Si he perdido la vida, el tiempo, todo

lo que tiré, como un anillo, al agua,

si he perdido la voz en la maleza,

me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo

lo que era mío y resultó ser nada,

si he segado las sombras en silencio,

me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,

me queda la palabra.

En el principio, Blas de Otero.

AYOTZINAPA: EL DÍA QUE MÉXICO VOLTEÓ HACIA

GUERRERO. VOCES Y CONTEXTO

Por Alejandro Álvarez Sánchez

FOTOGRAFÍA

Dalila Severiano Garcés

25 de octubre de 2014

Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegó a Ayotzinapa, Guerrero, en los años 30 del siglo

XX, luego de haber sido fundada en 1926, en Tixtla, una ciudad aledaña.

Formó parte del programa educativo impulsado por el estado mexicano, con el objetivo de masificar

la educación. Pero el proyecto de las escuelas Normales Rurales fue más allá, ya que no solo formó

profesores, sino que también fue la cuna de movimientos sociales. En la Normal de Ayotzinapa se

formaron líderes sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Genera Vázquez Rojas y Othón Salazar

Ramírez, quienes encabezaron movimientos guerrilleros durante el siglo XX.

Esta escuela tiene como una de sus funciones formar a profesores de educación primaria, y se enfoca

en capacitar docentes para escuelas rurales, a partir de un sistema de interinato. Pero los alumnos

además de recibir esta formación académica, también acuden a talleres que fortalecen su formación

política, sus herramientas discursivas y su formación social.

De esta institución han egresado 88 generaciones de maestros, que provienen de diversos estados del

país, como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Tlaxcala, Sonora, además de Guerrero, entre

otros. Actualmente cuenta con más de 500 estudiantes, de acuerdo con información de Animal Político.

Antecedentes

El historial de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl

Isidro Burgos es largo, al igual que su postura crítica hacia el gobierno. El último caso de agresión

sucedió hace más de tres años, el 12 de septiembre de 2011, cuando Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel

Echeverría de Jesús, estudiantes de esta escuela, fueron asesinados al recibir disparos de policías

federales y estatales, así como de agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de

alumnos de esa escuela, quienes bloqueaban la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera

federal, a la altura de Chilpancingo.

En ese entonces, los estudiantes de Ayotzinapa buscaban una audiencia con el Gobernador de

Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien le exigían la reanudación de las clases en la Normal, las cuales

estaban suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros pretendían imponer como

director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos acusaban de represor.

También exigían el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los

aspirantes que tuvieran promedio de siete de calificación pudieran realizar el examen de admisión.

El asesinato de los dos estudiantes generó protestas y manifestaciones en Guerrero, y en varias partes

de México. Más tarde, el 14 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que en ese

entonces encabezaba García Luna, difundió el resultado de un peritaje que realizó, en el que estableció

que un agente de la Policía Ministerial de Guerrero, vestido de civil, era el responsable de la muerte

de uno de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

La investigación de la SSP no esclarecía por completo las circunstancias del asesinato de los dos

normalistas de Ayotzinapa, ni sentaba las bases suficientes para que los familiares de los dos

estudiantes asesinados encontraran la justicia que llevaban exigiendo por más de un año, por lo que

el 13 de diciembre de 2012, miles de personas realizaron protestas en la capital de Guerrero, exigiendo

al gobernador castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

Dentro de la protesta, el director del Centro de Derechos Humanos de la

Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recalcó que el gobierno

de Guerrero no había cumplido las recomendaciones que la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emito respecto a estos

asesinatos. El caso sigue abierto hasta la fecha.

Ataques en Iguala del 26 de septiembre

“Chalma”, originario de Tijuana, es uno de los normalistas que se encontraban boteando en Iguala, y

explica que una vez que Pineda Villa terminó su informe de labores, los normalistas tuvieron un

enfrentamiento con los policías que resguardaban el evento, de acuerdo a declaraciones recogidas por

Reporte Índigo el 9 de octubre.

“Para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo con el uniformado, agarre lo que fue

la culata del rifle y me amenazó que si no lo soltaba iba a disparar contra nosotros y siguió el jaloneo.

Lo tomé por la espalda y empecé a jalar el rifle, solo veía que era gordo y moreno”, explica.

El normalista narra que el policía disparó una ráfaga hacia el suelo, y después levantó su arma y

disparó contra los estudiantes a una distancia de un metro.

Para protegerse de los disparos, los estudiantes subieron a los autobuses y avanzaron. En el trayecto,

los policías siguieron disparando, eran como diez patrullas, asegura “Chalma”, quien alcanzó a

distinguir que todas eran de la Policía Municipal.

El camión iba con las llantas ponchadas, y casi al llegar a la carretera, los policías atravesaron una

patrulla, impidiendo el paso del autobús, bajándose para ubicarse detrás de la unidad, a una distancia

de unos veinte metros, momento en el que empezaron a apunar sus armas hacia los vehículos de los

normalistas, recuerda.

Con el recuerdo latente del asesinato de dos normalistas en 2011, el

26 de septiembre de este año ocurrió otro suceso que permanecerá

en la historia de la Escuela Normal Rural René Isidro Burgos.

Ese día, un grupo de normalistas provenientes de Ayotzinapa arribó

a Iguala por la tarde con el objetivo de recolectar fondos para

trasladarse a la marcha que se celebraría el 2 de octubre en la capital

del país, por el 46 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco

en 1968, así que desde las seis de la tarde empezaron a “botear” en la

Plaza de las tres Garantías, ubicada en Iguala, de acuerdo a

testimonios de los normalistas.

