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“LEGITIMACIÓN Y GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS DE LA ALTERNANCIA EN MÉXICO, 2000 – 2011”

“LEGITIMACIÓN Y GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS DE LA

ALTERNANCIA EN MÉXICO, 2000 – 2011”

DOCUMENTO METODOLÓGICO


ÍNDICE

ContenidoIntroducción ...................................................................................................................................... I

1. Justificación del tema. ........................................................................................................... VII

2. Objetivos de la Investigación ................................................................................................ XI

3. Planteamiento y delimitación del problema .................................................................... XIII

4. Preguntas de investigación ............................................................................................... XVIII

5. Marco Teórico Conceptual de Referencia ........................................................................ XIX

6. Formulación de la hipótesis .................................................................................................. CV

7. Comprobación-Falsación de las hipótesis (pruebas empíricas o cualitativas) ..... CVI

Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación ............................................................. CXIII

Bibliografía ................................................................................................................................... CXX


I

Introducción

La creciente participación de la sociedad civil en los espacios local, nacional e

internacional, es reconocida por sus contribuciones a la instrumentación y

ejecución de programas y políticas públicas. En México sus acciones han sido

fundamentales para detonar y reforzar los procesos democráticos, como

consecuencia las instituciones gubernamentales procuran mayores interrelaciones

con las organizaciones para generar consensos sociales y aprovechar este

empuje organizado de la sociedad.

Los nuevos contextos propician que la sociedad mexicana atraviese por un

periodo clave, gracias al camino recorrido en los últimos cincuenta años, que le

permite abrir más y nuevos espacios a la participación social de acuerdo a las

circunstancias que exige la actual coyuntura. Ciertos acontecimientos han sido

catalizadores importantes para que cada día surjan nuevas redes de sectores

organizados. Iniciativas de ciudadanos de diversos países que van más allá de las

fronteras nacionales con objetivos de mayor alcance que su país, algunos de

carácter regional o incluso universal son la red en la que hoy descansa la

sociedad. La importancia que se ha tenido en el proceso de transición democrática

en México con sus consecuentes cambios en el marco legal, han dado pie a

generar nuevos canales y mecanismos de comunicación, negociación y diálogo

entre ambos.

Sin pretender que los acontecimientos han tenido lugar de forma lineal, partiendo

de un punto específico sabiendo de antemano a dónde se va a llegar. Ni tampoco

observando los fenómenos socio-políticos a través de una visión bicolor, en la que

en el pasado se encontraba todo lo negro y perjudicial y en el presente tenemos

todo lo blanco y benéfico para la vida política de nuestro espacio. Más bien, el reto

es realizar un esfuerzo por mantener una perspectiva equilibrada para percibir lo

que es novedoso en la evolución política del régimen de gobierno mexicano y no


II

perder de vista los aspectos que perduran del pasado, los cuales definieron otra

etapa histórica.

Podemos caracterizar hasta la segunda mitad de la década de los ochentas, una

etapa de autoritarismo y organización política vertical, en la que el predominio de

las decisiones fundamentales estuvo a cargo de una sola persona: el presidente

de la República, quien además fungía como el líder incuestionable del partido

oficial. En ella, el desarrollo de instituciones propias de la democracia fue bastante

limitado, en especial las relativas a la transmisión de la autoridad. Los

lineamientos legales para sustentar el estado de las cosas se percibieron más

como herramientas para proteger a quien detentaba el poder, y menos como un

conjunto de reglas que permitieran dirimir de manera satisfactoria las diferencias

políticas.

Asimismo, hasta la última década del siglo XX, perduró una organización política

de forma autoritaria para gobernar; en esa estructura, en la cúspide el dominio fue

mantenido por el presidente de la República. Encargado de nombrar al o los

responsable de los asuntos políticos-administrativos.

Dentro de ese esquema se configuró la participación pasiva de los ciudadanos en

los asuntos públicos. Tenían que esperar a que las autoridades decidieran los

diversos programas de intervención gubernamental en la sociedad para tener la

posibilidad de canalizar sus inquietudes. Las iniciativas que surgían en la base de

la pirámide tenían que sortear toda la jerarquía con escaso margen para

prosperar.

Además de ser limitada, otra característica de la participación era el control llevado

a cabo por las autoridades. Cualquier conjunto de personas que decidía actuar

para defender sus intereses, necesariamente tenía que formar una organización

sujeta a los designios de los funcionarios públicos o de los líderes del partido


III

oficial. Estos últimos otorgaban apoyo, principalmente cuando se acercaban los

periodos electorales, a cambio de los respectivos votos en su favor. Asimismo la

composición del partido oficial permeaba las estructuras de la organización política

y de participación ciudadana.

Ante ello, las reglas y los procedimientos para suceder a las autoridades, de forma

democrática, fueron muy limitadas. El sistema electoral estaba dominado por el

ejecutivo y sus representantes gubernamentales, con lo cual no estuvo

garantizada la imparcialidad en las elecciones. En esa etapa se restringían a los

procesos para elegir al presidente de la República, a los Diputados y Senadores

federales. En ese contexto, la oposición partidista no contó con las condiciones

necesarias para competir por el poder.

En un ámbito de normalidad democrática, la transferencia de autoridad a los

gobernantes se realiza por medio de instituciones y reglas aceptadas en su

mayoría por los gobernados. Por el contrario, cuando se presenta el autoritarismo

en la relación entre gobernantes y gobernados, se privilegia el mando y la

obediencia sobre el consentimiento.

Para los años ochenta tuvieron lugar acontecimientos de amplia repercusión en la

capital, que detonaron la profundización de los reclamos democráticos por parte

de sus habitantes. La ineficacia de las autoridades para atender la contingencia

del sismo de 1985 y la pérdida de legitimidad del sistema político, provocada por

las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988.

Lo que generó en relación con la transición democrática y el cuestionamiento de la

legitimidad en la elección de las autoridades, poner en marcha la reforma política

en diversos momentos relevantes. Es importante señalar la incidencia de esas

adecuaciones institucionales en nuevas experiencias electorales, toda vez que con


IV

ello se generó una dinámica favorable de acumulación progresiva de elementos

democráticos.

No obstante el inscribirse dentro de un proceso gradual y de larga duración, se

pueden localizar momentos sobresalientes en el proceso de democratización y

creación de nuevas instituciones adecuadas para México. A partir de la reforma

política de 1977, en la que confluyeron los reclamos de partidos políticos,

movimientos sociales, intelectuales y ciudadanos en general, se pugnó por lograr

una mayor participación política y modificar de manera sustantiva la forma en que

se gobernaba en el país.

Dentro de la reforma electoral nacional se inscribió todo el conjunto de cambios,

en ella sobresalió la forma en que se lograrían los acuerdos entre los diversos

partidos políticos, las autoridades federales y las autoridades locales.

En lo relativo a la legitimación, es pertinente enfatizar que la estructura en la que

se basó el régimen priísta se ha debilitado considerablemente. La subsistencia de

prácticas políticas prevalecientes en el viejo régimen autoritario se ha visto

acotadas por las nuevas estructuras institucionales de corte democrático. El

agotamiento del sistema de partido hegemónico y el fortalecimiento del pluralismo

político han permitido profundizar en la vigencia, de lo que anteriormente fue una

formalidad democrática.

Si los avances permiten enfatizar que la certidumbre autoritaria en la que se

basaba la transmisión del poder, se ha modificado por la incertidumbre

democrática de los procesos electorales, la consolidación del nuevo modelo de

dominación depende directamente de la construcción de un entramado

institucional, que permita la generalización de reglas claras para encauzar el

conflicto político, el acceso a los cargos de gobierno y de representación; el

ejercicio de sus funciones y la participación ciudadana en los asuntos colectivos.


V

Por ello para Movimiento Ciudadano, la dimensión de la legitimación requiere de

un análisis más detallado.

Por lo anterior la investigación abarcará en el capítulo primero, los elementos

teórico-analíticos que establecerán el punto de partida de los tópicos abordados a

través de la investigación, resaltando los aspectos que permiten el desarrollo del

Estado liberal democrático, así como el desarrollo del concepto de legitimación

que se articula con la idea de la democratización de las sociedades

contemporáneas y la cuestión de las instituciones que respaldan dichos cambios

democráticos.

En un segundo capítulo, se caracterizará la etapa del régimen autoritario y los

mecanismos de participación ciudadana a través de los partidos políticos,

centrando el análisis en las estructuras que permitieron su consolidación y

desarrollo;

Para el capítulo tercero, se abordará el proceso de apertura institucional,

resaltando las reformas políticas aplicadas para ese momento y de los posibles

cambios que generó en la ciudadanía.

En el capítulo cuarto resaltaremos los nuevos espacios que se fueron generando

con la participación de la sociedad mexicana en la legitimación de su nuevo

gobierno y de cómo este abrió nuevos mecanismos de inclusión en la

normatividad democrática del país.

De tal manera, es necesario de que la gobernabilidad política que se da en México

dependa en gran medida de que este alcance un grado tal de democracia que

permita la estabilidad política, para lo cual se requiere cambios en dicho régimen

que favorezcan el consenso y la participación social. El enfoque de la

gobernabilidad que podrá conjurar de alguna manera las exigencias de la mayor


VI

parte de la sociedad mexicana, se tendrá que sustentar en los acuerdos y

consensos que se logren entre los actores políticos para establecer políticas

públicas que resuelvan de manera eficaz las necesidades sociales y de esa

manera se tendrá confianza en el gobierno.


VII

1. Justificación del tema. A través del proceso de transición democrática en México con sus constantes

cambios en el marco legal, han generado diferentes canales y mecanismos de

comunicación, negociación y diálogo entre ambos.

Sin intentar que los sucesos hayan tenido lugar de forma lineal, partiendo de un

punto específico sabiendo de antemano a dónde se va a llegar. Ni tampoco







etapa histórica.

Podemos definir hasta la segunda mitad de la década de los ochentas, una etapa

de autoritarismo y organización política vertical, en la que el predominio de las

decisiones fundamentales estuvo a cargo de una sola persona: el presidente de la

República, quien además fungía como el líder incuestionable del partido oficial. En

ella, el desarrollo de instituciones propias de la democracia fue bastante limitado,

en especial las relativas a la transmisión de la autoridad. Los lineamientos legales

para sustentar el estado de las cosas se percibieron más como herramientas para

proteger a quien detentaba el poder, y menos como un conjunto de reglas que

permitieran dirimir de manera satisfactoria las diferencias políticas.

De esta manera, hasta la última década del siglo XX, perduró una organización

política de forma autoritaria para gobernar.; en esa estructura, en la cúspide el

dominio fue mantenido por el presidente de la República. Encargado de nombrar

al o los responsable de los asuntos políticos-administrativos.


VIII

Como se ha visto, lo que usualmente se considera sociedad civil, no es otra más

que la parte organizada y, por lo tanto tangible, de la sociedad. En ese orden es

que aseveramos, no es solo una, sino múltiples formas de organizarse y de reunir

la más extensa diversidad de intereses, posiciones y opiniones. Significa que

alberga además a los individuos no solamente cuando se organizan en torno a

agrupaciones o asociaciones, sino cuando actúan de manera independiente en el

espacio público.

Igualmente, se ha venido haciendo hincapié referente al Gobierno, entendiéndolo

como el Poder Ejecutivo del Estado, conformado por sus instituciones, sus

funciones y los ejecutores de las mismas. Sin en cambio, por Gobierno se focaliza

a las instituciones y actores del Poder Ejecutivo Federal de México, conformado

por la Presidencia y las dependencias y entidades de la administración pública

federal. Esta acotación resulta pertinente no sólo porque en México existen tres

niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), sino más bien porque, si bien

prevalecen coincidencias en su funcionamiento, valores y estructuras, cada uno

obedece a lógicas propias creadas a partir de la interacción de actores con

intereses a veces suplementarios y otros también disímbolos en cada nivel.

Retomando algunos de los aspectos de la llamada gobernabilidad democrática, y

de la participación de la sociedad civil, para esbozar las características principales

de la relación existente entre gobierno y sociedad civil en México. Se determinará

el por qué se trata de una relación en continuo proceso de construcción cuyas

bases principales deben ser la confianza mutua, la defensa de los valores

democráticos y la sustentabilidad de la sociedad civil.

En los últimos tiempos y en la gran parte de los países democráticos, incluido

México, ha ocupado lugar lo que se conoce como la “crisis de la democracia”, que

en esencia se refiere al reconocimiento por parte de las sociedades de que sus


IX

regímenes políticos —democracias representativas— están fuera del ideal

democrático a tal grado que resultan inadmisibles y con lo cual se han venido

formando serias interrogantes acerca de las formas clásicas de representación y

de las instituciones estatales actuales en las democracias modernas.

La democracia inmersa en una crisis conjuga una combinación de elementos entre

los cuales se recalca el profundo desencanto de los ciudadanos ante métodos que

privilegian las transacciones entre elites que responden, cada vez en menor grado,

a los intereses de sus electores. Por las mismas razones, esta desilusión además

ha provocado una pérdida sumamente importante en la credibilidad de los

partidos, parlamentos y grandes organizaciones (Giacamán Faudez: 2003, p. 5).

Otro punto característico de la misma es la pérdida de confianza en el círculo

político como ámbito adecuado para enfrentar realidades crecientemente

complejas como la globalización y, en al caso específico de América Latina, las

demandas de arreglo estructural planteadas por organismo y otros actores

internacionales poderosos. De cara a esta situación, las instituciones políticas y

estatales, así como las estructuras de acción colectiva, parecen impotentes y

desacreditan a la democracia como mecanismo eficaz para la solución de tales

problemáticas.

Autores como Alejandro Bendaña (Bendaña, 2006, p. 6) arguyen que los nuevos

movimientos sociales apoyaron a politizar las viejas organizaciones. Los

movimientos sociales más poderosos admiten generalmente la necesidad de

hacer instrumentos políticos propios y creativos para enfrentar nuevas ideologías y

retos globales. El autor propone que por este mismo cambio social tanto el

Gobierno como las políticas públicas también deben cambiar. Asimismo, es

importante hacer converger en el desarrollo nacional a partidos políticos,

gobernantes y sociedad civil de tal manera que ninguno pierda su autonomía y

que ayuden, cada uno de acuerdos a sus capacidades y visiones. Esta tarea

resulta complicada, pues siempre habrá intereses de grupo que impiden una


X

efectiva acción colectiva en aras del bien común. Aunque por supuesto la unidad

puede llegar en ciertos procesos en la producción de proyectos nacionales

comunes, indicio que parte de la democratización del Estado, ya que no se trata

de renunciar o ser análogos al Estado, sino de transformarlo y que los diferentes

actores se incluyan y promuevan ese proceso de transformación.

Desde esta óptica, Hilary Wainwright (Bendaña, 2006, p. 6) menciona que “…la

profunda crisis de las instituciones crea un abismo creciente entre la gente y las

instituciones políticas que dicen representarlos. Esta puede tratarse reconociendo

las nuevas fuentes de poder que residen en la sociedad. Únicamente donde los

movimientos democráticos y las organizaciones de la sociedad están ejerciendo

todo tipo de poder económico, social y cultural una victoria electoral de un partido

progresivo, puede producir un cambio real”.

Nos hallamos entonces frente a sociedades cada vez menos politizadas y con

ciudadanías más quebrantadas y carentes de cohesión, ello dificulta la formulación

de consensos y el acercamiento entre gobernantes y gobernados, obligándonos a

repensar, modificar y reestablecer las formas de intervención de los ciudadanos en

las cuestiones que atañen a las sociedades en general.


XI

2. Objetivos de la Investigación

En esta investigación, hacemos un acercamiento a los esfuerzos de fortalecer la

gobernanza, entendiendo esto como las reformas institucionales necesarias para

que pese a los cambios de gobierno originados de diversas corrientes y

tradiciones políticas, no se afecte la capacidad rectora del gobierno mexicano,

analizando los mecanismos institucionales y las redes informales que han servido

como catalizadores en los distintos contextos nacionales. Este análisis deriva de

otro sobre cuáles son los modelos de otros países que son viables de ser

replicados en nuestro país, y cuáles son las perspectivas de las mejores prácticas.

De este modo, el objetivo general de la investigación es:

Analizar los factores de éxito y de fracaso en las prácticas de incorporación

de mecanismo de gobernanza de diferentes países. A partir de ello,

problematizar la incorporación de esta perspectiva en la gobernabilidad

mexicana, planteando la diferencia entre transversalidad e

institucionalización.

Los objetivos específicos son:

1. Integrar un marco teórico que permita la construcción de un enfoque

integral y pertinente sobre los fundamentos de la gobernabilidad y su

implementación en el campo normativo.

2. Analizar las buenas prácticas aplicadas en otras experiencias respecto a

la incorporación de la gobernanzas.


XII

3. Estudiar las prácticas de gobernabilidad que se han aplicado en México en

los últimos años identificando los resultados más sobresalientes en los

tres órdenes de gobierno.

4. Identificar los modelos exitosos y sobre las características sociales,

temporales y espaciales que favorecieron su implementación, así como

aquellas acciones implementadas el contexto actual mexicano.

5. Realizar una aproximación a los retos y desafíos de los riesgos a la

gobernanza del gobierno en México, la tardanza en realizar las

modificaciones normativas e institucionales para reducirlas.


XIII

3. Planteamiento y delimitación del problema

Aunque la gobernanzas es un concepto más o menos reciente, en México se

emplea ya con cierta frecuencia y sin embargo, no parece estar muy claro que la

incorporación de la perspectiva a la gobernabilidad mexicana tenga un carácter

transversal. La hipótesis de esta investigación es que existe una brecha entre el

discurso político que habla de gobernanza y la situación en la que se encuentran

los órganos de gobierno en el país. Para corroborarla hemos elegido estudiar el

periodo entre 2000 y 2011, que es precisamente el momento en que la

gobernanza hace su aparición en los discursos políticos nacionales.

La globalización económica y financiera, los avances tecnológicos que causan

variaciones en todo tipo de intercambios, la importancia de los organismos no

gubernamentales, la progresiva exigencia por un mayor papel político de la

sociedad civil y, en general, los fenómenos que implican la globalización, han

provocado que el Estado pierda su rectoría en lo concerniente al desarrollo y a la

regularización pública, y que en la definición de estrategias y capacidades,

aumente su interacción con una multiplicidad de actores nacionales e

internacionales.

De esta forma se ha creado la necesidad de una revisión de los conceptos a partir

de los cuales en el pasado se examinaba el escenario político. Es tal forma que ya

no sólo se habla de "gobernabilidad", sino que en forma creciente los autores se

refieren cada vez más a términos como "gobernancia" y "gobernanza" (UNESCO,

México, 2001).

En efecto, la palabra "gobernabilidad" surge, a la luz de los actuales cambios,

bastante restringido al análisis clásico de lo político-institucional, puesto que es

con éste que generalmente se traduce governability en inglés o gouvernabilité en


XIV

francés, para designar la "cualidad de gobernable", la doble capacidad para

explicar exitosamente un proyecto de gobierno y para procesar institucionalmente

los conflictos derivados de ello.

A pesar de los diversos escenarios para el análisis que se adopte, unos autores

persisten en referirse a la "gobernabilidad", si se completan procesos político-

sociales y asociativos, cada vez más frecuentes en un nuevo contexto mundial y

abrir los escenarios de análisis a las acciones de nuevos actores políticos, hay que

referirse a una concepción más amplia. Esta noción ha sido traducida al español

en forma similar con el término de "gobernanza".

A comparación de gobernanza, la palabra gobernancia no figura en el diccionario

de la Real Academia Española. Se adoptará así el término de gobernanza, por el

cual se designará tanto la acción y como el efecto de gobernar, en un amplio

sentido, las nuevas modalidades de dirección y coordinación intersectoriales entre

políticas y diversos intereses que se observan en múltiples niveles, tanto en el

nivel local como nacional e internacional y articulando una relación virtuosa que

origina un equilibrio entre el Estado, el mercado y la Sociedad civil, en la que

finalmente se busca el logro de un desarrollo económico, social e institucional

duradero, dejando en claro que la gobernanza supera el proceso simple de toma

de decisiones lineal y jerárquico que va de arriba hacia abajo (top-down) y accede

integrar procesos más complicados donde aquellos que participan están al

principio pero también hacen parte de éste.

Es importante señalar, el primer uso de esta noción en el campo de la cooperación

multilateral, se encontró estrechamente mezclada a la idea de "buen gobierno"

preconizada esencialmente por el Banco Mundial o por el Fondo Monetario

Internacional, con los pertinentes programas de ajuste estructural y los proyectos

de descentralización.


XV

Sin en cambio, también el provenir de una visión político-institucional clásica de

corte top-down, esta forma viene siendo reevaluado por el riesgo ideológico que

comporta, ya que admite la legitimidad de ciertos actores políticos hegemónicos

para gobernar, cómo gobernar y a nombre de quién. Así, a partir de mediados de

los noventas, sobre todo en Europa, advertimos que fue naciendo un consenso

creciente en base a la eficacia y la legitimidad del actuar público,

fundamentándose en la disposición de la interacción entre los distintos niveles de

gobierno, y entre éstos y las organizaciones de la sociedad civil.

La forma de gobernar con nuevos modelos se refleja al ser reconocidos como

gobernanza, gobierno relacional o en redes de interacción público-privado-civil a lo

largo del eje local/global (Prats, Joan: 2005). El cambio de las estructuras y

procedimientos de las Administraciones Públicas saltan a ser consideradas desde

la lógica de su contribución a las redes de interacción o estructuras y procesos de

gobernanza. Esto no significa que se abandone la consideración de la estructura,

las funciones y los procesos de las organizaciones administrativas, sino más bien

el estudio y la reforma de éstos se fija en el ámbito de las interacciones entre lo

público-privado-civil, es decir, de los desafíos que dicha interacción presenta para

la actualización de las organizaciones públicas y sus capacidades de gobernación

tradicionales.

A todo esto se hace referencia cada vez más generalizada en el lenguaje político y

administrativo a la gobernanza, al gobierno interactivo, al gobierno emprendedor,

al gobierno socio o facilitador. A ello corresponde también el actuar diario de los

directivos políticos y gerenciales de administraciones públicas. En muchos países

se está ante una situación de "realidades en busca de teoría". La metáfora de las

"redes" tiende a expresar esta realidad: la práctica cotidiana de los políticos y

gerentes públicos pasa por crear y gerenciar estas redes de actores diversos,

autónomos e interdependientes sin cuya colaboración resulta imposible enfrentar

los desafíos más urgentes de nuestro tiempo.


XVI

Estos nuevos modos de gobernación no significan anulación sino modulación y

reequilibrio de los anteriores (burocracia y gerencia). En realidad ayudan a

comprender positivamente y modificar normativamente la estructura y procesos de

gobierno en todos aquellos aspectos en que la burocracia o la nueva gerencia

pública resultan inapropiadas. Dichos ámbitos contienen desde luego las

actuaciones públicas relacionadas con los temas más complejos, diversos y

dinámicos de nuestro tiempo. De ahí la razón de poder decirse que la gobernanza

es el modo de gobernación, si no único, sí el característico de nuestro tiempo.

Así, Prats argumenta, no existe interés general trascendente a los intereses

sociales y privados. No existe monopolio de intereses generales por las

organizaciones gubernamentales. Con el reconocimiento de la discrecionalidad

mínima en la toma de decisiones públicas, sujeta a la limitación y fragmentación

del conocimiento limitado y la necesidad de organizar la interacción sobre

procedimientos que permitan el aprendizaje, se redescubre y revaloriza la política

a la vez que se reconceptualiza la gestión pública.

La política ya no puede intentar tener un fundamento únicamente legal y técnico.

Su legalidad parte del reconocimiento de que hacer política es entre bienes

públicos igualmente valiosos y que la decisión se manifiesta a juicios de valor,

interés, oportunidad y otros que son, deben y serán siempre discutidos en la

esfera pública.

Únicamente mediante la creación de estructuras y procesos sociopolíticos

participativos que inciten la comunicación entre los actores involucrados y la

creación de responsabilidades comunes entre las partes, además de las

individuales y diferenciadas, puede asegurarse la gobernación legítima y eficaz al

menos en correlación a los grandes desafíos de nuestro tiempo. La misión


XVII

esencial de la dirección política y administrativa reside en la creación de tales

estructuras y procesos, en otras palabras, en la construcción de gobernanza.

El gran desafío de las reformas administrativas hoy es reestructurar las

responsabilidades, tareas y actividades de la gobernación en base a la integración

y a la diferenciación de las diversas inquietudes e intereses y de los actores que

los expresan en los diversos procesos de interacción. Esto forma exigencias

importantes de reproducción organizacional, de procedimientos, de personal, de

instrumentos de gestión y presupuestación, de transparencia y responsabilización.

El gran desafío hoy en día es hacer fructíferas las interacciones en las cuales

consiste la gobernación de las complejas cuestiones.

Por lo cual tanto las reformas como la teoría tienen que enfocarse en la interacción

más que, como sucedía en lo tradicional, en el gobierno como principal actor único

o sobre determinante de la gobernación.

En esta investigación se aborda la experiencia de algunas iniciativas en México a

nivel federal, estatal y municipal. Esta investigación no pretende ser exhaustiva

sino reflexiva, es decir que pretende determinar, a través de casos específicos,

cuáles son los factores de éxito o de fracaso de la incorporación de esta

perspectiva a la gobernabilidad y sobre todo, qué es lo que está en juego con ello:

la integración económica global, la democracia, la construcción de una cultura

política de auto-gestión y el empoderamiento ciudadano.


XVIII

4. Preguntas de investigación

• ¿Qué es la gobernanza de la perspectiva de gobiernos democráticos,

cómo llegó a las agendas de gobierno, qué metodologías existen, por

qué es importante?

• ¿Cómo se mide el avance de la transversalización de la gobernanza en

los tres niveles de gobiernos?

• ¿Cuáles han sido las experiencias en otros países en la implementación

de reformas constitucionales para garantizar la gobernanza?

• ¿Por qué han sido exitosas o han fracasado?

• Las acciones de reforma ¿sustituyen o son complementarias de los

programas destinados a fortalecer la gobernabilidad en otros ámbitos de

gobierno?

• El diseño de estrategias para la incorporación de principios de

gobernanzas, ¿se pueden aplicar por igual en los distintos órdenes de

gobierno?

• ¿Cómo han evolucionado las prácticas de gobernanza en México en los

últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las experiencias en los tres órdenes

de gobierno? ¿Cuál es el balance en cuanto a su efectividad?

• ¿Cuáles son los factores de éxito en la gobernanza, en particular

respecto a las iniciativas que ya fueron aprobadas y actualmente

vigentes?


XIX

5. Marco Teórico Conceptual de Referencia

DESARROLLO POLÍTICO EN MÉXICO

1.1. Percepción Primordial del Desarrollo 1.1.1 Política: Régimen y Sistema.

Superficialmente, las diferencia que estriba entre régimen y sistema son más de

discurso que de fondo. La noción de régimen, suele ser usada en un espacio más

acotado y específico que el de sistema, y su estudio hace referencia más bien a

tipologías. Regularmente, ambas nociones son utilizados indistintamente sin

mayor problema como sinónimos.

La definición de sistema político comprende una situación mucho más extensa que

la del régimen. Amplía el horizonte del estudio de los fenómenos políticos más allá

de la condición del Estado, al poner énfasis en los procesos de formación de la

voluntad política y el conjunto de las relaciones que ellos instituyen en la

construcción de un equilibrio de poder; tiene que ver con la praxis, reglas,

instituciones formales y grupos caracterizados por un cierto grado de

independencia recíproca, conectados entre sí que configuran un todo; las

prácticas y relaciones de poder vigentes en una sociedad que regulan su acceso,

distribución y ejercicio; incluyendo las interacciones que sobresaltan el uso de la

coacción física legítima. El acumulado de instituciones gubernamentales y no

gubernamentales que cumplen funciones de dominación y dirección política, así

como de administración social, y contempla al personal directivo que las sostiene y

utiliza. La política en movimiento, no como algo formalizado que cristalizara en la

figura teórica del Estado.

Desde la apariencia sistémica, es un dispositivo que opera con equilibrio,

homeostasis. Los sistemas tanto entradas (inputs) como salidas (outputs),


XX

suponen un procesamiento de lo que entra, así como su transformación y/o

retroalimentación. La asignación autoritaria de valores para una sociedad, un

conjunto de interacciones a través de las cuales se hacen e implementan

dichas asignaciones. David Easton. Esquema para el análisis político.

Amorrotu editores, Argentina 1989, p 79. Ernesto Garzón Valdés, entiende al

sistema político como la unidad de reglamentos, normas de comportamiento

y conductas humanas vinculadas con el ejercicio del poder en una

determinada sociedad. El concepto de estabilidad en los sistemas políticos.

(Fontamara: México 1992)

Los elementos que lo forman son: 1) los valores (base ideológico y doctrinario),

justificadores de las acciones del régimen; 2) las normas formalizadas o no, que

especifican los modos en que los miembros pueden participar en lo político y

resolver conflictos; 3) estructuras de autoridad, roles o modelos regularizados de

comportamiento y expectativas acerca del modo en que habrán de comportarse

los que ocupan posiciones especiales en la sociedad y en que los demás deben

obrar frente a ellos.

Si nos exportamos a una definición de diccionario, por régimen político se entiende

el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y su ejercicio (el

gobierno) en unión con los valores (ideologías prevalecientes) que las animan, la

reproducción del sistema económico y su impacto social. Es también, el conjunto

de patrones explícitos o no que establecen las formas y canales de acceso a las

principales posiciones gubernamentales, las características de los participantes

que son admitidos y excluidos, así como los recursos y estrategias utilizados

(Bobbio, Matteucci: 1992, p. 196). Tiene una connotación dialéctica, se refiere a la

distribución y jerarquización normativa de los poderes públicos del Estado, y a las

formas jurídicas institucionales de su renovación y funcionamiento.


XXI

Una de las intranquilidades centrales que tutelan el trabajo de Umberto

Cerroni sobre los sistemas políticos, es que hay una cuanto frenia empirista

que concentra la investigación especialmente en los resultados electorales,

privilegiando a los participantes políticos secundarios (partidos políticos) y

abandonando a los primarios (individuos). Un puro mecanismo de

competencia entre partidos que buscan conquistar votos-consensos para

obtener cuotas crecientes de poder. La política aparece como un mercado en

el que los sujetos del intercambio son sobre todo partidos y grupos antes que

los individuos-ciudadanos, cuentan sólo los cálculos de corto plazo, las

regiones pragmáticas, las valoraciones de los intereses. Otra desventaja es

que en ocasiones, ha apartado indebidamente el análisis técnico de los

procesos históricos profundos y de los elementos culturales que a largo plazo

resultan determinantes. Tiende a cercar la investigación en el ámbito técnico

del corto plazo, ignorando que los cambios más hondos son en realidad

determinados por causales que vuelven en las tendencias históricas y que

sólo parcialmente surgen al conocimiento de los protagonistas. Su estudio

debe ser conducido tomando en cuenta que él mismo es el resultado de una

historia específica y que como tal, es sólo a corto plazo el sistema de

disposición por excelencia, mientras que a largo, opera en el cuadro de

procesos sociales y culturales que superan tanto a los partidos como a los

individuos y estructuran nuevas respuestas históricas. Política, método,

teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías. (Siglo XXI editores:

México 2000, p 137)

1.1.2 Absolutismo

El absolutismo es uno de los conceptos que como el de dictadura y totalitarismo,

se esgrimen en oposición al de democracia para tipificar regímenes

antidemocráticos. Es una manifestación degenerativa de la autoridad entendida


XXII

positivamente como sinónimo de poder legítimo y no de fuerza coactiva. La

derivación autoritarismo y el adjetivo autoritario, personifican todo lo contrario; son

términos cargados de significación negativa. No es privativo de un sistema político

determinado o monopolio de una corriente autoritaria. Los regímenes autoritarios,

no están apegados en un cien por ciento a un modelo teórico, puede haber

variaciones o matices entre ellos. Existen varios tipos: burocrático-militar, estatal-

orgánico o corporativo, autoritario de movilización posdemocrática y totalitario

(Mario Stoppino: pp. 1143-144).

Un sistema es autoritario cuando hay una enorme concentración del poder de

decisión en un solo líder, pequeño grupo, u órgano, y restan valor a los

organismos representativos, deficiente retroalimentación y su legitimación

depende del rendimiento. La ideología suele ser poco articulada; no está muy

delimitada y acabada, como en el caso de los totalitarismos, posee mentalidades

peculiares. Su pluralismo es limitado y no responsable, puede ser equiparable a la

liberalización política, puesto que no garantiza una democratización plena, ni abre

posibilidades reales a la alternancia. Con baja movilización política en la fase

intermedia de mayor estabilidad y poder detentado por algún líder o una pequeña

élite dentro de límites formalmente mal concretados aunque predecibles, lo que le

permite márgenes muy amplios de arbitrariedad en sus decisiones, de las cuales

no se responsabiliza ante los ciudadanos y grupos que los sostienen, generando

hasta los extremos en el ejercicio del poder y ausencia de compromiso real para

remitir cuentas a la ciudadanía. Se limita por normas jurídicas o de hecho, puede

estar limitado a pequeños círculos políticos y extendidos a un mayor número de

grupos de interés (César Cansino: 1995).

No hay una división real de poderes. Difícilmente se respeta el principio federalista

y el Congreso. El Poder Legislativo se encuentra subordinado al Ejecutivo, quien

tiene las facultades extraordinarias por arriba del orden constitucional, se anula los

procedimientos democráticos, y se restringen y violan de manera sistemática los


XXIII

derechos humanos y las garantías a grupos e individuos. Las leyes dejan a veces

considerable espacio discrecional para los gobernantes, lo que les permite aplicar

el derecho de manera arbitraria. Tampoco existe un sistema de partidos enérgico.

Generalmente, un partido único o predominante, agrupa verticalmente a amplios

sectores de la sociedad civil. Otorgan ciertas libertades a las oposiciones o

pseudo-oposiciones y autorizan e impulsan su participación, pero sin dejarles la

posibilidad plena de alternancia. Los partidos, en algunos casos, funcionan como

satélites con relación al partido en el poder, y en el mejor, juegan un papel de

semi-oposición. La sustitución de gobernantes no se hace a través de elecciones

competitivas y limpias -aunque existen procesos electorales-, se concretan por

otros mecanismos; en un amplio margen son controladas por el gobierno y su

partido. Presentan transformaciones pactadas con la oposición, pero no se han

podido incorporar y asimilar cambios en el aspecto social, político e ideológico.

Restringe la libertad y privilegia el aspecto de superioridad, así como la obsesión

por mantener el orden. Los medios de comunicación masiva están expuestos al

control gubernamental, que va desde la censura explícita, hasta sugerencias más

sutiles. La representación de intereses, se expresa habitualmente a través del

corporativismo estatal. Con la ciudadanía, persiste una trato clientelar de

intercambio jerarquizada, relativamente estable, que propicia el apoyo de los

ciudadanos a los gobernantes a cambio de favores. La movilización de la sociedad

es controlada por los aparatos restrictivos que la mantienen al margen, no hay

garantías reales para el ejercicio de los distintos derechos políticos. Se identifican

por el grado de elaboración de justificación ideológica, suelen apelar a valores;

como patria, nación, orden, progreso, justicia, jerarquía, autoridad y otros más o

menos ambiguos, pero no efectúan una misión ideológica totalizadora y, por ende,

incluyente. Los regímenes autoritarios habitualmente detallan con un cuerpo

doctrinario teórico y el apoyo popular es relevante (Julio Labastida Martín del

Campo: 1992).


XXIV

1.1.3. Democracia.

Proverbialmente, la democracia ha sido definida como el gobierno del pueblo, por

el pueblo y para el pueblo (Lincoln), lo que supone una colaboración directa de

éste en el ejercicio del poder, pero ante su inviabilidad, encomienda la facultad de

gobierno en representantes elegidos popularmente. El poder político se legaliza en

el pueblo, quien tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar su forma de

gobierno, de decidir a donde ir y determinar cuál debe ser la orientación de las

políticas públicas (soberanía popular).

Para Jean-Jacques Rousseau, partidario de la correspondencia en la

participación y en la toma de decisiones: "nunca ha existido una verdadera

democracia y jamás existirá. Es contrario al orden natural que el mayor

número gobierne y que sea gobernado el menor". Incluso, algunos filósofos

griegos la consideraron la peor forma de gobierno. Constan además, ciertos

límites contenidos en el contrato social que se establece entre gobernantes y

gobernados que no debemos soslayar. El contrato social. (Edimat libros,

España 1999, p 111).

Para Joseph Schumpeter, la democracia "no significa ni puede significar que

el pueblo gobierna efectivamente, en ninguno de los sentidos evidentes de

las expresiones “pueblo” y “gobernar". Más bien, es la proporción que tiene

de elegir a sus gobernantes mediante un procedimiento democrático que

hace posible la competencia en elecciones libres. Capitalismo, socialismo y

democracia, (Aguilar: México 1963, pp. 362 y 343.)

En el periodo contemporáneo, la democracia ha sido reducida a un enfoque

meramente instrumental: un método para determinar el liderazgo a través de

elecciones competitivas, transparentes, equitativas y confiables. El elevado costo


XXV

de las campañas políticas para alcanzar a un número cada vez mayor de electores

ha puesto en la incertidumbre la validez misma de las elecciones, parte sustancial

en una democracia. La competitividad debe ser regulada de forma tal que

reproduzca la pluralidad, se desenvuelva a través de formas civilizadas, evite la

violencia y se apegue a las normas establecidas. Su ejercicio está sujeto al

consenso y al disenso. Las partes aceptan dirimir sus diferencias por la vía del

diálogo. Se basa en la tesis de la representación y la regla de la mayoría

parlamentaria. La participación ciudadana en la esfera pública en lo político, social

y económico, a través del Congreso. La alternancia, la gobernabilidad, los pesos y

contrapesos (división y equilibrio de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el

poder controla al poder), y la vigencia de los ordenamientos legales como término

al ejercicio del poder (negociaciones, acuerdos y normas aprobadas y asumidas

por todos que exigen un debate y crítica permanente). "La democracia es un

asunto perfectible e interminable que asume como virtud el respeto al pluralismo y

a la diversidad de opiniones, para de convenio con ellas y con los concursos

sociales, crear una política de beneficio para las mayorías" (Francisco Gómez

Maza: 1996).

"...la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos

concomitantes de libertad de asociación, libertad de expresión y otras libertades

básicas de la persona; competencia libre y no violenta entre líderes con una

revalidación periódica de su derecho para gobernar; inclusión de todos los cargos

políticos efectivos en el proceso democrático, y medidas para la participación de

todos los miembros de la comunidad política, cualesquiera que fuesen sus

particularidades políticas. Prácticamente, esto significa, libertad para crear partidos

políticos y para realizar elecciones libres y honestas a intervalos regulares, sin

excluir ningún cargo político efectivo de la responsabilidad directa o indirecta ante

el electorado" (Juan Linz: México 1990).


XXVI

En el mismo sentido, Anthony Giddens define a la democracia como "un sistema

que implica competitividad efectiva entre partidos políticos que buscan puestos de

poder... hay elecciones regulares y limpias en las que toman parte todos los

actores de la población. Los derechos de participación democrática van

acompañados de libertades civiles: libertad de expresión y discusión aunado con

la libertad de formar y afiliarse a grupos o asociaciones políticas". Un mundo

desbocado. Los efectos de la globalización en nuestra vida. (Anthony Giddens:

México 2002, p. 82). Es un método de organización del Estado, por el cual los

ciudadanos eligen a sus representantes en el gobierno y establecen el modo en el

que todos los funcionarios serán habilitados. Un régimen político, en el que todos

los actos de gobierno deberán estar preestablecidos en las normas de derecho

que rigen el funcionamiento del Estado y cada mandatario, representante o

funcionario deberá responder cabalmente por sus actos ante los órganos que han

sido instituidos por voluntad del pueblo mismo. (Arnaldo Córdova: Uno más uno 15

de junio de 2001).

De igual modo, se intenta que los estados sean soberanos y con capacidad para

decidir al interior de sus respectivos territorios, coordinados por la Federación.

Conlleva al apartamiento entre el Estado y los partidos, un sistema de partidos

fuerte, el abandono del corporativismo y el centralismo, así como una efectiva

rendición de cuentas a los ciudadanos. Pluralista en la economía, la política y las

organizaciones, y con acato a los derechos humanos. Ni la estabilidad ni la

eficiencia son fines en sí mismos, si la oposición escasea de oportunidades y las

decisiones no son compartidas por el pueblo.

Ideológicamente, lo único que permite la coexistencia pacífica y no violenta entre

interpretaciones de política muy distanciadas entre sí: derecha, centro e izquierda.

Lo que la distingue, no es tanto la libertad incondicional para externar opiniones,

sino la oportunidad lícita e igualdad para todos de hacerlo y la protección del

Estado contra injusticias, especialmente la intolerancia violenta (legalidad


XXVII

democrática). Es proclive a vivir asediada y en permanente riesgo. Más que un

programa de gobierno, es una filosofía política que no prescribe determinada

forma orgánica de gobierno, ni formas concretas de organización económica.

La democracia es "una técnica para la creación del orden social, una manera de

hacer y decidir el destino común". Es en este proceso direccional cuando las

orientaciones políticas de las poblaciones pueden perderse o ser mal

representadas, en donde radica la gran desilusión democrática. Puede ser

recorrido en dos direcciones: de arriba hacia abajo o viceversa. Por un lado, la

imposición de la autocracia y por el otro, la democracia representativa moderna

donde el principio está en la base, en las muchas voluntades de los individuos

concebidos como sujetos de decisiones autónomas ante los órganos habilitados,

cuya composición resulta del cálculo de las decisiones individuales manifestadas

principalmente en el momento de las elecciones políticas. Los partidos,

movimientos y grupos de presión son los más próximos a la toma de decisiones y

por tanto, tienen la posibilidad de intervenir directamente en ellas. El pueblo

gobernante organizado por ciudadanos libres, es el que participa en la formación

del Estado y en la creación de su método normativo mediante el ejercicio de sus

derechos políticos (Hans Kelsen: 1992, pp. 30-35 y 137).

Las múltiples confrontaciones entre los actores políticos con frecuencia las hacen

parecer estériles e improductivas, pues provocan ingobernabilidad y un progresivo

desencanto y desánimo generalizado entre la población sobre su utilidad real por

la falta de resultados palpables. Su éxito depende de la eficacia y habilidad de los

dirigentes en la crear e instrumentación de políticas públicas y de una regulación

de los flujos de requerimientos, que permita al sistema tratarlas sin exponerse a

una sobrecarga. La pérdida de credibilidad, producto de los excesos y de la

ineficacia de los gobernantes, y la manipulación de los medios, conducen a la

sociedad a buscar nuevas formas de organización fuera de los partidos que den

cauce a sus justas demandas.


XXVIII

Para estudiar la calidad de la democracia, hay una nueva tendencia que hace

hincapié en baremos para formar una base normativa de valores sobre los cuales

calificar el desenvolvimiento del orden democrático. David Held, marca que es un

experimento mental para transformar prácticas, instituciones y estructuras de la

vida social y política... resaltar las condiciones de una autonomía ideal, los

derechos y obligaciones que las personas reconocerían como necesarios para

lograr el estatus de miembros igualmente libres de su comunidad política. Se

requiere imparcialidad, aceptación, conversión teórica y acuerdo anticipado. La

construcción de indicadores permite medir el grado de acatamiento de los valores

y normas emanados de los países hegemónicos de Occidente y establecer el

lugar que ocupan en el mundo. Presenta una dualidad entre autonomía, expresión

de democracia y producción y distribución asimétrica de perspectivas de vida que

limitan y erosionan las posibilidades de participación política... La constatación de

dicha autonomía, ofrece el criterio para emprender la evaluación crítica de la

operación del poder en los distintos lugares y esferas. Sobre la división propuesta

contenida en las siete esferas de poder:

1) cuerpo, 2) bienestar, 3) cultura, 4) asociaciones cívicas, 5) economía, 6)

violencia organizada y 7) relaciones coercitivas e instituciones regulatorias y

legales, se construyen los indicadores y establecen los baremos que deben

abstraerse de las relaciones de poder existentes para descubrir las condiciones

fundamentales de la participación política posible y del gobierno legítimo. (Marcos

Roitman Rosenmann: 2002).

La idea de que la adopción de la democracia conlleva por sí sola a la solución de

todos o casi todos los problemas políticos, económicos y sociales, se confronta al

tradicional enfoque procedimental que la reduce a un simple método en el que

únicamente se hallan las reglas del juego que establecen: quién está autorizado

para tomar las decisiones y bajo qué procedimiento. Una falsa idea de la


XXIX

democracia supeditada únicamente al ámbito electoral que no profundiza en la

construcción no sólo de instituciones, sino de una sociedad y cultura

democráticas.

Sin embargo, no garantiza el incremento económico como muchos solemos

suponer. Éste aparece con avances tecnológicos. Lo que ciertamente hay, es una

estrecha correlación con la economía de mercado y/o capitalismo, porque limita el

poder del Estado al descentralizar muchas decisiones económicas en individuos y

empresas relativamente independientes eludiendo a un poderoso y autoritario

gobierno central. La democracia no existe sin economía de mercado, pero ésta

puede proporcionarse sin la primera. Subsiste la idea de que un antes económico

debe preceder al después democrático. Ambas coexisten en una especie de

simbiosis antagónica. Son fragmentos de un conflicto en el que se modifican y

limitan mutuamente. Desde esta óptica, es el desarrollo el que crea nuevas

fuentes de riqueza y poder fuera del Estado, por lo que a la larga resulta el

promotor de cambios en la estructura social y de los valores que estimulan la

democratización.

La democracia por sí misma no fragua prosperidad. Si lo produce, es porque no

altera los procesos económicos y deja hacer al mercado salvo cuando derivan en

populismo y corrupción. No significa que se resolverán los grandes dilemas

sociales, simplemente avala una mejor administración, por la ampliación de las

libertades políticas, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica de que los

gobernantes pueden ser cambiados. Establece controles al ejercicio del poder y

mecanismos efectivos para lograr mediante reglas fijas. La esencia de la conducta

democrática es lograr esto último, dado que es prácticamente imposible conseguir

lo primero. Las democracias se fortalecen cuando el pueblo aprende que son la

solución al problema de la tiranía, pero no forzosamente a todo lo demás (Neil

Envite y Miguel Basáñez: México 1994, p 107).


XXX

Al mitigar la pobreza y mejorarse las condiciones de vida, el crecimiento ayuda a

reducir los aprietos sociales y políticos. No obstante, la economía de mercado

inevitablemente genera desigualdad en los recursos políticos. Los ciudadanos

desiguales en bienes económicos difícilmente serán iguales políticamente, lo que

origina una permanente regides social y política. En sociedades altamente

desiguales, los valores democráticos son más endebles. Los sectores más pobres

ganan escasos beneficios de las instituciones democráticas. Toda vez que el

mercado, nunca ha sido un sistema distributivo completo de los bienes sociales.

A mediados de la segunda mitad del siglo XX, varios de los cambios que

desempeñaron un papel significativo en las transiciones democráticas de diversos

países fueron económicos. Un incremento industrial sin precedente había elevado

los niveles de vida, motivando el desarrollo de las clases medias urbanas que

posteriormente alimentarían los objetivos democráticos (Luis Ángeles: 2002, pp

16-17).

Cara a las poderosas empresas trasnacionales y la globalización afín a las

mejores causas con la democracia y el libre mercado, el Estado-Nación tiene

insuficiente capacidad de maniobra. El gobierno administra, es más mercado que

Estado; visto casi como una empresa, se ha ido privatizando aplicando las

técnicas de managament. Por consiguiente, hace falta una nueva legalidad para

una nueva realidad. Una harmonía entre el Estado liberal y el voraz, con la

democracia como puente para salvar las contradicciones, y concesiones mutuas

entre los individuos, la sociedad, el mercado y el Estado para corregir los

desequilibrios del sistema social (Enrique González Pedrero: México 2002).

Referente a la crisis y quiebra de las democracias, varios de los factores que han

sido esenciales para su derrumbe son: sociales, económicos, culturales y políticos.

Prácticamente, no se mencionan las institucionales. Las normas tienden a

transformarse de voz del pueblo a instrumentos de corrupción clientelar; la


XXXI

igualdad de la ley se deprecia a formalismo burocrático y la igualdad frente a la ley

en pura demagogia. Invertir estos procesos degenerativos es posible, sólo si

aumenta el nivel electivo medio de la sociedad para poder construir un proyecto

por consenso. De ahí, la urgente necesidad de fomentar la participación

ciudadana, la educación cívica y la cultura política.

La democracia directa o dirigida: referéndum, consultas, encuestas y sondeos

televisivos -muchas veces faltos de todo freno y límite constitucional- son

instrumentos que pueden trasladarse a los que tienen los medios para hacerse

elegir y reelegir indefinidamente. El verdadero poder no es el del pueblo que

selecciona, sino el de quien esboza la alternativa entre la que se debe elegir (un

poder visible, televisible). Una caricatura, una manipulación continúa, un intento

sistemático y constante de enajenar a los ciudadanos, a los que se finge

reconocer autonomía de juicio; mostrando problemas burdamente simplificados y

distorsionados con criterios de evaluación arreglados cuyo único fin es la

idiotización de las masas.

Sin embargo está afirmación no es del todo verdadera, su práctica es una

realidad. Si bien es cierto que idiotiza, también lo es que puede llegar a

concientizar y producir una opinión pública más informada y crítica, en la medida

en que propicia la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por otro

lado, el uso excesivo de estos métodos se está desgastando por el descrédito e

ineficacia de los gobernantes, provocando entre la población; apatía y desilusión

por la democracia (Michelangelo Bovero: México 1995 pp 10-21).

1.1.4 Democracia, Transformación y Liberalización.

La transformación y la democracia son términos con demasiadas imprecisiones

conceptuales. A pesar de una vasta existencia literatura especializada sobre el


XXXII

tema, subsisten equívocos y contradicciones en su manera de ser interpretadas

por una clara ausencia de referentes teóricos. Recientemente, la transición se

transformó en un término recurrentemente utilizado por analistas, actores políticos

y sociales, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación de forma

indiscriminada. Las apreciaciones, varían según el observador. No existe una

visión homogénea, sobre qué se entiende por transición y en qué ámbito.

Transición a la democracia y transición política, son formas que suelen usarse

indistintamente. A ésta última, se le pretende observar como algo integral que está

ligado con cambios en la política económica y en la adopción de patrones sociales

y culturales por parte de la población. No siempre es democrática, en la medida

que un grupo es el que toma las decisiones. Aún así, ambos vocablos han sido

unidos para tratar de explicar los procesos de cambio en los sistemas políticos:

específicamente, en el caminar del autoritarismo a la democracia.

La transformación suele definirse como el intervalo que se extiende entre un

régimen político y otro. Está delimitada de un lado, por el inicio de la disolución del

régimen autoritario (el derrocamiento de una dictadura a partir de un golpe de

Estado, o la terminación de un régimen totalitario en donde el partido oficial

sucumbe para dar pie a la pluralidad y la alternancia), y del otro, por el

establecimiento de alguna forma de democracia. Las fronteras no son fáciles de

determinar por el eventual retorno a algún tipo de régimen autoritario, o el

surgimiento de una alternativa revolucionaria la cual puede o no tener un

desenlace democrático (Guillermo O'Donnell, Philippe Shmitter C. y Laurence

Whitehead (comps.): Buenos Aires-México 1989).

Un conjunto de diversos cambios políticos y culturales, transformaciones

institucionales y extra institucionales que llevan al viejo régimen a otro, lo que

genera desacuerdos y posiciones encontradas entre los actores políticos y los

diversos grupos en el marco de las nuevas reglas y procedimientos. La línea

existente entre el pasado y el futuro queda sujeta a los vaivenes de las distintas


XXXIII

fuerzas. La naturaleza del régimen autoritario puede afectar las perspectivas de

consolidación de su sucesor democrático. En la medida que armoniza dos

regímenes antagónicos (un híbrido), al mezclar elementos autoritarios con

democráticos; coexisten lo viejo y lo nuevo, desatando una fuerte disputa entre lo

que está agotado y lo que no acaba de nacer, y las modalidades del régimen a

instaurar. Está ambigüedad procede de:

1) La élite política tradicional la cual sigue conservando y monopolizando el

control direccional sobre los aparatos del Estado y la economía,

2) Conserva su hegemonía sobre y a través de los medios masivos de

comunicación,

3) No hay un completo incremento de los derechos civiles y políticos, ni

garantías plenas para el pluralismo y la competencia en igualdad de

condiciones.

La presencia de elementos autoritarios no deriva en que lo sea; se supone que lo

es, cuando de él no puede proceder un régimen democrático, requiriéndose

acuerdos o acomodos especiales que se conocen como transición, lo cual no ha

sucedido en México aunque se le siga proclamando. Entre las razones que

pueden explicar por qué se decide a emprenderla, se encuentran:

a. Cumplió con las necesidades funcionales que le dieron origen;

b. Presenta una rápida pérdida de legitimidad;

c. Siguen existiendo conflictos internos que no logran conciliarse dentro de la

coalición o la élite gobernante;


XXXIV

d. Las presiones al interior obligan a revestirse de una apariencia

democrática. (Víctor Batta: 1995, p 52.).

La hegemonía sobre los medios de comunicación, no fue tal en el periodo

gubernamental foxista. Si bien mantiene cierta influencia, existe una mayor libertad

de expresión, principalmente en la prensa escrita, la cual ya se venía

manifestando desde el gobierno de Ernesto Zedillo, y se refleja en las incisivas

críticas al gobierno y al Ejecutivo mismo (César Cansino: p. 1 y 14).

La señal típica de que se ha iniciado una transición se da cuando los gobernantes

autoritarios comienzan a considerar la posibilidad de instrumentar una reforma que

conduzca a la democracia. Es aceptada temporalmente por los grupos opositores

involucrados en la redefinición de regulaciones que conlleven a la

institucionalización de un conjunto de acuerdos con vistas a ofrecer mayores

garantías para los derechos de los individuos y grupos introduciendo cambios

escalonados: la intensificación de los canales de movilización alternativos

mediante la legalización de partidos de oposición adicionales, así como la creación

de nuevas oportunidades para la competición y la representación en la palestra

electoral y legislativa.

Este periodo se denomina liberalización política: una apertura limitada del régimen

autoritario en ciertos aspectos con el fin de librar la presión social, reteniendo

algunos privilegios. El incremento de las libertades cívicas y políticas, sin poner en

riesgo el statu quo. Está sujeta a la disposición y sensibilidad de la élite

gobernante para conceder lugares a los opositores. No garantiza una

democratización plena, y en ocasiones, llegan a revertir determinados factores de

riesgo desestabilizador que a la larga permiten reordenar las coaliciones

dominantes y alianzas tradicionales. En contextos de crisis política puede ser un

factor de prolongación, pero también de potencial ruptura y cambio. La posibilidad

de regresiones en sentido opuesto al deseable, es latente.


XXXV

La democratización soporta una estrategia negociada, un acuerdo efectivo entre

los diversos actores por la transformación del régimen, así como una colaboración

cada vez mayor de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la rendición de

cuentas de los gobiernos a la sociedad. Se logra con la instauración de

procedimientos electorales participativos y competitivos, el reconocimiento de

triunfos de la oposición, el establecimiento de una legislación electoral imparcial y

la preeminencia de mecanismos constitucionales. También conlleva una estrategia

adaptativa con la que procura su continuidad, contención de las circunstancias

que le son adversas o potencialmente desestabilizadoras, y retardo y

debilitamiento de las posibilidades democratizadoras (César Cansino: México

2000, pp. 13-14).

La liberalización y la democratización envuelven gradualismo. No son sinónimos;

sin las garantías de libertad individual y colectiva que entraña la primera, la

segunda corre el riesgo de degenerar en un formalismo (democracias populares).

Si no existe responsabilidad ante las masas e institucionalización de los grupos

minoritarios en el segundo caso, la liberalización puede ser expeditamente

manipulable y recortada según la conveniencia de los gobernantes. Son procesos

que se coordinan y complementan para facilitar la transición, que por lo general,

tiene como antecedente una crisis del régimen autoritario. No son forzosamente

simultáneos o progresivos, suponen algún nivel de desestabilización: fracturas en

la coalición dominante, pérdida de legitimidad y eficacia direccional del gobierno

(crisis de gobernabilidad), y un ascenso de la movilización social conflictiva o de

signo anti-régimen. La discrepancia radica en el grado de presión que las diversas

formas de oposición y las distintas élites ejercen. En presencia de un quiebre, la

movilidad de recursos se incrementa y tal rearticulación puede ser el preámbulo

de una negociación hacia la democracia. En su ausencia, toda iniciación tiende a

ser controlada y manipulada por la élite política de acuerdo a sus intereses, siendo

el principal, la conservación del poder.


XXXVI

En resultado, la transición de un régimen autoritario a uno democrático presume el

cambio de un conjunto de arreglos institucionales y prácticas definidos y

controlados discrecionalmente por la élite en el poder, a otro acuerdo en el que el

funcionamiento de las estructuras y prácticas se sometan a una disputa, estén

garantizadas por la Constitución, y sean respaldadas por la participación

ciudadana y diversas instituciones independientes. Existen dos etapas en la

instauración de un régimen democrático que se encuentra en un mismo proceso

histórico en donde cronológicamente, la segunda es consecuencia de la primera:

1. El cambio depende de la concertación entre los actores político-partidarios

que intervienen en un papel central en la conformación del marco legal que

conlleve a la adquisición, permanencia y pérdida del poder, y en el

desarrollo de una cultura democrática nueva.

2. La consolidación se refiere a la vigencia segura del régimen. La elaboración

de aquellas condiciones políticas, económicas, sociales y socioculturales

que consienten suponer la estabilidad de la democracia con mayor

probabilidad. Depende de otros factores, como la viabilidad de la economía

y la capacidad para satisfacer determinadas expectativas sociales. (Dieter

Nohlen: México, 1990, p 128).

Para Laurence Whitehead, las transformaciones terminan cuando se instala un

núcleo básico de instituciones y autoridades democráticas con un alto grado de

legitimidad, exentas de cuestionamientos por los propios grupos políticos. La

disputa por el poder se canaliza electoralmente sin dificultades posteriores; hay

pleno convencimiento de los grupos que participan en la arena política de que no

hay otro camino distinto para obtenerlo de manera legítima. Requiere de un

atmosfera favorable determinado por un pacto entre los involucrados en la

redefinición de las reglas. Las dos tareas fundamentales de un gobierno


XXXVII

democrático -si está dividido entre los que administran la democratización y

quienes administran las demandas sociales- son: ultimar la transición por medios

netamente pacifistas -no violentos- como opción de cambio y alternativa al evento

revolucionario, asegurar la democratización e iniciar la consolidación (O'Donell y

Schmitter: p. 66).

Para ello se requiere, instaurar modernos sistemas constitucionales y electorales;

deshacerse de funcionarios; revocar o modificar leyes inadecuadas para la

democracia; inhabilitar o cambiar drásticamente instituciones como la policía

secreta, y en relación con los sistemas de partido único: apartar las funciones,

propiedades e integrantes del partido y el gobierno; contrarrestar la combinación e

interacción entre poca legitimidad y efectividad ante la imposibilidad de tratar los

problemas, las limitaciones partidistas y las deficiencias de los líderes. La

legitimidad descansa en el rendimiento de los gobernantes, y la del régimen,

deriva del ámbito electoral y los procedimientos por lo que estos gobiernos se han

formado. Por lo regular, tienen que enfrentar la disyuntiva de sancionar la

incompetencia, la corrupción y el fraude cometidos por funcionarios anteriores, o

bien, basarse en la reconciliación entre los opositores y los que violaron los

derechos humanos, instrumentando la amnistía.

Los grupos desacreditados por su asociación con el régimen autoritario,

restablecen su legitimidad e influencia. En los fuertes que se autodisolvieron, no

se juzgaron. En los débiles que se derrumbaron fueron castigados siempre y

cuando, el nuevo gobierno los sentenciara con rapidez. El apoyo popular y la

indignación se caen con el tiempo, la justicia tiene que llegar lo más rápido o no lo

hace nunca. (Samuel Huntington: p. 256).


XXXVIII

1.1.5 Transformación Política.

La transformación que acontezca en el sistema político y/o alguno de sus

componentes puede suceder a nivel de:

• Comunidad política: personas o grupos activos que pueden incurrir en el

sistema (cultura política). Así como sindicatos, partidos, corporaciones,

entre otros.

• La actuación de los actores políticos (partidos, grupos de interés,

movimientos sociales, representantes del poder, protagonistas del cambio,

entre otros), la disposición de sus relaciones y acciones, y los

condicionamientos de tipo económico, cultural, internacional, que permiten

detectar las precondiciones estructurales de la transformación, los

fenómenos que lo impulsan, y el ritmo y los alcances de la transición. Lo

que implica estudiar, no sólo el cambio de, sino en los regímenes políticos.

• Régimen: valores, normas, ideologías, principios, creencias dominantes o

en competencia, como dispositivos de convivencia o interacción admitidas

tácitamente que influyen específicamente en las reglas formalizadas para

la resolución pacífica de los conflictos, en los procedimientos y estructuras

de autoridad.

• Estructuras de autoridad: de decisión (repartición de costos y beneficios) y

coerción (llevan a cabo las decisiones, forzan la obediencia y extraen los

recursos de la sociedad). Admiten ubicar las estrategias que se configuran

antes y después del cambio por parte de los actores y coaliciones

dominantes para los acuerdos y alianzas (Leonardo Morlino: Madrid

España 1985, pp. 44 y 47).


XXXIX

Un cambio absoluto del sistema político, o sólo ciertas modificaciones en su

interior. Dimensiones del cambio:

• Continuo-discontinuo.

Continuo; cambios de carácter incremental, las cuales pueden ser profundas pero

tienen una concreción en el largo plazo a favor del régimen. Hay una mayor

intervención de actores identificados con el régimen de partida.

Discontinuo; cambios importantes en lapsos de tiempo cortos, pero en el largo

plazo quedan aisladas y diluidas las del basamento institucional que son las más

relevantes.

• Pacífico-violento; si los índices de violencia son controlables, quién los

controla y contra quién se ejercen (asesinatos políticos, represión a

opositores o afines). Tiene alcances inseguros; pueden o no acelerar el

cambio, provocar una reacción social, un ascenso de represión de las

oposiciones y la retractación del gobierno en los cambios ya pactados.

• Compensado-descompensado; no todos los componentes del sistema

cambian en el mismo lado, a un tiempo. Mientras unos manifiestan

modificaciones significativas, otros pueden mostrar un refuerzo de sus

características tradicionales.

• Fundamental-marginal (profundidad).

Fundamental, el sistema está sujeto a alteraciones en sus elementos constitutivos.

En el ámbito de la comunidad política: ampliación del derecho al sufragio a los

anteriormente excluidos, grupos sociales que adquieren una función

preponderante o subalterna pero decisiva, surgimiento de estructuras intermedias


XL

que modifican la correlación de fuerzas e asignan nuevas reglas. A nivel de

régimen: la distribución para allegarse de los recursos; sistema electoral: tránsito

de un sistema competitivo a otro semi-competitivo o de no competencia, o la

inversa; de democracia a dictadura, o viceversa; de central a descentralizado,

entre otros; una nueva relación entre los partidos, las instancias legislativas,

ejecutivas y judiciales. La capacidad del Estado en la actividad socioeconómica;

del monopolio a la liberalización y apertura o viceversa; de la administración del

orden y la justicia a un control más estrecho. Se incremente y se lleva a un punto

de no retorno, convirtiéndose en otro.

Marginal; cuando sólo hay reforma de los titulares y/o roles importante de la

estructura de autoridad; su desaparición no trastoca las estructuras políticas,

tienen un efecto cosmético o de refuncionalización del régimen autoritario.

• Orientado-no orientado (dirección). Orientado; consentimiento con base en

determinados fines y valores.

No orientado; tipos imprevisibles e incontrolables, o resultado de cambios

externos.

• En expansión-en contracción. No se considera como unilineal o

irreversible.

En expansión; cuando sus bases económicas, políticas, sociales y culturales

consiguen dirigir e interpretar las variaciones sociales, el tránsito de un estadio a

otro, la funcionalidad y consolidación de las instituciones (partidos, sindicatos,

organizaciones sociales, iglesias, ejército, etc.).

La contracción es sinónimo de inmovilidad o inadaptación a las innovaciones;

decadencia e inestabilidad; desmovilización de grupos dinámicos, uno solo


XLI

alcanza el monopolio del poder tras haber anulado la influencia de otros que

participaban en el proceso de fabricar y aplicar decisiones; desaparición de

estructuras asociativas intermedias; disociación entre ideologías y creencias en el

sentido de expulsión de ciertos valores presentes en la sociedad civil; mínima

complejidad y articulación de las distintas estructuras que acompaña a la

disgregación y hundimiento de un sistema. Estos cambios pueden tener lugar de

uno en uno, más de uno a la vez, o todos simultáneamente y en grado diverso.

• Innovador-no innovador (contenido).

Innovador; elementos nuevos en los componentes del sistema,

modificaciones substanciales a características ya formadas con

anterioridad que alteran el sentido y profundidad del cambio.

No innovador; sigue patrones tradicionales de reproducción de las bases

existentes, sobre todo las de intermediación, como los partidos y

sindicatos.

• Acelerado-lento. Relativo a la velocidad de la transformación, en función

de un tiempo histórico definido.

• Interno-externo.

Interno; si viene del propio sistema por la vía gradualista o reformista.

Externo; cuando se producen acontecimientos en los otros tipos de

sistema (económico, social o cultural) o en un marco extranjero (un

gobierno en particular, una parte o la totalidad de la comunidad

internacional) que inician e incitan acontecimientos, alterando los factores

económicos, alentando y organizando una oposición (civil, militar, pacífica


XLII

o violenta) o interviniendo directamente, rompiéndolo de facto, cambiando

por otro afín o no, a los intereses de sus habitantes.

• Histórico (definido-indefinido). Sitio en el tiempo.

Definido; cambios históricos que han sucedido en determinadas épocas,

responden a sucesos que no podrían repetirse (el descubrimiento de

América, las revoluciones de independencia, consolidación de los estados

nacionales, etc.).

Indefinido; podrían presentarse en otras periodos de tiempo o de forma

recurrente, son susceptibles de repetirse (iniciación o fin total de

regímenes, movimientos sociales y políticos, etc.).

Por lo regular, los procesos de transformación política ocurren en el marco del

régimen y no en el del sistema. Desde esta óptica, la transición es observable en

el sistema de partidos, en los sistemas electorales y en las normas e instituciones

específicas. Cuando marchan mal las cosas, cambian los gobiernos, no los

regímenes.

1.2. Régimen Político: Formación

La formación del Estado mexicano que apoyó el establecimiento de un régimen

republicano y federalista, fue producto de un largo caminar de la lucha política

dada desde el siglo XIX, como consecuencia de las condiciones imperantes de la

época que mostraban una carencia de un proyecto nacional que aglutinaban a

todos los sectores sociales y políticos al término de la independencia, lo que

generó una situación política que se caracterizó por la disputa entre las facciones

con posiciones opuestas, reflejadas en el antagonismo entre centralistas y


XLIII

federalistas, liberales y conservadores, misma que impidió el establecimiento de

un orden político que garantizara la permanencia de los gobiernos.

De tal manera que a partir de la independencia, en el congreso constituyente de

(1822-1824) se planteó la primera polémica en relación a la forma política que

debería asumir la nación; ahí se vislumbraron las primeras opciones: monarquía-

república y centralismo-federalismo.

Para concebir las posiciones que se enfrentaban para dirimir la forma de gobierno

que debía implantarse, es necesario especificar que el significado de liberal tenía

dos concepciones, la primera "concibe la soberanía como un atributo del pueblo o

de la nación, en lugar de la soberanía real, de donde se deriva la democracia

como forma de gobierno en lugar del absolutismo, y la defensa de las libertades

individuales ante los excesos del poder absoluto, de ahí también que propusiera

un control a ese mismo poder político, inicialmente con el principio de legalidad en

el actuar y después con la división de poderes. En un segundo plano, ya muy

avanzado el siglo XIX, vamos a observar un liberalismo como alternativa política al

conservadurismo, pues es el que encontraremos a un Mora, a un Gómez Farías, a

Lerdo de Tejada, Juárez, y a toda esa deslumbrante generación de hombres

públicos que se hicieron en torno a La Gran Década Nacional, o sea de 1857-

1867, como la denominó Miguel Galindo y Galindo." (Soberanes, Fernández José

Luis: p. 60).

Sin en cambio, hasta ese punto no se puede hablar propiamente de liberales y

conservadores, más bien de federalistas y centralistas, mismos que se reunían en

torno a alguna de las dos logias hasta entonces ubicadas México: yorquinos y

escoceses, en donde se fueron ideando los grandes postulados políticos,

consolidando todo un pensamiento o ideología política; que daría paso al debate

liberalismo-conservadurismo.


XLIV

La corriente liberal se verá reflejado en su percepción de "ver en la clero el

principal obstáculo para la conformación del Estado nacional, planteaban quitarle

privilegios y exenciones, lo mismo que los bienes que no fueran rigurosamente

indispensables para el desarrollo de su ministerio." (Soberanes, Fernández José

Luis).

De tal forma que los ideólogos liberales observan una república federal

democrática, regida por instituciones representativas; organizada por una

sociedad libre de la influencia clerical constituida por pequeños propietarios,

campesinos y maestros artesanos; y que tuviera el libre movimiento del interés

individual liberado de leyes restrictivas y de privilegios.

A diferencia de este enfoque los conservadores "propugnaban el quitar y

conservar partes de lo que atesoraba la Iglesia, y sobre todo llegar a una situación

de concentración a través de un concordato con la Santa Sede, así como el

reconocimiento de la fe católica como oficial del Estado y por lo mismo digna de

protección." (Soberanes, Fernández José Luis).

En medio de esta controversia por imponer el mecanismo más adecuado para el

país, se dejaba de lado la importancia de las culturas que lo conformaban, como

son las comunidades indígenas, puesto que sólo se orientaron a tratar de

mantener el status quo en el caso de los conservadores y de crear las

instituciones que mejor respondieran a esos intereses, mientras que los liberales

buscaban cambiar las condiciones de la sociedad a partir de considerar al

individuo como el generador del progreso, sin fijarse en la pluralidad de

costumbres, tradiciones, idiosincrasia de la mayoría de la población que se

encontraba al margen de las diferencias políticas por la escasa educación e

información que tenía al alcance.


XLV

La base que permitió a la sociedad de aquella etapa sortear las crisis,

fragmentaciones, divisiones, tenía su inicio en "la conciencia de la pertenencia a

una nación específica que precedió a su establecimiento como Estado. La nación

se formó en la idea de un grupo criollo en la segunda mitad del siglo XVIII, antes

de pretender para ella la soberanía política. La reclamación de constituir un

Estado independiente provino de una conciencia nacional previa" (Villoro, Luis: p.

17).

De tal manera, "la nación políticamente hablando, brotará cuando se establezca el

Estado laico, civil, nacional o moderno. El Estado que brota en México a partir de

la Revolución de Ayutla, que hace posible el gobierno fijo de los liberales y la

eclosión de las Leyes de Reforma. Ese Estado fue, otra imposición, esta vez

moderna, no sólo contra las clases protegidas por los fueros y privilegios, sino más

bien en contra de las comunidades indígenas, mimas que eran y siguen siendo

mundos marginados, descartados de la concepción occidental y modernizadora."

(González, Pedrero Enrique: 1829-1836).

La edificación de las instituciones que dieron vida al Estado mexicano durante la

primera mitad del siglo XIX, fue fruto de las diversas formas políticas ensayadas

en México en distintos períodos históricos. De esa forma se estableció un gobierno

federal que finalmente ejerció el poder centralizado a través del ejecutivo, lo cual

terminó con las esperanzas de iniciar un federalismo real y auténtico.

El contexto de la época que caracterizaba a la sociedad mexicana en este periodo

se vio relacionado por el endeudamiento del Estado, intereses de personas y de

grupos que se anteponían a los intereses públicos, incertidumbre del Estado de

derecho, desigualdad e inestabilidad, elementos que impedían la consolidación de

un proyecto de nación.


XLVI

El cambio entre el viejo orden colonial y el nuevo que no terminaba por

implantarse arrastro consigo "una sociedad "fluctuante" entre el orden colonial,

que la Independencia no finiquito, y otro orden "secularizante, moderno, laico,

democrático y liberal" que pugnaba por introducirse. En los hechos, aquella

fluctuación pendular de las ideas no se dio en un continuo armónico ni con una

alternancia pacífica: una violenta sucesión de golpes y contragolpes, con

instituciones muy endebles e incipientes, donde no se conformaba un Estado

sólido y prevalecía la fuerza en cada intento de dirimir la querella por la nación."


La colonia se debatía entre permanecer como la tradición que se había gestado

durante la época virreinal y las nuevas ideas liberales que pretendían imbuir de un

nuevo aire modernizador a la sociedad mexicana, la cual se veía envuelta en la

búsqueda de fundar un Estado que representara un nuevo pacto social que

respondiera a las circunstancias de la mayoría, de manera que la coalición de

fuerzas políticas, la participación de los movimientos populares en la construcción

de liderazgos militares, la pugna entre liberales y conservadores, la conformación

de territorios, fueron permitiendo la construcción de facciones políticas que fueron

las que protagonizaron la lucha por establecer una forma de gobierno y de Estado

en el devenir histórico del siglo XIX.

Ante este contexto de indefinición política y la lucha de las facciones por imponer

su visión de nación, se generó "la inexistencia de una cultura constitucional. Las

normas supremas adoptadas no permearon en la sociedad por diversas razones:

eran sustituidas con rapidez, de suerte que no alcanzaban a consolidarse en la

conciencia colectiva; eran un instrumento dogmático de los grupos políticos, de

manera que en algunos casos las normas y las proclamas llegaron a confundirse

como si fueran lo mismo; la carga de expectativas que se hacía recaer sobre las

constituciones resultaba alta, pues era imposible que la sola adopción de una

nueva carta trajera aparejada la prosperidad general. Además, es seguro que por


XLVII

las condiciones de aislamiento y de analfabetismo, una gran parte de la población

no se llegó a enterar siquiera de la Constitución que estaba en vigor, y muchos

que lo supieron no tenían una clara idea de su significado. Durante el siglo XIX las

constituciones fueron objeto de discusión sólo por parte de un pequeño sector

informado, pero no de la sociedad en su conjunto. El gran analfabetismo y las

limitaciones en cuanto a comunicaciones mantenían los procesos de elaboración

normativa como una actividad remota e imprecisa, acerca de la cual buena parte

de la población apenas tenía conocimiento." (Valadés, Diego: p. 123).

El escenario del país "entre l853 y 1854 se enfrentaba a una de las encrucijadas

de su historia: o seguía sumiso a un poder militar sin proyecto -con el peligro de

aplazar indefinidamente la creación del Estado nacional- o se dedicaba a constituir

su poder político, aunque para ello tuviera que llegar al abismo de la guerra civil,

evitado hasta entonces por todos los medios." (Pérez, Fernández del Castillo

Germán: p. 53).

De tal forma que este periodo de la historia política del país permite observar

varias situaciones, en primer lugar que si bien se dieron ciertos tipos de

constituciones como la de 1824, de las 7 leyes y las bases orgánicas, no

representan sino la debilidad de las propias instituciones derivado de la dispersión

del poder generada por la formación de facciones políticas sustentadas en los

poderes militares, clericales que ejercían su dominio sobre los políticos civiles; en

segundo lugar que la fundación del Estado mexicano no se gesta en este período

por la inexistencia de instituciones políticas sólidas, gobiernos estables y firmes,

ausencia de un mercado interno y una sociedad confrontada, dividida; en tercero

que la formación como Estado se da de forma plena en 1857 con la estabilidad

política derivada del surgimiento de instituciones plasmadas en la Constitución de

ese año, que permitieron estabilizar al país y superar las diferencias de forma

pacífica.


XLVIII

En ese sentido, el régimen político se fue conformando desde la lucha de liberales

y conservadores, se estableció un sistema peculiar, republicano que conserva

elementos centralistas, en cambio en esta disputa por el poder predominó la

república sobre el imperio, con lo cual se creó un híbrido que conjuga rasgos de

ambas posiciones políticas de las corrientes existentes.

La forma de Estado que obtuvo el país fue la de un Estado federal, que evitara la

división interna, agrupar los poderes regionales en una federación, al mismo

tiempo que era ineludible fortalecer la figura presidencial, lo cual llevó a establecer

un régimen presidencialista al otorgar atribuciones, facultades, poderes al

ejecutivo que le permitieron consolidar una clase política.

En ese cause, "México cuenta con un régimen político desde hace más de cien

años que consagra la división de poderes, el federalismo y de manera muy

insignificante las relaciones entre los poderes, pero por efectos de las guerras y la

dictadura de Díaz por un lado, y del sistema político ya este siglo por el otro, ha

tenido una raquítica aplicación." (Aburto, Muñoz Hilda: p. 26.).

1.2.1 Régimen Político: Elementos

Si por régimen político se concibe "el conjunto de las instituciones que regulan la

lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de

tales instituciones," (Levi, Lucio: p. 1362), en otras palabras la manera en la cual

los distintos actores acceden al poder político.

En ese orden, el concepto de régimen político se determina por "el conjunto de

patrones, explícitos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las

principales posiciones gubernamentales, las características de los actores que son


XLIX

admitidos en y excluidos de este acceso, y los recursos y estrategias que pueden

usarse para tener acceso." (Cansino, César: p. 13).

En nuestro país, el establecimiento del régimen político, cruzó por luchas internas,

por la querella del poder por facciones, que trajeron como consecuencia que no se

estableciera un proyecto de país y un orden político que garantizara la

gobernabilidad, de tal forma que el resultado fue la inestabilidad política y la

incapacidad económica reflejándose en la mayor parte del siglo XIX.

Procedente de esta situación de inestabilidad política fue que se buscó establecer

normas que regularán el arribo al poder, evitando la desintegración y división del

país, considerando de tal forma que los elementos fundamentales del régimen

político mexicano que proporcionaron respuesta a esta problemática de falta de

conducción del país, fueron el partido hegemónico y el presidencialismo.

Estas características del régimen político se ahondaron en las instituciones

políticas, debido a que "las instituciones son las normas del juego en una sociedad

o, más formalmente, son la limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la

interacción humana. Por consiguiente estructuran incentivos en el intercambio

humano, sea político, social o económico." (North, Douglass: p. 13).

Las instituciones forman la estructura del poder político, que selecciona a la clase

dirigente y asigna a los diversos actores en la lucha política su papel, y también

son normas y procedimientos que regulan el comportamiento político en relación a

la competencia por el poder y el ejercicio del mismo.

En ese sentido, las instituciones políticas como el partido hegemónico y el

presidencialismo brotadas después del movimiento revolucionario, se convirtieron

en el origen más importante de estabilidad para el régimen político, porque

establecieron un conjunto de reglas, tradiciones y costumbres que eliminaron la


L

lucha violenta por el poder y facilitaron la estabilidad al ser los puntos de partida a

partir de los cuales los actores políticos y sociales decidían su comportamiento.

1.2.2. Régimen Posrevolucionario

El régimen posrevolucionario brotó como resultado de una política revolucionaria

que reemplazó a la política porfirista que respondía a un tipo de sociedad

tradicional y conservadora, formada por un pequeño sector de latifundistas que

concentraba grandes extensiones de tierra.

Este contexto de desigualdad social, de división interna por la cantidad de fuerzas

políticas que existía en el país, de desintegración política, generó que el régimen

dictatorial de Díaz fuera derrocado por las fuerzas sociales internas, apuntaladas

por sectores militares y políticos, las cuales buscaban modificar las condiciones de

un gobierno de más de treinta años.

El transcurso de consolidación de la "revolución descansa en dos grandes áreas,

la reforma militar y la política. En estas se finca la formación del poder político del

estado mexicano que nace de la revolución" (López, Villafañe Víctor: p. 25).

En ese sentido, la revolución permitió el establecimiento de instituciones que

buscaban resolver las demandas de la sociedad, pero al mismo tiempo instauró un

nuevo régimen basado en el presidencialismo.

"La revolución a su vez, venía a escribir la página final de la integración de la

nación al agregar a la independencia política (movimiento de Independencia) y a

la consolidación ideológica (Reforma y Constitución de 1857), la emancipación

económica" (Aguilar, Camín Héctor: p. 191).


LI

Las particulares principales del régimen político durante la etapa posrevolucionaria

fueron: (Rodríguez, Araujo Octavio: p. 85).

a) Intervencionismo estatal (no sólo en la economía).

b) Crecimiento constante de la administración pública (más allá de las

necesidades del gobierno).

c) Dominio absoluto del poder ejecutivo (presidencialismo con facultades

incluso metaconstitucionales).

d) Centralismo político a costa de las libertades de los municipios y del

federalismo contemplado en la constitución.

e) Corporativismo como forma fundamental de la organización de la sociedad

y de la relación con el poder central.

f) Libertades acotadas, tales como las de expresión, asociación, de prensa,

de manifestación.

g) Ausencia de respeto a los derechos humanos.

h) Existencia de corrupción en los diferentes niveles de gobierno y en la

administración Pública.

i) Elecciones fraudulentas y manipuladas en la representación política.

j) Política clientelar del partido oficial hacia los ciudadanos.


LII

Estas características, reflejan algunos aspectos del régimen posrevolucionario que

le impidieron establecer un régimen democrático, ya que durante ese lapso el país

contó con un crecimiento económico alto, permitiendo incrementar el sector de la

clase media y achicar el atraso social, pero limitó la participación de los diferentes

actores políticos y sociales en las decisiones del gobierno.

Sin en cambio, "puesto que el presidente de México tiene un poder enorme, es

inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente, o sea que resulta fatal

que la persona del Presidente le dé a su gobierno su sello propio, hasta

inconfundible. Es decir, que el temperamento, el carácter, las simpatías y las

diferencias, la educación y la experiencia personales influirán de modo claro en

toda su vida pública y, por lo tanto, en sus actos de gobierno" (Cosío, Villegas

Daniel: p. 8).

Por lo que, los gobiernos emanados de la revolución estuvieron marcados por los

acontecimientos que prevalecieron en esos instantes y cada uno tuvo sus propias

características y peculiaridades, en gran medida como consecuencia de la propia

realidad política, social y económica que generó los límites o restricciones a las

acciones del gobierno y también por el modo personal y no institucional de

gobierno que se fue acentuando por el presidencialismo mexicano.

La revolución mexicana instituyó las bases del régimen autoritario en México, al

tiempo que consolidaba el poder presidencial, al permitir que la clase política se

aglutinara en un partido político que fue el eje del sistema político junto con el

presidente. De esta forma se le dio respuesta al problema de la lucha por el poder

político, al mismo tiempo que se industrializaba el país, lo cual consolidó el Estado

nacional consintiendo que la creación de infraestructura económica y social fueran

la base para el establecimiento de instituciones sólidas.


LIII

La incertidumbre política emanada de la dispersión de fuerzas políticas, de

caciques militares, de la división que coexistía en el país al término de la

revolución, provocó una gran inestabilidad política que terminó en la creación de

un partido que conjuntara los intereses de los distintos actores políticos y finalizara

con las disputas violentas por el poder; de tal suerte que se dio inicio a la

formación de una clase política que intervino de manera clara en la conducción del

destinos de la nación.

1.3 Lo Hegemónico de un Partido Político

El caudillo como figura política que encontró su legitimidad en el carisma, la

personalidad, la confianza del pueblo hacia esta forma de hacer política, tuvo

efectos eminentes en la historia de México, puesto que los caudillos fueron los que

instituyeron las nuevas reglas de la competencia política, al dejar de lado la lucha

política a través de las armas y revueltas por una negociación pacífica que

requería de una institución política capaz de dar cauce a estos cambios.

El organismo que mantuvo la estabilidad política al término de la revolución de

1910, fue el Partido Nacional Revolucionario, teniendo su origen en 1929 como

aparato para resolver las luchas políticas, agrupar en una organización a la clase

política y garantizar la estabilidad política, beneficiando de esta manera el

crecimiento económico.

"Una de las misiones del PNR en 1929 consistió en clausurar el caudillismo -

elemento anticuado y dique para la modernización del estado y la nueva política- y

con ello acabar con los partidos caudillistas." (López Villafañe Víctor: p. 157).


LIV

En ese margen de ideas, el PNR se convirtió en la organización política que

permitió establecer instituciones, al agrupar a todas las fuerzas políticas y militares

en una sola forma para resolver las diferencias y conflictos.

De forma que "el nombre mismo fue acertado, pues los calificativos de nacional y

revolucionario mostraban sus principales aspiraciones. Era, en primer lugar, una

organización nacional, o sea algo más que una añadidura de pequeñas unidades

políticas aisladas... el partido se llamaba simplemente revolucionario. Esto quería

decir que su programa era más amplio o más completo, o sea más idóneo para

seguir un curso medio y cambiante, según lo dictarán las circunstancias." (Cosío,

Villegas Daniel: p. 48-49).

