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Conservación y DESARROLLO SOSTENIBLE en Venezuela (1992-2002) Visión de la Sociedad Civil en la Implementación de la Agenda 21 EDITORES Biólogo, Diego Díaz Martín, MSc Abogado, Mildred Real, Esp. Biólogo, Isabel Novo Torres, MSc. Comunicadora Social, Mary Carmen Sobrino, Esp. Industriólogo, Ana María Giammarino, MSc. Contador Público, José Antonio Apostólico, Esp. Ingeniero de Recursos Naturales, Cecilia Gómez Miliani, Esp.

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Conservación y

DESARROLLO SOSTENIBLE

en Venezuela

(1992-2002)

Visión de la Sociedad Civil en la

Implementación de la Agenda 21

EDITORES

• Biólogo, Diego Díaz Martín, MSc

• Abogado, Mildred Real, Esp.

• Biólogo, Isabel Novo Torres, MSc.

• Comunicadora Social, Mary

Carmen Sobrino, Esp.

• Industriólogo, Ana María

Giammarino, MSc.

• Contador Público, José Antonio

Apostólico, Esp.

• Ingeniero de Recursos Naturales,

Cecilia Gómez Miliani, Esp.

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Carencia de un Consejo Nacional para

el Desarrollo Sostenible (CNDS)

Pocos esfuerzos del Estado venezolano para dar a

conocer los alcances y compromisos de la

Agenda 21 en favor del desarrollo sostenible,

desde la celebración de la Cumbre de las

Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo

(CNUMAD) en Río de Janeiro 1992

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A nivel de ecosistemas, Venezuela destaca por su especial condición geográfica en el neotrópico:

Amazónico, Andino, Atlántico, Caribeño y Llanero, con una diversidad de ambientes, desde nieves

perpetuas en los Andes, hasta zonas desérticas o semidesérticas en Falcón, pasando por una enorme

variedad de hábitats que incluyen arrecifes coralinos, sabanas, tepuyes y morichales.

Venezuela posee una extraordinaria variedad de

plantas, animales y ecosistemas que la ubica entre

los primeros diez países con mayor diversidad de

seres vivos del planeta y sexto en América

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La Agenda 21 (14-6-1992) comprende un programa

de acción con las estrategias para detener e invertir

los efectos de la degradación ambiental del planeta

en el contexto de la intensificación de los esfuerzos

nacionales e internacionales para promover un

desarrollo sostenible y ambientalmente racional.

Venezuela posee diversidad

de recursos naturales susceptibles

de ser aprovechados:

el petróleo, recursos en el sector forestal,

pesquero, agrícola y recurso humano

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• Definición de prioridades nacionales con

presupuestos suficientes para alcanzar objetivos

de bienestar humano y la obligación de las

autoridades en la rendición de cuentas

Lecciones aprendidas en estos 10 años:

• Necesidad de una sana gobernabilidad, basada en

la activa participación de la ciudadanía y la

transparencia de las decisiones sustentadas en un

amplio consenso técnico y social, asegurando que

se tomen en consideración tanto las opiniones de

los más pobres y menos favorecidos, como de

aquellos aventajados en el ámbito político,

social o económico

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• construcción de una cultura de la legalidad y poderes judiciales sólidos que garanticen, que

aboguen y hagan valer los acuerdos sociales para lograr la sustentabilidad ambiental

Lecciones aprendidas en estos 10 años:

• la democratización del acceso a la información y

el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia

y cooperación, tanto dentro del país como con

diversos organismos internacionales

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• Si bien la realidad del año 1992 es muy distinta a la del

2002, a 10 años de la Cumbre de la Tierra, se deben

evaluar los principios de la Agenda 21 y su aplicabilidad.

