boletin 4

Guatemala, Octubre - Noviembre 2010- Extra 4

PRIVATIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓNDE OBRAS PÚBLICAS:

Una Caja de Pandora

Sin duda, los efectos combinados de la tormenta Ágatha y del volcán Pacaya causaron graves daños. Pero es una salida fácil e irresponsable el cargarles la culpa de todos los males posteriores.

En materia de la red vial, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, MICIVI, reportó que, como producto del paso de la tormenta, se dañaron 27 tramos viales y 64 puentes. Es destacable el hecho de que 8 de esos puentes fueron reconstruidos tras el paso de Stan. Es decir, no duraron ni 5 años.

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Guateamala Octubre - Noviembre 2010

Está demostrado que los trabajos de ampliación de carreteras no contemplaron, (quizás para ahorrarse costos), los movimientos de ti erra necesarios para asegurar los taludes. Los derrumbes consecuentes han afectado a millares de familias.

Cabe, entonces, preguntarse, ¿se trata de desastres “naturales”, o han sido también generados por la codicia y la irresponsabilidad de las empresas contratadas para la realización de todas esas obras? ¿Qué cuota de responsabilidad debe atribuirse al Estado, a las empresas contratadas y a las enti dades responsables de la supervisión de las obras?

La obra pública fue abruptamente privati zada, sobre todo a parti r de la Administración de Álvaro Arzú, pero a ese proceso han contribuido todos los gobiernos, sin excepción, incluso desde antes de Vinicio Cerezo. En el proceso de privati zación se expresa, a todas luces, una políti ca de Estado, que va más allá de un Gobierno u otro y los trasciende.

Ese proceso privati zante, en Guatemala, viene aparejado con otros componentes inherentes al mismo, como la mugre a la uña: uno de esos acompañantes es la corrupción, en sus múlti ples formas. El pago de favores es una de esas tantas formas: los políti cos reciben fondos privados para el fi nanciamiento de sus campañas electorales y luego, a modo de pago, otorgan jugosos contratos a sus respecti vos fi nancistas. La construcción de obras públicas se ha converti do ya en una especie de botí n, que deja cuanti osas ganancias a numerosas empresas y empresarios inescrupulosos.

Un caso digno de análisis es el de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, COVIAL. Su Director, Alfredo Cóbar, se graduó como Ingeniero en el 2008, pero ello no le impide manejar un presupuesto de Q1.800 millones. La creación de COVIAL dejó sin empleo a más de 30 mil trabajadores de lo que antes fue CAMINOS y, aunque se argumente que COVIAL genera empleo, debe tenerse claro que se trata de empleos desprovistos de garantí as sociales y de trabajadores despojados de sus derechos laborales. Por otra parte, hoy por hoy la tercera empresa benefi ciaria de COVIAL es CODICO, cuyo propietario, Oscar Guerra, no solamente es tí o de Cóbar, sino que está vinculado con la UNE.

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Otra forma de corrupción es el pago de “comisiones”. El propio Presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Jorge Mario González Sett , confi esa que “los contrati stas casi se ven obligados a pagar para que se les adjudiquen obras. Lo más común es que, para recuperar el dinero inverti do en comisiones, ahorren en materiales. Al fi nal esa comisión repercuti rá en la pérdida de vidas humana”. En sus declaraciones agrega: “…el mayor responsable es el Estado, pues ha permiti do que la corrupción y el pago de favores imperen por encima del bien común”. (Revista “Y Qué”, edición de Octubre del 2010).

Con esas antojadizas declaraciones, el Presidente del CIG pretende dejar por fuera del círculo de la corrupción a los empresarios privados, casi convirti éndolos en inocentes vícti mas de un Estado venal. Lo cierto es que, cuando hay un funcionario corrupto que recibe comisiones bajo la mesa, es porque hay un empresario igualmente corrupto que está dispuesto a darlas. El gran perdedor en todo este deleznable ti nglado es el país, que de sus impuestos termina pagando demasiado bien por obras de pésima calidad.

Para evidenciar lo anterior, comparti mos tres casos que fueron publicados por la Revista “Y Qué” en la edición mencionada:

Los responsables detrás de tres tragedias:

El desborde del río Achiguate

En marzo de 2006 salen a concurso 2 contratos para trabajar sobre el río Achiguate y disminuir el impacto que éste pueda tener sobre la ruta CA-09 Sur. Por diseño y construcción se adjudican Q.23 Millones a la empresa Agroindustrias La Joya, S.A. Para que se supervisen las obras se contrata a la empresa Alquiler de Tractores S.A. su pago asciende a Q.20 Millones.

Un año después, en 2008, se contrata a Constructora del Atlánti co, para que trabaje en la mejora del dragado del mismo río, el pago por el trabajo es de Q.20 Millones. A su vez se adjudica Q.1 Millón a Consultoría y Constructora del Kyrios para que supervise las obras. Ese mismo año se le vuelve a dar un contrato a Constructora del Atlánti co, esta vez por Q.18 Millones para que trabaje en la segunda fase de dragado y protección del caudal. Para que supervise esta segunda fase se contrata a DICOCI por Q.994 Mil. Un nuevo proyecto para dragado y miti gación se le adjudica en 2009 a Ferreti endas S.A. con un total de Q.9 Millones.

