conflicto colombia

XXVII edició del Curs d’Estiu:

AMÈRICA LLATINA: VELLS CONFLICTES, NOVES SORTIDES

1 www.universitatdelapau.org

El laberinto de la violencia en Colombia

Obstáculos e iniciativas para la paz

José Ángel Ruiz Jiménez1

En principio, hablar de Colombia evoca una serie de referencias como color,

simpatía, belleza, buen café, destacados futbolistas y ciclistas, alegres ritmos musicales

(cumbia, salsa, vallenato…), brillantes escritores y artistas que copan los primeros

puestos de ventas de discos cada vez que presentan un nuevo trabajo, como Shakira,

Carlos Vives y Juanes.

Sin embargo, existe otra imagen de Colombia en el imaginario colectivo: la

relacionada con violencia, guerrilla, narcotráfico, emigración… Muchos, incluso en la

propia Colombia, se preguntan qué sucede en un país plagado de riquezas naturales, de

mayor tamaño que España y Francia juntas, con una población talentosa y trabajadora, y

con la democracia más antigua de Sudamérica, para sufrir las tremendas crisis que la

han venido sacudiendo, especialmente en las únicas décadas. Menudean los análisis al

respecto, y con frecuencia la prensa centra su atención en el conflicto armado con las

guerrillas locales y en el narcotráfico. Siendo éstas dos cuestiones de gran relevancia,

considero que resultan insuficientes para explicar por sí solas los graves problemas

estructurales de Colombia. En el breve espacio que permiten estas páginas, trataré de

reseñar las distintas y numerosas variables que, a mi juicio, son de mayor peso y

confluyen para dar lugar a la situación de conflicto y violencia que sufre este país. Cada

una de ellas, si bien se hallan interconectadas, requeriría de acciones específicas para su

solución, y sólo cuando se las afronte en conjunto y con una perspectiva de futuro

común podrá empezar a verse la luz en un país que sufre ya de medio siglo de crisis y

violencia en una espiral que no parece tener fin. Ese es el principal desafío para empezar

a alcanzar la anhelada paz de la que tanto se habla en ese atribulado país.

Una geografía difícil y una historia de exclusión social.

En su retrato del aislamiento del pueblo de Macondo, en Cien años de soledad,

Gabriel García Márquez señala un aspecto fundamental de la geografía humana de

Colombia: durante la mayor parte de su historia desde la conquista, la población ha sido

escasa y ha vivido en comunidades pequeñas y desligadas. Los pocos relatos de viajeros

del siglo XVIII y los muchos del siglo XIX describen grandes extensiones de territorio

prácticamente sin habitantes. Esta escasez y dispersión de la población han dificultado

el desarrollo de las vías de comunicación y la integración económica del país.2

1 José Ángel Ruiz Jiménez es profesor titular en el departamento de Historia Contemporánea e

investigador del lPAZ en la Universidad de Granada. ([email protected]) 2 Véase PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank (2002) Colombia. País fragmentado, sociedad dividida.

Su historia. Bogotá, Norma, pp 15-32.




Otras dos características de la geografía, en este caso física, son fundamentales:

sus regiones más pobladas son a la vez tropicales y montañosas. La línea ecuatorial

atraviesa Colombia, de cuyo territorio dos terceras partes quedan en el hemisferio norte

y el tercio restante en el sur. El clima colombiano es tropical no sólo por la constancia

de las temperaturas locales sino por la abundancia de lluvias en casi todo el territorio.

Temperatura constante y lluvia abundante producen una vigorosa vegetación. Por otra

parte, las cordilleras de los Andes son las que en mayor medida dominan la topografía

del país, siendo el elemento geográfico que más ha condicionado la vida de sus

habitantes. Tanto en la época precolombina como desde la colonial, las mayores

densidades humanas se han encontrado en las altiplanicies, que permitían escapar del

calor y de las enfermedades tropicales y ofrecían condiciones favorables a la

agricultura. Si bien los altiplanos brindaron a la población un ambiente propicio,

también dividieron el país económica, cultural y políticamente. Los Andes colombianos

no forman una sola cadena montañosa sino tres imponentes cordilleras que nacen justo

al norte de la frontera con Ecuador y corren más o menos paralelas en dirección norte-

noroeste. Éstas han sido formidables barreras para la comunicación de las regiones

colombianas entre sí y con el mundo exterior. De hecho, existen abundantes crónicas de

viajeros de la colonia y del siglo XIX que son vívidos relatos de los horrores de

despalzarse por el país, con ejemplos como el pavoroso ascender o descender los

caminos de Bogotá a Honda, principal puerto interior del río Magdalena, muy utilizado

no sólo por comerciantes sino por la clase alta y los viajeros extranjeros.

Estas dificultades topográficas, que condicionaban tan poderosamente tanto la

articulación de un mercado interno como el establecimiento efectivo de un Estado

moderno centralizado, se vieron reforzadas por la decisión política de establecer la

capital en Bogotá –a 2.600 metros de altitud-, descartando opciones como la costera

Cartagena de Indias, principal puerto del país, cuna de las ideas de libertad e

independencia en Colombia y ciudad abierta al Atlántico desde el Caribe. Bogotá no

tardaría en afirmarse como bastión de una clase alta que, en su aislamiento andino, vivía

concentrada en fútiles disputas entre el partido liberal y el conservador, tan de espaldas

al pueblo colombiano, que gran parte de sus esfuerzos se centraron en imitar en su

ciudad, tanto urbanísticamente como en el atuendo, a los países del norte de Europa –

especialmente Inglaterra-, mostrando muy poca preocupación por el bienestar y el

desarrollo del resto del país.3 De este modo, Bogotá se consolidó como paradigma de

una sociedad fuertemente clasista, cerrada y excluyente. Con una geografía como la que

hemos descrito y con unas clases dirigentes de semejante mentalidad, se explican

hechos tan sintomáticos como que nunca se construyera un ferrocarril que siquiera

comunicara las principales ciudades colombianas (Bogotá, Cali, Medellín y el eje

3 Resulta llamativo y, hasta cierto punto, cómico, que como reacción a la independencia de España, en

Bogotá se rompiera con el estilo arquitectónico colonial –característico de sus barrios más antiguos, como

Candelaria- para imitar a las viviendas típicas del Reino Unido, la potencia hegemónica del siglo XIX.

Así, pueden encontrarse en el centro de la ciudad numerosas construcciones de aire inequívocamente

inglés, con sus tejados a dos aguas para protegerse de unas nieves que nunca cayeron. Por otra parte,

desde aquellos días, la clase alta bogotana adquirió el atuendo característico del gentleman británico, con

traje oscuro, bombín y paraguas. Ésta continúa siendo la imagen estereotipada del capitalino colombiano,

todavía presente como referencia en espacios como, por ejemplo las tiras cómicas periodísticas.




Cartagena-Barranquilla). Tal situación iría dando lugar a un fuerte sentimiento de

abandono en amplias capas de la población, y, en perspectiva, ayudan a explicar lo

sangriento de posteriores conflictos, desde los que caracterizaron el período

denominado por los historiadores La Violencia, hasta los protagonizados por guerrilla,

Estado y paramilitares desde los años 60 acta la actualidad. Todo ello son ejemplos de

las dificultades atravesadas por un Estado de dudosa legitimidad para muchos

colombianos, ya que, en perspectiva, rara vez ha dado la sensación de gobernar para

todos.

Tanto en el interior de Colombia como en el extranjero se ha generalizado una

muy negativa percepción de la clase política nacional y su agresividad hacia alternativas

que cuestionen el statu quo, debido a hechos como la impunidad con que se acabó con

la vida de más de un millar de miembros del partido Unión Patriótica

(fundamentalmente entre los años 89 y 92), de académicos como Darío Betancourt

(1999), de periodistas como Jaime Garzón (1999), de numerosos activistas pro derechos

humanos cada año,4 etcétera. Del mismo modo se perciben, entre otras cuestiones, la

contrarreforma agraria de hecho por la cual gran cantidad de las tierras que abandonan

los desplazados por la violencia pasan impunemente a engrosar las posesiones de

grandes ganaderos y terratenientes;5 los vínculos entre paramilitarismo, clases altas,

Estado y ejército; los altos niveles de corrupción política;6 la ineficacia en detener el

progresivo deterioro del nivel de vida de la población; la gravosa política fiscal sobre

las clases menos pudientes;7 y el juego de intereses de los partidos, que se impone al

interés de lograr genuinos acuerdos de paz, como se apreció crudamente durante la

administración Pastrana,8 cuestiones todas ellas que abordaré detalladamente más

adelante.

4 El informa anual de Amnistía Internacional de 2000 ya consideraba a Colombia como el país más

peligroso del mundo para trabajadores por los derechos humanos debido al número de asesinatos y

amenazas que sufre este colectivo. Los posteriores han confirmado este elevadísimo nivel de riesgo. 5 En 1992, el 46% de la tierra en Colombia estaba en manos del 1,4% de la población; en 2002, el 53% de

la tierra está en manos del 1´08% de la población. Informe de la Contraloría General de la República

publicado en El Tiempo, 16 de junio de 2002. 6 Veánse las estadísticas elaboradas por Transparency International y la ONU al respecto en

http://www.transparency.org/ y www.un.org , donde Colombia viene apareciendo durante años como

uno de los países más corruptos del mundo. Ver también BOLÍVAR MORENO, Gustavo. Así se roban

las elecciones en Colombia. Bogotá: Quintero, 2002. 7 Colombia afronta una baja tributación porque se hace énfasis en impuestos indirectos (como el IVA),

que en 2000 representaron el 57% del total recaudado, como señala en GARAY Luis Jorge. “Los

Elegidos”, Semana, 24 de junio - 1 de julio de 2002. A este respecto, ver también “Horas extras no se

acaban; su liquidación diurna y nocturna se unifica con un recargo del 25 por ciento”, El Tiempo, 25 de

Agosto de 2002, donde se detalla cómo la reformas de la administración Uribe empobrecen las pensiones,

reducen las indemnizaciones por despido, la minimizan la compensación por el pago de horas extras

trabajadas. Ver también “Se cocina IVA a canasta familiar”, El Tiempo, suplemento Cundinamarca, 28 de

Septiembre de 2002, donde se analiza cómo aumentan de nuevo los impuestos indirectos en claro

perjuicio de los sectores más humildes de la sociedad colombiana. 8 Véase TÉLLEZ, Edgar, MONTES, Oscar y LESMES, Jorge (2002) Diario íntimo de un fracaso.

