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Informe Final MIRA: Municipio de Riohacha (La Guajira) Colombia Flujos migratorios mixtos: Asentamientos humanos Villa del Sur y Brisas del Norte. Sectores: Majayura (II Etapa), Villa Campo alegre, Nuevo Milenio y Resguardo Indígena Las Delicias. (27 al 29/08/2018)

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Ubicación de la zona visitada

Mapa: Elaborado por OCHA. Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras.

Datos de la misión

Fecha de inicio: 27/08/2019 Fecha de finalización: 29/08/2018

Comunidades visitadas: Villa del Sur y Brisas del Norte

Organización líder: ACNUR y OCHA

Organizaciones participantes:

NRC, Save The Children, UNICEF, Acción Contra el Hambre, FAO, Pastoral Social, Defensoría del pueblo, Malteser International, CRC, PMA.

No. de entrevistas realizadas:

11 grupos focales. Villa del Sur (población proveniente de Venezuela, líderes, Wayuu, mujeres y jóvenes), Brisas del Norte (líderes, jóvenes, mujeres, NN de 6 a 16 años y 3 grupos de población proveniente de Venezuela)

Datos generales

Municipio Comunidades visitadas

Población:

286.973 habitantes (Fuente DANE, 2005)

Comunidad Total Venezolanos Colombianos


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(aprox) (aprox) retornados (aprox)

Villa del Sur 900 familias

350 familias 100 familias

Brisas del norte 155 familias

40 familias

Majayura (II etapa), Villa campo alegre, Las Delicias y Nuevo Milenio.

700 familias

162 familias

fuente: líderes comunitarios, 2018.

%Afrocolombianos/%Indígenas:

3% indígenas, 2% Afrocolombianos

Comunidad Afrocolombianos (aprox)

Indígenas (aprox)

Villa del Sur 160 familias 240 familias

Brisas del norte 39 familias 25 familias

Resguardo indígena Las Delicias

N. A 400 familias

Fuente: líderes comunitarios, 2018.

%Urbana / %Resto: 85% urbano 15% resto 100% periurbano


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Situación general El departamento de La Guajira se caracteriza por su población pluriétnica (Wayuu, Kogui, Wiwa y Arhuaco) y diversidad geográfica, su economía se basa principalmente de actividades comerciales beneficiándose del intercambio y venta de artículos procedentes de Venezuela. Históricamente el departamento ha presentado crisis cíclicas respecto a afectaciones por conflicto armado, desastres de origen natural y en los últimos años por la crisis en Venezuela. En relación con el conflicto armado, el Departamento registra 152.7451 víctimas (86.7% población víctima por desplazamiento forzado), siendo el periodo del 2002 al 2006 los años de mayor afectación. Respecto a desastres de origen natural, la prolongada sequía ocasionó pérdidas agrícolas y desabastecimiento de fuentes de agua en mayor medida para poblaciones indígenas asentadas en zona rural dispersa, dando como resultado aumentos en la tasa de desnutrición infantil y la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de salvaguardar la vida en las comunidades indígenas2. A partir del 2015 tras la medida del cierre de frontera del gobierno venezolano, se ha presentado un aumento en los flujos migratorios mixtos, a través del PCMT3 de Paraguachón y los más de 130 pasos informales. Debido a las condiciones geográficas del departamento, la frontera con Venezuela es permeable y de fácil acceso, esto genera un subregistro respecto al número de personas que ingresan al departamento por algunos de los pasos informales, quienes están expuestos a riesgos de seguridad y posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente violencia sexual y extorsión. Los perfiles migratorios presentes en el departamento son venezolanos migrantes y refugiados, solicitantes de asilo4, colombianos retornados y wayuu retornados, procedentes de los Estados de Zulia, Falcón y Lara principalmente. A la vez, dichos perfiles se dividen en tres categorías: i) en tránsito hacía otras ciudades en Colombia u otros países; ii) pendulares, y iii) con vocación de permanencia. A través del Registro Administrativo para Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV, 13/06/18), se registraron 74.874 personas en La Guajira (2° departamento con mayor registro en el país) dentro de los cuales 21.306 personas se encuentran en Riohacha (2° municipio receptor del departamento). A pesar de que el municipio cuenta con un registro alto, se ha identificado que un gran número de la población no se encuentra registrada ya que ingresaron al país después de la fecha de cierre o no se registraron por temor a posibles sanciones migratorias. Los desafíos en materia de desarrollo económico que generen empleo formal junto con la desaceleración económica y el aumento poblacional que ha presentado el departamento da como resultado un aumento en la tasa de desempleo, el

