conflicto armado y desplazamiento en colombia
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July Vanesa Otalvaro Mosquera Grado 11-03TRANSCRIPT
CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO
EN COLOMBIA JULY VANESA OTALVARO MOSQUERA
GRADO: 11-03
CONTENIDO
Introducción 1
Principales causas y características de desplazamiento 2-3
Zonas afectadas por desplazamiento forzado y conflicto armado 4
Afectados 5
Características numéricas del desplazamiento interno en Colombia 6
Diagrama 7
Situación actual 8
Los obstáculos del conflicto armado 9
La voz de las personas desplazadas 10
Respuesta del estado al desplazamiento 11-12
Evitar los desplazamientos y proteger a las personas desplazadas 13-14
Campamentos: ¿una solución o parte del problema? 15-16-17
Conclusión 18
Bibliografía 19
INTRODUCCION
l desplazamiento en Colombia es un problema de todos. Surge a raíz de las guerras
internas que tiene el país aunque esto ocurre constantemente hacemos caso omiso
y pareciere que no nos importara la integridad y bienestar de estas personas.
El desplazamiento ha llevado a la sobrepoblación de las grandes ciudades generando
indigencia, inseguridad y muerte de estas, ya que ellos llegan a las ciudades solamente
con lo que llevan puesto y sin nada pasa subsistir, pero al contrario llegan con sus hijos
que la mayoría de veces son muy pequeños y sin otra alternativa les toca recurrir a la
delincuencia e indigencia para no dejarlos morir.
El desplazamiento también hace parte de la lógica de la guerra contrainsurgente, en los
habitantes de zonas campesinas que supuestamente sirven de apoyo social a la guerrilla,
son obligados a dejar su tierra para ser sustituidos por miembros de grupos paramilitares y
de individuos simpatizantes de las mismas fuerzas armadas, es un mecanismo de re
poblamiento que por demás tiene una utilización común en el conflicto armado.
E
Foto: Borja Paladini
PRINCIPALES CAUSAS Y
CARACTERISTICAS DE
DESPLAMIENTO.
a violencia que caracteriza el acontecer político
colombiano desde mediados del siglo XX ha sido
acompañada por un proceso
paralelo de desplazamientos
internos. El conflicto armado,
la delincuencia común, la
lucha por la tenencia de la
tierra, la ineficacia del sistema
judicial y la ausencia de
mecanismos eficientes para la
solución pacífica de
controversias entre
ciudadanos, son algunas de
las causas de la violencia en
Colombia, que a su vez,
originan desplazamientos
internos. La gran mayoría de
las organizaciones de la
sociedad civil colombiana
coinciden en señalar que la
causa principal del desplazamiento es la violencia política
(estado-grupos guerrilleros), la violación masiva de derechos
humanos y el irrespeto constante de las normas del derecho
internacional humanitario que buscan proteger la población
civil.
Las poblaciones afectadas, por su parte, señalan que los
actores que con mayor frecuencia obligan los desplazamientos
son la guerrilla, los paramilitares y el ejército, todos sujetos
activos o pasivos de amenazas, atentados, homicidios, y en
menor medida, torturas, bombardeos, desalojos, miedo y
reclutamientos forzosos.
El uso de la violencia armada ha
modificado la relación de tenencia
de tierra, para perpetuar o ampliar
la concepción de su propiedad. Se
han desocupado y/o repoblado
territorios estratégicos para la
implementación de equipos
agroindustriales o de explotación de
recursos naturales, para la
construcción de grandes obras
públicas o para asegurar el control
de zonas de cultivo o
procesamiento de drogas ilícitas e
incluso se han ocupado territorios
con criterios de dominios políticos y
militares.
La incidencia del modelo neoliberal, su implementación a partir
de las políticas de privatización y sus consecuencias sociales,
L
básicamente en la estigmatización y criminalización de las
distintas formas de protesta social.