Historia no contada del proceso de paz con las FARC, Bogotá: Planeta.

http://www.transparency.org/

http://www.un.org/




Asimismo, y en gran medida como consecuencia de lo anterior, la democracia

colombiana es cada día más formal y menos sustantiva, mero procedimiento. En

esencia, es muy dudoso que pueda consolidarse ninguna democracia con política sin

equidad económica ni justicia social: la historia de las democracias más longevas y

exitosas muestra que estas dos últimas condiciones son básicas para garantizar la

permanencia de regímenes democráticos. Por ello, Colombia vive desde hace años el

acoso a la democracia. No es sorprendente entonces que la mayoría de las encuestas

muestren una preocupante desconfianza frente a las instituciones, un alarmante

descrédito de los políticos y un notorio desdén hacia la política. La perpetuación de

estos sentimientos entre la población y la comunidad internacional sólo augura peligros

para la democracia en la región.

En definitiva, la trayectoria política de Colombia ha venido fuertemente marcada

por el carácter de sus clases dirigentes, que ha consolidado tres grandes males en la

arena socio-política: la preeminencia del interés privado sobre el colectivo; una acusada

debilidad de las instituciones, siempre al borde de la bancarrota porque los más ricos

siempre han sido reacios a tributar y las amplias capas de menesterosos no tenían con

qué hacerlo, exprimiéndose a unas siempre inestables clases medias, agravándose todo

ello por el extendido fenómeno de la corrupción. Consecuentemente, la convivencia

social resulta dificilísima. Las circunstancias descritas en este primer apartado ya dejan

patente la existencia de unas condiciones estructurales de conflicto social en el país,

nunca resueltas.

Un país rico lleno de pobres y con una economía en crisis.

Los recursos naturales de Colombia son enormes: su café está reconocido como

uno de los mejores del mundo, posee petróleo, tabaco, caña de azúcar, algodón, frutas

tropicales y cacao, todo ello en abundancia y de la mejor calidad, además de

apreciadísimas esmeraldas, oro, carbón y ferroníquel, entre otras muchas riquezas.

La estructura de propiedad de la tierra y las rentas ya marcaba una gran desigualdad

desde la época de la independencia de España en 1819, frenando la articulación de un

mercado interior, la maximización de la explotación de los recursos y la formación de

clases medias Adicionalmente, desde la segunda mitad del siglo XX, los beneficios de

la riqueza nacional irían, progresivamente, disminuyendo y repercutiendo en cada vez

menor medida en la consolidación de un Estado fuerte y de un nivel de vida de los

colombianos acorde con sus posibilidades. El primer paso lo constituyó la Alianza para

el Progreso (1961-1970), auspiciada por el presidente de los EEUU Kennedy. Tal

iniciativa consistía en ayudas económicas a América del Sur, con el objetivo de

contrarrestar la influencia de la izquierda en la región durante la Guerra Fría, y también

de liberalizar el comercio en el continente americano, lo que en buena lógica suponía

situar en una posición de enorme ventaja al país más fuerte, los Estados Unidos. Así, los

productos colombianos dejaron de ser competitivos, e incluso la agricultura se iría

arruinando progresivamente, incapaz de competir con el cereal a bajo precio o gratuito

que llegaba desde EEUU en forma de ayuda humanitaria.




La siguiente vuelta de tuerca en este sentido tendría lugar 20 años más tarde. Desde

el neoliberal Plan de Modernización de la Economía Colombiana (PMEC) iniciado por

el presidente Virgilio Barco a principios de la década de los 90, el país sufrió una

progresiva recesión que convirtió esa década en la peor del siglo en cuanto a desempleo

y renta per capita. Las consecuencias de la apertura de los mercados se hicieron sentir, y

desde la década de los 90 Colombia se convirtió en importador de alimentos. Así, se

daba la inaudita circunstancia de que un país tan grande, fértil y relativamente poco

poblado (35 millones de habitantes mediada la década de los 90) perdió la suficiencia

alimentaria. Tras la crisis económica mundial iniciada en el otoño de 1997, el deterioro

de la economía nacional llegó al extremo de que el crecimiento durante 1999 fue

negativo: un –5%, el peor de América Latina con excepción de Ecuador. La gravedad de

la crisis culminó con la concesión de créditos por parte del Banco Mundial y con la

intervención del FMI, que introdujo su primer plan de ajuste en Colombia el 20 de

diciembre de 1999. Al igual que en prácticamente todos los países en que se ha

recurrido a la ayuda económica y a la asesoría del FMI, lo que prometía ser un medio de

salvar la crisis y recuperar la autonomía se convirtió en un cáncer: en el caso de

Colombia, el aumento de la deuda externa comprometía en 2002 el 45.2% del PIB sólo

en el pago de intereses, porcentaje que de haber seguido aumentando al ritmo de

entonces hubiera supuesto el 90% del PIB en 2012. Además de la pérdida de soberanía

nacional implícita, reforzada por el modo en que se ha venido realizado la privatización

de empresas públicas,9 las condiciones de los créditos del FMI, con objeto de garantizar

su devolución, no pueden prácticamente usarse para inversión pública y social.10

Lo

ruinoso de las políticas del BM y el FMI para los países a quienes dan crédito y

asesoran es incluso reconocido por el propio Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del BM y

premio Nobel de Economía en 2001.11

Colombia posee en 2012 un Índice de Desarrollo Humano relativamente alto,

ubicado en el puesto 87 entre los 183 que considera en su estudio la ONU, con un valor

de 0.710, si bien, al desagregar del índice la variable de la desigualdad, éste desciende

hasta 0.479, lo que sitúa al país en el tercero con mayor desigualdad de los 127 a que se

aplica esa variable y el segundo del continente americano. El Índice de Necesidades

9 Las privatizaciones realizadas como parte del plan de ajuste del FMI han tenido como consecuencia, y

citaremos sólo algunos ejemplos, el que corporaciones como el BBVA y el Banco de Santander controlen

en la actualidad la mayor parte de los fondos de pensiones en Colombia, el que empresas como Avianca,

Celumóvil o Bancolombia cada vez cuenten con más accionistas extranjeros, como Citibank, y el que la

española Endesa y la chilena Enersis copen cada vez más el negocio de la energía eléctrica en Colombia.

Véase AHUMADA, Consuelo. “Una década en reversa”, en Editado (2000) ¿Qué está pasando en

Colombia?, Bogotá: El áncora. 10

Véase CABRERA GALVIS, Mauricio. “Los compromisos con el FMI”, Portafolio, 5 de Octubre de

1999, p 7; y “Listo acuerdo con el FMI. El apretón para el 2003 será de $ 3 billones”, El Tiempo, 25 de

octubre de 2002. 11

Ver STIGLITZ, Joseph E. (2002) El malestar en la globalización, Bogotá, Taurus. Stiglitz afirma que

el FMI, con sus políticas recesivas, está enterrando la democracia en los países subdesarrollados, al ser el

causante del desempleo, el analfabetismo y el hambre, y se muestra partidario de su reforma. Véase

también, del mismo autor (2012) El precio de la desigualdad. Madrid, Taurus.




Básicas Insatisfechas (NBI) a nivel nacional es del 27.78%, siendo en la céntrica Bogotá

de 9 y en el periférico y empobrecido departamento de Chocó de 79.12

En cuanto a niveles de renta, en 2002 había en Colombia 27 millones de pobres

(64% de al población total, de la que el 23%, 11 millones, estaba en una situación de

miseria extrema) y 3´5 millones de niños sin escuela.13

La matrícula universitaria era

del 13% del total de la población entre los 18 y los 25 años, y sólo el 3% en los estratos

1 y 2 terminaba la educación media e ingresaba en la superior, lo que significaba atraso

y mucha pobreza futura.14

Además, el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la

línea de pobreza era en Colombia del 48.7% frente al 13% de Argentina o el 29% de

Brasil; y el desempleo pasó del 10,6% en 1991 al 20,5% en 2000, con un subempleo del

31.3% y una informalidad del 60% que se traduce en que el 37,6% de los colombianos

ocupados tenía ingresos inferiores a un salario mínimo, todo ello según la base de datos

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El salario

mínimo, tras ser incrementado en 2012, es de 634.500 pesos (unos 293 euros),

incluyendo el suplemento de transporte.15

Si comparamos aquella situación con los datos más recientes disponibles,

encontramos que en 2010 el 37.2% vivía en la pobreza, mientras el 12.3% en pobreza

extrema o miseria, siendo la cifra combinada del 49.5 %. Además, se da la circunstancia

de que en ese año se modificó la metodología de medición de los indicadores sociales,

de modo que según los criterios anteriores la cifra se habría disparado hasta un 58.9%

(44.1%+14.8%).16

Por otra parte, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los

ingresos, sigue manteniéndose alto (0,54). Finalmente, cabe mencionar el elevado

déficit de vivienda, sufrido en 3.828.055 hogares en 2005.17

En marzo de 2010, la tasa de desempleo era del 10.14%, a lo que cabe sumar un

30.6% de subempleados (aquéllos con trabajos tan informales como vender arepas en la

calle o pañuelos en los semáforos), de modo que prácticamente la mitad de los

ciudadanos en edad de trabajar tenía ingresos inferiores a un salario mínimo, que en

aquel año era de 515.000 pesos (equivalente a unos 230 euros), incluyendo el

suplemento de transporte.

