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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Los antecedentes, se refieren específicamente a investigaciones ya
realizadas en las cuales se han obtenido evidencia empírica, es decir no se
refiere aquí a teorías sino que se indaga en el quehacer científico previo
para conocer el punto al cual ha llegado el conocimiento sobre las variables
analizadas al momento de emprender la indagación (Vieytes, 2004). Es decir,
se refiere a la revisión de otros trabajos de investigación realizados sobre el
tema objeto de estudio, el cual en el presente estará referido a las políticas
públicas en materia educativa.
A continuación se presentan los antecedentes revisados, los cuales son
de gran importancia para este estudio; en relación a la variable educación en
derechos humanos se hace mención de López de Cordero, Mery (2011), con
su tesis doctoral intitulada “La educación para la ciudadanía y derechos
humanos: una asignatura orientada a favorecer la convivencia”. La misma
tuvo como propósito hacer un aporte relacionado con la necesidad de
aprovechar las virtudes de esa asignatura.
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En ese sentido, el propósito fundamental se centró en la necesidad de
orientar el proceso de formación del alumnado, no solo en el conocimiento
teórico de los valores, la ciudadanía, los derechos humanos, las
interrelaciones y la subjetividad, la xenofobia, el racismo, el aborto, las
drogas, el mundo global, el medio ambiente, sino incorporar al aprendizaje
teórico la práctica cotidiana de valores relacionadas con esos saberes para
unir a los jóvenes en la consolidación de un sistema de valores que guíe sus
acciones.
Empleó una metodología cualitativa, con un diseño etnográfico para
tratar de entender los fenómenos observados desde la perspectiva particular
de los grupos así como de las personas observadas e intentar acercarse a la
comprensión de los motivos además de creencias que están detrás de sus
acciones. Utilizando instrumentos de recolección de datos como notas de
campo y entrevistas, lo cual permitió elaborar la descripción, el análisis, la
interpretación de las experiencias observadas mediante el uso de categorías
y sub categorías surgidas de los mismos datos o establecidas por la
investigadora para tratar de responder algunos aspectos esenciales de la
investigación.
En conclusión se consideró una experiencia enriquecedora para
entender la importancia del conocimiento de los saberes específicos de la
metodología, estrategias así como actividades necesarias para el desarrollo
eficaz y eficiente de la educación para la ciudadanía. La cual requiere de una
metodología comunicativa, activa además de participativa. Por otro lado,
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logró demostrar el interés de los alumnos por la clase donde se tocaban
temas y contenidos vinculados directamente con su experiencia de vida;
mientras aquellos referentes a historia o de tipo memorístico, la participación
era prácticamente inexistente.
Este antecedente resulta valioso para la presente tesis por cuanto sus
aportes son enriquecedores en la temática de los derechos humanos, en
función de ello, demostró la relevancia de esos contenidos sobre este tema
dentro de la educación básica por cuanto despiertan en el educando
intereses por conocer las garantías constitucionales brindadas por el Estado
y por ende, el hecho educativo se torna más dinámico.
Torquemada, A.D (2007) quien realizó una investigación denominada
“La práctica educativa de derechos humanos en educación primaria”. En el
cual realiza un análisis al panorama tanto internacional como nacional donde
se refleja la crisis de valores por la que la sociedad atraviesa hoy en día, en
donde se vive la no observancia a los derechos humanos, el no acato al otro
ni a las normas, se vive una época en la que valores como
solidaridad, respeto, honestidad por mencionar sólo algunos no se ven
representados.
La investigación se enfocó a tres áreas relativas al proceso de
enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos en primaria: los contenidos
curriculares, la enseñanza y el aprendizaje de los mismos. Sus propósitos
fueron los siguientes: (a) Analizar si se plantean curricularmente los derechos
humanos como contenidos educativos en cada uno de los seis grados de
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educación primaria. (b) Conocer si en los planes y programas de primaria se
sugieren planteamientos apropiados para la enseñanza de derechos
humanos. (c) Analizar si los profesores de primero a sexto de una escuela
primaria pública diseñan actividades específicas para el dominio de los
derechos humanos.
(d) Indagar y analizar en los niños de los diferentes grados de una
escuela primaria pública su conceptualización en torno a los derechos
humanos y los derechos de los niños. (e) Analizar si en las clases cotidianas
en los diversos grados de primaria, se transmiten implícitamente los
derechos humanos como valores sociales. (f) Contrastar las concepciones
pedagógicas de los profesores sobre la formación de derechos humanos con
lo que realizan dentro de sus salones de clase.
La entrevista semiestructurada aplicada a los docentes pretendía
explorar tanto las representaciones respecto a los derechos humanos como
las actividades utilizadas por los docentes para la enseñanza de tales
derechos. En el caso de la entrevista a los niños, ésta indagó sus
representaciones sobre los derechos humanos y la forma en cómo adquieren
y desarrollan esos derechos en la escuela.
Los resultados reportados permiten concluir en cuanto al análisis
curricular, a pesar que en los planes y programas de educación según el
Sistema de Educación Primaria (SEP, 1993) se plantea como eje rector de
los contenidos cívicos, el conocimiento además de la comprensión de los
derechos así como los deberes a lo largo de toda la primaria, no se
contemplan los derechos humanos como contenidos prioritarios de
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enseñanza, pues sólo se trabajan de forma muy general en algunas
unidades temáticas en el área de conocimiento del medio en primero y
segundo año, y civismo de tercero a sexto año, siendo en los primeros
grados de primaria en donde se abordan los derechos de los niños (primero
a cuarto año) y en los grados siguientes se comienzan a abordar nociones
básicas sobre derechos humanos.
Se aprecia además, la carencia de planteamientos concretos referentes
tanto al tipo de estrategias pedagógicas que puedan ser utilizadas por los
docentes para la enseñanza de los derechos humanos en los seis grados de
educación primaria, como de materiales didácticos, por cuanto únicamente
en los dos primeros grados se marcan señalamientos muy generales para su
abordaje así como el uso de los libros de texto del Sistema de Educación
Primaria.
Se puede señalar por tanto que, el aporte de esta indagación es
significativa por cuanto en ella se pudo demostrar la dificultad para integrar
contenidos sobre derechos humanos al currículo escolar actual, de ahí que
es fundamental la teoría desarrollada en la misma para abordar el problema
de investigación en este estudio, que pretende reflexionar sobre las políticas
públicas para la promoción de los derechos humanos en la educación básica
venezolana, durante el período 1999 – 2012.
Moriarty, K (2004), realizó un artículo titulado “Crear ciudadanos activos
en el campo de los derechos humanos: El papel de la educación en derechos
humanos dentro de Amnistía Internacional” cuyo propósito fue analizar a
Amnistía Internacional en su papel de propulsor de la educación en derechos
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humanos, también el trabajo como respuesta a los abusos cometidos,
buscando salvar a grupos e individuos de graves violaciones de derechos
humanos.
Concluyendo, que Amnistía Internacional (AI), ha crecido utilizando
herramientas diferentes, dentro de las cuales destaca la educación en
derechos humanos (EDH), desempeñando un papel fundamental al
proporcionar los medios para un cambio sostenible dentro de culturas únicas
y diversas. Asimismo, la EDH libra un papel importante en la creación de
ciudadanos activos en materia de derechos humanos y en el desarrollo de
una cultura de derechos humanos.