Al mismo tiempo, Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF y esposa

del alcalde de Iguala José Luis Abarca, presentaba su segundo

informe de labores, y al percatarse de la llegada de los normalistas,

ordenó a Felipe Flores Velázquez, titular de Seguridad Pública,

detener la movilización, ya que consideró que los estudiantes

“reventarían” su evento, de acuerdo a un informe del Centro de

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Después, los estudiantes se bajaron y rodearon a los policías, ya que los jóvenes del tercer autobús

estaban siendo cercados por elementos policiacos.

“Me puse atrás de un policía municipal, el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando sus

armas, disparaban y en eso observamos que a los del tercer autobús los estaban bajando los

municipales, los tenían sometidos, eran como diecisiete o dieciocho, y policías eran alrededor de

sesenta o más”, detalla.

Narra que en este segundo ataque a muchos estudiantes los tuvieron un rato en el suelo, y observaba

que había normalistas heridos. A “Chalma” y otro grupo de 25 normalistas los quisieron convencer

para que se entregaran, mientras que a los estudiantes que bajaron del autobús que tenían cercado se

los llevaron, recuerda.

Transcurrió una hora para que los policías se retiraran del lugar. En ese momento, arribaron alumnos

del Centro Regional de Educación Normal (CREN), así como otros de Ayotzinapa.

Los autobuses estaban llenos de sangre. Los cristales rotos. En su interior había balas percutidas,

recuerda “Chalma”.

“Los disparos eran a matar. Nos cazaron como perros, como si fuéramos peor que unos delincuentes”,

relata otro estudiante.

Un autobús donde viajaban jugadores del equipo de futbol de tercera división Los Avispones, también

recibió impactos de bala, por lo que el vehículo se desbarrancó. En el ataque perdieron la vida el chofer

de la unidad Víctor Manuel Lugo Ortiz y el futbolista David Josué García Evangelista, de 14 años de

edad.

En ese ataque, un taxista que pasaba por allí también resultó herido y su pasajera, Blanca Montiel

Sánchez, murió. Mientras que otras cuatro personas resultaron heridas por los disparos.

Las agresiones continuaron, ya que entre las 11 y 12 de la noche, los normalistas convocaron a una

conferencia de prensa para denunciar el ataque que habían sufrido, pero en plenas declaraciones,

delante de medios de comunicación, un grupo armado arribó al lugar, abriendo fuego por un lapso de

15 minutos, de acuerdo con testimonios de algunos de los normalistas, recogidas por El Universal el

28 de septiembre.

En ese ataque, que se desarrolló a un lado de los

camiones de los normalistas, que había sido

baleado en la primera agresión, quedó herido

gravemente el indígena huave Edgar Andrés

Vargas, originario de San Francisco del Mar,

Oaxaca, al recibir el impacto de una bala en la

boca.

De acuerdo a un testigo anónimo, fue en ese

tercer ataque cuando decenas de los normalistas

desaparecieron, según información publicada

por Animal Político el 7 de octubre.

Al mediodía del sábado, los estudiantes realizaron una nueva conferencia de prensa, en donde padres

de familia y dirigentes estudiantiles denunciaron que fueron ejecutados los alumnos Daniel Solís

Gallardo, oriundo de Zihuatanejo, así como Yosivani Guerrero, del pueblo de Omeapa, municipio de

Tixtla; en tanto que a Aldo Gutiérrez Solano, originario de Ayutla de los Libres, se le dictaminó muerte

cerebral.

Ese mismo día, en la carretera en la que fueron asesinados los estudiantes, se halló el cadáver de un

joven con huellas de tortura y la cara desollada. No se aclaró si pertenecía al grupo de los normalistas,

sin embargo la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) estableció que con esta víctima

se contabilizaban seis muertes.

Más tarde, el comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa daría a conocer que el joven

asesinado era Julio César Mondragón, alias “El Chilango”, estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl

Isidro Burgos”, originario del Distrito Federal, quien cursaba el primer año de su Carrera Profesional.

Entrada la noche, a través de un comunicado, el gobierno de Iguala anunció la cancelación del segundo

informe del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez tras los hechos violentos registrados el fin de

semana.

Pero supuestamente, el alcalde desconocía la gravedad de los hechos que habían ocurrido en esa

cabecera municipal. Fue entrevistado el viernes a las 22:50 horas, y señaló que “la policía lanzó unos

disparos al aire; eso es todo. No me reportan un solo herido ni un solo muerto”.

“Fue una provocación, y lo entendemos porque los ayotzinapos llegaron exactamente ahí, en un camión

robado, como siempre. Me gustaría que en caso de que hubiera algún detenido declare quién los

contrató, porque esos muchachos no viven aquí, no tienen nada que hacer aquí”, declaró.

43 desaparecidos

Los desaparecidos no pertenecen al ayer,

pero en el presente se encuentran difusos.

Son como fantasmas con nombre propio y

apellido. Son como huellas que se niegan a

borrarse. Aunque no se pueda hablar con

ellos, ni se sepa dónde están, tienen ojos y

vos, tienen sonrisas, tienen sueños. Porque

los desaparecidos nunca serán, siempre

son, y son personas: una hermana, un

padre, una hija, un amigo.

Al siguiente día de los ataques en contra de

los normalistas en Iguala, integrantes del

comité estudiantil de la Normal Rural de

Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos

denunciaron la desaparición de 58

estudiantes, en conferencia realizada en

las instalaciones de la normal de

Ayotzinapa.

Entre los supuestos que manejaban acerca

de la ubicación de sus compañeros,

mencionaron que tenían indicios de que

algunos normalistas se encontraban

retenidos en el cuartel del 27 Batallón de

Infantería con sede en Iguala, mientras que

otros podrían encontrarse en

inmediaciones de los cerros tratando de

llegar a un lugar seguro.

La reacción del gobierno estatal consistió en la difusión de un comunicado, donde confirmó la

desaparición de 58 normalistas desde la madrugada del sábado y anunció el inició de la averiguación

previa AEBPNL/49/2014, así como acciones para buscar y tratar de localizar a los estudiantes.

