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Informe al Congreso de la República 2017 - 2018

I N F O R M E

AL CONGRESOP E R I O D ODE LA REPÚBLICA

2 0 1 7 - 2 0 1 8

B o g o t á , a g o s t o d e 2 0 1 8


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www.procuaduria.gov.co

Procurador General de la NaciónFernando Carrillo Flórez

Viceprocurador General de la NaciónJuan Carlos Cortés González

Secretaria GeneralLiliana García Lizarazo

Jefe de Planeación José Alirio Salinas Bustos


© Procuraduría General de la NaciónCarrera 5 # 15-80

PBX: (+57-1) 587 8750Bogotá D. C., Colombia

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Elaboró:Oficina de PlaneaciónJosé Alirio Salinas Bustos

Oficina de PrensaSonia Hazbleady Rodríguez Martínez

Despacho del Viceprocurador General de la NaciónJuan Javier Cabello Daza

Despacho del Procurador General de la NaciónHubert Darío Ariza

Jefe Oficina de Planeación

Jefe Oficina de Prensa

Asesor

Secretario Privado

Contribución Especial:

Ricardo Alberto Montaña PrietoJosé Lenin Galindo UrquijoDaniel Iván Jiménez Pinzón Manuel Augusto Contreras Vargas Carlos Mauricio Moreno RamírezCésar Zapa SalgadoGustavo Alberto Peña GalvisJohn Harold Franco TrujilloLuzmila Fajardo EspañolLiliana García Moscote Efraín Alberto Becerra Gómez José Omar Ortiz Peralta Yehidy Ambrosio Pineda José Navia Claudia Patricia Peña Salgado Jacquelin Romero Guío Jairo Alonso Sánchez VásquezJuan Carlos Díaz Salinas Leonardo Enrique Riaño GómezMaría del Pilar Corsi MeraMarithza Natividad Sora BarajasEdilberto Cáceres LaraManuel Sánchez LozanoNubia Stella Hernández MéndezOlga Lucia Prieto Ramírez Paola Katherin Linares RuedaJael Villanueva Sánchez Nohora del Carmen Ortega Bolaños

Asesor AsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorAsesorProfesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario SustanciadorSustanciadorSustanciadorSustanciadorAuxiliar AdministrativoAuxiliar AdministrativoOficinista


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CONTENIDO INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 71. UNA PROCURADURÍA CIUDADANA 2017-2018: BALANCE EN CIFRAS ............................ 11 1.1. Cifras globales de la gestión misional ................................................................................ 13 1.1.1. Función Preventiva ............................................................................................................... 13 1.1.2. Función Disciplinaria ............................................................................................................ 16 1.1.3. Función de Intervención ....................................................................................................... 24 1.2. Suspensiones preventivas y disciplinarias ......................................................................... 30 1.3. Avance en la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 ............................ 32 1.4. Con los pies en los Territorios ........................................................................................... 42 2. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ................................................................................ 51 2.1. Corrupción sin fronteras y empresas criminales ............................................................... 53 2.2. Corrupción en la gestión pública y de funcionarios de elección popular ........................ 58 2.3. Abuso del suelo y ordenamiento territorial ........................................................................ 67 2.4. Corrupción contra las personas más vulnerables y carteles de la corrupción ............... 74 2.5. Lucha por un #YOVOTOLIMPIO ........................................................................................... 85 2.6. Corrupción en la contratación (gastos reservados, nóminas paralelas, contratación directa) ..... 87 3. LA PROCURADURÍA CIUDADANA Y LA REALIZACIÓN DE DERECHOS ............................ 95 3.1. Salud ..................................................................................................................................... 96 3.2. Medio Ambiente ................................................................................................................... 99 3.3. Derechos Étnicos .................................................................................................................1053.4. Paz, Víctimas Y Tierras .......................................................................................................108 3.5. Derechos Humanos .............................................................................................................114 3.6. Asuntos Constitucionales .................................................................................................... 118 3.7. Defensa del patrimonio público............................................................................................122 3.8. Transparencia y acceso a la información ......................................................................... 122 3.9. Infancia, Adolescencia y Familia ....................................................................................... 127 3.10. Participación Ciudadana .................................................................................................... 128 4. UNA PROCURADURÍA PARA UN ESTADO MODERNO ...................................................... 131 4.1. Fortalecimiento y reingeniería institucional ..................................................................... 133 4.2. Ejecución ............................................................................................................................. 137 4.3. Contratación ....................................................................................................................... 140 4.4. Gestión institucional interna .............................................................................................. 142 5. RETOS Y PERSPECTIVAS DE CARA AL NUEVO GOBIERNO ............................................ 151


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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓNLa Procuraduría General de la Nación es patrimonio de los colombianos. Tenemos el compromiso de trabajar con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en los territorios, para convertirla en una Procuraduría Ciudadana; innovadora, decidida a trabajar en tres frentes estratégicos: la lucha contra la corrupción, la recuperación y el goce efectivo de los derechos, y el fortalecimiento de las instituciones. Nos fortalecemos para responder a los desafíos de una sociedad fraccionada que reclama justicia, salvaguardar el ordenamiento jurídico y cumplir con excelencia los deberes y tareas que nos asigna la Constitución.

La construcción participativa de un modelo de ética pública, con base en la adopción de valores derivados de una cultura de derechos; el cuidado de lo público, la recuperación del valor de la justicia y la solidaridad con las víctimas, constituyen desafíos prioritarios para nuestra nación.

Para afrontar esa tarea, la Procuraduría ha asumido una dispendiosa tarea de transformación de la cultura organizacional, que incluye el direccionamiento estratégico, la capacitación del equipo humano y la transformación de la cultura organizacional. El país ha asistido al surgimiento de un Ministerio Público con mayor presencia en los territorios, decidida en la lucha contra la corrupción, que ha recuperado la confianza de la ciudadanía, en especial de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.


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La Procuraduría ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en el cumplimiento de las funciones de prevención, intervención y disciplinaria, a través de la promoción de la integridad, la corresponsabilidad, la transparencia y la cooperación, para una acción más eficaz y efectiva que suscite el cambio social con impacto y resultados concretos en los territorios.

La Procuraduría es hoy una entidad de puertas abiertas, conectada y cercana a la gente, que articula sus funciones misionales en pro de la orientación ética de la política social, para contribuir a la resolución pacífica de los conflictos y la consolidación de la paz. Hemos asumido estas labores con optimismo ante el futuro del país, para afrontar los retos surgidos de la fractura social, política, cultural y moral del país.

La Procuraduría ha advertido que se recupera la ética o el país se derrumba. Para el Ministerio Público es inadmisible la influencia perjudicial de los corruptos en los partidos políticos, la contratación estatal y las instituciones del Estado. Una respuesta a la vulneración institucional, a los graves hechos de corrupción, de cara al contexto social y a la situación del país, requiere acciones concretas. Entre otras, una urgente reforma a la justicia, el fortalecimiento de los organismos de control, y la recuperación de la confianza, fortaleciendo la capacidad institucional para la inversión eficiente de los recursos.

Al reconstruir la verdad y la historia para la no repetición de las violaciones de derechos, la mirada está puesta en la consolidación de una justicia efectiva, que contribuya a la reparación integral de las víctimas. Es imperativo pagar la enorme deuda social contraída con más de ocho millones de colombianos afectados por el conflicto armado interno que esperan del Estado acciones efectivas para superar su dolor, en especial, el cumplimiento de la ley de víctimas y los acuerdos de paz, que garantizarán la no repetición de la vergonzosa página de infamia que sumió al país en más de 52 años de dolor e ignominia.

La Procuraduría trabaja por la modernización del Estado. Comprende que los colombianos reclaman una institucionalidad más fuerte y eficiente que garantice sus derechos. Por ello, ha convertido en un objetivo prioritario la modernización de la Procuraduría, trabajando de manera coordinada con los demás órganos de control, y con las instituciones, con TIC y sistemas de información que atiendan mejor los derechos de petición. Las nuevas herramientas permitirán la adopción de mecanismos infalibles y confiables para identificar los riesgos de corrupción y las aplicar estrategias para combatirla.

Es urgente, además, avanzar en la consolidación de un servicio público marcado por la ética. La Procuraduría promueve que las instituciones públicas y privadas se comprometan con la transparencia. Los intereses personales no pueden seguir marcando la toma de decisiones. El Ministerio Público trabaja para cumplir su mandato constitucional, libre de influencias políticas que perturben la transparencia en la designación de funcionarios y toma de decisiones. Promovemos, por ello, el equilibrio entre el desarrollo libre y autónomo de las capacidades de los funcionarios públicos y el interés colectivo.

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En este orden de ideas, la Procuraduría no pretende intimidar ni limitar las actuaciones de los funcionarios públicos, sino, en esencia, desplegar su potencial preventivo, y, en especial, la dimensión ética que envuelve al derecho disciplinario.

Defender los derechos y hacer justicia también tiene que ver con garantizar que el Estado responda adecuadamente a las necesidades y demandas de las poblaciones marginadas y vulnerables, en particular, en los territorios, donde la pobreza, la falta de desarrollo y la desigualdad son latentes. La justicia social es un objetivo prioritario de una nación que reclama oportunidades, buen gobierno descentralización y compromiso con los municipios, así como la relevancia competitiva en los mercados internacionales, con sostenibilidad ambiental.

La justicia también se relaciona con el derecho de cada persona a contribuir con sus talentos en la conformación del bien común y el respeto de lo público. No de otra manera adquieren valor la formulación de las políticas y criterios de intervención del Ministerio Público, su actuación ante las autoridades administrativas y judiciales, la elaboración de conceptos ante la Corte Constitucional y otras instituciones, y la labor de mediación y conciliación, entre tantas otras acciones misionales en defensa de los derechos ciudadanos. Este informe es una rendición de cuentas, pero en especial una certificación de la actuación de una Procuraduría decidida a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y ser parte de una nueva institucionalidad para la convivencia y el bienestar común. En esa tarea nos compromete la atención de la población vulnerable, entre muchos otros los niños y niñas, a quienes se les ha violado su derecho a una alimentación nutritiva y de calidad; de los usuarios del sistema de salud; de los habitantes de zonas hídricas contaminadas por la industria y la minería ilegal. Con este informe le decimos al país que estamos cumpliendo y avanzando en el cumplimiento de los compromisos asumidos al inicio de nuestra gestión.

FERNANDO CARRILLO FLÓREZProcurador General de la Nación


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1UNA PROCURADURÍA

“CON LA CONSTITUCIÓN EN LA MANO, EL CORAZÓN AL LADO DE LAS VÍCTIMAS Y LOS PIES EN LOS TERRITORIOS”

La Procuraduría General de la Nación inició una nueva etapa institucional en el periodo 2017-2018. Es una fase con desafíos complejos para responder a las demandas y necesidades ciudadanas, a la construcción de la paz, el fortalecimiento de la justicia, la búsqueda de una gestión pública transparente, moderna y eficiente, así como la construcción de una ética colectiva y de respeto al bien público. Con este propósito, los esfuerzos del Ministerio Público van dirigidos a aumentar la efectividad de la gestión institucional, a partir del fortalecimiento de las funciones preventiva, disciplinaria, de intervención judicial y administrativa y conciliación.

CIUDADANA 2017 - 2018BALANCE EN CIFRAS


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La labor preventiva es el núcleo de la función misional de la Procuraduría General de la Nación ya que todas sus actividades apuntan a ese objetivo. De acuerdo con la ley, esta función busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública. Al mismo tiempo, promueve el respeto de las garantías de los derechos constitucionales.

En paralelo, la gestión disciplinaria fue encomendada a la Procuraduría en la Constitución Política de 1991. En este aspecto, la Procuraduría vigila la conducta oficial de los servidores públicos y la de los particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos públicos. Su objetivo es procurar el cumplimiento de la Carta Política, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, y defender los intereses de la sociedad y los colectivos. La tarea en este campo ha estado dirigida a garantizar el orden legal y contener el tsunami de la corrupción que recorre el país.

Por su parte, la función de intervención judicial del Ministerio Público, en representación de la sociedad, se ha constituido en una mano protectora de la ciudadanía. La protección judicial comprende todas las especialidades de los derechos: los asuntos civiles, laborales, administrativos del Estado, los penales de las víctimas y la protección del debido proceso, los ambientales, la defensa del patrimonio público, los agrarios y otros más. La Procuraduría actúa con decisión para salvaguardar los derechos de la ciudadanía y el orden constitucional. Y también para avanzar en la lucha contra la corrupción, defendiendo los intereses de la Nación, en muchos casos, de la voracidad de los contratistas con el Estado. Esto es precisamente construir una Procuraduría Ciudadana.

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CIFRAS GLOBALES DE LAGESTIÓN MISIONAL1.1.

FUNCIÓN PREVENTIVA1.1.1.En la función preventiva se recibieron 48.583 atenciones al público, de estas, 2.060 (4,2%) se remitieron por competencia; 28.654 (59%) se resolvieron inmediatamente; 13.935 (28.7%) atenciones pendientes por atender y 3.934 (8.1%) pasaron a asunto abreviado y ordinario. Esta actividad busca resolver inquietudes de la ciudadanía con relación a sus derechos y a las entidades públicas que los garantizan.


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Atenciones al público (escenario de orientación en la función preventiva) 48.583

Asuntos abreviados (escenario de mitigación de la acción preventiva) 69.554

Asuntos ordinarios (escenario de mitigación continua de la acción preventiva) 18.077

Casos preventivos resueltos (escenario de anticipación de la acción preventiva) 1.816

Acciones constitucionales en defensa de derechos 152

Visitas in situ preventivas 5.247

Requerimientos efectuados 90.428

Respuesta a peticiones 43.557

Eventos de capacitación

FUNCIÓN PREVENTIVA 2017/2018 A NIVEL NACIONAL

719Particulares

Funcionarios Públicos

En desarrollo del escenario de mitigación y/o restitución, la Procuraduría conoció 87.631 hechos que implicaban la vulneración o desconocimiento de un derecho. De estos, 69.554 son asuntos abreviados y 18.077 son asuntos ordinarios.

Respecto a los casos preventivos, la Procuraduría General de la Nación desarrolló 1.816 actuaciones. En estos procesos, la Procuraduría –en un ejercicio del análisis situacional o mediante petición priorizada– identificó riesgos de vulneración de los derechos de las personas o amenazas al adecuado ejercicio de la gestión pública.

El 8.1% de estas atenciones generaron una actuación preventiva que buscaba mitigar la vulneración de un derecho; actuaciones representadas en 3.730 asuntos abreviados y 204 asuntos ordinarios. En estos casos, además de actuar contra un posible hecho transgresor o desconocedor de los derechos, se busca hacer seguimiento de mayor complejidad a las acciones que ejecuten las entidades involucradas.

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A nivel nacional, la mayor concentración de atenciones al público se realiza en las procuradurías delegadas (Nivel Central), que conocen temas de derechos humanos, familia, infancia y adolescencia, asuntos ambientales, asuntos étnicos y, ahora, la reciente Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos para las Víctimas, la cual responde al nuevo reto del post conflicto en Colombia. Sin embargo, el 51% de las atenciones al público por parte de la Procuraduría, en tema preventivo, se concentra en los territorios. Allí, las procuradurías regionales registran 13.453 (28%) atenciones, las provinciales 10.676 (22%) y las distritales 605 (1%) atenciones.

Atenciones al público (escenario de orientación en la Función Preventiva) 24.734

Asuntos abreviados (escenario de mitigación de la acción preventiva) 40.919

Asuntos ordinarios (escenario de mitigación continua de la acción preventiva) 4.479

Casos preventivos resueltos (escenario de anticipación de la acción preventiva) 686

Acciones constitucionales en defensa de derechos 88

Visitas in situ preventivas 3.134

Requerimientos efectuados 57.439


Eventos de capacitación

FUNCIÓN PREVENTIVA 2017/2018 EN LOS TERRITORIOS

444Particulares

Funcionarios Públicos

En el escenario Mitigación y/o Restitución a nivel territorial, las Procuradurías Regionales atienden el 52% del total de los asuntos ordinarios y abreviados de la institución. Esto quiere decir que, respecto a las demás dependencias, esas oficinas ejercen la mayor parte de actuaciones de atenuación de la vulneración y desconocimiento de los derechos, constituidas por 40.919 asuntos abreviados. Así mismo, 4.479 (12%) asuntos ordinarios a nivel nacional.


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Fallos de primera instancia

Fallos de segunda instancia

Total

FUNCIÓN DISCIPLINARIA 2017/2018 A NIVEL NACIONAL

FUNCIÓN DISCIPLINARIA1.1.2.

891

543

1.434

546

345Sancionatorios

Absolutorios

A nivel disciplinario, del 100% de las quejas a evaluar –100.735 entre julio de 2017 y junio de 2018–, 13.305 correspondieron al inventario inicial y 87.430 fueron recibidas en el segundo semestre del 2017 y primer semestre del 2018. Respecto del comportamiento de esta función se observa que se remitieron internamente en la entidad 10.297 (10,2%) y fueron remitidas a otras entidades por competencia externa (oficinas de control interno disciplinario, personerías) 42.107 (41.7%). A su vez, 16.615 (16,4%) se constituyeron en indagaciones y 930 (0.92%) en investigaciones.

De otra parte, el 9,0% es decir 9.127 quejas, fueron autos inhibitorios (atipicidad, no existió el hecho, no lo cometió el imputado, causal de exclusión de responsabilidad, no podía iniciarse o proseguirse), el 4.7% (4.800) fueron archivadas y el 2.4% (2.369) son acumuladas entre sí.

De las 86.115 quejas evaluadas a nivel nacional, el 16,4% (16.615) tuvo mérito para iniciar indagación preliminar y el 0,92% (930) generó directamente investigación disciplinaria.

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NACIONAL

TERRITORIAL


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A nivel nacional, de los 891, el 61,3% (546) de los fallos en primera instancia correspondió a decisiones sancionatorias. Este porcentaje se mantiene cercano en las decisiones del nivel territorial, donde corresponde al 60,4% (493).

Fallos de primera instancia

Fallos de segunda instancia

Total

FUNCIÓN DISCIPLINARIA 2017/2018 A NIVEL TERRITORIAL: REGIONALES / PROVINCIALES /DISTRITALES

816

278

1.094

493

323

Sancionatorios

Absolutorios

Las procuradurías regionales, con el 63%, es decir, 562 fallos en primera instancia, registran la mayor cantidad de decisiones del total de la institución. Respecto a las decisiones en segunda instancia, a nivel nacional 278 fallos fueron confirmados, 198 revocados y 67 modificados.

GESTIÓN DE LAS QUEJAS RECIBIDAS

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Durante el periodo 2017-2018, la Procuraduría General de la Nación ha tenido 156.236 quejas para evaluar. De estas, 74.827 fueron remitidas por competencia a personerías y oficinas de control interno disciplinario, lo que equivale a un 47.89%. La tendencia porcentual para el primer semestre del año 2017 fue de 39%; para el segundo semestre aumentó al 60% y para el primer semestre del 2018 descendió al 46%, lo cual equivale a una reducción aproximada del 14%.

La Procuraduría se inhibió en 13.390 quejas. Esto equivale a un 8.57% del total de quejas que tenía para evaluar; la tendencia para los tres semestres analizados se sitúa entre el 7.6% y el 9.6%. El segundo semestre del año 2017 fue el que mayor número de inhibitorios presentó.


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Debido al trabajo de los operadores disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, durante los tres semestres se logró avanzar de etapas de indagación a investigación. Se registran 25.470 nuevos procesos (24.088 indagaciones preliminares y 1.382 investigaciones directas), lo que equivale a un 16.30% de todas las quejas que tuvo la entidad en su evaluación inicial.

GESTIÓN DE LAS INDAGACIONES

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En el periodo enero – junio 2018 la Procuraduría General de la Nación registró un total de 75.212 indagaciones preliminares para evaluar. Esta cifra corresponde a las indagaciones con las cuales inicio el 2017, más las indagaciones que abrió directamente desde la queja y las indagaciones que recibió de otra entidad. De este total de indagaciones preliminares se archivaron 12.174, lo que equivale al 16.19%.


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La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la acción disciplinaria y al hacer la evaluación de las indagaciones a cargo, abrió un total de 7.183 investigaciones disciplinarias, equivalentes al 9.55% del total de las mismas. Estas cifras muestran una tendencia creciente en la apertura de investigaciones disciplinarias, siendo el segundo semestre del 2017 el periodo en el cual se inició el mayor número de estos procesos, desde la indagación preliminar.

GESTIÓN DE LAS INVESTIGACIONES

En el periodo enero – junio 2018 se registró un total de 31.636 investigaciones disciplinarias para evaluar. Esta cifra está conformada por las investigaciones con las que inicio el 2017, más las investigaciones que abrió directamente desde la queja, las investigaciones que se iniciaron desde la indagación preliminar y las investigaciones que recibió de otra entidad. De este total de investigaciones disciplinarias preliminares, se archivaron 4.404, lo que equivale al 13.92% del total de las mismas.

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La Procuraduría General de la Nación al hacer la evaluación de las investigaciones a cargo, produjo, por ejemplo, en el primer semestre de 2018, 387 fallos en primera instancia y 252 en segunda instancia.


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FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN1.1.3.A tono con el horizonte que desde el 2017 le fijó el Procurador General a la función de intervención, uno de los objetivos es consolidar la intervención judicial y administrativa, logrando que sea innovadora, pertinente y de alto impacto, mediante la construcción de planes departamentales (PDAI), bajo el paradigma de priorización para la efectividad de los derechos y el fortalecimiento de la justicia y las instituciones. Una intervención efectiva en asuntos de importancia jurídica, económica y trascendencia social, con énfasis en actuaciones contra la corrupción y sus actores y en las reclamaciones de los corruptos contra el Estado con los siguientes logros:

Expedición de lineamientos Planes Departamentales de Alto Impacto (PDAI).• Memorandos Nos. 15, 16 y 17 de agosto de 2017 – Criterios de priorización respecto de la intervención judicial.• Directiva 05 de diciembre de 2017 – Casos de alto impacto e interposición medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativa.• Memorandos 4 y 6 de febrero de 2018 – Componentes de los PDAI.

Mesas de trabajo con la jurisdicción contencioso administrativa (Presidentes Consejo de Estado y Tribunales, así como con Coordinadores de Jueces Administrativos), con el fin de priorizar casos de alto impacto (trascendencia jurídica, económica o social), en los que se requiera intervención especial de nuestros agentes del Ministerio Público.

Expedición de lineamientos en cuanto a la intervención administrativa – Memorandos 4 y 6 de febrero de 2018.

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Elaboración Planes Departamentales de Alto Impacto.