La historia social, económica y política en la

década que concluye en el 2002 y que se inició

con la Cumbre de la Tierra, ha sido una de las

etapas más difíciles para el país en el ámbito

político, económico y social, debido

principalmente al manejo ineficiente de los

problemas socioeconómicos en el contexto global

Contexto socioeconómico y político

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• Poco aprovechamiento de las grandes reservas de gas

natural, la crisis financiera que afectó al sector bancario,

todo esto con el subsiguiente incremento sostenido del

costo de la vida y la cesta alimentaria.

Durante esta década ha persistido en el país la

inestabilidad política y el ámbito económico se ha

caracterizado por una depreciación del bolívar en

más del 1500%, así como una dependencia

significativa de las exportaciones petroleras, cuya

reducción en producción ha mermado la

participación del país en dicho mercado.

Contexto socioeconómico y político

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• Durante el 2002 el país experimenta un déficit fiscal originado

principalmente por el incremento sostenido del gasto público. A

partir de febrero de 2002 el ejecutivo nacional ha establecido

medidas tendentes a mitigar dicho déficit, tales como un nuevo

esquema de libre flotación cambiaria que ha originado una

devaluación de 70% en cinco meses, una propuesta de incremento

en un punto porcentual del impuesto al consumo suntuario y ventas

al mayor (IVA) y el establecimiento del impuesto a las transacciones

bancarias (0,75%).

En el ámbito de la salud se observa el resurgimiento

de enfermedades como el Sarampión, el Paludismo y

el Dengue.

Contexto socioeconómico y político

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• Cerca del 60% del parque industrial se encuentra en situación

de cierre o extrema emergencia; el comercio ha perdido 20% del

mercado, afectado no sólo por la baja en el poder adquisitivo de

la población sino por el creciente comercio ilegal; la economía

informal se estima oficialmente en 51,8% de la población

económicamente activa.

El Ejecutivo Nacional ha buscado alternativas de

financiamiento por medio de los mercados

financieros internacionales y locales,

sin logros satisfactorios

Contexto socioeconómico y político

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• El país no ha emprendido la construcción de

ninguna obra de infraestructura de envergadura

nacional que pudiera generar empleos y/o servicios

y los representantes del sector agrícola y pecuario

tienen dudas sobre el respeto a la propiedad

privada y sus derechos sobre las tierras que

trabajan, además de recibir pocos incentivos para

la producción.

El turismo, especialmente el sector hotelero, ha

tenido pérdidas que llegan a 70%, afectado no solo

por componentes internos, sino por la situación

mundial del sector ante los atentados terroristas.

Contexto socioeconómico y político

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• la canasta alimentaria para familias de cinco miembros, se estima en Bs. 278.000

mensuales (aproximadamente US $ 214), la básica (que incluye servicios de primera

necesidad y vivienda) en Bs. 821.000 (aproximadamente US $632), pese a que el

salario mínimo oficial es de Bs. 190.080 (aproximadamente US $147)

La población desocupada alcanza 15,8%

según cifras oficiales, aunque sectores

privados estiman alcance 21,5%

Contexto socioeconómico y político

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• Nuevo plan de desarrollo basado en cinco equilibrios que comprende: El económico, social,

territorial, internacional y político

La práctica de estos cinco equilibrios se fundamenta en la participación protagónica de

todo el pueblo venezolano

En 1999 se inició un nuevo período

gubernamental con una carga de cambio

ideológico político profundo, fortalecido a

finales de ese mismo año cuando se promulgó

la CRBV que derogó la Constitución de 1961

Contexto socioeconómico y político

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• La década de los 80 marcó el surgimiento y el fortalecimiento de los órganos de integración, tipo

redes y coordinadoras, de carácter regional o temático, por lo que la década de Río a

Johannesburgo es recibida con un movimiento ambiental y social amplio, diverso y altamente

reconocido por su importancia para la sociedad.

