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NUEVO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL LATINOAMERICANO, DERECHOS HUMANOS Y LUCHAS SOCIALES

EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA1

Maryluz Guillén Rodríguez2

Resumen: Este artículo concentra su reflexión en la dimensión política de la lucha por los derechos en el marco del Nuevo Constitucionalismo Social Latinoamericano, lo cual implica procesos de formación, organiza-ción y movilización en clave de derechos que se desarrollan actualmente desde la Escuela de Derechos Humanos-Fundación Juan Vives Suriá3, órgano adscrito a la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro aporte y nuestro desafío es facilitar orientaciones para colocar a los derechos humanos al servicio del avance del poder po-pular.

Palabras clave: Derechos humanos, teoría crítica, educación popular, lu-cha social, movimientos sociales.

Abstract: This article focuses in the political dimension of the struggle for rights in the new constitutionalism in latinamerica, which implies pro-cesses of education, organization and mobilization in synchrony with the rights that are being developed from the Escuela de Derechos Humanos-Fundación Juan Vives Suriá, an organ subscribed to the Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Our contribution and

1 Artículo recibido: 13 de abril de 2015; aprobado: 15 de julio de 2015.2 Activista comunitaria en derechos humanos. Investigadora- docente Fundación Juan Vives Suriá- Defensoría del Pueblo. Correo-e: [email protected] Esta institución educativa tiene como visión: Contribuir con la construcción de una cultura crítica y liberadora de derechos humanos como medio para fortalecer los procesos de cambio social protagonizados por los pueblos de Venezuela, América Latina y el Caribe, dirigidos a la transformación de los valores, las relaciones y los modos de vida, tanto en el ámbito público como privado, para el logro de sociedades justas, plurales, a favor de la paz y realmente demo-cráticas. Su misión: Desarrollar estrategias de educación, investigación y divulgación desde un enfoque crítico de los derechos humanos, dirigidas a todas las personas, comunidades, organiza-ciones, movimientos sociales e instituciones del Estado, para contribuir, desde la construcción de experiencias significativas, con la transformación social fundamentada en los valores de justicia social, equidad, igualdad, libertad, cooperación, solidaridad, honestidad y corresponsabilidad.

ISSN 1889-8068 REDHES no.14, año VII, julio-diciembre 2015

Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales178

our challenge is to facilitate orientations to place human rights at the ser-vice of popular power.

Keywords: Human rights, critical theory, popular education, social strug-gles, social movements.

1. El amanecer de América Latina

El continente Latinoamericano es en la actualidad una realidad en ebullición, donde confluyen la creatividad y la transformación en los diversos ámbitos de la vida huma-na: política, derecho, economía y cultura, entre otros. La consciencia y movilización del poder “desde abajo” por parte de los movimientos populares y sociales ha generado el levantamiento de esta energía poderosa que tiene como propósito la mayor suma de felicidad posible y el bienestar social de todas y todos. Transcender el pasado es el de-safío que nos compromete, aquellos tiempos de violencia, colonialismo, sufrimiento, explotación, discriminación, muerte y contaminación van siendo transmutados por el compromiso activo y solidario de sujetos políticos, individuales y colectivos, que pro-mueven la vida, en todas sus formas y en todas partes.

Todo este movimiento ha significado la recuperación de nuestra identidad, nues-tro propio poder, así como, de la autoestima individual y colectiva, esto ha sido posible gracias al reconocimiento de nuestra sabiduría ancestral, el rediseño de la influencia europea y la puesta en práctica de nuestra capacidad para construir caminos propios destinados al bien común, en respeto, balance y agradecimiento a la Madre Tierra. En el ámbito del derecho, el Nuevo constitucionalismo social latinoamericano es una de las expresiones de este proceso de cambio y transformación, que sin ser original, y como reapropiación de la herencia europea, en clave radical e igualitaria (Gargarella, 2012b), busca reducir la brecha entre las exigencias sociales de inclusión y las normas constitu-cionales, tanto en sus contenidos con en sus instituciones y garantías.

2. Los derechos humanos en el Nuevo constitucionalismo social latinoamericano

El Nuevo constitucionalismo social latinoamericano pretende reinventar la legalidad desde un compromiso con el cambio social, para acompañar su consolidación y desa-rrollo en el ámbito institucional, se trata del derecho en alianza con la liberación de los pueblos. Un acto creativo que buscar establecer distancia del elitismo liberal, conser-vador y, supuestamente neutral, que marcó el inicio del constitucionalismo en América Latina durante el siglo XIX, aquellos tiempos de nuestros procesos de independencia.

