denuncia por expropiación de terreno en favor de ohl

Quejosos: Juan Arturo, Jorge, Virgilio, Juan y Jos, todos

de apellidos Schievenini Zanella

Demanda de amparo indirecto en materia administrativa

Escrito inicial

Seor Juez de Distrito en el Estado de Mxico, con sede

en Naucalpan de Jurez que por turno corresponda

Juan Arturo (o tambin Arturo), Jorge, Virgilio, Juan y Jos todos de

apellidos Schievenini (o tambin Schiavenini) Zanella, por nuestro propio derecho,

personalidad que le pedimos nos reconozca en este juicio, ante Usted seor juez en forma

respetuosa exponemos:

Con fundamento en los artculos 116, fraccin I, de la Ley de Amparo sealamos como

domicilio para or y recibir toda clase de notificaciones, documentos y practicar las

diligencias que sean necesarias el ubicado en la calle Aquiles Serdn, nmero 102,

Colonia Centro, cdigo postal 54800, Municipio de Cuautitln, Estado de Mxico.

Con fundamento en el artculo 27, segundo prrafo, de la Ley de Amparo autorizamos

para que ejerzan todas las facultades que refiere dicho precepto, indistintamente, a las

abogadas Beatriz Gonzlez Sandoval (cdula profesional 3266714) Sadara Montenegro

Gonzlez (cdula profesional 5647541) y a la licenciada en derecho Maribel Carmona

Jurez (cedula profesional 4431514), todas expedidas por la Direccin General de

Profesiones e inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro nico de Profesionales

del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Con fundamento en el artculo 27, segundo prrafo, de la Ley de Amparo autorizamos

indistintamente para or y recibir todo tipo de notificaciones, documentos, imponerse de

las autos y revisar el expediente a los seores Jos Daniel Vzquez Milln, Adrin Rodrguez

Arriaga, Mara Teresa Snchez Bez, Daniel Behar Franco y Giancarlo Schievenini Espritu

Santo.

Con fundamento en los artculos 6 y 8 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos (la Constitucin General) solicitamos que nos permita reproducir las

constancias que obran en este expediente, anexos, dems documentos que formen

parte del mismo y los que se vayan agregando, a los suscritos y a las personas que

anteriormente sealamos. Es aplicable la tesis: REPRODUCCIN ELECTRNICA DE

ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIN AUNQUE NO EXISTA

REGULACIN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA (criterio 1)1.

PETICIONES

Con fundamento en los artculos 103, fraccin I, 107, fraccin VII, de la Constitucin

General 1 y 114, fraccin I, de la Ley de Amparo demandamos que nos otorgue el

1 Al final de este escrito hacemos la transcripcin de los criterios jurisprudenciales que invocamos en

este escrito en el apartado Criterios jurisprudenciales ordenado por nmeros arbigos.

amparo y proteccin de la Justicia de la Unin en contra de las leyes y actos que ms

adelante precisamos.

Con fundamento en el artculo 80 de la Ley de Amparo le pedimos que en la sentencia

que dicte:

PRIMERO. Declare que el artculo 77, fraccin XXX, de la Constitucin Poltica del Estado

Libre y Soberano de Mxico (la Constitucin local), que fue aplicado por las autoridades

responsables por primera vez en nuestro perjuicio, restringe nuestras garantas de

audiencia previa y propiedad fuera de los casos y condiciones que prevn los artculos 1,

14 y 27 de la Constitucin General.

SEGUNDO. Declare que los artculos 1 a 32 de la Ley de Expropiacin para el del Estado de

Mxico (la Ley de Expropiacin), publicada en el Peridico Oficial del Estado de Mxico,

Gaceta del Gobierno, el 17 de enero de 1996, que las autoridades responsables

aplicaron por primera vez en nuestro perjuicio, restringen nuestras garantas de audiencia

previa y propiedad fuera de los casos y condiciones que prevn los artculos 1, 14 y 27 de

la Constitucin General.

Asimismo, declare que el Artculo Quinto Transitorio del Decreto nmero 11, publicado en

el Peridico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Mxico Gaceta del

Gobierno o Peridico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Mxico Gaceta del Gobierno (peridico oficial), el 7 de febrero de 1997, mediante el

cual las autoridades responsables que precisamos ms adelante reformaron el artculo 32

de la Ley de Expropiacin.

TERCERO. Declare que los efectos de la sentencia que dicte en este juicio sean los de

protegernos en contra de la aplicacin presente y futura de los artculos de las leyes que

reclamamos, de acuerdo con la jurisprudencia: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS

DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIN PRESENTE Y FUTURA (criterio 2).

CUARTO. Declare que los actos que constituyen el primer acto de aplicacin

(procedimiento de expropiacin, el decreto expropiatorio y su ejecucin) de las leyes que

reclamamos en nuestro perjuicio, restringen nuestras garantas de audiencia, legalidad,

seguridad jurdica y propiedad fuera de los casos y condiciones que prevn los artculos 1,

14, 16 y 27 de la Constitucin General.

QUINTO. Condene a las autoridades responsables a restituirnos en el pleno goce de

nuestras garantas citadas y a que restablezcan las cosas al estado que guardaban antes

de las violaciones mediante:

a) La declaracin de inconstitucionalidad y nulidad de los artculos de las leyes, aplicados

por vez primera en nuestro perjuicio.

b) La declaracin de inconstitucionalidad y nulidad del inicio, substanciacin y

terminacin del procedimiento de expropiacin, as como de los actos jurdicos (oficios,

avisos, consultas, opiniones, dictmenes, etc.,) que emitieron las autoridades responsables

dentro de dicho procedimiento.

c) La declaracin de inconstitucionalidad y nulidad del Decreto expropiatorio.

d) La declaracin de inconstitucionalidad y nulidad del acto jurdico mediante el cual el

Director General de Gobierno de la Regin Tultitln, en ejecucin del decreto de

expropiacin entreg fsica y materialmente la posesin y propiedad de los inmuebles que

nos expropiaron las autoridades responsables y de los instrumentos en donde se hicieron

constar.

e) La declaracin de inconstitucionalidad y nulidad del acto jurdico mediante el cual el

Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos

y Auxiliares del Estado de Mxico, por medio de su Director General, entreg la posesin

de los inmuebles que nos expropiaron las autoridades responsables que ms adelante

precisamos a Concesionaria Mexiquense S. A. de C. V.

f) La declaracin de inconstitucionalidad y nulidad de los dems actos y hechos jurdicos

que sean consecuencia de la ejecucin del Decreto expropiatorio.

g) La transmisin de la propiedad a los suscritos de los inmuebles que nos expropiaron las

autoridades responsables que ms adelante precisamos.

h) La ejecucin de los siguientes hechos: la destruccin de las construcciones que

realizan, y continan haciendo; el retiro de las mojoneras, postes y rejas que instalaron, la

siembra de los rboles que talaron, el relleno, con tierra de cultivo para uso agrcola, de la

superficie que retiran, y lo continan haciendo, y la construccin de los caos de riego en

la parte norte y sur para restituir el flujo de riego en la parte oeste de los inmuebles que nos

expropiaron las autoridades responsables.

i) La entrega fsica de la posesin a los suscritos los inmuebles que nos expropiaron las

autoridades responsables que ms adelante sealamos.

REQUISITOS QUE PREV EL ARTCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO

Los nombres y domicilios de los quejosos.

Los que sealamos en la primera pgina de este escrito. Es aplicable la jurisprudencia:

DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIN DEL QUEJOSO DE SEALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES

MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA (criterio 3).

El nombre y domicilio del tercero perjudicado.

Concesionaria Mexiquense S. A. de C. V., por conducto de su representante legal porque

tiene inters directo en la subsistencia de los actos reclamados, ya que el 17 de diciembre

de 2009 recibi del organismo pblico descentralizado que sealamos como autoridad

responsable antes citado la posesin de los inmuebles que nos expropiaron las

autoridades responsables, tal como lo seal el Ingeniero Jos Guadalupe Ramrez

Miranda el da 18 de diciembre de 2009 (ver hecho 8 de este escrito). (Artculo 5, fraccin

III, inciso c, de la Ley de Amparo).

Dicha persona moral tiene su domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, nmero 222, Piso

25, Colonia Jurez, Delegacin Cuauhtmoc, Cdigo Postal 06600, Ciudad de Mxico,

Distrito Federal, con nmeros telefnicos: +52 (55) 52 55 52 50 y Fax: +52 (55) 52 03 36 92.

En caso de estimarlo procedente, con fundamento en el artculo 147, prrafo tercero, de

la Ley de Amparo le pedimos que notifique y entregue copia de la demanda al tercero

perjudicado por conducto de las autoridades responsables y ordene a stas que remitan

la constancia respectiva dentro del plazo de 48 horas.

Las autoridades responsables y los titulares de los rganos de Estado a los que la ley

encomiende su promulgacin, cuando se trate de amparos contra leyes.

El Poder Legislativo del Estado de Mxico, por medio del Congreso del Estado de Mxico

(el Poder Legislativo local).

