Sobre el Caso Ayotzinapa y la percepción social de las instituciones

El presente ensayo es un acercamiento de modo general al descontento social

sobre la crisis institucional relacionada con las investigaciones sobre el caso de los

43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un año, que busca

determinar las líneas de de mayor inconformidad y descontento. Respondiendo al

cuestionamiento sobre cuál ha sido la respuesta de las instituciones que han

provocado una fuerte incredulidad social, realizaremos una lectura panorámica de

las principales líneas de crisis de justicia y verdad en el proceso de la

investigación, que una vez tras otra es desmentido por organismos extraestatales,

lo cual resulta relevante en forma central para nuestra sociedad, dado el

crecimiento de una conciencia civil que reclama, con todo derecho, el

esclarecimiento de las mentiras del Estado y la aclaración de la verdad sobre un

crimen.

El día 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero,

se presentó una persecución policiaca, el asesinato y el secuestro de jóvenes

normalistas de Ayotzinapa, que habían “tomado” 5 autobuses para realizar la

marcha del 2 de octubre. Planeaban tenerlos de modo ilegal bajo su poder por

más de una semana, pero justificando impedir tal hecho fueron detenidos y lo que

sucedió posteriormente, pese a que no existe una versión final que pueda llamarse

oficial en un sentido objetivo estricto, es uno de los crímenes que más han

lastimado el sentir colectivo de una nación destruida por las administraciones

políticas, poseedoras de los aparatos de coerción para seguir legitimando su

poder.

No se puede negar que el secuestro de autobuses, pese a que fuera para realizar

un reclamo justo, está fuera de la ley y debe ser sancionado, pero siempre en un

marco de legalidad que busque la justicia. La desaparición y el asesinato quedan

muy lejos de lo debido, puesto que la justicia debe correr por los tribunales

dedicados a impartir e imponer las leyes mexicanas, y no debe recaer en manos

de particulares. Ahora bien, el problema es más grande que el simple uso de la

fuerza como privilegio de los gobernantes locales en Guerrero, que controlaron

entonces a las policías como grupos represivos coadyuvantes del narcotráfico,

sino la respuesta del Estado mexicano.

La respuesta por parte de las instituciones máximas del país y en especial del

representante del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación, fue tan parca

que, como cuentagotas, apenas parecían prestarle atención a una problemática

que enseguida tuvo efectos sociales. La indignación muy pronto se dejó ver y fue

necesario para el poder político volver los ojos al pueblo, aunque sin mucho

interés. Ya no se podía obviar el hecho, pues los ojos del mundo estaban en las

marchas, en el uso de las redes sociales para documentar y difundir la molestia.

Aquí encontramos una de las quejas más graves de la situación: la omisión de la

evidente inconformidad en la representatividad por parte del Estado, que parecería

más la imposición de un orden parcial que el seguimiento de los principios

democráticos y republicanos que rigen nuestras leyes. Como ha defendido el

sociólogo Sergio Tamayo “con el caso Ayotzinapa, la ciudadanía percibe que

vivimos en una situación de alta vulnerabilidad y anormalidad institucional. La

crisis provoca asimismo el posicionamiento de los individuos en torno a ella para

resolverla y construir en consecuencia un nuevo estado de normalidad” (Tamayo,

2015, pág. 7).

Las imágenes de los hechos ocurridos y las protestas se multiplican en estos

momentos cuando la humanidad arriba a un nuevo modo de vida, donde las

imágenes digitales nos circundan y forman parte de nuestra conciencia. Parece

que las funciones de la comunicación nos acercan más y más a un estado global

de comunicación. El significado de esas imágenes en su mayoría se asocian al

descontento social, pero esto no resulta novedoso, ya que a últimas fechas el

sentimiento de fragilidad en las instituciones políticas viene de la mano con la

noción de un Estado en crisis, en el mejor de los escenarios; la versión radical lo

propone como un aparato represor, asociado a intereses personales de una clase

política relacionada con el fraude económico (lo que la haría criminal) y el negocio

del tráfico ilegal de diversos productos.

Ahora bien, ¿cómo deja esta situación a los distintos órdenes gubernamentales

involucrados?, ¿Cómo ha sido la respuesta de las instituciones estatales para

resolver la problemática? ¿Se percibe congruencia entre los resultados ofrecidos

por la PGR y el sentir popular? ¿Qué escenario político plantea esta situación? En

lo siguiente trataremos de apoyarnos en los resultados de las investigaciones que

no corresponden con las versiones más actuales, así como recogeremos algunas

de las opiniones más sólidas al respecto, para poder ofrecer una visión de

conjunto que responda a nuestras preguntas, puesto que el sentir colectivo, la

manera en que la conciencia común se integra, da forma a movilizaciones sociales

ideológicas, formando al fin un criterio común.