En cuanto a la cobertura de la educación básica y media, fue en 2010 del 89.7%,

siendo impartida en un 87% por instituciones estatales. En cuanto a educación superior,

la cobertura fue del 37.2%, del cual un 55% fue de carácter público. Sin embargo, las

tasas de abandono escolar siguen siendo muy elevadas y la calidad de la educación está

muy lejos de ser ideal.18

12

DANE, 2011 13

Informe de la Contraloría General de la República publicado en El Tiempo, 16 de junio de 2002. 14

CAJIAO, Francisco. “Marea alta. El nuevo estatuto docente”, El tiempo, 2 de julio de 2002. 15

Véase www.dane.gov.co 16

MESEP (Misión para el Empalme de las series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, Informe 2012, pp

57-58 y 60-61. 17

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), Informe 2011. 18

Véase www.mineducacion.gov.co

http://www.dane.gov.co/

http://www.mineducacion.gov.co/




La cobertura del régimen subsidiado de salud fue del 91.96% en 2010, cifra muy

controvertida considerando la bajísima calidad del servicio, cuya prestación es poco

accesible en zonas rurales. Además, el sistema de salud sufre una crisis financiera que

precisa una intervención urgente debido a la corrupción, las deficiencias del marco

jurídico y la falta de control.19

Naciones Unidas resume la situación de derechos

económicos y sociales de la siguiente manera: “En los municipios rurales (…) las tasas

de cobertura bruta en educación son 2.7 veces menores que en centro urbanos, la

atención institucional al parto es inferior en 19 puntos que en zonas urbanas y existe un

déficit cualitativo en la vivienda y el acceso a acueducto y alcantarillado frente al

promedio en las zonas urbanas (…) El derecho a la salud se vio afectado por el

incumplimiento de obligaciones legales, la corrupción en empresas a cargo de brindar

servicios de salud y la debilidad en los controles sobre el uso de recursos públicos.”20

Así, el desastre económico que sufre Colombia, y que implica graves consecuencias

de violencia estructural como pobreza, desempleo, desnutrición e inevitables tensiones

sociales, es otra de las fuentes de conflicto que no pueden dejarse de lado a la hora de

abordar un análisis sobre los principales problemas del país y sus posibles soluciones.

El conflicto armado: las guerrillas

Se puede considerar que en Colombia ha habido tres etapas de conflictos

armados fratricidas: las guerras civiles entre 1830 y 1902; el período denominado La

Violencia entre partidarios del partido Liberal y Conservador (1948-1953) –que

culminaría, tras la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, en un acuerdo que

estableció el Frente Nacional (1958-1984), por el que los partidos Liberal y

Conservador pactaban alternarse en el poder y reprimir cualquier otra opción política- y

el actual conflicto armado.21

En este último caso, a diferencia de los anteriores, no hay

dos grupos políticos cuyo enfrentamiento termina en una amnistía del ganador al

perdedor, sino que es de tal complejidad y duración que ha derivado en una cruel y

degradada espiral de barbarie.

El presente conflicto armado colombiano tiene su antecedente inmediato en las

guerrillas liberales consecuencia de la persecución política iniciada por el gobierno del

Partido Conservador (1946-53). El detonante de estos movimientos de resistencia fue el

asesinato del candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, hecho que dio

origen a una revuelta popular conocida como “el Bogotazo” y a un largo período de

19

Véase www.minproteccionsocial.gov.co 20

Informe anual de OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos), 2011, pp 18-19. 21

PÉCAUT, Daniel (1987) Orden y violencia. Colombia 1930-1954. Bogotá, Siglo XXI.

http://www.minproteccionsocial.gov.co/




enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos

300.000 muertos.

Fue entonces cuando los movimientos guerrilleros armados emergieron por

primera vez en Colombia, como reacción al monopolio de poder establecido por los

partidos Liberal y Conservador en 1958. Los más conocidos de estos grupos son las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación

Nacional (ELN), que inicialmente estaban comprometidos en la lucha armada por el

derecho a la tierra y la equidad social.

Las FARC, de ideología comunista y base campesina, nacieron en 1964, cuando

la violencia se trasladó a las capitales. Será entonces cuando, tras la ocupación de

Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero por el ejército colombiano, este grupo,

que había nacido como autodefensa del campesinado, se convierta en las fuerzas

revolucionarias que son ahora. Su vertiginoso crecimiento, sobre todo por el oriente

colombiano, les llevó a crear alianzas con los narcotraficantes. Actualmente tienen

presencia en casi todos los rincones del país, con una potente infraestructura, llegando a

tener más material bélico y recursos económicos que el propio ejército nacional en

varios frentes. La envergadura de las FARC ha originado un debate acerca de si podría

incluso hablarse de guerra civil. El derecho internacional contempla que para ello

deberían darse tres condiciones por parte de la insurgencia: mando responsable,

presencia y control de un territorio y capacidad de llevar a cabo acciones armadas de

forma sostenida. La estructura militar y jerarquizada de las FARC, el hecho de que

hayan llegado a controlar aproximadamente el 40% del territorio nacional (así se tratase

de las regiones más inhóspitas y despobladas), y su casi medio siglo de actividad

podrían hacer pensar, efectivamente, en una situación de guerra civil.22

Si bien la

polémica sigue abierta, la denominación del conflicto es mucho menos relevante que su

capacidad destructora y las décadas de violencia en que ha sumido al país.

La otra facción guerrillera, ELN (Ejército de Liberación Nacional), nacida en los años

60 en la provincia de Santander, se extendió en principio por las zonas donde las FARC

no tenían presencia. De ideología marxista-leninista fuertemente influenciada por la

teología de la liberación, es el segundo grupo con más fuerza en el conflicto armado.

Ambos grupos han venido sosteniendo importantes enfrentamientos con los

paramilitares.

La expansión de estos dos grandes grupos ha supuesto importantes episodios

extremadamente violentos. En torno al año 2001, fracasadas las conversaciones de Paz

con el gobierno Pastrana, se declaró abiertamente la guerra entre las FARC y el

Gobierno. La violencia se extendió por todo el país llegando a zonas donde antes no

existía presencia de ningún grupo militar, como en los centros urbanos, donde se les

denomina milicias.

22

Sobre el debate acerca de si en Colombia tiene lugar o no una guerra civil, véase POSADA CARBÓ,

Eduardo (2001) ¿Guerra civil? El lenguaje de la violencia en Colombia. Bogotá, Alfaomega.




El recrudecimiento de este conflicto se reflejó en cifras estremecedoras, como las que

situaron en alrededor de 2.700 los casos de terrorismo entre 2002 y 2004, generándose

un promedio de cuatro acciones terroristas diarias en ese período. Sólo durante 2002, las

FARC realizaron 1.409 atentados, a los que cabe sumar los del ELN, responsables de

una acción criminal cada 48 horas.

Burros, caballos, tortugas, perros, bicicletas, triciclos, balones de fútbol y hasta

cadáveres humanos cargados con explosivos fueron utilizados por las FARC en los

2.233 atentados del periodo comprendido entre el uno de enero de 2002 al uno de

septiembre de 2003, año de la transición ente los gobiernos de Pastrana y Uribe.

Igualmente se les responsabilizó de la voladura y destrucción de tres acueductos, dos

gasoductos, un peaje, un total de dieciséis puentes, tres ferrocarriles, dieciséis

estructuras de telecomunicaciones, un terminal de transportes, 79 atentados al oleoducto

y 200 voladuras de la red energética nacional solo en ese mismo período.

Las estadísticas señalan que en este mismo periodo de tiempo el ELN realizó la

voladura de 64 torres de energía, once puentes, seis gasoductos, dos entidades

bancarias, dos torres de telecomunicaciones y un terminal de transporte, en tanto que

realizó diez secuestros masivos y activó un cadáver-bomba y seis vehículos cargados de

explosivos. También atentó contra una aeronave civil, realizó 182 retenciones

arbitrarias y activó tres campos minados, entre otras acciones.

La salida al conflicto armado entre el Estado y la insurgencia se haya en una situación

de bloqueo. La guerrilla de las FARC llegó a contar con casi 40.000 efectivos armados

y entrenados, y está bien financiada por el narcotráfico y el control de amplios

territorios de difícil acceso para el ejército regular. Pese a los reveses sufridos por la

mayor presión del ejército desde el comienzo de la administración Uribe en 2002 –que

han reducido su número de efectivos a unos 15.000 en 2012- y la pérdida de sus líderes

más destacados -Raul Reyes y Tirofijo en 2008 y el Mono Jojoy en 2010-, su derrota

militar sigue siendo más que improbable. Por otra parte, las FARC y el ELN carecen de

los recursos necesarios para entrar en una guerra abierta con el Estado fuera de las

selvas y montañas en que se refugia. Si a ello unimos el escaso apoyo de que disfruta en

las ciudades, pensar en una victoria de la guerrilla que culmine con su toma del poder

político se antoja una como una posibilidad utópica. Desbloquear el dañino y activo

punto muerto a que conduce el equilibrio militar guerrilla-ejército, dada la fuerza de los

contendientes, implica unas negociaciones poco probables. Y es que el Estado no se

plantea realizar ninguna concesión política que acerque lo más mínimo al país al

comunismo campesino que caracteriza al programa político de las FARC; por su parte,

la guerrilla es lo bastante poderosa como para no renunciar a sus objetivos políticos y

rechazar cualquier tipo de desmovilización o integración social con amnistía a los ex

guerrilleros, confiando así en un futuro vuelco de los acontecimientos que les lleve a

tomar el poder en Bogotá. Éste es el punto de partida de la iniciativa negociadora entre

el gobierno y las FARC hecha pública en septiembre de 2012, fecha de redacción de

estas páginas.




Auge, desmovilización y rearme paramilitar

Los paramilitares, que históricamente han actuado en connivencia con algunos

oficiales del ejército, se oponen a la guerrilla y a cualquier persona sospechosa de

simpatizar con ellos desde la década de los 80. Surgieron como autodefensa de los

terratenientes y de los narcotraficantes que no se apoyaban en la guerrilla, y cuyos

miembros eran sobre todo militares retirados y civiles adoctrinados.23

La tácita alianza

paramilitar con el Gobierno recrudeció su enfrentamiento con las FARC y ayuda

entender el exterminio físico de su partido político, la Unión Patriótica.

