balza, ronald - venezuela 2015 economía política y sociedad

7/25/2019 Balza, Ronald - Venezuela 2015 Economa Poltica y Sociedad

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2015ECONOMA, POLTICA Y SOCIEDAD

Ronald Balza GuanipaCoordinador

Venezuela

Fundacin Konrad AdenauerUniversidad Catlica Andrs Bello

Caracas, 2015


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Venezuela 2015: economa, poltica y sociedadCoordinador: Ronald Balza Guanipa

Universidad Catlica Andrs BelloMontalbn. Caracas (1020)Apartado 20.332

Diseo y produccin: P UCABCorreccin de pruebas: A RDiseo de portada: R C M.Diagramacin: R C M.Impresion: I M, C.A.

Universidad Catlica Andrs BelloPrimera edicin, 2015ISBN: 978-980-244-789-3Hecho el Depsito de LeyDepsito legal lf4592015320284

Reservados todos los derechos.

No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperacin de la informacin, nitransmitir alguna parte de esta publicacin, cualquiera que sea el medio empleado elec-trnico, mecnico, fotocopia, grabacin, etc., sin el permiso previo de los titulares de losderechos de la propiedad intelectual.

HC237V4 Venezuela 2015: Economa, Poltica y Sociedad

Ronald Balza Guanipa Coordinador.Caracas: Universidad CatlicaAndrs Bello, 2015.

344 p.Incluye bibliografaISBN: 978-980-244-789-3

1. VENEZUELA CONDICIONES ECONMICAS 2.VENEZUELA POLICA ECONMICA 3. VENEZUELA CONDICIONESSOCIALES I. Balza Guanipa, Ronald.


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NDICE

PresentacinRonald Balza Guanipa...........................................................................5

Prlogo

Francisco Jos Virtuoso SJ........................................................................7Elementos para la propuesta de una poltica energtica y una IndustriaPetrolera Nacional (IPN) que encaje en esta

Diego Gonzlez ....................................................................................13

La desintegracin del mundo del trabajo como poltica de estadoFloiln Barrios .....................................................................................25

Necesitamos ser una nacin contemporneaLuis Fuenmayor oro ...........................................................................53

La economa venezolana 20032013: los graves efectos de la indisciplinamacroeconmica y la destruccin del sistema de precios

Vctor Olivo .........................................................................................63

Notas sobre las reformas econmicas para el crecimiento y el rol de lasinstituciones

Luis Zambrano Sequn .........................................................................73

Notas sobre polticas econmicas, polticas de empleo y democracia

Leonardo Vivas y Consuelo Iranzo ........................................................83Complejidad de una agenda de desarrollo a partir de un escenario sinpropiedad y sin mercado

Claudia Curiel Lidenz ........................................................................89

Fondos y trasfondos de la petrodiplomaciaElsa Cardozo ......................................................................................105

La Habilitante debe ser utilizada para organizar el gasto pblicoVestalia Sampedro ..............................................................................131

Una poltica social para la transicin democrticaLuis Pedro Espaa N. .........................................................................133


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ndice

Controles de precios e inflacinPedro A. Palma ...................................................................................151

Liberalizacin financiera en Venezuela: condiciones iniciales, velocidad ysecuenciaFrancisco Vivancos.............................................................................. 161

El reparto de la renta petrolera a la venezolanaMara Antonia Moreno ......................................................................189

Venezuela 2014: descontento econmico y protestasMargarita Lpez Maya .......................................................................197

Para revertir la privatizacin de la salud

Marino J. Gonzlez R. ..................................................................... 207De subsidiados a propietarios: replanteando el subsidio a la gasolina

Pedro Luis Rodrguez Sosa ..................................................................219

La necesidad de institucionesLuis Oliveros ......................................................................................233

Un nuevo modelo de desarrollo para VenezuelaJos Guerra ....................................................................................... 243

Efecto inflacionario de la NEP, cambio de modelo y anlisis estratgicoFelipe Prez Mart ..............................................................................255

Vaivenes de un programa de ajuste en Venezuela: el eterno problema delreparto rentstico

Asdrbal Oliveros; Jessica Grisanti; /Lesner Castillo .............................279

La revolucin tecnolgica y la enfermedad holandesaLuis Xavier Grisanti ...........................................................................293

De la planificacin centralizada a la regulacin de la economa: propuesta de

transicin gradual para VenezuelaRonald Balza Guanipa...................................................................... 309

Estabilidad financiera internacional y el futuro de VenezuelaLuis R. Morales La Paz ......................................................................337


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PRESENTACINRonald Balza Guanipa

Por iniciativa de su rector, la Universidad Catlica Andrs Bello reuniun grupo de economistas, socilogos, historiadores, internacionalistas, po-litlogos, polticos, sindicalistas y empresarios el 16 de julio de 2014 con elpropsito de conversar desde distintas perspectivas sobre los problemas eco-nmicos de Venezuela. Los participantes tambin fueron invitados a redactarpropuestas para resolverlos, de modo que pudiesen ofrecerse a los lectoresinteresados. Por distintas razones, no todos los asistentes pudieron escribirpara este volumen. Sin embargo, la discusin a la que contribuyeron sin dudainfluy en el alcance y destinatarios de los textos presentados.

Esta coleccin no pretende ofrecer un nico conjunto de propuestas, con-sistentes entre s. Su propsito es colocar en un mismo espacio las ideas depersonas que tuvieron la oportunidad y la disposicin de escucharse unas aotras. Con esto se logra, adems de un fructfero ejercicio de pluralidad, until conjunto de referencias para contrastar los propios puntos de vista con losajenos. Las propuestas y advertencias que cada autor hace pueden contribuira identificar coincidencias, tanto como a descubrir peligros u oportunidadespasados por alto. ambin a sealar las diferencias que deben resolverse en unsistema democrtico.

Los trabajos fueron escritos entre julio de 2014 y enero de 2015. Duran-te este perodo, los problemas econmicos se agravaron sensiblemente, conseveras consecuencias polticas y sociales. Fueron meses de reiterada pospo-sicin de anuncios presidenciales sobre el rgimen cambiario, aprobacin deun presupuesto deficitario para la Repblica y de un nuevo conjunto de leyessocialistas, mantenimiento de fondos parafiscales no auditables, dudas sobrela capacidad de pago de la deuda pblica externa, retraso y omisin en la pu-blicacin de cifras oficiales, acelerado incremento del precio del dlar paralelo


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VENEZUELA 2015: ECONOMA, POLTICA Y SOCIEDAD

y acentuacin de la escasez de alimentos y medicinas, entre otros bienes yservicios, en establecimientos cuyos precios son controlados por el gobierno.

odos estos hechos, ya sufridos desde 2013, adquirieron una gravedad mayorcuando los precios del petrleo cayeron a la mitad durante el segundo semes-tre de 2014 y las diligencias para obtener financiamiento externo por parte delpresidente de la Repblica fracasaron en enero de 2015.

Durante la presentacin de su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacio-nal, el 21 de enero de 2015, el Presidente no introdujo significativos cambiosen la poltica econmica de su gobierno, con la nica excepcin de anunciarconvincentemente su disposicin a incrementar el precio de la gasolina. Laspreocupaciones de nuestros autores, comenzando el complejo ao 2015, semantienen intactas.


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Despus de la bonanza petrolera ms prolongada de su historia, Venezuelaatraviesa una severa crisis econmica de carcter estructural que nos afectadrsticamente y nos seguir impactando por largo tiempo en todas las dimen-siones de la vida social. En un perodo de 12 aos el precio del petrleo pasde $10/b a $100/b, para luego estabilizarse en torno a esa cotizacin en losltimos 3 aos. A pesar de esto, nuestro pas nuevamente no supo aprovecharesa gran oportunidad para realizar las reformas e inversiones necesarias paraencaminarnos en una senda de crecimiento sostenible y desarrollo.

Hoy nuestro pas presenta niveles inflacionarios, de endeudamiento, deescasez de productos bsicos, de recesin, etc., que sealan a todas luces que lagravedad de la crisis es de muy hondo calado, con graves consecuencias sobreel consumo bsico, el salario y la provisin de bienes y servicios pblicos. Dela Venezuela aparentemente rica y dispendiosa hemos pasado a la Venezuelapobre de la dcada de los 90. Las distorsiones que arrastran las polticas mo-netaria, fiscal y cambiaria, el alarmante declive que exhibe nuestra industria

petrolera, a lo que se une ahora la cada sin parada de los precios internacio-nales del petrleo, generan un clima muy sensible de incertidumbre y des-confianza que ahuyenta las posibilidades de inversin de capitales nacionalesy extranjeros.

Los decisores de polticas pblicas no quieren decirse la verdad de la crisisni plantearla honestamente al pas. Al contrario, hasta ahora, las medidastomadas son confusas y tmidas, salpicadas de mucha demagogia. Lo cierto

es que estamos en un foso muy hondo y quienes tienen la responsabilidad deguiarnos para salir de l estn entretenidos en hacernos pensar que la cosa

PRLOGOFrancisco Jos Virtuoso SJRector, (UCAB)


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no es tan grave y la culpa recae en planes de desestabilizacin nacionales einternacionales.

Lo cierto es que llegados a este momento, despus de transitar un largoperodo de ingresos petroleros, comprobamos amargamente que hemos des-perdiciado nuevamente la oportunidad de conquistar niveles superiores dedesarrollo y bienestar. Despilfarramos la mayor riqueza que jams soamostener, sin ahorrar y sin invertir.

El libro que tenemos entre manos analiza en cada uno de sus trabajos lacrisis actual, la gestada entre 2012 y 2014, cuando an los precios del petrleose mantenan en promedio a $100/b. Situacin esta que ya a comienzos del2014 obligaba a tomar medidas urgentes de ajuste para racionalizar el juegoeconmico, estabilizar el mercado cambiario e incentivar la produccin inter-na. En el ltimo trimestre nuestra crisis se agrava con la cada de los preciosinternacionales de petrleo. En el 2015, contaremos, siendo optimistas con lamitad del ingreso petrolero del 2014.