El aumento significativo de la violación política de los derechos
civiles desde 1986, acompaña cada vez más por el incremento
en la actividad en guerra se caracteriza por un mayor número
de víctimas, muchas de ellas inocentes, cada vez mayor. De
ésta manera, y para el caso colombiano, la violencia
generalizada o el conflicto prevaleciente como origen del
desplazamiento coincide con el conflicto armado, siendo las
principales causas los enfrentamientos entre los grupos
guerrilleros y las fuerzas armadas, los bombardeos a las
zonas campesinas, los operativos militares que lesionan a la
población civil, las acciones de los grupos paramilitares y los
operativos antinarcóticos.
Foto: William Vianney Solano
El desplazamiento también hace parte de la lógica de la
guerra contrainsurgente, en los habitantes de zonas
campesinas que supuestamente sirven de apoyo social a la
guerrilla, son obligados a dejar su tierra para ser sustituidos
por miembros de grupos paramilitares y de individuos
simpatizantes de las mismas fuerzas armadas, es un
mecanismo de re-poblamiento que, por demás, tiene una
utilización común en el conflicto armado.
“Es hora de imaginar un mundo en el que
no existan ataques a la población civil. Un
mundo en el que no se perpetren ataques
indiscriminados. Un mundo en el que la
población civil y sus bienes no sufran
pérdidas ni daños.”
La ubicación de las regiones de partida de los desplazados se
basa en el alto grado de confrontación armada, presencia de
grupos paramilitares y/o significativos índices de violación de
los derechos humanos. Existen niveles de ubicación de las
zonas de expulsión, uno es las regiones tradicionales o de
permanencia del conflicto y otro que es la expansión del
conflicto en donde esporádicamente se presenta el
desplazamiento, aún no con la connotación del primer nivel.
ZONAS AFECTADAS POR DESPLAZAMIENTO
FORZADO Y CONFLICTO ARMADO.
LUGARES DE ORÍGEN
LUGARES DE DESTINO
Antioquia, Santander, Meta, Córdoba, Boyacá, Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Cesar, Arauca, Magdalena, Cundinamarca, Caquetá, Valle, Huila, Sucre, Caldas, Magdalena Medio, Casanare, Arauca, Meta, Guaviare, Tolima y Huila.
Principalmente otras zonas rurales o ciudades tales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras 27 ciudades intermedias adicionales por todo el país.
AFECTADOS
Pueblos indígenas:
En Colombia viven 87 pueblos indígenas identificados, los
cuales hablan 64 lenguas amerindias y están distribuidos,
según el censo 2005, en 710 resguardos ubicados a lo
largo de 27 departamentos del país. Los indígenas
representan el 3.4% del total de la población colombiana.
Ellos son uno de los grupos humanos más vulnerables a la
violencia y a uno de sus efectos directos: el
desplazamiento interno. Según cifras oficiales,
aproximadamente el 2% del total de personas desplazadas
del país pertenece a alguna etnia indígena.
Población afro descendiente:
Los afro colombianos son una de las poblaciones más
vulnerables a los efectos del conflicto armado, y por ende
uno de los focos más importantes de la protección ante los
riesgos de desplazamiento forzado. Miles de ellos
sobreviven en condiciones de ex-trema pobreza.
Violencia de género y mujeres
desplazadas:
Cerca del 80 % de las personas desplazadas
internamente en Colombia son mujeres, niñas y niños.
Según el séptimo informe de la Comisión de
Seguimiento a la política pública sobre el
desplazamiento forzado el 43% de las familias
desplazadas tienen jefatura femenina y el 68% de las
mujeres desplazadas cabeza de familia están solas.
Foto: Sandro Jiménez Ocampo
1. Número de personas desplazadas (1985-1995): 586.261 9
2. Número de familias afectadas (1985-1995): 108.301
3. Composición: 58,2% mujeres (de las cuales 24,6% son cabezas de
familia), 72% menores de 25 años. 10
4. Profesión: 40,7% asalariados agrícolas y/o pequeños y medianos
campesinos. Otras categorías: comerciantes, empleados, obreros,
maestros, ganaderos, vendedores ambulantes y profesionales.