ISSN 1889-8068REDHES no.14, año VII, julio-diciembre 2015

Nuevo constitucionalismo social latinoamericano, derechos humanos y luchas sociales en la República Bolivariana de Venezuela 179

Un constitucionalismo que pretendió transplantar el modelo europeo y americano de leyes al servicio de los privilegios y el desarrollo del Capitalismo/Colonialismo/Patriar-cado/Racismo4, en otras palabras, leyes al servicio de las elites para el dominio de las mayorías. Este Nuevo constitucionalismo social busca una sociedad radicalmente dis-tinta, inclusiva y equitativa, fundamentada en nuestra identidad cultural, rediseñando la herencia del constitucionalismo previo. Este Nuevo constitucionalismo social se abre paso en medio del conservadurismo jurídico que descalifica los amplios catálogos de derechos por ser “pura poesía”, negando así un hecho probado en la cotidianidad de muchos sectores excluidos: la ausencia de derechos obstaculiza su materialización.5

En el Nuevo constitucionalismo social latinoamericano los derechos huma-nos como potencial transformador ocupan un lugar protagónico, entre sus principales avances está: la ampliación del catálogo de derechos –antes concentrados en derechos civiles y políticos– para incluir los económicos, sociales, culturales y ambientales, el re-conocimiento de la condición individual y colectiva de tales derechos, el desarrollo de los contenidos de los derechos tomando como referencias los criterios más avanzados y progresistas desarrollados en el ámbito del derecho internacional de los derechos hu-manos, la ampliación y mejoramiento de los sistema de garantías, la creación de estrate-gias para la participación social, económica y comunitaria en relación con los derechos, así como, el impulso a la integración Latinoamericana más allá de lo estrictamente eco-nómico. Es así como los derechos humanos se han convertido en una plataforma fun-damental para los procesos de cambio en el continente, lo cual hace necesario analizar su potencialidades y desafíos.

En Latinoamérica los cambios constitucionales se han usado como respuestas a las crisis, como vía para resolver algún “drama político y social fundamental” como señala Gargarella6, sin embargo, a nuestro modo de ver, en la América Latina con-temporánea no estamos ante un drama coyuntural sino ante una realidad estructural: la desigualdad. De modo que nuestro constitucionalismo tiene el reto de abrir espacios

4 Ampliamos la noción de Capitalismo, incorporándole las categorías elaboradas por el grupo de investigadores descoloniales latinoamericanos como: Catherine Walsh, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Ramón Grosfogel, Edgardo Lander y otros, para quienes la categoría de “colonialidad del poder, del saber y del ser”, visibiliza otras formas de explotación y dominación capitalistas asociadas a las de división internacional del trabajo, clase social y explotación de la fuerza de trabajo por el capital, tales como: formas, o lógicas, de explotación y dominación etnoraciales, de género, sexuales, epistémicas, espirituales o religiosas, estéticas, lingüísticas, etarias, etc., que dibujan un panorama más completo y complejo del sistema capitalista visto desde su periferia colonial. 5 Gargarella, Roberto, El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, Promesas e Interrogantes, CONICET/CMI, 2012a. Disponible en www.palermo.edu, Consultado en fecha, 09/09/12.6 Ídem.



para facilitar las transformaciones concretas, para abordar las condiciones materiales, para desarrollar constituciones con vida, es decir, con la posibilidad de hacerse reales en la práctica, articulando sus dimensiones dogmática y orgánica de nuevas maneras, desarrollando la capacidad política para implementarlas. Entre las estrategias que se han venido aplicando en Latinoamérica está el establecimiento de la propiedad pública de los recursos naturales y el apuntalamiento del rol del Estado en la economía, como me-didas concretas para limitar el derecho de propiedad, núcleo básico de los modelos más conservadores.7 En nuestro análisis esto supone una visión desde arriba, concentrada en la labor del gobierno al servicio de la inclusión de todas y todos, lo cual es absoluta-mente necesario. No obstante, estas iniciativas pueden ser muy débiles, incluso ante los agresivos ataques conservadores, sin el soporte y desarrollo de un poder desde la base que apoye y defienda los procesos de transformación, acción que requiere no solamen-te de la movilización y la protesta sino también de la propuesta y la creación de planes de vida. De allí nuestro argumento de que el fortalecimiento del poder popular es una de las dimensiones fundamentales para apuntalar los cambios que el Nuevo constitu-cionalismo social latinoamericano recoge, de fondo nos referimos a una re-articulación del derecho con la política.