El país cuenta con el primer Ministerio

del Ambiente y los Recursos Naturales

Renovables de Latinoamérica y único, hasta

la década de los 90

Contexto institucional

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• En el año 2000, la Red ARA bajo la coordinación

de Fundación Tierra Viva y con el apoyo de

Fundación Polar, Fundación Banco Mercantil, el

Banco Mundial, Petróleos de Venezuela (PDVSA),

SOCSAL y WWF, realizó un informe donde se

señaló que el 54% de las ONG ambientales

habían sido creadas entre 1990 y el 2000

La alta rotación de los niveles estratégicos

y tácticos en la gestión oficial, ha generado

continuos cambios en el estilo y las políticas

de gestión determinadas por la ausencia de

una planificación estratégica que supere la actuación

administrativa de un determinado gobierno

Contexto institucional

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• La visión holística del ambiente alcanza

su máxima expresión jurídica en 1983, al

regularse los recursos naturales como un

todo con la promulgación de la Ley

Orgánica para la Ordenación del Territorio

(LOPOT).

En 1976, se promulgó la Ley Orgánica

del Ambiente (LOA)

Contexto jurídico

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• La CNUMAD influye en forma positiva en el desarrollo del derecho ambiental y su aplicación en Venezuela, enfatizando su tendencia con las iniciativas de carácter jurídico que promovió al reafirmar la Declaración de Estocolmo con la

Declaración de Río, que al proclamar 27 principios y su plan de acción por áreas temáticas se

constituye en la Agenda 21

En 1992 en cumplimiento del mandato de la

LOA (artículo 36), se promulgó la Ley Penal

del Ambiente (LPA) que cierra con oro el ciclo

de Estocolmo iniciado en 1972, para asumir el

reto de Río.

Contexto jurídico

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• En Venezuela, la concentración de poderes con

la subsiguiente descentralización acentuó el

problema del solapamiento de competencias entre

las instancias gubernamentales encargadas de la

gestión ambiental, lo que sumado a las

limitaciones, complica la situación

Mención especial merecen la protección de la capa

de ozono y la conservación y uso racional de la

diversidad biológica. En la primera se ha logrado la

reducción y posterior eliminación de los CFC con la

adopción del Protocolo de Montreal. En la segunda

se decretó la Ley de Diversidad Biológica y elaboró la

Estrategia Nacional y su Plan de Acción.

Contexto jurídico

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• Se estableció un grupo de trabajo conformado por 15 ONG quienes apoyaron la distribución del

documento a nivel nacional, incluyendo la REDSOC de Organizaciones para el Desarrollo

Social y la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Venezuela, RED ARA.

Asimismo, se incluyó una sección especial en el site de VITALIS (www.vitalis.net).

Metodología de la Consulta:

• Instrumento de consulta conformado por 40

interrogantes cerradas, en base a los principios que

conforman la Agenda 21

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• Lucha contra la pobreza

(93,3% opina que la lucha contra la pobreza está

lejos de ser alcanzada)

Evaluación del cumplimiento de la Agenda 21

Sección I. Dimensiones Sociales y Económicas

• Cooperación para acelerar el desarrollo

sostenible de los países en desarrollo y políticas

internas asociadas

(93,2% opina que no se ha cumplido)

• Evolución de las modalidades de consumo

(97,8 opina que hay severas limitaciones para su logro)

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Evaluación del cumplimiento de la Agenda 21

Sección I. Dimensiones Sociales y Económicas

• Dinámica demográfica y sostenibilidad

(92,3% opina que es limitado)

•Protección y fomento de la salud humana

(93% considera como limitada en sus avances la

satisfacción de las necesidades de atención

primaria de la salud)

•Fomento del desarrollo sostenible de

los recursos humanos

(fue valorada por 88% como limitada)

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Evaluación del cumplimiento de la Agenda 21

Sección I. Dimensiones Sociales y Económicas

• Dimensión ambiental en la toma

de decisiones

(fue considerada por 78,6% de los entrevistados

como limitada)

Sección II.

Conservación y Gestión de los Recursos

• Planificación y ordenación de los recursos de tierras

(fue catalogada de limitada por 67,4%)

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El perfeccionamiento de la base científica

para la adopción de decisiones relacionadas

con la prevención del agotamiento del ozono

estratosférico y en general la contaminación

atmosférica transfronteriza, fue reconocida

como limitado por el 85,4%

Sección II.