En el gobierno de Lázaro Cárdenas el PNR pasó a ser el Partido de la Revolución

Mexicana, (PRM) "surgido como una coalición de sectores:

• El sector campesino, representado primero por las ligas de comunidades

agrarias y por la CCM y, tras la disolución de ésta, por la CNC;

• el sector obrero, constituido por la CTM, la CROM y la CGT y los dos grandes

sindicatos de industria afiliados a las centrales: el minero y el electricista;

• el sector popular, que se identificó de inmediato con la burocracia y

• el sector militar, donde quedaron contenidos de hecho, todos los miembros de

las fuerzas armadas (Cosío, Villegas Daniel: p. 48-49).

Sin en cambio, el PRM como tal dejó de existir en 1946, pero en su metamorfosis

dejo a un lado el nombre y los programas que lo ligaban con la época cardenista

para convertirse en el actual Partido Revolucionario Institucional (PRI),

otorgándole a la institucionalización de la revolución una característica esencial.


LV

El partido "ha sido, en primer lugar, un instrumento reclutador de una buena parte

de los cuadros políticos primarios; en segundo lugar, un instrumento de control de

las organizaciones de masas; en tercer lugar, un gran aparato de gestoría del

bienestar y las demandas sociales; finalmente, la maquinaria de legitimación

electoral." (Labastída, Martín del Campo: México y América Latina, p. 175).

El partido oficial instituyó un régimen autoritario apoyado en el presidente como

figura que encabezaba a la clase política, ejercitaba el liderazgo político e imponía

su estilo personal de gobernar durante seis años, fueron la constante de gran

parte del siglo XX en México.

En ese marco, "la nación de sistema de partido hegemónico es de Giovanni

Sartori, quien concretamente menciona que México es un sistema de partido

hegemónico pragmático en el que la falta de competencia se articulaba a través

del pragmatismo que la élite oficial demostraba en el instante de concretar la

dinámica política y su relación con el medio" (Aguilar, Camín Héctor: p. 175).

De esta forma, el PRI se convirtió en hegemónico al contar el control absoluto del

congreso, por medio de la mayoría absoluta en las cámaras tanto del senado

como la de diputados, debido a que los políticos emanaban de esa institución y no

existían partidos de oposición que contrarrestaran el efecto de contar con el apoyo

presidencial y gubernamental.

En tal forma, las funciones importantes del partido oficial fueron: "sujetar el

desgajamiento del grupo revolucionario; instaurar un sistema civilizado de dirimir

las luchas por el poder y dar un alcance nacional a la acción político-administrativa

para conseguir las metas de la revolución mexicana" (Cosío, Villegas Daniel: p.

35).


LVI

No obstante, esta concentración de las fuerzas políticas en un partido político

restringió las posibilidades de la competencia política y de la democratización de la

vida política, en medida que concentró todas las formas de hacer política y excluyó

a los diferentes sectores que no procesaban el mismo objetivo.

1.4. Presidencialismo

El presidencialismo como forma de gobierno sustentada en el poder ejecutivo, se

caracteriza por "si, y sólo si el jefe de Estado (el presidente):

a. Es electo popularmente;

b. no puede ser despedido del cargo por una votación del parlamento o

congreso durante su periodo pre-establecido, y

c. encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa" (Sartori,

Giovanni: p. 99).

De esta forma el presidencialismo asume su legitimidad en las elecciones, sin

embargo carece de mayores acotamientos al proveer al ejecutivo de ser jefe de

Estado y de gobierno, como es la particularidad de México, y la situación política

muestra que tiende a predominar sobre los otros órganos de gobierno.

"El presidencialismo condensa la compleja red de relaciones políticas del estado

mexicano; sirve entre otras cosas como un poderoso eslabón en la unidad de las

fracciones dominantes y surge como el representante ideológico más visible de los

sucesivos proyectos que han conformado en su conjunto el desarrollo capitalista

de la nación." (López, Villafañe Víctor: p. 56).


LVII

En ese cause, el régimen presidencialista valió para acabar con las conspiraciones

del: legislativo, ejército y clero, el partido predominante sirvió para acabar con los

caudillos y sus partidos de membrete, el régimen centralista sirvió para terminar

con los feudos regionales (González, Casanova Pablo: México, p.86). De esta

forma el régimen presidencialista, generó estabilidad política al ser el eje central

de la vida política y social de México.

Esto procedente de la necesidad de establecer un presidente fuerte, que contara

con las bastantes facultades para agrupar a la clase política y que garantizara la

estabilidad del país a través del control de la clase gobernante.

El comienzo del sistema presidencial mexicano, se genera a partir de la

constitución norteamericana de 1787 y la constitución española de 1812, de ello

emanó la concentración de poder en una sola persona, el presidente, y esto

permitió que la lucha por el poder se resolviera por el ejecutivo." (Carpizo, Jorge:

p. 41).

La constitución de 1917 puso el énfasis en la cimentación de un ejecutivo fuerte.

En los constituyentes existió la idea de que la dictadura porfiriana encontró poco a

poco su comienzo en el hecho de que la constitución de 1857 hubiera trazado un

ejecutivo débil, el cual, para poder gobernar, tuvo que irse haciendo del poder

apoderándose de las funciones prerrogativas de los poderes legislativos y

judiciales de los estados de la federación. La decisión del constituyente de 1917

fue otorgar al ejecutivo atribuciones amplias, muy por encima de los tres poderes

constitucionales.

"A esa vertiente constitucional fundadora hay que añadir una histórica: la tradición

paternalista y autoritaria del pasado indígena y colonial de México y en los modos

políticos de los virreyes, un político hábil que debe jugar y negociar con varios

poderes buscando la conciliación de diferentes fuerzas, que actúa al mismo


LVIII

tiempo con una gran discrecionalidad y una gran necesidad de conciliación y

negociación" (Aguilar, Camín Héctor: p. 297).

Un cambio político significativo del siglo XX mexicano se manifiesta a partir de los

años cuarenta, cuando el carisma y la autoridad dejaron de estar colocados en el

caudillo y el cacique y principiaron a estar adscritos al puesto. La

institucionalización presidencial ha sido definitiva en el sentido de otorgar fuerza al

presidente sólo mientras ocupa la silla presidencial. Este es uno de los motivos de

la estabilidad del país y parte las características de la institución presidencial.

1.5. Cambio Político en México.

Posterior a la alternancia, numerosos autores se referían al régimen político

mexicano como: formalmente autoritario, corporativo y federal, cooperativo y

centralista que viabilizó una larga estabilidad y demostró una enorme capacidad

de adaptación, al conseguir contar con el consenso activo y pasivo de la

población. La movilización de la sociedad fue controlada por los aparatos del

Estado. Se diferenció por el control de la vida partidaria y la promoción de

oposiciones leales; presidencialista con diversidad limitada y no plenamente

garantizado; corporativo estatal con elecciones no competitivas y de partido

hegemónico; una apología ideológica totalizadora y originalmente incluyente, que

a pesar del cambio democrático aun no renace del todo: el llamado nacionalismo

revolucionario, ideal emanado de la Revolución de 1910. (Aguilar, Camín Héctor:

pp. 25-26).


LIX

1.5.1 La Construcción, Fortalecimiento y Auge del Presidente y el Partido

Mientras, que en un régimen presidencial se tienen acotadas constitucionalmente

las facultades del Ejecutivo con apego estricto a las instituciones; el

presidencialismo es visto como el exceso en el desarrollo de la función

presidencial. Se define por el debilitamiento de los demás poderes,

particularmente el legislativo y una concentración enorme de atribuciones en

manos de una sola persona: el Presidente de la República. Una evidente

supremacía de los intereses presidenciales sobre la clase política (Gaetano

Mosca: México 1995, p 106) y una presencia permanente del Estado en lo

económico, social y político. Estas características no son únicas de México, son

muy frecuentes en la mayoría de los gobiernos, aún en los organismos

internacionales. Las posibilidades de cambio y progreso por los cauces legales

están representadas por el presidente, disminuirle influencia cuando no hay nada

que lo supla, acumularía beneficios no para el pueblo en general, sino para los

particulares y grupos con mayor capacidad de poder.

De la gran preocupación en cuanto a la organización del gobierno, era cómo

implementar un Ejecutivo fuerte ante la peligrosa cercanía con los Estados Unidos

de Norteamérica, los riesgos de desintegración del territorio, las tareas de

reorganización social y económica que le aplicaba la Revolución de 1910 y el

papel que desempeñaría en la vida política del país. Un Estado regulador de los

conflictos, promotor del desarrollo y el bienestar social en una economía débiles.

Un poder político que mantuviera los equilibrios de la Federación, apoyara la

identidad cultural y pudiera disminuir las diferencias sociales, sosteniendo una

posición soberana hacia el exterior.

La Constitución de 1857, le otorgo demasiado poder al Congreso, inmovilizando al

presidente. Desde el siglo XIX, se hizo eminente la necesidad de un Poder


LX

Ejecutivo que pudiera conducir en lo político y económico un país altamente

fragmentado por conflictos internos. El benemérito Benito Juárez, recurrió al uso

de facultades extraordinarias y Porfirio Díaz, gobernó dejando a un lado la

legalidad constitucional (Emilio Rabasa: México 1968, pp. 246).

La base de poder presidencial formal e informal en México, se encuentra en la

Constitución de 1917 que dio origen ¿presidencialismo constitucional? Esclarece

la voluntad del pueblo para constituirse en una república representativa,

democrática y federal, en la que el interés total del pueblo debe prevalecer sobre

el particular. La forma de gobierno tiene como base el principio de división de

poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El acceso a la Presidencia y al

Legislativo se daba bajo un principio monárquico, en el sentido de poder

unipersonal, que al mismo tiempo, necesitaba una forma republicana para

mantenerse a través de elecciones periódicas validadas por la sociedad.

El proceso de institucionalización inicia con Plutarco Elías Calles, quien conllevo

políticamente la crisis sucesoria en 1929 y creó el Partido Nacional Revolucionario

(PNR) -que en sus diversas etapas: Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y

Revolucionario Institucional (PRI)- sentó los cimientos del sistema político. Con el

fin de sojuzgar las posibilidades de rebelión militar y división política, aglutinó a

todas las fuerzas revolucionarias entonces dispersas (la lucha electoral en lugar

de la disputa armada), instituyéndose el denominado maximato caracterizado por

la influencia real ejercida sobre las autoridades formales de la federación. La figura

del caudillo dominó el terreno político hasta 1934, cuando fue eliminada con su

salida al extranjero. Lázaro Cárdenas (1934-1940), finiquito la posibilidad de que

surgieran otros al margen del poder constituido. El presidencialismo mexicano

fundado en un sistema de gobierno paternalista y autoritario derivado del

caudillismo, se convirtió en uno basado en el cargo institucional del Presidente de

la República.


LXI

Durante este lapso de tiempo, se organizaron las reformas sociales desprendidas

del movimiento revolucionario: el reparto agrario, y contra la presión externa, la

nacionalización del petróleo que no sólo fue un factor económico, dado que las

compañías petroleras extranjeras intervenían constantemente en la política

interna. La organización de los sindicatos oficiales y las relaciones laborales,

conllevaron a una alianza histórica con los obreros que derivaría en un pacto

corporativo. El programa cardenista halló en la política de masas vinculada al

aparato corporatista, su principal apoyo y eje articulador, al enunciar un

compromiso ineludible con las demandas populares. Cárdenas fortaleció en el

partido los apoyos sociales del régimen, logrando consolidar la autonomía

presidencial. (Arnaldo Córdova: México 1974, p. 219).

"En una primera parte, este sistema aparece como alianza institucionalizada de

grupos sociales organizados como poderes de hecho; en segundo lugar, el

presidente ha sido promovido constitucionalmente con poderes extraordinarios

fijos; en tercer lugar, el presidente florece como el árbitro supremo a cuya

representatividad todos los grupos someten sus discrepancias y por cuyo

conducto legitiman sus intereses; en cuarto lugar, se conserva y se incita en las

masas el culto, no sólo a la envestidura presidencial, sino al poder presidencial; en

quinto lugar, se manejan formas tradicionales de relación personal, el

compadrazgo y el servilismo, como formas de dependencia y control del personal

político al servicio del presidente y de la administración que encabeza... El

presidente ha dejado de ser una persona para convertirse en una institución. La

asociación y los conflictos de las masas se han institucionalizado..." (Arnaldo

Córdova: México 1979, p 57).

El Poder Ejecutivo es autónomo, unitario y unipersonal. Constitucionalmente, su

ejercicio se deposita en la persona reconocida como "Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos" (artículo 80 al 89), es electo democráticamente por sufragio

universal, libre, directo y secreto para cubrir un periodo de seis años sin


LXII

posibilidad de reelección. La autoridad del gobierno al interior y del Estado al

exterior permanece en el Ejecutivo Federal, a quien le corresponde la aplicación o

ejecución de las leyes y la administración pública federal en su conjunto. Es al

mismo tiempo, jefe de Estado y de gobierno; comandante supremo de las fuerzas

armadas y responsable de la política exterior. Tiene facultades no sólo jurídicas,

sino también de orden político, militar y administrativo en materia de seguridad

social, laboral, educativa, agraria, minera, petrolera, de electrificación, política

monetaria, financiera y bancaria, culto religioso, de veto, entre otras.

Recalcaron las denominadas facultades meta o extra-constitucionales (Jorge

Carpizo McGregor: México 2003) que hasta hace poco detentaba el presidente:

ser jefe del partido -el PRI- y en su momento de la masonería, la cual ejerció un

papel predominante en la política; de los sectores obrero, popular y campesino; la

posibilidad de designar a su sucesor por medio del partido; el nombramiento de

gobernadores, senadores, la mayoría de los diputados y de los principales

presidentes municipales. La decisión presidencial ignoraba las instancias

electorales formales, pero consentía una salida aceptable para las partes en

conflicto. Era -y aún lo es, en cierta medida- el árbitro principal y el que dirimía los

litigios entre la clase política y el ámbito privado y social, lo que le daba un

carácter integrador, y le permitía mantener la armonía y el orden.

Las facultades meta constitucionales no estribaban de su voluntad exclusiva, sino

de la obediencia del conjunto de dirigentes y líderes, así como del manejo político.

Los sectores obrero, agrario y popular tenían cuotas de representación en las

listas de candidatos al Congreso y gubernaturas, a cambio de su lealtad. Por

décadas, el contacto entre el gobierno y los diversos grupos se dio por medio de la

estructura clientelar y corporativa. Las disposiciones constitucionales y el propio

ejercicio político, instauraron y consolidaron un presidencialismo fuerte que se

legitimaba electoralmente a través del régimen y de un partido que lidero la lucha

por el poder, anulando y restringiendo el desarrollo opositor, y fue capaz de


LXIII

garantizar su permanencia y monopolizar durante setenta años la dirección

política, administrativa, económica y social del país. Siendo uno de sus principales

méritos, haber garantizado una relativa estabilidad y paz social.

Pese a todo lo señalado anteriormente, no se puede argumentar bajo ningún

concepto que el poder presidencial goce de una capacidad absoluta que le permita

operar al límite de todo, en la medida que se ha visto obligado a negociar todas las

políticas gubernamentales. El presidente no puede tomar arbitrariamente una

decisión por sí solo, por lo que muchas veces no consigue lo que quiere. Sin

desdeñar su influencia, la realidad es que realiza una función más bien secundaria

en lo referente a las decisiones políticas y económicas. Aunque ejerce una

hegemonía real sobre los otros dos poderes, se tiene que amoldar a las

condiciones demarcadas por los diferentes grupos dominantes tanto internos

como externos, mediante consultas que tienden a ser más privadas que públicas.

A lo largo de su existencia, no ha estado fuera de presiones de diversa índole y

magnitud por parte: a) de las clases populares en contra de la austeridad

económica; b) de los sectores medios por más representación y c) de las élites de

negocios, e indirectamente, de los acreedores internacionales por más

intervención en política.

Carlos Salinas De Gortari, desarticula la mayor ilusión pública del México

moderno: que en la política existe un jefe todopoderoso, el Señor Presidente. La

realidad es que puede ser el mandamás máximo, el individuo más poderoso del

país o puede ser que no; depende de lo que está en peligro. Pero probablemente

nunca ha podido ni contra otros dos de los muy fuertes, si juntos se le oponen.

Puede mandar como quiera, pero tiene que negociar día y noche para que sus

órdenes sean realizadas, y aun así, a menudo corren el riesgo de caer en un

vacío, todo es lucha. La intriga, el cálculo privado de fuerzas, antes que el debate

público. Los pactos son secretos y tenues. La verdadera lucha política no era la

que se daba entre el gobierno priísta y la oposición, sino la que tenía lugar dentro


LXIV

del gobierno mismo. Reconoció el doble de lo que llama la nomenclatura

mexicana, al catalogarla como los grupos del nacionalismo arcaico que durante

años se beneficiaron de la economía dirigida, de las elecciones controladas y del

sistema clientelar de los programas sociales. Un grupo compacto de

administradores altamente calificados, sin ideología específica y con una lealtad a

toda prueba. (Carlos Salinas de Gortari: Barcelona 2000, pp. 1393).

Cabe destacar, que en este periodo se dio un crecimiento económico sin paralelo

en todo el siglo XX. De ahí, que el régimen hubiera podido funcionar sin

descalabros importantes que afectaran su permanencia.

1.6. Formación de la Diversidad Política

Múltiples estudios y análisis han subrayado la liberalización política desarrollada

en México, singularmente desde finales de los setenta. Desde finales de la década

de los ochentas, el tema de la transición a la democracia, se cristalizo en uno de

los más controvertidos del debate político. El grupo de los que la aceptan, aún no

han logrado ponerse de acuerdo sobre el punto de salida y llegada: Para algunos,

inició en 1968, 1977, 1988, 1996, otros la ubican en el 2000. Se ha llegado a

argumentar que hemos atravesado por varias transiciones, o bien que nos

encontramos en una etapa previa, pero no se precisan sus características. Para

otros, basta la existencia de un sistema de partidos competitivo o la imposición de

límites a las facultades meta constitucionales del Presidente. Hay dos posiciones

contrapuestas: los que piensan que aún no se inaugura y los que suponen que

con la sola alternancia, ya hemos llegado a un régimen plenamente democrático.

En esta idea se encuentra José Woldenberg, para quien la transición termino en

1997. Las elecciones de 2000, se realizaron en un seno democrático: el gobierno

que pierde reconoce al ganador, un Congreso sin mayoría de ningún partido, los


LXV

medios de comunicación hicieron una cobertura amplia y extensa de esa jornada y

todo se dio de manera pacífica. No es la arcadia, no es el paraíso, sino un

régimen democrático donde la pluralidad política puede expresarse, crearse,

convivir y competirse de manera institucional, pacífica y ordenada.

Está declaración deja de lado algo muy importante: la equidad en la competencia,

puesta en duda tras escándalos financieros y millonarios gastos de campaña de

los dos principales partidos (PRI y PAN), sin contar con que se reduce a un

enfoque puramente procedimental. (Del Collado Fernando: 2002, p 7).

Dentro del largo tiempo de dominio y gobierno del PRI, se desarrollaron las

condiciones de la competencia, la pluralidad y la alternancia. Uno de los

detonantes principales que impulsaron la serie de reformas que terminaron por

concretar el cambio en el 2000, fue el movimiento estudiantil de 1968 que resume

el reclamo de los diversos sectores contra el hegemonismo y por mayores

garantías para la participación y el disenso. La represión puso en evidencia el

autoritarismo del sistema, y marcó el ascenso gradual de muy diversas formas de

protesta y lucha en distintos espacios, además a nivel de guerrilla urbana y rural,

que en conjunto, expresaron el agotamiento de un modelo incapaz de dar cabida a

una diversidad que no quería ni podía reconocerse en el llamado partido casi

único. Los movimientos estudiantiles de diversas universidades de provincia, la

insurgencia sindical, las agrupaciones guerrilleras, la reagrupación en el campo, la

aparición de revistas y nuevas organizaciones, colocaron al sistema a una mayor

apertura y democratización de las estructuras políticas.

Los movimientos de izquierda -desde los estudiantes del 68 y del 71, incluyendo el

neocardenismo y el neozapatismo, así como, el centro y la derecha democrática -

el navismo de San Luis Potosí, el panismo de Chihuahua, el neopanismo y el

foxismo-, apoyaron en conjunto la salida del PRI (César Cansino: pp 7-41).


LXVI

El golpe de la crisis económica, que fue más notorio en las zonas urbanas y en las

clases medias: caída del nivel de vida, surgimiento de colonias populares, falta de

servicios y atención social, etc., inició un sostenido debate acerca de las

deficiencias y contradicciones del desarrollo y el mito de la Revolución que

abanderaba el logro notorio de justicia socioeconómica y política.

La Revolución en su momento, aquietó a los militares como no lo hizo ninguna

sociedad latinoamericana y aunque abandonó muchos de sus postulados entre los

que sobresale su aspecto democrático, sostuvo otros como la no relección que

impuso límites a los gobernantes. Los preceptos revolucionarios de justicia social

y nacionalismo, han vuelto a cobrar vigencia frente al fracaso neoliberal y la

globalización. (Friedrich Katz: 2002).

La atención se focalizó en la falta de oportunidades de empleo, el arribo limitado a

los puestos públicos, la progresiva desigualdad y contracción del ingreso, el

estancamiento de la producción agrícola, una alta tasa de migración rural-urbana,

e incapacidad del sistema educativo para cubrir una clase media urbana en

expansión (la mayor parte de estos dilemas no son inéditos, aún subsisten).

La liberalización realizada a finales de los 70s, confirma un primer nivel de

deterioro: fracturas en el pacto corporativo; crisis de legitimidad evidenciada por el

aumento del abstencionismo ante elecciones sin opciones ni oposiciones reales

(1976, el único candidato presidencial fue el del PRI) y peligro de

desestabilización por las movilizaciones sociales. La hábil intervención

gubernamental para conjurar tales circunstancias, descubrió la existencia de un

mayor nivel de institucionalización.

En un marco como el mexicano, en el cual el presidente juega una función

fundamental, éste bien puede ser un elemento de democratización, o un

obstáculo. Su enorme legitimación coadyuvaba a que tendría una gran capacidad


LXVII

para dirigir el proceso, aunque al unísono, implicará su eventual reducción. En

gran medida, define las principales limitaciones y alcances de la reforma política.

(Proceso: núm. 617, 29 de agosto de 1988, pp 14-17). Sin soslayar los

contrapesos (empresariales, sindicales, militares y regionales) existentes al interior

del régimen, cuya influencia empezó a hacerse manifiesto con Luis Echeverría

Álvarez (1970-1976), quien con un nuevo discurso populista y conciliador, buscó

integrar a la vida económica y política a las clases medias y a los sectores

intelectuales. (Woldenberg José: México 2000).

La caída de la eficacia direccional en materia económica, intensificó las fracturas

al interior de la clase política y generó nuevas expresiones de descontento. José

López Portillo (1976-1982), tomó el gobierno en condiciones críticas, no sólo en lo

económico y social, sino principalmente en lo político. En 1977, trazó una reforma

administrativa y política que formalmente abrió la posibilidad de mayores

transformaciones al promover la participación conjunta del gobierno, los

empresarios y las organizaciones de los trabajadores en la formación de las

políticas, haciéndose patente el restablecimiento de las alianzas tradicionales bajo

su mando. Se trataba de reunificar a la coalición dominante y neutralizar

institucionalmente el impacto de la movilización social. A finales del sexenio, las

tentativas gubernamentales terminaron por explotar con la nacionalización de la

banca en septiembre de 1982. Políticamente, esta medida conto con dos efectos:

nuevas fricciones con la burguesía financiera y reconquista temporal de algunos

sectores populares, al destacarse -en apariencia- el carácter nacionalista, popular

y revolucionario del Estado (Cansino César: pp 7-41).

La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) de

1977, instauró un marco más propicio para la paulatina democratización de las

relaciones políticas, al iniciare nuevas oportunidades para la competición y la

representación en la palestra electoral y legislativa. Aumentó el número y

diversidad ideológica de los partidos oficialmente inscritos, y de fuerzas hasta


LXVIII

entonces cooptados de los canales de expresión, regulando su acceso a los

medios de comunicación. Anteriormente de 1977, el sistema de partidos era

excluyente, vetaba la participación institucional de casi todas las izquierdas, y la

de formaciones regionales y candidaturas independientes. Contemplaba

solamente a cuatro: el Partido Acción Nacional (PAN), el Auténtico de la

Revolución Mexicana (PARM), el Revolucionario Institucional (PRI) y el Popular

Socialista (PPS). El PARM y el PPS, recurrían sistemáticamente a la alianza con

el partido hegemónico. Si bien, se alzaron las restricciones al Partido Comunista

Mexicano (PCM), se siguió proscribiendo al resto. También en el ámbito local, se

percibió un incremento en el número de alternativas políticas. El 70% de los

comicios municipales, no tenían opción. En esa proporción de ayuntamientos,

solamente el PRI presentaba candidatos. Los nuevos partidos: el Partido

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Socialdemócrata, el Demócrata

Mexicano (PDM), el PST y el PCM, y a finales de 1981; con la convergencia del

PCM, el Partido del Pueblo Mexicano, el Socialista Revolucionario, el Movimiento

de Acción y Unidad Socialista y el Acción Popular, se fundaría el Partido Socialista

Unificado de México (PSUM) (Leonardo Valdéz Zurita v Mina Pickarewiez Sigal:

México 1990, p 57)

La reforma política de 1977, pretendió contrarrestar la ausencia de reglas claras y

normar la "clandestinidad" en que actuaba la oposición. Su contenido fue bastante

innovador, en una época en la que el predominio priísta era indiscutible. Fue

pensada para fortalecer el sistema de gobierno y controlar a la oposición; tenía la

virtud de regular la confrontación. En suma, fueron tres las modificaciones legales

más importantes:

1) Se declaró a los partidos políticos, entidades de interés público;

2) Se agregó la figura de registro condicionado que abrió la competencia a las

más significativas fuerzas de la izquierda hasta esos momentos


LXIX

marginadas, como el PCM, aceptando la vía electoral para promover el

cambio y de esa manera, evitar que fuera un semillero de guerrilleros; fijó

como requisito mínimo el 1.5% de la votación nacional emitida para que un

partido obtuviera su registro definitivo; y

3) Se finiquitó la apertura a la pluralidad política en el Congreso, al dar lugares

a diputados de representación proporcional, institucionalizando y al mismo

tiempo dividió, el sistema de partidos en varios mini-partidos que en no

pocas ocasiones, se alinearon para apoyar a los candidatos oficiales a

cambio de algún escaño en la Cámara de Diputados, que aumentó a 400 el

número de sus integrantes: 300 de mayoría y 100 de representación.

También manipulo los preceptos que regían las elecciones. Por primera vez, se

regularon aspectos concernidos con: el concepto, naturaleza, prerrogativas,

financiamiento y funciones, y con mínimo éxito, el recurso de reclamación, que

involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal reforma tuvo sin

embargo, un carácter todavía limitado y restrictivo. No trastornaba el desequilibrio

real entre los poderes; proseguí concediendo amplias ventajas al gobierno y al PRI

en los colegios electorales dictaminadores, garantizándole la mayoría en el

Legislativo. Predominaron muchas de las prácticas clientelistas de promoción del

voto y con frecuencia fueron impugnados fraudes, por parte de la oposición. La

liberalización política (1977-1984) fue plenamente funcional a los objetivos del

régimen: otorgo espacios a la oposición y reforzó la legitimidad de las

instituciones, sin ponerlo en mayores aprietos, ni afectar la hegemonía del partido.

Su trascendencia radica en que tuvo un efecto desencadenante, ya que puso en

marcha reformas posteriores dirigidas principalmente a los órganos electorales

(Cansino César: México, pp. 7-41).

Para recobrar la confianza de los sectores financieros y ante las presiones de los

acreedores internacionales, el en el sexenio de Miguel De La Madrid Hurtado


LXX

(1982-1988) instrumento una política de corte neoliberal -vigente hasta la fecha-,

basada en abrir la puerta al comercial, el fomento del mercado, la reprivatización

de la economía y en la renegociación con la banca privada internacional para el

pago de la deuda externa, lo que significó mayor austeridad y agravamiento de las

condiciones de vida de cada vez más amplios sectores de la población. No pudo

revertir la crisis económica, cuyo punto de inflexión se había manifestado con la

caída de los precios del petróleo y el aumento creciente de las tasas de interés.

La reforma de 1986 que dio nacimiento al Código Federal Electoral, tampoco

representó un gran avance, por la desproporcionada sobrerrepresentación del PRI

en los órganos electorales. Las elecciones habían confirmado las pocas

posibilidades de la oposición de afirmarse en condiciones igualitarias, aunque

alentaron un ligero crecimiento de la participación ciudadana y la motivaron a

afinar sus formas de organización social en busca de apoyos. La funcionalidad del

proceso de liberalización, comenzó a deteriorarse y a operar negativamente entre

1985 y 1988 (años de rebeliones electorales). Los comicios para gobernador en

algunos estados, especialmente del norte, expusieron el bajo nivel de legitimidad

del PRI, y el endurecimiento o cerrazón del gobierno ante reclamos de triunfos

provenientes de la oposición, como en Chihuahua (1986) donde se suscitaron

conflictos y movilizaciones -particularmente del PAN- contra las prácticas

fraudulentas, y por el desconocimiento de su triunfo.

Hasta mediados de los 80, los candidatos priístas eran firmes vencedores en las

contiendas electorales que sólo aparentaban estas para cumplir con las

formalidades propias de un régimen democrático al permitir la celebración

ininterrumpida de elecciones, manteniéndose la lealtad al Ejecutivo. Para

garantizarlo, el sistema recurrió a todo tipo de recursos, desde utilizar toda la

maquinaria electoral legal, hasta la realización de fraudes encubiertos o

declarados. Durante mucho tiempo la hegemonía de un partido y la no

competitividad, fueron el signo distintivo. La fuerza presidencial, quedó cada vez


LXXI

más asociada a la disciplina vertical de la burocracia política. Mientras que la del

partido, derivaba de ser el principal promotor de reclutamiento de cargos a través

del cual, el presidente determinaba la subida de los políticos y administradores del

Estado, alcanzando un gran predominio social y económico. El Congreso era

controlado por la mayoría priista; así como el territorio (gobiernos estatales y

presidencias municipales). Frente a la no reelección, la sucesión presidencial se

identificó como una medida personal del presidente saliente. Pese a estar rodeada

por un cabildeo entre los principales grupos políticos y de presión.

En 1988, se sintió por primera vez el cambio político por el camino democrático, al

menos como una posibilidad, al ponerse en jaque al sistema. En cierta forma, las

características que asumió la oposición, tienen su inicio en las propias fracturas

internas del régimen. El recalcitrante autoritarismo y la verticalidad en la toma de

decisiones, se cristalizaron en los principales detonantes que condujeron a

miembros connotados del propio PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y

Porfirio Muñoz Ledo a formar -frente a las elecciones federales de ese año- una

Corriente Democrática para promover la democratización del partido y demandar

un proceso abierto para la elección del candidato presidencial. En una actitud de

franca rebeldía, pretendieron acabar con una de las normas no escritas del

sistema: la facultad discrecional del presidente para designar a su sucesor. Sin

embargo, las viejas prácticas e inercias subsistieron, impidiendo democratizar los

procedimientos. En esa ocasión, se instrumentó una pasarela con seis

distinguidos priístas que presentaron sus propuestas en varios foros, pero de

antemano se sabía quién sería el electo. La imposición del favorito del Presidente,

le causó al PRI una separación significativa (aunque en determinados casos debe

hablarse de expulsión) y un importante declive electoral.

Se trazaron tres grandes fuerzas: 1) el PRI, 2) el neocardenismo, representado

por la alianza del Frente Democrático Nacional (FDN) con partidos de diversas

orientaciones de izquierda, movimientos sociales, sectores medios y populares,


LXXII

representantes políticos antes vinculados al PRI, una buena parte del gremialismo

independiente e incluso oficial, algunas fracciones del sector público, y de manera

difusa, el ejército. Cárdenas, proclamó el recobro del proyecto social original de la

Revolución Mexicana, cuestionando el tipo de políticas impopulares

implementadas, y 3) el PAN (neopanismo), que aumento sus recursos gracias al

apoyo de su militancia y de importantes representantes del sector empresarial, sin

desconocer el claramente expresado por una parte del clero católico.

Las elecciones de 1988 fueron las más discutidas de la historia reciente, por las

incontables irregularidades de las que estuvieron envueltas, y en las que todo el

aparato de Estado se dio a la tarea de lograr -a cualquier precio- pasando por

arriba de la legalidad, el triunfo del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. El

descrédito en las instituciones electorales, ocasionado por la manipulación de los

resultados causó a que amplios sectores se manifestaran a favor de renovar

radicalmente las condiciones del juego y a establecer reglas más equitativas que

concedieran de confianza, credibilidad y transparencia a la organización electoral

en su conjunto.

La ausencia de un reglamento que equilibrara la participación y la competencia

electoral, la acumulación de errores en materia política y económica (una

modernización acelerada, como consecuencia de las transformaciones sucedidas

en el mundo), la indudable inequidad y la crisis fiscal de los últimos gobiernos

priístas, así como la necedad y el autoritarismo de la estructuras que

obstaculizaban la expresión de las inconformidades, terminaron por desencadenar

la presión política y social. La movilización de la sociedad y el reforzamiento de la

cultura política, trajeron consigo un proceso de liberalización sin precedentes. En

un inicio, impulsado y dirigido por el propio gobierno con el propósito de

fragmentar a la oposición y legitimar su ejercicio al impulsar una aparente

democratización, trajo consigo mismo un reparto más plural en todos los órdenes


LXXIII

de gobierno: municipal (Chihuahua, 1986), local (Baja California, 1989) y federal

(el Congreso, 1997 y la Presidencia de la República, 2000).

La modernización finalizo por desbordar y desgastar los fundamentos ideológicos

del llamado nacionalismo revolucionario y el anquilosado régimen político priísta

formado por el Presidente y el partido. Para hacer frente al reclamo ciudadano por

el respeto al sufragio, ante el abierto manejo de los organismos electorales que

favorecía a la clase política en el poder, las continuadas reformas abordaron

principalmente la cuestión electoral, relegándose una vez más a un segundo

plano, la reestructuración del Estado y del aparato de gobierno.

1.7. Competencia Política

En el sexenio de Carlos Salinas De Gortari (1989-1994) sobrevendría -como uno

de sus principales objetivos, la recuperación del presidencialismo sustentado en el

protagonismo y autoritarismo presidencial. Durante este tiempo, el control

presidencial sobre los aparatos del Estado y la economía, así como su hegemonía

en los medios de comunicación y de formación de la opinión pública no se

contrajo, al contrario, se incrementó. Pese al conflicto entre el gobierno y los

sectores empresariales con la burocracia sindical y priísta, e incluso al interior de

la propia clase política, las polarizaciones se debilitaron, prevaleciendo sin

grandes modificaciones las formas tradicionales de interrelación y alianza en torno

al presidente. El núcleo del proceso de reactivación, radicó en situar la voluntad

personal por arriba de las razones legales, institucionales y técnicas. No implicaba

el uso excesivo o arbitrario del poder estatal, sino la imposición de decisiones con

el apoyo implícito de los aparatos de gobierno contando con un mínimo de

consenso; un mayor margen de maniobra, en virtud de la enorme legitimidad que

le proporcionaban las fuerzas mayoritarias, fortaleciéndose en términos de


LXXIV

liderazgo. De igual manera, se mantuvo la subordinación del PRI como en las

mejores etapas del sistema político (Federico Reyes Heroles: 1991, p. 10.)

La agenda política observó por un lado, la separación del PRI y el gobierno (un

partido electoralmente competitivo y democrático en su interior, y un presidente

que no se comporte como jefe de la clase política y dirigente de ésta), y por el

otro, la reestructuración de los organismos electorales. A diferencia de anteriores

procesos de reforma, éste surgió a iniciativa de los partidos, lo cual no significó

que el Ejecutivo no hubiera intervenido en las negociaciones. El Acuerdo Nacional

para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática contenido en el Plan Nacional de

Desarrollo 1989-1994, propuso perfeccionar los métodos y procedimientos para

mejorar en la transparencia de los comicios. Constitucionalmente, se concibió a la

organización electoral como una función estatal realizada por medio de los

Poderes Ejecutivo y Legislativo con la participación de los partidos políticos y los

ciudadanos.

El artículo 41 constitucional, señala las bases que sostienen al sistema electoral

mexicano. La soberanía del pueblo se encuentra en los poderes de la Unión

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en sus respectivos ámbitos de competencia

(federal y local). Formaliza la creación y participación de los partidos como

entidades de interés público abiertos a la participación ciudadana para acceder a

los puestos de representación, e integrar los órganos del Estado por medio de la

realización periódica de elecciones por voto libre, secreto y directo (Enrique Rojas

Bernal: México 1992, pp 104-106).

La reforma de 1989-1990, cambió sustancialmente el sistema electoral con una

nueva ley -el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

(COFIPE)- y la creación del Instituto Federal Electoral (IFE); un órgano autónomo,

de carácter permanente y con personalidad jurídica y patrimonio propio para

encargarse de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales a fin de


LXXV

delimitar el tradicional dominio gubernamental y partidario en la toma de

decisiones, y de esa manera, garantizar el respeto al voto. A pesar del

consentimiento logrado y los avances alcanzados, una vez más, se buscó retener

el control y centralizar las decisiones; debilitar la disidencia y fortalecer la

autoridad presidencial bajo la apariencia de una reforma democrática.

Paulatinamente, se establecería un elemento importante para ayudar a consolidar

el cambio político y la disminución de los conflictos postelectorales, representó

una prueba palpable de ello.

"La única novedad, estuvo en la incorporación a los órganos electorales de

representantes de la ciudadanía al margen de afiliaciones partidistas, cuya

presencia prometió convertirse en un factor de equilibrio, a pesar de que el

mecanismo para su selección contemplará la participación de instancias

gubernamentales." A finales de 1990, a penas a tan sólo cuatro meses después de

haberse aprobado el COFIPE, el PRI decidió por sí mismo, aumentar las normas

de sobrerrepresentación al partido que lograra la mayoría absoluta por medio de

las diputaciones uninominales, lo que evidentemente representó una

contrarreforma. Las querellas entre los partidos siguieron centrándose en el

aspecto electoral” (Jacqueline Peschard: 1992, p 62-63).

El PRI dejó de contar con las dos terceras partes requeridas para modificar la

Constitución, por lo cual se vio obligado a negociar, especialmente con el PAN,

que se sintió identificado con el proyecto modernizador salmista. Las elecciones

locales permitieron únicamente el avance de la derecha y la reconsolidación del

partido hegemónico después de su debacle electoral en 1988. Al PAN, se le

otorgo un trato preferencial para lograr su apoyo en el Congreso a las

contrarreformas neoliberales, con el reconocimiento de triunfos electorales

legítimos: Baja California y Chihuahua. Y, no tan legítimos, como las denominadas

concertacesiones consistentes en conceder ciertos espacios, como ocurrió en

Guanajuato 1992. Cada espacio que se "concedió" a la oposición con el indulto


LXXVI

presidencial, más que con el respeto a la decisión electiva de la sociedad, se

confrontó con la vieja mecánica de control institucional en los gobiernos estatales

y ahondó la crisis en el PRI.

Una estrategia negociadora muy desigual a la de constante enfrentamiento que

mantuvo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual le impuso una

política de hostigamiento sistemático dirigida tanto a líderes como simpatizantes, y

que tuvo como saldo negativo, cientos de militantes muertos. La democratización

del país se retrasó una vez más, por la alta institucionalización del régimen, al

sucesivo debilitamiento y desarticulación del neocardenismo, y a las dificultades

derivadas de la formación del PRD que optó por proceder combativamente,

radicalizando sus posiciones y cuestionando la legitimidad del presidente. En

consecuencia, las presiones se incrementaron por parte de las clases populares,

los sectores medios y las élites de negocios.

Para recobrar consensos, ampliar y fortalecer sus bases de apoyo, y legitimarse

ante la sociedad, Salinas se vio en la necesidad de impulsar varios cambios para

remontar la fuerte crisis de su gobierno. Entre los que resaltaron -además de los

económicos-, las reformas electorales de 1989-1990 y 1993, 1994 contempladas

en su célebre gran reforma del Estado, donde también se inscribió la del PRI. Sin

desembocarse en una verdadera reforma política, porque no intentó cambiar

ninguna estructura de poder ni fue coincidente en relevancia, amplitud e intensidad

con las económicas, formaron un relativo impulso a la liberalización a través de

políticas económicas y sociales ideológicamente justificadas bajo los principios

doctrinarios del llamado liberalismo social, con un gran éxito entre la población.

Las elecciones federales de 1991, en las que el PRI recuperó la mayoría de

escaños -más del 60%- en la Cámara de Diputados, probaron su momentánea

efectividad.


LXXVII

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se convirtió en el eje

fundamental de la política social, con un gran impacto. Orientado a diluir el

potencial descontento mediante subsidios selectivos y la inserción de la movilidad,

con la coparticipación y el debilitamiento de la izquierda, estableció compromisos

con los movimientos populares. Al interior del PRI, reestructuró las élites

regionales y locales bajo un control centralizado y lo sustituyó en algunas

funciones como la gestión social, creación de bases de apoyo, identificación y

reclutamiento de líderes naturales y la conversión de funcionarios con formación

tecnocrática en políticos socialmente sensibles. Creo un renovado tejido social,

desarrollando una serie de vínculos y compromisos con organizaciones

independientes, radicales y contestatarias, o cercanas a los partidos de oposición,

propiciando un cambio de actitud hacia el Estado. Asimismo, fue un semillero de

candidatos priístas a puestos de elección popular, particularmente de funcionarios

plenamente identificados como parte del círculo íntimo del Presidente. En 1991,

varios delegados fueron candidatos a senadores: Rogelio Montemayor, Manuel

Cavazos, Gustavo Guerrero y Carlos Sobrino por Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y

Yucatán, respectivamente. Montemayor y Cavazos, alcanzaron la gubernatura. En

un primer momento, ciertos dirigentes priístas observaron al PRONASOL con

recelo, como una estructura paralela en franca competencia con la priísta, ante la

posibilidad de que la reforma interna comprendiera la sustitución paulatina de los

directivos seccionales y distritales por líderes naturales surgidos de los comités de

solidaridad. Pese a las dudas, se constató su gran capacidad para aportarles

votos. Todas las campañas tenían como referencia básica la imagen del

presidente y sus obras. (José Paoli Francisco: 1991, pp 7 y 44).

En 1994, excitados por la presión de la rebelión en Chiapas, el PRI, PAN, PARM,

PFCRN y algunos legisladores del PRD que rompen con lo señalado por su

dirigencia, aprueban 29 enmiendas constitucionales y cambios a 252 artículos del

COFIPE de un total de 372. Aunque el diseño resultante provino

fundamentalmente de las propuestas del PRI y el Ejecutivo, se fijaron las bases de


LXXVIII

lo que habría de ser nuestro sistema electoral. Aunque los niveles máximos

siguieron siendo muy altos, se establecieron límites en las contribuciones

individuales y corporativas para las campañas; se aumentó el acceso de los

partidos a los medios de comunicación; se reconoció la función de los

observadores nacionales e internacionales (visitantes extranjeros) en la vigilancia

de las elecciones; se reglamentó la emisión de las nuevas credenciales para votar

con fotografía para reducir la incidencia de fraude a nivel de casilla, y se

autorizaron los conteos rápidos y sondeos de salida.

Es en este tiempo, cuando el dominio presidencial en lo político, económico y

social fue más fuerte. Salinas ejerció una Presidencia renovada con grandes

poderes discrecionales que comenzó a declinar hacia el final de su mandato,

heredando a su sucesor una fuerte crisis política (el conflicto armado en Chiapas,

asesinatos políticos, el recrudecimiento de la impunidad y la corrupción, etc.) y

económica (devaluación, fuga de capitales, inflación, e insolvencia bancaria). Por

su parte, las reformas político-electorales no consiguieron constituirse en medidas

efectivas para establecer un régimen plenamente democrático; pese a que

permitieron conducir con normalidad la organización de los comicios en 1991 y

1994.

En 1994, por primera vez, la sucesión presidencial se salió de las manos del

Presidente. Carlos Salinas presionado por las circunstancias, al ser asesinado el

candidato oficial -Luis Donaldo Colosio-, destinó a Ernesto Zedillo Ponce de León

(1994-2000). Estos sucesos, influyeron notablemente en el proceso político de ese

año. Ante la incertidumbre con la que se asoció a la alternancia, la ciudadanía voto

por la paz, la estabilidad y una estrategia económica que a pesar de la coyuntura

había abierto las posibilidades de crecimiento. "... Zedillo obtuvo un triunfo

electoral cómodo e incuestionado, pero tomó un poder atravesado por una fuerte

crisis económica y un deterioro notable en la credibilidad de las instituciones... al

tiempo que los partidos de oposición, PAN y PRD se habían instalado en factores


LXXIX

reales de poder que debían ser tomados en cuenta para mantener la

gobernabilidad"(Ricardo Espinoza Toledo: pp 9-10).

El 1o de diciembre de 1994, en su discurso de toma de posesión como nuevo

titular del poder Ejecutivo, Ernesto Zedillo convocó a democratizar todas las

estructuras y procedimientos relacionados con el acceso, distribución, ejercicio y

control del poder político; reconociendo que la contienda fue inequitativa. En el

apartado denominado "desarrollo democrático" del Plan Nacional de Desarrollo

1995-2000, se vislumbró al sistema de partidos como base de la democracia y a

los procesos electorales como fuente de legitimidad política. La agenda volvió a

contemplar la separación del PRI del gobierno y el fin del partido oficial; una mayor

división de poderes; el fortalecimiento del federalismo y del sistema de partidos;

equidad en su financiamiento y medios de comunicación al servicio de la

sociedad, aún cuando la mayor parte siguió siendo para el PRI.

Las negociaciones entre partidos y autoridades gubernamentales dieron inicio en

1995 y finalizaron a finales de 1996, después de casi dos años de intensos

debates, en los que estuvieron presentes las primordiales ideas que surgieron de

un amplia consulta dentro y fuera del IFE, como el Seminario de Chapultepec en el

que participaron especialistas, intelectuales y militantes de los partidos con

representación en el Congreso (PAN, PRI, PRD, PVEM y PT). Las reformas se

retrasaron por la dinámica propia que impusieron los propios partidos, cuya

participación se observó determinada por conflictos postelectorales con el PRI en

Tabasco y Puebla (Huejotzingo), entre otras cuestiones coyunturales de tipo

económico, político y social. Tomando en cuenta que, "en México, el

funcionamiento de las instituciones como el Congreso de la Unión continúa

dependiendo de los acuerdos que se logran fuera de los recintos legislativos".

(Arturo Sánchez Gutiérrez: p 272.)


LXXX

El Presidente llevó con el consenso de todas las fuerzas, una reforma electoral

"definitiva" integral, plural e incluyente de gran envergadura que introdujo

importantes cambios e innovaciones constitucionales y reglamentarias. Sobresale

el fortalecimiento de la independencia y plena autonomía de las instancias (IFE y

TFE), y de los funcionarios electorales que ya no dependen jerárquicamente del

Poder Ejecutivo Federal, ni de ningún otro poder. En materia de equidad en la

competencia, se perfeccionó el sistema de comprobación de ingresos y gastos de

los partidos; trato imparcial, respetuoso y de diálogo permanente por parte del

Gobierno Federal; acceso a los medios de comunicación, y significativas

aportaciones en el ámbito de la justicia y en el de los regímenes electorales a nivel

local que involucró al Distrito Federal, entidad que en 1997 pudo elegir por primera

vez a sus autoridades. Independientemente de las señales en contrario, como el

no haber evitado la manipulación electoral priísta en algunas elecciones estatales

(Yucatán y Tabasco, por ejemplo), el arbitraje de Zedillo fue preponderante.

La aquiescencia lograda inicialmente para sacar adelante la reforma

constitucional, se fracturo al momento de aprobarse la ley reglamentaria -el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)-, por las

discrepancias salidas entre la oposición y el PRI, quien planteaba, entre otros

cambios; coaliciones menos flexibles, mayor peso al número de votos en el

reparto de los tiempos en los medios de comunicación, mantener los cuadros

directivos de los consejos locales, sobre representación para el partido en el

segundo lugar y un mayor financiamiento público (considerado excesivo por la

difícil situación económica que atravesaba el país, pese a que también significó un

substancial incremento en los ingresos de los demás partidos), alegando

clientelismo del dinero y la posible introducción del narcotráfico o de mayores

intereses económicos en la política interna, así como sanciones menores a quien

superara los topes de gasto de campaña. Los hechos han demostrado por sí

solos, que contar con mayores recursos no equivale a lograr la victoria. Con todo,

está ley demostró ser mucho mejor que la de 1994 y sus precedentes.


LXXXI

Pasando por alto la fractura, finalmente se incorporó un gran porcentaje de los

acuerdos logrados que modificaron el COFIPE, la Ley Reglamentaria del artículo

105 constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, el Código Penal en

materia de fuero común y fuero federal, y el Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal, expidiéndose una nueva Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en materia electoral.

El presidente se encuentra estrechamente ligado con el cambio político, al erigirse

en uno de los principales actores del prolongado y sinuoso proceso de

liberalización y democratización al conducir institucionalmente, en sus distintas

etapas, las alianzas y mediar los acuerdos entre las fuerzas de la sociedad civil

organizada (partidos, empresarios, movimientos sociales, sindicales, etc.) que

demandaban el establecimiento de nuevos preceptos para superar los rezagos,

las inercias y obstáculos que presentaron los más diversos grupos de poder.

Cabría precisar, que si bien el Presidente de la República no ha sido el único

protagonista, no debe desestimarse el activo papel que ha jugado en la historia,

así como su disposición para adaptarse y aceptar los cambios. Estos no se

pueden definir a partir exclusivamente del titular del Ejecutivo, pero sin su

participación, en función del enorme cúmulo de facultades económicas y políticas

que concentra, quizá no hubiese alcanzado la profundidad que ha logrado.

La institución presidencial, en su inicio de una nueva etapa de

redimensionamiento. Su ímpetu comienza a declinar en 1997, al perder la mayoría

en la Cámara de Diputados y verse obligado a negociar para sacar adelante las

principales iniciativas gubernamentales. Tuvo que encararse a su propio partido,

cuya unidad y disciplina se había relajado. La rebelión priista en Tabasco que

impidió en 1995 la destitución de Roberto Madrazo de la gubernatura del estado,

representó un ejemplo. Zedillo surgió como el Presidente de la transición que

había cedido el poder -por primera vez desde 1929- a un partido distinto,


LXXXII

reconociendo públicamente antes que el propio candidato de su partido -Francisco

Labastida-, la derrota electoral y el triunfo de Vicente Fox panista, provocando una

profunda molestia entre el priísmo. A partir de ese momento, la tradicional

identificación entre el presidente y el otrora partido dominante se transformó

radicalmente, convirtiéndose en una andanada de reproches y juicios sumarios

para quien había entregado con tanta facilidad el gobierno a la oposición (Carlos

Fuentes: 2000, p. 9)

Las reformas de los años 1989, 1993, 1994 y posteriormente la de 1996,

consiguieron perfeccionar en mucho la organización electoral. A pesar de los

tropiezos, las elecciones de los años 1994, 1997 y por supuesto, las del 2000 que,

por primera vez permitieron la alternancia en el poder presidencial irradiaron una

mayor transparencia, confiabilidad, legalidad e igualdad en las condiciones de la

competencia, así como credibilidad en los resultados. Aún cuando subsisten

ciertos resquicios autoritarios en algunas entidades del país, éstos no lograron ser

determinantes para entorpecer y ensuciar el proceso en su conjunto.

Podemos señalar que la transición término en lo que respecta a los

procedimientos electorales con la reforma de 1996 que dio plena autonomía al IFE

y configuró el TFE, dándole fin al control gubernamental sobre los comicios y al

sistema autoritario de partido dominante. Todavía falta ahondar su alcance,

establecer las instituciones y cultivar los usos y costumbres de las democracias

consolidadas. La transición no puede basarse en la sola derrota del PRI y en una

eventual alternancia. Como se ha venido señalado reiteradamente, ésta sólo será

posible con una profunda transformación institucional. La reforma del PRI no ha

podido consolidarse y los logros del nuevo gobierno son pocos. El proceso

terminará cuando se reorganice el sistema de partidos, haya rendición de cuentas

y contemos con una nueva estructura jurídica (otra Constitución) que corresponda

a un acuerdo fundamental entre los actores.


LXXXIII

Los primordiales factores que han contribuido al cambio vertiginoso del

presidencialismo son: a) los cambios profundos que ha tenido la sociedad; b)

las crisis económicas en los últimos años; c) un factor psicológico: la fractura

del tabú de que no se debía criticar al presidente de la república; d) el

fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial federales; e) la influencia

más fuerte de los grupos de presión; f) el cambio de un sistema de partido

predominante a uno pluripartidista; g) las frecuentes y fuertes manifestaciones

de malestar popular; h) las reformas promovidas desde la cúpula,

fundamentalmente en los últimos ocho años, i) una cadena de factores

internacionales (Jorge Carpizo: 1991, p 89).

1.8 Poder Presidencial: Alternancia

Dentro de la política, la alternancia refleja la posibilidad real de que un partido o

una persona distintos, sucedan a otros a través de elecciones periódicas,

legítimas y transparentes. Desde su fundación en 1929, había sido inviable la

llegada de una fuerza política diferente al PRI. En el pasado, prevaleció la idea de

que la alternancia era un factor de riesgo para la estabilidad política, social y

económica, pues establecería una atmósfera de desconfianza. Los ciudadanos y

partidos tenían el miedo de que no se formara un gobierno estable, de ahí la

introducción de cláusulas de gobernabilidad. El pluralismo siempre fue visto como

un peligro, por los problemas institucionales y la falta de experiencia del gobierno

para atender los requerimientos de los distintos sectores. En tal sentido, se intentó

conciliar los deseos de estabilidad con las demandas de cambio.

Las elecciones presidenciales del 2000, abrirían la puerta para la tan deseada

transición después de 71 años seguidos de predominio del PRI. La victoria foxista

fue consecuencia del voto por el cambio y contra el PRI, el cual finalmente finalizo

en una crisis interna y externa de desprestigio y credibilidad, emanado de los


LXXXIV

constantes escándalos de corrupción y oscuras complicidades en los que se vio

directamente involucrado. Vicente Fox Quezada, al frente de la Alianza por el

Cambio conformada por Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista de México

(PVEM), ganó más que por un ambicioso programa de gobierno, por su manera

de conducirse y su carisma personal, mostrándose ante los votantes como una

persona bien intencionada. Su principal mérito fue enarbolar acertadamente la

bandera del cambio y enfrentar mediante una efectiva campaña mediática, al

anquilosado y desgastado sistema de partido hegemónico. La oposición captó a

través del llamado voto útil alrededor de 15 millones de votos, 27% de los

empadronados y un abstencionismo de 21 millones. PAN-PVEM 15,989,636 votos

(42.52%), PRI 13,579,718 votos (36.11%) y el PRD 6,526,780 (16.64 %) de una

lista nominal de 58,782,737 ciudadanos con una votación total de 37,601,618

(63.97%), y una abstención de 21,181,119 (36.3%). Para diputados federales por

mayoría relativa: PAN 14,212,032 (38.24%); PRI 13,722,188 (36.92%) y el PRD

6,942,844 (18.68%), hábilmente manejado por Fox, la simpatía de un significativo

sector de la población que el PRI fue perdiendo al privilegiar las variables

macroeconómicas sobre los indicadores sociales.

El ambiente político y económico, así como una adecuada estrategia publicitaria le

permitieron cambiar las tendencias que, en principio, eran favorables al PRI. En

este proceso coadyuvó la organización Amigos de Fox, encargada de recolectar la

mayor cantidad de recursos para la campaña. Fue supervisada por Lino Korrodi y

José Luis González (publicista de la Coca Cola en México), sustituido

posteriormente por Francisco Ortiz, ex colaborador de Televisa.

El panista tuvo los servicios del estadounidense Dick Morris, mismo quien

consiguió la reelección de Bill Clinton en 1996 y llevó a la victoria Fernando de la

Rúa en Argentina siendo este opositor. Según informaciones periodísticas de

Israel y Argentina, este super-asesor está cotizado en más de un millón de dólares

(lo que refleja otra variable de la democracia, vista desde esta perspectiva, como


LXXXV

un negocio bastante lucrativo). Del mismo modo, en abril de 1998, se afirmó que la

Coca Cola tenía un grupo de publicistas asignados de tiempo completo a Vicente

Fox, quienes se hacían cargo de los estudios de opinión, las encuestas y el

desarrollo de su imagen. Amigos de Fox, adaptaría la forma de organización de la

corporación estadounidense Amway especializada en ventas personalizadas, que

curiosamente siempre ha participado en política, pero no hay señales que

recursos de esa empresa hayan fluido a la campaña.

El vacío legal existente en las precampañas (la legislación electoral -el COFIPE-

no menciona hasta ahora, ninguna sanción respecto a recursos económicos de

particulares nacionales y extranjeros en estos periodos), constituyó un línea

propicia para Fox quien emprendió tempranamente su campaña a la Presidencia.

Sin embargo, las dudas respecto al origen poco claro de su financiamiento

emanado de las denuncias de la oposición por una posible entrada de recursos del

extranjero, lo que está estrictamente prohibido; hicieron que enfrentara una

investigación, por lo cual el PAN se hiso acreedor de una multa.

El arribo de Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República (2000-2006),

expuso el fin de un ciclo de la política mexicana. Su carrera fue vertiginosamente

en ascenso: inicio en la política en 1988, siguiendo al entonces líder del PAN,

Manuel J. Clouthier. Se enlisto en el ala neopanista de los pragmáticos, opuestos

a la doctrina y ortodoxia tradicionales. En 1989, fue electo diputado y después,

candidato al gobierno del estado de Guanajuato. Aunque perdió -según datos

oficiales-, una concertacesión del PAN con el salinismo en 1991, llevo a que la

gubernatura fuera dispuesta al también panista Carlos Medina Plascencia, quien

preparó el terreno para que finalmente, se convirtiera en gobernador en 1995. Un

pragmático, al margen de los principios ideológicos de su partido (el PAN),

caracterizado como de derecha que lo postuló Vicente Fox siendo este mismo el

primer presidente empresario, ex directivo de la Coca Cola, fuertemente vinculado

con los hombres de negocios de Nuevo León que aportaron fondos a su campaña,


LXXXVI

cuyo monto específico aún se desconoce. Sin la más mínima experiencia para

gobernar un país, ni una formación política tradicional, el ámbito en el cual tuvo un

mejor desenvolvimiento fue en la administración privada. Congruente con su

origen, al asumir la Presidencia de la República señalo que su gobierno sería

empresarial; gobernaría con las lecciones aprendidas en la Coca Cola, no con la

experiencia de su gestión como gobernador en Guanajuato, la cual se tradujo en

una administración jerárquica, vertical, ejecutiva y gerencial, ni a partir de lo que

pudo haberle indicado la campaña, sino remitiéndose a su antigua querencia: "Los

mexicanos me han contratado como presidente y estoy comprometido con

garantizar resultados... para ello hay que organizar al gobierno como si fuera una

empresa privada". En franca armonía con los principios del mercado que conciben

al ciudadano como un cliente o consumidor cada día más exigente y al Estado

como una gran empresa (La Jornada, 20 de julio de 2000, p 19 y 7 de noviembre

de 2001).

Las diversas personalidades que apoyaron a Vicente Fox, destacan: Alfonso

Romo (Grupos Pulsar y Savia, con actividades en más de 120 países); Federico

Sada González (Grupo Vitro) y José Antonio Fernández (Coca-Cola/FEMSA)

emparentados con los Garza-Sada que con Lorenzo Zambrano (Cemex,

Tecnológico de Monterrey), Romo y Sada, fueron incorporados al equipo

internacional de transición con el empresario Valentín Diez Morodo, vicepresidente

de Grupo Modelo, cuyo dueño Juan Sánchez Navarro ha sido uno de los

principales impulsores del "cambio a la Fox".

Los cambios del sistema tuvo como base los límites impuestos a la Presidencia

por el modelo económico -paradójicamente impulsados por ésta desde 1985- y

una distribución más plural del poder, derivada de una ley electoral más justa que

conllevó al fortalecimiento de la oposición. Del presidencialismo responsable de la

distribución de la mayoría de posiciones políticas, incluyendo a su sucesor, se

pasó a un sistema más democrático donde el Ejecutivo está más limitado. Su


LXXXVII

nuevo ocupante no ha podido acordar con su propio partido -el PAN-, como

tradicionalmente se hacía en los gobiernos priístas. Cuenta con menos

instrumentos de gestión y operación política frente al Congreso. Su influencia

sobre los gobernadores y el gobierno del Distrito Federal ha decaído

notablemente, así como su capacidad para mantener la disciplina en la

Administración Pública Federal, al igual que su injerencia en los medios,

particularmente, la prensa escrita.

El autoritarismo representado por un presidencialismo avasallante que rompía con

el equilibrio de poderes y que con el dominio del partido garantizaba superar los

riesgos de la alternancia, se sitúa en un proceso de ajuste y acotamiento. La

institucionalización de facultades presidenciales hacia órganos dotados de

autonomía: la política monetaria del Banco de México y la organización de las

elecciones y el IFE para que quedarán al margen de los vaivenes políticos, han

establecidos limites importantes pero todavía insuficientes para desvirtuar el

carácter hegemónico del Poder Ejecutivo, quien sigue controlando en esencia toda

la estructura del Estado. El PRI ya no es el partido del gobierno, pero se conserva

como la primera mayoría en el Congreso; el corporativismo estatal no ha sido

transformado en su verticalidad y formas de control, y en ningún momento, más

allá del discurso oficial, el presidente ha perdido atribuciones.

A pesar de los avances logrados, los procesos democráticos no son todavía un

contexto pleno y cotidiano. Si bien, la introducción de modernos procedimientos

pone en la urna y el recuento de votos bajo el control del público y de los

representantes de los partidos, aún no se ha logrado superar del todo la

desconfianza de éstos y de los electores en los resultados. Existe un abierto

rechazo a reconocer -incluso- derrotas verdaderas, si no es con un amplio

margen. La lucha política cae en las impugnaciones, componendas y

negociaciones que realizan los líderes después de los comicios, y que cuestionan

y ponen en duda al proceso electoral, incluso cuando el PRI gana de manera


LXXXVIII

legítima y democrática. La oposición empezó a deslegitimar de antemano está

línea como alternativa para arribar al poder, lo que también fue expuesto como

una estrategia para explicar por anticipado la derrota (Pablo González Casanova:

México 1981, p 103).

1.8.1 La Forma Propia de Gobernar.

La forma propia de gobernar ha cambiado, pese a los puntos de concordancia

existentes entre el mal llamado antiguo y nuevo régimen. Esclarece criterios

sustentados en una visión de la realidad y de la forma imaginada más apropiada

para enfrentar los problemas. Inicialmente, se centró en un enfoque popular-

reformista y desde De la Madrid, la reforma económica constituyó la principal

estrategia para establecer nuevas alianzas políticas y relaciones de poder que

dieron paso a otro pacto de dominación, en donde los grupos del gran capital

operan como los actores centrales. Atendiendo a la tipología usada por Max

Weber, el actual jefe del Ejecutivo es el representante potencial de la dominación

carismática (Max Weber: México 1981, pp. 1237)

La labor comunicativa del Presidente involucra imagen, simpatía, carisma y

popularidad frente a una opinión pública que por lo general, es inconstante y que

además, está mal informada e insuficientemente educada. Los medios

electrónicos son prioritarios porque llegan a un mayor número de personas, el

mensaje puede ser masificado pero no entendido. Si un presidente busca mayor

audiencia, puede que llegue a ser muy conocido y popular, pero eso tiene poco

que ver con la comunicación política y con la autoridad. La popularidad crea

opinión popular, no opinión pública. Para el italiano Renato Parascandolo, "la

opinión pública es una esfera circunscrita, una élite de ciudadanos (...) dotados de

conciencia civil (...) que se basa en la argumentación racional (...), mientras que la

opinión de masas se alimenta de la sugestión, de la demagogia, de la visceralidad,


LXXXIX

de la irracionalidad". De acuerdo con Sartori, la opinión masificada por las

audiencias "es una opinión degradada que pone en peligro la democracia

representativa y hace que la democracia directa sea desastrosa" (Jenaro Villamil:

2001).

El poder presidencial ha encontrado su fortaleza en el uso desmedido e

indiscriminado de los medios: es un gobierno mediático (una mediocracia). Tienen

más significado las tasas de aprobación y el aplauso popular; define metas y traza

objetivos, en función de las encuestas. El Presidente y su equipo no toman una

sola decisión, sin contemplar cómo será percibida entre la sociedad, lo que

conlleva a la estatificación por los inevitables costos políticos que ello acarrea. La

obsesión de medir el rating como si siguiera en campaña, forma parte del personal

estilo de gobernar foxista. Los referentes tradicionales de la política se han

movido. En lugar de la política, la experiencia, los planes de gobierno, el

conocimiento de la gente, la intuición, la sensibilidad, las ideas y el compromiso,

predomina el pragmatismo, la metodología para evaluar las demandas del

mercado político, las relaciones públicas, los sondeos. En una especie de gestión

virtual, el gobierno se conduce por imágenes más que por ideas. Sobre todo a

través de la televisión, dado que el 85% de la población se informa a partir de este

medio. Esto no se puede ignorar, como tampoco el que no se vaya a tener una

conciencia real de la situación económica imperante (Enrique González Pedrero:

2000).

La relación con los medios de comunicación -principalmente con los impresos-, a

través de los cuales el presidente se proyectaba y gracias a los que obtuvo el

éxito, se fue deteriorando. Las críticas a su gestión han sido más negativas que

positivas, destacándose más sus desatinos que sus aciertos. Sin destinatario

preciso, las críticas se dirigieron específicamente contra Milenio Diario y La

Jornada. A sabiendas de que en México la población no lee, pero sí escucha radio

y ve televisión. La visión del gobierno sostiene que los medios distorsionan las


XC

noticias, por lo que en una estrategia errática en materia de comunicación política,

Vicente Fox amenazó con ya no hacer declaración alguna.

Su vida familiar, estado civil y profesada devoción católica, se convirtieron al

principio de su mandato en el tema preferido de la prensa. Por consiguiente,

Vicente Fox exigió más seriedad para tratar los asuntos importantes del Estado,

que se subrayaran sus éxitos sobre las innumerables trivialidades que lo

caracterizan y que él mismo se ha encargado de resaltar. Desde el gobierno, se

ha privilegiado lo irrelevante, anecdótico y efímero por encima de lo sustancial: las

botas de charol (presumidas por el propio presidente), el José Luis Borgues

durante su discurso en Valladolid del que Fox se defendió: yo le pregunto a los

que escriben o a los que comentan, jamás han metido una pata en su vida, jamás

han tenido un lapsus bilingüe brutus, según su ex vocero Francisco Ortiz; el ramo

de flores que Marta Sahagún aventó a un grupo de reporteras; el beso de la pareja

presidencial en la plaza de San Pedro, el del presidente al anillo papal durante la

quinta visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país también alzó polémica,

colocándolo en medio de los reflectores; los bigotes de Fox descritos como "los

más sexys" del mundo según la revista People, entre otras más anécdotas (Jenaro

Villamil).

También se le imputó a la prensa el fracaso de los viajes de Vicente Fox al

exterior. Apoyando este señalamiento, en su programa sabatino Fox en vivo, Fox

contigo, el presidente acusó a algunos medios de desvirtuar el motivo de sus

viajes y de distorsionar su programa económico: "se está asegurando el

crecimiento con inversiones extranjeras directas, no vendiendo el país". Un día

después, cambió de modo y consideró que era inevitable hacer una especie de

pacto y/o tregua por lo que invitó a la prensa a que dejará de "erosionar o destruir

la Presidencia de la República" (La Jornada, 15 de octubre de 2000).


XCI

En el noticiario conducido por López Dóriga, Fox se congratuló de una encuesta

en la que 70% de la audiencia creía que los medios se habían salido del límite en

las críticas al Presidente. Describiendo en un programa radiofónico con Pedro

Ferriz de Con, que éstos "nunca habían gozado de la libertad tan absoluta, tan

total que se tiene ahora, ni estaban inmersos en un proceso de transición

democrática... Tendrán que encontrar su equilibrio empezando por el monetario,

porque ahora ya no le damos a ningún periódico, ni a ningún escritor, ni a ninguna

pluma las gratificaciones o los dineros para que hablaran bien del gobierno.

Nosotros suspendimos totalmente esas cantidades" (Genaro Villamil: La Jornada,

11 de noviembre de 2001).

Supuestamente Vicente Fox, la opinión pública y los medios de comunicación

reclamaron una Presidencia de la República muy seria y formal que no hiciera

chascarrillos, por lo cual se comprometió a afinar su estilo, gobernar de manera

más discreta, modificar su tradicional actuación, que en esencia sigue siendo la

misma. No implicaba abandonar el tono optimista y dinámico de su actitud.

Asimismo, subrayó la importancia de una Presidencia acotada y democrática que

escucha a la sociedad y hace suyas sus demandas. En cuestión a su

personalidad, expresó: "yo soy una persona, un ser humano común y corriente,

estoy sujeto a pasiones y se dice, es que el Presidente debe de ser así, tiene que

hacer su rol y su acto teatral de esta manera y no puede salirse del guion. Pues

no, yo no puedo deshacerme de Fox, está aquí dentro en la Presidencia de la

República, un ciudadano apasionado que quiere y está enamorado de su país...."

(La Jornada, 4 de enero de 2002).

Las contradicciones discursivas y la suave actuación que caracterizan al

presidente se reflejaron en asuntos muy polémicos como: Chiapas, impuestos,

sector energético, aborto, entre otros, que por momentos habían conflictuado y

obstaculizado la búsqueda de acuerdos, generando cierta ingobernabilidad.


XCII

Semana anterior a las elecciones del 2000, no reparaba en criticar el manejo

económico-financiero del gobierno federal, acusando al presidente Ernesto Zedillo

de llevar las variables económicas con fines electorales. Al poco tiempo, no

escatimó elogios a su comportamiento: además de un "hombre de Estado", es un

buen economista que ha sabido controlar dichas variables. Mostrándose dispuesto

a conservar la misma política económica, acordando una transición con

estabilidad. Las asperezas terminaron, cuando acabó la campaña.

La forma en que se mira el conflicto en Chiapas, ha sido cambiante. Más allá del

tiempo de los 75 minutos que en campaña aseguró requerir para solucionarlo,

Vicente Fox enunció en los primeros días posteriores a su triunfo, la disposición a

retirar el Ejército como una muestra de voluntad por atender el asunto en el

terreno político. Reconoció -al menos inicialmente- que la pacificación era un

asunto prioritario y emprendió una campaña más mediática que política para

reactivar el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la cual

fue todo un fracaso dándose un nuevo rompimiento cuando el Congreso aprobó

una Ley de Derechos y Cultura Indígenas, contraria a la iniciativa original

presentada por el Ejecutivo y a los Acuerdos de San Andrés. Las diferencias

estriba en las interpretaciones, giraron en torno a temas sustantivos, entre los que

se encuentran: los esquemas de propiedad de la tierra, el concepto de usos y

costumbres y la definición de autonomía.

En relación al tema del aborto, como presidente electo se reunió con la directiva

nacional del PRD y firmó un documento en el cual se comprometió a no presentar

ninguna iniciativa en ese sentido. Mientras en Guanajuato, el PAN con mayoría en

el Congreso, aprobaba modificaciones al código penal de la entidad para

penalizarlo en el caso de violación. Fox declaró públicamente que su línea era

muy distinta, e instruyó a Ramón Martín Huerta a recurrir a la prerrogativa del veto

para echar atrás dichos cambios.


XCIII

A lo expuesto anteriormente habría que agregar, sus polémicas afirmaciones de

que él y su esposa Marta Sahagún forman la pareja presidencial y como tal

comparten las decisiones. El Presidente ha llevado a cabo una gran y fuerte

defensa sobre las actividades de su esposa y la fundación Vamos México que ella

preside, puntualizando que es privada, no está tomando dinero del erario y se está

afanando por ir consiguiendo los recursos. Enlaza a las organizaciones no

gubernamentales que se dedican a apoyar a niños pobres de la calle, mujeres,

ancianos, gentes con discapacidad.

"El tecnócrata y el vendedor" (Reforma, 17 febrero 2001). Es tal la influencia que

ha llegado a tener el marketing político, que The Washington Post sacó un

reportaje en el que compara el manejo de la imagen del presidente Vicente Fox

con la de una famosa conductora afroamericana de televisión: "En México todo es

Fox, todo el tiempo. Se ha convertido en el personaje más visible, cambiando lo

antiguamente rígido y gris de la oficina presidencial por algo que se parece mucho

al show de Oprah Winfrey", uno de los programas con mayor rating en la televisión

de Estados Unidos. Lourdes Galaz (La Jornada, 3 de junio de 2001).

Este es el nuevo modo presidencial vendedor de Fox: a todos les trata de decir lo

que quieren escuchar. Su imagen es la de un personaje abierto, franco y hasta

divertido. Rompe con los protocolos por sus expresiones ligeras y sin sustento:

huecos informativos, nombres mal pronunciados, vacíos de formación política o

histórica, frases sonoras, opiniones de alguien no educado en la negociación y el

trabajo político cotidiano. Una constante que no ha sido compensada con

soluciones oportunas y sensibles. El Ejecutivo se ha caracterizado por sus

inconsistencias discursivas y decisorias, los ajustes permanentes a sus acciones,

el exceso de confianza en la eficacia de la propaganda, y la desvinculación con

fuerzas políticas y sociales relevantes, al querer sacar avante la agenda de

gobierno (una nueva Constitución, las reformas estructurales -hacendaría,

energética y laboral-), sin una previa operación política. En lugar del acuerdo, ha


XCIV

apostado a la presión mediática sobre la población para que se concreten sus

propuestas (La Jornada, 04 de noviembre del 2001).

El presidente que tenía un enorme poder plebiscitario, ha recurrido

constantemente a la gente, buscando su apoyo de cara a un Poder Legislativo que

bloquea su administración. Los partidos políticos le dejaron poco margen para

alcanzar consensos y su propio desempeño, representó una dificultad en el

ejercicio de gobierno. A través de una intensa campaña en los medios electrónicos

para promover sus bondades, Vicente Fox intentó ganar el apoyo social a su

iniciativa de reforma fiscal con el argumento de que la captación de mayores

recursos favorecería el desarrollo nacional, la creación de empleos y una mejor

distribución de la riqueza, vía programas sociales como el Progresa o Contigo que

estás en Sedeso. Tras el primer año, Fox reconoció que había perdido la batalla

mediática, al fallar en la estrategia de apoyarse democráticamente en la

ciudadanía.

Con el lema Porque es lo justo, se desarrollaron tres mensajes cuyo costo de

producción fue 180 mil pesos, de los cuales supuestamente no implicaron ninguna

erogación para el gobierno federal. Además, la Secretaría de Hacienda desarrolló

una campaña de correo directo, mediante el envío de un millón de sobres para

tratar de convencer a los líderes de opinión y buscar el apoyo de la gente con

tarjetas de crédito y/o cuenta de teléfono (La Jornada, 4 de abril de 2001).

"...El liderazgo no necesariamente es intercambiable con popularidad. Se debe

enterrar el culto a la personalidad y limitar la centralización excesiva del poder

presidencial, si no se corre el riesgo de un autoritarismo. El Ejecutivo debe ser

congruente, eficiente y realista. La demagogia generalmente no es buena

promotora de resultados, se puede revertir si no hay logros. La constante

presencia del Ejecutivo en los medios no garantiza gobernabilidad, únicamente

desgasta la figura presidencial." (José Luis Reyna, Resultados: p 22).


XCV

El control informativo es propio de los sistemas autoritarios. En gobiernos

posteriores, la relación con los medios pasaba por una subordinación implícita de

éstos hacia el Poder Ejecutivo, con los cuales se tenía una fuerte influencia en la

opinión pública. Ésta ha decrecido en forma considerable. Imevisión hoy TV

Azteca y el Nacional, fueron vendidos a particulares. Los que aún perduran, más

parecen medios del Ejecutivo al servicio y propaganda de su imagen y acciones,

que del Estado. No están dirigidos a proporcionar información objetiva e imparcial

a la sociedad, respecto a temas de sumo interés o preocupantes, tal es el caso de

Notimex. La realidad es que ni siquiera existe una política de Estado en materia de

medios, sino de corto plazo que atienden a ciertos intereses de grupos.

El 28 de diciembre de 1977, se agregó en el último párrafo del artículo 6

constitucional la frase: "El derecho a la información será garantizado por el

Estado". A este mismo, el secretario de Gobernación Santiago Creel, enfatizo que

la autoridad puede opinar sobre informaciones de la prensa pero no censurarla, lo

que no implica limitar la libertad de expresión, sino evitar que el ocultamiento

informativo sirva para solapar abusos de poder.

Para Santiago Creel, secretario de Gobernación en ese entonces: "los medios a

veces ayudan y a veces estorban. Tienen que pasar de la nota amarilla y roja al

periodismo de fondo, que digan lo que quieran y critiquen, pero luego que acepten

la contra crítica" (La Jornada, 10 de noviembre de 2001).

De la censura y la represión, se ha pasado en los últimos años, a una libertad de

expresión más extensa y consistente que no siempre se ha empleado con

ponderación y prudencia. Los medios de comunicación han jugado un papel

importante en la vida política y social del país: todos los actores han buscado por

medio de ellos, justificar su incapacidad y destacar sus aciertos. Algunos de los

más poderosos concesionarios de medios electrónicos son fieles al proyecto de


XCVI

grupo que encabezó Fox, más que al del partido y antes lo fueron al presidente y

al PRI. La autoridad federal se ha negado a establecer los contrapesos y

equilibrios indispensables, oponiéndose a una renovación profunda de la Ley

Federal de Radio y Televisión (LFRYTV) al provocar acuerdos opacos e

inequitativos, y declinar en el ejercicio de la legalidad y de sus prerrogativas,

retrasando la democratización en este ámbito. La transparencia es aún un asunto

pendiente.

En el conflicto generado entre CNI canal 40 y TV Azteca, indicaron que era un

asunto entre particulares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

Gobernación (SEGOB) y el propio presidente, no intervinieron oportunamente

cuando el 27 de diciembre de 2002, TV Azteca ocupó indebidamente las

instalaciones, bloqueo la señal e impuso la suya en un suceso de impunidad que

afortunadamente fue reparada con posterioridad.

Las concesiones, revocaciones y vigilancia de las estaciones y canales de radio y

televisión siguen estando en manos del Ejecutivo. La iniciativa de reforma a la

LFRYTV arrastro consigo la creación de un órgano regulador y la reducción de los

tiempos del Estado, además de proponer la revisión del régimen de concesiones

por ser muy discrecional y clientelar, caracterizado por la complicidad y corrupción,

pero careció de definiciones centrales que garantizasen al ciudadano la verdadera

efectividad de la norma. La publicidad que otorga el Ejecutivo es importante para

los medios, aunque se realiza sin ningún criterio, pese a la existencia de

lineamientos normativos. Lo mismo pasa para proporcionar información sobre los

asuntos públicos. El Presidente cedió el 90% de lo que le correspondía alegando

una mayor audiencia, lo que atenta contra la institucionalidad del Estado al

sacrificar los tiempos de los otros poderes y órganos autónomos dejando al

margen al Poder Judicial Federal, el Congreso de la Unión, el IFE, la Comisión

Nacional de Derechos Humanos y las universidades públicas. La medida obligará


XCVII

a todas estas instituciones que requieran de dicha promoción a pagar publicidad,

redituando en un mayor cargo para el erario en beneficio de las televisoras.

La instalación de un organismo plural, ciudadanizado y no gubernamental sigue

sin concretarse. La figura de un invitado con voz pero sin voto, no significa la

ciudadanización del Consejo Nacional de Radio y Televisión. Los pretendidos

triunfos en el derecho de réplica y en la transparencia del otorgamiento de

concesiones, no son tales. Para que el ciudadano ejerza este derecho, tienen que

darse las siguientes condiciones: 1) que la emisora aluda a la fuente, 2) incurra

que los hechos son falsos, y 3) que sean injuriosos. No está concediendo cuando

el ciudadano es afectado. Tampoco designa una autoridad imparcial que pudiera

decidir, se deja en la propia emisora afectada que evaluará si procede o no,

excluyéndose de esta manera a la sociedad (La Jornada, 23 de octubre de 2002).

La democratización del poder presidencial es necesario que pase por el ejercicio

de la crítica, lo que afianza al gobierno. Las críticas han estado concentradas

principalmente en la escases de efectividad política y en la incapacidad para

negociar. Por otro parte, el gobierno del cambio no tuvo la habilidad de difundir los

asuntos positivos y transmitirlos correctamente. El reto estribo en saber mostrar

los avances, frente a las inercias del pasado y acreditarlos ante la población,

tomando en cuenta que un sexenio es insuficiente por el cúmulo de añejos vicios y

barreras normativas que se tienen que enfrentar. Sin embargo, se pretende

disminuir el aspecto informativo a un acto de compra-venta de spots

presidenciales de las iniciativas y acciones gubernamentales. Gobernar es hablar

y comunicar, pero informar no es publicitar. La imagen presidencial todavía cuenta

con un apoyo popular nada despreciable y se encuentra revestida de una gran

legitimidad. La publicación de encuetas por medio de algunos periódicos, así como

las realizadas por el propio gobierno y filtradas a los medios, reflejan el grado de

aceptación del presidente en un buen nivel. No así, el partido que lo apoyó a

alcanzar la Presidencia, el PAN.


XCVIII

1.9. México: Las Instituciones Contemporáneas

Las instituciones salidas de la revolución trajeron junto a ello un rediseño de las

funciones y la creación de la estructura gubernamental actual que tuvo su base en

el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas y sociales que se unieron bajo la

organización política denominada en una primera instancia PNR y que contribuyo

a consolidar la estabilidad política y mejorar el crecimiento económico.

La creación de las instituciones del México contemporáneo se basó "en el plano

del orden político y constitucional en el nuevo Estado mexicano organizado por

medio de formalizar la vigencia del régimen presidencial. El predominio del poder

ejecutivo ante el legislativo se muestra de manera expresa. Quedan atrás los

intentos fracasados por instaurar un régimen parlamentario. Este perfil institucional

es determinante para ubicar la organización, la estructura y el desempeño de la

función pública, la cual se encuentra a cargo del Presidente de la República. Es a

través de las instituciones administrativas (Secretarías y Departamentos de

Estado), como la función pública se desenvuelve en el conjunto amplio y complejo

de la sociedad" (Uvalle, Berranes Ricardo: México, p.161).

En esta línea, el establecimiento del nuevo orden político se instruye con la

elaboración de la constitución política que permitiría dar paso al establecimiento

de un Estado de derecho, así como a los arreglos institucionales que dieran vida

al orden constitucional y democrático, lo que significaría formar una nueva

comunidad civil y política sustentada en un poder legítimo y aceptado.

La consolidación del orden político se manifiesta en mayor escala con la creación

de instituciones del Estado, las cuales son importantes para dar inicio a la

reconstrucción de la sociedad. De ese modo los aspectos medulares de la vida


XCIX

estatal moderna quedan contenidos en la estructura del nuevo Estado mexicano y

se caracterizan por: (Uvalle, Berranes Ricardo: México, p.162).

1) la separación y coordinación de los poderes públicos

2) la distinción entre la parte dogmática y orgánica de la constitución

3) la puntualización de cómo se ejerce la soberanía de la nación

4) el reconocimiento formal de la vida ciudadana en cuanto a derechos y

obligaciones

5) la definición institucional de quien está a cargo de la administración pública

6) el reconocimiento del orden republicano con la existencia del ámbito federal,

estatal y municipal

De modo que se inició un asunto de creación de instituciones que tenían como fin

buscar "construir mecanismos que suministren a la población de educación y de

salud; en esa lapso, México es un país donde los derechos sociales se vislumbran

en la constitución, en esta se indica el derecho al empleo, a la vivienda, a la salud

y a la educación" (González, Tiburcio: 2000, p.3).

De esta forma, las políticas sociales son un mandato constitucional, ya que los

derechos sociales están plasmados en la constitución, lo cual hace que el Estado

se vea en la gran necesidad de cumplir etas políticas; lo que sin duda disminuye la

posibilidad de evadir responsabilidades por parte del gobierno.

Con el nacimiento del IMSS en 1942, lo que establece al gobierno en ese

momento es una capacidad de gran construcción institucional que se concreta con


C

la creación de instituciones de seguridad social como el ISSSTE, INFONAVIT,

entre otros más, y cuyo objetivo permitiera crear una prestación directa de los

servicios públicos que el Estado mexicano había prometido a la población.