Impulsores de la crisis Ascensos de flujos migratorios mixtos en La Guajira: Existe un

aumento progresivo de entrada de población proveniente de Venezuela al departamento cuyas necesidades humanitarias son cada vez más agudas y urgentes, incluyendo personas con necesidad de protección internacional. Crisis económica local: El aumento de población que ingresa al

departamento de La Guajira con necesidades básicas insatisfechas, genera una sobreoferta de mano de obra en una economía débil e inestable que presenta limitada oferta laboral y escasez de otros mecanismos de subsistencia. Al presentarse mayor competitividad en el mercado laboral, la población migrante accede a largas jornadas de trabajo por una remuneración menor, hecho que agudiza las diferencias con la población de acogida y acentúa los conflictos entre estas. Desafíos en el proceso de regularización: A pesar de los

esfuerzos por parte del Gobierno Nacional en la regularización de la población venezolana (PEP y RAMV5) se observa que aún hay un gran número de población en estado de irregularidad, lo cual vuelve aún más difícil su integración en La Guajira. Esta población ingresa con necesidades más apremiantes y sin la documentación necesaria para una posible regularización en el país. Siendo este escenario un desafío para el Estado Colombiano en el marco del restablecimiento de derechos y a nivel territorial con más retos, teniendo en cuenta que en el momento sectores básicos como salud, educación y agua funcionan a través de administraciones temporales. Rutas de atención con barreras de acceso a derechos: Las

capacidades estatales en materia de crisis fronteriza son limitadas, además se suma la necesidad de respuesta a las comunidades de acogida con necesidades básicas insatisfechas. Desintegración familiar: Dentro de la población proveniente de

Venezuela se identifica un alto número de casos de familias separadas como producto de la situación de presión por la falta de alimentos, medicamentos y en general necesidades básicas. La desintegración familiar aumenta el riesgo de protección para niños, niñas y jóvenes y acelera problemáticas como NNAJ no acompañados, vinculación a actividades delictivas, entre otras. Estigmatización y xenofobia: Se encuentra la población

proveniente de Venezuela en un escenario comunitario de competencia por acceder a los medios de vida, generando altos niveles de estigmatización. Limitado acceso al agua: En el departamento de La Guajira el

acceso al agua siempre ha sido un desafío, con la presión adicional de los flujos migratorios mixtos incrementa la demanda de este servicio básico. La escasez de agua tiene un impacto en la salud y la higiene general y un impacto en la seguridad alimentaria de la comunidad. La llegada de los flujos mixtos aumenta la presión sobre agua y la necesidad de agua segura para el consumo humano en asentamientos informales.


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incremento de actividades informales y tensiones entre la población de acogida y venezolana. En las zonas focalizadas para el desarrollo del MIRA, se identificó población en estado de irregularidad con barreras en el acceso a derechos, desconocimiento sobre rutas, casos de VSBG en adolescentes y mujeres los cuales no han sido denunciados ya sea por temor, desconfianza institucional o desconocimiento del acceso a derechos y riesgos de protección, principalmente para mujeres y NNAJ debido a la presencia de bandas delincuenciales. Se identificaron barreras en el acceso a atención médica y acciones de promoción y prevención (P&P) en población proveniente de Venezuela en estado de irregularidad principalmente Madres gestantes y lactantes (MGL), adulto mayor y población en condición de discapacidad. Población con enfermedades prevalentes de la primera infancia (EDA, IRA, DNT), infecciones de la piel, infecciones de transmisión sexual, enfermedades transmitidas por vectores y deterioro de la salud mental. Respecto a agua y saneamiento básico, se presentan barreras en el acceso a agua segura, inadecuado almacenamiento, falta de sensibilización sobre prácticas de higiene e inexistencia de sistemas para el manejo de residuos sólidos y excretas. En las comunidades visitadas, el reciclaje es uno de los principales medios de vida y en especial de los niños, niñas y adolescentes que reciclan a diario para llevar dinero a sus familias. Especialmente en la comunidad de Villa del Sur, llama la atención la cultura del reciclaje en una zona caracterizada por ser un basurero a las afueras de la ciudad. Lo anterior genera competencia a nivel intracomunitario por obtener mejores medios de vida. Tejidos, reciclaje y moto-taxismo son las principales fuentes de trabajo informal de las familias que habitan estos asentamientos.

1 RUV – UARIV 2 Última medida https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/3-17MC51-15-CO.pdf 3 PCMT: Puesto de control migratorio terrestre - Migración Colombia 4 Durante el 2017 y lo recorrido de 2018 ACNUR Guajira ha atendido 38 solicitudes de asilo. 5 Permiso Especial de Permanencia (PEP), Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV)


5

Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada

Base: 11 encuestas realizadas


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Prioridades Humanitarias

Percepciones

de la población

Recomendaciones

del equipo evaluador

❶ Educación en emergencias ❶

Protección

❷ WASH

❷ Salud

❸ Salud

❸ WASH

El equipo evaluador concordó con la población en la priorización de los sectores de agua y saneamiento básico (WASH) y salud. Sin embargo, durante la visita fue evidente encontrar que la población proveniente de Venezuela en estado de irregularidad tiene un desconocimiento acerca de las rutas y procesos para la legalización de su estadía en el país y acceso a derechos en general; adicionalmente niños, niñas y adolescentes colombianos y venezolanos sin acceso al sistema educativo por falta de documentación, riesgos por vinculación a bandas delincuenciales, riesgos en niñas y mujeres por abuso sexual y físico, además de barreras en el acceso a salud y consumo de sustancias psicoactivas. Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente mencionadas, el equipo evaluador decide priorizar el sector de Protección ya que es una necesidad latente en la población y el sector de Educación en Emergencias se vincula a otros hallazgos.