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia a Paz (LJP), fue expedida

por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en virtud de los pactos alcanzados en secreto con

los grupos armados ilegales denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

durante la campaña a la presidencia y en los primeros meses de su mandato.

Con la desmovilización del principal grupo paramilitar, las AUC, iniciada en

2006, este colectivo desapareció como tal, lo mismo que hicieron, de manera definitiva,

numerosos grupos armados de autodefensa campesina. Actualmente existen nuevos

grupos armados ilegales o fortalecidos luego de dicha desmovilización y nuevos grupos

de crimen organizado, que mantienen las prácticas violentas del paramilitarismo, pero

no así su estructura, poder e impacto sobre la sociedad y el Estado.

Los procesos de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) no son nuevos

en Colombia. Entre las experiencias de este tipo, se pueden considerar la amnistía para

las guerrillas liberales decretada por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en los años 50

o el proceso de paz con diferentes guerrillas a finales de los 80 e inicios de los 90,

siendo el más importante de estos grupos el Movimiento 19 de Abril (M-19). No

obstante, el DDR ha cobrado mayor importancia ante los desafíos generados por las

desmovilizaciones colectivas de grupos paramilitares entre 2003 y 2006 bajo la Ley de

Justicia y Paz y las realizadas de manera individual por parte de guerrilleros de las

FARC y el ELN, que aumentaron desde 2002.

La LJP, que pretende enmarcarse como proceso de Justicia Transicional,

siguiendo en espíritu de la Sudáfrica post-apartheid, pretende un proceso de reparación

y reconciliación nacional. Para ello, estimula a la desmovilización de los grupos

armados al margen de la ley mediante la sustitución de penas de cárcel por otras

alternativas si colaboran con la justicia confesando la totalidad de sus delitos y

contribuyendo con su patrimonio a la compensación de las víctimas. Se trata de la

experiencia más ambiciosa de justicia restaurativa habida hasta la fecha a nivel

23

Véase el informe de Human Rights Watch “Los lazos que atan. Vínculos entre los paramilitares y el

ejército de Colombia”, editado en 2000. Ya en 1998, Kenneth Roth, de Human Rights Watch, aseguraba

que en el 73% de los asesinatos de civiles cometidos por paramilitares había implicaciones por parte del

ejército de Colombia (ver El Tiempo, 11 de Diciembre de 1998). Cabe también destacar la destitución por

el presidente Andrés Pastrana del General del Río, comandante de la Brigada 13 en Bogotá, y del General

Fernando Millán, director de la Escuela Superior de Guerra, en abril de 1999 debido a su vinculación con

el paramilitarismo, lo que en su momento se consideró como una concesión a las FARC.




internacional, lo que la convierte en especialmente atractiva e interesante sobre el papel,

si bien su aplicación práctica está dando frutos un tanto decepcionantes.24

La norma parecía neutral por cuanto afirmaba beneficiar por igual a los distintos

grupos armados ilegales: guerrilleros y paramilitares. Sin embargo, la guerrilla de las

FARC y el ELN tienen fines políticos y suficiente capacidad militar como para no

renunciar a ellos a cambio de reintegrarse precisamente en un modelo de Estado que

rechazan y contra el que combaten para ofrecer una alternativa. Además, el gobierno no

realizó ningún acercamiento de diálogo con la insurgencia, a la que siempre se refiere

como terrorista, mientras que desde la toma de posesión de Uribe en 2002 se negoció

con premura con los grupos paramilitares. En menos de cuatro meses se había

concedido una práctica impunidad a más de 30.000 paramilitares o supuestos

paramilitares desmovilizados.25

Vale la pena recordar que el Congreso de la República

que aprobó la LJP estaba integrada por al menos un 35% de senadores y congresistas

vinculados con el paramilitarismo, por lo que muchos de ellos serían procesados años

más tarde.

Además, según las informaciones obtenidas a lo largo del proceso de

desmovilización, sobre todo mediante las versiones libres de algunos paramilitares y las

investigaciones de académicos, cada día se evidencia más la cercanía de Uribe a los

paramilitares, que se remonta a su etapa como gobernador del departamento de

Antioquia (1995-97) con la creación de las Convivir, autodefensas civiles que

devinieron en grupos paramilitares.

Un momento de gran tensión tuvo lugar cuando el gobierno, presionado por la

oposición política, la prensa, la academia, ONGs, la opinión pública y la comunidad

internacional, no pudo conceder la impunidad pactada con los líderes paramilitares

responsables de crímenes de lesa humanidad ni el tope de ocho años de prisión, que se

elevó a doce. Sólo el blindaje contra la temida extradición a EEUU que daba a los

dirigentes paras la naturaleza política que la administración Uribe logró para sus delitos

mantuvo el equilibrio. Éste se rompería definitivamente cuando la Corte Suprema de

Justicia declaró inadmisible el delito político en casos de paramilitarismo –con lo que se

convertían automáticamente en extraditables- y sentenció la imposibilidad de conceder

la alternatividad penal a los 20.000 paramilitares que se habían entregado fuera de

plazo, quedando éstos en un limbo jurídico. Tales circunstancias causaron un gran

revuelo entre los líderes paramilitares, que se sintieron engañados, siendo el propio

presidente Uribe quien inició una patética e inútil ofensiva contra los magistrados, a los

que acusó de actuar sesgadamente, intervino sus teléfonos y pretendió acusar a algunos

de diversos delitos. Acorralados y temiendo perder los beneficios penales de la LJP,

varios jefes paramilitares empezaron a declarar con más honestidad en sus versiones

24

Sobre el concepto y aplicación de la justicia restaurativa en Colombia, resultan especialmente

interesantes las aportaciones de BRITTO, Diana (2009) La justicia restaurativa. Comunidades que

construyen paz. Diseño de un modelo. Santiago de Chile, Universidad Bolivariana. 25

Además de paramilitares, numerosos narcotraficantes, delincuentes comunes e incluso desempleados y

aventureros que buscaban eludir la justicia y/o disfrutar de los beneficios económicos y sociales que

contemplaba la LJP engrosaron las filas de quienes se acogieron al proceso.




libres, implicando a altos ejecutivos del gobierno. La reacción de la presidencia fue

inmediata, extraditando ejemplarmente a 14 jefes de las AUC a Estados Unidos, entre

ellos los célebres Salvatore Mancuso, Don Berna, HH, Pablo Sevillano, el mellizo

Mejía y Cuco Vanoy.

En conjunto, los resultados de la LJP son muy pobres tanto en lo que concierne a

reparación de las víctimas como al esclarecimiento de la verdad. La compensación

económica a las víctimas debe ir necesariamente de la mano de la comprensión sobre la

naturaleza y magnitud de los daños y perjuicios causados, los cuales son tan amplios y

complejos –muerte de parientes, pérdida de propiedades, desarraigo, estigma social,

empobrecimiento, etc.- que resultan muy difíciles de precisar.

Transcurridos nueve años desde el inicio de la desmovilización paramilitar, sus

defectos estructurales, organizativos y funcionales son evidentes: la ineficiencia e

ineficacia del aparato de justicia muestra su incapacidad para atender adecuadamente

los casos de los 4.000 paramilitares postulados, y sobre todo de los 27.000 que se

encuentran en un limbo penal hasta responsabilizarlos de los crímenes cometidos. A

todo ello se suma la obligación de controlar el cumplimiento de la reparación a las

víctimas.

Por otra parte, bajo esa misma ley se contempla un instrumento sin precedentes: la

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que unos perciben como

cortina de humo populista para ocultar el carácter ultraconsevador y excluyente del

régimen, y otros como oportunidad histórica para implementar los principios de verdad,

justicia y reparación para las víctimas de los paramilitares encausados. De hecho, la

CNRR, encargada de gestionar unas reparaciones individuales, integrales y

proporcionales al daño sufrido no cuenta con los recursos para llevarlas a cabo. Esto se

debe a que el Estado ha argüido carecer de fondos suficientes, mientras los bienes

entregados por los desmovilizados son irrisorios. Y es que la LJP contempla la

imposición a los paramilitares desmovilizados de entregar los bienes producto de

acciones ilícitas, siendo ésta una condición para el acceso a los beneficios de la norma.

Sin embargo, la ley no prevé en qué momento debe hacerse efectiva la entrega, abriendo

una posibilidad de evasión y ocultamiento que podría perjudicar la concreción del

derecho de las víctimas. Para solucionar este problema, postergada y rechazada a lo

largo de toda la presidencia de Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos aprobó en

junio de 2011 la Ley de Víctimas, que dicta medidas de atención, asistencia y

reparación integral a las víctimas del conflicto armado, así como otras disposiciones.

Esta nueva ley, vigente desde enero de 2012, enfatiza la atención sobre aquéllos que han

sido despojados de sus tierras. En los meses transcurridos desde entonces hasta la

redacción de estas líneas, se han evidenciado todo tipo de trabas y riesgo en la seguridad

de las víctimas implicadas.

No obstante, como nos recuerda Álvaro González Joves, no todo es negativo en

la LJP. En primer lugar, gracias a ella se ha dado visibilidad a las víctimas del conflicto,

sensibilizando a la población del derecho de éstas a la reparación integral. Por otra




parte, las versiones libres rendidas han permitido empezar a construir la memoria

histórica que posibilitará conocer la infinidad de atrocidades cometidas en las últimas

décadas, y a las que se había dado la espalda, así como, idealmente, promoverán una

conciencia que contribuya a evitar su repetición.26

Seguidamente, me centraré en la desmovilización colectiva de autodefensas. Se

trata de un proceso sui generis dado que en 2002 eran grupos militares irregulares, si

bien muy poderosos en lo económico y político; aún así pactaron su disolución con el

gobierno nacional, confiados seguramente en haber infiltrado todos los sectores del

poder político. En medio de ese pretendido proceso de Justicia Transcional se ha dado

un rearme “posdesmovilización” paramilitar en Colombia, que estuvo invisibilizado por

los medios de comunicación hasta 2012, y que se dio por varios motivos, destacando:

1) Las fallas en la política transicional: desmovilizaciones parciales y falsas,

entrega parcial de las armas, acuerdos ocultos con el Estado, vacíos jurídicos

para los desmovilizados rasos, extradición de jefes paramilitares que

amenazaban con desacreditar al gobierno al hacer pública información que

involucraba a muchos de sus más altos miembros, no desarticulación de las

estructuras políticas y económicas que hicieron posible el surgimiento del

paramilitarismo, errores en la verificación del proceso e ineficiencia en la

práctica de la reintegración.