El Poder Ejecutivo del Estado de Mxico, por medio del Gobernador del Estado de Mxico

o Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Mxico (el Poder Ejecutivo

local).

La Secretara General de Gobierno del Estado de Mxico, por medio de su titular (la

Secretara General de Gobierno).

El Peridico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Mxico, Gaceta del

Gobierno o Peridico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Mxico Gaceta del Gobierno, por medio de su titular (el Peridico Oficial).

La Direccin de Ecologa y Salud Pblica del H. Ayuntamiento Constitucional de Tultepec,

Estado de Mxico, por medio de su titular (la Direccin de Ecologa).

La Direccin General Jurdica y Consultiva de la Secretara General del Gobierno del

Estado de Mxico, por medio de su titular (la Direccin Jurdica).

La Secretara de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Mxico, por medio de su

titular (la Secretara de Comunicaciones).

El Instituto de Informacin e Investigacin Geogrfica, Estadstica y Catastral del Estado de

Mxico, por medio de su tittular (el Instituto de Informacin).

El Sndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, Estado de Mxico (el

Sndico del Ayuntamiento).

El Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tultepec, Estado de Mxico (el

Secretario del Ayuntamiento).

El Registro Agrario Nacional en el Estadio de Mxico, por medio de su delegado en dicho

Estado (el Registro Agrario Nacional).

El Instituto de la Funcin Registral del Estado de Mxico por medio de su Director Tcnico

Jurdico o representante legal (el Instituto de la Funcin Registral).

La Direccin General de Gobierno de la Regin Tultitln, por medio de su titular.

El Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios

Conexos y Auxiliares del Estado de Mxico, por medio de su Director General.

Las leyes y actos que de cada autoridad reclamamos:

a) El artculo 77, fraccin XXX, de la Constitucin local que reforma y adiciona la del 31 de

octubre de 1917 y el Decreto mediante el cual fue expedida dicha Constitucin,

publicados en el Peridico Oficial los das 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, con motivo

de su primer acto de aplicacin en nuestro perjuicio.

Del Poder Legislativo Local la admisin de la iniciativa, elaboracin y aprobacin del

dictamen, discusin y aprobacin del dictamen, proyecto y aprobacin de la fraccin de

dicho artculo.

Del Peridico Oficial la publicacin del referido Decreto citado en este apartado.

b) El decreto de fecha 8 de noviembre de 1917, con motivo de su primer acto de

aplicacin en nuestro perjuicio, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la

Ciudad de Toluca de Lerdo, en relacin con el artculo 77, fraccin XXX, de la Constitucin

local, mediante el cual el ciudadano general Agustn Milln, Gobernador Constitucional

del Estado Libre y Soberano de Mxico:

- a sus habitantes hizo saber que "La XXVI Legislatura Constitucional del Estado de

Mxico, en funciones de Constituyente, de acuerdo con el Decreto y autorizacin

expedidos por el Ciudadano Primer Jefe del Ejrcito Constitucionalista, Encargado del

Poder Ejecutivo de la Unin, el veintids de marzo y catorce de abril del ao en curso,

respectivamente; as como con el Decreto nmero cinco expedido por el Ciudadano

Gobernador Preconstitucional del Estado, el diecisis de abril de mil novecientos

diecisiete, decreta la siguiente: CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MEXICO Que Reforma y adiciona la del 31 de octubre de 1917.

- mand se imprimiera, circulara y publicara por bando solemne en todo el Estado

para su debido cumplimiento.

Del Poder Ejecutivo Local la expedicin del referido Decreto citado en este apartado.

De la Secretara General de Gobierno el refrendo y la firma del Decreto citado en este

apartado.


c) El Decreto nmero 116, expedido el 16 de enero de 1996 en el Palacio del Poder

Legislativo, ubicado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mxico,

mediante el cual la LII Legislatura del Estado de Mxico aprob la Ley de Expropiacin

para el Estado de Mxico, con motivo del primer acto de aplicacin de sus artculos 1 a 32

en nuestro perjuicio.

Del Poder Legislativo local la aceptacin de la iniciativa, elaboracin y aprobacin del

dictamen, discusin y aprobacin del dictamen, proyecto y en general todas las fases del

proceso legislativo y aprobacin de dicho decreto citado en este apartado.


d) El Decreto de fecha 17 de enero de 1996, con motivo de su primer acto de aplicacin

en nuestro perjuicio, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de

Toluca de Lerdo, Mxico, publicado en el POEM 17 de enero de 1996, mediante el cual el

ciudadano Csar Camacho Quiroz, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Mxico:

- a sus habitantes hizo saber que la LII Legislatura del Estado de Mxico aprob el

DECRETO NUMERO 116, LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO DE MEXICO.

- mand se publicara, circulara, observara y se le diera el debido cumplimiento.



apartado.


e) El Artculo Quinto Transitorio del Decreto nmero 11, publicado en el Peridico Oficial

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Mxico Gaceta del Gobierno o Peridico

Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Mxico Gaceta del

Gobierno, el 7 de febrero de 1997, mediante el cual las autoridades responsables

reformaron el artculo 32 de la Ley de Expropiacin.

Del Poder Legislativo Local la admisin de la iniciativa, elaboracin y aprobacin del

dictamen, discusin y aprobacin del dictamen, proyecto y aprobacin de la fraccin de

dicho artculo.

Del Poder Ejecutivo Local promulgacin y orden de publicacin del referido Decreto

citado en este apartado.



apartado.

f) El DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE EXPROPIA POR CAUSA DE UTILIDAD

PBLICA UNA FRACCIN DEL INMUEBLE DENOMINADO "RANCHO MAYTE", UBICADO EN EL KILMETRO

12+788.72 AL KILMETRO 13+044.33, EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, MXICO, PARA DESTINARLA A LA

CONSTRUCCIN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA CARRETERO DEL ORIENTE DEL ESTADO DE

MEXICO, CONOCIDO COMO "CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE", A FAVOR DEL ORGANISMO PBLICO

DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y

AUXILIARES DEL ESTADO DE MXICO, de fecha 17 de agosto de 2009, dado en el Palacio del

Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mxico y

publicado en el Peridico Oficial el 24 de agosto de 2009, que junto con el procedimiento

de expropiacin constituyen el primer acto de aplicacin en nuestro perjuicio de las leyes

reclamadas.



apartado.


g) El Oficio nmero 211D10000/463/08 de fecha 1 de septiembre de 2008 por medio del

cual el Director General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y

Auxiliares del Estado de Mxico por medio del cual le solicit al Gobernador

Constitucional del Estado de Mxico, la expropiacin de los inmuebles que las autoridades

responsables nos expropiaron, tal como se advierte del resultando 1 del Decreto

expropiatorio.

h) El Oficio nmero 211A00000/016/2008 de fecha 9 de febrero de 2009, por medio del

cual el Secretario de Comunicaciones, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, que envi ese

mismo da a la Direccin Jurdica y adjunt diversa documentacin relacionada con la

solicitud anterior tal como se advierte del resultando 1 del Decreto expropiatorio.

i) El acuerdo de fecha 25 de junio de 2009 por medio del cual la Direccin Jurdica inici

el procedimiento de expropiacin de los inmuebles que las autoridades responsables nos

expropiaron, as como dicho procedimiento administrativo, tal como se advierte del

resultando 3 del Decreto expropiatorio.

j) El avalo comercial de fecha 21 de octubre de 2008 que emiti el Instituto de

Informacin de los inmuebles que las autoridades responsables nos expropiaron, tal como

se advierte del resultando 5 del Decreto expropiatorio.

k) El Oficio nmero SIN/172/10/08 de fecha 29 de octubre de 2008 mediante el cual el

ciudadano Ignacio Trejo, Sndico del Ayuntamiento hizo constar que los inmuebles que las

autoridades responsables nos expropiaron no estn destinados a la prestacin de un

servicio pblico, tal como se advierte del resultando 6 del Decreto expropiatorio.

l) El Oficio nmero SHA/020/2008 de fecha 29 de octubre de 2008 mediante el cual el C. P.

Alfonso Martnez Orihuela, Secretario del Ayuntamiento hizo constar que los inmuebles que

las autoridades responsables nos expropiaron carece de valor histrico, artstico o cultural,

tal como se advierte del resultando 7 del Decreto expropiatorio.

m) El Oficio nmero RAN-EM/ST/4368/2008 de fecha 19 de diciembre de 2008 mediante el

cual el C. Jess Mara Silva Muoz, el Registro Agrario Nacional, seal que los inmuebles

que las autoridades responsables nos expropiaron no se encuentra dentro de la poligonal

de algn ncleo agrario, tal como se advierte del resultando 8 del Decreto expropiatorio.

n) El Oficio nmero 202G1A000/495/2009 de fecha 1 de julio de 2009 mediante el cual el

licenciado Luis F. Alcntara Hinojosa, Director Tcnico Jurdico del Instituto de la Funcin

Registral, mediante el cual inform que no se encontraron datos registrales respecto de los

inmuebles que las autoridades responsables nos expropiaron, segn dicha autoridad,

conocido como Rancho Mayte, tal como se advierte del resultando 9 del Decreto

expropiatorio.