El aporte del mencionado artículo es indiscutible por cuanto realiza un
análisis de la EDH como herramienta para la consecución de la defensa de
los derechos desde las instituciones educativas, promoviendo y fomentando
los derechos humanos de los ciudadanos en ambientes únicos y diversos, de
tal forma que puede sustentar teóricamente la presente investigación
Piñango, G. (2007) realizó una tesis para optar al grado de Doctor en
Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar (USB), intitulada
“Educación Básica en Venezuela: Evaluación del estado de la calidad en el
Distrito Capital”. La misma estudió la problemática de la calidad de la
educación básica, expresada en términos del rendimiento escolar en las
áreas de Lengua y Matemática, en una muestra de 1408 alumnos de tercer
grado pertenecientes a una selección de 31 planteles ubicados en el antiguo
Distrito Federal, en Venezuela.
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Sobre la base de la conceptualización del problema y estructuración de
un modelo de políticas públicas, la tesis evalúa el efecto de proyectos
pedagógicos orientados a la mejora académica, de la función docente, la
adscripción del plantel y de variables explicativas de tipo académica
relacionadas con el rendimiento escolar en las dos áreas de
aprendizaje señaladas. A esos fines, se utiliza la información generada por el
Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje (SINEA) en la prueba
administrada por el actual Ministerio de Educación y Deportes en 1998,
analizada mediante los métodos estadísticos de correlación y regresión
múltiple.
Los hallazgos del análisis multivariado indican que, en los 31 planteles
incluidos en el análisis, el rendimiento en el Área de Lengua está
determinado por las horas de clase que los maestros dedican a los tópicos
de lectura, escritura y contenidos gramaticales, así como por la adopción de
proyectos pedagógicos orientados a la mejora académica (p < 0,05).
En el análisis del Área de Matemática, las variables sobre el tiempo
dedicado en clases a la resolución de problemas, aprendizaje de conceptos
matemáticos, cálculo matemático y los proyectos orientados a la mejora
académica resultaron con valores p mayores a 0,05. En ambas áreas de
aprendizaje resultaron significativas la adscripción del plantel y la formación
docente (p <0,05).
Estos hallazgos favorecen la definición de políticas para mejorar la
calidad de la educación básica en las escuelas seleccionadas, mediante
intervenciones sobre las variables explicativas estadísticamente
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significativas. El Sistema SINEA debe tomar en cuenta los resultados de esta
investigación para modificar su método de medición y la operacionalización
de los factores asociados al aprendizaje.
Asimismo, la tesis genera la posibilidad de replicar el estudio en un
número mayor de planteles, manteniendo la ubicación del análisis al nivel
institucional, la escuela básica, y al niño como unidad de análisis. Para estos
fines es necesario recopilar información más detallada sobre las variables
explicativas del modelo, por ejemplo, respecto al alumno y las condiciones
para el estudio en su medio familiar. La utilización del SINEA requiere que se
modifiquen las condiciones metodológicas indicadas.
En ese sentido, el aporte de esta investigación para la presente por
cuanto favorecen la definición de políticas para mejorar la calidad de la
educación básica en el país, y en consecuencia, sirve para consolidar la
teoría concerniente a las políticas públicas en el ámbito educativo, y de ahí,
se establece su relación con el tema de los derechos humanos.
De igual forma, Núñez, I; Morales, E y Díaz I (2007) realizaron una
investigación titulada “El replanteamiento de las políticas educativas en
Venezuela”. Con la finalidad de describir, así como también analizar cómo y
cuáles han sido las políticas educativas en Venezuela entre 1961 y 2005,
cuáles han sido sus principales propósitos, y hacia donde se perfilan;
utilizando un razonamiento crítico de dichas políticas públicas implementadas
en el país durante el período señalado; todo ello fundamentado en una
revisión documental para considerar las características más reveladoras del
sistema educativo venezolano.
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La misma arrojó como resultado que la educación en Venezuela se
perfila hacia la universalidad del conocimiento, la identidad cultural, la
búsqueda de una mayor equidad social y acceso al sistema educativo, así
como interés por el fortalecimiento en los planes de estudio mediante el
establecimiento de educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía; por
lo que resalta la transformación hacia un régimen democrático-participativo,
no sólo mediante la ampliación de cobertura, sino, además, disminuyendo la
tasas de deserción, aumentando los índices de retención, renovando los
contenidos de los currículos para hacerlos más pertinentes, e incluyendo
cambios importantes en la cultura escolar.
El aporte de este trabajo es significativo por cuanto en él se denota la
importancia del derecho a la educación como una política del estado
venezolano, perfeccionando las limitaciones presentadas inicialmente,
buscando la paz social, la tolerancia, la cohesión social entre los ciudadanos,
para lo cual es necesaria la responsabilidad del Ejecutivo en el diseño e
implementación de Políticas Públicas.
De igual forma, Flores C, P (2009), realizó un artículo científico titulado
“Investigación educativa y políticas públicas en México: una reforma amorfa y
elusiva”, con el propósito de continuar con el desarrollo del campo de la
política pública en educación, por ello busca discutir la importancia de la
promoción del vínculo entre investigación educativa y política en México.
Trata de identificar algunas condiciones surgidas en el actual contexto
político y social de México las cuales pueden servir para alcanzar un mejor
aprovechamiento de las ideas en la toma de decisiones políticas.
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En ese sentido, el artículo concluye comentando tres retos a los cuales
enfrentan los analistas de políticas, los especialistas y las autoridades para
remontar la amorfa y elusiva relación entre conocimiento y políticas en el
campo de la educación de México. Estos tres retos son: 1) realizar el
metaanálisis de la investigación educativa; 2) repasar la visión racionalista y
tecnocrática en los procesos de toma de decisiones; y 3) crear nuevas reglas
que contribuyan a abrir espacios democráticos para la discusión y el
razonamiento público en este país latinoamericano.
Concluyendo en la existencia de por lo menos tres retos que enfrentan
el análisis y la promoción de la relación entre investigación y políticas
públicas en México; el primero es el del meta‐análisis porque es necesario la
indagación por parte de los investigadores en la calidad de las
investigaciones si se quiere que realmente formen parte de un cuerpo sólido
de conocimientos y con ello, puedan ser utilizadas de un modo más confiable
en los procesos de política pública.
El segundo reto es la necesidad de rebasar la visión positivista y evitar
la actitud tecnocrática. Sobre lo primero, se debe tener en cuenta la tipología
de Carol Weiss para explicar la relación entre conocimiento y políticas así
como reconocer que las ideas no sólo pueden impulsar cambios en la esfera
de lo tangible (modelo táctico, político, o de resolución de problemas), sino
también pueden ser iluminativas; es decir, pueden impulsar nuevos
conceptos y descubrir problemas con el ánimo de comprender el mundo y la
realidad con mayor amplitud.
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Sobre la visión tecnocrática, se debe ser consciente que la verdad no
siempre es igual a la mejor cosa a hacer, diría David Walker. Esta simple
aseveración destaca las limitaciones del conocimiento y de la técnica para
comprender y transformar la realidad. Aunque llene de vanidad hacer
modelos econométricos, aplicar fórmulas, utilizar terminología complicada, y
correr paquetes computacionales, habrá que acercarse a la realidad con más
humildad si es que se desea en verdad transformarla.