Los autores analizan nuestro problema econmico desde distintos ngu-

los, brindndonos un enfoque multidimensional de los distintos aspectos quedebe abordar una reforma integral de la economa del pas. Adems del tra-tamiento de los temas estrictamente econmicos (controles, ajustes, finanzas,petrleo, productividad, crecimiento y desarrollo) se aborda el complejo temade la institucionalidad para hacer sostenible las reglas de juego claras, el im-pacto sobre el mundo del trabajo, la relacin entre polticas sociales y econo-ma, las protestas sociales y su relacin con la crisis econmica. Se ofrece puesuna visin de la complejidad de la crisis y de las dimensiones que debe teneruna reforma de carcter estructural.

La reforma estructural que nuestra economa espera es complicada puessupone actuar sobre nuestra resistencia como sociedad a la modernizacin desus relaciones econmicas. Ciertamente, la crisis que vivimos en la actualidades muy grave, pero forma parte de un elenco de ciclos que se repiten cons-tantemente, con mayor o menor gravedad. Por qu nos negamos a tomarla senda de la modernidad econmica que otros muchos pases vecinos hantomado sin mayores traumas?


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Prlogo /Francisco Jos Virtuoso SJ

Modernidad en cuanto que sinnimo de eficiencia, productividad, trabajoy esfuerzo colectivo para producir riqueza, redistribuida con criterio de jus-

ticia y equidad para crear oportunidades para todos, con reglas claras, bajoel amparo de un estado de derecho. Entre otras muchas cosas, eso es lo quecualquier venezolano en su sano juicio buscar y cualquier poltico que quieraganar elecciones ofrecer. Por qu entonces nos cuesta tanto caminar comosociedad en esa direccin?

La traba de fondo es nuestra cultura rentista-populista, que con el correrde los aos ha profundizado un conjunto de disposiciones subjetivas espon-tneas frente al hecho econmico que nos dificultan asumir la racionalidadmoderna del desarrollo. Y lo ms grave es que las lites polticas que en elpasado reciente y en el presente han gobernado y gobiernan al pas han vistoen esa cultura, en sus valores, percepciones y disposiciones, la clave para man-tenerse en el poder.

La sociedad venezolana durante muchos aos no vive de lo que produce,vive de lo que recibe por un bien, que no es producido, que es un bien natural.Los niveles de vida de la sociedad venezolana estn por encima de su capa-cidad productiva, gracias a ese plus que ofrece la renta petrolera, el derechoque da la propiedad de un bien escaso, codiciado en el mercado capitalistainternacional.

El petrleo es un bien nacional y la administracin de la renta que producela colacin de ese bien en el mercado internacional est en manos del Estado,que representa a la nacin. Se configura as un rgimen econmico estatista ycentralista, pues es el Poder Ejecutivo del Estado quien controla directamentelas decisiones de produccin, comercializacin y distribucin. En el marcode nuestra tradicin presidencialista, el presidente de la Repblica terminasiendo el decisor ltimo de la poltica petrolera y de la administracin de ladistribucin de la renta en la sociedad.

La distribucin de las renta petrolera no es un problema solo econmico,de justicia social, etc., sino que adems, se convierte en la manera como seobtiene y se mantiene el apoyo poltico. La distribucin de la renta se con-vierte en la clave del discurso poltico y de la legitimidad. Es el mecanismopara fortalecer las lealtades. Por su parte, entre los posibles beneficiarios se


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produce a su vez un proceso de forcejeo y reclamo para acceder no solo a losbeneficios del esquema rentista (distribucin a bajo costo de bienes y servicios)

sino tambin para participar en diversos mecanismos de captacin directa derenta que estn profundamente vinculados con distorsiones en los mercadosy dispositivos de corrupcin.

Las anteriores notas son solo unas pinceladas de un hecho cultural queimpregna nuestras relaciones econmicas, polticas y sociales. Y buscan sensi-bilizar sobre la necesidad de entender el proceso de reforma integral de nues-tra economa tambin requiere de un profundo cambio cultural. Que comotodo cambio cultural requiere educar hasta que la mayora considere deseableese cambio, y simultneamente crear las instituciones que lo hagan posibley beneficioso para quienes lo asuman. Requiere igualmente de polticos queorienten con metas claras hacia la superacin de la Venezuela rentista hacia laVenezuela productiva con reglas claras de modernidad e inclusin.

En los ltimos 15 aos del proceso histrico venezolano hemos aadidootro grave problema para el cambio cultural del que venimos hablando. Nosreferimos al cambio en las valoraciones polticas. Entre ellas ha cobrado vi-gencia la idea de socialismo como modelo poltico. Esto es, el fortalecimientodel control del Estado sobre toda la sociedad y de manera especial sobre laeconoma, como condicin para garantizar el bien colectivo, dejando un mar-gen muy reducido a la libertad de mercado, cuyos mecanismos se fustigan encuanto que propiciadores de condiciones para la perversin moral econmica.

En este contexto, hace ocho aos, en enero de 2007, el presidente HugoChvez anunci, luego de su reeleccin, que Venezuela se diriga a una tran-sicin hacia el socialismo del siglo XXI. Se inici un proceso de expropiacio-nes y confiscaciones a varias empresas nacionales e internacionales, del sectoragrcola, industrial, elctrico, financiero, servicios y telecomunicaciones. Ade-ms, se crearon nuevas empresas y entes pblicos para realizar compras en elexterior y distribuir bienes dentro del gasto social del estado, estrechamentevinculado a la red del partido de gobierno.

ambin se ampliaron las facultades del Gobierno para ejercer contro-les de precios, de ganancias y sobre la distribucin de bienes de produccinprivada en el territorio nacional. Estas medidas formaron parte del Primer


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Plan Socialista desde 2007, bajo el auspicio de Hugo Chvez. En la terceracampaa de reeleccin Presidencial (2012), el Presidente Chvez propuso su

Segundo Plan Socialista, llamado Plan de la Patria, ahora en ejecucin, endonde se consolida el rgimen de planificacin centralizada de la economa yse marginaliza ms la libertad de mercado.

En este momento de nuestro proceso histrico, reformar estructural eintegralmente la economa venezolana supone tambin un profundo debateideolgico. El reto ahora no es solo cambiar nuestros parmetros culturalescon respecto a cmo pensamos nuestra relacin rentista con el petrleo, ladistribucin eficiente de la renta para crear condiciones y capacidades y laampliacin de la libertad de mercado y sus garantas, sino tambin bajo quorientaciones ideolgicas y polticas que estn a la altura de la evolucin con-tempornea de las ideas.

Prlogo /Francisco Jos Virtuoso SJ


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ELEMENTOSPARALAPROPUESTADEUNAPOLTICAENERGTICAYUNAINDUSTRIAPETROLERANACIONAL(IPN) QUEENCAJEENESTADiego Gonzlez

Para su consideracin, me permito presentar una propuesta de polticaenergtica y una Industria Petrolera Nacional correspondiente.

Esta es una propuesta que har que los nacionales, en vez de emigrar aMiami o a Europa, migren a los estados pilotos que aqu proponemos y en el

futuro a los estados ms prsperos que existan en Venezuela.

El caso de la poblacin de Carora, relatado por el Dr. Luis Jos Oropeza ensu reciente libro, Venezuela fabula de una riqueza, de lograr una exitosa razaautctona de ganado, as como su emprendimiento en lo social y cultural,sin la participacin del Estado envidia de muchos pueblos; son ejemplosde verdadera descentralizacin que tambin nos proporcionaron los zulianos;tal vez, se encuentren otras regiones cuando indaguemos en las historias de

sus emprendedores locales. odo ello nos dice que s podemos tener un pasdescentralizado, que no dependa de un Estado y gobierno central.

El caso del ganado que nos relata Luis Jos, podramos hacerlo extensivoal exitoso cultivo de uvas en su estado Lara y en el Zulia en Europa, Califor-nia y Chile no podan creer que se dieran de esa manera, en esas cantidadesy en ese nmero de cosechas, para producir las clases de vinos venezolanos yuva casera que hoy conoce el mundo; as como la diversidad de quesos que

se producen en varias regiones del pas, lo que nos dice que somos ms quecacao, harina precocida, ron, chocolate, peloteros, artistas, telenovelas y Ori-mulsion. Ello sin contar que somos una referencia en knowhowen petrleo,


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y que ya exportamos adiestramiento en hidrocarburos. odo producido porvenezolanos.

Es lastimoso que hoy el pas no conozca cuanto del PIB nacional es apor-tado por cada uno de los 23 estados de Venezuela, por el Distrito Capital ypor las Dependencias Federales de Altamar.

Sus 916.050 km (882,050 km de tierra y 30,000 km de mar) estn dis-tribuidos en 23 estados, el Distrito Capital y las Dependencias Federales deAltamar, de los cuales ninguno est plenamente desarrollado, teniendo todosposibilidades, tanto en lo que respecta al aprovechamiento de sus recursosnaturales como en lo que se refiere a convertirse en centros tecnolgicos depunta.

Econmicamente, hoy el pas depende de un solo sector y de una solaindustria, la petrolera. De ella recibe el 96% de las divisas por sus exportacio-nes, aporta el 45% del presupuesto y el 12% del PIB, esto hay que cambiarloradicalmente en el tiempo.

Como una simple referencia, baste decir que 28 de los minerales del fu-turo, que ya se estn utilizando para la fabricacin de los grandes supercon-ductores en la tecnologa espacial, en la ptica avanzada, generacin elctrica,materiales para paneles solares, turbinas avanzadas, resonancia magntica nu-clear, aleaciones especiales anticorrosin, en la purificacin de hidrogeno, y enmuchos usos ms, concuerdan con el mapa minero de Venezuela, en estadoscomo Amazonas, Bolvar, Cojedes, Falcn, Gurico, Lara, Mrida, Monagas,rujillo, chira, y Sucre, entre otros; sin embargo no estn siendo plena-

mente desarrollados (explotados y manufacturados) por la iniciativa privada,porque el gobierno central decidi que eran estratgicos, sus industrias eranbsicas, y eran sinnimo de soberana e independencia y deban ser destina-dos para el desarrollo social; por lo tanto, mientras no decidiera explotarlos elEstado empresario, su nica utilidad consiste en servir para la contemplacinde los ciudadanos.