) El acta de posesin y deslinde de expropiacin de fecha 17 de diciembre de 2009

mediante la cual, aproximadamente a las 10:00 horas, el Director General de Gobierno de

la Regin Tultitln, Licenciado Jos Alfredo Torres Martnez, en ejecucin del decreto de

expropiacin levant el acta de posesin y deslinde de expropiacin, y entreg fsica y

materialmente la posesin y propiedad de los inmuebles que las autoridades responsables

nos expropiaron al Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Autopistas,

Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Mxico por medio de su Director

General, el ingeniero Manuel Ortiz Garca.

o) El acta de entrega-posesin del inmueble expropiado de fecha 17 de diciembre de

2009 mediante la cual el Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Autopistas,


General, el ingeniero Manuel Ortiz Garca entreg la posesin de los inmuebles que las

autoridades responsables nos expropiaron a Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V.,

representada por los Ingenieros Mario Guillermo Sugawerra Alpizar y Jess Campos Lpez.

p) El oficio nmero econmico 1020-2008-00 de fecha 10 de julio de 2009, mediante el

cual el Director de la Direccin de Ecologa mediante el cual liber el permiso para talar

diversos rboles que se encontraban dentro de los inmuebles que las autoridades

responsables nos expropiaron.

q) El Dictamen tcnico que emiti la Junta de Caminos del Estado de Mxico, por el cual

determin que la fraccin del inmueble a expropiar es idnea para la causa de utilidad

pblica antes referida.

r) El dictamen tcnico de la Direccin General de Desarrollo Urbano de la Secretara de

Desarrollo Urbano en el que se seal: que en virtud de que el Plan de Desarrollo Urbano

del Municipio de Tultepec, en su plano E-2 Estructura Urbana y Usos de Suelo y E-3

Vialidades y Restricciones, se contempla la construccin de vialidad regional con

seccin de 60 metros sobre el predio en cuestin, y consider que cumple con la

condicin de ser una obra por causa de utilidad pblica.

Giancarlo SchieveninHighlight

s) Todos los actos y hechos que constituyen y forman parte de la ejecucin del Decreto

de expropiacin.

Los preceptos constitucionales que contienen las garantas individuales que estimamos

violadas en relacin con el artculo 1, fraccin I, de la Ley de Amparo.

Artculos 1, 14, 16 y 27, fraccin VI, segundo y tercer prrafos, de la Constitucin General.

HECHOS Y ABSTENCIONES

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que los hechos y abstenciones que nos

constan y que constituyen los antecedentes de las leyes, actos reclamados y los

fundamentos de los conceptos de violacin son los siguientes:

1. (Inmuebles de Juan Arturo, Jorge y Virgilio) El 22 de febrero de 1962 Juan Arturo, Jorge

y Virgilio, todos de apellidos Schiavenini Zanella, por medio de un contrato de

compraventa, adquirimos de Mara Zanella de Urra y Luis Urra Lavin sin reserva ni limitacin

alguna, libre de todo gravamen y al corriente de sus contribuciones en forma pro-indiviso

y por partes iguales con sus accesiones legales y materiales, usos, costumbres y

servidumbres, entradas y salidas y, en general, con todo lo que de hecho y por derecho le

pertenece y corresponde dentro de sus lmites el siguiente inmueble:

El terreno de propiedad particular que form parte de los denominados Guadalupe Chico

y San Joaqun, ubicados en trminos del pueblo de Santiago Teyahualco, perteneciente

al Municipio de Tultepec del Distrito de Villa de Cuautitln, Estado de Mxico, tambin

conocido como Granja Mayte con los siguientes lmites:

Al norte en 460 metros con Juan Zanella;

Al sur en 424 metros con Rodolfo Zirboni;

Al oriente en 204 metros con Daniel Zanella;

Al poniente en 203 metros con el mismo seor Daniel Zanella.

Superficie aproximada de nueve hectreas.

Tambin una casa habitacin que existen en el inmueble compuesta de ocho piezas

con cimientos de piedra, muros de tabique, techos de bveda y pisos de cemento

que ocupan 236 metros cuadrados, as como el establo y sus dems anexos que lo

forman.

Este inmueble se encuentra inscrito en la Oficina Registral del Distrito de Cuautitln,

Mxico, que depende de la Direccin General del Instituto de la Funcin Registral, Instituto

de la Funcin Registral, Subsecretara de Asuntos Jurdicos, Secretara General de

Gobierno, del Gobierno del Estado de Mxico de acuerdo con los siguientes datos:

partida o asiento 50, volumen 368, libro I, seccin 1, fecha 17 de abril de 1996 de la

Oficina Registral del Distrito de Cuautitln, Estado de Mxico.

Esto lo acreditamos por el momento con la copia simple de la escritura pblica nmero

2,242, volumen XL, pgina nmero 132, de fecha 22 de febrero de 1962, que expidi el


licenciado Francisco Javier Olivera Sedano, Notario Pblico por Receptora en funciones

del Distrito de Villa de Cuautitln, Estado de Mxico, que acompaamos como anexo

uno.

En el momento procesal que seala el artculo 151 de la Ley de Amparo o, en su caso,

dentro del plazo que seala la jurisprudencia citada: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL,

DIFERIMIENTO DE LA. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO

(criterio 4) ofreceremos las pruebas correspondientes.

No omitimos mencionar que si la informacin de los antecedentes registrales de dicho

inmueble est a disposicin de cualquier persona que lo solicite, ya sea particular o

autoridad, con mayor razn tienen acceso a ella las autoridades que intervinieron en el

procedimiento de expropiacin y, en especial, el Director Tcnico de la Funcin Registral

del Estado de Mxico que seal en su oficio 202G1A000/495/2009 que no se encontraron

datos registrales respecto del inmueble denominado Rancho Mayte, tal como se

aprecia del resultando 9 del Decreto expropiatorio que ms adelante detallamos.

2. (Inmueble de Jos) El 17 de noviembre de 2006 Jos Schievenini Zanella adquiri la

propiedad de una fraccin del inmueble sealado en el hecho anterior, por medio de la

declaracin de prescripcin (usucapin) que realiz el Juez Cuarto Civil de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Cuautitln, Estado de Mxico, en la sentencia que dict

en la fecha citada, dentro del juicio ordinario civil 824/2006, que inici en contra de Juan

Arturo, Jorge y Virgilio, todos de apellidos Schiavenini Zanella. La superficie, medidas y

colindancias de la fraccin del inmueble que adquir son las siguientes:

Al norte en 97.42 metros con propiedad que es o fue de Juan Zanella.

Al sur en 97.51 metros con propiedad que es o fue de Rodolfo Zerboni.

Al oriente en 210.15 metros con Juan Arturo Schievenini Zanella.

Al poniente en 210.75 metros con Aldo Javier Schievenini Zanella.

Superficie aproximada de 20,260.23 metros cuadrados.

Esto lo acreditamos por el momento con la copia simple de la referida sentencia que

acompaamos como anexo dos.




ofreceremos las pruebas correspondientes.

3. (Inmueble de Juan) El 30 de abril de 2008 Juan Schievenini Zanella adquiri la

propiedad de una fraccin del inmueble sealado en el hecho nmero 1, por medio de la

declaracin de prescripcin (usucapin) que realiz el Juez Cuarto Civil de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Cuautitln, Estado de Mxico, en la sentencia que dict

en la fecha citada, dentro del juicio ordinario civil 1585/2007, que inici en contra de Juan

Arturo, Jorge y Virgilio, todos de apellidos Schievenini Zanella.

Dicha sentencia caus ejecutoria mediante auto de fecha 27 de mayo de 2008. La


superficie, medidas y colindancias de la fraccin del inmueble que adquir son las

siguientes:

Al norte en 146.70 metros y colinda con Juan Zanella.

Al sur en 146.84 metros y colinda con Rodolfo Zerboni.

Al oriente en 211.61 metros y colinda con Daniel Zanella.

Al poniente en 209.24 metros y colinda con Jorge Schievenini Zanella.

Teniendo una superficie total de 30,267.40 metros cuadrados.

Esto lo acreditamos por el momento con la copia simple de la sentencia y auto citados

que acompaamos como anexo tres.





4. (Conocimiento de la ejecucin de los actos y primer acto de aplicacin de las leyes

reclamadas) El 17 de diciembre de 2009 diversas personas ingresaron a la Granja Mayte,

que est formada por los diversos inmuebles que las autoridades responsables nos

expropiaron, y empezaron a realizar trabajos de excavacin, delimitaron con postes y

rejas en una fraccin de los mismos, partiendo prcticamente en dos dicha Granja.

El 18 de diciembre de 2009 Juan Schievenini Zanella en compaa de m hijo de nombre

Juan Carlos Schievenini Minutti, le preguntamos a una persona que dijo llamarse Ingeniero

Jos Guadalupe Ramrez Miranda y ser Gerente de la Obra sobre lo que sucedi el da

anterior y lo que sigue sucediendo (excavaciones, delimitaciones con postes y malla

metlica).