5. Nivel de educación: 16,05% sin educación, 51% sólo con primaria.
6. Ayuda humanitaria antes del desplazamiento: 83,3% no la
recibieron.
7. Propiedades: 69,32% con vivienda propia que pierden luego del
desplazamiento.
Características numéricas del
desplazamiento interno en
Colombia
Conflicto rural DIAGRAMA
DIAGRAMA
SITUACIÓN ACTUAL. espués de la ruptura del proceso de paz la opinión
pública descargó su desconfianza en el grupo guerrillero
que negociaba en ese momento con el gobierno de Pastrana,
las Farc, pues vio cómo este grupo abusaba de las
prerrogativas que le daba el gobierno, aprovechó la zona de
despeje como sitio para ocultar secuestrados, negociar
secuestros, rearmarse y hacer un reclutamiento masivo.
Según las fuerzas militares durante el tiempo de la zona de
despeje fueron incorporados unos 5.000 nuevos combatientes
a las filas de la guerrilla, para preparar ataques a las
poblaciones vecinas a fin de hacer una carrera armamentista
de grandes pretensiones.
Lo anterior coincidió con el proceso electoral que se estaba
abriendo paso para la sucesión presidencial y Álvaro Uribe,
sin duda, fue el que presentó la propuesta más articulada,
más consistente, que le ganó la confianza de la opinión
pública en el terreno de la seguridad.
Uribe tuvo el valor de ubicar en el centro mismo de la agenda
política nacional el tema de la seguridad. Es una paradoja que
en un país con tantos problemas de inseguridad y de
violencia, que han durado décadas enteras, el tema de la
seguridad haya sido siempre algo marginal, intocable en las
campañas electorales. Creo que este es un país donde
predomina un antimilitarismo absolutamente inútil y un tanto
absurdo, pues a pesar de que hay tantos problemas de
inseguridad, la elite gobernante y política ha considerado
tradicionalmente el gasto militar como un gasto que se
desperdicia.
Y por ello ha hecho curso ese discurso fácil, populista, de que
en lugar de invertir en la seguridad, por qué no invertir mejor
en las “causas objetivas” que provocan la inseguridad;
entonces, por qué en lugar de fortalecer las Fuerzas Militares
no hacemos escuelitas, no construimos puentes y no
generamos empleo, como si esa fuera una disyuntiva válida.
El Estado está obligado ética y políticamente a hacer inversión
social. Pero también, y es su primera obligación, debe brindar
seguridad. Y aquí, insisto, el tema de la seguridad y del gasto
militar se ha visto con suspicacia, ha predominado una visión
demagógica, un tanto irresponsable.
Foto: Periódico el Tiempo
D
LOS OBSTACULOS DEL
CONFLICTO ARMADO. al vez el obstáculo más importante que enfrenta la política
de apoyo a los desplazados se presenta en las localidades
donde se desarrolla el conflicto armado. Las posibilidades de
prevención, atención humanitaria y protección de los
desplazados se encuentran limitadas por las dificultades de
acción de las autoridades competentes que, en muchos casos
se encuentran amedrentadas por los actores del conflicto y en
algunas circunstancias aún se encuentran vinculadas
extraoficialmente, con ellos.