Debemos recordar que, desde el 8 de enero de 1980, se cre un ordena-

miento por regiones polticoadministrativas (ver tabla abajo), al que le faltel nfasis en su independencia econmica. En ese Decreto se listan nueve re-


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Elementos para la propuesta de una poltica energtica y una Industria PetroleraNacional (IPN) que encaje en esta / Diego Gonzlez

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giones polticoadministrativas que, a travs de una actualizacin, puede seruna buena referencia para comenzar a reforzar mis propuestas. Recomiendo

proponer su reactivacin.

Posteriormente, en 1989, como recomendacin del estudio sobre la Refor-ma del Estado, se avanz solo en la eleccin popular de los gobernadores y al-caldes por sus habitantes, pero hasta all. Aunque la constitucin de 1999 diceque la Republica es un Estado federal (Art. 6), de eso no parece tener nada,porque toda la autoridad sobre las regiones emana de la Asamblea Nacional ydel gobierno central. La propuesta de la Mesa de la Unidad sobre el tema sequed corta porque solo se refiri a la descentralizacin administrativa, esto

es, las competencias fundamentales de los Estados: vialidad, puertos, aero-puertos, salud, deportes. Eso est bien, pero la clave ser la descentralizacino autonoma econmica.

Para comenzar por donde se debe, debemos identificar los mitos y el rolque ha jugado el Estado en Venezuela alrededor de los asuntos energticos, enespecial sobre el petrleo y el gas natural, as como en la energa elctrica y losminerales metlicos.

Debemos identificar esos mitos, muchos convertidos en paradigmas, quenos han envuelto y condicionado desde el descubrimiento del petrleo hastanuestros das; paradigmas entre nuestros factores de poder y grupos de inte-rs, mal llamados elites (las clases polticas, acadmicas, gremiales, financie-ras, bancarias, militares y sindicales, entre otros).

Con respecto al Estado centralista venezolano, casi siempre dirigido por el

Ejecutivo, no podemos identificarlo ni catalogarlo. En ese Estado centralistay manejado por el poder Ejecutivo, y finalmente por el gobierno de turno,


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han estado y estn la mayora de nuestros males en lo que se refiere a temasde energia; desgraciadamente ese es el tipo de Estado que complace a los rent

claimants (a los reclamadores de la renta petrolera, los del dame lo moque me dijeron que me pertenece) y a los rent seekers (los reclamadores dela renta a travs de la pedidera de dlaresRECADI, CADIVI, SICAD,exoneraciones aduanales, exenciones de impuestos, prebendas, golilleros, seu-doempresarios y ahora boliburgueses, los ponme donde haya), que tanbien ha identificado y definido Diego Bautista Urbaneja en su reciente libroLa Renta y el reclamo, as como Luis Jos Oropeza en su libro Venezuela: fabu-la de una riquezaEl valle sin amos.

Voy a insistir en referirme a los mitos que se convirtieron en paradigmas,que son los que han evitado que avancemos hacia la modernidad y a conver-tirnos en un pas del primer mundo en materia energtica.

En Venezuela se convirti en paradigma el que todos los recursos naturales(desde las quebradas, los ros, las montaas, los bosques, los llanos y las playas,hasta los minerales metlicos y no metlicos, el petrleo y el gas natural) eranestratgicosy las empresas que los explotaban eran bsicas;y por ser estratgi-cos y sus industrias bsicas eran sinnimo de soberanae independencia; y elms recientemente exacerbado paradigma: todos los recursos del pas son parael desarrollo social.

Y el corolario ha sido que por as, todo esto tiene que manejarlo el Estadoempresario, porque el sector privado no es de confiar.

Un trmino netamente empresarial como el de estratgico,desarrollado

y probado en la compaa Royal Dutch Shell, se ha querido trasladar a las po-lticas pblicas y leyes de los pases totalitarios y/o estatistas. Los gobiernos delos pases democrticos y del primer mundo en sus polticas pblicas no usanel trmino estratgico y menos el de industrias bsicas. Eso son trminosempresariales, no se aplican a pases.

Los pases democrticos hacen polticas pblicas pero no planificacinestratgica, y menos en el mbito econmico o de las energas. A lo que se

refieren, es a las grandes lneas: seguridad territorial, seguridad energtica,eficiencia energtica, proteccin del ambiente, independencia energtica (i.e.


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no depender de la OPEP), subsidios a las renovables (muy discutido), serviciopostal, sistemas de salud, sistemas de educacin, seguridad para las inversio-

nes, Valores y Bolsa, comercio exterior, derechos individuales, y cosas por elestilo: trabajan en los grandes QUE nunca los COMO, es donde debenintervenir los gobiernos centralistas, estatistas y totalitarios. El cmo es de-cisin de los ciudadanos, del sector privado y de los mercados.

Resulta que, a nivel de pas, ningn recurso natural debe ser estratgico,ni sus industrias deben ser bsicas, y menos deben estn relacionadas con lasoberana y la independencia de los mismos. Es una discusin que algn dadeber tenerse en Venezuela para prosperar, principalmente entre los factoresde poder.

Sobre el tema de la Visin de pas para insertar las polticas energticas enesa Visin, mi posicin es la siguiente:

El excelente economista y analista poltico argentino Martn Krause, serefiere a la importancia de tres instituciones fundamentales, que no son lasinstituciones fsicas de las cuales hablamos frecuentemente (los poderes, el

BCV, etc.), l se refiere a: 1) La estabilidad de la posesin (respeto a la propie-dad privada), 2) El cumplimiento de los contratos (el Estado de derecho), y 3)El honrar las promesas (la palabra hablada y escrita). Una visin de pas debecentrarse en esas tres instituciones.

Otro elemento para la Visin: las energas deben producirse acordes conlo que pida el mercado nacional e internacional. Un ejemplo es mi propuestapara explotar la Faja del Orinoco:

Habrn licenciatarios que produzcan para producir Orimulsin (para ge-neracin elctrica o para exportar el crudo y refinarlo en otra parte), otras paramejorarlos y refinarlos en el pas o exportarlos a las refineras que le aceptensus crudos. Cada quien lo har segn sus economas, solo cumpliendo conlo establecido por los entes relacionados con materias de conservacin y am-biente.

Como es un paradigma que los recursos de hidrocarburos pertenecen a laNacin y los administra el Estado, s debemos hacer una poltica pblica queconsidere esa relacin NacinEstadoParticular. Aqu, mi propuesta de po-


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ltica en materia de hidrocarburos es sencillamente ir a la figura de productionsharing es decir, produccin compartida: de lo que se produzca un porcen-

taje ser para el propietario, que son los ciudadanos; adems los licenciatariospagarn sus impuestos y regalas. El Estado central no debe intervenir ennada ms , solo crear las polticas y los entes reguladores necesarios para quela actividad se realice siguiendo las mejores normas tcnicoeconmicas yambientales, apuntando hacia la productividad, mximo aprovechamiento delos recursos y la prosperidad de los ciudadanos. As de simple. Y para otorgarlos bloques donde se encuentran los recursos de hidrocarburos, sencillamentepodemos referirnos al caso de la provincia de Alberta (Canad): todo el te-

rritorio esta cuadriculado y cada 2 semanas se licitan los bloques devueltos ylos libres. O como en el Golfo de MxicoUSA, todo cuadriculado y milesde ofertas de bloques, por su ente regulador (http://www.boemre.gov/), sinmayores peros: todo expedito.

Mi propuesta de poltica energtica ser muy simple. Cualquier polticapblica solo debe promover las condiciones para que vengan al pas los me-jores capitales, las mejores tecnologas y el mejor knowhow, y en paralelo se

desarrolle un robusto empresariado nacional que participe en todas las acti-vidades, desde la exploracin hasta el comercio, en favor de los ciudadanos,quienes podrn recibir los beneficios al aumentar el empleo, la educacin,recibir sus regalas y las posibilidades de participar en las finanzas de las em-presas, porque estarn promovidas en los organismos financieros nacionales.

Para ello ser indispensable que se ofrezca: libertad econmica (libre expa-triacin de capitales, cambio libre), libertades polticas, libertad de empresa,

Estado de derecho, respeto a la propiedad privada, igualdad de oportunidadespara el que quiera participar, reglas claras, y seguridad.

Para facilitar las prximas reuniones, me permito enviarles lo que consi-dero debe incluirse como propuestas para las polticas pblicas y el futuro dela IPN. Deseamos anticipar que aqu adelantaremos las polticas solo con re-lacin al tema hidrocarburos, no todo el sector energtico, y que la aplicacinde estas propuestas ser progresiva en el tiempo.


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Polticas pblicas de Estado

Los estados y sus regiones, en Venezuela, disponen de lo que Michael Por-

ter (1990) define como factores de produccin bsicos, subcategora de losfactores de produccin en su conjunto: recursos humanos, recursos fsicos,recursos de conocimiento, recursos de capital e infraestructura, con una sub-divisin entre los factores de produccin bsicos antes mencionados, aqu es-tn los recursos naturales, el clima, la localizacin geogrfica, el conocimientoy habilidades de la mano de obra local y el capital del que puedan disponer, yadolecen de lo que se define como factores de produccin avanzados, entre es-tos una infraestructura de comunicacin digital moderna, personal altamenteeducado, como ingenieros, cientficos de la de computacin, y universidadescon institutos de investigacin en disciplinas sofisticadas.

De aqu que las polticas pblicas de Estado deben estar orientadas a es-timular y potenciar el desarrollo de las regiones, aumentando su producti-vidad,que es el factor de desarrollo ms importante que se puede destacar.Al aumentarse la productividad aumenta el empleo y la calidad de vida delos ciudadanos. Un estado o regin productiva consumir ms electricidady combustibles en general, de all que lo estemos considerando como funda-mental cuando nos referimos a la elaboracin de polticas pblicas de Estadoen materia energtica. La correlacin entre prosperidad y uso de energa esabsoluta, estas polticas deben tener como objetivo el mediano y largo plazo,y aqu estamos hablando de por lo menos 5 a10 aos para ver frutos, hechoque no les gusta mucho a los polticos.

