fallo zambrana daza. c.s.j.n. (1997)

8/6/2019 Fallo Zambrana Daza. C.S.J.N. (1997)

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Z. 17. XXXI.

RECURSO DE HECHO

Zambrana Daza, Norma Beatriz s/

infraccin a la ley 23.737.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1997.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por

Gustavo M. Hornos (fiscal de la Cmara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal) en la

causa Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infraccin a la ley

23.737", para decidir sobre su procedencia.Considerando:

1) Que contra la decisin de la Sala I de la

Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional Federal que declar la nulidad de todo lo

actuado a partirdel auto que dispona la instruccin del

sumario y en consecuencia absolvi a la procesada del

delito de transporte de estupefacientes por el que fuera

acusada, interpuso el seor fiscal de cmara recurso

extraordinario, cuya denegacin motiv esta presentacin

directa, sostenida por el seor Procurador General.

2) Que de las constancias de autos surge:

a) que el 4 de abril de 1992 personal policial

concurri a la sala de terapia intensiva del Hospital

Piero, ocasin en que la doctora Rosario Pacheco hizo

entrega de cuatro bombitas de ltex que haban sido

expulsadas por va bucal por la imputada, las que contenan

clorhidrato de cocana. Posteriormente aqulla fue sometida

a un proceso de desintoxicacin que le permiti expulsar la

totalidad de las 44 cpsulas ingeridas.

b) que al prestar declaracin indagatoria

Zambrana Daza manifest que debido a una afligente

situacin econmica se conect en Bolivia con una persona

que le propuso

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viajar a la ciudad de Pocitos en la que conocera a Ma-

Blanco. Al llegar a la citada localidad, Blanco le indic

deba ingerir cpsulas que -segn le habra expresado-

enan oro, debiendo trasladarlas desde Pocitos hasta la

tal Federal. Al llegar a esta ciudad, sinti fuertes

res de estmago, ocasin en que aqul le manifest que lo

haba ingerido era clorhidrato de cocana y que era

eniente que se dirigiera a un hospital, lo que as hizo.

c) Que en primera instancia la procesada fue conde-

a la pena de cuatro aos de prisin por el delito de

sporte de estupefacientes (art. 5, inc. c, de la ley

37).

3) Que el tribunal anterior en grado -por mayora-

todo lo actuado a partir de la resolucin de fs. 45 que

ona la prosecucin del sumario y como consecuencia

lvi a la procesada del delito de transporte de es-

facientes por el que fuera acusada. Para llegar a esa

lusin consider que era ilegtima la investigacin lle-

a cabo a partir de los dichos de un mdico en contra de

aciente debido a que el hecho le haba sido comunicado

ro de la relacin teraputica. En ese aspecto expres que

ulta inadmisible que el Estado se beneficie con un hecho

ctivo para facilitar la investigacin de los delitos,

endo excluirse todo medio probatorio obtenido por vas

timas". Refiri que a los efectos de evitar el debate

ca de qu deber debe prevalecer -el de denunciar o el de

dar secreto- "el legislador ha tomado la precaucin de

er esas situaciones y de resolverlas por anticipado con

pciones (arts. 166 y 167 del Cdigo de Procedimientos en

ria Penal), de manera tal que sea clara la

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2 RECURSO DE HECHO



-//- aplicacin del adagio 'lex specialis derogat

generalis' en virtud del cual desaparece la obligacin de

denunciar del profesional ligado al deber de mantener el

secreto, obligacin que, de este modo, desplaza a la de

denunciar". Destac que "el carcter de funcionario del

mdico no lo releva de la obligacin de conservar elsecreto profesional".

Consider vulnerada la garanta constitucional

que prohbe la autoincriminacin criminal puesto que la

imputada no habra actuado libremente sino por el miedo a

la muerte. En ese aspecto refiri que "la garanta de no

estar obligado a declarar contra s mismo presupone,

justamente, que aquel que asumi voluntariamente la

posibilidad de ser penado, a pesar de ello, no est

obligado a denunciarse, de modo que el haber cometido un

delito no slo no reduce el valor de la garanta, sino que

es, precisamente, lo que le otorga sentido".