El tercer y último reto, se refiere a la necesidad de pensar mejor las
reglas sobre las cuales se podría construir la relación entre investigación y
conocimiento que capture las virtudes referidas por los antiguos, haciendo
además sustentable este vínculo, ampliando los espacios democráticos
además de llevar a una mejor comprensión de los problemas educativos para
poder, así, atacarlos con la mayor efectividad posible.
El aporte del referido artículo para este trabajo viene dado por la
importancia de relacionar el ámbito educativo con las políticas públicas,
porque es necesario que el Estado desarrolle las mismas a fin de garantizar
el derecho a la educación de sus ciudadanos, enmarcándolas en el campo
de las garantías constitucionales.
Finalmente se puede señalar la importancia de revisar antecedentes
cuando se llevan a cabo investigaciones por cuanto permite conocer los
resultados además de conclusiones de otros estudios, elementos a analizar
críticamente. Delimitar el campo de la indagación. Detectar con qué
instrumentos se han medido las variables objeto de estudio, los indicadores
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utilizados, número de ítems, tipo de escala, criterios de medición, validez y
confiabilidad lograda. El tipo de investigación realizada así como las teorías
y revisión de la literatura que lo sustentan.
2. REFERENTES TEÓRICOS Los fundamentos teóricos para el estudio del problema referido a
“Políticas públicas para la promoción de los derechos humanos en la
educación básica venezolana en el Período 1999-2012”, se analizan a
continuación, tomando en cuenta las sinergias e indicios de cada uno de los
eventos que definen el problema planteado, de acuerdo a la opinión de los
diversos autores y a la posición de la investigadora.
1. POLÍTICAS PÚBLICAS
Con el objeto de desarrollar las Políticas Públicas como productos del
Sistema Político, es necesario partir, primero del hecho de identificar dónde
se ubican las mismas, cuál es su universo, esto es dónde se encuentran. En
este sentido, se tiene que iniciar definiendo sistema político, es decir a que
se hace referencia cuando se evoca este concepto. En segundo lugar, dónde
opera un Sistema Político, cuál es su campo de acción, cuáles son sus
elementos esenciales. Con lo cual, una vez claro se pueda entrar de lleno al
campo de las políticas públicas.
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Es necesario que se tenga en cuenta la importancia del estudio de la
política, fenómeno tan viejo como la humanidad misma. Y más aun de ver a
la política como una ciencia, como algo que se puede analizar, observar y
por ello, requiere de métodos particulares para poder entenderla. La
aparición de ésta como ciencia (politología, estudio de la Ciencia Política) de
acuerdo con los señalamientos de Caminal (2006), se da con la
democratización del Estado liberal. Aquí en este período según explica el
autor
El poder, el Estado o, incluso el gobierno ya no ocupa todo el espacio del análisis político y ceden una parte del mismo a la organización y funcionamiento del sistema político, que cobrará mayor importancia con el transcurso del tiempo y en relación directa al proceso de democratización (p.23).
De igual forma señala Caminal (2006)
Cuando la política ya no es actividad exclusiva de unos pocos, cuando se generaliza y se hace anónima en decisiones tan trascendentes como la elección de los gobernantes, surge la necesidad de estudiarla de una manera distinta: haciendo uso como en la sociología y la economía, del método empírico y las técnicas estadísticas. No se trata ya de preguntarse solamente sobre el gobierno justo, ni de proponer o explicar teorías normativas generales sobre el Estado y el gobierno, sino de estudiar, también, el proceso político, las instituciones, la administración y el sistema político como un conjunto cohesionado. (p.26) Desde esta perspectiva, poder estudiar la política a través de la Ciencia
Política proporciona una herramienta importante que sirve para comprender
el sistema político. El concepto de éste ha evolucionado a través del tiempo,
de tal manera en sus inicios se definió como un conjunto de instituciones
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estatales y no estatales, por medio de las cuales, las clases tanto
dominantes como las élites ejercen el poder político en una sociedad
determinada. A posteriori, la sociedad se ha ido involucrando en la toma de
decisiones políticas incorporando nuevos elementos al sistema, relacionados
especialmente con las comunidades, sus valores y sus creencias, de igual
forma, se ha ido incluyendo en la toma de decisiones políticas.
Se puede señalar entonces que, un sistema político es el conjunto de
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad, comportamientos,
creencias, normas, actitudes y valores los cuales mantienen el orden del cual
resulta una determinada distribución de utilidades, por lo general, desigual
además de conflictiva.
El término fue traído al campo de la ciencia política, desde el terreno de
la informática, la teoría cibernética de las comunicaciones y de la llamada
teoría de los sistemas generales propuesta por Bertalanffy, pasando por la
sociología de Parsons, con el propósito expreso de construir categorías de
análisis así como enfoques conceptuales novedosos que permitieran romper
con la perspectiva jurídico e institucional dominante en los estudios políticos
hasta la mitad del siglo XX.
Indudablemente, se debe hacer mención de Easton quien aporta todo
un esquema con la finalidad de poder realizar una serie de definiciones en la
ciencia política, esto es, en el ámbito de la teoría empírica sobre los
fenómenos políticos. Ha pasado mucho tiempo desde que escribió su The
Political System y publicó sus dos obras en las que detalló su esquema de
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análisis (A framework for Political Analysis y A System Analysis of Political
Life) y, desde entonces hasta ahora, es poco lo que se ha avanzado en la
construcción de una verdadera teoría sistémica del comportamiento
político.
No obstante Meehan (1968), considera como la debilidad fundamental
de Easton el hecho que su teoría no pretende explicar fenómenos empíricos
sino simplemente crear un esquema de conceptos abstractos. Así,
pretendiendo definir la política como un sistema de comportamiento, termina
por no conceptualizarla. Al reconocer la existencia de sistemas parapolíticos,
acepta que la política ocurre en todas partes, en organizaciones menos
incluyentes que el sistema político social.
Al respecto, Duverger (1978), parte de la distinción entre instituciones,
regímenes y sistemas. Por sistema social, en general, entiende todo conjunto
de partes en los cuales los diversos elementos forman un todo único además
de ordenado, siendo éstos interdependientes entre sí. Según él, el nombre
de sistema se reserva en general al conjunto de los roles o modelos de
comportamiento que integran la cultura de un grupo sirviendo a su vez para
definirlo.
Desde su perspectiva, el sistema político, no es más que una entidad
analítica para el estudio, o dicho en sus términos, “es el conjunto del sistema
social estudiado en sus aspectos políticos” (p.14); en consecuencia, se
puede decir, es el cuadro general en el cual los diversos elementos se
colocan en una correlación recíproca. Las instituciones políticas, a su vez,
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son las partes integrantes de un subsistema político que es denominado
régimen político.
Un enfoque diferente al de Duverger es el que ofrece Huntington
(1968), quien usa el término sistema político para designar un conjunto
formado por unas determinadas instituciones políticas, que tienen unas
acordadas expresiones formales identificables en el régimen jurídico, en
relación con un cierto nivel de participación que se manifiesta en conductas
observables empíricamente, referidas al ejercicio del poder político por medio
de las instituciones y los actos del gobierno.