Este tiempo se caracterizó por una etapa "donde se articula de manera ejemplar el

crecimiento económico sostenido con el gasto social creciente y una gran creación

institucional. Éste fue el logro de la revolución mexicana: crear una importante

capilaridad social y que diversos grupos de la parte más baja de la pirámide social

que no tenían acceso a mejores condiciones de vida, pudiesen acceder a ellas a

mediante la salud y de la educación. El rasgo más importante que tiene esta etapa

es que el Estado adquiere -y es prestador directo- de muchos de estos servicios y

se ven escasas acciones de filantropía privada o de la acción de los privados. Es

el Estado quien dirige la investigación de la salud, la investigación educativa; es

una gran etapa del desarrollo que genera resultados positivos, de gran

importantes en materia social" (González, Tiburcio: 2000).

Estas instituciones permiten un crecimiento sostenido de la economía, pero a

partir de 1982 lo que se observa es una política social que se ve sumergida en un

difícil proceso. La economía mexicana ingresa en un problema de deuda y el

Estado se ve dentro de una crisis fiscal muy aguda que impacta sustancialmente

en la cantidad y calidad de los servicios públicos que se le dan a la población.

Estos cambios llevan a la existencia de dos tipos de políticas sociales: 1) la que

tiene que ver con proveer servicios de salud, educación, vivienda, entro otros; y 2)

basada en programas particulares de combate a la pobreza para grupos

localizados, a los cuales no alcanzan a llegar las instituciones de bienestar social.

En esa tesitura, las instituciones como el Banco de México, la banca de desarrollo,

dieron un empuje a la inversión productiva y establecieron el marco regulatorio

que necesitaba el país, dieron estabilidad económica y crecimiento económico, al

tiempo que las instituciones de seguridad social accedieron reducir el atraso


CI

social; de tal forma que el resultado fue un diseño institucional que generó mejores

condiciones de vida de la sociedad mediante la combinación de las diversas

instancias en las políticas de gobierno.

Sin embargo las situaciones sociales, económicas y políticas por las que atraviesa

el país, tiene la necesidad de reformar estas instituciones, ante la demanda de una

sociedad más participativa que requiere una acción rápida y eficaz por parte por

del gobierno, de tal forma que es necesario rehacer el Estado mexicano mediante

la construcción de instituciones que se coloquen a la formulación de un sistema de

reglas que permita autorizar y restringir las conductas públicas y políticas.

En "la democracia real es fundamental interrogarse sobre las instituciones

políticas necesarias para un país democrático. Dahl diferencia algunos

requerimientos mínimos en la democracia real: cargos públicos electos, elecciones

libres e imparciales y frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de

información, autonomía de las asociaciones y una ciudadanía inclusiva" (Jiménez,

Cabrera Edgar: p. 28)

En esta forma, "un sistema será más gobernable en la medida que posea una

mayor capacidad de adaptación y una mayor flexibilidad institucional respecto de

las transformaciones de su entorno nacional e internacional, económico, social y

político" (Jiménez, Cabrera Edgar: p. 52).

De tal forma que en las actuales circunstancias, en donde la incertidumbre,

ineficacia y falta de continuidad de los planes y programas de gobierno, hacen

cierto agotamiento de la viabilidad de las instituciones surgidas de la revolución

mexicana, porque en la medida que su unión cada vez se aleje más y más de los

ciudadanos, en esa proporción será necesario reformar y transformarlas para

responder a las nuevas condiciones internas y externas, sin embargo para ello se

necesita modificar las conductas, reglas, y acuerdos entre los actores políticos y


CII

sociales, es decir, en crear nuevas instituciones que respondan a las exigencias

sociales.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

CAPITULO PRIMERO: DESARROLLO POLÍTICO EN MÉXICO

1.1. Percepción Primordial del Desarrollo

1.1.1 Política: Régimen y Sistema.

1.1.2 Absolutismo

1.1.3. Democracia













1.8.1 La Forma Propia de Gobernar


CAPITULO DOS: INSTITUCIONES DEMOCRÁTICA: SU DESARROLLO.

2.1. Reforma Política de 1996 y Apertura Institucional.

2.1.1. Sistema Electoral

2.1.2. Sistema de Partidos Políticos


CIII

2.2 Partidos y Agrupaciones Políticas

2.3. Las Situaciones para la Competencia

2.4. Gobierno Fraccionado

2.5 El Parlamento

2.6 Partidos Políticos: Injerencia en la Democracia

2.7. Medios de Comunicación

2.8. Indicadores para medir el Grado de Gobernabilidad

2.9. La Confianza en el sistema Gubernamental

2.9.1 La Credibilidad

2.9.2. La Administración Pública y su Importancia

CAPITULO TERCERO. LEGITIMACIÓN Y GOBIERNO EN MÉXICO

3.1 Aspectos Sobre la Gobernabilidad y Gobernanza

3.2 Gobernabilidad Democrática

3.3 Contribución en la Gobernabilidad

3.4 Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México

3.5 La Participación de la Ciudadanía en México

3.6 La Construcción de una Relación

3.6.1 Relación Futura entre Gobiernos y Sociedad Civil

3.6.2 Rendición de Cuentas

3.6.3 Responsabilidad Social

3.6.4 Notificado

CAPITULO CUARTO. LA SOCIEDAD EN LA LEGITIMACIÓN DEL ESTADO

MEXICANO

4.1. La Política (Prácticas y Cultura) y Organización Gubernamental

4.1.1. Las Incoherencias del Estado: Teoría y Práctica

4.2. El Espacio Público Legitimado, su Apertura

4.3 La Participación de Sociedad Civil como “Co-actor” en la Legitimación

4.4. La Democracia Participativa


CIV

4.5 La Sociedad Civil y su Intervención en la Toma de Decisiones

4.6. La Sinuosa Relación: Estado de Derecho Democrático y Sociedad Civil.

4.7. El Estado de Derecho Democrático.

4.8. Los Principios del Estado: Responsabilidad del Estado Derecho.

4.9. La Sociedad Civil y su Relación con el Estado.

4.10 Área Pública

Conclusiones y nueva agenda de investigación

Bibliografía


CV

6. Formulación de la hipótesis

Un factor decisivo para la transición exitosa del estado, que redunde en la

transformación social es el cuidado que significa el de generar los mecanismos

normativos e institucionales para garantizar la gobernanza.

Hipótesis principal

En México la incorporación del concepto sobre la necesidad de comentar la

reforma al estado incorporando la perspectiva de la gobernanza, no ha tenido un

carácter transversal, y permanece en un estadio de baja institucionalización cuya

efectividad resulta cuestionable a la luz de los datos sobre gobernabilidad en

nuestro país.

Hipótesis secundarias

1) La implementación y prácticas relativas a garantizar la gobernabilidad

enseñan que la perspectiva de la gobernanza se instrumenta con mayor

facilidad en el contexto de una tradición democrática, con una experiencia

histórica de lucha por la equidad y con cierta prosperidad económica para

la cual la gobernabilidad resulte funcional.

2) La experiencia reciente de México indica que la gobernanza, antes de

producir una transformación social de alcance significativo, requiere de

una transformación al nivel de aquellos que tienen el poder de tomar

decisiones.


CVI

7. Comprobación-Falsación de las hipótesis (pruebas empíricas o cualitativas) La hipótesis se corrobora mediante argumentación sustentada en un análisis

cuidadoso de literatura especializada sobre el tema. Esto es posible porque la

hipótesis es específica, mientras que existen numerosos documentos sobre

experiencias prácticas, encuentros y coloquios entre gobiernos y organizaciones,

que enfatizan que lejos de estar en marcha y estable, la incorporación del enfoque

a la gobernabilidad es un proceso complicado y dependiente de factores

contextuales. Este trabajo incorpora además de ilustrar la hipótesis, hacerla

plausible y con ello abrir el debate.

Para ello pasamos por una primera aproximación en el capítulo 1, al identificar los

elementos constituyentes del sistema político para a linearlos posteriormente a su

fragilidad o bien los elementos perniciosos que pueden representar al presentarse

omisiones o contradicciones evidentes entre los diversos ordenamientos, en

particular a aquellos referidos a los procesos electorales, por su impacto en la

legitimidad de los gobiernos que emanan de ellos.

Objetivo General Objetivos específicos Preguntas Hipótesis Desarrollo

Analizar los factores de éxito y de fracaso en las prácticas de incorporación de mecanismo de gobernanza de diferentes países. A partir de ello, problematizar la incorporación de esta perspectiva en la gobernabilidad mexicana, planteando la diferencia entre

1. Integrar un marco teórico que permita la construcción de un enfoque integral y pertinente sobre los fundamentos de la gobernabilidad y su implementación en el campo normativo.

• ¿Qué es la gobernanza de la perspectiva de gobiernos democráticos, cómo llegó a las agendas de gobierno, qué metodologías existen, por qué es importante? • ¿Cómo se mide el avance de la transversalización de la gobernanza

En México la incorporación del concepto sobre la necesidad de acometer la reforma al estadom incorporando la perspectiva de la gobernanza, no ha tenido un carácter transversal, y permanece en un estadio de baja institucionalización cuya efectividad resulta

Capitulo dos: instituciones democrática: su desarrollo 2.1. Reforma Política de 1996 y Apertura Institucional 2.1.1. Sistema Electoral 2.1.2. Sistema de Partidos Políticos 2.2 Partidos y Agrupaciones Políticas 2.3. Las


CVII

transversalidad e institucionalización.

2. Analizar las buenas prácticas aplicadas en otras experiencias respecto a la incorporación de la gobernanzas. 3. Estudiar las prácticas de gobernabilidad que se han aplicado en México en los últimos años identificando los resultados más sobresalientes en los tres órdenes de gobierno. 4. Identificar los modelos exitosos y sobre las características sociales, temporales y espaciales que favorecieron su implementación, así como aquellas acciones implementadas el contexto actual mexicano. 5. Realizar una aproximación a los retos y desafíos de los riesgos a la

en los tres niveles de gobiernos? • ¿Cuáles han sido las experiencias en otros países en la implementación de reformas constitucionales para garantizar la gobernanza? • ¿Por qué han sido exitosas o han fracasado? • Las acciones de reforma ¿sustituyen o son complementarias de los programas destinados a fortalecer la gobernabilidad en otros ámbitos de gobierno? • El diseño de estrategias para la incorporación de principios de gobernanzas, ¿se pueden aplicar por igual en los distintos órdenes de gobierno? • ¿Cómo han evolucionado las prácticas de gobernanza en México en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las experiencias en los tres órdenes de gobierno? ¿Cuál es

cuestionable a la luz de los datos sobre gobernabilidad en nuestro país. 1) La implementación y prácticas relativas a garantizar la gobernabilidad enseñan que la perspectiva de la gobernanza se instrumenta con mayor facilidad en el contexto de una tradición democrática, con una experiencia histórica de lucha por la equidad y con cierta prosperidad económica para la cual la gobernabilidad resulte funcional. 2) La experiencia reciente de México indica que la gobernanza, antes de producir una transformación social de alcance significativo, requiere de una transformación al nivel de aquellos que tienen el poder de tomar decisiones.

Situaciones para la Competencia 2.4. Gobierno Fraccionado 2.5 El Parlamento 2.6 Partidos Políticos: Injerencia en la Democracia 2.7. Medios de Comunicación 2.8. Indicadores para medir el Grado de Gobernabilidad 2.9. La Confianza en el sistema Gubernamental 2.9.1 La Credibilidad 2.9.2. La Administración Pública y su Importancia Capítulo tercero. Legitimación y gobierno en México 3.1 Aspectos Sobre la Gobernabilidad y Gobernanza 3.2 Gobernabilidad Democrática 3.3 Contribución en la Gobernabilidad 3.4 Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 3.5 La Participación de la Ciudadanía en México


CVIII

gobernanza del gobierno en México, la tardanza en realizar las modificaciones normativas e institucionales para reducirlas.

el balance en cuanto a su efectividad? • ¿Cuáles son los factores de éxito en la gobernanza, en particular respecto a las iniciativas que ya fueron aprobadas y actualmente vigentes?

3.6 La Construcción de una Relación 3.6.1 Relación Futura entre Gobiernos y Sociedad Civil 3.6.2 Rendición de Cuentas 3.6.3 Responsabilidad Social 3.6.4 Notificado Capitulo cuarto. La sociedad en la legitimación del estado mexicano 4.1. La Política (Prácticas y Cultura) y Organización Gubernamental 4.1.1. Las Incoherencias del Estado: Teoría y Práctica 4.2. El Espacio Público Legitimado, su Apertura 4.3 La Participación de Sociedad Civil como “Co-actor” en la Legitimación 4.4. La Democracia Participativa 4.5 La Sociedad Civil y su Intervención en la Toma de Decisiones 4.6. La Sinuosa Relación: Estado de


CIX

Derecho Democrático y Sociedad Civil 4.7. El Estado de Derecho Democrático 4.8. Los Principios del Estado: Responsabilidad del Estado Derecho 4.9. La Sociedad Civil y su Relación con el Estado 4.10 Área Pública

Hipótesis secundaria


1) Analizar los factores de éxito y de fracaso en las prácticas de incorporación de mecanismo de gobernanza de diferentes países. A partir de ello, problematizar la incorporación de esta perspectiva en la gobernabilidad mexicana, planteando la diferencia entre transversalidad e institucionalización.

1. Integrar un marco teórico que permita la construcción de un enfoque integral y pertinente sobre los fundamentos de la gobernabilidad y su implementación en el campo normativo. 2. Analizar las buenas prácticas aplicadas en otras experiencias respecto a la incorporación de la gobernanzas. 3. Estudiar

• ¿Qué es la gobernanza de la perspectiva de gobiernos democráticos, cómo llegó a las agendas de gobierno, qué metodologías existen, por qué es importante? • ¿Cómo se mide el avance de la transversalización de la gobernanza en los tres niveles de gobiernos? • ¿Cuáles han sido las experiencias en otros países en la implementación de reformas constitucionales para garantizar la gobernanza?

1) La implementación y prácticas relativas a garantizar la gobernabilidad enseñan que la perspectiva de la gobernanza se instrumenta con mayor facilidad en el contexto de una tradición democrática, con una experiencia histórica de lucha por la equidad y con cierta prosperidad económica para la cual la gobernabilidad resulte

Capítulo tercero. Legitimación y gobierno en México 3.1 Aspectos Sobre la Gobernabilidad y Gobernanza 3.2 Gobernabilidad Democrática 3.3 Contribución en la Gobernabilidad 3.4 Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 3.5 La Participación de la Ciudadanía en México 3.6 La Construcción de una Relación 3.6.1 Relación Futura entre


CX

las prácticas de gobernabilidad que se han aplicado en México en los últimos años identificando los resultados más sobresalientes en los tres órdenes de gobierno.

• El diseño de estrategias para la incorporación de principios de gobernanzas, ¿se pueden aplicar por igual en los distintos órdenes de gobierno? • ¿Cómo han evolucionado las prácticas de gobernanza en México en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las experiencias en los tres órdenes de gobierno? ¿Cuál es el balance en cuanto a su efectividad?

funcional.

Gobiernos y Sociedad Civil 3.6.2 Rendición de Cuentas 3.6.3 Responsabilidad Social 3.6.4 Notificado Capitulo cuarto. La sociedad en la legitimación del estado mexicano 4.1. La Política (Prácticas y Cultura) y Organización Gubernamental 4.1.1. Las Incoherencias del Estado: Teoría y Práctica 4.2. El Espacio Público Legitimado, su Apertura 4.3 La Participación de Sociedad Civil como “Co-actor” en la Legitimación 4.4. La Democracia Participativa 4.5 La Sociedad Civil y su Intervención en la Toma de Decisiones 4.6. La Sinuosa Relación: Estado de Derecho Democrático y Sociedad Civil 4.7. El Estado de Derecho


CXI

Democrático 4.8. Los Principios del Estado: Responsabilidad del Estado Derecho 4.9. La Sociedad Civil y su Relación con el Estado 4.10. Área Pública


1) Analizar los factores de éxito y de fracaso en las prácticas de incorporación de mecanismo de gobernanza de diferentes países. A partir de ello, problematizar la incorporación de esta perspectiva en la gobernabilidad mexicana, planteando la diferencia entre transversalidad e institucionalización.

3. Estudiar las prácticas de gobernabilidad que se han aplicado en México en los últimos años identificando los resultados más sobresalientes en los tres órdenes de gobierno. 4. Identificar los modelos exitosos y sobre las características sociales, temporales y espaciales que favorecieron su implementación, así como aquellas acciones implementadas el contexto actual mexicano. 5. Realizar una aproximación a

• ¿Cómo se mide el avance de la transversalización de la gobernanza en los tres niveles de gobiernos? • El diseño de estrategias para la incorporación de principios de gobernanzas, ¿se pueden aplicar por igual en los distintos órdenes de gobierno? • ¿Cómo han evolucionado las prácticas de gobernanza en México en los últimos 10 años? ¿Cuáles han sido las experiencias en los tres órdenes de gobierno? ¿Cuál es el balance en cuanto a su efectividad? • ¿Cuáles son los factores de éxito en la gobernanza,

2) La experiencia reciente de México indica que la gobernanza, antes de producir una transformación social de alcance significativo, requiere de una transformación al nivel de aquellos que tienen el poder de tomar decisiones.

Capítulo tercero. Legitimación y gobierno en México 3.1 Aspectos Sobre la Gobernabilidad y Gobernanza 3.2 Gobernabilidad Democrática 3.3 Contribución en la Gobernabilidad 3.4 Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 3.5 La Participación de la Ciudadanía en México 3.6 La Construcción de una Relación 3.6.1 Relación Futura entre Gobiernos y Sociedad Civil 3.6.2 Rendición de Cuentas 3.6.3 Responsabilidad Social


CXII

los retos y desafíos de los riesgos a la gobernanza del gobierno en México, la tardanza en realizar las modificaciones normativas e institucionales para reducirlas.

en particular respecto a las iniciativas que ya fueron aprobadas y actualmente vigentes?

3.6.4 Notificado


CXIII

Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación

La referencia a la democracia de la sociedad actual, implica el perfeccionamiento

experimentado por el Estado liberal. De ahí que un gran número de regímenes en

la actualidad puedan ser catalogados como "liberal-democráticos". La

compatibilidad entre el liberalismo y la democracia tiene lugar cuando la segunda

es considerada desde la perspectiva de su fórmula política. Esencialmente en lo

que se refiere al ejercicio de la soberanía, consistente en el derecho a la

participación del mayor número de ciudadanos, de manera directa o indirecta, en

la toma de las decisiones colectivas.

Los derechos inviolables de las personas postulados por el liberalismo, se han

conjuntado de manera indisoluble con el método democrático, por lo que la

salvaguarda de esos derechos es la base de la que parte el buen funcionamiento

de las reglas del juego democrático. Asimismo, la ejecución del método

democrático permite el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas,

de los cuales parte el Estado legitimizador. Para garantizar la protección de los

derechos de libertad contra los embates de los gobernantes a limitarlos, es

indispensable que participen los ciudadanos en la formación de las leyes. La

gobernabilidad consiste en la autoridad y capacidad del gobierno para garantizar

que el orden político establecido sea aceptado por la comunidad, es decir, en la

confianza de los ciudadanos respecto de la autoridad, producto de la legitimidad y

eficacia del gobierno en la solución de las demandas sociales.

La gobernabilidad de un régimen democrático tiene su base en los valores

democráticos, puesto que son los que permiten establecer las reglas del juego

político, de ahí la necesidad de introducir esquemas que favorezcan la tolerancia,

la participación, el diálogo como métodos de resolución de los conflictos, y que

estimulan el desarrollo de una cultura política democrática que beneficie a todos

los sectores de la sociedad.


CXIV

El Estado como encargado de producir políticas públicas que involucren a los

actores políticos y sociales, requiere de reformar sus estructuras e instituciones

políticas ante la necesidad del cambio que se observa en el ámbito social, cultural,

económico y político, de tal forma que su actuación sea eficiente y eficaz. En ese

sentido la consolidación de un Estado social es necesaria, en la medida que las

políticas del gobierno se orienten a favorecer a grandes sectores de la población,

es decir, aminorar los problemas como la pobreza que afectan de forma

importante la confianza en el régimen.

Dentro de una concepción de mayor refinamiento los elementos sustantivos de la

democracia como el respeto de los derechos básicos de las personas, las reglas

e instituciones que definen la manera en que se toman las decisiones colectivas y

quién está autorizado para hacerlo, se agrega el principio de ciudadanía. Con él

se profundiza en torno a la democracia participativa, para completar la democracia

política. Cuando se habla de la consolidación del Estado liberal, se requiere aludir

a la expansión de la esfera de la libertad de los ciudadanos; es decir, además de

los derechos, las instituciones y las reglas formales se requieren del desarrollo de

un espacio en el que los gobernantes y los gobernados puedan interactuar.

Siendo la sociedad civil ese ámbito donde tiene lugar el involucramiento

ciudadano en cuestiones políticas, para incidir en las cuestiones de gobierno. Es

ahí donde tiene lugar la puesta en juego del binomio compuesto por el derecho y

la política.

Los partidos políticos son fundamentales en la búsqueda de la modernización

política, en gran parte porque son los representantes de intereses, de grupos, de

sectores amplios de la sociedad que influyen en la determinación de los

programas, proyectos de gobierno, por lo que su función es trascendental para

alcanzar acuerdos en los temas importantes del país, así como en la renovación

de las élites políticas, las cuales tienen la posibilidad de modificar las conductas,


CXV

prácticas y costumbres que se mantienen del régimen autoritario. En este sentido,

la administración pública juega un papel esencial en la consolidación de un

régimen democrático que incluya a toda la sociedad y no sea excluyente, al mismo

tiempo que garantiza las condiciones para el funcionamiento del gobierno en lo

que se refiere a la prestación de bienes y servicios, y en este aspecto es

necesario su transformación para que responda con oportunidad, calidad, eficacia

a las demandas sociales y no se convierta en un instrumento de corrupción,

ineficiencia, que incremente la desconfianza en la acción del gobierno.

También se señaló el papel relevante que han tenido los partidos políticos, los

cuales se desenvuelven en dos espacios: la sociedad política y la sociedad civil.

Tomando las demandas de ésta última para procesarlas posteriormente en la

lucha por el poder político. En el Congreso se presentaron las iniciativas de ley, a

través de las cuales se recogieron las aspiraciones ciudadanas de restitución del

derecho de elegir libremente a los gobernantes y representantes de sus distrito

electorales a la par de las modificaciones de los mecanismos de la intervención

ciudadana en la operación misma del sistema o estructura del Estado; es decir, en

los espacios de institucionalizados de la participación ciudadana.

Sin embargo la situación en que se encuentra el país, es de una falta de

conducción política, de la inexistencia de una clase política que permita atender

los asuntos de gobierno de manera eficiente, congruente, con las necesidades

sociales, por lo que se atraviesa por un déficit de gobernabilidad, en el cual el

gobierno no tiene la capacidad suficiente para establecer las líneas de acción que

permitan la estabilidad política y el crecimiento económico. Por tal motivo, a pesar

de que alguna manera el régimen ha sufrido cambios que se han producido desde

finales del siglo XX, no se ha realizado la instalación de un nuevo régimen que

apoyado en los cambios que se suceden, permita reformar las instituciones,

establecer nuevas reglas, es decir, rehacer el Estado para que garantice el


CXVI

bienestar social, ante la incertidumbre del contexto internacional y las presiones

internas de los diversos grupos de la sociedad mexicana.

La presencia del estado denota una diferenciación funcional que ha favorecido la

democratización de la vida política local. Motivando cambios en el espacio público

estatal, como los nuevos mecanismos de participación ciudadana

institucionalizada y colocando en la opinión pública temas relacionados con la

defensa de los derechos y los valores de la democracia. Su consolidación

dependerá del predominio de una cultura democrática en la cual la tolerancia, el

respeto a la diferencia, la deliberación, la búsqueda de consensos y la inclusión,

sean la regla y no la excepción.

El establecimiento de un arreglo institucional que se sustente en un marco jurídico

que sea acorde con las condiciones políticas, económicas, sociales por las que

atraviesa el país es de vital trascendencia para que se reafirme el Estado de

derecho, puesto que sin el respeto a la autoridad formalmente constituida, sin la

capacidad para que los actores políticos resuelvan sus diferencias en un ambiente

propicio para ello, se traducirá en un desapego a las normas, reglas básicas

dentro del orden político, lo cual repercute en la capacidad del gobierno para

garantizar el orden público y en la estabilidad del régimen político; al no existir una

forma de canalizar las demandas de los sectores de la sociedad que conducen a

una falta absoluta de justicia y apoyo al orden legal.

En ese sentido, la urgencia de consolidar un Estado de derecho que garantice los

derechos y al mismo tiempo las obligaciones de los miembros de la sociedad, es

fundamental para la formación de ciudadanos que permitan establecer una cultura

que se sustente en los valores que sean la base para consolidar una sociedad que

sea más equitativa, justa, y que reconozca los derechos de las minorías, como es

el caso de los grupos indígenas, de tal forma que la pluralidad de culturas que

conforman el Estado-nación es un factor esencial para entender los cambios en la


CXVII

sociedad mexicana y al mismo tiempo es el camino por el cual se transitará hacia

una democracia integral que permita aprovechar las diferencias para dirigirlas a un

desarrollo amplio de la población.

Dentro de este contexto, los indicadores de gobernabilidad del régimen actual

vistos en tres planos reflejan que por un lado la administración pública tiene un

nivel medio de aceptación en la prestación de los servicios públicos, es decir, la

percepción ciudadana considera que todavía es insuficiente su acción por lo que

es ineficaz; mientras que la legitimidad del gobierno es cada vez más precaria en

el sentido que su credibilidad y confianza tienen un nivel bajo; así como la

estabilidad del régimen tiene un nivel bajo en esta percepción, debido

fundamentalmente a la carencia de instrumentos y métodos necesarios para

resolver los conflictos, lo que genera tensiones sociales y políticas que inciden

directamente en la estabilidad del régimen.

El gobierno actual estableció la prioridad de efectuar reformas estructurales en

tres ámbitos; el energético, laboral y fiscal como instrumentos necesarios para

garantizar el desarrollo del país, en el primer caso, se plantea la necesidad de

inversión privada en el sector para su crecimiento, en el segundo, establecer una

flexibilización laboral que mejore las condiciones para la creación de empresas e

inversiones, y en el último se pretende incrementar los recursos del gobierno a

través de diversos impuestos, sin embargo, tales factores inciden en la

gobernabilidad en la medida que es necesario establecer acuerdos y consensos

que permitan establecer la viabilidad de las reformas, lo cual se refleja en las

tensiones y contradicciones al interior del régimen.

El déficit de gobernabilidad que caracteriza al gobierno es producto del

desequilibrio entre el nivel de demandas sociales y la capacidad de respuesta

gubernamental, generado por la inexperiencia, ineficacia del grupo gobernante y la

ausencia de un liderazgo presidencial, provocan que el gobierno sea rebasado por


CXVIII

las exigencias de los distintos grupos de la sociedad que requieren solución a sus

demandas y que muestran cada vez más un mayor interés en influir y participar en

las decisiones de gobierno.

En este panorama, la gobernabilidad del régimen político mexicano se sustenta en

la capacidad del sistema político para absorber las demandas ciudadanas, es

decir, en la medida en que el gobierno resuelva los problemas, los conflictos y

atienda a una sociedad cada vez más compleja, será en esa dirección que cuente

con el respaldo de la ciudadanía, lo que se traducirá en una mayor legitimidad del

régimen. Así como también en la acción de un Estado eficaz que oriente sus

recursos a la inversión pública y privada que incentive el desarrollo del mercado

interno y la creación de infraestructura económica y social para impulsar el

crecimiento económico, en esa medida resolverá los problemas de atraso social

que vive la sociedad mexicana y que derivan a su vez en la falta de confianza y

credibilidad de gobierno.

No obstante, las limitaciones que pueden apuntarse en la manera en que se ha

configurado la institucionalidad democrática en el país, ha generado una

característica sobresaliente es la de haberse desarrollado mediante el

consentimiento de sus artífices de alejarse de la violencia, distanciándose de

ciertas posiciones que sostenían en esa vertiente algunas fuerzas políticas de

izquierda. Ha permitido que se procesen los conflictos políticos, sin quiebres

catastróficos, en la medida en que se abrió el acceso a la competencia política de

todo el abanico de organizaciones sindicales, sociales y políticas

La solución a los problemas de la nación tiene que basarse en la participación de

diversos actores políticos y sociales. Sin el involucramiento ciudadano en los

asuntos públicos, es imposible que las autoridades y los representantes lo

realicen. Después de lograr la restitución de su derecho de libre elección de sus

autoridades e incidir en el cambio del modelo de legitimación política, es necesario


CXIX

que los ciudadanos tomen parte en los procesos de decisión de las políticas

públicas, buscando profundizar y hacer efectivos todos sus derechos políticos y

sociales.

De este modo se determinan dentro de las medidas fundamentales que deberá de

resolver el estado mexicano, en sus tres poderes, en materia de gobernanza se

encuentran las siguientes:

1. Establecer una agenda mínima de reformas constitucionales que resuelvan

las constantes contradicciones y vacíos fundamentales que actualmente

existen en la designación de gobernantes y su sustitución; competencias de

los tres ámbitos de los poderes del estado, así como en materia de

competencia de gobierno.

2. Establecer un marco institucional y normativo que precise ámbitos de

competencia, responsabilidad y respuesta a las críticas y descredito social

que subsiste respecto a la existencia de organismos “mixtos” reguladores

en materia de telecomunicaciones, competencia económica y competencia

política.

3. Identificar áreas del accionar del gobierno que sean propicias para que la

sociedad civil se observe corresponsable respecto a mantener las funciones

sustantivas de funcionamiento de buen gobierno, así como establecer el

andamiaje institucional para que dicha intervención se efectué apegada a

derecho y conforme a un perfectamente identificado interés público.


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“LEGITIMACIÓN Y GOBERNANZA EN LOS GOBIERNOS DE LA

ALTERNANCIA EN MÉXICO, 2000 – 2011”


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1

CAPITULO PRIMERO: DESARROLLO POLÍTICO EN MÉXICO ........................................... 7

1.1. Percepción Primordial del Desarrollo ........................................................................... 7

1.1.1 Política: Régimen y Sistema. .................................................................................... 7

1.1.2 Absolutismo ................................................................................................................... 9

1.1.3. Democracia. ................................................................................................................ 11

1.1.4 Democracia, Transformación y Liberalización. .................................................. 19

1.1.5 Transformación Política. .......................................................................................... 25

1.2. Régimen Político: Formación ........................................................................................ 30

1.2.1 Régimen Político: Elementos .................................................................................. 36

1.2.2. Régimen Posrevolucionario ................................................................................... 37

1.3 Lo Hegemónico de un Partido Político ........................................................................ 40

1.4. Presidencialismo .............................................................................................................. 43

1.5. Cambio Político en México. ........................................................................................... 46

1.5.1 La Construcción, Fortalecimiento y Auge del Presidente y el Partido ....... 46

1.6. Formación de la Diversidad Política ............................................................................ 52

1.7. Competencia Política ....................................................................................................... 61

1.8 Poder Presidencial: Alternancia .................................................................................... 71

1.8.1 La Forma Propia de Gobernar. ............................................................................... 75

1.9. México: Las Instituciones Contemporáneas ............................................................. 85

CAPITULO SEGUNDO: INSTITUCIONES DEMOCRÁTICA: SU DESARROLLO. ........... 90

2.1. Reforma Política de 1996 y Apertura Institucional. ................................................. 92

2.1.1. Sistema Electoral ...................................................................................................... 98

2.1.2. Sistema de Partidos Políticos .............................................................................. 101

2.2 Partidos y Agrupaciones Políticas .............................................................................. 103

2.3. Las Situaciones para la Competencia....................................................................... 105

2.4. Gobierno Fraccionado .................................................................................................. 108


2.5 El Parlamento ................................................................................................................... 111

2.6 Partidos Políticos: Injerencia en la Democracia ..................................................... 113

2.7. Medios de Comunicación ............................................................................................. 119

2.8. Indicadores para medir el Grado de Gobernabilidad ............................................ 121

2.9. La Confianza en el sistema Gubernamental ............................................................ 124

2.9.1 La Credibilidad .......................................................................................................... 126

2.9.2. La Administración Pública y su Importancia ................................................... 128

CAPITULO TERCERO. LEGITIMACIÓN Y GOBIERNO EN MÉXICO .............................. 135

3.1 Aspectos Sobre la Gobernabilidad y Gobernanza ................................................. 137

3.2 Gobernabilidad Democrática ........................................................................................ 143

3.3 Contribución en la Gobernabilidad ............................................................................. 151

3.4 Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México ............................................. 154

3.5 La Participación de la Ciudadanía en México .......................................................... 161

3.6 La Construcción de una Relación ............................................................................... 176

3.6.1 Relación Futura entre Gobiernos y Sociedad Civil ......................................... 182

3.6.2 Rendición de Cuentas ............................................................................................. 184

3.6.3 Responsabilidad Social .......................................................................................... 188

3.6.4 Notificado ................................................................................................................... 189

CAPITULO CUARTO. LA SOCIEDAD EN LA LEGITIMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO ................................................................................................................................... 191

4.1. La Política (Prácticas y Cultura) y Organización Gubernamental ..................... 191

4.1.1. Las Incoherencias del Estado: Teoría y Práctica ........................................... 191

4.2. El Espacio Público Legitimado, su Apertura .......................................................... 204

4.3 La Participación de Sociedad Civil como “Co-actor” en la Legitimación ........ 209

4.4. La Democracia Participativa ........................................................................................ 213

4.5 La Sociedad Civil y su Intervención en la Toma de Decisiones ......................... 219

4.6. La Sinuosa Relación: Estado de Derecho Democrático y Sociedad Civil. ..... 221

4.7. El Estado de Derecho Democrático. .......................................................................... 225

4.8. Los Principios del Estado: Responsabilidad del Estado Derecho .................... 236


4.9. La Sociedad Civil y su Relación con el Estado. ..................................................... 247

4.10 Área Pública .................................................................................................................... 262

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN ............................................ 276

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 283


1

INTRODUCCIÓN

La creciente participación de la sociedad civil en los espacios local, nacional e

internacional, es reconocida por sus contribuciones a la instrumentación y

ejecución de programas y políticas públicas. En México sus acciones han sido

fundamentales para detonar y reforzar los procesos democráticos, como

consecuencia las instituciones gubernamentales procuran mayores interrelaciones

con las organizaciones para generar consensos sociales y aprovechar este

empuje organizado de la sociedad.

Los nuevos contextos propician que la sociedad mexicana atraviese por un

período clave, gracias al camino recorrido en los últimos cincuenta años, que le

permite abrir más y nuevos espacios a la participación social de acuerdo a las

circunstancias que exige la actual coyuntura. Ciertos acontecimientos han sido

catalizadores importantes para que cada día surjan nuevas redes de sectores

organizados. Iniciativas de ciudadanos de diversos países que van más allá de las

fronteras nacionales con objetivos de mayor alcance que su país, algunos de

carácter regional o incluso universal son la red en la que hoy descansa la

sociedad. La importancia que se ha tenido en el proceso de transición democrática

en México con sus consecuentes cambios en el marco legal, han dado pie a

generar nuevos canales y mecanismos de comunicación, negociación y diálogo

entre ambos.

Sin pretender que los acontecimientos han tenido lugar de forma lineal, partiendo

de un punto específico sabiendo de antemano a dónde se va a llegar. Ni tampoco







2


etapa histórica.

Podemos caracterizar hasta la segunda mitad de la década de los ochentas, una

etapa de autoritarismo y organización política vertical, en la que el predominio de

las decisiones fundamentales estuvo a cargo de una sola persona: el presidente

de la República, quien además fungía como el líder incuestionable del partido

oficial. En ella, el desarrollo de instituciones propias de la democracia fue bastante

limitado, en especial las relativas a la transmisión de la autoridad. Los

lineamientos legales para sustentar el estado de las cosas se percibieron más

como herramientas para proteger a quien detentaba el poder, y menos como un

conjunto de reglas que permitieran dirimir de manera satisfactoria las diferencias

políticas.

Asimismo, hasta la última década del siglo XX, perduró una organización política

de forma autoritaria para gobernar.; en esa estructura, en la cúspide el dominio fue

mantenido por el presidente de la República. Encargado de nombrar al o los

responsable de los asuntos políticos-administrativos.

Dentro de ese esquema se configuró la participación pasiva de los ciudadanos en

los asuntos públicos. Tenían que esperar a que las autoridades decidieran los

diversos programas de intervención gubernamental en la sociedad para tener la

posibilidad de canalizar sus inquietudes. Las iniciativas que surgían en la base de

la pirámide tenían que sortear toda la jerarquía con escaso margen para

prosperar.

Además de ser limitada, otra característica de la participación era el control llevado

a cabo por las autoridades. Cualquier conjunto de personas que decidía actuar

para defender sus intereses, necesariamente tenía que formar una organización

sujeta a los designios de los funcionarios públicos o de los líderes del partido


3

oficial. Estos últimos otorgaban apoyo, principalmente cuando se acercaban los

periodos electorales, a cambio de los respectivos votos en su favor. Asimismo la

composición del partido oficial permeaba las estructuras de la organización política

y de participación ciudadana.

Ante ello, las reglas y los procedimientos para suceder a las autoridades, de forma

democrática, fueron muy limitadas. El sistema electoral estaba dominado por el

ejecutivo y sus representantes gubernamentales, con lo cual no estuvo

garantizada la imparcialidad en las elecciones. En esa etapa se restringían a los

procesos para elegir al presidente de la República, a los Diputados y Senadores

federales. En ese contexto, la oposición partidista no contó con las condiciones

necesarias para competir por el poder.

En un ámbito de normalidad democrática, la transferencia de autoridad a los

gobernantes se realiza por medio de instituciones y reglas aceptadas en su

mayoría por los gobernados. Por el contrario, cuando se presenta el autoritarismo

en la relación entre gobernantes y gobernados, se privilegia el mando y la

obediencia sobre el consentimiento.

Para los años ochenta tuvieron lugar acontecimientos de amplia repercusión en la

capital, que detonaron la profundización de los reclamos democráticos por parte

de sus habitantes. La ineficacia de las autoridades para atender la contingencia

del sismo de 1985 y la pérdida de legitimidad del sistema político, provocada por

las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988.

Lo que generó en relación con la transición democrática y el cuestionamiento de la

legitimidad en la elección de las autoridades, poner en marcha la reforma política

en diversos momentos relevantes. Es importante señalar la incidencia de esas

adecuaciones institucionales en nuevas experiencias electorales, toda vez que con


4

ello se generó una dinámica favorable de acumulación progresiva de elementos

democráticos.

No obstante el inscribirse dentro de un proceso gradual y de larga duración, se

pueden localizar momentos sobresalientes en el proceso de democratización y

creación de nuevas instituciones adecuadas para México. A partir de la reforma

política de 1977, en la que confluyeron los reclamos de partidos políticos,

movimientos sociales, intelectuales y ciudadanos en general, se pugnó por lograr

una mayor participación política y modificar de manera sustantiva la forma en que

se gobernaba en el país.

Dentro de la reforma electoral nacional se inscribió todo el conjunto de cambios,

en ella sobresalió la forma en que se lograrían los acuerdos entre los diversos

partidos políticos, las autoridades federales y las autoridades locales.

En lo relativo a la legitimación, es pertinente enfatizar que la estructura en la que

se basó el régimen priísta se ha debilitado considerablemente. La subsistencia de

prácticas políticas prevalecientes en el viejo régimen autoritario se ha visto

acotadas por las nuevas estructuras institucionales de corte democrático. El

agotamiento del sistema de partido hegemónico y el fortalecimiento del pluralismo

político han permitido profundizar en la vigencia, de lo que anteriormente fue una

formalidad democrática.

Si los avances permiten enfatizar que la certidumbre autoritaria en la que se

basaba la transmisión del poder, se ha modificado por la incertidumbre

democrática de los procesos electorales, la consolidación del nuevo modelo de

dominación depende directamente de la construcción de un entramado

institucional, que permita la generalización de reglas claras para encauzar el

conflicto político, el acceso a los cargos de gobierno y de representación; el

ejercicio de sus funciones y la participación ciudadana en los asuntos colectivos.


5

Por ello para Movimiento Ciudadano, la dimensión de la legitimación requiere de

un análisis más detallado.

Por lo anterior la investigación abarcará en el capítulo primero, los elementos

teórico-analíticos que establecerán el punto de partida de los tópicos abordados a

través de la investigación, resaltando los aspectos que permiten el desarrollo del

Estado liberal democrático, así como el desarrollo del concepto de legitimación

que se articula con la idea de la democratización de las sociedades

contemporáneas y la cuestión de las instituciones que respaldan dichos cambios

democráticos.

En un segundo capítulo, se caracterizará la etapa del régimen autoritario y los

mecanismos de participación ciudadana a través de los partidos políticos,

centrando el análisis en las estructuras que permitieron su consolidación y

desarrollo;

Para el capítulo tercero, se abordará el proceso de apertura institucional,

resaltando las reformas políticas aplicadas para ese momento y de los posibles

cambios que generó en la ciudadanía.

En el capítulo cuarto resaltaremos los nuevos espacios que se fueron generando

con la participación de la sociedad mexicana en la legitimación de su nuevo

gobierno y de cómo este abrió nuevos mecanismos de inclusión en la

normatividad democrática del país.

De tal manera, es necesario de que la gobernabilidad política que se da en México

dependa en gran medida de que este alcance un grado tal de democracia que

permita la estabilidad política, para lo cual se requiere cambios en dicho régimen

que favorezcan el consenso y la participación social. El enfoque de la

gobernabilidad que podrá conjurar de alguna manera las exigencias de la mayor


6

parte de la sociedad mexicana, se tendrá que sustentar en los acuerdos y

consensos que se logren entre los actores políticos para establecer políticas

públicas que resuelvan de manera eficaz las necesidades sociales y de esa

manera se tendrá confianza en el gobierno.


7

CAPITULO PRIMERO: DESARROLLO POLÍTICO EN MÉXICO

1.1. Percepción Primordial del Desarrollo 1.1.1 Política: Régimen y Sistema.

Superficialmente, las diferencia que estriba entre régimen y sistema son más de

discurso que de fondo. La noción de régimen, suele ser usada en un espacio más

acotado y específico que el de sistema, y su estudio hace referencia más bien a

tipologías. Regularmente, ambas nociones son utilizados indistintamente sin

mayor problema como sinónimos.

La definición de sistema político comprende una situación mucho más extensa que

la del régimen. Amplía el horizonte del estudio de los fenómenos políticos más allá

de la condición del Estado, al poner énfasis en los procesos de formación de la

voluntad política y el conjunto de las relaciones que ellos instituyen en la

construcción de un equilibrio de poder; tiene que ver con la praxis, reglas,

instituciones formales y grupos caracterizados por un cierto grado de

independencia recíproca, conectados entre sí que configuran un todo; las

prácticas y relaciones de poder vigentes en una sociedad que regulan su acceso,

distribución y ejercicio; incluyendo las interacciones que sobresaltan el uso de la

coacción física legítima. El acumulado de instituciones gubernamentales y no

gubernamentales que cumplen funciones de dominación y dirección política, así

como de administración social, y contempla al personal directivo que las sostiene y

utiliza. La política en movimiento, no como algo formalizado que cristalizara en la

figura teórica del Estado.

Desde la apariencia sistémica, es un dispositivo que opera con equilibrio,

homeostasis. Los sistemas tanto entradas (inputs) como salidas (outputs), suponen

un procesamiento de lo que entra, así como su transformación y/o retroalimentación.

La asignación autoritaria de valores para una sociedad, un conjunto de interacciones


8

a través de las cuales se hacen e implementan dichas asignaciones. David Easton.

Esquema para el análisis político. Amorrotu editores, Argentina 1989, p 79. Ernesto

Garzón Valdés, entiende al sistema político como la unidad de reglamentos, normas

de comportamiento y conductas humanas vinculadas con el ejercicio del poder en

una determinada sociedad. El concepto de estabilidad en los sistemas políticos.

(Fontamara: México 1992)

Los elementos que lo forman son: 1) los valores (base ideológico y doctrinario),

justificadores de las acciones del régimen; 2) las normas formalizadas o no, que

especifican los modos en que los miembros pueden participar en lo político y

resolver conflictos; 3) estructuras de autoridad, roles o modelos regularizados de

comportamiento y expectativas acerca del modo en que habrán de comportarse

los que ocupan posiciones especiales en la sociedad y en que los demás deben

obrar frente a ellos.

Si nos exportamos a una definición de diccionario, por régimen político se entiende

el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y su ejercicio (el

gobierno) en unión con los valores (ideologías prevalecientes) que las animan, la

reproducción del sistema económico y su impacto social. Es también, el conjunto

de patrones explícitos o no que establecen las formas y canales de acceso a las

principales posiciones gubernamentales, las características de los participantes

que son admitidos y excluidos, así como los recursos y estrategias utilizados

(Bobbio, Matteucci: 1992, p. 196). Tiene una connotación dialéctica, se refiere a la

distribución y jerarquización normativa de los poderes públicos del Estado, y a las

formas jurídicas institucionales de su renovación y funcionamiento.

Una de las intranquilidades centrales que tutelan el trabajo de Umberto Cerroni

sobre los sistemas políticos, es que hay una cuanto frenia empirista que concentra

la investigación especialmente en los resultados electorales, privilegiando a los

participantes políticos secundarios (partidos políticos) y abandonando a los

primarios (individuos). Un puro mecanismo de competencia entre partidos que


9

buscan conquistar votos-consensos para obtener cuotas crecientes de poder. La

política aparece como un mercado en el que los sujetos del intercambio son sobre

todo partidos y grupos antes que los individuos-ciudadanos, cuentan sólo los

cálculos de corto plazo, las regiones pragmáticas, las valoraciones de los intereses.

Otra desventaja es que en ocasiones, ha apartado indebidamente el análisis técnico

de los procesos históricos profundos y de los elementos culturales que a largo plazo

resultan determinantes. Tiende a cercar la investigación en el ámbito técnico del

corto plazo, ignorando que los cambios más hondos son en realidad determinados

por causales que vuelven en las tendencias históricas y que sólo parcialmente

surgen al conocimiento de los protagonistas. Su estudio debe ser conducido

tomando en cuenta que él mismo es el resultado de una historia específica y que

como tal, es sólo a corto plazo el sistema de disposición por excelencia, mientras

que a largo, opera en el cuadro de procesos sociales y culturales que superan tanto

a los partidos como a los individuos y estructuran nuevas respuestas históricas.

Política, método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías. (Siglo XXI

editores: México 2000, p 137)

1.1.2 Absolutismo

El absolutismo es uno de los conceptos que como el de dictadura y totalitarismo,

se esgrimen en oposición al de democracia para tipificar regímenes

antidemocráticos. Es una manifestación degenerativa de la autoridad entendida

positivamente como sinónimo de poder legítimo y no de fuerza coactiva. La

derivación autoritarismo y el adjetivo autoritario, personifican todo lo contrario; son

términos cargados de significación negativa. No es privativo de un sistema político

determinado o monopolio de una corriente autoritaria. Los regímenes autoritarios,

no están apegados en un cien por ciento a un modelo teórico, puede haber

variaciones o matices entre ellos. Existen varios tipos: burocrático-militar, estatal-

orgánico o corporativo, autoritario de movilización posdemocrática y totalitario

(Mario Stoppino: pp. 1143-144).


10

Un sistema es autoritario cuando hay una enorme concentración del poder de

decisión en un solo líder, pequeño grupo, u órgano, y restan valor a los

organismos representativos, deficiente retroalimentación y su legitimación

depende del rendimiento. La ideología suele ser poco articulada; no está muy

delimitada y acabada, como en el caso de los totalitarismos, posee mentalidades

peculiares. Su pluralismo es limitado y no responsable, puede ser equiparable a la

liberalización política, puesto que no garantiza una democratización plena, ni abre

posibilidades reales a la alternancia. Con baja movilización política en la fase

intermedia de mayor estabilidad y poder detentado por algún líder o una pequeña

élite dentro de límites formalmente mal concretados aunque predecibles, lo que le

permite márgenes muy amplios de arbitrariedad en sus decisiones, de las cuales

no se responsabiliza ante los ciudadanos y grupos que los sostienen, generando

hasta los extremos en el ejercicio del poder y ausencia de compromiso real para

remitir cuentas a la ciudadanía. Se limita por normas jurídicas o de hecho, puede

estar limitado a pequeños círculos políticos y extendidos a un mayor número de

grupos de interés (César Cansino: 1995).

No hay una división real de poderes. Difícilmente se respeta el principio federalista

y el Congreso. El Poder Legislativo se encuentra subordinado al Ejecutivo, quien

tiene las facultades extraordinarias por arriba del orden constitucional, se anula los

procedimientos democráticos, y se restringen y violan de manera sistemática los

derechos humanos y las garantías a grupos e individuos. Las leyes dejan a veces

considerable espacio discrecional para los gobernantes, lo que les permite aplicar

el derecho de manera arbitraria. Tampoco existe un sistema de partidos enérgico.

Generalmente, un partido único o predominante, agrupa verticalmente a amplios

sectores de la sociedad civil. Otorgan ciertas libertades a las oposiciones o

pseudo-oposiciones y autorizan e impulsan su participación, pero sin dejarles la

posibilidad plena de alternancia. Los partidos, en algunos casos, funcionan como

satélites con relación al partido en el poder, y en el mejor, juegan un papel de


11

semi-oposición. La sustitución de gobernantes no se hace a través de elecciones

competitivas y limpias -aunque existen procesos electorales-, se concretan por

otros mecanismos; en un amplio margen son controladas por el gobierno y su

partido. Presentan transformaciones pactadas con la oposición, pero no se han

podido incorporar y asimilar cambios en el aspecto social, político e ideológico.

Restringe la libertad y privilegia el aspecto de superioridad, así como la obsesión

por mantener el orden. Los medios de comunicación masiva están expuestos al

control gubernamental, que va desde la censura explícita, hasta sugerencias más

sutiles. La representación de intereses, se expresa habitualmente a través del

corporativismo estatal. Con la ciudadanía, persiste una trato clientelar de

intercambio jerarquizada, relativamente estable, que propicia el apoyo de los

ciudadanos a los gobernantes a cambio de favores. La movilización de la sociedad

es controlada por los aparatos restrictivos que la mantienen al margen, no hay

garantías reales para el ejercicio de los distintos derechos políticos. Se identifican

por el grado de elaboración de justificación ideológica, suelen apelar a valores;

como patria, nación, orden, progreso, justicia, jerarquía, autoridad y otros más o

menos ambiguos, pero no efectúan una misión ideológica totalizadora y, por ende,

incluyente. Los regímenes autoritarios habitualmente detallan con un cuerpo

doctrinario teórico y el apoyo popular es relevante (Julio Labastida Martín del Campo:

1992) 1.1.3. Democracia.

Proverbialmente, la democracia ha sido definida como el gobierno del pueblo, por

el pueblo y para el pueblo (Lincoln), lo que supone una colaboración directa de

éste en el ejercicio del poder, pero ante su inviabilidad, encomienda la facultad de

gobierno en representantes elegidos popularmente. El poder político se legaliza en

el pueblo, quien tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar su forma de


12

gobierno, de decidir a donde ir y determinar cuál debe ser la orientación de las

políticas públicas (soberanía popular).

Para Jean-Jacques Rousseau, partidario de la correspondencia en la participación y

en la toma de decisiones: "nunca ha existido una verdadera democracia y jamás

existirá. Es contrario al orden natural que el mayor número gobierne y que sea

gobernado el menor". Incluso, algunos filósofos griegos la consideraron la peor

forma de gobierno. Constan además, ciertos límites contenidos en el contrato social

que se establece entre gobernantes y gobernados que no debemos soslayar. El

contrato social. (Edimat libros, España 1999, p 111).

Para Joseph Schumpeter, la democracia "no significa ni puede significar que el

pueblo gobierna efectivamente, en ninguno de los sentidos evidentes de las

expresiones “pueblo” y “gobernar". Más bien, es la proporción que tiene de elegir a

sus gobernantes mediante un procedimiento democrático que hace posible la

competencia en elecciones libres. Capitalismo, socialismo y democracia, (Aguilar:

México 1963, pp. 362 y 343.)

En el periodo contemporáneo, la democracia ha sido reducida a un enfoque

meramente instrumental: un método para determinar el liderazgo a través de

elecciones competitivas, transparentes, equitativas y confiables. El elevado costo

de las campañas políticas para alcanzar a un número cada vez mayor de electores

ha puesto en la incertidumbre la validez misma de las elecciones, parte sustancial

en una democracia. La competitividad debe ser regulada de forma tal que

reproduzca la pluralidad, se desenvuelva a través de formas civilizadas, evite la

violencia y se apegue a las normas establecidas. Su ejercicio está sujeto al

consenso y al disenso. Las partes aceptan dirimir sus diferencias por la vía del

diálogo. Se basa en la tesis de la representación y la regla de la mayoría

parlamentaria. La participación ciudadana en la esfera pública en lo político, social

y económico, a través del Congreso. La alternancia, la gobernabilidad, los pesos y

contrapesos (división y equilibrio de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el


13

poder controla al poder), y la vigencia de los ordenamientos legales como término

al ejercicio del poder (negociaciones, acuerdos y normas aprobadas y asumidas

por todos que exigen un debate y crítica permanente). "La democracia es un

asunto perfectible e interminable que asume como virtud el respeto al pluralismo y

a la diversidad de opiniones, para de convenio con ellas y con los concursos

sociales, crear una política de beneficio para las mayorías" (Francisco Gómez Maza:

1996).

"...la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos

concomitantes de libertad de asociación, libertad de expresión y otras libertades

básicas de la persona; competencia libre y no violenta entre líderes con una

revalidación periódica de su derecho para gobernar; inclusión de todos los cargos

políticos efectivos en el proceso democrático, y medidas para la participación de

todos los miembros de la comunidad política, cualesquiera que fuesen sus

particularidades políticas. Prácticamente, esto significa, libertad para crear partidos

políticos y para realizar elecciones libres y honestas a intervalos regulares, sin

excluir ningún cargo político efectivo de la responsabilidad directa o indirecta ante

el electorado" (Juan Linz: México 1990).

En el mismo sentido, Anthony Giddens define a la democracia como "un sistema

que implica competitividad efectiva entre partidos políticos que buscan puestos de

poder... hay elecciones regulares y limpias en las que toman parte todos los actores

de la población. Los derechos de participación democrática van acompañados de

libertades civiles: libertad de expresión y discusión aunado con la libertad de formar

y afiliarse a grupos o asociaciones políticas". Un mundo desbocado. Los efectos de

la globalización en nuestra vida. (Anthony Giddens: México 2002, p. 82). Es un

método de organización del Estado, por el cual los ciudadanos eligen a sus

representantes en el gobierno y establecen el modo en el que todos los funcionarios

serán habilitados. Un régimen político, en el que todos los actos de gobierno

deberán estar preestablecidos en las normas de derecho que rigen el

funcionamiento del Estado y cada mandatario, representante o funcionario deberá


14

responder cabalmente por sus actos ante los órganos que han sido instituidos por

voluntad del pueblo mismo. (Arnaldo Córdova: Uno más uno 15 de junio de 2001).

De igual modo, se intenta que los estados sean soberanos y con capacidad para

decidir al interior de sus respectivos territorios, coordinados por la Federación.

Conlleva al apartamiento entre el Estado y los partidos, un sistema de partidos

fuerte, el abandono del corporativismo y el centralismo, así como una efectiva

rendición de cuentas a los ciudadanos. Pluralista en la economía, la política y las

organizaciones, y con acato a los derechos humanos. Ni la estabilidad ni la

eficiencia son fines en sí mismos, si la oposición escasea de oportunidades y las

decisiones no son compartidas por el pueblo.

Ideológicamente, lo único que permite la coexistencia pacífica y no violenta entre

interpretaciones de política muy distanciadas entre sí: derecha, centro e izquierda.

Lo que la distingue, no es tanto la libertad incondicional para externar opiniones,

sino la oportunidad lícita e igualdad para todos de hacerlo y la protección del

Estado contra injusticias, especialmente la intolerancia violenta (legalidad

democrática). Es proclive a vivir asediada y en permanente riesgo. Más que un

programa de gobierno, es una filosofía política que no prescribe determinada

forma orgánica de gobierno, ni formas concretas de organización económica.

La democracia es "una técnica para la creación del orden social, una manera de

hacer y decidir el destino común". Es en este proceso direccional cuando las

orientaciones políticas de las poblaciones pueden perderse o ser mal

representadas, en donde radica la gran desilusión democrática. Puede ser

recorrido en dos direcciones: de arriba hacia abajo o viceversa. Por un lado, la

imposición de la autocracia y por el otro, la democracia representativa moderna

donde el principio está en la base, en las muchas voluntades de los individuos

concebidos como sujetos de decisiones autónomas ante los órganos habilitados,

cuya composición resulta del cálculo de las decisiones individuales manifestadas


15

principalmente en el momento de las elecciones políticas. Los partidos,

movimientos y grupos de presión son los más próximos a la toma de decisiones y

por tanto, tienen la posibilidad de intervenir directamente en ellas. El pueblo

gobernante organizado por ciudadanos libres, es el que participa en la formación

del Estado y en la creación de su método normativo mediante el ejercicio de sus

derechos políticos (Hans Kelsen: 1992, pp. 30-35 y 137).

Las múltiples confrontaciones entre los actores políticos con frecuencia las hacen

parecer estériles e improductivas, pues provocan ingobernabilidad y un progresivo

desencanto y desánimo generalizado entre la población sobre su utilidad real por

la falta de resultados palpables. Su éxito depende de la eficacia y habilidad de los

dirigentes en la crear e instrumentación de políticas públicas y de una regulación

de los flujos de requerimientos, que permita al sistema tratarlas sin exponerse a

una sobrecarga. La pérdida de credibilidad, producto de los excesos y de la

ineficacia de los gobernantes, y la manipulación de los medios, conducen a la

sociedad a buscar nuevas formas de organización fuera de los partidos que den

cauce a sus justas demandas.

Para estudiar la calidad de la democracia, hay una nueva tendencia que hace

hincapié en baremos para formar una base normativa de valores sobre los cuales

calificar el desenvolvimiento del orden democrático. David Held, marca que es un

experimento mental para transformar prácticas, instituciones y estructuras de la

vida social y política... resaltar las condiciones de una autonomía ideal, los

derechos y obligaciones que las personas reconocerían como necesarios para

lograr el estatus de miembros igualmente libres de su comunidad política. Se

requiere imparcialidad, aceptación, conversión teórica y acuerdo anticipado. La

construcción de indicadores permite medir el grado de acatamiento de los valores

y normas emanados de los países hegemónicos de Occidente y establecer el

lugar que ocupan en el mundo. Presenta una dualidad entre autonomía, expresión

de democracia y producción y distribución asimétrica de perspectivas de vida que


16

limitan y erosionan las posibilidades de participación política... La constatación de

dicha autonomía, ofrece el criterio para emprender la evaluación crítica de la

operación del poder en los distintos lugares y esferas. Sobre la división propuesta

contenida en las siete esferas de poder:

1) cuerpo, 2) bienestar, 3) cultura, 4) asociaciones cívicas, 5) economía, 6)

violencia organizada y 7) relaciones coercitivas e instituciones regulatorias y

legales, se construyen los indicadores y establecen los baremos que deben

abstraerse de las relaciones de poder existentes para descubrir las condiciones

fundamentales de la participación política posible y del gobierno legítimo. (Marcos

Roitman Rosenmann: 2002).

La idea de que la adopción de la democracia conlleva por sí sola a la solución de

todos o casi todos los problemas políticos, económicos y sociales, se confronta al

tradicional enfoque procedimental que la reduce a un simple método en el que

únicamente se hallan las reglas del juego que establecen: quién está autorizado

para tomar las decisiones y bajo qué procedimiento. Una falsa idea de la

democracia supeditada únicamente al ámbito electoral que no profundiza en la

construcción no sólo de instituciones, sino de una sociedad y cultura

democráticas.

Sin embargo, no garantiza el incremento económico como muchos solemos

suponer. Éste aparece con avances tecnológicos. Lo que ciertamente hay, es una

estrecha correlación con la economía de mercado y/o capitalismo, porque limita el

poder del Estado al descentralizar muchas decisiones económicas en individuos y

empresas relativamente independientes eludiendo a un poderoso y autoritario

gobierno central. La democracia no existe sin economía de mercado, pero ésta

puede proporcionarse sin la primera. Subsiste la idea de que un antes económico

debe preceder al después democrático. Ambas coexisten en una especie de

simbiosis antagónica. Son fragmentos de un conflicto en el que se modifican y


17

limitan mutuamente. Desde esta óptica, es el desarrollo el que crea nuevas

fuentes de riqueza y poder fuera del Estado, por lo que a la larga resulta el

promotor de cambios en la estructura social y de los valores que estimulan la

democratización.

La democracia por sí misma no fragua prosperidad. Si lo produce, es porque no

altera los procesos económicos y deja hacer al mercado salvo cuando derivan en

populismo y corrupción. No significa que se resolverán los grandes dilemas

sociales, simplemente avala una mejor administración, por la ampliación de las

libertades políticas, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica de que los

gobernantes pueden ser cambiados. Establece controles al ejercicio del poder y

mecanismos efectivos para lograr mediante reglas fijas. La esencia de la conducta

democrática es lograr esto último, dado que es prácticamente imposible conseguir

lo primero. Las democracias se fortalecen cuando el pueblo aprende que son la

solución al problema de la tiranía, pero no forzosamente a todo lo demás (Neil

Envite y Miguel Basáñez: México 1994, p 107).

Al mitigar la pobreza y mejorarse las condiciones de vida, el crecimiento ayuda a

reducir los aprietos sociales y políticos. No obstante, la economía de mercado

inevitablemente genera desigualdad en los recursos políticos. Los ciudadanos

desiguales en bienes económicos difícilmente serán iguales políticamente, lo que

origina una permanente regides social y política. En sociedades altamente

desiguales, los valores democráticos son más endebles. Los sectores más pobres

ganan escasos beneficios de las instituciones democráticas. Toda vez que el

mercado, nunca ha sido un sistema distributivo completo de los bienes sociales.

A mediados de la segunda mitad del siglo XX, varios de los cambios que

desempeñaron un papel significativo en las transiciones democráticas de diversos

países fueron económicos. Un incremento industrial sin precedente había elevado

los niveles de vida, motivando el desarrollo de las clases medias urbanas que


18

posteriormente alimentarían los objetivos democráticos (Luis Ángeles: 2002, pp

16-17).

Cara a las poderosas empresas trasnacionales y la globalización afín a las

mejores causas con la democracia y el libre mercado, el Estado-Nación tiene

insuficiente capacidad de maniobra. El gobierno administra, es más mercado que

Estado; visto casi como una empresa, se ha ido privatizando aplicando las

técnicas de managament. Por consiguiente, hace falta una nueva legalidad para

una nueva realidad. Una harmonía entre el Estado liberal y el voraz, con la

democracia como puente para salvar las contradicciones, y concesiones mutuas

entre los individuos, la sociedad, el mercado y el Estado para corregir los

desequilibrios del sistema social (Enrique González Pedrero: México 2002).

Referente a la crisis y quiebra de las democracias, varios de los factores que han

sido esenciales para su derrumbe son: sociales, económicos, culturales y políticos.

Prácticamente, no se mencionan las institucionales. Las normas tienden a

transformarse de voz del pueblo a instrumentos de corrupción clientelar; la

igualdad de la ley se deprecia a formalismo burocrático y la igualdad frente a la ley

en pura demagogia. Invertir estos procesos degenerativos es posible, sólo si

aumenta el nivel electivo medio de la sociedad para poder construir un proyecto

por consenso. De ahí, la urgente necesidad de fomentar la participación

ciudadana, la educación cívica y la cultura política.

La democracia directa o dirigida: referéndum, consultas, encuestas y sondeos

televisivos -muchas veces faltos de todo freno y límite constitucional- son

instrumentos que pueden trasladarse a los que tienen los medios para hacerse

elegir y reelegir indefinidamente. El verdadero poder no es el del pueblo que

selecciona, sino el de quien esboza la alternativa entre la que se debe elegir (un

poder visible, televisible). Una caricatura, una manipulación continúa, un intento

sistemático y constante de enajenar a los ciudadanos, a los que se finge


19

reconocer autonomía de juicio; mostrando problemas burdamente simplificados y

distorsionados con criterios de evaluación arreglados cuyo único fin es la

idiotización de las masas.

Sin embargo está afirmación no es del todo verdadera, su práctica es una

realidad. Si bien es cierto que idiotiza, también lo es que puede llegar a

concientizar y producir una opinión pública más informada y crítica, en la medida

en que propicia la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por otro

lado, el uso excesivo de estos métodos se está desgastando por el descrédito e

ineficacia de los gobernantes, provocando entre la población; apatía y desilusión

por la democracia (Michelangelo Bovero: México 1995 pp 10-21).


La transformación y la democracia son términos con demasiadas imprecisiones

conceptuales. A pesar de una vasta existencia literatura especializada sobre el

tema, subsisten equívocos y contradicciones en su manera de ser interpretadas

por una clara ausencia de referentes teóricos. Recientemente, la transición se

transformó en un término recurrentemente utilizado por analistas, actores políticos

y sociales, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación de forma

indiscriminada. Las apreciaciones, varían según el observador. No existe una

visión homogénea, sobre qué se entiende por transición y en qué ámbito.

Transición a la democracia y transición política, son formas que suelen usarse

indistintamente. A ésta última, se le pretende observar como algo integral que está

ligado con cambios en la política económica y en la adopción de patrones sociales

y culturales por parte de la población. No siempre es democrática, en la medida

que un grupo es el que toma las decisiones. Aún así, ambos vocablos han sido

unidos para tratar de explicar los procesos de cambio en los sistemas políticos:

específicamente, en el caminar del autoritarismo a la democracia.


20

La transformación suele definirse como el intervalo que se extiende entre un

régimen político y otro. Está delimitada de un lado, por el inicio de la disolución del

régimen autoritario (el derrocamiento de una dictadura a partir de un golpe de

Estado, o la terminación de un régimen totalitario en donde el partido oficial

sucumbe para dar pie a la pluralidad y la alternancia), y del otro, por el

establecimiento de alguna forma de democracia. Las fronteras no son fáciles de

determinar por el eventual retorno a algún tipo de régimen autoritario, o el

surgimiento de una alternativa revolucionaria la cual puede o no tener un

desenlace democrático (Guillermo O'Donnell, Philippe Shmitter C. y Laurence

Whitehead (comps.): Buenos Aires-México 1989).

Un conjunto de diversos cambios políticos y culturales, transformaciones

institucionales y extra institucionales que llevan al viejo régimen a otro, lo que

genera desacuerdos y posiciones encontradas entre los actores políticos y los

diversos grupos en el marco de las nuevas reglas y procedimientos. La línea

existente entre el pasado y el futuro queda sujeta a los vaivenes de las distintas

fuerzas. La naturaleza del régimen autoritario puede afectar las perspectivas de

consolidación de su sucesor democrático. En la medida que armoniza dos

regímenes antagónicos (un híbrido), al mezclar elementos autoritarios con

democráticos; coexisten lo viejo y lo nuevo, desatando una fuerte disputa entre lo

que está agotado y lo que no acaba de nacer, y las modalidades del régimen a

instaurar. Está ambigüedad procede de:

1) La élite política tradicional la cual sigue conservando y monopolizando el

control direccional sobre los aparatos del Estado y la economía,

2) Conserva su hegemonía sobre y a través de los medios masivos de

comunicación,


21

3) No hay un completo incremento de los derechos civiles y políticos, ni

garantías plenas para el pluralismo y la competencia en igualdad de

condiciones.

La presencia de elementos autoritarios no deriva en que lo sea; se supone que lo

es, cuando de él no puede proceder un régimen democrático, requiriéndose

acuerdos o acomodos especiales que se conocen como transición, lo cual no ha

sucedido en México aunque se le siga proclamando. Entre las razones que

pueden explicar por qué se decide a emprenderla, se encuentran:

a. Cumplió con las necesidades funcionales que le dieron origen;

b. Presenta una rápida pérdida de legitimidad;

c. Siguen existiendo conflictos internos que no logran conciliarse dentro

de la coalición o la élite gobernante;

d. Las presiones al interior obligan a revestirse de una apariencia

democrática. (Víctor Batta: 1995, p 52.).

La hegemonía sobre los medios de comunicación, no fue tal en el periodo

gubernamental foxista. Si bien mantiene cierta influencia, existe una mayor libertad

de expresión, principalmente en la prensa escrita, la cual ya se venía

manifestando desde el gobierno de Ernesto Zedillo, y se refleja en las incisivas

críticas al gobierno y al Ejecutivo mismo (César Cansino: p. 1 y 14).

La señal típica de que se ha iniciado una transición se da cuando los gobernantes

autoritarios comienzan a considerar la posibilidad de instrumentar una reforma que

conduzca a la democracia. Es aceptada temporalmente por los grupos opositores

involucrados en la redefinición de regulaciones que conlleven a la


22

institucionalización de un conjunto de acuerdos con vistas a ofrecer mayores

garantías para los derechos de los individuos y grupos introduciendo cambios

escalonados: la intensificación de los canales de movilización alternativos

mediante la legalización de partidos de oposición adicionales, así como la creación

de nuevas oportunidades para la competición y la representación en la palestra

electoral y legislativa.

Este periodo se denomina liberalización política: una apertura limitada del régimen

autoritario en ciertos aspectos con el fin de librar la presión social, reteniendo

algunos privilegios. El incremento de las libertades cívicas y políticas, sin poner en

riesgo el statu quo. Está sujeta a la disposición y sensibilidad de la élite

gobernante para conceder lugares a los opositores. No garantiza una

democratización plena, y en ocasiones, llegan a revertir determinados factores de

riesgo desestabilizador que a la larga permiten reordenar las coaliciones

dominantes y alianzas tradicionales. En contextos de crisis política puede ser un

factor de prolongación, pero también de potencial ruptura y cambio. La posibilidad

de regresiones en sentido opuesto al deseable, es latente.

La democratización soporta una estrategia negociada, un acuerdo efectivo entre

los diversos actores por la transformación del régimen, así como una colaboración

cada vez mayor de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la rendición de

cuentas de los gobiernos a la sociedad. Se logra con la instauración de

procedimientos electorales participativos y competitivos, el reconocimiento de

triunfos de la oposición, el establecimiento de una legislación electoral imparcial y

la preeminencia de mecanismos constitucionales. También conlleva una estrategia

adaptativa con la que procura su continuidad, contención de las circunstancias

que le son adversas o potencialmente desestabilizadoras, y retardo y

debilitamiento de las posibilidades democratizadoras (César Cansino: México

2000, pp. 13-14).


23

La liberalización y la democratización envuelven gradualismo. No son sinónimos;

sin las garantías de libertad individual y colectiva que entraña la primera, la

segunda corre el riesgo de degenerar en un formalismo (democracias populares).

Si no existe responsabilidad ante las masas e institucionalización de los grupos

minoritarios en el segundo caso, la liberalización puede ser expeditamente

manipulable y recortada según la conveniencia de los gobernantes. Son procesos

que se coordinan y complementan para facilitar la transición, que por lo general,

tiene como antecedente una crisis del régimen autoritario. No son forzosamente

simultáneos o progresivos, suponen algún nivel de desestabilización: fracturas en

la coalición dominante, pérdida de legitimidad y eficacia direccional del gobierno

(crisis de gobernabilidad), y un ascenso de la movilización social conflictiva o de

signo anti-régimen. La discrepancia radica en el grado de presión que las diversas

formas de oposición y las distintas élites ejercen. En presencia de un quiebre, la

movilidad de recursos se incrementa y tal rearticulación puede ser el preámbulo

de una negociación hacia la democracia. En su ausencia, toda iniciación tiende a

ser controlada y manipulada por la élite política de acuerdo a sus intereses, siendo

el principal, la conservación del poder.

En resultado, la transición de un régimen autoritario a uno democrático presume el

cambio de un conjunto de arreglos institucionales y prácticas definidos y

controlados discrecionalmente por la élite en el poder, a otro acuerdo en el que el

funcionamiento de las estructuras y prácticas se sometan a una disputa, estén

garantizadas por la Constitución, y sean respaldadas por la participación

ciudadana y diversas instituciones independientes. Existen dos etapas en la

instauración de un régimen democrático que se encuentra en un mismo proceso

histórico en donde cronológicamente, la segunda es consecuencia de la primera:

1. El cambio depende de la concertación entre los actores político-partidarios

que intervienen en un papel central en la conformación del marco legal que

conlleve a la adquisición, permanencia y pérdida del poder, y en el


24

desarrollo de una cultura democrática nueva.

2. La consolidación se refiere a la vigencia segura del régimen. La elaboración

de aquellas condiciones políticas, económicas, sociales y socioculturales

que consienten suponer la estabilidad de la democracia con mayor

probabilidad. Depende de otros factores, como la viabilidad de la economía

y la capacidad para satisfacer determinadas expectativas sociales. (Dieter

Nohlen: México, 1990, p 128).

Para Laurence Whitehead, las transformaciones terminan cuando se instala un

núcleo básico de instituciones y autoridades democráticas con un alto grado de

legitimidad, exentas de cuestionamientos por los propios grupos políticos. La

disputa por el poder se canaliza electoralmente sin dificultades posteriores; hay

pleno convencimiento de los grupos que participan en la arena política de que no

hay otro camino distinto para obtenerlo de manera legítima. Requiere de un

atmosfera favorable determinado por un pacto entre los involucrados en la

redefinición de las reglas. Las dos tareas fundamentales de un gobierno

democrático -si está dividido entre los que administran la democratización y

quienes administran las demandas sociales- son: ultimar la transición por medios

netamente pacifistas -no violentos- como opción de cambio y alternativa al evento

revolucionario, asegurar la democratización e iniciar la consolidación (O'Donell y

Schmitter: p. 66).

Para ello se requiere, instaurar modernos sistemas constitucionales y electorales;

deshacerse de funcionarios; revocar o modificar leyes inadecuadas para la

democracia; inhabilitar o cambiar drásticamente instituciones como la policía

secreta, y en relación con los sistemas de partido único: apartar las funciones,

propiedades e integrantes del partido y el gobierno; contrarrestar la combinación e

interacción entre poca legitimidad y efectividad ante la imposibilidad de tratar los

problemas, las limitaciones partidistas y las deficiencias de los líderes. La


25

legitimidad descansa en el rendimiento de los gobernantes, y la del régimen,

deriva del ámbito electoral y los procedimientos por lo que estos gobiernos se han

formado. Por lo regular, tienen que enfrentar la disyuntiva de sancionar la

incompetencia, la corrupción y el fraude cometidos por funcionarios anteriores, o

bien, basarse en la reconciliación entre los opositores y los que violaron los

derechos humanos, instrumentando la amnistía.

Los grupos desacreditados por su asociación con el régimen autoritario,

restablecen su legitimidad e influencia. En los fuertes que se autodisolvieron, no

se juzgaron. En los débiles que se derrumbaron fueron castigados siempre y

cuando, el nuevo gobierno los sentenciara con rapidez. El apoyo popular y la

indignación se caen con el tiempo, la justicia tiene que llegar lo más rápido o no lo

hace nunca. (Samuel Huntington: p. 256).


La transformación que acontezca en el sistema político y/o alguno de sus

componentes puede suceder a nivel de:

• Comunidad política: personas o grupos activos que pueden incurrir en el

sistema (cultura política). Así como sindicatos, partidos, corporaciones,

entre otros.

• La actuación de los actores políticos (partidos, grupos de interés,

movimientos sociales, representantes del poder, protagonistas del cambio,

entre otros), la disposición de sus relaciones y acciones, y los

condicionamientos de tipo económico, cultural, internacional, que permiten

detectar las precondiciones estructurales de la transformación, los

fenómenos que lo impulsan, y el ritmo y los alcances de la transición. Lo


26

que implica estudiar, no sólo el cambio de, sino en los regímenes políticos.

• Régimen: valores, normas, ideologías, principios, creencias dominantes o

en competencia, como dispositivos de convivencia o interacción admitidas

tácitamente que influyen específicamente en las reglas formalizadas para

la resolución pacífica de los conflictos, en los procedimientos y estructuras

de autoridad.

• Estructuras de autoridad: de decisión (repartición de costos y beneficios) y

coerción (llevan a cabo las decisiones, forzan la obediencia y extraen los

recursos de la sociedad). Admiten ubicar las estrategias que se configuran

antes y después del cambio por parte de los actores y coaliciones

dominantes para los acuerdos y alianzas (Leonardo Morlino: Madrid

España 1985, pp. 44 y 47).

Un cambio absoluto del sistema político, o sólo ciertas modificaciones en su

interior. Dimensiones del cambio:

• Continuo-discontinuo.

Continuo; cambios de carácter incremental, las cuales pueden ser profundas pero

tienen una concreción en el largo plazo a favor del régimen. Hay una mayor

intervención de actores identificados con el régimen de partida.

Discontinuo; cambios importantes en lapsos de tiempo cortos, pero en el largo

plazo quedan aisladas y diluidas las del basamento institucional que son las más

relevantes.

• Pacífico-violento; si los índices de violencia son controlables, quién los

controla y contra quién se ejercen (asesinatos políticos, represión a


27

opositores o afines). Tiene alcances inseguros; pueden o no acelerar el

cambio, provocar una reacción social, un ascenso de represión de las

oposiciones y la retractación del gobierno en los cambios ya pactados.

• Compensado-descompensado; no todos los componentes del sistema

cambian en el mismo lado, a un tiempo. Mientras unos manifiestan

modificaciones significativas, otros pueden mostrar un refuerzo de sus

características tradicionales.

• Fundamental-marginal (profundidad).

Fundamental, el sistema esta sujeto a alteraciones en sus elementos constitutivos.

En el ámbito de la comunidad política: ampliación del derecho al sufragio a los

anteriormente excluidos, grupos sociales que adquieren una función

preponderante o subalterna pero decisiva, surgimiento de estructuras intermedias

que modifican la correlación de fuerzas e asignan nuevas reglas. A nivel de

régimen: la distribución para allegarse de los recursos; sistema electoral: tránsito

de un sistema competitivo a otro semi-competitivo o de no competencia, o la

inversa; de democracia a dictadura, o viceversa; de central a descentralizado,

entre otros; una nueva relación entre los partidos, las instancias legislativas,

ejecutivas y judiciales. La capacidad del Estado en la actividad socioeconómica;

del monopolio a la liberalización y apertura o viceversa; de la administración del

orden y la justicia a un control más estrecho. Se incremente y se lleva a un punto

de no retorno, convirtiéndose en otro.

Marginal; cuando sólo hay reforma de los titulares y/o roles importante de la

estructura de autoridad; su desaparición no trastoca las estructuras políticas,

tienen un efecto cosmético o de refuncionalización del régimen autoritario.

• Orientado-no orientado (dirección). Orientado; consentimiento con base en


28

determinados fines y valores.

No orientado; tipos imprevisibles e incontrolables, o resultado de cambios

externos.

• En expansión-en contracción. No se considera como unilineal o

irreversible.

En expansión; cuando sus bases económicas, políticas, sociales y culturales

consiguen dirigir e interpretar las variaciones sociales, el tránsito de un estadio a

otro, la funcionalidad y consolidación de las instituciones (partidos, sindicatos,

organizaciones sociales, iglesias, ejército, etc.).

La contracción es sinónimo de inmovilidad o inadaptación a las innovaciones;

decadencia e inestabilidad; desmovilización de grupos dinámicos, uno solo

alcanza el monopolio del poder tras haber anulado la influencia de otros que

participaban en el proceso de fabricar y aplicar decisiones; desaparición de

estructuras asociativas intermedias; disociación entre ideologías y creencias en el

sentido de expulsión de ciertos valores presentes en la sociedad civil; mínima

complejidad y articulación de las distintas estructuras que acompaña a la

disgregación y hundimiento de un sistema. Estos cambios pueden tener lugar de

uno en uno, más de uno a la vez, o todos simultáneamente y en grado diverso.

• Innovador-no innovador (contenido).

Innovador; elementos nuevos en los componentes del sistema,

modificaciones substanciales a características ya formadas con

anterioridad que alteran el sentido y profundidad del cambio.


29

No innovador; sigue patrones tradicionales de reproducción de las bases

existentes, sobre todo las de intermediación, como los partidos y

sindicatos.

• Acelerado-lento. Relativo a la velocidad de la transformación, en función

de un tiempo histórico definido.

• Interno-externo.

Interno; si viene del propio sistema por la vía gradualista o reformista.

Externo; cuando se producen acontecimientos en los otros tipos de

sistema (económico, social o cultural) o en un marco extranjero (un

gobierno en particular, una parte o la totalidad de la comunidad

internacional) que inician e incitan acontecimientos, alterando los factores

económicos, alentando y organizando una oposición (civil, militar, pacífica

o violenta) o interviniendo directamente, rompiéndolo de facto, cambiando

por otro afín o no, a los intereses de sus habitantes.

• Histórico (definido-indefinido). Sitio en el tiempo.

Definido; cambios históricos que han sucedido en determinadas épocas,

responden a sucesos que no podrían repetirse (el descubrimiento de

América, las revoluciones de independencia, consolidación de los estados

nacionales, etc.).

Indefinido; podrían presentarse en otras periodos de tiempo o de forma

recurrente, son susceptibles de repetirse (iniciación o fin total de

regímenes, movimientos sociales y políticos, etc.).


30

Por lo regular, los procesos de transformación política ocurren en el marco del

régimen y no en el del sistema. Desde esta óptica, la transición es observable en

el sistema de partidos, en los sistemas electorales y en las normas e instituciones

específicas. Cuando marchan mal las cosas, cambian los gobiernos, no los

regímenes.


La formación del Estado mexicano que apoyó el establecimiento de un régimen

republicano y federalista, fue producto de un largo caminar de la lucha política

dada desde el siglo XIX, como consecuencia de las condiciones imperantes de la

época que mostraban una carencia de un proyecto nacional que aglutinaban a

todos los sectores sociales y políticos al término de la independencia, lo que

generó una situación política que se caracterizó por la disputa entre las facciones

con posiciones opuestas, reflejadas en el antagonismo entre centralistas y

federalistas, liberales y conservadores, misma que impidió el establecimiento de

un orden político que garantizara la permanencia de los gobiernos.

De tal manera que a partir de la independencia, en el congreso constituyente de

(1822-1824) se planteó la primera polémica en relación a la forma política que

debería asumir la nación; ahí se vislumbraron las primeras opciones: monarquía-

república y centralismo-federalismo.

Para concebir las posiciones que se enfrentaban para dirimir la forma de gobierno

que debía implantarse, es necesario especificar que el significado de liberal tenía

dos concepciones, la primera "concibe la soberanía como un atributo del pueblo o

de la nación, en lugar de la soberanía real, de donde se deriva la democracia

como forma de gobierno en lugar del absolutismo, y la defensa de las libertades

individuales ante los excesos del poder absoluto, de ahí también que propusiera


31

un control a ese mismo poder político, inicialmente con el principio de legalidad en

el actuar y después con la división de poderes. En un segundo plano, ya muy

avanzado el siglo XIX, vamos a observar un liberalismo como alternativa política al

conservadurismo, pues es el que encontraremos a un Mora, a un Gómez Farías, a

Lerdo de Tejada, Juárez, y a toda esa deslumbrante generación de hombres

públicos que se hicieron en torno a La Gran Década Nacional, o sea de 1857-

1867, como la denominó Miguel Galindo y Galindo." (Soberanes, Fernández José

Luis: p. 60).

Sin en cambio, hasta ese punto no se puede hablar propiamente de liberales y

conservadores, más bien de federalistas y centralistas, mismos que se reunían en

torno a alguna de las dos logias hasta entonces ubicadas México: yorquinos y

escoceses, en donde se fueron ideando los grandes postulados políticos,

consolidando todo un pensamiento o ideología política; que daría paso al debate

liberalismo-conservadurismo.

La corriente liberal se verá reflejado en su percepción de "ver en la clero el

principal obstáculo para la conformación del Estado nacional, planteaban quitarle

privilegios y exenciones, lo mismo que los bienes que no fueran rigurosamente

indispensables para el desarrollo de su ministerio." (Soberanes, Fernández José

Luis).

De tal forma que los ideólogos liberales observan una república federal

democrática, regida por instituciones representativas; organizada por una

sociedad libre de la influencia clerical constituida por pequeños propietarios,

campesinos y maestros artesanos; y que tuviera el libre movimiento del interés

individual liberado de leyes restrictivas y de privilegios.

A diferencia de este enfoque los conservadores "propugnaban el quitar y

conservar partes de lo que atesoraba la Iglesia, y sobre todo llegar a una situación


32

de concentración a través de un concordato con la Santa Sede, así como el

reconocimiento de la fe católica como oficial del Estado y por lo mismo digna de

protección." (Soberanes, Fernández José Luis).

En medio de esta controversia por imponer el mecanismo más adecuado para el

país, se dejaba de lado la importancia de las culturas que lo conformaban, como

son las comunidades indígenas, puesto que sólo se orientaron a tratar de

mantener el status quo en el caso de los conservadores y de crear las

instituciones que mejor respondieran a esos intereses, mientras que los liberales

buscaban cambiar las condiciones de la sociedad a partir de considerar al

individuo como el generador del progreso, sin fijarse en la pluralidad de

costumbres, tradiciones, idiosincrasia de la mayoría de la población que se

encontraba al margen de las diferencias políticas por la escasa educación e

información que tenía al alcance.