4) Que el apelante se agravia del alcance

otorgado a la garanta que impide que nadie pueda ser

obligado a declarar contra s mismo, al ponrsela en pugna

con el debido proceso legal del acusador pblico. Asimismo

y con sustento en la doctrina de la arbitrariedad alega que

se ha efectuado una errnea interpretacin de normas de

derecho comn y procesal que rigen el caso (arts. 164, 165

y 167 del Cdigo de Procedimientos en Materia Penal en

relacin a los arts. 156 y 277, inc. 1, del Cdigo Penal),

lo que habra impedido la aplicacin de la ley federal de

estupefacientes 23.737.

5) Que los agravios del recurrente habilitan la

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instancia extraordinaria, puesto que conducen a determi-

el alcance de las garantas del debido proceso legal y la

ibicin de autoincriminacin, as como la aplicacin de

onvencin de Naciones Unidas contra el trfico ilcito de

pefacientes y sustancias sicotrpicas y la ley federal de

pefacientes, con resultado adverso a las pretensiones del

ante.

6) Que en cuanto a la primera de las cuestiones -

ulada con la interpretacin de la garanta constitucional

prescribe que nadie puede ser obligado a declarar contra

ismo- asiste razn al recurrente al alegar que el

unal anterior en grado ha efectuado una interpretacin

zonable de la prohibicin de autoincriminacin.

Ello es as porque resulta inadmisible interpretar

encionada garanta de modo que conduzca inevitablemente a

ficar de ilegtimas las pruebas incriminatorias obtenidas

organismo del imputado en todos los casos en que el

viduo que delinque requiera asistencia mdica en un hos-

l pblico. La debida tutela de la mencionada garanta

titucional, en necesaria relacin con el debido proceso

l requiere un examen exhaustivo de las circunstancias que

aron cada situacin en concreto, para arribar a una

lusin acerca de la existencia de vicios que hayan podido

tar la voluntad del imputado.

7) Que en el sub examine la autoridad pblicano

iri de la imputada una activa cooperacin en el aporte

ruebas incriminatorias, sino que le proporcion la

tencia mdica requerida, lo que le permiti expulsar las

ulas con sustancias estupefacientes que haba ingerido,

que exista la ms mnima presuncin de que haya-//-


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3 RECURSO DE HECHO



-//- existido engao ni mucho menos coaccin que viciara la

voluntad de la procesada.

Tampoco ha existido una intromisin del Estado en

el mbito de privacidad de la acusada, dado que ha sido la

propia conducta discrecional de aqulla la que permiti dar

a conocer a la autoridad pblica los hechos que dieron ori-

gen a la presente causa.

8) Que en relacin con lo expuesto en el

considerando anterior cabe destacar que el riesgo tomado a

cargo por el individuo que delinque y que decide concurrir

a un hospital pblico en procura de asistencia mdica,

incluye el de que la autoridad pblica tome conocimiento

del delito cuando, en casos como el de autos, las

evidencias son de ndole material.

En ese sentido cabe recordar que desde antiguo

esta Corte ha seguido el principio de que lo prohibido por

la Ley Fundamental es compeler fsica o moralmente a una

persona con el fin de obtener comunicaciones o expresiones

que debieran provenir de su libre voluntad, pero no incluye

los casos en que la evidencia es de ndole material y

producto de la libre voluntad del procesado (Fallos:

255:18).

9) Que, en atencin a los valores en juego en el

proceso penal resulta inadmisible plantear la cuestin de

la prohibicin de la autoincriminacin desde la opcin del

a quo -prisin o muerte- puesto que el legtimo derecho de

la imputada de obtener asistencia mdica en un nosocomio

debe relacionarse con los requerimientos fundamentales del

debido proceso en la administracin imparcial de la

justicia penal.

-

//-


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As, la idea de justicia impone que el derecho de la so-

ad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del

viduo sometido a proceso en forma que ninguno de ellos

sacrificado en aras del otro.

10) Que en definitiva, dado que en el sub litese ha

strado que la imputada no fue objeto de un despliegue de

os engaosos para obtener los elementos del delito y que

ecuestro de las pruebas incriminatorias se debi a la

e decisin de la acusada de concurrir a un hospital

ico, no resulta razonable ni menos compatible con el

n constitucional vigente entender que, en las cir-

tancias comprobadas de este proceso, se hubiese visto

rometida la garanta de la prohibicin de autoincrimina-

.