Esta persona nos coment que la fraccin del inmueble que estaba siendo delimitada por

medio de postes y malla metlica:

(a) Fue expropiada por el gobierno del Estado de Mxico.

(b) Que el 17 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 10:00 horas, el Director

General de Gobierno de la Regin Tultitln, Licenciado Jos Alfredo Torres Martnez, en

ejecucin del decreto de expropiacin levant el acta de posesin y deslinde de

expropiacin, y entreg fsica y materialmente la posesin y propiedad del inmueble

expropiado al Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos,

Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Mxico por medio de su Director General, el

ingeniero Manuel Ortiz Garca.

Asimismo que se procedi a la colocacin de mojoneras y a delimitar la superficie.

Que durante la elaboracin de dicha acta estuvo presente el Notario Pblico 147 del

Estado de Mxico, con residencia en Tultitln, el Maestro en derecho, Joel Huitrn Bravo y

los testigos Licenciado Julio Rosales Meja y Agustn Daz Gonzlez.

(c) Que ese mismo das 17 de diciembre de 2009 se llev a cabo el acta de entrega-

posesin del inmueble expropiado, mediante la cual el Organismo Pblico

Descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del

Estado de Mxico por medio de su Director General, el ingeniero Manuel Ortiz Garca

entreg la posesin de dicho inmueble a Concesionaria Mexiquense S. A. de C. V.,


(d) Que mediante el oficio nmero econmico 1020-2008-00 de fecha 10 de julio de 2009,

el Director de Ecologa y Salud Pblica del H. Ayuntamiento Constitucional de Tultepec,

Estado de Mxico liber el permiso para talar diversos rboles que se encuentran dentro

de nuestra propiedad.

Como podr advertir se trata de la aplicacin en nuestro perjuicio de los artculos 14, 15 y

16 de la Ley de Expropiacin que se refiere a la ejecucin del Decreto expropiatorio.

Este hecho lo acreditaremos con la testimonial de las referidas personas, con los

documentos antes sealados, con las copias certificadas correspondientes y dems

pruebas. En el momento procesal que seala el artculo 151 de la Ley de Amparo o, en su

caso, dentro del plazo que seala la jurisprudencia citada: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL,



5. (Conocimiento del decreto expropiatorio) Con motivo de la anterior pltica el 22 de

diciembre de 2009 nos enteramos en forma completa, mediante una investigacin que

realizamos, que 17 de agosto de 2009 en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de

Toluca de Lerdo, capital del Estado de Mxico, el Poder Ejecutivo del Estado de Mxico,

por medio del Gobernador del Estado de Mxico o Gobernador Constitucional del Estado

Libre y Soberano de Mxico, expidi el DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE

EXPROPIA POR CAUSA DE UTILIDAD PBLICA UNA FRACCIN DEL INMUEBLE DENOMINADO "RANCHO

MAYTE", UBICADO EN EL KILMETRO 12+788.72 AL KILMETRO 13+044.33, EN EL MUNICIPIO DE

TULTEPEC, MXICO, PARA DESTINARLA A LA CONSTRUCCIN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA

CARRETERO DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO, CONOCIDO COMO "CIRCUITO EXTERIOR

MEXIQUENSE", A FAVOR DEL ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE

AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MXICO.

Del resultando nmero 9 del decreto de expropiacin se desprende que no fuimos

notificados previamente del procedimiento de expropiacin ya que segn Con fecha 1

de julio de 2009, el licenciado Luis F. Alcntara Hinojosa, Director Tcnico Jurdico del

Instituto de la Funcin Registral del Estado de Mxico, mediante oficio nmero

202G1A000/495/2009, inform que no se encontraron datos registrales respecto del

inmueble denominado Rancho Mayte.

Asimismo, en el considerando V del referido decreto expropiatorio el Gobernador seal

V. La fraccin del inmueble objeto de expropiacin no se encuentra inscrita en el

Registro Pblico de la Propiedad y por ende no nos sealaros como propietarios de los

inmuebles que expropiaron.

Por su parte en el artculo SEXTO de dicho decreto el gobernado determin que El pago

de la indemnizacin ser cubierto por el Organismo Pblico Descentralizado Sistema de

Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Mxico, en una sola

exhibicin a la persona o personas que en derecho proceda con motivo de la

expropiacin, es decir, no nos sealaros como propietarios de los inmuebles que

expropiaron.

A su vez en el artculo DCIMO de dicho decreto el gobernado determin que

Notifquese este Decreto a quien o quienes tengan derecho, en trminos del artculo 12

de la Ley de Expropiacin para el Estado de Mxico, de igual forma, no nos sealaros

como propietarios de los inmuebles que expropiaron.

Contrario a lo anterior, s existen antecedentes registrales del inmueble expropiado y el

inmueble objeto de expropiacin s se encuentra inscrito en la Oficina Registral del Distrito

de Cuautitln Mxico, por lo que, como lo haremos valer ms adelante, el decreto

expropiatorio se encuentra indebidamente motivado porque se basa en un hecho

contrario a la realidad.

Asimismo, existe una contradiccin interna en el mismo Decreto expropiatorio ya que por

un lado se refiere a 28,965.78 metros cuadrados como la superficie expropiada y al mismo

tiempo seala como las medidas y colindancias de dicha superficie las de todo el

inmueble de nuestra propiedad. Es decir no es claro en cuanto a la superficie, medias y

colindancias reales expropiadas.

Asimismo, suponiendo que la superficie a expropiar slo sean 28,965.78 metros cuadrados,

tampoco seala con precisin el polgono a expropiar dentro del inmueble, es decir,

cules son las medidas y colindancias de dicha superficie de 28,965.78 metros cuadrados

y a qu parte de los inmuebles de nuestra propiedad se refiere, sino que dej

indebidamente a la autoridad ejecutora la posibilidad real de decidir arbitrariamente en

qu parte de los inmuebles de nuestra propiedad trazara dicho polgono.

Esto es as porque en el Decreto expropiatorio tampoco aparece un plano que delimite

dicho polgono.

En esa misma fecha tambin nos enteramos que el referido decreto fue publicado el lunes

24 de agosto de 2009 en la Gaceta del Gobierno, Peridico Oficial del Gobierno del

Estado Libre y Soberano del Mxico, nmero 39, tomo CLXXXVIII, mismo que

acompaamos en copia simple como anexo cuatro.

Como podr advertir de una simple lectura del Decreto expropiatorio se trata de la

aplicacin de los artculos 1, 2, 3, fraccin I, 4, 5, 6, 7, 8 9 y 10, 17, fraccin I, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25 y 32 de la Ley de Expropiacin que se refieren a las etapas del

procedimiento expropiatorio en sede administrativa, a los requisitos que debe contener un

Decreto expropiatorio, la indemnizacin que deben pagar a los afectados.

6. (Procedimiento administrativo de expropiacin en sede administrativa) Del Decreto

expropiatorio antes citado se desprende las etapas que siguieron las autoridades



responsables antes de que el Poder Ejecutivo local lo emitiera.

De las mismas se desprende que no fuimos citados debidamente, que no nos dieron

oportunidad de defendernos dentro de dicho procedimiento, que no nos permitieron

defendernos, ofrecer pruebas ni alegar en contra de cada uno de los oficios, dictmenes,

avalos y actos jurdicos siguientes:

Del Oficio nmero 211D10000/463/08 de fecha 1 de septiembre de 2008 por medio del

cual el Director General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y

Auxiliares del Estado de Mxico por medio del cual le solicit al Gobernador

Constitucional del Estado de Mxico, la expropiacin de los inmuebles que las autoridades

responsables nos expropiaron, tal como se advierte del resultando 1 del Decreto

expropiatorio.

Del Oficio nmero 211A00000/016/2008 de fecha 9 de febrero de 2009, por medio del cual

el Secretario de Comunicaciones, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, que envi ese mismo

da a la Direccin Jurdica, tal como se advierte del resultando 1 del Decreto

expropiatorio.

Del acuerdo de fecha 25 de junio de 2009 por medio del cual la Direccin Jurdica inici el

procedimiento de expropiacin de los inmuebles que las autoridades responsables nos

expropiaron, as como dicho procedimiento administrativo, tal como se advierte del

resultando 3 del Decreto expropiatorio.

Del avalo comercial de fecha 21 de octubre de 2008 que emiti el Instituto de

Informacin de los inmuebles que las autoridades responsables nos expropiaron, tal como

se advierte del resultando 5 del Decreto expropiatorio.

Del Oficio nmero SIN/172/10/08 de fecha 29 de octubre de 2008 mediante el cual el

ciudadano Ignacio Trejo, Sndico del Ayuntamiento hizo constar que los inmuebles que las

autoridades responsables nos expropiaron no estn destinados a la prestacin de un

servicio pblico, tal como se advierte del resultando 6 del Decreto expropiatorio.

Del Oficio nmero SHA/020/2008 de fecha 29 de octubre de 2008 mediante el cual el C. P.

Alfonso Martnez Orihuela, Secretario del Ayuntamiento hizo constar que los inmuebles que

las autoridades responsables nos expropiaron carece de valor histrico, artstico o cultural,

tal como se advierte del resultando 7 del Decreto expropiatorio.