Foto: Adrian Johanson
Esta situación exige la formulación de soluciones jurídicas
novedosas que permitan superar los límites del sistema
jurídico institucional. Es cuando toman notoria trascendencia
las instituciones que puedan intervenir como terceros
neutrales en los conflictos, ya sea en el ámbito nacional a
través del Ministerio Público (Procuraduría General de la
Nación y Defensoría del Pueblo) y la Iglesia Católica; o desde
instancias internacionales, papel que vienen cumpliendo, cada
vez con mayor impacto el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
En la misma línea de acción, pero con menos éxito y
aceptación, se considera la posibilidad de crear zonas
Humanitarias de Distensión que permitan garantizar la
seguridad de la población civil en medio del conflicto. Las
experiencias internacionales y los pocos intentos realizados
dentro del país han mostrado los riesgos a que se expone la
población civil cuando los compromisos de los actores del
conflicto no son consistentes y la neutralidad de los civiles no
resulta clara. Sin embargo es una estrategia que deberá ser
considerada y perfeccionada en el futuro, más cuando las
zonas de distensión han sido consideradas dentro de los
posibles mecanismos que permitirían un diálogo del Gobierno
colombiano con los grupos insurgentes (según el informe de
los Exploradores del Proceso de paz en Colombia, difundido
en septiembre del presente año). La sociedad colombiana no
está muy familiarizada con el mecanismo de las zonas de
distención.
T
LA VOZ DE LAS PERSONAS
DESPLAZADAS.
o siempre se tiene en cuenta la participación de las
personas desplazadas en lo que los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos denominan la planificación y
la gestión de su regreso o de su reasentamiento y reinserción.
Después de todo, ¿de quién es la vuelta a casa? ¿A quién le
tiene que servir? Es imprescindible escuchar la voz de los desplazados en las
distintas etapas de su desplazamiento. En primer lugar,
necesitan estar informados acerca de dónde se proporciona
asistencia y cuáles son sus opciones. A veces, las personas
recorren grandes distancias en condiciones muy peligrosas
porque han oído el rumor de que en algún lugar distante se
está brindando asistencia humanitaria, pero cuando llegan allí
se dan cuenta de que el rumor era falso. Los desplazados
deben tomar decisiones y para ello deben estar informados.
Por otra parte, las personas desplazadas aportan datos que
son importantes para que los trabajadores humanitarios
también estén informados y actúen en consecuencia.
En un estudio realizado en 2009, donde se entrevistó a
personas afectadas por conflictos armados en ocho países, el
CICR propone una perspectiva aleccionadora e interesante.
Titulado Nuestro mundo. Perspectivas del terreno, el estudio
se centra en las experiencias personales, las necesidades, las
preocupaciones, las expectativas y las frustraciones de
víctimas de conflictos armados en Afganistán, Colombia,
Filipinas, Georgia, Haití, Líbano, Liberia y República
Democrática del Congo. Entre otras cosas, el estudio revela
la verdadera magnitud del problema de los desplazamientos
internos. Según la encuesta, más de la mitad de las personas
afectadas por las hostilidades habían tenido que abandonar
sus hogares. En promedio, los desplazados representaban el
56 por ciento de los encuestados, pero en algunos país es el
porcentaje era mucho mayor.
Foto: Claudia rubio
Además de haber tenido que dejar su lugar de residencia,
muchos desplazados tuvieron que soportar el saqueo de sus
casas y la destrucción de sus bienes, y las penurias
económicas eran una realidad constante. Uno de cada cinco
encuestados había perdido su medio de subsistencia. El
alimento, el agua y la electricidad escaseaban, y el acceso a la
salud era limitado.
N
RESPUESTA DEL
ESTADO AL
DESPLAZAMIENTO.
En julio de 1997 el Congreso colombiano aprobó la Ley
387 referente al desplazamiento interno «para la prevención
del desplazamiento forzado y el apoyo, protección y
estabilización de la población desplazada por la violencia».
La Ley 387 también definió quiénes podían
beneficiarse con esta ayuda y estableció un Sistema Nacional
de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) que
se compone de 18 agencias del Gobierno con incidencia
nacional, departamental y municipal.
En 1999 y 2000 se reorganizó un apoyo a través del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)
—Documento 3057 de noviembre de 1999 y el Decreto 2569
del 12 de diciembre de 2000— que concentró el trabajo de
coordinación y la planeación estratégica en la Red de
Solidaridad Social (RSS) del Estado y creó el Sistema Único
de Registro (RUT).