Se cuenta con 29 Planes Departamentales de Alto Impacto (PDAI), contentivos de los procesos en los que, prioritariamente, se encuentran interviniendo los Procuradores Judiciales Administrativos; así como de las propuestas de intervención administrativa, producto de las cuales se han otorgado 22 agencias especiales para estudiar irregularidades o situaciones de trascendencia en distintas regiones del país y se han recibido 30 proyectos de demandas de diferentes medios de control a interponer contra entidades estatales De ellas, el Delegado ha aprobado 15, se han presentado ante Tribunales y Jueces 10, de las cuales 9 están admitidas y 1 pendiente de admisión. (Anexo No. 2).

CASOS DE ALTO IMPACTO MÁS RELEVANTES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

• Interposición acción popular Ruta del Sol (Odebrecht)• Interposición acción popular Urbanismo - Cartagena• Intervención administrativa Foto multas – Floridablanca, Santander• Seguimiento sentencia Acción popular río Bogotá• Seguimiento liquidación Hospital San Juan de Dios• Interposición acción popular Triple A - Barranquilla• Intervención administrativa Puente Chirajara - Meta• Interposición acción popular Aquarela – Cartagena• Intervención administrativa Adres – Cartagena• Intervención administrativa relleno sanitario Parque Ecológico Praderas de San Antelio – Bojacá, Cundinamarca• Intervención administrativa Hidroituango – Antioquia• Intervención administrativa Contratos con recursos de valorización - Alcaldía de Armenia – Quindío• Proyecto piloto “Privación Injusta de la Libertad”.


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GERENCIA JURÍDICA Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Este proyecto está dirigido a intervenir en las entidades públicas a nivel nacional y territorial. Esto se hará mediante una interacción permanente con sus instancias decisorias y comités de conciliación. El objetivo es identificar las deficiencias y contribuir en la formulación de los correctivos necesarios para optimizar la actividad jurídica en la entidad, desde sus propias actuaciones administrativas como fórmula de prevención del daño. Este proceso pasa por el uso adecuado de la conciliación y la defensa contundente frente a la acción judicial propiamente dicha, hasta llegar a la recuperación de los recursos públicos comprometidos con las decisiones adversas, lo cual se hace a través de la promoción de la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición, destacando los siguientes logros:

Mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de identificar las entidades públicas con mayor índice de litigiosidad.

Elaboración de un listado de treinta entidades estatales con alto índice de litigiosidad.

Diagnóstico de las principales causas (talanqueras) para la aplicación de la conciliación: • Temor de los miembros de los comités de conciliación de convertirse en sujetos pasivos de reembolso en sede de repetición o de acción de responsabilidad fiscal. • Insuficiencia de recursos (disponibilidad presupuestal).• Debilidad en las estructuras institucionales de defensa judicial.• Desconocimiento práctico del precedente jurisprudencial.

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Visitas a las primeras diez entidades con mayor índice de litigiosidad (Anexo No. 5).• Ministerio de Educación Nacional. Modificación por parte de su Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la antigua política institucional de no conciliación, especialmente, en los casos de sanción por mora en el pago de cesantías a los docentes – Sesión de 13 de junio de 2018.• Ministerio de Defensa – Reforzamiento en la implementación de políticas de prevención del daño antijurídico, especialmente en los asuntos con mayor litigiosidad. Se ha logrado la aprobación de 1.327 conciliaciones por parte de la jurisdicción contenciosa en las que ha sido parte este Ministerio y que se llevaron a cabo por la Procuraduría General de la Nación (Anexos No. 6).• Cremil – Se realizaron mesas de trabajo con la alta dirección en las que se abordaron varios temas que impactan el modelo de defensa judicial de la institución, toda vez que más del 60% de las reclamaciones administrativas, conciliaciones y procesos judiciales obedecen a asuntos de reajuste con base en el IPC de la asignación de retiro, tanto para los causantes como para sus beneficiarios en caso de muerte. Se logró que el Comité de Conciliación de esa entidad acatara la línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado sobre el particular.

Lineamientos para las visitas a las entidades públicas y comités de conciliación – Memorandos Nos. 15 de agosto de 2017, 4, 6 y 9 de febrero y junio de 2018.• Disminuir la litigiosidad.• Optimizar la defensa judicial.• Conciliar y desjudicializar el conflicto.• Prevenir el daño antijurídico.

Otras visitas preventivas a entidades estatales y Comités de Conciliación a nivel nacional y territorial (Anexo No. 7).


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IMPULSAR LA CONCILIACIÓN Y OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CONCILIATONES:

Tomando como insumo la información recogida en las visitas a los Comités de Conciliación de las entidades públicas, impulsamos mesas de trabajo con las entidades con mayor litigiosidad e índice de condenas, a saber: Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a efectos de elevar el nivel de eficiencia a la conciliación extrajudicial, mediante la celebración de audiencias extensivas (Conciliatones), cuyo primer ejercicio se efectuó el 17 de noviembre de 2017, con el Ministerio de Defensa.

En la jornada participó un importante número de Procuradores Judiciales I y II, quienes tramitaron de manera simultánea 80 audiencias, con un relevante índice de conciliación por el orden de los $1.477.009.335, frente a pretensiones que ascendían a la suma de $6.556.332.681, arrojando un significativo ahorro para el Estado, equivalente a $5.079.323.346.

Conciliación masacre de Segovia: Se destaca, adicionalmente, la conciliación celebrada por ese misma Cartera con 35 grupos de familias víctimas de la masacre de Segovia, cuyas pretensiones por perjuicios materiales y morales valían alrededor de $25.000.000.000. La suma reconocida por perjuicios materiales ascendió a $6.748.137.809 y los perjuicios morales se tasaron en SMMLV, de acuerdo con las tablas del precedente jurisprudencial.

Este primer ejercicio conjunto con la Fiscalía y la Rama, se constituye en el piloto de una estrategia que busca encontrar soluciones concertadas a los conflictos que atañen a dos de las entidades más demandadas del Estado.

CONCILIACIÓN JUDICIAL, ARTÍCULO 192 DEL CPACA

La aplicación de la conciliación judicial en la etapa post-fallo condenatorio de que trata el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, no ha reportado los resultados esperados, según las estadísticas con que cuenta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Se encontró que el problema no se origina en el contenido de la norma, sino en las dinámicas administrativas para adoptar e impulsar las decisiones de conciliar a cargo de las entidades públicas que permitan alcanzar el fin perseguido por el legislador: descongestionar la justicia.

De ahí que, a través del Memorando No. 14 de junio de 2018, se fijaron lineamientos tendientes a que los intervinientes en el proceso y en particular los comités de conciliación de las entidades otorguen la importancia debida a esta oportunidad de zanjar sus diferencias, máxime cuando de los 37.562 procesos que en el año 2017 fueron resueltos en segunda instancia por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 33.104, es decir el 88%, fueron confirmados, razón suficiente para defender la figura de la conciliación judicial consagrada en el artículo 192 del CPACA y adoptar las medidas necesarias para su implementación.

El 95% de los conceptos emitidos correspondieron a procesos administrativos, seguidos por los rendidos en procesos de familia (1,5%), penales (1%) y otros (2.5%). En materia de intervención, la Procuraduría General presentó 2.794 acciones constitucionales con el fin de defender los derechos colectivos de los ciudadanos, entre los cuales resaltan ambiente sano, espacio público, acceso a los servicios públicos, moralidad administrativa y derechos de los consumidores.

Conceptos en procesos administrativos 118.777

Conceptos en procesos penales 1.278

Conceptos en procesos de familia 1.838

Conceptos en procesos de ambiente 237

Conceptos en procesos de restitución de tierras 591

Conceptos ante el Consejo Superior de la Judicatura 198

Conceptos ante el Consejo de Estado 954

Asistencia de procuradores judiciales a audiencias 132.115

Acciones constitucionales en defensa de derechos colectivos 2.794


Audiencias de conciliación 72.489

Recursos ahorrados al Estado por conciliación administrativa de la Procuraduría $352

FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL 2017/2018


30

CIFRAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Conceptos de constitucionalidad 29

Conceptos acogidos por la Corte Constitucional 26

Conceptos acogidos parcialmente por la Corte Constitucional 12

Conceptos no acogidos por la Corte Constitucional 4

En materia de conciliación administrativa, la acción de la Procuraduría General de la Nación generó ahorros al Estado en más de 352.000 millones de pesos.

Para cumplir con los procesos disciplinario, preventivo y de intervención, la entidad cuenta con 32 sedes regionales, 50 provinciales, 2 distritales, además de las procuradurías delegadas en el nivel central.

SUSPENSIONESPREVENTIVAS Y1.2. DISCIPLINARIAS

La Procuraduría General de la Nación, en su función de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, aplica la figura de la suspensión a los investigados en procesos disciplinarios.

El Ministerio Público podrá ordenar la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas, calificadas como gravísimas o graves. Esta medida se toma para evitar que interfieran en la investigación que se les adelanta o sigan cometiendo o reiterando las faltas. Entre las suspensiones provisionales más relevantes se encuentran:

31


CARGO CAUSAL DE SUSPENSIÓN

Gobernador de CórdobaIrregularidades en un contrato de tecnología y la supuesta corrupción en un convenio financiado con recursos de regalías.

Gerente del Hospital General de Medellín

Irregularidades en contratación y extralimitación en funciones.

Concejales de Lorica (10) Incumplimiento en sus deberes.

Superintendente de Salud Cobro de dádivas y prórroga por otros tres.

Gobernador de San AndrésIrregularidades que se cometieron en la contratación de servi-cios de salud y entrega de medicamentos al Hospital Claren-ce Lynd Newvald.

Alcalde de Moniquirá, Boyacá Participación en proselitismo político.

Representante a la Cámara Hallazgo en sede de campaña de dineros, armas y códigos de barras para la presunta compra de votos.

Directora de la UAESP Crisis en la recolección de basuras en Bogotá.

Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social de Córdoba Irregularidades en manejo de recursos para el adulto mayor.

Así mismo, la suspensión es una decisión disciplinaria ante la comisión de faltas que se catalogan graves culposas, graves dolosas o gravísimas culposas en el Código Único Disciplinario. Entre los fallos con decisión de suspensión contra funcionarios públicos se encuentran:


32

CARGO SANCIÓN

Exgerente del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle Suspensión por 7 meses.

Contralor General de Antioquia Suspensión e inhabilidad por 10 meses.

Exalcalde de Mogotes, Santander Suspensión por 2 meses.

Concejales de Facatativá (13) Suspensión por 10 meses.

Concejales (2) y exconcejales del Guaviare (10) Suspensión por 30 días.

Subsecretario del Senado Suspensión e inhabilidad por 8 meses.

Concejal de Medellín Suspensión e inhabilidad de 7 meses.

Exsuperintendente de Salud Suspensión por 8 meses.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO1.3. INSTITUCIONAL 2017 - 2020

La Procuraduría General de la Nación ha venido cumpliendo su mandato misional para ser eficaz y eficiente en las tareas encomendadas por la Constitución. En este sentido, el Plan Estratégico Institucional (PEI) establece unas metas de producto que defienden los intereses de los ciudadanos y contribuyen a la formación de mejores funcionarios y ciudadanos en convivencia pacífica.

En este apartado se presenta cada una de las metas programadas para la vigencia 2018 y, a su vez, se realiza una calificación parcial del primer semestre. En el desarrollo del segundo semestre de 2018 se cumplirá con la totalidad de la meta. Para interpretar el cumplimiento moderado, se resalta que la ley de garantías electorales impactó la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI). La columna eficacia refleja el cumplimiento de la meta, expresado en porcentaje de cumplimiento o variación porcentual.

33


El PEI establece 3 objetivos estratégicos y 7 específicos, 21 metas de resultado y 49 de producto. Se presenta un avance del PEI para el primer trimestre de 2018.

Objetivo estratégico 1. Se refiere a la integridad y la ética público-privada en la gestión de lo público, haciendo efectivos los mecanismos anticorrupción y la corresponsabilidad para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la cultura de lo público. Este objetivo estratégico contiene 18 metas de producto, de las cuales se programaron 17 para la vigencia 2018.

De las metas programadas se evidencia un avance óptimo en el 47% (8) de estas metas; es decir, su cumplimiento está garantizado en la vigencia. Para dar cumplimiento del 41% (7) de las metas es necesario realizar un mayor esfuerzo y un 17% (3) deben ser priorizadas, dado que no han presentado avance en el primer semestre.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 I SEMESTRE DE 2018

INDICADOR DE PRODUCTO

META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO

EJECUTADA I SEMESTRE 2018

Incremento anual del número de riesgos gestionado, por sector y territorio, con medición de índice de costos.

No. de fallos primera y segunda instancia 490 381 77,8

Incrementar el índice de efectividad

IEG = No de fallos / Total expedientes en investigación * 100

0,7 0,16 24,6

Ajustes–normativos e institucionales por año (Reingeniería con base en nuevas obligaciones: JEP, Paz, y Estatuto Oposición, entre otros).

No. de actos administrativos, estatutos, proyectos de ley, etc.

2 1 50,0

DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO EFICACIA


34

5% de disminución anual de los comportamientos de corrupción y antiéticos (instrumento de medición).

(Fallos sancionatorios) / Total de fallos en Primera Instancia *100

28,1 0,3 0,9

0.5 millones US anuales de cooperación internacional.

No. de informes trimestrales de seguimiento del estado de avance de los convenios internacionales

4 2 50,0

5% de incremento anual de solicitudes de cooperación para la gestión.

No. de proyectos aprobados por el cooperante / Iniciativas o proyectos presentados

4 1 25,0

Acciones del cuidado de lo público derivadas de las alianzas.

No. de informes de seguimiento a las alianzas / pactos de transparencia e integridad con los diferentes sectores

1 (modelo) En diseño -

Acciones derivadas de mínimo 3 pactos anuales

Formulación del Plan de acción por cada uno de los pactos establecidos

1 1 100,0

5 intervenciones derivadas del sistema y de mínimo 6 audiencias ciudadanas realizadas al año en el territorio.

No. de intervenciones y audiencias ciudadanas realizadas

3 13 433,3

20% de incremento anual de adherencia ciudadana a las TIC y/ o los canales digitales de participación y control social digitales de la Procuraduría

No. de quejas a través de medios electrónicos (página web o correo electrónico)

22.200 23.011 3,7

DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO


META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA


35


No. de sujetos obligados intervenidos por alguna actividad de seguimiento y vigilancia a la Ley.

No. de sujetos obligados 1.000 61 6,1

10% de incremento anual de denuncias de la ciudadanía

No. de quejas recibidas 55.501 55.725 0,4

10% de disminución anual de sanciones disciplinarias revocadas por la justicia

No. de fallos revocados 28 26 - 7,1

3 intervenciones integrales contra las megas estructuras de corrupción por año

No. de intervenciones contra la corrupción 3 10 333,3

10 dispositivos institucionales de sanción y / o reconocimiento

No. de actos administrativos de reconocimiento o sanción

2 1 50,0

Implementación del sistema de formación formal e informal (SFIF e inducción a 3.000 funcionarios)

No. de funcionarios públicos formados en transparencia e integridad

500 379 75,8

30.000 personas acreditadas en cursos virtuales del IEMP.

No. de personas capacitadas 6.000 - -



META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA



36

Objetivo estratégico 2. Está diseñado para promover la efectividad de los derechos y la legitimidad de la justicia, implementando mecanismos de prevención y respuesta a su vulneración, para que los responsables los hagan efectivos y así disminuyan las impunidades legal, moral y cultural, a través de la recuperación del valor de la justicia y el mejoramiento de su aplicación, con acceso, oportunidad y calidad, para que las personas vivan mejor en el territorio, en convivencia y sin conflicto armado. 19 metas componen este objetivo, de las cuales se programaron 13.

5% de reducción en la utilización de la tutela por año

No. de tutelas (año base = 2017) 75 72 -4,0

20% de aumento anual del número de acciones constitucionales que defienden el interés colectivo

No. de acciones constitucionales interpuestas

88 29 33,0

3 estrategias para la promoción de la participación política y el derecho a la oposición

No. de campañas de promoción (Cartillas, capacitación, cursos virtuales, etc.)

1 0 -

20% de aumento anual del número de actuaciones gestionadas aplicando las herramientas del análisis de riesgos

No de intervenciones ( conceptos emitidos, audiencias asistidas, respuestas derechos de petición y acciones constitucionales)

45.830 31962 -30,3



META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA


37


15% de aumento anual del número de recomendaciones acogidas por los responsa7bles, producto de la gestión de la Procuraduría.

No. de recomendaciones aceptadas / No. de recomendaciones realizadas

204 ND -

15% de aumento anual del número de decisiones sancionatorias por vulneración de derechos.

No. de decisiones sancionatorias por vulneración de derechos / No. de decisiones sancionatorias

632 -

5% de incremento anual del índice de efectividad de la defensa de los derechos

No. de conceptos acogidos en sentencias de la Corte Constitucional

2,6 26 1.000,0

10% más de personas beneficiadas por intervenciones administrativas, legislativas y judiciales.

No. de conciliaciones con acuerdo 667 724 8,5

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDTS.

No. de proyectos tipo a nivel preventivo 2 0,5 25,0

5 componentes estructurales de la justicia abordadas.

No. de documentos de trabajo elaborados. 1 0 -



META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA



38

Eficacia de las acciones judiciales

(No de investigaciones y juzgamiento penal + No. de intervenciones en vigilancia y policía judicial ) / Total de intervenciones

0,13 -

10 líneas de doctrina jurisprudencial construidas a partir de conceptos de la Procuraduría.

No. de boletines jurídicos / revistas / manuales 2 1 50,0

10% de incremento anual de actuaciones constitucionales, legales y administrativas presentadas de oficio en relación con el reconocimiento de derechos.

10% de incremento anual de actuaciones constitucionales, legales y administrativas presentadas de oficio en relación con el reconocimiento de derechos.

14 -



META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA


Objetivo estratégico 3. Su propósito es consolidar una Procuraduría General de la Nación con planeación y gestión estratégicas, a través de un talento humano que da ejemplo de servicio público, y de una gestión del conocimiento y de las TIC al servicio de la misionalidad, para mejorar la calidad de vida del ciudadano en la nación y el territorio correspondiente. Se programó el 100% de las metas (11) de producto.

39


5% de incremento anual de las intervenciones de la Procuraduría.

No. de intervenciones 11.457 8.360 - 27,0

3 mecanismos de efectividad del gobierno corporativo en funcionamiento al año

No. de lineamientos o actos administrativos 3 1,5 50,0

100% de la ley transparencia implementada

No. de eventos (foros, seminarios, conferencia o talleres) dirigidos a funcionarios de la Procuraduría sobre transparencia e integridad

10 2 20,0

100% de los funcionarios de la Procuraduría harán declaración pública de intereses

No. de actos administrativos (código de integridad tipo para el sector público, formato interno de declaración de conflicto de intereses y política interna de incentivos para la publicación de la declaración de bienes y rentas de altos directivos de la Procuraduría)

1 0,2 20,0

100% de las denuncias internas gestionadas y resueltas

No. de quejas recibidas en veeduría 100% ND



META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA



40

Mejorar en 50% a partir de la línea base de implementación del FURAG

% de implementación del Modelo Integrado de Planeación (MIPG)

0,05 0,01 20,0

15% de reducción anual de observaciones de control interno y no conformidades de las auditorías internas y externas.

No. de observaciones de control interno y no conformidades de las auditorías internas y externas.

187 23 12,3

5% de incremento anual de las intervenciones en la Procuraduría con enfoque ciclo misional

No. de proyectos tipo preventivos implementados

3 0,5 16,7

100% funcionarios evaluados con un modelo orientado a resultados frente a metas del Plan Estratégico, implementado.

No. de funcionarios evaluados 4.173 4.078 97,72

50% de disminución de fallos de decisiones territoriales revocados por el nivel central.

No. de fallos sin revocatoria / No. total de fallos

0,058 0,11 194,6

4 procesos desconcentrados y 2 procesos de descentralizados.

Actos administrativos 2 0 -



META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA


41


20% de incremento en la efectividad de la acción territorial - Sistema de Gestión por Resultados

Diseño del nuevo IGA: Índice de Gobierno Abierto (Modernización)

1 0,2 20,0



META DE PRODUCTO

PROGRAMADA 2018

META DE PRODUCTO


EFICACIA



42

CON LOS PIES EN LOSTERRITORIO1.4.

Como se ha señalado, para cumplir con los procesos misionales: disciplinario, preventivo e intervención, la Procuraduría General de la Nación cuenta con 32 sedes regionales, 50 provinciales y 2 distritales; además de las procuradurías delegadas, contadas como el nivel central, distribuidas en toda la geografía nacional.

43


Gráfico 1. La Procuraduría en cifras a 31 de julio de 2018

GESTIÓN DE LAS QUEJAS RECIBIDAS


44

Durante el periodo 2017-2018, las procuradurías territoriales han tenido 138.893 quejas para evaluar, de las cuales 68.386 fueron remitidas por competencia a personerías y oficinas de control interno disciplinario, lo que equivale a un 49.24%. La tendencia porcentual durante los tres semestres analizados es de 40%, 60% y 48, respectivamente.

Las procuradurías territoriales se inhibieron en 10.487 quejas. Esto equivale a un 7.55% del total de las quejas que tenía la entidad para evaluar. La tendencia para el primer semestre del 2017 fue de 6.5%, para el segundo semestre de 8.9% y para el primer semestre 2018 está sobre el 7.4%.

45


Gracias al trabajo de los operadores disciplinarios en las procuradurías territoriales, durante los tres semestres se logró avanzar de etapas de indagación a investigación. Se registraron 22.900 nuevos procesos, 21.740 indagaciones preliminares y 1.160 investigaciones directas. Esto equivale a un 16.49% de todas las quejas que tuvieron las regionales en su evaluación inicial.

GESTIÓN DE LAS INDAGACIONES

En el periodo enero – junio 2018 las procuradurías territoriales tuvieron un total de 63.237 indagaciones preliminares para evaluar. En esta cifra están incluidas las que recibieron al iniciar su trabajo en el 2017, más las que se iniciaron directamente desde la queja y las que recibieron de otra entidad. De este total de indagaciones preliminares, se archivaron 10.672, lo que equivale al 16.88%.


46

Las procuradurías territoriales en ejercicio de su acción disciplinaria, al hacer la evaluación de las indagaciones a cargo, iniciaron un total de 6.084 investigaciones disciplinarias, que equivalen a un 9.62% del total de las mismas. Estas cifras muestran una tendencia creciente, siendo el primer semestre del año 2018 el periodo en el cual se iniciaron más investigaciones disciplinarias desde la indagación preliminar.

GESTIÓN DE LAS INVESTIGACIONES

47


En el periodo enero – junio 2018 las procuradurías territoriales registraron 24.524 investigaciones disciplinarias para evaluar. Entre estas figuran: las que recibieron al comenzar su labor en el 2017, las que iniciaron directamente desde la queja, las que iniciaron desde la indagación preliminar y las que recibieron de otra entidad. Y se archivaron 3.825, que equivalen al 15.60%.