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En los trabajos para que el río no ocasionara problemas intervinieron 6 empresas, se fi rmaron 7 contratos que en conjunto ascienden a más de Q.91 Millones. A pesar de todo esto, el 21 de septi embre de este año, el río se desbordó a causa de las fuertes lluvias destruyendo más de un kilómetro del borde de su cauce que había sido construido precariamente con arena, el desvío de su cauce inundó 6 comunidades en la ruta de Escuintla al Puerto de San José, afectando a más de 2 mil 500 familias.

CONASA y los derrumbes que dejaron 24 muertos.

Constructora Nacional S.A. (CONASA) es una división de Ingenieros Mayorga y Tejada S.A. Durante el gobierno de Alfonso Porti llo, el CIV la mantuvo excluida de los contratos debido a los malos trabajos que realizaba, tal es el caso del tramo carretero Chimaltenango-Tecpán, el cuál a los pocos meses de inaugurado ya presentaba hundimientos. Debido a ello CONASA incursionó en El Salvador.

En 2004 el gobierno salvadoreño inauguró el tramo carretero San Miguel-Sirama-Ruta Militar, construido por CONASA. El tramo de 36 Km., tenía un costo de US$ 16 Millones y prometí a una duración de 40 a 60 años. Las fallas al momento de preparar el suelo y en las técnicas de construcción llevaron a que pocos meses después la carretera se viera deteriorada y el Ministerio de Obras Públicas del hermano país interpusiera una querella contra CONASA para obligarla a atender las reparaciones.

Sumado a este escándalo, entre 2004 y 2005, CONASA construyó en El Salvador la prolongación del Boulevard Orden de Malta, para que la pendiente de la vía fuera menor optó por realizar un corte y talud en el cerro de la calle Huizúcar. La falta de inclinación de los taludes ha puesto en peligro a las viviendas que se encuentran en la parte alta del cerro. Según reportó el Diario de Hoy de El Salvador, a fi nales del mes de agosto se produjo un derrumbe de 150 toneladas de ti erra y arena, los vecinos que viven en la parte alta del cerro calculan que al menos 8 viviendas se encuentran en peligro.

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Cuatro días después de que Diario de Hoy publicara la nota donde se señalan los peligros ocasionados por los malos trabajos de CONASA, aquí en nuestro país, en la ruta Interamericana se produce un derrumbe que arrastra un bus y deja un saldo de 24 muertos. El derrumbe fue fruto también de los malos taludes construidos por CONASA, la Coordinadora Nacional Maya Waquib´Kej demandó que se persiga penalmente a la empresa como responsable de las muertes.

A pesar de todos estos señalamientos CONASA, es hoy en día la segunda constructora más favorecida por el Estado y aún posee un proyecto para construir una carretera entre Santo Domingo Xenacoj y San Juan, Sacatepéquez.

El INDE y las inundaciones en Amati tlán

Este año, tras el paso de Ágatha, los desbordes del río Michatoya afectaron el asentamiento El Ingenio, el casco urbano de Amati tlán y la colonia Santa Clara, lo cual representa 200 viviendas afectadas. Una de las principales causas de las inundaciones es la forma en que el Insti tuto Nacional de Electrifi cación (INDE) maneja las compuertas de la hidroeléctrica Jurún Marinalá que regulan el paso del agua en el río Michatoya, río que funciona como desagüe natural del lago. Es a través de este sistema que se manti enen bajo control también los niveles de agua del cuerpo de agua.

Tras el paso de Ágatha el INDE no abrió las compuertas y fruto de ello fueron las inundaciones.

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El INDE, cuyo presidente actual es el Ingeniero Alberto Cohen, ha aducido frecuentemente que no se abrieron las compuertas para no afectar a la gente que reside a las orillas del río Michatoya. Ha afi rmado también que no se abren para no desabastecer los recursos para la producción de energía. Sin embargo, la capacidad normal del lago es sufi ciente para la escasa capacidad de generación de la hidroeléctrica. Así mismo la electricidad que allí se genera es apenas el 3% de la energía eléctrica nacional.

Vecinos de la localidad han denunciado ya al INDE ante el Ministerio Público (MP) por los daños que ha causado a sus viviendas. Debido a que estas investi gaciones no avanzaron el caso fue llevado ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Luego de entrevistar a pobladores de las comunidades, funcionarios de las insti tuciones locales y trabajadores del INDE, la PDH denunció la violación del derecho humano a la seguridad, propiedad y a un ambiente sano de la población que habita la cuenca del río Villalobos, río Michatoya y Lago de Amati tlán, y como responsable de dicha violación al Estado de Guatemala, a través del Insti tuto Nacional de Electrifi cación. Debido a las inundaciones el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) reportó a la PDH que las poblaciones que subsisten de la agricultura padecerán a corto plazo una desestabilización alimentaria.

Los anteriores ejemplos se bastan para poner al desnudo la densa maraña de corrupción que envuelve todo lo relacionado con las obras públicas. Estando así las cosas, ¿qué modelo de desarrollo puede esperarse que se impulse, tanto desde el Estado, como desde los sectores que ejercen el poder económico? Sería hasta ingenuo esperar que las cosas cambien para mejorar, si los actores siguen siendo los mismos y defi enden idénti cos intereses.

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