Se evidencia, la variedad de opiniones respecto al sistema político, para
Easton es el esquema básico para definir una serie de elementos que
contribuyen a forjar una idea política del entorno social, asignando valores
respaldados por la autoridad, mientras que para Duverger es el conjunto de
elementos conformadores de instituciones políticas, coincidiendo con
Huntington quien le agrega a éstas elementos identificables con el régimen
jurídico.
Por otro lado, para Huntington (1968), los elementos del sistema político
se pueden reducir a cuatro, que operan en distintos niveles dentro del
sistema: (a) elementos institucionales, conformados por órganos e
instrumentos que dirigen el sistema y cumplen la función de asignar valores a
la sociedad. (b) actores institucionalizados, donde la sociedad se organiza
para transmitir sus demandas o influir o modificar las decisiones de la
autoridad. (c) los valores de los individuos y grupos sociales, por ende, viene
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a ser la cultura política. (d) otros sistemas políticos de carácter nacional, así
como el escenario internacional.
Sin entrar en mucho detalle todas las clasificaciones actuales de
sistemas políticos han venido a reducirlos a dos en función de las relaciones
internas del sistema, su complejidad, las interacciones, entre otras y son
sistemas democráticos y sistemas autocráticos. En sus planteamientos
Alcántara (1995), considera que el sistema político puede entenderse como
un conjunto conformado por los siguientes elementos:
En primer lugar, lo integran los elementos institucionales(a cuya expresión formalizada aquí se le denomina régimen político) que representan los poderes políticos y sus reglas de interacción para consigo mismo y para con la sociedad, pero también a las normas, escritas o consuetudinarias, que hacen referencia a las formas de tenencia de la propiedad, a su transmisión, a su enajenación y a sus constricciones. En segundo término los actores institucionalizados en que la sociedad se organiza ya sea de manera activa o pasiva, para transmitir sus demandas, influir o modificar en mayor o menor medida en las decisiones del gobierno. En tercer lugar, los valores de los individuos y los grupos sociales que componen la sociedad en cuanto a la comprensión de la actividad política se refiere, derivados tanto de elementos estrictamente culturales como de experiencias históricas. Finalmente debe señalarse que la existencia de un sistema político “de carácter nacional” se encuentra inmerso en el entramado internacional, del cual puede recibir influencias bien sea como consecuencia de la actuación de otros sistemas políticos de carácter igualmente nacional, bien como resultado de acciones del propio sistema internacional (p. 53).
Como se puede apreciar es una definición bastante completa y
compleja que abarca una serie de ideas y elementos. Tales como: (a) el
régimen político, integrado por el Estado, poderes y su entramado
institucional, la Constitución Política y las leyes fundamentales reguladoras
de la política, la sociedad y la economía; (b) los actores sociales, en los que
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se den cabida los partidos políticos, los grupos de presión, y los movimientos
sociales; (c) la cultura política, finalmente, (d) el escenario internacional.
Lo importante en la identificación de un sistema político es que en él, en
su interior todos los elementos que lo componen se encuentran
interactuando, no están de forma jerárquica, no existe ningún elemento
sobresaliente o encima del otro. En consecuencia, en este interactuar, una
variación en una de sus partes puede llegar a afectar a la totalidad del
sistema.
En ese sentido, en el mismo sistema, también se dan diferentes tipos
de relaciones como las de poder, de mando, de obediencia, de satisfacción
de necesidades, de legitimidad, de apoyo, eficiencia, efectividad y eficacia.
Lo interesante del sistema es que siempre está en un continuo movimiento,
generando cambios y transformaciones, en algunos más que en otros. Así,
el tratar de entender estas relaciones, estos cambios y transformaciones,
representa una de las tareas fundamentales de la Ciencia Política, plantearse
los problemas, buscar un método adecuado para poder explicar los
problemas, brindando, más que respuestas a los mismos, ideas que permitan
pensar de nuevo en temas que en el entramado de estas relaciones vayan
surgiendo con el avance del tiempo.
Así pues, la idea de sistema político se presenta como algo integral,
como un todo, algo que para poder analizarlo, entenderlo se debe tomar en
cuenta distintos factores, componentes, siendo aquí donde las políticas
públicas como productos del sistema político, su análisis y estudio cobran
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importancia e impacto en el sistema por cuanto ellas pueden originar por un
lado un clima de tranquilidad o de inestabilidad, sirviendo como un posible
mecanismo de evaluación del sistema político.
Una vez definido el sistema político y aclarados sus principales
elementos, es preciso señalar que el mismo se encarga de diseñar las
políticas públicas obligatorias para la satisfacción de las necesidades de la
población. Al respecto, González (2008, p.110) las define como “una decisión
formal caracterizada por una conducta o actuación consistente y repetida por
parte de aquellos que la llevan a cabo y de aquellos que resultan afectados
por las mismas”, de igual forma, afirma Piñango (2003) son proposiciones
gubernamentales sobre la mejor forma de lograr determinados objetivos
sociales. Ideas que contienen toda la fuerza y debilidades de éstas, no
obstante las mejores ideas pueden generar efectos indeseables.
Tal como lo señala Alcántara (1995), las mismas se consideran como
determinados flujos del régimen político hacia la sociedad. En ese sentido,
son concebidas, las políticas públicas, como productos del sistema político,
por ello, no deben entenderse como partes exógenas del mismo, sino como
constitutivas de los resultados de las actuaciones de cada elemento
formalmente institucionalizado adscrito al ámbito estatal. En ese orden de
ideas, se puede señalar las políticas públicas como un proceso en el cual
intervienen diversos sectores sociales que compiten por los recursos del
Estado, es decir, son las acciones de gobierno, es el gobierno en
acción, buscando cómo dar respuestas a las diversas demandas de la
sociedad.
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Desde esta perspectiva, es necesario recordar que es la sociedad, con
la soberanía popular, quien a través del sufragio tiene hipotéticamente la
oportunidad de escoger a las personas que constituyen el poder público,
para que éstas en el desarrollo de sus competencias diseñen, planifiquen y
ejecuten las políticas públicas necesarias para la satisfacción de sus
necesidades, por ende, dentro de éstas juega un papel primordial la
educación como derecho humano.
En el cometido de las políticas sociales, la jerarquía del Estado es
incuestionable, perfectamente reconocida por el Centro Latinoamericano
para el Desarrollo (CLAD, 1998 p.7), cuando expone “el Estado continúa
siendo un instrumento fundamental para el desarrollo económico, político y
social de cualquier país”.
De igual forma, entre los principios fundamentales de la Constitución
nacional de 1999, se establece que Venezuela se constituye como un Estado
democrático y social de derecho y de justicia, en donde la defensa y
el desarrollo de la persona así como el respeto a su dignidad son
importantes, además se busca la construcción de una sociedad justa y
amante de la paz, en donde el trabajo y la educación son elementos
principales para tales fines, tal como se lee en el Art. 3.
En ese orden de ideas, lo descrito anteriormente, demuestra las
primeras políticas públicas contempladas en la Carta Magna, en donde se
estipula la sociedad democrática y el Estado Social de Derecho y Justicia
para todos los venezolanos, se puede afirmar entonces que éstas son
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algunas de las primeras políticas públicas contempladas en este documento
el cual también plantea que los habitantes de este país, tendrán garantizada
su defensa y desarrollo como personas de bien, acciones que lograrán
mediante la educación y el trabajo.