El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Felipe Flores Velázquez, entregó a las autoridades

de la PGJE de Guerrero, días después de la violencia registrada en Iguala, copias de la licencia colectiva

para la portación de armas de los policías municipales de ese municipio, además de la relación de

armamento de los municipales y la del personal.

Pero de lo ocurrido el

viernes 26 de septiembre,

no dijo nada. De acuerdo a

información de Reporte

Indigo publicada el 8 de

octubre, Flores Velázquez

argumentó que no pudo

obtener un informe oficial

de sus policías ni

comandantes porque la

mayoría estaban detenidos.

“No tengo conocimiento de

quién haya disparado

alguna arma de fuego en

contra de determinada

personal, ni menos aún tengo conocimiento como ocurrieron estos hechos”.

El 30 de septiembre trascendió que 14 de los normalistas habían sido localizados, ya que después de los

ataques violentos salieron de Iguala, refugiándose en sus casas, por lo que la cifra de desaparecidos

quedaba en 43 estudiantes, señaló en entrevista con Radio Fórmula, Uriel Alonso Solís, representante

del Comité Estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Días después de la agresión en Iguala, varios normalistas se presentaron en las instalaciones de la PGJE

para rendir sus declaraciones, además, por medio de un álbum fotográfico que contenía los rostros de

los elementos policiales de Iguala, pudieron identificar a 20 policías que participaron en el ataque del

26 de septiembre, asentando, también, el número de identificación de varias patrullas que se

encontraban en ese lugar.

Pero los policías arrestados se declararon inocentes, argumentando que ese día descansaron y no

estuvieron en labores, mientras que otros aseguraron que no escucharon nada por el radio de la policía,

de acuerdo a declaraciones recogidas por Reporte Indigo, publicadas el 10 de octubre.

“Posteriormente me enteré por la misma vía de radio, que había problemas en el periférico Norte y por

mi parte yo no me acerqué, de ahí se quedó en silencio el radio (…) de aquí en adelante ya no me di

cuenta de nada”, declaró uno de los policías arrestados.

El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció acerca de este caso 4 días después de los sucesos

violentos de Iguala, ofreciendo apoyo al estado de Guerrero en la investigación de los hechos ocurridos

en Iguala el viernes 26, aunque pidió al gobierno de Ángel Aguirre que asumiera su responsabilidad.

“Me parece que es muy lamentable lo que ha ocurrido, me parece que es un hecho que merece toda la

investigación a fondo y a profundidad para deslindar responsabilidades, saber quiénes fueron los

responsables de la ley en este caso”, expresó el mandatario.

El silencio que mantenía el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue interrumpido justo el

día en que el presidente Enrique Peña Nieto lo había invitado públicamente a asumir su

responsabilidad por la violencia que aqueja a la región, por lo que aparte de pronunciarse acerca del

caso de Iguala, señaló que la seguridad en el estado era una responsabilidad de los tres niveles de

gobierno.

En cuanto a su posicionamiento acerca de las muertes, así como de los normalistas desaparecidos,

Aguirre Rivero afirmó que “la investigación no se ha concluido, vamos a seguir adelante y vamos a ir

hasta donde esto tope, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

A dos semanas del ataque a los normalistas registrado en Iguala, las autoridades de Guerrero

levantaron cargos en contra de alcalde de ese municipio José Luis Abarca, quien ya se había amparado

y para ese entonces se desconocía su ubicación.

Ante la incertidumbre de por qué Abarca no fue detenido después de la matanza en Iguala, el fiscal de

Guerrero explicó que el alcalde contaba con un fuero, por lo que no podía ser detenido ni procesado,

pero aseguró que ya se trabajaba en la revocación de ese amparo, para acusarlo de omisión de

responsabilidades.

El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Felipe Flores Velázquez, uno de los personajes

centrales en el ataque perpetuado en Iguala, al ser el encargado de los policías durante la noche de la

agresión, tampoco había sido arrestado, ya que de acuerdo al fiscal no habían encontrado motivos

para arrestarlo, debido a que había colaborado con el caso, al haber presentado a los primeros 22

policías acusados de participar en el asesinato y desaparición de los normalistas. Para cuando se realizó

una orden de aprensión en su contra, el 9 de octubre, el jefe policial se encontraba prófugo.

La hermana de uno de los normalistas desaparecidos, en entrevista con David Monroy de Milenio, el

20 de octubre, recordó que “cuando mi mamá supo lo que estaba pasando allá (Iguala), se fue para allá

para traérselo. Era el 28 de septiembre. Cuando llegó, le dijeron que su hijo no aparecía, que no lo

encontraban, y ella preguntó ¿cómo que no lo encuentran?... y entonces ella se quedó, y desde

entonces no ha regresado... lo busca en cerros, en montes, en todos lados, por eso mi otro hermano se

fue para estar con ella".

En las instalaciones de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentran los familiares de los

normalistas desaparecidos. Se les pude

ver leyendo periódicos, o sentados en

bancas mientras observan un punto en

el espacio. Sostienen cartulinas con las

fotografías de sus hijos. Son

campesinos, ojalateros, amas de casa.

Algunos llegaron al siguiente día de los

ataques en Iguala. Llevan semanas

esperando. Todos tienen la misma

exigencia, quieren a sus hijos de vuelta,

con vida.

“Cuando vemos que las personas se pierden o desaparecen, pues nos compadecemos, pero ya cuando te

pasa, se siente horrible. Es un sentimiento que a nadie se lo deseamos. ¿Cómo se siente? Pues para aquellas

personas que -quizás- han pedido a un familiar, cuando alguien fallece, es el mismo dolor, es el que

estamos sintiendo ahorita, nada más que en nuestro caso, nuestro sufrimiento es a diario, día a día,

minuto a minuto... es como estar muriendo lento", concluye la hermana de uno de los normalistas.