2) Una estrategia premeditada de rearme: no se desmovilizaron todos ni se

entregaron todas las armas, de modo que muchos antiguos mandos lideraron

fácilmente el rearme al sentirse engañados por el gobierno; otros continuaron

delinquiendo desde sus centros de reclusión; por último, numerosos mandos

medios, con o sin permiso de sus antiguos jefes, se mantuvieron en armas no

teniendo en ningún momento intención de desmovilizarse, convirtiéndose en los

nuevos líderes del rearme paramilitar.

3) Aprovechamiento de vacíos de poder, sobre todo de grupos narcotraficantes que

compraron las franquicias paramilitares para infiltrarse en el proceso de paz,

mientras otras organizaciones de delincuencia común pretendieron heredar las

formas de control social de los paramilitares y sus enclaves de economía ilegal.

4) Violencia de y en contra de los desmovilizados, población vulnerable a la

venganza de antiguos enemigos, a reclutamientos y a su propia reincidencia.

Sobre este último punto, llama la atención que 71 de los 1187 miembros de los

nuevos grupos abatidos a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales

entre 2006 y 2009 eran desmovilizados.

5) Ausencia de una rápida respuesta del Estado, que tardó años en reconocer y

reaccionar eficazmente contra el fenómeno, prescindiendo del ejército en un

problema que excedía, con mucho, las capacidades de la policía. Primero lo

negó y, al alcanzar proporciones desmesuradas, trató de tergiversarlo como si se

26

Véase GONZÁLEZ JOVES, Álvaro (2012) Alcances y limitaciones de la Ley de justicia y Paz de

Colombia (Ley 975 de 2005) como construcción de Paz. Tesis doctoral inédita. Defendida y depositada

en el IPAZ de la Universidad de Granada.




tratara de una cuestión de delincuencia común. Subvalorarlo así permitió su

expansión en territorios abandonados por los antiguos grupos paramilitares,

ahora muy difíciles de recuperar.

6) Mantenimiento de las condiciones de violencia estructural y simbólica, así como

de las estructuras políticas y económicas del paramilitarismo. Por ejemplo, en

2010 se registraron 15.459 homicidios, 87.990 personas desplazadas y 1150

casos de víctimas de minas antipersonales. Ese mismo año se calculaba la

existencia de 62.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción de 350

toneladas métricas de cocaína pura.

7) Peligro de que la magnitud del problema de la violencia supere a la situación

anterior a las desmovilizaciones, como ya ocurrió en el caso de El Salvador.

Nunca fue una prioridad para el Estado perseguir a los líderes del paramilitarismo ni

a sus tropas, teniendo en cuenta que sus resultados más positivos los obtuvo durante los

mismos años que se encontraba negociando con ellos, lo que puede ser entendido como

una estrategia de permanecer fortalecidos durante el proceso. En cambio, sí logró

asestar duros golpes a las cúpulas de los nuevos grupos entre 2007 y 2012, caso de Don

Diego, los jefes de Los Nevados, Don Mario, Valenciano y los líderes de Los Rastrojos,

entre otros.

La relación de los líderes de los antiguos y nuevos grupos con las élites políticas es

un problema enorme, que afecta a los procesos judiciales de la denominada parapolítica.

Al mismo tiempo, se gestan nuevas formas de infiltración para que cesen las

investigaciones penales y disciplinarias. La ONU ha destacado los resultados del

proceso judicial contra los parapolíticos, ya que en 2009 se registraron 93 casos abiertos

contra congresistas, de un total de 268 miembros elegidos para el período 2006-2010,

pertenecientes a 15 partidos políticos diferentes; 13 personas condenadas, 5 absueltas y

9 casos en los que el proceso terminó por falta de pruebas. Había 249 casos iniciados

contra 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales.27

En 2010, la corte

Suprema de Justicia condenó a 15 congresistas por parapolítica, teniendo radicados 120

procesos contra congresistas y excongresistas.28

En 2011, la Corte Suprema de Justicia

condenó a 15 congresistas por parapolítica, teniendo 120 investigaciones preliminares, 9

en instrucción y 14 en juicio. Por su parte, la Fiscalía adelantaba en ese mismo año 270

investigaciones contra autoridades locales, la gran mayoría en investigación previa, con

solo 12 condenas hasta noviembre. Además, existe la posibilidad de que los nuevos

grupos logren ubicar concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, representantes y

senadores.29

Todos los nuevos grupos se dedican al narcotráfico, y en menor medida a la minería

ilegal y la extorsión, principales medios de financiación de los nuevos grupos armados

27

Informe anual de la OACNUDH, Informe 2009, p 9 28

Informe anual de la OACNUDH, 2010, p 10. 29

Véase el informe INTERNATIONAL CRISIS GROUP, “Romper los nexos entre crimen y política

local: Las elecciones de 2011 en Colombia”, 25 de julio de 2011, pp 16-17. Sobre cómo el poder

paramilitar se ha ido infiltrando en las instituciones, véase: DUNCAN, Gustavo (2006) Los señores de la

guerra. Bogotá, Planeta.




en Colombia. Éstos generan efectos negativos como el impago de tributos en extensas

zonas del Estado, destrucción del medio ambiente y daño al tejido social de las

comunidades étnicas presentes por lo general en territorios ricos en recursos.

A partir de 2008 las acciones de los nuevos grupos superaron a las de las FARC,

teniendo mayor capacidad operacional que éstas: supusieron el 81% de las acciones

violentas, realizadas sobre todo contra líderes sociales y organizaciones de base,

sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos e individuos que exigen

justicia como parte del proceso de justicia y paz, a la vez que fuerzan desplazamiento

masivos de población.30

Así, sólo en el primer semestre de 2011, fueron responsables

del desplazamiento individual de 11.898 personas, mientras que en 2010 la cifra total

había sido de 19.057.31

Por otra parte, cabe mencionar que antes de la desmovilización paramilitar ni

siquiera había líderes sociales en este ámbito, y pese a las fallas de la LJP ésta ha

aportado el surgimiento de un nuevo actor en el país: las víctimas que ahora son

reconocidas, se organizan y empoderan en la defensa de sus derechos. Así, 54.005

víctimas han participado en las versiones libres de los ex paramilitares y hay que

subrayar el aumento de sus organizaciones y la visibilidad que han adquirido, aunque

aún queda mucho por hacer, tanto para alcanzar sus objetivos como para garantizar su

seguridad física.32

El escenario se complica aún más debido a que en las zonas

dominadas por estos grupos incontrolados resulta ideal hacer negocios no solo para

narcotraficantes, sino para multinacionales que pueden obtener beneficios enormes al

desplazar o eliminar a sus pobladores, explotar recursos naturales sin trabas, etc. Sin

necesidad de negociar con el gobierno ni respetar ley alguna.

El desplazamiento forzado

El desplazamiento de civiles ha sido un rasgo endémico durante los 60 años de

conflicto armado en el país. Colombia lleva el peso de una larga historia de violencia

sociopolítica, facilitada en gran parte por la marginalización económica de los

agricultores de bajos ingresos. La posibilidad de una reforma agraria seria, que podría

mejorar su situación, ha sido sistemáticamente bloqueada por un poderoso bloque

compuesto por terratenientes y paramilitares.

Los paramilitares y la guerrilla son los principales responsables del

desplazamiento en esta compleja guerra. Tanto el gobierno como las organizaciones

defensoras de derechos humanos, la Iglesia, la comunidad internacional, y demás

actores sociales implicados en el tema del desplazamiento, coinciden en que la

30

ROMERO, Mauricio y ARIAS, Angélica (2010) “Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines. ¿Qué

dice el gobierno?” Arcanos, nº 15, pp 34-36 y 38. 31

ARIAS, Angélica (2012) “Las Bacrim retan a Santos”, Arcanos, nº 17, pp 4 y 11. 32

Pueden consultarse detalladamente los datos en www.fiscalia.gov.co.




situación, que en 2012 afecta a unos cuatro millones de personas, es muy grave y en que

hay mucho por hacer.

En cuanto a las cifras, sin embargo, cada uno tiene sus propios números que

maneja de acuerdo a parámetros específicos para obtenerlas. Así, la Red de Solidaridad

Social -entidad gubernamental encargada de prestar atención a la población desplazada-,

y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, -que

atribuye estas acciones a la fuerza pública, a los grupos paramilitares de ultraderecha y a

las guerrillas izquierdistas, y pide al gobierno reconocer la existencia de un conflicto

armado en el país, ya que negándolo, a su juicio, se dificulta la solución del mismo- han

llegado ha ofrecer cifras muy distintas. Así, por ejemplo, 2004 resulta un caso

paradigmático, pues la primera registró un descenso de población desplazada (de los

220.000 de 2003 a 137.315), mientras la segunda registró un aumento del 38.5%

respecto a 2003, año en que reportó 207.607 nuevos desplazamientos.

Pero, ¿por qué dan números tan dispares? Una de las diferencias más

importantes en las cifras corresponde a la metodología que cada fuente utiliza para

identificar a la población desplazada. La Red de Solidaridad otorga durante tres meses

ayuda económica, alimentaria y social a las personas que se registren con la entidad

durante el año después de haber sido desplazado. No obstante, si la persona no se

registra durante el año después del desplazamiento pierde la oportunidad de la ayuda, y

después del año deja de ser desplazada.