Desde los primeros días de la crisis, el presidente municipal de Iguala, José Luis

Abarca, ha sido señalado como el principal operante de la desaparición de los

normalistas. Pese a las declaraciones recogidas en el reporte de la Comisión

Especial del PRD que investiga la postulación de Abarca, presentado el pasado 7

de mayo, donde el presidente municipal afirma que las policías federales y el

ejército conspiraron mediante la omisión a su llamado para solucionar los hechos,

de los que posteriormente fue incriminado (Excelsior, Redacción , 2015),

buscando exonerarse de las imputaciones, el vínculo con la mafia del narcotráfico

“Guerreros unidos” es innegable y despierta en la sociedad la sospecha de que en

las redes estatales de poder se esconden intereses lo suficientemente fuertes,

vinculados al crimen organizado, que imposibilitan el seguimiento correcto de todo

acto delictivo cometido por algún miembro de la clase política. No obstante, las

recientes declaraciones del comandante Cienfuegos asegurando que el ejército no

permitirá ningún cuestionamiento periodístico o de justicia a sus integrantes, no

hace sino levantar la sospecha a quienes poco confían ya en el aparado de

defensa del Estado.

De lo anterior también se ha derivado pensar sobre la seriedad de los partidos

políticos para la elección de sus candidatos, dado que no parecen estar

representando los intereses del pueblo sino los de grupos a los que sirven, como

ha señalado en numerosas ocasiones la prensa crítica nacional. Si a esto

sumamos el informe presentado por la PGR sobre el Caso Ayotzinapa el día 27 de

enero, que exponía una “verdad” llamada “histórica” repleta de lagunas y

omisiones, incongruencias empíricas, conduce a una fuerte incredulidad: se dijo

que el narcotráfico asesinó a los normalistas y cremaron los cuerpos en un

basurero, versión que ha sido desmentida por especialistas sobre la materia; se

hablaba de 4 autobuses interceptados, hasta que en septiembre pasado un Grupo

de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino con

su repaso de la información, demostrando la existencia de un quinto autobús, del

cual se dice que llevaba un cargamento de droga (cuestión no sabida por los

jóvenes, al parecer).

Los resultados de la CIDH que contradicen la llamada verdad histórica de la PGR

refuerzan la hipótesis de que en el seno de las instituciones que realizan la

investigación, existen grupos reacios a que se pueda manifestar la red

delincuencial de una estructura frágil de gobierno. Esto nos orilla a responder a

nuestra pregunta inicial del siguiente modo: la respuesta de las instituciones ante

una crisis de justicia ha sido presentar datos parciales, pruebas no contundentes y

poco lógicas si se siguen métodos empíricos para demostrarlas, así como el

ocultamiento de los intereses políticos involucrados. Pero vayamos más lejos y

respondamos a las interrogantes que nos salieron al paso.

En primer lugar, es ya un punto común no solo de la sociedad en general sino de

académicos el considerar que la clase política al afianzarse mediante nexos

económicos con los mismos enemigos del país, los grupos criminales, vaticina el

necesario cambio político que culminará en el abandono de los líderes

institucionales, puesto que la estrategia seguida ha sido el criminalizar la protesta

(Merino Salgado, 2015), aspecto que se deja ver incluso en los más recientes

spots propagandísticos. Segundo, este movimiento social de descontento contra

los órdenes políticos, más allá de su represión, ostenta las características de ser

un revulsivo en el pensamiento colectivo, un acontecimiento que en los términos

de filósofos como Alain Badiou, marcan un antes y un después en la militancia

ideológica o la simple consideración de la política.

Ahora bien, al no existir un claro informe total de los hechos ocurridos aquel 26 de

septiembre, es necesario esperar aquellos datos que arroje el trabajo conjunto de

la CIDHy el Gobierno Federal, esperando que de estas pruebas se logre obtener

una versión clara que pueda ser analizada por la totalidad de la población. Esto,

no obstante, no logrará transformar la confianza ciudadana que muestra no revertir

su concepción de la clase política, de la omisión estatal y que no supera (con la

connotación vulgar del “ya supéralo”) los hechos criminales asociados al poder

político, como el presidente alguna vez reclamó. Debemos concluir que este

evento es la punta del iceberg de un descontento social, pero también es punto

último de tolerancia para la destrucción de la legalidad por parte de las

instituciones gubernamentales, por sus dirigentes.

Trabajos citadosExcelsior, Redacción . (7 de Mayo de 2015). Niega José Luis Abarca haber

ordenado matar a normalistas. Excelsior, pág.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/07/1022838.

Merino Salgado, C. (2015). Ayotzinapa: ¿un pasaje oscuro de la historia o el

principio del fin de cierta dominación de clase en la actual sociedad

mexicana? Teoría y Crítica de la Psicología, 203-208.

Tamayo, S. (Marzo-mayo de 2015). Crisis de la política y cultura de la política. El

movimiento por Ayotzinapa. Razón y Palabra(89),

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N89/PS89/02_Tamayo_PS89.pdf.