Recomendaciones – Estrategias de intervención

Sector Recomendaciones

❶

Sector Protección

Se requiere acciones de orientación, información y asistencia legal en materia de registro (incluyendo acceso a la nacionalidad colombiana), regularización y rutas de protección a población proveniente de Venezuela y las comunidades de acogida, con enfoque de atención familiar e integral que permita un acompañamiento sostenible y eficaz en línea con el marco normativo internacional de derechos humanos y derecho internacional de refugiados. Acompañamiento institucional a las comunidades de acogida para seguir fortaleciendo la presencia institucional y la activación de rutas de acuerdo con el marco legal colombiano y a los ajustes que se están llevando a cabo en el marco de la atención a la emergencia de flujo migratorio mixto. Apoyo al gobierno nacional, departamental y municipal en la definición de políticas, esquemas de articulación y rutas de atención que incluyan un claro análisis de la situación y una caracterización del tipo de población proveniente de Venezuela. Entornos protectores urgentes para niños, niñas y adolescentes que promuevan la construcción de tejido social incluyente y solidario, contribuyendo, así como agentes de cambio en la transformación de sus comunidades y la prevención del consumo de SPA, deserción escolar, violencia sexual, explotación sexual, trata, y la erradicación del trabajo infantil. Centros de atención, orientación y apoyo al migrante que incluya atención psicosocial. La violencia sexual afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario la intervención del ICBF y Fiscalía CAIVAS a fin de verificar el restablecimiento de derechos de los NNA según lo indicado en la ley 1098 de 2006 o código de la Infancia y Adolescencia. Promover redes comunitarias de protección de derechos con enfoque diferencial, especialmente en comunidades wayuu, como una forma de contribuir a la integración local y eliminar la xenofobia. Se requiere jornadas interinstitucionales de atención en protección con un enfoque intersectorial, principalmente para niñas, niños menores de cinco años, adolescentes, mujeres gestantes y lactantes (MGL), población con discapacidad y adultos mayores.


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❷

Sector Salud

Fortalecer los equipos extramurales para la referencia y contra-referencia de casos de atención a la primera infancia, mujeres y MGL. Realizar acciones tales como brigadas, talleres, capacitaciones para prevenir y atender los factores de riesgos existentes. Fortalecer la gestión y articulación con los actores del Sistema General de Seguridad Social- SGSS, para eliminar las barreras de atención en salud y aumentar la cobertura. Brindar acompañamiento psicosocial y salud mental para minimizar las afectaciones emocionales a causa del flujo migratorio. Fortalecer las estrategias de derechos sexuales y reproductivos. Fortalecer capacidades comunitarias en entornos saludables, seguridad alimentaria. Fortalecimiento de capacidades comunitarias a través de la creación de comités de salud, con especial atención en la capacitación en primeros auxilios físicos y psicosociales. Impulsar acciones preventivas para el consumo de SPA en NNAJ en alianza con las Instituciones Educativas, el sistema de salud y autoridades locales desde un enfoque de salud pública.

❸

Sector WASH

Promover el acceso al agua para el consumo humano que incluyan construcción de medios o rehabilitación de sistemas de agua en los asentamientos. Acompañar estos procesos del empoderamiento de las comunidades en la gestión de desechos. Creación y formación de comités en agua y saneamiento básico. Incidencia para la vinculación de las comunidades en el Plan Departamental de Aguas y CMGRD6. Promover en las comunidades mecanismos de participación o construcción de tejido en cuanto al manejo del agua y la manipulación de los alimentos. Transferencia de conocimientos y capacitación en promoción a la higiene básica, entornos limpios, optimización del agua, manipulación e higiene de alimentos y estilos de vida saludable. Construcción de infraestructuras para la disposición de excretas, aguas residuales y residuos sólidos. Entrega de filtros de arcilla y pastillas cloradas. Construcción de letrinas y estaciones de lavamanos.

6 Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres.


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Alcance de la crisis y perfil humanitario Las comunidades de Villa del Sur, Brisas del Norte y comunidades aledañas cuentan aproximadamente con un 35% de población proveniente de Venezuela del total de sus habitantes. A medida que incrementa la crisis, estos asentamientos informales se expanden, siendo lugar de acogida para familias enteras que llegan al país y no cuentan con recursos económicos y/o de alojamiento para satisfacer sus necesidades básicas. Además, en las zonas priorizadas para la evaluación se identifican familias Wayuú que han acogido a familias de su misma etnia provenientes de Venezuela. En las comunidades priorizadas en esta evaluación se identificaron necesidades humanitarias inmediatas en los sectores de protección, salud y WASH para personas migrantes y refugiados venezolanos, población de acogida, personas con necesidades de protección internacional, retornados, población Wayuú y víctimas del conflicto armado. El flujo de personas provenientes de Venezuela en las zonas priorizadas por el MIRA ha tenido un incremento considerable a lo largo del presente año. Este escenario se caracteriza por el limitado conocimiento en las rutas de atención para el acceso a derechos en los distintos perfiles poblacionales. Actualmente la dinámica migratoria aumenta, llegando familias enteras que se ubican especialmente en lugares como asentamientos informales que no cuentan con opciones de regularización. Tal situación, aunada a las restricciones que existen en su país para la adquisición de pasaportes y documentos de identidad, traen como consecuencia que la mayoría de quienes han arribado al municipio de Riohacha con ánimo de permanencia, lo hagan de manera irregular y con limitado acceso a la oferta social del municipio. Al tratarse de asentamientos informales principalmente, no hay acceso a condiciones de higiene y sanidad dignas y seguras. Para realizar las necesidades fisiológicas, las personas deben desplazarse a lugares alejados, sin iluminación e inseguros especialmente para niños, niñas y mujeres; las comunidades exponen casos específicos de violencia sexual y física ocurridos en los sectores. Existen tensiones y conflictos que surgen con la llegada de nueva población a los asentamientos, que se han convertido en actos de estigmatización y