Guerrero grita…

El estado de Guerrero, actualmente es la

entidad más violenta del país, con una

tasa de homicidio de 69.57 asesinatos

por cada 100 mil habitantes, de acuerdo

al estudio más reciente publicado por el

Consejo Ciudadano para la Seguridad

Pública y la Justicia Penal.

La situación de violencia que se vive en

este estado, quedó acentuada con el

ataque que sufrió un estudiante alemán

del Tecnológico de Monterrey, quien

resultó herido el 12 de octubre, cuando

la camioneta en la que viajaba con otros

cuatro estudiantes recibió varios

disparos de la Policía Ministerial estatal.

Y en ese estado, la violencia no repercute

solamente en estudiantes. Los políticos

también han sido afectados por estos

actos, el último caso es el asesinato de

Braulio Zaragoza Maganda, quien era el

líder del PAN en Guerrero.

En este caso, el procurador de Guerrero,

Iñaky Blanco, dio a conocer que el

asesinato fue perpetuado por los

hermanos Aldy Manuel y Eder Gonzales

Rodríguez, quienes eran ex militantes panistas, y realizaron el homicidio a petición de Benito Manrique

Contreras, miembro del Comité estatal panista, por lo que el homicidio tuvo “un móvil político”, de

acuerdo a Blanco, según información difundida por El Universal el 18 de octubre.

Dentro de este contexto de violencia, el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas en el

municipio de Iguala, mientras que 43 estudiantes desaparecieron. La reacción de la sociedad

guerrerense no se hizo esperar. Trabajadores de las nueve normales públicas de Guerrero anunciaron

un paro de labores a partir del lunes 29 de septiembre, para exigir la renuncia del alcalde de Iguala,

José Luis Abarca, además de que se investigaran a fondo los ataques realizados por policías

municipales contra normalistas.

Y no solo hubo paro de actividades, el lunes al menos dos mil estudiantes marcharon en la capital de

Guerrero para exigir que se presentaran con vida los 57 estudiantes que permanecen desaparecidos

desde los hechos violentos registrados en Iguala.

Los inconformes arribaron a la sede del Congreso local para exigir una reunión con los diputados

locales, pero los legisladores no los recibieron, lo que provocó que los manifestantes entraran en la

sede del Congreso, lanzando piedras contra los vidrios, e incendiando la biblioteca del recinto.

Con protestas de los normalistas en varios municipios de Guerrero, con casetas tomadas y con un

ataque a la sede del Congreso local, el Procurador General de Justicia del estado de Guerrero (PGJE),

Iñaky Blanco, informó el 30 de septiembre que la policía de Iguala había hecho un excesivo uso de

fuerza en contra de los normalistas, además de que su reacción no fue adecuada, ni se justificaba el

uso de armas de fuego, los 43 normalistas seguían desaparecidos.

En declaraciones a Milenio Televisión, el procurador de Guerrero dijo

que también se investigaba “la probable responsabilidad” del

secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y del alcalde

José Luis Abarca.

Y mencionó tibiamente algo que en muchas partes de Guerrero no

causó sorpresa: la participación de grupos delincuentes en la agresión

contra estudiantes normalistas.

En Guerrero se seguían escuchan voces que clamaban justicia para

los normalistas de Ayotzinapa. El 2 de octubre se realizó otra marcha

para condenar la masacre de Iguala, en la que se bloquearon todos

los carriles de la autopista del Sol. En las calles marchaban

normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, miembros de

organizaciones sociales y del magisterio disidente, dejando claro que

la protesta por este hecho no se concentraba solamente en las escuelas normales rurales.

No solo marchaban personas por las calles de Guerrero, el 7 de octubre arribó a ese estado un grupo de

170 policías pertenecientes a la división de la Gendarmería Nacional, quienes llegaron con la tarea de

asumir el control de seguridad en el municipio de Iguala.

El arribo de los elementos de la Gendarmería se dio unas horas después de que el grupo delictivo

Guerreros Unidos solicitara a las autoridades que liberara a los 22 policías detenidos tras el acto violento

de Iguala, de lo contrario, advirtieron que revelarían los nombres de los políticos que colaboran con esta

agrupación criminal.

A la sociedad guerrerense se le empezaba a terminar la paciencia. Ya no solo exigían la aparición con vida

de los normalistas, sino también la renuncia del gobernador y del presidente municipal de Iguala. No solo

incrementaban las demandas, también aumentaba la gente que marchaba en las calles de la capital de ese

estado, en la manifestación que se celebró el 9 de octubre, se contabilizaron más de 10 mil personas, de

acuerdo a cifras de La Jornada.

Las protestas se empezaron a radicalizar. En la marcha del 13 de octubre en la capital de Guerrero,

estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acompañados por maestros de la Coordinadora Estatal de

Trabajadores de la Educación Guerrero, incendiaron el Palacio de gobierno, además de realizar pintas y

romper vidrios en las inmediaciones de este inmueble. Era el primer edificio que incendiarían como parte

de los reclamos por la desaparición de 43 normalistas, además del asesinato de tres estudiantes.

Las marchas que se han realizado en Guerrero para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos,

han estado encabezada por los padres de familia, en una de ellas, Manuel Martínez, padre de un

estudiante desaparecido, portaba una gran lona, en donde aparecen los nombres de los estudiantes

extraviados.

Mientras seguía caminando, declaró que “vamos a pedir que nos hagan la entrega de los 43 jóvenes

desaparecidos, o de lo contrario, nosotros vamos a demostrar que es capaz la ciudadanía del estado de

Guerrero, cuando el estado ya está molesto, está cansado de tanta porquería, de tanta injusticia”.