La referencia de unas buenas polticas pblicas de Estado para impulsarel desarrollo regional son polticas en materia educativa, de salud, seguridad,de antimonopolios, ambientales, tecnologas comerciales, investigacin, in-formacin (estadsticas gubernamentales transparentes y a tiempo sern esen-ciales), infraestructura, subsidios, consideraciones impositivas, y los corres-pondientes entes reguladores de cada actividad clave (tan flexibles o estrictoscomo sea necesarios, de all que no sean estticos o inflexibles), entre otras.

Las polticas de Estado, en sus primeras fases, deben focalizarse, pero noconcentrarse en solo los recursos naturales histricamente explotados (i.e. elpetrleo en nuestro caso) y deben fomentar el ahorro, mejorar la educacin


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bsicaartesanaltcnica, la infraestructura bsica de carreteras, puertos y ae-ropuertos, y una base tecnolgica fundamental (las comunicaciones de todo

tipo), todo apuntando al desarrollo (explotacin y manufactura) pleno de to-dos los recursos naturales y los otros factores de produccin. Y la regla de oro:atender a las seales del mercado interno y externo, para que lo que se explote,produzca y manufacture en las regiones tenga como meta su internacionali-zacin.

El tema de los subsidios en Venezuela debe ser un captulo aparte. Aquhan existido por mucho tiempo subsidios directos e indirectos en muchasreas de la economa. Economas subsidiadas no son competitivas. En el casode las industrias son preferibles los incentivos en materias de impuestos; yen el caso de la educacin e infraestructura s se pueden usar subsidios perosiendo muy bien identificados sus receptores; y estos durarn dependiendo delos resultados. En el caso de los combustibles, la recomendacin es eliminarlos(los ciudadanos deben pagar completamente el precio de los servicios), y solootorgar subsidios por tiempo limitados a algunos usuarios, como los propieta-rios de transporte pblico y de carga de bienes y servicios, pero otorgndolos

directamente, no en el surtidor o recibo de electricidad.El otro gran potencial fsico de la mayora de los estados y regiones, que

tiene Venezuela es obvio: necesitan las polticas pblicas adecuadas para fo-mentarlos y reforzarlos, esto s produce divisas para sus ciudadanos. PhilipKotler y otros (19921994), en su trabajo clsicoMarketing PlacesMercado-tecnia de localidades, proporcionan las claves en materia de polticas pblicasen esta direccin.

Pasamos a enumerar algunos aspectos a considerar para la elaboracin delas polticas pblicas en materias de energa:

1. Reforma de la Constitucin para darle verdadera independencia y auto-noma econmica a los estados y regiones en materia energtica, reducirlas competencias del Poder Pblico Central (Captulo II), y la Asamblea(tulo V) en los asuntos de las regiones; revisar las materias socioeco-nmicas (tulo VI) y eliminar el tema de la reserva de los recursos re-gionales al Estado Central (Art. 302). Finalmente, revisar la humillantefigura del Situado Constitucional (Art. 167), entre otras reformas. Hay


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que destacar que, en las constituciones de 1901 hasta 1945, las minaseran propiedad de los estados, pero su administracin estaba reservada al

poder central. Ver http://www.fakemink.com/.2. Las reformas constitucionales deben enfatizar la independencia y autono-

ma de las regiones para decidir sobre sus recursos naturales y otros facto-res de trabajo, solo encuadrados dentro de las grandes polticas centrales,en cada caso (seguridad energtica, eficiencia energtica, desarrollo derenovables, proteccin del ambiente, infraestructura energtica, impues-tos federales, entre otros)

3. La progresividad de la independencia y autonoma econmica debe co-menzar por lo menos en tres estados (recomiendo sean Zulia, Bolvar yNueva Esparta que son estados con ingentes recursos, cuentan con in-fraestructura energtica los dos primeros por ser estados fronterizos ytienen influencia regional e internacional). Esos estados aportarn unagran experiencia en materia de exportaciones y servicios, por su ubicacingeogrfica.

4. A estos estados se le eliminarn progresivamente los situados constitu-cionales, que es la figura emblemtica del centralismo, por ser antide-mocrticos, y anti mercados. Esos montos irn siendo progresivamentedistribuidos entre los estados con menos recursos, para proyectos espec-ficos y menos para burocracia administrativa, hasta que los estados vayansiendo autosustentables por sus propias economas

5. Paralelamente, hay que hacer un inventario detallado de los recursos de

cada estado, infraestructura energtica, infraestructura vial y de otrosservicios, su influencia regional, etc., destacando qu se importa y se ex-porta hoy, y qu sera cada uno, en el futuro, capaz de exportar (al in-ventariar sus recursos y capacidad de manufacturarlos y convertirlos enproductos de alto valor agregado); as como lo y que deberan importar

6. Los gobiernos y ciudadanos de estos estados, a travs de sus bancos, casasde Bolsa e instituciones financieras a crearse, estarn en la libertad de

intercambiar y usar libremente las divisas que generen


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7. Deben crearse entes reguladores regionales (llmese agencias, comisio-nes, oficinas), alineados con su contrapartes centrales, para cada actividad

econmica, independientes del gobierno de turno y autrquicos presu-puestariamente. Estos entes sern garantes del Estado de derecho, delrespeto a la propiedad privada y del mantenimiento de los libres mercados

8. Reforma legal: modificacin de la Ley Orgnica de Hidrocarburos: la LeyOrgnica de Hidrocarburos Gaseosos debe ser incorporada a la LOH; ac-tividades de explotacin con licencias, regalas variables, exploracin solocon permisos; introducir la figura de produccin compartida (productionsharing) para toda la actividad de explotacin y convenios operativos;exportaciones e importaciones libres, mantener las actividades de manu-factura y petroqumica libres, mercado interno libre, (solo permisos pararealizar las mismas), entre otras.

9. Ingresos petroleros (participacin de la Nacin, las regalas y alicuota delos dividendos de la estatal) a los fondos de los ciudadanos de las regionesque los explotan, con otra ley especifica. Nunca al hueco fiscal. Al Fiscosolo los impuestos nacionales, porque el IVA debe ir a los estados. El Es-tado central deber vivir solo de los impuestos federales que paguen losciudadanos de todo el pas

10. Propuesta Institucional: Ministerio de Energa moderno, la Comisin deEnerga y el ente regulador de los Hidrocarburos, que deben ser mencio-nados en la Ley de Hidrocarburos (ver la de Brasil)

El futuro de la Industria Petrolera Nacional (IPN)1. PDVSA una empresa de hidrocarburos ms, a la Bolsa y que no crezca

ms. Su produccin mayormente por Convenios Operativos. oda su in-formacin para que sea pblica debe pasar al ente (ver caso Brasil y su Leyde Hidrocarburos que cre la ANP). oda produccin adicional debe serprivada, con la figura de los contratos de production sharing

2. En materia de hidrocarburos, con las licencias sencillamente ir a la figurade production sharing es decir, produccin compartida: de lo que seproduzca un porcentaje ser para el propietario del recurso que son los


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ciudadanos, las empresas explotadoras, adems, pagaran sus impuestos yregalas y nada ms. Actuales empresas mixtas deben pasar a la figura de

Contratos de Produccin Compartida (production sharing)3. reas nuevas de gas natural 100% Produccin Compartida. Porcentaje

en funcin del riesgo, as las regalas

4. reas nuevas de petrleo 100% Produccin Compartida. Porcentaje enfuncin del riesgo, as las regalas

5. Redefinir la Faja; mas bloques para ofrecer y libres licencias para que cada

licenciatario la produzca segn el negocio que pueda hacer: produccinprimaria o asistida, mejoramiento, exportar para refinar en otra parte,exportar como Orimulsin si se tienen negocios de generacin elctricaamarrados, etc. Solo cumpliendo con las leyes de conservacin y las am-bientales

6. Sobre la gran pregunta: Cunto petrleo producir?, lo dir el mercado.En la tabla de abajo se presentan unos volmenes como sentido de di-

reccin, en especial de quienes lo producirn. La estatal se mantiene en1.000.000 b/d y crecen los privados. Lo importante es que Venezueladebe ser parte agresiva de la torta de la matriz energtica que se estimapara los prximos 3040 aos (se habla de 30% petrleo); y la reformade la Ley de Hidrocarburos que propongo que debe promover esos plan-teamientos.

OFICIAL

mb/d*

% ocial deproduccin

mb/d

Produccin

OPEP al

Estimadosprximos 3

14 de junio 2014

EstimadosAos (2017) mb/dPrximos 5 aos

Gestin Directa 1885 62,52 1213 1000 1000

Empresas mixtas no Faja 465 15,42 465 966 1000

Empresas mixtas de la Faja 665 22,06 665 1000 1200

Total Empresas Mixtas 1130 37,48 1130 1966 2200

Total Produccin Nacin 3015 100,00 2343 2966 3200

* PDVSA Informe de Gestion 2013** OPEP Informe de julio 2014

En materia de generacin elctrica, cuando los estados y las regiones nece-

siten generar electricidad y liciten las ofertas, vendrn productores nacionaleso internacionales de electricidad que generarn con gas metano, otros con


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disel o fuel, y otros con Orimulsin, todo dependiendo de sus economasy a quienes le ofrezcan su producto. Habr clientes para todo. Igual para

las empresas privadas de transmisin y de distribucin. Cada comprador deelectricidad escoger su productor, su transmisor y su distribuidor preferido.Igual para el gas por tubera. El caso ingls es ideal.

Polticas para el Mercado Interno de combustibles

Insisto en mi ejemplo de los ciudadanos que hacen mercado en el ReyDavid, otros en los Exclsior Gama, Plaza o Madeirense, otros en los Bicente-

narios, y otros en Quinta Crespo o Guaicaipuro.