Desde una perspectiva crítica de los derechos humanos, más allá del urgente de-sarrollo de la normativa y las instituciones, ambos necesarios para dar eficacia al pro-pósito del bienestar colectivo en nuestra Latinoamérica toda, resulta fundamental la movilización colectiva para mantener y sostener estos procesos a favor de la dignidad humana. Es muy importante resaltar que en el Nuevo constitucionalismo social lati-noamericano son las luchas de los pueblos las que han generado los procesos que han enriquecido las constituciones y les han dado legitimidad. Esta es la dimensión política asociada con la lucha por los derechos, la cual implica procesos de formación, organi-zación y movilización popular y social en clave de derechos. Formar y acompañar pro-cesos comunitarios en y para los derechos humanos, ha sido un desafío en el contexto social y político venezolano, nos exigió condenar la manipulación ideológica liberal de los derechos y recuperar las reflexiones sobre las formas en las que el derecho y los de-rechos humanos pueden estar al servicio de la transformación social.

Coincido con Pisarello8 en su análisis del caso venezolano donde señala que hay que reconocer que el constitucionalismo social latinoamericano ha producido avances inéditos en la historia reciente pero “no es inmune”, por lo tanto, mantener el sentido

7 Gargarella, Roberto, “200 años de Constitucionalismo Latinoamericano, Video sobre la Mesa de Trabajo sobre Constitucionalismo Contemporáneo”, 17-18/05/12, Sao Paolo, Brasil, Funda-ción Getulio Vargas, 2012. Disponible en . Consultado en fecha, 09/09/12.8 Pisarello, Gerardo, “El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y la Constitución Vene-zolana de 1999”, 2009. Disponible en www.sinpermiso.info, Consultado en fecha, 05/09/12.



progresista de estos avances tiene entre sus desafíos la vinculación de las instituciones, así como, las y los profesionales del derecho con las luchas sociales9. La formación de activistas de los Consejos Comunales y organizaciones sociales, así como, la práctica comunitaria de los derechos nos ha convencido de que solo es posible sostener los avances en derechos que se encuentran en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, expresión del Nuevo constitucionalismo social latinoamericano, profundizando la movilización social en términos de propuestas de vida comunitaria que tengan como base estos derechos. Allí esta nuestro aporte y nuestro desafío, los derechos humanos al servicio del avance del poder popular.

3. Derechos Humanos para el Poder Popular

En coherencia con su mandato constitucional y los retos presentes en la realidad so-cial, la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ha definido una visión institucional que sirve de orientación para su trabajo cotidiano: lograr el pleno reconocimiento y protección de la dignidad de todas las personas: especialmente per-sonas en situación de discriminación, marginalidad y vulnerabilidad a través de: la par-ticipación protagónica de las comunidades, la transformación del Estado, la reducción de las asimetrías de poder y promoviendo una cultura de derechos humanos fundada en: solidaridad internacional, autodeterminación de los pueblos y bienestar de la hu-manidad.

Sin embargo, uno de los obstáculos para el trabajo efectivo de la Defensoría del Pueblo es que la hegemonía de las doctrinas liberales en el desarrollo de los derechos humanos se ha orientado a garantizar una doctrina legalista, estática y útil a los intere-ses de los sectores dominantes, como mecanismo de control ideológico de los procesos vinculados con la reivindicación de la dignidad liderados por movimientos sociales y 9 Los desafíos para las y los profesionales del derecho, está desarrollada ampliamente por autores como Joaquín Herrera Flores (Herrera- Flores, Joaquin, “16 premisas de uma teoria crítica del derecho”, en Proner, Carol y Correas, Oscar (Coord.), Teoria Critica Dos Direitos Hu-manos, in memorian Joaquin Herrera-Flores, Bello Horizonte, Brasil, Forum, 2011) en uno de sus últimos trabajos, allí les llama trabajadoras y trabajadores jurídicos. Según Herrera-Flores la “traducción” jurídica de los resultados de los procesos de lucha por parte de las trabajadoras y trabajadores jurídicos debe estar atenta a tres cuestiones: a) cómo se integran/traducen tales resultados en el ordenamiento jurídico; b) si se acomodan o no a los principios y formas pro-cedimentales hegemónicas, o fuerzan los procedimientos a favor de las luchas sociales; y c) si, a la hora de su aplicación, el tratamiento individualizado que otorga el derecho no difumina el carácter colectivo de la reivindicación del derecho. Así cada trabajadora o trabajador jurídico al servicio de los movimientos populares y sociales en sus luchas transforma a la vez las normas y decisiones judiciales y administrativas que usa, y el marco de referencia para el cual tales normas y decisiones han sido creados.