En ese sentido, toda política, procede de la decisión y acción pública,
en la cual la actuación de los personajes e instituciones involucrados
adquiere características particulares, por un lado, la puesta en práctica de
estas políticas calibra a través del tema social la relación entre gobierno,
Estado y sociedad, por otro plasma la dificultad participativa de los
beneficiarios al no lograr constituirse en protagonista del proceso, en la
definición de criterios importantes en torno a éstas, como su cobertura y
alcance.
En ese orden de ideas, autores como Majone (2001) reconocen en esta
forma de hacer políticas públicas una estrategia real para recrear el contrato
Estado-Sociedad y definir de esta forma, las estrategias interinstitucionales
que garantizan la eficacia de las soluciones buscadas.
Por otro lado, cuando se revisa el rol del Estado es significativo realizar
un acercamiento al concepto de políticas públicas, para lo cual se toma como
referencia la definición utilizada por la Plataforma Interamericana de Derecho
Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), específicamente por Suárez
(2004), quien señala
Se entiende por política pública el conjunto de acciones-estrategias, planes, programas, proyectos u omisiones, asumidas
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total o parcialmente por entidades gubernamentales o estatales, y que tienen como propósito modificar una situación percibida como socialmente insatisfactoria o problemática en tanto desconoce o vulnera derechos, intereses u objetivos colectivos considerados como deseables u objeto de especial protección (p. 259) Por su parte, Ruiz (2007), la define como El conjunto consistente de decisiones y acciones (actividades) del gobierno (organismos y autoridades públicas) para responder a problemas o demandas de la sociedad (sociales). Establecidos por ejemplo en: normativas, reglamentos internos, planes de gobierno, planes de desarrollo (anual, quinquenal), planes operativos o de gestión, presupuestos anuales, planes estratégicos, definiciones de objetivos u organigramas, entre otros instrumentos (p. 148). En las últimos tiempos se ha desplegado un debate trascendental sobre
cómo debe organizarse una estrategia de desarrollo la cual contenga una
visión de derechos humanos y que sirva para el abordaje de los problemas
relacionados con la pobreza. Desde esta perspectiva, para las agencias
especializadas de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional de
derechos humanos, involucradas en el debate han sido esenciales tres
razones:
1) La necesidad de un enfoque de derechos humanos de las políticas
públicas.
2) la definición de una nueva estrategia de desarrollo superadora del
enfoque neoliberal basado en el mercado; y
3) el papel de la participación de la población, no como simple
favorecida de ayuda, sino como sujeto de derechos y frente a los cuales los
Estados tienen compromisos contraídos nacionales e internacionalmente.
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Por ello, un enfoque basado en derechos humanos formaría… …un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo (OACDH Pág.18). Todo lo explicado hasta aquí, marca el valor de incorporar esos
elementos en la elaboración de políticas públicas además de estrategias de
desarrollo para alcanzar el objetivo de superación de la pobreza así como la
exclusión; las cuales deben tener como punto de partida y soporte no sólo
los modelos sino los principios internacionales de derechos humanos.
En ese orden de ideas, la pobreza, para la Comisión Económica Para
América Latina y El Caribe (CEPAL, 2003) es el resultado de un proceso
social y económico, con componentes culturales y políticos, en el cual las
personas así como los hogares se hallan despojados de activos y
oportunidades primordiales por diferentes causas y procesos, tanto de
carácter individual como colectivo, lo cual le concede un carácter
multidimensional, por ello su enfrentamiento está asociado a la participación
protagónica de los afectados y a la disputa por espacios de poder para
superar estructuralmente las relaciones de desigualdad que la generan.
En ese sentido, la condición fundamental de una política pública basada
en derechos, pasa por el otorgamiento de poder a los sectores habitualmente
relegados y por el reconocimiento de los deberes que el Estado tiene por
53
tratarse de seres humanos titulares de derechos. Este enfoque se enmarca
en la búsqueda del cambio en la lógica de elaboración de políticas
orientadas en la consideración de las personas como víctimas pasivas
receptoras de asistencia. Por el contrario, una visión alternativa coloca el
protagonismo de las personas en su condición de titulares de derechos, con
capacidad de demandar y exigir acciones del Estado para su cumplimiento y
disfrute.
Al respecto Abramovich (2006), señala
Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas solo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento (p.38) Todos estos señalamientos dan a conocer la importancia de diseñar
políticas públicas dirigidas a la solución de los problemas esenciales de los
habitantes de una comunidad, estado o país, pero sin olvidar la necesidad de
participación de éstos de una manera activa y protagónica en la creación de
las mismas, porque ellos son los más afectados, además es su derecho,
aunado al deber del Estado de procurar la satisfacción de las necesidades de
un pueblo.
Sagasti y otros (1999), en un análisis sobre la política social en América
Latina, la consideran como el conjunto de pronunciamientos, intervenciones y
acciones gubernamentales conducentes al bienestar de los individuos, las
familias y los grupos sociales, asumiendo un enfoque caracterizado por: (a)
54
Equidad, un nivel de vida mínimo compatible con la dignidad humana, y el
pleno desarrollo de las personas, como nuevo enfoque de política social. (b)
Interacciones entre lo social-político- económico para integrar plenamente a
la política social con las otras políticas de desarrollo. (c). Diferenciar criterios tales como nivel de aplicación (nacional
regional, local) y según los sujetos de las medidas de política (género,
edad, etnia, ingresos). (d) Considerar explícitamente las dimensiones
internacionales de la política social, para una mayor equidad global y un
entorno adecuado para la política social regional y nacional. (e). Adoptar
una actitud pluralista y de experimentación social, que convierta el
diseño y ejecución de políticas sociales en un proceso de aprendizaje
colectivo.
De acuerdo con estos autores, la política social contiene
fundamentalmente tres conjuntos de acciones por parte del gobierno:
Provisión de servicios sociales básicos (educación, salud, nutrición,
saneamiento, seguridad social); lucha contra la pobreza y generación de
empleos. Por otro lado, es menester señalar que se visualiza a la política
social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos
conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando
que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad
con la mayor equidad.
Al respecto, Maingnon (2004) considera la existencia de una diversidad
de definiciones de política social las cuales presentan diferentes posiciones
55
tomando en cuenta sus objetivos, extensión y límites; agrupándolas en
atención a ello en dos. Primero están las definiciones que la limitan a los
programas de bienestar social y a las políticas que sustentan o conforman
dichos programas. Un segundo concepto considera que la función principal
de la política social es la reducción así como eliminación de las inequidades
sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios,
oportunidades y capacidades.
Dentro de ese marco, este concepto incluye todas aquellas actividades
contribuyentes al fortalecimiento de la educación, la salud, la asistencia
pública, a la seguridad social, así como también aquellas que afectan, en
general, la redistribución además de la distribución del ingreso y las dirigidas
a construir y/o conservar el capital social.
Sin embargo, en esta investigación se consideran pertinentes la
educación y la asistencia social como parte fundamental de los derechos
humanos en el país, esto no significa que los otros indicadores sean menos
relevantes, sino por razón de pertinencia con la temática abordada en ella;
en función de ello se realiza una pequeña descripción de los mismos.
A) Educación:
Al hablar de educación, este término etimológicamente, educar proviene
del latín educare, que significa conducir a alguien, guiarle, orientarle. En
consecuencia es un proceso que se da desde afuera. Aunado a otro vocablo
56
educere, que quiere decir extraer, sacar, mostrar, hacer visible, por ende,
este quiere decir desde adentro.