Acceso humanitario Los dos asentamientos humanos informales Villa del Sur y Brisas del Norte donde se realizó la evaluación y que fueron los puntos de acopio para las personas de las otras comunidades son periurbanos y se accede a ellos por vía terrestre. La distancia del centro de la ciudad de Riohacha a los asentamientos es de aproximadamente veinte minutos en vehículo. El asentamiento de Brisas del Norte se ubica en zona de riesgo ya que las viviendas se encuentran cerca al mar existiendo un alto riesgo de ser afectados por desastres de origen natural, como una erosión costera. El asentamiento informal de Villa del Sur está más distante del centro de la ciudad y ambos se caracterizan por la falta de alumbrado público y grandes distancias para el acceso a servicios básicos que incrementa el riesgo de VSBG especialmente en NNAJ y mujeres, que aumentan el riesgo para NNJ y mujeres.


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discriminación entre sus habitantes y en espacios de NNA con problemáticas asociadas a temas relacionados con convivencia ciudadana, competencia por los medios de vida e inseguridad. Tanto la comunidad de acogida como la población proveniente de Venezuela se encuentran con necesidades en acceso a salud, educación y alimentación. Los más afectados son los niños, niñas y jóvenes en riesgo de consumo de SPA, microtráfico, deserción escolar y desnutrición. En las mujeres riesgos de VSBG, riesgos asociados a la atención y prevención en salud, especialmente las gestantes y personas en condición de discapacidad. Estos asentamientos presentan brotes de delincuencia común-bandas delincuenciales, tanto interna como externa. La primera se trata de hurtos, violencia sexual, VBG, problemas de convivencia (riñas) entre miembros de la comunidad, maltrato a NNA y la segunda se trata de hurtos, lesiones personales, amenazas, violencia sexual por personas que no son residentes de estas comunidades

Hay restricciones a la movilidad implícitas en las dinámicas de los asentamientos y barrios, la población en especial las mujeres señalan que por las dinámicas de violencia y de riesgo de VSBG es recomendable no ingresar o transitar a altas horas de la noche, o que personas ajenas al barrio ingresen a transitar sin destino fijo. Las comunidades han creado estrategias de autoprotección como ir acompañados en caso de que se requiera salir a altas horas de la noche o advertir sobre los riesgos a personas nuevas en los barrios y algunas recomendaciones sobre el tránsito.

Crédito: OCHA/Diana Anacona Brisas del norte.


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Protección Sector prioridad - 1

Escenario general del sector

Los asentamientos informales de Brisas del Norte, Villa del Sur y comunidades aledañas se han convertido en comunidades de acogida de población proveniente de Venezuela (refugiados y migrantes venezolanos, colombianos retornados y Wayuu retornados) con necesidades específicas de protección. El incremento en los flujos migratorios mixtos en estas comunidades plantea retos importantes en materia de protección, los cuales se relacionan con aspectos como, el acceso a documentación tanto para población venezolana como colombiana retornada, la falta de acceso a rutas de atención humanitaria, profundo desconocimiento de sus derechos, y, por ende, desconocimiento de las rutas de atención integral para flujos migratorios mixtos. La población con discapacidad, adulto mayor, mujeres gestantes y lactantes, niños, niñas y adolescentes presentan las mayores vulneraciones.

En cuanto al desconocimiento sobre rutas mencionadas en el párrafo anterior, cabe resaltar las siguientes: i) asistencia a víctimas del conflicto armado; ii) regularización migratoria; iii) el procedimiento para la solicitud de refugio/asilo, iv) obtención de documentación civil para colombianos, Wayuu retornados e hijos de venezolanos nacidos en Colombia; v) y las rutas de acceso a salud y educación especialmente para provenientes de Venezuela. Mucha de la población venezolana no se encuentra registrados en el RAMV a pesar de que llevan varios meses en el territorio. En estos asentamientos se presentan situaciones de violencia por parte de grupos/bandas delincuenciales tanto en las zonas internas de los asentamientos, como en las zonas de influencia externa, violencia que, según las comunidades, se ha incrementado en la ciudad de Riohacha, a medida que el flujo migratorio mixto crece. Los factores se relacionan con la ausencia de medios de vida, deserción escolar, desesperanza, falta de oportunidades, pobreza extrema, ausencia de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes, aumento del consumo de SPA, microtráfico y falta de alumbrado público en las vías de acceso. Niñas, adolescentes y mujeres son las más desprotegidas y en riesgo de VSBG, hurto callejero y riñas comunitarias. Las viviendas que habitan no cuentan con la infraestructura adecuada por sus características de asentamiento informal. En ese sentido, se han presentado hurtos domiciliarios y riñas entre familias venezolanas, los cuales se acentúan por la falta de alumbrado público. Los mecanismos de seguridad comunitarios, como ¨la voz a voz¨ de vecino a vecino, son insuficientes frente a la magnitud de la problemática y el silencio al que se ven forzadas muchas familias venezolanas sin documentación. Se evidencia débiles o inexistentes redes comunitarias que incluyan el enfoque de población proveniente de Venezuela, que permita espacios de cohesión social para la exigibilidad de sus derechos y apoyo mutuo de las personas que llegan y las de acogida. La población proveniente de Venezuela, en su mayoría, no cuenta con redes de apoyo en los sectores de acogida y es susceptible de padecer xenofobia y discriminación, particularmente en aquellos escenarios de trabajo informal en los cuales no son aceptados por la población receptora. Lo anterior contribuye a que el estado emocional de estas personas se afecte de manera negativa con sentimientos de frustración y desesperanza, ante la falta de medios de vida.