populares. Superar estas limitaciones ha exigido ampliar los limites teóricos y políticos, en este proceso, nuestra atención se ha centrado en reconocer que el motor que ha mo-vido la historia de la humanidad han sido las luchas sociales lideradas por movimien-tos populares y sociales, quiénes se han organizado para subvertir el orden impuesto y establecer pautas sociales de justicia y equidad. Promover el poder popular es recono-cer la fuerza del pueblo organizado para el cambio social, lo cual exige a nuestra insti-tución colocarse a su servicio para contribuir, acompañar y aprender en esos espacios de reflexión y construcción colectiva. Desde el debate de las visiones críticas ofrece-mos la revaloración del tema de derechos humanos como una herramienta al servicio de la liberación de los pueblos. Como vemos, la reconceptualización de los derechos humanos implica colocar la realidad y las prácticas sociales como base para orientar el cambio, para sustentar la “consciencia de la resistencia”, la cual implica expandir la capacidad del oprimido y el victimizado de defenderse a sí mismo “… ampliando la capacidad de las masas para la defenderse intelectual e ideológicamente de opresiones de todo tipo.”10

Para el abordaje comunitario diseñamos una serie de estrategias que, luego de dos (2) años nos han permitido, en alianza y acompañamiento con el poder popular, la realización de un constante ejercicio de análisis coyuntural y de propuestas de alter-nativas de vida más dignas susceptibles de ser construidas colectivamente desde abajo, desde lo local-comunitario. Estas estrategias, aplicadas tanto en el ámbito urbano como el rural, nos han permitido actuar de manera coherente y consecuente con los procesos que necesitamos potenciar en el país en la construcción de una sociedad más justa y humana, desde ese espacio social cultural que son nuestras comunidades.

En este sentido, la Escuela de Derechos Humanos-Fundación Juan Vives Suría, órgano adscrito a la Defensoría del Pueblo, ha desarrollado un programa de formación desde la perspectiva de la educación popular. El Diploma en Derechos Humanos para el Poder Popular, está dirigido a formar a voceros y voceras de organizaciones del po-der popular y movimientos sociales en conceptos, estrategias de participación y legis-lación sobre Derechos Humanos y las leyes del Poder Popular, así como, la estructura y competencias de las instancias del Estado, tanto en los ámbitos regionales y munici-pales como los comunales, a los fines de potenciar sus iniciativas de defensa y promo-ción de los derechos humanos. Esta propuesta formativa se constituye en espacio para visibilizar las “injusticias”, comprender el contexto y las estructuras de dominación que las causan, así como, aportar saberes diversos para transformarlas. Busca animar un trabajo dirigido a incidir en la transformación de la cultura y las relaciones de po-der para abordar las causas y así transformar la sociedad, aquí el derecho tiene un rol 10 Shivji, Issa, “Constructing a new rights regime, promises, problems and prospects”, en Shivji, Issa, “Constructing a new rights regime, promises, problems and prospects”, en Shivji, Issa, “Constructing a new rights regime, promises, problems and prospects”, en Social and legal studies, 8(2), 1999, p. 273.



más modesto, tomando su lugar como herramienta de apoyo o medio para consolidar el cambio social.

La propuesta formativa básica es de ciento veinte (120) horas académicas que incluyen trabajo de taller y comunitario para 45 personas, quiénes deben cumplir con el perfil de ser líderes o líderezas comunitarios o activistas vinculados a movimientos sociales. Los ámbitos de organización a los cuales se vincula la Escuela de Derechos Humanos están caracterizados por una diversidad de formas organizativas de carácter popular y social con las cuales se establecen vínculos y alianzas para la promoción y defensa de los derechos humanos. Allí tenemos Consejos Comunales, Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos, Salas de Batalla, movimientos sociales, volun-tariados, redes de profesionales, entre otros. La prioridad es reconocer y valorar las di-versas formas de organización autónomas con interés en fortalecer su trabajo desde un enfoque de derechos humanos.