La Ley 600 de 2000 pone el desplazamiento forzado en
la categoría de crimen, considerándolo como una violación del
Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Foto: Emiro Marín Carvajal.
En 2002, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez publicó su Plan de Desarrollo Nacional 2002-2006 que identificaba el desplazamiento interno «debido a su magnitud y características, como el principal problema humanitario que enfrenta Colombia como consecuencia del conflicto armado»1. La administración prometió reforzar la prevención del
desplazamiento, mejorar la protección de la población en riesgo, mejorar las capacidades de respuesta en casos de emergencia (nutrición, refugio, salud), crear las condiciones para el retorno y fortalecer el sistema nacional de atención a las personas víctimas del desplazamiento interno. Esto fue promulgado en la Ley 812 de 2003.
En 2004, la Corte Constitucional —requerida por
cientos de personas víctimas del desplazamiento forzado que
alegaban que sus derechos constitucionales estaban siendo
violados debido a una acción estatal deficiente o inexistente—
dictaminó en la sentencia T-025 de 2004 que el Gobierno no
estaba prestando la ayuda, el apoyo y los servicios adecuados
como servicios de salud, educación y vivienda como lo
requiere la ley colombiana. Este fallo consideró que la
respuesta del Gobierno a los problemas enfrentados por las
víctimas del desplazamiento interno era «inconstitucional».
Como resultado de la intervención de la Corte, la asignación
del Gobierno aumentó pasando de 363 millones de pesos
colombianos (177 millones de dólares) en 2004 a 1.080
millones de pesos colombianos (525 millones de dólares).
Entre 2004 y 2009 se han emitido varios mandatos
sobre temas específicos relacionados con la situación de
vulnerabilidad de ciertos grupos incluyendo: las mujeres
desplazadas, la infancia, los grupos indígenas, las Respuestas
del Estado colombiano al desplazamiento interno
comunidades negras y las personas discapacitadas. La Corte
ha ordenado la adopción de programas diferenciales para la
atención de estos grupos.
La agencia que actualmente coordina SNAIPD y el
Plan Nacional es Acción Social, adscrita a la oficina del
Presidente. En los departamentos, municipios y veredas los
gobiernos municipales, departamentales y veredales son los
encargados de implementar los contenidos del Plan Nacional
a través de Comunidades ad hoc para la Atención de la
Población Desplazada, y además son los encargados de
diseñar planes de atención (Planes unificados de atención).
Foto: Xpectro
EVITAR LOS
DESPLAZAMIENTOS Y
PROTEGER A LAS
PERSONAS
DESPLAZADAS.
Foto: Fernando Vergara
l CICR tiene como una de sus prioridades evitar los
desplazamientos, pero el caos y las anarquías reinantes
en las situaciones de conflicto interno dificultan el
cumplimiento de ese objetivo.
¿Qué podría retener a María Elena en Las Cruces, el poblado
colombiano donde vive en el departamento de Nariño?
Desde que, una noche, una bala perdida atravesó las paredes
de su modesta casa de madera y la alcanzó a ella, aunque
milagrosamente no tocó a la beba a la que estaba
amamantando, ella y su familia han estado pensando en
abandonar Las Cruces, como algunos de sus vecinos ya han
hecho.
En esta aldea habitada por 40 familias, la vida suele ser muy
tranquila. Nadie que pase por Las Cruces imaginaría que es
un lugar peligroso para vivir. Los vecinos saben que en
cualquier momento puede llegar uno de los varios grupos
armados apostados en los alrededores. Cuando se producen
enfrentamientos entre grupos rivales, o cuando uno de ellos se
enfrenta con una patrulla del ejército en las cercanías de la
aldea, los habitantes se meten en sus casas, se echan en el
suelo y ruegan no quedar en medio del fuego cruzado.