Crédito: OCHA/Diana Anacona Grupo focal de NNA, Brisas del Norte.


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Los asentamientos carecen de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes7. Cabe resaltar la importancia de fortalecer a la niñez y adolescencia, de habilitar espacios para convocar y promover la participación de la niñez y la adolescencia, y de promover escenarios para que los adultos acompañen y se vinculen a actividades de protección que permita un reconocimiento de ellos y ellas. De lo contrario, se expone a la niñez y adolescencia a riesgos de todo tipo de violencias, en especial, abuso y explotación sexual, trata, reclutamiento y utilización por parte de actores armados ilegales. Estos asentamientos, al encontrarse en la zona periurbana del municipio, no tienen fácil acceso a las oficinas centrales de las instituciones del orden internacional, nacional y municipal, por lo que requieren de acciones descentralizadas para la atención de los asuntos de protección anteriormente señalados.

Capacidades nacionales y respuesta

En Villa del Sur:

Se cuenta con la intervención del ICBF, la cual está dirigida a primera infancia, adolescencia, madres gestantes y lactantes. Sin embargo, la cobertura no es suficiente.

En el mes de mayo UDGRD llevó una unidad móvil del RAMV.

Durante el día mundial del Refugiado, se realizó una jornada que contó con la presencia de la Registraduría Civil (29 tarjetas de identidad y 70 asesorías), Defensoría del Pueblo (atención a 44 casos) el ICBF.

Capacidades internacionales y respuesta

Villa del Sur:

En el marco del día mundial del Refugiado liderado por GIFMM8 La Guajira en coordinación con la institucionalidad (ver pag 11 – capacidades nacionales), realizó el 23 de junio. Las acciones fueron: Unicef atendió 250 NN con juegos lúdicos; Save the Children participó con acciones para niñez; NRC 40 casos atendidos con asesoría legal; ACNUR atendió 80 casos;

UNICEF viene trabajando desde junio de 2018, definiéndola como parte de sus zonas prioritarias en el marco de su mandato humanitario y en este sentido, adelantando acciones de articulación en prevención y protección con el ICBF y varias organizaciones no gubernamentales como Paíz Pazífico, Pastoral Social, Aldeas Infantiles, Acción Contra el Hambre y Fundación Renacer.

Brechas identificadas

1. Desconocimiento de las rutas de protección y atención diferencial para la garantía de derechos en los casos de VBG, VS. Protección que el Estado Colombiano brinda a través del desarrollo de las Leyes 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios 4796 y 4799 de 2011, que desarrollan las medidas de protección en los casos de violencia hacia las mujeres.

7 Para más información sobre el marco jurídico internacional y nacional de protección de NNA en contexto de migración mixta mirar: a: Ley 1565 de 2012, Ley 1448 de 2011, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (1979), Ley 51 de 1981; Convención Sobre los Derechos del Niño (1989), Ley 12 de 1991, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución y pornografía (2000), Ley 765 de 2002; Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (2000), Ley 800 de 2003 y las observaciones generales 3, 4, 22 y 23 del Comité de los Derechos del Niño sobre los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional. 8 Grupo Inter-agencial de Flujos Migratorios Mixtos


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2. La falta de rutas claras para trámites de documentación y acceso a la información en procesos de regularización crea incertidumbre para el acceso a derechos y servicios de protección, agua y saneamiento básico, salud, educación, y medios de vida.

3. No existen entornos protectores para promover el trabajo conjunto entre niños, niñas y adolescentes y por supuesto su participación a nivel comunitario. Lo anterior no sólo pone en riesgo a esta población, sino que limita la participación y el involucramiento en soluciones comunitarias desde un enfoque de fortalecimiento de capacidades en niños, niñas y adolescentes.

4. Débil capacidad organizativa con enfoque diferencial en las comunidades que permita espacios de integración local y cohesión social para la gestión de sus conflictos y derechos en los territorios donde conviven.