Lo mismo aplica para el mercado de combustibles. Cuando se abra com-pletamente al sector privado (y los precios no estn controlados) habrn pro-pietarios de estaciones de servicio y conveniencias que vendern los productosnacionales (a lo mejor algo ms baratos), otros los importarn (que no nosdebe extraar porque es lo que ocurre hoy con los lubricantes: podemos com-prar aceites Castrol, otal, Mobil y pare de contar, y hay los que compran

aceites PDVSA), y las estaciones de la estatal PDVSA, si todava existe, que re-gale sus productos, si quiere (tipo Bicentenario o Mercal), all los que quieranhacer horas de cola para llenar un tanque. Eso s, la estatal tendr que rendirlecuentas a sus accionistas de esas decisiones.

Habr los que prefieran llenar sus tanques en las estaciones que mejor losatiendan y donde puedan comprar sin colas su cerveza, peridicos y papitas,que seguro no sern las de la estatal. Lo mismo que comprar en Rey David o

Quinta Crespo.Estas propuestas necesitarn el concurso y aprobacin de los venezolanos,

encabezados por los factores de poder, y los grupos de inters.


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LADESINTEGRACINDELMUNDODELTRABAJOCOMOPOLTICADEESTADOFloiln Barrios

I Introduccin

Este evento, denominado propuestas desde la UCAB en el mbitoeconmico social, es la oportunidad para abrir y desarrollar un debate, sin cor-tapisas, sobre la realidad de nuestras instituciones laborales construidas desdela tercera dcada del siglo pasado y en la actualidad afectadas en su esencia,y amenazadas de extincin definitiva ante las polticas desarrolladas desde elEstado venezolano durante la actual gestin.

Por tanto, debemos reconocer que si ha habido algn xito en las polticaslaborales estatales de estos 15 aos, ha sido el lograr distorsionar el Sistemade Relaciones de rabajo (SR) en nuestro pas y que una gran parte de lamasa trabajadora, por la presin patronal estatal, descarte por temor la huelgaal patrono Estado ungido por la revolucin; que sindicatos bolivarianos con-voquen a conformar milicias obreras; que, a la postre, repriman la protestalaboral; que el principal deber del trabajador no sea la conquista del trabajo

digno sino la asistencia al acto oficialista y a las jornadas obligatorias del tra-bajo voluntario para mantener el puesto de trabajo, o delatar al compaerode trabajo, que no sea afecto al socialismo del siglo XXI, para que sea des-pedido, o no trabajar la semana completa ya que por ley tengo estabilidadabsoluta y nadie debe despedirme.

En este orden de ideas, se debe celebrar que las empresas privadas confuentes de trabajo estables deban ser estatizadas, as luego, al trmino de 2 o 3aos de gestin oficialista, cierren por mala gerencia y corrupcin y ocasionen

la prdida del contrato colectivo y el cierre definitivo de estos entes, o difun-dir la versin de que las 400 muertes por sicariato sindical son producto del


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hampa y no tienen como raz el tema del desempleo y la impunidad frente alEstado, o en medio del jolgorio de as es que se gobierna, festejar que hayansido apresados los compaeros sindicalistas por dirigir huelgas.

En medio de esta orga del poder, se califican como justicia los desmanes delas inspectoras del trabajo y del Insapsel, quienes utilizan, en muchos casos,la solvencia laboral y el DLO como una alcabala de los comisarios delpartido, donde se aplica la ley del embudo: para el sector privado sanciones detodo gnero y para el sector pblico la permisividad absoluta en las violacionesde derechos laborales.

Este cuadro lamentable es extensible al Poder Judicial cuyas sentencias, enel rea del Derecho del trabajo, contienen un curso regresivo de las conquistassociolaborales alcanzadas desde el siglo pasado.

En esta misma direccin se observa a la Asamblea Nacional como pro-motora de leyes que penan la libertad sindical con la aprobacin de: Ley deSeguridad Nacional, Reforma del Cdigo Penal, Ley de Precios Justos, hasta laaplicacin del Cdigo Militar a civiles, donde se establecen diversas penas deprisin de 2 a 6 aos por paralizar la labor en el sector pblico o privado queafecte a la poblacin a criterios de la Fiscala General o del Juzgado de turno.

En resumidas palabras estas prcticas sealan la intencin del Proyecto deEstado Comunal, de convertir a los sindicatos en instituciones de utilidadpblica, sujetos de control del Estado, polticas por cierto afectas e inspiradasen el fascismo franquista y del socialfascismo del Duce Mussolini.

La orientacin descrita es de vieja data, tiene su origen en el texto de Re-

forma Constitucional propuesto por el presidente Chvez, al pas, en 2007 yrechazado en la consulta del Referendo del 2-D. Cuyo contenido determinabael establecimiento del Poder Popular Presidencial a todos los niveles de la so-ciedad, en el contexto de los cinco motores. A travs de la Nueva Geometradel Poder, y el Poder Comunal. Nosotros, que es lo que somos, debemosir transfirindole poder poltico, social, econmico, administrativo al podercomunal para que marchemos rumbo al Estado social, al Estado Comunal ysalgamos de las viejas estructuras del Estado capitalista burgus.

Estas directrices que forman parte de la propuesta gubernamental de im-plantar un nuevo modelo econmico y social denominado oficialmente So-


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La desintegracin del mundo del trabajo como poltica de Estado/ Floiln Barrios

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cialismo del Siglo XXI, propugnaban pblicamente cambios estructurales enel modelo tradicional de trabajo dependiente, donde prevalece la relacin pa-trono y trabajador bien sea pblico o privado, determinada por la prestacinde labor remunerada por el salario y con la existencia de actores reconocidoscomo representantes de los trabajadores a los Sindicatos, quienes medianteel dilogo social con los patronos Estado y Patronos Privados, convienen lascondiciones de trabajo a travs de contratos colectivos y la administracin delas relaciones de trabajo. (Barrios F., 2012)

Esta relacin predominante en nuestra economa durante casi ocho dca-das, desde el siglo pasado hasta el presente, est siendo hoy puesta en entredi-

cho bajo la supuesta pretensin de promover modelos de trabajo diferentesa los ya sealados, a partir de los cuales se impulsaran modelos asociativos,modelos de gestin, nuevos actores laborales diferentes al sistema de relacio-nes de trabajo establecido en la CRBV y regulado por la Ley Orgnica delrabajo y un amplio cuerpo normativo laboral. Es fundamental resaltar queestas polticas han sido reforzadas en el marco del Decreto de Reforma de laLO de mayo 2012.

Esta Relacin entre el Estado y el Sistema de Relaciones de rabajo, ennuestro pas, conoce un nuevo curso bajo la actual gestin gubernamental,la cual presupone no solo la injerencia corporativa de los poderes pblicosen la interrelacin de actores laborales bajo el modelo de trabajo dependientesino, al mismo tiempo, la implantacin de un sistema poltico y econmicoestructuradoacorde con un nuevo Estado, con diferentes actores, modelos detrabajo y una relacin supeditada al proyecto poltico gobernante, actualizadobajo un documento oficial: el Plan de la Patria, y orientado a la conformacindefinitiva del Estado Comunal hacia el ao 2019.

Ahora bien, es fundamental establecer el tipo de orientacin corporativistadel proyecto poltico identificado hoy con el gobernante, ya que coincidimoscon Enrique de la Garza (2012) quien seala con Schmitter (1979) que en latradicin sajona se suele diferenciar el corporatismo (el corporativismo pos-fascista) del corporativismo (el fascista); sin embargo se tratara de formas decorporativismo (societal, de Estado y otalitario fascista, Sovitico). Con laespecificidad del desarrollado en la etapa puntofijista, identificado con el cor-

porativismo de Estado societal democrtico donde el mtodo era consensuarentre los diferentes actores del Sistema de Relaciones de rabajo: empresariosprivados, trabajadores y Estado, este sistema representa algo ms que la apli-


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cacin de las polticas que generaran confrontacin social; a ttulo de ejemplo,el tema de la Reforma de la LO en 1997 referente al caso de la retroactividadde las Prestaciones Sociales.

En referencia al actual, aplicado y en pleno desarrollo en Venezuela, reflejasu vocacin autoritaria, orientada a la exclusin de los actores componentesdel SR, imponiendo desde el Estado y sus instituciones el proceso de desm-antelamiento del dilogo social y el debilitamiento paulatino de los sindicatos,gremios y centrales sindicales, como tambin del actor empleador privado.

II.- El desmantelamiento del sistema de relaciones detrabajo

Para cumplir sus objetivos, el Estado orient sus directrices a debilitar lasdiferentes instituciones laborales a partir de:

1.- La promocin de sindicatos paralelos desde el Ministerio delTrabajo:

Como consecuencia de las jornadas polticas de abril 2002 y el Paro CvicoNacional de 2002-2003 se inicia, desde el Poder Ejecutivo con la complacen-cia del resto de poderes pblicos, un plan de desmantelamiento del sistema derelaciones de trabajo y de sus instituciones. Orientacin en va contraria a lasexpectativas laborales ante el advenimiento de un gobierno autoproclamadoobrerista, defensor de los trabajadores y promotor de una gestin donde lostrabajadores obtendran mximas reivindicaciones.

Lo desarrollado en los inicios de gestin como polticas aisladas del Ejecu-tivo Nacional, ha implicado al resto de las instituciones y poderes pblicosen el control del movimiento sindical y gremial. A lo largo del periodo degestin, acentuado en los aos 2008 al 2014, se ha confirmado en la actuacindel Poder Electoral a travs del CNE, el control absoluto de las eleccionessindicales y gremiales en provecho del patrono Estado.

En el caso de la Asamblea Nacional, la promocin de proyectos de leyescomo la de garantas de las libertades sindicales (2000), la cual califica a los

sindicatos como rganos de derecho pblico, implica que este proyecto, auncuando no fuere aprobado, fue parcialmente aplicado a travs del ReferndumSindical de diciembre 2000; de igual forma, la inclusin de los Consejos de


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rabajadores donde se constituyen estos organismos paralelos a los sindicatos,as como los como instrumentos del Poder Popular Presidencial, hoy incluidosen los artculos 497 y 498 del DLO, aprobado en mayo 2012

En lo referente al Poder Judicial, este se ha convertido en el guardaespaldasjurdico-laboral del rgimen, avalando la aplicacin del Cdigo Militar, laLey de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Acceso alos Bienes y Servicios, cuyo rgano el INDEPABIS califica a todo conflictocomo afectador al consumidor. De Igual modo, el SJ ha confirmado la in-tervencin descarada del CNE en la vida sindical y gremial, hasta el punto deimponer una junta directiva al Colegio de abogados de la ciudad de Caracas

(2007), designando una directiva afecta al oficialismo.