Este tipo de peligros podría reducirse si se respetaran los
derechos de los civiles. Recordar a las partes en conflicto el
cumplimiento de las disposiciones del DIH, asegurarse de que
las fuerzas y grupos armados tengan en cuenta las reglas de
la guerra, supervisar su cumplimiento e intervenir cuando sea
necesario son acciones prioritarias para el CICR y las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
E
Foto: ACNUR-CEDHUL
Roja, que promueven los principios del DIH en todos los
lugares del mundo a los cuales tienen acceso, incluso durante
los conflictos más prolongados.
Tras veinte años de conflicto armado en Somalia, la Media
Luna Roja Somalí no ha cejado en sus esfuerzos por recordar
a las fuerzas armadas y las
milicias su obligación de
proteger y respetar a la
población civil, los soldados
heridos o capturados y el
personal sanitario y
humanitario y sus
respectivas infraestructuras.
No se sabe con exactitud
cuántos desplazados internos
hay en Somalia. Las
personas son desplazadas
una y otra vez; sólo unos
pocos tienen la suerte de no
haber sido víctimas de este
flagelo. El presidente de la
Media Luna Roja Somalí,
Ahmed Mohamed Hassan, se
pone serio cuando habla del tema: “La situación no es nada
fácil, pero la difusión de los principios del DIH sigue siendo de
vital importancia. Hacemos hincapié en sus relaciones con el
Corán, las enseñanzas del Islam y el derecho consuetudinario
somalí”.
Ninguna palabra sería más adecuada que “vital”. Los ataques
a las organizaciones y los trabajadores que han participado en
operaciones de ayuda en 2009 son una muestra de la falta de
respeto por la acción humanitaria, que suele ser la tabla de
salvación de las personas atrapadas en un conflicto. El
desorden ocasionado por los
ataques también representa
una amenaza para el bienestar
de los desplazados.
El derecho internacional
humanitario obliga a quienes
portan armas a permitir que el
personal humanitario llegue a
salvo donde se encuentran las
personas que necesitan ayuda;
sin embargo, muchas veces esto
no ocurre. En Oriente Medio, las
ambulancias de la Cruz Roja
Libanesa y la Media Luna Roja
Palestina han sido atacadas
mientras se dirigían a buscar
heridos. Muchos voluntarios
han muerto o han resultado
heridos.
La finalidad principal de los programas de seguridad
económica es preservar o restaurar la capacidad de los
hogares o las comunidades para satisfacer sus necesidades
básicas.
CAMPAMENTOS
¿UNA SOLUCION O PARTE
DEL PROBLEMA?
n algunos campamentos estaban presentes grupos
de oposición armados que, mediante la extorsión y
el acoso, reclutaban a los desplazados, entre quienes
distribuían armas. En otros, se obligaba a los más
vulnerables a entregar sumas de dinero e incluso a
compartir sus raciones de alimentos.
En lugares sin mayores problemas de seguridad, sin
embargo, los organismos de las Naciones Unidas y las
ONG suelen ocuparse adecuadamente de los
campamentos. En esos casos, el CICR se encarga de la
enorme cantidad de personas vulnerables que no viven
dentro de los campamentos, de otras personas
desplazadas y de las comunidades afectadas que otras
organizaciones no pueden atender.
El acceso es un factor clave. La acción neutral e
independiente del CICR y el diálogo que éste mantiene
con todas las partes en un conflicto le garantizan el
acceso. En el terreno, trabajando directamente con las
comunidades, la Institución les ayuda a hacer frente a la
adversidad y a consolidar sus propias estrategias de
subsistencia, trata de evitar el desplazamiento y apoya a
las comunidades de acogida a las que recurren los
desplazados inicialmente.
Foto: Marcela Briceño
E
No todas las personas desplazadas se dirigen a los
campamentos o se quedan a vivir allí. Estos lugares
desvían la atención de la dura realidad del
desplazamiento interno. Los campamentos pueden ser el
último recurso, pero con mucha frecuencia están en
lugares accesibles, lejos de las
líneas del frente, próximos a las
ciudades o, al menos, a
aeródromos. Los donantes y la
prensa entran y salen de los
campamentos y lo que ven allí cobra
visibilidad. En consecuencia, el
debate sobre las personas
desplazadas se ha centrado casi
exclusivamente en aquellos que
viven en los campamentos, en
perjuicio de quienes no pueden
llegar hasta ellos.