Intervenciones claves Se requiere acciones de orientación, información y asistencia legal en materia de registro, regularización migratoria y rutas de protección a población proveniente de Venezuela y las comunidades de acogida. Promoción de deberes de la población proveniente de Venezuela en Colombia y de redes comunitarias de protección de derechos con enfoque diferencial como una forma de contribuir a la integración local y eliminar la xenofobia. Promover acciones para la prevención y protección de la infancia y la adolescencia en riesgo de consumo de SPA, tráfico, deserción escolar, violencia sexual, explotación sexual y trabajo infantil, específicamente para niñas, adolescentes y mujeres de estas comunidades en donde son mayormente vulnerados sus derechos. Por tratarse de comunidades con necesidades sobresalientes, es necesario coordinar acciones que permitan el acceso a necesidades básicas de emergencia con enfoque diferencial para mitigar riesgos de protección, específicamente para población con necesidades especiales como discapacitados, adulto mayor, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entornos protectores urgentes para niños, niñas y adolescentes que promuevan la construcción de tejido social incluyente y solidario, contribuyendo, así como agentes de cambio en la transformación de sus comunidades y la prevención del consumo de SPA, deserción escolar, violencia sexual, explotación sexual, trata, y la erradicación del trabajo infantil. Centros de atención, orientación y apoyo al migrante que incluya atención psicosocial. La violencia sexual afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario la intervención del ICBF y Fiscalía CAIVAS a fin de verificar el restablecimiento de derechos de los NNA según lo indicado en la ley 1098 de 2006 o código de la Infancia y Adolescencia.


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Salud Sector prioridad - 2

Escenario general del sector Este sector está intervenido a través de una administración temporal del nivel nacional (Ministerio de salud y protección social), situación que acentúa las barreras en la atención a población proveniente de Venezuela. Se encontraron casos específicos que denotan la ausencia de la prestación del servicio de salud integral y acciones de Promoción y Prevención (P&P) principalmente para población proveniente de Venezuela en estado de irregularidad, especialmente en Mujeres Gestantes y Lactantes (MGL), adulto mayor y población en condición de discapacidad. Gran proporción de la comunidad está en estado irregular, lo que no le permite contar la estratificación del SISBEN y no puede ser parte del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), lo que impide que reciban el servicio de salud de manera integral, algunos son atendidos en la ESE del distrito de Riohacha, solamente por urgencias. Es de especial preocupación, la atención en salud a mujeres lactantes, gestantes y adultas mayores venezolanas, la cual está supeditada a la regularización migratoria. En la zona se observa falta de infraestructura y capacidad instalada para acceder a servicios de salud primaria y salud mental. Estas comunidades no cuentan con puesto de salud cercano y se presentan dificultades de movilización por las largas distancias en especial en horas de noche. El hospital más cercano se encuentra a más de 10 km de distancia. La consecución de citas médicas en este lugar es difícil debido al elevado volumen de personas solicitantes, y la deficiencia de personal para la atención; generando grandes retos para las entidades prestadoras de salud. Entre las necesidades en atención en salud se evidencian enfermedades prevalentes de la primera infancia (EDA, IRA, DNT), infecciones de la piel (melasma, Impétigo, Varicela, etc.), causadas por la contaminación en la zona, que afecta también los alimentos que se preparan sin tener buenas prácticas de higiene; también se evidencian infecciones de transmisión sexual por el no uso de buenas prácticas de higiene y de planificación familiar, enfermedades trasmitidas por vectores y deterioro de la salud mental; los niños, niñas, mujeres y adultos mayores son los que demandan mayores servicios médicos. Además, es escasa la atención para el control prenatal a madres gestantes (algunas de ellas adolescentes). En las zonas visitas se identificó población proveniente de Venezuela con un estado emocional deteriorado, con sentimientos de frustración y desesperanza. Los casos relacionados con la salud mental no han sido atendidos según información de la población encuestada. En estas comunidades, la poca capacidad para acceder a alimentos por no contar con medios de vida obliga a las familias en la mayoría de los casos a consumir una sola comida en el día, y el agua que ingieren no es apta para el consumo humano, generando un riesgo alto para la población infantil de sufrir desnutrición, infecciones estomacales o enfermedades derivadas de la deficiencia de algunos nutrientes por los alimentos a los que tienen posibilidad de acceder. Además, en la comunidad de Brisas del norte y sus alrededores se presenta un incremento considerable en el consumo de SPA principalmente en niños, niñas y adolescentes poniendo en riesgo su salud integral; después del horario escolar los NNAJ se ven consumiendo en las calles de manera cotidiana. En estos asentamientos existe un número alto de mujeres gestantes sin controles prenatales.


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Capacidades nacionales y respuesta

Villa del Sur:

En el marco del día del Refugiado liderado por GIFMM – La Guajira, se realizó el 23 de junio una jornada Cruz Roja Colombiana atendió a 260 personas con medicina

general e ICBF entregó 2340 unidades de bienestarina.

Capacidades internacionales y respuesta En el Hospital Nuestra Señora de los Remedios (centro asistencial público más importante en el municipio), hay presencia de dos organizaciones; Malteser International y Mercy Corps quienes se complementan brindando asistencia médica prioritaria y entrega de medicamentos respectivamente, lo cual ha descongestionado significativamente el servicio de la urgencia de esta institución, pero que su capacidad es muy limitada en comparación con la crisis que se vive en el sistema de salud. Villa del Sur:

El GIFMM – La Guajira desarrolló en Villa del Sur una jornada de salud para población proveniente de Venezuela, donde, Save the Children entregó 600 kits de higiene oral; ACH realizó capacitación en manejo de la enfermedad diarreica aguda y entrega de sales de rehidratación oral para 930 personas.