Desde el Ministerio del rabajo (MINRA) se han impulsado polticas an-tilaborales, como las sealadas en el documento interno de este Ministerio del24-04-09, el cual indica: El capitalismo rentista sirve para la actuacin opor-tunista de sindicaleros, gerencia pblica y de grupos econmicos, cuya influ-encia sobre las masas trabajadoras se fundamenta en la obtencin de beneficiosque en realidad son privilegios, todos cancelados por el Estado sin vinculacindirecta con la productividad de las instituciones y las empresas.

Esta concepcin del Ministerio del rabajo define, especficamente, suvisin del rol del sindicalismo: la transicin al socialismo significa formaciny organizacin poltica de los trabajadores (incluyendo los cuadros de coordi-nacin) para alcanzar los niveles de conciencia necesarios para la construccindel socialismo, desde el mbito de la produccin de los bienes y servicios.

Desde el MINRA se ha promovido un evidente paralelismo sindical, que

ha cuadriplicado el registro sindical, de 1.300 sindicatos en 2001, segn cifrasoficiales presentadas a la OI se ha incrementado hasta 2013 una inscripcinaproximada de 6.000 sindicatos, pero curiosamente no ha aumentado la afili-acin sindical. Es decir para debilitar al sindicalismo tradicional agrupado entorno a la CV y otras centrales, se ha reconocido sindicatos bolivarianos,quienes se han subdividido determinando situaciones de anarqua, como enel caso del sector construccin, donde han sido asesinados bajo la modalidaddel Sicariato sindical mas de 400 trabajadores desde el ao 2004 hasta el 2014.

La poltica antilaboral y antisindical del Estado se puede resumir en lassiguientes prcticas antisindicales:


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- Desconocer como contraparte negociadora a sindicalistas no afectos algobierno.

- Estimular el paralelismo sindical

- Retrasar indefinidamente los contratos colectivos

- Interferir en las elecciones internas de las directivas sindicales

- No ingresar a los sindicatos del sector pblico las cuotas descontadas alos afiliados

- Desconocer los contratos colectivos firmados

- Amenazar a los trabajadores en conflicto

- Amedrentar a lderes sindicales incmodos

- Negarse a promover un dilogo social

- Criminalizar la protesta mediante el encarcelamiento o sometimientoa juicio a dirigentes sindicales

- La indiferencia e impunidad ante los numerosos hechos de sicariatosindical

- Empobrecer a la masa trabajadora con polticas monetarias y fiscalesque han pulverizado el poder adquisitivo.

Esta poltica de Estado de disgregar y desconocer el mundo sindical y gre-mial fue expresada en forma pblica por el fallecido Presidente de la RepblicaHugo Chvez, voceros de su equipo de gobierno y del actual Presidente Nico-ls Maduro, sus Ministros y el Presidente de la Asamblea Nacional:

-Califico la actitud de los sindicatos en las negociaciones de convencionescolectivas de voracidad grosera y de corrupcin del ser humano y asegur queno aceptar presiones de ningn tipo. (El Universal, Hugo Chvez, 07-03-09). Dichas declaraciones fueron emitidas con relacin a la protesta de los tra-bajadores del Metro de Caracas por el desconocimiento del contrato colectivo


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homologado en octubre 2008, revisado, homologado y luego desmejoradopor el Ministerio del rabajo.

- La gente de SUISS (Sindicato de trabajadores de SIDOR) tiene quehacer un mea culpa, pues en el momento en que salieron los argenti-nos, ellos se aprovecharon y metieron una cantidad de rubros que noestaban considerados al inicio de la discusin. (Vctor lvarez, Minis-tro para las Empresas Bsicas. El Universal, 12 04 -09).

- Uds. creen que le voy a quitar el dinero a las Madres del Barrio o ala Misin Barrio Adentro para drselo a unos sindicatos que quieren

ganar 3 millones, 5 millones de Bs., repartirse unos bonos y vacacionespor 5 meses? (Hugo Chvez,El Universal07-03 -09- Declaracionesemitidas por el Presidente ante el reclamo de sindicalistas de la CVG ydel Aluminio por incumplimiento del contrato colectivo).

- Podemos llegar a acuerdos con esta convencin, estamos listos paradiscutir, pero no estamos en posicin de discutir aumentos de sueldoscon nadie. (Rafael Ramrez, Presidente de PDVSA, ltimas noticias,

26-04-09 ante el contrato colectivo petrolero vencido el 21-01-09).

Orientacin expresamente continuada en 2014, especficamente en el con-flicto de SIDOR, donde los trabajadores fueron descalificados por el Presiden-te de la Repblica y el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabelloal llamarlos mafiosos, anarcosindicalistas, guarimberos y enemigos del procesorevolucionario.

Es importante resaltar que bajo la actual gestin se abati sobre las Empre-sas Bsicas y en SIDOR, especficamente, una Gerencia improvisada, quiengener por sus resultados la ruina de estos entes, promoviendo toda una suertede experimentos laborales dirigidos a violentar la autonoma, la libertad sindi-cal y suspender los contratos colectivos.

A continuacin sealamos la opinin de voceros sindicales:

En diez aos de revolucin para un mundo mejor, solo hemos podido

firmar un solo contrato colectivo de trabajo. (El Universal2009. Sindicatode rabajadores de Artes Grficas del Distrito Federal y del Estado Miranda).


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Estamos en presencia de un gobierno autoritario, antiobrero, que crimi-naliza la disidencia, que viene armando todo un entramado legal para reducirlos espacios democrticos. Los trabajadores tenemos que utilizar nuestros m-todos de lucha: paros, operacin morrocoy, brazos cados, piquetes y huel-gas para lograr nuestras conquistas laborales y defender la libertad. (OrlandoChirinos, dirigente de C-CURA y de Solidaridad Laboral, al Cual, 15-03-09).

La respuesta ante la beligerancia gubernamental ha sido contundente perodispersa. Durante los aos 2008, 2009 y 2010, se han desarrollado ms de1.200 conflictos anuales, en todo el pas, en ministerios, y empresas del Es-

tado, ubicndose, para el ao 2009, un 80% de los conflictos en el sectorpblico y un 20% en el sector privado.

Para el ao 2011, segn el Informe del Observatorio Venezolano de Con-flictividad Social (OVCS) se registr, por cierto, cifra record, pues se vivieron5.338 manifestaciones de calle. Las exigencias se orientaron hacia derechoslaborales (2.093 protestas, 39%) solicitud de vivienda digna (1.592 protestas,30%), seguridad ciudadana y derecho a la justicia (1.300 protestas, 24%),exigencias educativas, (353 protestas, 7%). endencia que se mantiene hasta2013. Entre tanto, en 2014, la protesta estudiantil, la protesta social y polticarelegaron a un segundo lugar a la protesta laboral

Debemos sealar, igualmente, la poltica de flexibilizacin laboral o de pre-carizacin del trabajo impulsada por el gobierno nacional. En 1998 existan890 cooperativas, hoy sobrepasan las 280.000 y tan solo funciona un 20% deestas. De igual modo, se han promovido las empresas de produccin social(EPS), o UPS (Unidades de produccin Social), donde no se permiten sin-

dicatos ni contratacin colectiva. En el caso de las empresas recuperadas ini-cialmente como INVEPAL, INVEVAL, INVEEX, elares Fnix, SanitariosMaracay, Rualca, en el papel se encuentran cogestionadas por los trabajadores,estos no participan en la direccin de las empresas, tal como lo establece elmodelo de cogestin en sus diferentes experiencias, siendo en la actualidadcasos que engrosan la larga lista de empresas cerradas que son administradaspor el Ejecutivo Nacional.

2.- La aprobacin de una nueva Ley Orgnica del Trabajo y suconcepto del proceso social del trabajo


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En el DLO, se establece la visin corporativa del Estado Comunal conrelacin a los sindicatos, ya que estos tienen ahora funciones de proteccin ydefensa del conjunto del pueblo, de la independencia y la soberana nacional;segn los artculos 365 y 367 asumen tareas del Estado como la defensa dela nacin, la produccin de bienes y la vigilancia en los costos y ganancias.Conceptos emitidos en la definicin del proceso social del trabajo donde lossindicatos subsumen sus intereses como sector social, a los de la comunidad ala que prestan servicios y al Patrono Estado. (Manual para la Accin Sindical,PROVEA pg. 12)

3.- La situacin actual y el desmontaje de la contratacin colectiva

Con el caso reciente de SIDOR, en agosto 2014, al imponer decisionesejecutivas sobre la negociacin colectiva, aun cuando los estatutos de SUISSdeterminan la consulta y la aprobacin de la masa laboral, esto no es obrade la casualidad. A partir del resultado del aller Institucional ya citado yrealizado en el Ministerio del rabajo en 2009, la ministra del despacho de lapoca arrib a las siguientes conclusiones: los sindicatos son organizacionessociales que reproducen los valores capitalistas del lucro, sus integrantes solose ocupan de lo econmico y no estn sujetos o identificados con los valoresrevolucionarios.

A partir de estas apreciaciones emanan directrices desde la Vicepresidenciaen 2010, todava vigentes en 2014, donde todo contrato colectivo debe ser re-frendado por el Presidente de la Repblica, determinando el desconocimientodel DLO, CRBV y convenios internacionales.

El sello de esta poltica expresada en cifras citadas originalmente por voc-

eros oficialistas, resalta que en 2013 se aprobaron 409 contratos colectivos enel sector privado y solo 39 en el revolucionario sector pblico, hasta mayo2014 se han aprobado 82 contratos colectivos en el sector privado y solo 7en el pblico. Reflejando la discrecionalidad absoluta del patrono Estado deasumir la obligacin de negociar laboralmente con sus trabajadores.