Guerrero empezaba a ser una bomba de tiempo. La paciencia de los familiares de los desaparecidos se

terminaba. Las manifestaciones crecían cada día, y con el transcurso del tiempo, más estados de México

se unían al reclamo que exige la presentación con vida de los estudiantes. Y en el mundo también

marchaban. En países como España, Venezuela, Alemania y Estados Unidos, los estudiantes salían a las

calles exigiendo justicia para los normalistas de Ayotzinapa.

“Lo único que queremos que aparezcan los jóvenes, que aparezcan nuestros hijos, porque ya estamos

hartos, estamos cansados de que las autoridades federales tampoco estén haciendo algo por la búsqueda

de nuestros hijos, entonces nosotros mismos vamos a buscar la manera de que se nos haga la entrega de

nuestros hijos, vivos, porque vivos se los llevaron”, explicaba Manuel Martínez en un enlace con Carlos

Reyes el 17 de octubre.

Mientras que en la capital de Guerrero y otros municipios del estado, se llevaban a cabo protestas para

exigir la aparición con vida de los normalistas, además de condenar el asesinato de seis personas en Iguala,

el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (EPRI) anunciaba medidas en contra del gobierno.

“En el ambiente de terror del narco-Estado que vive México, se hace necesario el ejercicio de la

autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o

no”, advertía el EPRI en su segundo comunicado, emitido el 19 de octubre.

Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) denunciaban que “los tres partidos

políticos y los tres niveles de gobierno son culpables” de los hechos ocurridos en Iguala. Además exigían

la presentación con vida de los estudiantes.

De acuerdo con Reporte Indigo, María de los Ángeles Pineda Villa convirtió su presidencia del DIF de

Iguala en una precampaña con la intención de convertirse en la próxima alcaldesa de Iguala.

En días posteriores a la agresión de un grupo de normalistas en esa localidad, se dio a conocer que la

presidenta del DIF pertenece a la familia del Clan Pineda, un grupo del narco que operó conjuntamente

con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Dos de sus hermanos -Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, y Marco Antonio Pineda Villa, alias “El

MP”- eran cabecillas de este grupo del crimen organizado, quienes fueron ejecutados hace cinco años,

presuntamente por el mismo cártel.

Sin embargo, su otro hermano, Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, quien estaba recluido en el Cefreso

de Matamoros por delitos contra la salud, salió en libertad el año pasado, y actualmente es uno de los

presuntos líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

En Guerrero no solamente existe un clima de violencia, también está la relación que tienen algunos

políticos con miembros del crimen organizado. Tal es el caso del ex alcalde de Iguala y su esposa, quienes

sostenían trato con el grupo criminal Guerreros Unidos, de acuerdo a testimonios de Sidronio, testigo de

la PGR, difundidas por Milenio el 23 de octubre.

Además, identificó a María de los Ángeles como la principal operadora de Guerreros Unidos desde la

presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad local, Felipe Flores

Velázquez.

También reveló que José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para

tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos eran usados para control de la policía local.

Cabe señalar que el 14 de octubre, en entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador de Guerrero, Ángel

Aguirre, afirmó que él mismo había hablado con funcionarios de la PGR, el Ejército y el Cisen, sobre los

vínculos del alcalde de Iguala con el crimen organizado. "Tengo entendido que se abrió una averiguación

previa por eso, " declaró esa ocasión.

Además, el 16 de octubre Aguirre destituyó de su cargo a Lázaro Mazón, secretario de Salud, al encontrar

que tenía una relación de amistad con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

El secretario de salud, en días anteriores, había sido destapado como precandidato a la gubernatura de

Guerrero por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Narcotráfico y gobierno

Las protestas en apoyo a los normalistas empezaron a

extenderse fuera de Guerrero. En Chiapas se anunció una

marcha en solidaridad con los normalistas desaparecidos, en

la que participarían maestros, campesinos, estudiantes y

activistas.

Las manifestaciones para exigir la presentación con vida de

los 43 normalistas desaparecidos continuaron. El 9 de

octubre, en por lo menos 25 estados miles de personas

salieron a manifestarse en favor de los normalistas de

Ayotzinapa, todos con la misma exigencia: ‘‘¡Vivos se los

llevaron, vimos los queremos!’’.

Hubo marchas en Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Veracruz,

Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Durango,

Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Campeche, Puebla,

Yucatán, Tlaxcala, estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí

y Nuevo León.

#Todos somos Ayotzinapa

Una luz por Ayotzinapa

El miércoles 22 de octubre se realizó una jornada

mundial de apoyo a los normalistas desaparecidos, bajo

el lema de “Una luz por Ayotzinapa”.

Parecía un miércoles más, pero al Metro y Metrobus

empezaban a arribar grupos que portaban pancartas,

rompiendo con la cotidianidad de la tarde. Se dirigían al

Ángel de la Independencia, donde a las 6 de la tarde

iniciaría la jornada de solidaridad con los estudiantes

desaparecidos de Ayotzinapa, y con las personas

asesinadas el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

En la manifestación se encontraba un contingente

proveniente de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro

Burgos, quienes exigían la aparición de sus 43

compañeros con vida, además de justicia para los

estudiantes asesinados. Con el grupo también viajaban

padres de familia de los normalistas desaparecidos,

portando fotografías de sus hijos, y carteles exigiendo

castigo a los responsables de las desapariciones.

En la marcha participaban estudiantes de la UNAM, del Poli, la UACM, de la UAM y de la Ibero. Los

carteles eran diversos, en algunos se podía leer “Si ya llegó el México bárbaro también deberá llegar al

revolución”, mientras que otros cuestionaban la situación actual de México “¿De qué tamaño son las

fosas en este país?”. El sol empezaba a ocultarse. Aún no llegaba la noche, pero pronto sería iluminada

por miles de luces.

Por intervalos, en la marcha se realizaba el simbólico

conteo de los 43 estudiantes desapercibidos.