El Plan de Lucha es la columna vertebral de esta iniciativa formativa, pues sienta las bases del proceso organizativo y político para la defensa y promoción de los dere-chos, consiste en un proceso a tres (3) fases: 1) Diagnóstico de la realidad que genera las violaciones a derechos humanos; 2) Análisis jurídico, donde se evalúan las dimensiones legislativas, procedimentales e institucionales del derecho vinculadas al caso y 3) Estra-tegias para el abordaje integral, donde se construyen de forma colectiva los objetivos estratégicos y un conjunto de alternativas para el abordaje de la situación. El proceso de construcción del Plan de Lucha debe garantizar la participación regular de un grupo de personas de la comunidad o el movimiento en la elaboración del mismo, un míni-mo de 10 personas, que se juntan en torno a la persona que participa directamente del Diploma, es decir, quién asiste al curso es a su vez multiplicador y núcleo organizativo en su comunidad o movimiento. Esta estrategia apunta a que el conocimiento del curso no se quede sólo en las y los participantes sino que se expanda a la comunidad o al mo-vimiento, al mayor número de personas posibles, apuntando y vivenciando la defensa colectiva de los derechos.

Este proceso formativo-organizativo de elaboración del plan se construye en se-siones que forman parte de la unidad curricular: luchas sociales y Derechos Humanos, y corresponden con el trabajo del Equipo Comunitario. Las otras unidades curriculares: Introducción a las Visiones Críticas de los Derechos Humanos, Estado Social de Dere-cho y de Justicia y Estrategias para la Participación Comunitaria, alimentan al Plan a lo largo de todo el proceso, pues sus contenidos se convierten en insumos para el análisis y la elaboración de estrategias de acción concretas, que cada participante ajustará a cada realidad. En dos (2) años hemos realizado 13 cursos, tanto en el ámbito rural como ur-bano, que han beneficiado a unos 600 activistas comunitarios y sociales, apoyando unas 260 iniciativas comunitarias y sociales, en diferentes fases de desarrollo y acciones.



Este Plan de Lucha hace referencia a un conjunto de aspiraciones que soñamos realizar porque hay necesidades existenciales que demandan la concreción de los dere-chos en la vida cotidiana. El Plan de Lucha busca visibilizar las dimensiones del dere-cho que pueden ayudar a los participantes del Diplomado a potenciar sus luchas por mejores condiciones de vida, y así contribuir con la transformación de la realidad. Se ha evidenciado que el criterio de cercanía geográfica de las comunidades es clave para afinar la elaboración del Plan de Lucha, así como, el posterior seguimiento y acompaña-miento por parte de las instancias vinculadas de la Defensoría del Pueblo.

4. Una metodología en construcción para el abordaje comunitario de los derechos

Como Escuela de Derechos Humanos nuestro aporte a los procesos organizativos populares ha sido visibilizar las dimensiones del derecho y los derechos humanos que pueden ayudar a las y los activistas a potenciar sus luchas por mejores condiciones de vida, en otras palabras, colocar los derechos humanos al servicio de la transformación de la realidad. En tanto, los Planes de Lucha responden a necesidades de las localidades o colectivos, y supone aplicar los conocimientos adquiridos en el programa de forma-ción.

Colocar los derechos humanos como eje del Plan de Lucha ha sido un desafío, en la experiencia se ha hecho necesario ampliar y complementar, desde la perspecti-va crítica de los derechos humanos, los esquemas tradicionales de la metodología de proyectos y la Investigación Acción Participativa, tan populares en nuestro continente. Esto supone una reflexión sobre las dimensiones sociales, históricas, culturales, políti-cas y jurídicas que inciden en la vulneración de los derechos humanos y plantear la via-bilidad de un conjunto de acciones que contribuyan a la construcción de alternativas al conflicto generado, reforzando la dimensión colectiva para la defensa y promoción de los derechos. Comprender la realidad e incidir de forma colectiva en su transformación son las claves de este proceso.