Conservación y Gestión de los Recursos

• Protección de la atmósfera

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Sección II.

Conservación y Gestión de los Recursos

• Lucha contra la deforestación

(fue considerada por 90,76% como limitada)

•Lucha contra la desertificación y la sequía

(fue reconocido como limitado por 78%)

•Desarrollo sostenible de las zonas de montaña

(fue considerada como limitada por 85.7%)

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Sección II.

Conservación y Gestión de los Recursos

• Agricultura y desarrollo rural sostenibles

(fue apreciada por 91% como limitada)

• Conservación de la diversidad biológica

(fue considerada como limitada por 62.1% )

• Gestión ecológicamente racional de la biotecnología

(fue reconocida por 93% como limitada)

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Sección II.

Conservación y Gestión de los Recursos

• Protección de Océanos y Mares

(fue considerada por 81.4% como limitada)

• Recursos de Agua Dulce

(fue evaluado por 95.5% de las organizaciones

participantes como limitado)

• Productos Químicos Tóxicos

(fue evaluada por 83.7% como limitada)

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Sección II.

Conservación y Gestión de los Recursos

• Desechos Peligrosos

(Los esfuerzos adelantados para la promoción de la

prevención y la reducción al mínimo de los desechos

peligrosos fueron evaluados por el 83% como limitados)

• Desechos Sólidos

(La prevención y reducción al mínimo de estos desechos fue

catalogada por 73% como limitada)

• Desechos Radiactivos

(La gestión inocua y ecológicamente racional de los

desechos radioactivos fue evaluada por 82% como limitada)

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Sección III:

Fortalecimiento de los Grupos Sociales

• Mujeres en la ordenación Nacional e internacional de

los ecosistemas y la lucha contra la degradación

ambiental

(fue catalogada por 70% como limitada)

• Infancia y juventud en el desarrollo sostenible

(86.5% considera que aún persisten importantes

limitaciones )

• Poblaciones indígenas y sus comunidades

(62.8% señala que aún persisten serias limitaciones para

su consolidación)

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Sección III:

Fortalecimiento de los Grupos Sociales

• Organizaciones No Gubernamentales

(52.3% opina que hay avances o logros)

• Autoridades locales y Agenda 21

(87.5% considera limitada la gestión de las autoridades

locales en torno a la adopción y cumplimiento de la

Agenda 21)

• Trabajadores y sus sindicatos

(88.4% opina que persisten serias limitaciones para que

puedan incorporarse activamente las acciones orientadas

a promover la sustentabilidad)

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Sección III:

Fortalecimiento de los Grupos Sociales

• Comercio e industria

(81% considera que persisten limitaciones para lograr

importantes avances)

• Comunidad científica y tecnológica

(59.5% opina que hay persistencia en las limitaciones para

consolidar su progreso)

• Agricultores

(93% opina que son los grupos con mayores dificultades

para adoptar y cumplir los principios de la Agenda 21)

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Sección IV:

Medios para la puesta en práctica

• Recursos y mecanismos de financiamiento

(93,4% considera como limitado su progreso)

• Transferencia de tecnología

(fue considerada como limitada por 76,8% )

• Ciencia para el desarrollo sostenible

(65,1% opina que aún se confrontan serias limitaciones)

• Educación, capacitación y toma de conciencia

(fue valorado por el 69% como limitado)

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Sección IV: Medios para la puesta en práctica

• Mecanismos nacionales y cooperación internacional

(74,4% opina que la misma se ha limitado)

• Arreglos institucionales internacionales

(74,4% opina que se encuentra en proceso pero con

limitaciones para su alcance en Venezuela)

• Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales

(50% refiere importantes avances o logros en esta materia)

• Información para la adopción de decisiones

(83% considera que existen limitaciones para su puesta en

marcha en el país)