Por su parte, CODHES acumula las cifras y recoge los datos directamente con

las comunidades y las poblaciones, ya que según la organización, muchos desplazados

no se están registrando en la Red por temor o inconvenientes en la inscripción.

En cuanto a la presencia de la comunidad internacional a la hora de afrontar este

problema, en diálogo con la BBC, Roberto Meier, director de la oficina en Colombia del

Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), señaló en

enero de 2005 que “falta muchísimo por hacer. Si bien se ha reducido la cantidad de

desplazados siguen sumándose, es decir, tenemos menos por mes pero es acumulativo”,

dijo Meier, refiriéndose a las cifras en discusión.

Otra pregunta que asalta a quién se interesa por la problemática del

desplazamiento en Colombia es ¿cuándo cesa la condición de desplazado? ¿Cuándo

deja uno de serlo? Eso depende de si está marcado en el tiempo o está marcado por

cuando se logre una reinserción social en el lugar de reintegración, siendo la segunda,

obviamente, mucho más razonable.

El director de ACNUR en Colombia señaló que el país ha avanzado en la

asistencia a los desplazados, pero que “Colombia presupuestariamente tiene sus

limitaciones como cualquiera de nuestros países latinoamericanos, y no puede darle una

solución total a este problema”. Por su parte, Michael Stayton, de la oficina general del

Programa Mundial de Alimentos (PMA), quien visitó el país en diciembre de 2004,

añade al debate los inconvenientes de la atención a los desplazados en Colombia.




Stayton recuerda que diferencia de África, donde el PMA atiende una gran población

necesitada y puede mover gran cantidad de comida y distribuirla a una masa enorme de

gente al mismo tiempo, en Colombia tiene miles de proyectos de grupos de cientos de

personas, cien acá y cien allá, y eso hace que su trabajo sea más complejo y más

costoso.

Respecto a la respuesta y ayudas gubernamentales, la Red asegura invertir más

de 10 millones de dólares US al año en ayuda para población desplazada representados

en ropa, alimentos, electrodomésticos, elementos de aseo, etc. Según la entidad

gubernamental, la ayuda entregada a los desplazados proviene de artículos incautados

por la oficina que controla el contrabando, y donaciones de empresas privadas.

De cualquier modo, como ya hemos mencionado, el hecho es que el gobierno deja

desatendidos a los desplazados una vez transcurridos tres meses, pues entonces

considera que ya deben estar insertados en su lugar de destino e incluso, en muchos

casos, deja de considerarlos estadísticamente como desplazados a los doce meses,

haciendo descender de este modo la vergonzante estadística que, recordemos, estima en

unos cuatro millones de personas el número de desplazados forzosos en Colombia.

Además, las estadísticas son a menudo engañosas, pues muchos desplazados prefieren

no registrarse como tales y perder las exiguas ayudas a que tendrían derecho con tal de

evitar el estigma de ser pública y oficialmente desplazados, porque ello, con frecuencia,

implica una serie de prejuicios que los sitúa como probables colaboradores de la

guerrilla insurgente, lo que puede hacerles objeto del acoso de paramilitares o del

rechazo de amplias capas de la sociedad. Esto es así pese a que, en realidad, estas

personas son forzadas a abandonar sus hogares tanto por la guerrilla, como por los

paramilitares, e incluso por la fuerza pública. Una muestra de la ineficacia y falta de

voluntad política de las clases dirigentes para gestionar debidamente tan dramático

problema pudo observarse en febrero de 2004, cuando la Corte Constitucional de

Colombia dictó una sentencia en la que consideraba que no existía voluntad política de

parte del gobierno para crear una legislación que afronte debidamente el problema del

desplazamiento forzado, fallo que causó un impacto mínimo en la política estatal al

respecto.

Otra peculiaridad del caso del desplazamiento forzado en Colombia la encontramos

en el caso de aquellos obligados por los actores armados a cruzar la frontera con

Venezuela. Según el derecho internacional se les debía reconocer, en este caso, el

estatus de refugiados, al ser población civil, haber tenido que abandonar su país en

contra de su voluntad y al existir riesgo para sus vidas de haber permanecido en sus

casas. Sin embargo, en 1999, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías les negó tal

reconocimiento -y las ayudas que llevaría consigo-, al declararlos “desplazados

externos”, término inexistente en la nomenclatura del derecho internacional, pero que en

la práctica ha significado dejar abandonadas a su suerte a cientos de personas.

En definitiva, el colectivo de desplazados se caracteriza, tristemente, por la

dispersión, la desatención política, la miseria y el miedo. Así los datos no concuerden,

el desplazamiento en Colombia es un fenómeno continuo que se ha convertido en la




principal crisis humanitaria de América y en la tercera a nivel mundial, según las

Naciones Unidas. Esta es otra cuestión que, de no resolverse, haría imposible poder

hablar de paz y estabilidad este país.

El narcotráfico

El boyante negocio del narcotráfico es sin duda una de las mayores lacras que sufre

Colombia, estigmatizada por este motivo ante todos los países del mundo. El mercado

ilícito de cocaína tiene en 2012 un valor de más de 80.000 millones de dólares a nivel

mundial, según cálculos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)

y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El origen de la coca sigue encontrándose principalmente en Colombia -primer

productor mundial-, Perú y Bolivia. En 2004 había aproximadamente 55.000 hectáreas

cultivadas en Colombia. La superficie dedicada al cultivo ilegal del arbusto de coca a

nivel mundial bajó hasta 154.200 hectáreas en 2010, desde un máximo de 288.400

registradas en 1990.33

Tan solo en 2010, las áreas de cultivo se redujeron en un 6%

respecto al año anterior, y el país donde se presentó el mayor descenso fue Colombia

(15%), con 43.792 hectáreas de arbusto erradicadas manualmente y otras 101.939

sometidas a fumigaciones aéreas. Todo esto mientras que Perú registró un aumento del

2% de superficie cultivada.34

Si bien las plantaciones de coca suponen áreas tan extensas que es fácil detectarlas

desde el aire, su destrucción resulta difícil, pues se trata de regiones inaccesibles por

tierra debido a lo remoto de esas zonas y a la protección que les brindan la guerrilla

(quien asegura no lucrarse del negocio, sólo cobrar un impuesto a los narcos a cambio

de protección) y los paramilitares narcotraficantes. Acabar con ellas desde el aire no

sólo implica un grave daño al medio ambiente, como ya hemos señalado, sino que

resulta del todo inútil, pues los cultivos sencillamente se desplazan a otras áreas donde

la coca y la amapola vuelven a crecer rápidamente.

Existe otra alternativa, la de los cultivos sustitutivos, que tampoco han tenido éxito.

En primer lugar, los acuerdos de ayudas gubernamentales para este fin alcanzados por el

estado colombiano en 1994, 1996, 1998 y 1999 han sido sistemáticamente incumplidos.

Aún así, la muy superior rentabilidad de la coca respecto a cualquier otro fruto no

hubiera hecho muy aconsejable su adopción para los campesinos. Además, las

fumigaciones también destruyen los cultivos alternativos, subvencionados o no, que

pueda haber en las regiones afectadas.35

33

Véase EDITORIAL, “Colombia sigue siendo el mayor productor de coca”, El Espectador, 28 de

febrero de 2012. 34

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, presentado en

Viena en febrero de 2012. 35

Véase GONZÁLEZ RESTREPO, Juan (2001) “Colombia, un pacto con el diablo”, documental emitido

en el espacio En Portada de Televisión Española el 10 de abril de 2001.




Tomemos, por ejemplo, cultivos de yuca o plátano. Éstos dan una o como mucho

dos cosechas al año, y el beneficio bruto para una explotación familiar puede rondar los

300 €, a los que hay que deducir los gastos de transporte para sacar la cosecha de

regiones tan aisladas. Por otra parte, la coca da hasta cuatro cosechas al año, por lo que

su cultivo es una auténtica mina para los narcotraficantes (no para los campesinos que

cultivan en regiones semidespobladas en medio de la selva). Se estiman en 300.000 las

familias colombianas que cultivan coca en los departamentos del sur del país. Además,

cada kg. de cocaína se cambia en Colombia por unos 9.000 €, que al llegar a Miami se

convierten en 30.000, que pasan a ser 80.000€ en los mercados de Nueva York o

Washington, y hasta 120.000 € en los de París y Londres. Es casi imposible, pues,

erradicar un negocio cuyos beneficios se multiplican por tantos ceros, ofreciendo a

cambio cultivar bananas.36

El narcotráfico ha sido una vía de intervencionismo estadounidense, al que me

referiré con detalle en el próximo apartado. Respecto al negocio de la droga, cabe

señalar ejemplos como el Plan Colombia, que se ha venido reduciendo a la introducción

de más armas en el país y de un aumento de las fumigaciones desde 2000,

convirtiéndose personajes como el “Zar antidrogas” estadounidense, Barry McCaffrey,

en rostros habituales en los informativos colombianos. Y es que el Plan Colombia situó

a este país en el tercer puesto de los mayores receptores de ayuda de los EEUU, tras

Israel y Egipto.