La base que permitió a la sociedad de aquella etapa sortear las crisis,

fragmentaciones, divisiones, tenía su inicio en "la conciencia de la pertenencia a

una nación específica que precedió a su establecimiento como Estado. La nación

se formó en la idea de un grupo criollo en la segunda mitad del siglo XVIII, antes

de pretender para ella la soberanía política. La reclamación de constituir un

Estado independiente provino de una conciencia nacional previa" (Villoro, Luis: p.

17).

De tal manera, "la nación políticamente hablando, brotará cuando se establezca el

Estado laico, civil, nacional o moderno. El Estado que brota en México a partir de

la Revolución de Ayutla, que hace posible el gobierno fijo de los liberales y la

eclosión de las Leyes de Reforma. Ese Estado fue, otra imposición, esta vez

moderna, no sólo contra las clases protegidas por los fueros y privilegios, sino más

bien en contra de las comunidades indígenas, mimas que eran y siguen siendo


33

mundos marginados, descartados de la concepción occidental y modernizadora."


La edificación de las instituciones que dieron vida al Estado mexicano durante la

primera mitad del siglo XIX, fue fruto de las diversas formas políticas ensayadas

en México en distintos períodos históricos. De esa forma se estableció un gobierno

federal que finalmente ejerció el poder centralizado a través del ejecutivo, lo cual

terminó con las esperanzas de iniciar un federalismo real y auténtico.

El contexto de la época que caracterizaba a la sociedad mexicana en este periodo

se vio relacionado por el endeudamiento del Estado, intereses de personas y de

grupos que se anteponían a los intereses públicos, incertidumbre del Estado de

derecho, desigualdad e inestabilidad, elementos que impedían la consolidación de

un proyecto de nación.

El cambio entre el viejo orden colonial y el nuevo que no terminaba por

implantarse arrastro consigo "una sociedad "fluctuante" entre el orden colonial,

que la Independencia no finiquito, y otro orden "secularizante, moderno, laico,

democrático y liberal" que pugnaba por introducirse. En los hechos, aquella

fluctuación pendular de las ideas no se dio en un continuo armónico ni con una

alternancia pacífica: una violenta sucesión de golpes y contragolpes, con

instituciones muy endebles e incipientes, donde no se conformaba un Estado

sólido y prevalecía la fuerza en cada intento de dirimir la querella por la nación."


La colonia se debatía entre permanecer como la tradición que se había gestado

durante la época virreinal y las nuevas ideas liberales que pretendían imbuir de un

nuevo aire modernizador a la sociedad mexicana, la cual se veía envuelta en la

búsqueda de fundar un Estado que representara un nuevo pacto social que

respondiera a las circunstancias de la mayoría, de manera que la coalición de


34

fuerzas políticas, la participación de los movimientos populares en la construcción

de liderazgos militares, la pugna entre liberales y conservadores, la conformación

de territorios, fueron permitiendo la construcción de facciones políticas que fueron

las que protagonizaron la lucha por establecer una forma de gobierno y de Estado

en el devenir histórico del siglo XIX.

Ante este contexto de indefinición política y la lucha de las facciones por imponer

su visión de nación, se generó "la inexistencia de una cultura constitucional. Las

normas supremas adoptadas no permearon en la sociedad por diversas razones:

eran sustituidas con rapidez, de suerte que no alcanzaban a consolidarse en la

conciencia colectiva; eran un instrumento dogmático de los grupos políticos, de

manera que en algunos casos las normas y las proclamas llegaron a confundirse

como si fueran lo mismo; la carga de expectativas que se hacía recaer sobre las

constituciones resultaba alta, pues era imposible que la sola adopción de una

nueva carta trajera aparejada la prosperidad general. Además, es seguro que por

las condiciones de aislamiento y de analfabetismo, una gran parte de la población

no se llegó a enterar siquiera de la Constitución que estaba en vigor, y muchos

que lo supieron no tenían una clara idea de su significado. Durante el siglo XIX las

constituciones fueron objeto de discusión sólo por parte de un pequeño sector

informado, pero no de la sociedad en su conjunto. El gran analfabetismo y las

limitaciones en cuanto a comunicaciones mantenían los procesos de elaboración

normativa como una actividad remota e imprecisa, acerca de la cual buena parte

de la población apenas tenía conocimiento." (Valadés, Diego: p. 123).

El escenario del país "entre l853 y 1854 se enfrentaba a una de las encrucijadas

de su historia: o seguía sumiso a un poder militar sin proyecto -con el peligro de

aplazar indefinidamente la creación del Estado nacional- o se dedicaba a constituir

su poder político, aunque para ello tuviera que llegar al abismo de la guerra civil,

evitado hasta entonces por todos los medios." (Pérez, Fernández del Castillo

Germán: p. 53).


35

De tal forma que este periodo de la historia política del país permite observar

varias situaciones, en primer lugar que si bien se dieron ciertos tipos de

constituciones como la de 1824, de las 7 leyes y las bases orgánicas, no

representan sino la debilidad de las propias instituciones derivado de la dispersión

del poder generada por la formación de facciones políticas sustentadas en los

poderes militares, clericales que ejercían su dominio sobre los políticos civiles; en

segundo lugar que la fundación del Estado mexicano no se gesta en este período

por la inexistencia de instituciones políticas sólidas, gobiernos estables y firmes,

ausencia de un mercado interno y una sociedad confrontada, dividida; en tercero

que la formación como Estado se da de forma plena en 1857 con la estabilidad

política derivada del surgimiento de instituciones plasmadas en la Constitución de

ese año, que permitieron estabilizar al país y superar las diferencias de forma

pacífica.

En ese sentido, el régimen político se fue conformando desde la lucha de liberales

y conservadores, se estableció un sistema peculiar, republicano que conserva

elementos centralistas, en cambio en esta disputa por el poder predominó la

república sobre el imperio, con lo cual se creó un híbrido que conjuga rasgos de

ambas posiciones políticas de las corrientes existentes.

La forma de Estado que obtuvo el país fue la de un Estado federal, que evitara la

división interna, agrupar los poderes regionales en una federación, al mismo

tiempo que era ineludible fortalecer la figura presidencial, lo cual llevó a establecer

un régimen presidencialista al otorgar atribuciones, facultades, poderes al

ejecutivo que le permitieron consolidar una clase política.

En ese cause, "México cuenta con un régimen político desde hace más de cien

años que consagra la división de poderes, el federalismo y de manera muy

insignificante las relaciones entre los poderes, pero por efectos de las guerras y la


36

dictadura de Díaz por un lado, y del sistema político ya este siglo por el otro, ha

tenido una raquítica aplicación." (Aburto, Muñoz Hilda: p. 26.).


Si por régimen político se concibe "el conjunto de las instituciones que regulan la

lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de

tales instituciones," (Levi, Lucio: p. 1362), en otras palabras la manera en la cual

los distintos actores acceden al poder político.

En ese orden, el concepto de régimen político se determina por "el conjunto de

patrones, explícitos o no, que determinan las formas y canales de acceso a las

principales posiciones gubernamentales, las características de los actores que son

admitidos en y excluidos de este acceso, y los recursos y estrategias que pueden

usarse para tener acceso." (Cansino, César: p. 13).

En nuestro país, el establecimiento del régimen político, cruzó por luchas internas,

por la querella del poder por facciones, que trajeron como consecuencia que no se

estableciera un proyecto de país y un orden político que garantizara la

gobernabilidad, de tal forma que el resultado fue la inestabilidad política y la

incapacidad económica reflejándose en la mayor parte del siglo XIX.

Procedente de esta situación de inestabilidad política fue que se buscó establecer

normas que regularán el arribo al poder, evitando la desintegración y división del

país, considerando de tal forma que los elementos fundamentales del régimen

político mexicano que proporcionaron respuesta a esta problemática de falta de

conducción del país, fueron el partido hegemónico y el presidencialismo.


37

Estas características del régimen político se ahondaron en las instituciones

políticas, debido a que "las instituciones son las normas del juego en una sociedad

o, más formalmente, son la limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la

interacción humana. Por consiguiente estructuran incentivos en el intercambio

humano, sea político, social o económico" (North, Douglass: p. 13).

Las instituciones forman la estructura del poder político, que selecciona a la clase

dirigente y asigna a los diversos actores en la lucha política su papel, y también

son normas y procedimientos que regulan el comportamiento político en relación a

la competencia por el poder y el ejercicio del mismo.

En ese sentido, las instituciones políticas como el partido hegemónico y el

presidencialismo brotadas después del movimiento revolucionario, se convirtieron

en el origen más importante de estabilidad para el régimen político, porque

establecieron un conjunto de reglas, tradiciones y costumbres que eliminaron la

lucha violenta por el poder y facilitaron la estabilidad al ser los puntos de partida a

partir de los cuales los actores políticos y sociales decidían su comportamiento.


El régimen posrevolucionario brotó como resultado de una política revolucionaria

que reemplazó a la política porfirista que respondía a un tipo de sociedad

tradicional y conservadora, formada por un pequeño sector de latifundistas que

concentraba grandes extensiones de tierra.

Este contexto de desigualdad social, de división interna por la cantidad de fuerzas

políticas que existía en el país, de desintegración política, generó que el régimen

dictatorial de Díaz fuera derrocado por las fuerzas sociales internas, apuntaladas


38

por sectores militares y políticos, las cuales buscaban modificar las condiciones de

un gobierno de más de treinta años.

El transcurso de consolidación de la "revolución descansa en dos grandes áreas,

la reforma militar y la política. En estas se finca la formación del poder político del

estado mexicano que nace de la revolución." (López, Villafañe Víctor: p. 25)

En ese sentido, la revolución permitió el establecimiento de instituciones que

buscaban resolver las demandas de la sociedad, pero al mismo tiempo instauró un

nuevo régimen basado en el presidencialismo.

"La revolución a su vez, venía a escribir la página final de la integración de la

nación al agregar a la independencia política (movimiento de Independencia) y a

la consolidación ideológica (Reforma y Constitución de 1857), la emancipación

económica." (Aguilar, Camín Héctor: p. 191)

Las particulares principales del régimen político durante la etapa posrevolucionaria

fueron: (Rodríguez, Araujo Octavio: p. 85).

a) Intervencionismo estatal (no sólo en la economía).

b) Crecimiento constante de la administración pública (más allá de las

necesidades del gobierno).

c) Dominio absoluto del poder ejecutivo (presidencialismo con facultades

incluso metaconstitucionales).

d) Centralismo político a costa de las libertades de los municipios y del

federalismo contemplado en la constitución.


39

e) Corporativismo como forma fundamental de la organización de la sociedad

y de la relación con el poder central.

f) Libertades acotadas, tales como las de expresión, asociación, de prensa,

de manifestación.

g) Ausencia de respeto a los derechos humanos.

h) Existencia de corrupción en los diferentes niveles de gobierno y en la

administración Pública.

i) Elecciones fraudulentas y manipuladas en la representación política.

j) Política clientelar del partido oficial hacia los ciudadanos.

Estas características, reflejan algunos aspectos del régimen posrevolucionario que

le impidieron establecer un régimen democrático, ya que durante ese lapso el país

contó con un crecimiento económico alto, permitiendo incrementar el sector de la

clase media y achicar el atraso social, pero limitó la participación de los diferentes

actores políticos y sociales en las decisiones del gobierno.

Sin en cambio, "puesto que el presidente de México tiene un poder enorme, es

inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente, o sea que resulta fatal

que la persona del Presidente le dé a su gobierno su sello propio, hasta

inconfundible. Es decir, que el temperamento, el carácter, las simpatías y las

diferencias, la educación y la experiencia personales influirán de modo claro en

toda su vida pública y, por lo tanto, en sus actos de gobierno" (Cosío, Villegas

Daniel: p. 8).


40

Por lo que, los gobiernos emanados de la revolución estuvieron marcados por los

acontecimientos que prevalecieron en esos instantes y cada uno tuvo sus propias

características y peculiaridades, en gran medida como consecuencia de la propia

realidad política, social y económica que generó los límites o restricciones a las

acciones del gobierno y también por el modo personal y no institucional de

gobierno que se fue acentuando por el presidencialismo mexicano.

La revolución mexicana instituyó las bases del régimen autoritario en México, al

tiempo que consolidaba el poder presidencial, al permitir que la clase política se

aglutinara en un partido político que fue el eje del sistema político junto con el

presidente. De esta forma se le dio respuesta al problema de la lucha por el poder

político, al mismo tiempo que se industrializaba el país, lo cual consolidó el Estado

nacional consintiendo que la creación de infraestructura económica y social fueran

la base para el establecimiento de instituciones sólidas.

La incertidumbre política emanada de la dispersión de fuerzas políticas, de

caciques militares, de la división que coexistía en el país al término de la

revolución, provocó una gran inestabilidad política que terminó en la creación de

un partido que conjuntara los intereses de los distintos actores políticos y finalizara

con las disputas violentas por el poder; de tal suerte que se dio inicio a la

formación de una clase política que intervino de manera clara en la conducción del

destinos de la nación.


El caudillo como figura política que encontró su legitimidad en el carisma, la

personalidad, la confianza del pueblo hacia esta forma de hacer política, tuvo

efectos eminentes en la historia de México, puesto que los caudillos fueron los que

instituyeron las nuevas reglas de la competencia política, al dejar de lado la lucha


41

política a través de las armas y revueltas por una negociación pacífica que

requería de una institución política capaz de dar cauce a estos cambios.

El organismo que mantuvo la estabilidad política al término de la revolución de

1910, fue el Partido Nacional Revolucionario, teniendo su origen en 1929 como

aparato para resolver las luchas políticas, agrupar en una organización a la clase

política y garantizar la estabilidad política, beneficiando de esta manera el

crecimiento económico.

"Una de las misiones del PNR en 1929 consistió en clausurar el caudillismo -

elemento anticuado y dique para la modernización del estado y la nueva política- y

con ello acabar con los partidos caudillistas" (López Villafañe Víctor: p. 157).

En ese margen de ideas, el PNR se convirtió en la organización política que

permitió establecer instituciones, al agrupar a todas las fuerzas políticas y militares

en una sola forma para resolver las diferencias y conflictos.

De forma que "el nombre mismo fue acertado, pues los calificativos de nacional y

revolucionario mostraban sus principales aspiraciones. Era, en primer lugar, una

organización nacional, o sea algo más que una añadidura de pequeñas unidades

políticas aisladas... el partido se llamaba simplemente revolucionario. Esto quería

decir que su programa era más amplio o más completo, o sea más idóneo para

seguir un curso medio y cambiante, según lo dictarán las circunstancias." (Cosío,

Villegas Daniel: p. 48-49).

En el gobierno de Lázaro Cárdenas el PNR pasó a ser el Partido de la Revolución

Mexicana, (PRM) "surgido como una coalición de sectores:

• El sector campesino, representado primero por las ligas de comunidades

agrarias y por la CCM y, tras la disolución de ésta, por la CNC;


42

• el sector obrero, constituido por la CTM, la CROM y la CGT y los dos

grandes sindicatos de industria afiliados a las centrales: el minero y el

electricista;

• el sector popular, que se identificó de inmediato con la burocracia y

• el sector militar, donde quedaron contenidos de hecho, todos los

miembros de las fuerzas armadas. (Cosío, Villegas Daniel: p. 48-49).

Sin en cambio, el PRM como tal dejó de existir en 1946, pero en su metamorfosis

dejo a un lado el nombre y los programas que lo ligaban con la época cardenista

para convertirse en el actual Partido Revolucionario Institucional (PRI),

otorgándole a la institucionalización de la revolución una característica esencial.

El partido "ha sido, en primer lugar, un instrumento reclutador de una buena parte

de los cuadros políticos primarios; en segundo lugar, un instrumento de control de

las organizaciones de masas; en tercer lugar, un gran aparato de gestoría del

bienestar y las demandas sociales; finalmente, la maquinaria de legitimación

electoral." (Labastída, Martín del Campo: México y América Latina, p. 175).

El partido oficial instituyó un régimen autoritario apoyado en el presidente como

figura que encabezaba a la clase política, ejercitaba el liderazgo político e imponía

su estilo personal de gobernar durante seis años, fueron la constante de gran

parte del siglo XX en México.

En ese marco, "la nación de sistema de partido hegemónico es de Giovanni

Sartori, quien concretamente menciona que México es un sistema de partido

hegemónico pragmático en el que la falta de competencia se articulaba a través


43

del pragmatismo que la élite oficial demostraba en el instante de concretar la

dinámica política y su relación con el medio" (Aguilar, Camín Héctor: p. 175).

De esta forma, el PRI se convirtió en hegemónico al contar el control absoluto del

congreso, por medio de la mayoría absoluta en las cámaras tanto del senado

como la de diputados, debido a que los políticos emanaban de esa institución y no

existían partidos de oposición que contrarrestaran el efecto de contar con el apoyo

presidencial y gubernamental.

En tal forma, las funciones importantes del partido oficial fueron: "sujetar el

desgajamiento del grupo revolucionario; instaurar un sistema civilizado de dirimir

las luchas por el poder y dar un alcance nacional a la acción político-administrativa

para conseguir las metas de la revolución mexicana."(Cosío, Villegas Daniel: p.

35).

No obstante, esta concentración de las fuerzas políticas en un partido político

restringió las posibilidades de la competencia política y de la democratización de la

vida política, en medida que concentró todas las formas de hacer política y excluyó

a los diferentes sectores que no procesaban el mismo objetivo.


El presidencialismo como forma de gobierno sustentada en el poder ejecutivo, se

caracteriza por "si, y sólo si el jefe de Estado (el presidente):

a. Es electo popularmente;

b. no puede ser despedido del cargo por una votación del

parlamento o congreso durante su periodo pre-establecido, y


44

c. encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa."

(Sartori, Giovanni: p. 99)

De esta forma el presidencialismo asume su legitimidad en las elecciones, sin

embargo carece de mayores acotamientos al proveer al ejecutivo de ser jefe de

Estado y de gobierno, como es la particularidad de México, y la situación política

muestra que tiende a predominar sobre los otros órganos de gobierno.

"El presidencialismo condensa la compleja red de relaciones políticas del estado

mexicano; sirve entre otras cosas como un poderoso eslabón en la unidad de las

fracciones dominantes y surge como el representante ideológico más visible de los

sucesivos proyectos que han conformado en su conjunto el desarrollo capitalista

de la nación" (López, Villafañe Víctor: p. 56).

En ese cause, el régimen presidencialista valió para acabar con las conspiraciones

del: legislativo, ejército y clero, el partido predominante sirvió para acabar con los

caudillos y sus partidos de membrete, el régimen centralista sirvió para terminar

con los feudos regionales (González, Casanova Pablo: México, p.86). De esta

forma el régimen presidencialista, generó estabilidad política al ser el eje central

de la vida política y social de México.

Esto procedente de la necesidad de establecer un presidente fuerte, que contara

con las bastantes facultades para agrupar a la clase política y que garantizara la

estabilidad del país a través del control de la clase gobernante.

El comienzo del sistema presidencial mexicano, se genera a partir de la

constitución norteamericana de 1787 y la constitución española de 1812, de ello

emanó la concentración de poder en una sola persona, el presidente, y esto


45

permitió que la lucha por el poder se resolviera por el ejecutivo" (Carpizo, Jorge: p.

41).

La constitución de 1917 puso el énfasis en la cimentación de un ejecutivo fuerte.

En los constituyentes existió la idea de que la dictadura porfiriana encontró poco a

poco su comienzo en el hecho de que la constitución de 1857 hubiera trazado un

ejecutivo débil, el cual, para poder gobernar, tuvo que irse haciendo del poder

apoderándose de las funciones prerrogativas de los poderes legislativos y

judiciales de los estados de la federación. La decisión del constituyente de 1917

fue otorgar al ejecutivo atribuciones amplias, muy por encima de los tres poderes

constitucionales.

"A esa vertiente constitucional fundadora hay que añadir una histórica: la tradición

paternalista y autoritaria del pasado indígena y colonial de México y en los modos

políticos de los virreyes, un político hábil que debe jugar y negociar con varios

poderes buscando la conciliación de diferentes fuerzas, que actúa al mismo

tiempo con una gran discrecionalidad y una gran necesidad de conciliación y

negociación" (Aguilar, Camín Héctor: p. 297).

Un cambio político significativo del siglo XX mexicano se manifiesta a partir de los

años cuarenta, cuando el carisma y la autoridad dejaron de estar colocados en el

caudillo y el cacique y principiaron a estar adscritos al puesto. La

institucionalización presidencial ha sido definitiva en el sentido de otorgar fuerza al

presidente sólo mientras ocupa la silla presidencial. Este es uno de los motivos de

la estabilidad del país y parte las características de la institución presidencial.


46


Posterior a la alternancia, numerosos autores se referían al régimen político

mexicano como: formalmente autoritario, corporativo y federal, cooperativo y

centralista que viabilizó una larga estabilidad y demostró una enorme capacidad

de adaptación, al conseguir contar con el consenso activo y pasivo de la

población. La movilización de la sociedad fue controlada por los aparatos del

Estado. Se diferenció por el control de la vida partidaria y la promoción de

oposiciones leales; presidencialista con diversidad limitada y no plenamente

garantizado; corporativo estatal con elecciones no competitivas y de partido

hegemónico; una apología ideológica totalizadora y originalmente incluyente, que

a pesar del cambio democrático aun no renace del todo: el llamado nacionalismo

revolucionario, ideal emanado de la Revolución de 1910. (Aguilar, Camín Héctor:

pp. 25-26).


Mientras, que en un régimen presidencial se tienen acotadas constitucionalmente

las facultades del Ejecutivo con apego estricto a las instituciones; el

presidencialismo es visto como el exceso en el desarrollo de la función

presidencial. Se define por el debilitamiento de los demás poderes,

particularmente el legislativo y una concentración enorme de atribuciones en

manos de una sola persona: el Presidente de la República. Una evidente

supremacía de los intereses presidenciales sobre la clase política (Gaetano

Mosca: México 1995, p 106) y una presencia permanente del Estado en lo

económico, social y político. Estas características no son únicas de México, son

muy frecuentes en la mayoría de los gobiernos, aún en los organismos

internacionales. Las posibilidades de cambio y progreso por los cauces legales


47

están representadas por el presidente, disminuirle influencia cuando no hay nada

que lo supla, acumularía beneficios no para el pueblo en general, sino para los

particulares y grupos con mayor capacidad de poder.

De la gran preocupación en cuanto a la organización del gobierno, era cómo

implementar un Ejecutivo fuerte ante la peligrosa cercanía con los Estados Unidos

de Norteamérica, los riesgos de desintegración del territorio, las tareas de

reorganización social y económica que le aplicaba la Revolución de 1910 y el

papel que desempeñaría en la vida política del país. Un Estado regulador de los

conflictos, promotor del desarrollo y el bienestar social en una economía débiles.

Un poder político que mantuviera los equilibrios de la Federación, apoyara la

identidad cultural y pudiera disminuir las diferencias sociales, sosteniendo una

posición soberana hacia el exterior.

La Constitución de 1857, le otorgo demasiado poder al Congreso, inmovilizando al

presidente. Desde el siglo XIX, se hizo eminente la necesidad de un Poder

Ejecutivo que pudiera conducir en lo político y económico un país altamente

fragmentado por conflictos internos. El benemérito Benito Juárez, recurrió al uso

de facultades extraordinarias y Porfirio Díaz, gobernó dejando a un lado la

legalidad constitucional (Emilio Rabasa: México 1968, pp. 246).

La base de poder presidencial formal e informal en México, se encuentra en la

Constitución de 1917 que dio origen ¿presidencialismo constitucional? Esclarece

la voluntad del pueblo para constituirse en una república representativa,

democrática y federal, en la que el interés total del pueblo debe prevalecer sobre

el particular. La forma de gobierno tiene como base el principio de división de

poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El acceso a la Presidencia y al

Legislativo se daba bajo un principio monárquico, en el sentido de poder

unipersonal, que al mismo tiempo, necesitaba una forma republicana para

mantenerse a través de elecciones periódicas validadas por la sociedad.


48

El proceso de institucionalización inicia con Plutarco Elías Calles, quien conllevo

políticamente la crisis sucesoria en 1929 y creó el Partido Nacional Revolucionario

(PNR) -que en sus diversas etapas: Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y

Revolucionario Institucional (PRI)- sentó los cimientos del sistema político. Con el

fin de sojuzgar las posibilidades de rebelión militar y división política, aglutinó a

todas las fuerzas revolucionarias entonces dispersas (la lucha electoral en lugar

de la disputa armada), instituyéndose el denominado maximato caracterizado por

la influencia real ejercida sobre las autoridades formales de la federación. La figura

del caudillo dominó el terreno político hasta 1934, cuando fue eliminada con su

salida al extranjero. Lázaro Cárdenas (1934-1940), finiquito la posibilidad de que

surgieran otros al margen del poder constituido. El presidencialismo mexicano

fundado en un sistema de gobierno paternalista y autoritario derivado del

caudillismo, se convirtió en uno basado en el cargo institucional del Presidente de

la República.

Durante este lapso de tiempo, se organizaron las reformas sociales desprendidas

del movimiento revolucionario: el reparto agrario, y contra la presión externa, la

nacionalización del petróleo que no sólo fue un factor económico, dado que las

compañías petroleras extranjeras intervenían constantemente en la política

interna. La organización de los sindicatos oficiales y las relaciones laborales,

conllevaron a una alianza histórica con los obreros que derivaría en un pacto

corporativo. El programa cardenista halló en la política de masas vinculada al

aparato corporatista, su principal apoyo y eje articulador, al enunciar un

compromiso ineludible con las demandas populares. Cárdenas fortaleció en el

partido los apoyos sociales del régimen, logrando consolidar la autonomía

presidencial. (Arnaldo Córdova: México 1974, p. 219).

"En una primera parte, este sistema aparece como alianza institucionalizada de

grupos sociales organizados como poderes de hecho; en segundo lugar, el


49

presidente ha sido promovido constitucionalmente con poderes extraordinarios

fijos; en tercer lugar, el presidente florece como el árbitro supremo a cuya

representatividad todos los grupos someten sus discrepancias y por cuyo

conducto legitiman sus intereses; en cuarto lugar, se conserva y se incita en las

masas el culto, no sólo a la envestidura presidencial, sino al poder presidencial; en

quinto lugar, se manejan formas tradicionales de relación personal, el

compadrazgo y el servilismo, como formas de dependencia y control del personal

político al servicio del presidente y de la administración que encabeza... El

presidente ha dejado de ser una persona para convertirse en una institución. La

asociación y los conflictos de las masas se han institucionalizado..." (Arnaldo

Córdova: México 1979, p 57).

El Poder Ejecutivo es autónomo, unitario y unipersonal. Constitucionalmente, su

ejercicio se deposita en la persona reconocida como "Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos" (artículo 80 al 89), es electo democráticamente por sufragio

universal, libre, directo y secreto para cubrir un periodo de seis años sin

posibilidad de reelección. La autoridad del gobierno al interior y del Estado al

exterior permanece en el Ejecutivo Federal, a quien le corresponde la aplicación o

ejecución de las leyes y la administración pública federal en su conjunto. Es al

mismo tiempo, jefe de Estado y de gobierno; comandante supremo de las fuerzas

armadas y responsable de la política exterior. Tiene facultades no sólo jurídicas,

sino también de orden político, militar y administrativo en materia de seguridad

social, laboral, educativa, agraria, minera, petrolera, de electrificación, política

monetaria, financiera y bancaria, culto religioso, de veto, entre otras.

Recalcaron las denominadas facultades meta o extra-constitucionales (Jorge

Carpizo McGregor: México 2003) que hasta hace poco detentaba el presidente:

ser jefe del partido -el PRI- y en su momento de la masonería, la cual ejerció un

papel predominante en la política; de los sectores obrero, popular y campesino; la

posibilidad de designar a su sucesor por medio del partido; el nombramiento de


50

gobernadores, senadores, la mayoría de los diputados y de los principales

presidentes municipales. La decisión presidencial ignoraba las instancias

electorales formales, pero consentía una salida aceptable para las partes en

conflicto. Era -y aún lo es, en cierta medida- el árbitro principal y el que dirimía los

litigios entre la clase política y el ámbito privado y social, lo que le daba un

carácter integrador, y le permitía mantener la armonía y el orden.

Las facultades meta constitucionales no estribaban de su voluntad exclusiva, sino

de la obediencia del conjunto de dirigentes y líderes, así como del manejo político.

Los sectores obrero, agrario y popular tenían cuotas de representación en las

listas de candidatos al Congreso y gubernaturas, a cambio de su lealtad. Por

décadas, el contacto entre el gobierno y los diversos grupos se dio por medio de la

estructura clientelar y corporativa. Las disposiciones constitucionales y el propio

ejercicio político, instauraron y consolidaron un presidencialismo fuerte que se

legitimaba electoralmente a través del régimen y de un partido que lidero la lucha

por el poder, anulando y restringiendo el desarrollo opositor, y fue capaz de

garantizar su permanencia y monopolizar durante setenta años la dirección

política, administrativa, económica y social del país. Siendo uno de sus principales

méritos, haber garantizado una relativa estabilidad y paz social.

Pese a todo lo señalado anteriormente, no se puede argumentar bajo ningún

concepto que el poder presidencial goce de una capacidad absoluta que le permita

operar al límite de todo, en la medida que se ha visto obligado a negociar todas las

políticas gubernamentales. El presidente no puede tomar arbitrariamente una

decisión por sí solo, por lo que muchas veces no consigue lo que quiere. Sin

desdeñar su influencia, la realidad es que realiza una función más bien secundaria

en lo referente a las decisiones políticas y económicas. Aunque ejerce una

hegemonía real sobre los otros dos poderes, se tiene que amoldar a las

condiciones demarcadas por los diferentes grupos dominantes tanto internos

como externos, mediante consultas que tienden a ser más privadas que públicas.


51

A lo largo de su existencia, no ha estado fuera de presiones de diversa índole y

magnitud por parte: a) de las clases populares en contra de la austeridad

económica; b) de los sectores medios por más representación y c) de las élites de

negocios, e indirectamente, de los acreedores internacionales por más

intervención en política.

Carlos Salinas De Gortari, desarticula la mayor ilusión pública del México

moderno: que en la política existe un jefe todopoderoso, el Señor Presidente. La

realidad es que puede ser el mandamás máximo, el individuo más poderoso del

país o puede ser que no; depende de lo que está en peligro. Pero probablemente

nunca ha podido ni contra otros dos de los muy fuertes, si juntos se le oponen.

Puede mandar como quiera, pero tiene que negociar día y noche para que sus

órdenes sean realizadas, y aun así, a menudo corren el riesgo de caer en un

vacío, todo es lucha. La intriga, el cálculo privado de fuerzas, antes que el debate

público. Los pactos son secretos y tenues. La verdadera lucha política no era la

que se daba entre el gobierno priísta y la oposición, sino la que tenía lugar dentro

del gobierno mismo. Reconoció el doblez de lo que llama la nomenclatura

mexicana, al catalogarla como los grupos del nacionalismo arcaico que durante

años se beneficiaron de la economía dirigida, de las elecciones controladas y del

sistema clientelar de los programas sociales. Un grupo compacto de

administradores altamente calificados, sin ideología específica y con una lealtad a

toda prueba. (Carlos Salinas de Gortari: Barcelona 2000, pp. 1393).

Cabe destacar, que en este periodo se dio un crecimiento económico sin paralelo

en todo el siglo XX. De ahí, que el régimen hubiera podido funcionar sin

descalabros importantes que afectaran su permanencia.


52


Múltiples estudios y análisis han subrayado la liberalización política desarrollada

en México, singularmente desde finales de los setenta. Desde finales de la década

de los ochentas, el tema de la transición a la democracia, se cristalizo en uno de

los más controvertidos del debate político. El grupo de los que la aceptan, aún no

han logrado ponerse de acuerdo sobre el punto de salida y llegada: Para algunos,

inició en 1968, 1977, 1988, 1996, otros la ubican en el 2000. Se ha llegado a

argumentar que hemos atravesado por varias transiciones, o bien que nos

encontramos en una etapa previa, pero no se precisan sus características. Para

otros, basta la existencia de un sistema de partidos competitivo o la imposición de

límites a las facultades meta constitucionales del Presidente. Hay dos posiciones

contrapuestas: los que piensan que aún no se inaugura y los que suponen que

con la sola alternancia, ya hemos llegado a un régimen plenamente democrático.

En esta idea se encuentra José Woldenberg, para quien la transición termino en

1997. Las elecciones de 2000, se realizaron en un seno democrático: el gobierno

que pierde reconoce al ganador, un Congreso sin mayoría de ningún partido, los

medios de comunicación hicieron una cobertura amplia y extensa de esa jornada y

todo se dio de manera pacífica. No es la arcadia, no es el paraíso, sino un

régimen democrático donde la pluralidad política puede expresarse, crearse,

convivir y competirse de manera institucional, pacífica y ordenada.

Está declaración deja de lado algo muy importante: la equidad en la competencia,

puesta en duda tras escándalos financieros y millonarios gastos de campaña de

los dos principales partidos (PRI y PAN), sin contar con que se reduce a un

enfoque puramente procedimental. (Del Collado Fernando: 2002, p 7).


53

Dentro del largo tiempo de dominio y gobierno del PRI, se desarrollaron las

condiciones de la competencia, la pluralidad y la alternancia. Uno de los

detonantes principales que impulsaron la serie de reformas que terminaron por

concretar el cambio en el 2000, fue el movimiento estudiantil de 1968 que resume

el reclamo de los diversos sectores contra el hegemonismo y por mayores

garantías para la participación y el disenso. La represión puso en evidencia el

autoritarismo del sistema, y marcó el ascenso gradual de muy diversas formas de

protesta y lucha en distintos espacios, además a nivel de guerrilla urbana y rural,

que en conjunto, expresaron el agotamiento de un modelo incapaz de dar cabida a

una diversidad que no quería ni podía reconocerse en el llamado partido casi

único. Los movimientos estudiantiles de diversas universidades de provincia, la

insurgencia sindical, las agrupaciones guerrilleras, la reagrupación en el campo, la

aparición de revistas y nuevas organizaciones, colocaron al sistema a una mayor

apertura y democratización de las estructuras políticas.

Los movimientos de izquierda -desde los estudiantes del 68 y del 71, incluyendo el

neocardenismo y el neozapatismo, así como, el centro y la derecha democrática -

el navismo de San Luis Potosí, el panismo de Chihuahua, el neopanismo y el

foxismo-, apoyaron en conjunto la salida del PRI. (César Cansino: pp 7-41).

El golpe de la crisis económica, que fue más notorio en las zonas urbanas y en las

clases medias: caída del nivel de vida, surgimiento de colonias populares, falta de

servicios y atención social, etc., inició un sostenido debate acerca de las

deficiencias y contradicciones del desarrollo y el mito de la Revolución que

abanderaba el logro notorio de justicia socioeconómica y política.

La Revolución en su momento, aquietó a los militares como no lo hizo ninguna

sociedad latinoamericana y aunque abandonó muchos de sus postulados entre los

que sobresale su aspecto democrático, sostuvo otros como la no relección que

impuso límites a los gobernantes. Los preceptos revolucionarios de justicia social


54

y nacionalismo, han vuelto a cobrar vigencia frente al fracaso neoliberal y la

globalización. (Friedrich Katz: 2002).

La atención se focalizó en la falta de oportunidades de empleo, el arribo limitado a

los puestos públicos, la progresiva desigualdad y contracción del ingreso, el

estancamiento de la producción agrícola, una alta tasa de migración rural-urbana,

e incapacidad del sistema educativo para cubrir una clase media urbana en

expansión (la mayor parte de estos dilemas no son inéditos, aún subsisten).

La liberalización realizada a finales de los 70s, confirma un primer nivel de

deterioro: fracturas en el pacto corporativo; crisis de legitimidad evidenciada por el

aumento del abstencionismo ante elecciones sin opciones ni oposiciones reales

(1976, el único candidato presidencial fue el del PRI) y peligro de

desestabilización por las movilizaciones sociales. La hábil intervención

gubernamental para conjurar tales circunstancias, descubrió la existencia de un

mayor nivel de institucionalización.

En un marco como el mexicano, en el cual el presidente juega una función

fundamental, éste bien puede ser un elemento de democratización, o un

obstáculo. Su enorme legitimación coadyuvaba a que tendría una gran capacidad

para dirigir el proceso, aunque al unísono, implicará su eventual reducción. En

gran medida, define las principales limitaciones y alcances de la reforma política.

(Proceso: núm. 617, 29 de agosto de 1988, pp. 14-17). Sin soslayar los

contrapesos (empresariales, sindicales, militares y regionales) existentes al interior

del régimen, cuya influencia empezó a hacerse manifiesto con Luis Echeverría

Álvarez (1970-1976), quien con un nuevo discurso populista y conciliador, buscó

integrar a la vida económica y política a las clases medias y a los sectores

intelectuales. (Woldenberg José: México 2000).


55

La caída de la eficacia direccional en materia económica, intensificó las fracturas

al interior de la clase política y generó nuevas expresiones de descontento. José

López Portillo (1976-1982), tomó el gobierno en condiciones críticas, no sólo en lo

económico y social, sino principalmente en lo político. En 1977, trazó una reforma

administrativa y política que formalmente abrió la posibilidad de mayores

transformaciones al promover la participación conjunta del gobierno, los

empresarios y las organizaciones de los trabajadores en la formación de las

políticas, haciéndose patente el restablecimiento de las alianzas tradicionales bajo

su mando. Se trataba de reunificar a la coalición dominante y neutralizar

institucionalmente el impacto de la movilización social. A finales del sexenio, las

tentativas gubernamentales terminaron por explotar con la nacionalización de la

banca en septiembre de 1982. Políticamente, esta medida conto con dos efectos:

nuevas fricciones con la burguesía financiera y reconquista temporal de algunos

sectores populares, al destacarse -en apariencia- el carácter nacionalista, popular

y revolucionario del Estado (Cansino César: pp 7-41).

La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) de

1977, instauró un marco más propicio para la paulatina democratización de las

relaciones políticas, al iniciare nuevas oportunidades para la competición y la

representación en la palestra electoral y legislativa. Aumentó el número y

diversidad ideológica de los partidos oficialmente inscritos, y de fuerzas hasta

entonces cooptados de los canales de expresión, regulando su acceso a los

medios de comunicación. Anteriormente de 1977, el sistema de partidos era

excluyente, vetaba la participación institucional de casi todas las izquierdas, y la

de formaciones regionales y candidaturas independientes. Contemplaba

solamente a cuatro: el Partido Acción Nacional (PAN), el Auténtico de la

Revolución Mexicana (PARM), el Revolucionario Institucional (PRI) y el Popular

Socialista (PPS). El PARM y el PPS, recurrían sistemáticamente a la alianza con

el partido hegemónico. Si bien, se alzaron las restricciones al Partido Comunista

Mexicano (PCM), se siguió proscribiendo al resto. También en el ámbito local, se


56

percibió un incremento en el número de alternativas políticas. El 70% de los

comicios municipales, no tenían opción. En esa proporción de ayuntamientos,

solamente el PRI presentaba candidatos. Los nuevos partidos: el Partido

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Socialdemócrata, el Demócrata

Mexicano (PDM), el PST y el PCM, y a finales de 1981; con la convergencia del

PCM, el Partido del Pueblo Mexicano, el Socialista Revolucionario, el Movimiento

de Acción y Unidad Socialista y el Acción Popular, se fundaría el Partido Socialista

Unificado de México (PSUM) (Leonardo Valdéz Zurita v Mina Pickarewiez Sigal:

México 1990, p 57)

La reforma política de 1977, pretendió contrarrestar la ausencia de reglas claras y

normar la "clandestinidad" en que actuaba la oposición. Su contenido fue bastante

innovador, en una época en la que el predominio priísta era indiscutible. Fue

pensada para fortalecer el sistema de gobierno y controlar a la oposición; tenía la

virtud de regular la confrontación. En suma, fueron tres las modificaciones legales

más importantes:

1) Se declaró a los partidos políticos, entidades de interés público;

2) Se agregó la figura de registro condicionado que abrió la competencia a las

más significativas fuerzas de la izquierda hasta esos momentos

marginadas, como el PCM, aceptando la vía electoral para promover el

cambio y de esa manera, evitar que fuera un semillero de guerrilleros; fijó

como requisito mínimo el 1.5% de la votación nacional emitida para que un

partido obtuviera su registro definitivo; y

3) Se finiquitó la apertura a la pluralidad política en el Congreso, al dar lugares

a diputados de representación proporcional, institucionalizando y al mismo

tiempo dividió, el sistema de partidos en varios mini-partidos que en no

pocas ocasiones, se alinearon para apoyar a los candidatos oficiales a


57

cambio de algún escaño en la Cámara de Diputados, que aumentó a 400 el

número de sus integrantes: 300 de mayoría y 100 de representación.

También manipulo los preceptos que regían las elecciones. Por primera vez, se

regularon aspectos concernidos con: el concepto, naturaleza, prerrogativas,

financiamiento y funciones, y con mínimo éxito, el recurso de reclamación, que

involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal reforma tuvo sin

embargo, un carácter todavía limitado y restrictivo. No trastornaba el desequilibrio

real entre los poderes; proseguí concediendo amplias ventajas al gobierno y al PRI

en los colegios electorales dictaminadores, garantizándole la mayoría en el

Legislativo. Predominaron muchas de las prácticas clientelistas de promoción del

voto y con frecuencia fueron impugnados fraudes, por parte de la oposición. La

liberalización política (1977-1984) fue plenamente funcional a los objetivos del

régimen: otorgo espacios a la oposición y reforzó la legitimidad de las

instituciones, sin ponerlo en mayores aprietos, ni afectar la hegemonía del partido.

Su trascendencia radica en que tuvo un efecto desencadenante, ya que puso en

marcha reformas posteriores dirigidas principalmente a los órganos electorales

(Cansino César: México, pp. 7-41).

Para recobrar la confianza de los sectores financieros y ante las presiones de los

acreedores internacionales, el en el sexenio de Miguel De La Madrid Hurtado

(1982-1988) instrumento una política de corte neoliberal -vigente hasta la fecha-,

basada en abrir la puerta al comercial, el fomento del mercado, la reprivatización

de la economía y en la renegociación con la banca privada internacional para el

pago de la deuda externa, lo que significó mayor austeridad y agravamiento de las

condiciones de vida de cada vez más amplios sectores de la población. No pudo

revertir la crisis económica, cuyo punto de inflexión se había manifestado con la

caída de los precios del petróleo y el aumento creciente de las tasas de interés.


58

La reforma de 1986 que dio nacimiento al Código Federal Electoral, tampoco

representó un gran avance, por la desproporcionada sobrerrepresentación del PRI

en los órganos electorales. Las elecciones habían confirmado las pocas

posibilidades de la oposición de afirmarse en condiciones igualitarias, aunque

alentaron un ligero crecimiento de la participación ciudadana y la motivaron a

afinar sus formas de organización social en busca de apoyos. La funcionalidad del

proceso de liberalización, comenzó a deteriorarse y a operar negativamente entre

1985 y 1988 (años de rebeliones electorales). Los comicios para gobernador en

algunos estados, especialmente del norte, expusieron el bajo nivel de legitimidad

del PRI, y el endurecimiento o cerrazón del gobierno ante reclamos de triunfos

provenientes de la oposición, como en Chihuahua (1986) donde se suscitaron

conflictos y movilizaciones -particularmente del PAN- contra las prácticas

fraudulentas, y por el desconocimiento de su triunfo.

Hasta mediados de los 80, los candidatos priístas eran firmes vencedores en las

contiendas electorales que sólo aparentaban estas para cumplir con las

formalidades propias de un régimen democrático al permitir la celebración

ininterrumpida de elecciones, manteniéndose la lealtad al Ejecutivo. Para

garantizarlo, el sistema recurrió a todo tipo de recursos, desde utilizar toda la

maquinaria electoral legal, hasta la realización de fraudes encubiertos o

declarados. Durante mucho tiempo la hegemonía de un partido y la no

competitividad, fueron el signo distintivo. La fuerza presidencial, quedó cada vez

más asociada a la disciplina vertical de la burocracia política. Mientras que la del

partido, derivaba de ser el principal promotor de reclutamiento de cargos a través

del cual, el presidente determinaba la subida de los políticos y administradores del

Estado, alcanzando un gran predominio social y económico. El Congreso era

controlado por la mayoría priista; así como el territorio (gobiernos estatales y

presidencias municipales). Frente a la no reelección, la sucesión presidencial se

identificó como una medida personal del presidente saliente. Pese a estar rodeada

por un cabildeo entre los principales grupos políticos y de presión.


59

En 1988, se sintió por primera vez el cambio político por el camino democrático, al

menos como una posibilidad, al ponerse en jaque al sistema. En cierta forma, las

características que asumió la oposición, tienen su inicio en las propias fracturas

internas del régimen. El recalcitrante autoritarismo y la verticalidad en la toma de

decisiones, se cristalizaron en los principales detonantes que condujeron a

miembros connotados del propio PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y

Porfirio Muñoz Ledo a formar -frente a las elecciones federales de ese año- una

Corriente Democrática para promover la democratización del partido y demandar

un proceso abierto para la elección del candidato presidencial. En una actitud de

franca rebeldía, pretendieron acabar con una de las normas no escritas del

sistema: la facultad discrecional del presidente para designar a su sucesor. Sin

embargo, las viejas prácticas e inercias subsistieron, impidiendo democratizar los

procedimientos. En esa ocasión, se instrumentó una pasarela con seis

distinguidos priístas que presentaron sus propuestas en varios foros, pero de

antemano se sabía quién sería el electo. La imposición del favorito del Presidente,

le causó al PRI una separación significativa (aunque en determinados casos debe

hablarse de expulsión) y un importante declive electoral.

Se trazaron tres grandes fuerzas: 1) el PRI, 2) el neocardenismo, representado

por la alianza del Frente Democrático Nacional (FDN) con partidos de diversas

orientaciones de izquierda, movimientos sociales, sectores medios y populares,

representantes políticos antes vinculados al PRI, una buena parte del gremialismo

independiente e incluso oficial, algunas fracciones del sector público, y de manera

difusa, el ejército. Cárdenas, proclamó el recobro del proyecto social original de la

Revolución Mexicana, cuestionando el tipo de políticas impopulares

implementadas, y 3) el PAN (neopanismo), que aumento sus recursos gracias al

apoyo de su militancia y de importantes representantes del sector empresarial, sin

desconocer el claramente expresado por una parte del clero católico.


60

Las elecciones de 1988 fueron las más discutidas de la historia reciente, por las

incontables irregularidades de las que estuvieron envueltas, y en las que todo el

aparato de Estado se dio a la tarea de lograr -a cualquier precio- pasando por

arriba de la legalidad, el triunfo del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. El

descrédito en las instituciones electorales, ocasionado por la manipulación de los

resultados causó a que amplios sectores se manifestaran a favor de renovar

radicalmente las condiciones del juego y a establecer reglas más equitativas que

concedieran de confianza, credibilidad y transparencia a la organización electoral

en su conjunto.

La ausencia de un reglamento que equilibrara la participación y la competencia

electoral, la acumulación de errores en materia política y económica (una

modernización acelerada, como consecuencia de las transformaciones sucedidas

en el mundo), la indudable inequidad y la crisis fiscal de los últimos gobiernos

priístas, así como la necedad y el autoritarismo de la estructuras que

obstaculizaban la expresión de las inconformidades, terminaron por desencadenar

la presión política y social. La movilización de la sociedad y el reforzamiento de la

cultura política, trajeron consigo un proceso de liberalización sin precedentes. En

un inicio, impulsado y dirigido por el propio gobierno con el propósito de

fragmentar a la oposición y legitimar su ejercicio al impulsar una aparente

democratización, trajo consigo mismo un reparto más plural en todos los órdenes

de gobierno: municipal (Chihuahua, 1986), local (Baja California, 1989) y federal

(el Congreso, 1997 y la Presidencia de la República, 2000).

La modernización finalizo por desbordar y desgastar los fundamentos ideológicos

del llamado nacionalismo revolucionario y el anquilosado régimen político priísta

formado por el Presidente y el partido. Para hacer frente al reclamo ciudadano por

el respeto al sufragio, ante el abierto manejo de los organismos electorales que

favorecía a la clase política en el poder, las continuadas reformas abordaron


61

principalmente la cuestión electoral, relegándose una vez más a un segundo

plano, la reestructuración del Estado y del aparato de gobierno.


En el sexenio de Carlos Salinas De Gortari (1989-1994) sobrevendría -como uno

de sus principales objetivos, la recuperación del presidencialismo sustentado en el

protagonismo y autoritarismo presidencial. Durante este tiempo, el control

presidencial sobre los aparatos del Estado y la economía, así como su hegemonía

en los medios de comunicación y de formación de la opinión pública no se

contrajo, al contrario, se incrementó. Pese al conflicto entre el gobierno y los

sectores empresariales con la burocracia sindical y priísta, e incluso al interior de

la propia clase política, las polarizaciones se debilitaron, prevaleciendo sin

grandes modificaciones las formas tradicionales de interrelación y alianza en torno

al presidente. El núcleo del proceso de reactivación, radicó en situar la voluntad

personal por arriba de las razones legales, institucionales y técnicas. No implicaba

el uso excesivo o arbitrario del poder estatal, sino la imposición de decisiones con

el apoyo implícito de los aparatos de gobierno contando con un mínimo de

consenso; un mayor margen de maniobra, en virtud de la enorme legitimidad que

le proporcionaban las fuerzas mayoritarias, fortaleciéndose en términos de

liderazgo. De igual manera, se mantuvo la subordinación del PRI como en las

mejores etapas del sistema político (Federico Reyes Heroles: 1991, p. 10.)

La agenda política observó por un lado, la separación del PRI y el gobierno (un

partido electoralmente competitivo y democrático en su interior, y un presidente

que no se comporte como jefe de la clase política y dirigente de ésta), y por el

otro, la reestructuración de los organismos electorales. A diferencia de anteriores

procesos de reforma, éste surgió a iniciativa de los partidos, lo cual no significó

que el Ejecutivo no hubiera intervenido en las negociaciones. El Acuerdo Nacional


62

para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática contenido en el Plan Nacional de

Desarrollo 1989-1994, propuso perfeccionar los métodos y procedimientos para

mejorar en la transparencia de los comicios. Constitucionalmente, se concibió a la

organización electoral como una función estatal realizada por medio de los

Poderes Ejecutivo y Legislativo con la participación de los partidos políticos y los

ciudadanos.

El artículo 41 constitucional, señala las bases que sostienen al sistema electoral

mexicano. La soberanía del pueblo se encuentra en los poderes de la Unión

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en sus respectivos ámbitos de competencia

(federal y local). Formaliza la creación y participación de los partidos como

entidades de interés público abiertos a la participación ciudadana para acceder a

los puestos de representación, e integrar los órganos del Estado por medio de la

realización periódica de elecciones por voto libre, secreto y directo (Enrique Rojas

Bernal: México 1992, pp. 104-106).

La reforma de 1989-1990, cambió sustancialmente el sistema electoral con una

nueva ley -el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

(COFIPE)- y la creación del Instituto Federal Electoral (IFE); un órgano autónomo,

de carácter permanente y con personalidad jurídica y patrimonio propio para

encargarse de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales a fin de

delimitar el tradicional dominio gubernamental y partidario en la toma de

decisiones, y de esa manera, garantizar el respeto al voto. A pesar del

consentimiento logrado y los avances alcanzados, una vez más, se buscó retener

el control y centralizar las decisiones; debilitar la disidencia y fortalecer la

autoridad presidencial bajo la apariencia de una reforma democrática.

Paulatinamente, se establecería un elemento importante para ayudar a consolidar

el cambio político y la disminución de los conflictos postelectorales, representó

una prueba palpable de ello.


63

"La única novedad, estuvo en la incorporación a los órganos electorales de

representantes de la ciudadanía al margen de afiliaciones partidistas, cuya

presencia prometió convertirse en un factor de equilibrio, a pesar de que el

mecanismo para su selección contemplará la participación de instancias

gubernamentales." A finales de 1990, a penas a tan sólo cuatro meses después de

haberse aprobado el COFIPE, el PRI decidió por sí mismo, aumentar las normas

de sobrerrepresentación al partido que lograra la mayoría absoluta por medio de

las diputaciones uninominales, lo que evidentemente representó una

contrarreforma. Las querellas entre los partidos siguieron centrándose en el

aspecto electoral” (Jacqueline Peschard: 1992, p 62-63).

El PRI dejó de contar con las dos terceras partes requeridas para modificar la

Constitución, por lo cual se vio obligado a negociar, especialmente con el PAN,

que se sintió identificado con el proyecto modernizador salmista. Las elecciones

locales permitieron únicamente el avance de la derecha y la reconsolidación del

partido hegemónico después de su debacle electoral en 1988. Al PAN, se le

otorgo un trato preferencial para lograr su apoyo en el Congreso a las

contrarreformas neoliberales, con el reconocimiento de triunfos electorales

legítimos: Baja California y Chihuahua. Y, no tan legítimos, como las denominadas

concertacesiones consistentes en conceder ciertos espacios, como ocurrió en

Guanajuato 1992. Cada espacio que se "concedió" a la oposición con el indulto

presidencial, más que con el respeto a la decisión electiva de la sociedad, se

confrontó con la vieja mecánica de control institucional en los gobiernos estatales

y ahondó la crisis en el PRI.

Una estrategia negociadora muy desigual a la de constante enfrentamiento que

mantuvo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual le impuso una

política de hostigamiento sistemático dirigida tanto a líderes como simpatizantes, y

que tuvo como saldo negativo, cientos de militantes muertos. La democratización

del país se retrasó una vez más, por la alta institucionalización del régimen, al


64

sucesivo debilitamiento y desarticulación del neocardenismo, y a las dificultades

derivadas de la formación del PRD que optó por proceder combativamente,

radicalizando sus posiciones y cuestionando la legitimidad del presidente. En

consecuencia, las presiones se incrementaron por parte de las clases populares,

los sectores medios y las élites de negocios.

Para recobrar consensos, ampliar y fortalecer sus bases de apoyo, y legitimarse

ante la sociedad, Salinas se vio en la necesidad de impulsar varios cambios para

remontar la fuerte crisis de su gobierno. Entre los que resaltaron -además de los

económicos-, las reformas electorales de 1989-1990 y 1993, 1994 contempladas

en su célebre gran reforma del Estado, donde también se inscribió la del PRI. Sin

desembocarse en una verdadera reforma política, porque no intentó cambiar

ninguna estructura de poder ni fue coincidente en relevancia, amplitud e intensidad

con las económicas, formaron un relativo impulso a la liberalización a través de

políticas económicas y sociales ideológicamente justificadas bajo los principios

doctrinarios del llamado liberalismo social, con un gran éxito entre la población.

Las elecciones federales de 1991, en las que el PRI recuperó la mayoría de

escaños -más del 60%- en la Cámara de Diputados, probaron su momentánea

efectividad.

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se convirtió en el eje

fundamental de la política social, con un gran impacto. Orientado a diluir el

potencial descontento mediante subsidios selectivos y la inserción de la movilidad,

con la coparticipación y el debilitamiento de la izquierda, estableció compromisos

con los movimientos populares. Al interior del PRI, reestructuró las élites

regionales y locales bajo un control centralizado y lo sustituyó en algunas

funciones como la gestión social, creación de bases de apoyo, identificación y

reclutamiento de líderes naturales y la conversión de funcionarios con formación

tecnocrática en políticos socialmente sensibles. Creo un renovado tejido social,

desarrollando una serie de vínculos y compromisos con organizaciones


65

independientes, radicales y contestatarias, o cercanas a los partidos de oposición,

propiciando un cambio de actitud hacia el Estado. Asimismo, fue un semillero de

candidatos priístas a puestos de elección popular, particularmente de funcionarios

plenamente identificados como parte del círculo íntimo del Presidente. En 1991,

varios delegados fueron candidatos a senadores: Rogelio Montemayor, Manuel

Cavazos, Gustavo Guerrero y Carlos Sobrino por Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y

Yucatán, respectivamente. Montemayor y Cavazos, alcanzaron la gubernatura. En

un primer momento, ciertos dirigentes priístas observaron al PRONASOL con

recelo, como una estructura paralela en franca competencia con la priísta, ante la

posibilidad de que la reforma interna comprendiera la sustitución paulatina de los

directivos seccionales y distritales por líderes naturales surgidos de los comités de

solidaridad. Pese a las dudas, se constató su gran capacidad para aportarles

votos. Todas las campañas tenían como referencia básica la imagen del

presidente y sus obras. (José Paoli Francisco: 1991, pp 7 y 44).

En 1994, excitados por la presión de la rebelión en Chiapas, el PRI, PAN, PARM,

PFCRN y algunos legisladores del PRD que rompen con lo señalado por su

dirigencia, aprueban 29 enmiendas constitucionales y cambios a 252 artículos del

COFIPE de un total de 372. Aunque el diseño resultante provino

fundamentalmente de las propuestas del PRI y el Ejecutivo, se fijaron las bases de

lo que habría de ser nuestro sistema electoral. Aunque los niveles máximos

siguieron siendo muy altos, se establecieron límites en las contribuciones

individuales y corporativas para las campañas; se aumentó el acceso de los

partidos a los medios de comunicación; se reconoció la función de los

observadores nacionales e internacionales (visitantes extranjeros) en la vigilancia

de las elecciones; se reglamentó la emisión de las nuevas credenciales para votar

con fotografía para reducir la incidencia de fraude a nivel de casilla, y se

autorizaron los conteos rápidos y sondeos de salida.


66

Es en este tiempo, cuando el dominio presidencial en lo político, económico y

social fue más fuerte. Salinas ejerció una Presidencia renovada con grandes

poderes discrecionales que comenzó a declinar hacia el final de su mandato,

heredando a su sucesor una fuerte crisis política (el conflicto armado en Chiapas,

asesinatos políticos, el recrudecimiento de la impunidad y la corrupción, etc.) y

económica (devaluación, fuga de capitales, inflación, e insolvencia bancaria). Por

su parte, las reformas político-electorales no consiguieron constituirse en medidas

efectivas para establecer un régimen plenamente democrático; pese a que

permitieron conducir con normalidad la organización de los comicios en 1991 y

1994.

En 1994, por primera vez, la sucesión presidencial se salió de las manos del

Presidente. Carlos Salinas presionado por las circunstancias, al ser asesinado el

candidato oficial -Luis Donaldo Colosio-, destinó a Ernesto Zedillo Ponce de León

(1994-2000). Estos sucesos, influyeron notablemente en el proceso político de ese

año. Ante la incertidumbre con la que se asoció a la alternancia, la ciudadanía voto

por la paz, la estabilidad y una estrategia económica que a pesar de la coyuntura

había abierto las posibilidades de crecimiento. "... Zedillo obtuvo un triunfo

electoral cómodo e incuestionado, pero tomó un poder atravesado por una fuerte

crisis económica y un deterioro notable en la credibilidad de las instituciones... al

tiempo que los partidos de oposición, PAN y PRD se habían instalado en factores

reales de poder que debían ser tomados en cuenta para mantener la

gobernabilidad"(Ricardo Espinoza Toledo: pp. 9-10).

El 1o de diciembre de 1994, en su discurso de toma de posesión como nuevo

titular del poder Ejecutivo, Ernesto Zedillo convocó a democratizar todas las

estructuras y procedimientos relacionados con el acceso, distribución, ejercicio y

control del poder político; reconociendo que la contienda fue inequitativa. En el

apartado denominado "desarrollo democrático" del Plan Nacional de Desarrollo

1995-2000, se vislumbró al sistema de partidos como base de la democracia y a


67

los procesos electorales como fuente de legitimidad política. La agenda volvió a

contemplar la separación del PRI del gobierno y el fin del partido oficial; una mayor

división de poderes; el fortalecimiento del federalismo y del sistema de partidos;

equidad en su financiamiento y medios de comunicación al servicio de la

sociedad, aún cuando la mayor parte siguió siendo para el PRI.

Las negociaciones entre partidos y autoridades gubernamentales dieron inicio en

1995 y finalizaron a finales de 1996, después de casi dos años de intensos

debates, en los que estuvieron presentes las primordiales ideas que surgieron de

un amplia consulta dentro y fuera del IFE, como el Seminario de Chapultepec en el

que participaron especialistas, intelectuales y militantes de los partidos con

representación en el Congreso (PAN, PRI, PRD, PVEM y PT). Las reformas se

retrasaron por la dinámica propia que impusieron los propios partidos, cuya

participación se observó determinada por conflictos postelectorales con el PRI en

Tabasco y Puebla (Huejotzingo), entre otras cuestiones coyunturales de tipo

económico, político y social. Tomando en cuenta que, "en México, el

funcionamiento de las instituciones como el Congreso de la Unión continúa

dependiendo de los acuerdos que se logran fuera de los recintos legislativos".

(Arturo Sánchez Gutiérrez: p 272.)

El Presidente llevó con el consenso de todas las fuerzas, una reforma electoral

"definitiva" integral, plural e incluyente de gran envergadura que introdujo

importantes cambios e innovaciones constitucionales y reglamentarias. Sobresale

el fortalecimiento de la independencia y plena autonomía de las instancias (IFE y

TFE), y de los funcionarios electorales que ya no dependen jerárquicamente del

Poder Ejecutivo Federal, ni de ningún otro poder. En materia de equidad en la

competencia, se perfeccionó el sistema de comprobación de ingresos y gastos de

los partidos; trato imparcial, respetuoso y de diálogo permanente por parte del

Gobierno Federal; acceso a los medios de comunicación, y significativas

aportaciones en el ámbito de la justicia y en el de los regímenes electorales a nivel


68

local que involucró al Distrito Federal, entidad que en 1997 pudo elegir por primera

vez a sus autoridades. Independientemente de las señales en contrario, como el

no haber evitado la manipulación electoral priísta en algunas elecciones estatales

(Yucatán y Tabasco, por ejemplo), el arbitraje de Zedillo fue preponderante.

La aquiescencia lograda inicialmente para sacar adelante la reforma

constitucional, se fracturo al momento de aprobarse la ley reglamentaria -el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)-, por las

discrepancias salidas entre la oposición y el PRI, quien planteaba, entre otros

cambios; coaliciones menos flexibles, mayor peso al número de votos en el

reparto de los tiempos en los medios de comunicación, mantener los cuadros

directivos de los consejos locales, sobre representación para el partido en el

segundo lugar y un mayor financiamiento público (considerado excesivo por la

difícil situación económica que atravesaba el país, pese a que también significó un

substancial incremento en los ingresos de los demás partidos), alegando

clientelismo del dinero y la posible introducción del narcotráfico o de mayores

intereses económicos en la política interna, así como sanciones menores a quien

superara los topes de gasto de campaña. Los hechos han demostrado por sí

solos, que contar con mayores recursos no equivale a lograr la victoria. Con todo,

está ley demostró ser mucho mejor que la de 1994 y sus precedentes.

Pasando por alto la fractura, finalmente se incorporó un gran porcentaje de los

acuerdos logrados que modificaron el COFIPE, la Ley Reglamentaria del artículo

105 constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, el Código Penal en

materia de fuero común y fuero federal, y el Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal, expidiéndose una nueva Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en materia electoral.

El presidente se encuentra estrechamente ligado con el cambio político, al erigirse

en uno de los principales actores del prolongado y sinuoso proceso de


69

liberalización y democratización al conducir institucionalmente, en sus distintas

etapas, las alianzas y mediar los acuerdos entre las fuerzas de la sociedad civil

organizada (partidos, empresarios, movimientos sociales, sindicales, etc.) que

demandaban el establecimiento de nuevos preceptos para superar los rezagos,

las inercias y obstáculos que presentaron los más diversos grupos de poder.

Cabría precisar, que si bien el Presidente de la República no ha sido el único

protagonista, no debe desestimarse el activo papel que ha jugado en la historia,

así como su disposición para adaptarse y aceptar los cambios. Estos no se

pueden definir a partir exclusivamente del titular del Ejecutivo, pero sin su

participación, en función del enorme cúmulo de facultades económicas y políticas

que concentra, quizá no hubiese alcanzado la profundidad que ha logrado.

La institución presidencial, en su inicio de una nueva etapa de

redimensionamiento. Su ímpetu comienza a declinar en 1997, al perder la mayoría

en la Cámara de Diputados y verse obligado a negociar para sacar adelante las

principales iniciativas gubernamentales. Tuvo que encararse a su propio partido,

cuya unidad y disciplina se había relajado. La rebelión priista en Tabasco que

impidió en 1995 la destitución de Roberto Madrazo de la gubernatura del estado,

representó un ejemplo. Zedillo surgió como el Presidente de la transición que

había cedido el poder -por primera vez desde 1929- a un partido distinto,

reconociendo públicamente antes que el propio candidato de su partido -Francisco

Labastida-, la derrota electoral y el triunfo de Vicente Fox panista, provocando una

profunda molestia entre el priísmo. A partir de ese momento, la tradicional

identificación entre el presidente y el otrora partido dominante se transformó

radicalmente, convirtiéndose en una andanada de reproches y juicios sumarios

para quien había entregado con tanta facilidad el gobierno a la oposición (Carlos

Fuentes: 2000, p. 9)

Las reformas de los años 1989, 1993, 1994 y posteriormente la de 1996,

consiguieron perfeccionar en mucho la organización electoral. A pesar de los


70

tropiezos, las elecciones de los años 1994, 1997 y por supuesto, las del 2000 que,

por primera vez permitieron la alternancia en el poder presidencial irradiaron una

mayor transparencia, confiabilidad, legalidad e igualdad en las condiciones de la

competencia, así como credibilidad en los resultados. Aún cuando subsisten

ciertos resquicios autoritarios en algunas entidades del país, éstos no lograron ser

determinantes para entorpecer y ensuciar el proceso en su conjunto.

Podemos señalar que la transición término en lo que respecta a los

procedimientos electorales con la reforma de 1996 que dio plena autonomía al IFE

y configuró el TFE, dándole fin al control gubernamental sobre los comicios y al

sistema autoritario de partido dominante. Todavía falta ahondar su alcance,

establecer las instituciones y cultivar los usos y costumbres de las democracias

consolidadas. La transición no puede basarse en la sola derrota del PRI y en una

eventual alternancia. Como se ha venido señalado reiteradamente, ésta sólo será

posible con una profunda transformación institucional. La reforma del PRI no ha

podido consolidarse y los logros del nuevo gobierno son pocos. El proceso

terminará cuando se reorganice el sistema de partidos, haya rendición de cuentas

y contemos con una nueva estructura jurídica (otra Constitución) que corresponda

a un acuerdo fundamental entre los actores.

Los primordiales factores que han contribuido al cambio vertiginoso del

presidencialismo son: a) los cambios profundos que ha tenido la sociedad; b)

las crisis económicas en los últimos años; c) un factor psicológico: la fractura

del tabú de que no se debía criticar al presidente de la república; d) el

fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial federales; e) la influencia

más fuerte de los grupos de presión; f) el cambio de un sistema de partido

predominante a uno pluripartidista; g) las frecuentes y fuertes manifestaciones

de malestar popular; h) las reformas promovidas desde la cúpula,

fundamentalmente en los últimos ocho años, i) una cadena de factores

internacionales (Jorge Carpizo: 1991, p 89).


71


Dentro de la política, la alternancia refleja la posibilidad real de que un partido o

una persona distintos, sucedan a otros a través de elecciones periódicas,

legítimas y transparentes. Desde su fundación en 1929, había sido inviable la

llegada de una fuerza política diferente al PRI. En el pasado, prevaleció la idea de

que la alternancia era un factor de riesgo para la estabilidad política, social y

económica, pues establecería una atmósfera de desconfianza. Los ciudadanos y

partidos tenían el miedo de que no se formara un gobierno estable, de ahí la

introducción de cláusulas de gobernabilidad. El pluralismo siempre fue visto como

un peligro, por los problemas institucionales y la falta de experiencia del gobierno

para atender los requerimientos de los distintos sectores. En tal sentido, se intentó

conciliar los deseos de estabilidad con las demandas de cambio.

Las elecciones presidenciales del 2000, abrirían la puerta para la tan deseada

transición después de 71 años seguidos de predominio del PRI. La victoria foxista

fue consecuencia del voto por el cambio y contra el PRI, el cual finalmente finalizo

en una crisis interna y externa de desprestigio y credibilidad, emanado de los

constantes escándalos de corrupción y oscuras complicidades en los que se vio

directamente involucrado. Vicente Fox Quezada, al frente de la Alianza por el

Cambio conformada por Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista de México

(PVEM), ganó más que por un ambicioso programa de gobierno, por su manera

de conducirse y su carisma personal, mostrándose ante los votantes como una

persona bien intencionada. Su principal mérito fue enarbolar acertadamente la

bandera del cambio y enfrentar mediante una efectiva campaña mediática, al

anquilosado y desgastado sistema de partido hegemónico. La oposición captó a

través del llamado voto útil alrededor de 15 millones de votos, 27% de los

empadronados y un abstencionismo de 21 millones. PAN-PVEM 15,989,636 votos


72

(42.52%), PRI 13,579,718 votos (36.11%) y el PRD 6,526,780 (16.64 %) de una

lista nominal de 58,782,737 ciudadanos con una votación total de 37,601,618

(63.97%), y una abstención de 21,181,119 (36.3%). Para diputados federales por

mayoría relativa: PAN 14,212,032 (38.24%); PRI 13,722,188 (36.92%) y el PRD

6,942,844 (18.68%), hábilmente manejado por Fox, la simpatía de un significativo

sector de la población que el PRI fue perdiendo al privilegiar las variables

macroeconómicas sobre los indicadores sociales.

El ambiente político y económico, así como una adecuada estrategia publicitaria le

permitieron cambiar las tendencias que, en principio, eran favorables al PRI. En

este proceso coadyuvó la organización Amigos de Fox, encargada de recolectar la

mayor cantidad de recursos para la campaña. Fue supervisada por Lino Korrodi y

José Luis González (publicista de la Coca Cola en México), sustituido

posteriormente por Francisco Ortiz, ex colaborador de Televisa.

El panista tuvo los servicios del estadounidense Dick Morris, mismo quien

consiguió la reelección de Bill Clinton en 1996 y llevó a la victoria Fernando de la

Rúa en Argentina siendo este opositor. Según informaciones periodísticas de

Israel y Argentina, este superasesor está cotizado en más de un millón de dólares

(lo que refleja otra variable de la democracia, vista desde esta perspectiva, como

un negocio bastante lucrativo). Del mismo modo, en abril de 1998, se afirmó que la

Coca Cola tenía un grupo de publicistas asignados de tiempo completo a Vicente

Fox, quienes se hacían cargo de los estudios de opinión, las encuestas y el

desarrollo de su imagen. Amigos de Fox, adaptaría la forma de organización de la

corporación estadounidense Amway especializada en ventas personalizadas, que

curiosamente siempre ha participado en política, pero no hay señales que

recursos de esa empresa hayan fluido a la campaña.

El vacío legal existente en las precampañas (la legislación electoral -el COFIPE-

no menciona hasta ahora, ninguna sanción respecto a recursos económicos de


73

particulares nacionales y extranjeros en estos periodos), constituyó un línea

propicia para Fox quien emprendió tempranamente su campaña a la Presidencia.

Sin embargo, las dudas respecto al origen poco claro de su financiamiento

emanado de las denuncias de la oposición por una posible entrada de recursos del

extranjero, lo que está estrictamente prohibido; hicieron que enfrentara una

investigación, por lo cual el PAN se hiso acreedor de una multa.

El arribo de Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República (2000-2006),

expuso el fin de un ciclo de la política mexicana. Su carrera fue vertiginosamente

en ascenso: inicio en la política en 1988, siguiendo al entonces líder del PAN,

Manuel J. Clouthier. Se enlisto en el ala neopanista de los pragmáticos, opuestos

a la doctrina y ortodoxia tradicionales. En 1989, fue electo diputado y después,

candidato al gobierno del estado de Guanajuato. Aunque perdió -según datos

oficiales-, una concertacesión del PAN con el salinismo en 1991, llevo a que la

gubernatura fuera dispuesta al también panista Carlos Medina Plascencia, quien

preparó el terreno para que finalmente, se convirtiera en gobernador en 1995. Un

pragmático, al margen de los principios ideológicos de su partido (el PAN),

caracterizado como de derecha que lo postuló Vicente Fox siendo este mismo el

primer presidente empresario, ex directivo de la Coca Cola, fuertemente vinculado

con los hombres de negocios de Nuevo León que aportaron fondos a su campaña,

cuyo monto específico aún se desconoce. Sin la más mínima experiencia para

gobernar un país, ni una formación política tradicional, el ámbito en el cual tuvo un

mejor desenvolvimiento fue en la administración privada. Congruente con su

origen, al asumir la Presidencia de la República señalo que su gobierno sería

empresarial; gobernaría con las lecciones aprendidas en la Coca Cola, no con la

experiencia de su gestión como gobernador en Guanajuato, la cual se tradujo en

una administración jerárquica, vertical, ejecutiva y gerencial, ni a partir de lo que

pudo haberle indicado la campaña, sino remitiéndose a su antigua querencia: "Los

mexicanos me han contratado como presidente y estoy comprometido con

garantizar resultados... para ello hay que organizar al gobierno como si fuera una


74

empresa privada". En franca armonía con los principios del mercado que conciben

al ciudadano como un cliente o consumidor cada día más exigente y al Estado

como una gran empresa (La Jornada, 20 de julio de 2000, p 19 y 7 de noviembre

de 2001).

Las diversas personalidades que apoyaron a Vicente Fox, destacan: Alfonso

Romo (Grupos Pulsar y Savia, con actividades en más de 120 países); Federico

Sada González (Grupo Vitro) y José Antonio Fernández (Coca-Cola/FEMSA)

emparentados con los Garza-Sada que con Lorenzo Zambrano (Cemex,

Tecnológico de Monterrey), Romo y Sada, fueron incorporados al equipo

internacional de transición con el empresario Valentín Diez Morodo, vicepresidente

de Grupo Modelo, cuyo dueño Juan Sánchez Navarro ha sido uno de los

principales impulsores del "cambio a la Fox".

Los cambios del sistema tuvo como base los límites impuestos a la Presidencia

por el modelo económico -paradójicamente impulsados por ésta desde 1985- y

una distribución más plural del poder, derivada de una ley electoral más justa que

conllevó al fortalecimiento de la oposición. Del presidencialismo responsable de la

distribución de la mayoría de posiciones políticas, incluyendo a su sucesor, se

pasó a un sistema más democrático donde el Ejecutivo está más limitado. Su

nuevo ocupante no ha podido acordar con su propio partido -el PAN-, como

tradicionalmente se hacía en los gobiernos priístas. Cuenta con menos

instrumentos de gestión y operación política frente al Congreso. Su influencia

sobre los gobernadores y el gobierno del Distrito Federal ha decaído

notablemente, así como su capacidad para mantener la disciplina en la

Administración Pública Federal, al igual que su injerencia en los medios,

particularmente, la prensa escrita.

El autoritarismo representado por un presidencialismo avasallante que rompía con

el equilibrio de poderes y que con el dominio del partido garantizaba superar los


75

riesgos de la alternancia, se sitúa en un proceso de ajuste y acotamiento. La

institucionalización de facultades presidenciales hacia órganos dotados de

autonomía: la política monetaria del Banco de México y la organización de las

elecciones y el IFE para que quedarán al margen de los vaivenes políticos, han

establecidos limites importantes pero todavía insuficientes para desvirtuar el

carácter hegemónico del Poder Ejecutivo, quien sigue controlando en esencia toda

la estructura del Estado. El PRI ya no es el partido del gobierno, pero se conserva

como la primera mayoría en el Congreso; el corporativismo estatal no ha sido

transformado en su verticalidad y formas de control, y en ningún momento, más

allá del discurso oficial, el presidente ha perdido atribuciones.

A pesar de los avances logrados, los procesos democráticos no son todavía un

contexto pleno y cotidiano. Si bien, la introducción de modernos procedimientos

pone en la urna y el recuento de votos bajo el control del público y de los

representantes de los partidos, aún no se ha logrado superar del todo la

desconfianza de éstos y de los electores en los resultados. Existe un abierto

rechazo a reconocer -incluso- derrotas verdaderas, si no es con un amplio

margen. La lucha política cae en las impugnaciones, componendas y

negociaciones que realizan los líderes después de los comicios, y que cuestionan

y ponen en duda al proceso electoral, incluso cuando el PRI gana de manera

legítima y democrática. La oposición empezó a deslegitimar de antemano está

línea como alternativa para arribar al poder, lo que también fue expuesto como

una estrategia para explicar por anticipado la derrota (Pablo González Casanova:

México 1981, p 103).

1.8.1 La Forma Propia de Gobernar.

La forma propia de gobernar ha cambiado, pese a los puntos de concordancia

existentes entre el mal llamado antiguo y nuevo régimen. Esclarece criterios


76

sustentados en una visión de la realidad y de la forma imaginada más apropiada

para enfrentar los problemas. Inicialmente, se centró en un enfoque popular-

reformista y desde De la Madrid, la reforma económica constituyó la principal

estrategia para establecer nuevas alianzas políticas y relaciones de poder que

dieron paso a otro pacto de dominación, en donde los grupos del gran capital

operan como los actores centrales. Atendiendo a la tipología usada por Max

Weber, el actual jefe del Ejecutivo es el representante potencial de la dominación

carismática (Max Weber: México 1981, pp. 1237).

La labor comunicativa del Presidente involucra imagen, simpatía, carisma y

popularidad frente a una opinión pública que por lo general, es inconstante y que

además, está mal informada e insuficientemente educada. Los medios

electrónicos son prioritarios porque llegan a un mayor número de personas, el

mensaje puede ser masificado pero no entendido. Si un presidente busca mayor

audiencia, puede que llegue a ser muy conocido y popular, pero eso tiene poco

que ver con la comunicación política y con la autoridad. La popularidad crea

opinión popular, no opinión pública. Para el italiano Renato Parascandolo, "la

opinión pública es una esfera circunscrita, una élite de ciudadanos (...) dotados de

conciencia civil (...) que se basa en la argumentación racional (...), mientras que la

opinión de masas se alimenta de la sugestión, de la demagogia, de la visceralidad,

de la irracionalidad". De acuerdo con Sartori, la opinión masificada por las

audiencias "es una opinión degradada que pone en peligro la democracia

representativa y hace que la democracia directa sea desastrosa" (Jenaro Villamil:

2001).

El poder presidencial ha encontrado su fortaleza en el uso desmedido e

indiscriminado de los medios: es un gobierno mediático (una mediocracia). Tienen

más significado las tasas de aprobación y el aplauso popular; define metas y traza

objetivos, en función de las encuestas. El Presidente y su equipo no toman una

sola decisión, sin contemplar cómo será percibida entre la sociedad, lo que


77

conlleva a la estatificación por los inevitables costos políticos que ello acarrea. La

obsesión de medir el rating como si siguiera en campaña, forma parte del personal

estilo de gobernar foxista. Los referentes tradicionales de la política se han

movido. En lugar de la política, la experiencia, los planes de gobierno, el

conocimiento de la gente, la intuición, la sensibilidad, las ideas y el compromiso,

predomina el pragmatismo, la metodología para evaluar las demandas del

mercado político, las relaciones públicas, los sondeos. En una especie de gestión

virtual, el gobierno se conduce por imágenes más que por ideas. Sobre todo a

través de la televisión, dado que el 85% de la población se informa a partir de este

medio. Esto no se puede ignorar, como tampoco el que no se vaya a tener una

conciencia real de la situación económica imperante (Enrique González Pedrero:

2000).

La relación con los medios de comunicación -principalmente con los impresos-, a

través de los cuales el presidente se proyectaba y gracias a los que obtuvo el

éxito, se fue deteriorando. Las críticas a su gestión han sido más negativas que

positivas, destacándose más sus desatinos que sus aciertos. Sin destinatario

preciso, las críticas se dirigieron específicamente contra Milenio Diario y La

Jornada. A sabiendas de que en México la población no lee, pero sí escucha radio

y ve televisión. La visión del gobierno sostiene que los medios distorsionan las

noticias, por lo que en una estrategia errática en materia de comunicación política,

Vicente Fox amenazó con ya no hacer declaración alguna.

Su vida familiar, estado civil y profesada devoción católica, se convirtieron al

principio de su mandato en el tema preferido de la prensa. Por consiguiente,

Vicente Fox exigió más seriedad para tratar los asuntos importantes del Estado,

que se subrayaran sus éxitos sobre las innumerables trivialidades que lo

caracterizan y que él mismo se ha encargado de resaltar. Desde el gobierno, se

ha privilegiado lo irrelevante, anecdótico y efímero por encima de lo sustancial: las

botas de charol (presumidas por el propio presidente), el José Luis Borgues


78

durante su discurso en Valladolid del que Fox se defendió: yo le pregunto a los

que escriben o a los que comentan, jamás han metido una pata en su vida, jamás

han tenido un lapsus bilingüe brutus, según su ex vocero Francisco Ortiz; el ramo

de flores que Marta Sahagún aventó a un grupo de reporteras; el beso de la pareja

presidencial en la plaza de San Pedro, el del presidente al anillo papal durante la

quinta visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país también alzó polémica,

colocándolo en medio de los reflectores; los bigotes de Fox descritos como "los

más sexys" del mundo según la revista People, entre otras más anécdotas (Jenaro

Villamil).

También se le imputó a la prensa el fracaso de los viajes de Vicente Fox al

exterior. Apoyando este señalamiento, en su programa sabatino Fox en vivo, Fox

contigo, el presidente acusó a algunos medios de desvirtuar el motivo de sus

viajes y de distorsionar su programa económico: "se está asegurando el

crecimiento con inversiones extranjeras directas, no vendiendo el país". Un día

después, cambió de modo y consideró que era inevitable hacer una especie de

pacto y/o tregua por lo que invitó a la prensa a que dejará de "erosionar o destruir

la Presidencia de la República" (La Jornada, 15 de octubre de 2000).

En el noticiario conducido por López Dóriga, Fox se congratuló de una encuesta

en la que 70% de la audiencia creía que los medios se habían salido del límite en

las críticas al Presidente. Describiendo en un programa radiofónico con Pedro

Ferriz de Con, que éstos "nunca habían gozado de la libertad tan absoluta, tan

total que se tiene ahora, ni estaban inmersos en un proceso de transición

democrática... Tendrán que encontrar su equilibrio empezando por el monetario,

porque ahora ya no le damos a ningún periódico, ni a ningún escritor, ni a ninguna

pluma las gratificaciones o los dineros para que hablaran bien del gobierno.

Nosotros suspendimos totalmente esas cantidades" (Genaro Villamil: La Jornada,

11 de noviembre de 2001).


79

Supuestamente Vicente Fox, la opinión pública y los medios de comunicación

reclamaron una Presidencia de la República muy seria y formal que no hiciera

chascarrillos, por lo cual se comprometió a afinar su estilo, gobernar de manera

más discreta, modificar su tradicional actuación, que en esencia sigue siendo la

misma. No implicaba abandonar el tono optimista y dinámico de su actitud.

Asimismo, subrayo la importancia de una Presidencia acotada y democrática que

escucha a la sociedad y hace suyas sus demandas. En cuestión a su

personalidad, expresó: "yo soy una persona, un ser humano común y corriente,

estoy sujeto a pasiones y se dice, es que el Presidente debe de ser así, tiene que

hacer su rol y su acto teatral de esta manera y no puede salirse del guion. Pues

no, yo no puedo deshacerme de Fox, está aquí dentro en la Presidencia de la

República, un ciudadano apasionado que quiere y está enamorado de su país...."

(La Jornada, 4 de enero de 2002).

Las contradicciones discursivas y la suave actuación que caracterizan al

presidente se reflejaron en asuntos muy polémicos como: Chiapas, impuestos,

sector energético, aborto, entre otros, que por momentos habían conflictuado y

obstaculizado la búsqueda de acuerdos, generando cierta ingobernabilidad.

Semana anterior a las elecciones del 2000, no reparaba en criticar el manejo

económico-financiero del gobierno federal, acusando al presidente Ernesto Zedillo

de llevar las variables económicas con fines electorales. Al poco tiempo, no

escatimó elogios a su comportamiento: además de un "hombre de Estado", es un

buen economista que ha sabido controlar dichas variables. Mostrándose dispuesto

a conservar la misma política económica, acordando una transición con

estabilidad. Las asperezas terminaron, cuando acabó la campaña.

La forma en que se mira el conflicto en Chiapas, ha sido cambiante. Más allá del

tiempo de los 75 minutos que en campaña aseguró requerir para solucionarlo,

Vicente Fox enunció en los primeros días posteriores a su triunfo, la disposición a


80

retirar el Ejército como una muestra de voluntad por atender el asunto en el

terreno político. Reconoció -al menos inicialmente- que la pacificación era un

asunto prioritario y emprendió una campaña más mediática que política para

reactivar el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la cual

fue todo un fracaso dándose un nuevo rompimiento cuando el Congreso aprobó

una Ley de Derechos y Cultura Indígenas, contraria a la iniciativa original

presentada por el Ejecutivo y a los Acuerdos de San Andrés. Las diferencias

estriba en las interpretaciones, giraron en torno a temas sustantivos, entre los que

se encuentran: los esquemas de propiedad de la tierra, el concepto de usos y

costumbres y la definición de autonomía.