Brechas identificadas 1. La ausencia de puestos de salud en las comunidades, la dificultad de acceso al más cercano, la deficiente atención, relacionada con la gran demanda y los pocos servicios que ofrece el sistema de salud a población proveniente de Venezuela 2. Se evidencia ausencia en actividades de P&P en salud sexual y reproductiva. 3. Se han identificado casos de dificultades para la atención en urgencias a ciudadanos venezolanos. La situación se agrava por el desconocimiento de la población acerca de los derechos de acceso a la salud. 4. Las madres gestantes no están al tanto de los avances en el proceso gestacional, debido a que no pueden realizar los controles prenatales de manera regular y están siendo obligadas a sufragar costos como ecografías. 5. Es difícil el acceso a transporte en momentos de emergencia, porque están por fuera del perímetro de la ciudad (esto se considera zona rural). 6. No contar con servicios de prevención y atención en salud mental con enfoque diferencial y étnico incrementa los riesgos de afectaciones psicosociales y de enfermedades mentales que pueden derivar en agresiones físicas de los mismos afectados y a sus familiares. 7. El Distrito no cuenta con una política pública en salud para dar respuesta al incremento del consumo de SPA por parte de NNAJ; igualmente las Instituciones Educativas no saben cómo abordar esta problemática.

Intervenciones claves

Fortalecer los equipos extramurales para la referencia y contra-referencia de casos de atención a la primera infancia, mujeres y MGL. Realizar acciones tales como brigadas, talleres, capacitaciones para prevenir y atender los factores de riesgos existentes. Fortalecer la gestión y articulación con los actores del Sistema General de Salud (SSGS), para eliminar las barreras de atención en salud y aumentar la cobertura. Promover la gestión e incidencia para la respuesta institucional en salud, con especial interés en los derechos de los NN y


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de las mujeres gestantes y lactantes. Brindar acompañamiento psicosocial y salud mental para minimizar las afectaciones emocionales a causa del flujo migratorio mixto. Fortalecer las estrategias de salud sexual y reproductiva. Fortalecer capacidades comunitarias en entornos saludables, seguridad alimentaria. Fortalecimiento de capacidades comunitarias a través de la creación de comités de salud, con especial atención en la capacitación en primeros auxilios físicos y psicosociales. Impulsar acciones preventivas para el consumo de SPA en NNAJ en alianza con las Instituciones Educativas, el sistema de salud y autoridades locales desde un enfoque de salud pública. Actualmente se cuenta con el Decreto1288 de 2018 que, si bien incluye medidas para garantizar el acceso a la salud a personas con el PEP, es necesaria la divulgación y socialización de este Decreto para la garantía de derechos, Es importante el papel del Ministerio Público en el acceso a la salud ya que muchas de las atenciones son rechazadas por carecer de documentación y se realizan por intervención defensorial con sustento del articulado constitucional mencionado.


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Agua, saneamiento básico e higiene Sector prioridad - 3

Escenario general del sector Se evidencia que la población de los asentamientos evaluados no cuenta con acceso a agua apta para consumo humano cerca a sus viviendas y las condiciones de higiene y acceso a saneamiento básico son inadecuadas; debido a ello con frecuencia los NNA presentan enfermedades diarreicas y problemas en la piel. En el asentamiento urbano de Villa del Sur acceden al agua comprando a personas naturales que la extraen de conexiones ilícitas existentes en los barrios colindantes y cuya calidad no es la adecuada, según refiere la población el agua presenta olor y sabor característicos, sumado a esto deben caminar largos trayectos entre el lugar donde compran el agua y sus hogares lo que expone a mujeres, jóvenes y niños a sufrir agresiones y robos al interior de sus viviendas que al dejarlas solas son saqueadas por otros habitantes de la zona. Por su parte en el asentamiento humano informal Brisas del Norte y zonas aledañas la mayor parte de la población accede al agua a través de una red artesanal de tuberías que se encuentra conectada ilícitamente al acueducto del barrio vecino. Se evidencia que no tienen acceso permanente al agua, sino que llega de forma intermitente una vez por semana y en ocasiones pasan varias semanas sin agua, además la población no cuenta con recipientes adecuados para el almacenamiento del agua. En general no se realiza ningún tratamiento de potabilización del agua para el consumo en los hogares, pues desconocen la importancia de realizar dicho tratamiento, una proporción significativa de la población opta por comprar agua potabilizada (bolsas) para cocinar y beber. La compra de agua en bolsa implica un gasto adicional para las familias y representa además del riesgo ambiental puesto que no cuentan con servicio de recolección de basuras, incrementando los riesgos ambientales para la salud asociados a la inadecuada disposición de desechos que existe y a la difícil situación de medios de vida de sus habitantes para su abastecimiento a las necesidades básicas. Respecto a la disposición de excretas, un porcentaje muy bajo cuenta con sistemas sépticos y muy pocas viviendas cuentan con baterías sanitarias, la mayor parte de las familias realizan sus necesidades a campo abierto y disponen los desechos en bolsas en el terreno cercano a sus viviendas lo que genera problemas de convivencia y en ocasiones conflictos dentro de la comunidad e incrementan los riesgos para las mujeres y los NNAJ que deben desplazarse a zonas solitarias y sin iluminación para hacer sus necesidades, las mujeres refieren sentirse en peligro debido a la falta de privacidad. La distancia a los puntos de agua potable ha recrudecido la tentativa y materialización de la violencia sexual, exponiendo como dijimos con anterioridad a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los y las cuales tienen que caminar kilómetros solos y solas, sin garantías de protección para conseguir el preciado líquido. Así mismo, el acceso a unidades sanitarias es nulo, llevando a mujeres y niños a acceder a lugares desolados e inseguros. Hay un desconocimiento en la manipulación del agua y de los alimentos agudizando los problemas de salud alimentaria e ITS en las mujeres.