Al mismo tiempo, destaca la utilizacin abusiva del poder para impedir larenovacin de las convenciones colectivas. Donde pueden impedirlas, el Min-isterio del rabajo y el Poder Electoral establecieron la mora electoral comoargumento para no convenir el Proyecto de Contrato Marco de Ministerios,Institutos Autnomos, Alcaldas y Gobernaciones donde son beneficiarios


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2.000.000 de trabajadores, y en aquellos entes donde la fuerza laboral deter-mina su realizacin, los desmantela, como ha sido el caso del sector elctrico,educadores y el petrolero, all los aprueba y luego los incumple en un 70%.

4.- La suspensin del Dilogo Social con las organizacionessindicales y con los empleadores privados.

Desde inicios de la actual gestin el Ejecutivo Nacional desconoci eldilogo social determinado por la LO al determinarse la obligatoriedad deconsulta a organizaciones sindicales y empresarios al momento de definir elsalario mnimo anualmente, estableciendo el Presidente de la Repblica uni-

lateralmente en los ltimos 14 aos los decretos sin consulta previa a ningunode los actores del SR. Nos referimos a la fijacin anual del salario mnimomediante el dilogo tripartito establecido en el artculo 167 de la anterior LeyOrgnica del rabajo, en clara violacin del convenio 144 de dilogo socialde la OI.

Esta poltica ha sido extensiva al resto de reas del mercado laboral enmateria de creacin de empleos, de capacitacin de mano de obra y de la se-guridad social, temas esenciales al trabajo digno en los estados firmantes de losconvenios internacionales de la OI, de los cuales ha sido signatario el Estadovenezolano a lo largo de su historia. Esta ruptura del dilogo social ha deter-minado iniciativas de dilogo bipartito entre empleadores privados agrupadosen FEDECAMARAS y representantes del sindicalismo autnomo y libre dela Unidad de Accin Sindical en el contexto del evento auspiciado por la OIen Ccuta en octubre 2013.

5.- La utilizacin del Poder Judicial en el control de los conictos

laborales. (Judicializacin de la protesta)Los trabajadores han sido las principales victimas de la criminalizacin y

la judicializacin de la protesta en el pas, mediante la aplicacin de 5 leyesdiferentes para constreirla: La Ley Orgnica de Seguridad de la Nacin ensus artculos 47 y 48 crea las zonas de seguridad con penas de 5 a 10 aosde prisin, Ley para la Defensa de las personas al acceso de los bienes y servi-cios contempla de 6 a 10 aos de prisin, 3) Ley Especial de Defensa Popularcontra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte elconsumo de alimentos o productos sometidos al control de precios (2 a 6 aosde prisin) 4) Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada y Financia-


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miento al errorismo: cualquier actividad grupal o asociativa puede ser tipi-ficada como delincuencia organizada y una accin sindical, como actividadterrorista, a criterio de un Juez Penal y la sancin va de 3 a 5 aos de prisin5) Aplicacin del Cdigo Militar a trabajadores que paralicen obras en insta-laciones castrenses. Esta judicializacin de la protesta ha determinado la crcelpara casos especficos y la presentacin en tribunales a 300 dirigentes sindi-cales y trabajadores participantes en diversos conflictos laborales.

6.- La militarizacin de las relaciones laborales

Se ha promovido una creciente militarizacin de la gerencia pblica, ms

de 2500 oficiales fungen de patronos en el sector pblico y la creacin de figu-ras militares y de estados mayores para dirigir a las empresas, en el objetivo decontrolar y establecer el orden militar en el mundo del trabajo.

A continuacin anexamos el DECREO CORPOELEC: art. NRO 14gaceta oficial 40153-24-04-13:

Como consecuencia de la intervencin ordenada en este decreto, losactos, conductas o prcticas por parte de los sindicatos de los trabaja-

dores de Corpoelec que causen perjuicio en este decreto sern nulos yno generaran efecto alguno.

7.- El Estado venezolano en la mira de la OIT

Con la visita de la Misin de Alto Nivel de la OI el mes de Enero de 2014se evidenci la violacin en Venezuela de numerosos convenios entre ellos, el87 de Libertad Sindical, 98 de Contratacin Colectiva, 111 DiscriminacinPoltica, 26 sobre el Salario Mnimo, 144 de Dilogo Social. La delegacininternacional visitante integrada por representantes de trabajadores y empre-sarios pudo recibir informacin veraz de las denuncias formuladas por ambossectores y al mismo tiempo pudo percatarse del intento gubernamental deteledirigir sus reuniones, en su intento de preservar la imagen de un gobiernorespetuoso del dilogo social.

Intencin trastocada en la reunin de marzo 2014 del Consejo de Ad-ministracin de la OI en Ginebra, instancia donde presentara el Informe

la Misin de Alto Nivel que nos visitara en Enero 2014, cuyo contenido evi-denci por una parte las violaciones gubernamentales, la necesidad urgente dedilogo sociolaboral en nuestro pas y al mismo tiempo la actitud prepotente


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del Ministerio del rabajo al descalificar las resoluciones de la instancia, dereestablecimiento de un clima de respeto a los convenios internacionales.

Los efectos de la visita de la Misin Especial de la OI A Venezuela enenero del presente ao, se hizo sentir en el pas al prorrogar el lmite el Min-isterio del rabajo de inscripcin sindical en el Registro Sindical Nacional(RENOS) para el 31-03-2014 en lugar del 31-12-2013 como establece el Art.558 numeral 2 de la LO.

Siendo evidente la intencin del gobierno nacional de camuflar ante laimportante delegacin internacional visitante, la protesta que ha generado en

los sindicatos la condicin de obligatoriedad de inscripcin en el RENOSpara poder ejercer la representacin laboral, a sabiendas que la Comisin deExpertos en aplicacin de convenios y Recomendaciones de la OI ha mani-festado en mltiples oportunidades duras crticas al intervencionismo estatistaconsagrado en la LO aprobada en mayo 2012. De hecho un 70% de lossindicatos no ha acudido al RENOS.

III.- Crisis econmica y la conictividad laboral

Los indicadores econmicos y sociales descritos por diferentes expositoresen este evento, determinan en el tejido social un impacto maysculo en lacondicin de vida y en la permanente movilizacin de los trabajadores porlograr un mejor nivel de vida, sobre todo al apretar la inflacin y sentir comose aleja cada vez ms la canasta alimentaria y la bsica de bienes y servicios.

Esta actitud permanente de defender la condicin de vida la han ejercidopor dcadas, a tal punto que en los mejores momentos de prestigio del Co-

mandante eterno, los trabajadores y sus sindicatos ejercieron el derecho a laprotesta a pesar de haberse propiciado desde el Estado un discurso condicio-nado al con hambre y desempleo con Chvez me resteo.

Los niveles de conflictividad laboral en Venezuela explican los esfuerzoshasta ahora infructuosos de desarticular a los sindicatos y a los gremios, deall la irritabilidad gubernamental ante los permanentes conflictos presentesen toda la geografa nacional, siendo el sector pblico el de mayor impacto.

Ahora bien no es menuda la tarea gubernamental ante pasivos laboralesacumulados desde mediados de los 90 y asumidos por la actual gestin desde


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1999. Se requiere una poltica laboral integral no solo para los trabajadorespblicos, para toda la poblacin activa de 13.500.000(formales, informales ydesempleados), para los 2.550.000 pensionados del IVSS, para los 3.000.000de trabajadores que perciben ingresos por misiones que deambulan en el mer-cado laboral y para los 150.000 jvenes que se incorporan anualmente al mer-cado de trabajo.

Seguir manipulando mitos y utilizar la poderosa maquinaria meditica es-tatal para difundir a nivel nacional e internacional que disfrutamos un parasolaboral es ignorar las condiciones precarias del trabajo en nuestro pas. Por Ej.Presentar el aumento salarial mnimo como aumento general a la Poblacin

Activa cuando slo impacta aproximadamente a 3.500.000 de la poblacinformal, o mencionar la discusin de los contratos colectivos que cubre slo al15% de la Poblacin Activa o a un 33% de la Poblacin Formal.

En otro orden seguir ufanndose de que tenemos el salario mnimo(SM)mas alto de Amrica Latina, es un espejismo del tamao de una catedral anteuna inflacin que corroe a cualquier nivel de ingresos familiar. Aparte de noser cierto, nuestra disparatada economa ofrece mercancas a un salario deval-uado por la escasez de divisas y el dlar paralelo.

De all que la inflacin acumulada de 2013 tasada en 56.3 % y 70% enalimentos y la proyectada para 2014 alrededor del 70% pulverice cualquieringreso familiar y ponga pies en polvorosa a cualquier contrato colectivo pormuy bueno que este sea, si no hay polticas pblicas que frenen la inflacin yrestablezcan el poder adquisitivo.

La decisin de implantar el SICAD II determina un giro crucial en la vida

de todos los venezolanos y descubre la nueva realidad, cuyo impacto ser deproporciones mucho mayores a aquel viernes del 18 de febrero de 1983 divi-sor de la historia del pas en dos mitades, la del famoso 4.30 Bs. por $ quemolde nuestra economa desde los aos 30 del siglo XX hasta el momento dela devaluacin, origen del sacudn poltico-social que ha perdurado 31 aoshasta el presente 2014.

Es fundamental resaltar que en aquella jornada aciaga de 1983, el bolvarsufri una devaluacin frente al dlar estadounidense, derivado de polticaseconmicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, cuyo


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gobierno en el momento recurri al control de cambio, imponiendo una re-striccin a la salida de divisas.

La decisin cambi la vida de la poblacin en general al derrumbarse elpoder adquisitivo del trabajador. Es importante destacar que en las dcadasde los 60, 70 un trabajador con su salario poda adquirir vivienda, vehculo,y alcanzar plenamente la cesta alimentaria y bsica de bienes y servicios. rasdcadas de polticas econmicas errticas nada queda de ese bienestar, con-vertido hoy cada vez ms en espejismo tras 15 aos de oferta engaosa delparaso del siglo XXI.