En relación al tema del aborto, como presidente electo se reunió con la directiva

nacional del PRD y firmó un documento en el cual se comprometió a no presentar

ninguna iniciativa en ese sentido. Mientras en Guanajuato, el PAN con mayoría en

el Congreso, aprobaba modificaciones al código penal de la entidad para

penalizarlo en el caso de violación. Fox declaró públicamente que su línea era

muy distinta, e instruyó a Ramón Martín Huerta a recurrir a la prerrogativa del veto

para echar atrás dichos cambios.

A lo expuesto anteriormente habría que agregar, sus polémicas afirmaciones de

que él y su esposa Marta Sahagún forman la pareja presidencial y como tal

comparten las decisiones. El Presidente ha llevado a cabo una gran y fuerte

defensa sobre las actividades de su esposa y la fundación Vamos México que ella

preside, puntualizando que es privada, no está tomando dinero del erario y se está

afanando por ir consiguiendo los recursos. Enlaza a las organizaciones no

gubernamentales que se dedican a apoyar a niños pobres de la calle, mujeres,

ancianos, gentes con discapacidad.

"El tecnócrata y el vendedor" (Reforma, 17 febrero 2001). Es tal la influencia que

ha llegado a tener el marketing político, que The Washington Post sacó un


81

reportaje en el que compara el manejo de la imagen del presidente Vicente Fox

con la de una famosa conductora afroamericana de televisión: "En México todo es

Fox, todo el tiempo. Se ha convertido en el personaje más visible, cambiando lo

antiguamente rígido y gris de la oficina presidencial por algo que se parece mucho

al show de Oprah Winfrey", uno de los programas con mayor rating en la televisión

de Estados Unidos. Lourdes Galaz (La Jornada, 3 de junio de 2001).

Este es el nuevo modo presidencial vendedor de Fox: a todos les trata de decir lo

que quieren escuchar. Su imagen es la de un personaje abierto, franco y hasta

divertido. Rompe con los protocolos por sus expresiones ligeras y sin sustento:

huecos informativos, nombres mal pronunciados, vacíos de formación política o

histórica, frases sonoras, opiniones de alguien no educado en la negociación y el

trabajo político cotidiano. Una constante que no ha sido compensada con

soluciones oportunas y sensibles. El Ejecutivo se ha caracterizado por sus

inconsistencias discursivas y decisorias, los ajustes permanentes a sus acciones,

el exceso de confianza en la eficacia de la propaganda, y la desvinculación con

fuerzas políticas y sociales relevantes, al querer sacar avante la agenda de

gobierno (una nueva Constitución, las reformas estructurales -hacendaría,

energética y laboral-), sin una previa operación política. En lugar del acuerdo, ha

apostado a la presión mediática sobre la población para que se concreten sus

propuestas (La Jornada, 04 de noviembre del 2001).

El presidente que tenía un enorme poder plebiscitario, ha recurrido

constantemente a la gente, buscando su apoyo de cara a un Poder Legislativo que

bloquea su administración. Los partidos políticos le dejaron poco margen para

alcanzar consensos y su propio desempeño, representó una dificultad en el

ejercicio de gobierno. A través de una intensa campaña en los medios electrónicos

para promover sus bondades, Vicente Fox intentó ganar el apoyo social a su

iniciativa de reforma fiscal con el argumento de que la captación de mayores

recursos favorecería el desarrollo nacional, la creación de empleos y una mejor


82

distribución de la riqueza, vía programas sociales como el Progresa o Contigo que

estás en Sedeso. Tras el primer año, Fox reconoció que había perdido la batalla

mediática, al fallar en la estrategia de apoyarse democráticamente en la

ciudadanía.

Con el lema Porque es lo justo, se desarrollaron tres mensajes cuyo costo de

producción fue 180 mil pesos, de los cuales supuestamente no implicaron ninguna

erogación para el gobierno federal. Además, la Secretaría de Hacienda desarrolló

una campaña de correo directo, mediante el envío de un millón de sobres para

tratar de convencer a los líderes de opinión y buscar el apoyo de la gente con

tarjetas de crédito y/o cuenta de teléfono (La Jornada, 4 de abril de 2001).

"...El liderazgo no necesariamente es intercambiable con popularidad. Se debe

enterrar el culto a la personalidad y limitar la centralización excesiva del poder

presidencial, si no se corre el riesgo de un autoritarismo. El Ejecutivo debe ser

congruente, eficiente y realista. La demagogia generalmente no es buena

promotora de resultados, se puede revertir si no hay logros. La constante

presencia del Ejecutivo en los medios no garantiza gobernabilidad, únicamente

desgasta la figura presidencial." (José Luis Reyna, Resultados: p 22).

El control informativo es propio de los sistemas autoritarios. En gobiernos

posteriores, la relación con los medios pasaba por una subordinación implícita de

éstos hacia el Poder Ejecutivo, con los cuales se tenía una fuerte influencia en la

opinión pública. Ésta ha decrecido en forma considerable. Imevisión hoy TV

Azteca y el Nacional, fueron vendidos a particulares. Los que aún perduran, más

parecen medios del Ejecutivo al servicio y propaganda de su imagen y acciones,

que del Estado. No están dirigidos a proporcionar información objetiva e imparcial

a la sociedad, respecto a temas de sumo interés o preocupantes, tal es el caso de

Notimex. La realidad es que ni siquiera existe una política de Estado en materia de

medios, sino de corto plazo que atienden a ciertos intereses de grupos.


83

El 28 de diciembre de 1977, se agregó en el último párrafo del artículo 6

constitucional la frase: "El derecho a la información será garantizado por el

Estado". A este mismo, el secretario de Gobernación Santiago Creel, enfatizo que

la autoridad puede opinar sobre informaciones de la prensa pero no censurarla, lo

que no implica limitar la libertad de expresión, sino evitar que el ocultamiento

informativo sirva para solapar abusos de poder.

Para Santiago Creel, secretario de Gobernación en ese entonces: "los medios a

veces ayudan y a veces estorban. Tienen que pasar de la nota amarilla y roja al

periodismo de fondo, que digan lo que quieran y critiquen, pero luego que acepten

la contra crítica" (La Jornada, 10 de noviembre de 2001).

De la censura y la represión, se ha pasado en los últimos años, a una libertad de

expresión más extensa y consistente que no siempre se ha empleado con

ponderación y prudencia. Los medios de comunicación han jugado un papel

importante en la vida política y social del país: todos los actores han buscado por

medio de ellos, justificar su incapacidad y destacar sus aciertos. Algunos de los

más poderosos concesionarios de medios electrónicos son fieles al proyecto de

grupo que encabezó Fox, más que al del partido y antes lo fueron al presidente y

al PRI. La autoridad federal se ha negado a establecer los contrapesos y

equilibrios indispensables, oponiéndose a una renovación profunda de la Ley

Federal de Radio y Televisión (LFRYTV) al provocar acuerdos opacos e

inequitativos, y declinar en el ejercicio de la legalidad y de sus prerrogativas,

retrasando la democratización en este ámbito. La transparencia es aún un asunto

pendiente.

En el conflicto generado entre CNI canal 40 y TV Azteca, indicaron que era un

asunto entre particulares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

Gobernación (SEGOB) y el propio presidente, no intervinieron oportunamente


84

cuando el 27 de diciembre de 2002, TV Azteca ocupó indebidamente las

instalaciones, bloqueo la señal e impuso la suya en un suceso de impunidad que

afortunadamente fue reparada con posterioridad.

Las concesiones, revocaciones y vigilancia de las estaciones y canales de radio y

televisión siguen estando en manos del Ejecutivo. La iniciativa de reforma a la

LFRYTV arrastro consigo la creación de un órgano regulador y la reducción de los

tiempos del Estado, además de proponer la revisión del régimen de concesiones

por ser muy discrecional y clientelar, caracterizado por la complicidad y corrupción,

pero careció de definiciones centrales que garantizasen al ciudadano la verdadera

efectividad de la norma. La publicidad que otorga el Ejecutivo es importante para

los medios, aunque se realiza sin ningún criterio, pese a la existencia de

lineamientos normativos. Lo mismo pasa para proporcionar información sobre los

asuntos públicos. El Presidente cedió el 90% de lo que le correspondía alegando

una mayor audiencia, lo que atenta contra la institucionalidad del Estado al

sacrificar los tiempos de los otros poderes y órganos autónomos dejando al

margen al Poder Judicial Federal, el Congreso de la Unión, el IFE, la Comisión

Nacional de Derechos Humanos y las universidades públicas. La medida obligará

a todas estas instituciones que requieran de dicha promoción a pagar publicidad,

redituando en un mayor cargo para el erario en beneficio de las televisoras.

La instalación de un organismo plural, ciudadanizado y no gubernamental sigue

sin concretarse. La figura de un invitado con voz pero sin voto, no significa la

ciudadanización del Consejo Nacional de Radio y Televisión. Los pretendidos

triunfos en el derecho de réplica y en la transparencia del otorgamiento de

concesiones, no son tales. Para que el ciudadano ejerza este derecho, tienen que

darse las siguientes condiciones: 1) que la emisora aluda a la fuente, 2) incurra

que los hechos son falsos, y 3) que sean injuriosos. No está concediendo cuando

el ciudadano es afectado. Tampoco designa una autoridad imparcial que pudiera


85

decidir, se deja en la propia emisora afectada que evaluará si procede o no,

excluyéndose de esta manera a la sociedad (La Jornada, 23 de octubre de 2002).

La democratización del poder presidencial es necesario que pase por el ejercicio

de la crítica, lo que afianza al gobierno. Las críticas han estado concentradas

principalmente en la escases de efectividad política y en la incapacidad para

negociar. Por otro parte, el gobierno del cambio no tuvo la habilidad de difundir los

asuntos positivos y transmitirlos correctamente. El reto estribo en saber mostrar

los avances, frente a las inercias del pasado y acreditarlos ante la población,

tomando en cuenta que un sexenio es insuficiente por el cúmulo de añejos vicios y

barreras normativas que se tienen que enfrentar. Sin embargo, se pretende

disminuir el aspecto informativo a un acto de compra-venta de spots

presidenciales de las iniciativas y acciones gubernamentales. Gobernar es hablar

y comunicar, pero informar no es publicitar. La imagen presidencial todavía cuenta

con un apoyo popular nada despreciable y se encuentra revestida de una gran

legitimidad. La publicación de encuetas por medio de algunos periódicos, así como

las realizadas por el propio gobierno y filtradas a los medios, reflejan el grado de

aceptación del presidente en un buen nivel. No así, el partido que lo apoyó a

alcanzar la Presidencia, el PAN.


Las instituciones salidas de la revolución trajeron junto a ello un rediseño de las

funciones y la creación de la estructura gubernamental actual que tuvo su base en

el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas y sociales que se unieron bajo la

organización política denominada en una primera instancia PNR y que contribuyo

a consolidar la estabilidad política y mejorar el crecimiento económico.


86

La creación de las instituciones del México contemporáneo se basó "en el plano

del orden político y constitucional en el nuevo Estado mexicano organizado por

medio de formalizar la vigencia del régimen presidencial. El predominio del poder

ejecutivo ante el legislativo se muestra de manera expresa. Quedan atrás los

intentos fracasados por instaurar un régimen parlamentario. Este perfil institucional

es determinante para ubicar la organización, la estructura y el desempeño de la

función pública, la cual se encuentra a cargo del Presidente de la República. Es a

través de las instituciones administrativas (Secretarías y Departamentos de

Estado), como la función pública se desenvuelve en el conjunto amplio y complejo

de la sociedad" (Uvalle, Berranes Ricardo: México, p.161).

En esta línea, el establecimiento del nuevo orden político se instruye con la

elaboración de la constitución política que permitiría dar paso al establecimiento

de un Estado de derecho, así como a los arreglos institucionales que dieran vida

al orden constitucional y democrático, lo que significaría formar una nueva

comunidad civil y política sustentada en un poder legítimo y aceptado.

La consolidación del orden político se manifiesta en mayor escala con la creación

de instituciones del Estado, las cuales son importantes para dar inicio a la

reconstrucción de la sociedad. De ese modo los aspectos medulares de la vida

estatal moderna quedan contenidos en la estructura del nuevo Estado mexicano y

se caracterizan por: (Uvalle, Berranes Ricardo: México, p.162).

1) la separación y coordinación de los poderes públicos

2) la distinción entre la parte dogmática y orgánica de la constitución

3) la puntualización de cómo se ejerce la soberanía de la nación

4) el reconocimiento formal de la vida ciudadana en cuanto a derechos y


87

obligaciones

5) la definición institucional de quien está a cargo de la administración pública

6) el reconocimiento del orden republicano con la existencia del ámbito

federal, estatal y municipal

De modo que se inició un asunto de creación de instituciones que tenían como fin

buscar "construir mecanismos que suministren a la población de educación y de

salud; en esa lapso, México es un país donde los derechos sociales se vislumbran

en la constitución, en esta se indica el derecho al empleo, a la vivienda, a la salud

y a la educación" (González, Tiburcio: 2000, p. 3).

De esta forma, las políticas sociales son un mandato constitucional, ya que los

derechos sociales están plasmados en la constitución, lo cual hace que el Estado

se vea en la gran necesidad de cumplir etas políticas; lo que sin duda disminuye la

posibilidad de evadir responsabilidades por parte del gobierno.

Con el nacimiento del IMSS en 1942, lo que establece al gobierno en ese

momento es una capacidad de gran construcción institucional que se concreta con

la creación de instituciones de seguridad social como el ISSSTE, INFONAVIT,

entre otros más, y cuyo objetivo permitiera crear una prestación directa de los

servicios públicos que el Estado mexicano había prometido a la población.

Este tiempo se caracterizó por una etapa "donde se articula de manera ejemplar el

crecimiento económico sostenido con el gasto social creciente y una gran creación

institucional. Éste fue el logro de la revolución mexicana: crear una importante

capilaridad social y que diversos grupos de la parte más baja de la pirámide social

que no tenían acceso a mejores condiciones de vida, pudiesen acceder a ellas a

mediante la salud y de la educación. El rasgo más importante que tiene esta etapa


88

es que el Estado adquiere -y es prestador directo- de muchos de estos servicios y

se ven escasas acciones de filantropía privada o de la acción de los privados. Es

el Estado quien dirige la investigación de la salud, la investigación educativa; es

una gran etapa del desarrollo que genera resultados positivos, de gran

importantes en materia social" (González, Tiburcio: 2000).

Estas instituciones permiten un crecimiento sostenido de la economía, pero a

partir de 1982 lo que se observa es una política social que se ve sumergida en un

difícil proceso. La economía mexicana ingresa en un problema de deuda y el

Estado se ve dentro de una crisis fiscal muy aguda que impacta sustancialmente

en la cantidad y calidad de los servicios públicos que se le dan a la población.

Estos cambios llevan a la existencia de dos tipos de políticas sociales: 1) la que

tiene que ver con proveer servicios de salud, educación, vivienda, entro otros; y 2)

basada en programas particulares de combate a la pobreza para grupos

localizados, a los cuales no alcanzan a llegar las instituciones de bienestar social.

En esa tesitura, las instituciones como el Banco de México, la banca de desarrollo,

dieron un empuje a la inversión productiva y establecieron el marco regulatorio

que necesitaba el país, dieron estabilidad económica y crecimiento económico, al

tiempo que las instituciones de seguridad social accedieron reducir el atraso

social; de tal forma que el resultado fue un diseño institucional que generó mejores

condiciones de vida de la sociedad mediante la combinación de las diversas

instancias en las políticas de gobierno.

Sin embargo las situaciones sociales, económicas y políticas por las que atraviesa

el país, tiene la necesidad de reformar estas instituciones, ante la demanda de una

sociedad más participativa que requiere una acción rápida y eficaz por parte por

del gobierno, de tal forma que es necesario rehacer el Estado mexicano mediante

la construcción de instituciones que se coloquen a la formulación de un sistema de

reglas que permita autorizar y restringir las conductas públicas y políticas.


89

En "la democracia real es fundamental interrogarse sobre las instituciones

políticas necesarias para un país democrático. Dahl diferencia algunos

requerimientos mínimos en la democracia real: cargos públicos electos, elecciones

libres e imparciales y frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de

información, autonomía de las asociaciones y una ciudadanía inclusiva" (Jiménez,

Cabrera Edgar: p. 28)

En esta forma, "un sistema será más gobernable en la medida que posea una

mayor capacidad de adaptación y una mayor flexibilidad institucional respecto de

las transformaciones de su entorno nacional e internacional, económico, social y

político" (Jiménez, Cabrera Edgar: p. 52).

De tal forma que en las actuales circunstancias, en donde la incertidumbre,

ineficacia y falta de continuidad de los planes y programas de gobierno, hacen

cierto agotamiento de la viabilidad de las instituciones surgidas de la revolución

mexicana, porque en la medida que su unión cada vez se aleje más y más de los

ciudadanos, en esa proporción será necesario reformar y transformarlas para

responder a las nuevas condiciones internas y externas, sin embargo para ello se

necesita modificar las conductas, reglas, y acuerdos entre los actores políticos y

sociales, es decir, en crear nuevas instituciones que respondan a las exigencias

sociales.


90

CAPITULO SEGUNDO: INSTITUCIONES DEMOCRÁTICA: SU DESARROLLO. Comprendiendo el desarrollo progresivo de democratización es pertinente

subrayar diversas dimensiones como la institucional, legal y organizacional; a

través de las cuales se articuló la relación entre el Estado y la sociedad civil. Sin

dejar de lado la relevancia de los aspectos que tienen que ver con la movilización

de la sociedad en defensa de sus derechos y la presión ejercida para la creación

de nuevas instituciones.

Las instituciones que se desarrollaron en el régimen de partido hegemónico,

fueron la base de la estabilidad prolongada durante décadas. No obstante, con el

desarrollo y consiguiente modernización de la sociedad se vio la fuerza del

pluralismo, que puso de manifiesto la inoperancia de esos mecanismos de control

y de representación política.

El fortalecimiento de las prácticas políticas que lo sustentaron, consintieron que en

un principio se solucionara la crisis de la etapa posrevolucionaria, sin embargo, su

desenvolvimiento generó una mayor complejidad social y económica que

desbordó ese modelo anteriormente exitoso. La nueva estructura de la realidad

socio-política ya no se podía contener con un esquema basado en la

concentración y centralización del poder.

La legitimidad del régimen autoritario poco a poco fue perdiendo las piezas que

consintieron su consolidación, llevándolo a una legitimidad de corte democrático.

La estrategia abordada tuvo como punto principal la incidencia en el ámbito

electoral. Los cambios logrados fueron el resultado de la lucha protagonizada por

las autoridades, los partidos políticos y la sociedad civil.

Los acuerdos realizados entre las fuerzas políticas, se han enfilado hacia la

limitación del gobierno concentrado en un hombre, buscando los mecanismos para


91

ahondarse en su responsabilidad, el establecimiento de equilibrios y dirigir su

actuación basándose en la ley. Para el caso del Distrito Federal, se subrayó la

creación de una forma diferente de elegir a su gobernante y sus representantes,

cambiando las líneas personales de transmisión del poder. Asimismo, las labores

para modificar las estructuras de participación ciudadana.

En torno a la reforma política realizada en el año de 1996, como un asunto en el

que se continuaron y profundizaron los cambios de las anteriores reformas. En ella

se suscribieron las formas para afianzar al sistema de partidos y al sistema

electoral, además de la reforma política del D.F. Sobresalen los resultados

referentes a la confianza en el órgano encargado de los procesos electorales y las

nuevas condiciones de los partidos políticos para competir por los cargos de

elección popular; así como los planteamientos para reformar el sistema de

gobierno, con la creación de la Jefatura de Gobierno, la transformación de la

Asamblea de Representantes del Distrito Federal en Asamblea Legislativa y el

establecimiento de las bases legales para gobernar y administrar el D.F.,

contenidas en el Estatuto de Gobierno del D.F.

Con el proceso electoral de 1997, por medio del cual se dio cumplimiento a las

disposiciones instituidas en la reforma política de 1996. Un Instituto Federal

Electoral renovado se encargó del proceso en el que se restituyó el derecho a los

ciudadanos de elegir a su gobernador y a sus representantes o diputados locales.

Se piensa una nueva etapa de la vida política del D.F., en ella se perfiló la

institucionalización de las normas y procedimientos dirigidos a la regulación de los

comicios locales, con la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal. Con lo

que se pretendió garantizar la realización periódica de elecciones creíbles y

transparentes, que dieron una nueva fuente de legitimidad a la representación y al

gobierno. Aprovechando la experiencia y el diseño del IFE, se acordaron los

principios rectores y las tareas a desarrollar del nuevo órgano electoral.


92

2.1. Reforma Política de 1996 y Apertura Institucional.

Los cambios vistos en el régimen de gobierno y representación del Distrito

Federal, se inscriben en un margen de mayor amplitud, en el cual el país, cambio

del autoritarismo hacia la democracia. Las modificaciones se caracterizaron por

realizarse en un largo periodo de tiempo de forma conflictiva. Los ajustes

dependieron de la capacidad de negociación y acuerdos de los actores políticos

involucrados. No obstante los avances y retrocesos, se consiguió estructurar una

fórmula política diferente, acorde con las nuevas condiciones sociales.

En la actualidad podemos hablar del cambio democrática, como un proceso

histórico en el que varios episodios transformaron la vida política de México. "Es

un proceso histórico en su doble acepción. Primero por su duración en el tiempo.

Periodo extenso, de dos décadas, en el cual la lucha y los cambios políticos

sustituyen, “de construyen” y reemplazan una forma de relaciones autoritarias; la

tarea era transformar sus fundamentos para instalar otras de carácter

democrático. Y segundo, es histórica por sus raíces, forma y consecuencias,

porque México no vivió antes un proceso similar. Nunca se había desarrollado un

cambio cuyo fin explícito hubiera sido procurar la existencia y el fortalecimiento de

partidos en plural, mediante negociaciones recurrentes entre las organizaciones

adversarias que tomaron la arena electoral como el espacio común para medir y

desplegar sus fuerzas y cuyo consenso subyacente -aun entre los protagonistas

más enfrentados- fue evitar la violencia política en el país" (Woldenberg José:

México, 2002, pp. 21-22).

La transformación política en México tuvo como eje rector, el fortalecimiento de los

partidos políticos, los cuales al obtener en los comicios posiciones estratégicas en

el ámbito gubernamental y el legislativo, consiguieron concretar reformas


93

electorales que les otorgaron más prerrogativas y así encausarse hacia la

reproducción de un nuevo ciclo de transformación. En esa dinámica, de manera

progresiva, se ha propiciado modificar en la capital el esquema de legitimación de

la representación y del gobierno, restaurando el entramado institucional y el

entramado legal que permite la competencia por esos cargos.

Los sucesos sobresalientes que han permitido la democratización del D.F., se

pueden ubicar desde 1977, fecha en la cual tuvo lugar una apertura del sistema

político mexicano. Mediante una reforma política que incidió en el terreno electoral.

No obstante en el marco nacional en el cual fue planteada, sus efectos redundaron

de manera decisiva en la dinámica política de la entidad. A partir de esta reforma

se inició a conformar el proceso de cambio, mismo que permitió que nuevas

organizaciones participaran en los comicios.

En general, los puntos que trazaron la reforma fueron las siguientes: "1) se definen

a los partidos políticos como “entidades de interés público” y se da origen a su

“constitucionalización”, es decir, se les reconoce de la personalidad jurídica de los

partidos en plural y su importancia en la conformación de los órganos de Estado;

2) se abre la puerta para darle entrada a la competencia electoral, mediante el

“registro condicionado”, a las fuerzas políticas más significativas de la izquierda

mexicana, marginadas hasta entonces, en especial al Partido Comunista; 3) se

define la ampliación del Congreso y la introducción de los diputados

plurinominales; la nueva fórmula conjugaba 300 diputados de mayoría y 100 de

representación proporcional. Así se introdujo un mayor y más intenso pluralismo a

la Cámara de Diputados y los incentivos suficientes para que los partidos políticos

desenvolvieran campañas a escala nacional, en busca de todos los votos posibles

acumulables para la 'bolsa' plurinominal; 4) por primera vez asume el Estado la

obligación de otorgar recursos a todos los partidos políticos para su sostenimiento.

Adquieren prerrogativas en los medios de comunicación y recurso económico

público; 5) con su registro ante la autoridad electoral federal, los partidos políticos


94

adquirieron automáticamente la posibilidad de participar en las diferentes

elecciones en otros niveles de la vida política: estatal y municipal. La participación

electoral de alternativas distintas, legalizadas y legitimadas desde la Constitución,

se multiplicó a lo largo y ancho del país" (Woldenberg José: México, 2002, pp.

217).

La reforma incidió para que las fuerzas opositoras y progresistas cambiaran el

tema de la democratización y la necesidad de elegir a los representantes

populares de la capital. También el lugar importante de este espacio, motivó que

se convirtiera en la sede principal de todos los partidos políticos que se

enfrentarían en las nuevas condiciones electorales. Con lo cual la doble dimensión

nacional-local se retroalimentó, generando nuevos escenarios en la vida política

del país.

Respecto a los cambios experimentados en el ámbito local, sobresalieron dos

aspectos: "por una parte, la presencia de la oposición en el escenario electoral en

el D.F. influyó de manera directa en la baja notable de la votación a favor del

partido oficial, y este hecho adquirió importancia porque a partir de entonces el

PRI perdió la mayoría absoluta en la capital. De esta forma el partido en el poder

no pudo reponerse hasta las elecciones de 1991, cuando la presencia de Manuel

Camacho Solis en la regencia de la capital logró convocar nuevamente un amplio

consenso a favor del Revolucionario Institucional. Por otra parte, los votos de la

oposición dejaron de concentrarse en el PAN para diversificarse y ser canalizados

hacia otras opciones electorales, encabezadas principalmente en esos años, por

el PCM, el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el PST. Esto, sin embargo, no

quitaría al PAN de su lugar como primera fuerza de oposición por muchos años,

hasta 1988, cuando las fuerzas agrupadas en torno al FDN lograron la primacía en

este sitio" (Álvarez Lucía: p. 217).


95

Ambos características influyeron para que se llevaran a cabo nuevas reformas. Se

pueden verse otros momentos que fueron trascendentales en el proceso para

democratizar el D.F., en ellos convergieron las disputas entre los partidos políticos,

grupos organizados de la sociedad civil y las autoridades. Resaltan dos reformas

que fueron planteadas a nivel local: la de 1987 y la de 1993. El seguimiento de

ellas sería la reforma política en el plano nacional de 1996.

En el sismo de 1985, se devastó la parte central de la ciudad de México, ante ese

acontecimiento se dejó ver la ineficacia administrativa y de la mala organización

política para dar una veraz respuesta a los damnificados. Por parte de la opinión

pública se crearon amplios cuestionamientos a las autoridades de la capital, de

manera enfática se replanteó el problema de la representatividad política. En ese

contexto esa tesitura postuló la reforma de 1987, para la cual las autoridades

federales respondieron con la creación de la primera Asamblea de Representantes

del Distrito Federal (ARDF).

Fue creada pensando en atender las demandas de los habitantes de la entidad,

especialmente en lo concerniente de los servicios públicos y encargada de

aspectos como la reglamentación, consulta, promoción, gestoría y supervisión.

Con la creación del nuevo órgano se fortalecieron los mecanismos de

comunicación entre las autoridades y la ciudadanía, ya que funcionó como un

mecanismo de intermediación para darle cauce a las demandas ciudadanas ante

la estructura gubernamental.

Para el año de 1988, los interrogantes sobre la representatividad fueron

recalcados con mayor intensidad, a partir de los resultados de las elecciones

federales. La capital se convirtió en el principal bastión opositor, toda vez que el

candidato del FDN logró el 49% de los votos, superando con gran margen el 27%

obtenido por el PRI. Esa diferencia propició el cuestionamiento sobre la legitimidad

que tenía el presidente de la República para gobernar la entidad, a través de la


96

designación de un funcionario. En 1991, el PRI tuvo un recobro electoral, ganando

todas las diputaciones de mayoría y la Senaduría en disputa en la capital. Desde

esa posición y ante la inercia de las fuerzas democratizadoras, el gobierno entabló

la negociación de otra reforma política de la ciudad.

En 1992, por medio del titular del DDF, Manuel Camacho Solis, se propuso la

creación de una Mesa de Concertación, para confeccionar propuestas para

mejorar el gobierno local y esbozar los cambios institucionales que incidieran en

su democratización. En la denominada "Mesa de Concertación para la reforma

Política del Distrito Federal" participaron una amplia gama de actores políticos y

sociales con sus propuestas: partidos políticos, autoridades, organizaciones

sociales, civiles y vecinales, instituciones académicas y ciudadanos.

Las respuestas obtenidas de las mesas de trabajo quedaron concentradas en el

documento "Anteproyecto de Reformas y Adiciones de la Constitución Política

para la Reforma Política del Distrito Federal". "El documento fue aprobado y

consensuado por todos los partidos políticos, excepto el PPS el cual no estuvo de

acuerdo con lo redactado. Sin en cambio, el PAN, PRD, PFCRN, PARM y PRI

dieron su visto bueno, aunque todos, excepto el PRI, manifestaron sus reservas

en cuanto a los alcances y tiempos de la aplicación de los cambios propuestos. En

este documento, se mostraron de forma específica y detallada una serie de

reformas y adiciones a 12 artículos constitucionales, en donde se asentaba

jurídicamente la reforma política para el Distrito Federal" (Delgadillo Fausto:

México, 2001, pp. 129-130).

En el año 1993 fue cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las

modificaciones del artículo 122 de la Constitución Política, en la cual se determinó

el alcance de la reforma del D.F., un punto de mayor relevancia recae en el

acotamiento de las facultades del presidente de la República en los asuntos de la

localidad. Simbolizó una manera de contrarrestar al presidencialismo característico


97

del régimen autoritario. De manera sintetizada, los cambios lícitos sobresalientes,

experimentados por el D.F. en ese momento fueron los siguientes: "Eliminación

formal del Departamento del Distrito Federal. Consentimiento de facultades

legislativas a la Asamblea de Representantes. Una nueva forma de nombramiento

del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, catalogado como elección indirecta.

Creación y elección directa de los nuevos jefes delegacionales, nueva figura de la

administración en el distrito Federal. Creación de Comisiones Metropolitanas,

investidas de facultades para tratar darle solución a los diversos problemas que se

contemplan en las zonas conurbadas del distrito federal. Proyección de la

redacción de un Estatuto de Gobierno para el distrito Federal. Instrumentación de

una reforma política pactada, programada por etapas, en la que subsiste una

mayor participación política del ciudadano" (Delgadillo Fausto: México, 2001, p.

132).

Por medio de esa reforma se logró avanzar en la complacencia de algunas de las

viejas demandas de los habitantes de la entidad, como el de contar con un

gobierno propio y la de poseer un poder legislativo local, en la medida en que las

autoridades abordaron de manera institucional las modificaciones y establecieron

compromisos con las fuerzas políticas, que serían ejecutados en plazos

previamente acordados.

El año de 1996 fue decisivo para el desarrollo político de México: se definió una

reforma política que incidió principalmente en el aspecto electoral. No obstante,

algunos enfoques adversos a los resultados, los actores políticos

gubernamentales y quienes contaban con representación en el Congreso,

acordaron reformas legales e institucionales de trascendencia para la

democratización del país.

Desde un principio de su mandato, el presidente Ernesto Zedillo tuvo que encarar

complejos problemas políticos y económicos. Además en los comicios que lo


98

llevaron a ocupar ese cargo, en el año de 1994, se discutió la inequidad de los

recursos económicos y el acceso a los medios de comunicación. Por lo cual, uno

de los principales ejes de gobierno se dirigió en torno a la propuesta de una amplia

reforma, calificada como "definitiva". Si las pasadas reformas políticas tuvieron un

carácter preventivo y escasamente incluyente, en este nuevo orden se hacía

necesaria la inclusión y el consenso de todas las fuerzas políticas con

representación en el Congreso.

En noviembre de 1996, los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD, PAN, PT

y el gobierno, firmaron diversos acuerdos enmarcados en los temas siguientes:

Derechos políticos y mecanismos jurídicos de protección; Órganos y autoridades

electorales; Organización del proceso electoral; Condiciones de la competencia

electoral; Régimen de partidos, Legalidad y representación y Reforma política del

Distrito Federal. Para su aprobación, surgieron diversas opiniones en torno a las

candidaturas de coalición y el monto del financiamiento público, provocando el

rompimiento del consenso. Finalmente, por parte del PRI aprobó las

modificaciones legales del sistema electoral. No obstante al final, la reforma

retomó las primordiales demandas de todos los partidos políticos y repercutió

significativamente en la democratización política de la nación.

2.1.1. Sistema Electoral

Como se ha venido mencionando, una cuestión pendiente era atender la

desconfianza hacia la institución encargada de organizar los comicios: el Instituto

Federal Electoral (IFE). Para avanzar en la imparcialidad, se concretó su

independencia con respecto al gobierno, también que los partidos políticos y

representantes del poder legislativo no tuvieran voto en el órgano electoral.


99

El máximo órgano de decisión quedó conformada de la siguiente manera: ocho

consejeros electorales y un consejero presidente, mismos que tienen derecho a

voto y forman el Consejo General del IFE. Mediante el consenso entre los partidos

con representación en el Congreso, se realizó la elección de esos funcionarios.

Así el organismo electoral ya no quedó en manos del gobierno y se encomendó a

personas elegidas por los partidos políticos.

En lo concerniente a la justicia electoral, también se buscaron mejorar las

instituciones y los mecanismos jurídicos, para que los diversos actores políticos

pudieran resolver las inconformidades surgidas en los comicios. Los aspectos

abarcados fueron los siguientes:

1) revisar la estructura del órgano encargado de impartir justicia electoral;

2) revisar la fórmula de integración del órgano en cuestión;

3) revisar las reglas y los procedimientos relacionados con la procedencia de

los recursos contencioso-electorales;

4) establecer mecanismos de control constitucional respecto de las leyes y

actos en materia electoral, y

5) establecer mecanismos de protección constitucional a los derechos

políticos de los mexicanos (Becerra, Ricardo: 1997, p. 142).

Terminando con la idea en la cual el Poder Judicial debía permanecer alejado de

los asuntos electorales, el Tribunal Electoral se agregó al Poder Judicial de la

Federación. Salvo en los casos de acciones de inconstitucionalidad, se instituyó

como la instancia suprema para dirimir conflictos electorales, en todo el país.

Integrado por: una Sala Superior y cinco salas regionales, integradas por siete y


100

tres magistrados respectivamente; propuestos por la Suprema Corte de Justicia de

la Nación y ratificados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de

Senadores.

Se ahondaron en los cauces legales para la protección de los derechos políticos

de los ciudadanos, repercutiendo en diversos niveles de la jerarquía normativa

existente y la inclusión nuevas normas, "las reformas relativas a este tema

implicaron modificaciones a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y

procedimientos Electorales, y derivaron en la creación de un nuevo ordenamiento

jurídico en la materia llamado: Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral" (Becerra, Ricardo: 1997, p. 125).

En la anterior legislación se incluyeron los recursos siguientes, en materia de

impugnación electoral: revisión, apelación, juicio de inconformidad y recurso de

reconsideración. El primero de carácter administrativo, atendido por el IFE y los

otros tres de carácter jurisdiccional, atendidos por el Tribunal Electoral. En la

nueva ley se añadieron: el juicio de protección de derechos político-electorales, el

juicio de revisión constitucional electoral y el juicio encaminado a la resolución de

conflictos surgidos entre el IFE y sus trabajadores.

Para no obstaculizar los procesos electorales, los medios de impugnación en

ningún caso podrían suspender las resoluciones o los actos impugnados. No

obstante las inconformidades en éste rubro, se logró dotar de autonomía y nueva

personalidad jurídica al Tribunal Electoral; por lo cual, el nombramiento de sus

integrantes quedó en manos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, externo de

la actuación del ejecutivo.

Para penetrar en los principios de la certidumbre y la seguridad jurídica, que

sustentan al sistema electoral, se incluyó en la legislación un acumulado de

especificaciones relativas a los delitos. El bien jurídico protegido, en ese cause,


101

fue el adecuado funcionamiento de las instituciones electorales. En términos

generales, los aspectos "jurídicamente tutelados" alcanzaron esencialmente los

derechos político-electorales, los instrumentos y documentos utilizados en las

etapas de los procesos electorales y las condiciones de competencia de los

institutos políticos.

Enmarcado en el título XXIV del Código Penal para el Distrito federal en Materia

del Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, se llevó a

cabo la sistematización de las conductas delictivas en materia electoral y las

relacionadas con el registro nacional de ciudadanos. Dentro de 40 conductas

tipificadas como delitos, se desglosaron las diversas faltas en las que alcanzaría a

incurrir los ciudadanos y los funcionarios encargados de la organización de los

comicios. También las cometidas por los partidos políticos y sus respectivos

candidatos.

En este orden de ideas es preciso considerar a la Fiscalía Especial para la

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo dependiente de la

Procuraduría General de la República, creada en 1994, que habría de operar sin

modificaciones para las siguientes elecciones. Por lo cual se tuvieron bases

importantes para la defensa de los derechos electorales, la posibilidad de trazar

inconformidades por la vía legal y tener mayores garantías de la actuación de las

autoridades en los diferentes niveles de gobierno.

2.1.2. Sistema de Partidos Políticos

Con la reforma se modificaron varios artículos constitucionales, un gran número

de disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales (Cofipe) y otros ordenamientos legales.


102

Se instituyó el financiamiento de los partidos políticos en la Constitución y se

reglamentó en el Cofipe. Siendo este uno de los puntos de mayor debate, sobre

todo al momento de esclarecer los montos y el origen de esos recursos, mismos

que podrían ser públicos y privados. Además ha representado un factor

determinante para lograr la equidad en las contiendas electorales.

Se eliminó la denominación de registro condicionado y disminuyó el número de

afiliados a nivel nacional, así las organización lograran el registro como partido

político. Anteriormente se solicitaban tres mil afiliados en por lo menos la mitad de

las entidades federativas, o trecientos afiliados en cada uno de la mitad de los

distritos electorales; después de la reforma, podían ser tres mil afiliados en 10

entidades, o trecientos en cien distritos electorales uninominales.

Otro requisito para el registro como partido político de las agrupaciones, fue la

presentación de sus documentos básicos: estatutos, declaración de principios y

programa de acción y la realización de asambleas en por lo menos diez entidades

federativas o en cien distritos electorales, para demostrar legalmente el número de

afiliados. "El número de afiliados no podrá ser menor a 0.13% del padrón electoral

federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior.

En contrapartida, se elevó el porcentaje de la votación mínima requerida para

conservar el registro, que es el 2% de la votación nacional emitida (frente al 1.5%

que regía previamente. El acceso a la representación proporcional en las dos

cámaras que integran el Congreso federal se condicionó a la obtención del mismo

2% de la votación nacional" (Muñoz Patraca Víctor Manuel: México, 2001, pp. 69-

70).

Otro punto controvertido fue el de las coaliciones electorales, no obstante se

flexibilizaron las condiciones y los requisitos para que fueran llevadas a cabo por

los partidos políticos nacionales. Mediante la reforma de 1996, "la ley estipula que

los partidos podrán coaligarse para todas las elecciones federales, esto es para la


103

elección de presidente de la República, para diputados por ambos principios y

para senadores también por ambos principios. Por igual manera, establece

puntualmente las reglas aplicables para cada caso en particular y señala con

precisión el procedimiento que deben seguir los partidos políticos para coaligarse

y los términos que debe contemplar el convenio de coalición correspondiente"

(Becerra, Ricardo: 1996).

Para los asuntos de candidatos a diputados y senadores, postulados por el

principio de mayoría relativa, se estableció la posibilidad de coaliciones parciales.

Diputados, desde 33 hasta 100 fórmulas, y senadores desde 6 hasta 20 fórmulas,

en las que se pudieran coaligar dos o más partidos, los principales discrepancias

sobre el tema tuvieron lugar entre el PRI y el PRD; este último se retiró de la

aprobación de la reforma por ese motivo, toda vez que representaba un

mecanismo propicio para sus intereses, que pretendía fuera profundizado.

2.2 Partidos y Agrupaciones Políticas

Sin esta forma no se podría concebir la organización de las funciones de

representación y de gobierno, tampoco la confronta legal para obtener la mayoría

de votos que les permitan a los miembros de las fuerzas políticas ocupar esos

cargos de elección popular. Gradualmente se fue consolidando un sistema de

partidos para dar lugar a los diferentes intereses políticos de un la sociedad

mexicana plural y más compleja. A la par de la existencia de elecciones

competidas, ese elemento ha determinado la consolidación de las instituciones

democráticas y una nueva configuración en las relaciones de poder.

"En consecuencia, el papel electoral de los partidos políticos y su influencia sobre

los poderes públicos son dos puntos fundamentales en la vida democrática, lo que

explica la importancia que se les ha dado en el proceso de reforma política en


104

México. El reconocimiento constitucional de los partidos políticos como

instituciones de interés público dio pasó a establecer por medio de la ley aplicable

los requisitos para obtener el registro, el disfrute de garantías y prerrogativas, la

normatividad sobre el financiamiento de sus actividades y la definición de sus

obligaciones. Todos estos aspectos se han ido modificando para ajustarse a las

condiciones resultantes del avance de la democratización" (Muñoz, Víctor Manuel:

p. 43).

La Constitución de 1917, estableció que México se constituía como una República

democrática, federal y representativa; pero no incluyó mención alguna en lo

referente al apartado relativo a los partidos políticos. Fue en el año de 1977, en el

contexto de la reforma política, cuando se incorporó ese reconocimiento

constitucional asignándoles el status de "instituciones de interés público",

confiriéndoles derechos y obligaciones; en sus funciones de intermediarios para la

confrontación por los puestos de elección popular. La ley que se encargó de

reglamentar todos esos aspectos fue la denominada Ley Federal de

Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), en la que se

puntualizaban con precisión las disposiciones para regular las actividades de los

partidos políticos y las asociaciones políticas.

El tiempo comprendido entre 1977 y 1996, se caracterizó por la inmensa actividad

legislativa en torno al afianzamiento de los instrumentos legales e institucionales

que dieron fortalecimiento al sistema de partidos. Teniendo lugar cuatro reformas,

que marcaron las características del cambio político. Sobresalen, en 1986, la

creación de un nuevo Código Federal Electoral; en 1989-1990, la creación del IFE

y del Cofipe; en 1993 las transformaciones para la regulación del financiamiento

de los partidos y, en 1994, en un contexto de violencia política, iniciaron los

trabajos respecto a todos los temas electorales, que culminaron con la reforma

política de 1996.


105

En el contexto de la reforma de 1990, dentro del Cofipe se plasmó la figura del

"registro condicionado", la cual había sido eliminado de la legislación electoral en

1986. Otro aspecto importante fue la desaparición de las Asociaciones Políticas

Nacionales, por considerarse que las organizaciones ya habían cumplido su papel

en la historia electoral.

Esas Asociaciones fueron vislumbradas en la LOPPE, funcionando como un

complemento del sistema de partidos políticos y son los puntos de partida para lo

que se a partir de 1996 se conoció como las "Agrupaciones Políticas". Los

requisitos para la construcción de esas organizaciones quedaron plasmadas

dentro del Cofipe, además se establecieron los derechos y obligaciones para su

funcionamiento.

En una primera instancia, la única forma de participar en las elecciones federales

era por medio de la firma de acuerdos de participación con los partidos políticos,

debían contar con un mínimo de 7000 asociados en todo el país y tener

delegaciones en cuando menos 10 entidades federativas, contar con un órgano

directivo a nivel nacional y sus respectivos documentos básicos. Asimismo, se

contempló su financiamiento público para estas, para el desarrollo de sus

actividades políticas. Un fondo equiparado del 2% del monto anual que percibían

los partidos políticos, por concepto de actividades ordinarias permanentes, sería

distribuido entre las diversas organizaciones, sin que el total de sus percepciones

rebasara el 20% de ese fondo.

2.3. Las Situaciones para la Competencia

Un dictamen presentado por los consejeros del IFE, concerniente a la elección

presidencial de 1994, dio a conocer las condiciones inequitativas de las contiendas

electorales. Se destacó la enorme disparidad de los gastos de campaña del PRI, a


106

comparación con los gastos de los demás partidos, "el PRI erogó 71.4% del total

gastado en los comicios presidenciales, casi tres cuartas partes del total, de

acuerdo con los informes presentados por los propios partidos políticos, el PAN

gastó el 17.8%, el PRD el 6.05, el PT 1.15, el PDM 1%, el PPS 0.9, el PFCRN

0.87, el PVEM 0.56 y el PARM 0.24%. Correspondiente a las elecciones de

senadores y de diputados mostraban distorsiones aún peores: el PRI desembolsó

el 77.25% y el 81.24% sucesivamente del total de gastos en el caso de los

diputados" (Becerra Ricardo: pp. 371-372).

Los anteriores porcentajes muestran la necesidad de lograr la equidad en los

recursos utilizados por los partidos políticos para contender en las elecciones.

Este fue el tema central del debate que originó la reforma de 1996. De manera

particular se persiguieron los siguientes objetivos:

1) Mantener o lograr que los partidos políticos se encuentren protegidos de

las presiones corporativas o ilegales que podrían proceder de su

dependencia financiera con centros o grupos de poder (económico, social,

institucional);

2) garantizar el principio de equidad en las condiciones de la contienda, de tal

forma que el financiamiento y el acceso a los medios de comunicación de

esas organizaciones se convierta en un elemento que fomente una mejor

competencia política;

3) finalmente, lograr que las operaciones financieras de los partidos políticos,

sus ingresos y sus egresos, caminen por vías transparentes y conocidas,

en tanto ellos son entidades de interés público (Becerra Ricardo: pp. 106-

107).


107

En esa óptica aumentó considerablemente el financiamiento público de los

partidos políticos, siendo su principal fuente de recursos. Mediante la fórmula de

distribuir el 70% del total de recursos conforme a la votación y el 30% de forma

igualitaria entre todos los partidos, se cubrió el sostenimiento de actividades

ordinarias permanentes. Para lo concerniente a los gastos de campaña, un monto

equivalente al utilizado para el sostenimiento de actividades permanentes. Se

fijaron topes a los gastos de las campañas y se restringieron las aportaciones

privadas, fortaleciendo los mecanismos para controlar, auditar y vigilar esos

aspectos.

Otro aspecto importante fue el acceso, de manera equitativa, de todos los partidos

a los medios de comunicación masiva; específicamente el radio y la televisión. Ya

que esos espacios eran esenciales para lograr los objetivos planteados para

consolidar una verdadera competencia partidista, en la medida en que han tenido

y tienen las siguientes cualidades: aproximan a los candidatos a cargos políticos a

los electores, sus mecanismos de difusión permiten a los políticos emprender una

comunicación directa y resaltar sus cualidades personales, por lo que la ventaja es

mayor por quienes posean un mejor manejo de las técnicas de comunicación, y la

posibilidad de influir a un mayor número de votantes.

Por lo cual, los medios de comunicación se han convertido en espacios

privilegiados para la deliberación. Un ejemplo claro son los debates televisivos que

los políticos realizan para generar simpatía entre los electores. Esta actividad

puede marcar la diferencia en el número de votos obtenidos, si el candidato tiene

la cualidad de ser un buen "agente mediático".

Por lo anterior, se hacía necesario desarrollar las vías legales para incrementar la

presencia de todas las fuerzas políticas. En general, se incrementó el espacio en

radio y televisión, reproduciendo el esquema utilizado para el financiamiento: el

30% distribuido de forma igualitaria y el 70% de una forma proporcional; se


108

garantizó la emisión de spots promocionales y se regulan con mayor precisión las

contrataciones de tiempos; se concedió a los partidos, candidatos y coaliciones el

derecho de aclaración ante los medios de información, y por ley se permitió la

realización del monitoreo de los medios.

2.4. Gobierno Fraccionado

La característica del gobierno dividido consiste en el hecho de que "el partido al

que pertenece el ejecutivo no cuenta con el control mayoritario del congreso, lo

que origina problemas de relación ínter poderes, interpartidistas e intra-régimen

político, pudiéndose incluso colapsar dicho régimen por los problemas de

ingobernabilidad asociados a la misma" (Bailleres, Helguera José Enrique: 2000,

p. 218).

En México el fenómeno de gobierno fraccionario o dividido nació "en 1997 como

resultado de las elecciones intermedias para el Congreso de la Unión.

Ciertamente, después de 68 años de "gobiernos unificados"- es decir, de

gobiernos en los cuales el partido del presidente contó con el mayor control y

férreamente disciplinado en ambas cámaras del Congreso-, por primera vez en la

historia post-revolucionaria mexicana el PRI se ve forzado a construir coaliciones

parlamentarias con otros partidos para poder gobernar" (Lujambio, Alonso: p.

252), esto derivado del resultado de la competitividad electoral.

En esa forma, la alternancia política en el país trajo consigo que el partido del

presidente no tuviera la mayoría en el congreso, es decir, no tenía el apoyo del

poder legislativo para realizar libremente los programa gubernamentales. Fue el

resultado de que la sociedad mexicana dio la presidencia a un partido distinto al

oficial, al mismo tiempo el voto de pueblo otorgó la mayoría en la legislatura a un

partido diferente del presidente, con esto se dio forma al gobierno dividido.


109

En este caso de gobierno dividido, "los partidos de oposición afrontan un notorio

alejamiento de incentivos para cooperar con el partido del presidente en el ámbito

del poder legislativo, por las razones siguientes: 1) Si ellos cooperan y el resultado

de dicha cooperación es exitoso (en términos de crecimiento económico, tasas de

desempleo, control inflacionario, entre otros), los beneficios político-electorales del

éxito tienden a ser capitalizados por el presidente y su partido. 2) y en el caso de

que la cooperación fracase, todos los participantes en la coalición comparten los

costos políticos con el presidente y su partido, y solamente los partidos de

oposición que no participaron en dicha coalición son favorecidos electoralmente

por el fracaso de la coalición gobernante. Por lo cual, si de una coalición exitosa

no sale ninguna ganancia en términos electorales y un fracaso sólo produce

costos, lo racional es oponerse al presidente en lugar de cooperar con él. La

parálisis institucional será entonces el resultado final siempre que el partido del

presidente no cuente con una mayoría parlamentaria" (Bailleres, Helguera José

Enrique: p. 261).

Sin en cambio, el gobierno dividido tiene puntos favorables para consolidar un

régimen democrático: (Bailleres, Helguera José Enrique: p. 240)

1. Benefician una cultura política democrática, en la medida en que son causa

y efecto de una pluralización y competitividad en aumento en el ámbito

político nacional, y en sus diferentes niveles de gobierno.

2. Colaboran con una cultura dialógica, impulsando el debate, la deliberación y

la tolerancia, dentro del respeto a la diferencia.

3. Inducen, como práctica política común y cotidiana, la construcción del

consenso, el alcance de acuerdos y negociaciones entre los partidos

políticos y los poderes, a través de coaliciones, y alianzas.


110

4. Fortifican el esquema de rendición de cuentas, responsabilidad,

transparencia, eficacia y calidad en el mandato de los diversos gobiernos.

5. Apuntalan el esquema de división y equilibrio de poderes de la Unión, bajo

principios de autonomía, separación y respeto republicano entre ellos

mismos.

6. Se da una nueva relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en las

diversas instancias, de mayor igualdad y respeto republicano.

7. Afirman la construcción de una nueva institucionalidad democrática, con

normas claras entre los actores, así como su respeto, aceptación y defensa

por parte de los mismos.

Estos elementos que crean los gobiernos divididos al requerir de instrumentos

como el diálogo, el consenso, el equilibrio de poderes, para entablar mecanismos

de negociación que consientan superar las diferencias políticas entre los actores

políticos, van a producir que el régimen se perfile a crear una institucionalidad que

responda a ésta necesidad, pero al mismo tiempo propicie el no establecimiento

de los arreglos institucionales que permitan al presidente llevar a cabo su

programa de gobierno.

Por lo tanto, "un régimen presidencial puede producir un gobierno dividido en el

que diversos partidos políticos ocupen lugares de poder institucional. Pero esta

última situación tiene la posibilidad de generar, a su vez, dos resultados muy

diversos: el conflicto entre instituciones y la consiguiente ingobernabilidad, por otra

la cooperación interinstitucional capaz de generar decisiones consensuadas entre

varios partidos políticos que produzcan amplia satisfacción" (Colomer, Josep M.:

México, p. 9).


111

En México el gobierno fraccionado o dividido ha propiciado una carencia de

acuerdos entre los grupos parlamentarios del Congreso, lo que ha traído consigo

una disparidad entre el presidente y el legislativo, la cual se traduce en una

parálisis institucional que se observa en la incapacidad del gobierno para

establecer los mecanismos democráticos que permitan dar salida a las diferencias

entre los partidos políticos y con esto garantizar el desarrollo democrático que

demanda la sociedad.

2.5 El Parlamento

El parlamento es pieza clave en la gobernabilidad del país, en la medida que se

cuenta con un gobierno dividido, lo que ha traído consigo que no existan

mecanismos de negociación que favorezcan la conciliación de intereses, lo cual

limita que se logren alcanzar acuerdos que permitan al gobierno resolver los

grandes problemas por los que atraviesa el país.

En ese sentido, "el congreso es un foco de atención de la opinión pública y una

arena de debate y confrontación entre los diversos actores que la comprenden,

por lo que la negociación y el cabildeo surgen como prácticas novedosas en el

ámbito político" (Labastida, Martin del Campo: p. 214), las cuales no eran

comunes en el régimen posrevolucionario, y en la actualidad son necesarios para

llevar a cabo los cambios en el marco jurídico que el gobierno actual solicita.

La conformación del congreso demuestra el pluripartidismo político que se ve

reflejado en la composición de la cámara de diputados y senadores, lo cual

ejemplifica que el cambio político se observa en la diversidad de fuerzas políticas,

sin embargo es necesario que se modifiquen las formas de hacer política, puesto

que subsisten las formas tradicionales del viejo régimen, donde no había diálogo,


112

apertura, transparencia y se optaba por la imposición y el autoritarismo, de forma

que es necesario reformar el poder legislativo para que responda de manera

eficiente a las nuevas circunstancias políticas.

El mecanismo que se requiere para resolver las confrontaciones políticas es la

negociación, el consenso, sin éstos es muy difícil que se consolide un proyecto

que incluya a todos los sectores sociales, de forma que sea incluyente y no

propicie la intolerancia, de esta forma el legislativo tiene un papel fundamental en

el diseño de instituciones que sean las adecuadas a la realidad política y que no

se sujeten a intereses de una minoría, lo cual se convertirá en un obstáculo para la

elaboración de políticas y programas que sean resultado de un debate y

deliberación de la sociedad.

En ese sentido, "la reforma de los sistemas presidenciales tiene como origen la

consideración de que la tradicional vinculación entre el parlamento y el gobierno,

en cuanto a la integración y funcionamiento de éste último, no tiene por qué ser

exclusiva de los sistemas parlamentarios y ajena a las preocupaciones de los

presidenciales, especialmente cuando hay gobiernos que carecen de mayoría en

el Congreso o cuando, por la polarización de las fuerzas políticas, se requiere de

apoyos políticos amplios, eficaces y duraderos" (Valadés, Diego: p. 72).

En ese contexto, el papel del congreso tendrá que sustentarse en la habilidad

política para establecer consensos entre los grupos parlamentarios, porque "el

presidencialismo constitucional no tiene un mecanismo automático de solución del

conflicto o impasse gubernamental procedente de la situación en la cual el partido

político del presidente no tenga mayoría absoluta o calificada mayor cuando ésta

es necesaria para votar reformas estructurales en las cámaras legislativas"

(Castellanos, Hernández Eduardo: México, p. 173); de tal manera que la

capacidad de negociación de las diversas fuerzas políticas es importante para


113

implementar nuevas reglas que permitan la concreción de los programas y

políticas de gobierno.

2.6 Partidos Políticos: Injerencia en la Democracia

Los partidos políticos como organizaciones políticas tienen su inicio en "las

facciones que dividían a las repúblicas antiguas, a los clanes que se agrupaban

alrededor de un condotiero en la Italia del Renacimiento, a los clubes donde se

reunían los diputados de las asambleas revolucionarias, a los comités que

preparaban las elecciones de las monarquías constitucionales, así como a las

vastas organizaciones populares que enmarcan a la opinión pública en las

democracias modernas" (Duverger, Maurice: p. 15).

Los partidos políticos se constituyen como una asociación o "cualquier grupo

político, el cual se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones

a sus candidatos en cargos públicos" (Sartori, Giovaani: p. 92).

El papel de los partidos políticos como organizaciones que contienden por el

poder, es fundamental en la búsqueda de consolidar un régimen democrático, por

lo cual es importante que su función social sea aquella que tienen como

organizaciones que nacen dentro del cuerpo social, ante el cual tienen ciertas

responsabilidades, y se efectúe dentro de un marco plural y participativo de la

sociedad.

En ese sentido, se pueden puntualizar las siguientes funciones sociales de los

partidos: (Cárdenas, Gracia Jaime: No. 8, p. 26-27).

1) La socialización política, implica el deber de los partidos políticos de educar

a los ciudadanos en la participación de la construcción de la democracia.


114

Los partidos, continúan teniendo la obligación de promover los valores

democráticos, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la

tolerancia y el derecho al disenso.

2) La movilización de la opinión pública, ya que corresponde a los partidos,

permitir que se expresen las opiniones y criterios de la sociedad civil.

3) La representación de intereses, esto simboliza que los partidos son medios

de canalización de diversos intereses, pero tienden a preferir unos sobre

otros, atendiendo a su origen histórico o ideológico o a una coyuntura

política que haga más redituable defender determinados intereses.

4) La legitimación del sistema político se observa en dos sentidos, por un lado,

tienen un papel primordial en la conformación de los órganos del Estado

mediante las elecciones y, por otra, son focos de discusión y debate, hacen

factibles las decisiones mayoritarias e impiden excluir de sus derechos a las

minorías.

En México la eficacia de la democracia se centra en la calidad de los partidos

políticos, de sus políticos y de sus programas legislativos y de gobierno, porque si

no se cuenta con instituciones políticas que contengan las demandas de los

diversos sectores de la población, difícilmente los partidos contarán con el apoyo y

la legitimidad suficiente para representar los intereses de su base y por

consiguiente no obtendrán la confianza y credibilidad de los ciudadanos.

De esta forma, si "los partidos políticos tiene la capacidad de entablar un diálogo

productivo, y de mantener una coexistencia civilizada y respetuosa, o si logran

colocarse más allá del momento y del cálculo estrictamente electoral para

encontrar los incentivos que les lleven a pactar las reformas que ellos mismos han

diagnosticado como fundamentales para el desarrollo institucional y económico de


115

México" (Woldenberg, José: 2003, p. 20), se llevará a modificar las condiciones

imperantes del país.

En el "régimen presidencial, la organización interna de los partidos políticos en su

influencia sobre éste, es muy inconstante, según que el mismo partido reúna la

presidencia y la mayoría parlamentaria, o que estén separadas. Una armadura

fuerte, centralizada y disciplinada, elimina evidentemente toda separación de

poderes, en caso de coincidencia entre la presidencia y la mayoría parlamentaria;

la agrava, por lo contrario, hasta conducir a conflictos insolubles y a una parálisis

del gobierno, en caso de disparidad entre ambos" (Duverger: p. 425).

En ese aspecto, el régimen presidencial mexicano se encuentra situado en una

competitividad partidista que tiende a reforzar el congreso y a debilitar la autoridad

del gobierno. Existe una oposición entre el partido presidencial y el partido

mayoritario en el congreso trayendo consigo mismo que el ejecutivo no encuentre

más que una coalición heterogénea, que permite moverse entre la división y de

disociación.

La negociación entendida como "una discusión entre las partes con la meta de

llegar a un acuerdo" (Camevale y Pruitt: p. 164), será la vía para que los partidos

políticos den salida a las diferencias sobre la forma de resolver los problemas

públicos, y al unísono establecer una relación con el ejecutivo que garantice la

gobernabilidad del régimen sustentada en la conciliación de intereses de las

distintas fuerzas sociales y políticas del Estado.

De tal manera que la crisis política es vista como crisis de credibilidad, y debilidad

de las formas tradicionales de representación política, en medida que la política se

despersonalizó y se generó una pérdida del sentido de organización, por lo cual

están cambiando las bases fundacionales de lo público tan rápidamente dando


116

con ello la no existencia de espacios para que la sociedad formule alternativas

políticas.

Dentro de este marco, se vislumbra una crisis de los partidos políticos aparejada

con el descrédito por la política, debido a que estas organizaciones no han

absorbido las demandas de las organizaciones sindicales, de las mujeres, los

jóvenes, los indígenas y los grupos marginados, lo cual lleva a que los diferentes

sectores de la población pierdan la identificación con los partidos políticos y éstos

carezcan de capacidad para convertirse en los generadores de la transformación

social y política que el país requiere.

De tal manera que la misma sociedad civil tendrá el papel de generar alternativas

y propuestas de acción que se orientarían hacia los siguientes aspectos:

(Jiménez, Cabrera: p. 36)

a) La democratización de la sociedad, en el mayor sentido de la palabra y la

consolidación de la democracia.

b) La construcción de una sociedad en la que se solidifique la unidad,

autonomía y democracia de las fuerzas políticas y sociales. Se busca como

opción la democratización de la sociedad de "abajo hacia arriba" y no a la

inversa.

c) Fortalecer la nueva identidad y la representatividad de la sociedad civil.

d) Apropiarse del modelo actual y lo que es más importante, apropiarse de la

modernización y de la transición.

e) Instituir nuevas formas de organización y nuevas políticas de alianzas en el

marco de la amplia y heterogénea movilización social.


117

f) Capitalizar políticamente los costos sociales incitados por las políticas de

ajuste y la liberalización del mercado.

g) Eficacia en las distintas formas de lucha y de acción política y transparente

orientación estratégica electoral y estrategia política de más largo aliento.

h) Promover la "solidaridad política nacional" con el objeto de alterar los efectos

de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida de la población.

Alto es el grado de descrédito de los partidos políticos que no ofertan alternativas

a la sociedad, que ésta busca en la movilización, en la asociación, distintas formas

de organización social que le cedan relacionarse con los actores políticos y con el

gobierno para la resolución de sus demandas sociales, de lo contrario a la

carencia de representatividad e identificación con las instituciones políticas

producen un alejamiento de la sociedad con el Estado que repercute en la eficacia

del mismo.

Sin embargo, "sólo el potencial organizativo de los partidos políticos puede impedir

que la moderna democracia de masas deje de estar movida por vaivenes

emocionales y sin sentido que la hagan caer en el desamparo, la desintegración y

la demagogia. Por consiguiente, la democracia no puede vivir sin los partidos"

(García, Pelayo Manuel: p. 30).

En esa forma, es difícil concebir una democracia sin partidos políticos, lo cierto es

que la participación de éstos es alto cuanto más se fortalece el principio

democrático, de donde se determina que el Estado democrático es necesaria e

inevitablemente un Estado de partidos; por lo cual es necesario que los partidos

políticos se reformen para así sean los canales, a través de los cuales la sociedad


118

emane todas sus necesidades, y con ello garantizar la convivencia política y la

estabilidad social.

En este sentido, "la democracia de nuestro tiempo es necesariamente una

democracia de partidos, parece que el Estado democrático ha de configurarse

como un Estado de partidos, en razón de que sólo éstos pueden suministrar al

sistema estatal los inputs capaces de configurarlo democráticamente, tales como

la movilización electoral de la población, el ascenso al Estado de las orientaciones

políticas y de las demandas sociales debidamente sistematizadas para

proporcionarle tanto los correspondientes programas de acción política, como las

personas destinadas a ser titulares o portadores de los órganos políticos estatales.

Por otra parte, sólo la capacidad organizativa de los partidos políticos y la

presencia de sus miembros en los mencionados órganos del Estado ofrece la

posibilidad de que los outputs del sistema estatal, es decir, sus decisiones y

acciones declaradas con distintos contenidos y formas, constituyan una expresión

de los criterios e intereses, sea de la mayoría de la población, sea de lo que

eventualmente pudiera ser considerado como promedio de la voluntad nacional"

(García, Pelayo Manuel: p. 85).

Estas actividades de los partidos crean las situaciones para la retroalimentación

necesaria entre el Estado y la sociedad, de tal forma que propicie un compromiso

con la sociedad, es decir, que se realice una relación estrecha entre la comunidad

y los partidos políticos, que sea el reflejo fiel de las necesidades sociales y al

mismo tiempo que realice una reforma al interior de las organizaciones políticas

con ello sean capaces de conducir los destinos de la sociedad.


119

2.7. Medios de Comunicación

El gobierno requiere la existencia de una franca relación cercana con sus

gobernados, lo cual se expresará en un mayor consenso en las acciones de

gobierno, para ello un instrumento que permite conocer el grado de aceptación de

las decisiones públicas son los medios de comunicación.

El término viene del latín "médium, pero es de uso frecuente el vocablo medias,

empleado según la acepción inglesa, que se refiere a la comunicación que llega a

auditorios numerosos, o a las técnicas modernas de difusión masiva" (Trejo

Delarbre Raúl: México, p. 412).

Los medios de comunicación son un espacio para la discusión pública, se

convierten en un medio de control del poder y un vehículo para el ejercicio del

poder político. Sin embargo, son reflejo de los intereses que los han creado,

partiendo de ello dan respuesta a una realidad de los diferentes actores políticos,

económicos y sociales, de manera que, en esa medida es necesario limitar esta

situación para que puedan ser objetivos, plurales, imparciales, y con ello

garantizar la transparencia del ejercicio de gobierno.

En las circunstancias actuales que han producido un "desvanecimiento de las

ideologías y un predominio del pragmatismo, entre más la popularidad y la

simpatía, el llamado "carisma", que las ideas y los planes de gobierno. En vez de

la propaganda, que se dispersa durante la lucha electoral, ahora la política se

alimenta de la publicidad permanente, un universo en constante expansión. Esto

es consecuencia por la edificación de la sociedad de consumo y de los medios de

comunicación: por el reino de la mediocracia. En todo caso, el término medios es

equívoco, ambiguo. Más que medios, la radio, el cine y la T.V. son fines en sí

mismos: la mediocracia es el gobierno de los medios" (González, Pedrero Enrique:

p. 5).


120

En esa línea, existen tres formas en que los medios contribuyen a vigilar la acción

del gobierno: (Silva-Herzog, Márquez Jesús: p. 53).

1. Los medios dan al ciudadano las herramientas para establecer una opinión

de los asuntos públicos. Los medios estructurados democráticamente

muestran visiones políticas opuestas que se enuncian libremente,

ofreciendo al individuo las bases para decidir informada e inteligentemente.

2. En los medios también existe un enorme potencial controlador. La

publicidad finaliza con la política del secreto, característica de la política

cortesana. Esa forma de ejercer el poder a la vista de la sociedad es, en sí

misma, una fórmula de moderación política.

3. Los medios de comunicación se convierten también en un medio para la

práctica política. El poder es de quien logra la adhesión de sus

conciudadanos. Por ello que los medios son una de las arenas más

disputadas de la controversia política.

La responsabilidad de los medios de comunicación se encuentra en que no

sustituyen a la escuela en su cargo de educar y tampoco suplen a los partidos,

pero de manera significativa influyen sobre la cultura cívica de la ciudadanía lo

que es de vital importancia para que los valores de la democracia sean asimilados

por la sociedad.

Los medios de comunicación son responsables de la diferente forma de hacer

política, porque ahora los políticos hablan en todo momento, anticipan sin cesar lo

que se proponen hacer, exteriorizan lo que han imaginado, lo que "piensan", lo

que han conversado con la gente. Y las palabras sustituyen a los hechos. El verbo

es soberano: no importa si no genera un cosmos real. Simplemente basta con


121

atrapar al que escucha en la magia de una realidad virtual. Se hace política y se

gobierna mediante las palabras. Los nuevos actores políticos tienen que ser, para

triunfar, grandes seductores (González, Pedrero Enrique: p. 10).

Para que los medios de comunicación beneficien la democracia es necesario que

su función se dirija hacia la certeza, la veracidad, la legalidad, la independencia, la

imparcialidad y la objetividad. Estos puntos tienen que ser el eje central del

funcionamiento de los medios, de esta manera se podrá contribuir a la formación

de ciudadanos participativos a partir de inducir de estos valores a la sociedad.

Con esto se constituirán canales de comunicación en donde podrán

interrelacionarse la sociedad y el gobierno, permitiendo la convergencia de

opiniones, ideas, proyectos, entre los diversos sectores sociales, lo que redundará

en un mejor interés de los ciudadanos en la acción del gobierno y al mismo tiempo

proporcionará elementos para observar el desenvolvimiento en la actuación del

mismo en términos de su eficacia y eficiencia.

2.8. Indicadores para medir el Grado de Gobernabilidad

En México se puede plantear la existencia de tres indicadores para medir el grado

de gobernabilidad de la sociedad: (Meyer, Lorenzo: México, p. 76).

1) Ausencia o presencia de coaliciones políticas sólidas y duraderas.

2) Certeza o ineficiencia de la acción gubernamental.

3) Capacidad o incapacidad del sistema político para afrontar el conflicto sin

acudir a la violencia.


122

La gobernabilidad tiene su referente en la estabilidad política, para que ésta pueda

mantenerse y perdurar precisa la formación de coaliciones políticas entre los

actores políticos a través del consenso y la negociación, de esta forma se tendrá

el suficiente apoyo de los grupos políticos y no se tendrán obstáculos que impidan

al gobierno llevar a cabo sus políticas.

La certeza se relaciona con la capacidad del gobierno para cumplir con sus

obligaciones en el menor costo y tiempo posible, por lo tanto la acción del

gobierno se tiene que orientar a la satisfacción de las peticiones ciudadanas de

manera oportuna y veraz.

La capacidad del régimen para dirimir los conflictos trae aparejada la ausencia de

violencia en una sociedad, es decir, la eficacia de las instituciones para impedir el

aparecimiento de movimientos sociales o políticos en contra del gobierno, de

manera que no sea forzoso recurrir al uso de la fuerza pública para resolver los

problemas, de ahí la importancia de la negociación como herramienta que sirve

para llegar a acuerdos, así como del diálogo y la mediación entre las partes.

Estos puntos de efectividad, para resolver conflictos y formación de coaliciones

políticas, permiten al gobierno garantizar la gobernabilidad de la sociedad en la

medida que destina sus recursos a lograr ese objetivo.

El criterio que define el estado de la gobernabilidad en México puede definirse

como las capacidades de un sistema para: (Revista Carta de Política Mexicana.

No. 308, 2003, p. 10).

a) Responder a las demandas y expectativas sistémicas con arreglo a un

marco normativo- institucional avenido a las reglas democráticas.

b) Cumplir y hacer cumplir, por distintos medios, acciones de gobierno,


123

políticas públicas, actos de autoridad, decisiones federales, acuerdos

políticos, entre los actores políticos relevantes y la comunidad política en

general.

c) Crear un entorno político democrático propicio a la reproducción de las

condiciones sistémicas de gobernabilidad.

En este esquema se subraya la importancia de la eficacia del gobierno en la

atención de los problemas, respaldado en la capacidad del sistema político para

responder a las demandas de los diversos sectores, así como del uso de

mecanismos plenos de garantizar el correcto cumplimiento de las acciones de

gobierno, lo cual sólo se podrá efectuar en un ambiente democrático que privilegie

el diálogo, la tolerancia, el pluralismo, es decir, los valores de un régimen

democrático que rompa con las prácticas de autoritarismo que se tienen en la

política real.

El Banco Mundial instituye seis indicadores, los cuales permiten medir la

gobernabilidad de los países:

1) Voz y rendición de cuentas externa, mismas que incluyen la disponibilidad

del gobierno de rendir cuentas externamente, por medio de la

retroalimentación de los ciudadanos e instituciones democráticas, y una

prensa competitiva.

2) Estabilidad política y alejamiento de violencia, crimen y terrorismo.

3) Certidumbre del gobierno, que incluye la calidad de la formulación de

políticas, burocracia y prestación de servicios públicos.

4) Ausencia de carga regulatoria.


124

5) Calidad del Estado de Derecho, que se plantea en la protección de

derechos de la propiedad, independencia judicial, entre otros.

6) Control de la corrupción.

En la democracia, no obstante la participación ciudadana en la toma de decisiones

es deseable, no siempre es posible. En muchos de los casos los gobiernos

necesitan tomar decisiones de forma urgente donde el procedimiento formal de

consulta está ausente. En este tenor, los resultados dejan ver una tendencia hacia

la preferencia por un gobierno que actúa sin consultar a un gobierno que consulta.

En gran medida la población cree que el país está gobernado por unos cuantos

intereses muy poderosos que persiguen su propio beneficio, lo cual afecta

significativamente la credibilidad del gobierno.

La medición de la confianza sirve como un mecanismo para calificar el desempeño

de las instituciones y el nivel de aceptación de ciertos actores sociales. Los

peldaños de confianza hablan la resistencia o disposición de los ciudadanos a

colaborar con las instituciones o actores sociales.

2.9. La Confianza en el sistema Gubernamental

Iniciando con la idea de que la confianza alude a las expectativas, a la

esperanza, a la apuesta por el futuro, es por la cual la sociedad concede el

permiso al gobierno para que pueda formar las condiciones de desarrollo esta

misma le demanda o exija.


125

En ese cause, "la confianza, concebida como relación social, tiene dos

vertientes: del sujeto que confía y del depositario de la confianza. El sujeto

hace la acción de confiar a partir de un universo de conocimientos o creencias

las cuales permiten tener un amplio conjunto de expectativas ciertas sobre su

relación con el objeto de su confianza. Confiar simboliza apostar, mantener

expectativas, tener esperanza en que los referentes utilizados son verdaderos,

esto es, que corresponden realmente a las características del depositario"

(Luján, Ponce Noemí: p. 49).

La percepción de los ciudadanos de la confianza en el gobierno se puede ver

en la encuesta de "la evaluación presidencial, en la cual la mayoría de los

estudios, 53% continúan insistiendo en que el gobierno no cuenta con las

riendas (control político del país). Sólo el 35% tiene la confianza en que

efectivamente el gobierno tiene ese control, sólo 3 de cada 10 afirman que la

administración federal tiene en sus manos la gobernabilidad" (Fernández,

Menéndez Jorge: México, 2003, p. 8).

Esta impresión de desánimo y desconcierto de la ciudadanía hacia el

gobierno, recae en gran medida en el incumplimiento de las promesas

ofrecidas durante la campaña electoral, así como del deterioro del liderazgo

político, de la ausencia de una clase política, de acuerdo al término de Mosca:

"desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y manifiesta el

predominio de una clase dirigente en la sociedad" (Mosca, Gaetano: p. 106),

por lo tanto produce inestabilidad en el régimen, al existir la carencia de una

clase política que conlleve al país y tome el control del gobierno, para que éste

tenga la certidumbre de implementar las reformas y políticas que resuelvan los

conflictos sociales.

En ese orden de ideas, "¿existe gobernabilidad en México?, Muchos elementos la

están degradando. El país está muy rezagado: la impunidad, siendo este uno de


126

nuestros graves problemas, ha ido aumentando la desconfianza en las

instituciones; la creciente pobreza es un factor potencial de inestabilidad, la falta

de visión histórica de los partidos políticos, que especulan más en lo inmediato

que en el largo plazo, ha mellado el optimismo del pueblo mexicano. Si no hay en

la seguridad prioridad central del Estado, si no existe confianza en las

instituciones, si las perspectivas para el futuro se vuelven inciertas, será difícil

transitar de la alternancia que se logró el 2 de julio del 2000 a una democracia

igualitaria, económica, política, social, cultural" (González, Pedrero Enrique:

México, p. 11).

2.9.1 La Credibilidad

El concepto de credibilidad se encuentra asociado a una valoración de las

creencias en un determinado ámbito de la realidad, esto es, al análisis sobre la

veracidad y validez a partir del cual se define el grado de "crédito". La credibilidad

permite establecer qué tan cierto, verdadero o digno de crédito es el objeto de

diagnóstico (Lujan, Ponce Noemí: p. 47).

En este contexto, la credibilidad se basa en el conocimiento que pueden tener los

ciudadanos al llevar a cabo una evaluación crítica sobre el desarrollo de la acción

del gobierno, es decir, de su eficacia.

De esta forma, la relación existente entre confianza y credibilidad se contempla en

lo siguiente: (Lujan, Ponce Noemí: p. 48).

1. La credibilidad concebida como diagnóstico, desarrolla un papel de insumo

para la confianza.


127

2. El que la credibilidad sea un diagnóstico pasado-presente, envuelve que su

énfasis está en la investigación de regularidades, de repeticiones, de

cadenas causales, de verificación retrospectiva.

3. La credibilidad en gran medida es posible gracias a la confianza ya que, si

no fuera a partir de las posibilidades abiertas por la confianza, la

credibilidad se reduciría a un diagnóstico de las regularidades de lo

conocido y no de lo posible fundamentado en una visión retrospectiva.

A partir del uso de los preceptos de credibilidad y confianza, la primera puede ser

pensada como un insumo para la reproducción de la segunda y por lo cual, la

construcción de relaciones de confianza entre los actores puede ser el motor para

el crecimiento de la credibilidad de las instituciones.

Sin embargo el país se encuentra inmerso en la incertidumbre a causa de la

ausencia de credibilidad hacia las instituciones, todo ello debido a la ineficacia

gubernamental, a la exigencia de cambios en la organización y estructura

administrativa, lo cual lleva a la necesidad de modificar las instituciones vigentes y

crear nuevas que den respuesta a la realidad de la sociedad mexicana.

En este sentido, es insoslayable que la realidad tan diversa de hoy en día siga

regulada por instituciones anacrónicas, por leyes caducas, por discursos antiguos,

es decir, por prácticas, y métodos que persisten y no se encuentran a la altura de

los cambios que vive la sociedad mexicana, procedidas de los cambios

tecnológicos, económicos, políticos y sociales, de manera que es indispensable

rediseñar un Estado el cual responda con la eficacia necesaria para cumplir con

las exigencias ciudadanas, de esta forma se podrá recuperar la credibilidad en las

instituciones y se fortalecerán las bases de un régimen democrático.


128

2.9.2. La Administración Pública y su Importancia

El gobierno refleja su actuación de gobernar a través de hechos concretos de la

administración pública, la cual funciona como medio de contacto directo con la

sociedad, es decir, es el puente entre la sociedad y el Estado que permite atender

los problemas que la misma comunidad le va exigiendo en su carácter de

prestadora de bienes y servicios. La eficacia y eficiencia gubernamental estriba en

gran medida de la existencia de una administración pública, la cual otorgue

servicios de calidad, generando los recursos suficientes para atender en tiempo y

forma a la demanda de la ciudadanía, convirtiéndose en un medio de legitimación

del régimen en la medida de la aceptación y reconocimiento por parte de la

sociedad.

"El Estado pretende ser eficaz con el cumplimiento cabal de las demandas de la

sociedad, las mismas, a diferencia de otro tiempo, no se bajan a la simple

demanda de bienes y servicios públicos, sino también se volvieron no tangibles; es

decir, ligadas con reclamos de justicia en el orden de los derechos humanos,

sexuales, de la defensa de los grupos étnicos e incluso con reclamos de seguridad

pública, de combate a la drogadicción, de protección a la flora y a la fauna, entre

otros" (Alvarado, Domínguez Ofelia y Miguel Ramírez Zozaya: México, p. 19).

En esa línea, "en México la administración pública no es todavía de carácter

moderno, ya que la savia borbónica y autoritaria del Estado mexicano ha parado

su progreso de acuerdo a los postulados modernos que apuntan a determinar la

diferencia entre lo público de lo estatal. La administración pública mexicana

entrelaza elementos premodernos -discrecionalidad, ingreso sin méritos,

improvisación, lealtad individual- y elementos modernos - profesionalización

focalizada-, disímbolos los cuales dan como resultado contrastes pronunciados

impidiendo destacar su naturaleza pública y equitativa" (Uvalle, Berranes Ricardo:

p. 258).


129

De igual manera, "sucede que muchos planes y programas se reducen a ser

simplemente manifestación de voluntad y las acciones que de ella emanan cuando

llegan a su destino, actúan solamente como un reflejo tibio y parcial de lo que en

el origen eran sus intenciones. ¿En dónde está la falla? Es problema de procesos

mal planteados y exorbitantemente centralizados; es carencia de equipos y

recursos, es falta de personal no sólo capacitado, sino además motivado para

ejercer su vocación de servicio público; es atraso tecnológico en la administración

pública; es una gran politización del aparato administrativo, en el que los

innumerables reacomodos han minado su eficiencia" (Acle, Tomasini Alfredo: p.

173).

Para ayudar a la existencia de gobiernos democráticos y Estados eficientes es

forzoso que "las administraciones públicas ayuden a mejorar de modo significativo

su operación institucional, ello implica la utilización de insumos -recursos,

información- capacidades, el desarrollo de procesos-actividades, operaciones,

procedimientos y sistemas-, así como resultados -bienes, servicios, políticas- el

cual tiene impacto en la sociedad. Sólo de esa forma existe la posible de recobrar

la confianza por parte de los ciudadanos en la misma y reivindicar su valor

institucional no pretendiendo hacer todo, sino más bien coordinar los esfuerzos y

aportaciones provenientes de lo privado, lo público y lo social" (Calderón, Ortiz

Gilberto: p. 35).

En el gobierno de Vicente Fox se puso en práctica tres leyes que tienen la

intención de transformar el funcionamiento de la administración pública federal:

(González, Tiburcio Enrique: p. 41).


Federal


130


Públicos

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

En lo referente a la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración

Pública Federal publicada el 3 de abril de 2003, su objetivo primordial es

establecer un mecanismo encaminado a garantizar la igualdad de oportunidades

en el acceso a la función pública con base en el mérito, cuyo sistema depende del

ejecutivo federal y es dirigido por la Secretaría de la Función Pública y su

operación se encuentra a cargo de cada una de las dependencias de la

administración pública; sus líneas rectores serán la legalidad, eficiencia,

objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito.

Sin embargo, el llevar a cabo la profesionalización de la administración pública se

observan varios obstáculos tales como; "el tradicional sistema de botín, también

denominado sistema de patronazgo o spolis sistem, donde el amiguismo, el

compadrazgo y el nepotismo han formado el conjunto de mecanismos y

procedimientos privilegiados de reclutamiento de cuadros de mandos medios y

superiores en los tres órdenes de gobierno y administración del Estado federal

mexicano, sistema que caracteriza inclusive al régimen actual," (Moreno, Espinosa

Roberto: 2004, p. 25), mismo que se encuentra integrado por funcionarios

improvisados y sin los perfiles requeridos, repercutiendo la acción del gobierno al

no existir una cultura administrativa basada en el desempeño y capacidad de los

servidores públicos.

En este orden, los cambios en la administración pública tienen que eliminar las

viejas prácticas burocráticas que favorecen a la corrupción, ineficacia, desinterés,

de los funcionarios y servidores públicos, y un herramienta que puede ayudar a

disminuir estos vicios administrativos se refleja en el servicio profesional de


131

carrera, solamente en la medida del cumplimiento de los objetivos planteados,

porque de otra forma solo servirá para mantener las estructuras administrativas

vigentes con sus mismos defectos.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,

publicada el 15 de diciembre de 2001, tiene como objetivo regular las

responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las

autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y el

registro patrimonial de los servidores públicos.

Esta ley pretende controlar y vigilar de forma más enérgica el desenvolvimiento de

los funcionarios y servidores públicos que incurran en algún ilícito, apoyándose en

un registro de los bienes que posean, así como estimular los principios y valores

que conduzcan su actitud a través de un código de ética del servidor público.

Los principios que se encuentra alrededor de la administración pública son fruto de

la forma de hacer política en nuestro país, teniendo su soporte en la lealtad, en

intereses de grupo, en el cual se busca más el interés individual o partidista que el

bienestar general, por lo tanto es necesario establecer una ética de la

responsabilidad en la cual los servidores públicos respondan por sus acciones,

sólo en esa forma se podrá inducir una cultura cívica sustentada en valores éticos

en la función pública.

En junio del 2002 se dio a conocer la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, la cual plantea como finalidad garantizar el

acceso de toda persona a la información bajo el resguardo de los poderes de la

unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier

otra entidad federal. En diciembre del mismo año se dio vida al Instituto Federal de

Acceso a la Información Pública (IFAI), encargada de llevar a cabo lo que la ley de


132

transparencia dicta, es decir, es el órgano encargado de proporcionar la

información pública que los ciudadanos soliciten.