Este proceso de formación-organización se ha venido construyendo en el diá-logo de saberes con las comunidades y movimientos, en una continua revisión y re-flexión, que generó propuestas novedosas y de gran impacto como la “Escuela va a la Comunidad”, que surgió de las iniciativas de las y los participantes del primero curso, y consiste en que la propuesta formativa sale de las instalaciones de la Escuela de Dere-chos Humanos y se instala en las mismas comunidades, facilitando el acceso de las y los participantes y una mejor relación con la realidad por parte de los docentes, esta inicia-tiva que ha convertido progresivamente en una línea permanente de trabajo, duplican-do la cantidad de participantes. Las diversas experiencias han dado lugar a establecer



elementos cardinales para orientar la promoción y la defensa de los derechos humanos en el ámbito comunitario como es el caso de los Planes de Lucha, cuyas bases se han ido construyendo en este proceso, y para este momento tienen esta estructura:

En la fase de diagnóstico, más allá de caracterizar la comunidad o grupo social al 1. cual se pertenece, se hace especial hincapié en identificar aquello que genera su-frimiento, exclusión, violencia, dominación o cualquier otro que genere rechazo, lo que a efectos de nuestro proceso denominamos: “injusticia” y que no puede ser tolerada por más tiempo. Se trabaja con la dimensión emocional que conecta a las personas con decisión de hacer algo por cambiar esa “injusticia”. Asimismo se visualiza el contexto socio-político que la causa, esto implica recoger antece-dentes históricos e identificar las víctimas y los responsables. En específico se establece el lugar de los grupos vulnerables, verificando la condición en la co-munidad de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores adultas, indígenas, personas con discapacidad, homosexuales, indigentes, desempleados, entre otros, se verifican los niveles de prioridad de este tema y la viabilidad de generar acciones con estos grupos según el derecho escogido como prioritario a trabajar. Se tipifican posibles rasgos o prácticas culturales inherentes a la situa-ción de vulneración de derechos, costumbres de la gente que hacen que estas situaciones se reproduzcan en la cotidianidad e inciden en los niveles de vulne-ración del derecho, ante lo cual habría que diseñar alguna forma de abordaje que deberá ser incluida en el plan de lucha, como ejemplo, los chistes machistas que reproducen la competencia entre los géneros y refuerzan inferioridad femenina que justifica violencia y dominio. Otro ejemplo, si las personas de la comunidad tienen la costumbre de botar la basura en un lugar donde no es recogida por el servicio de aseo urbano porque es más cómodo. Este proceso de diagnóstico requiere del análisis colectivo como asambleas, esto responde a los niveles de consulta necesarios y la realidad particular de cada comunidad. Durante el Análisis Jurídico, se identifican los derechos (incluso más allá del 2. catálogo constitucional) vinculados con la situación problemática, es decir, la connotación legal de la situación, reconociendo las instituciones responsables y los procedimientos que pueden ser aplicados. La perspectiva del Uso Alterna-tivo del Derecho abre espacios para el análisis y la propuesta. En algunos casos se trata de situaciones donde las leyes no se cumplen o las instituciones no dan respuesta. Ejm, demarcación indígena. En otros se trata de situaciones que no están definidas en la ley y hay que crear nueva leyes, Ejm. La sexodiversidad. En otros se trata de leyes que vulneran derechos. Ejm. el Código Penal para el caso del aborto de las mujeres. En cada plan habría que ver de qué situación se trata y esto generará propuesta de acción distinta. Se trabaja desde un análisis de la le-