También se escuchaban las consignas que se han

popularizado en las manifestaciones en favor de los

normalistas, como “Todos somos Ayotzinapa”, o

“Nos faltan a todos no solo a Guerrero”.

La noche acababa de llegar, por lo que poco a poco

se fueron prendiendo las velas. Había jóvenes que

también prendieron antorchas. Algunos niños

cubrían las velas con sus manos, para evitar que el

viento apagara la flama. Pero no, nada apagó las

miles de luces que se desplazaban hacia la plancha

del Zócalo.

Llegó el momento de hablar. En el templete se

encontraban los padres de los normalistas

desaparecidos. Un alumno de la escuela Normal

Rural Raúl Isidro Burgos fue el primero en tomar la

palabra. Mientras hablaba acerca de la desaparición

de sus compañeros, la gente estaba expectante, en

silencio, salvo uno que otro grito esporádico en

apoyo a su causa.

Fue el turno de que hablaran los padres. El primero fue un

hombre robusto, que se dijo campesino, y padre de Adán. Exigió

a las autoridades la aparición de los estudiantes y el castigo para

los responsables de las desapariciones.

Mientras que otro de los padres cuestionó el hecho de que los

jóvenes se encuentren desaparecidos, ya que dijo que ellos

podrían ser los próximos líderes del país, al recordar que en

Guerrero han surgido revolucionarios como Lucio Cabañas y

Genaro Vázquez.

Y eran más voces. Otro padre dijo estar sufriendo, porque ya van

a llegar al mes y no hay respuestas del gobierno, por lo que puso

un plazo de dos días para la aparición de su hijo, provocando los

gritos de apoyo de la multitud. Además de exigir la renuncia del

gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y del presidente Enrique

Peña Nieto.

Al finalizar los discursos, se depositaron las velas en la plancha

del Zócalo, como un acto simbólico de la esperanza que existe

en que los 43 normalistas regresen a sus hogares y a su escuela.

La gente se empezó a retirar, algunos en grupos, otros

caminaban solos. El cielo estaba oscuro. Miles y miles de

personas regresaban a sus hogares. Se escuchaban voces, otros

aún sostenían sus cartulinas. El Zócalo quedó lleno de luces.

Esa noche también marcharon en varios países del mundo. En

Costa Rica, Chile, Bolivia, Holanda, España, Finlandia e

Inglaterra, en donde también se lanzó la exigencia “Vivos se los

llevaron… vivos los queremos”.

"En las primeras fosas encontradas, que ya tenemos algunos

resultados, les puedo decir que no corresponde a los ADN que los

familiares de estos jóvenes nos han hecho llegar”, dijo ese martes el

procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en

conferencia de prensa.

Ahora fue el turno del Equipo Argentino de Antropología Forense

(EAAF), agrupación que había sido invitada por las familias de los

estudiantes desaparecidos para la identificación de los restos

hallados en las fosas, la cual aseguró que aún no tenía sus propios

resultados, por lo que no podía descartar que los 28 cuerpos

encontrados en las primeras fosas de Iguala fueran de los estudiantes

normalistas.

“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo

Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a

seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir

con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”,

informó un portavoz de la organización internacional.

El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”

puedan dar sus resultados.

El primer avance en las

investigaciones para encontrar a

los normalistas, dio un giro

cuando se anunció el hallazgo de

cinco fosas en las cercanías de

Iguala, en las que encontraron 28

cadáveres, los cuales habían sido

calcinados.

Después de ese hallazgo

empezaron las contradicciones.

Mientras Ángel Aguirre,

gobernador de Guerrero,

declaraba en días posteriores que

no todos los cuerpos hallados en

las fosas correspondían a los

normalistas, el Procurador

General de la República, Jesús

Murillo Karam, le respondía que

aún no existían pruebas

suficientes para la identificación

de los cuerpos.

La incertidumbre continuaba

acerca de la identidad de los

cuerpos hallados en las fosas, por

lo que el 14 de octubre la

Procuraduría General de la

República (PGR) informó que los

28 cuerpos encontrados en las

primeras fosas no corresponden a

los de 43 estudiantes normalistas

de Ayotzinapa que se encuentran

desaparecidos desde hacía más de

dos semanas.

Iguala un gran cementerio

Mientras la identidad de los cuerpos hallados en las 20

fosas en Guerrero era desconocida, el padre Alejandro

Solalinde Guerra aseguró el 17 de octubre que los 43

normalistas desaparecidos estaban muertos, además

de afirmar que algunos habían sido quemados vivos,

de acuerdo a lo que varios testigos anónimos le habían

contado.

“Desde el domingo a la fecha he tenido varios

encuentros con testigos, algunos testigos presenciales,

que sufrieron el primero y segundo ataque,

estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son

estudiantes, que nos hablan de otro momento. Hablan

de que aun estando algunos vivos, heridos, pero vivos,

fueron quemados”, dijo el sacerdote y activista social.

El sacerdote aseguró que el gobierno mexicano le estaba dando un manejo político y no de justicia al

caso, ya que buscaba difundir la información, de manera que tuviera el menor costo político. “¿Qué

es menos penoso para el sistema?, ¿decir que están calcinados con todo lo que implicó eso?, o decir

que están desaparecidos y que no saben lo que les pasó, porque es menos impactante decir lo

segundo, y además menos comprometedor, pero es más doloroso para los familiares tenerlos con la

esperanza. El gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad, hay

que decirlo, este manejo ya se contaminó y su manejo no es de justicia, es político”, sentenció.

La Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) informó que la tarde del 23 de octubre fueron

encontradas entre 7 y 9 fosas más con restos humanos en la Loma del Zapatero en Iguala, Guerrero.

Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización, confirmó a SinEmbargo que las fosas

contienen cadáveres recientes y que el hallazgo fue realizado hoy por una de las brigadas que

diariamente salen a buscar a los 43 normalistas desaparecidos en la zona rural de Iguala.