Esas mismas circunstancias evidencian que la incau-

n de los efectos fue realizada con el mximo respeto de

eminente garanta individual concertndola con el inters

al en la averiguacin del delito y el ejercicio adecuado

as potestades estatales respectivas que, al fin y al

, es el logro del delicado equilibrio entre tan preciados

res que esta Corte siempre ha procurado resguardar

fr. doctrina de Fallos: 313:1305).

11) Que en conclusin, el privilegio contra la

incriminacin no puede ser invocado en casos como el de

s en que no existe el ms mnimo rastro de que la incau-

n de los efectos del delito haya sido obtenida por me-

compulsivos para lograr la confesin (confr. doctrina de

orte Suprema de los Estados Unidos de Norteamrica en el

"Schmerber vs. California", 384 U.S. 357 -1966-). La

cin contraria llevara al absurdo de sostener que -//-


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4 RECURSO DE HECHO



-//- los funcionarios pblicos se hallaran impedidos de

investigar las pistas que pudieran surgir del secuestro de

efectos obtenidos a raz de la concurrencia a un hospital

pblico por parte del individuo que ha delinquido.

12) Que en virtud de lo expuesto cabe afirmar que

en el presente caso no se dan las particulares circunstan-

cias que hagan aplicable la doctrina desarrollada por este

Tribunal en Fallos: 303:1938; 306:1752; 310:2402; 311:2045,

toda vez que los efectos que permitieron a la polica

comenzar la investigacin, fueron recabados sin coaccin y

como resultado de las obligaciones impuestas por el art.

184 incs. 5 y 9 del Cdigo de Procedimientos en Materia

Penal (confr Fallos: 317:241).

13) Que asimismo resulta conveniente recordar que

los jueces tienen el deber de resguardar, dentro del marco

constitucional estricto "la razn de justicia que exige que

el delito comprobado no rinda beneficios" (caso "Jos Ti-

bold", Fallos: 254:320, considerando 13).

Por lo dems, tampoco es posible olvidar que en

el procedimiento penal tiene excepcional relevancia y debe

ser siempre tutelado "el inters pblico que reclama la

determinacin de la verdad en el juicio", ya que aqul no

es sino el medio para alcanzar los valores ms altos: la

verdad y la justicia (C.S. de EE.UU, "Stone vs. Powell",

428 U.S. 465, 1976, en pg. 488 y la cita de D.H. Oaks en

nota 30, pg. 491, citados en Fallos: 313:1305).

14) Que la nulidad de todo lo actuado decretado

por el a quo resulta ms grave an si se repara en que por

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5 RECURSO DE HECHO



-//- referente a la comisin de esos delitos".

16) Que el remedio federal asimismo resulta

procedente con base en la doctrina de la arbitrariedad

debido a la errnea e irrazonable interpretacin de las

normas de derecho comn y procesal que rigen el caso. Ello

es as porque la comunicacin del delito que origin la

persecucin penal fue realizada por la funcionaria de un

hospital pblico, es decir una de las personas obligada por

la ley a notificar a la autoridad competente los delitos de

accin pblica que llegaren a su conocimiento, tal como lo

establece el art. 164 del Cdigo de Procedimientos en

Materia Penal: "Toda autoridad o empleado pblico que en

ejercicio de sus funciones adquiera el conocimiento de un

delito que d nacimiento a la accin pblica, estar

obligado a denunciarlo a los funcionarios del ministerio

fiscal, al juez competente, o a los funcionarios o

empleados superiores de la polica en la Capital y

territorios federales. En caso de no hacerlo, incurrirn en

las responsabilidades establecidas en el Cdigo Penal".

17) Que la aseveracin del tribunal anterior en

grado referente a que la funcin pblica desempeada por la

mdica de un hospital pblico no la relevaba de la obliga-

cin de conservar el secreto profesional constituye, a jui-

cio de esta Corte, un tratamiento irrazonable de la contro-

versia de acuerdo con las disposiciones legales aplicables,

puesto que al tratarse de delitos de accin pblica debe

instruirse sumario en todos los casos, no hallndose

prevista excepcin alguna al deber de denunciar del

funcionario, dado que la excepcin a la mencionada

obligacin -prevista en el art. 167- no es extensiva a la

autoridad o empleados

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pblicos. A ello corresponde agregar que el legislador

ipificado como delito de accin pblica la conducta del

"omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo"

fr. art. 277, inc. 1, del Cdigo Penal).