Se puede decir entonces, la educación es un proceso por medio del
cual el individuo exterioriza todos esos conocimientos previos que posee con
la guía o conducción del docente. Para Dewey (1899) “La educación es la
reconstrucción de la experiencia que se añade al significado de experiencia,
y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia
subsiguiente.” (p.87)
Con lo cual se hace referencia, a ese proceso interno del ser humano
por medio del cual exterioriza sus conocimientos previos, pero de igual forma
internaliza toda información obtenida del exterior, de ahí la importancia de
desarrollar el mismo a fin de optimizar su proceso socializador; más aún
cuando éste es un derecho inherente al individuo, formando incluso su
carácter sociopolítico como miembro de la sociedad. En relación a las
políticas educativas son muchas las opiniones destacadas en esta materia,
sin embargo, a objeto de contextualizar la promoción de los derechos
humanos dentro de las organizaciones educativas en Venezuela, se hace
referencia a los diversos modelos que de una u otra forma sirven de sustento
a la problemática desarrollada en esta investigación.
Modelo de política educativa de Emily Durkheim Para el autor la sociedad está constituida por un conjunto de leyes. En
función de ello, la adhesión a estos principios reguladores de la acción social
57
brindan garantía de convivencia, interacción y tolerancia en todos los
estratos sociales; no obstante corresponde al educador la gran
responsabilidad de formar ciudadanos, de inculcarles valores que permitan
vivir en el respeto por si mismo y por los demás, es decir, la observancia de
las obligaciones y exigencia de los derechos inherentes al ser humano.
En ese orden de ideas para Durkheim, el tema central de la
educación está solo en la tarea moral. De ahí que, el docente sea
considerado un demiurgo encargado de transmitir las grandes ideas de su
conciencia a la del niño. Desde esta perspectiva, se puede afirmar se trata
de una concepción autoritaria de la escuela, cuyo pilar fundamental lo
constituye el educador.
Se puede señalar entonces, en función de lo descrito anteriormente,
que la teoría de Durkheim tiene en cierto sentido, una concepción arcaica de
la educación, se refiere más a la denominada escuela tradicional, según la
cual la instrucción se convierte en el mecanismo a través del cual se
disciplina al niño permitiéndose la socialización, fundamentándose en el
respeto a las leyes que gobiernan la sociedad. Por ello, dentro del modelo de
Durkheim, se aprende del maestro más no del mundo ni de la experiencia
propia del individuo.
Desde esta perspectiva, este esquema ha ido quedando rezagado en
función de los nuevos paradigmas educativos, en los cuales el niño y la niña,
son el eje central, y el docente pasa a ser un facilitador de los
aprendizajes, pero juega un papel determinante las experiencias previas que
58
el alumno trae al aula, a fin de explotar al máximo el potencial que éste
presenta. En efecto, debido a las transformaciones sociales, el enfoque
constructivista es el más empleado en Venezuela desde la década de los
ochenta con la instauración de la educación básica en el país como política
de Estado.
Modelo de política educativa de John Dewey Para este autor la educación debe favorecer la interacción social del
niño en lugar de ofrecer una formación cívica abstracta basada en el
aprendizaje de las leyes que gobiernan la sociedad, como lo planteaba
Durkheim. En efecto, la educación debe tender a desarrollar la capacidad de
razonamiento justo, de ahí que, los niños y niñas deben ser tratados como
personas a las cuales hay que escuchar porque ellos tienen muchas cosas
que expresar, y no se le debe coartar ese derecho; desde este punto de vista
para Dewey, como todo pragmático, la escuela debe ser una comunidad viva
al servicio de sus habitantes.
Consideraba el autor que los niños no llegan a la escuela como si se
tratasen de pizarras limpias y pasivas, en las cuales los maestros pueden
escribir sus lecciones de civilización, sino por el contrario, cuando un niño/a
llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación
consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” (Dewey, 1899, p.
25). Él consideraba imprescindible para que la escuela pudiera fomentar el
espíritu social de los niños y desarrollar su espíritu democrático, tenía que
organizarse en comunidad cooperativa.
59
En ese sentido, es menester desarrollar ampliamente en el niño, la niña
o adolescente ciertos hábitos conductuales que favorezcan los procesos
socializadores necesarios para el desarrollo integral, pero teniendo como
punto de partida los derechos colectivos, enseñados por el docente esto es,
no considerarlos en su individualidad, sino desde la necesidad de socializar
que tiene el ser humano, de sus derechos inherentes a esa condición. El
autor centraba el proceso educativo, precisamente en el docente, mientras el
aprendizaje de los niños/as giraba en torno a él, de ahí que haya sido objeto
de grandes críticas.
Modelo de política educativa de Paulo Freire Freire intenta romper con los esquemas escolares del Norte (aún
cuando sus raíces se asientan en Dewey, Rousseau, Hegel y Marx). Propone
un concepto original de educación basado entre otras ideas en la supresión
de la dicotomía educador-alumno para acentuar el papel del diálogo en la
educación popular y en la informal. Considera el autor, al diálogo como el
elemento más importante en el proceso de formación del individuo por
cuanto implica mucho respeto hacia los otros por tratarse de una actividad
cooperativa.
Para el autor, la democracia es considerada como un medio de
aprendizaje más no como objetivo de la educación democrática, es
decir, esta se construye día a día en el aula de clases. Finalmente, piensa
que es importante que la educación sea una opción para los pobres, los
60
oprimidos, los desheredados porque estos grupos son víctimas de las
relaciones de poder; son excluidos de los mecanismos de reparto de la
riqueza al mismo tiempo que contribuyen al bienestar de las clases
acomodadas. Desde esta perspectiva, él crea una teoría de inclusión en el
campo educativo.
En ese sentido, propone una pedagogía de la liberación, de los
oprimidos en la que se trata de liberarlos ayudándolos con un proceso de
concienciación para de esta forma tomar las riendas de sus destinos,
razón por la cual, el individuo puede hacerse más fuerte para conseguir el
poder necesario a fin de transformar la sociedad.
En referencia a estos planteamientos, se puede afirmar entonces, este
modelo de Freire presenta una pedagogía humanista y liberadora, por ende
se debe enfocar en dos momentos interrelacionados: primero, donde los
oprimidos va descubriendo el mundo de la opresión y se van
comprometiendo, en la práctica, con su transformación; y el segundo, cuando
una vez transformada esa realidad social, la pedagogía deja de ser del
oprimido y pasa a ser la de los hombres en procesos permanentes de
liberación.
B) Asistencia social
El régimen de Asistencia Social protege especialmente a los adultos
mayores, a las personas con discapacidad y en general a todas aquellas
personas cuyas necesidades esenciales no estén aseguradas o que, por sus
61
condiciones de vida o de salud, requieren protección y no puedan
solucionarlas sin el apoyo de la sociedad. En efecto, desde el preámbulo de
la Carta Magna (1999) el constituyentista establece la refundación de un
Estado de justicia que consolide los valores de la libertad, la independencia,
la paz, la solidaridad y el bien común, entre otros.