La presión que soportan las comunidades de acogida es
enorme, pues normalmente también están afectadas por
el conflicto, de modo que, incluso antes de la llegada de
los desplazados, los recursos suelen ser escasos. El
abastecimiento de alimentos no es suficiente y la tierra
cultivable, el agua, el saneamiento, y los servicios
públicos como las escuelas y los hospitales no alcanzan.
Inevitablemente, la presencia prolongada de las
personas desplazadas hace que los recursos disminuyan
más aún, creando tensiones entre los recién llegados y
los residentes permanentes.
El CICR conoce muy bien esa situación, que se repite en
todas partes del mundo. En Mindanao Central, en el sur
de Filipinas, los numerosos desplazamientos causados
por los combates han resultado una
carga insoportable para los residentes,
de por sí vulnerables, que no sólo se han
empobrecido sino que han tenido que
alojar hasta 20 personas desplazadas
en viviendas familiares.
En esas situaciones, todos sufren. Al
haber huido de sus casas a toda prisa
debido a los enfrentamientos armados,
las personas llegaban sólo con lo
puesto. Como a veces no encontraban
vivienda en el municipio al que llegaban,
vivían a la intemperie, soportando condiciones muy
difíciles. Entre ellos había niños, mujeres embarazadas,
enfermos y víctimas de abusos.
El flujo incesante de personas desplazadas satura a las
comunidades pobres, empeorando la depredación
económica y creando tensiones. Además, los períodos
de desplazamiento son más largos. Por último, las ONG
internacionales, coordinadas por el ACNUR, el
organismo de las Naciones Unidas para los refugiados,
“Los campamentos
desvían la atención de la
dura realidad de los
desplazamientos
internos.”
asignan cada vez más recursos a los campamentos en
vez de a las comunidades, que los necesitan
desesperadamente. En consecuencia, escasea la ayuda
para los desplazados que viven con familias de acogida.
A la dificultad de acceder a los desplazados que viven
fuera de los campamentos se suma la de conseguir
fondos, pues muchos donantes, según parece, no
reconocen las necesidades que son menos visibles.
Como en otros lugares, los medios de comunicación
fijaron su mirada en los campamentos porque tenían
acceso a ellos. De modo que se prestó menos atención a
la difícil situación que atravesaban las comunidades de
acogida, y nunca se supo cuántas personas desplazadas
vivían fuera de los campamentos.
Algunos desplazados pedían dinero prestado para
satisfacer sus necesidades básicas pues, como pocos
sabían de su existencia, no recibían ayuda
humanitaria.
Foto: Terra Colombia
CONCLUSION
Aunque el gobierno cuenta con planes de ayuda al desplazado es tanto el número de estas
personas que dichos programas de apoyo simplemente no dan abasto dejando
aproximadamente un 65% de la población afectada sin ningún recurso y apoyo.
Pienso que el gobierno debería ampliar el cubrimiento de esa ayuda humanitaria y
reestructurándola haciendo énfasis y tomando como punto importante la reintegración del
desplazado al campo, ofreciéndole garantías y seguridad, a demás de un apoyo que le
permita reiniciar su vida productiva.
Nosotros como colombianos y como afectados directa o indirectamente de este problema
social estamos en la obligación de ofrecer ayuda el desplazado ya sea orientándolo o
contribuyendo a su reintegración una vida digna.
BIBLIOGRAFIA
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_PBI_desplazamiento_2010_WEB.pdf
http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_6.pdf
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http://www.revistaperspectiva.com/archivos/revista/No%203/05_situacion_actual_y_perspectivas.p
df
http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1229