18) Que, por ltimo, la sancin de nulidad decreta-

or el a quo sobre la base de lo dispuesto en una norma

cdigo procesal -art. 167 del Cdigo de Procedimientos en

ria Penal- omitiendo aplicar las disposiciones de los

ados pertinentes y la ley federal de estupefacientes,

tituye flagrante violacin a las reglas de supremaca de

normas previsto por el art. 31 de la Constitucin Nacio-

(doctrina de Fallos: 238:546).

19) Que en tales condiciones, la sancin de nulidad

luta que el a quo ha aplicado a la totalidad de las

aciones guarda relacin directa e inmediata con la lesin

s garantas invocadas por el recurrente y justifica la

alificacin de la sentencia como acto jurisdiccional.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara proceden-

l recurso extraordinario y se revoca la sentencia apela-

Acumlese al principal y vuelva al tribunal de origen

que por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento

arreglo a derecho. Notifquese y remtase. JULIO S.

RENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (en

dencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) -

QUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - ANTONIO BOGGIANO

voto) - GUILLERMO A. F. LOPEZ -GUSTAVO A. BOSSERT (en

dencia) - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

OPIA

VO-//-


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6 RECURSO DE HECHO



-//-TO DEL SEOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1) Que la Sala I de la Cmara Nacional de Apela-

ciones en lo Criminal y Correccional Federal, por mayora,

declar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que

dispona la instruccin del sumario y, en consecuencia, ab-

solvi a la procesada del delito de transporte de estupefa-

cientes por el que fuera acusada. Contra dicho

pronunciamiento el seor fiscal de cmara interpuso el

recurso extraordinario cuya denegacin origin la presente

queja, mantenida en la instancia por el seor Procurador

General.

2) Que de las constancias del proceso surge:

a) que el 2 de abril de 1992 un oficial de la Po-

lica Federal se constituy en el Hospital Piero, donde se

entrevist con la doctora Rosario Pacheco que le hizo

entrega de cuatro bombitas de ltex que contenan

clorhidrato de cocana que haban sido expulsadas por va

bucal por la paciente Norma Beatriz Zambrana Daza. Esta fue

sometida a un proceso de desintoxicacin que le permiti

evacuar en forma sucesiva cuarenta y cuatro cpsulas que

fueron decomisadas por personal policial en presencia de

testigos.

b) que al prestar declaracin indagatoria la en-

cartada manifest que debido a su afligente situacin

econmica acept la propuesta que le formul Mario Blanco

para ingerir cpsulas de oro en polvo y trasladarlas desde

la localidad de Pocitos a la Capital Federal. Al llegar a

esta ciudad experiment malestar fsico y supo que en

realidad haba ingerido droga. Por tal motivo se dirigi al

hospital pblico con pleno conocimiento que en la guardia

haba personal

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policial.

c) que en primera instancia la procesada fue con-

da a la pena de cuatro aos de prisin por el delito de

sporte de estupefacientes (art. 5, inc. c, de la ley

37).

3) Que para decidir como lo hizo la alzada afirm

existi un vicio en el procedimiento por cuanto la ins-

cin del sumario tuvo como base la violacin del secreto

esional por parte de la mdico interviniente. Consider

el deber de guardar silencio impuesto por el art. 167 del

go de rito desplazaba el deber de denuncia que pesa sobre

uncionario pblico. Entendi que la desproteccin del

eto impondra a quien sufre un padecimiento la disyuntiva

ecurrir al hospital y soportar el riesgo de ser

rcelado, o bien abandonarse a su suerte y sufrir el pe-

o de morir. Sostuvo, con cita de jurisprudencia y de la

rina de Fallos: 303:1938 y 308:733, que no era admisible

el Estado se beneficie con un hecho delictivo para faci-

r la investigacin y que, por lo tanto, deban excluirse

medios probatorios obtenidos por vas ilegtimas. Consi-

que se haba vulnerado la garanta constitucional que

cribe la autoincriminacin, pues la procesada actu bajo

resin de un temor atvico como es el miedo a la muerte.