De cualquier modo, además, el panorama se complica enormemente al constatar una

serie de hechos que cuestionan la voluntad política de estadounidenses y gobernantes

colombianos de terminar con tan lucrativo negocio. Hay una sorprendente falta de

control para la introducción y distribución en Colombia de agentes químicos (sosas,

permanganato, etc.) provenientes del gran vecino del norte y que son imprescindibles

para la elaboración de cocaína. Tampoco se llevan a cabo acciones enérgicas para

perseguir a los grandes capos expertos en blanquear el dinero de los beneficios del

narcotráfico en las grandes corporaciones bancarias multinacionales, siendo muchos de

ellos, además, estadounidenses. De hecho, han desaparecido de la escena todos los

colombianos que controlaban el negocio, como los hermanos García Orejuela, Pablo

Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa o Carlos Lehder. La

perpetuación del negocio hace obvia la existencia de nuevos líderes, ahora sin rostro

conocido, que bien pueden ser extranjeros, pero que sin duda no reinvierten sus –

ilegítimos- beneficios en el país, como hicieron los anteriores.37

Oro ejemplo mucho más evidente lo hallamos en la base militar de Puerto Asís, en

el departamento de Putumayo. A sólo cinco minutos en automóvil existe un

36

Véase THOUMI, Francisco y NAVARRETE-FRÍAS, Carolina (2005) Drogas ilegales y derechos

humanos de los campesinos y comunidades indígenas, el caso de Colombia. París, UNESCO. 37

Sobre el negocio del narcotráfico en Colombia, resultan especialmente interesantes THOUMI,

Francisco (2002) El imperio de la droga: narcotráfico, economía y sociedad en los Andes. Bogotá,

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-Planeta; yTOKATLIAN, Juan Gabriel

(comp.) (2009) La guerra contra las drogas en el mundo andino: hacia un cambio de paradigma, Libros

del Zorzal, Buenos Aires, 2009.




establecimiento de paramilitares que han sido entrenados para la guerra por los EEUU,

y que son quienes controlan impunemente el negocio del narcotráfico en la región.

Justifican su actividad afirmando que mientras ellos dominen esa fuente de riqueza, no

lo hacen los guerrilleros, y los beneficios se invierten en la lucha contrainsurgente, con

lo que declaran estar contribuyendo así a la causa de la paz en el país. No puede dejar de

sorprender que ni el ejército regular colombiano ni los militares estadounidenses creen

el más mínimo problema a sus vecinos narcotraficantes.38

Podemos, pues, concluir que el narcotráfico es un negocio de proporciones

colosales, que los esfuerzos de los sucesivos gobiernos colombianos y estadounidenses

por combatirlo tienen tantas lagunas que no pueden parecer honestos a cualquier

observador mínimamente avezado, y que parte de los beneficios se invierten en el

conflicto armado, añadiendo más violencia a una situación de cuasi guerra civil ya de

por sí altamente problemática. Así, atajar los problemas originados por la prohibición de

la coca y la amapola y el contrabando subsiguiente, parece una condición

imprescindible a la hora de plantearse la pacificación del país.

El papel de Estados Unidos de América

Observaremos ahora con mayor detenimiento cual ha sido el papel de los EEUU

respecto a Colombia. Durante la Guerra Fría, las élites colombianas consolidaron su

alianza estratégica con el gigante del norte, debido a su interés común en destruir a la

pujante insurgencia comunista. Más recientemente, Colombia ha ganado peso como

apoyo a los intereses estadounidenses en Iberoamérica, debido a la consolidación de

gobiernos rebeldes a los dictados de Washington en cada vez más países de la región:

Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador y, naturalmente, Cuba.

No obstante, las relaciones entre ambos Estados están especialmente condicionadas

por la cuestión de la lucha contra el narcotráfico -cuyos efectos castigan tan duramente a

la juventud norteamericana- como ejemplificaban perfectamente los principios rectores

del Plan Colombia. Éste, oficialmente denominado Plan para la Paz, la Prosperidad y el

Fortalecimiento del Estado, es un acuerdo bilateral concebido en 1999 durante las

administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el

estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización

social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.39

El plan ha continuado bajo extensiones temporales durante las administraciones de los

presidentes colombiano Álvaro Uribe y Jan Manuel Santos, y los estadounidenses

George W. Bush y Barack Obama.

38

MACDERMOT, Jeremy, “Glamour in the Jungle”, 26 de Agosto de 2000. Reportaje en BBC News.

Disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/from_our_own_correspondent/895950.stm 39

VEILLETTE, Connie (2005) Plan Colombia, A Progress Report, CRS Report for Congress, US

Government.




Según las autoridades norteamericanas, desde la puesta en práctica del Plan

Colombia la seguridad nacional mejoró por medio de su estrategia antinarcóticos,

acciones militares y policiales, además de otros esfuerzos como los programas de

desmovilización y deserción para los grupos violentos. Entre los años 2000 y 2007, el

gobierno colombiano ha ofrecido datos por los que la cifra de secuestros y homicidios

se había reducido a un tercio, mientras que los ataques a oleoductos habían

desaparecido. La asistencia económica estadounidense a Colombia totalizó 4.900

millones de dólares en dicho periodo con un fuerte apoyo al fortalecimiento de la

movilidad aérea, necesaria para lograr los objetivos antinarcóticos.40

En este sentido, la

principal medida estadounidense ha sido la de fumigar los cultivos ilegales con paraquat

o agente naranja, glifosato, terobutirión, imazapir, y el hongo fusiarium oxyporum,

prohibidos hace años en los Estados Unidos por lo dañinos que resultan para el medio

ambiente. Ello ha tenido efectos desastrosos sobre la flora y la fauna colombianas por

deforestación y envenenamiento de aguas y tierras.41

Además, los químicos necesarios

para la elaboración de cocaína y heroína se facturan en un 90% por empresas químicas

estadounidenses, pero su fabricación y comercialización no se controlan. En cuanto a

las superficies cultivadas de coca y amapola, las fumigaciones no han hecho sino

desplazarla a otros lugares; de hecho, ya en la década de los 90 el área cultivada se

duplicó y la producción casi triplicó pese a que los gastos por combatirla se

multiplicaron por cinco.42

No obstante, como se señala en el apartado anterior, los datos

oficiales afirman que esta tendencia alcista de ha revertido desde 2005.

Por otra parte, pese a que Estados Unidos es el primer consumidor de drogas

ilegales, y pese a que todo parece indicar que el 90% de los beneficios del narcotráfico

acaban en ese mismo país, nunca se ha descubierto un capo del narcotráfico

estadounidense (sí colombianos, mejicanos, asiáticos, etc.); mientras, no se conocen

exitosas operaciones de control de lavado de dinero del narcotráfico en Estados Unidos.

Por otra parte, EEUU siempre se ha arrogado el derecho de extraditar a los ciudadanos

colombianos acusados de narcotráfico en su país, para que sean procesados por

tribunales estadounidenses y encarcelados allí mismo, pero jamás ha reconocido el

derecho del país andino a llevar a su país, juzgar ni encarcelar a ciudadanos

estadounidenses acusados de cometer graves delitos, siquiera relacionados con el

narcotráfico, en Colombia.

Adicionalmente, como ya he mencionado, la masiva entrada de cereales

estadounidenses a bajo precio o en forma de ayuda humanitaria no ha causado sino la

ruina de muchos campesinos colombianos, incapaces de competir en el mercado y

40

Véase el documento “USA Government Accountability Office”; www.gao.gov/new.items/d0971.pdf 41

Véase RAMOS, José, “Las huellas de las fumigaciones”, La revista del Espectador, 6 de octubre de

2002. 42

Véase CABALLERO, Antonio, “Drogas, la guerra de la dependencia”, en Editado, ¿Qué está pasando

en Colombia?, Bogotá: El áncora, 2000, pp 119-140; TOKATLIÁN, Juan Gabriel (2000) Globalización,

narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre Colombia. Bogotá, Norma.; y TOKATLIÁN, Juan Gabriel.”

Estados Unidos y los cultivos ilícitos en Colombia. Los trágicos equívocos de una fumigación inútil”, en

http://ist-socrates.berkeley.edu:7001/colombia/workingpapers/working_paper_tokatlian.html




sufriendo además, lógicamente, la inviabilidad de los cultivos sustitutivos, como el

banano y la yuca, quedando así a expensas de cultivar coca o amapola o abandonar su

actividad agrícola y sus tierras, pasando a engrosar el número de emigrados forzosos a

las ciudades. Asimismo, buscando una mayor efectividad en el control de las redes del

narcotráfico, Colombia ha delegado en el poderoso vecino del norte gran parte de la

responsabilidad en la vigilancia de sus cielos y aguas, con la consecuente pérdida de

soberanía que esto trae consigo. La presencia de bases estadounidenses permanentes en

Colombia no hace sino reforzar el excesivo protagonismo y derechos de un país

extranjero. Finalmente, en el terreno económico, las dificultades por baja producción

per cápita e hiperinflación que distorsionan al país tuvieron como respuesta desde los

Estados Unidos la aplicación de los dictados del consenso de Washington, del que la

experiencia ha demostrado suficientemente que no consiguió mejorar la situación

política ni económica de Colombia, sino tan sólo disparar su deuda externa.43

Por todo ello, redefinir las relaciones de Colombia con los Estados Unidos,

liberándose de su intrusismo militar y económico en las áreas que resultan perjudiciales

para el país, se antoja como una cuestión fundamental para que el país recupere una

estabilidad e independencia necesarias para su desarrollo, lejos del control de una

nación extranjera en ámbitos clave de Estado y gobierno.