Del Oficio nmero RAN-EM/ST/4368/2008 de fecha 19 de diciembre de 2008 mediante el

cual el C. Jess Mara Silva Muoz, el Registro Agrario Nacional, seal que los inmuebles

que las autoridades responsables nos expropiaron no se encuentra dentro de la poligonal

de algn ncleo agrario, tal como se advierte del resultando 8 del Decreto expropiatorio.

Del Oficio nmero 202G1A000/495/2009 de fecha 1 de julio de 2009 mediante el cual el

licenciado Luis F. Alcntara Hinojosa, Director Tcnico Jurdico del Instituto de la Funcin

Registral, mediante el cual inform que no se encontraron datos registrales respecto de los

inmuebles que las autoridades responsables nos expropiaron, segn dicha autoridad,


conocido como Rancho Mayte, tal como se advierte del resultando 9 del Decreto

expropiatorio.

Del acta de posesin y deslinde de expropiacin de fecha 17 de diciembre de 2009

mediante la cual, aproximadamente a las 10:00 horas, el Director General de Gobierno de

la Regin Tultitln, Licenciado Jos Alfredo Torres Martnez, en ejecucin del decreto de

expropiacin levant el acta de posesin y deslinde de expropiacin, y entreg fsica y

materialmente la posesin y propiedad de los inmuebles que las autoridades responsables

nos expropiaron al Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Autopistas,


General, el ingeniero Manuel Ortiz Garca.

Del acta de entrega-posesin del inmueble expropiado de fecha 17 de diciembre de






Del acta de entrega-posesin del inmueble expropiado de fecha 17 de diciembre de






Del Dictamen tcnico que emiti la Junta de Caminos del Estado de Mxico, por el cual

determin que la fraccin del inmueble a expropiar es idnea para la causa de utilidad


Del dictamen tcnico de la Direccin General de Desarrollo Urbano de la Secretara de

Desarrollo Urbano en el que se seal: que en virtud de que el Plan de Desarrollo Urbano



seccin de 60 metros sobre el predio en cuestin, y consider que cumple con la

condicin de ser una obra por causa de utilidad pblica.

Por otra parte, dicho Decreto no seal en forma clara, precisa y detallada cul es la

causa de utilidad pblica con base en la cual el Poder Ejecutivo local expropi, es decir,

cul de las diez hiptesis que prev el artculo 3, fraccin I, de la Ley de Expropiacin la

constituye, pues no seal la hiptesis especfica que, segn dicha autoridad se

actualizaba, a pesar de que, como lo alegaremos ms adelante, el Poder Ejecutivo local

est obligado a precisarlo en cumplimiento a nuestra garanta de debida

fundamentacin y motivacin prevista en el artculo 16 de la Constitucin General.

Tampoco el Poder Ejecutivo local justific en el Decreto expropiatorio que se encuentra

comprobada la causa de utilidad pblica, pues tiene la obligacin de explicar y justificar


la existencia, en cumplimiento a nuestra garanta de debida fundamentacin y

motivacin prevista en el artculo 16 de la Constitucin General, pues por el contrario se

limit a sealar en el considerando IV, del citado Decreto expropiatorio lo siguiente:

IV. En observancia al artculo 10 de la Ley de Expropiacin para el Estado de Mxico, de

las constancias que integran el expediente expropiatorio se encuentra comprobada la

causa de utilidad pblica; as como la idoneidad del bien inmueble a expropiar, de

acuerdo con los datos siguientes:

a). Dictamen tcnico emitido por la Junta de Caminos del Estado de Mxico, por el cual

se determina que la fraccin del inmueble a expropiar es idnea para la causa de utilidad


b). El dictamen tcnico de la Direccin General de Desarrollo Urbano de la Secretara de

Desarrollo Urbano, en el que se seala: que en virtud de que el Plan de Desarrollo Urbano



seccin de 60 metros sobre el predio en cuestin, por lo que se consider que cumple con

la condicin de ser una obra por causa de utilidad pblica.

Lo anterior no constituye una debida motivacin del Decreto expropiatorio pues en

cuanto al dictamen tcnico de la Junta de Caminos solo describi, mas no seal los

motivos y circunstancias ni justific que los inmuebles que nos expropi son idneos para la

causa de utilidad pblica que refiri.

Incluso no es claro en este punto porque, como ya lo sealamos no fue exactamente

precisada la hiptesis especfica que constituyera la causa de utilidad pblica que

justificara la expropiacin.

Respecto del dictamen tcnico de la Direccin General citada solo describi, que el Plan

de Desarrollo Urbano del Municipio contempla la construccin de vialidad regional con

seccin de 60 metros sobre el predio en cuestin, por lo que se consider que cumple con

la condicin de ser una obra por causa de utilidad pblica, mas no justific los motivos y

circunstancias que llevaron el Poder Ejecutivo local a concluir que los inmuebles que nos

expropiaron son idneos y no otros.

Como advertir en el Decreto expropiatorio no se encuentra dicha justificacin como

debi haber estado.

7. (Identidad de los inmuebles de nuestra propiedad con los expropiados y las

afectaciones). En virtud de que no fue delimitado debidamente el polgono de la

superficie a expropiar, ni existe un plano o elementos en en el Decreto expropiatorio que

permitan precisar las afectaciones reales hasta el momento de la firma de esta demanda

son aproximadamente las siguientes:

Afectaciones materiales aproximadas y hasta el momento a Juan Arturo, Jorge y Virgilio:

11,952,472 metros cuadrados.

Afectaciones materiales aproximadas y hasta el momento a Jos: 220,313 Metros

cuadrados.

Afectaciones materiales aproximadas y hasta el momento a Juan: 16,059,250 metros

cuadrados.

Durante este juicio ofreceremos las pruebas periciales correspondientes para demostrar la

identidad de los inmuebles expropiados y sus afectaciones, en virtud de que , como las

excavaciones y construcciones siguen avanzando, es necesario, que los peritos

correspondientes emitan sus dictmenes al respecto dentro de este juicio.

En el inmueble que es propiedad de Juan Schievenini Zanella existe un pozo que est

siendo utilizado, con base en una concesin, por todos los dems propietarios para el

riego de las tierras agrcolas que se encuentran en los inmuebles expropiados y con la

divisin de la Granja Mayte ya no podremos regar las tierras que estn en el lado oeste

de la granja porque han sido interrumpidos los canales (zanjas) de distribucin.

8. (Primer acto de aplicacin de las leyes y normas generales reclamadas) Los artculos

de las leyes reclamadas fueron aplicadas por primera vez en nuestro perjuicio en el

decreto expropiatorio antes citado, as como en su ejecucin, y por ello las reclamamos

con motivo de su primer acto de aplicacin en nuestro perjuicio, tal como se aprecia de

una simple lectura del mismo.

Respecto de los antecedentes de la iniciativa, discusin, aprobacin, promulgacin y

publicacin de los artculos de las leyes que reclamamos, le pedido que en obvio de

repeticiones innecesarias tenga aqu por reproducido dichos antecedentes que

sealamos en el captulo de leyes y actos reclamados.

9. Como podr advertir las autoridades responsables no respetaron nuestras garantas de

audiencia previa, legalidad y seguridad jurdica porque afirmaron que no existen

antecedentes registrales del inmueble expropiado cuando s existen y que no est inscrito

en el Registro Pblico de la Propiedad cuando s lo est, no nos notificaron el inicio del

procedimiento de expropiacin, no nos permitieron intervenir en dicho procedimiento,

tampoco ofrecer pruebas y alegar en contra de cada uno de los actos que constituyen el

procedimiento de expropiacin.

10. En suma, demandamos el amparo y proteccin de la justicia de la Unin, a efecto de

que seamos protegidos en contra de las leyes y actos de las autoridades que sealamos

como responsables.

CONCEPTOS DE VIOLACIN

PRIMERO. Las autoridades que intervinieron en la iniciativa, discusin,

aprobacin, promulgacin y publicacin del artculo 77, fraccin XXX,

de la Constitucin para el Estado Libre y Soberano de Mxico

restringieron nuestras garantas de propiedad y audiencia previa, fuera

de los casos y condiciones que los artculos 1, 14 y 27 de la Constitucin

General establecen.


I. Las autoridades responsables no deben restringir ni suspender nuestras garantas

individuales fuera de los casos y condiciones que la misma Constitucin General

establece, tal como lo ordena su artculo 1, segn el cual En los Estados Unidos

Mexicanos todo individuo gozar de las garantas que otorga esta Constitucin, las

cuales no podrn restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que

ella misma establece..