i que la clusula en cuestin presupone que aquel que

i voluntariamente la posibilidad de ser penado, pese a

, no est obligado a denunciarse, de modo tal que la co-

n de un delito no slo no reduce el valor de la garan-

sino que es, precisamente, lo que le otorga sentido.

er que el mencionado criterio no favoreca el manejo

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la persecucin del delito y alentar la difusin del me-

de comisin empleado en la especie. Todo ello con grave

scabo de los bienes jurdicos de relevante jerarqua que

ra el tipo penal en juego en el sub examine: la salud

ica, la proteccin de los valores morales, de la familia,

a sociedad, de la juventud, de la niez y, en ltima

ancia, la subsistencia misma de la Nacin y hasta de la

nidad toda (Fallos: 313:1333, considerando 13 y su cita).

10) Que, asimismo, es necesario recordar que los

es tienen el deber de resguardar dentro del marco consti-

onal estricto "la razn de justicia que exige que el

to comprobado no rinda beneficios" (caso "Jos Tibold",

os: 254:320, considerando 13). Tampoco es posible olvidar

en el procedimiento penal tiene especial relevancia y

ser siempre tutelado "el inters pblico que reclama la

rminacin de la verdad en el juicio", ya que aqul no es

el medio para alcanzar los valores ms altos: la verdad

justicia (C.S. de EE.UU "Stone vs. Powell", 428 U.S.

1976, en pg. 488 y la cita de D.H. Oaks en nota 30,

491, citados en Fallos: 313:1305).

11) Que en las condiciones sealadas, corresponde

luir que en el presente caso no se dan las particulares

unstancias que hagan aplicable la doctrina de Fallos:

1938; 306:1752; 308:733 y 310:2402, toda vez que los

entos que permitieron a la polica comenzar la investiga-

fueron recabados sin coaccin y como resultado de las

iguaciones que le eran impuestas por el art. 184 del

go de Procedimientos en Materia Penal (confr. Fallos:

241 y su cita).

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Z. 17. XXXI.

9 RECURSO DE HECHO



-//- 12) Que el fallo impugnado es tambin

descalificable a la luz de la doctrina de la arbitrariedad,

por cuanto la cmara ha efectuado una irrazonable

interpretacin que desnaturaliza y torna ineficaces las

normas de derecho comn y procesal que rigen el caso. La

profesional que asisti a la imputada tena obligacin

legal de formular la denuncia. En efecto, el art. 164 del

Cdigo de Procedimientos en Materia Penal establece: "Toda

autoridad o todo empleado pblico que en ejercicio de sus

funciones adquiera el conocimiento de un delito que d

nacimiento a la accin pblica, estar obligado a

denunciarlo a los funcionarios del ministerio fiscal, al

juez competente, o a los funcionarios o empleados

superiores de la polica en la Capital y territorios

federales. En caso de no hacerlo, incurrirn en las

responsabilidades establecidas en el Cdigo Penal". La

norma consagra as una excepcin al carcter facultativo de

la denuncia, en atencin al inters pblico en sancionar

determinados delitos.

13) Que el citado precepto armoniza con los arts.

277 inc. 1 y 156 del Cdigo Penal. El primero reprime al

que "omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacer-

lo". El segundo, incrimina a quien "teniendo noticias, por

razn de su estado, oficio, empleo, profesin o arte, de un

secreto cuya divulgacin pudiera causar dao, lo revelare

sin justa causa". De tal modo, el deber de denunciar -

explcitamente impuesto por la ley- torna lcita la

revelacin.

14) Que el art. 167 del Cdigo de Procedimientos

en Materia Penal -que contempla el supuesto de secreto -//-


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profesional- menciona a los mdicos, cirujanos y dems

onas que ejercen el arte de curar, sin hacer referencia

na a los funcionarios y empleados pblicos. Por otro la-

la norma no contiene una prohibicin expresa de formular

enuncia, pues se limita a disponer que aqulla no es

gatoria. En consecuencia, al decidir como lo hizo el a

desconoci el principio segn el cual en materia de pro-

miento penal no existen ms nulidades que las previstas

a legislacin adjetiva, "o las que resultasen de la vio-

n de sus disposiciones expresas" (art. 696 del cdigo de

).