Sin en cambio, el IFAI se enfrenta a varios retos, el institucional el cual tiene que

ver con la capacidad suficiente de adsorción de las demandas de información y la

estructura con la que cuenta, el político, es decir, que su operación y autonomía

no sean influidas por intereses políticos, afectando su credibilidad y el cultural

relacionado con la participación ciudadana en la medida de exigir la rendición de

cuentas del actuar del gobierno mediante la información pública y con ello vigilar y

controlar la misma.

En ese sentido, la política pública en el gobierno de Vicente Fox tenía serias

limitaciones: (Nieto, Gerardo: p. 50).

1. tanto en su diseño como en su instrumentación, el gran ausente sigue

siendo el ciudadano,

2. Se encuentra pendiente la solución de una gran agenda de asuntos que

interesan a la sociedad civil,

3. las dificultades de articulación política y la falta de un esquema unificado

de acción; ratifican la parálisis administrativa y la ausencia de una visión

de largo plazo;

4. no se cuenta con la capacidad de innovación y respuestas rápidas;

5. se sigue un modelo burocrático vertical;

6. es visible el excesivo gasto de esfuerzos, dedicación y recursos para

administrar un gobierno sin liderazgo político.


133

Estas restricciones en la puesta en marcha de políticas y programas de gobierno,

crean una acción ineficaz del Estado, sometida a presiones de grupos sociales

que no hallan una respuesta adecuada en la medida que no son tomados en

cuenta en la realización de dichas políticas, aunado a la improvisación,

inexperiencia administrativa, y a la ausencia de sensibilidad social, provocan que

el gobierno no tenga las herramientas necesarias para una acción eficaz.

En este sentido, la reactivación de la administración pública es resultado directo

de la lucha por la democratización del régimen político; es la estimulación de la

ciudadanía que toma partido y busca valorar el proceder de los poderes públicos y

se articula por participar en lo que considera de interés para sus comunidades; es

además por la demanda de que el Estado se sustente en la imparcialidad y el

marco de la ley.

Sin en cambio, en las actuales circunstancias, "el gobierno administra, gobierna

administrando, ya que es más mercado que Estado: el mercado no se "gobierna",

se administra, sin estorbarlo demasiado. Se busca aplicar las técnicas de

management que vienen de la empresa, porque el Estado ya es casi como una

empresa, se ha ido privatizando y se maneja como administración privada. El

espacio público ha ido siendo sustituido por el privado. Y parecería que el

gobierno, la administración, no puede evitar la emergencia de una suerte de nueva

ley de la selva que, naturalmente, propicia una inseguridad creciente, favorece la

inestabilidad, la "ingobernabilidad". De ahí que se vuelvan preocupación

permanente la estabilidad, la seguridad. Como no hay un Estado sólido, también

se ha desvanecido la legitimidad que emanaba del monopolio legal de la fuerza

física" (González, Pedrero Enrique: p. 16); por lo cual es necesario realizar nuevas

instituciones que respondan de manera eficaz a la realidad de la sociedad

mexicana.


134

Hay una estrecha relación dada en la capacidad que tenga la administración

pública para incrementar las potencialidades de desarrollo y competitividad

económica, lo mismo para elaborar nuevos métodos y modelos de participación

social y ciudadana, y crear mayores oportunidades de ingresos,

independientemente del gobierno que se encuentre en turno.

Por lo cual la administración pública se debe de enfocar en el desarrollo nuevas

formas de relacionarse con la sociedad, con la finalidad legitimar su gobernanza

por medio de dirigir sus acciones hacia la consecución de beneficios sociales que

garanticen la estabilidad del régimen sin importar el signo político del gobierno que

se encuentre en funciones.


135

CAPITULO TERCERO. LEGITIMACIÓN Y GOBIERNO EN MÉXICO

Como se ha visto, lo que usualmente se considera sociedad civil, no es otra más

que la parte organizada y, por lo tanto tangible, de la sociedad. En ese orden es

que aseveramos, no es solo una, sino múltiples formas de organizarse y de reunir

la más extensa diversidad de intereses, posiciones y opiniones. Significa que

alberga además a los individuos no solamente cuando se organizan en torno a

agrupaciones o asociaciones, sino cuando actúan de manera independiente en el

espacio público.

Igualmente, se ha venido haciendo hincapié referente al Gobierno, entendiéndolo

como el Poder Ejecutivo del Estado, conformado por sus instituciones, sus

funciones y los ejecutores de las mismas. Sin en cambio, por Gobierno se focaliza

a las instituciones y actores del Poder Ejecutivo Federal de México, conformado

por la Presidencia y las dependencias y entidades de la administración pública

federal. Esta acotación resulta pertinente no sólo porque en México existen tres

niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), sino más bien porque, si bien

prevalecen coincidencias en su funcionamiento, valores y estructuras, cada uno

obedece a lógicas propias creadas a partir de la interacción de actores con

intereses a veces suplementarios y otros también disímbolos en cada nivel.

Retomando algunos de los aspectos de la llamada gobernabilidad democrática, y

de la participación de la sociedad civil, para esbozar las características principales

de la relación existente entre gobierno y sociedad civil en México. Se determinará

el por qué se trata de una relación en continuo proceso de construcción cuyas

bases principales deben ser la confianza mutua, la defensa de los valores

democráticos y la sustentabilidad de la sociedad civil.

En los últimos tiempos y en la gran parte de los países democráticos, incluido

México, ha ocupado lugar lo que se conoce como la “crisis de la democracia”, que


136

en esencia se refiere al reconocimiento por parte de las sociedades de que sus

regímenes políticos —democracias representativas— están fuera del ideal

democrático a tal grado que resultan inadmisibles y con lo cual se han venido

formando serias interrogantes acerca de las formas clásicas de representación y

de las instituciones estatales actuales en las democracias modernas.

La democracia inmersa en una crisis conjuga una combinación de elementos entre

los cuales se recalca el profundo desencanto de los ciudadanos ante métodos que

privilegian las transacciones entre elites que responden, cada vez en menor grado,

a los intereses de sus electores. Por las mismas razones, esta desilusión además

ha provocado una pérdida sumamente importante en la credibilidad de los

partidos, parlamentos y grandes organizaciones (Giacamán Faudez: 2003, p. 5).

Otro punto característico de la misma es la pérdida de confianza en el círculo

político como ámbito adecuado para enfrentar realidades crecientemente

complejas como la globalización y, en al caso específico de América Latina, las

demandas de arreglo estructural planteadas por organismo y otros actores

internacionales poderosos. De cara a esta situación, las instituciones políticas y

estatales, así como las estructuras de acción colectiva, parecen impotentes y

desacreditan a la democracia como mecanismo eficaz para la solución de tales

problemáticas.

Autores como Alejandro Bendaña (Bendaña, 2006, p. 6) arguyen que los nuevos

movimientos sociales apoyaron a politizar las viejas organizaciones. Los

movimientos sociales más poderosos admiten generalmente la necesidad de

hacer instrumentos políticos propios y creativos para enfrentar nuevas ideologías y

retos globales. El autor propone que por este mismo cambio social tanto el

Gobierno como las políticas públicas también deben cambiar. Asimismo, es

importante hacer converger en el desarrollo nacional a partidos políticos,

gobernantes y sociedad civil de tal manera que ninguno pierda su autonomía y

que ayuden, cada uno de acuerdos a sus capacidades y visiones. Esta tarea


137

resulta complicada, pues siempre habrá intereses de grupo que impiden una

efectiva acción colectiva en aras del bien común. Aunque por supuesto la unidad

puede llegar en ciertos procesos en la producción de proyectos nacionales

comunes, indicio que parte de la democratización del Estado, ya que no se trata

de renunciar o ser análogos al Estado, sino de transformarlo y que los diferentes

actores se incluyan y promuevan ese proceso de transformación.

Desde esta óptica, Hilary Wainwright (Bendaña, 2006, p. 6) menciona que “…la

profunda crisis de las instituciones crea un abismo creciente entre la gente y las

instituciones políticas que dicen representarlos. Esta puede tratarse reconociendo

las nuevas fuentes de poder que residen en la sociedad. Únicamente donde los

movimientos democráticos y las organizaciones de la sociedad están ejerciendo

todo tipo de poder económico, social y cultural una victoria electoral de un partido

progresivo, puede producir un cambio real”.

Nos hallamos entonces frente a sociedades cada vez menos politizadas y con

ciudadanías más quebrantadas y carentes de cohesión, ello dificulta la formulación

de consensos y el acercamiento entre gobernantes y gobernados, obligándonos a

repensar, modificar y reestablecer las formas de intervención de los ciudadanos en

las cuestiones que atañen a las sociedades en general.

3.1 Aspectos Sobre la Gobernabilidad y Gobernanza

La globalización económica y financiera, los avances tecnológicos que causan

variaciones en todo tipo de intercambios, la importancia de los organismos no

gubernamentales, la progresiva exigencia por un mayor papel político de la

sociedad civil y, en general, los fenómenos que implican la globalización, han

provocado que el Estado pierda su rectoría en lo concerniente al desarrollo y a la

regularización pública, y que en la definición de estrategias y capacidades,


138

aumente su interacción con una multiplicidad de actores nacionales e

internacionales.

De esta forma se ha creado la necesidad de una revisión de los conceptos a partir

de los cuales en el pasado se examinaba el escenario político. Es tal forma que ya

no sólo se habla de "gobernabilidad", sino que en forma creciente los autores se

refieren cada vez más a términos como "gobernancia" y "gobernanza" (UNESCO,

México, 2001).

En efecto, la palabra "gobernabilidad" surge, a la luz de los actuales cambios,

bastante restringido al análisis clásico de lo político-institucional, puesto que es

con éste que generalmente se traduce governability en inglés o gouvernabilité en

francés, para designar la "cualidad de gobernable", la doble capacidad para

explicar exitosamente un proyecto de gobierno y para procesar institucionalmente

los conflictos derivados de ello.

A pesar de los diversos escenarios para el análisis que se adopte, unos autores

persisten en referirse a la "gobernabilidad", si se completan procesos político-

sociales y asociativos, cada vez más frecuentes en un nuevo contexto mundial y

abrir los escenarios de análisis a las acciones de nuevos actores políticos, hay que

referirse a una concepción más amplia. Esta noción ha sido traducida al español

en forma similar con el término de "gobernanza".

A comparación de gobernanza, la palabra gobernancia no figura en el diccionario

de la Real Academia Española. Se adoptará así el término de gobernanza, por el

cual se designará tanto la acción y como el efecto de gobernar, en un amplio

sentido, las nuevas modalidades de dirección y coordinación intersectoriales entre

políticas y diversos intereses que se observan en múltiples niveles, tanto en el

nivel local como nacional e internacional y articulando una relación virtuosa que

origina un equilibrio entre el Estado, el mercado y la Sociedad civil, en la que


139

finalmente se busca el logro de un desarrollo económico, social e institucional

duradero, dejando en claro que la gobernanza supera el proceso simple de toma

de decisiones lineal y jerárquico que va de arriba hacia abajo (top-down) y accede

integrar procesos más complicados donde aquellos que participan están al

principio pero también hacen parte de éste.

Es importante señalar, el primer uso de esta noción en el campo de la cooperación

multilateral, se encontró estrechamente mezclada a la idea de "buen gobierno"

preconizada esencialmente por el Banco Mundial o por el Fondo Monetario

Internacional, con los pertinentes programas de ajuste estructural y los proyectos

de descentralización.

Sin en cambio, también el provenir de una visión político-institucional clásica de

corte top-down, esta forma viene siendo reevaluado por el riesgo ideológico que

comporta, ya que admite la legitimidad de ciertos actores políticos hegemónicos

para gobernar, cómo gobernar y a nombre de quién. Así, a partir de mediados de

los noventas, sobre todo en Europa, advertimos que fue naciendo un consenso

creciente en base a la eficacia y la legitimidad del actuar público,

fundamentándose en la disposición de la interacción entre los distintos niveles de

gobierno, y entre éstos y las organizaciones de la sociedad civil.

La forma de gobernar con nuevos modelos se refleja al ser reconocidos como

gobernanza, gobierno relacional o en redes de interacción público-privado-civil a lo

largo del eje local/global (Prats, Joan: 2005). El cambio de las estructuras y

procedimientos de las Administraciones Públicas saltan a ser consideradas desde

la lógica de su contribución a las redes de interacción o estructuras y procesos de

gobernanza. Esto no significa que se abandone la consideración de la estructura,

las funciones y los procesos de las organizaciones administrativas, sino más bien

el estudio y la reforma de éstos se fija en el ámbito de las interacciones entre lo

público-privado-civil, es decir, de los desafíos que dicha interacción presenta para


140

la actualización de las organizaciones públicas y sus capacidades de gobernación

tradicionales.

A todo esto se hace referencia cada vez más generalizada en el lenguaje político y

administrativo a la gobernanza, al gobierno interactivo, al gobierno emprendedor,

al gobierno socio o facilitador. A ello corresponde también el actuar diario de los

directivos políticos y gerenciales de administraciones públicas. En muchos países

se está ante una situación de "realidades en busca de teoría". La metáfora de las

"redes" tiende a expresar esta realidad: la práctica cotidiana de los políticos y

gerentes públicos pasa por crear y gerenciar estas redes de actores diversos,

autónomos e interdependientes sin cuya colaboración resulta imposible enfrentar

los desafíos más urgentes de nuestro tiempo.

Estos nuevos modos de gobernación no significan anulación sino modulación y

reequilibrio de los anteriores (burocracia y gerencia). En realidad ayudan a

comprender positivamente y modificar normativamente la estructura y procesos de

gobierno en todos aquellos aspectos en que la burocracia o la nueva gerencia

pública resultan inapropiadas. Dichos ámbitos contienen desde luego las

actuaciones públicas relacionadas con los temas más complejos, diversos y

dinámicos de nuestro tiempo. De ahí la razón de poder decirse que la gobernanza

es el modo de gobernación, si no único, sí el característico de nuestro tiempo.

Así, Prats argumenta, no existe interés general trascendente a los intereses

sociales y privados. No existe monopolio de intereses generales por las

organizaciones gubernamentales. Con el reconocimiento de la discrecionalidad

mínima en la toma de decisiones públicas, sujeta a la limitación y fragmentación

del conocimiento limitado y la necesidad de organizar la interacción sobre

procedimientos que permitan el aprendizaje, se redescubre y revaloriza la política

a la vez que se reconceptualiza la gestión pública.


141

La política ya no puede intentar tener un fundamento únicamente legal y técnico.

Su legalidad parte del reconocimiento de que hacer política es entre bienes

públicos igualmente valiosos y que la decisión se manifiesta a juicios de valor,

interés, oportunidad y otros que son, deben y serán siempre discutidos en la

esfera pública.

Únicamente mediante la creación de estructuras y procesos sociopolíticos

participativos que inciten la comunicación entre los actores involucrados y la

creación de responsabilidades comunes entre las partes, además de las

individuales y diferenciadas, puede asegurarse la gobernación legítima y eficaz al

menos en correlación a los grandes desafíos de nuestro tiempo. La misión

esencial de la dirección política y administrativa reside en la creación de tales

estructuras y procesos, en otras palabras, en la construcción de gobernanza.

El gran desafío de las reformas administrativas hoy es reestructurar las

responsabilidades, tareas y actividades de la gobernación en base a la integración

y a la diferenciación de las diversas inquietudes e intereses y de los actores que

los expresan en los diversos procesos de interacción. Esto forma exigencias

importantes de reproducción organizacional, de procedimientos, de personal, de

instrumentos de gestión y presupuestación, de transparencia y responsabilización.

El gran desafío hoy en día es hacer fructíferas las interacciones en las cuales

consiste la gobernación de las complejas cuestiones.

Por lo cual tanto las reformas como la teoría tienen que enfocarse en la interacción

más que, como sucedía en lo tradicional, en el gobierno como principal actor único

o sobre determinante de la gobernación.

De esta forma, la imagen de la gobernabilidad opera como el equilibrio entre la

eficaz actuación del gobierno y las demandas emanadas de los ciudadanos, de tal

forma, un gobierno eficaz es aquel que cuenta con capacidad de aprobar leyes,


142

ejecutarlas eficientemente y conseguir que tanto éstas como su aplicación sean

aceptadas por los ciudadanos. Por lo cual, cualquier definición de gobernabilidad

tiene implícito los conceptos de eficiencia y legitimidad, mientras que la

gobernabilidad democrática se refiere específicamente a la que resulta del

ejercicio democrático del gobierno.

En el tema de sistemas políticos democráticos, más específicamente sistemas

multipartidistas y presidencialistas como el caso del mexicano, la eficacia política

y, por ende, la gobernabilidad dependen, en gran parte, de la capacidad para

generar pactos, mayorías y coaliciones en los órganos legislativos, y entre éstos y

el poder ejecutivo, de tal manera que el presidente cuente con el respaldo

suficiente para poder llevar a cabo sus políticas de gobierno satisfactoriamente,

privilegiando los consensos por arriba de la fragmentación.

A la altura de la administración pública, la eficacia se da en gran parte en cómo el

aparato burocrático asume las líneas del poder ejecutivo. Idealmente, esto tendría

el tener como resultado políticas públicas eficientes capaces de satisfacer las

necesidades de los demandantes de los servicios, elaboradas de forma ágil y

legítima. Por lo cual, otro indicador de gobernabilidad cae en la legitimidad de las

políticas públicas y del marco legal, por lo tanto sólo es posible si se construyeron

sobre una base mínima de diálogo y consenso.

No dejando de lado la importancia del tema de la representación política y la

capacidad de los partidos políticos de poder incluir y recuperar las demandas

ciudadanas en el sistema político.

Por lo tanto, para la existencia de gobernabilidad debe de comprenderse una

interrelación entre los gobernados y los gobernantes, de modo tal que el aparato

estatal sea capaz de recoger las demandas ciudadanas en cuanto los ciudadanos

tengan la capacidad de aceptar como legítimas las decisiones de éste. La


143

gobernabilidad se edifica mediante: ciudadanía-poder ejecutivo-poder legislativo,

desde donde se crea la relación entre gobierno y sociedad civil.

En la falta uno de estos elementos se crea problemas en la correcta aplicación de

las políticas públicas y la consecución de objetivos. También se abre la puerta al

surgimiento de relaciones de poder polarizadas privilegiando los intereses de un

grupo reducido de actores, tanto del gobierno como de la sociedad civil. En ello

recae la razón por la cual el concepto de gobernabilidad se ha ampliado

incluyendo valores democráticos, de tal forma que los equilibrios no se sustenten

en prácticas autoritarias, incluso caudillistas, o poco democráticos, de tal suerte se

plantea como la siguiente etapa del ideal democrático.

3.2 Gobernabilidad Democrática

En México se pretende establecer un régimen democrático que aglomere los

intereses de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, de lo cual es

necesario instituir una gobernabilidad democrática que establezca un equilibrio

entre la eficacia gubernamental y control ciudadano. El gobierno tiene que tener

las herramientas para poder combatir el delito, sin embargo al mismo tiempo tiene

que garantizar los derechos humanos y combatir contra las conductas arbitrarias e

impunes.

La gobernabilidad democrática involucra en términos prácticos, métodos y

procedimientos para poder atender y resolver problemas pacíficamente, es decir,

tomando en cuenta a los actores involucrados, sin alcanzar la confrontación o el

uso de la fuerza pública. Todo ello tiene que ver con la resolución de los

problemas informales y la capacidad institucional y los procedimientos

democráticos, para llevar procesos sociales. En ese sentido "el método

democrático es un sistema institucional para llegar a las decisiones políticas, en el


144

que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una competencia

por el voto" (Fernández, Santillán José F: pp. 49-50).

Mantener la gobernabilidad democrática, implica la eficiencia en la gestión

económica, para poder incrementar los nivel económico de la población, así como

de las empresas en el sistema de mercado. No obstante en estas áreas también

hay retos: combate a la pobreza y atención a las demandas de la población

inmersa en la desigualdad. Para poder mantener la estabilidad, la gobernabilidad,

es requerimiento que los programas sociales emanados del gobierno sean

eficientes y conscientes.

Respetar el equilibrio de los poderes del Estado, el afianzamiento del sistema de

partidos y fortificar la cultura democrática tendrá a llevar a que la gobernabilidad

se cimiente y se fortalezca. De no hacerlo así, conduciría a la fractura del orden, al

caos, a la ingobernabilidad, situaciones inestables para el gobierno.

En el mandato de Vicente Fox se buscaba consolidar la gobernabilidad

democrática mediante las estrategias siguientes: (Plan Nacional de Desarrollo

2001-2006. México, 2001, pp. 136-139).

1) Transfigurar el ejercicio del poder público de manera que se logren

condiciones propias para la construcción de una nueva gobernabilidad

democrática.

2) Inducir la reforma del Estado de manera que las instituciones

conformantes representen y sirvan eficazmente a los valores políticos,

fines, intereses del pueblo.

3) Ayudar al fortalecimiento del sistema de partidos y propiciar desde el

ejecutivo el diálogo productivo con y entre partidos políticos.


145

4) Transfigurar las instancias del poder ejecutivo federal vinculadas a las

tareas de política interior.

5) Difundir la cultura democrática para dar sustento a las instituciones con

una actitud que inyecte vitalidad a la convivencia política.

6) Promover contextos capaces de alentar y favorecer una participación

ciudadana intensa, responsable, comprometida, informada y crítica en

torno a asuntos de interés público.

7) Promover la vigencia del derecho a la libertad de expresión.

8) Desarrollar una política de comunicación social del ejecutivo federal el cual

informe de la mejor manera a la ciudadanía y fortalezca la legitimidad de

las instituciones.

9) Aumentar el acceso de los ciudadanos a la información de fuentes

oficiales impulsando diversas vías de difusión.

10) Avalar el pleno ejercicio de la libertad de creencias y de culto, así mismo

favorecer la mejor relación con las instituciones religiosas.

Con la creación del IFAI como forma de transparentar el ejercicio del gobierno y el

establecimiento del servicio profesional de carrera como mecanismo para

modificar la función pública, se busca iniciar el camino para lograr tales

estrategias, sin embargo, en su mayoría no han sido fortalecidas por la carencia

de un proyecto de nación que congregue a todos los sectores de la sociedad y

permita reformar las instituciones para lograr su eficacia, de esta manera se

garantizará la gobernabilidad democrática.


146

Para que la gobernabilidad democrática se realice, se necesitan instituciones que

garanticen: elecciones libres, sistema de justicia imparcial, decremento de la

desigualdad, respeto a los derechos humanos, juego efectivo de partidos políticos,

la capacidad de las instituciones para solucionar problemas y conflictos, la

división, colaboración y coordinación real de poderes, la transparencia de

recursos, es decir, los métodos y procedimientos propios de la democracia.

En esta forma, se necesita que las instituciones políticas cumplan de forma eficaz

en cinco áreas fundamentales, sin las cuales no es posible alcanzar la

gobernabilidad democrática: (Camou, Antonio: p. 51-55).

a) Garantía del orden público

En este punto la gobernabilidad presume una reconocida capacidad del

gobierno para mantener o restaurar de una manera rápida el orden público,

hacer cumplir la ley y acatar las políticas gubernamentales. De tal forma, las

exigencias de una gobernabilidad democrática exigen buscar un equilibrio

entre eficacia gubernamental y control ciudadano.

b) La redefinición del esquema de relaciones entre Estado, mercado y

sociedad civil

El mantenimiento de ordenadas condiciones de gobernabilidad depende en

gran medida del alto grado de capacidad del gobierno para sacar adelante

una gestión económica eficaz y una satisfactoria promoción del bienestar

social. Desde esta óptica, parece presentarse dos desafíos cruciales para la

gobernabilidad democrática: la lucha contra la pobreza y la vinculación con

una ciudadanía cada vez más desigual en sus demandas y aspiraciones.


147

c) Fortalecimiento de las instituciones del liderazgo político

El transcurrir de la eficacia y legitimado de las decisiones políticas, en las

sociedades democráticas modernas, solicita del equilibrio y fortalecimiento

de las instituciones de liderazgo, tanto en el nivel legislativo, como en el

ejecutivo y judicial.

d) Revigorización de los partidos políticos

Esta revigorización tiene que partir desde los partidos políticos los cuales

reflejen los intereses y necesidades de las grandes fuerzas sociales y

grupos de la sociedad y, por otro, ser en gran medida independientes de los

intereses particulares, para tener la solvencia de proponer alternativas a los

problemas sociales; además de una diversificación de sus fuentes de

financiamiento.

e) Refuncionalización de los mecanismos de representación

En este punto es importante subrayar la necesidad de conformar diversas

opciones partidarias sólidas, evitando la dispersión electoral, y mayorías

legislativas consistentes, que superen los peligros de una excesiva

fragmentación.

El establecimiento de una nueva cultura política que llegue a grandes franjas de la

sociedad y lleve a la búsqueda de los consentimientos, será la forma de actuar

políticamente que conlleve a un sistema democrático. En este método se parte del

supuesto de que nadie tiene la verdad absoluta y mediante la voluntad de diálogo

se trata de llegar a pactos que contengan a los diversos sectores de la sociedad.


148

Esta práctica es fundamental para la gobernabilidad, aunque ésta no sólo puede

perderse por motivo de enfrentamientos políticos, sino además por la violencia y la

impunidad que existe en el entramado social. Este tipo de violencia puede

fracturar los poderes legítimamente establecidos, los cuales existen por legalidad

y legitimidad; en pocas palabras, los poderes formados por el voto popular bajo

reglas elaboradas democráticamente.

De tal manera que la gobernabilidad democrática se sustenta en una cultura

política que coadyuve al proceso de las demandas del sistema político por medio

de las instituciones establecidas en un lado, y por el otro a que el proceso de

legitimación de las acciones de gobierno, se sostenga en el acatamiento de los

actos de autoridad, de las reglas del juego, es decir, del cumplimiento del Estado

de derecho.

La nueva cultura de la gobernabilidad democrática "aparecería definida por un

grupo de ideas y valores competentes para establecer los límites, las

mediaciones, las posibilidades y los intercambios entre el gobierno, el mercado y

la sociedad civil en un mundo globalizado" (Camou, Antonio: p. 55).

De acuerdo con esta visión los principios de esta nueva cultura se sustentarían en:

1) El compromiso estatal con la regulación de los mercados, la promoción del

bienestar y el contralor público.

2) Los contextos de la aldea global, que marcarían la introducción de los

gobiernos en el sistema mundial que establece una nueva forma de

relaciones, de posibilidades, pero también de graves limitaciones entre el

Estado, el mercado y la sociedad.

3) Responsabilidad ciudadana. Este aspecto supone, por un lado, que las


149

crecientes demandas y presiones sobre el gobierno democrático asuman

también la naturaleza de las limitaciones de los recursos gubernamentales

(tanto humanos y organizacionales como fiscales) y de la autoridad

pública; pero implica también una actitud de moderación en el tenor de

esas demandas, así como también en las perspectivas de hacer del

diálogo y la negociación un medio de intercambio privilegiado.

4) Integración de valores. Este aspecto busca alentar una palpable

aproximación en la consideración de los diversos valores, ideologías,

perspectivas políticas, que en los tiempos actuales no podrán ser

sustentados de manera unilateral ni excluyente.

En este apartado se buscaría llegar a acuerdos, consensos, que reduzcan el

riesgo de posiciones irreductibles, que no facilitarían la solución de los conflictos

emanados de las diferentes concepciones políticas.

En esa forma, es necesario rescatar los valores morales de la gobernabilidad:

(Arbós, Xavier: p. 103-105).

• La dignidad de la persona humana

• La solidaridad social

• La conciencia ecologista y demográfica

• La condena de todas las formas de violencia

Estos principios morales de gobernabilidad se centran dentro de la necesidad de

crear acuerdos entre los diferentes actores políticos, permitiendo con ello fomentar

la cultura democrática en los ciudadanos, lo cual apoyará a humanizar de alguna

forma las decisiones políticas y tendrá un efecto positivo en la sociedad.


150

Los escenarios para gobernar la democracia se basan en la construcción de

acuerdos que consientan persuadir sobre la alternativa más factible para la

solución de los problemas, en la equidad para garantizar una postura incluyente

de otros grupos en la agenda de gobierno y en autoridades confiables que puedan

atender de manera eficaz las demandas sociales. De esta forma la democracia

refiere a un conjunto de normas fundamentales que marcan quién está autorizado

a tomar decisiones, bajo que procedimientos y en qué condiciones, lo cual está

asociado a la legitimidad del gobierno y a los arreglos institucionales del régimen

político.

La gobernabilidad democrática poseerá su indicador en el funcionamiento de los

servicios públicos (calidad y eficiencia), en el grado de comunidad que hay en un

país como son los valores, identidades, costumbres, responsabilidades

compartidas; en la aprobación del Estado, en la obediencia a la autoridad y en la

eficacia de la burocracia. Estos aspectos ayudan a visualizar el desarrollo del

gobierno y la actuación de los gobernantes, de tal forma que cumplan con sus

responsabilidades y al mismo tiempo otorgan a la sociedad la forma de medir el

ejercicio de gobierno.

De tal manera que "la gobernabilidad de una sociedad depende de la capacidad

de la maquinaria gubernamental -autoridades políticas y burocracias- para

producir y ejecutar las decisiones políticas con que se pretende hacer frente a las

demandas y problemas de los gobernados" (Schmidt, Samuel: México, p. 75).

Finalmente, la gobernabilidad democrática se basa en permitir la entrada a los

espacios públicos, en la colaboración de la sociedad en los asuntos públicos, es

decir, en un proceso abierto, flexible que consienta la introducción de todos los

actores políticos y sociales en las decisiones, mediante métodos y procedimientos

democráticos garantizando la pluralidad de ideas, percepciones, ideologías, para

poder lograr un consenso que redunde en el beneficio social.


151

3.3 Contribución en la Gobernabilidad

Ante la eminente merma de efectividad de los mecanismos acostumbrados de

participación y representación en las democracias actuales, se ha redelineado el

espacio público no sólo como aquél en el cual actúa el Estado, sino como ése en

el cual los diferentes actores de la sociedad interactúan alrededor de temas de

interés colectivo.

Consiguientemente, asimismo se han investigado nuevas formas de colaboración

para los actores sociales en el espacio público, no en reemplazo de las existentes

instituciones representativas, sino como su complemento y contrapeso.

Escritores como Locke arguyen que la propiedad privada es la cual da inicio a los

principales conflictos entre individuos y esto es lo que crea la necesidad de

acuerdos para mejorar la convivencia social, es decir, lo que da comienzo al

Estado mismo. Una de sus grandes aportaciones es que el Estado se conforma

por una sociedad civil, una sociedad política por naturaleza, es aquí donde

hallamos otro punto importante en el proceso de construcción de ciudadanía; esto

es una sociedad política, una sociedad interesada en las dificultades públicas

propias y además interesarse en la solución de los problemas y sobre todo en qué

medida se resuelven.

En la vida privada se demanda resguardar los bienes más preciados o sea la vida

del individuo y su propiedad privada. En lo público, se pretende recobrar su

derecho a participar en los aspectos sociales y en la importancia que tiene el

patrimonio público, en donde se reclama que lo público es de todos y para todos,

alejándose de una visión meramente gubernamental (León y Ramírez: 2006, p.

172).


152

Para la gobernabilidad democrática es trascendental contar con ciudadanos con

pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones el cual les permita

incorporarse al desarrollo, instrumentación y evaluación de políticas públicas y, no

solamente como ciudadanos que votan. Sin en cambio, aún contamos en México

con una ciudadanía joven. El Estado aún representa a individuos que se dicen

ciudadanos, aunque quedaron solamente en la función de votante activo y no

precisamente conocedores de sus derechos y obligaciones, sean sociales o

políticos.

Es importante recalcar en este punto una acotación. Aunque a lo largo del

desarrollo de la investigación se han empleado indistintamente los términos

participación social y participación ciudadana, es provechoso esclarecer algunos

elementos. Como bien señalan Giacamán y Faudez: (Giacamán y Faudez: 2003,

p. 6)

Si por participación se entiende al proceso de intervención de la sociedad civil en

las decisiones y acciones que los afectan directamente a ellos y su entorno; y por

ciudadanía, la reivindicación de un sujeto de derechos y responsabilidades frente

a un determinado poder, la intervención ciudadana incumbe a la movilización de

estos intereses de la sociedad civil en actividades públicas. En el contorno de

acción al interior del Estado. La participación ciudadana se refiere esencialmente

al papel que juega la sociedad civil en cuanto partícipe y usuario de las decisiones

y gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas. Esta

participación se puede observar esencialmente como: a) Expresión e integración

de las peticiones ciudadanas en la consecución de un interés general; b) Aliciente

para una gestión pública eficaz; c) Mecanismo de control ciudadano y d)

Mecanismo para la satisfacción de necesidades básicas.


153

De lo anterior se desprende la importancia de la participación de la sociedad civil

en los asuntos públicos. Sin en cambio, la sociedad participa dependiendo de

numerosas condicionantes. Resulta fundamental resaltar algunas de las causas

inherentes a las propias organizaciones mexicanas y de las cuales depende su

capacidad de participación en el ámbito público.

Cabe dar a conocer algunas consideraciones en correlación con la capacidad de

las organizaciones sociales según Catherine Agg (Agg: 2006, p. 12), las cuales

facilitan o dificultan la tarea de éstas en la incidencia de políticas públicas:

• Los proyectos de las organizaciones sociales en su mayoría alcanzan a los

pobres, pero es poca la existencia de evidencia de que siempre lleguen a

los más pobres. Intrínsecamente cuentan con más éxito que los servicios

gubernamentales.

• Existen diferencias entre estas organizaciones para coordinarse entre sí y

con los servicios gubernamentales.

• Su capacidad técnica es mayor en sectores donde han alcanzado

experiencia, poseyendo mejor capacidad para la innovación,

experimentación y flexibilidad en la adaptación de proyectos, pero tienen

menos éxito en intervenciones más complejas como el desarrollo rural

integral.

• Una de las mayores inquietudes para confiar en la provisión de servicios es

el no contar con un amplio cuadro de acción en áreas como la salud y la

educación, en las cuales el gobierno puede desarrollar políticas generales y

claras.


154

• Participan en la disminución de la pobreza en proyectos como agua, salud y

educación, pero no la reducen significativamente.

• hay poca evidencia en las cuales las organizaciones sociales provean mejor

calidad de servicio que el Estado, cabiendo determinar quién tiene mayores

recursos financieros.

• Finalmente, existe poca certeza que las organizaciones sociales tienen

mayores costos efecto que el Estado.

3.4 Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México

El nacimiento de organizaciones sociales en los últimos 25 años se ha venido

dado de manera exponencial y en consecuencia en el cambio democrático es

innegable. Existen diversos datos que puntualizan el crecimiento de las

organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México. No obstante, su

automatización resulta complicada por la naturaleza volátil del sector. En ciertas

ocasiones trata de organizaciones informales que inician con un fin específico y al

terminarlo desaparecen o se recomponen parcial o totalmente. Pero la principal

dificultad ha sido la falta de una definición de las organizaciones civiles que sea

inédita y aplicable en todos los casos. Sin en cambio, los cálculos llevadas a cabo

en México, principalmente por el Instituto Nacional de Desarrollo Social

(INDESOL) y el Centro de Documentación e Información sobre Organizaciones

Civiles (CEDIOC) de la Universidad Autónoma Metropolitana, concuerdan en

precisarlas como aquéllas que no son entidades gubernamentales, no tiene fines

de lucro, no lleva a cabo proselitismo político o religioso pero sí buscan objetivos

de común interés (Calvillo/Favela: 2004, pp.74-75).


155

Indistintamente ha simbolizado un reto establecer con cierta precisión los ciclos de

vida de las organizaciones, puesto que resulta complicado precisar el momento

justo de su nacimiento y disolución. Algunas ubican su nacimiento respecto a un

suceso en particular (catástrofes naturales, periodos electorales, movimientos

sociales, entre otros), otros se basan para establecer su inicio con la fecha en la

cual obtuvieron algún registro legal.

De acuerdo a la base de datos de la CEDIOC, en su Directorio Nacional se

encuentran registradas aproximadamente 70,000 organizaciones sociales en

México. De este total, 32,778 están activas y de ellas sólo el 55% están

constituidas: 49% se encuentran registradas bajo la figura de Asociación Civil

(A.C.); 4% con la figura de Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.); y 2% como

Sociedad Civil (S.C.). Estas cifras coinciden con los reportados por el INDESOL, el

cual señala la existencia de aproximadamente 18 mil OSC constituidas

legalmente, cuyos perímetros de acción abarcan: derechos humanos, desarrollo

comunitario, ecología, educación o salud, entre otros. A pesar de estos datos

actualmente sólo se encuentran 3,706 organizaciones dadas de alta en el Registro

Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil del INDESOL.

De acuerdo con datos del INDESOL el 78% de las OSC existentes se

constituyeron a partir de la década de los ochenta, siendo su principal interés el

tema de la “Ecología”, mismas que tuvieron mayor crecimiento. Tomando en

consideración que algunas cuentan con dos o más ramas simultáneas de acción,

el punto más recurrente sigue siendo “Desarrollo Comunitario”, al cual se aboca el

71%, seguido de temas como “Salud” y “Educación”, con 50 y 49 por ciento

respectivamente (INDESOL, 2005, s/p.).

Como podemos corroborar, el papel de las organizaciones recae en dar respuesta

a las necesidades de la población en condiciones de pobreza, sobre todo en

aquellos espacios donde la presencia del Estado no ha sido suficiente. La


156

tendencia va dirigida hacia el incremento de organizaciones; primero las

orientadas al campo del fortalecimiento de capacidades y, segundo, aquéllas en el

ámbito de la información. Una oferta importante de servicios de las OSC va

dirigida a brindar capacitación y herramientas técnicas, permitiendo con ello

atender el rezago social y encarar las necesidades de la sociedad. De igual

manera encontramos el ámbito de la comunicación relacionado con la importancia

de la difusión de información y la aplicación de nuevas tecnologías.

El considerarse complicado el clasificarlas, es oportuno considerar hacer un

ejercicio para poder conocer las principales fortalezas, debilidades y retos según

su tamaño, objetivos y recursos. Un primer acercamiento a este estudio permitirá

proponer soluciones fortaleciendo con ello una estrecha relación entre gobierno y

sociedad civil.

Hay diversas tipificaciones de las organizaciones, de las cuales se pueden

diferencia por el tipo de actividad o tema que tratan, el sector de gobierno con el

cual se relacionan, su tamaño, entre otros más.

En un primer grupo se describe a las de nueva constitución, las cuales

comprenden un tiempo de nacimiento no mayor a cinco años. Estas

organizaciones se ubican en inicios de procesos de organización interna y

mecanismos de incidencia. Otro grupo se presenta en aquéllas cuya antigüedad

se comprende entre cinco y diez años, las cuales presentan cierta importancia de

consolidación interna e influencia en las decisiones sobre sus respectivos temas;

finalmente, un tercer grupo representa a las cuales tienes una edad mayo a los

diez años o redes, siendo estas las de mayor profesionalización y con indicadores

de acción diversos e incidencias en programas e inclusive en políticas públicas.

Las organizaciones nacientes (menos de cinco años de existencia). Aunque con

excepciones, se encuentran normalmente formadas por la decisión de individuos


157

con deseos de incidir sobre un tema en particular o darle solución a una demanda

específica. Generalmente son organizaciones pequeñas que pueden contar con

una figura jurídica propia, hasta pueden tener en muchos casos procesos

contables, administrativos y un grado de profesionalización incipientes. En cuanto

respecta de sus aspectos temáticos, su colaboración dentro de las políticas

públicas es muy limitada. Por lo general no cuentan con una agenda de trabajo a

nivel nacional, sus temas y alcances se describen a aspectos muy específicos del

nivel local o regional.

Las organizaciones en trascurso de consolidación tienen una edad mayor de cinco

y hasta diez años. Éstas mismas han conseguido cierto nivel de consolidación,

teniendo cierta experiencia en la forma de participar en la atención de demandas o

de sus propuestas dentro de los diversos círculos del gobierno. Además, tienen la

capacidad para formar redes, alianzas y generar en su interior algunas áreas

organizativas o directivas, que si bien son mínimas tienden a profesionalizarse.

Tienen cierta visión estratégica de su organización y se abocan principalmente a

trabajar los temas clave de la vida política y social del país.

Organizaciones o redes consolidadas (más de diez años). Su crecimiento muestra

una tendencia muy clara hacia la consolidación estructural-administrativa y en

relación con los temas que tratan. Cuentan con un plan estratégico, una visión a

largo plazo y temas específicos para incidir en las agendas de políticas públicas.

En términos administrativos, sus fuentes de financiamiento son muy claras, lo cual

les permite planear sus gastos y formar profesionales al interior.

Estas constituyen parte de importantes redes tanto a nivel nacional como

internacional y son consideradas como interlocutores válidos para el gobierno, por

lo cual se les da un valor alto de representatividad.


158

A decir de Calvillo y Favela (Calvillo/Favela, 2004, pp.79-80), entre 1998 y 2000, el

número de OSC se incrementó en un 25%, pero este número no personifica un

proceso lineal; al contrario, se puede mencionar que es el resultado de sumas y

restas en las cuales muchas organizaciones aparecen, pero así también muchas

más desaparecen en el corto plazo. Las cifras indican que durante ese periodo, se

registraron 19,869 en México, pero sólo una mitad (aproximadamente 10,805) se

sostuvieron en operación. Son muy pocas las que permanecieron; este carácter

volátil se explica, porque el surgimiento de estas tiene como motivo cuestiones y

problemáticas coyunturales. Es precisamente esta característica una de las

principales debilidades del sector, puesto que eso le impide mantener consistencia

en sus acciones, reduce significativamente su capacidad de planeación en el

mediano y largo plazo, por otra parte merma su posibilidad de incidir

estratégicamente en el espacio público.

Por otro lado las OSC además se caracterizan por su amplia maleabilidad y

capacidad de adaptación. Conforme van acomodándose a las coyunturas y

condiciones sociales, culturales y geográficas, desarrollan la habilidad de adquirir

nuevos nombres, dirigencias, objetivos o cobertura geográfica, pero conservan en

esencia las mismas estructuras y bases de la organización original. Esta

flexibilidad es, por lo tanto, una de sus mayores fortalezas, ya que les permite

movilizar y desmovilizar con facilidad sus recursos materiales y humanos para

adaptarse a la coyuntura externa.

Cabe señalar, en México el mayor número surge en el Distrito Federal, en donde

se encuentran registradas más del 26% de ellas, seguido por los estados de

Coahuila, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, estas entidades federativas

en conjunto arrojan un porcentaje del 22% de las organizaciones; el restante se

encuentra disperso en otros estados de la República Mexicana (Calvillo/Favela,

2004, p. 87).


159

Correspondientes al mes de julio de 2005, los datos del Registro Federal de las

Organizaciones de la Sociedad Civil del INDESOL exponen una tendencia aún

mayor en la concentración de organizaciones en el Distrito Federal, reuniendo sólo

esta entidad el 38.76% de los registros, atrás de esta se encuentra Baja California

con el 5.33%, Coahuila con el 4.52% y Oaxaca con el 4.45 por ciento (Indesol,

2005, s/p). Esta dispersión en las solicitudes de inscripción al registro se puede

explicar por la naturaleza del objetivo mismo que, en general, se llevan a cabo con

mayor énfasis en el Distrito Federal. De esta forma se deja ver un problema

adicional afectando el incremento de la participación de las OSC en los espacios

públicos: el centralismo.

Por otro lado, México tiene un marco legal frágil y ello impide la construcción de

una ciudadanía fuerte. A decir de Luis Carlos Ugalde (Ugalde: 2005, pp. 123-124),

63% de los mexicanos tienen la firme idea que las leyes del país benefician sólo a

algunos cuantos, mientras tanto cerca del 40% opina que las leyes solamente se

usan para aplicarlas en defensa de intereses de la gente con poder. Esto se

vislumbra en una calificación de 4.78 sobre 10, calificación que dan mexicanos al

Estado en su capacidad para hacer cumplir la ley. Si extrapolamos este escenario

a los criterios legales que incitan la participación ciudadana, ya sea en la

planeación participativa de los planes de gobierno, la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental o la Ley de Fomento a las

Actividades Realizadas por las OSC, por citar algunas, podemos observar que la

aplicación real de este marco normativo es aún incipiente. Muchas organizaciones

no se acogen a la norma, puesto que no les reditúe algún beneficio al hacerlo.

Por tal motivo, tan sólo no se necesita caminar hacia la formación de un verdadero

federalismo de la gestión pública, también es necesario que se formen los marcos

normativos, que ayude al fomento de las organizaciones homogéneas a todo lo

largo del país, además de establecer los alicientes para la cooperación entre el

gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, así como las situaciones para


160

contar con una sociedad civil consiente de sus derechos y obligaciones, pero

también exijan su cumplimiento.

Existe una tendencia en México entre los ciudadanos a tener en mente, que el

país está gobernado solo para el beneficio de intereses poderosos y no para todo

el pueblo. Los números del Latinobarómetro 2004 son claras: el 75% de los

entrevistados cree que al país lo gobiernan unos cuantos intereses poderosos

para su propio beneficio; 37% opina que no hay un trato igualitario por el tan solo

hecho de ser pobre (Latinobarómetro, 2004, pp.17-36).

Ante este panorama, el marco normativo a implementarse en México tiene que

hacer veraz el principio de igualdad ante la ley, entre las OSC. Yendo en líneas

paralelas, se debe dar fin a toda política privilegiadora de relaciones

interpersonales sin partir del principio de igualdad de oportunidades, ni tomar en

cuenta formas transparentes y equitativas para acceder a los beneficios, dando

oportunidades reales sólo a algunos. En otras palabras, en el marco y en la

prácticas normativas, deben democratizarse, así con ello evitar la concentración

de poder en unas cuantas organizaciones, algo que pasa ya sea por omisión o

porque están hechos para atender sólo aquellos que ostentan mayor visibilidad, a

las que poseen relaciones personales con los funcionarios, o las que operan

mayores cantidades de recursos económicos. Como asegura Martha Lagos:

(Lagos: 2005, p. 26), “las primeras que necesitan democratización son las élites”;

en México, la sociedad civil también se ha “elitizado”.

Hoy en día en México subsisten diferencias muy marcadas entre las OSC en todo

el país, las cuales no emergen únicamente de sus distintas capacidades

organizativas, sino además por el grado de recursos financieros e información a

los cuales tienen arribo. Por lo cual, una labor fundamental del gobierno federal

recae en darle difusión a las leyes existentes mismas que favorecen las

actividades de las OSC, así como buscar la homologación de estos criterios con


161

las legislaciones, instituciones y prácticas en las entidades federativas para

impedir las diferencias producidas por la ubicación geográfica de las

organizaciones y por la aplicación discrecional de la normatividad. Las leyes e

instrumentos deben estar diseñados para atender a esta diversidad de

organizaciones, no sólo a las que ya cuentan con las capacidades señaladas y

que se ubican, por lo general, en las regiones metropolitanas o de alta politización.

El simple hecho de poder reconocer que la administración pública mexicana

necesita cambios en su organización burocrática vertical tradicional y en sus

formas de operación, se debe en gran medida a que el desarrollo actual de la

sociedad ha rebasado a diferentes instituciones gubernamentales, ya que su

actuación y resultados no han sido del todo idóneas a la vista de la sociedad. Esta

verdad demanda a la administración gubernamental que trascienda de su etapa

burocrática tradicional a otra etapa de corresponsabilidad eminentemente pública

en la cual la participación ciudadana se agregue efectiva y activamente,

haciéndose necesaria en la gestión pública gubernamental (Ballesteros, 2006, p.

261).

3.5 La Participación de la Ciudadanía en México

En el marco de los espacios públicos y privados, nace del espacio ciudadano

como un espacio para todos y de todos. Siendo el espacio ciudadano cada vez

más grande.

El espacio ciudadano se puede mencionar que es aquel donde confluye lo propio

individual, con lo propio de la comunidad, los dos coincidentes en lo fundamental,

compartir lo individual libremente con los demás.


162

Se considera que el hombre libre, el ciudadano de hoy, comparte su propio

espacio con todos aquellos que comparten sus intereses, valores, gustos aficiones

e inclusive hasta sus vicios.

Las organizaciones de la sociedad civil en su mayoría se encuentran conformadas

por individuos los cuales interactúan con un fin común, el desarrollar actividades

comunes, en las que comparten libremente sus espacios, haciendo de éstos el

espacio común de todos.

Es considerable tener en cuenta, no siempre necesariamente el pertenecer a una

organización de la sociedad civil implica colaborar en perseguir sus objetivos, no

necesariamente es participe de ese “fin común”, lo puede considerar como sólo un

trabajo, o coloquialmente no “se pondrá la camiseta”.

La independencia del ciudadano en su ejercicio, ha llegado a desgajar hábitos y

prejuicios las cuales en otras épocas hubieran sido impensables, subiendo otros

niveles de libertad inéditos y en ocasiones poco razonables, dando cabida también

a transgresiones al derecho de los demás, y a los cuadros normativos públicos y

privados, como lo menciona Ballesteros, todo ello permitido o tolerado en nombre

de las libertades ciudadanas.

En el desarrollo de individuos y de comunidades la participación ciudadana

constituye una piedra angular. Para llevar a cabo su análisis se han hecho

diferentes asociaciones teórico conceptuales, mismas, aunque parten de premisas

y concepciones diferentes de la realidad social, concuerdan en relacionar a la

participación social y/o ciudadana con la democracia, el poder y el gobierno.

Como menciona Sanabria (Sanabria, 2004, p. 4), los anarquistas pensaban una

sociedad, en la cual las propuestas individuales alcanzaran una alta legitimidad y

autenticidad; en la cual la autodecisión y el autocontrol presidieran las relaciones


163

sociales, de trabajo y de convivencia, evitando cualquier tipo de poder

gubernamental, la cual pudiera devenir en centro de explotación y represión. El

marxismo, por su parte, al exponer la necesidad de la propiedad social sobre los

medios de producción, justificó la participación de todos los ciudadanos en el

desarrollo social. La participación acontece de la conquista del poder para los

menos favorecidos e imprima la necesidad de compartirlo entre todos con suma

igualdad de derechos y acciones.

¿Cuál es la relación entre participación ciudadana y poder en las democracias?

Arntein (Arnstein, 1996, p. 42), presenta una definición sustantiva, al señalar, la

redistribución del poder es la pre-condicionante para maximizar la democracia, y

que los intereses de la ciudadanía de deben incorporar dentro de las estructuras

políticas. Dos argumentos apuntalan la racionalidad para la participación: 1) se

menciona a los efectos benéficos sobre el ciudadano y 2) a la influencia positiva

en el aparato administrativo.

El primero básicamente se apoya en la participación como una persuasión para

desarrollar las capacidades humanas dando pie a una vida buena y virtuosa,

produciendo efectos educativos y dando un mayor valor al establecimiento de

arreglos de participación institucional, puesto que estos son fundamentos muy

importantes para alcanzar la libertad.

Diversos pensadores como Etzione (Etzione, 2003, s/p.), han destacado la

importancia de la intervención de la sociedad civil para frenar la erosión del tejido

social y como forma para poder sostener valores morales, desarrollar altruismo,

reducir el crimen e incrementar la seguridad pública. El segundo punto lleva a

cabo la forma en la cual las estructuras administrativas componen la participación

y buscan ordenamientos satisfactorios a los intereses de una comunidad

determinada.


164

Arnstein (Arnstein, 1996, p. 54), menciona que la participación ciudadana se da de

acuerdo el grado de participación de la sociedad en asuntos relevantes que

afectan sus vidas de forma significativa, estableciendo los niveles de participación

siguientes:

• manipulación, cuando se utiliza a la gente para apoyar un proyecto;

• terapia, cuando únicamente se da información a los ciudadanos;

• consulta, para justificar decisiones;

• asociaciones público-privadas, cuando el poder es negociado;

• delegación de poder, cuando los ciudadanos obtienen el poder de decisión

sobre las autoridades en un programa o plan particular;

• control ciudadano, nivel de poder que permite a los ciudadanos controlar las

decisiones sobre el gobierno.

Indistintamente establece los métodos de participación siguientes:

• La no participación: ciudadanos que no cuentan con ningún poder de

decisión.

• Tokenismo: participación simbólica a nivel de ideas u opiniones, mismas

que no son tomadas en cuenta necesariamente.

• Poder ciudadano: los ciudadanos se encuentran en un completo control de

los proyectos, contando con el poder suficiente para decidir.

Al tomar en cuenta estas formas de participación, se debe de suponer, en México,

aún no contamos con los conductos que guíen a la sociedad civil a ejercer un

control ciudadano, debido a su limitada participación en: a aspectos de consulta,

manipulación, información y a veces de diálogo. En escasas ocasiones la

participación de los ciudadanos ejerce control sobre sus proyectos o influyen sobre

las políticas públicas.


165

Por su parte, Jordi Borja (Borja, 2001, p. 16), menciona que la participación

ciudadana es un concepto con diversas ambigüedades, por tal razón no es fácil

dar respuesta a preguntas elementales como: ¿Quién y cuándo tiene que

participar? ¿En qué hay que participar? ¿Hay materias que parecen más

participativas que otras?

No hay argumentos de gran envergadura para descartar la participación

ciudadana, pero sí es necesario destacar sus diferentes particularidades cuando

se trata de procesos normativos: de gestión de servicios, de control de funciones

ejercidas por un agente público o privado, o de elaboración y ejecución de

proyectos o programas.

En nuestro país la participación ha sido más usual en las políticas públicas de tipo

social, cultural, educativo, de ocio y recreo. Pese a ello, algunas materias más

“novedosas” han requerido instituir conveniencias de participación para garantizar

la eficacia de la acción pública, como la protección del medio ambiente, la

prevención en materia de seguridad ciudadana o el control del funcionamiento de

servicios públicos privatizados o concertados.

No había ciudadanos en el siglo XVIII y XIX en México hasta la Constitución de

1917, cuando se reconoce este derecho inalienable de un Estado democrático.

De acuerdo a lo anterior los individuos eran considerados como súbditos del

Estado, en la cual no contaban con forma alguna de participación en la vida

política. De ahí se desprende la necesidad de fortalecer el proceso de

construcción en la relación gobierno y sociedad civil para la creación de

ciudadanos comprometidos con su país.

En este proceso de construcción es importante recalcar los resultados alcanzados

en materia de fortalecimiento del Estado mexicano, en este sentido se toman en


166

cuenta los pesos y contrapesos, establecidos en la transición a la democracia y el

equilibrio de poderes en los tres grandes círculos de lo político, lo económico y lo

social, sin en cambio es primordial reconsiderar que el patrimonio público es de

todos y para todos y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a sus

ciudadanos una vida segura sin atentar a lo que suponemos es propiedad de

todos, los bienes públicos y menos aún los bienes privados (Magallón: 2000, p.

47).

Cada día a la ciudadanía le interesan cada vez más los problemas

gubernamentales, en la formación de la agenda de gobierno y en la elaboración,

acción e incidencia de políticas públicas. Lo anterior puede ser de mucha ayuda

para el Estado, puesto que la sociedad traza soluciones a los problemas públicos

a los que se encuentra directamente involucrada de manera diaria mucho más allá

que los servidores públicos.

De acuerdo a León y Ramírez esta participación ciudadana se da sobre todo en

individuos con un gran nivel de conciencia en los problemas propios o bien que se

presentan en su comunidad, tomando en cuenta la diferencia de aquellos que sólo

actúan en tiempos electorales. Los países que han logrado constituir la

participación social han visto en estos más que a un antagónico a un aliado en la

solución de sus problemáticas nacionales. Al examinar diferentes formas de

actuar, de pensar y de ver los problemas, se enriquece la visión plural de las

comunidades donde se desenvuelven las políticas públicas, con la finalidad de

encontrar mejores resultados a problemas comunes. Es así como la política

pública según Peters alcanza su riqueza, precisamente en la visión de pluralidad

(León y Ramírez, 2006, p.176-177).

De acuerdo a Aguilar Villanueva (Aguilar, 1997, p. 49), la centralidad del

ciudadano en el asunto de creación de políticas públicas, tiende a marcar un paso

de mayor envergadura, es decir, si es estimado como el principal actor y


167

beneficiario de la toma de decisiones gubernamentales, la administración pública

concebida como estructura de gobierno; deberá dar respuesta a la demanda de un

público ciudadano.

La participación social se ha ido incrementando poco a poco, en contra parte la

acción social determina otro tipo de movimientos que ayuda a la sociedad civil

organizada a una mayor introducción en la construcción de políticas públicas. Por

ello la importancia de la participación se convierta en acción social e incidencia.

Al hablar de acción, presumimos una forma directa de llevar a cabo los supuestos

que se pretenden alcanzar a través de planes, programas y proyectos que en un

inicio son planteados por el gobierno y que no cuentan con el sentido de

corresponsabilidad que los sustente. La noción de política pública trata de integrar

los disensos para un mejor diseño, ejecución y evaluación de dichas políticas para

alcanzar mejores resultados. Es por medio del desarrollo de las políticas públicas

por lo cual podemos encontrar un punto de equilibrio entre gobernantes y

gobernados (León, 2006, p.180-182).

Hoy en día, en un contexto mexicano, aún no se tiene una ciudadanía fuerte y

estable, provocando con ello la exclusión de muchos sectores de la sociedad,

marginándolos de lo que hasta el momento hemos denominado como

participación ciudadana.

Desde la mirada de María Isabel Blanco, se puede describir que la sociedad civil

sigue una "política de la influencia, es decir, de presión indirecta sobre el sistema

político, que se ejecuta apelando a la crítica, a la movilización y al convencimiento"

(Olvera citado en Cohen y Arato: 1992, p. 9). Los movimientos sociales, las

asociaciones civiles, los grupos informales y los individuos influyentes en la

opinión pública, esencialmente tratan de buscar su reconocimiento, es decir, la

aceptación pública y la eventual institucionalización de sus demandas (Olvera,


168

1999, p. 343); en especial las organizaciones cívicas y los movimientos

prodemocráticos, de los cuales sus objetivos y acciones se toman en cuanta como

de interés público. Uno de sus objetivos es incidir en las políticas públicas, por

medio de propuestas y de reuniones de discusión con grupos y redes de

organizaciones, sobre temas concretos de programas de política social. La

sociedad civil exige participar en el debate público sobre propuestas de programas

sociales y apertura de espacios institucionales.

Las tentativas de las organizaciones sociales por intervenir en las políticas

gubernamentales no son nuevas. Años atrás estos intentos se han hecho más

sistemáticos. Las operaciones de protesta forman una parte importante de la vida

de las organizaciones civiles en México y en América Latina. En los ochenta se

constituyeron las grandes coordinadoras (Hernández, 1990, s/p.), y frentes

sectoriales (CNPA campesino, CONAMUP urbano-popular, CNTE maestros,

COSINA sindical, entre otros más), de corte clasista. Que se desenvuelven

principalmente como gestoras de demandas reivindicativas (Ramírez citado en

Blanco: 2001, p. 8).

Estas batallas de los sectores populares centrales en su inicio, fueron perdiendo

eficacia política y simbólica en la mitad de los ochenta, especialmente en los

noventa (Olvera, 2001, p. 44). Por lo cual, una parte de la molestia social se

encauzó hacia la arena electoral, con grandes movilizaciones en torno a los

partidos de oposición. Otra parte de las organizaciones no se une a esta fase

política partidaria y decide mantener autonomía del Estado y de los partidos. Un

grupo de organizaciones se mueven en el marco de los derechos humanos y

políticos; esto dotó de identidad al movimiento ciudadano y los coloco como

actores, no neutrales pero sí imparciales, comprometidos con la democracia

(Gómez: 2000, p. 59).


169

Olvera califica a estos movimientos sociales como pro-democráticos (Olvera,

2001, p. 44). En los noventa la nueva forma de participación se centra en la

formación de redes: temáticas, nacionales, de organizaciones pluriclasistas e

intersectoriales.

Como por ejemplo se puede citar a la Red Nacional de Organismos de Derechos

Humanos: Todos los derechos para Todos, Convergencia de Organismos Civiles

por la Democracia, Movimiento Ciudadano por la Democracia, Acuerdo Nacional

por la Democracia y Alianza Cívica entre otros más.

Hay organizaciones participantes de redes, las cuales hacen hincapié en la

búsqueda de una mayor participación en las decisiones sobre políticas sociales,

por medio de la elaboración de propuestas alternativas (Bautista citado por

Blanco: 2001, p. 105), procurando contribuir al bienestar social, combatiendo a la

pobreza o, comprometidas con el desarrollo social justo y equitativo.

En la alternancia política del 2000, María Isabel Blanco recalcó la importancia de

examinar la contribución de estas organizaciones, de acuerdo a las acciones en

los últimos años tales como: la vigilancia electoral, la lucha por el respeto al voto,

la capacitación o la información y concienciación de grupos rurales y urbanos en

diferentes regiones del país.

En la coyuntura electoral, explica, varias organizaciones se propusieron discutir

con el objetivo de "edificar consensos en base a problemas y oportunidades de la

relación sociedad civil-gobierno en diversos contextos políticos, para aportar una

agenda común nacional y diferenciada de las Organizaciones Civiles hacia el

2000" (Foro Nacional: México, 10 y 11 de septiembre de 1999), entendido como

año electoral. Se llevó a cabo un trabajo para formular agendas ciudadanas, con

ello comprometer a los candidatos en los aspectos sociales, económicos y

políticos de la transición democrática.


170

Desde la coyuntura electoral hasta nuestros días han existido diferencias en el

seno de las organizaciones civiles de acuerdo a la posición que debían asumir

frente a la candidatura y posterior administración presidencial. Mientras unos

ponderan las oportunidades que se abrieron en la alternancia y que hay que saber

aprovechar, otros recalcan las amenazas que se deben enfrentar. Dentro de la

discusión, un grupo significativo de miembros de organizaciones y redes están de

acuerdo en considerarlo como oportunidades (Bautista: 2001, pp.110-111):

• La posibilidad de mejorar en la lucha contra la corrupción.

• Que el escenario resultaba propicio para la incidencia y la interlocución de

las organizaciones civiles.

• Que había posibilidades para nuevos liderazgos de la sociedad civil y para

que ésta se fortaleciera como actor público.

• Abrir la puerta de espacios de participación en el nuevo gobierno.

Por otro lado, señalaron como “amenazas”:

• Que existía peligro de “derechización” y radicalización de ciertos grupos.

• El riesgo de continuismo, principalmente en lo económico y en lo social.

• Posibilidades de ingobernabilidad, resultado de la polarización social,

conflictos entre los partidos y dentro del gobierno.

• El no aprovechamiento del espacio por parte de la sociedad, que se

polarizara y se fraccionara.

• Que se diera Caudillismo presidencial.

• Que hubiera Cierre de espacios y apropiación de la sociedad civil (nuevo

corporativismo de Estado).

• Parálisis en el congreso, producto de la polarización de intereses.

• Crisis de la izquierda como proyecto alternativo.


171

En los posteriores años se observó la incorporación de un número importante de

cuadros de organizaciones a las instituciones federales y a las instituciones de los

gobiernos estatales. Este “vaciamiento de las organizaciones de la sociedad civil"

(Núñez, Carlos: 17 de Marzo 2001); presenta un debilitamiento de las

organizaciones que les impide ser un contrapeso. Pero en esta coyuntura el

fenómeno adquiere dimensiones colectivas.

Ramírez Sáiz menciona que el traspaso de dirigentes de organizaciones al

gobierno repercute significativamente en la afirmación autónoma y en el avance de

la sociedad civil ante la sociedad política (Ramírez: 2001, p. 20).

Las diversas problemáticas motivaron a llevar a cabo reuniones de los miembros

de organizaciones y de redes para discutir las "fuerzas, debilidades y retos que

implica la salida de varios participantes de estos organismos" (Valencia citado por

María Isabel Blanco: 2001, s/p.). Los grupos de transición de las áreas social y

política citaron a las organizaciones de la sociedad civil a un diálogo para crear

conjuntamente la agenda concerniente al fortalecimiento institucional de estas

organizaciones.

El total de organizaciones que respondieron a ese llamado fue de 400. Las cuales

se integraron en veinte mesas de trabajo. Se estableció una Secretaría Técnica a

cargo del Centro Mexicano para la Filantropía con el apoyo de la fundación Ford

para facilitar el diálogo. Entre todos actuaron para lograr un documento final de

trabajo, según comenta Blanco.

Entre otras propuestas destacaron:

• Crear un marco legal para su reconocimiento y regulación: la "Ley de

Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones

Civiles".


172

La ley en comento fue creada y puesta a consideración por las mismas

organizaciones resultado de ocho años de trabajo; se presentó a la Cámara

de Diputados paras su discernimiento aprobación y se ha caído la

propuesta en dos ocasiones después de estar a punto de ser aprobada.

Esta ley contempla el reconocimiento como entidades de interés público de

las asociaciones de ciudadanos que trabajan en favor de terceros, y acopia

derechos y obligaciones, procedimientos simplificados y transparentes, un

registro nacional y una autoridad responsable de su ejecución.

• Instituir fondos y mecanismos financieros que apuntalen iniciativas de

bienestar social y desarrollo de las organizaciones.

• Plantear mecanismos e instrumentos para la colaboración de las

organizaciones de la sociedad civil en la política pública. Existen

mecanismos pero son insuficientes y se encuentran sujetos a la

discrecionalidad de los funcionarios públicos y legisladores.

• Apoyo a la comunicación social en los temas de democracia y sociedad

civil.

• Incentivar la educación cívica y la participación ciudadana (cambio en

cultura sobre relaciones gobierno-sociedad, del paternalismo a

corresponsabilidad).

Tan sólo el hecho de reunirse para discutir el cómo se podría apuntalar la

participación de las organizaciones de la sociedad civil desde el gobierno,

establece un procedente notable, por más faltas que puedan referírsele a dicho

ordenamiento. Que estas organizaciones hayan aclarado en qué áreas les


173

interesaba participar y el cómo podrían intervenir; que hayan conocido e

identificado otras organizaciones con objetivos similares o diferentes pero muchas

veces complementarios; el haber logrado propuestas discutidas y consensuadas

por sectores y por temáticas, forma un avance y un reto para ambas partes. Para

el gobierno, ¿resultó una consulta sin trascendencia? Y para las organizaciones,

¿realmente pudieron aprovechar la puerta que se abrió para incidir en las

decisiones de las políticas públicas?

En México la participación social se ha concretado a ciertas áreas y algunos

temas.

No sólo está delimitada por la legislación, sino además por la decisión de los

funcionarios en turno en los diferentes niveles de gobierno que, de manera

independiente, precisan cuáles deben ser los temas abiertos a ésta.

Otra de las preguntas centrales recae en ¿cómo se participa? La respuesta es

indispensablemente desde donde se edifica la relación entre la sociedad civil y el

gobierno en México, ya que la participación conjetura que la primera cuenta con el

conocimiento suficiente, comprensible y en oportunidad para encontrarse en las

mejores condiciones de formar una opinión.

De igual forma, la participación necesita la construcción de espacios públicos de

deliberación, a través de los cuales se formen puntos de vista colectivos. En un

sistema político como el mexicano, en el cual durante siete décadas la presencia

de este tipo de espacios fue poca y frecuentemente proscrita, es necesario

concentrar esfuerzos desde el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil

para establecer acuerdos sobre el principio de confianza mutua. Absolutamente en

la medida en que exista tal confianza se podrán mantener abiertos los canales de

comunicación dentro de una sociedad acostumbrada a las suspicacias de antaño.


174

Otra condicionante para una participación efectiva, es que en las etapas decisivas

del diálogo intercedan interlocutores con capacidad de toma de decisiones por

ambas partes. Esto es, la colaboración será efectiva si da pie a la negociación

entre los actores representativos que expongan posiciones claras, tengan la

autoridad, legitimidad y el suficiente respaldo para concretar los acuerdos y poner

en práctica los acuerdos adoptados, no quedando estos en al aire. ¿Cuál es

entonces el papel de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno en la

definición de esta relación?

Antes de la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las

Organizaciones de la Sociedad Civil, era dificultoso localizar en las normas y

procedimientos de la administración pública alguna referencia explícita a las OSC.

Tal y como lo afirma Sergio García (García: 2005, p. 121), inclusive en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sector social es

determinado como aquel integrado por sindicatos, grupos campesinos y

beneficiarios de los programas de gobierno, sin contener el concepto de sociedad

civil como entidad social y política. No es de asombrar, entonces, que la

formulación de las políticas públicas se desarrolle a partir de decisiones

personales de los funcionarios.

El Artículo 13 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las

OSC, menciona: dependencias y entidades podrán fomentar actividades de las

organizaciones de la sociedad civil mediante alguna o varias de las acciones

siguientes:

1. Otorgamiento de apoyos y estímulos.

2. Fomento de colaboración de las organizaciones en los órganos,

instrumentos y mecanismos de consulta que establezcan la normatividad


175

correspondiente para la planeación, ejecución y seguimiento de políticas

públicas.

3. Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y

apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignación

presupuestal.

4. Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus

actividades.

5. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que

las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan

con las obligaciones que la ley establece.

6. Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las

organizaciones en el desarrollo de sus actividades.

7. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a

efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de

esta ley.

8. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia.

La ley acopia las primordiales acciones y medidas que venían realizando las

dependencias y entidades de la administración pública federal. Con todo, al

proyectarlas en un orden legal de manera explícita, sienta las bases para

institucionalizar estas prácticas y minimiza el grado de discrecionalidad en su

aplicación.


176

No obstante, la colaboración ciudadana sucede una vez tomada las decisiones de

gestión pública y por medio de formas no institucionalizadas, entre las cuales

sobresalen las mesas de diálogo, que totalmente finalizan por tomar la forma de

“terapia” o “tokenismo”. A este punto se aborda cada vez que sale algún conflicto

social limitado a lo local, terminando cuando se llega a algún acuerdo con los

grupos movilizados en torno a problemas de límites de tierras, demandas

campesinas, obreras, indígenas, revisión de casos de violación de derechos

humanos, entre otros más (García: 2005, p. 121).

Otro elemento empleado se refieren a las consultas ciudadanas que, por lo

general, no llegan a la profundidad de los temas consultados, teniendo como

resultado un alcance mínimo en términos de poblaciones consultadas y temas

cubiertos. Por tal existe la apreciación de que tales medios son sólo mecanismos

para legitimar decisiones ya tomadas, sin ser efectivos foros de inserción y

discusión previa a la formulación de tales políticas. Tales acontecimientos

descritos dan origen a importantes críticas hacia los instrumentos de planeación,

los planes de desarrollo y los programas sectoriales.

3.6 La Construcción de una Relación

En México el rol de la sociedad civil ha ido transformándose al igual que las

modalidades de relación dada con el gobierno: iniciando con las impuestas por

gobiernos autoritarios, mismos que vieron a la sociedad civil como un perfil de

lucha con intereses contrapuestos; cruzando por las de aquellos quienes la

imaginan como un instrumento para la legitimación y aplicación de planes y

políticas diseñados por vías no consensuales; hasta las particularidades que la

observan como a un aliado para enfrentar problemas y encontrar soluciones

dentro del marco de la gobernabilidad democrática.


177

Este cambio de las relaciones concibe la posibilidad de pensar que poco a poco se

irá arraigando la tendencia a verla de forma diferente, una en la cual el diálogo con

los ciudadanos y la participación social no es un simple ejercicio de apertura

democrática gubernamental, sino una práctica diaria e indispensable para la

gobernabilidad. Paso a paso, la sociedad civil mexicana ha encontrado nuevos

vías y formas para incidir en la toma de decisiones, encauzar diferentes intereses

y obtener cada día mayor preminencia en el proceso de las decisiones públicas.

Concebida como una variedad de grupos con significados y objetivos diferentes —

y no como un todo genérico—, la sociedad civil mexicana ha obtenido un nuevo

espacio en su composición, sus campos y mecanismos de actuación.

Esta proyección es resultado de sus propias conquistas, de los cambios

implicados en el proceso mismo de democratización y cambio político.

La aplicación en México de concepciones como gobernabilidad democrática y

participación ciudadana, son importantes para un mayor juego democrático y una

mayor participación de la sociedad civil. Cabe determinar, en el caso mexicano es

más frecuente cada día el emplee el término gobernabilidad como sinónimo de

condiciones adecuadas para el desarrollo; es decir, como la existencia de armonía

y equilibrio entre los sectores para propiciar un clima favorable. Si bien este juicio

refleja el concepto básico de equilibrio, se inicia de una premisa que le resta

legitimidad. Esto es, el discurso que ocupa al gobierno como el principal garante

de la gobernabilidad y tiende a constreñir el papel de la sociedad civil.

Recurrentemente en las instancias gubernamentales, aún cuando se hace

hincapié a la idea de gobernabilidad, ésta no toma en cuenta a las organizaciones

de la sociedad civil en el ejercicio de gobierno.


178

Tomemos en cuenta, porque ello incurre directamente en las relaciones entre

gobierno y sociedad, que el sector de la sociedad civil y el gubernamental son

heterogéneos.

En la sociedad civil se deja ver una alta desintegración y división, en el gobierno

se observa un retroceso en relación a la visión política de participación social en

diversas áreas del aparato administrativo.

No obstante, los servidores públicos —cual sea su ámbito de actuación— se

encuentran sujetos a normas y leyes, conservan una actitud personal al proceder

con las organizaciones. Asimismo, las políticas de correspondencia con las

organizaciones difieren esencialmente en los niveles federal, estatal y municipal,

esto por las características particulares de cada normatividad y de los propios

funcionarios que las aplican.

Por otra parte, la sociedad civil es diversa y sus enfoques respecto al gobierno

varían. En el espectro hallamos desde organizaciones cuyos pensamientos son

coincidentes a las gubernamentales, hasta aquellas con perspectivas

abiertamente contestatarias al gobierno. Entre estos puntos se encuentra la más

diversa combinación. Igualmente importante es el punto de que el grado de

cohesión entre ellas es altamente variable.

Estos aspectos en particular llevan a que las relaciones entre ambos sean

distintas y tengan desiguales alcances. Por una parte, en algunos sectores

gubernamentales existen prácticas establecidas para apoyar a las OSC con

recursos, asistencia técnica, capacitación o consultorías, inclusive con

lineamientos, políticas y programas, o bien a través de la institucionalización de

canales para el trato. También hay sectores en los cuales la relación está todavía

muy poco desarrollada, y en los cuales la participación de las organizaciones —

cuando existe— ha sido reducida a la consulta de temas muy concretos. De esta


179

forma, disminuyen las oportunidades para mantener su presencia en espacios de

interlocución y que desde el gobierno se tengan espacios de diálogo para

establecer proyectos y líneas de colaboración entre ambas partes.

Es importante subrayar, en los últimos años las políticas adoptadas por el

gobierno referente a la sociedad civil han demostrado una mejor pluralidad e

inclusión. Los cambios a la normatividad en la materia, principalmente a nivel

federal, así como también a nivel estatal, manifiestan avances en el

reconocimiento de la importancia de la participación social para crear políticas

públicas legítimas.

Sin la menor duda el gobierno se ha abierto y jugado un papel fundamental en la

inclusión y fomento de las organizaciones en asuntos públicos, por ello debe

destacarse en temas importantes como género, derechos humanos o medio

ambiente, en la cual esta inserción ha ayudado a fortalecer las políticas

gubernamentales. Sin en cambio, en ciertas áreas al interior del gobierno federal,

estatal y municipal, permanece un espíritu autoritario y corporativista, o al menos

de cooptación hacia las organizaciones y los líderes de movimientos sociales. El

marco legal y los avances son insuficientes.

Un gran número de funcionarios públicos continúan viendo a la sociedad civil

como legitimadora de las políticas gubernamentales o, en su defecto, como una

fuente de conflicto al instante de ponerlas en marcha. La gobernabilidad sigue

asumiéndose como asunto del gobierno, por lo tanto se necesita cambiar el marco

legal y permitir un ciclo evolutivo para el desarrollo de las organizaciones en

diferentes estadios, así como crear un concepto de gobernabilidad que lleve a la

corresponsabilidad y provoque mayor subsidiariedad.

Se debe de contemplar la presencia de desconfianza por parte de los funcionarios

hacia los grupos organizados con diferente ideología partidista; ya sea porque los


180

sitúan como partícipes de cualquier otro partido o porque temen aún más a las

organizaciones independientes. A este fenómeno Ramírez Sáiz lo llama

"ciudadanos bajo sospecha" (Ramírez, 1999, s/p.).

Los organismos de la sociedad civil, afirma Blanco, deben superar su recelo hacia

los funcionarios gubernamentales, notando, la pluralidad y características de cada

uno, con ello poder establecer relaciones puntuales de colaboración y respeto

mutuo.

Ahora bien, simplemente el problema no es si las organizaciones civiles colaboran

o no con tal o cual gobierno de cualquier partido, sino cómo se instrumentan

mecanismos de colaboración social en el diseño, ejecución y evaluación de las

políticas públicas que trasciendan no importa qué partido esté en el poder, ni qué

personas integren el gobierno. El problema es más complicado, según percibe

Blanco: la intervención ciudadana en las políticas de Estado, en las acciones

públicas que trascienden a los periodos gubernamentales y que son

esencialmente de largo plazo.

En este marco, el desafío para la sociedad civil es participar en la definición de

políticas públicas, incidiendo en las instancias de discusión pública con el

gobierno, con ello poder impulsar los programas que den alternativas de salida a

las problemáticas definidas colectivamente. Así lograrían recibir impulso las

organizaciones dedicadas no sólo a realizar acciones de asistencia sino además

de capacitación, producción, o prestación de servicios diversos.

Una tarea pendiente, es conseguir el vínculo entre organizaciones similares o

realicen acciones complementarias, para romper con el aislamiento. Esto permite

fortificar los tejidos sociales, o en otras palabras, el capital social necesario para

enfrentar los problemas del desarrollo. En esta dinámica se observa una tendencia


181

hacia la integración de redes, que a su vez se interrelacionan con otras redes y

crean una pluralidad poco a poco mayor que converge en determinados acuerdos.

La estrategia a emprender al parecer se perfila, en algunas organizaciones civiles,

a establecerse entre la resistencia y la participación en trabajos con el nuevo

gobierno, causando la articulación de agendas y de propuestas ciudadanas que

fortifiquen la capacidad de incidencia en las políticas públicas, en los planes de

gobierno y en los presupuestos (Bautista: 2001, p. 111).

De acuerdo con Bautista, además de la profesionalización se ve necesaria la

revisión del caudillismo, del centralismo, la escasa institucionalización y la

democratización en la toma de decisiones que se observa en buena parte de las

organizaciones civiles. Estos temas debieran formar parte importante de las

agendas internas de estos organismos. Atender las deficiencias internas de las

organizaciones civiles y aprovechar la capacidad instalada en ellas para renovarse

y aprender de las experiencias propias y de los demás, será una tarea central.

Los retos encaminados hacia una gobernabilidad democrática no dependen solo

de lo gubernamental sino además de lado de las organizaciones sociales. El

afianzamiento de un capital social necesita de la participación de todos los actores

en busca de una nueva gobernabilidad democrática. En México, esto se traduciría

en destrozar las desconfianzas mutuas, los ideologismos y el aislacionismo tanto

del gobierno como de las organizaciones ciudadanas.

Es necesario un cambio de pensamientos, además de la innovación del marco

normativo, la creación de herramientas novedosas y el fomento del principio de

subsidiariedad. De lo contrario, las políticas que provoquen el desarrollo de la

sociedad civil seguirán coexistiendo con prácticas corporativistas, propiciando

retrocesos en vez de avances en la relación gobierno-sociedad civil.


182

Por lo correspondiente a las organizaciones, es necesario que revisen sus

estrategias ya que su aumento en el escenario nacional se ha basado en

presiones y crisis más que resultado de acciones planificadas. Deben incrementar

mayores capacidades y organización al interior y al exterior; es decir, capacitación

y profesionalismo por un lado, y afianzar o crear redes que les permitan influir de

manera determinante en la agenda y formulación de políticas.

3.6.1 Relación Futura entre Gobiernos y Sociedad Civil

Según Preciado Coronado existen tres puntos que influyen contundentemente en

la viabilidad de un pacto social consensuado: cohesión de la clase política,

confianza y autoconfianza en las políticas públicas emanadas del gobierno y la

capacidad de acción y de reproducción de iniciativas por parte de la sociedad civil.

De esto se desprende tres consecuencias: el sistema de partidos como instancia

mediadora entre sociedad y gobierno; la capacidad reguladora del Estado frente a

los intereses individuales y corporativos –que se ha observado deteriorado por el

discurso avasallador del pensamiento único y del Estado mínimo-, y la capacidad

de influencia de las formas de autorregulación social sobre el Estado y el gobierno.

La relación futura entre el gobierno y la sociedad civil debe aprisionar las

experiencias vividas en diversos entornos, mejorar el camino en el cual predomine

el diálogo, la información, la capacitación y, sobre todo, la responsabilidad

compartida y cooperación mutua.

Aguilar (Aguilar, 2003, p. 78), menciona: para mejorar la relación debe cumplirse

con tres tareas prioritarias, mismas que podríamos diseñar como escenarios

futuros para el progreso de un enfoque trascendental:


183

1. Promover la reforma del Estado entendida como la construcción del

andamio de normas y procedimientos necesarios para beneficiar la

cooperación entre los actores políticos y los poderes públicos, para el

desarrollo de acuerdos incluyentes y para garantizar la participación

social/ciudadana en la formulación de las políticas públicas y en los

procesos de prestación de servicios públicos.

2. Ahondarse en los procesos de construcción de ciudadanía, trabajar en aras

de la construcción de una idea compuesta de ciudadanía, no reducida a la

solamente ser electores, sino ser titular de derechos políticos, económicos,

sociales, culturales y ambientales (de tercera generación), pero además de

deberes públicos precisos: ser disciplinado de las leyes, con sentido del

interés público o bien común (sobre todo estar comprometido con la

seguridad y viabilidad de la República), opinador-deliberador público,

ciudadano dispuesto a participar en la ejecución de políticas públicas.

3. Incentivar los valores y las prácticas de la cultura democrática, con el fin de

transitar de una democracia meramente electoral y representativa (con

frecuencia de ciudadanos pasivos) a particularidades más participativas y

deliberativas de democracia, entendiendo que los valores de la democracia

son parte consiente de la propia dignidad y de la propia libertad.

Es necesario trabajar en la formación de esta relación en diversos aspectos, de

forma conjunta entre ambas partes, desarrollando nuevas herramientas las cuales

permitan poner en acción acuerdos y consensos, beneficiando un concepto de

gobernabilidad más amplio, en el cual todos participen como agentes actuantes y

no sólo espectadores.


184

3.6.2 Rendición de Cuentas

La palabra accountability (rendición de cuentas) se relaciona directamente con

organizaciones racionales. Max Weber (Hilhorst, 2003, p. 126), lo describía como

“[…] la estructuración burocrática del mundo occidental en la cual las

responsabilidades y autoridades se encuentran claramente definidas y ordenadas,

así como las prácticas y decisiones reflejadas en documentos escritos”.

Estos documentos tienen que ser públicos para que la rendición de cuentas sea

puesta en práctica. Por ello mismo, dentro de una organización como tal se da una

rendición de cuentas racional (en inglés rational accountability), asentados en la

imagen de que este ejercicio produce transparencia. Tal propósito consiste en

maximizar la confianza para minimizar la desconfianza.

El poder finalmente es delegado del poder popular a un agente (gobernante)

electo, el cual debería de tener el deber de informar al pueblo de los trabajos

encomendadas a él (ella) por medio de la rendición de cuentas. Esta rendición

habría de ser sistémica, así el gobernado pueda decidir sobre la conveniencia o no

de refrendar o en su caso sancionar a los servidores públicos.

La rendición de cuentas es una concepción global que admite clasificaciones de

acuerdo a varios criterios, uno de ellos es el sugerido por Guillermo O´Donnell, el

cual divide la rendición de cuentas en horizontal y vertical. La horizontal se refiere

a la presencia de agencias estatales con autoridad legal para emprender

operaciones que parten desde la supervisión rutinaria hasta sanciones penales y

desafuero en correspondencia con actos u omisiones ilegales de otros agentes del

Estado. En cambio, la rendición de cuentas vertical menciona una relación entre

desiguales, en la cual un superior jerárquico trata de controlar a sus subordinados,


185

o bien, la rendición de cuentas electoral en donde los votantes juzgan y vigilan a

los representantes.

A diferencia de la rendición de cuentas horizontal, en donde la fiscalización tiene

sanciones penales o administrativas, la rendición de cuentas vertical sólo, en

primera instancia cuenta con sanciones morales o simbólicas, no existen multas

económicas ni encarcelamientos. Las organizaciones sociales y los medios de

comunicación son los actores que exhiben a los servidores públicos que han

faltado a sus funciones. Asimismo, la rendición de cuentas horizontal y vertical son

complementarias para la acción de rendir cuentas de gobernantes y gobernados.

Es importante recalcar los señalamientos de la rendición de cuentas en México, a

pesar de no ser un concepto nuevo, en nuestro país, este término había sido

excluido por los gobiernos del viejo régimen, sin en cambio, con la transición

suscitada en el año 2000 se abrieron nuevos mecanismos e instrumentos, los

cuales permitieron a la ciudadanía exigir datos concretos de las políticas aplicadas

por sus gobernantes.