gislación nacional e internacional en lo relativo al derecho que fue escogido por la comunidad o movimiento para trabajar en su Plan de Lucha. En las Estrategias para el Abordaje Integral. Se anima la construcción colectiva 3. de alternativas desde una visión integral de la problemática, es decir, un plan de abordaje que incluya acciones en los diversos ámbitos: jurídico, educativo, social, político, cultural, recreativo, entre otros, a los fines de profundizar en el conoci-miento de las diferentes aristas que tienen que ver con la situación problemática y comprender todas las implicaciones, ámbitos y posibilidades de una lucha por este derecho. Se verifica en conjunto con los líderes de la comunidad si es nece-sario o no, ahora o a mediano y largo plazo aplicar alguno de los recursos legales o de las estrategias de mediación que se compartieron en el curso. Definir cuáles y en qué momento sería conveniente. Esta fase incluye la exposición y consoli-dación de acuerdo, así como, compromisos para alcanzar las alternativas plan-teadas. En esta fase es muy importante el desarrollo de la corresponsabilidad en el desarrollo de las iniciativas. Además implica el registro de avances, reflexiones y rediseño de acciones. En lo relativo a esta fase hemos identificado que es muy importante observar la dinámica grupal en lo relativo a cómo es el ambiente de trabajo colectivo, cómo se toman las decisiones, mecanismos para el seguimien-tos de tareas y cómo se distribuyen las responsabilidades, identificando cual es el liderazgo efectivo que tiene el participante en la comunidad o colectivo, promo-viendo niveles de participación y convivencia en la comunidad. La aprobación del plan de lucha definitivo debe corresponder con una asamblea de la comuni-dad o movimiento, según sea el caso y realidad de cada espacio organizativo.En el ámbito de la compresión de los derechos humanos, los intercambios for-

mativos nos han permitido confirmar que la vinculación de la gente con los derechos humanos tiene, en primer lugar, una dimensión emocional-afectiva, de allí que comen-zamos con una reflexión vinculada con la cotidianidad y la vivencia de la realidad, siendo la noción de “injusticia”, de aquello que duele, hace daño y no queremos más en nuestras vidas, lo que nos permite acercarnos a la posibilidad de cambio personal. Luego esta dimensión emocional-afectiva se transforma en política, al pasar de lo in-dividual a lo colectivo, y allí se genera la fuerza de la movilización colectiva para un cambio. Esta dimensión política se profundiza luego con el análisis de contexto y la visibilización de los grupos vulnerables. Así, reconocemos un gran valor de la noción de “injusticia” como previa al “derecho” en términos de que la gente sienta un interés propio por conocer los derechos humanos y como estos pueden ser una vía real para mejorar las condiciones de vida.

Hacernos preguntas, ha sido una estrategia tremendamente positiva en este pro-ceso formativo-organizativo, entre las interrogantes durante el proceso de Diagnósti-



co tenemos: ¿Cuál es la situación de injusticia? ¿A quiénes afecta? ¿A cuántos? (tanto personas como comunidades) ¿Cuáles son los grupos vulnerables afectados? ¿Cómo? ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo se originó? ¿Cómo me siento yo frente a esta situación? ¿Qué costumbres de la gente originan y hacen que se mantengan estos problemas? ¿Cómo se desarrolló el problema? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuál ha sido la participación de la comunidad en el conflicto, en las soluciones? ¿Cuál ha sido la participación del Estado? ¿Qué fortalezas se tienen para avanzar en la solución? También hemos aplicado algunas estrategias de investiga-ción: casa por casa, reuniones por sectores, asambleas, entrevistas, encuestas, etc., así como, estrategias para la socialización de la información con la comunidad. Cada Plan de Lucha tiene sus respaldos según las diversas formas de registro que se usaron para la investigación: registro abierto, minutas, actas, instrumentos, listas de asistencia, regis-tro fotográfico, etc. También el registro abierto en papelográfos y los resultados de la investigación, es decir, el análisis colectivo de los datos.

En la elaboración de las Estrategias de Abordaje Integral también nos pregun-tamos: ¿Qué necesitamos hacer para avanzar en la solución del problema (desde el colectivo que hace el plan) ¿Qué podemos hacer como comunidad para hacer cosas por nosotras y nosotros mismos, a corto, mediano y largo plazo, que den solución a la problemática? ¿Qué necesitamos hacer con la comunidad para presionar a las institu-ciones a hacer cosas a corto, mediano y largo plazo? ¿Podemos usar algún recurso legal o administrativo para presionar a los actores responsables de la situación? ¿Podemos usar algún tipo de mediación para resolver los conflictos que originan la vulneración de los derechos? ¿Las soluciones propuestas son integrales? ¿Tienden a ser permanentes y sostenibles? ¿Se atacan las causas del problema o sus consecuencias? ¿Parte desde las posibilidades de la comunidad (endógenas, de autogestión), coopera con las políticas de Estado (cogestión) o son dependientes (asistencialistas)? ¿Promueven la autonomía y la autogestión, promueven la justicia social, la integración, la participación?