15) Que, aun partiendo de la base de la nulidad del

inicial del proceso, el fallo impugnado es susceptible

escalificacin. Ello es as, porque incluso en tal

tesis era imprescindible examinar si pese a la ilegitimi-

de la denuncia el relato del hecho haca posible la in-

encin de la autoridad policial de conformidad con expre-

disposiciones legales. Al respecto, cabe recordar que el

183 del Cdigo de Procedimientos en Materia Penal esta-

e: "Inmediatamente que los funcionarios de polica tu-

en conocimiento de un delito pblico, lo participarn a

utoridad judicial que corresponda". A su vez, el art. 184

citado cuerpo normativo enumera una serie de obligaciones

cultades de los mencionados funcionarios en su carcter

uxiliares del juez. Por otro lado, no puede omitirse la

ruccin de sumario en los delitos de accin pblica en

n de lo dispuesto por el art. 274 del Cdigo Penal, que

fica el incumplimiento del funcionario pblico del deber

romover la represin.

Asimismo, en el orden de ideas antes expuesto, la

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Z. 17. XXXI.

10 RECURSO DE HECHO



-//- sentencia condenatoria de primera instancia hallaba

claro sustento en la confesin de la enjuiciada, porque tal

evidencia es escindible de la denuncia (confr. doctrina de

Fallos: 308:733).

16) Que en las condiciones sealadas, la solucin

del caso no exige el examen de la Convencin de las

Naciones Unidas contra el trfico ilcito de

estupefacientes y sustancias sicotrpicas, suscripta en

Viena el 19 de diciembre de 1988 y aprobada por la

Repblica Argentina mediante la ley 24.072. Mxime cuando

dicho pacto internacional no contiene disposicin alguna

que tenga incidencia sobre las normas que rigen el caso

(confr. causa V.70.XXXII "Villegas, Angel Ariel y otros s/

infraccin ley 23.737" -voto del juez Boggiano-

pronunciamiento del 5 de marzo de 1997).

Por ello, se declara procedente la queja y el recurso

extraordinario interpuestos y se revoca la sentencia apela-

da. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que,

por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo

a derecho. Acumlese la queja al principal. Notifquese y,

oportunamente, remtase. ANTONIO BOGGIANO.

ES COPIA

DISI-//-


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Z. 17. XXXI.

11 RECURSO DE HECHO



-//-DENCIA DE LOS SEORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S.

FAYT, DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DON ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI Y DON GUSTAVO A. BOSSERT

Considerando:

1) Que el Inspector Jorge Antonio Moliner se

constituy en el Hospital Piero y se entrevist con la

mdica Rosario Pacheco quien le comunic que la paciente

Norma Beatriz Zambrana Daza haba expulsado cuatro

"bombitas" de ltex vacas, habindole manifestado sta que

haba tragado cuarenta y cuatro de esas bombitas que

contenan cocana. Ello motiv la instruccin del sumario

que culmin con la condena en primera instancia de la

nombrada por transporte de estupefacientes.

Por su parte, la Sala I de la Cmara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declar

la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que

dispona la instruccin del sumario, y en consecuencia

absolvi a la procesada del delito por el que haba sido

acusada, con fundamento en el art. 167 del Cdigo de

Procedimientos en Materia Penal que alude al secreto

profesional, e invoc a ttulo de obiter dictum la garanta

constitucional a la no autoincriminacin. Contra esta

decisin el seor fiscal de cmara interpuso recurso

extraordinario, cuya denegacin motiv esta presentacin

directa.

2) Que en cuanto a la preeminencia del deber del

secreto profesional de los mdicos (art. 167 del Cdigo de

Procedimientos en Materia Penal) respecto de aquel otro

impuesto a los funcionarios pblicos por el art. 164 del

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Z. 17. XXXI.

12 RECURSO DE HECHO



-//- afirma el a quo: "Tal situacin no se ve alterada por

el carcter de funcionario que pueden tener los mdicos que

integran los servicios de salud estatales, pues la ley no

formula distincin alguna en este sentido, es decir, el ca-

rcter de funcionario del mdico no lo releva de la obliga-

cin de conservar el secreto profesional. Admitir lo

contrario conducira, como ya fuera sealado por Soler y

Nez, a la consagracin de un privilegio irritante, pues

slo contaran con el secreto de sus mdicos aquellos que

pudieran pagar sus servicios privados" (fs. 248 vta.).