Este punto en cuestión y su aplicación son de constante debate entre los

integrantes y observadores de las OSC, así como al interior del gobierno. Hoy en

día, el gobierno mexicano ha desarrollado instrumentos, los cuales permiten una

mayor rendición de cuentas. Con la creación del Instituto Federal de Acceso a la

Información Pública Gubernamental se ha permitido establecer parámetros que

permiten dar a conocer a la opinión pública las acciones gubernamentales y la

utilización de recursos públicos. Sin en cambio, concerniente a la transparencia de

las acciones desarrolladas por el gobierno para o conjuntamente con las OSC, aún

no hay informes precisos que permitan a la sociedad tener conocimiento de lo que

se está haciendo en diversos ámbitos.


186

En lo que concierne a la rendición de cuentas de las organizaciones de la

sociedad civil, Hilhorst (Hilhorst: 2003, p. 125), menciona que al tomarlas en

cuenta como organizaciones intermediarias proveedoras de ayuda a personas

pobres y marginadas, tienen que rendir cuentas por la calidad y el impacto de su

trabajo en diversas áreas.

En la realidad, solamente rinden cuentas a sus donadores y/o patrocinadores, lo

cual se transforma en un problema de falta de transparencia, ya que muchas no

informan a la sociedad sobre la utilización de recursos cuando éstos son de

carácter público.

Así, la transparencia es observada como un punto de mayor discusión detrás del

funcionamiento adecuado dentro de las OSC, por lo cual se requiere la

implementación de herramientas que les permitan ser percibidas como más

transparentes en cuestión de las actividades llevadas a cabo con los fondos que

reciben. Las organizaciones mexicanas muestran aún importantes deficiencias en

sus mecanismos de rendición de cuentas. Es difícil, en la actualidad, conocer su

información contable, financiera, programas de trabajo, informes de resultados,

constitución y cambio de sus órganos directivos, entre otros datos.

En la actualidad el marco legal obliga a las organizaciones a rendir cuentas sólo

sobre recursos públicos recibidos para llevar a cabo sus proyectos. Sin lugar a

duda ello significa un avance hacia la transparencia que, además, limita las

tendencias —aún existentes— de conceder recursos públicos de manera

discrecional y para fines poco claros, pero no es suficiente. El marco legal también

deberá seguirse construyendo hasta que obligue al seguimiento y evaluación del

impacto de los recursos públicos aplicados por OSC, así como de los recursos

que, en general, manejen las organizaciones que actúan a nombre de la sociedad

civil. Deben, en todo caso, rendir cuentas no únicamente sobre las acciones ya

realizadas, sino también sobre sus planes de acción y las actividades que estén


187

llevando a cabo al momento de informar. Más aún, se debe estudiar

cuidadosamente la tendencia que tienen muchas OSC para buscar un trato

preferencial en materia legal en el cual persiguen quedar exentas de toda

obligación fiscal o laboral. Como lo señala Ackerman: (Ackerman, 2005, p. 43)

Hay múltiples razones por las cuales una OSC podría rendir cuentas y hay que

analizarlas todas ellas. Aparte del hecho de que estas sean obligadas a hacerlo

por medio de la presión de un financiador, una OSC también puede rendir cuentas

necesariamente para equilibrar el poder ejercido por este financiador, para

endurecer su legitimidad o, en su caso, por el mero compromiso con los valores

democráticos.

La rendición de cuentas debería ser inherente al ejercicio del poder y obligación

primordial del gobernante, pero además supone una sociedad debe de ser más

participativa rebasando lo electoral e interesarse en los procesos públicos y

vigilante de los excesos del poder, no obstante, un gobierno democrático requiere,

de igual manera la rendición de cuentas de los actores sociales, que son voces de

la sociedad. Transparencia, rendición de cuentas, corresponsabilidad, son los

nuevos retos dentro de la transición democrática, y será esencial analizar el cómo

de su inserción en el acontecer cotidiano de la política mexicana.

Hay un déficit muy significativo tanto para el gobierno como para la sociedad en

materia de conocimientos sobre planeación estratégica. No existe, a nivel de

gobierno, un programa estratégico para las gestiones con las OSC, así mismo

estas tampoco cuentan con herramientas para planear sus acciones estratégicas

con el gobierno y quizá tampoco con otros actores.

Es innegable que la relación ha estado determinada por un crecimiento sin

planeación, acata más a una acción y la respuesta de uno u otro que a la visión

planificada de un programa de acciones. Se necesita más de nuevas fórmulas que


188

consientan tener claridad sobre una misión, visión, estrategia, iniciativas y

objetivos que lleven a la relación a un corto, mediano y largo plazo.

Múltiples deficiencias son atribuidas a ambos sectores, entre las cuales se puede

determinar como principal la falta de mecanismos que fomenten la calidad en su

interior, mismas que deben enfocarse hacia la obtención de resultados,

satisfacción social, desarrollo de alianzas, aprendizaje, innovación y mejora

continua, desarrollo e implicación de las personas, gestión por procesos y hechos,

liderazgo y coherencia en los objetivos. Por ello es necesario crear al interior de

ambos espacios los mecanismos de excelencia permisibles para mejorar sus

resultados hacia la sociedad y para el desarrollo.

3.6.3 Responsabilidad Social

Teniendo en cuenta la atomización del sector de las organizaciones sociales y su

naturaleza heterogénea, hay que mencionar en una primera instancia, aunque las

grandes OSC dispongan de abundantes recursos, no todas se encuentran en la

misma situación; en segunda instancia, a pesar de esta situación cuentan con una

fortaleza, es decir, la capacidad de unirse en coaliciones y redes para multiplicar

su impacto.

Esta forma de visualizar a las OSC refiere esencialmente a la experiencia de que

en el largo plazo los resultados obtenidos de las organizaciones mejoran si

mantienen relaciones no oportunistas con diversos grupos de interés que

concurren en sus actividades.

Empero, en el marco gubernamental mexicano el concepto de responsabilidad

social aún no se diluye en las estructuras. Para lograrlo resulta necesario,

establecer normas y estándares de responsabilidad social y desarrollar


189

mecanismos interinstitucionales que optimicen el impacto de los programas y sus

resultados con relación a las organizaciones y al desarrollo de indicadores.

3.6.4 Notificado

Las organizaciones de la sociedad civil han ido en aumento en los últimos años

considerablemente, notándose avances en la atención/relación gubernamental,

particularmente por medio de la puesta en marcha de diversas políticas públicas

orientadas a ello. No obstante, aún podemos considerar, la relación gobierno-

sociedad civil en México, se encuentra en un proceso de maduración en el cual

ambas partes tienen carencias inherentes tanto a sí mismas, como a la

construcción de confianza y trabajo común.

Al interior de las OSC su organización es de gran diversidad. Se observa, por una

parte, las que se encuentran plenamente consolidadas tanto en materia legal,

administrativa, contable y financiera, como en sus mecanismos de negociación y

maximización de sus impactos. Por otro lado, vemos a las que no se han

constituido legalmente, no cuentan con estructuras contables o administrativas y

cuyos mecanismos de negociación y experiencia son incipientes. En un punto

intermedio de estos extremos se encuentran miles de proceso de construcción de

identidades heterogéneas y formas de trabajo muy diversas. Al interior de las

organizaciones se necesita desarrollar, entre otras, capacidades de planeación

estratégica y administrativas, e integrar mecanismos novedosos de calidad,

transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el sistema gubernamental requiere desarrollar y en su caso

consolidar sus marcos normativos y sus estructuras administrativas para incluir la

colaboración de la sociedad civil en el entorno de las políticas públicas y en su

quehacer cotidiano.


190

Ciertamente por la existencia de resistencias a incluir dicha participación, se

requiere incluir mecanismos institucionales, para que ésta deje de ser producto de

las decisiones de los funcionarios públicos específicos. Es ineludible crear una

visión estratégica de la relación en el corto, mediano y largo plazo tomando en

cuenta la heterogeneidad temática, ideológica, regional y organizacional del

sector.

El Estado requiere garantizar el reconocimiento de los derechos de todos los

grupos sociales para poder legitimarse, para ello, la necesidad del fortalecimiento

de la administración pública, deberá fortalecer en una primera instancia, la relación

democrática entre gobierno y ciudadano, y crear la plataforma idónea para

alcanzar el mejoramiento de las condiciones de la participación de su sociedad

civil. Estos trabajos no son exclusivos del Estado y las organizaciones de la

sociedad civil también deben ser parte de la construcción del diálogo, arrancando

de sus capacidades y sin perder su autonomía como interlocutores.


191

CAPITULO CUARTO. LA SOCIEDAD EN LA LEGITIMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO

En el círculo social. Desde lo político se reconoce la crisis de la democracia

institucional y la falta de gobernabilidad buscando alternativas de participación

ciudadana para la recuperación de la legitimidad política. En este marco, la crisis

del Estado mexicano consiente legitimar la participación de las organizaciones

sociales y civiles en la toma de decisiones políticas a su vez que alumbra sobre

las tareas pendientes.

Desde los setentas, salieron a la luz nuevos actores sociales entre ellos:

organizaciones asociativas, comités vecinales, colonos y diversas organizaciones

sociales y civiles autónomas, independientes y sobre todo interesadas en el

desarrollo social, urbano y democrático de México. Su intervención en la toma de

decisiones múltiples en espacios de coparticipación pública simboliza el reto más

grande para el desarrollo democrático del país.

4.1. La Política (Prácticas y Cultura) y Organización Gubernamental 4.1.1. Las Incoherencias del Estado: Teoría y Práctica

Para poder comprender el sistema político mexicano, se necesita distinguir la

diferencia entre la teoría de la práctica. Por una lado, en la teoría, la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos de forma general constituye un régimen

de tipo presidencial con división de los poderes. Se elige al presidente de la

República Mexicana para un periodo de seis años, mediante el sufragio universal y

no puede ser relegido. Este mismo nombra a su gabinete de estado, los cuales

son directamente responsables ante él y los puede manejar a su conveniencia. Del

lado del poder legislativo, se conforma el congreso por dos cámaras: la Cámara de

Diputados (500 miembros), los cuales son elegidos para ejercer el cargo durante


192

tres años por sufragio universal, y el Senado el cual se compone de dos miembros

por cada entidad federativa. Cada uno de los estados se encuentra dirigido por un

gobernador elegido por seis años, y dispone igualmente de una Cámara de

Diputados. Una organización perfecta plasmada en la Constitución. Por otro lado,

en la práctica es otra realidad, ya que se tuvo una vida política mexicana

dominada de 1929 hasta el 2000 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),

con el poder concentrado únicamente en manos del único jefe supremo de la

Nación (el presidente), y una estructura integradora y reguladora de los distintos

sectores sociales. Posteriormente, a partir del año 2000 y hasta últimas fechas

2011, la presidencia se encuentra en manos y se dirige hacia el Partido Acción

Nacional (PAN). Es visible la inexistencia de contra-poder durante más de 70

años, lo cual favoreció el nepotismo, las colusiones de intereses, el clientelismo, el

tráfico de influencia y la corrupción en general.

La elección de los artículos constitucionales (6, 7, 25, 26, 39, 41, 49, 73, 83 y 123)

tanto en materia de derechos individuales y ciudadanos como colectivos y

sociales, consiente indagar algunas inconformidades de exigibilidad y

justiciabilidad concreta, histórico-pragmática del siglo XX y principios del siglo XXI

en México. Además proporciona y provee de prácticas Estatales de cierta

característica y funcionalidad del sistema de gobierno en México.

Ciertos artículos al parecer significativos para confrontar y situar algunas

contradicciones con los sucesos históricos. Aunque esta tarea no consienta

determinar o sistematizar con exactitud al Estado mexicano, al parecer formar

parte de un trabajo preliminar, puesto que permite asentar ciertos tipos de

prácticas políticas al interior del mismo Estado, o entre este último y los diferentes

entes o sujetos colectivos que forman parte del circulo de la vida o de la vida

política alterna (partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes,

prensa, entre otros) y por extensión la esfera social. Los tipos de prácticas

políticas hacen una caracterización o identificación del Estado Mexicano


193

esencialmente en dos periodos históricas: la correspondiente a la revolución a la

década de los 70, puntualizada por un sistema político rígido y un marco de

oportunidades muy limitada y controlada, a un periodo contemporánea de frágil

acercamiento democrático, cuyas características posrevolucionarios siguen muy

arraigados, y en la cual la transición de las líneas de acción Estatal se dirigieron

hacia una dominación de tipo burocrático-autoritario.

La libertad de expresión, de prensa; las elecciones democráticas y la posibilidad

de alternancia política, así como la soberanía del pueblo, fueron sin lugar alguno

expresión que no tuvieron lugar en la historia posrevolucionaria de México. Otros

aspectos como las garantías sociales y económicas y la división de los poderes,

fueron manejados por el corporativismo y el presidencialismo centrándose el poder

en manos del ejecutivo federal. Durante décadas, la Constitución permitió la

estabilidad política y social pero carece el respeto a sus principios más esenciales.

La flexibilidad constitucional, es decir la forma de poder complementar o cambiar

los artículos, consintió responder a las necesidades sociales coyunturales y

mantener la estabilidad política sin solucionar los problemas de fondo. La situación

se confrontó con la teoría y el carácter del sistema político mexicano fue más

sobresaliente el gobierno autoritario que el de un sistema democrático.

En contraposición con los principios constitucionales, la historia política de México

fue la de un régimen muy único: la democracia de partido hegemónico. De 1928 a

1999 todos los presidentes emanaron del PRI. Este último, buscaba conciliar todas

las tendencias al mismo tiempo, presentándose como partido político democrático.

Una hegemonía que se conservó gracias al corporativismo, el clientelismo, la

corrupción y el fraude electoral durante más de 70 años. El mandato presidencial

no era renovable (Artículo 83 constitucional), sin embargo el presidente electo le

elegía a su próximo candidato, o sea el futuro presidente, y dejando a este último

o varios bajo la sombra del antiguo presidente como en el caso del “Jefe Máximo

de la Revolución”, Plutarco Elías Calles, quien mantuvo su influencia durante los


194

tres sexenios del PNR (Partido Nacional Revolucionario. Fue el primer partido

posrevolucionario en el poder). La táctica política marchaba muy bien. Se trataba

del famoso “dedazo”: el presidente en turno indicaba a su sucesor con su índice

potente. Este hábito colonial era de una maquiavélica eficacia ya que por esta

forma de elegir aseguraba la continuidad del sistema, simulando una impresión de

cambio: el presidente entrante era más joven, representaba la figura del cambio y

se identificaba con las nuevas generaciones. En realidad, era un heredero fiel y

sometido que tenía que garantizar el mantenimiento de una llamada “dictadura

perfecta”.

De acuerdo a la expresión del escritor Mario Vargas Llosa durante un debate

televisivo en 1990. "Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no

de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible".

El presidencialismo o la concentración del poder en el ejecutivo, y el

corporativismo, establecieron dos de las particulares más importantes del sistema

político mexicano. La división de los poderes que establece la Constitución en su

artículo 49 y el imperio de la ley, se vieron opacados por el poder arbitrario del

presidente. Este último, centraba su legitimidad no sólo en la Constitución, ya que

era titular del poder Ejecutivo, sino además en un sistema electoral de sufragio

universal legitimador, y a partir del período cardenista en el famoso “dedazo”.

Como bien lo demuestra Pablo González Casanova (González Casanova, Pablo:

México, 1965), de 1929 a 1964 la división de poderes fue un principio olvidado por

completo en el juego democrático que proponía la Constitución.

La proporción de votos de los partidos de oposición ilumina la evidente maquinaria

fraudulenta del sistema electoral durante más de 50 años, la inexistencia de un

sistema de partidos políticos y, en respuesta, de un poder legislativo capaz de

personificar intereses en oposición al ejecutivo. Los sindicatos y uniones de

trabajadores que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, en realidad jamás


195

tuvieron una intervención directa en los asuntos políticos. Más aún, el artículo 123

constitucional, sobre el derecho de asociación, su puesta en aplicación fueron muy

pocas en la primera mitad del siglo XX, y siempre estando dentro de un control

Estatal estratégico de organizaciones incorporadas y dependientes del poder

ejecutivo. Dicho sistema es conocido como el corporativismo.

El sistema corporativo, por medio de la estructura partidaria, fungió como una

fórmula institucional, la cual permitió el control de la participación social, inhibiendo

el progreso de las organizaciones y de las prácticas políticas independientes y

autónomas. Los diversos sectores incorporados consentían la legitimación del

régimen por medio de una amplia base social. Este mismo sistema, además

permitió el control político de la esfera social, de las demandas y la acción

colectiva durante varias décadas. Sin en cambio, para el ámbito social, fue una

forma establecida capaz de sistematizar las demandas, ejercer presiones, modular

las relaciones con el Estado, aunque fuera por medio de mecanismos

institucionales sometidos a las reglas y pautas de la política oficial.

Irving Berlín Villafaña (Berlín Villafaña, Irving: 2000) menciona que durante el

mandato PRI, el artículo 7 constitucional, se mantuvo actual y se aplicó a

individuos que reparten libelos (pequeños panfletos, librillos y escritos breves) por

las calles y no a los grandes medios de comunicación. El autor aclara: “Esto habla,

evidentemente, de un poder judicial debilitado e incapaz de generar jurisprudencia

en este sentido y de las injerencias que el presidencialismo omnipresente ha

tenido en los otros ámbitos de poder de la República”.

Irving B. Villafaña plantea la idea de la existencia en México de un “doble juego de

“libertad-censura” y de “abrir-cerrar” libertades. La etapa Cardenista, por ejemplo,

sostuvo el juego de la libertad de expresión, basándose en un programa de

educación, concientización y movilización social para grupos obreros, campesinos


196

y trabajadores. Sin en cambio, se basó bajo el control absoluto de los medios de

comunicación y el monopolio informativo.

La libertad de expresión como uno de los problemas mundiales más importante en

asuntos relacionados con los derechos humanos. Ciertamente, es uno de los

problemas democráticos más alarmantes en México y en América Latina, puesto

que por esta ruta se transmiten u omiten las verdades y se calcula la transparencia

política. Sin libertad de expresión no existe democracia de ningún tipo, por tal

motivo, una sociedad hermética a la información y a la libre expresión no está en

una situación adecuada para preservar y/o profundizar su sistema democrático

(Ayala Corao, Carlos: Argentina, 1998, p. 71-87).

Aunque el sector empresarial fue el único en cierta medida excluido del sistema

corporativista institucional, el régimen político presidencialista se cuidó de no

permitirle dejarle una total autonomía. En contraparte, el Estado mantuvo un alto

grado de intervención como regulador y gestor en los asuntos económicos.

La unión entre Estado y economía fue una de las singularidades del gobierno

mexicano. Sin en cambio, en la teoría, los intereses por una parte del Estado

como empresariales nunca fueron muy divergentes. La industrialización y el

desarrollo del capitalismo fueron las líneas económicas a seguir. Por lo inverso, la

situación económica fue muy distinta. En vez de determinarse por un buen manejo

y distribución económica equitativa, otro hábito propio del régimen mexicano fue la

repartición “inequitativa” de los beneficios y del crecimiento económico. La política

seguida por el PRI permitió por lo consiguiente, una relativa estabilidad política

durante la primera década del siglo XX; sin en cambio, su estabilidad económica y

social fue descendiendo cada vez más a partir de los años setentas.

Según Fernando Mota Martínez, el fracaso del Estado mexicano no solo es

terminante al nivel económico sino además al nivel político y educativo marcando


197

que el obstáculo de la libre expresión de estos tres círculos de la vida social ha

estimulado su esterilidad productiva.

Al imponerse programas en la educación en el que se aumentó el gasto público,

se tiene mayor tolerancia en cuanto a la crítica política y la libertad de expresión, y

se abre ciertas rutas para la participación ciudadana, sin embargo muchas veces

se convirtieran en estructuras clientelistas para la legitimación y estabilidad del

poder gubernamental. Un ejemplo de ello se observó durante el sexenio de

Echeverría, se cambia la Ley Orgánica del Distrito Federal (LODDF) (LODDF: Ley

Orgánica Del Distrito Federal), estableciendo nuevas instancias de participación

ciudadana como es el caso de la junta de vecinos, asociaciones de residentes y

comités de manzana en el Distrito Federal. Instancias que por supuestamente

fueron rebasadas y soslayadas por la continuidad del régimen presidencialista,

corporativista y clientelar del gobierno federal hasta la reforma constitucional de

1993, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF) en 1995 y la

reforma política del gobierno de la ciudad en 1996, a partir de estas se lograría

suponer una real consideración de la participación ciudadana en los asuntos

políticos.

No obstante, en el sexenio de Echeverría, los manejos financieros fueron

ineficientes, la corrupción se incrementó y se creó una enorme deuda externa

(Video: México, 1998). Para las elección en 1982 del presidente Miguel de la

Madrid, marcó un giro a la derecha encaminado a la privatización, una política de

austeridad y de rigor social. El presidente electo, inició la implantación del modelo

neoliberal formando el llamado “ajuste estructural”, lo cual permitió al presidente

Carlos Salinas de Gortari irse de lleno con dicho modelo.

Las medidas tomadas por De la Mardid consiguieron sus objetivos económicos,

pero “no funcionaron” a nivel social. Los artículos 25 y 26 constitucionales no sólo

agrupan su atención en la obligación del desarrollo económico, se descifrado


198

desde la esfera política como crecimiento macroeconómico (crecimiento del valor

de la moneda, acopio de capital de los grandes empresarios y políticos, convenios

de libre mercado, entre otros) y no microeconómico (crecimiento de los salarios,

baja de los costos de bienes básicos, un salario mínimo interprofesional creciente

adecuado a las necesidades sociales, etcétera) sino también en el crecimiento

social, cultural y político; lo que en ciertas condiciones interpretativas no se pudo

alcanzar. Las carencias y desigualdades sociales y culturales, la falta de

resultados y soluciones eficientes al nivel político, desataron un descontento social

fuerte a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Las respuestas provocadas por lo anteriormente descrito, fue de tipo violentas en

contra de los movimientos sociales y procreó violaciones graves a la Constitución

por parte del sistema gubernamental. El artículo 6 constitucional referente al

derecho a la libertad de expresión y la manifestación de las ideas es muy confuso,

lo cual facilitó los abusos políticos por medio del uso de la fuerza armada. La

expresión de las ideas contiene por definición la libertad de manifestación. En ese

caso, la inconformidad, la reivindicación y la denuncia, pueden ser interpretadas

como un ataque a la moral del Estado. Para el círculo gubernamental, dichas

expresiones trastornan por lo general el orden público determinado y afectan casi

siempre los derechos de tercero. Por ejemplo el movimiento estudiantil de 1968

parece un único caso, no sólo por las transformaciones causadas en las

relaciones entre la sociedad y el Estado, por su importancia en la creación de un

contra-poder realizable en el juego político, y por la fuerza e importancia socio-

política teniendo en su momento, sino también, por su experiencia violenta,

sangrienta y reprimida.

El inicio del movimiento estudiantil se desprendió a raíz de la intervención de un

grupo de granaderos en contra de grupos estudiantiles el 22 de julio de 1968. Más

tarde, el movimiento contra las injusticias policíacas y los oídos sordos de las

autoridades cobró fuerza y coherencia. El movimiento tomó una vía cada vez más


199

político, social y frente a las tendencias autoritarias de los últimos gobiernos. El

gobierno en turno generó una respuesta armada el 2 de octubre, dejando miles de

desaparecidos, muertos y encarcelados. Siendo el inicio de la llamada “guerra

sucia”.

Este movimiento estudiantil permitió registrar las bases de una nueva conciencia

democrática y sus reivindicaciones sociales, políticas y democráticas poseyeron

un alcance y una resonancia en diversos partidos y organizaciones sociales a

partir de ese momento. Tras de demostrar la falta de gobernabilidad política, la

crisis de legitimidad institucional y el autoritarismo de Estado, varios movimientos

ciudadanos guiaron sus esfuerzos en la exigencia y cumplimiento tanto de los

derechos civiles, políticos y ciudadanos como de los derechos económicos,

sociales, culturales y ambientales. Se tomaron nuevas responsabilidades sociales

y civiles por parte de la ciudadanía para su necesaria participación en el desarrollo

democrático del país.

Durante ese mismo año se llevó acabo un alzamiento sindical en Tlaxcala por

parte de obreros de la industria textil, la cual se generalizó en diversos estados de

la república mexicana durante la década de los setentas. En este levantamiento

sindical los obreros lucharon por la democratización de sus empresas en contra de

sus dirigencias corporativas. Varios movimientos sociales reivindicaron sus

derechos y desconcierto con el sistema. El avivar de los movimientos sociales

durante la década de los setentas y ochentas indico la necesaria transformación

de los paradigmas democráticos institucionalizados y de un sistema de acción

política la cual ineludiblemente tiene que readecuarse a nuevas coyunturas y

presiones sociales y políticas. Asimismo, fueron años de transformaciones del

sistema electorales.

Es importante recalcar la variedad de movimientos sociales de estas dos décadas.

Movimientos sociales: campesinos e indígenas. Movimientos de trabajadores:


200

Obreros, trabajadores universitarios, trabajadores al servicio del Estado,

bancarios. Movimientos urbanos populares. Movimientos gremiales: maestros,

médicos, nucleares. Movimientos patronales. Movimientos estudiantiles.

Movimientos juveniles, de mujeres, religiosos, ecologistas, municipales o

regionales.

En el año de 1973 se estableció la Ley Federal Electoral, en 1977 la Ley Federal

de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) y la reforma

electoral de 1986. Si bien estas reformas admitieron la apertura del espacio

político para la representación y elección de las minorías, también suministraron al

partido hegemónico en el poder, normas legales para proteger su supremacía, su

mayoría en los métodos de representación popular y su reproducción en el poder.

Proteger las mayorías priístas, así como restaurar su estabilidad y credibilidad

social, siendo los dos objetivos más claros de las reformas político-electorales

implementadas por el régimen del PRI. No obstante, en los setentas y ochentas, la

necesidad de apertura de los espacios públicos y políticos consintió la

institucionalización de nuevos actores sociales y partidos políticos para su

colaboración en el crecimiento democrático del país.

La formación de nuevas ideas libertadoras dio pie a la creación del Frente

Democrático Nacional (FDN), mismo integrado por varias fuerzas políticas y

sociales de izquierda. Cabe señalar, el FDN es el antecedente inmediato del

Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual a partir de su fundación en

mayo de 1989, es hasta la fecha uno de los partidos políticos de “izquierda” más

importante de México, aunque en nuestros tiempos haya perdido gran parte de su

credibilidad. La creación del PRD impulsó no sólo un juego político más amplio y la

presencia de un contra-poder real, sino además determino avances en el ámbito

de la democracia electoral y participativa.


201

Los partidos políticos que lo conformaron al FDN fueron: el Partido Mexicano

Socialista (PMS), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Auténtico de la

Revolución Mexicana (PARM), y el Partido del Frente Cardenista para la

Reconstrucción Nacional (PFCRN).

Del lado de las organizaciones que pertenecían a la izquierda social y que

integraban el FDN eran: la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo

(COCEI), la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, la Central

Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión de Colonias

Populares, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Además de algunos

agrupamientos de activistas políticos, como la Organización de Izquierda

Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM), el Movimiento al Socialismo (MAS), la

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y la Organización

Revolucionaria Punto Crítico (ORPC), entre otras.

Un claro ejemplo de esto, se puede observar en la reorganización política del

Distrito Federal. Antes el presidente en turno designaba al jefe de gobierno (mismo

que hoy en día es electo por los ciudadanos). Por primera vez en las elecciones

de 1997, Cuauhtémoc Cárdenas, líder del PRD partido de izquierda, obtuvo su

triunfó y asumió el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. Es de observar la

coyuntura de 1994 (alzamiento zapatista, asesinato de Luís Donaldo Colosio,

nombramiento de un nuevo candidato al que ni en el PRI despertaba entusiasmo;

debilitamiento inusitado de la figura presidencial), para poder concebir los cambios

político-electorales que posteriormente se desataron.

La libertad de elección y la soberanía nacional se consideran inseparables; el

incumplimiento de uno influye directamente e irreversiblemente al otro. La

democracia de tipo electoral se sujeta constitucionalmente a la representativa. En

México la trasgresión de estas cláusulas se considera forma parte de la vida

política nacional cada sexenio. Del famoso dedazo a la legitimidad internacional no


202

pasaron más de cien años. Sin en cambio, mientras al principio se conocía casi

claramente de la manipulación de la representatividad y continuidad partidista.

Esto es, la creación de artimañas con las cifras, con los resultados, los apagones

inexplicables, las estrategias partidistas injustas, desigualdad en la contienda

electoral; tratos en lo obscuro con empresas privadas, el uso de los medios de

comunicación y de la mercadotecnia de forma arbitraria, manipulación de la

opinión pública y sobre todo una falsa apariencia democrática en el proceso

electoral, resultan ser maniobras mucho más maliciosas y perversas, legitimadas

por un sistema cuidadoso de mantenerse en el poder, y por un sistema

internacional legitimador de procesos nacionales exteriores preocupados por

garantizar sus beneficios y perspectivas neoliberales.

El proceso electoral del 6 de julio 1988 fue el más discutido y rebatido por parte de

los partidos de oposición y por la sociedad. Tras la caída del sistema de cómputo

de las votaciones para presidente, Carlos Salinas de Gortari es declarado

presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El “misterioso” apagón del sistema

de conteo de votos dio lugar a una dudosa victoria del partido hegemónico. Son

diversas las hipótesis para explicar tal acontecimiento, no obstante es necesario

preguntarnos sobre la legitimidad del proceso electoral del 2006.

Lo descrito anteriormente llevó a un punto de inflexión muy importante sobre el

proceso de deterioro visible del sistema político e institucional mexicano, asimismo

dejo a la luz la crisis de las estructuras priístas y la incapacidad por defender el

sufragio efectivo (González Casanova: México, 1990). Además, el gobierno

Salinista siguió con las políticas de represión social, asesinatos “misteriosos”, más

precisamente durante el conflicto armado consecuencia del levantamiento del

EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en 1994, el gobierno federal

bombardeo comunidades en la selva fueran o no del EZLN. Algunos asesinatos

políticos del salinismo fueron: El Cardenal Posada Ocampo, Luis Donaldo Colosio

candidato presidencial del PRI en 1994, José Francisco Ruiz Massieu secretario


203

general del PRI y el ex magistrado Abraham Polo Uscanga. Otro aspecto la final

de este sexenio fue la crisis económica (el error de diciembre en 1994), que

terminó de un golpe los resultados obtenidos en el área de las finanzas: en unos

pocos días, el peso perdió 50 por ciento de su valor. Sin mencionar la gran

corrupción a escala con la que este último se volvió multimillonario.

Durante los sexenios siguientes el respeto al sufragio y a los intereses del pueblo

tampoco fueron de gran importancia. Ernesto Zedillo Ponce de León no tuvo la

capacidad de establecer una relación contractual con el EZLN y la represión

política fue una respuesta habitual. La elección presidencial del 2006 tuvo el

mismo panorama que la de 1988. Las inconsistencias electorales sucedían; una

vez más, deslegitimado no sólo el sufragio y el sistema electoral sino además la

imagen y la función del Estado, poniendo en duda las instituciones

gubernamentales y revelando la crisis de la democracia institucional.

Durante el sexenio de Zedillo se llevaron a cabo dos masacres las cuales hasta la

fecha han quedado impunes. La masacre de Acteal en Chiapas y la de Aguas

Blancas en Guerrero. De hecho, se tiene una amplia sospecha de que los autores

intelectuales eran funcionarios del gobierno.

No cabe duda que los artículos 39 y 41 constitucionales, concernientes a la

soberanía del pueblo, durante varias décadas fueron sumidos en un total olvido. El

sistema corporativista de cooptación de las esferas del mundo social, el casi-

inexistente poder y espacio público auténtico de colaboración y expresión

sociedad, la mano dura sobre la expresión de la disidencia y la exclusión política

de ciertas clases sociales, impedían la edificación institucional de fuerzas tanto

sociales como políticas capaces de influir tanto en la toma de decisiones Estatales

como en los procesos de cambio gubernamental o del Ejecutivo.


204

4.2. El Espacio Público Legitimado, su Apertura

Los sucesos históricos como la crisis socio-política de 1968 nos lleva a un punto

de inflexión histórico que nos permite, en dicha coyuntura, modificar las relaciones

existentes entre el Estado y la sociedad. Si bien durante los primeros 50 años

posrevolucionarios el mundo social había sido casi totalmente asimilado al juego

político oficial, el movimiento estudiantil de finales de la década de los sesentas

induce un despertar de la clase social media, hasta aquel entonces confinada a

una resignación contractual de corporación y cooptación y una cultura política de

acatamiento social y de autoritarismo Estatal.

Por otro lado, se discutió el funcionamiento de un Estado determinado y

parcialmente legitimado y por otra, se postuló y exigió una apertura democrática

de tipo participativa. Al nivel Estatal, la necesidad de sobrevivencia frente al

desborde social resultó primero, en una represión del ejército sobre los

inconformes, y segundo, en un replanteamiento de las formas institucionales que

regían al sistema gubernamental escudriñando nuevas orientaciones políticas. En

el nivel social se buscó la división entre el Estado y la sociedad para lograr la

autonomía de las fuerzas del mundo social frente a las prerrogativas

institucionales.

Tal como lo señala Lucía Álvarez, algunos cambios sustantivos socio-políticos se

hicieron sentir en la década posterior a la crisis de 1968.

“1. El inicio de un proceso de apertura institucional. 2. La formación de nuevos

actores.3. La creación de un espacio público no estatal.4. El desarrollo de un

campo autónomo de participación de la sociedad.5. La instauración de nuevas

formas de relación Estado-sociedad” (Álvarez, Lucía: México, 2007).


205

Los sueños de un desarrollo democrático de carácter participativo se

materializaban con la aparición de nuevos actores sociales antes silenciados y

desaparecidos en el ámbito formal pero ahora reunidos en fuerzas sociales. Los

movimientos y organizaciones contestatarias estimularon la conciencia de clase

con la perspectiva del cambio estructural. Asimismo, animaron la lucha por sus

derechos que por años habían sido vulnerados por el gobierno central. Numerosos

actores y movimientos surgieron en la escena pública: los movimientos

estudiantiles, las guerrillas urbanas, las luchas obreras, las luchas campesinas, los

movimientos indígenas municipales y urbanos, se movilizaron luchando por

derechos no sólo económicos, sociales y culturales como son la tierra, la

educación, la vivienda y el salario, sino además políticos y cívicos como son el

voto, la autonomía social y la competitividad electora.

Últimamente, la exigibilidad, justicibilidad y cumplimiento de los derechos

humanos, el amparo de los grupos vulnerables y poblaciones marginadas ha y es

la lucha de diversas organizaciones sociales y civiles (organizaciones feministas,

ecologistas, de derechos humanos, entre otros). Las organizaciones sociales que

durante varios años habían sido manipuladas por el régimen corporativista del

Estado mexicano, estaban iniciando el cambio, pasando de un tipo de cultura de

resignación a un intento de caracterización a una cultura de participación y

autonomización de la sociedad civil ante el Estado. En realidad se estaba

desarrollando la sociedad civil como una fuerza política y contra-poder capaz de

reivindicar sus descontentos o desilusiones sociales económicas y políticas y

plantear alternativas viables para el desarrollo democrático del país.

Durante los años setentas no sólo se redefinieron la relación entre la sociedad y el

Estado, sino también entre este último y la economía. La intensa intervención del

gobierno en los asuntos económicos, y el clima de liberalización política durante el

gobierno de Luís Echeverría no fueron del total gusto de los grupos empresariales,

quienes no sólo se desvincularon e independizaron del sistema de Estado, sino


206

que también se organizaron (crearon en 1975 del Consejo Coordinador

Empresarial (CCE) el cual permitió tener un solo y legitimado representante del

mundo empresarial en el juego de toma de decisiones políticas), con ello poder

ejercer presiones políticas, económicas y electorales. Los problemas económicos,

la mala repartición de la riqueza, la imposibilidad para crear empleos al ritmo del

crecimiento demográfico, no sólo fueron algunas causas del levantamiento

estudiantil de 1968, sino que este último también reveló la “crisis de conciencia” y

la “conciencia de la crisis” (Meyer, Lorenzo: México).

La represión Estatal de las fuerzas sociales organizadas en guerrillas o no, se hizo

virulenta, sin en cambio, la estrategia política de cooptación de la divergencias

sociales tenía un carácter menos peligroso para la estabilidad política del país. La

aparente “apertura democrática” encubría en realidad un manejo sumamente

cuidadoso e inteligente de la crisis de confianza tanto política como económica.

Guardando en el fondo un esqueleto estratégico gubernamental similar al de las

primeras décadas del PRI, el gobierno nunca soltó las riendas del manejo

nacional, aunque daba la apariencia de una apertura a la libertad de expresión. No

obstante, aún cuando la apertura democrática haya sido una construcción

estratégica Estatal, consintió avances en la conquista de un espacio de acción

autónoma.

Es importante señalar, a partir de la década de los setentas se desarrolló en

México un nuevo tipo de Estado encaminado a recuperar el control y el orden

social, así como dar respuesta de manera autoritaria a la crisis institucional y de

legitimidad política. Contexto en la que México se ubicó tras el movimiento de

1968. Para comprender mejor el nuevo camino de dominación política el concepto

de Estado Burocrático (O´Donnell, Guillermo: 1977, p. 9-59). Autoritario (BA)

“caracterizante” de los patrones “modernos” de supremacía autoritaria de

O’Donnell, plantea una nueva visión de la realidad política no solamente en

algunos países latinoamericanos, sino además en varios países europeos.


207

La instalación del Estado es promovida por las crisis económicas capitalistas que

articulan la activación política del sector popular, niveles de amenaza social, de

represión, golpes de Estado y la instalación de un nuevo sistema capitalista.

Según O’Donnell, México es un caso específico en este proceso, ya que no

padece de un golpe de Estado. Así pues, para este último, el Estado inicio con la

profundización capitalista en los años 50, resultando un cambio suave (sin golpe

de Estado) de un autoritarismo preexistente, a otro cuya relación con el capital

global de dependencia (Octavio, Rodríguez: México, 1981), es mucho más

marcada.

El análisis de la transición política en México accede a entender mejor el carácter

político del país, tras la pérdida de su legitimidad y la puesta en tela de juicio de

sus mecanismos institucionales. César Cansino (Cansino, César: México, 1995)

brinda algunas pistas de reflexión, las cuales debe de considerar para instituir el

contexto en el que se origina la apertura de espacio para la intermediación política.

Se trazará un primer intento analítico en cuanto a la transición política de un

Estado autoritario a democrático, la crisis de Estado (Cansino, César: México,

1995, p. 18), la liberalización política (O´Donnell, Guillermo: 1977, p. 20), el

pluralismo liberalizador (O´Donnell, Guillermo: 1977, p. 22-23) y la

institucionalización de la liberalización (Cansino, César: México, 1995). Parece

atrayente plantear que la crisis de legitimidad política y social incrustado a nuestro

país en una transición política limitada por la institucionalización de la

liberalización, aunque ésta además permitió abrir espacio para la participación de

la sociedad civil en la esfera pública.

El proceso de democratización (O´Donnell, Guillermo: 1977, p. 20) tuvo su

nacimiento en México a partir de la iniciación del espacio público y la liberalización

de la política, se ha visto estratégicamente frenado por un proceso de

asentamiento institucional de los logros democráticos, interrumpiendo de esta


208

forma la transición a la democracia y asentando de nuevo la estabilidad política,

las coaliciones dominantes y las alianzas tradicionales. Lejos de haber recobrado

su legitimidad, el sistema Estatal estaba solamente retardando su derrocamiento.

El proceso de liberalización política había dejado secuelas positivas en la esfera

social, rearticulando fuerzas, recursos políticos y en general reglas políticas

existentes. Como bien lo dice Cansino, no habría que subestimar las fuerzas

sociales en el proceso de democratización. Es de notar que, aunque

institucionalizados, los avances en materia de pluralismo liberalizador intentaban

forcejear políticamente para llevar, ahora sí, la democratización de sus

instituciones y de sus espacios públicos. No obstante, las burocracias privadas

tomarían, poco a poco, el control en la toma de decisiones del poder político,

reorganizando la lucha de intereses y los poderes en lucha. Si bien parece que el

proceso de liberalización política en el país sigue su curso, se enfrenta a un

enemigo que traspasa las fronteras de su propio alcance. Además, no entró,

cuando era posible, en un proceso de democratización, y hoy en día el nuevo

ajedrez globalizado impide drásticamente esta nueva transición.

Es importante destacar que la entrada al modelo de economía neoliberal

(considerando que desde los años setentas ya se preparaba dicho cambio)

corresponde en mayor o menor medida al proceso de liberalización política. Si

bien es imprescindible considerar que durante aquella década se vislumbraron los

maleficios de la liberalización del mercado, también permitió cierta liberalización

cultural, política y social.

La apertura del espacio público al mundo extra-institucional desde la década de

los setentas, se reveló en varios niveles y ámbitos. Fue una apertura mental tanto

en lo político como en lo social. La cultura política hasta ahora manipulada y

conducida por el Estado institucionalizado, empieza a sufrir una mutación, en la

que desde lo social se presiona y obliga a la apertura de espacios de libertades

legitimadas por el sistema institucional: políticas (competitividad partidista y


209

liberalización del espacio político para los contrapoderes) y de expresión (espacios

de inauguración para la libertad de prensa, espacios públicos de expresión y

participación popular). Desde lo social se inicia la concientización de la

manipulación gubernamental sobre la acción social, y se emprende la búsqueda

de la autonomización de las organizaciones civiles, la reivindicación de algunos

grupos sociales, étnicos, guerrilleros, campesinos y empresariales, creando

conciencia en el poder social.

La apertura democrática tiene que ser relativizada, ya que el tipo de Estado con el

que el pueblo mexicano ha convivido durante a lo largo de la historia, no ha tenido

cambios de fondo y tan sólo se preocupa por perdurar en el poder, usando

estrategias de control social cada instante más eficaces políticamente. La esencia

Estatal y los principios gubernamentales no sufrieron una variación significativa, y

por lo tanto se tendría que pensar si, en el fondo, la caracterización del Estado

mexicano no ha sido esencialmente la misma (o solamente mutada y

paulatinamente transformada, dando respuesta al contexto capitalista y luego

neoliberal de perversa manipulación ideológica, económica y política), de la época

posrevolucionaria hasta nuestros días. A pesar de ello, es preponderante recordar,

durante la segunda mitad del siglo XX y XXI diferentes cambios estructurales ha

tenido lugar. No sólo se hicieron varias reformas electorales, se abrió a un sistema

de partidos y se permitió la alternancia partidista, además se crearon diferentes

asociaciones civiles, ONGs y organizaciones sociales reunidas en redes

asociativas. Así pues, el paisaje político de nuestros tiempos no deja de

enfrentarse a nuevos actores sociales: las organizaciones de la sociedad civil.

4.3 La Participación de Sociedad Civil como “Co-actor” en la Legitimación

La sociedad civil en México se incrusto en últimas fecha en los esquemas de

análisis académicos y el pensamiento colectivo. Asimismo, su aparición como “co-


210

actor” del desarrollo democrático en el país se encuentra en los debates actuales.

La intervención de la sociedad civil en el análisis de alternativas y toma de

decisiones en los espacios públicos parece integrar una nueva alternativa de

desarrollo democrático.

A nivel nacional e internacional varios organismos han dirigido su mirada a la

participación de la sociedad civil en la construcción de las vías para el desarrollo

democrático y la gobernabilidad democrática en la región. En la declaración de la

XII Cumbre Iberoamericana en el artículo 379 señala:

Setenta y nueve Declaración de Bávaro, República Dominicana, XII Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 15 y 16 de noviembre, 2002

Bávaro, República Dominicana.

“Art. 3: En el común propósito de fortalecer el sistema democrático y así asegurar

la gobernabilidad democrática, reconocemos la necesidad de promover y

continuar apoyando acciones que consoliden una cultura democrática y el Estado

de Derecho, que se sustentan en la libertad, la paz, la tolerancia y la participación

social y ciudadana y la justicia social. Al mismo tiempo destacamos la importancia

de aquellas instituciones que aseguran la transparencia y eficacia en el ejercicio

de la acción gubernamental, de los partidos políticos, las agrupaciones y otras

entidades representativas de la sociedad civil, así como de una más activa

participación ciudadana en las cuestiones de la vida pública”.

Para el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrática, la

concepción de desarrollo democrático circunscribe necesariamente a la

colaboración de la sociedad civil en la toma de decisiones consensuadas entre el

Estado y los actores de la sociedad civil. Sobre este último el organismo señala:


211

“El desarrollo democrático considera que la democracia engloba a la vez, los

aspectos normativos o institucionales del proceso de gobernabilidad y la praxis

social, así como la participación efectiva de los ciudadanos en la definición de las

prioridades y de las orientaciones que guían las políticas gubernamentales. Por

desarrollo, entendemos un proceso político de toma de decisiones, tanto por el

Estado como por los actores de la sociedad civil, que conduce a una movilización

efectiva de los recursos económicos, sociales y culturales en favor de un proceso

equitativo de creación y de distribución socialmente negociadas de la riqueza y del

poder, proceso que busca respetar el registro completo de los derechos humanos.

El ser humano es el sujeto central del desarrollo” (Centro Internacional de

Derechos Humanos y Desarrollo Democrática).

El papel que juega la sociedad civil en la gobernabilidad democrática del país

sugiere una participación compartida o de “coparticipación” en el funcionamiento

de las estructuras institucionales. La gobernabilidad democrática de un país es

necesaria para hablar de desarrollo democrático. También en ello la sociedad civil

ocupa una función central. Es atrayente diferenciar el concepto de “gobernanza”

con el de “gobernabilidad”, puesto que cada uno la sociedad civil considera ocupar

una función distinta.

En lo referente al precepto de “gobernabilidad” del inglés gobernability nos

remontamos estrictamente a los marcos político-institucionales en los que, desde

el propio Estado, se opera y lleva acabo la eficacia del ejercicio de la autoridad y

del orden social. En este orden, la sociedad civil parece ayudar al rescate de la

legitimidad institucional del aparato de gobierno. La sociedad civil es incluida en

los procesos de gobierno y en para darle salida a los conflictos para legitimar las

acciones del gobierno, permitiendo la estabilidad gubernamental e institucional. No

obstante, la capacidad del gobierno para promover el desarrollo social, económico

y político tanto como la capacidad de la sociedad civil para establecer redes

asociativas y colectivas de solidaridad y bienestar parecen ser excluidas de esta


212

definición. De hecho la propia Organización de Estados Americanos (OEA) parece

adoptar la definición político-institucional de la gobernabilidad democrática,

centrando sus prerrogativas en el fortalecimiento de la legitimidad y credibilidad

política:

“el fortalecimiento de los partidos políticos como intermediarios de las demandas

de los ciudadanos en una democracia representativa es esencial para el

funcionamiento del sistema político democrático. El firme propósito de promover la

plena participación de la ciudadanía en el sistema político, para aumentar la

credibilidad y confianza ciudadanas en las instituciones democráticas, incluyendo

el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil” (33ª Asamblea de la

Organización de los Estados Americanos- junio de 2003).

Por otro parte, la “gobernanza” del inglés gobernance se define según Joan Prats

Catalá (Prats Catalá, Joan: Cataluña, 2001) como:

“la pauta o estructura que emerge en un sistema sociopolítico como el resultado

conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores intervinientes”.

La sociedad civil en su definición es considerada como “co-actor” en los procesos

decisorios. En este concepto la acción o ejercicio del gobierno se calcula por su

capacidad para impulsar el desarrollo económico, social e institucional conciliando

las perspectivas del Estado, del mercado y de la sociedad civil. Además para

Osborne y Gaebler el concepto de “gobernanza” se refiere a:

“un proceso mediante el que solucionamos colectivamente nuestros problemas y

enfrentamos las necesidades de nuestra sociedad” (Osborne, David y Gaebler,

Ted: 1992).


213

En este aspecto nos encaminamos a la capacidad del gobierno para plantear

mejores o peores respuestas a las problemáticas y necesidades de la sociedad en

conjunto con la sociedad civil. Tomando en cuenta estas premisas la sociedad civil

además compone un actor propositivo y analítico en los procesos deliberativos. Es

importante destacar que nos parece certera esta nueva visión de la gobernabilidad

como “gobernanza” puesto que enfoca a la sociedad civil como parte del

desarrollo democrático. Lo anteriormente señalado es la creación de nuevas

líneas de desarrollo consensuales para la resolución de las problemáticas

sociales, económicas, culturales y ambientales en México.

Desde los setentas y ochentas en México, la sociedad civil ha contribuido en la

construcción desde sus propios espacios, nuevas formas asociativas, redes

organizacionales nacionales e internacionales y estructuras de solidaridad. Han

manifestado que las relaciones horizontales (por oposición a las estructuras

verticales del sistema institucional) además son utilizables y necesarias para el

logro del consenso. La colaboración de la sociedad civil como “co-actor” del

desarrollo democrático del país se fija en nuestros días como una necesidad tanto

gubernamental como social. En México, los ejemplos logrados son pocos. Tanto

las instituciones gubernamentales como la sociedad civil son inexpertas en este

ámbito, no obstante los espacios para el llevar a cabo la de democracia

participativa, como pueden ser las políticas públicas mediante ejercicios de

planeación participativa, se consideran como terrenos fértiles para alcanzar la

gobernabilidad y “gobernanza” del país.

4.4. La Democracia Participativa

Es sin duda innegable que la propia sociedad civil debe ser pensada como un

espacio de colaboración social en México. No obstante, es importante señalar que


214

las organizaciones de la sociedad civil se han distinguido por crear, desde puntos

diferentes, espacios de participación ciudadana complementarios.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) − recientemente llamadas

Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) – de las cuales tuvieron su aparición en

los años ochenta. Estas mismas han demandado los espacios para su

intervención e incrustación en las políticas públicas, suscitando los intereses y

necesidades de los ciudadanos. Tal como lo expone Clara Jusidman (Jusidman,

Clara: México, 2004, p. 245-250):

“Este primer grupo de organizaciones acepta y promueve la responsabilidad social

del Estado, plantea la necesidad de cambios en las intervenciones políticas,

económicas, sociales y culturales para alcanzar la equidad y justicia social y

demanda la posibilidad de participar en el diseño y surgimiento de las políticas

públicas”.

Estas organizaciones trazan agendas públicas y nuevas formas asociativas y de

discusión socio-política que retocan la función y carácter mismo de la sociedad.

Las organizaciones de tipo filantrópicas o asistenciales que centran sus

actividades en la caridad y el sentido de solidaridad. Generalmente provienen de

experiencias religiosas o empresariales que han funcionalizado su responsabilidad

social. Políticamente han sido mejor aceptadas ya que su intervención se limita a

la prestación de servicios a grupos vulnerables. Lo que de alguna forma ha

legitimado la falta de responsabilidad o traslado de las responsabilidades del

Estado en manos de aquellas organizaciones. No obstante han incentivado un

modelo diferente de participación ciudadana en mecanismos asociativos y han

creado, desde sus espacios, formas y espacios para la participación de la

sociedad civil.


215

Es importante recalcar que si bien estas formas asociativas parecen tomar

distintos caminos, en ciertos casos también se han centrado y entremezclado. Es

el caso de las organizaciones de la sociedad civil establecidas con una esencia

filantrópica y asistencial y que por motivos coyunturales y de oportunidades

políticas también se han implantado en defensa de los derechos económicos,

sociales, culturales y ambientales. Estas organizaciones se han encaminado,

desde una doble perspectiva, por una parte en la asistencia y la urgencia social

como en la lucha de las organizaciones sociales y civiles para su introducción en

la toma de decisiones políticas.

La ciudad de México ofrece características y cambios estructurales que pueden

encontrarse en otras ciudades del mundo y especialmente en América Latina.

Alicia Ziccardi (Ziccardi, Alicia (coord.): México, 1999) plantea cuatro procesos en

el que hoy en día se enmarcan las grandes ciudades:

1. Los procesos de globalización de la economía que indujeron la

desindustrialización y el incremento de las actividades del sector terciario en las

ciudades (banca, turismo, salud, educación, entre otros).

2. La reforma del Estado de bienestar, trasladando responsabilidad tanto a los

gobiernos locales como en la sociedad.

3. La revolución informacional que ha dado a las ciudades el papel de la

transmisión de una cultura globalizada.

4. La profundización de los métodos de democratización del sistema político en los

cuales las ciudades y particularmente las capitales fueron tomados como

escenarios privilegiados. En este sentido, el cambio de estructuras políticas, la

aparición de nuevos partidos políticos, un sector social expectante y cada vez

mejor organizado, son sólo algunas consideraciones las cuales nos permiten


216

exponer el nuevo trato y colaboración de la sociedad civil en el desarrollo

democrático de la ciudad de México.

A lo largo del tiempo la relación existente entre ciudadanía organizada y el Estado

ha sido de enfrentamiento y rechazo. Otras sin embargo han mantenido una

relación corporativa y clientelar con el poder político central y los poder locales.

Actualmente este escenario ha caminado por un estado de creación de instancias

institucionales para la intervención social en los gobiernos locales. No obstante,

estas estrategias gubernamentales no han permitido más que legitimar las

decisiones e iniciativas del sistema político, sin ofrecer un real protagonismo a las

organizaciones de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas de desarrollo

urbano. En el Distrito Federal, a partir de la década de los noventas, tanto por

parte del gobierno local como de la sociedad civil organizada se ha impulsado la

cultura de la negociación, el debate plural, la toma de decisiones consensuadas y

la participación social en la construcción de políticas de desarrollo y planeación

urbana.

A quince años de la alternancia política en el Distrito Federal, es relevante

mencionar cuáles han sido los cambios en las relaciones existentes entre el

sistema gubernamental y la sociedad civil organizada. Ello nos permite no sólo

concebir cómo se han establecido mayores espacios para la participación

ciudadana sino además cuáles son sus limitantes, alcances y áreas de

oportunidades.

En México tras la reforma electoral de 1996, se fijaron nuevas medidas para el

ejercicio del sistema electoral en el Distrito Federal (artículo 122 constitucional). El

6 de julio de 1997, los capitalinos pudieron disfrutar, por primera vez desde 1928,

del pleno ejercicio de sus derechos políticas por medio de la elección libre y

directa de su jefe de gobierno. Dando lugar a la alternancia política con la llegada

del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A continuación en el año 2000


217

entraría en vigor una nueva reforma al artículo 122 constitucional estableciendo,

de igual forma, el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito

Federal para la elección de sus representantes a nivel delegacional.

Anteriormente, en el año de 1997, se crearon los llamados órganos de

representación vecinal que quedarían asentados y legislados en la Ley de

participación ciudadana del Distrito Federal en 1998. Uno de los planteamientos

más importantes de aquella ley sería la formulación de los lineamientos para la

elección de los comités vecinal.

Tras décadas de tutela del gobierno federal sobre los jefes del departamento del

Distrito Federal, el nuevo partido instituido en la ciudad tuvo que afrontar varias

situaciones y plantearse diversos retos para establecer la gobernabilidad

democrática. El recobro de la confianza en las instituciones gubernamentales de la

ciudad transitó por dos tareas sumamente importantes para el nuevo gobierno de

la alternancia. 1) inducir un gobierno asentado en la responsabilidad, compromiso

y eficiencia. 2) el fortalecimiento de nuevas relaciones entre lo político y lo social

por medio del establecimiento de políticas de participación ciudadana. Una de las

tácticas a seguir se basó en la creación de mecanismo de gestión de las

demandas ciudadanas. Otra fue la organización de políticas de participación y

concertación plural entre el gobierno y la sociedad civil organizada.

El reto era grande, se basó en la construcción de un nuevo proyecto social y

político, el cual pudiese quebrantar las experiencias y estructuras autoritarias,

arrancando de herencias y escenarios atribuidos por el sistema anterior mismo.

Para lograr organizar jurídicamente y modificar políticamente las relaciones entre

el gobierno y la sociedad, hubo la necesidad de enfrentarse a los fantasmas y

secuelas de un sistema de partido hegemónico y de un presidencialismo absoluto

mismo que durante décadas sentaron prácticas autoritarias, corporativistas y

clientelares basadas en corrupción, manejos discrecionales de los asuntos

públicos y manipulación generalizada (Álvarez, Lucía y Sánchez Mejorada,


218

Cristina: México, 2003, p. 205-283). Es más, el gobierno del Distrito Federal se

enfrentó a la obstinación del partido oficial priista el cuan aun en ese momento

mantenía el poder a nivel federal y en la mayoría de los estados de la república.

De hecho, el escenario tanto político como financiero del gobierno entrante formó

algunas limitantes para el nuevo proyecto de democratización en la ciudad

(Álvarez, Lucía: España, 2004, pp. 2 - 5).

Unos de los planteamientos y retos del nuevo gobierno perredista se encuentran

descritos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 1998-2000

(Gobierno del Distrito Federal: México D.F. 1998), en el cual se establecen

algunas líneas de acción (La transformación de la gestión gubernamental, La

responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, y La gobernabilidad),

ajustadas en la edificación de una ciudad para todos y todas, democrática,

incluyente y participativa. Para aquello igualmente fue ineludible inducir cambios a

nivel normativo, legislativo y de interlocución con la ciudadanía, que para ese

entonces ya conforma un amplio sector social organizado. La formación de una

nueva interrelación entre el nuevo gobierno y la sociedad civil organizada

conformaba un reto y una necesitad institucional para la creación de la

gobernabilidad en la ciudad. La consulta y asistencia de las organizaciones

sociales y civiles en la elaboración de políticas públicas se trazó como uno de los

nuevos ejes rectores en la construcción de una nueva relación entre la sociedad y

el gobierno. Para llegar al logro de aquel programa se suscitó e incentivo la

apertura de nueva espacios para la interlocución, participación y toma de

decisiones del sector asociativo en políticas sociales que -por lo anterior- tomaban

un carácter público.

El proceso de abertura de espacios públicos de contribución social para la

planeación participativa en la ciudad de México se formó, en gran medida, con

base en algunas experiencias participativas anteriores sobre las cuales se

animaron nuevos espacios de interlocución, mediación, vigilancia, seguimiento,


219

supervisión y colaboración entre la sociedad civil organizada y las instancias

gubernamentales. En un inicio, las organizaciones asociativas y especialmente

Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) fueron las que participaron en este

nuevo camino de coparticipación democrática (es de ponderar, las primeras

organizaciones civiles en conformarse a este nuevo esquema participativo fueron

de tipo esencialmente asistenciales, de defensa de los derechos sociales y

político-institucionales, y organismo para el fomento del desarrollo social y

medioambiental), en el cual consecutivamente se fueron agregando

organizaciones civiles y movimientos sociales de diversas índoles. Si bien la

intervención de la sociedad civil organizada en este nuevo esquema resultó ser

sustancialmente consultiva, permitió la apertura y creación de nuevos espacios

públicos para su colaboración en la toma de decisiones. Hoy en día, los actores

sociales han reclamado su intervención en los procesos de planeación y

construcción de políticas públicas para el desarrollo urbano. En ciertas ocasiones,

no sólo han superado las limitantes del esquema consultivo, sino además han

creado, desde sus espacios, nuevas áreas de oportunidades para la expresión de

la disidencia, el debate, el análisis, el planteamiento de diagnósticos, la

construcción de propuestas alternativas y mecanismos de seguimiento y vigilancia

de las políticas y acciones gubernamentales. La planeación interactiva en el

Distrito Federal mantiene, hoy en día, un carácter novedoso, ya que ha guiado su

objetivo en un proceso de carácter decisorio y no sólo consultivo. Es decir, la

búsqueda de la colaboración de las organizaciones sociales y civiles en los

procesos de toma de decisiones plurales, en el seno de los espacios de diálogo en

políticas públicas, creando el nuevo reto del esquema de planeación participativa.

4.5 La Sociedad Civil y su Intervención en la Toma de Decisiones

La participación de las organizaciones sociales y civiles en la toma de decisiones

plurales en políticas públicas es considerada como una nueva necesidad para el


220

desarrollo democrático del país. Si bien esta colaboración no puede considerarse

como un fin último dentro del esquema de planeación y participación, sí permite la

inserción plural de las preocupaciones y propuestas de los grupos vulnerables y

poblaciones marginadas en las agendas, programas y planes de desarrollo urbano

y rural.

Como lo plantea Cansino (Cansino, César: México, 2004), posterior a la

alternancia política se trazaron diversas teorías para entender en qué nivel del

proceso de democratización se encuentra hoy en día México. Algunos consideran

una coyuntura de “normalización de la democracia” o de “consolidación

democrática”. Esto representa que el postulado anterior reflexiona que México ya

constituía un país democrático. Otros plantean que nos encontramos en una etapa

de transición, y finalmente la última propuesta sustenta que sí hubo cambio de

gobierno o de partido pero no de régimen. A nivel nacional al parecer todo indica

que el gobierno de la alternancia ha seguido y potencializado las prácticas

autoritarias del régimen político anterior. No obstante, en el caso del Distrito

Federal se vislumbra una realidad en la que, en cierta medida, se ha consentido y

estimulado la interlocución entre la sociedad y el gobierno. Se tiene claro que no

se trata, hoy en día, de consolidación o normalización democrática en la ciudad de

México, sino de creación novedosa e iniciativas innovadoras para la cimentación

de una ciudadanía interactiva que durante tiempo atrás había sido silenciada,

cohibida y cooptada por el poder central.

En el año 2000, se presentó la alternancia política a nivel federal, no obstante el

autoritarismo de Estado, la corrupción, la falta de transparencia de las instituciones

públicas, la desinformación, la manipulación, la falta de impartición de justicia y la

impunidad política continuaron siendo prácticas Estatales que, hasta la fecha, no

han encontrado salida.


221

En el plano de la democracia participativa, los progresos son visibles y existen

numerosos casos exitosos de coparticipación en el cual la sociedad civil

organizada y los diversos niveles de gobierno lograron alcanzar decisiones

consensuadas para el bienestar colectivo y el desarrollo social. De hecho, no sólo

las estrategias de diálogo, apertura de espacios públicos y participación plural

entre la sociedad civil y el gobierno consideran estar cambiando los modelos de

desarrollo democrático en la ciudad. Además las propias estrategias y espacios de

participación social, interlocución y toma decisiones plurales al interior de las redes

asociativas y de solidaridad social, han realizado nuevas alternativas para la

creación de diferenciados modelos de desarrollo democrática en la ciudad. Aquella

cooperación se enmarca en la búsqueda de la “gobernanza” democrática de la

ciudad en la cual la sociedad civil ha formado estrategias socio-institucionales de

interlocución interna consintiendo un desarrollo democrático asentado en la toma

de decisiones consensuadas y plurales.

La fase “consultiva” juzga haber conformado la lógica de las estrategias de

planeación participativa. La fase “decisoria” se tropieza con caminos certeros en

los cuales las organizaciones sociales y civiles han obtenido grandes logros. Falta

por estimular la apertura de espacios públicos, jurídicos y sociales para legitimar y

normar la participación de la sociedad civil en el “seguimiento y evaluación” de las

políticas públicas de desarrollo.

4.6. La Sinuosa Relación: Estado de Derecho Democrático y Sociedad Civil.

Concerniente a la relación al derecho y su papel de intervención, se puede

mencionar, el derecho funciona institucionalizando a los nombrados medios de

control, los cuales son los que ayudan a las operaciones sistémicas. Estos medios

son considerablemente indispensables para agilizar estas operaciones, además

proporcionan al sistema de mayor eficacia en cuanto a la coordinación de


222

acciones (claros ejemplos se observan en las transacciones económicas como el

flujo de capital de un mercado a otro, o la creación de políticas públicas en el

sistema administrativo Estado).

Esto es resultado del cambio de la sociedad, ya que el lenguaje común y cotidiano

ya no puede funcionar como medio de comunicación generalizado, puesto que

aumenta el riesgo de disentimiento, lo cual empobrece demasiado las

perspectivas de éxito de las empresas económicas y políticas (no se pueden

sistematizar operaciones económicas en sociedades complejas solamente a

través del lenguaje), pero podemos avanzar un poco indicando algo que

Habermas señala como hornadas de juridización. La primera se determina

ciertamente por la institucionalización del medio de control dinero en las

transacciones económicas y comerciales (las transacciones económicas son

reguladas por el Estado), con lo cual también se institucionaliza al mercado (es la

mencionada hornada relativa al Estado burgués de derecho).

Esta institucionalización se proporciona en el marco de cambiar las convicciones

sociales por sanciones aplicadas por el Estado, con lo cual se facilitan dos

resultados importantísimos para la institucionalización del mercado. La primera se

encuentra relacionada con la creación de un espacio para el tráfico comercial en el

cual las relaciones se encuentran exentas de aquello a lo que Hegel llama

sittlichkeit, y lo que media las relaciones es el dinero (y su disposición de

racionalidad es la ganancia asentada en fines de lucro). No se involucran los

ingredientes del mundo de vida en las relaciones económicas, pues dificultan

aquella coordinación de la acción a través del dinero. Así, se logra un espacio

funcional para el intercambio económico, no entumecido por las operaciones

propias del mundo de vida (que no tienen eficacia en el intercambio sistémico en

sociedades complejas).


223

Esto es muy importante en cuanto a la significación del derecho moderno. Los

valores no intentan por lo general transformarse en normas, pues apelan en gran

parte a caracterizar valores de la vida buena, y la moral moderna tiende a ser

universal en cuanto que pretende acercarse a la justicia. Pero desde la óptica del

derecho, los sujetos jurídicos tienen la libertad de creer en lo que deseen, aunque

tengan que obedecer, en ello se centra el que el Estado de derecho no impone

convicciones pero si obediencia (Immanuel Kant: 2004).

La segunda consecuencia se encuentra íntimamente ligada a la primera, y

consiste en que el derecho crea las circunstancias suficientes por medio del

derecho privado para poner como árbitro al Estado en las relaciones económicas,

pero lo más importante en relación a esto, crea el espacio de cálculos

instrumentales suficiente para que los actores sociales, desde una perspectiva

estratégica, penetren al mercado con fines de lucro. El derecho consiente a través

de las libertades negativas un cause social en el cual los actores puedan calcular

de cierta manera más estable sus relaciones económicas.

Ahora bien, lo mencionado en correspondencia al derecho como mediación entre

el mercado y la sociedad. En lo concerniente a la relación entre sociedad y

Estado, podemos destacar en qué la relación entre facticidad y validez. La

distinción se da en dos niveles: aplicación y elaboración de leyes. Desde la visión

del Estado, en cuanto a la aplicación espera obediencia hacia las leyes en

términos estadísticos, y en cuanto a la creación, los legisladores deben adoptar

una perspectiva realizativa en relación a los miembros de la comunidad jurídica,

con lo cual el resultado del proceso deliberativo de elaboración de normas

jurídicas serían normas vinculantes. Desde la perspectiva de los ciudadanos, en

cuanto a la aplicación deben obedecer a los límites impuestos por la ley, y en

cuanto a la elaboración, deben sentirse autores de las mismas.


224

Ello no es suficiente por si sólo (Habermas apenas inicia con su argumentación en

esta precisión sobre la relación entre normas jurídicas y su validez), únicamente

nos sirve para debatir los problemas que se desprenden de la relación entre el

orden jurídico y los ciudadanos. Otra cuestión, de mayor relevancia para nosotros,

es que los derechos liberales en tanto que son libertades negativas no son

suficientes aun en esta relación, porque corresponden solamente a la llamada

autonomía privada. Por esto Habermas asegura:

O bien el orden jurídico, como ocurría en las alineaciones sociales estamentales o

absolutistas de cambio de la primera Modernidad, queda inserto en los contextos

de un ethos que vale para la sociedad global y sujeto a la autoridad de un derecho

suprapositivo o sagrado, o bien las emancipaciones subjetivas de acción han de

ser integradas mediante derechos subjetivos de otro tipo (por derechos de

ciudadanía que no se encauzan solo ya al ejercicio de la libertad de arbitrio, sino al

ejercicio de la autonomía). Pues sin respaldo religioso o metafísico, el derecho

coercitivo, cortado a la medida de un procedimiento al que no se exige sino que se

ajuste a la ley, sólo puede guardar ya su fuerza de composición social formando

que los destinatarios de esas normas jurídicas puedan a la vez entenderse en su

totalidad como autores racionales de esas normas [...] “La libertad comunicativa de

los ciudadanos puede, como veremos, cobrar en la práctica organizada de la

autodeterminación una forma mediada en múltiples aspectos por instituciones y

procedimientos jurídicos, pero no puede ser sustituida por completo por el derecho

coercitivo” (Habermas, Facticidady: pp. 95-96).

Ante el desplome de los órdenes sociales premodernos, a los ciudadanos

corresponden entenderse como creadores de normas jurídicas las cuales tienen

que obedecer, debido a la no existencia de un trasfondo incuestionado que revista

a esas normas de obligatoriedad (fuera de la relación positividad-legitimidad). Pero

necesariamente debido a esto, las normas ya no contribuyen la motivación

suficiente a los destinatarios del derecho para que procedan de cierta manera,


225

sino que más bien imponen términos dejando la decisión en los hombros del

sujeto de derechos.

4.7. El Estado de Derecho Democrático.

En el análisis de la transformación del Estado se pueden utilizar cuatro

herramientas para esquematizar la evolución del Estado moderno y su relación

con el derecho, las hornadas de juridización (Habermas: 2007, p. 504). Son cuatro

las cuales consisten en:

1. Estado burgués: Afianzamiento del monopolio legítimo de violencia

(característico del periodo del absolutismo europeo). Se da la

institucionalización de los medios dinero y poder, el cual se diversifican

como subsistemas al mercado y al Estado. Brota el derecho privado

cercenado a la medida de las relaciones que se forman entre personas

jurídicas las cuales se comportan estratégicamente (derechos propios del

mercado). El orden jurídico se determina por su positividad, universalidad y

formalidad, y como resultado de estas se da la previsibilidad de toda acción

jurídicamente formada. En la correlación con el mundo de vida, los

subsistemas logran lo que requieren de él a partir del derecho y su

mediación: fuerza de trabajo y disponibilidad a la obediencia.

2. Estado de derecho: Normatividad jurídico-constitucional de un dominio

público que hasta entonces sólo se había notado acotado por la forma legal

y los medios burocráticos del ejercicio de la dominación política

(personificado por el estado monárquico de Alemania en el siglo XIX).

3. Estado democrático de derecho: Los ciudadanos son suministrados de

derechos de participación política (derecho universal al voto y derecho y


226

reconocimiento de la libertad a incorporarse a asociaciones y partidos

políticos). La eficacia de las leyes está cimentada en la pretensión de las

mismas en que personifican los intereses generales de los ciudadanos (lo

que las hace vinculantes). Un procedimiento que liga la legislación a

procesos de discusión parlamentaria y a la discusión pública.

4. Estado social democrático: Constitucionalización de una relación de poder

social anclada en las estructuras de clase. La red de garantías del Estado

tiene como propósito absorber los efectos exteriores de un proceso de

producción asentado en el trabajo asalariado (con ello se dan discrepancias

entre el derecho privado burgués y el Estado social en cuanto a la

aplicación de derechos sociales, con la constante necesidad de burocracias

para atender esos asuntos). (Habermas: 2007, p. 503-512).

Habiendo descripto a grandes rasgos las cualidades de las hornadas de

juridización, observemos ahora las principales particulares del Estado de derecho

democrático. Habermas toma la noción de orden de Weber, siendo para nosotros

es de gran importancia en tanto a lo que hicimos: las órdenes sociales se forman

alrededor de la conjugación de lo que Weber descrito como ideas e intereses, es

decir, para la existencia de una suficiente motivación en busca de intereses

sociales, es necesaria la existencia de ideas las cuales promuevan o den sentido

a partir de valores sociales.

En ello consisten en gran medida los malos comentarios que se han realizado del

texto “La ética protestante”. En defensa de las tesis de Weber, Francisco Gil

Villegas esgrime la noción aludiendo a los valores que orienta a los procesos

históricos (no los genera), en contra de los comentarios genético causal sobre los

hechos históricos que se le imputó a Weber.


227

[...] En la medida en que su validez [del orden] no venga fundada en la

autoridad religiosa, o no tenga una fundación puramente moral, esto es,

no se funde en una fe racional con arreglo a valores, y no venga, por

tanto, protegida por las correspondientes sanciones internas (el miedo a

perder bienes salvíficos, la conciencia de vergüenza y culpa) y por la

capacidad de auto vinculación, ha menester de garantías externas. En

estos casos la expectativa de legitimidad de un orden social, queda

estabilizada por la convención y el derecho. (Habermas, Facticidady:

2003, p. 133)

Un punto de suma importancia se fija en la descentración de las imágenes del

mundo, que da inicio a lo que Weber llama desencantamiento del mundo. Pues

bien, esto es de suma relevancia para comprender el papel que juegan en la

modernidad las normas jurídicas, en cuanto a que surge una nueva perspectiva

normativa, la perspectiva posmetafísica de la positividad del derecho. Con ella las

normas pueden ser puestas positivamente, tienen un carácter cambiable y son a la

vez susceptibles de crítica y necesitadas de justificación.

En otras palabras, las disposiciones jurídicas (las cuales deben de tener

concordancia con los órdenes sociales, el legislador debe tomar una actitud viable

en relación a la comunidad jurídica para hacer leyes vinculantes), sólo pueden

constituirse y desarrollarse a la luz de principios razonablemente justificados, y por

tanto, universalistas.

La visión que Habermas trabaja es el derecho positivo moderno, el cual hace

presencia tanto con la pretensión de fundamentación sistemática, así como con la

pretensión de interpretación vinculante e imposición coercitiva por los órganos

estatales competentes. Pero es importante señalar, además se presenta como

saber cultural y como mecanismo del sistema de instituciones sociales, por ello


228

mismo se puede interpretar, el derecho es parte de las tradiciones culturales, y al

unísono ayuda a generar integración social.

Es importante señalar, el derecho desde un punto de vista sociológico puede

presentarse tanto como un texto de proposiciones e interpretaciones normativas

(en un sentido cultural), como una institución (como complejo de regulaciones de

la acción).

La reciprocidad existente entre la autonomía privada y la pública, en cierta forma

su distinción parte de dos de las principales fuentes que trabaja Habermas acerca

de la correlación entre la sociedad y el Estado: el republicanismo (personificado

por la figura de Rousseau) y el liberalismo (simbolizado por la figura de Kant). Los

dos son justamente los puntos contrarios que quiere juntar Habermas, en tanto al

asunto ya descrito sobre la autonomía (relación materializada entre el Estado y la

sociedad civil en el marco del poder).

En términos sencillos, Rousseau inicia de la óptica de autonomía desde la

ejecución de una forma de vida concreta. Esta misma es la representación de la

vida de un pueblo (en esto se encuentra el valor de la voluntad general como

autodeterminación del pueblo soberano), sin embargo el problema se encuentra

en que esa voluntad general, como representación, no puede cubrir los legítimos

intereses de todos los ciudadanos en sociedades complejas, y además, lo

criticable a Rousseau, se encuentra en el autoritarismo tan claro, el cual se

presenta cuando habla de obligar a todos los ciudadanos por parte del pueblo a

participar, ejercer su libertad.

Habermas lleva a cabo una rígida crítica a esto, asociado al carácter inconcluso de

la ley que defiende Rousseau (pues éste especuló que las propiedades lógico-

semánticas de las leyes son suficientes para su obediencia) (Habermas,

Facticidady: 2003, p. 167).


229

Pero quien lleva a cabo una crítica más profunda, en clave filosófica, es Isaiah

Berlín, quien clasifica a Rousseau como un enemigo de la libertad por su defensa

de la imposición de la fuerza del pueblo a quienes no quieren llevar a cabo su

libertad; (Isaiah Berlín: 2004).

Por otra parte, Kant ve positivamente la perspectiva en la cual la voluntad unida de

los ciudadanos se encuentra ligada por medio de leyes abstractas y generales a

una manera de legislación democrática que pone fuera pese a todos los intereses

no susceptibles de universalización. Este cambio únicamente permite regulaciones

que garanticen a todos por igual libertades subjetivas.

A todo ello, Habermas plantea una unión de ambas perspectivas. En clave de lo

que representa la rigidez entre facticidad y validez del derecho, apela a la

legitimidad del derecho, en la que como participantes en discursos racionales los

integrantes de una comunidad jurídica pueden examinar si la norma de que se

trate se encuentra, o podría encontrar, el asentimiento de todos los posibles

afectados. En esto se encuentra la importancia del sistema de derechos, la cual

crea las facultades indispensables para que los ciudadanos participen en cuanto a

la alineación racional de la voluntad y la autonomía políticas.

[...] La unión interna que buscamos entre soberanía popular y derechos

del hombre, se encuentra pues, en el contenido normativo de un modo de

ejercicio de la autonomía política, que no viene asegurado por la forma de

las leyes generales sino sólo por la forma de comunicación que

representa la formación discursiva de la opinión y voluntad comunes

(Habermas: 168).

Adicionalmente a esto, desde la óptica de las cuestiones de comunicación

presentes en el mundo de vida en el sistema de derechos, se acumulan las


230

condiciones bajo las cuales pueden institucionalizarse jurídicamente las formas de

comunicación necesarias para una creación de normas políticamente autónoma.

Es donde entra la relación entre la facticidad y la validez de las normas, en cuanto

a la soberanía y a la libertad.

[...] la legalidad del derecho se fundamenta en última instancia en un

mecanismo comunicativo: como participantes en discursos racionales los

integrantes de una comunidad jurídica pueden examinar si la norma de

que se trate encuentra, o podría encontrar, las bases de todos los posibles

afectados. Por cual, la relación interna que se busca entre soberanía

popular y derechos del hombre consiste en que en el "sistema de los

derechos" se reúnen exactamente las causas bajo las cuales pueden a su

vez institucionalizarse las diversas formas de comunicación necesarias

para una producción de normas políticamente autónoma. El sistema de

los derechos no puede hacerse depender ni de una lectura moral de los

derechos del hombre ni menos de una lectura ética de la soberanía

popular, porque la autonomía privada de los ciudadanos no puede ni

sobre ordenarse ni subordinarse a su autonomía política [...] el derecho a

libertades iguales subjetivas de acción, ni puede de forma sencilla

imponerse al legislador soberano como límite externo, ni tampoco ser

instrumentalizado como requisito funcional para sus fines. La

cooriginalidad de autonomía privada y autonomía pública muéstrese sólo

cuando se descifra y desgrana en términos de teoría del discurso la figura

de pensamiento que representa la "autolegislación", figura conforme a la

cual los destinatarios son a la vez autores de sus derechos (Habermas:

169).

La idea de auto legislación es el elemento que permite a Habermas argumentar,

en el cual los ciudadanos, en relación con los derechos, logran tomar una postura,

y con esto validarlos o rechazarlos. En esto mismo consiste el derecho moderno,


231

el cual ante esta situación se encuentra en constante revisión y cambio. Pero lo

que esta situación arroja al ciudadano es dotarlo de las facultades para ejercer no

únicamente los derechos que le permiten asegurar libertades negativas, sino más

bien libertades que van más allá del ámbito privado y que lo dotan de la capacidad

de ser autónomo también en el ámbito público.

Si recordamos la crítica realizada por Taylor al uso de derechos, es porque desde

la óptica liberal se les considera como propiedades individuales en clave de

derecho privado. Pero a quien quiere practicar su autonomía pública, el Estado de

derecho debe de asegurarle otro tipo de derechos (como libertades

comunicativas).

En el nivel posmetafísico de fundamentación de normas (los niveles de conciencia

moral en Kohlberg) se divide simultáneamente normas jurídicas y morales, y se

muestran unas junto a otras como dos tipos distintos de normas, las cuales se

complementan mutuamente. Y a esto se le agrega la cuestión, en cuanto a la

autonomía, coexisten dos principios los cuales van de la mano: el principio moral y

el democrático.

La correlación quedaría más o menos así. Quiebra el entramado de un ethos

global, en el cual se diversifican mutuamente derecho y moral. En lo referente al

saber cultural, se dividen cuestiones jurídicas de las cuestiones morales y éticas

(usos y costumbres). En lo concerniente a la institucionalización del derecho

positivo, se refieren a los mismos problemas, pero en distinta forma; se da un

ordenamiento legítimo de las relaciones interpersonales, coordinación de acciones

por medio de normas justificadas, etc. En otras palabras, la discrepancia esencial

entre la moral postradicional y el derecho es que la primera no representa más

que una forma de saber entre otras, y el segundo cobra obligatoriedad dentro del

plano institucional (como sistema de símbolos y de acción que coerciona a la vez

que posibilita).


232

Así, las normas morales se vuelven normas generales de acción, por lo que las

expectativas de comportamiento en la interacción (el problema de la doble

contingencia) sí se pueden calcular por medio de las normas jurídicas (pues si

exigen obediencia a los límites), y no por medio de las normas morales (las

normas jurídicas le proporcionan las condiciones de cálculo necesarias a los

sujetos de derecho para que se relacionen de maneras más estables).

Al referirse Habermas al principio del discurso, este debe ser continuado por todo

aquel que quiera entrar de manera seria a discutir y llegar a un entendimiento con

los demás. El principio moral, por su parte, haciendo uso de "D", apela a la justicia

en el sentido de que desde ese punto de vista se toman en cuenta por una misma

manera los intereses de todos. Sin embargo el principio democrático es más

general, en el sentido de que:

[...] resulta de una correspondiente especificación del principio "D" para

las normas de acción que se presentan en forma de derecho y que

pueden justificarse con ayuda de razones pragmáticas, de razones ético-

políticas y de razones morales, y no solo con ayuda de razones morales

(Habermas: p.m.).

El propósito del principio democrático es establecer un procedimiento legítimo de

normas jurídicas, es decir, expone el sentido realizativo de la práctica de la

autodeterminación de los integrantes de una comunidad jurídica que se reconocen

unos a otros como miembros libres e iguales de una asociación en la se han

integrado voluntariamente. El principio moral realiza el papel de una regla de

argumentación para la decisión racional de cuestiones morales, y en contraste, el

principio democrático presupone esa posibilidad:


233

El principio democrático no sólo menciona cómo puede institucionalizarse ésta [la

formación racional de la opinión y voluntad políticas], a saber, por medio de un

sistema de derechos el cual asegure a cada uno la mima participación en tal

proceso de producción de normas jurídicas, mismo que venga a la vez garantizado

en lo concerniente a sus presupuestos comunicativos. Mientras que el principio

moral maniobra en el plano de la estructura interna de un definitivo juego de

argumentación, el principio democrático se refiere al plano de la

institucionalización externa, es decir, efectiva y operante en lo referente a la

acción, de la participación (dotada de los mismos derechos) en una forma

discursiva de la opinión y la voluntad política que se efectúe en formas de

comunicación garantizadas a su vez jurídicamente.

Por lo cual la importancia de los dos principios, pues mientras tanto el moral

explica las condiciones de decisión sobre normas morales, preparando el terreno

para que con base en el principio democrático (y por medio de un procedimiento

institucional) se desarrollen las condiciones óptimas para garantizar las formas de

comunicación (garantizadas jurídicamente) en términos de autonomía pública.

Ante el rescate de los dos principios, es importante mencionar la desigualdad

entre normas morales y jurídicas. Las normas morales reglamentan relaciones

interpersonales en una determinada comunidad y ven inmiscuidas en el conflicto

biografías individuales, y las normas jurídicas regulan relaciones interpersonales

en una comunidad abstracta (comunidad jurídica), concerniente a la libertad de

arbitrio, apoyándose en un modo de vida consiente y autónomo, a un ámbito

restringido de validez.

El derecho es un medio representativo el cual presupone derechos hechos a la

medida de actores tipificados y considerados cada uno en separado. En esto se

consideran los derechos que representan libertades negativas, es el aspecto del


234

derecho el cual coordina acciones por medio de normas coercitivas que limitan

espacios de opción desde fuera.

La posibilidad correspondientemente presupuesta en la maniobra comunicativa, de

agarrar postura frente a una elocución o expresión de un prójimo y frente a las

presunciones de validez entabladas con esa manifestación, mismas que se

enderezan a un reconocimiento intersubjetivo. Ello conforma obligaciones, de las

cuales las libertades subjetivas resguardadas por el derecho desligan, desatan,

sueltan o exoneran. La libertad comunicativa únicamente se da entre actores que

en actitud realizativa pretenden entenderse entre sí sobre algo y esperan unos de

otros tomas de postura (posicionamientos) frente a las pretensiones de validez

que se entablan unos a otros.

La libertad comunicativa lleva viejas obligaciones ilocucionarias (el posicionarse

con un sí o un no ante una pretensión de eficacia susceptible de crítica en el caso

de que el otro se encuentre dispuesto a argumentar su pretensión).