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• Se observa en esta década: decrecimiento

económico; aumento sostenido del desempleo y la

pobreza; aumento de la economía informal; ausencia

de nuevos empleos sustentados en un mejoramiento

cuantitativo y cualitativo de todos los niveles de

educación, de salud y de la seguridad

• Si no logramos poner en práctica un modelo de progreso

ambientalmente sustentado, no será posible mejorar

nuestra calidad de vida y la del planeta

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• Destacan dentro de los temas emergentes el

ambiente y la pobreza, con una fuerte limitación para

la adopción y puesta en marcha de los principios para

garantizar un desarrollo sostenible. El análisis se da

en ambas direcciones, tanto como una causa que

determina la ocurrencia de otros problemas

ambientales, como una consecuencia derivada de la

compleja problemática actual.

• Se reconoce como un problema de gran importancia la

equidad social y el acceso a los servicios básicos

(particularmente el agua)

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• Principales demandas: la generación de empleo,

la aplicación de la normativa legal, la vulnerabilidad

ante desastres naturales y la debida atención

sanitaria (fundamentalmente preventiva), incluyendo

la educación

• Condiciones fundamentales para lograr el apoyo de las

comunidades en la mejora de la calidad de vida: la

democratización en el acceso a la información y la toma

de decisiones, el apoyo a la descentralización, el

fortalecimiento de la gobernabilidad y el trabajo de los

gobiernos regionales y municipales

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• Existe un aparente aislamiento entre las

instituciones de investigación (generadoras de

conocimiento) con las organizaciones

gubernamentales (demandantes del conocimiento)

responsables de la toma de decisiones significativas

para el desarrollo sostenible de Venezuela.

• Tareas fundamentales a corto y mediano plazo: la

formulación de políticas para el desarrollo sostenible y el

establecimiento de lineamientos ampliamente

consensuados en materia de educación ambiental y

participación ciudadana a favor del desarrollo

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• El incentivo al uso de tecnologías ambientalmente

responsables, la gestión ecológicamente racional de

la biotecnología, el fomento de las capacidades

públicas y privadas para la sustentabilidad, la lucha

contra la deforestación y la planificación y manejo

de la biodiversidad y la protección de ecosistemas

estratégicos, requieren de esfuerzos importantes en

materia de financiamiento, capacitación y monitoreo.

• Temas emergentes de alta prioridad: la ética y la

globalización, y los contaminantes orgánicos persistente

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• En torno al tema del manejo de los residuos, sean

estos peligrosos, domésticos, de salud u otros, ya

considerados de interés nacional, destaca la

ausencia de un plan estratégico nacional, único y

consolidado que permita integrar en forma

coherente y sistemática las acciones de todos los

actores involucrados, y que además cuente con los

recursos humanos, técnicos y financieros para

acometer los retos que impone la crítica situación de

esta problemática

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1. Informar periódicamente sobre alcances de la Agenda 21 y lo

que la comunidad internacional espera del país, así como la

situación de su implementación

2. Diseñar un Plan Nacional para el DS que articule los esfuerzos

que se desarrollan en el país, integrando todos los sectores y

asegurando la continuidad de los procesos con independencia

político-partidista

3. Crear el Comité Nacional de Desarrollo Sostenible, para

coordinar efectivamente todas las acciones derivadas de la

adopción de los programas de la Agenda 21, así como de

aquellos que se deriven de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo

Sostenible en Johannesburgo.

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4. Desarrollar un sistema de indicadores de la gestión de la

sustentabilidad para monitorear el progreso en la adopción de los

principios de la Agenda 21, basados en objetivos y metas

cuantificables en un horizonte temporal de gestión

5. Reactivar el Consejo Nacional para la Educación Ambiental, las

correspondientes comisiones regionales y los comités municipales,

como entes institucionales autónomos coordinadores

6. Diseñar programas de capacitación que abarquen todos los

niveles y modalidades educativas para cumplir con el Art. 107 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

comenzando por la revisión, actualización o creación de toda la

base conceptual de la temática ambiental

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7. Definir las prioridades ambientales del país, con una amplia y