48

Las procuradurías territoriales en ejercicio de su acción disciplinaria, al hacer la evaluación de las investigaciones a cargo produjeron 1.188 fallos en primera instancia durante el periodo 2017 a junio 2018. Igualmente, en el periodo evaluado, fallaron 436 procesos en segunda instancia.

Uno de los grandes objetivos de la Procuraduría Ciudadana es desbogotanizar su gestión, y contribuir a fortalecer la institucionalidad, la democracia local, la descentralización y el aparato de justicia. El Ministerio Público trabaja para visibilizar la Colombia profunda, agobiada por el olvido, la violencia y la inequidad, y hacer valer la Constitución en donde, por décadas, ha imperado la ley del más fuerte.

Durante este periodo hemos cumplido la promesa de no estar de espaldas a los territorios. Los hemos caminado de manera infatigable, con la Constitución en la mano; y hemos escuchado de viva voz los reclamos sobre justicia, salud, educación, equidad, protección del medio ambiente, defensa de la vida, restitución de tierras, en especial, de más de ocho millones de víctimas del conflicto armado. La gestión territorial se ha enfocado hacia tres grandes objetivos:

Remover las barreras que obstaculizan la participación ciudadana en el quehacer de la Procuraduría, lo que permitió elevar los niveles de confianza en la institución. Al acatar el mandato del Procurador General de la Nación de trabajar “Con los pies en los territorios”, se institucionalizaron las audiencias ciudadanas como espacios de encuentro entre el jefe del Ministerio Público y la ciudadanía, tanto para conocer la problemática en las regiones y el nivel de gestión de la entidad, como para identificar las acciones requeridas para el mejoramiento.

Articular el nivel territorial con el nivel central. Para cumplir con este objetivo se desarrolló el Programa de Seguimiento Territorial, que permitió ampliar el conocimiento y unificar los criterios de evaluación por parte de la Procuraduría, sobre los asuntos relevantes de las regiones y la capacidad de respuesta a la ciudadanía.

Fortalecer las capacidades regionales y locales de la Procuraduría General, a través de sus oficinas territoriales.

49


En dicho contexto, también se diseñó el programa #SerProcuradorEs como un espacio de participación de los jóvenes en la vigilancia de los recursos públicos y las actuaciones administrativas. Adicionalmente, se realizaron eventos nacionales de reflexión sobre temas estratégicos para la Procuraduría, tales como la ética pública, el medio ambiente y la participación ciudadana.

El Procurador General de la Nación lideró 15 audiencias ciudadanas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Medellín, Riohacha, Leticia, Mesetas, Buga, Quibdó, Santa Marta, Montería, Valledupar, Buenaventura, Popayán, Yopal, Cartagena y Santa Rosa del Sur. Así mismo, con el objetivo de cumplir el compromiso del Procurador de consolidar una Procuraduría “con los pies en los territorios”, se llevaron a cabo 22 visitas territoriales a los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, San Andrés, Sucre y Tolima. Estas visitas permitieron conocer de primera mano la situación local y realizar un listado de propuestas de actuación de la Procuraduría en el corto y mediano plazo, lo que ha redundado en la ampliación de la credibilidad de la entidad entre los ciudadanos.


50

51


2LA LUCHA CONTRALA CORRUPCIÓN

Aumentar la integridad y la ética público privada en la gestión de lo público, haciendo

efectivos los mecanismos anticorrupción y la corresponsabilidad, para recuperar la

confianza ciudadana y fortalecer la cultura de lo público

“

” Objetivo 1. “Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020: Por una Procuraduría Ciudadana”

En la lucha contra la corrupción, la Procuraduría Ciudadana está actuando en la protección de la probidad y del patrimonio público y la garantía de la protección efectiva de los derechos de todas las personas.

De conformidad con este objetivo, y con miras a identificar, prevenir, intervenir y sancionar la corrupción y la mala administración de lo público, la Procuraduría General de la Nación es consciente de su responsabilidad frente a los hechos de corrupción locales y transnacionales; la mala gestión de los recursos públicos y la corrupción administrativa; el mal uso del territorio y la afectación de los derechos de la población, en especial de la más vulnerable, que impiden la consolidación del Estado Social de Derecho, en el que se abandone la violencia y la criminalidad, de modo que se inviertan los recursos en los servicios públicos y en la realización de las políticas sociales, con una perspectiva de eficacia de derechos.


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En la actualidad, los grupos criminales desbordan las fronteras internacionales. Los grupos económicos que carecen de sentido ético y las organizaciones ilegales infiltran las diversas instancias de la sociedad y socaban sus cimientos en detrimento de derechos vitales, como la salud, la educación y el acceso a la infraestructura. Mediante sofisticados entramados de corrupción se apoderan, incluso, de los territorios y se han convertido en fuente de enriquecimiento ilegal.

En este contexto, el compromiso de la Procuraduría General de la Nación en la lucha frontal contra la corrupción, está en concordancia con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Cabe resaltar que las facultades constitucionales sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación y de los demás organismos de control, constituyen el contrapeso para evitar los abusos y la eventual perpetuación en el poder de quienes han afectado el patrimonio público mediante la violación de la ley, la gestión administrativa indebida y las malas conductas en el ejercicio del servicio público.

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CORRUPCIÓN SIN FRONTERAS Y EMPRESAS CRIMINALES2.1.

En relación con el fenómeno de corrupción transnacional implementado por la constructora Norberto Odebrecht, la Procuraduría General intervino a través de sus tres funciones misionales, en aras de preservar la probidad de la función pública, la legalidad y el patrimonio público.

En su función de intervención en materia contenciosa, la Procuraduría demandó a través de una acción popular, y como consecuencia inmediata de su admisión, se logró:

Para enfrentar este fenómeno se creó el Grupo Élite Anticorrupción -Resolución 028 del 1 de febrero de 2017-. Este organismo conoce temas de impacto nacional en materia de corrupción administrativa, con el objeto de adelantar acciones preventivas, disciplinarias y de intervención. La prioridad del Grupo Élite ha sido conocer el fenómeno de corrupción generado por la firma brasilera Odebrecht.

ODEBRECHT.

• La terminación del contrato y la aplicación de la cláusula de reversión, de manera que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomó el control de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al proyecto.

• El respeto y garantía de los derechos de trabajadores y proveedores realizándose pagos a personal por 75.605 millones de pesos y a proveedores por 106.135 millones de pesos.

En la faceta de intervención penal, la Procuraduría pidió la extinción de dominio de todos los bienes de Odebrecht. También se ha opuesto a que esa empresa continúe ejerciendo su actividad comercial y a los acuerdos de principios de oportunidad, cuando los corruptos pactan penas y la devolución de cifras pírricas frente a los recursos apropiados indebidamente, tales como:


54

Con relación al caso de Otto Nicolás Bula, el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado acogió los argumentos del Ministerio Público e improbó el preacuerdo, por cuanto no se había realizado el reintegro patrimonial exigido por la ley y la pena acordada se mostraba desproporcionada con la naturaleza y con la gravedad de los delitos imputados.

En el caso de Eduardo Ghissais Manzur la justicia acogió los planteamientos de la Procuraduría, no le impuso la pena mínima y le negó la prisión domiciliaria.

En materia disciplinaria, destacan las siguientes actuaciones:La Procuraduría General de la Nación revivió el caso Odebrecht por adjudicación Ruta del Sol, Sectores II y III, que estaba archivado desde el 2015:

La Procuraduría solicitó resolución de acusación en el caso adelantado contra el señor Bernardo Miguel Elías Vidal por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, petición que fue acogida por la Corte Suprema de Justicia.

• Se revocó en febrero de 2017 una decisión de archivo por prescripción de investigación disciplinaria, por presuntas irregularidades en relación con proceso de adjudicación del contrato de concesión para la construcción de la Ruta vía del Sol (tramo 2).

• Se reanudaron investigaciones disciplinarias para establecer el presunto pago de coimas y enriquecimiento injustificado a funcionarios de la ANI, y al interventor, por un total de 10.062 millones de pesos, que participaron en las adiciones de la Ruta del Sol II; respecto a presuntas irregularidades en el licenciamiento ambiental, y en relación con los presuntos conflictos de intereses y pagos indebidos y artificiosos a funcionarios públicos a través del Consorcio SION.

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• Citación a audiencia y formulación de cargos a exministras.

• Se inició un nuevo proceso disciplinario por los otrosíes al contrato Ruta del Sol, adición segundo sector Ocaña – Gamarra: se dio inicio a la investigación por presuntas irregularidades en la firma y ejecución de otrosíes y en la elaboración de subcontratos simulados con el fin de pagar sobornos.

• Con el fin de preservar el patrimonio público y asegurar la adecuada defensa del Estado, se interpuso una acción popular con el ánimo de dar continuidad al proyecto Ruta del Sol.

La Procuraduría actuó disciplinariamente en varios frentes en relación con el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, Consorcio Navelena. Avances:

Se realiza investigación disciplinaria a la Junta Directiva y del Vicepresidente Comercial del Banco Agrario por haber aprobado y desembolsado un crédito de 156 mil millones de pesos, y se formuló pliego de cargos por el desembolso de dicho crédito. En la misma línea, profirió cargos contra la Junta Directiva del Banco Agrario por las posibles anomalías en el proceso de aprobación del crédito que le otorgó el Banco al Consorcio Navelena S.A.S, el 12 de noviembre del 2015, así como en las modificaciones sucesivas que se presentaron durante la aprobación de la solicitud del mismo; unido a posibles falencias en las verificaciones y exigencias del banco, relacionadas con el proceso de desembolso, revisión y modificación de las garantías fiduciarias y de las condiciones posteriores al desembolso del crédito.

Se investiga disciplinariamente a los directores de Cormagdalena por posibles actos de corrupción o quebrantamiento de la ley en la adjudicación, ejecución y liquidación de la asociación firmada por la entidad y el Consorcio Navelena -del que es parte Odebrecht- contrato que asciende a 2.5 billones de pesos.


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El Grupo Elite Anticorrupción dictó pliego de cargos contra el vicepresidente Comercial del Banco Agrario, quien, en su calidad de encargado y como Gerente de Ventas Banca Empresarial, se ocupó de atender, desde el ámbito comercial, al cliente Navelena S.A.S. La Procuraduría observó que, al parecer, la vinculación no estuvo ceñida a los procedimientos internos establecidos por el banco; también dictó auto de cargos contra el gerente de Asesoría Jurídica del Negocio, funcionario que conceptuó sobre la validez jurídica de las garantías del crédito.

En materia disciplinaria, también se investigan otros actos de corrupción en el caso Odebrecht:

Contra 10 congresistas por presuntamente haber empleado su dignidad parlamentaria de manera indebida para intervenir a favor de Odebrecht ante entidades del sector público.

La Procuraduría investiga si algunos servidores públicos recibieron sobornos de Odebrecht, por intermedio de un socio y gerente de la empresa SION.

Se investiga a funcionarios de Invias por irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato para la construcción del corredor Chiquinquirá – Puerto Boyacá, que tuvo un valor aproximados de 184 mil millones.

Contra el exgobernador de Boyacá (2012-2015), por presuntamente haber recibido dineros de Odebrecht, que afectaron la contratación del departamento.

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La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, como eje transversal en la práctica de pruebas técnico forenses y de policía judicial, ha intervenido de manera significativa en el desarrollo y avance de las investigaciones con el aporte de informes técnico forenses de ingeniera, financieros y contables que, sobre el Caso Odebretch, se han solicitado en cuatro procesos adelantados por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, en dos procesos adelantados por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal y en el proceso que cursa contra funcionarios aforados en la Sala Disciplinaria.

Finalmente, se está investigando a Odebrecht como particular, en su calidad de contratista, por la administración inadecuada que pudo haber hecho de los recursos públicos a su cargo: Concesionario Ruta del Sol II, consorcio Navelena y Consorcio Conpros.

TRIPLE A.

Como parte de las investigaciones de corrupción transnacional, la Procuraduría General de la Nación adelanta procesos en la empresa Triple A de Barranquilla, que tiene a su cargo prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en dicha ciudad y municipios vecinos. Las investigaciones tienen por objeto esclarecer actos de corrupción mediante los cuales, directivos habrían dispuesto indebidamente de recursos de la empresa (de la que el Distrito de Barranquilla es accionista), en beneficio de particulares y funcionarios.

El fenómeno de la Triple A se enmarca en la investigación que se adelanta en España, Panamá y Colombia por la inversión de recursos del fisco de Madrid -Canal Isabel II- en el negocio de aguas, en Iberoamérica.

Se adelanta indagación preliminar a Triple A de Barranquilla por proceso de capitalización, utilización de subsidios, actos de corrupción, contrato de asistencia técnica suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Barranquilla (Triple A S.A. E.S.P) y la empresa Inassa S.A., cuya vigencia va hasta el año 2033, y por el que se han pagado en los últimos cinco años más de 95.000 millones de pesos, sin que se hubieran evidenciado soportes de su ejecución. En ese sentido la Procuraduría General de la Nación interpuso acción popular contra la Empresa Triple A, en la que solicita la suspensión inmediata de la cuestionada asesoría técnica con la que exdirectivos se habrían apropiado de 80 millones de dólares.


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Además, en la acción popular que fue admitida por el Tribunal, la Procuraduría solicita la puesta en marcha de un plan en el que Inassa haga la devolución de los dineros cancelados por la asesoría durante los últimos 18 años y que se embarguen las cuentas, acciones e inmuebles de la multinacional en Colombia y en el extranjero.

CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICAY DE FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR2.2.

En ejercicio de la acción disciplinaria la Procuraduría General de la Nación está en capacidad de investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular

Esta función sancionatoria tiene el propósito primordial de hacer cumplir la Constitución y la ley y proteger el patrimonio público, haciendo de la institución un referente ético.

En el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación, los procesos contra servidores de elección popular, los cuales son iniciados por denuncias ciudadanas o por la acción oficiosa, presentan los siguientes resultados:

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

Alcalde 7.849

Concejal 1.218

Gobernador 439

Diputado 70

Senador de la República 35

Otros 25

TOTAL 9.636

NÚMERO DE PROCESOS

59


De estos expedientes su estado procesal es el siguiente:

Evaluando los procesos desarrollados por la Procuraduría General de la Nación, según el cargo del investigado, se tiene que para los congresistas se registraron 35 quejas, con el siguiente estado a 30 de junio de 2018:

ETAPA DEL PROCESO NÚMERO DE PROCESOS

Apelación de auto 73

Archivo 3.737

Caso acumulado 16

Estudio preliminar 27

Fallo absolutorio 230

Fallo sancionatorio 297

Indagación preliminar 1.329

Investigación disciplinaria 3.468

Pliego de cargos 335

Remisión por competencia 50

Segunda instancia 74

TOTAL 9.636


Archivo 8


Fallo absolutorio 1



60


Indagación preliminar 5

Investigación disciplinaria 19

TOTAL 35

En cuanto a los gobernadores se presentan 439 quejas, las cuales se encuentran en las siguientes etapas:



Archivo 121


Pliego de cargos 15



Fallo absolutorio 6

Fallo absolutorio 6


Segunda instancia 1

Caso acumulado 1

TOTAL 439

Por otro lado, las quejas presentadas en contra de concejales en todo el país son 1.218, y su estado procesal es el siguiente:

61



Archivo 468




Pliego de cargos 56




Caso acumulado 2



TOTAL 1218

Algunos de los casos con fallo sancionatorio contra concejales son:

• Se confirmó el fallo proferido por la Procuraduría Regional del Putumayo, el 4 de octubre de 2016, a los concejales del municipio de San Miguel - Putumayo, con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

• Se confirmó la sentencia proferida por la Procuraduría Regional del Putumayo, el 13 de octubre de 2016, por medio de la cual se sancionó, con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, a los concejales y el Personero de Puerto Leguízamo, Putumayo, por irregularidades en el proceso de elección de este último.

En contra de los diputados se han recibido 70 quejas, dentro de las cuales se ha emitido fallo sancionatorio en primera instancia en 4 procesos y en trámite de decisión se encuentran 36 procesos.


62


Archivo 26



Pliego de cargos 5


Segunda instancia 2

Fallo absolutorio 2


TOTAL 70

Para alcaldes se registra la mayor cantidad de quejas interpuestas a nivel nacional, con un total de 7.849. De estas, 4.317 se encuentran en proceso de decisión y se han resuelto 3.532.


Archivo 3.105



Pliego de cargos 258








TOTAL 7.849

63


Entre los casos más sonados se encuentra el del “El Cartel del Bastón”. En este proceso, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra siete alcaldes del departamento de Córdoba por irregularidades en la ejecución de los recursos destinados para atender a los adultos mayores.

Realizando un análisis por departamento en relación con la cantidad de quejas presentadas contra funcionarios de elección popular, los departamentos donde más se presentan son, en su orden, Santander, Antioquia, Boyacá, Bolívar y Cundinamarca:

DEPARTAMENTO CANTIDAD

Santander 1165

Antioquia 924

Boyacá 806

Bolívar 703

Cundinamarca 701

Sucre 569

Nariño 465

Norte De Santander 456

Tolima 432

Valle Del Cauca 426

Caquetá 324

Magdalena 272

Atlántico 251

Cesar 238

Huila 224

Córdoba 166

Caldas 166

Cauca 136

Quindío 126

Meta 125


64

DEPARTAMENTO CANTIDAD

Chocó 122

La Guajira 120

Putumayo 119

Risaralda 115

Arauca 107

Bogotá 102

Casanare 78

Vaupés 49

Vichada 44

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 40

Amazonas 32

Guaviare 18

Guainía 15

TOTAL 9.636

En cuanto a la distribución de municipios donde se presentan más de 30 quejas contra funcionarios de elección popular, se encuentran los siguientes:

MUNICIPIO CANTIDAD

Barbosa 71

Magangué 69

Santana 46

Sucre 44

Florencia 44

Ibagué 43

Santa Marta 41

Majagual 41

65


MUNICIPIO CANTIDAD

Cartagena 39

Aguachica 39

Santiago de Tolú 38

San Gil 37

Landázuri 35

Villanueva 33

Jericó 33

Valledupar 31

San Vicente del Caguán 31

Onzaga 31

Alcalde 50

Concejal 57

Gobernador 1

Gobernador(e 1

Presidente concejo municipal 4

TOTAL 113

CARGO CANTIDAD

En el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, donde se registran las decisiones sancionatorias ejecutoriadas, entre junio de 2017 y julio de 2018 contra funcionarios de elección popular, se reporta lo siguiente:


66

Las faltas más comunes cometidas por estos funcionarios son las irregularidades administrativas (69%) y las irregularidades contractuales (11%):

TIPO DE FALTA CANTIDAD PORCENTUAL

Irregularidades administrativas 78 69,03%

Irregularidades contractuales 13 11,50%

Régimen especial Policía Nacional [Ley 1015/2006] 8 7,08%

Irregularidades presupuestales 6 5,31%

Irregularidades con connotación delictiva 5 4,42%

Otros 3 2,65%

TOTAL GENERAL 113 100%

Las decisiones según la sanción, registradas en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) contra funcionarios de elección popular durante el periodo de julio de 2017 y junio de 2018 están repartidas de la siguiente forma:

SANCIÓN FUNCIONARIOS

Amonestación escrita 15

Destitución (inhabilidad general) 12

Destitución 2

Multa 1

Suspensión 83

TOTAL 113

67


ABUSO DEL SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL2.3.

La regulación de los usos del suelo es una de las obligaciones constitucionales que expresa con más claridad la autonomía administrativa reconocida a los municipios y distritos colombianos. Dichas entidades territoriales, en desarrollo de la misma, adoptan los planes de ordenamiento territorial y otros instrumentos que regulan los usos y el aprovechamiento del territorio. Esta función resulta neurálgica, toda vez que de ella se desprende tanto el desarrollo armónico del territorio, como la gobernanza y el bienestar de los habitantes.

Sin embargo, estos procesos no han sido ajenos a la negligencia institucional por la dilación en la toma de medidas reglamentarias o a la corrupción que se expresa en la toma de decisiones en contravía de las normas jurídicas o para procurar el enriquecimiento o interés indebido de particulares, a costa de los intereses públicos. La Procuraduría General de la Nación ha abordado esta problemática desde una visión integral, de la que quiere destacar las siguientes acciones:

1En aras de garantizar los principios de igualdad y trasparencia, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento Administrativo de la Función Pública para que realicen, en los términos de ley, el concurso de méritos para la elección de curadores urbanos, el cual no se había realizado a pesar de lo establecido en la Ley 1796 de 2016, el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1203 de 2017.

La acción de vigilancia preventiva de la Procuraduría permitió:

Identificar las entidades territoriales en las cuales se encontraba la figura de curador urbano en vacancia o bajo la figura de provisionalidad.


68

Impulsar la estructuración y ejecución del concurso de méritos para la elección de curadores urbanos en 28 entidades territoriales, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Clarificar, de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los requisitos de experiencia relacionada en temas de planeación para aspirar al cargo de curador urbano.

2 La Procuraduría General de la Nación emprendió las siguientes acciones de control urbano y en defensa del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena:

Sancionó, mediante fallo, al alcalde mayor de Cartagena de Indias, la secretaria de Planeación, el director de Control Urbano, la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, al inspector de Policía de la comuna No. 12 y a técnicos en la Localidad Industrial y de la Bahía, para la época, con suspensión en el ejercicio del cargo por términos de 10, 8, 4, 4, 3, 3 y 3 meses respectivamente, por irregularidades al omitir el deber de asegurar que las construcciones en esa ciudad se levantaran de acuerdo con las licencias y disposiciones legales contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Mantiene un seguimiento permanente ante las autoridades distritales de Cartagena con el fin de que estas actúen en el debido control e inspección de las obras en construcción y hagan cumplir los requisitos establecidos por la ley.

Así mismo, esta situación dio inicio a la ejecución de acciones preventivas y de acompañamiento a las autoridades en los procesos policivos, para vigilar el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas.

69


En esa ciudad, donde se registra un incremento de construcciones para satisfacer la demanda de vivienda, las comunidades denuncian, en forma constante, violaciones a la normatividad urbanística y proliferación de construcciones ilegales que desconocen el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como obras que se realizan sin licencias de construcción y otras que no se ajustan a lo aprobado en las licencias aprobadas por las curadurías.

Vigila en forma constante las actividades institucionales para la conservación, mitigación, recuperación, mantenimiento, limpieza y demás aspectos relacionados con los cuerpos internos de agua. El seguimiento y los requerimientos hechos a la Alcaldía Distrital de Cartagena, Establecimiento Público Ambiental (EPA), Corporación Autónoma Regional, Cardique, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Policía Nacional, entre otras entidades, han permitido alcanzar los siguientes objetivos:

Se constituyeron mesas ambientales distritales con todas las autoridades con el fin de hacer seguimiento y control a la priorización de los proyectos, planes de acción y demás aspectos relacionados con el impacto que la problemática reviste.