Asimismo, de acuerdo con el Informe del Ministerio de Educación y
Deportes de la República Bolivariana de Venezuela titulado Políticas,
Programas y Estrategias de la educación venezolana, (2004), el carácter
humanista del Estado Venezolano en la CRBV (1999) conlleva implícito la
interpretación de las normas, ubicando al hombre como el centro de toda
gestión del país, de ahí se debe asumir un nuevo Estado caracterizado por la
corresponsabilidad (familia-sociedad-gobierno) y la equidad (principio ético-
político) dentro de toda sociedad democrática.
Dentro de ese marco, los fines asistenciales del Estado están
constituidos por la defensa y el desarrollo de la persona respetando su
dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la constitución de
una sociedad justa y amante de la paz, los cuales están establecidos en el
artículo 3 de la CRVB.
Además el artículo 102 persigue formar un ciudadano fundamentándose
en cuatro ejes constitucionales a saber:
Acceso universal a una educación integral de calidad, con
igualdad de condiciones y oportunidades, ejercida como derecho humano y
deber fundamental.
62
Incremento de los niveles de equidad social, igualdad de
valoración en cuanto al género, participación plena de la mujer en la
sociedad y valoración de sus derechos sexuales y reproductivos, así como la
igualdad del hombre y la mujer en el ejercicio y acceso al trabajo, entre
otros.
Integración política para el desarrollo social, el fortalecimiento
integral del niño/a, adolescente y adultos a través de una educación de
calidad.
Ejercicio directo de la democracia a través de la participación y
el protagonismo de los pueblos (de forma directa) y a través del sufragio
(indirecta) por los órganos que ejercen el poder público.
Corresponde al Estado, velar por la seguridad física, jurídica y psíquica
del ser humano, en este sentido, se puede hablar de una seguridad integral,
por ende, está en la obligación de diseñar políticas públicas dirigidas al
cumplimiento de esta función, brindando el apoyo necesario al ciudadano
para la satisfacción de las necesidades básicas, por ello, se debe legislar en
materia de asistencia social del individuo y coadyuvar con su bienestar.
En ese orden de ideas, desde los primeros años del proceso
democrático del país, se puede afirmar la disposición del Estado por
minimizar la pobreza, el desempleo, el analfabetismo; no obstante, son
indicadores fuertes dentro del sistema socioeconómico difíciles de vencer,
pero eso no significa el abandono de las políticas públicas en torno a su
solución.
63
Desde esta perspectiva, para la Organización Internacional del trabajo
(OIT, 2001, p.6) la asistencia social “consiste en un conjunto de prestaciones
en metálico o en especie que son financiados por el Estado, bien nacional
y/o local, y que se otorgan principalmente por la verificación de medios de
vida o ingresos”.
Como puede apreciarse, el Estado coadyuva con la solución de la
problemática presentada a los ciudadanos, por ello, es el responsable directo
de suministrar todo ayuda necesaria a éstos, pero debe aclararse el
cumplimiento de una condición, es decir, la verificación de medios de vida,
porque en todo caso, resultaría oneroso para el mismo la manutención de
todos los ciudadanos.
Sin embargo, es bueno recordar los derechos del ciudadano a la
educación y a la asistencia social, correspondiéndole al estado la garantía de
los mismos fundamentándose en los preceptos constitucionales, así como en
aquellos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado en
función del bienestar social.
Con base en la CRBV (1999) y el Plan Estratégico Social (PES, 2001-
2007) se delinean políticas de Estado: (a) Atención integral al niño y a
adolescente, (b) Seguridad alimentaria nutricional, (c) Protección social a los
adultos mayores e (d) Infraestructura social básica.
De igual forma, el Primer Plan Socialista (PPS, 2007-2013) se propone
la refundación de la Nación Venezolana, cimentando sus raíces en la
fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes
humanistas del socialismo. A partir de la construcción de una estructura
64
social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y
endógeno, se persigue que todos vivan en similares condiciones, rumbo a
La Suprema Felicidad Social
En este orden de ideas, dentro de esta amplitud de tolerancia ante lo
diverso del Primer Plan Socialista, hay un núcleo de hechos y antivalores
ante los que no se puede ser indiferente ni tolerante, pues conducen a crear
un estado de cosas donde la impunidad se convierte en algo normal y
aceptado por todos. De ahí que, ante la crueldad, ante la tortura, ante la
discriminación racial, ante la violación de los derechos humanos, ante la
violación de una mujer, ante el maltrato de los niños, ante las injusticias,
ante la corrupción y ante otras muchas cosas de características similares
no se puede ser tolerante, no se puede consentir. Esta intolerancia a los
antivalores se convierte en una plataforma indispensable para poder iniciar
una convivencia pacífica.
En efecto, los ciudadanos personificarán y ejercerán siempre los
mecanismos sustantivos del poder político, es decir, conservarán siempre
su poder y su soberanía, la cual está siempre orientada hacia el bienestar
de todos, con los principios de igualdad y libertad. En ese sentido, el cambio
debe estar orientado a poner de relieve los elementos en común, que
permitan construir una comunidad tolerante.
El paradigma educativo que se genera en Venezuela a partir de estos
nuevos marcos legales se caracterizan por la transformación constante y
sostenida de todos los componentes del Sistema Educativo para la
65
consolidación del nuevo Estado Docente basado en la igualdad y el
fortalecimiento del estado de justicia, en la búsqueda de la universalización
de los derechos.
Con base a estos referentes, se desarrollan las líneas macros de las
políticas educativas: (a) Educación de calidad para todos y todas; (b) La
escuela como espacio de equidad y corresponsabilidad; (c)
Descentralización e integralidad y (d) Modernización del sistema escolar. De
ahí que el concepto de calidad para todos(as) es atendido y desarrollado,
bajo el enfoque de derechos humanos.
2 DERECHOS HUMANOS El tema de los derechos humanos (DH) se ha considerado una lucha
constante del individuo porque se le garantice su condición dentro de la
sociedad, buscando que no le sean soslayados los mismos y se le
reconozcan éstos dentro de la comunidad donde desarrolla sus actividades
cotidianas, siendo el Estado el primer garante y en algunos casos también el
transgresor de éstos.
Entre los autores que coinciden en resaltar la centralidad de la dignidad
humana en el concepto de los derechos humanos destacan Cassese (1993),
Etxeberría (1998), García Roca (1998) entre otros. Al respecto, señala Jares
(2002, p. 23) la dignidad puede definirse como la “expresión de la capacidad
de elegir, de construir conceptos generales y de razonar, comunicar,
66
dialogar, de ser seres morales capaces de autodeterminación, por ende, los
derechos humanos servirán a esos ideales de dignidad”.
Al respecto, Yorde (2008) señala que esa cualidad de dignidad deviene
precisamente de su carácter racional y libre y sobre todo a las actuales
proclamas de la Declaración de los Derechos del Hombre. Por eso, los define
como un conjunto de necesidades y condiciones humanas que adquiere el
individuo desde su concepción, para el bienestar individual, social,
económico, cultural y político y que al final es la búsqueda constante de la
realización del ser humano.
Cuando se habla de D.H. se hace alusión a aquellos derechos que son
inherentes a cualquier persona, sin distinción de nación, raza, sexo, origen,
lugar de residencia, color, religión o lengua. En este sentido, el preámbulo de
la DUDH (1948), toma como punto de partida el respeto por la dignidad de la
persona, que es a su vez, el fundamento que daría sustento a la promoción
de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo.
