiempo Completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales /

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) / México. Licenciado en Derecho / Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales BUAP / México.

Maestro en Gobierno y Administración / Faculta de Administración Pública BUAP, Puebla México.

Doctor en Administración Pública / Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla /

México. Su investigación se interesa en Gobierno y Municipio, Planeación Democrática y

Desarrollo, Marco Jurídico contemporáneo de la Economía Informal. Ha participado en Congresos

nacionales e Internacionales en Montevideo Uruguay, Lima Perú, Costa Rica, etc. Ha publicado

recientemente varios artículos como ARTÍCULO: SANTA CRUZ FERNÁNDEZ, ROBERTO;

CORDERO MÉNDEZ, EUSEBIO ARNULFO; (2014), “EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

DE LAS PERSONAS EN LAS JUNTAS AUXILIARES”, EN DIKÉ, REVISTA DE LA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE PUEBLA, VOL. NA, PÁG. 0-0, REVISTAS ARBITRADAS. ISSN: 1870-6924.

ARTÍCULO: CORDERO MÉNDEZ, EUSEBIO ARNULFO; SANTA CRUZ FERNÁNDEZ,

ROBERTO; (2014), “LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL”, EN DIKÉ, REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

SOCIALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, VOL. NA,

PÁG. 0-0, REVISTAS ARBITRADAS. ISSN: 1870-6924.

ARTÍCULO: RODRÍGUEZ KORN, FABIO; GUILLERMO PEON, SYLVIA; CORDERO

MÉNDEZ, EUSEBIO ARNULFO, (2013), “USOS RIVALES DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA

ECONOMÍA INFORMAL DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA”, APORTES,

VOL. XVIII, PÀG.159-173, REVISTAS INDIZADAS. ISBN: 1665-1219.

Regidor del Municipio de Cuautlancingo Puebla ( ), Defensor de los Derechos Universitarios Buap

( ). Miembro del SIN Nivel I (2014 – 2017), Miembro del Cuerpo Académico Desarrollo

Económico y Macroeconomía Internacional desde 2008.


Segundo Autor

Nombre completo: Samuel Amador Vázquez

Nacionalidad: Mexicana

Dirección de correo: [email protected]

Títulos académicos:

Licenciado en Economía / Faculta de economía BUAP, Puebla México.

Maestro en Economía / Faculta de economía BUAP, Puebla México.

Doctor en Sociología / Instituto de Ciencia Sociales y Humanidades BUAP / México.

Afiliación institucional actual: Profesor Investigador Tiempo Completo en la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) / México.

Grupos de investigación: Cuerpo Académico Desarrollo Económico y Macroeconomía

Internacional.

Líneas de investigación:

Estado, Gobierno, Economía informal, Comercio Ambulante, Migración y Mercados de trabajo.

Publicaciones recientes en libros y/o revistas:

Capítulo de libro: Amador Vázquez, Samuel & Flora Domínguez Hernández, (2015), Reformas

Estructurales en México, Las Reformas Estructurales del Estado Mexicano en su Modalidad

Neoliberal. (Coordinadores) Osorno Sánchez Armando & Zenteno Trejo Blanca Yaquelin en

Reformas Estructurales en México, Reflexiones en Materia Fiscal-Hacendaria, Educativa, Electoral

y Constitucional en el Sector de Hidrocarburos. Puebla México. Piso 15 Editores. ISBN: 978-607-

97104-6-0. Pp. 15-46.

Artículo: Amador Vázquez, Samuel & Flora Domínguez Hernández, (2015), “La calificación como

elemento de vulnerabilidad en el mercado de trabajo migrante estadounidense: comparativo

México-Centroamérica y el Caribe”, en Tla-melaua, revista de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, número 37, Octubre – Marzo. ISSN:

1870 – 6916. Pp. 94 – 111.

Artículo: Amador Vázquez, Samuel (2014), “Reflexiones sobre la Modalidad neoliberal del Estado

y Gobierno mexicano en sus procesos de acumulación de capital: ¿Una sociedad con más Estado o

mercado en el contexto de la Globalización?”, en 6° Congreso Internacional de Sociología, Centro

Científico y Cultural el Caracol, Ensenada Baja California, Septiembre. ISBN: 978-0-9911261-7-0.

Tercer Autor

Nombre: Juan Liborio Morales Martínez

Correo: admonpublicashotmail.com

Instituto Universitario Puebla


Licenciatura en Administración Pública. Facultad de Administración BUAP

Maestría en Gobierno y Administración, Facultad de Administración BUAP

Doctor en Administración Pública, Instituto de Administración Publica-Puebla

Asesor de gobiernos municipales

Consejero Ciudadano de Desempeño Gubernamental del Instituto Municipal de Planeación de

Puebla.

la planeaciÓn democrÁtica para el...

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