representativa participación de los diferentes sectores

8. Promover la definición de una clara política ambiental, coherente

con las otras políticas nacionales, de progresiva administración,

basada en una continuidad técnica y gerencial, con conocimiento de

los problemas y de las posibles alternativas de solución, y

transversal a todos los sectores de producción del país

9. Promover la activa coordinación de esfuerzos entre la sociedad

civil organizada, el empresariado, la comunidad científica y

tecnológica, el resto de los poderes públicos y los medios de

comunicación social

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10. Fortalecer el desarrollo del derecho ambiental para promover la

eficiencia de la norma de manera que sea lo suficientemente idónea

como para alcanzar los objetivos propuestos, enfatizando la

seguridad jurídica frente a la necesidad de garantizar el ejercicio del

derecho a un ambiente sano

11. Evaluar los efectos en el ambiente de los planes, políticas y

programas a la luz de los principios del desarrollo sostenible en la

legislación nacional

12. Realizar un estudio sistemático para la armonización de la

legislación que rige la materia como fue propuesto en la Cumbre de

las Américas en Santa Cruz, Bolivia, 1996, incluyendo el diseño y

formulación de programas de evaluación periódica de la legislación

para hacerla más eficaz

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13. Fortalecer la planificación estratégica a corto, mediano y largo

plazo, con una justa asignación presupuestaria, y el concurso de

todos los actores involucrados, con los indicadores que permitirán

medir la efectividad de las acciones, incluyendo mecanismos de

seguimiento y control. Especial interés merece la planificación

hidrológica, el manejo de las áreas protegidas y el control de las

actividades susceptibles de degradar el ambiente

14. Fortalecer la capacidad jurídica de la gestión ambiental con la

generación de instrumentos de carácter preventivo y de control que

permitan la aplicación

de la norma

15. Evaluar y proteger los recursos de agua dulce y revisar los

objetivos nacionales para la utilización, calidad, protección y mejora

de su calidad

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16. Revisar los mecanismos de consulta y coordinación

interinstitucional, a nivel gubernamental, no gubernamental y privado,

a los fines de garantizar el intercambio sistemático de información

17. Incrementar la inversión pública y/o privada en la gestión

ambiental, a los fines de fortalecer y consolidar la estructura

administrativa oficial y/o privada existente a nivel nacional

18. Establecer una política de producción limpia que incorpore

incentivos económicos de tipo fiscal y créditos a la industria para

propiciar la reconversión, así como programas encaminados a

maximizar los beneficios derivados los programas de secuestro de

Carbono

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19. Fomentar la creación y desarrollo de una estructura eficiente y

efectiva que fomente la reducción, reutilización y reciclaje de residuos

a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural. Asimismo, resulta

imperativo evaluar y corregir en el menor plazo posible, los

mecanismos de recolección, tratamiento y disposición final de

residuos domésticos, y el manejo apropiado de desechos peligrosos,

tóxicos y/u hospitalarios

20. Propiciar la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos

con competencia e interés en la gestión ambiental, particularmente de

aquellos con responsabilidad directa en la defensa, conservación y

mejoramiento del ambiente, incluyendo a las autoridades locales

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21. Propiciar la creación y mantenimiento de espacios en los medios

de comunicación social dirigidos a la promoción de valores,

conocimientos y conductas cónsonas con la conservación ambiental y

el desarrollo sostenible, con énfasis en aquellos espacios orientados

a sensibilizar, informar y formar a la ciudadanía en torno a la

importancia de conservar un ambiente sano

22. Identificar y documentar los problemas ambientales prioritarios y

las necesidades de desarrollo sostenible, para su atención inmediata

en el marco de una agenda única de país, intersectorial y

multidisciplinaria, que convoque e incorpore a los principales sectores

públicos y privados, incluyendo a la comunidad académica, científica

y tecnológica, con una amplia participación de las comunidades, las

ONG y los medios de comunicación