Nuestras garantas estn protegidas en contra de leyes que expidan las autoridades

responsables por los principios de universalidad e indisponibilidad. Esto se advierte del

dictamen de la Comisin que cre dicho precepto, que fue ledo y aprobado en la sesin

de fecha 13 de diciembre de 1916:

Comenzando el estudio del proyecto de Constitucin presentado por la Primera

Jefatura, la Comisin es de parecer que debe aprobarse el artculo 1, que contiene

dos principios capitales cuya enunciacin debe justamente preceder a la

enumeracin de los derechos que el pueblo reconoce como naturales al hombre, y

por esto encomienda al poder pblico que los proteja de una manera especial, como

que son la base de las instituciones sociales. El primero de esos principios, es que la

autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de

la Repblica. El segundo, es que no debe restringirse ni modificarse la proteccin

concedida a esos derechos, sino con arreglo a la misma Constitucin2

El primero implica que todos debemos gozar de las garantas individuales que nos otorga

la CONSTITUCIN GENERAL y el segundo que las autoridades responsables no pueden

disponer de dichas garantas (restringiendo o suspendindolas) como y cuando quieran,

sino slo en los casos y con las condiciones que la misma CONSTITUCIN GENERAL

establece y en caso contrario su acto debe ser declarado inconstitucional o

anticonstitucional.

Este artculo tiene como finalidad evitar los abusos que exiatieron antes de la

CONSTITUCIN GENERAL y es aplicable en este juicio de amparo porque en este juicio nos

defendemos de los abusos que cometieron las autoridades responsables.

Por esto, las autoridades responsables tienen la carga de la prueba de demostrar en este

juicio que restringieron nuestras garantas individuales de legalidad, seguridad jurdica,

audiencia y propiedad dentro de los casos y condiciones que la CONSTITUCIN GENERAL

establece y en caso contrario le pedimos que nos otorgue el amparo y proteccin de la

justicia de la Unin. Es aplicable la tesis que tiene por rubro GARANTIAS INDIVIDUALES (criterio

5).

II. En el caso concreto las autoridades responsables que intervinieron en la iniciativa,

discusin, aprobacin, promulgacin y publicacin de la Constitucin para el Estado Libre

y Soberano de Mxico restringieron nuestras garantas de audiencia previa y de

propiedad fuera de los casos y condiciones que establecen los artculos 14, prrafo

2 Comisin Nacional para las Celebraciones del 175 aniversario de la independencia nacional y 75

aniversario de la Revolucin Mexicana, Congreso Constituyente 1916-1917, Diario de debates, tomo

I, Mxico, Instituto Nacional de Estudios Histricos, p. 618.

segundo, y 27, fraccin VI, prrafos segundo y tercero, de la CONSTITUCIN GENERAL.

Los artculos 1, 14, prrafo segundo, y 27, fraccin VI, prrafos segundo y tercero,

interpretados sistemticamente ordenan que las autoridades responsables no deben

privarnos de nuestras propiedades, posesiones o derechos sino en determinados casos y

bajo ciertas condiciones que la propia CONSTITUCIN GENERAL establece en dichos

preceptos.

Estos derechos fundamentales universales e indisponibles constituyen un lmite a las

autoridades responsables, que si los sobrepasan mediante leyes y actos, como lo hicieron

en este caso, su Seora debe declararlos inconstitucionales.

De acuerdo con el artculo 14, prrafo segundo, de la CONSTITUCIN GENERAL tenemos

una garanta de audiencia previa a la creacin del acto privativo.

Conforme a dicho precepto las autoridades responsables no deben privarnos de nuestras

propiedades, posesiones o derechos fuera de los casos y condiciones que la

CONSTITUCIN GENERAL establece, sino slo (a) mediante juicio seguido ante los

tribunales previamente establecidos, (b) en el que se cumplan las formalidades esenciales

del procedimiento y (c) conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Las autoridades responsables tienen la carga de probar que al privarnos de nuestras

propiedades, posesiones y derechos lo hicieron en los casos y con las condiciones que

prev dicho artculo 14 y en caso que no lo hagan le pedimos que nos otorgue el amparo

y proteccin de la justicia de la Unin.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ha creado jurisprudencia que tiene

por rubro: AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS

PARTICULARES (criterio 6), segn la cual con base en la garanta de audiencia la autoridad

legislativa queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para

que se oiga a los interesados y se les d oportunidad de defensa en aquellos casos en

que resulten afectados sus derechos.

La Segunda Sala de dicha Suprema Corte tambin ha creado jurisprudencia que tiene

por rubro: EXPROPIACIN. LA GARANTA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA

EMISIN DEL DECRETO RELATIVO (criterio 7), en el sentido de que las autoridades responsables

nos deben respetar nuestra garanta de audiencia en forma previa a la emisin del

decreto expropiatorio.

En congruencia con dicho criterio, la referida Segunda Sala declar inconstitucional la Ley

de Expropiacin (federal) porque no contena procedimiento alguno por el que se

otorgara al gobernado la garanta de audiencia previa y emiti la tesis que tiene por

rubro EXPROPIACIN. LA LEY RELATIVA VIOLA EL ARTCULO 14, PRRAFO SEGUNDO, DE LA

CONSTITUCIN, AL NO CONTENER PROCEDIMIENTO ALGUNO POR EL QUE SE OTORGUE AL

GOBERNADO LA GARANTA DE AUDIENCIA PREVIA (criterio 8).

En estas condiciones, el artculo 77, fraccin XXX, de la Constitucin Local restringe nuestra

garanta de audiencia previa porque no prev ni ordena, ni algn otro de dicha

Constitucin local, la existencia de un procedimiento que nos otorgue y respete nuestra

garanta de audiencia previa.

Esto es as porque dicha fraccin del artculo citado solo establece que es facultad y

obligacin del Gobernador del Estado Determinar los casos en los que sea de utilidad

pblica la ocupacin de la propiedad privada y decretar la expropiacin en trminos de

la ley respectiva, sin que establezca en dicho precepto ni en algn otro de dicha

Constitucin local un procedimiento que nos otorgue y respete nuestra garanta de

audiencia previa.

Es decir, no establece un procedimiento dirigido a escucharnos previamente a la

determinacin de los casos en que sea de utilidad pblica la ocupacin de nuestra

propiedad y a la emisin del decreto expropiatorio, en el que obligue a las autoridades

responsables a cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento que nos

permita una adecuada y oportuna defensa: 1) La notificacin del inicio del

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una

resolucin que dirima las cuestiones debatidas, de acuerdo con la siguiente jurisprudencia

que tiene por rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO (criterio 9).

Por su parte, si bien en cierto que el Estado de Mxico tiene plena capacidad para

adquirir y poseer todos los bienes races necesarios para los servicios pblicos (artculo 27,

fraccin VI, primero prrafo de la CONSTITUCIN GENERAL) y que su Poder Legislativo, en

funciones de constituyente, tiene la facultad para legislar en dicha materia (artculo 124

de la CONSTITUCIN GENERAL), tambin lo es que lo debe hacer respetando nuestra

garanta de audiencia previa (artculo 14, segundo prrafo, de la CONSTITUCIN

GENERAL), misma que no respet.

Esto es as porque dicha autoridad legislativa no debe facultar al Gobernador del Estado

de Mxico para que nos prive de nuestras propiedades, posesiones y derechos sin

establecer un procedimiento por el que se otorgara la garanta de audiencia previa

como ya lo he sealado.

En caso de que Usted declare la inconstitucionalidad de dicho precepto, por

consecuencia el Decreto expropiatorio carecera de fundamentacin y por ende debe

ser declarado inconstitucional. Es aplicable la tesis: LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO

SOBRE LA DECLARACIN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO

(Criterio 10).

III. En consecuencia, le pido que declare fundado y suficiente este concepto de

violacin, declare que el artculo 77, fraccin XXX, de la Constitucin Local es

inconstitucional porque no estable un procedimiento que nos permita ser odos y vencidos

previamente a la emisin del decreto expropiatorio, as como con base en lo anterior en

su momento procesal oportuno nos otorgue el amparo y proteccin de la Justicia de la

Unin.

SEGUNDO. Las autoridades responsables que intervinieron en la

iniciativa, discusin, aprobacin, promulgacin y publicacin la Ley de

Expropiacin aplicable restringieron, y lo continan haciendo, nuestras

garantas de audiencia previa y propiedad, previstas en los artculos 1,

14 y 27 de la Constitucin General, fuera de los casos y condiciones que

la misma establece.



establece, como ya lo sealamos (artculo 1 de la Constitucin General).

II. En el caso concreto las autoridades responsables que intervinieron en la iniciativa,

discusin, aprobacin, promulgacin y publicacin de la Ley de Expropiacin

restringieron nuestra garanta de audiencia previa y propiedad previstas en el artculo 14,

segundo prrafo, y 27, fraccin VI, prrafos segundo y tercero, de la CONSTITUCIN

GENERAL fuera de los casos y condiciones que la misma establece.




bajo ciertas condiciones que la propia Constitucin General establece en dichos

preceptos.


autoridades responsables, que si los sobrepasan mediante leyes, como lo hicieron en este

caso, su Seora debe declararlos inconstitucionales.

De acuerdo con el artculo 14, prrafo segundo, de la Constitucin General tenemos una

garanta de audiencia previa a la creacin del acto privativo.

Conforme a dicho precepto las autoridades responsables no deben privarnos de nuestras

propiedades, posesiones o derechos fuera de los casos y condiciones que la Constitucin

General establece, sino slo (a) mediante juicio seguido ante los tribunales previamente

establecidos, (b) en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y

(c) conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.