Se promocionaron jornadas de capacitación a través del Distrito de Cartagena en las cuales se incluyen los inspectores de policía y alcaldes locales.

Se realizaron controles de advertencia ante las autoridades distritales y las empresas de aseo del distrito, con el fin de establecer el impacto de las malas prácticas en el manejo de las basuras y de los escombros que han venido afectando los cuerpos de agua.

Se ejerció acompañamiento, seguimiento y control sobre las autoridades para la recuperación de más de 10 zonas de baja mar que se encontraban ocupadas de manera indebida por particulares, lo cual afectaba el ecosistema y el medio ambiente. Igualmente, se continúa en ejercicio de control y seguimiento de otras intervenciones.


70

Plan de Normalización Urbanística – Plan de Ordenamiento Territorial – Plan Especial de Manejo Patrimonial. Desde la Procuraduría Provincial de Cartagena se realiza el seguimiento y control al desarrollo e implementación del nuevo modelo del Plan de Normalización Urbanística en el Distrito de Cartagena. Se organizaron mesas de trabajo interinstitucionales, jornadas de capacitación y acciones preventivas, tendientes a verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas. Con estas acciones se acompaña de forma permanente el diseño del Plan de Normalización Urbanística de Cartagena, elaborado por la administración de la ciudad. Además, se ha dado la apertura de acciones preventivas en procesos de revisión de licencias de construcción en edificaciones que han violado las normas urbanísticas, ocasionado con ello una grave situación de desarrollo urbanístico en la ciudad, lo cual llevó al colapso de un edificio y a la declaratoria de riesgo de al menos 26 edificaciones que ya se encuentran en proceso de evacuación.

De otra parte, se tiene como objetivo la restauración y protección del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad de Cartagena, en especial por su declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por esta razón, en casos puntuales de construcciones ilegales se ha hecho presencia en las tres funciones misionales de la entidad: disciplinaria, de intervención y de prevención (caso edificio Aquarela, mencionado también en los subtemas de Medio Ambiente y Defensa del Patrimonio Público, de este informe).

Proyecto Aquarela.

La construcción del proyecto urbanístico Aquarela, ubicado en el barrio Torices de Cartagena, representa una grave amenaza para la conservación y protección del Castillo de San Felipe de Barajas, toda vez que por su volumen y altura de las edificaciones (5 torres de 31 y 32 pisos), más allá de los límites permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena, se afecta la histórica relación visual y simbólica existente entre el Castillo y su entorno. Conclusión a la que arribó también la UNESCO en su informe final presentado en abril de este año, en el cual concluyó detener indefinidamente la construcción del proyecto Aquarela y demoler lo que se ha construido, teniendo en cuenta la amenaza que representa para la conservación de los atributos que sustentan el Valor Universal Excepcional, luego de la visita técnica realizada en el mes de diciembre de 2017 a las fortificaciones de la ciudad de Cartagena.

71


3Impacto de la industria extractiva: equilibrio de derechos

Ante los retos legales, técnicos y ambientales que enfrentan las instituciones y los actores de la industria extractiva en Colombia, la Procuraduría General instó a un espacio de diálogo y análisis sobre los usos del suelo y el subsuelo por parte del sector minero energético. El 30 de enero de 2018, este organismo de control realizó la Audiencia Pública Ciudadana “Nación, Territorios y Subsuelo”, en la que se expusieron preocupaciones y se debatieron propuestas frente al desafío de encontrar un equilibrio entre los derechos de las minorías étnicas, los intereses colectivos y los propósitos empresariales fijando las posturas de líderes gremiales, miembros de las altas Cortes, entidades del Gobierno Nacional, autoridades territoriales, autoridades ambientales, organizaciones sociales y miembros de la academia, entre otros, frente a las problemáticas por los impactos que genera la actividad extractiva.

Una vez estudiado el panorama de la industria minera y su impacto, se plantearon las bases para crear consensos en torno a la importancia de hacer compatible el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la preservación de los valores históricos y culturales del país.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación, en su momento, le solicitó al Juez Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena suspender de manera inmediata la construcción del proyecto Aquarela, con el fin de proteger los derechos colectivos al patrimonio cultural e histórico de la Nación, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia del beneficio de la calidad de vida de los habitantes. El Juez decretó la suspensión de los actos administrativos que otorgaron las licencias urbanísticas, así como la suspensión de las obras. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Así mismo, la Procuraduría interpuso una acción de nulidad contra los actos administrativos que otorgaron las licencias urbanísticas al proyecto Aquarela.

Se ordenó apertura de investigación disciplinaria por presuntas irregularidades presentadas en la Construcción del Proyecto de Vivienda de Interés Social Multifamiliar Aquarela, contra Funcionarios Alcaldía Mayor de Cartagena, IPCC, Curaduría Urbana N°1 y Corvivienda.


72

4Vigilancia al proceso de reconstrucción del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo

Con el objetivo prioritario de disminuir los riesgos de corrupción, la Procuraduría General de la Nación ha hecho seguimiento permanente al proceso de reconstrucción del municipio de Mocoa (afectado por una tragedia natural, ocurrida entre el 31 de marzo y el primero de abril de 2017), según lo dispuesto por el Plan de Acción Específico, de acuerdo con lo señalado por la Ley 1523 de 2012. Esta acción ha permitido:

Cumplimiento del cronograma de actividades dispuesto en el Plan de Acción Específico.

Articulación de canales de comunicación entre las diferentes entidades, operadores e interventorías y la población mocoana.

Resolución de conflictos e inconvenientes que entraban el proceso de reconstrucción.

Presencia activa de la Procuraduría en el proceso de reconstrucción de este municipio.

5Vigilancia al proceso de revisión y modificación de 40 planes de ordenamiento territorial en el departamento de Cundinamarca.

La presencia activa de la Procuraduría General de la Nación en 40 municipios (categoría 6) de este departamento, ha permitido la reducción de los riesgos de corrupción, la formulación de planes de ordenamiento territorial con idoneidad técnica y jurídica, ajustados a lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015, como instrumentos de planificación tendientes a direccionar el desarrollo de los municipios y el bienestar de las personas.

La Procuraduría realiza control preventivo, desde abril de 2018, con el propósito de garantizar la correcta revisión y modificación de estos instrumentos de planificación y la adecuada ejecución de los recursos invertidos por la gobernación. Además, realiza seguimiento al cumplimiento de los cronogramas dispuestos por los municipios y el departamento.

73


6Grupo de Investigación de Planes de Ordenamiento Territorial

Para atender denuncias presentadas en el Congreso de la Republica, la Procuraduría General de la Nación creó, mediante un acto administrativo, un grupo especial que asumió la totalidad de las actuaciones en los manejos de los planes de ordenamiento territorial. Con esta medida se combate el flagelo del denominado volteo de tierras, en el que participan particulares y servidores estatales, que utilizan para tal fin las revisiones a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT); Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).

En las investigaciones disciplinarias relativas a tales temáticas, la Procuraduría encontró que en algunos casos se abusa de la figura de la revisión extraordinaria, que autoriza la Ley 1537 de 2012 para construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), desnaturalizado las exigencias legales para favorecer los intereses de particulares, llámense propietarios de predios, constructores y los propios servidores públicos; adicionalmente se autorizan zonas de cesión en contravía de la normativa local y nacional.

Un componente de marcada relevancia en las citadas actuaciones está referido a que las autoridades locales no cuentan con disponibilidad de servicios públicos para la aprobación de los nuevos proyectos urbanísticos; tampoco se respetan zonas de protección ambiental, hídricas y de niveles agrológicos I, II y III definidos por el IGAC, ni se valoran adecuadamente los pagos por plusvalía que causan las nuevas urbanizaciones o, más grave aún, se autorizan construcciones sin estudios y diseños adecuados, en zonas definidas como de alto riesgo, lo cual pone en peligro la vida, integridad y bienes de los beneficiarios de los proyectos.

Todas estas irregularidades han sido detectadas por el equipo investigativo, lo cual ha llevado a realizar hasta el momento 15 indagaciones preliminares y 14 aperturas de investigación disciplinaria que involucran a alcaldes y concejales de diferentes municipios del país.


74

CORRUPCIÓN CONTRA LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

Y CARTELES DE LA CORRUPCIÓN2.4.

Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El PAE es un componente del derecho a la educación, por cuanto busca garantizar que los menores estén en condiciones físicas y nutricionales adecuadas para llevar a cabo sus procesos de formación y aprendizaje. En el marco de la defensa de los derechos de los colombianos, y especialmente los niños y niñas, la Procuraduría General de la Nación realiza una acción integral con las autoridades de orden nacional y territorial, con el objeto de que se garantice el acceso al PAE y, como consecuencia de lo anterior, se materialice el derecho a la educación de niños y niñas, bajo criterios de calidad y oportunidad.

75


Para una población estudiantil de aproximadamente 4.700.000 estudiantes, Colombia tiene priorizadas 41.644 sedes educativas para la prestación del Programa de Alimentación Escolar, en las que se han invertido, en los últimos cinco años, 3.7 billones de pesos. A pesar de esto, el país no tiene una cobertura al 100%, siendo preciso señalar que al no garantizarse este complemento alimenticio a la totalidad de la población infantil vulnerable, se pone en riesgo tanto su acceso a la educación como su derecho a la formación integral.

Adicionalmente, en un alto porcentaje de las sedes educativas que tienen cobertura PAE se estarían presentando dos problemas a saber:

• Incumplimiento en la entrega de las raciones alimenticias, y/o,• deficiencias nutricionales en las raciones que se entregan.

ALERTAS SOBRE LA CONTRATACIÓN TARDÍA DE OPERADORES DEL PAE EN 19 ENTIDADES TERRITORIALES

La Procuraduría General de la Nación alertó en el mes de enero sobre los retrasos en los procesos de contratación del PAE en los departamentos de Amazonas Arauca, Tolima, Valle y Sucre, así como en otras 14 ETC (Montería, Sahagún, Armenia, Lorica, Cúcuta, Sincelejo, Pitalito, Yopal, Quibdó, Villavicencio, Cartagena, Piedecuesta, Santa Marta y Tumaco). Las demoras impidieron que los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de dichas entidades accedieran al servicio de alimentación escolar desde el primer día de clases.

ACCIONES DE TUTELA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS AL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN

Mediante acciones de tutela, el Ministerio Público logró la garantía de los derechos a la alimentación y la educación para los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes del departamento del Tolima y los municipios de Lorica, Montería, Pitalito y Villavicencio. En los municipios de Neiva (Huila), Sahagún (Córdoba) y Armenia (Quindío) las tutelas presentadas por la Procuraduría se declararon improcedentes, debido a que para el momento del fallo ya se había hecho efectiva la contratación del operador.


76

Como resultado de estas acciones se logró la garantía de los derechos de 158.000 niños y niñas, beneficiarios del PAE en instituciones educativas oficiales del departamento de Tolima y los municipios de Lorica, Montería, Pitalito y Villavicencio.

DIRECTIVA 05 DE 2018

A través de la Directiva 05 de 2018, el Procurador General de la Nación exhortó al Ministerio de Educación Nacional, a los gobernadores, alcaldes y rectores de instituciones educativas oficiales a reportar y mantener actualizado el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT), con lo cual se procura disponer de información oportuna y confiable para establecer claramente la cobertura del programa, así como mejorar la planeación y ejecución del mismo. Según información del Ministerio de Educación Nacional, para el 10 de julio del año en curso, 91 de las 95 entidades territoriales certificadas habían reportado en el SIMAT un total de 4.567.251 beneficiarios del PAE.

COMUNICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El pasado 31 de julio, el Procurador General de la Nación hizo un llamado al presidente electo, Iván Duque Márquez, a garantizar el financiamiento y la operación eficiente del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como a la puesta en marcha de las reformas de fondo que se requieran para la prestación del servicio a cerca de 5 millones de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

En su comunicación el Procurador hizo énfasis en la necesidad de enfrentar las complejas dificultades del programa, especialmente la falta de una adecuada financiación que logre el funcionamiento eficaz, oportuno y de calidad, que cierre las puertas a la corrupción y a todas las prácticas que atenten contra los recursos destinados al programa.

SUSPENSIÓN DEL PAE EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

Ante la suspensión del PAE en el municipio de Soacha el pasado 31 de julio, la Procuraduría convocó los esfuerzos de los actores responsables, así como de la sociedad civil, con el propósito de construir respuestas que permitan garantizar el suministro del servicio de alimentación escolar sin que se afecte a los 29.000 beneficiarios del programa.

77


Como resultado de la gestión del Ministerio Público se logró la vinculación de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, quienes aportaron solidariamente importantes donaciones de sus afiliados para que fueran distribuidas en las instituciones educativas del municipio, mientras se adelantaba un nuevo proceso de contratación.

Adicionalmente, se ha hecho estricto seguimiento a las gestiones que debe adelantar la administración municipal para la contratación del operador, gracias a lo cual la entrega el complemento alimentario se reanudó el pasado miércoles 22 de agosto.

REUNIÓN CON LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

El pasado 9 de agosto el Viceprocurador, Juan Carlos Cortes, lideró la reunión con la nueva Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo. El objetivo de este encuentro fue dar a conocer la situación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), especialmente los casos identificados por la Procuraduría en los que existe un alto riesgo de suspender el programa por dificultades para su financiación durante el segundo semestre del año en curso.

La ministra reconoció los esfuerzos adelantados por la Procuraduría e informó que frente al PAE se elaborará prioritariamente una línea base que dé cuenta de la situación del Programa con el fin de definir las acciones a implementar en el corto y el mediano plazo.

Simultáneamente, se realizó una reunión en la que participaron el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Distrital, la Agencia Colombia Compra Eficiente, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de los municipios de Soacha, Mosquera, Facatativá, Chía y Zipaquirá, cuyo propósito fue explorar la posibilidad de implementar un acuerdo marco de precios ampliado, que cobije a los municipios certificados y no certificados de la sabana de Bogotá.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN analizó 7.880 procesos contractuales PAE, firmados desde 2013, haciendo especial énfasis en los 1.307 procesos que los 32 departamentos y el distrito de Bogotá publicaron en el Portal de Contratación Estatal (SECOP), en 2017, por un valor superior a 447.252 millones de pesos.

La Procuraduría General hace énfasis en la necesidad de cerrar la puerta a la contratación directa del PAE, la cual, para el año 2017, fue del 79% (1.032 convenios), contra el 2% que correspondió al proceso de licitación pública.


78

Empresas de salud, contratistas de alimentos

Las Empresas Sociales del Estado (ESE), según la Ley 100 de 1993, son las encargadas de “la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social”. Las ESE constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

La Procuraduría General de la Nación, como parte de esta investigación macro al PAE, encontró convenios interadministrativos firmados por municipios y Empresas Sociales del Estado para el suministro de alimentos por montos que, en algunos casos, superaron los 800 millones de pesos, y contratos de las ESE para la adquisición de alimentos y refrigerios escolares.

Entre los contratos que revisa la Procuraduría, por más de 200 millones de pesos y que aparecen firmados por Empresas Sociales del Estado, se encuentran:

En Bogotá: la Alcaldía Local de Usme contrató a la Subred Integrada de Servicios de Salud (SUR), por 415 millones de pesos.

79


En Antioquia:

La ESE Hospital María Auxiliadora firmó con el municipio de Chigorodó un contrato por 821 millones de pesos.

La ESE Hospital Santa María, de Santa Bárbara, firmó un convenio con la alcaldía de ese municipio, por 273 millones de pesos.

La ESE Hospital San Juan de Dios suscribió contratos con los municipios de Concordia, Támesis y Pueblo Rico, por más de 500 millones de pesos.

La ESE Hospital María Antonia Toro de Elejalde firmó con el municipio de Frontino, un contrato por más de 246 millones de pesos y otro por 211 millones de pesos.

La ESE Hospital San Vicente de Paul firmó con el municipio de San Carlos un contrato por 231 millones.

La ESE Hospital Pedro Nel Cardona, de Arboletes, contrató por 670 millones de pesos.

La ESE Hospital San Juan de Dios, de Sonsón, contrató por 781 millones de pesos.

La ESE Hospital Héctor Abad Gómez, de San Juan de Urabá, contrató por 422 millones de pesos.

La ESE Hospital San Vicente de Paúl, de Remedios, contrató por 269 millones de pesos.

La ESE Hospital Santa Margarita, de Copacabana, contrató por 144 millones de pesos.


80

Desde 2013 a la fecha se ha presentado en el país una alta concentración de los contratos PAE en manos de unos pocos contratistas. En la actualidad, esa situación se refleja en 27 departamentos y en el distrito de Bogotá. En 2017, las fundaciones y asociaciones que más contratos PAE concentraron fueron:

RAZÓN SOCIAL / DEPARTAMENTO

CONCENTRACIÓN POR NÚMERO DE CONTRATOS

PROCESOS CONTRACTUALES

VALOR

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL FUPADESO 43 $4.488.245.683

BOYACÁ 43 $4.488.245.683

Concentración de contratos y cartelización.

81


RAZÓN SOCIAL / DEPARTAMENTO PROCESOS CONTRACTUALES VALOR

FUNDACIÓN COLOMBIA EMPRENDE VI 31 $5.237.538.601

BOYACÁ 31 $5.237.538.601

FUNDACIÓN SOMOS MANOS UNIDAS FSMU 25 $3.444.186.337

BOYACÁ 25 $3.444.186.337

FUNDACIÓN COLOMBIA UN PAÍS PARA EL PRESENTE “FUNDACOPPP” 15 $5.735.702.864

ANTIOQUIA 15 $5.735.702.864

FUNDACIÓN VIVE COLOMBIA 15 $9.444.218.405

CUNDINAMARCA 15 $9.444.218.405

FUNDACIÓN EMSSANAR 10 $3.027.276.044

NARIÑO 10 $3.027.276.044

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO (AMUNORTE) 10 $2.403.980.474

ANTIOQUIA 10 $2.403.980.474

RAZÓN SOCIAL / DEPARTAMENTO

CONCENTRACIÓN POR VALOR DE CONTRATO

PROCESOS CONTRACTUALES VALOR

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL TANAI JAWA 1 $37.688.254.758

NORTE DE SANTANDER 1 $37.688.254.758


82

RAZÓN SOCIAL / DEPARTAMENTO PROCESOS CONTRACTUALES VALOR

CONSORCIO NUTRICIÓN ESCOLAR 2 $30.823.676.760

BOLIVAR 2 $30.823.676.760

UNIÓN TEMPORAL PAE MAGDALENA 2017 1 $22.428.277.350

MAGDALENA 1 $22.428.277.350

LA UNIÓN TEMPORAL ENLACE ORIENTE CÚCUTA 1 $19.400.115.387

NORTE DE SANTANDER 1 $19.400.115.387

FUNDACIÓN UNIDAD SOCIAL BARRIO ADENTRO 3 $14.927.661.775

ANTIOQUIA 1 $363.517.567

MAGDALENA 2 $14.564.144.208

CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 2 $11.336.905.569

SUCRE 2 $11.336.905.569

FUNDACIÓN COLOMBIA UNA NACIÓN CÍVICA-CONCIVICA 1 $10.820.656.914

ANTIOQUIA 1 $10.820.656.914

UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR 2017 1 $10.617.963.616

MAGDALENA 1 $10.617.963.616

UNIÓN TEMPORAL NUTRIVIDA 2 1 $10.575.003.935

META 1 $10.575.003.935

CONSTRUYAMOS COLOMBIA 2 $10.030.635.000

CAQUETÁ 1 $6.547.104.000

RISARALDA 1 $3.483.531.000

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COMPORTAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN Y CARTELIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PAE ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2017:

152 procesos disciplinarios


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Como consecuencia de las irregularidades identificadas en los convenios PAE, la Procuraduría General de la Nación adelantó en el 2017, 152 procesos disciplinarios, de los cuales:

104 corresponden a indagaciones preliminares (73 están en las regiones y 31 en el nivel central); y,

45 se encuentran en la etapa de investigaciones disciplinarias (25 en las procuradurías regionales y provinciales y 20 en el nivel central).

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años, al alcalde de Riohacha y con 10 años de inhabilidad a la exsecretaria de Educación, por irregularidades en la contratación y ejecución del PAE en la capital de La Guajira.

También ordenó la suspensión del alcalde de Montañita, Caquetá, para el período 2012 – 2015, por incumplimiento en la ejecución de los recursos destinados al PAE.

LUCHA POR UN UN #YOVOTOLIMPIO2.5.


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El Procurador General de la Nación presentó el 27 de febrero de 2018, la campaña #yo voto limpio, para recuperar la ética en el ejercicio electoral del país. El alto funcionario precisó que el sentido de la campaña es “buscar cambiar las costumbres electorales de los colombianos, que exigen un voto limpio, un voto transparente, un voto con ética; demandando así la colaboración de la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de corrupción electoral, porque “la fuente fundamental son los ciudadanos, porque saben quién está comprando votos y quién está violando las leyes electorales”.

La Procuraduría realizó varios comités de seguimiento electoral en todos los departamentos del país con las diferentes entidades que comprenden el Ministerio Público, fijándoles parámetros y acciones a cada procedimiento de control y vigilancia al proceso electoral, para su ejecución durante los comicios que tuvieron lugar en el primer semestre de 2018.

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación vigiló el desarrollo de las jornadas electorales de Congreso y Presidencia de la República en todo el país con la totalidad de sus funcionarios, quienes fueron distribuidos de la siguiente manera:

• 1.394 funcionarios en Bogotá y otros 2.301 a nivel departamental.• La distribución en la capital fue: 10 localidades, 8.545 mesas que corresponden a 330 puestos de votación.

Las quejas recibidas en la línea dispuesta por la Procuraduría para la atención al ciudadano fueron remitidas por competencia a las distintas procuradurías regionales, provinciales y distritales, según el caso.• 291 quejas para las elecciones al congreso.• 198 quejas en la primera vuelta presidencial.• 160 quejas para la segunda vuelta presidencial.

Una acción concreta de la Procuraduría General de la Nación es la orden de apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional como medida cautelar mientras se adelanta el proceso disciplinario, de la representante a la Cámara y senadora electa, Aída Merlano, por la presunta compra de votos y fraude electoral. Así mismo La Procuraduría General de la Nación radicó en el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral en su contra, quien en la actualidad se encuentra en prisión preventiva, en el marco de una investigación penal por presuntos delitos electorales.

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CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN2.6.

Es así como la Procuraduría fue garante de las elecciones en Colombia.

Resalta así mismo el proceso de acompañamiento efectuado en el caso de las elecciones atípicas del Distrito de Cartagena de Indias y la intervención administrativa y judicial efectuada, con miras a preservar la vigencia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos de esa importante región del país. La Procuraduría General de la Nación formuló demanda de nulidad electoral, con solicitud de suspensión provisional, en contra del alcalde electo de esa ciudad, medida que fue adoptada y confirmada por el Consejo de Estado.