Que ha sucedido durante estos 15 aos de gestin? La actual adminis-tracin, en mando desde 1.999, ha devaluado la moneda varias veces. Inicicon la divisa norteamericana en bs 570 en 1999 y la llev a 2.150 bolvares delos viejos o a bolvares 2,15 del bolvar fuerte en el ao 2005. Ante la deba-cle implant la sealada revaluacin del signo monetario en el 2008. (www.finanzasytributos.com)

Desde el 2005 hasta enero de 2010 se mantuvo este tipo de cambio de

Bs. 2,15 por $ y no devalu oficialmente, pero en 2.008, la devaluacin fuede 100% y aquel bolvar fuerte creado ese ao, tuvo una cada slo dos aosdespus. Para luego anunciar la penltima devaluacin a 6.30 por $ desde2010 y ahora la mega devaluacin de 500% del SICAD II a 50 Bs. por $ quepulverizar definitivamente el salario del trabajador, generando un caos infla-cionario y profundizacin de la pobreza

Este es el caldo de cultivo de los conflictos laborales desarrollados a lo lar-

go de los ltimos 6 aos, donde el promedio de de 2.000 conflictos laboralesanuales representan aproximadamente el 40% promedio de la conflictividadsocial. Como vemos a continuacin en 2011 y 2012.


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Fuente: Conflictove.

http://www.conflictove.org.ve/carceles/ovcs2012-aumentaron-las-protes-tas-en-2012-reeleccion-presidencial-no-disminuye-la-conflictividad-social.html

endencia que contina en 2013 a pesar de ser atenuados por la muerte del

Presidente de la Repblica Hugo Chvez.


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Conflictos que se desarrollan en su mayor magnitud en el sector pblico,tanto en Empresas del Estado, Gobernaciones, Alcaldas y Ministerios, perocarecen de una central o coalicin sindical que los conduzca hacia la conse-cucin de sus objetivos de lograr un trabajo digno.

Lo que ha acentuado las prcticas represivas del Ejecutivo Nacional utili-zando al conjunto de instituciones pblicas para contener la protesta social yparticularmente la diferentes manifestaciones de protesta laboral, como noshemos referido en los apartes anteriores, lo cual coloca en tela de juicio lasautocalificaciones de gobierno obrerista y defensor de los trabajadores.

En el ao 2014 la protesta social conoci un curso diferente al identi-

ficado desde 2008, al surgir un nuevo actor: La juventud y los estudiantes;quienes en el primer semestre de este ao promovieron acciones en toda lageografa nacional, modificando la composicin de la inconformidad social alconvertirse en mayoritario el cuestionamiento por derechos polticos ante elresto de manifestaciones laborales, vivienda, seguridad ciudadana, educacin,salud, producindose el saldo trgico de 43 personas asesinadas ante la intensarepresin estatal.


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IV.- La fragmentacin de las organizaciones sindicales yla promocin de nuevos actores

Es evidente que las aspiraciones del Gobierno del Presidente Maduro ydel conjunto de Poderes Pblicos es disciplinar a una clase obrera, a nivelesde sumisin absoluta a los designios del patrono Estado, ya demostrada porsindicalistas de la CSB, cuando aplauden el encarcelamiento de sus compa-eros gremiales por dirigir huelgas, las tasas impositivas del IVA, los precariosaumentos salariales mnimos ante una devastadora inflacin o asumen la fi-gura de esquiroles contra los trabajadores siderrgicos por exigir un contratocolectivo justo.

El Estado necesita a la masa trabajadora sometida al ritmo del trabajovoluntario, ya implementado en PDVSA, CORPOELEC y en caso especficodel IENNA, Instituto para la atencin de Nios, Nias y Adolescentes, don-de obligan a personal profesional en vestimenta de oficina a caletear sacos depapas y todo genero de alimentos bajo orden de la Jefa del organismo en jor-nadas extenuantes. Convirtiendo esta prctica humillante con caractersticasde trabajo esclavo en una poltica permanente en las instituciones pblicas y

empresas estatales.


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En definitiva pretenden desde el Alto Gobierno imponer el control absolu-to de los trabajadores ante la inminente aplicacin de Paquetazos de medidas

impopulares, para superar una crisis cuya responsabilidad recae en la gestingobernante, como lo ha manifestado el Presidente de la CSB el 06-08-14Me preocupa que cuando las empresas estn en manos del privado, produz-can, y que cuando estn en manos del Estado quien garantiza los derechossociales, contractuales y legales se vuelvan improductivas. Ah es donde lostrabajadores no quedamos claros. o lo manifestado el 10-08-14 por el sa-liente Secretario General de UNASUR: Est demostrado que el Estado nopuede asumir todas las actividades econmicas. Vamos a continuar pasando

actividades al Estado cuando su eficacia es muy limitada. Luego de perdersecientos de miles de empleos y cerrar miles de empresas por las estatizacionesforzosas promovidas desde el Estado y en particular el Poder Ejecutivo.

De all la poltica de desarticular los sindicatos y las centrales sindicalesutilizando el peso de las instituciones estatales, determinando que en la actua-lidad en Venezuela se identifican las siguientes siglas: CV, CG, CODESA,ASI, UNEE, CUV y la recin creada CSB. Pudiendo establecerse que

ninguna de las sealadas goza de la representacin en programa y estructuraque alcanz la otrora CV la mayor parte del siglo pasado.

De igual forma esta dispora sindical ha determinado la conformacinde mltiples corrientes sindicales: SOLIDARIDAD LABORAL, FADESS,C-CURA, MOSBASE, quienes propugnan alcanzar un acuerdo unitario querefunde el deteriorado sindicalismo venezolano y promueva una agenda labo-ral que apunte al rescate de la libertad sindical y el dilogo social.

Este contexto de dispersin de los trabajadores y de sus organizaciones sin-dicales ha sido el terreno propicio desde el Estado para promover un conjuntode figuras paralelas al sindicalismo autnomo y as contribuir an ms a sufragmentacin y a su debilitamiento.

Estas propuestas organizativas laborales emanadas desde el Estado tienencomo objetivo integrar a las organizaciones sindicales al Estado Comunal yconstituir acorde con la visin corporativista autoritaria nuevas estructurasdonde no exista la autonoma y la libertad sindical, sino las identificadas conel proceso poltico gobernante


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De tal manera que se promueve todo un modelaje para intervenir el mun-do del trabajo y supeditarlo a la organizacin vertical de la sociedad en re-

lacin con el Poder Popular gobernante. Este es el caso de los Consejos derabajadores que establece como modelo de gestin el Control 0brero cuyoradio de accin es supervisar la produccin e invadir el campo sindical, LasMilicias Obreras para garantizar la paz en las fbricas y que no se produzcanprotestas laborales, los Consejos Comunales como organizaciones civiles queintervienen en la vida de las empresas, la instauracin del rabajo Voluntarioque al mismo tiempo es obligatorio como prctica aplicada en la Administra-cin Pblica Nacional y Empresas del Estado.

Incluso hasta los Delegados de Prevencin designados y elegidos por lostrabajadores y los patronos en el contexto de la LOPCIMA son utilizadospara debilitar a las organizaciones sindicales, a partir de programas de capa-citacin donde se refuerza el liderazgo de los delegados ante los sindicatos.

An cuando el tema de la fragmentacin no es nuevo en el mundo laboralvenezolano, coincidimos con H. Lucena (2014), cuando se refiere a que

la Ley del rabajo de 1936 fue avanzada en beneficios individuales,al mismo tiempo dej para el sindicalismo una estructura perversa deatomizacin y fragmentacin, dando amplio poder discrecional al es-tado y gobiernos para invadir la vida sindical, castrando posibilidadesde esta organizacin antes de ser incluso un movimiento nacional.

Podemos reafirmar igualmente con H. Lucena que

en la revolucin bolivariana ha sido una constante aprobar regulacio-nes para restringir el campo de actuacin autnoma a las organizacio-nes de los trabajadores, condensadas ellas en el Decreto con rango yfuerza de ley orgnica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, peroadems se fomentan otras regulaciones que privilegian la organizacina partir del territorio, de la comunidad y de otros criterios, pero nodel trabajo ni la produccin. A todo esto se sumar, an pendienteen manos gubernamentales implementar los consejos de trabajadores,que agregaran ms fragmentacin y dispersin entre los trabajadores.


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V.- El impacto de las polticas de Estado en el mercadolaboral

El efecto de las polticas monetarias y fiscales en la economa han sido elorigen de la descomposicin social y el terreno para debilitar an ms a lostrabajadores y al conjunto de la poblacin. Citamos algunas reas afectadasnegativamente por el impacto de estas polticas equivocadas.

1.- El drama del desempleo

Ante el nivel de protestas se anuncian faranicos planes para atender el

desempleo, la promocin de misiones, el otorgamiento de cientos de millonesde bs. para crear fuentes de trabajo, siendo la mas reciente la propuesta en2012 la Misin rabajo, en el contexto de la promesa electoral de los comi-cios adelantados de octubre de ese ao. En esa oportunidad el candidato aPresidente, Hugo Chvez prometi crear 3.000.000 de empleos entre 2012 y2015 en el contexto de la revolucin econmica y en el impulso del Plan de laPatria 2013-2019.

La respuesta en cifras a esa oferta electoral incumplida no puede ser mscontundente, con la inmensa dispora de venezolanos en el mundo enterocitada en diversos estudios

cerca de milln y medio de venezolanos se han ido del pas a hacervida en otras naciones, llevando consigo su conocimiento, capacidadesy experiencias en las distintas carreras que se formaron y en diferentesniveles acadmicos. Se estima que ms del 90% tiene grado universi-

tario y de ellos, un 40% tiene maestras y un 12% con doctorados ypostdoctorados.

Otras investigaciones indican que la cantidad es mayor hasta de 2.000.000repartidos en todos los continentes.

Observamos otro reportaje titulado Venezuela se queda sin jvenes anteuna realidad dramtica, el 80% del xodo nacional est compuesto por jve-nes entre 18 y 30 aos quienes manifiestan:

Estamos en un pas donde desapareci el 40% del parque industrialjunto al 12% del parque empresarial, lo que implica menos fuentes


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de empleo privado y la imposibilidad para el venezolano de percibirun salario que le permita acceder a un vehculo o a una casa. Vivimoscon uno de los ndices de inseguri

balza, ronald - venezuela 2015 economía política y sociedad

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