En el desarrollo del Diploma en Derechos Humanos para el Poder Popular he-mos aprendido que hay algunas estrategias muy importantes: 1) Las visitas a los espa-cios comunitarios; 2) El acompañamiento por parte de al menos un activista-docente encargado de llevar el seguimiento del proceso; 3) Las reuniones regulares entre el equipo de docentes para apoyar integralmente el diseño y ejecución de los Planes de Lucha y 4) El establecimiento de un vínculo sólido con las instancias de la Defensoría del Pueblo responsables de los procesos de denuncias y articulación con otras institu-ciones.

En nuestra experiencia de dos años (2) llevando adelante esta propuesta he-mos aprendido que hay situaciones de vulneración de derechos que la gente no ve con facilidad, que permanecen ocultas en las sombras. Usualmente las necesidades de vi-



vienda o vialidad son vistas por delante de las de violencia doméstica, el reto es visibi-lizar las situaciones que son vulneraciones de derechos y que la gente tiene en segundo plano pues están vinculadas con las formas más íntimas en que el poder nos domina, asumimos esta tarea como un ejercicio de alumbrar las sombras.

Asímismo, hemos aprendido que mantener a la comunidad o colectivo activos y motivados requiere ir concretando logros, aunque sea pequeños, avanzar, por lo menos en las primeras fases, en actividades sencillas que puedan generar un logro que motive a la comunidad o movimiento, puede estar vinculado con actividades de denuncia, for-mación o difusión, se trata de visibilizar un pasito en la transformación. También re-conocerse en otros mediante “Diálogos de saberes”, donde se comparten las experien-cias que se van desarrollando anota positivos a la tarea de animar y fortalecer la lucha. Resulta necesario evaluar si puede tratarse de acciones concretas donde pueda haber apoyo del aparato jurídico- mediador de la Defensoría del Pueblo.

Un reto en el cual urge avanzar es la implementación de la Unidad de Vincu-lación Comunitaria dentro de la Escuela de Derechos Humanos, la cual que prevé un equipo de trabajo interdisciplinario encargado de mantener y desarrollar el vínculo con los movimientos sociales y populares, a la vez de, colocar a las y los participantes de otros cursos al servicio de los procesos comunitarios mediante las unidades curriculares de prácticas o proyectos. En el ámbito comunitario supone funciones vinculadas con: el seguimiento de Planes de Lucha, coordinación nuevos procesos formativos comple-mentarios ajustados a las demandas de las comunidades y movimientos, coordinación de la “Escuela va a la comunidad”, articulación entre las y los docentes para lograr un compromiso más allá de las clases, la asignación de tutoras o tutores para el seguimien-to de planes, dar continuidad a la investigación y publicación en esta área, así como, acompañar los procesos de denuncia en conjunto con la Defensoría del Pueblo.

5. Nuestro compromiso

Abrir caminos para conquistar la justicia colectiva y la igualdad real de derechos entre los diversos sectores sociales en todas las áreas de la actividad humana, en la cotidianei-dad de los ámbitos público y privado mediante su directa participación y protagonismo en ellas, para lograr la justicia y la inclusión social. Asimismo, recrear una nueva ciuda-danía universal de derechos y garantías basada en la igualdad y equidad sustantivas den-tro de las diferencias, que disuelva todas las asimetrías de poder, falsas neutralidades, y todas las formas de discriminación y violencia padecidas por todas las individualidades y colectividades oprimidas. Para ello debe pensarse una humanidad, sujeta de derechos, que deberán ser repensados, reconceptualizados y encarnados por las personas concre-tas en circunstancias complejas y específicas, a partir de sus luchas concretas.



Desde la sociología crítica del derecho, en palabras de Boaventura de Sousa San-tos (1991), hacemos referencia a derechos humanos que emergen de las luchas y que por esta vía se convierten en nuevas formas de ciudadanía individual y colectiva. Esta relación es fundamental pues allí está la semilla para la creación incesante de ciudadanía, que es el otro lado de la democratizacion radical del Estado y del derecho vinculada con el Nuevo Constitucionalismo Social Latinoamericano. En esta misma línea se ubican los aportes de la teoría de la resistencia, Ragagopal y Gill11 quienes afirman que las alianzas de los movimientos populares y sociales con el Estado son la base de la política de transformación, lo que significa nuevas formas de orden social y político, estas alian-zas combinan legislación y reconocimiento de los movimientos populares y sociales.

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