Difícil salida al conflicto

Ni la clase dirigente colombiana, ni la ayuda exterior –pues EEUU ha sido el nefasto

gran protagonista en este sentido-, ni organizaciones supranacionales como el FMI o el

BM, ni la guerrilla… de ninguno de los principales actores políticos y económicos que

podrían dinamizar un proceso de paz integral parece poder esperarse nada positivo. ¿Y

qué sucede con la sociedad civil? En Colombia existen unos elevados niveles de

voluntarismo, así como gran cantidad de iniciativas (resistencia civil, exclusión del

conflicto armado desde las comunidades de paz, apoyo a los diálogos regionales,

marchas, etc.), que demuestran empeño, compromiso e imaginación por parte de

amplios sectores de la ciudadanía.44

De hecho, la Constitución colombiana de 1991

reconoce 38 cauces de participación política, muchos de los cuales habilitan como

43

En el año 1989, el economista norteamericano John Williamson pone de moda el concepto consenso

de Washington. Se trataba de establecer una especie de “buen sentido económico que sea aceptado de

forma global”. Dicho consenso, que tuvo en América Latina su principal laboratorio geográfico, era una

especie de analogía del famoso fin de la historia, por la que se conjeturaba que los problemas económicos

fundamentales estarían en vías de solución dentro del capitalismo global, si se aplicaban las recetas del

consenso en cuestión. Estas consistían en esencia en abrir los mercados, privatizar las empresas públicas,

desregular el funcionamiento de los sectores productivos, asegurar los derechos de propiedad y disciplinar

presupuestariamente a los Gobiernos. Ver ESTEFANÍA, Joaquín. “América Latina: quejíos y

quebrantos”, El País, 30 de Septiembre de 2002. 44

Véase, por ejemplo, “Resistencia popular a "paras" en Cantagallo (Bolívar)”, Voz, número 2147, 5 de

junio de 2002; “Manifiesto contra violentos y gobiernos: 28 municipios del Norte de Boyacá y Oriente

de Santander”. El Tiempo, 15 de Septiembre de 2002; “Resistencia civil, alternativa para la violencia”. El

Tiempo, 30 de septiembre de 2002.




legítimas y legales numerosas iniciativas en la búsqueda por tener un impacto

significativo. De hecho, existen propuestas tales como el Cabildo Abierto y Permanente

por la Paz auspiciado por FENACOM y la Trocha Nacional Ciudadana parte del

Consejo General de Planeación, instituciones que permiten una presencia directa de la

sociedad civil en la toma de decisiones políticas y que son excelentes plataformas

potenciales para la implementación de políticas por las paz desde abajo. Además, estas

iniciativas gozan de un interesante estatus de influencia política en el Estado,

existiendo, por ejemplo, la posibilidad real de sancionar leyes por iniciativa ciudadana.

Los académicos colombianos e internacionales también llevan décadas investigando

y esforzándose por ayudar a encontrar alternativas que ayuden a pacificar el país,

existiendo una extensísima literatura acerca del conflicto colombiano donde pueden

hallarse propuestas de lo más variado.45

No obstante, este tipo de acciones suelen tener un desenlace poco satisfactorio. Por

desgracia, las posibilidades que formalmente existen para influir en política terminan

por detenerse ante el muro infranqueable de una clase gobernante cerrada a influencias

externas, que no admite ningún desafío a sus mecanismos de enriquecimiento, y que, en

democracia, puede tolerar manifestaciones de descontento, pero nunca ver amenazado

su monopolio en la toma de decisiones. De hecho, la única alternativa política seria a

que se enfrentaron los partidos tradicionales fue la Unión Patriótica, intento de la

guerrilla por participar en política por medios pacíficos, a través de las urnas. Pese a las

garantías gubernamentales, el experimento culminó con la desaparición física de cientos

de sus miembros, siendo los más destacados, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, los

primeros en ser asesinados.

Así, ni los 10 millones de votos del mandato ciudadano por la paz en el año 1997, ni

la marcha por el No más de noviembre de 1998, que congregó a más de 10 millones de

personas, ni las actividades de la semana por la paz, etc. , acciones loables todas ellas, y

pese a expresar la firme voluntad de la ciudadanía, han conseguido (en palabras de

Antonio Caballero) un efecto mayor que el sacar los santos en procesión para pedir

lluvia durante la sequía. Como resultado, estas iniciativas, como instauración de más de

50 comunidades de paz,46

están siendo percibidas, cada vez más, como algo ingenuo e

45

Yo mismo realicé uno más de estos trabajos tras varios meses de investigación sobre el terreno. Véase:

RUIZ JIMÉNEZ, José Ángel (2002) “La diplomacia civil noviolenta como alternativa al laberinto de la

violencia en Colombia”, Nova et Vetera. Boletín del Instituto de Investigaciones de la ESAP (Escuela

Superior de Administración Pública). Nº 49, Octubre-Diciembre 2002, Bogotá, pp 86-99. 46

Las Comunidades de Paz nacieron en la década de los 80 proponiendo a los diferentes actores armados,

incluyendo al Estado, que las dejaran al margen de una guerra, que por razones tanto económicas como

“políticas”, los había perseguido y ha hecho víctimas de los más atroces crímenes; siendo los más

frecuentes el desplazamiento forzado y el asesinato de sus líderes. Aunque su reconocimiento e impacto a

nivel internacional sea tal que estas comunidades hayan ganado, en 1990, el 'Premio Nobel Alternativo de

la Paz', otorgado por la fundación sueca The Rights Livelihood Award, así como el 'Nosotros, el Pueblo',

entregado en 1995 por las Naciones Unidas, son uno de los sectores más afectados por la violencia del

conflicto armado. Véase Hernández Delgado, Esperanza, (2008) “Resistencias para la paz en Colombia.

Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”, A-MÉRIKA, 1, Vol 2.

www.revistaamerica.deusto.es




ineficaz, existiendo incluso, respecto a ellas, cierto estado de desencanto, agotamiento y

desprestigio. De este modo, el potencial transformador que se suponía a dichas acciones

parece dispersarse en la nada, ante la impermeabilidad de los ámbitos de toma de

decisiones.

El mapa político social colombiano, pues, muestra una polarización total entre los

que tienen el poder político y económico y los que quedan al margen, habiendo pocos

espacios alternativos a la guerrilla, los narcos y las clases dominantes tradicionales. Sin

embargo, el aparentemente monolítico statu quo colombiano también tiene sus grietas.

En los últimos años, el movimiento ciudadano por la paz ha ido concentrando sus

activos de mayor calidad y ha evolucionado, percibiendo la necesidad de vincular la paz

con el poder y de consolidar nuevos actores políticos en un bloque unido y coherente en

el interior y capaz de proyectar su influencia exterior. Además, ha surgido desde 2005

una incipiente alternativa política de base sindicalista y socialista, el Polo Democrático,

que se ha convertido en la formación de izquierda que más éxitos electorales ha

alcanzado en la historia del país. El partido, que cuenta entre sus votantes y

simpatizantes con numerosos miembros de la clase media urbana, cuenta con trece

congresistas, ocho en Senado de cinco en la Cámara de Representantes, además de un

representante en el Parlamento Andino, elegidos por voto popular para el periodo 2010-

2014. En las elecciones municipales de 2003 obtuvo la alcaldía de Bogotá, logro que

repitió en las de 2007, consiguiendo además la Gobernación del departamento de

Nariño. Cabe recordar que las tres figuras más influyentes en Colombia son el

presidente de la República, el gobernador de Antioquia (el departamento más rico del

país) y el edil de la capital. Si bien en las elecciones generales de 2006 y 2010 el Polo

apenas llegó al 10% de los votos, siendo su influencia bastante limitada, todavía, a nivel

nacional, su ascenso es una muestra, al igual que la perseverancia del movimiento

colombiano por la paz, de que en Historia el futuro nunca está escrito, y de que pueden

sobrevenir cambios en el futuro próximo.

En la otra cara de la moneda, tras el fracaso de las conversaciones de paz con las

FARC del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) la opinión pública mayoritaria dio

un giro en favor de soluciones bélicas al conflicto armado y de medidas de mano dura

en política interior. Así se explica el éxito electoral de Álvaro Uribe Vélez, reelegido

gracias a la controvertida reforma impulsada por éste en 2004, que comprendía una

nueva modificación de la Carta Magna de 1991 para disfrutar de un tercer mandato

consecutivo. Con su discurso de guerra a las FARC, y a pesar de las mencionadas

sombras de colaboración con el paramilitarismo que lo rodearon -varios parlamentarios

de su partido tuvieron que dimitir en 2008 acorralados por las pruebas en su contra-, y

de escándalos como el de los falsos positivos,47

la administración Uribe, según algunas

encuestas, llegó a tener hasta el 85% de respaldo ciudadano. En relación con lo anterior,

47

El escándalo de los falsos positivos, que data de finales de 2008, involucraba a militares con el

asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. El objetivo era

presentar resultados por parte de las brigadas de combate, cuya eficacia era recompensada con beneficios

y premios. La mayor parte de las víctimas eran jóvenes de los estratos sociales más desfavorecidos. Véase

Editoral, “Las cuentas de los falsos positivos”, Semana, 27 de enero de 2009.




hay que destacar su polémica LJP, que ya hemos visto supone un marco jurídico para el

proceso de desmovilización de paramilitares -aunque podría ser utilizada en procesos de

desmovilización guerrillera- que disparó las alarmas como posible medio para

garantizar la impunidad de unos paras cada vez más dueños de la política en las

provincias.

Se necesitarán años para conocer el alcance de fondo de las políticas de la

administración Uribe, unas veces desconcertantes para los analistas por lo

aparentemente contradictorias, otras inspiradoras de rechazos incondicionales, y otras

consideradas equilibradas y eficaces. Para ilustrar el desconcierto, mencionaré algunos

datos: líderes socialistas como el ex presidente español Felipe González es un férreo

defensor de Uribe, pese a que Colombia es el país más peligroso del mundo para los

sindicalistas; las cifras globales de asesinatos y secuestros han descendido en los

últimos años, pero los miembros de las ONGs críticas con la política de derechos

humanos del ejecutivo Uribe -incluyendo algunas tan poco sospechosas de tener

vínculos con la guerrilla como Amnistía Internacional- viven constantemente

amenazados, mientras se masacran impunemente indígenas en zonas apartadas para

arrebatarles sus tierras ante la pasividad gubernamental.48

Su sucesor, Santos, como ya

he mencionado, parece más dispuesto a retomar la vía del diálogo con la guerrilla, si

bien lo decepcionante de los precedentes invita a observar estas conversaciones con

tanta precaución y como ilusión contenida.

En definitiva, como ha venido sucediendo desde la época colonial, la vida política

colombiana es agitada, rica y compleja. No obstante, una mirada con perspectiva

desvela que las cuestiones de fondo permanecen inalteradas: polarización social,

exclusión de hecho de gran parte de la ciudadanía, y una sociedad civil activa e

imaginativa que hasta ahora ha sido incapaz de cambiar las cuestiones de fondo. Esto

lleva a un estado de ánimo casi ciclotímico: a marchas y acciones espectaculares y

multitudinarias se suceden ejemplos de indiferencia ante hechos cruentos.

48

Véase: www.nasaacin.org

conflicto colombia

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