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En el marco del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021, la Procuraduría General de la Nación encamina sus esfuerzos con el fin de identificar, investigar y sancionar los actos de corrupción en la contratación pública. Siendo esta figura el instrumento principal del Estado para el cumplimiento de sus fines constitucionales, no puede quedar inerme frente al riesgo de que sus recursos se destinen para acrecentar cuentas personales, por culpa de la corrupción.

Con el propósito de garantizar derechos, cumplir deberes y salvaguardar el ordenamiento, así como de recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones, la Procuraduría ha iniciado una serie de acciones disciplinarias, preventivas y de intervención, cuyo objetivo primordial es la defensa del patrimonio público y la sanción ejemplarizante a las conductas corruptas.

Entre el primero de julio de 2017 y el 15 de junio de 2018, las entidades estatales publicaron un total de 1.195.378 contratos en el SECOP I por un valor total de 99,7 billones de pesos, presentando un aumento en el valor del 6,55% con respecto al periodo julio 2016 - junio 2017 , razón por la cual se hace necesaria la supervisión activa de la Procuraduría General de la Nación en materia contractual. Ante este reto se obtienen los siguientes resultados:

A raíz de las delaciones del ex fiscal Gustavo Moreno relacionadas con presuntos pagos de sumas millonarias a cambio de beneficios judiciales, mediante Resolución 601 del 15 de noviembre de 2017, el Procurador General de la Nación asignó como funcionario especial al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial para que investigue al ex gobernador Alejandro Lyons Muskus, por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir en el llamado ‘Cartel de la toga’.

De igual manera, se profirieron 3 autos de apertura de investigación disciplinaria en relación con 3 senadores, igualmente se profirieron 5 autos de indagación preliminar, respecto de 5 representantes a la Cámara. Además, se indaga sobre la intervención de otros funcionarios aforados del Congreso de la República en la gestión irregular de procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia.

En la investigación penal por los delitos cometidos por Luis Gustavo Moreno Rivera como Fiscal Anticorrupción (concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada), la Procuraduría solicitó que en la cuantificación de la pena se tuviese en cuenta no solamente la aptitud de cooperación del acusado, sino también la magnitud del daño ocasionado a la Administración de Justicia y a la sociedad. Moreno Rivera aceptó cargos en la audiencia de acusación y solicitó una rebaja de pena del 50%, petición a la que el Ministerio Público se opuso, por considerar que en esa etapa procesal procedía una rebaja de pena de hasta la tercera parte y que por lo tanto no era aplicable una rebaja mayor.

CARTEL DE LA TOGA

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LLANOPETROL

La refinería del Meta era un proyecto que tenía previsto procesar 40.000 barriles diarios de crudo, refinar la gasolina más barata del país y manufacturar productos petroquímicos; sin embargo, fallas procedimentales en todas las etapas del proyecto y deficiencias a nivel de preinversión, conllevaron a un alto riesgo de pérdida de los recursos utilizados en la elaboración de estudios avanzados, que pudieron estar basados en premisas incompletas o equivocadas.

La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria y, a partir del informe de la Contraloría Departamental, vinculó al expediente al exgobernador; y quienes fueron secretario de Hacienda departamental, secretarios jurídicos, el secretario Social y de Participación y directores Administrativos de Planeación del departamento del Meta. Se conoció que los recursos transferidos por la Gobernación del Meta a Llanopetrol no habrían dado cumplimiento a los fines esenciales del Estado, generando un presunto daño patrimonial por disminución de los recursos públicos, evidenciándose una gestión fiscal ineficaz e ineficiente en cuantía de $18.265.683.000, de los cuales corresponden a regalías $9.220.097.000 y la cifra restante, $9.045.586.000, a recursos propios del departamento.

Se solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que profiera resolución de acusación en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Enrique Malo Fernández por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva y fuera llamado a juicio penal y político. La Procuraduría infiere que Malo Fernández hacía parte de una organización criminal dedicada a manipular actuaciones adelantadas en la Corte Suprema de Justicia, a cambio de altísimas sumas de dinero. Estas conductas afectaron de manera grave la seguridad pública, la administración pública y la recta impartición de justicia.

Así mismo, la Procuraduría solicitó que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leónidas Bustos Martínez fuera acusado por los delitos de concierto para delinquir; cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, por haber participado en una red de corrupción que integraban otros magistrados y abogados, quienes, a cambio de millonarias sumas de dinero, incidían en decisiones judiciales a favor de personas investigadas por la Corte Suprema de Justicia.


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De igual manera, se han iniciado otras cinco investigaciones que vinculan a interventores, secretarios de departamento, tesorero y supervisores de los contratos firmados como parte del proyecto de la refinería.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que se creó para atender el suministro de bienes y servicios en las cárceles del país, y cumplir todas las funciones de la administración y manejo adecuado de las mismas, ha sido cuestionada por la expedición de contratos sin diseños, pago de obras inconclusas y sobrecostos.

Con el fin de establecer y eliminar los focos de corrupción que se tomaron esta entidad, la Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias relacionadas con las irregularidades en procesos de selección abreviada de menor cuantía, la prestación de servicios sanitarios, compra de insumos acordes al contrato suscrito con empresa privada e irregularidades en la suscripción de contratos de prestación de servicios.

Se apertura investigación contra la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por una presunta recepción de 600 millones de pesos, como anticipo de los $3.000 millones que exigiría por la adjudicación del contrato de la construcción de la cárcel de Cómbita o la de Pereira.

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Se abrió investigación disciplinaria contra el Gobernador del Departamento de Bolívar, la secretaria de Salud, y a funcionarios de la Gobernación de Bolívar, debido a que el departamento de Bolívar efectuó unos pagos indebidos, sin soportes, por medicamentos y prestación de servicios a pacientes hemofílicos, los cuales debían ser asumidos por la EPS a la cual estos últimos se encontraban afiliados, toda vez que los servicios médicos para el tratamiento integral de esta enfermedad se encontraban dentro del POS (Plan Obligatorio de Salud).

A su turno, se suspendió provisionalmente al gobernador de Córdoba, dentro de la investigación disciplinaria por unos pagos que alcanzan la suma de $1.500 millones a una IPS, para la atención de 14 falsos pacientes, presuntamente diagnosticados con hemofilia.

CARTEL DE LA HEMOFILIA

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Son numerosas las investigaciones que la Procuraduría General de la Nación ha iniciado frente a la mala administración y corrupción generalizada en el manejo del Sistema General de Participaciones (SGP). Se ha sancionado a 5 funcionarios por manejos irregulares e indebidos. Se han abierto 611 indagaciones preliminares, de las cuales 68 se encuentran en investigación disciplinaria y 5 en pliego de cargos.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DECISIONES DE IMPACTO

- La Procuraduría ha iniciado indagaciones preliminares, cuyo estudio y evaluación ha superado esa fase para reportar, en el mismo período, la apertura de investigaciones disciplinarias por un sinnúmero de conductas relacionadas con la contratación administrativa, actos de corrupción e indebida administración de recursos públicos. Es así como ha iniciado procesos disciplinarios, entre los cuales se destacan los siguientes:


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- Se abrió indagación preliminar por denuncia contra el Gobernador del departamento de Sucre por crear, presuntamente, una nómina paralela destinada, al parecer, al servicio de campañas políticas.

- En el marco de las denuncias por corrupción en el departamento de Córdoba, se citó a audiencia pública a un exgobernador por las presuntas irregularidades en la celebración de los convenios sobre ciencia, tecnología e innovación números 733, 734, 735 y 755 de 2013, con una inversión total de $85.773.731.462.

- Se confirmó en segunda instancia destitución e inhabilidad general por el término de 11 años contra el Coordinador del Grupo TIC de la E.S.E. Sanatorio Agua de Dios. La decisión confirmó el interés indebido en la celebración de contratos al dar apertura a la licitación pública 01 de 2013, cuyo objeto era la adquisición de un sistema de información integrado, porque esta fue redireccionada hacia una sola empresa, ya que los oferentes debían acreditar una experiencia de 20 años, lo cual solo cumplió una compañía.

- Se impuso sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término de doce años al exalcalde del municipio de Aguachica (Cesar) (2012-2015) por suscribir un contrato, cuyo objeto era adquirir la dotación equipos biomédicos para el hospital local del municipio de Aguachica, los puestos de salud Barranca Lebrija, San Andrés, Puerto Patiño, Loma de Corredor, y los centros de salud San Eduardo e Idema del municipio de Aguachica. Se determinó que hubo inobservancia del principio de planeación, originando un detrimento patrimonial correspondiente a una adquisición ineficaz y antieconómica de bienes o elementos médicos, sin prestar servicio alguno, elementos médicos comprados en exceso y que se encuentran inutilizados y en riesgo de pérdida y/o deterioro que ocasionaron detrimento al patrimonio del Estado por $430.070.000.

- Se sancionó a los exsecretarios General y de Gobierno de la Alcaldía de Valledupar, con destitución e inhabilidad general durante 12 y 14 años, cada uno, por haber celebrado en forma directa contrato con la firma representada por la señora Natalia Springer y por irregularidades durante la ejecución de las obligaciones contractuales. También fueron sancionados con suspensión en el ejercicio del cargo durante un mes un exalcalde de Valledupar, y la exjefe de la oficina asesora jurídica.

- La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y formuló cargos contra el secretario de Movilidad de Bogotá, por la presunta violación de los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes por $215.000 millones.

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Además de intervenciones ante la Corte Suprema de Justicia para la defensa del orden jurídico y el castigo ejemplar a servidores de alto nivel, como gobernadores y alcaldes, la Procuraduría General de la Nación fijó su postura frente a la competencia de la Corte Suprema de Justicia después de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 que creó la segunda instancia. Considera el Ministerio Público que la Corte Suprema de Justicia mantiene su competencia para investigar, adelantar los juicios y fallar en los casos que se siguen contra aforados constitucionales y legales, de acuerdo con los procedimientos que se han dispuesto para tal fin, aún después de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 hasta tanto este sea plenamente implementado.

FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN

FUNCIÓN PREVENTIVA

Gracias a las observaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación sobre 11 procesos licitatorios y de Asociación Público Privada (APP), diferentes entidades revocaron sus actos de apertura y ajustaron pliegos de condiciones. Además, en Bogotá, se realizó traslado al operador disciplinario en cuanto a las licitaciones de semaforización y de manejo de patios y grúas.

La Procuraduría General de la Nación ejerció principalmente vigilancia sobre los procesos para las siguientes obras: navegabilidad del río Magdalena; construcción del plan maestro de vías urbanas pavimento rígido fase V municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar; mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Las Tablitas - San Marcos, Sucre; construcción del puente sobre el río Ariari; mejoramiento y pavimentación de la vía Úmbita-Turmequé; mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro - Chimá y Tuchín, Córdoba; pavimentación de la vía Sutamarchán; mejoramiento de vía sector Los Amarillos, entre los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún, Córdoba, y malla vial del Atlántico.


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3LA PROCURADURÍA

Y LA REALIZACIÓNCIUDADANA

DE DERECHOS

Promover la efectividad de los derechos y la legitimidad de la justicia, implementando mecanismos de prevención y respuesta a su

vulneración, para que los responsables los hagan efectivos, y así disminuyan las impunidades

legal, moral y cultural, a través de la recuperación del valor de la justicia y el mejoramiento de su

aplicación, con acceso de oportunidad y calidad, para que las personas vivan mejor en el territorio,

en convivencia y sin conflicto armado

“

“


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Objetivo 2. “Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020: Por una Procuraduría Ciudadana”

La Carta Política de 1991 le encomendó a la Procuraduría General de la Nación, entre otros, proteger los derechos humanos, asegurar su efectividad y defender los intereses de la sociedad. Desde el 16 de enero de 2017, esta Procuraduría Ciudadana ha priorizado sus esfuerzos en la tarea de garantizar el goce efectivo de todos los derechos, especialmente, los económicos, sociales y culturales, cuya realización está amenazada por la corrupción, la violencia, los conflictos de diversa índole, el resurgimiento de nuevas formas de organización criminal, la estigmatización, la desigualdad y la exclusión. En nivel preponderante de la agenda se destacan la defensa del derecho a la salud y del derecho a gozar de un medio ambiente sano; así como la defensa de la vida y la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Ante este complejo panorama y para responder a las cambiantes realidades del país, la Procuraduría, luego de un detenido análisis, decidió reasignar funciones en algunas Procuradurías Delegadas: Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, Delegada para la Fuerza Pública y Policía Judicial, Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, Delegada para Asuntos Étnicos. En estos procesos la Procuraduría garantiza la participación de las comunidades mediante los recién creados Consejos Asesores de la Sociedad Civil, cuya actividad se desarrolla en temas de salud, étnicos, medio ambiente, víctimas, seguridad jurídica, infancia con lo cual se despliegan de manera integral las funciones preventivas, de intervención y disciplinarias.

En un año en el cual se evidenció la creciente conflictividad social, la Procuraduría General de la Nación acompañó a las comunidades y minorías en los paros cívicos y en la resolución de los mismos. Esta labor se realizó mediante esfuerzos de diálogo social, en los cuales la Procuraduría cumplió un rol de facilitadora y mediadora; así como de vigilancia al cumplimiento de los compromisos pactados con el Gobierno para la resolución de dichos conflictos, como fue el caso de Buenaventura y Chocó.

A continuación, se resaltan los principales logros del trabajo de la Procuraduría Ciudadana en relación con la defensa y realización de derechos durante el periodo 2017/2018:

SALUD3.1.Promoción de un pacto social e institucional por la salud en Colombia, para mejorar el acceso, el control y flujo de recursos y prevenir y sancionar ejemplarmente la corrupción en el sector.

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Protección de derechos a 5,7 millones de personas afiliadas a Medimás, así como a los recursos de la salud.

Vigilancia del proceso de venta de Cafesalud y denuncia de las posibles irregularidades cometidas. Seguimiento al proceso de empalme, entrada en operación y gestión de Medimás. Vigilancia especial al proceso de licitación adelantado por FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), por valor de 5.76 billones de pesos; así mismo se realizó vigilancia al proceso de empalme y entrada en operación en todo el país. Mesas de trabajo tendientes a garantizar la normalización del flujo de recursos de la salud; como consecuencia de esta labor de facilitación, se lograron acuerdos entre las EPS y las IPS de Cundinamarca, Casanare y Santander, garantizando pagos por cerca de $17.200 millones de pesos.

Debido a la intervención de la Procuraduría, la Corte Constitucional profirió el Auto 382 de 2017, garantizando así los derechos de los ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios:

- Se ordenó el pago de los derechos de indexación de aproximadamente 800 extrabajadores de la Fundación San Juan de Dios. - De igual modo, se apoyó y gestionó para que más de 3.000 extrabajadores presentaran solicitudes de revisión de sus liquidaciones y normalización de aportes al sistema de seguridad social. Además, fueron actualizadas y corregidas 2.000 historias laborales de extrabajadores de la misma Fundación, y se han reconocido cerca de 200 pensiones de vejez.

Cartel de la hemofilia en Córdoba. Proceso disciplinario adelantado contra un exgobernador de Córdoba y varios funcionarios y particulares en ejercicio de funciones públicas por hechos relacionados con el pago irregular de recursos del Sistema General de Participaciones, por concepto de atención a presuntos pacientes diagnosticados con hemofilia. Se ordenó correr traslado de las pruebas enviadas por la Fiscalía y se vincularon a otros funcionarios a la investigación.

Salud en La Guajira. Se adelantan 3 procesos en indagación preliminar en contra de funcionarios por presuntas irregularidades en el cambio de la destinación de recursos del componente salud del Sistema General de Participaciones.


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Proceso adelantado contra exsuperintendente Nacional de Salud. Se profirió fallo de primera instancia el 14 de junio de 2018 por cuanto permitió que la EPS Medimas S.A.S. iniciará operaciones el primero de agosto de 2017, sin que la referida entidad tuviera la organización administrativa, la capacidad técnica y científica suficiente para cumplir con sus obligaciones.

La Procuraduría decidió suspender provisionalmente, mientras se adelanta el proceso disciplinario, al Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras comprobar que dicho funcionario, incurrió en la suscripción de contratos irregulares del hospital de San Andrés Isla.

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MEDIO AMBIENTE3.2.


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Los principales resultados alcanzados en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales radicadas en cabeza de la Procuraduría en asuntos ambientales, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre 2017, al primer semestre 2018, pueden concretarse en los siguientes:

DEFENSA DEL RECURSO HÍDRICO

- En torno a las actuaciones preventivas adelantadas debido a la mala calidad del agua que se suministra en el municipio de Chiquinquirá, el Tribunal Superior de Boyacá aceptó como medio de prueba el concepto técnico emitido en el marco de una acción popular que se surte por los hechos referidos.

Además, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio viabilizó el proyecto para la construcción de obras para la optimización del servicio por un valor de $15.430 millones de pesos y se firmó el pacto de gestión entre las entidades correspondientes.

- Con ocasión de las actuaciones realizadas frente al proyecto Hidroituango, se llevó a cabo audiencia pública ambiental; se realizaron visitas in situ y se requirió la puesta en marcha de dos puestos de mando unificado.

La Procuraduría General logró la inclusión de mayores estímulos al uso de tecnologías limpias o de bajas emisiones, con ocasión de la licitación pública adelantada para la adquisición de la nueva flota de Transmilenio.

TRANSMILENIO

DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA

- A partir de las solicitudes elevadas por la Procuraduría a diferentes autoridades, el Ministerio de Ambiente instó a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para que en los trámites de sustracción de áreas de reserva forestal se realice un ejercicio de ponderación de derechos fundamentales, dando prelación al derecho al medio ambiente sano.

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- Frente a la denuncia realizada en relación con la problemática de deforestación en la Amazonia, la Fiscalía General de la Nación dio inicio a las labores investigativas correspondientes.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

- La Corte Constitucional acogió la solicitud de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a fallo preferente en el trámite de control de constitucionalidad de la ley que buscaba aprobar el Acuerdo de París. Al resolver el trámite prioritario, el alto tribunal, declaró exequible dicha ley, la cual permitirá reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático.

- Teniendo en cuenta la omisión en la actualización de los planes de ordenamiento territorial (POT), que incluye la incorporación de la variable de cambio climático y de gestión del riesgo, la Procuraduría realizó un informe con fines disciplinarios respecto a los alcaldes de los municipios de Dibulla, Manaure, Uribia, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, Distracción, Villanueva, Urumita y El Molino, en el departamento de La Guajira.

- El municipio de Pereira declaró calamidad pública en respuesta a la acción popular interpuesta por la Procuraduría General acerca del estado de riesgo que representa la canalización de la quebrada La Dulcera en el tramo 1. Esta decisión implicó la suspensión de los trámites de licencias de urbanismo en la zona y las construcciones que se estaban adelantando; así como la realización de los estudios técnicos necesarios.

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

- Se realizó evaluación normativa, social y ambiental de los páramos en Colombia.

- Se solicitó a la UNESCO declarar los páramos del país como Patrimonio Natural de la Humanidad.

- Se logró el inicio de las obras para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Ubaté, lo cual conlleva el mejoramiento de la calidad del agua que ingresa a la Laguna de Fúquene.


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- Debido al incumplimiento de las obligaciones incorporadas en la licencia ambiental otorgada a la empresa Asfaltamos, se logró que la Agencia Nacional de Minería (ANM) ordenara la suspensión de explotación de material que superara los límites permitidos. Además, la Corporación Autónoma Regional de Santander impuso medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades de explotación minera.

- Debido a la emanación de crudo originada en el Pozo Lizama 158, en Santander, la procuraduría pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenar a Ecopetrol suspender las actividades de exploración y explotación en el área, iniciar en la zona acciones para atender el incidente, y realizar estudios que determinen la razón técnica y científica de la emanación de crudo.También se interpuso acción de grupo para que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Empresa Colombiana de Petróleos.

Por otro lado, se dio traslado de las actuaciones al eje disciplinario, en marco del cual se investiga al presidente de Ecopetrol y se suspendió por tres meses a dos Vicepresidentes de esta entidad.

MINERÍA E HIDROCARBUROS

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- Se logró que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ordenara al municipio de Armenia la realización de un estudio geológico que permita profundizar el conocimiento del trazo de la denominada falla de Armenia y sus posibles efectos.

- En el marco de la acción de cumplimiento interpuesta por la PGN, se logró que la Corporación Autónoma Regional del Quindío determinara y fijara los límites máximos de los corredores viales suburbanos en todos los municipios del departamento.

SANEAMIENTO BÁSICO

- Se logró la articulación institucional en torno a la problemática de desabastecimiento de agua que se presenta en la ciudad de Santa Marta. Así mismo, se requirió revisar y analizar los estudios realizados por el IDEAM, frente a la estructuración del proyecto de Asociación Publico Privada (APP) de Acueducto y Alcantarillado.

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- Se solicitó a Parques Naturales la protección de la Estrella de San Lorenzo, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada a fin de mejorar la oferta hídrica de la capital el Departamento del Magdalena.

- En torno a la acción popular interpuesta por la PGN, se ampararon los derechos colectivos de los habitantes de los corregimientos de Miravalles y La Siberia, ante la falta de agua apta para el consumo humano.

RESIDUOS

- Se solicitó a la ANLA realizar el trámite de licenciamiento del relleno sanitario Parque Ecológico Praderas del Antelio, en el municipio de Bojacá, debido a la demora de la CAR al surtir el trámite correspondiente. Debido a la solicitud realizada por este ente de control, se otorgó la licencia, lo cual redundará en una solución a los problemas de disposición final de residuos, considerando la incapacidad en que se halla el relleno Doña Juana. Por esos mismos hechos también se inició investigación disciplinaria al director de la CAR.

- Relleno sanitario de Sogamoso. En ejercicio de la función preventiva, la Procuraduría logró que se establecieran acuerdos entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. para la efectiva ejecución de las obras de ampliación del relleno sanitario de Sogamoso.

Para atender las necesidades de corto plazo de los municipios que vertían sus residuos en el relleno sanitario de Sogamoso, la Procuraduría logró articular a las entidades involucradas en la prestación del servicio de disposición final en el departamento de Boyacá y se garantizó la recepción de los residuos sólidos en el relleno sanitario de Tunja. De esa manera se evitó una emergencia sanitaria en el departamento de Boyacá.

En octubre de 2017 la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P había ordenado suspender la recepción de residuos sólidos en el relleno sanitario Terrazas del Porvenir a 43 municipios del departamento de Boyacá. Esta decisión fue tomada sin una justificación técnica de capacidad del relleno, ni un plan de contingencia. Por otra parte, el operador del relleno no permitía la ejecución de la obra para la construcción del vaso C de la terraza 12 del relleno, argumentando que no podía recibir dicha obra, la cual era financiada con recursos del Plan Departamental de Agua de Boyacá por un valor cercano a los $3.000 millones.