Crédito: OCHA/ Catalina Pinzón Vendedores informales de agua – Villa del Sur


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Capacidades nacionales y respuesta La empresa prestadora de agua ASSA ha distribuido en algunas ocasiones el servicio, sin embargo, sigue insuficiente para satisfacer toda la demanda.

Capacidades internacionales y respuesta En Villas del sur, organismos de cooperación internacional han hecho presencia atendiendo en diferentes sectores. Durante el mes de marzo del presente año, Acción Contra el Hambre en coordinación con UNICEF realizó la entrega de sistemas de filtración familiar en Villas del sur, junto con actividades de sensibilización relacionadas con buenas prácticas de higiene, lavado de manos y prevención de enfermedades asociadas a malos hábitos de higiene. Por su parte la cooperación aún no ha intervenido en el asentamiento de brisas del norte.

Brechas identificadas Los niños y niñas son la población más vulnerable en este sector, pues cuentan con necesidades urgentes asociadas con la calidad del agua: un alto porcentaje de NNA padecen de afecciones dermatológicas, y una proporción importante reporta enfermedades diarreicas.

Intervenciones claves Tomando en cuenta los hallazgos, es urgente definir acciones que garanticen el acceso a agua apta para consumo humano (entrega de filtros de arcilla y pastillas cloradas) y la capacidad adecuada de almacenamiento de agua, que permitan reducir los riesgos de salud asociados al consumo y utilización de agua contaminada; así mismo se debe priorizar la creación de estrategias de promoción de entornos saludables, hábitos de higiene, manejo de residuos sólidos y excretas, buenas prácticas de manipulación de los alimentos y control de vectores, para reducir la exposición a condiciones ambientales que propician enfermedades. Construcción de infraestructuras para aguas residuales, residuos sólidos y disposición de excretas (letrinas).

Es necesario complementar estas acciones con la atención médica requerida, a través de brigadas de salud enfocadas en la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento primario de las enfermedades relacionadas con la deficiencia en el acceso a agua y saneamiento. Se sugiere evaluar la viabilidad de proveer espacios sanitarios dignos y seguros para NNA y mujeres. Se plantean kits de higiene diferenciados de acuerdo con las necesidades de cada grupo poblacional y complementado con estrategias de promoción de hábitos de higiene saludables. Creación y formación de comités en agua y saneamiento básico e incidencia para la vinculación de las comunidades en el Plan Departamental de Aguas y CMGRD.

Otros Hallazgos Educación: Se identificó que un alto porcentaje de los NNAJ se encuentran fuera del sistema escolar, aunque se ha aumentado la cantidad de cupos en las instituciones educativas

para los NNAJ provenientes de Venezuela, los cupos para los grados de bachillerato fueron asignados en instituciones educativas distantes; al no contar con transporte escolar estos estudiantes se ven obligados a transitar por zonas enmontadas en las que hay serpientes y no cuentan con iluminación lo que aumenta los riesgos por inseguridad y la deserción escolar.

Así mismo, la falta de modelos educativos flexibles para estudiantes en extra-edad disminuyen la posibilidad de ingresar a la escuela. También se identificó que otras causas de deserción escolar estas asociadas a la falta de útiles escolares y uniformes, la incorporación de los menores al mercado laboral, y la falta de infraestructura en las instituciones educativas genera hacinamiento. Además de los retrasos en obtener una educación, la desescolarización de los niños los pone en alto riesgo de problemas de protección.


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Intervenciones claves Generar y promover espacios de integración comunitaria y de prevención de la xenofobia con estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

Verificar y articular con la Secretaría de educación la disponibilidad de cupos en instituciones educativas cercanas a la vivienda de los niños y niñas.

Socializar en las instituciones educativas, padres y comunidad en general las rutas de atención con el fin de garantizar el acceso a los derechos de NNJA provenientes de Venezuela.

Garantizar entornos protectores en las instituciones educativas que incluyan acciones que permitan reducir los riesgos asociados a la deserción escolar, reclutamiento, violencia sexual y consumo de sustancias psicoactivas. Promover espacios de protección para NNAJ, en donde se trabajan temáticas de autocuidado, protección, e higiene.

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Información de contacto

Nombre: Federico Sersale, Diana Anacona

Organización: ACNUR, OCHA

E-mail: [email protected] , [email protected]

Dirección: calle 8 # 4 – 03; Calle 3 # 3 – 64

Contenidos

Ubicación de la zona visitada 1 Datos de la misión 1 Datos generales 1 Situación general 3 Impulsores de la crisis 3 Prioridades Humanitarias 6 Recomendaciones – Estrategias de intervención 6 Alcance de la crisis y perfil humanitario 8 Acceso humanitario 8

Protección 10

Escenario general del sector 10 Capacidades nacionales y respuesta 11 Capacidades internacionales y respuesta 11 Brechas identificadas 11 Intervenciones claves 12

Salud 13


Agua, saneamiento básico e higiene 16


Otros Hallazgos 17

Intervenciones claves 18 Información de contacto 19

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

informe final mira: municipio de riohacha (la guajira ... · informe final mira: municipio de...

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