Según se establece en dicho preámbulo, resulta esencial para el
aseguramiento de los D.H., su correcta protección a través de mecanismos
jurídicos que tiendan a evitar vías de hecho del hombre contra la tiranía y la
opresión totalitaria. El punto de partida de la declaración, de acuerdo con
Baños y Buján (2012) consiste en el reconocimiento de la libertad e igualdad
de la dignidad y de los derechos de todos los seres humanos, por cuanto se
considera que todos los seres humanos nacen libres y humanos en dignidad
y derechos y por lo tanto dotados de razón y conciencia tienen que
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
67
En este sentido, la convicción acerca de la igualdad entre los hombres,
puede ser visto según Bedin (2000), como la primera gran consecuencia de
la afirmación del individuo y del modelo individualista, por esto afirma Bobbio
(1991), cuando los hombres nacieron no eran considerados libres pues
pertenecían a la familia paterna, ni iguales por cuanto estaban sometidos a la
autoridad de ésta.
Todos estos señalamientos permiten inferir el sometimiento del
individuo ante otro ser humano, bien por lazos de consanguinidad o afinidad,
esto es a la autoridad del padre de familia; sin embargo, esta sumisión se ha
llevado más allá, incluso en el campo laboral, de ahí, la importancia para el
individuo de obtener un conocimiento pleno de sus facultades, derechos y
obligaciones para solicitar el pleno goce de las mismas ante el Estado.
El proceso de los derechos humanos arranca siglos atrás, tomando
cuerpo en momentos sociopolíticos y económicos determinados
caracterizados fundamentalmente “por la defensa de nueva libertades contra
viejos poderes” (Bobbio, 1991, p. 18). Incluso, “son una noción moderna de
una realidad muy antigua, de acuerdo a lo expresado por Vasak (1978, p.14),
al mismo tiempo que “no constituyen un concepto estático e inalterable”
(Vercher, 1998, p. 14). De igual forma, Cassin (1974) señaló una de las
características del concepto de derechos humanos es la constante expansión
de la idea y el contenido.
En otras palabras, los derechos humanos tienen carácter histórico. A
medida que evolucionan las relaciones políticas, económicas y culturales,
68
surgen otros nuevos. Así, su propio articulado se ha ido completando
posteriormente con diferentes Convenios y Pactos, teniendo especial
importancia los Pactos Internacionales aprobados en 1996: el Pacto
Internacional de derechos, económicos, sociales y culturales y el Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos. Estos dos pactos, junto con la
Declaración Universal, forman una unidad conceptual, política y social que se
ha dado en llamar Acta de Derechos Humanos.
Algunos consideran a los derechos humanos como conjunto de
necesidades básicas que todo ser humano, por el hecho de serlo, debe tener
cubiertas. En ese sentido, señala Ortiz (2002) “los derechos humanos
constituyen un poderoso instrumento reformador y emancipatorio de la vida
social y personal” (p.22).
En resumen, se puede entender los derechos humanos como un
proceso, cuyo alcance y significado no están ni pueden estar concluidos.
Como lo ha expresado Bobbio (1982, p.136), “la declaración Universal es
sólo el principio de un largo proceso, del que no podemos [sic] ver aún la
realización última”
Partiendo de los señalamientos anteriores, es preocupación dentro de
esta tesis, adquirir un conocimiento sobre la educación en derechos
humanos en Venezuela en el período 1999-2012, por ello, dejando aparte a
los precursores así como otros componentes de la educación para la paz, tal
como lo planteó Jares en 1991, la educación para los derechos humanos
tiene su inicio oficial y explícito en la proclamación de la Carta de las
69
Naciones Unidas y muy específicamente con la Declaración de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre de 1948. En ese sentido, son dos las grandes
ideas que la impulsan. Primero, la enorme importancia concedida al respeto
de los derechos humanos como vía para evitar nuevas guerras, en ese
sentido, señala la Unesco (1969)
Los fundadores se habían dado cuenta que la violación de estos elementos esenciales al ser humano habían originado la segunda guerra mundial, por ello se convencieron que no habría un mundo pacífico sin una eficaz protección internacional de los derechos humanos. (p. 9) En segundo lugar, la enorme importancia otorgada a la educación para
alcanzar una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos,
que engarza en buena medida con el utopismo pedagógico de la primera
corriente de la educación por la paz que representa el movimiento de la
Escuela Nueva. La cual debe descansar, según Jares (2002) en el
conocimiento y divulgación del articulado de la Declaración Universal,
pasando a ser de este modo, objeto y medio de aprendizaje. Por ende, debe
existir en cada país unos defensores de los derechos humanos.
En ese orden de ideas, de acuerdo a la Vicaría de los Derechos
Humanos (2007), desde hace unos veinte años se ha venido usando
crecientemente la expresión defensores de derechos humanos para referirse
a una categoría de miembros de la sociedad civil y a sus organizaciones,
cuya misión consiste precisamente en la protección y promoción de dichos
derechos fundamentales.
70
Desde esta perspectiva, tomando en consideración el artículo 1 de la
Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores y
Defensoras señala que toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e
internacional.
En efecto, toda persona o colectivo que se dedica a la promoción y
defensa de la violación de los derechos fundamentales del ser humano es
considerado defensor de los DH. En ese sentido, los docentes deben
convertirse en los principales promotores y defensores de éstos porque los
niños y niñas serán multiplicadores de esta información, primeramente en la
unidad familiar así como su réplica en la comunidad donde habita. De ahí
que, el Estado deba garantizar esa defensa, incluso a través de los planes y
programas. En referencia a ello, se puede afirmar que los derechos
culturales y educativos están protegidos por las normas contenidas en los
artículos 98 a 111 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), en particular, respecto del derecho a la educación el
artículo 102 dispone lo siguiente:
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de
71
desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.
Según manifiesta el Estado, la educación tiene un sentido integral de
calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más
limitaciones que las derivadas de las aptitudes, vocación y aspiraciones de la
persona humana; es obligatoria en todos sus niveles, desde maternal hasta
el nivel medio diversificado, y la impartida por las instituciones del Estado es
gratuita hasta el pregrado universitario.
Por ello, el Estado garantiza constitucionalmente el acceso,
permanencia y culminación de los estudios dentro del sistema educativo
(artículo 103). Por otro lado, los artículos 112 a 118 de la Constitución hacen
referencia a los derechos económicos y garantizan el derecho de todas las
personas a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia,
el derecho a la propiedad, así como el derecho a disponer de bienes y
servicios de calidad, entre otros. Dentro de ese marco, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) reconoce los avances normativos existentes en el país con
relación a la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales. Pero también observa que Venezuela no ha completado la
ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
72
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador), instrumento en el que los Estados
partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo
de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin
de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la
plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.
El Protocolo de San Salvador fue firmado por Venezuela el 27 de enero
de 1989, posteriormente fue discutido y aprobado por la Asamblea Nacional
en marzo de 2005 y el 23 de mayo fue publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela bajo el número 38.192. Sin embargo, a
la fecha de aprobación del Informe de la CIDH (2009), el Estado no ha
ratificado dicho instrumento ante la Organización de los Estados Americanos.
Razón por la cual en ese mismo informe, la CIDH hace un llamado al Estado
venezolano a completar la ratificación del Protocolo de San Salvador.