104

PROTECCIÓN ANIMAL

- Se logró la creación de Juntas Defensoras de Animales en los municipios de Elías, Tello, Íquira, Palestina y Rivera, en el departamento del Huila.

- Con ocasión de las acciones judiciales interpuestas por la Procuraduría, los jueces han ordenado la creación de cosos municipales en los municipios de Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda.

INTERVENCIONES JUDICIALES

- El Tribunal Administrativo de Quindío concedió medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, amparando los derechos colectivos invocados y atendiendo la situación de riesgo que se presenta en el casco urbano del municipio de Pijao.

- Se coadyuvó la acción de tutela sobre cambio climático interpuesta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual ordenó la protección de la Amazonía, mediante el emprendimiento de acciones para frenar la tala del bosque.

- A través de acción popular interpuesta por el Ministerio Público, se logró que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar fallara a favor de las pretensiones relacionadas con la protección de los derechos colectivos a la salubridad pública y la prestación eficiente de los servicios públicos de los habitantes del municipio de Astrea.

- A partir de la solicitud de suspensión inmediata de la construcción del proyecto de vivienda Aquarela, se concedieron medidas cautelares coadyuvadas por la PGN.

- En seguimiento a la Sentencia T-622 de 2016, a través de la cual se reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, se logró la articulación del panel de expertos y de las entidades cabeza de orden, lo cual genera un escenario de trabajo armónico, coordinado y eficiente, para dar solución a la problemática ambiental que se presenta en dicho territorio y ecosistema.

SEGUIMIENTO A SENTENCIAS

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En cumplimiento de la sentencia que busca la recuperación y conservación del río Bogotá, se ha realizado acompañamiento y apoyo técnico a los municipios ribereños, a la Corporación Autónoma Regional -CAR-, a Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá -CECH- (liderando 46 comités de verificación), a la Gobernación de Cundinamarca, entre otros.

DERECHOS ÉTNICOS3.3.Seguimiento al Capítulo Étnico de los acuerdos de paz, suscritos entre el Gobierno y las Farc-ep, lo que permitió:- La capacitación en este tema de 80 funcionarios de la Procuraduría y 160 integrantes de pueblos étnicos en seis (6) audiencias étnicas.

Acompañamiento y desarrollo de la función de mediación entre el Gobierno y comunidades del Chocó, Buenaventura, Minga Indígena Nacional y movilización indígena del pueblo Arhuaco. Además del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones adquiridas entre el Gobierno y las comunidades del Chocó y Buenaventura, para levantar los paros.

Realización de:- Cuatro audiencias étnicas públicas con participación de 31 consejos comunitarios, 11 cabildos indígenas, 3 organizaciones nacionales indígenas, 3 organizaciones nacionales afros y una organización nacional del pueblo Rom.

Celebración de 5 reuniones con la Comisión Étnica de Paz, Alta Instancia Étnica, Mesa Censal y líderes étnicos amenazados, tendientes a la protección de líderes étnicos amenazados.


106

Desarrollo de 16 espacios de concertación e interlocución entre los pueblos étnicos y el Gobierno Nacional.

Vigilancia superior permanente al desarrollo de las demandas promovidas en aras de restituir los derechos territoriales de 55 comunidades afro que cubren un área de 158.600 hectáreas en los departamentos de Chocó, Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Mediante Resolución 254 de 2017, emanada del Despacho del Procurador General de la Nación, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto-ley 262 del año 2000, se reorganizó la Delegada para Asuntos Étnicos.

17 de junio de 2018 se realizó la Audiencia Étnica como parte del acompañamiento a los pueblos indígenas Wayúu, Wiwa y Kogui en la defensa y promoción de sus derechos.

7 de junio de 2018, en La Guajira, se realizó la Audiencia Niñez Étnica del departamento.

Mesa Regional para la Protección Efectiva de los Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, en Tumaco, Nariño.

Acompañamiento al pueblo Yukpa, de la Serranía del Perijá, en la defensa y promoción de sus derechos territoriales, especialmente en el seguimiento a la Sentencia judicial T-713 de 2017, emitida por la Corte Constitucional.

La Delegada para Asuntos Étnicos ha realizado acompañamiento al proceso de socialización de la JEP con mujeres afrocolombianas. Esta actividad se ha realizado en los municipios de Quibdó y Tumaco.

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En el marco del seguimiento al cumplimiento Decreto 2957 de 2010 y con base en nuestra intervención, el Ministerio de Vivienda modificó su concepto en la aprobación del proyecto para vivienda del pueblo Rom, y permitió la modalidad de vivienda usada, que no estaba contemplado, más un porcentaje de 70 salarios mínimos legales para cada familia Rom en la compra de su vivienda.

En Nabusimake se asumió el compromiso de proteger la Sierra Nevada de Santa Marta y garantizar los derechos de los pueblos étnicos con presencia en el lugar, especialmente frente a las afectaciones culturales, ambientales y sociales de la minería en esa zona montañosa. Adicionalmente, se ilustró a la Corte Constitucional sobre las principales problemáticas y conflictos que viven en la actualidad los pueblos de la sierra.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se continuó con una metodología centrada en la garantía y protección de los derechos fundamentales de las comunidades raizales. Esta vez, con el objeto de generar un diálogo dinámico y pedagógico entre los actores sobre las problemáticas y desafíos (territoriales, ambientales y sanitarios) que tiene el archipiélago de San Andrés y Providencia. Respecto de los hallazgos en cada tema, la Procuraduría ha planteado un sistema de seguimiento a nivel territorial y central para que, desde las funciones preventivas, de intervención y disciplinarias se puedan enfrentar los referidos asuntos, en especial los relacionados con la crisis en salud.

En el Cauca se verificó armamento convencional permitido por parte de la Policía Nacional, Grupo Esmad, se evitó la vulneración de derechos humanos a las comunidades indígenas con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y se realizó una reunión con los personeros municipales de Santander de Quilichao y Caldono. Esto se debió a la presencia de comuneros indígenas Nasa del norte del Cauca, comunidades afro y otros actores en la vía Panamericana, entre Popayán-(Cauca) y Cali (Valle), con afectación del orden público.


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Niñez indígena. A partir del seguimiento a la situación de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Nukak – asentamiento Agua Bonita del municipio de San José del Guaviare, se evidenciaron, entre otros problemas, los siguientes:

- Oferta institucional dispersa o sobredemanda.- Desarticulación institucional.- Falta de una herramienta y metodología con enfoque étnico diferencial exclusivo para este pueblo indígena.- Dificultades para la atención en salud, educación y seguridad alimentaria.- Falta de acuerdos para atender en uno u otro departamento a la población (Meta y Guaviare), argumentando temas de competencia.

Estas situaciones le permitieron a la Procuraduría concluir que, para el caso de las comunidades indígenas en general, no solamente las que se encuentran en riesgo alto de desaparición como los Nukak, sus niños, niñas y adolescentes continúan presentando alto nivel de riesgo de sedentarización, desarraigo territorial, asentamiento permanente así como el gravísimo problema de mendicidad de personas indígenas en las principales ciudades del país.

PAZ, VÍCTIMAS Y TIERRAS3.4.Entre las actividades principales desplegadas en este frente, resaltan las siguientes:

Celebración de un encuentro con 120 representantes de víctimas, en el cual la Procuraduría escuchó sus preocupaciones y las problemáticas que encuentran para la materialización de sus derechos.

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Desarrollo de jornadas de trabajo en 9 regiones del país con las comunidades más vulnerables, víctimas de desplazamiento forzado. El objetivo: verificar el avance en los procesos de retorno y reubicación.

Recepción de:- 259 declaraciones para ingreso al Registro Único de Víctimas, - 14 solicitudes para el ingreso al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados.- 1.554 orientaciones brindadas en el Centro de Atención a Víctimas (CAV).

Frente a la lucha contra la violencia sexual, en el marco del conflicto armado, se realizaron informes sobre los avances de los casos reservados anexos a los autos 92/08 y 09/15 de la Corte Constitucional y se dio impulso procesal a los casos reservados anexos a los autos 92/08 y 09/15, así mismo se realiza seguimiento articulado con la Fiscalía General de la Nación.

Se capacitó a más de 350 funcionarios de la Procuraduría sobre el contenido de los acuerdos de paz. Además, se impulsó la inclusión de indicadores con enfoque étnico dentro del Plan de Implementación del Acuerdo Final.

Se desarrollaron acciones de intervención judicial en procesos de restitución de tierras y se promovieron acciones tendientes a la ubicación de 5.000 expedientes que fueron hurtados del antiguo Incoder.

La gestión de la Procuraduría permitió aclarar el contenido del fallo de la Corte Constitucional y articular el ejercicio de las competencias de las entidades para cumplir la sentencia t 477 de 2014. Esta decisión de la Corte ordena la restitución del predio Las Margaritas a los herederos del señor Antonio Rodríguez, quien falleció esperando a que se cumpliera dicha orden.


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Se profirió auto resolviendo el recurso de reposición contra fallo de única instancia, confirmando íntegramente el fallo impugnado. Mediante este fallo se había declarado disciplinariamente responsables a los señores Odín Sánchez Montes De Oca y Edgar Ulises Torres Murillo por promover y auspiciar grupos paramilitares y se les había impuesto una sanción de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos, por el término de veinte (20) años. Para la época de los hechos, Odín Sánchez Montes De Oca y Edgar Ulises Torres Murillo ocupaban el cargo de Representante a la Cámara.

Se rindió informe al Secretario General de la Justicia Especial para la Paz respecto de la acción preventiva desplegada por la Procuraduría General de la Nación frente a los Archivos de Inteligencia, Contrainteligencia y Gastos Reservados del extinto DAS, incluyendo cada una de las actividades, desde el año 2011 a la fecha.

La Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de veinte años a soldados profesionales del grupo Gaula del Ejército Nacional, Batallón Tarquí de Sogamoso, por incumplimiento del deber oficial de respeto y garantía por los derechos fundamentales de la vida humana en el caso de la muerte de Miguel Martínez Yepes y Félix Rico Martínez.

La Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de veinte años al mayor José Fernando Castaño López, del Batallón de Infantería N° 47 (de Carepa – Antioquia), por presuntas infracciones graves al Derechos Internacional Humanitario cometidas con la ejecución arbitraria de Luis Eduardo Guerra Guerra, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Milena Muñoz Posso, Alejandro Pérez Castaño y cuatro menores de edad, en hechos ocurridos en las Veredas La Resbalosa y Mulatos, en los corregimientos de San José de Apartadó.

El señor Seuxis Paucias Hernández Solarte acudió a la JEP en procura de la garantía de no extradición ya que fue capturado por la Fiscalía General de la Nación. El capturado fue miembro de la guerrilla de las Farc-ep y es acusado de cometer delitos relacionados con narcotráfico por parte de una autoridad judicial estadounidense.

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La Sección de Revisión de la JEP, sin notificar a la Procuraduría sobre las diferentes actuaciones, decidió suspender la extradición del ciudadano. Sobre esta decisión el Ministerio Público presentó el 24 de mayo de 2018 recurso de reposición con subsidio de apelación, fundamentado en que dicha decisión se tomó basándose en el protocolo interno de la Sección, aun cuando este trámite tiene reserva legal porque todavía no se había culminado el proceso de extradición y, por lo tanto, no se podía suspender el mismo; y porque no se notificó a la Procuraduría de la decisión.

Se avanzó en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz y a pesar de que aún es precaria la información que permite verificar el nivel de avance en los compromisos del gobierno nacional frente al Acuerdo de Paz, se cuenta con elementos significativos para que la Procuraduría pueda incidir en el nuevo gobierno frente al cumplimiento de los mismos.

A través de la gestión de la Procuraduría se logró obtener información de los adolescentes desvinculados de las Farc-ep, de tal forma que, por primera vez desde que inició la implementación del Programa Camino Diferencial de Vida, en enero de 2017, se conoce de forma más real y cercana la situación individual al menos noventa y nueve de los adolescentes desvinculados de las Farc-ep y la forma como en la práctica se realiza la implementación, monitoreo y evaluación del programa por parte de la Entidad que lo lidera y coordina. Lo anterior le permite a la Procuraduría contar con elementos de juicio y análisis para redefinir el seguimiento que desde el órgano de control se realiza y así cumplir con las facultades constitucionales y legales de realizar observaciones y recomendaciones a la política pública.

Se mantuvo seguimiento permanente a la ejecución de los contratos de obra y de interventoría suscritos por la Alcaldía de Florencia para la terminación y puesta en servicio del Centro Regional de Atención Integral a las Víctimas.


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La Procuraduría Regional del Meta realizó una acción preventiva a través de las diferentes mesas de seguimiento con la participación de funcionarios de la Gobernación del Meta, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Policía Nacional, Unidad de Víctimas, Personería de Puerto Gaitán y la Alcaldía de Puerto Gaitán-Meta, con el fin de verificar el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia STP 16298, respecto de la protección de los derechos fundamentales de las familias campesinas y desplazadas que habitan la Inspección Porvenir del municipio de Puerto Gaitán. Son 267 personas a las que se les ha garantizado la prestación de servicios de educación y salud.

La Procuraduría Regional del Tolima inició gestiones con el fin de lograr la articulación institucional a efectos de la implementación de los acuerdos de La Habana en el departamento del Tolima, cuyas zonas de capacitación se encuentran ubicadas en la vereda La Fila, en el municipio de Icononzo y en la vereda El Oso del municipio de Planadas.

La Procuraduría tuvo una participación activa en las reuniones y actuaciones de la Subcomisión de Justicia Transicional de Bucaramanga. Hizo seguimiento y verificó la aplicación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) y restitución de tierras, de conformidad con lo establecido por el artículo 201 ibídem, sincronizando las actuaciones con los integrantes de la Comisión y Subcomisión de Justicia Transicional.

La Procuraduría, como entidad participante de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, también manifestó su preocupación por el rezago en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos, a seis años de haber sido promulgados. En respuesta a esa preocupación, las Comisiones realizaron una Sesión Ampliada de Alto Nivel, con participación ministerial, con el fin de conocer las estrategias diseñas por las entidades gubernamentales para la protección de los derechos de los líderes y reclamantes de tierras, para superar las dificultades identificadas en el financiamiento de la Ley y, finalmente, para la articulación en el territorio con el objetivo de implementar la política frente a los nuevos instrumentos de desarrollo.

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Seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

En cumplimiento de los acuerdos de paz, en el país se definirán 170 Pactos Municipales de Renovación Territorial, que serán formulados con la participación de las comunidades, las autoridades étnicas, las entidades locales, las organizaciones sociales y comunitarias y la empresa privada, entre otros actores de los municipios priorizados para intervención.

Durante la concertación de los pactos se construirán 16 Planes de Acción para la Transformación Regional, (PATR) que instrumentalizarán los mismos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales generó una acción orientadora para establecer, por un lado, el grado de coordinación entre las instituciones pertinentes para la implementación del Acuerdo Final, que señalen un camino para el fortalecimiento de la capacidad institucional administrativa y de gestión, y por otro lado, den cuenta del estado de articulación de los instrumentos de planeación territorial que tiene el municipio o territorio con los PATR, para la correcta planeación del territorio y la construcción de una verdadera paz territorial.

La definición de este instrumento por parte de la Procuraduría permite, entonces, establecer el nivel de coordinación entre el Gobierno Nacional, las alcaldías de los municipios priorizados, los diversos instrumentos de planeación y los actores involucrados en el territorio, en el marco de la construcción de la paz territorial, así como también instar las acciones que las instituciones deban emprender para garantizar el éxito de este proceso.


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DERECHOS HUMANOS3.5.Se expidió la Directiva 002 del 14 de junio de 2017 para la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos. La misma fue divulgada y socializada en 6 foros regionales y 4 capacitaciones.

Seguimiento preventivo con el fin de verificar la evolución positiva o negativa de la situación en la zona de frontera colombo – venezolana, a raíz de la presencia de migrantes del vecino país en estos departamentos.

Se desplegaron 4 misiones de verificación de la situación de los derechos humanos en Buenaventura, Tumaco, Segovia y Norosí.

Se realizó un foro en conmemoración al Día Internacional de los Desaparecidos.

Se firmó el Pacto por la Humanización de las Cárceles e Implementación de la Justicia Restaurativa.

Se publicó la cartilla “Cuarenta preguntas y respuestas sobre derechos humanos”.

Fueron fallados en primera instancia:- 18 procesos disciplinarios, - Además, se formularon 9 autos de cargos en los que se encontraron implicados 57 servidores públicos.

EN MATERIA DISCIPLINARIA:

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En el caso de Tumaco se investiga la posible extralimitación de la Fuerza Pública en los hechos del 5 de octubre de 2017, que terminaron con la muerte de 7 personas y una veintena de heridos.

- Se adelanta investigación respecto de los hechos del 8 de octubre de 2017 en los que hubo un presunto hostigamiento de la Policía Nacional a miembros de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos como la ONU, la OEA y servidores públicos.

Se realiza una investigación disciplinaria por presuntos abusos del Esmad contra población civil durante el Paro Cívico de Buenaventura.

Se iniciaron 61 investigaciones disciplinarias por eventuales violaciones de derechos humanos por parte de servidores públicos.

Se abrió investigación disciplinaria a alcaldías y gobernaciones por incumplimiento de su obligación presupuestal para atender a víctimas de desplazamiento.

Se abrieron 55 investigaciones disciplinarias en contra de 13 exgobernadores, 35 exalcaldes y exsecretarios de despacho. Este es el resultado de la medida tomada por el Procurador General de la Nación, quien designó, mediante la resolución 162 del 3 de mayo de 2017, a la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, para ejercer la competencia disciplinaria respecto de las autoridades departamentales y municipales que, de conformidad con los informes del DNP, enfrentan una situación crítica en materia de desplazamiento forzado, y que, pese a contar con suficiente capacidad de inversión, al parecer, incumplieron sus responsabilidades con la población en situación de desplazamiento forzado.

Se abrieron 19 indagaciones preliminares en 13 municipios y 3 gobernaciones que, de conformidad con el informe del DNP, enfrentan una situación crítica en materia de desplazamiento forzado y víctimas y, pese a contar con suficiente capacidad de inversión, al parecer incumplieron sus responsabilidades con la población en situación de desplazamiento forzado y víctima.


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Estas acciones se deben a que el Procurador General de la Nación, mediante Resolución n.° 127 del 22 de marzo de 2018, ordenó la creación de una comisión disciplinaria especial para investigar estos temas, integrada por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos y el Procurador Delegado para Economía y Hacienda Pública.

La Procuraduría efectuó el seguimiento de las medidas cautelares asignadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, especialmente en la concertación de 10 casos de medidas provisionales asignadas por la CIDH.

Se ha ejecutado una acción preventiva ante la migración venezolana. Venezuela ha venido viviendo una crisis política, social, económica y humanitaria que ha afectado la institucionalidad e incidido en la garantía y vigencia de los derechos humanos de estas personas y la prestación eficiente de servicios básicos, atención en salud, educación, trabajo y seguridad, entre otras problemáticas. Por lo anterior, se logró la ampliación del término de la inscripción extemporánea en el registro civil de hijos colombianos nacidos en Venezuela, lo cual se acogió por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de Resolución n.° 145 de mayo de 2018.

Se creó el Programa de Justicia Restaurativa.

Entre las acciones a destacar, en materia de desaparición forzada se encuentra la intervención del cementerio de Riosucio-Chocó, así como la apertura de la acción preventiva para el caso de Hidroituango. La Procuraduría requirió a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar las acciones adelantadas para la ubicación de los cuerpos de las personas que presuntamente se encontraban en la zona de afectación de la represa. Igualmente, se ofició a EPM, al Viceministro de Salud, a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior, Dirección de DDHH, al Comando de Policía de Antioquia, para que cada uno, dentro del ámbito de sus competencias, diera las respectivas explicaciones frente a las presuntas vulneraciones de los derechos humanos de las personas que habitaban en la zona de influencia del proyecto.

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En ejecución del Decreto 2124 del 18 de diciembre de 2017, se recibió durante el primer semestre del año, por parte del Ministerio del Interior, 57 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Estas alertas focalizan su análisis de riesgo en 92 municipios de 21 departamentos del país. También recibió las Alertas 022-18 y 026-18, las cuales están relacionadas con el riesgo electoral y con los defensores de derechos humanos. Al respecto, la Procuraduría ha dado el correspondiente control y seguimiento preventivo con articulación en el territorio.

En el marco de la Ley 906 de 2004 se ha participado en 665 incidentes de reparación integral y, además, se ha asistido de manera permanente a las audiencias realizadas en el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional.

En el primer semestre de 2018 se realizaron cursos de derechos humanos y convivencia ciudadana para adolescentes infractores de la ley penal, con un total de 612 jóvenes participantes.

Mediante acciones de tutela interpuestas por la Procuraduría se logró la garantía del derecho a la educación y a la alimentación para 98.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento del Tolima y de los municipios de Montería y Lorica (Córdoba), Pitalito (Huila) y Villavicencio (Meta).

La Procuraduría estableció que 11.673 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de vulneración a nivel nacional, bajo la protección del ICBF, con permanencias superiores a un año y sin que a la fecha se les haya definido su situación legal de fondo. A raíz de esta situación, el Ministerio Público inició acciones para la movilización de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos para estar con su familia biológica o extensa o, en efecto, con una familia adoptiva. Las acciones han permitido el impulso de procesos en defensorías y comisarías de familia a nivel nacional.


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Así mismo, la Procuraduría estableció que el ICBF tiene bajo su responsabilidad a 5.076 personas mayores de edad en situación de discapacidad, y a 7.787 menores de edad, entre ellos muchos a quienes aún no se les ha definido su situación legal de fondo. Por este motivo viene adelantando mesas de trabajo con la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el fin de determinar la situación de esta población, a raíz de la expedición de la Ley 1878 de 2006.

La Procuraduría identificó a 1.336 adolescentes y jóvenes que se quedaron bajo la protección del ICBF y están trabajando proyectos de vida, por lo cual se requirió al ICBF para que informara de las acciones realizadas para que esta población acceda al derecho de tener una familia.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES3.6.

Desde el 2017, la Procuraduría General de la Nación ha trazado una línea de interpretación acorde con la Constitución Política de 1991, en defensa de la diversidad, el respeto de las libertades y los derechos étnicos y de las minorías. Se resaltan en este frente de acción institucional los siguientes elementos:

CIFRAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Conceptos de constitucionalidad 134

Conceptos acogidos por la Corte Constitucional 71

Conceptos acogidos parcialmente por la Corte Constitucional 43

Conceptos no acogidos por la Corte Constitucional 20

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En línea de defender los derechos ciudadanos, se destaca la presentación de 9 conceptos ante la Corte Constitucional dirigidos a garantizar los derechos de la población vulnerable afectada por la emergencia social de Mocoa, de los cuales 8 fueron acogidos totalmente y 1 parcialmente.