Miguel Ángel Jiménez Blanco, también integrante de la UPOEG, confirmó la existencia de restos

humanos en una de las fosas en que se encontraron restos de piel, cabello y unos huaraches

“quemados con ácido, no con fuego. El olor es espantoso… Queda un poco de carne. No es posible

saber cuántos cuerpos son, pero las fosas son frescas”.

La caída de un gobernador

Desde el 30 de septiembre, Ángel

Aguirre Rivero, aún gobernador

de Guerrero, fue el blanco de las

declaraciones del presidente

Enrique Peña Nieto, exigiéndole

que asumiera el control de la

seguridad en ese estado. Desde

ese día, todo fue cuesta arriba

para el gobernador.

Ese mismo día, el gobernador

perredista emitió sus primeras

declaraciones acerca de la

violencia registrada el 26 de

septiembre en Iguala, asegurando

que “vamos a seguir adelante y

vamos a ir donde esto tope, vamos

a llegar hasta las últimas

consecuencias. Además declaró

que la seguridad en el estado es

una responsabilidad de los tres

niveles de Gobierno, en una

respuesta a las declaraciones

vertidas por Peña Nieto.

Las manifestaciones que exigían

la aparición con vida de los 43

normalistas desaparecidos en

Iguala fueron aumentando. Ya no

solo las calles de Guerrero

estaban llenas de manifestantes,

varios estados del país,

incluyendo la capital, fueron

escenario de movilizaciones en

apoyo a los estudiantes. En el

mundo también se hacían

reclamos de justicia en favor de

los de Ayotzinapa.

Ante este panorama, Aguirre Rivero mencionó por primera vez la

posibilidad de dejar su cargo. “Si mi renuncia resuelve el caso, si

contribuye a darle claridad y luces al asunto tan condenable y tan

criticable que hoy se presenta, no tendré ningún inconveniente. Si

hubiera alguna responsabilidad hacia el gobernador de Guerrero seré

el primero en enfrentarla”, declaró.

Los normalistas no aparecían. Las movilizaciones se empezaban a

radicalizar, ya habían sido incendiados varias sedes políticas en

Guerrero, y las autodefensas y las guerrillas locales aumentaban su

actividad en la zona, ante esto, el gobernador perredista planteó la

posibilidad de realizar una consulta el domingo 19 de noviembre, en la

que se realzaría un referéndum de revocación de mandato, para que

“el pueblo decida democráticamente si debo o no continuar en el cargo

de gobernador”, explicó.

Más tarde, el 14 de octubre, Aguirre Rivero declararía, en entrevista

con Carmen Aristegui, que ya había hablado con funcionarios de la

PGR, el Ejército y el Cisen, sobre los vínculos del alcalde de Iguala con

el crimen organizado. "Tengo entendido que se abrió una averiguación

previa por eso, "dijo.

Integrantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI)

y de Acción Nacional (PAN), ya habían hablado de la

posibilidad de que el entonces gobernador de Guerrero

pidiera una licencia para separarse del cargo. Incluso,

miembros del Partido de la Revolución Mexicana (PRD),

como el senador Alejandro Encinas, había expresado la

necesidad de que Aguirre Rivero dejara la gubernatura del

estado. Sin embargo, el gobernador de Guerrero contaba

con el apoyo del presidente del PRD, Carlos Navarrete, por

lo que se aferró a seguir en el cargo.

La marchas que se realizaron el 22 de octubre, en México y

varios países del mundo, exigiendo la aparición con vida de

los 43 normalistas desaparecidos, pudo haber sido el

detonante para la salida de Ángel Aguirre como gobernador

de Guerrero, ya que dos días después de las múltiples

manifestaciones, anunció su dimisión al cargo para

disminuir la tensión social por el caso de la violencia

registrada el 26 de septiembre en Iguala.

“Para favorecer un clima político que ponga la atención y la

solución de estas prioridades (la localización de los

normalistas), el día de hoy, con fundamento en el artículo

84 de nuestra Constitución Política del estado de Guerrero,

he decidido solicitar licencia al honorable Congreso del

estado", indicó Aguirre Rivero el 23 de septiembre.

Ante este anuncio, el Congreso de Guerrero inició el trámite de la solicitud de licencia a la

Gubernatura de Ángel Aguirre y procederá al proceso de nombramiento de un sustituto. Por el

momento, la carrera política de Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero, parece que terminó.

El próximo domingo 26 de septiembre se cumplen 30 días de la desaparición de 43 estudiantes

normalistas, además de los seis asesinatos cometidos en Iguala. Durante estos días, se han dado todo

tipo de muestras de solidaridad con ellos, desde la sociedad guerrerense, hasta universidad como la

UNAM, UACM, UAM, Politécnico, además del EZLN y Amnistía Internacional, entre otras

organizaciones sociales e instituciones educativas.

Pero en estos 30 días no solo ha habido marchas y jornadas de apoyo, también ha existido una larga

espera, la de los padres por ver a sus hijos de vuelta, la de los estudiantes que quieren volver a ver a sus

compañeros, a sus amigos.

Son 43 estudiantes desparecidos. Son vidas que apenas comienzan, demasiado jóvenes como para saber

de dolor y sufrimiento. Las voces que reclaman su regreso son muchas, porque faltan, y nos faltan a

todos, porque son hermanos, novios, hijos. Porque son parte de México, y sin ellos no estamos

completos.

Aquí, un recuento de voces, de sombras, de esperanza y de deseo de justicia. Son palabras que se niegan

a borrarse. Son frases que se niegan al olvido. Porque el recuerdo habita en el presente, y el futuro se

dibuja día con día.

Muchas voces, una sola exigencia

22 de octubre. Padres de

normalistas en el Zócalo

de la Ciudad de México.