Indispensablemente con esto pueden observarse las diferencias entre la

autonomía pública y la autonomía privada, en relación al propio espacio público:

De aquí que la autonomía privada del sujeto jurídico pueda esencialmente

entenderse como una libertad negativa de dejar la zona pública de obligaciones

ilocucionarias recíprocas y retraerse a una colocación de observación mutua y de

mutuo ejercicio de influencia empíricas. La autonomía privada llega hasta allí

donde el sujeto jurídico tiene que iniciar y a dar cuenta y razón, hasta allí en donde

tiene que dar razones públicamente aceptables de sus planes de acción. Las

libertades subjetivas de operación facultan a apearse de la acción comunicativa y

a negarse a contraer obligaciones ilocucionarias. Realizan una privacidad que

libera de la vieja carga a una libertad comunicativa recíprocamente reconocida y

mutuamente supuesta y exigida.


235

La imagen de auto legislación del ciudadano radica en tener en mente que

aquellos los cuales se encuentran sometidos al derecho como destinatarios suyos

puedan entenderse a la vez como autores del Derecho (lo cual puede observarse

como una reformulación de la idea de soberanía en Rousseau). Y esto, asociado a

la correspondencia entre autonomía privada y pública, le permite al ciudadano

como sujeto jurídico tomar una postura moral ante lo que decide el Estado (o ante

la producción legislativa, algo que es personificado por la posibilidad ciudadana de

la desobediencia civil).

Es importante referirse a lo que le da sustancia a este principio en la relación

existente entre autonomía pública y autonomía privada: el sistema de derechos,

en el cual se tiene preponderancia al referirse a la autonomía pública los que

hacen hincapié en las libertades comunicativas, pues son ellas las que facultan al

ciudadano a introducirse al espacio público (y con ello, a contraer obligaciones

ilocucionarias en el debate de los temas de mayor importancia social). Habermas

asegura que:

1. Importantes para nosotros debido a la discusión alrededor del espacio

público. Habermas hace una mención de derechos en tres categorías

básicas (Habermas: p. 188 y ss.).

[...] El principio de discurso solamente se puede adoptar en la forma de un

principio de democracia o principio democrático a través del medio que

personifica si ambos, es decir, inicio del discurso y el medio que es el

derecho, se unen, se entrecruzan y entrelazan uno con otro,

transformándose en, y desarrollando un, sistema de derechos, el cual

ponga a la autonomía privada y a la autonomía pública en una correlación

de presuposición recíproca. De forma inversa, toda acción de la

autonomía política simboliza a la vez una interpretación y una

configuración y desarrollo de esos derechos, en principio no colmados por


236

un legislador histórico [...] El inicio que todo poder del estado emana del

pueblo ha de esclarecerse en cada caso y de acuerdo a las circunstancias

en forma de libertades de opinión e información, de libertades de reunión

y asociación, de libertades de fe, de conciencia y de confesión religiosa,

de derechos a participar en elecciones y votaciones políticas, a enrolarse

en partidos políticos o a participar en movimientos ciudadanos, etc.

(Habermas: p. 194)

Como podemos determinar, en esto consiste el entrelazamiento del principio

democrático con el principio del discurso por medio de la fuerza institucional que

provee el derecho, o en otras palabras, el sistema de derechos es el que diseña la

relación entre autonomía pública y privada de acuerdo a los recursos

institucionales que ofrece la utilización del derecho como medio por parte del

Estado de derecho. Ese sistema de derechos sistematiza tanto el ámbito público

como el privado del sujeto de derechos.

4.8. Los Principios del Estado: Responsabilidad del Estado Derecho

En una representación liberal, los derechos son la base para la formación de un

ámbito privado e íntimo, mismo que puede decidir las importantes cuestiones para

su vida. En una perspectiva republicana, los derechos sirven para crear espacios

de asociación y organización el cual permite reunirse con otros y crear en ámbitos

públicos. Estas características de autonomía, como se describe, deben ir unidos y

se presuponen en una sociedad con un Estado democrático de derecho.

Pero es necesario preguntarnos, ¿es esto suficiente? No, los derechos carecen de

fuerza por sí mismos, no soportan convicciones en su seno, lo cual hace

problemática el asunto del respeto a esos derechos. Es necesaria la amenaza de

sanción que comporta el Estado en tanto su monopolio legítimo de violencia.


237

En ese aspecto puede verse precisamente una de las primordiales

particularidades de las normas jurídicas: toleran una amenaza de sanción. En esto

se encuentra la responsabilidad del poder estatal, en el cual su utilización refuerza

la estabilidad del sistema de derechos con amenazas de sanción.

El sistema Estatal y la sociedad civil desde la perspectiva de la dicotomía sistema-

mundo de vida, referimos el punto de vista de la autolimitación de los grupos de la

sociedad civil, siendo esta una de las particulares principales de esos

movimientos.

El Estado se mueve a partir de la llamada integración sistémica (coherencia de las

acciones a través de medios de control), creando comunicaciones éticamente

neutrales. La primordial finalidad de la composición sistémica es la reproducción

material, y en el Estado ello se percibe en la que la administración estatal

investiga la obtención de resultados colectivos de manera eficaz. Para lo cual se

hace valer por una parte el poder de organización como el de ejecución. Es el

recurso el cual suponemos que forma las relaciones entre el Estado y la sociedad

civil, y que tiene dos puntos importantes: por una parte, es un medio por el cual se

llega a fines establecidos; por otra parte, es la necesaria condición para la

existencia del poder mismo como recurso.

En la relación existente entre el Estado y la sociedad, con el derecho de por

medio, se encuentra institucionalizada una práctica de autodeterminación de la

ciudadanía como alineación informal de la opinión en el espacio público político.

Con esto, y hacemos hincapié en la relación entre facticidad y validez jurídica, la

soberanía popular se crea en las esferas informales de comunicación (carentes de

sujeto) en los foros y espacios de discusión, con lo cual se une al poder

comunicativo con el poder político (sin embargo esto no es de manera directa, ya


238

que aquí participa lo que Habermas describe como esclusas, de esto el

parlamento podría ser un claro ejemplo).

En el instante en el cual mediante el derecho se institucionalizan los puestos

dentro de la administración estatal, el poder se vale del mismo derecho como un

medio de organización para la ejecución de fines colectivos, por medio de la toma

de decisiones vinculantes. En ello se puede ver la cuestión del aparecimiento del

mercado institucionalizado partiendo del derecho, con el establecimiento de

seguridad jurídica para los privados. En pocas palabras, la contribución del

derecho al poder es que sirve a la regulación organizada y al control del poder del

Estado (crea instituciones estatales, procedimientos y competencias). Esta sería la

primordial función del derecho desde la perspectiva del Estado: crear un

acuartelamiento del monopolio de violencia y de las amenazas de sanción

(necesarias para la defensa del sistema de derechos).

De suma importancia es la función que posee para la sociedad el derecho (más

específicamente, para el ciudadano y los grupos de la sociedad civil): persiste

como fuente de justicia (en ello observamos la importancia del sistema de

derechos en cuanto a la relación entre autonomía privada y autonomía pública).

Comprendiendo la relación entre poder político y poder comunicativo. Weber

menciona una noción de poder "como la posibilidad de imponer en cada caso la

propia voluntad al comportamiento de los demás" (Jurgen Habermas: 2000,

Madrid, p. 205). Es un elemento teleológico del poder. Por otro lado, se encuentra

la noción de Habermas donde rescata de Hannah Arendt, el cual consistiría en "la

capacidad de ponerse de acuerdo, en una comunicación sin coacciones, sobre

una acción común" (Jurgen Habermas: 2000, Madrid, p. 205). Es un patrón

comunicativo de operación en relación al poder. Y por último la noción sobre el

poder, muy allegado a la perspectiva de Habermas, es la de Personas, el cual lo

observa como "la capacidad general de un sistema social para conseguir que se


239

haga lo que hay que hacer en interés de los fines colectivos" (Jurgen Habermas:

2000, Madrid, p. 207).

El uso del lenguaje cuando se crea el poder comunicativamente, está se situada al

entendimiento, es decir, los interesados se guían en función de un acuerdo y no

buscando cada uno su propio éxito. Se crean compromisos para alcanzar un

entendimiento, y con ello coordinarse y lograr fines.

En ello se encuentra la perspectiva comunicativa del poder. El cual no pertenece a

nadie, es diferente a la violencia (Hannah Arendt: Madrid, 2008), para su

progresión estriba de la comunicación (es un escaso recurso mismo que requiere

la constante generación). Su potencial únicamente existe en la medida que se

lleva a cabo (Habermas: p. 213 y ss.).

La exigencia que debe hacerse al Estado de derecho democrático: junta el poder

político (regido por el código "poder") al poder comunicativo hacedor del derecho

legítimo, y conservarlo libre de interferencias del poder social de la real capacidad

que tienen los intereses privilegiados. Este consiste:

El poder social, no obstante de forma distinta que el administrativo, puede

posibilitar como limitar la creación del poder comunicativo. En el primer caso, el

disponer de poder social simboliza el cumplimiento de las circunstancias

materiales necesarias para colocar autónomamente en práctica libertades de

acción o comunicación, las cuales formalmente son iguales. En las negociaciones

políticas, por ejemplo, los actores implicados deben de hacer creíbles de acuerdo

a su poder social sus amenazas o proposiciones. En el segundo caso, el disponer

de poder social abre la coyuntura de tener una influencia sobre el proceso político,

que incurre en el ámbito de derechos ciudadanos de igualdad, da primacía a los

oportunos intereses de uno. Interviniendo de esta suerte pueden, por ejemplo, las

empresas, organizaciones y asociaciones cambiar su poder social en poder


240

político, sea directamente influyendo sobre la Administración, sea indirectamente

mediante intervenciones manipuladoras en el espacio de opinión pública

(Habermas: pp. 244-245).

De acuerdo con esto, las normas jurídicas deben coincidir con las normas morales

(que atañen a bienes y fines comunes, propios de una forma de vida concreta) en

la apelación que forman a la dimensión de justicia, pero de igual manera deben

atender imparcialmente los intereses y valores inmersos en la auto-comprensión

de la comunidad jurídica concreta (cuestiones pragmáticas y cuestiones ético-

políticas).

Las cuestiones pragmáticas se plantean:

La óptica de un agente que, desde unas establecidas metas y preferencias,

escudriña los resultados adecuados para la creación de sus metas. De igual forma

esas metas pueden convertirse en problemáticas ellas mismas. Entonces ya no se

trata de una elección de medios "racional con arreglo a fines", sino de la

engrandecimiento de metas a la luz de valores aceptados (Habermas: p. 227).

Dentro de las cuestiones ético-políticas se plantean:

Desde la ordenación de miembros que en los aspectos de vital importancia

pretenden esclarecer acerca de cuál es la forma de vida que comparten y en

función de cuales ideales quieren proyectar su vida en común. La identidad de un

grupo se refiere a las situaciones en las cuales los miembros pueden decir

enfáticamente "nosotros"; no es una identidad del yo en formato ampliado, sino

que conforma el complemento de la identidad ideal del yo. Pues según nos

apropiemos de las tradiciones y formas de vida en las cuales nos hemos

desarrollado, continuando de forma selectiva, de esto se derivará el cómo quienes


241

nos mostramos en esas tradiciones culturales, el quiénes somos y quiénes

queremos ser como ciudadanos (Habermas: p. 228).

Aquí es donde ingresan los aspectos morales, desde donde se puede ver que una

norma es justa si todos pueden querer que, en contextos comparables, sea

seguida por todos. Los cánones morales tienen la forma semántica de imperativos

incondicionados, y estos deberes se basan en discursos morales. Por medio de

los cuales estos discursos las cuestiones pragmáticas y las ético-políticas se

pueden sobrepasar en tanto que ya no dependen para su creación solamente de

parcialidades definidas del mundo de vida, sino que se agranda la perspectiva

desde la cual pueden juzgarse.

En el discurso moral la apariencia etnocéntrica de un determinado colectivo se

extiende y se transforma en la perspectiva más amplia de una "comunidad de

comunicación" delimitada, cuyos miembros son competentes de ponerse todos en

la situación y en la comprensión que de sí y del mundo tienen todos y cada uno y

de practicar en común una asunción ideal del rol (en el sentido de G. H. Mead)

(Habermas: p. 230).

Se puede mencionar en otras palabras, los discursos morales apelan a la justicia,

por lo cual sus aportaciones a las discusiones en torno de las cuestiones

pragmáticas y puntos de tipo ético-políticas le proporcionan una perspectiva más

general a los debates sobre estos temas. Pero estos debates, en sociedades

complejas, no pueden zanjarse únicamente con discursos morales, por lo cual

aquí es donde puede observarse la importancia de la responsabilidad del derecho

por medio de las normas jurídicas.

Justamente el principio de soberanía popular es un claro ejemplos de esto. En

correspondencia a lo que se menciona como la interdependencia de la autonomía

pública y privada, la responsabilidad del Estado es claro en tanto que aporta las


242

amenazas de sanción necesarias, así los ciudadanos puedan ser protegidos tanto

su ámbito íntimo y privado, como las congruencias para participar en lo público.

De ello estriba el ejercicio de la soberanía, en términos muy llanos, mediante

ambos tipos de autonomía, los ciudadanos puedan crear poder comunicativo el

cual contribuya a la creación de poder político. Es la forma en la cual el ejercicio

del poder político puede ser racionalizado (Jurgen Habermas: Barcelona, 2004, p.

89). Entonces, todo el peso recae sobre el propio procedimiento democrático (en

la relación íntima entre poder comunicativo y poder político).

De acuerdo a este principio, además se considera que los ciudadanos mediante la

creación de poder comunicativo poseen la facultad de volverse autores de las

normas jurídicas que han de regir. No solamente es un límite colocado al ejercicio

del poder político al Estado, sino además se transforma en una facultad de los

ciudadanos el cual de acuerdo a su organización pueden impactar en la creación

de las leyes.

Por otra parte, se cuenta con el principio de pluralismo político, "mismo que exige

una estructuración discursiva de espacios públicos en los que los circuitos de

comunicación anónimamente trabados entre sí se desliguen de, y cobren cierta

sustantividad frente a, el nivel concreto de las interacciones simples" (Jurgen

Habermas: Barcelona, 2004, p. 239), la cual prepara a esta esfera informal de

comunicación para crear esa red de comunicaciones que favorezcan a la

formación de la agenda pública.

Hay una discrepancia entre la creación de normas y su aplicación, por lo cual un

principio es el encargado de ver que estas dos actividades sean separadas. Es el

inicio de vinculación de la justicia al derecho vigente. Con él se apartan la

aplicación (profundamente ligada a los medios de represión del Estado), con el

cual la justicia se encuentra separada del poder legislativo, impidiendo a ésta su

programación de sí misma.


243

No obstante a lo anterior existe otro principio más importante, el cual denota

visiblemente el sentido de la división de poderes. Siendo el principio de la

legalidad de la Administración:

Una diferenciación práctica, se explica por medio de una división del trabajo entre

fundamentación y aplicación de normas, separación del trabajo, el cual se asienta

en una diferente lógica argumentativa de ambas tareas, la diferenciación

institucional que se enuncia en la constitución de poderes del Estado separados,

tiene la tarea de ligar de tal suerte el poder administrativo al derecho establecido

democráticamente, que el poder administrativo sólo pueda regenerarse a partir del

poder comunicativo generado en común por los ciudadanos la reserva de la ley

tiene por consecuencia que todas las órdenes, estatutos, disposiciones y medidas

que se opongan a la ley, son nulos. El nivel de la ley legitimada en el

procedimiento democrático simboliza que cognitivamente la Administración no

cuenta con ninguna capacidad de intervenir en las premisas en las cuales ha de

atenerse en sus decisiones. Y prácticamente significa, el poder administrativo no

puede interponerse en los procesos de producción del derecho (y de la

administración de justicia) (Jurgen Habermas: Barcelona, 2004, pp. 241-242).

La partición de poderes, su principal consecuencia es dividir el poder

administrativo total del Estado en términos de las funciones asignadas a cada

parte, como división del trabajo. Pero en procesos del ejercicio del poder le imputa

límites por una parte al poder ejecutivo como al legislativo: el primero no puede

programarse así mismo (sus propios límites), pues es tarea de la preparación

jurídica; y además el legislativo no cuenta con atribuciones de aplicación de la

justicia.

Estos principios ayudan a delimitar los alcances de cada uno de los poderes. Se

puede ver que cada uno de los poderes cuenta con un límite impuesto por el otro.


244

En última instancia, el límite del poder legislativo se encuentra ubicado en la

ciudadanía y la creación de poder comunicativo.

Finalmente otro principio es precisamente el que separa al Estado de la sociedad.

En términos muy ordinarios, se puede mencionar que este expresa la garantía

jurídica de una autonomía social, el cual otorgue además a cada uno iguales

oportunidades de hacer uso como ciudadano de sus derechos de colaboración y

comunicación políticas.

El principio de separación entre Estado y sociedad requiere en su forma abstracta

una sociedad civil, es decir, una textura asociativa y una cultura política de las

cuales queden claramente separadas de las estructuras de clase, la ciudadanía ha

de poder atenuar y neutralizar la disímil distribución de las perspectivas de poder

social y de los potenciales de poder que de ella emanen, de tal forma que el poder

social únicamente se aplique en la medida en que facilite y no restrinja, el ejercicio

de la autonomía ciudadana (Jurgen Habermas: Barcelona, 2004, p. 243).

El sistema de derechos no es suficiente por sí mismo para afirmar el campo de la

autonomía privada y de la autonomía pública a los ciudadanos; se necesitan las

amenazas de sanción por parte del Estado para la defensa de estos ámbitos, con

lo cual aterrizamos en los principios del Estado de derecho, de los cuales los más

importantes en cuanto a lo que queremos resaltar es el principio de la división de

poderes, tanto permite la división del trabajo entre las partes que comprenden al

Estado, como impone límites a cada una en cuanto a sus funciones y a sus

alcances. Y por otro lado tenemos al principio de separación entre el Estado y la

sociedad, el cual forma las relaciones entre ambos a partir de las oportunidades

legales para la constitución de una sociedad civil, la cual se nutre mediante de

comunicaciones al poder legislativo. En ellos se basa la propia organización del

Estado de derecho:


245

La organización del Estado de derecho tiende a servir en última instancia a la

auto-organización políticamente autónoma de una sociedad, la cual con el sistema

de los derechos se forma como la asociación de miembros libres e iguales en que

radica la comunidad jurídica. Las instituciones del Estado de derecho tiene por fin

asegurar el ejercicio seguro de la autonomía política de los ciudadanos

socialmente autónomos, de lo cual se pueda brotar el poder comunicativamente

consecuente de la creación de una voluntad racional y encontrar expresión

vinculante en programas legislativos, y por otro, este poder comunicativo, por

medio de esos programas legislativos, logre circular a lo largo y ancho de toda la

sociedad y pueda desarrollar su fuerza de integración social (Jurgen Habermas:

Barcelona, 2004, pp. 244-245).

La integración social es necesaria para la creación de los nuevos movimientos

sociales, ya que se logra de manera certera la coordinación de la acción por medio

del lenguaje común, y con ello, de igualo manera se crea un sentido e identidad

sociales, las cuales nutren al propio mundo de vida con contribuciones a las

tradiciones culturales, así como al propio Estado de derecho en la formación de

una agenda pública. Pero para darse esto es necesaria la institucionalización del

espacio público, en interrelación a "la institucionalización de procedimientos que

fijen conforme a qué reglas ha de discurrir una cooperación para hacer frente a

determinadas tareas" (Jurgen Habermas: Barcelona, 2004, p. 245).

El procedimiento democrático tiene que tomar en cuenta tanto la importancia de

los intereses en cuanto se refiere discursos pragmáticos y jurídicos. La meta se

encuentra en la voluntad global autónoma, del cual los principales primordiales en

las discusiones parlamentarias son la ponderación igualitaria de intereses de los

grupos sociales, el auto entendimiento ético de los mismos y la fundamentación

moral de las regulaciones. En ello Habermas recalca en cómo deben ser tratadas

las contribuciones del mundo de vida a partir de la sociedad civil organizada:


246

La creación del punto de vista y la voluntad política, allende la cuestión pragmática

de qué es lo que podemos llevar a cabo en orden a tareas concretas, se tendría

que aclarar en una primera instancia tres cuestiones: la cuestión subyacente en la

creación de responsabilidades en cómo poner en consonancia, o concertar,

distinciones que compiten entre sí, la cuestión ético-política de quiénes somos y

quiénes queremos en verdad ser y la cuestión práctico moral del cómo debemos

actuar, es decir, de cómo actuar con justicia. En los convenios en la cual se

contraponen y ponderan intereses, se puede formar una voluntad agregada, en los

discursos hermenéuticos de auto entendimiento puede crearse una voluntad

global determinada por su naturalidad, y en los discursos de fundamentación y

aplicación moral puede crearse una voluntad global autónoma (Jurgen Habermas:

Barcelona, 2004, p. 249).

Lo primordial de esto se encuentra en la formación de las voluntades, en cuanto al

marco de un proceso democrático de participación, por lo tanto debe ser inclusivo

de igual forma a todos los que quieran participar, y cabe esclarecer, estos

discursos únicamente constituyen el foco organizado de la esfera de

comunicación, la cual representa el espacio público no organizable en su totalidad,

y que fluye a lo largo y ancho de toda la sociedad. La cuestión del poder, este

poder comunicativo es el potencial a partir del cual se crea el poder político, del

cual nadie puede hacer uso cuando quiera.

Por lo tanto, si recapitulamos las dos perspectivas de participación política en lo

referente a derechos, liberalismo y republicanismo, lo que sobresales es la

importancia tanto del Estado de derecho (en función de la atención del sistema de

derechos partiendo de sus propios principios, un Estado de derecho responsable),

a manera de la responsabilidad y posibilidad de los ciudadanos de poder participar

en el poder y volverse autores de las leyes que han de obedecer.


247

4.9. La Sociedad Civil y su Relación con el Estado.

Es importante resaltar en cuanto a la sociedad civil los límites que la apartan del

Estado, siendo básicamente los mismos en términos generales los existentes

entre el sistema y el mundo de vida. La sociedad civil se forma como un lugar de

composición social, en el cual el lenguaje cotidiano es el medio por el cual se

coordinan acciones, y el Estado es él ámbito en el cual se ejerce el poder político

en forma de poder de organización, y como poder de realización. Podemos

mencionar la relación entre ambos en cuanto a sus límites, recobrando más

adelante el uso que hacen del derecho.

Alberto Olvera señala dos características primordiales para poder determinar la

ubicación de la sociedad civil en su relación con el Estado: la autonomía y la

autolimitación. En la primera se puede determinar como:

La autonomía representa a la franca diferenciación existente entre los actores

sociales que hacen frente al Estado y al mercado. Se exigen separación del

sistema político en el sentido, en el que asimilan a la lógica de la lucha por el

poder, ni se someten a las directivas estratégicas de los partidos. Acatan la

pluralidad y su correspondencia con el sistema político es de crítica y cooperación.

Concerniente al mercado son de igual forma autónomos en tanto la mayoría de

estos actores no persigue actividades lucrativas y más bien se alinean a controlar

los excesos y efectos de la operación del mercado mismo (Alberto Olvera: México,

2003, p. 24).

Por su parte, la autolimitación de los grupos de la sociedad civil se refiere a:

La teleología de los nuevos actores ya no se va por la búsqueda de, la toma o la

integración en el Estado. Estos actores se encuentran más allá de la revolución,


248

se ubican en la época posrevolucionaria y tienden más bien a proponerse la

reforma radical de la vida pública (Alberto Olvera: México, 2003, p. 24).

Se puede observar, una de las importantes diferencias entre el sistema y el mundo

de vida, además de cómo se organizan las acciones para lograr fines y reproducir

a la sociedad (integración sistémica y social), es el papel del Estado en cuanto a

que su responsabilidad es tomar decisiones vinculantes, así como la creación de

políticas públicas y sociales, y la formación de leyes vinculantes y su aplicación.

Precisamente en esto se encuentra la cuestión de la autolimitación, en que ya que

se dejaron a un lado las utopías revolucionarias, y por tal los movimientos sociales

no apelan ni a una cambio radical de la sociedad, ni a conseguir el poder político o

pugnarle su administración al Estado, en otras palabras, estos movimientos son

autolimitados en la cuestión de que su finalidad no es impactar directamente en el

Estado, sino hacerlo de manera indirecta, y más bien el propósito directo de estos

movimientos es determinar al propio espacio público y a la sociedad civil (las

relaciones entre grupos sociales de la sociedad civil).

Y la otra particularidad, la autonomía, como consecuencia de que el estado de

derecho democrático cuenta con la obligación de proteger al sistema de derechos

la cual posibilita tanto la autonomía pública, así como la autonomía privada de los

ciudadanos. La primera, ciertamente es la que permite a los ciudadanos a

reunirse, asociarse, debatir, organizarse, y cualquier otro modo de salir a lo

público.

Siendo más precisos, cabe señalar la definición que hacen Cohén y Arato de la

sociedad civil, como una:

“Esfera de interacción social entre la economía y el Estado, formada ante todo de

la esfera íntima (la familia en especial), la esfera de las asociaciones

(asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación


249

pública. [...] se hace por medio de formas de auto constitución y auto movilización;

se institucionaliza y generaliza mediante leyes, fundamentalmente los derechos

objetivos, que estabilizan la diferenciación social (Alberto Olvera: México, 2003, p.

8).

Sin embargo, debemos señalar el papel político de la sociedad civil, concerniente

con la generación de influencia mediante las acciones de las asociaciones

democráticas y la discusión no restringida en la esfera pública cultural. En un

sentido más particular, la sociedad civil se dirige a las estructuras de socialización,

asociación y comunicación organizadas del mundo de vida, en la medida en que

éstas han sido institucionalizadas o se encuentran en proceso de ello.

Los movimientos organizados de la sociedad civil no buscan, en su correlación

con el Estado, la desdiferenciación, sino más bien mantener la propia

diferenciación, por lo cual no buscan disputar el poder político claramente, sino

alcanzar beneficios a demandas específicas por medio de la presión ejercida

mediante la opinión pública.

Cohén y Arato, haciendo una claridad importante en cuanto al método teórico de

los movimientos sociales, excluyen la perspectiva que etiquetaba a estos como

momentos eufóricos de pasiones, como una multitud que se agrupaba y separaba

sin la mínima organización. Por tal motivo exponen una nueva perspectiva que

junta las dos principales perspectivas: el de movilización de recursos y el de

identidad (Cohén L. Jean: México, 2001, p. 24). Solamente mencionamos que:

El ejercicio colectivo implica formas de asociación específica en el marco de una

sociedad civil moderna y plural. Ambos criterios distinguen entre dos niveles de la

acción colectiva: la dimensión pone en claro las movilizaciones a gran escala

(huelgas, marchas, demostraciones), y en el nivel latente, menos visible, de


250

formas de organización y comunicación intergrupal, que exponen la vida cotidiana

y la continuidad de participación del actor (Cohén L. Jean: México, 2001, p. 24).

En el paradigma de movilización de recursos los grupos asociados con intereses

colectivos son los actores de la acción colectiva. El punto de vista del análisis se

acerca, por una parte, a aquel en el cual es el organizador del movimiento se

inquieta por los imperativos de la movilización, y por el otro, a un esbozo más

frecuente de observador sobre el entorno político.

Cohén, destacando el trabajo de Charles Tilly, hace referencia entre acciones

colectivas reactivas y preactivas. Las primeras se centran en los grupos

comunales los cuales se organizan cuando son amenazados por los intentos de

los estadistas para conseguir el control sobre la población en general y de sus

recursos. Esta clase de acciones fusionadas son más frecuentes en la defensa de

un mundo de vida tradicionalista.

Para la segunda aseveran las demandas del grupo por poder, privilegios o

recursos que anticipadamente no existían. Su objetivo es conseguir mayor

reconocimiento o una mayor parte del poder.

Pero es pertinente recuperar un argumento que Cohén utiliza para realizar una

crítica a los significados de los medios de acción de la perspectiva de Tilly (Cohén

L. Jean: México, 2001, pp. 38-39).

Para que el actor social logre calcular los costos y beneficios de la operación

colectiva y de los actos estratégicos, “su identidad tiene que estar establecida [...]

el proceso de creación de identidad ocurre por medio de la misma interacción

colectiva, dentro y entre los grupos sociales de la sociedad civil” (Cohén L. Jean:

México, 2001, p. 42).


251

Es importante destacar, esta situación forma un punto medular, pues como

menciona Cohén, aun en el cálculo estratégico de costos y beneficios, participan

valores. No se busca un bien deseable (como una mejor participación en el poder)

sin una coincidencia la cual pueda aportar cohesión y motivación al grupo. En la

relación sociedad civil-Estado de derecho, interviene la semejanza de los grupos

organizados (en cuanto a sus miembros) no simplemente como base mediante la

cual se movilizan, sino que esta identidad se resultado de la organización y

movilización.

Por otra parte, se cuenta con el paradigma de la identidad. Para poder concebir su

importancia, se debe recuperar brevemente el significado de los nuevos

movimientos sociales (NMS). Estos implican actores conscientes de su capacidad,

para poder formar identidades y de las relaciones de poder que se encuentran

implícitas en su marco social. Modulan el principio formal de igualdad de

oportunidades para todos aquellos participantes en el proceso del grupo. La

reflexividad que muestran en su organización (de acuerdo a los procesos sociales

de formación de identidad), se emplea a las normas sociales existentes y a las

estructuras de dominación que envuelven su mantenimiento.

Los actores colectivos contemporáneos observan, la formación de identidad

involucra una disputa social en el marco de la reinterpretación de las normas, de la

creación de nuevos significados y un reto a la cimentación social de las fronteras

entre lo público, lo privado y los dominios políticos de la acción (Cohén L. Jean:

México, 2001, p. 43).

Rescatando a Touraine, Cohén plantea la idea de que se puede observar a ambos

paradigmas como polos opuestos (tanto a la estrategia como a la identidad). Esto

es necesariamente la propuesta de Cohén y Arato. Ni uno ni el otro pueden ser las

únicas perspectivas para visualizar estos movimientos.


252

Un mecanismo interesante sobre la organización inmiscuida en cualquier conjunto

aspirante a bienes colectivos es la existencia. Si los movimientos sociales fueran

únicamente arrastrado por individuos de los cuales siempre quisieran maximizar

sus dividendos a partir de la mínima inversión de costes, ningún movimiento social

lograría sus metas (el free rider se generalizaría en el trabajo colectivo). Hay más

puntos a tomar en cuenta, como los valores que precisan identidades (por ende

bienes ideales, que les transportan a los individuos a querer organizarse por el

afecto a esos bienes. Se ve la importancia de la crítica de Taylor al yo

desvinculado).

El problema de los movimientos sociales debe verse en dos ejes: el diacrónico y el

sincrónico. El primero hace mención al patrón de desarrollo de una sociedad (en el

cual se puede ver que el Estado, crisis sistémicas, cambios y comportamientos

conflictivos oponen a las élites contra las masas); y el sincrónico, ve los modos de

actividad de la sociedad (las relaciones sociales y "sistema de acción histórica"

como procesos conflictivos por los cuales las normas, las instituciones y los

patrones culturales son establecidos y disputados por los actores sociales). Por tal

motivo se concibe a los movimientos sociales como las luchas en torno a patrones

culturales los cuales se encuentran involucrados en el funcionamiento actual de la

sociedad.

Ciertamente se les llama nuevos movimientos sociales, no por el hecho de ser

totalmente novedosos en sus aspectos expresivos o de movilización, sino más

bien una cuestión más que de formas, de contenidos y de posturas de los actores

de estos movimientos. Ante la nombrada modernización social los actores sociales

observan como patologías el hecho de la intrusión del sistema en cuanto a sus

operaciones (mediadas por el derecho) en las relaciones sociales del mundo de

vida. A ello responden en las movilizaciones de la sociedad civil contemporánea.

"Las nuevas dimensiones de la identidad de los actores contemporáneos, y lo que

los realizan radicalmente diferentes a los anteriores movimientos, no es su


253

repertorio de operación sino el nivel de reflexividad y los cambios de espacios e

intereses de sus luchas, que incumben a la emergencia de un nuevo tipo de

sociedad" (Cohén L. Jean: México, 2001, p. 51).

Contexto nombrado colonización del sistema sobre el mundo de vida, el cual

consiste de manera muy simple en el cual los medios de control sistémicos

penetran las interacciones propias del mundo de vida (que son ejecutadas a través

del lenguaje), lo que provoca disfunciones dentro del mundo de vida.

La Modernidad implica tres tesis que suministran la base para una interpretación

desigual de los movimientos contemporáneos. La primera es la distinción entre los

métodos de diferenciación de la economía y el Estado (subsistemas de acción

estratégica) y los cambios de la modernización o la "racionalización" del mundo de

vida sociocultural. La segunda es la teoría de que con el acontecimiento de la

modernidad cultural (de los círculos culturales autónomos de la ciencia, el arte, la

moralidad y la ley, fundadas alrededor de sus propios valores internos), el

potencial para incrementar la reflexividad en todas las dimensiones de la acción y

de las relaciones mundanas ya está dado. Estos dos desarrollos cuentan con la

promesa de una relación postradicional y posconvencional con las extensiones

clave de la vida social, política y cultural, esto es, su coordinación a través de un

proceso de interacción comunicativa (Cohén L. Jean: México, 2001, p. 59).

La tercera tesis que rescata Cohén de la propuesta de Habermas contiene un

peso significativo y es consecuencia de las otras dos tesis:

La agregación de los logros de la modernidad cultural en la vida diaria figura el

reemplazo de una coordinación gemeinschaftliche [comunitaria] de la vida social

por conveniencias potencialmente autorreflexivas. Con la tercera tesis de acuerdo

a la "institucionalización selectiva" de los potenciales de la modernidad

(reflexividad, autonomía, libertad y significado), Habermas proporciona cuenta de


254

las cualidades unilaterales del presente desarrollo y de los obstáculos de su

realización, debido a las condiciones de la sociedad de clase capitalista (Cohén L.

Jean: México, 2001, p. 59-60).

Debemos recordar una de las principales características de las organizaciones

modernas es la apertura a los miembros, quienes pueden serlo o dejar de serlo

cuando quieran (la membresía es por voluntad, no por adscripción, como en las

sociedades premodernas la pertenencia a los grupos sociales).

En los grupos de la sociedad civil, existen varias características de los cuales vale

la pena revisar. En inicio, la sociedad civil es diferente al mercado y al Estado, y

se comprende de los siguientes componentes: pluralidad, grupos informales,

familias y asociaciones voluntarias cuya pluralidad y autonomía consienten una

variedad de formas de vida; publicidad, que comprende instituciones de cultura y

comunicación; vida privada, como dominio del autodesarrollo y elección moral del

individuo; y legalidad, que son las estructuras de las leyes generales y derechos

básicos necesarias para demarcar la pluralidad, la vida privada y la publicidad al

menos en lo que se refiere al Estado (Cohén y Arato: pp. 395-396).

Como se mencionó anteriormente la autonomía pública y la autonomía privada se

refieren a los espacios de operación que en términos de libertades y

oportunidades les son otorgados a los ciudadanos, tanto para llevar a cabo una

biografía propia, como para participar en espacios públicos en temas de interés

general. Cohén y Arato cuentan con una perspectiva muy relevante sobre lo

privado el cual nos puede ayudar a entender de una mejor manera la relación

entre autonomías:

Lo que llamamos privado se centra en reflexiones y elecciones morales de los

ciudadanos, así como a sus juicios concernientes a sus proyectos y necesidades

de identidad. Los derechos a la vida privada afirman necesariamente estos


255

terrenos. Aunque todos los derechos se encuentran conectados con un principio

público porque debe afirmárseles, estar de acuerdo sobre ellos e

institucionalizárseles como ley, lo que resguardan (en especial en el caso de la

vida privada) queda excluida de los límites de lo público, lo legal o el control

político. En otro orden, articulados de manera pública, los derechos privados

protegidos lícitamente forman un campo de juicio autónomo que está más allá de

la regulación política [...] necesariamente porque las personas desarrollan sus

identidades personales y colectivas en métodos de interacciones complejos y

siempre se encuentran incorporados en una red de relaciones con los otros, y

puesto que hay una pluralidad de concepciones morales en cualquier sociedad

civil moderna, la capacidad para tomar decisiones morales autónomas y la

destreza para desarrollar proyectos personales requieren de protección y

reconocimiento (Cohén y Arato: pp. 468).

Entonces, podemos observar la trascendencia del papel del derecho en la

constitución de un espacio público inclusivo, puesto como ya se ha observado en

la relación entre autonomía pública y privada, la protección por parte del Estado

del sistema de derechos es imprescindible para la creación de individuos

autónomos primero en su ámbito privado e íntimo, y posteriormente en un ámbito

público de comunicación.

En ello podemos ver el papel de la acción comunicativa tanto en la creación de

individuos autónomos que logran trazar un proyecto de vida (al resguardo de la

intromisión del Estado en este ámbito), así como en la función de la formación de

una red de comunicaciones en el marco de temas de interés público, que con base

en la organización que comporta deberes ilocucionarias se facilita una formación

racional de la voluntad la cual sirve como contrapeso al Estado.

Cabe realizar una precisión, pues Cohén y Arato oportunamente eligen utilizar la

noción de "identidad común" en reemplazo de "interés general". Recordemos, en


256

sociedades complejas, y sobre todo debido a lo visto con el descentramiento de

las imágenes del mundo, los valores y las normas se diversifican mutuamente en

cuanto a su papel dentro de lo social, y mientras las normas se refieren a

expectativas de conducta generalizadas que proceden a partir de lo que sería una

moral general, los valores únicamente constituyen espacios de preferencias y

bienes a los que cabe seguir, y que estructuran vidas en una situación en la que

indican una vida que vale la pena vivir.

Difícilmente los valores se pueden transformar en normas de asentimiento

general, ya que pertenecen a grupos sociales específicos, y las normas deben

apelar siempre a la justicia. La identidad habitual la ubicamos, como Cohén y

Arato, en el marco de valores estructuradores de identidad. Recobrando un poco a

lo que Taylor menciona cuando sugiere las urdimbres de interlocución, la identidad

es eso que resulta cuando un individuo ejecuta preguntas morales sobre su propia

ubicación moral, así como cuando realiza juicios morales.

Aquí es donde se puede ver nítidamente la relevancia de la ética discursiva

empleada desde el derecho para la creación de un espacio público en cuanto a

que ese espacio común, independientemente de las identidades culturales que

dividen a los ciudadanos, les permite entablar relaciones.

Las sociedades determinadas por una pluralidad de sistemas de valores, modos

de vida e identidades individuales, la ética del discurso suministra una manera de

descubrir o reafirmar lo que se tiene en común, si es que algo se tiene, quienes

nos interrelacionamos y quienes somos afectados por las mismas decisiones y

leyes políticas [...] el descubrimiento de los intereses generalizables en la

discusión involucra algo anterior, es decir, a pesar de nuestras diferencias, hemos

descubierto, reafirmado o creado algo en común lo cual corresponde a una

identidad social general (a su vez está abierta al cambio). Una discusión pública

puede exponer que, después de todo, sí se tienen algo en común, que somos un


257

nosotros, y que estamos de acuerdo en, o admitimos, ciertos principios que

componen nuestra identidad colectiva (Cohén y Arato: p. 416).

En esto se encuentra la importancia del espacio público, tanto desde la óptica de

la reproducción de identidades dentro de los grupos sociales, como en la

conformación de una identidad pública más allá de las identidades culturales de

los miembros de esos grupos (la identidad común a la que se refieren Cohén y

Arato es una identidad ciudadana basada en la participación en lo público, en lo

común). Recobrando elementos significativos de la perspectiva de la Modernidad

en Habermas, el mundo de vida crea identidades desde los tres componentes

estructurales del mismo: desde la perspectiva de las tradiciones culturales le

concede los patrones culturales inevitables para crear las bases de una identidad;

desde la perspectiva de la personalidad, le da los valores los cuales le sirven para

socializarse y convertirse en un adulto autónomo; y desde la perspectiva de la

sociedad, hay instituciones sociales necesarias para el crecimiento de los

individuos (de ahí la importancia del derecho y la creación de las instituciones de

la sociedad civil).

Ahora bien, esos dispositivos estructurales dotan de sentido al individuo, por

decirlo de alguna forma, algo que por sí sólo el sistema no puede realizar, puesto

que es incapaz de dar cierto sentido a los individuos y a los grupos sociales (las

operaciones sistémicas se encuentran orientadas a la reproducción material de lo

social). El sistema no puede instituir identidad o significado, pero en ello se

encuentra la importancia de la legitimidad del Estado, pues terminaría con ella si

viola las identidades colectivas y la solidaridad social e integración social que

conllevan (en este cause, esos son los límites del Estado de derecho, y por ende

las leyes deben apelar siempre a la justicia, independientemente de que apelan

también a los intereses fácticos de los grupos sociales de la comunidad jurídica).


258

Podemos observar las afinidades entre la propuesta de Habermas y la propuesta

de Cohén y Arato. Ambas perspectivas le proporcionan un lugar privilegiado al

derecho, ya que sin la defensa del ámbito privado desde lo jurídico (con las

amenazas de sanción por parte del Estado), no se pueden formar individuos

autónomos que puedan crear redes de comunicación y solidaridad en los ámbitos

públicos. Por tal la importancia de la sociedad civil como actor del asociacionismo

y de la organización guiada por fines diferentes a los que tiene los actores del

Estado y de la economía, ya que estos ámbitos no crean por sí solos identidad o

solidaridad (cuestión que si es originada por valores y normas constitutivas del

mundo de vida, y en este caso de la sociedad civil).

Los elementos universalizables de la legitimidad democrática y de los derechos

básicos únicamente pueden ser mecanismos de una identidad común, no la

totalidad de la misma. Su reproducción en el nivel simbólico admite el hallazgo o

reapropiación de las tradiciones, memorias colectivas, patrones preexistentes de

interacción, valores instituidos y prácticas relevantes (mundo de vida) los cuales

son las fuentes de solidaridades mismas que pueden sostener el núcleo racional

de una identidad colectiva política. Desde la óptica de una identidad colectiva

posconvencional, discursiva, esta reapropiación tiene que ser postradicional, es

decir, crítica en relación con la tradición (Cohén y Arato: p. 419).

Para finalizar cabe mencionar, la importancia de la identidad común, el cual no

debe confundirse con los intereses generales (ya que no precisamente se puede

coincidir en qué radican estos intereses, independientemente de que sí se debata

en lo público a partir de aquello que nos hace iguales a pesar de las diferencias, la

identidad común ciudadana), importancia enmarcada el principio democrático,

como se observó con Habermas, autoriza a los individuos a organizarse y

participar en discusiones públicas, pero no colmada de contenido a las propias

discusiones, en último lugar lo que realiza es servir de metáfora desde la

regulación del Estado para la elaboración legislativa que limite cuales leyes si son


259

justas (en tal sentido, cualquiera de los posibles afectados lograra dar

asentimiento a la ley, y en esa cuestión se pudiera sentir como autor de la misma),

y cuáles no. "La identidad común se encuentra entre los meta principios y los

intereses (los cuales también pueden variar) de un grupo, suministrando así la

estabilidad y la autoridad de las aplicaciones acordadas, aunque ellas también

siguen estando abiertas al cambio" (Cohén y Arato: p. 420).

Vemos visiblemente que la apelación a aquello que es justo (el procedimiento,

independiente a los contenidos o a los intereses y valores involucrados en pugna

dentro de lo público) es lo que permite crear un espacio de organización que no

esté prejuzgado en cuanto a los temas de discusión, lo que en un sentido

sociológico fuerte implica que tampoco se prejuzgan las diferencias culturales o

políticas para la inclusión o exclusión de los grupos sociales, algo que el espacio

público no puede permitirse (pues dejaría de ser público).

Con esto podemos llegar al último punto importante acerca de la sociedad civil. La

sociedad civil como parcialidad del mundo de vida implica los mismos esfuerzos

tanto de los miembros de los grupos organizados como de los miembros del

mundo de vida. Ante el desmoronamiento de las certezas culturales

características de las sociedades premodernas, los actores sociales tienen que

llevar a cabo esfuerzos interpretativos constantes tanto en sus acciones

estratégicas e instrumentales, como en las acciones comunicativas. Hacen uso de

la acción comunicativa asiduamente en la creación de poder comunicativo porque

éste es un escaso recurso y tiene que regenerarse simultáneamente, y esto no

únicamente en su relación con el Estado como instancia de toma de decisiones

vinculantes y de elaboración de normas jurídicas legítimas, sino además en

cuanto a la creación de identidad y sentido, en tanto a la formación de un

significado "nosotros".


260

Es por tal motivo el de tener que rescatar las esferas en las cuales la sociedad

civil se relaciona con el Estado. Son los tres complejos de derechos en lo

concerniente a las esferas institucionales de la sociedad civil en relación con el

Estado: en primer lugar a lo referente a la reproducción cultural (libertad de:

expresión, pensamiento, prensa y comunicación); ello mismo asegura la

integración social (la libertad de asociación y de reunión); y los que aseveran la

socialización (la protección de la vida privada, de la intimidad y de la inviolabilidad

de la persona) (Cohén y Arato: p. 496).

Puesto que nos encontramos ante grupos que no tienen las mismas certezas

culturales de mundos de vida premodernos, e igualmente se hallan ante una

rápida modernización social, los nuevos movimientos sociales son reactivos y

defensivos en la misma medida. No salvaguardan comunidades tradicionales de

mundos de vida premodernos, más bien protegen espacios para la formación de

nuevas identidades y solidaridades, tratando de hacer las relaciones más

igualitarias y democráticas en torno a las instituciones de la sociedad civil. En

otras ideas, sus habilidades se limitan a influir directamente en la opinión pública,

e indirectamente en las élites administrativas (de esto el peso moral de la

reclamación a la justicia de las causas).

No se trata de movilización de recursos con línea de impactar de alguna forma en

el Estado o el mercado, ni exclusivamente son relaciones entre grupos de la

sociedad civil por impactar alegóricamente en la opinión pública (ganar adeptos

morales para sus causas). En resumidas cuentas, la perspectiva dual está

caracterizada porque ni la movilización de recursos ni la identidad dan por

separado luz sobre los nuevos movimientos sociales.

Es claramente concebible, un movimiento social determinado puede comprometer

a todas las formas de acción. Esto es obvio en la cuestión de las acciones

colectivas contemporáneas. Puntos clave de los nuevos movimientos (desde el


261

feminismo hasta el ecológico), poseen una relación autorreflexiva con los mundos

objetivos, subjetivos y sociales en el grado en el cual tratan los temas de la

identidad personal y social, protegiendo las normas existentes, impugnan las

interpretaciones sociales de las normas, forman comunicativamente nuevas

normas y plantean formas disyuntivas de relacionarse con el ambiente. Como se

dijo anteriormente, toda acción colectiva supone también actividad estratégica,

instrumental y normativa (Cohén y Arato: p. 584).

Dos puntos de suma importancia. La primera en cuestión a lo que ya se mencionó

sobre el poder en la relación entre el Estado y la sociedad civil. La segunda, sobre

el grado de las identidades en la conformación de la sociedad civil organizada.

La primera funciona para introducir la polémica de la siguiente sección en lo

referente a la creación del poder comunicativo. Como se vio, Habermas rescata la

noción de Arendt, y la utiliza, puesto que ambos colocan la coacción del lenguaje y

la persuasión como puntos de integración social (es decir, se ordenan acciones no

por medios de control sistémicos como el dinero o el poder político, sino a través

del lenguaje común). Pero una cuestión a resaltar es la naturaleza de ese poder al

que hace mención Arendt: anterior a su institucionalización, existe únicamente en

función de que los individuos se sitúan en lo público unos con otros, y se esfuma

en cuanto se apartan y no se ejercen influencia mutuamente. Y curiosamente (y en

esto se encuentra la importancia del poder comunicativo para la legitimidad del

poder político, para que no sea únicamente violencia), es constitutivo del poder

político (sin él, la dominación del propio Estado se crearía extremadamente

vulnerable e inestable). Un asunto de autoridad del poder político.

La segunda, si recordamos los dos paradigmas que trabajan Cohén y Arato de

acuerdo a los movimientos sociales (movilización de recursos y el de identidad),

es importante enfatizar que no son exclusivamente intereses lo que hay de por

medio en las movilizaciones (mencionamos el problema del free rider), sino más


262

bien valores y normas en disputa y como sustento para la organización (que

estructuren a los grupos de la sociedad civil). En otras palabras, en eso se

encuentra el aporte del mundo de vida a la sociedad civil: suministrar de

identidades a los actores de estos movimientos, de elementos que los motiven a

participar de manera conjunta por un bien común.

4.10 Área Pública

La idea de lo público contiene tres sentidos diferentes pero relacionados. El

primero hace referencia a la distinción entre lo general y lo particular, en lo cual lo

público apela a lo común, no a lo individual; el segundo hace mención a lo

manifiesto, en contraparte a lo secreto; la tercera a lo abierto, a diferencia de lo

cerrado (Nora Rabotnikof: México, 2005, p. 9 y ss.).

Debemos comprender el papel que juega el Estado de derecho democrático en la

creación de una sociedad civil organizada. Sin este, meramente no se puede

edificar la sociedad civil, puesto que se necesita la institucionalización de esos

grupos para poder generar redes de comunicación, las cuales aporten desde la

opinión pública, como indirectamente coacción utilizando como medio a la opinión

pública hacia el Estado en tanto a la formación de la agenda pública.

Habermas señala dos pensamientos de acuerdo a la relación entre derechos y

participación democrática. La primera, la liberal, considera que el proceso

democrático se lleva a cabo exclusivamente en la forma de compromisos entre

intereses. Por medio de las libertades negativas (derechos liberales) se piensa

que éstas tienden a asegurar la fairness de cualquier compromiso (se fundan y

fundamentan en última instancia en los derechos fundamentales liberales).


263

Por otra parte la concepción republicana, en la cual la formación democrática de

la voluntad política se lleva a cabo en la cuestión de un auto entendimiento ético-

político. La deliberación se basa en un consenso de fondo (en cuanto al

contenido) inculcado por la misma cultura en la que se ha crecido y se está. Pero,

ambas perspectivas democráticas parecen insuficientes, por lo que:

La teoría del discurso toma elementos de ambos lados y los coloca en el concepto

de un procedimiento ideal para la discusión y la toma de decisiones [...] De

acuerdo a esta concepción, la razón práctica se aparta de los derechos humanos

universales, en los cuales se insiste el liberalismo, o de la eticidad concreta de una

comunidad establecida, en la que insiste el republicanismo, para asentarse en

esas normas del discurso y formas de argumentación las cuales toman su

contenido normativo de la base de validez de la acción orientada al entendimiento,

y en última instancia, de la estructura de la comunicación lingüística y del orden no

sustituible que representan la socialización y "sociación" (Habermas: pp. 372-373),

comunicativas.

Con esto se puede decir, la democracia expresa la autoorganización política de la

sociedad en su conjunto a través del medio que es el derecho. En esto se puede

ver en la distancia que separa al Estado de la sociedad, a las burocracias de los

grupos de la sociedad civil, ya que la política se convierte en asunto de

profesionales, y la mayoría de los ciudadanos se tienen excluidos del poder de

decisión. Pero para ello Habermas plantea dentro de la relación entre

republicanismo y liberalismo, a la teoría del discurso:

Cabe mencionar: no conjeturamos que lo político sea el agente ordenador de la

sociedad. Nos referimos en concreto a las sociedades de cada Estado de derecho,

y estamos conscientes: aunque al Estado le toca la tarea de tomar decisiones

vinculantes, es un subsistema entre otros, que la sociedad moderna carece de un

centro.


264

El desarrollo y afianzamiento de una política deliberativa, la teoría del discurso los

lleva a depender, no de una ciudadanía conjuntamente capaz de acción, sino de la

institucionalización de los convenientes ordenamientos y presupuestos

comunicativos, así como de la interacción de deliberaciones institucionalizadas

con puntos de vista públicos desarrollados informalmente. La procedimentalización

de la soberanía popular y la vinculación retroalimentativa del sistema político con

las redes periféricas las cuales personifican los espacios públicos políticos, se

incumben con la imagen de una sociedad descentrada. En todo caso, esta

concepción de la democracia es inoperante con el concepto de un todo social

centrado en el Estado, al que contenga concebir como un sujeto en gran formato

que actúe orientándose a un fin (Habermas: p. 374).

En otro orden, la fórmula de la institucionalización del espacio público se

encuentra en la propia institucionalización de ordenamientos los cuales les

permitan a los ciudadanos practicar tanto su autonomía privada (en la libertad de

arbitrio en los espacios íntimos) como su libertad pública (en correspondencia al

Estado y a los grupos constitutivos de la sociedad civil).

No únicamente el sistema de derechos, ni las amenazas de sanción por parte del

Estado, sino además es necesaria la institucionalización de los ordenamientos por

los cuales tender los puentes comunicativos entre la administración estatal y los

grupos de la sociedad civil (puentes ubicados en el espacio público). Recordando

los principios del Estado de derecho:

La creación de la voluntad política, organizada en forma de poder legislativo del

Estado, terminaría con las bases que su propio funcionamiento racional tiene en la

sociedad civil, si se cubriera las fuentes espontáneas que personifican los

espacios públicos autónomos o se enclaustran frente al aflujo de temas,

contribuciones, informaciones y razones, que libremente floten en una esfera


265

preestatal igualitariamente estructurada. Los órganos parlamentarios tienen que

trabajar bajo los criterios de una opinión pública en cierto modo sin sujeto que, sin

en cambio, no puede crearse en el vacío, sino más bien sobre el trasfondo de una

cultura política liberal. Si el método de los derechos hace suyas las condiciones

bajo la cual los ciudadanos pueden unirse en una asociación de miembros iguales

y libres creando una comunidad jurídica, entonces en la cultura política de una

población se expresa cómo esa población entiende intuitivamente el sistema de

los derechos en el contexto histórico de su propia vida concreta.

Esta definición es más normativa que científica, por lo cual vale la pena realizar

reservas en su recuperación. En ello podemos ver la jerarquía del sistema de

derechos, pero el otro elemento que menciona Habermas es de gran importancia

para una perspectiva sociológica: el trasfondo del mundo de vida (en especial las

tradiciones culturales). Por esto mismo, rescatemos el papel de la expresión en el

espacio de opinión pública.

Habermas lleva a cabo el debate con las perspectivas sistémicas de la sociedad

(especialmente con H. Willke) en medio de la opinión pública y sus relaciones con

los diferentes subsistemas sociales. Puesto que la perspectiva sistémica dificulta

la existencia de interacción entre sistemas (unos se cierran a otros a partir de

clausuras operativas, y únicamente les queda la opción de observarse

recíprocamente y establecerse como marco los unos de los otros), y el mismo

Habermas admite la no existencia de un lenguaje parcialmente habitual entre

sistemas, lo cual lo lleva a la siguiente conclusión: el lenguaje ordinario es aquel

que sirve de metalenguaje a la comunicación a lo largo y ancho de la sociedad

entera.

Si hacemos memoria y recordamos cuando hablamos del derecho como

intervención entre sistema y mundo de vida, observamos que el lenguaje del

derecho se utiliza para llevar a cabo operaciones a partir de la integración


266

sistémica, ya sea por un parte en el mercado o en la administración estatal. Pues

bien, el lenguaje del derecho tiene como base al propio lenguaje ordinario (en

dado caso, el lenguaje jurídico conecta a ambos, el mundo de vida y el sistema),

con lo ello se observa que en las relaciones entre sistema y mundo de vida el

lenguaje jurídico es el que funciona como interlocutor con el lenguaje ordinario.

Por tal motivo la importancia del lenguaje común. Habermas lo menciona de la

siguiente manera:

Cuando se persigue la demostración de la filosofía analítica del lenguaje, no

acaba uno encontrando, por lo demás, nada extraordinario en la idea de que el

lenguaje ordinario proceda de "último metalenguaje". El lenguaje ordinario forma

ese medio abierto siendo un lenguaje que circula a lo largo y ancho de toda la

sociedad, y del que puede traducirse a, y al que puede traducirse de, todos los

discursos especiales (Habermas: p. 428).

Las operaciones comunicativas son las que conforman al mundo de vida, y estas

acciones (al estar visualizadas al entendimiento), hacen claro uso del lenguaje

ordinario. El mundo de vida se reproduce por medio del lenguaje ordinario, y

mediante él se entretejen los componentes estructurales de aquel.

Los métodos de operación que se encuentran especializados en un alto nivel de

reproducción cultural (como la escuela) o en la socialización (como la familia) o

(como el derecho) en la conformación social, no maniobran divididos estrictamente

los unos de los otros. Por medio del código común el cual representa el lenguaje

ordinario esos sistemas de acción cumplen además, por así decir,

concomitantemente los desempeños de los demás, conservando así una

referencia a la totalidad del mundo de vida. Aquellos ámbitos nucleares del mundo

de vida que poseen carácter privado, esto es, la caracterización por su intimidad,

forman encuentros entre familiares, amigos, conocidos, entre otros, y concatenan,

en el marco de estas interacciones simples, las biografías de sus miembros. El


267

circulo de la vida pública guarda una correspondencia de complementariedad con

ese círculo de la vida privada, de la cual se recluta al público como portador de la

opinión pública (Habermas: p. 434).

El mundo de vida, desde este matiz, se puede observar como una red de

ejercicios comunicativas, en la media en la cual el lenguaje ordinario. El dispositivo

estructural sociedad se encuentra formada por la totalidad de las relaciones

interpersonales establecidas legítimamente. El derecho tiene un papel importante

en el amarre de los medios de control sistémicos inmerso en el mundo de vida.

Por tal motivo, el lenguaje jurídico es el que traduce, por así mencionarlo, las

comunicaciones que se crean a partir del poder comunicativo, con lo cual el

Estado toma éstas y las asimilan al sistema político (por medio de lo que

Habermas denomina esclusas).

En esto puede observarse en la jerarquía del mundo de vida en tanto que

suministra a la política de las contribuciones necesarias tanto para la creación de

poder político como para el uso de forma vinculante. Pero desde el propio mundo

de vida puede verse un recurso escaso para la movilización de los grupos de la

sociedad civil: el sentido añadido a las identidades, algo no puede generarse a

voluntad, ni es tarea exclusiva del sistema político. En esto es donde se encuentra

la correspondencia entre el Estado de derecho y la sociedad civil, pues ese

sentido se forma socialmente a partir de la formación de los grupos de la sociedad

civil organizada y el movimiento de poder comunicativo en el espacio de

resolución pública. El punto atrayente alrededor del sentido es la naturalidad

social, restringida desde el interior del mundo de vida (por las propias dinámicas

de esas redes de comunicación). Habermas señala claramente lo que significa el

espacio de opinión pública:

El espacio de opinión pública, la mejor manera de describirse es como una red

para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones, y


268

en él los flujos de comunicación permanecen filtrados y resumidos de tal forma

que se concentran en opiniones públicas agavilladas alrededor de temas

específicos. De la misma manera que el mundo de la vida en su totalidad, además

el espacio de la opinión pública se reproduce por medio de la acción comunicativa,

para lo cual basta con dominar en lenguaje natural; y se amolda a la inteligibilidad

general de la práctica comunicativa habitual, (el espacio de la opinión pública) en

cierta medida en la cual se alarga a cuestiones políticamente relevantes, deja la

producción especializada de estas al sistema político. El espacio de opinión

pública se diferencia, más bien, por una estructura de comunicación la cual se

referencia a un tercer aspecto de la acción encaminada al entendimiento: no a las

funciones, ni tampoco a los contenidos de la comunicación, sino al espacio social

creado en la acción comunicativa (Habermas: pp. 440-441).

En esto se encuentra la facultad con la que cuentan los sujetos sociales para

participar políticamente dentro del espacio público, ya que únicamente tienen que

tomar porte dentro de las comunicaciones diarias utilizando el lenguaje ordinario,

lo cual cierra de alguna forma la brecha anteriormente aludida entre la política de

expertos y la participación de los ciudadanos en la política. Una de las más

importantes circunstancias es la argumentación informada en vistas a que gane el

excelente argumento, utilizando lenguaje común en la toma de posturas ante las

comunicaciones inmersas en esas redes.

Un elemento utilizado en la manifestación de Cohén y Arato nos es de utilidad

aquí, la autoridad, y según Habermas "la influencia se alimenta del recurso que es

el entendimiento, pero se basa en una especie de anticipo, es decir, en la

confianza que se pone en posibilidades de convicción actualmente no

comprobadas" (Habermas: p. 443). Precisamente los movimientos sociales tienen

como peculiaridad hacer uso de esta influencia, puesto que a partir de la división

de la sociedad (formada como sociedad civil organizada) del Estado, su propósito

es la influencia y no la participación directa en el poder político. Y como se


269

mencionó con Cohén y Arato, la sociedad civil únicamente puede incidir de

manera directa en su propia transformación, e indirectamente en la gerencia del

Estado (no puede ocupar su puesto). A esto describimos como la autolimitación de

los movimientos de la sociedad civil.

Es importante señalar: Hay matices en las relaciones entre el Estado y la

sociedad, la sociedad civil no es la única forma en la cual se relacionan. Los

individuos, como ciudadanos, además logran ser simplemente clientes del Estado,

pero al referirnos a la sociedad civil se resalta el carácter autónomo de los

ciudadanos como referentes a la organización, en vez de meros receptores de los

bienes colectivos que produce el Estado.

Las primordiales características del espacio público, ya mencionada de nuevo la

relación entre el Estado y la sociedad civil, son:

Al interior de las sociedades complejas el espacio de opinión pública [...] presume

una red excepcionalmente compleja que se multiplica espacialmente en una

pluralidad de espacios a nivel internacional, nacionales, regionales, municipales,

subculturales, los cuales se cuidan unos con otros; que, lo referente a contenido

se refiere, se organiza conforme a puntos de vista funcionales, centros de

gravedad temáticos, ámbitos políticos, entre otros, en lugares públicos más o

menos especializados pero todavía accesibles a un público de legos [...] en lo

concerniente a densidad de la comunicación, a complejidad de su organización y

alcance, se diferencia en niveles, de los episódicos que personifican el bar, el

café, o encuentros y charlas en la calle, hasta el espacio público abstracto, formad

por medios de comunicación, los cuales forman los lectores, oyentes y

espectadores aislados y diseminados por todas partes (Habermas: pp. 454-455).

Los límites de este espacio público en su relación al Estado son permeables en lo

referente las contribuciones. Los tres sentidos de lo público anteriormente


270

señalados se ven expuestos en el espacio de opinión pública observado desde la

perspectiva habermasiana. Este espacio se encuentra abierto a cualquiera que

esgrima el lenguaje ordinario y goce de una opinión que pueda argumentar a

través de una toma de postura ante las comunicaciones. Además son

manifestaciones públicas en el sentido de que se llevan a cabo a la vista de

cualquiera. Y además, como se ha mencionado, si se quiere impactar estas

manifestaciones a la opinión pública deben ejercitar influencia moral en un sentido

que apele a la justicia de las causas, por lo cual se vuelven públicas en el sentido

de interés común (no se salta a lo público a proteger causas moralmente

reprobables, como la discriminación racista o el maltrato a los animales, por decir

algo).

Hay dos formas de bienes las cuales pueden estructurar éticamente a los

individuos: las ideas del bien (o fuentes morales, o bienes constitutivos), y los

bienes vitales. Las primeras representan valores que señalan pautas de vida a los

individuos, los cuales lo hacen por amor al propio bien y no por las consecuencias

que ello les pueda significar, lo cual les da una identidad. Los segundos son

bienes concernidos con la vida buena, la cual no cuenta con tanta injerencia en el

establecimiento de la identidad de los sujetos morales, aunque si lo tienen en una

forma pragmática.

Podemos afirmar que ambos tipos de valores son trascendentales en la

conformación de los grupos de la sociedad civil organizada. Mientras tanto las

ideas del bien se utilizan de motivación para que los individuos pretendan

pertenecer a algo más grande que ellos (una comunidad, un "nosotros"), dicho de

otra forma, encontrar un sentido ético a sus vidas (lo cual los motiva a organizarse

con otros los cuales tengan los mismos valores), los otros bienes los llevan a

organizarse no por el amor y la solidaridad hacia su grupo social, sino por la

búsqueda de obtener beneficios a partir de su presión hacia el Estado (beneficios


271

que pueden observarse como bienes vitales, como el mejoramiento de una

colonia, o la creación de espacios de esparcimiento o deportivos).

Mencionamos con Cohén y Arato la necesidad de la existencia de identidades

sociales y culturales previas a la movilización de los grupos (cuestión que es

generada por las dinámicas del propio mundo de vida). El cobijo que la tradición

puede dar tanto al individuo como a los grupos sociales es lo que les imprime

fuerza y motivación, pues independientemente de que Habermas asegura que con

el espacio público la cuestión de salir a lo público obliga a los individuos a contraer

obligaciones ilocucionarias, nosotros opinamos que esto no es suficiente, que sin

las contribuciones culturales del mundo de vida, simplemente no tendrían por qué

salir al espacio público a enfrentarse comunicativamente.

Dicho de otra forma: si no se encuentran en juego valores e identidades en pugna

(con sus definiciones del mundo específicas), o la búsqueda de intereses (desde

puntos de vista existenciales propias a las identidades de los individuos), el

individuo común no va a salir a flote en el espacio público, las carestías añejas a

las identidades (del tipo que sean) le exigen a salir de su ámbito íntimo. Habermas

recapacita sobre las responsabilidades ilocucionarias presentes en la situación en

la que se encuentra un individuo confrontado inmersas en las redes de

comunicación, las cuales tiene que tomar postura ante las pretensiones de eficacia

de un proponente, sean opiniones en medios de comunicación de masas, algún

encuentro breve en un transporte público, en un café o en una plaza pública, pero,

¿son bastantes estas necesidades para que los sujetos surjan a los espacios

públicos a encontrarse con otros?

En ello coinciden Habermas como Taylor: los ciudadanos modernos se sitúan en

posturas distintas, reflexivas y pragmáticas ante el mundo y los demás. Ya sea

que habiten en la distancia la cual se toma ante las normas y el uso pragmático de

la razón práctica en cuestiones éticas y existenciales (Habermas), o la ética de la


272

realidad y la búsqueda del individuo de "encontrarse" y ubicar su lugar en el

mundo como un yo moral (Taylor), hay exaltaciones suficientes para que los

individuos surjan al encuentro de los demás, se constituyan e pretendan impactar

tanto a la propia sociedad (grupos organizados y opinión pública), como al Estado

(en dos consideraciones primordialmente: como tribunal moral que juzga el

desempeño de las responsabilidades de este en referente al respeto a la ley y la

amparo del sistema de derechos, y en un sentido pragmático para impactar en la

creación de políticas y de las leyes de manera legítima).

Con esto vemos claramente las contribuciones que hace el mundo de vida a la

organización de la sociedad civil. Las tradiciones culturales y las instituciones de la

sociedad proveen a los individuos de los esquemas, las normas y los valores

necesarios (aunque no suficientes) para que puedan (y quieran, o estén motivados

para) salir al espacio público a debatir y organizarse con otros. Esto crea la

reproducción simbólica del mundo de vida, pero asimismo dota a los grupos

sociales organizados de elementos con los cuales formarse tanto un proyecto de

vida propio como una semejanza social más allá de las identidades legadas por la

tradición (agregadas, como la familia o el grupo social donde se convive), en otras

palabras, proporcionan una identidad reflexiva.

Como podemos observar, estos elementos forman la base motivacional y cultural

con ello los miembros participen dentro de los grupos organizados de la sociedad

civil. Sin estos difícilmente conservarían la cohesión, el compromiso y la

organización necesarios para vislumbrar tanto a otros grupos de la sociedad civil,

como al Estado por medio de la opinión pública.

Al final, pensamos que a pesar de las críticas recíprocas formadas por Taylor y

Habermas, ambos se encuentran viendo lo mismo desde diversas perspectivas,

puesto que su diagnóstico de la modernidad es muy semejante. Conjeturan el

pluralismo cultural y la heterogeneidad de perspectivas sobre cómo es el mundo.


273

Toman en cuenta las funciones del Estado y sus responsabilidades, además de la

mutua diferenciación entre Estado y sociedad. Observan la importancia de los

derechos en la formación de lo social. Pero la diferencia se encuentra en que uno

recarga el peso de su síntesis en lo normativo (Habermas), sobre todo lo referente

al Estado de derecho democrático, y el otro basado los aspectos ético-normativos

del individuo moderno, en función de su importancia para la formación de

identidades sociales (Taylor), inclinando el peso en el pluralismo cultural de las

sociedades modernas.

Se cuenta con una perspectiva procedimental de salida de conflictos (el

procedimiento democrático de acuerdo a derecho, con las extensiones del sistema

de derechos y los principios del Estado de derecho), a partir de lo cual se respeta

la diferencia y se puede integrar e incluir socialmente lo diferente. Taylor guía el

debate hacia las fuentes morales identitarias las cuales dan origen al pluralismo

cultural moderno, y con tal a las plataformas necesarias para que el individuo

pueda constituirse como un ser autónomo (en cláusulas éticos y morales).

La crítica que queremos recuperar de Taylor hacia Habermas consiste en lo que

denomina las éticas procedimentales. Para Taylor, Habermas como heredero de

la tradición ética de pensamiento kantiana recarga el peso de las discusiones en

una moral de corte universalista, sin reparar en grado suficiente en las cuestiones

sustantivas (que son las que trabaja Taylor en su recuperación de los bienes como

formativos de las identidades de los individuos, y como necesarios horizontes que

dan significado, sentido e importancia a las acciones y juicios de estos).

Estas cláusulas se aplican a las diversas formas de la teoría ética emanándolas de

su uso para narrar las concepciones de la razón. Consideramos de sustantiva una

noción de la conciencia cuando calificamos la racionalidad de los agentes o sus

pensamientos y sentimientos en términos sustantivos. Esto significa que el criterio

de la racionalidad es la comprensión correcta. En contraparte con ello, una noción


274

procedimental de la razón termina con esa conexión. La lógica o el pensamiento

de un agente se califican por cómo piensa, no primordialmente por si el resultado

es sustantivamente correcto. El buen pensar se define procedimentalmente el

pensamiento correcto no se define por la verdad sustancial, porque definirla es el

preludio para trazar el argumento sobre la veracidad de sus resultados. El

procedimiento definitivo de la razón práctica es la universalización (Taylor: p. 102).

Sobre esto Taylor describe a una cuestión básica para poder concebir la

divergencia ente ambos: la perspectiva que rescata Habermas (u otros autores,

como Rawls) supone que la legitimidad de la lógica dentro de las discusiones

morales se encuentran basadas en el establecimiento de un procedimiento el cual

permita satisfacer las discusiones de manera justa por el propio procedimiento (la

justicia se establece a partir de la noción de principios). Esta extensión hace a un

lado el tipo de juicio moral el cual insiste Taylor como necesario para poder

determinar la adecuada.

Por lo cual Taylor no simplemente está reprochando a este tipo de éticas, sino a

Habermas en tanto a su ética del discurso:

La preferencia de una ética discursiva es el resultado de la maduración tanto

ontogenéticamente como en la historia de la cultura. Pero claramente eso deja un

hueco sin rellenar. Uno se encontraría tentado a manifestarlo de esta forma: nos

dejan en blanco para poder responder a alguien que formara la pregunta ¿por qué

tendría de ser moral o aspirar a la "madurez" de una ética "posconvencional"?.

Pero eso sería prejuicioso si pareciera que preguntáramos cómo convencer a

alguien que no vea ninguno de los puntos de nuestras creencias morales. No hay

nada que se pueda hacer para "probar" a dicho individuo la corrección de nuestra

postura. Pero echando nuestra mente a imaginar planteando otra asunto: valdría

pedirnos que se le explicara simplemente el significado de nuestro código moral,

que modulásemos lo que hay de excepcionalmente valioso en la adhesión a esos


275

mandatos. Entonces la implicación de esas teorías es que no se tiene nada que

mencionar que imparta un discernimiento. Se puede elaborar una retórica y

propaganda, pero no se puede decir qué es lo bueno o valioso en ellas o por qué

merecen nuestro asentimiento (Taylor: p. 104).

En esto se encuentra la distinción entre ambos, pues por un lado Habermas ve el

aspecto procedimental de las disputas morales (obviando los aspectos sustantivos

que se solucionan por la justicia del propio procedimiento), Taylor menciona: lo

más transcendental en lo referente a la autonomía del individuo moderno es la

esclarecimiento de las coincidencias saliendo de la reflexión de acuerdo a los

bienes, ya sean ideales como una meditación fuerte, o vitales que indican

aspectos simples de la buena vida del individuo. Y con esto se nos presenta la

problemática de por qué hemos de ser morales. Podemos observar la importancia

de la conformación de identidades como la ve Taylor, lo cual es lo que da en

realidad sustancia al mundo de vida, el cual suministra de contenidos a la

sociedad civil (segmentos que tienen una identidad formada por valores los cuales

los motivan a participar con otros de manera sistematizada, y a pugnar por causas

grupales, por algo más allá de ellos como individuos).

Nos encontramos en sintonía con Taylor en la cual la explicación que podría dar

Habermas en lo referente a su perspectiva de la ética del discurso no lograría

sobrepasar las explicaciones de los niveles de conciencia moral, algo que tendría

que comprobar científicamente antes. Un sujeto cualquiera, reclamando a una

perspectiva instrumentalista, embarazosamente va a ser moral si cuenta ante sí

otras opciones, como conseguir los mayores beneficios con la menor inversión de

costes (como el free rider). Por tal motivo se debe salvar la discusión sobre los

valores.


276

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN

La referencia a la democracia de la sociedad actual, implica el perfeccionamiento

experimentado por el Estado liberal. De ahí que un gran número de regímenes en

la actualidad puedan ser catalogados como "liberal-democráticos". La

compatibilidad entre el liberalismo y la democracia tiene lugar cuando la segunda

es considerada desde la perspectiva de su fórmula política. Esencialmente en lo

que se refiere al ejercicio de la soberanía, consistente en el derecho a la

participación del mayor número de ciudadanos, de manera directa o indirecta, en

la toma de las decisiones colectivas.

Los derechos inviolables de las personas postulados por el liberalismo, se han

conjuntado de manera indisoluble con el método democrático, por lo que la

salvaguarda de esos derechos es la base de la que parte el buen funcionamiento

de las reglas del juego democrático. Asimismo, la ejecución del método

democrático permite el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas,

de los cuales parte el Estado legitimizador. Para garantizar la protección de los

derechos de libertad contra los embates de los gobernantes a limitarlos, es

indispensable que participen los ciudadanos en la formación de las leyes. La

gobernabilidad consiste en la autoridad y capacidad del gobierno para garantizar

que el orden político establecido sea aceptado por la comunidad, es decir, en la

confianza de los ciudadanos respecto de la autoridad, producto de la legitimidad y

eficacia del gobierno en la solución de las demandas sociales.

La gobernabilidad de un régimen democrático tiene su base en los valores

democráticos, puesto que son los que permiten establecer las reglas del juego

político, de ahí la necesidad de introducir esquemas que favorezcan la tolerancia,

la participación, el diálogo como métodos de resolución de los conflictos, y que

estimulan el desarrollo de una cultura política democrática que beneficie a todos

los sectores de la sociedad.


277

El Estado como encargado de producir políticas públicas que involucren a los

actores políticos y sociales, requiere de reformar sus estructuras e instituciones

políticas ante la necesidad del cambio que se observa en el ámbito social, cultural,

económico y político, de tal forma que su actuación sea eficiente y eficaz. En ese

sentido la consolidación de un Estado social es necesaria, en la medida que las

políticas del gobierno se orienten a favorecer a grandes sectores de la población,

es decir, aminorar los problemas como la pobreza que afectan de forma

importante la confianza en el régimen.

Dentro de una concepción de mayor refinamiento los elementos sustantivos de la

democracia como el respeto de los derechos básicos de las personas, las reglas

e instituciones que definen la manera en que se toman las decisiones colectivas y

quién está autorizado para hacerlo, se agrega el principio de ciudadanía. Con él

se profundiza en torno a la democracia participativa, para completar la democracia

política. Cuando se habla de la consolidación del Estado liberal, se requiere aludir

a la expansión de la esfera de la libertad de los ciudadanos; es decir, además de

los derechos, las instituciones y las reglas formales se requieren del desarrollo de

un espacio en el que los gobernantes y los gobernados puedan interactuar.

Siendo la sociedad civil ese ámbito donde tiene lugar el involucramiento

ciudadano en cuestiones políticas, para incidir en las cuestiones de gobierno. Es

ahí donde tiene lugar la puesta en juego del binomio compuesto por el derecho y

la política.

Los partidos políticos son fundamentales en la búsqueda de la modernización

política, en gran parte porque son los representantes de intereses, de grupos, de

sectores amplios de la sociedad que influyen en la determinación de los

programas, proyectos de gobierno, por lo que su función es trascendental para

alcanzar acuerdos en los temas importantes del país, así como en la renovación

de las élites políticas, las cuales tienen la posibilidad de modificar las conductas,


278

prácticas y costumbres que se mantienen del régimen autoritario. En este sentido,

la administración pública juega un papel esencial en la consolidación de un

régimen democrático que incluya a toda la sociedad y no sea excluyente, al mismo

tiempo que garantiza las condiciones para el funcionamiento del gobierno en lo

que se refiere a la prestación de bienes y servicios, y en este aspecto es

necesario su transformación para que responda con oportunidad, calidad, eficacia

a las demandas sociales y no se convierta en un instrumento de corrupción,

ineficiencia, que incremente la desconfianza en la acción del gobierno.

También se señaló el papel relevante que han tenido los partidos políticos, los

cuales se desenvuelven en dos espacios: la sociedad política y la sociedad civil.

Tomando las demandas de ésta última para procesarlas posteriormente en la

lucha por el poder político. En el Congreso se presentaron las iniciativas de ley, a

través de las cuales se recogieron las aspiraciones ciudadanas de restitución del

derecho de elegir libremente a los gobernantes y representantes de sus distrito

electorales a la par de las modificaciones de los mecanismos de la intervención

ciudadana en la operación misma del sistema o estructura del Estado; es decir, en

los espacios de institucionalizados de la participación ciudadana.

Sin embargo la situación en que se encuentra el país, es de una falta de

conducción política, de la inexistencia de una clase política que permita atender

los asuntos de gobierno de manera eficiente, congruente, con las necesidades

sociales, por lo que se atraviesa por un déficit de gobernabilidad, en el cual el

gobierno no tiene la capacidad suficiente para establecer las líneas de acción que

permitan la estabilidad política y el crecimiento económico. Por tal motivo, a pesar

de que alguna manera el régimen ha sufrido cambios que se han producido desde

finales del siglo XX, no se ha realizado la instalación de un nuevo régimen que

apoyado en los cambios que se suceden, permita reformar las instituciones,

establecer nuevas reglas, es decir, rehacer el Estado para que garantice el


279

bienestar social, ante la incertidumbre del contexto internacional y las presiones

internas de los diversos grupos de la sociedad mexicana.

La presencia del estado denota una diferenciación funcional que ha favorecido la

democratización de la vida política local. Motivando cambios en el espacio público

estatal, como los nuevos mecanismos de participación ciudadana

institucionalizada y colocando en la opinión pública temas relacionados con la

defensa de los derechos y los valores de la democracia. Su consolidación

dependerá del predominio de una cultura democrática en la cual la tolerancia, el

respeto a la diferencia, la deliberación, la búsqueda de consensos y la inclusión,

sean la regla y no la excepción.

El establecimiento de un arreglo institucional que se sustente en un marco jurídico

que sea acorde con las condiciones políticas, económicas, sociales por las que

atraviesa el país es de vital trascendencia para que se reafirme el Estado de

derecho, puesto que sin el respeto a la autoridad formalmente constituida, sin la

capacidad para que los actores políticos resuelvan sus diferencias en un ambiente

propicio para ello, se traducirá en un desapego a las normas, reglas básicas

dentro del orden político, lo cual repercute en la capacidad del gobierno para

garantizar el orden público y en la estabilidad del régimen político; al no existir una

forma de canalizar las demandas de los sectores de la sociedad que conducen a

una falta absoluta de justicia y apoyo al orden legal.

En ese sentido, la urgencia de consolidar un Estado de derecho que garantice los

derechos y al mismo tiempo las obligaciones de los miembros de la sociedad, es

fundamental para la formación de ciudadanos que permitan establecer una cultura

que se sustente en los valores que sean la base para consolidar una sociedad que

sea más equitativa, justa, y que reconozca los derechos de las minorías, como es

el caso de los grupos indígenas, de tal forma que la pluralidad de culturas que

conforman el Estado-nación es un factor esencial para entender los cambios en la


280

sociedad mexicana y al mismo tiempo es el camino por el cual se transitará hacia

una democracia integral que permita aprovechar las diferencias para dirigirlas a un

desarrollo amplio de la población.

Dentro de este contexto, los indicadores de gobernabilidad del régimen actual

vistos en tres planos reflejan que por un lado la administración pública tiene un

nivel medio de aceptación en la prestación de los servicios públicos, es decir, la

percepción ciudadana considera que todavía es insuficiente su acción por lo que

es ineficaz; mientras que la legitimidad del gobierno es cada vez más precaria en

el sentido que su credibilidad y confianza tienen un nivel bajo; así como la

estabilidad del régimen tiene un nivel bajo en esta percepción, debido

fundamentalmente a la carencia de instrumentos y métodos necesarios para

resolver los conflictos, lo que genera tensiones sociales y políticas que inciden

directamente en la estabilidad del régimen.

El gobierno actual estableció la prioridad de efectuar reformas estructurales en

tres ámbitos; el energético, laboral y fiscal como instrumentos necesarios para

garantizar el desarrollo del país, en el primer caso, se plantea la necesidad de

inversión privada en el sector para su crecimiento, en el segundo, establecer una

flexibilización laboral que mejore las condiciones para la creación de empresas e

inversiones, y en el último se pretende incrementar los recursos del gobierno a

través de diversos impuestos, sin embargo, tales factores inciden en la

gobernabilidad en la medida que es necesario establecer acuerdos y consensos

que permitan establecer la viabilidad de las reformas, lo cual se refleja en las

tensiones y contradicciones al interior del régimen.

El déficit de gobernabilidad que caracteriza al gobierno es producto del

desequilibrio entre el nivel de demandas sociales y la capacidad de respuesta

gubernamental, generado por la inexperiencia, ineficacia del grupo gobernante y la

ausencia de un liderazgo presidencial, provocan que el gobierno sea rebasado por


281

las exigencias de los distintos grupos de la sociedad que requieren solución a sus

demandas y que muestran cada vez más un mayor interés en influir y participar en

las decisiones de gobierno.

En este panorama, la gobernabilidad del régimen político mexicano se sustenta en

la capacidad del sistema político para absorber las demandas ciudadanas, es

decir, en la medida en que el gobierno resuelva los problemas, los conflictos y

atienda a una sociedad cada vez más compleja, será en esa dirección que cuente

con el respaldo de la ciudadanía, lo que se traducirá en una mayor legitimidad del

régimen. Así como también en la acción de un Estado eficaz que oriente sus

recursos a la inversión pública y privada que incentive el desarrollo del mercado

interno y la creación de infraestructura económica y social para impulsar el

crecimiento económico, en esa medida resolverá los problemas de atraso social

que vive la sociedad mexicana y que derivan a su vez en la falta de confianza y

credibilidad de gobierno.

No obstante, las limitaciones que pueden apuntarse en la manera en que se ha

configurado la institucionalidad democrática en el país, ha generado una

característica sobresaliente es la de haberse desarrollado mediante el

consentimiento de sus artífices de alejarse de la violencia, distanciándose de

ciertas posiciones que sostenían en esa vertiente algunas fuerzas políticas de

izquierda. Ha permitido que se procesen los conflictos políticos, sin quiebres

catastróficos, en la medida en que se abrió el acceso a la competencia política de

todo el abanico de organizaciones sindicales, sociales y políticas.

La solución a los problemas de la nación tiene que basarse en la participación de

diversos actores políticos y sociales. Sin el involucramiento ciudadano en los

asuntos públicos, es imposible que las autoridades y los representantes lo

realicen. Después de lograr la restitución de su derecho de libre elección de sus

autoridades e incidir en el cambio del modelo de legitimación política, es necesario


282

que los ciudadanos tomen parte en los procesos de decisión de las políticas

públicas, buscando profundizar y hacer efectivos todos sus derechos políticos y

sociales.

De este modo se determinan dentro de las medidas fundamentales que deberá de

resolver el estado mexicano, en sus tres poderes, en materia de gobernanza se

encuentran las siguientes:

1. Establecer una agenda mínima de reformas constitucionales que resuelvan

las constantes contradicciones y vacíos fundamentales que actualmente

existen en la designación de gobernantes y su sustitución; competencias de

los tres ámbitos de los poderes del estado, así como en materia de

competencia de gobierno.

2. Establecer un marco institucional y normativo que precise ámbitos de

competencia, responsabilidad y respuesta a las críticas y descredito social

que subsiste respecto a la existencia de organismos “mixtos” reguladores

en materia de telecomunicaciones, competencia económica y competencia

política.

3. Identificar áreas del accionar del gobierno que sean propicias para que la

sociedad civil se observe corresponsable respecto a mantener las funciones

sustantivas de funcionamiento de buen gobierno, así como establecer el

andamiaje institucional para que dicha intervención se efectué apegada a

derecho y conforme a un perfectamente identificado interés público.


283

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