ALGUNOS RESULTADOS DE IMPACTO:

En el marco de la implementación jurídica del proceso de paz, se rindieron 41 conceptos de constitucionalidad.


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En relación con la Justicia Especial para la Paz - JEP, la Corte Constitucional aprobó lo propuesto por la Procuraduría General de la Nación en los siguientes temas centrales:

- Avaló la intervención integral y autónoma de la Procuraduría en la defensa de los derechos de las víctimas ante dicha jurisdicción.

- Se mostró conforme con la posición de la Procuraduría respecto de la necesidad de conservar el sistema original de selección de tutelas, en el cual el máximo Tribunal Constitucional, es el llamado a preservar el espíritu y la guarda de la Constitución.

- En cuanto a la participación en política de los miembros de las Farc-ep, la Corte Constitucional acogió la posición respecto a que la JEP tiene la responsabilidad de señalar si la ejecución de algunas condenas impuestas es incompatible con el ejercicio de la política.

- Finalmente, y conforme a lo expresado por la Procuraduría General, admitió que la JEP debería precisar las condiciones en las que opera la eventual pérdida de los beneficios en esa jurisdicción, así como los presupuestos en los que sobreviene una inhabilidad para el ejercicio de la política.

- Se cumplió lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Política, y lo expresado en el comunicado 055 de 2017 de la Corte Constitucional, el cual señaló que la intervención de la Procuraduría General de la Nación en la JEP es fundamental para la protección y afirmación del Estado Social de Derecho.

De 1.624 solicitudes de super vigilancia al derecho de petición, se realizaron 1.315 actuaciones requiriendo a las autoridades respectivas, con el fin de garantizar que a los ciudadanos se les diera respuesta material y de fondo a sus peticiones.

Derivado de las solicitudes de insistencia de la Procuraduría, la Corte Constitucional seleccionó 14 casos para revisión en tutela y acogió los planteamientos a efectos de proferir sentencia de unificación en tres casos relacionados con:

- Protección laboral reforzada de la mujer embarazada, - Reconocimiento de intereses moratorios a pensiones no consagradas en la Ley 100 de 1993, y, pruebas relevantes omitidas por los operadores jurídicos en procesos penales y casación oficiosa.

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La Procuraduría General de la Nación fijó su postura frente a la competencia de la Corte Suprema de Justicia después de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, que creó la segunda instancia. Considera el Ministerio Público que la Corte Suprema de Justicia mantiene su competencia para investigar, adelantar los juicios y fallar en los casos que se siguen contra aforados constitucionales y legales, de acuerdo con los procedimientos que se han dispuesto para tal fin, aún después de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 hasta tanto este sea plenamente implementado.

En el año comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 el Procurador General de la Nación ha cumplido con su deber de intervenir en todos los juicios de constitucionalidad ante la Corte Constitucional y ante el Consejo de Estado, con el fin de defender la Constitución y los derechos fundamentales. En concreto, se han rendido 64 conceptos de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, y 5 ante el Consejo de Estado.

De otro lado, se puede resaltar la postura de la Procuraduría en la revisión oficiosa e integral del Decreto Ley 903 del 29 de mayo de 2017, por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc-ep. En concreto, Procurador General de la Nación solicitó declarar la exequibilidad de la disposición con algunos condicionamientos, resaltando que la entrega de los bienes de las Farc-ep se hacía a través de una extinción de dominio especial y pactada políticamente, con la finalidad de indemnizar a las víctimas del conflicto armado.

La Procuraduría defendió la aplicación inmediata de la sentencia de la Corte Constitucional C-332-17, que le permitió al Congreso de la República la posibilidad de introducir modificaciones a tales proyectos de Ley, con el fin de mejorar la deliberación democrática. También puede realzarse que la Procuraduría propuso una metodología para analizar las normas expedidas por los mecanismos del fast track que implicaba el reconocimiento del papel del Congreso como escenario natural para la implementación del Acuerdo de Paz.


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DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO3.7.

Se establecieron lineamientos estratégicos en la defensa del patrimonio público, así:

- Anticipar acciones para el impacto de la intervención (reconocimiento y visibilidad), con énfasis en actuaciones contra la corrupción y sus actores. - Reorganizar una procuraduría delegada encargada de asumir la defensa de la transparencia y el patrimonio público.- Impulsar la solución de controversias y la mejora en la justicia con la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. - Desarrollar la estrategia “Gerencia Jurídica y Eficiencia Institucional”, en coordinación con la jurisdicción contencioso administrativa – Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados Administrativos.- Restablecer unos instrumentos de seguimiento y reconstruir la memoria de los casos. - Armonizar los lineamientos del Procurador General de la Nación y el Plan Estratégico por la Procuraduría Ciudadana para la protección del patrimonio público (2017-2021).- Desarrollar el proyecto “Talento Humano con Compromiso y Reconocimiento”.- Estructurar y desarrollar un sistema digital y estratégico para la intervención y conciliación administrativa.- Promover la efectividad de los derechos, verificando la capacidad de respuesta del sistema de justicia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con visibilidad y Gobierno Abierto.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

3.8.

Se reorganizó una delegada específica con el propósito de articular el esfuerzo institucional en materia de transparencia y probidad, integrándose a ella el grupo de transparencia que operó en el año 2017.

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En ejercicio del control preventivo, se requirió a la Dirección Nacional de Inteligencia, para que informe si, dentro de los Protocolos de consulta de la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, se incluyó la posibilidad de consulta de los organismos administrativos, como son: la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

Se actualizó el comité de archivo a partir de las siguientes acciones principales:

- Se actualizó y cumplió el 100% del Plan de Mejoramiento Archivístico, establecido por el Archivo General de la Nación. - Se aprobaron las tablas de retención documental que se encontraban pendientes para su implementación. - Se actualizó el procedimiento de disposición final de documentos.- Se realizó sensibilización de la Ley 1712 de 2014 con las dependencias interesadas.- Se elaboró la matriz para los Instrumentos de Gestión de Información Pública-IGIP, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.- Se asesoró a las dependencias para el diligenciamiento del Registro de Activos de Información.- Se elaboró acto administrativo de aprobación de los IGPI para publicación en link de Transparencia de la Web de la Procuraduría; en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.- Actualización inicial de catálogo bibliográfico.- Cumplimiento de la meta de atención a usuarios en biblioteca y archivo con eficacia y oportunidad.- Se cumplió con el cronograma de trasferencias documentales establecido para tal fin.

Se diseñó el componente de rendición de cuentas que da respuesta al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

ACCESO A LA INFORMACIÓN


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Dentro de aquel, se implementó la sección de Transparencia y acceso a la información, en la cual se visibilizan todas las obligaciones consagradas en la Ley 1712 de 2014, espacio que se actualiza continuamente.

Se dinamizó la sección Los niños somos Procuraduría, un espacio pensado para impactar en el público infantil a través de cuatro secciones graficadas de forma atractiva y con un lenguaje apropiado para esta población.

Se creó la sección Con los pies en los territorios, que complementa la estrategia diseñada por la Oficina de Prensa para cumplir con el componente Rendición de Cuentas (Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano), y apoyar eficientemente 31 acciones de diálogo generadas durante el periodo establecido para este informe.

Se desarrolló el entorno de calendario digital para informar la agenda del Procurador General, las actividades y eventos propios o de terceros en los que participa el Ministerio Público y las convocatorias vigentes.

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Fortalecimiento de la presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), adelantando una gestión eficiente de cada una de ellas.

Definición de directrices para dar a conocer contenidos de interés utilizando siempre un lenguaje claro, sencillo y dinámico.

Se facilitó la interacción con la ciudadanía a partir de la información producida por la entidad.

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Generación de contenidos multimedia (imagen, video, audios hipervinculados) para promover de manera oportuna los trámites y servicios del órgano de control (certificado de antecedentes, información de relatoría y biblioteca, ProcuraduríAPP, #SomosProcuradorES).

Posicionamiento de diferentes temáticas en el listado de tendencias nacionales, regionales y locales.

Implementación de la estrategia de youtuber Charly el ciudadano, para divulgar y cautivar a una audiencia digital, a través del canal oficial de YouTube, con videos didácticos sobre las funciones misionales y servicios que ofrece la Procuraduría.

Se direccionó a la ciudadanía desde las redes sociales a usar la sede electrónica de la Procuraduría para la formulación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, entre otros.

Se resalta el logro de 12.074.608 impresiones orgánicas (número de usuarios que vieron los trinos sin inversión en publicidad) en la red social Twitter (@PGN_COL) durante el periodo objeto de este informe, con diversos contenidos: boletines de prensa, videos, transmisiones en vivo y galerías de fotos.

Se alcanzaron 4.889.078 usuarios en la red social Facebook, que registraron 4.258.149 impresiones orgánicas (número de personas a las que se les mostraron las publicaciones sin inversión en publicidad), con diversos contenidos como FacebookLive, boletines de prensa, videos, galerías de fotos, notas y promoción de eventos.

Se dio el registro de 149.208 visualizaciones de los videos publicados en el canal oficial de YouTube, los cuales incluyen transmisiones de eventos como audiencias públicas, foros, paneles o conversatorios que abordan temas críticos o de alta sensibilidad ciudadana, las intervenciones del Procurador General, el programa de radio y videos institucionales producidos por la Oficina de Prensa.


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PORTAL WEB

Se facilitó, a través del portal web, el acceso a la ciudadanía y a los medios de comunicación de los recursos audiovisuales realizados por la Oficina de Prensa como los videos, audios y fotografías.

Igualmente se implementó una estrategia multimedia en línea de tiempo para narrar día a día las acciones de la Procuraduría, con el objetivo de que los ciudadanos pudieran hacer un recorrido por la gestión de la Procuraduría Ciudadana.

Se desarrolló en el portal web la sección Foros Procuraduría para poner a disposición de la ciudadanía todos los recursos relacionados con eventos académicos, audiencias públicas, consejos asesores, seminarios y conversatorios, entre otros. En este espacio, la ciudadanía puede acceder a imágenes, boletines de prensa, agenda y, en algunos casos, la transmisión completa de la actividad.

PROGRAMA DE RADIO

Se emitieron 36 programas “Somos Procuradores durante el periodo julio 2017 junio 2018, realizados en directo y con cobertura nacional.

A través de ellos se logró abordar temáticas de interés ciudadano a través de tres secciones con un enfoque noticioso sobre temas de coyuntura nacional y regional.

Se generaron espacios participativos en el que expertos invitados respondieron las dudas e inquietudes formuladas por los oyentes mediante llamadas telefónicas, correo electrónico y redes sociales.

El programa “Somos Procuradores” se difundió a más de 800 emisoras comunitarias en todo el país. Igualmente se transmitió por Facebook Live y compartió en canal oficial de YouTube cada una de las emisiones.

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INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

3.9.La Procuraduría mediante el seguimiento territorial a la implementación del código de policía logro establecer que sólo el 42% de las entidades territoriales del país ha adoptado medidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de seguridad y convivencia.Se logró la garantía de los derechos a la educación y la alimentación para 98.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento del Tolima y los municipios de Montería y Lorica (Córdoba), Pitalito (Huila) y Villavicencio (Meta).

La Procuraduría exhortó a las 32 gobernaciones, a las 1.101 alcaldías y a 17 entidades de orden nacional, a través de la Circular 005 de 2018, a realizar un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas para abordar en todo el ciclo de las políticas públicas y de manera integral, la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud y orientado a la preparación del tercer proceso de rendición pública de cuentas territorial 2019.

Así mismo se llevó a cabo audiencia pública de seguimiento a la implementación de las acciones del estado para superar la crisis humanitaria del pueblo Wayuu en el departamento de La Guajira. Esta audiencia contó con la participación de autoridades étnicas del departamento y representantes de las distintas Entidades del orden nacional y territorial concernientes en el restablecimiento y garantía de los derechos de esta población.

La Procuraduría realizó la audiencia pública de seguimiento a las acciones del Estado colombiano en la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, la cual fue presidida por el Procurador General de la Nación en la ciudad de Cartagena (Bolívar).

La Procuraduría realizó, en asocio con la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, Pro familia, UNICEF y la Fundación Plan; el foro «Impunidad de Delitos Sexuales: Una Cuestión de Derechos Humanos».

Con el proyecto estratégico de la Procuraduría Regional Arauca vigencia 2017, denominado “Vigilar y efectuar seguimiento de gestión en la ruta de atención para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en el Departamento de Arauca” se logró que los entes departamentales y municipales implementaran efectivamente las directrices y programas desarrollados para dar eficaz cumplimiento al objeto de la Ley 1146 de 2.007.


128

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

3.10.ASUNTOS ÉTNICOS

Organización del Foro: Retos y Balance de la Política de Protección y Derecho a la Vida de Líderes y Lideresas Sociales Étnicos. Bogotá- abril 27 de 2018. Este espacio, se constituyó en la oportunidad de establecer un balance de la actual situación y la definición de rutas y medidas necesarias para intervenir asertivamente en la prevención y protección de los pueblos étnicos y sus líderes. Este encuentro contó con la participación de 70 líderes y autoridades étnicas de distintos territorios de Colombia: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Casanare, Cauca, César, Córdoba, Chocó, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca.

En cumplimiento de los acuerdos de paz, en el país se definirán 170 Pactos Municipales de Renovación Territorial que serán formulados con la participación de las comunidades, las autoridades étnicas, las entidades locales, las organizaciones sociales y comunitarias y la empresa privada, entre otros actores de los municipios priorizados para intervención.

SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se generó un espacio de reflexión sobre avances y retos de la participación ciudadana y el control social a la gestión pública logrando el mejoramiento en la prestación de servicios haciendo partícipes a las juventudes como un nuevo actor social, identificando la problemática local a través de experiencias de las veedurías ciudadanas, e intercambio de buenas prácticas, así como una oferta a nivel regional de servicios en temas de participación ciudadana y control social por parte de las entidades que conforman la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas.

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VI ENCUENTRO RED DE ESCUELAS DEL ESTADO-PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Se generó un espacio en que expertos aborden temas como protección, monitoreo y reporte de violaciones de Derechos Humanos y DIH. El encuentro de la Red de Escuelas fue una oportunidad para destacar la Directiva 002 de 2017 establecida por la Procuraduría como instrumento normativo para la protección de la los defensores y defensoras de derechos humanos. Así mismo, durante el Encuentro, se relacionaron los mecanismos de protección a nivel nacional e internacional, se integró el papel de la Policía Nacional, así como la responsabilidad disciplinaria y penal frente a la protección de la población a proteger.

Con fundamento en el enfoque con los pies en los territorios, la Procuraduría ha implementado el programa regional denominado “La Procuraduría en su Pueblo”, cuyo propósito es llevar la institucionalidad a los diferentes municipios y veredas del país.


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UNA PROCURADURÍAPARA UN ESTADO MODERNO

Consolidar una Procuraduría con planeación y gestión estratégica, a través de un talento humano

que da ejemplo de servicio público, y de una gestión del conocimiento y de los TIC al servicio

de la misionalidad, para mejorar la calidad de vida del ciudadano en la Nación y el territorio

“

” Objetivo 3. “Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020: Por una Procuraduría Ciudadana”

La Procuraduría está en la ruta de ser una institución más fuerte, renovada e integrada por el mejor recurso humano. En el 2017 iniciamos el rediseño de la entidad para fortalecerla administrativamente, en procura de generar nuevos procesos de cooperación internacional y de vincularla con la ciudadanía, mediante nuestras actuaciones en los territorios, donde interactuamos con la gente.

Las siguientes acciones desarrolladas en el periodo 2017/2018 han sido especialmente relevantes para lograr lo anteriormente descrito:

4


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Construcción y aprobación del nuevo “Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020: por una Procuraduría Ciudadana, que define una hoja de ruta con una misión, visión, principios, valores, objetivos y metas medibles para los próximos años.

Mediante el documento Conpes 3907 de 21017, se logró la consecución de los recursos de crédito Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permiten apalancar el Plan Estratégico y la modernización institucional del Ministerio Público, en aras de fortalecer la Procuraduría para dar respuesta a los enormes retos que plantea el país, especialmente en los territorios.

Se logró la ampliación del presupuesto asignado a la Procuraduría en un 9%, el cual irá dirigido principalmente al fortalecimiento de la inversión.

La Procuraduría logró la certificación Bureau Veritas, en calidad, bajo la norma ISO9001-2008 para el proceso de selección de servidores de carrera.

En aras de mejorar los espacios de comunicación digital, se rediseñó la página web de la Procuraduría a fin de convertirla en un escenario más dinámico y cercano al ciudadano: en el 2017, se registran 11.406.524 visitas, con un crecimiento del 107,8 %

Con el objetivo de llegar a todos los territorios del país e informar y dialogar con los ciudadanos sobre la labor de la Procuraduría Ciudadana, se institucionalizó el Programa Radial Somos Procuradores.

Se implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como una estrategia de fortalecimiento de la ética pública que contempla:

- Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción.- Estrategia antitrámites.- Estrategia para rendición de cuentas.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.- Mecanismos de seguimiento.

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FORTALECIMIENTO Y REINGENIERÍA INSTITUCIONAL4.1.

El 5 de febrero de 2018 se suscribió entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo el Contrato de Préstamo No. 4443/ OC-CO, por valor de 40 millones de dólares, para financiar el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional de la Procuraduría General de la Nación, cuyo objeto es potenciar el control público, mediante el mejoramiento de la efectividad de la Procuraduría. Dicho programa tiene un plazo de ejecución de 4 años.

Esto se realizará a través de una mejora de la eficiencia y coordinación de las funciones misionales con un enfoque centrado en el ciclo de control con herramientas de gestión de cambio y mitigación de riesgos; el fortalecimiento de la eficiencia en la ejecución, articulación y seguimiento de las funciones desconcentradas y la promoción de la transparencia e integridad a nivel interno y externo. El Programa consta de tres componentes:


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COMPONENTE 1

Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de tecnología. Busca mejorar la eficiencia y coordinación de las funciones misionales a través de un enfoque centrado en un ciclo de control con herramientas de gestión del cambio y mitigación de riesgos. Incluye dos subcomponentes:

Subcomponente 1-1 Mejoramiento de la planeación estratégica y coordinación institucional. Actividades:• Diseño e implementación de una planeación estratégica, incluyendo el ciclo de control y una estrategia de identificación de riesgos.• Actualización de las funciones disciplinaria y de intervención judicial, y capacitación del personal para la implementación de los nuevos lineamientos definidos• Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de las recomendaciones y observaciones realizadas a los sujetos controlados en el marco de las competencias de la Procuraduría.

Subcomponente 1-2 Fortalecimiento de las políticas y herramientas para la toma de decisiones. Actividades: • Diseño, ejecución y evaluación de un ejercicio de arquitectura empresarial, arquitectura de software y gobierno de tecnologías de información conforme a los lineamientos de MINTIC que permita tener un mapeo integral de las funciones misionales, los datos asociados a estas funciones, los sistemas de información, y la infraestructura necesarias para la gestión institucional de la Procuraduría.• Diseño e implementación de un modelo de inteligencia de negocios y analítica, orientado a mejorar la eficiencia de la entidad y fortalecer la oportunidad en la toma de decisiones en el marco del ejercicio de control público.• Diseño e implementación de una herramienta para el seguimiento y control georreferenciado de la implementación de los Acuerdos de Paz por la Procuraduría.

COMPONENTE 2

Fortalecimiento de las capacidades operativas a nivel territorial Busca mejorar la eficiencia en la ejecución, articulación y seguimiento de las funciones desconcentradas. Incluye dos subcomponentes:

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Subcomponente 2-1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la Procuraduría a nivel territorial. Actividades:- Diagnóstico de la gobernanza con énfasis en el nivel territorial.- Diseño de un modelo de gestión con base al diagnóstico.- Diseño, implementación y evaluación de un conjunto de pilotos.- Ajustes al modelo de gestión en función de evaluación de los pilotos.- Implementación del modelo de gestión y evaluación del modelo de gestión diseñado.

Subcomponente 2-2. Mayor uso de tecnología y sistemas para una mejor gestión territorial. Actividades: - Adecuación de los sistemas de información para mejorar la interoperabilidad entre el nivel central y territorial.- Adquisición de servicios, infraestructura y software.- Diseño e implementación de un plan y política de mantenimiento, soporte y actualización.

COMPONENTE 3

Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadanaSe busca fortalecer los mecanismos para la mejora de la transparencia y la integridad interna y externa. Se financiarán tres subcomponentes:

Subcomponente 3.1. Fortalecimiento de las capacidades de la Procuraduría en materia de integridad pública.

Actividades:- Revisión del marco normativo, adopción de perfiles de riesgo y diseño e implementación de una metodología para realizar el monitoreo patrimonial de funcionarios públicos en coordinación con las entidades correspondientes. - Diseño e implementación de una herramienta de identificación y mitigación de riesgos en la contratación pública en coordinación con las entidades correspondientes.- Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de conflictos de intereses para el personal de la Procuraduría.


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Subcomponente 3.2. Fortalecimiento de capacidades para la transparencia y el gobierno abierto.

Actividades:- Caracterización de los niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14.- Diseño e implementación de una estrategia y hoja de ruta para cumplir con dicha Ley, incluyendo la definición de la estructura institucional requerida.- Diseño e implementación de una política de datos abiertos de la Procuraduría.

Subcomponente 3.3. Fortalecimiento de la participación ciudadana.

Actividades: - Diagnóstico de brechas de la gestión de Quejas, Peticiones y Solicitudes Ciudadanas (QPSC). - Diseño e implementación de un modelo de gestión de QPSC con base en el diagnóstico realizado. - Revisión y ajuste a los sistemas y canales para la gestión de QPSC, con base en el modelo definido.- Diagnóstico del estado actual de las comunicaciones de la entidad.- Elaboración e implementación de un plan de comunicaciones, incluyendo articulación con redes sociales y mecanismos de participación de la sociedad civil.- Diseño e implementación de un modelo de audiencias ciudadanas en línea.

Para el año 2018 el Programa cuenta con una apropiación de $11.435.000.000. Actualmente se adelantan procesos de contratación en las siguientes temáticas: arquitectura empresarial, gobernanza y modelo de gestión, mejoramiento de funciones misionales, patrimonio injustificado de servidores públicos, conflicto de interés, servicio al ciudadano, ley de transparencia y actualización tecnológica, entre otros.

Los resultados del Programa prevén disminuciones en prescripciones y revocatorias; aumentos en número de fallos a nivel central y territorial, y de la tasa de conciliaciones administrativas; cumplimiento de lineamientos MINTIC, consistencia en la información para toma de decisiones; tiempos de respuesta a peticiones de la ciudadanía; audiencias ciudadanas en línea; cumplimiento en la ley de transparencia por parte de sujetos obligados, entre otros.