Fundado de esa forma el carcter ilcito de la

denuncia que dio lugar al proceso de autos, la cmara

declar invlidas sus consecuencias de modo anlogo a lo

resuelto en el ya citado fallo plenario dictado in re

"Natividad Fras" (confr. fs. 248).

4) Que cabe recordar que la doctrina de la arbi-

trariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia

sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que

slo encuadra en aquellos casos excepcionales en que media

absoluta carencia de fundamentacin o un apartamiento

inequvoco de la solucin normativa prevista para el caso,

ya que lo contrario importara extender la jurisdiccin de

la Corte habilitndola a revisar todos los

pronunciamientos, con menoscabo de los lmites establecidos

por la Constitucin y las leyes (Fallos: 306:262, en

especial consid. 6 y 7).

5) Que en cuanto a la invocacin de la garanta

constitucional al debido proceso y a la no

autoincriminacin (art. 18 de la Constitucin Nacional)

corresponde recordar

-//-


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que es doctrina inveterada de esta Corte que, para que

admisible el recurso extraordinario, es menester no slo

lanteo de una cuestin federal, sino que sta guarde una

cin directa e inmediata con el contenido de la relacin

gnada, y que ello no se cumple si, pese a hallarse en

o una cuestin que se reputa de orden federal, el pronun-

iento se apoya en preceptos de derecho comn y en cues-

es de hecho, que resultan suficientes para la solucin

gral del caso (Fallos: 164:110; 188:205; 241:40; 276:

296:53; 300:711, entre otros). Tal doctrina es aplicable

resente caso, ya que las motivaciones no federales del a

referidas al deber del secreto profesional, dan

amento suficiente al pronunciamiento, de modo que resulta

icioso que este Tribunal dilucide la supuesta cuestin

ral ya que esto no modificara eficazmente la solucin

caso (Fallos: 193:43).

6) Que no obsta a tal conclusin lo expresado en

rt. 3, inc. 6, de la Convencin de las Naciones Unidas

ra el trfico ilcito de estupefacientes, aprobada por

24.072, que expresa: "Las partes se esforzarn por ase-

rse de que cualesquiera facultades legales discreciona-

conforme a su derecho interno, relativas al enjuicia-

to de personas por los delitos tipificados de conformidad

lo dispuesto en el presente artculo, se ejerzan para dar

xima eficacia a las medidas de deteccin y represin

ecto de esos delitos...".

En efecto, la decisin del a quo de encuadrar nor-

vamente en el art. 167 del Cdigo de Procedimientos en

ria Penal los hechos investigados en la presente causa,

ruto del deber que tienen los jueces de calificar

ativamente los hechos sometidos a decisin (Fallos: 310:

-//-


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Z. 17. XXXI.

13 RECURSO DE HECHO



-//- 2733, pg. 2736), y no producto de la "facultad

discrecional" a la que alude la convencin internacional.

A su vez, tambin determina tal conclusin la

clusula contenida en el inc. 11 del art. 3 de la citada

convencin. Ella establece que "ninguna de las

disposiciones del presente artculo afectar al principio

de que la tipificacin de los delitos a que se refiere o de

las excepciones alegables en relacin con stos queda

reservada al derecho interno de las Partes y de que esos

delitos han de ser enjuiciados y sancionados con arreglo a

lo previsto en ese derecho" (nfasis agregado).

Ante tal disposicin expresa, el postulado

relativo a que la aplicacin de una regla procesal vlida

razonablemente interpretada -cualquiera que sea su

consecuencia- puede afectar los compromisos asumidos por la

Nacin al suscribir el convenio del que se trata, revela su

propia falsa.

7) Que en tales condiciones, en atencin a que

el pronunciamiento impugnado se sustenta en normas de

derecho comn y procesales, razonablemente interpretadas,

no puede la Corte entrar a juzgarlas, sin alterar su

cometido fundamental de tribunal de garantas

constitucionales, para convertirse en una tercera o

ulterior instancia ordinaria (Fallos: 314:1687,

considerando 4).

Por ello, se desestima la queja. Notifquese y

archvese, previa devolucin de los autos principales.

CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO

PETRACCHI - GUSTAVO A. BOSSERT.

ES COPIA


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fallo zambrana daza. c.s.j.n. (1997)

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