El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ha creado jurisprudencia, que ya

hemos citado, segn la cual con base en la garanta de audiencia la autoridad legislativa

queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga

a los interesados y se les d oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten

afectados sus derechos.

La Segunda Sala de dicha Suprema Corte tambin ha creado jurisprudencia, que ya

citamos, en el sentido de que las autoridades responsables nos deben respetar nuestra

garanta de audiencia en forma previa a la emisin del decreto expropiatorio.

En congruencia con dicho criterio, la referida Segunda Sala declar inconstitucional la Ley

de Expropiacin (federal) porque no contena procedimiento alguno por el que se

otorgara al gobernado la garanta de audiencia previa como ya lo sealamos.

En estas condiciones, la Ley de Expropiacin restringe nuestra garanta de audiencia

previa porque no prev un procedimiento para que seamos odos, se nos d la

oportunidad de defensa y nos sea respetada nuestra garanta de audiencia previa a la

emisin del decreto expropiatorio.

Es decir, no establece un procedimiento dirigido a escucharnos previamente a la

determinacin de los casos en que sea de utilidad pblica la ocupacin de nuestra

propiedad y a la emisin del decreto expropiatorio, en el que obligue a las autoridades

responsables a cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento que nos

permita una adecuada y oportuna defensa: 1) La notificacin del inicio del

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una

resolucin que dirima las cuestiones debatidas, de acuerdo con la siguiente jurisprudencia

que tiene por rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO ya citada.

Por su parte, si bien en cierto que el Estado de Mxico tiene plena capacidad para

adquirir y poseer todos los bienes races necesarios para los servicios pblicos (artculo 27,

fraccin VI, primero prrafo, de la Constitucin General) y que su Poder Legislativo, en

funciones de constituyente, tiene la facultad para legislar en dicha materia (artculos 27,

fraccin V, segundo y tercer prrafo, as como 124 de la Constitucin General), tambin lo

es que lo debe hacer respetando nuestra garanta de audiencia previa (artculo 14,

segundo prrafo, de la Constitucin General), misma que no respet.

Esto es as porque dicha autoridad legislativa no debe facultar al Poder Ejecutivo Local

para que nos prive de nuestras propiedades, posesiones y derechos sin establecer un

procedimiento por el que se otorgara la garanta de audiencia previa como ya lo he

sealado.

La citada Ley de Expropiacin tiene 3 ttulos: El primero seala las causas de utilidad

pblica, la facultad del Gobernador para decretar la expropiacin, as como lo relativo al

pago de la indemnizacin. Como advertir no contiene un procedimiento que respete

nuestra garanta de audiencia previa.

El segundo, prev el procedimiento administrativo para la expropiacin de la propiedad

privada pero no prev un procedimiento que nos permita defendernos previamente en

contra de la solicitud de la expropiacin, ni mucho menos intervenir y defendernos en el

trmite y procedimiento que, de acuerdo con dicha ley, debe seguir la Secretara

General del Gobierno por conducto de la Direccin Jurdica y Consultiva, ni tampoco

respecto de los informes, dictmenes, peritajes y dems elementos respecto de la

idoneidad material y tcnica del bien, existencia del valor histrico, artstico o cultural, as

como la causa de utilidad pblica.

Slo despus de declarada la expropiacin debe ser notificado el propietario o poseedor

del bien expropiado y no previamente (artculo 12).

Despus de 5 das de notificada la declaratoria de expropiacin se debe citar

personalmente al propietario o poseedor afectado y se le debe indicar el da en que se

llevar a cabo la diligencia de posesin; es decir, la intervencin que se le debe dar a los

afectados es despus de decretada la expropiacin y no antes del acto privativo

(artculo 14).

Como podr advertir, la intervencin que dicha ley da al afectado es despus de la

declaratoria de expropiacin y antes de la ejecucin del decreto expropiatorio, lo cual

impide a los afectados defenderse oportuna y adecuadamente (artculos 12 y 14). En

nuestro caso las autoridades responsables ni siquiera nos notificaron debidamente porque

con base en un informe falso afirmaron que los inmuebles de nuestra propiedad no tenan

antecedentes registrales.

El recurso administrativo de revocacin no puede ser considerado como un instrumento

que nos respete nuestra garanta de audiencia previa a la emisin del decreto

expropiatorio, porque los afectados slo podran real y jurdicamente, interponerlo

despus de que hayan sido notificados, es decir, despus de la declaratoria de

expropiacin contenido en dicho Decreto expropiatorio (artculos 12 y 14) y no antes de la

emisin del mismo.

Para evitar repeticiones innecesarias le pido que tenga aqu por reproducido las partes

del captulo de hechos y abstenciones en cuanto a la aplicacin de los preceptos

impugnados en nuestro perjuicio.

En caso de que Usted declare la inconstitucionalidad de dichos preceptos, por

consecuencia el Decreto expropiatorio carecera de fundamentacin y por ende debe

ser declarado inconstitucional. Es aplicable la tesis: LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO

SOBRE LA DECLARACIN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO

ya citado.


violacin, declare que la Ley de Expropiacin que nos fue aplicada en el Decreto

expropiatorio es inconstitucional porque no estable un procedimiento que nos permita ser

odos y vencidos previamente a la emisin del decreto expropiatorio, as como con base

en lo anterior en su momento procesal oportuno nos otorgue el amparo y proteccin de la

Justicia de la Unin.


TERCERO. Las autoridades responsables que intervinieron en el

procedimiento de expropiacin, que emitieron los diversos oficios y

dems actos, as como en la expedicin, refrendo y publicacin del

mismo restringieron, y lo continan haciendo, nuestras garantas de

audiencia previa, propiedad, seguridad jurdica y legalidad, previstas

en los artculos 1, 14, 16 y 27 de la Constitucin General, fuera de los

casos y condiciones que la misma establece.



establece, como ya lo sealamos (artculo 1 de la Constitucin General).

II. En el caso concreto las autoridades responsables que intervinieron en el procedimiento

de expropiacin y en la expedicin, refrendo y publicacin del mismo restringieron, y lo

continan haciendo, nuestras garantas de audiencia previa, propiedad, seguridad

jurdica y legalidad, previstas en los artculos 1, 14, 16 y 27 de la CONSTITUCIN GENERAL,

fuera de los casos y condiciones que la misma establece.




bajo ciertas condiciones que la propia Constitucin General establece en dichos

preceptos.


autoridades responsables, que si los sobrepasan mediante leyes, como lo hicieron en este

caso, su Seora debe declararlos inconstitucionales.

De acuerdo con el artculo 14, prrafo segundo, de la Constitucin General tenemos una

garanta de audiencia previa a la creacin del acto privativo, segn la cual las

autoridades responsables no deben privarnos de nuestras propiedades, posesiones o

derechos fuera de los casos y condiciones que la Constitucin General establece, sino

slo (a) mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, (b) en el

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y (c) conforme a las leyes

expedidas con anterioridad al hecho.





La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin ha creado jurisprudencia

que tiene por rubro ACTOS ADMINISTRATIVOS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. NO ES NECESARIO

RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, CUANDO ESTA ES TOTALMENTE OMISA RESPECTO

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES CONSAGRADAS POR EL ARTICULO 14

CONSTITUCIONAL (criterio 11), segn el cual las autoridades administrativas deben cumplir

las formalidades esenciales del procedimiento aunque la ley del acto no establezca, en

manera alguna, requisitos ni formalidades previamente a la emisin del acto reclamado,

para respetar la garanta de previa audiencia y que para alcanzar el otorgamiento del

amparo basta demostrar la contradiccin entre el acto y la Carta Fundamental.

En nuestro caso, tal como se desprende del captulo de hechos del texto del citado

Decreto no se desprende que las autoridades responsables hayan seguido un

procedimiento dirigido a escucharnos previamente a la determinacin de los casos en

que sea de utilidad pblica la ocupacin de nuestra propiedad y a la emisin del decreto

expropiatorio, en el que las autoridades responsables hayan cumplido con las

formalidades esenciales del procedimiento que nos permitiera una adecuada y oportuna

defensa previa:

1) La notificacin del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

3) La oportunidad de alegar; y

4) El dictado de una resolucin que dirima las cuestiones debatidas, de acuerdo con la

siguiente jurisprudencia que tiene por rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.

SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO que

ya citamos.

Por su parte, como ya lo sealamos en el captulo de hechos del resultando nmero 9 del

decreto de expropiacin se desprende que no fuimos notificados previamente del

procedimiento de expropiacin ya que segn Con fecha 1 de julio de 2009, el licenciado

Luis F. Alcntara Hinojosa, Director Tcnico Jurdico del Instituto de la Funcin Registral del

Estado de Mxico, mediante oficio nmero 202G1A000/495/2009, inform que no se

encontraron datos registrales respecto del inmueble denominado Rancho Mayte.



Registro Pblico de la Propiedad, lo cual es falso como ya lo demostramos.