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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL4.2.El presupuesto asignado inicialmente para la vigencia de 2017 para la Procuraduría General de la Nación fue de $523.478 millones de pesos, de los cuales $515.563 millones correspondían a gastos de funcionamiento, es decir el 98,5% y $7.916 millones estaban destinados a inversión, un 1,5% del total del presupuesto.

Mediante Decreto 1238 de julio de 2017 se incorporaron $50.142 millones adicionales al presupuesto de la Procuraduría General de la Nación, lo que representó un incremento del 9,57% con respecto a la apropiación inicial para la entidad; adicionalmente se realizó la adición por ajuste salarial, de manera que la vigencia de 2017 el presupuesto total ascendió a $627.316 millones distribuidos así: gastos de funcionamiento: $594.855 millones y gastos de inversión: $32.461 millones (con incremento del 1,5% al 5,1%).

Para la vigencia de 2017, la Procuraduría General de la Nación estableció compromisos presupuestales por valor de $607.915 millones, lo que representó un 96,9% con respecto a la apropiación y se realizaron pagos por $563.696 millones, que corresponden al 89,9%.

Ejecución Presupuesto Procuraduría a 31 de diciembre 2017

APROBACIÓN

Presupuesto total 627.317 607.915 96,9% 563.696 89,9%

Funcionamiento 594.855 583.824 98,1% 558.874 93,95%

Gastos de personal 535.665 526.241 98,2% 511.984 95,6%

Gastos generales 31.688 30.215 95,3% 22.659 71,5%

Transferencias 27.502 27.368 99,5% 24.231 88,1%

Inversión 32.461 24.092 74,2% 4.823 14,86%

Fortalecimiento de la Función Preventiva 847 847 100% 847 100%

Adecuación de sedes 9.032 6.355 95,3% 236 2,6%

Fortalecimiento plataforma tecnológica 22.582 16.889 99,5% 3.739 16,6%

COMPROMISOS PAGOS

Cifras millones de pesos


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EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

Fortalecimiento de la Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional. Objetivo del Proyecto: contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación.

Apropiación Compromisos % Pagos %

$847.484.232 $847.484.231 100% $847.484.231 100%

Adecuación de las sedes de la Procuraduría General de la Nación. Objetivo general: adecuar las instalaciones físicas de las sedes a nivel nacional con mayor necesidad de intervención.


$9.032.074.605 $6.355.492.472 70,37% $236.013.307 2,61%

Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Procuraduría General de la Nación. Objetivo general: prestar los servicios tecnológicos que apoyen el adecuado ejercicio de las funciones misionales y operativas que desarrollan los funcionarios, de la entidad, en beneficio de la ciudadanía.


$22.581.927.698 $16.888.974.883 79,79% $3.739.267.083 16,56%

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2017

La Procuraduría General de la Nación obtuvo la autorización del cupo de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 2017 por un monto de $11.427 millones. De los cuales $6.427 millones corresponden a gastos de funcionamiento y $5.000 millones a gastos de inversión, conforme la siguiente tabla:

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Ejecución vigencias futuras autorizadas a 31 de diciembre 2017

Descripción Valor total Compromisos

Vigencias futuras autorizadas 11.427 7.513 65,7%

Vigencias futuras gastos funcionamiento 6.427 4.698 73,1%

Vigencias futuras gastos inversión 5.000 2.815 56,3%

Fuente: División Financiera –PGN

Con relación a los gastos de funcionamiento, el monto utilizado de vigencias futuras autorizadas fue de $4.698 millones; es decir, el 73.10%., el cual fue destinado para contratar servicios de arrendamiento de inmuebles, servicio de conectividad, servicios de aseo, cafetería, vigilancia y seguridad, mantenimiento de vehículos, entre otros.

En lo referente a las vigencias futuras autorizadas para gastos de inversión el valor final comprometido fue de $2.815 millones, que se utilizó para respaldar los compromisos derivados del proyecto de fortalecimiento de la plataforma tecnológica a nivel nacional.

PRESUPUESTO 2018

El presupuesto asignado inicialmente para la vigencia de 2018 para la Procuraduría General de la Nación fue de $612.255 millones, de los cuales $569.923 millones (el 93.1%) corresponden a gastos de funcionamiento y $42.333 millones (6.9%) están destinados a inversión.

El presupuesto total para la Procuraduría General para la vigencia 2018, con respecto a la vigencia 2017 disminuyó en 2.4%, sin embargo, el presupuesto de inversión con respecto a la vigencia 2017 presentó un incremento de 30.4%.

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2017

Cifras millones de pesos


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2016 516.345 9.555 525.901

2017 594.855 32.461 627.317

2018 569.923 42.333 612.255

FUNCIONAMIENTO

APROPIACIÓN VIGENTE

INVERSIÓN TOTAL

CONTRATACIÓN4.3.El plan de adquisiciones para la vigencia de 2018, publicado en la página web de la entidad, registra los siguientes valores:

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Valor publicado 30 enero 2018Contratos adjudicados con corte a 30 de junio

2018

% de ejecución 30 de junio

$54.943.496.185 $9.337.372.560 16.99%

A continuación se relacionan los productos y servicios contratados con corte a 30 de junio de 2018.

Tipo de bien o servicio Total

Chalecos identificación para los funcionarios 19.900.370

Arrendamientos bienes inmuebles 429.547.487

Combustible y lubricantes 259.107.279

Correo 530.121.774

Embalaje y acarreo 45.510.316

Equipos y máquinas para oficina 1.399.000

Fortalecimiento plataforma tecnológica 319.089.443

Llantas y accesorios 46.797.539

Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres 551.685.898

Mantenimiento de software 1.102.524.847

Mantenimiento equipo de navegación y transporte 63.300.211

Mejoramiento de la gestión institucional 316.231.124

Mobiliario y enseres 75.780.469

Impresos y publicaciones 3.001.050

Publicidad y propaganda 45.990.000

Seguro accidentes personales 61.845.278

Servicio de seguridad y vigilancia 3.566.279.673

Servicios de transmisión de información 41.116.648

Viáticos y gastos de viaje al exterior 1.858.144.155

Total general 9.337.372.560


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GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA4.4.

GESTIÓN HUMANA

Auxiliares Jurídicos ad honórem:

La Procuraduría General de la Nación reactivó la vinculación de los auxiliares jurídicos ad honórem y se han proyectado veinticuatro (24) decretos para la vinculación a la entidad de ciento sesenta y cinco (165) judicantes ad honórem.A través de este mecanismo, la Procuraduría vincula a los egresados de las facultades de Derecho de las universidades oficialmente reconocidas, que se postulen por intermedio de los jefes de las dependencias, para realizar la práctica de judicatura, durante 9 meses, en forma gratuita. Los judicantes ad honórem desarrollarán sus funciones en las áreas de intervención judicial, actuaciones disciplinarias, preventivas y demás de naturaleza jurídica, según las actividades de la dependencia donde sean nombrados, lo cual se hará en calidad de servidores públicos, sujetos al mismo régimen contemplado para los demás funcionarios de la entidad. Esta medida contribuye al descongestionamiento de las dependencias, actualización de procesos y mejoramiento en la atención a los usuarios.Así mismo, los egresados de las universidades que realizan su práctica en la entidad, se benefician con la certificación de la judicatura, como requisito para obtener el título de abogado y adquieren amplia experiencia en el desempeño de funciones de carácter jurídico; la cual será tenida en cuenta como experiencia laboral.

Programa Estado Joven:

La Procuraduría General de la Nación viene participando activamente en la iniciativa Estado Joven, liderada por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Esta iniciativa tiene por objeto facilitar los procesos de transición de los jóvenes estudiantes del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, para la realización de sus prácticas laborales en el sector público. Esto se hace mediante incentivos (auxilio de práctica mensual equivalente a 1 SMMLV, cuando sea tiempo completo, o medio (0.5) SMMLV, cuando se trate de medio tiempo, aseguramiento a los subsistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales), que son administrados por las cajas de compensación familiar (operadoras del programa) y entregados directamente a los practicantes.

Este programa está dirigido a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, de nacionalidad colombiana, estudiantes de programas de formación complementaria de escuelas normales superiores, y educación superior de pregrado en los niveles técnico profesional, tecnológico y universitario, cuyos planes académicos contemplen, como requisitos para optar a la titulación, el desarrollo una etapa práctica.A 31 de diciembre de 2017 se inscribieron estudiantes en 33 de las plazas publicadas; se posesionaron 31 y, a junio 30 del 2018, hay 12 estudiantes vinculados.

DIVISIÓN FINANCIERA

Expedición de las políticas contables, conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad Pública para el Sector Público (NICSP)

La Contaduría General de la Nación (CGN), en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y en desarrollo de sus competencias, ha venido desarrollando el proceso de modernización de la regulación contable en convergencia con estándares internacionales de información financiera.

Dentro de la regulación expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), a la Procuraduría General de la Nación le aplican, entre otras, las siguientes normas:

• Resolución 533 de 2015, que incorpora como parte integrante del Régimen de la Contabilidad Pública, la estructura del marco normativo para entidades de gobierno. • Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, “por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de la Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”.


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Para dar cumplimiento a la regulación expedida por la Contaduría General de la Nación se elaboraron las políticas contables, retomando los criterios establecidos en el marco normativo incorporado en la Resolución 533 de 2015, las que fueron adoptadas mediante Resolución 045 de 2018.

RELATORÍA

El Grupo de Relatoría publicó 1.005 decisiones de la Procuraduría, documentos que se encuentran disponibles para su consulta en la página web, en el link de Relatoría, tanto para los funcionarios de la entidad como para la ciudadanía en general. Dentro de estas decisiones se encuentran fallos que ponen fin a la actuación disciplinaria, conceptos y actos administrativos (directivas, circulares, resoluciones etc.), documentos que son leídos, analizados, relatados, sistematizados y publicados. De otro lado, para el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y junio de 2018, se atendieron 2.759 consultas.

En abril de 2018 se publicó el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) en versiones física y digital. El lanzamiento se realizó en la Feria del Libro. El texto está concordado con leyes, decretos y pronunciamientos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y Tribunales Superiores, relacionados con el tema disciplinario, así:

• 131 actos administrativos de la Procuraduría General de la Nación • 86 Pronunciamientos de la Corte Constitucional • 100 pies de página de decisiones judiciales de las altas Cortes

DIVISIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

A través de las ventanillas de la División Centro de Atención al Público (CAP) se expiden los certificados de antecedentes disciplinarios y certificados en materia de violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de personal de la FFMM.

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Expedición de certificados de antecedentes disciplinarios: permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura

Expedición de certificados en materia de DDHH: las certificados de antecedentes en materia de derechos humanos se expiden a los miembros activos o retirados de la fuerza pública, con el propósito de certificar si se encuentran o no vinculados a alguna investigación disciplinaria relacionada con la violación a los derechos humanos o por infracción al Derecho Internacional Humanitario. Este documento es requerido por el Ministerio de Defensa Nacional en sus procesos de capacitación fuera del país, curso de ascenso, desempeño de cargo diplomático, cambio de fuerza, etc. del personal adscrito a sus dependencias

RELACIONES INTERNACIONALES

La Procuraduría General de la Nación, con el fin de fortalecer la internacionalización de la entidad en el periodo objeto del informe, suscribió los siguientes memorandos de entendimiento:


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Entre la Procuraduría General de la Nación y la Confederación Suiza que, en este caso, actúa por medio por medio de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), con el fin de desarrollar el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Comunidades Locales y Funcionarios Públicos para Gestionar Conflictos Territoriales en 7 Departamentos de Colombia.

Memorando de entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Este documento tiene el propósito de aunar esfuerzos que conduzcan a alcanzar los acuerdos sociales y la suscripción del pacto por la salud y del pacto por la protección a la vejez y la implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano para la protección de trabajadores migrantes.

Memorando de entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Tiene como objetivo coordinar esfuerzos para fortalecer relaciones y profundizar en los mecanismos de cooperación que permitan colaborar en objetivos y fines comunes.

Memorando de entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el objetivo de cualificar la labor de vigilancia y control de la PGN, frente a las entidades del orden nacional y territorial competentes en la prevención, atención, judicialización y sistematización de las violencias basadas en género.

Memorando de entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el objetivo de aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Así mismo, se firmó la Carta Local de Entendimiento entre la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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Su objetivo es fortalecer la función de seguimiento y control preventivo en materia de asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas del desplazamiento forzado, y asistencia, atención y protección a la población extranjera en necesidad de protección internacional y población colombiana repatriada desde el exterior.

También se suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación de Colombia. Su propósito es coordinar esfuerzos para fortalecer relaciones, profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, todo en beneficio de mejorar la administración de justicia y contribuir al fortalecimiento del control de la gestión administrativa.

El grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales realizó así mismo los trámites necesarios para atender las solicitudes de asistencia judicial internacional, requerida por diferentes dependencias en los siguientes casos:

Solicitud de asistencia jurídica internacional a Panamá.Investigación disciplinaria en averiguación de responsables, que cursa en el Grupo Elite Anticorrupción, por presuntas irregularidades en la facturación de recaudos y servicios de la Empresa Triple A de Barranquilla y la Empresa R & T, entre otros actos de corrupción.

Solicitud de asistencia jurídica internacional a Panamá. Investigación disciplinaria en averiguación de responsables, que cursa en el Grupo Elite Anticorrupción por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los contratos celebrados por Odebretch, al parecer por el pago de comisiones ilegales a funcionarios públicos de entidades colombianas.

Solicitud de asistencia jurídica internacional a Suiza.Indagación preliminar en averiguación de responsables, que cursa en el Grupo Elite Anticorrupción, adelantada por el escándalo de corrupción en el que se ha visto implicada la multinacional Odebrecht, de origen brasilero, la cual ha participado en proyectos de infraestructura en Colombia.


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Solicitud de asistencia jurídica internacional a Ecuador.Investigación disciplinaria iniciada con motivo de presuntas irregularidades en el contrato de la concesión de la Ruta del Sol referidas a la posible transgresión de los principios de la contratación estatal, en la suscripción del contrato de estabilidad jurídica que suscribió el Gobierno Nacional con la Concesionaria Ruta del Sol II, en el cual, al parecer, se pagaron sobornos por el orden de $4.000.000.000 a funcionarios públicos.

INTERNACIONALIZACIÓN

La Procuraduría General de la Nación adelanta gestiones para ser acreditada, en el ámbito de Naciones Unidas, como una Institución Nacional de Derechos Humanos, por parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y, de esa manera, poder participar con voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El Procurador, como representante de Colombia, intervino en el debate por el 15 aniversario de la Convención contra la Corrupción, celebrado en mayo del 2018, en Ginebra, donde presentó los avances y retos de Colombia y la comunidad internacional en esta materia, especialmente en el ámbito de fortalecer la cooperación efectiva. Así mismo, el Procurador General advirtió ante la Asamblea de Naciones Unidas que el mundo se expone a una pandemia que exige respuestas inmediatas que comprometan al sector público y al privado en la lucha contra este flagelo.

El Procurador General de la Nación también intervino ante la Asamblea General de la 107ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, realizada en mayo del 2018, en Ginebra, donde abordó el tema de trabajo decente para la paz.

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5RETOSY PERSPECTIVASDE CARA AL GOBIERNO2018 - 2022

Comienza un nuevo gobierno, un nuevo período para el país, un tiempo lleno de retos a nivel social, económico, político y jurídico, lo que implica el compromiso irrestricto de la Procuraduría General de la Nación para contribuir a que la implementación de las nuevas políticas que impacten a la ciudadanía, vayan encaminadas a transformar de manera positiva las desigualdades y carencias que se reflejan actualmente en el Estado colombiano.

Durante el período que arrancó con la instalación del Congreso de la República, el 20 de julio de 2018, y el inicio del gobierno del Presidente Iván Duque, la Procuraduría General de la Nación tiene la obligación de cumplir un papel relevante en temas de trascendencia para la construcción de la nueva Colombia.

El pueblo colombiano está a la expectativa de que ocurra un cambio trascendental, que traiga la armonía a nivel político y social, un cambio que haga florecer la esperanza en un mejor país, libre de corrupción, en el cual todos puedan convivir en paz y tener mejores oportunidades para sus familias.

Esto solo será posible mediante un compromiso permanente e incansable por parte de todos los actores involucrados en fijar las políticas públicas del país, y los encargados de vigilar, controlar y sancionar las actuaciones reprochables; lo que permitirá fortalecer el Estado y recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones.


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La Procuraduría, tal como se estableció en el Plan Estratégico Institucional, no será inferior a su compromiso de consolidar una cultura de probidad, respeto a la vida y la dignidad humana, acatamiento del ordenamiento legal, participación ciudadana y sanción a los corruptos y depredadores de los derechos humanos. Somos una Procuraduría que defiende los intereses ciudadanos y contribuye a la formación de mejores servidores públicos.

La corrupción en sí es el principal enemigo que afronta el estado social de derecho, porque estimula la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones, las cuales deben propender por brindar seguridad, garantías y beneficios que favorezcan a la población, no lo contrario. Por ende, corresponde a esta entidad mantener arriba la bandera de la lucha contra la corrupción y procurar establecer puentes de trabajo articulados con los distintos organismos de control y la Rama Judicial, con el objetivo de acreditar ante la ciudadanía el esfuerzo y el ahínco para perseguir al corrupto y consolidar el mensaje de que no hay intocables y de que quien la hace, la paga.

Es importante resaltar lo manifestado en la intervención que realizo el Procurador General en la conmemoración del aniversario XV de la adopción de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción: “Los acuerdos de paz han parado la máquina de la guerra de las FARC y el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción. Ese flagelo se ve ahora a plenitud y sacude los cimientos de la democracia.”

En aquella oportunidad y en otros escenarios se ha sido vehemente frente a ese tema: “La corrupción es el peor enemigo de la democracia, es el mayor obstáculo contra el desarrollo social y se ha convertido en el mayor factor de deterioro de los derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestras regiones. Ha afectado los derechos económicos sociales, se ha ensañado con los sectores sociales, con la salud, la educación, la nutrición infantil, con aquellos sectores que carecen de voz y visibilidad”.

Frente a ese difícil panorama, la Procuraduría debe enfocar sus esfuerzos en proteger los recursos de la salud y la educación, velar porque estos tengan una real inversión en la población más necesitada, y permanecer vigilante para que se ampare a la niñez y la vejez, se fortalezcan programas como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), iniciativa con un gran enfoque social, que se ha visto empañada por la malversación de los recursos y el actuar de los corruptos.

Se aproximan retos en materia de reforma rural y el acceso a la tierra, que implican un acompañamiento constante por parte de este ente de control; debemos seguir promoviendo una profunda reforma a la justicia, mediante un amplio debate nacional, que promueva el consenso. Todos estos escenarios conllevan a reafirmar el postulado de la Procuraduría Ciudadana: con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en los territorios.

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Por lo expuesto en precedencia, es importante realizar un llamado institucional y social enfocado a perseverar en el sentido de pertenencia y arraigo al ordenamiento jurídico, maximizar la promoción de la integridad y la cultura de lo público y garantizar que las políticas públicas siempre se realicen en pro de la ciudadanía, preservando el cuidado y el buen uso del erario público.

De esta manera, la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus funciones consagradas en la Carta Política de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad y los colectivos, orientará las actuaciones misionales en distintos frentes que requieren atención especial, tales como:

1 Fortalecer la lucha contra la corrupción: en esta línea se impulsará el proyecto de ley de probidad, el cual está enfocado en promover la moralidad administrativa mediante el establecimiento de medidas concretas que otorguen herramientas más efectivas en la vigilancia, control y sanción de las conductas disciplinables, entre ellas: i) estímulos de denuncia y protección de testigos y quejosos, ii) fortalecimiento de las personerías, iii) disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia, iv) administración de la información para combatir la corrupción, v) nuevas herramientas para combatir la estructura financiera de la corrupción, entre otras disposiciones.

2 Ajustes al modelo de salud actual y a servicios sociales del Estado: el reciente panorama nacional conlleva a que se realice un cambio de fondo al sistema actual de salud, mejorar la normativa y operatividad de la prestación del servicio de salud, fortalecer los programas como el Plan de Alimentación Escolar, hacer seguimiento constante a esta iniciativa y combatir las irregularidades y malversación de recursos que se presentan en este y que afectan a la niñez; dotar de mayores herramientas a los organismos de control para sancionar a los que omitan prestar de manera adecuada los servicios de salud y controlar la eficiencia y eficacia de la labor de las EPS.


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3 Reforma a la Justicia: continuar promoviendo un gran pacto encaminado a realizar la reforma a la justicia, a través de un gran debate nacional, en el cual participen todas las entidades, órganos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, que culmine con un proyecto concreto y no con una mera manifestación de interés.

4 Paz, Posconflicto y JEP: en este escenario, la Procuraduría General de la Nación tiene el deber de realizar un seguimiento permanente a la implementación de los acuerdos de paz, velar porque la finalidad principal de verdad, justicia y no repetición se concrete de una manera transparente y eficaz en la construcción de una Colombia en paz; ejercer, mediante la función misional de intervención, acompañamiento a los procesos que se adelanten en la Jurisdicción Especial para la Paz en defensa el orden jurídico, así como los derechos y garantías fundamentales, en especial de las víctimas.

5 Defensa de los derechos humanos: la principal forma de mantener en el territorio colombiano una paz estable y duradera radica en la protección a la vida. Es por eso que la problemática creciente de asesinatos y vulneraciones de derechos fundamentales contra líderes sociales, requiere la atención inmediata por parte de la Procuraduría como garante de los derechos humanos; por lo que se fomentará, con los distintos entes de control y las autoridades, la implementación de medidas que permitan identificar de manera pronta y efectiva a los victimarios, se conminará a las entidades y órganos competentes para que garanticen la seguridad de los ciudadanos que ejercen esta valiosa actividad. La lucha por preservar la vida de los ciudadanos la asumiremos con total responsabilidad y fervor.

6 Protección a la vejez: fortalecer los mecanismos de atención a la vejez colombiana; principalmente, debe la Entidad participar de lleno en la consideración y diseño de la reforma pensional que se avecina, en aras de proteger los derechos del adulto mayor y de lograr que la cobertura de la seguridad social se incremente, con sostenibilidad, pero con enfoque de acceso a derechos y equidad.

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7 Protección al medio ambiente: la Procuraduría General de la Nación continuará en la lucha contra la destrucción del medio ambiente (deforestación, minería ilegal y muerte de los ríos, entre otros).

Los retos y objetivos ya mencionados requieren de un total compromiso institucional. El actuar de nuestros funcionarios debe garantizar la efectividad de los ejes misionales de la Procuraduría General de la Nación. Buscamos un fin superior, un propósito común que se reflejará en nuestras actuaciones. Debemos velar por el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos colombianos y la construcción de un país justo y próspero, sin corrupción, que garantice el acceso a oportunidades, que crea en sus instituciones, las cuales deben direccionar sus esfuerzos hacia el interés general y el bienestar del país.


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