Bernabé, padre de Adán

“Realmente, yo, no sé qué es lo

que pasa con las autoridades.

¿Por qué matan a estudiantes que

apenas empiezan a hacer su vida?

A hacer una vida, tener una

carrera digna de trabajo. Hoy en

día, realmente no tengo

confianza ni en el gobierno

(federal), el presidente, ni el

gobierno estatal. Realmente,

desde esa fecha ya va a ser un mes

y no sé nada de mi hijo.”

“Hoy, a través de los medios veo

que no están apoyando, y

queremos el apoyo para poder

encontrar a nuestros hijos, a los

43 alumnos de la escuela normal

de Ayotzinapa. Es por eso que

nos estamos levantando, y

queremos que esto no se quede

así. Queremos que se castigue a

esas autoridades, esos policías se

llevaron a nuestros hijos.”

“Realmente yo no sé por qué

tendrían a nuestros hijos, quizás

de que semos (sic) pobres y no

podemos defendernos. Pero yo sé

que todos los pobre tenemos un

corazón, y con ese corazón

vamos a luchar”.

Mario César González, padre de César Manuel

“…mi hijo tuvo la costumbre de querer ser maestro, porque se

metió a trabajar en CONAFE y de ahí aprendió lo que era la

sierra, lo que era la pobreza de los señores que viven allá… Y él

me decía – yo quiero ser maestro para ayudar a la gente de la

sierra –.”

“Nosotros solo queríamos que estudiara, que no tuviera las

carencias que tuvimos nosotros, como padres,

desafortunadamente no tenemos dinero como para pagarle otros

tipos de estudios, pero lo que sí sé es que donde quiera que esté

mi hijo yo estoy orgulloso de él, porque él quería ser maestro”.

Padre de Cristian Rodríguez

Telumbre.

“Buenas noches compañeros. De antemano

les pido una disculpa. Pasamos en algunas

escuelas, y no pudimos pasar a todas, porque

el tiempo está muy saturado. Les voy a

comentar de mi hijo Cristian Rodríguez

Telumbre. Con mucho orgullo me siento,

porque él me supo inspirar. Me decía – papá,

yo me siento muy orgulloso de ti, porque nos

has apoyado –…”

“Yo lo único que quiero decir es que mi hijo,

mis hijos son todo, y no lo puedo encontrar

desde el 26 de septiembre. He salido a buscar

en Iguala, Cocula, Santa Teresa y hasta la

fecha no he parado. He venido desde el

domingo para darles a conocer que pinche

gobierno tenemos. Hice el conocimiento a su

gabinete de Ángel Aguirre Rivero, de echar a

andar a su gabinete para buscar a los

compañeros. Supuestamente tiene aparatos

de inteligencia para buscar a los 43

compañeros, y dónde están sus pendejos

aparatos que nada más los utiliza para su

chingado desfile. A Aguirre ya no lo queremos

en Guerrero, que se largue a chingar a su

madre”.

10 de octubre. Declaración de Omar García

Velázquez, alumno de la Escuela Normal

Rural Raúl Isidro Burgo, a través del video #43

Con Vida.

“Exigimos al gobierno federal a que presente con vida a los

compañeros desaparecidos, y al mismo tiempo

convocamos a la sociedad civil a que se sume a estas

movilizaciones que estamos emprendiendo. No somos los

únicos en el país, este descontento debe ser generalizado”.

Epifanio Álvarez Carvajal, padre de Jorge Álvarez Nava

“Compañeros, buenas noches se las diera, pero como ven no son buenas para nosotros, los padres de

familia, que nos encontramos sufriendo bastante. Ya vamos a llegar al mes y no hay respuestas por el

gobierno. Tal vez como campesinos que somos no nos sepamos expresar, pero lo que nosotros sintemos

(sic) en nuestro corazón, sintemos rabia porque el gobierno no nos ha respondido como debería.

Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo.”

“Mi nombre es Epifanio Álvarez Carvajal. Mi hijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre

fue un ejemplo, mijo, un hombre, sin vicios. Y lo sigo esperando con todas las esperanzas. Exigimos al

gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque, de lo contrario, la sociedad civil va a

explotar. Fuera el maldito gobernador de Guerrero Ángel Aguirre. Estamos cansados tanto andar en

búsquedas. Nos traen pa´arriba pa´bajo y no hay nada concreto, no hay nada serio. Es todo lo que puedo

decir señores, pero no me importa la muerte, no me importa nada, por dios, con vida mi hijo. Gracias”.

Jhosivani Guerrero de la Cruz, Luis Ángel Abarca Carrillo, Marco Antonio Gómez Molina, Saúl

Bruno García, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Abel García Hernández, Carlos Lorenzo

Hernández Muñoz, Adán Abraján de la Cruz, Felipe Arnulfo Rosa, Emiliano Alen Gaspar de la

Cruz, César Manuel González Hernández, Jorge Álvarez Nava, José Eduardo Bartolo Tlatempa.

Isarel Jacinto Lugardo, Antonio Santana Maestro, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel

Francisco Arzola, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Benjamín Ascencio Bautista, Alexander Mora

Venancio, Leonel Castro Abarca, Everardo Rodríguez Bello, Doriam González Parral, Jorge Luis

González Parral, Marcial Pablo Baranda, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Abelardo Vázquez

Peniten, Cutberto Ortiz Ramos, Bernardo Flores Alcaraz.

Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, Martín Getsemany Sánchez García,

Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Giovanni Galindo Guerrero, José Luis Luna Torres, Julio César

López Patolzin, Jonás Trujillo González, Miguel Ángel Hernández Martínez, Christian Alfonso

Rodríguez, José Ángel Navarrete González, Carlos Iván Ramírez Villareal, José Ángel Campos

Cantor, Israel Caballero Sánchez.

Porque nos faltan a todos, no solo a Guerrero

-----------------------------------------------------------