Por su parte en el artculo SEXTO de dicho decreto el Gobernador determin que El pago




expropiacin, sin sealarnos como propietarios.



de la Ley de Expropiacin para el Estado de Mxico, sin sealarnos como propietarios.



de Cuautitln Mxico, por lo que, el decreto expropiatorio se encuentra indebidamente

motivado porque se basa en un hecho contrario a la realidad.





tiempo seala como las medidas y colindancias de dicha superficie, las de todo el


colindancias a expropiar, lo que implica tambin una indebida motivacin del referido

decreto.






qu parte de los inmuebles de nuestra propiedad trazara dicho polgono.

Esto es as porque en el Decreto expropiatorio tampoco aparece un plano que delimite

dicho polgono, lo que implica tambin que dicho decreto se encuentre indebidamente

motivado.

Esto es as porque las autoridades responsables no deben emitir actos de molestia sin

cumplir los casos y condiciones que prev el artculo 16 constitucional: (a) que exista

mandamiento escrito, (b) de la autoridad competente, (c) que funde y motive la causa

legal del procedimiento.

En otras palabras, dicho decreto no est debidamente fundado ni motivado porque los

hechos ah sealados no se adecuan a las hiptesis normativas que le permitan a la

autoridad la emisin legal del Decreto expropiatorio, tal como debe haber sido de

acuerdo con la jurisprudencia: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION (criterio 12).

Por su parte, el artculo 12 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, el artculo 17

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos establece dichos derechos,

publicado en el Diario Oficial de la Federacin los das 9 de enero y 20 de mayo, ambos

de 1981 y el artculo 11 de la Convencin Americana de Derechos Humanos publicada en

el Diario Oficial de la Federacin los das 9 de enero y 7 de mayo, ambos de 1981,

establecen que nadie podr ser objeto de injerencias arbitrarias en su domicilio, mismos

que han sido violados por las autoridades responsables como ya lo he sealado.


violacin, declare que el procedimiento y Decreto expropiatorio es inconstitucional

porque no nos notificaron la iniciacin del procedimiento de expropiacin, no nos dieron

la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que fincramos nuestra defensa, no

nos dieron la oportunidad de alegar, ni de la declaracin de utilidad pblica y la

expropiacin no fue decretada con base en las manifestaciones de la autoridad y las

nuestras al ejercer nuestra garanta de audiencia previa, as como en su momento

procesal oportuno nos otorgue el amparo y proteccin de la Justicia de la Unin.

CUARTO. Las autoridades que intervinieron en el procedimiento y en la

emisin del Decreto expropiatorio restringieron nuestras garantas de

propiedad, legalidad y seguridad jurdica, fuera de los casos y

condiciones que los artculos 1, 14, 16 y 27, segundo prrafo, de la

Constitucin General establecen.


individuales fuera de los casos y condiciones que la misma CONSTITUCIN GENERAL

establece, tal como lo ordena su artculo 1, segn el cual En los Estados Unidos

Mexicanos todo individuo gozar de las garantas que otorga esta Constitucin, las

cuales no podrn restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que

ella misma establece..

Nuestras garantas estn protegidas en contra de leyes que expidan las autoridades

responsables por los principios de universalidad e indisponibilidad y dicho artculo tiene

como finalidad evitar los abusos que haban existido antes de la Constitucin General y es

aplicable en este juicio de amparo porque en este juicio nos defendemos de los abusos

que cometieron las autoridades responsables, como ya lo sealamos.

Por esto, las autoridades responsables tienen la carga de la prueba de demostrar en este

juicio que restringieron nuestras garantas individuales de propiedad, legalidad y seguridad

jurdica dentro de los casos y condiciones que la Constitucin General establece y en

caso contrario le pedimos que nos otorgue el amparo y proteccin de la justicia de la

Unin.

II. En el caso concreto, las autoridades responsables que intervinieron en el

procedimiento y en la emisin del Decreto expropiatorio restringieron nuestras garantas

de propiedad, legalidad y seguridad jurdica, fuera de los casos y condiciones que los

artculos 1, 14, 16 y 27, segundo prrafo, de la Constitucin General establecen.

Los artculos 1, 14, prrafo segundo, 16, primer prrafo y 27, prrafo segundo, de la

Constitucin General ordenan que las autoridades responsables no deben privarnos de

nuestras propiedades sino cuando exista una causa de utilidad pblica, que se trate de

un bien necesario para los servicios pblicos y que dicho Decreto debe estar

debidamente fundado y motivado.

Esto es as porque el artculo 27, segundo prrafo, de la Constitucin General establece

que Las expropiaciones slo podrn hacerse por causa de utilidad pblica, lo cual

obliga a las autoridades responsables que intervinieron en el procedimiento y emisin del

Decreto de expropiacin a justificar y demostrar que existe una causa especfica de

utilidad pblica. El mismo criterio se encuentre en la tesis: EXPROPIACION POR CAUSA DE

UTILIDAD PUBLICA (Criterio 13).

Tambin porque el artculo 27, fraccin VI, de la Constitucin General establece que Los

estadostendrn plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes races

necesarios para los servicios pblicos, de lo cual se desprende la obligacin de las

autoridades responsables de justificar no solo que existe una causa de utilidad pblica sino

tambin que el bien inmueble expropiado es idneo para satisfacer la causa de utilidad

pblica especifica y que se trata de un bien raz necesario para la prestacin de los

servicios pblicos. Similar conclusin se encuentra en la tesis: EXPROPIACION. PARA QUE SE

DECRETE, ES NECESARIO QUE EL BIEN RESPECTIVO SEA IDONEO PARA SATISFACER LA CAUSA DE

UTILIDAD PUBLICA DE QUE SE TRATE. (Criterio 14).

Adems, dicha justificacin, motivos y circunstancias deben constar en el Decreto

expropiatorio para que los afectados estemos en posibilidad de defendernos tal como se

desprende del artculo 16, primero prrafo, de la Constitucin General y las

jurisprudencias: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA

RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO y FUNDAMENTACIN Y MOTIVACIN. EL ASPECTO

FORMAL DE LA GARANTA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA

DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIN. (Criterios 15 y 16)

Las autoridades responsables que emitieron el Decreto expropiatorio estn impedidas

para alegar y justificar en este juicio con elementos externos a los sealados en el Decreto

expropiatorio la causa de utilidad pblica, la idoneidad de los inmuebles que nos

expropiaron y la debida fundamentacin y motivacin, ya que dicho supuesto opera

siempre y cuando se tenga la absoluta certeza de que tal actuacin o resolucin fue

conocida oportunamente por los afectados.

Lo cual no sucedi en este caso porque, como ya lo demostramos, las autoridades

responsables que intervinieron en el procedimiento administrativo de expropiacin no nos

notificaron debidamente y, contrariamente a la realidad, afirmaron que los inmuebles que

nos fueron expropiados no tenan antecedentes registrales. Es aplicable a contrario sensu

la jurisprudencia FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. CUANDO PUEDE CONSTAR EN DOCUMENTO

DISTINTO AL QUE CONTENGA EL ACTO RECLAMADO. (Criterio 17).

Por su parte, las autoridades responsables tambin estn obligadas a citar el numeral en

que funde su actuacin y precisar la fraccin, el prrafo, la hiptesis, etc., para sustentar

sus actos tal como se desprende de la siguiente tesis: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION,

GARANTIA DE. LA AUTORIDAD AL EMITIR EL ACTO DEBE CITAR EL NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SU

ACTUACION Y PRECISAR LAS FRACCIONES DE TAL NUMERAL. (Criterio 18).

Estos derechos fundamentales constituyen un lmite a las autoridades responsables, que si

los sobrepasan mediante leyes y actos, como lo hicieron en este caso, su Seora debe

declararlos inconstitucionales.

En este caso, durante el procedimiento de expropiacin como en el referido Decreto las

autoridades responsables, ya sealadas en cuanto a su intervencin de cada una de las

fases, restringieron nuestras garantas citadas fuera de los casos y condiciones que sealan

los aludidos preceptos.

Esto es as porque del resultando nmero 9 del decreto de expropiacin se desprende que

Con fecha 1 de julio de 2009, el licenciado Luis F. Alcntara Hinojosa, Director Tcnico

Jurdico del Instituto de la Funcin Registral del Estado de Mxico, mediante oficio nmero



202G1A000/495/2009, inform que no se encontraron datos registrales respecto del

inmueble denominado Rancho Mayte.



Registro Pblico de la Propiedad

Por su parte en el artculo SEXTO de dicho decreto el gobernado determin que El pago




expropiacin, es decir, no nos sealaros como propietarios de los inmuebles que

expropiaron.



de la Ley de Expropiacin para el Estado de Mxico, de igual forma, no nos sealaros

como propietarios de los inmuebles que expropiaron.



de Cuautitln Mxico, por lo que el decreto expropiatorio se encuentra indebidamente

motivado porque se basa en un hecho contrario a la realidad.



tiempo seala como las medidas y colindancias de dicha superficie las de todo el


colindancias reales expropiadas lo que genera que dicho acto se encuentre

indebidamente motivado.






qu parte de los inmuebles de nuestra propiedad trazara dicho polgono, lo

denuncia por expropiación de terreno en favor de ohl

Documents