vigencia del debate acerca de la distinciÓn sustancial

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Facultad deCiencias Juridicas

y Sociales

UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATADE

VIGENCIA DEL DEBATE ACERCA DE LA

DISTINCIÓN SUSTANCIAL ENTRE DELITOS Y

CONTRAVENCIONES

LA CUESTIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA FORMA FEDERAL DE

ESTADO ADOPTADA POR NUESTRA CONSTITUCIÓN.

por Abog. Ernesto J. Ferreira1

ABSTRACT

En este trabajo se propone analizar y problematizar las opiniones acerca de la

distinción sustancial entre delitos y contravenciones y enriquecer esa perspectiva

desde la distribución de competencias establecidas en la constitución nacional

derivadas de la forma de estado federal adoptada por la República Argentina. Se

postula, en este sentido, la necesidad de someter a escrutinio desde este punto de

vista constitucional a las normas que establecen conductas punibles para determinar si

resultan o no el ejercicio de facultades legislativas acordes a esa distribución de

competencias.

PALABRAS CLAVES

Delito - contravención - diferencias ontológicas - forma federal de estado- distribución

de competencias - control de constitucionalidad

KEY WORDS

Crime - contravention - ontological differences - federal form of state - distribution of

competences - control of constitutionality

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar la opinión de distintos autores respecto a la

problemática distinción entre delitos y contravenciones y exponer algunas

consideraciones acerca de la relevancia de esta distinción teniendo en consideración

el particular reparto de competencias en materia legislativa entre el Estado federal, las

provincias autónomas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la particular

modalidad federal adoptada como forma de Estado por el Constituyente (arts. 1, 75

inc. 12, 121, 122, 123, 126 y 129 de la Const. Nacional).

Sebastián Soler ubica la discusión en el marco de la clasificación de los delitos por su

gravedad y alude a los sistemas de tripartición (crímenes, delitos y contravenciones), y

de bipartición (delitos y contravenciones), al que corresponde el Código Penal

argentino.

Resalta también que la importancia de tales diferenciaciones en orden a las penas

conminadas provocó que se intentara encontrar un criterio intrínseco para fundamentar

la distinción.

En la reseña de las distintas posiciones sustentadas para fundarlas2, Soler menciona:

- La jusnaturalista, tributaria del pensamiento de Carmignani y Carrara (y en la que se

sustenta la postura de Núñez), según la cual la contravención o trasgresión no ofende

al derecho natural ni al principio ético universal, sino que es reprimida en razón de

mera utilidad social. La diferencia ontológica respondería a que el delito afecta la

seguridad social, en tanto que la contravención perjudica sólo la prosperidad. Soler

pretende refutar partiendo en primer lugar de desestimar justificaciones extrañas al

derecho positivo, como son las jusnaturalistas. Y en ese esquema advirtió que existen

delitos que como elemento constitutivo contienen un mero peligro abstracto (ej. art.

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193 del C.P), con lo que -a su criterio- se derrumbaría la pretensión de diferenciar el

delito de la contravención.

Íntimamente vinculada con este fundamento, se sostiene que el delito lesiona

derechos subjetivos reconocidos y tutelados (pero no creados) por el ordenamiento

jurídico vigente, mientras que la contravención es una mera desobediencia a una

norma creada por razón de utilidad.

También menciona aquellas tesis que postularon como diferencia sustancial que el

delito importa siempre una lesión, mientras que la contravención contiene un peligro,

pero ello no puede ser un criterio seguro desde que existen figuras delictuales de mero

peligro abstracto (ej. art. 189 bis, primer párrafo del C.P.) y otras de carácter

contravencional que prevén una lesión efectiva y concreta. (ej. art. 58 de la ley 8031)

Soler menciona también la opinión de Binding, que caracteriza a la contravención

como una prohibición que tiende a prevenir, en la mayoría de los casos, una lesión o

un peligro sin perjuicio de lo cual se sanciona su infracción porque en todo caso

constituye una desobediencia.

Se alude también a la posición de Rocco quien deriva el concepto de contravención de

la actividad administrativa (jurídica y social) y las caracteriza como acciones contrarias

al interés administrativo del Estado en la protección del derecho y en el cuidado de las

necesidades de la sociedad. Soler considera que esta distinción tampoco es segura

pues existen delitos contrarios a la Administración (ej. art. 256 del C.P.) y al interés

meramente administrativo del Estado. (ej. arts. 264 y 273 del C.P.)

Luego de la reseña y crítica de tales posturas, Sebastián Soler descarta toda distinción

ontológica entre delitos y contravenciones, y sostiene que la contravención reproduce

o puede reproducir todas las cualidades que se atribuyen a los delitos, con lo que la

diferencia es meramente cuantitativa, desplazando el ámbito de la discusión al tópico

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que a su criterio es el más espinoso y relevante, a saber, la distribución de facultades

y competencias para legislar sobre la materia entre el Estado y las provincias en el

marco de la forma federal de Estado adoptada en la Constitución Nacional. (conf. arts.

1º, 5, 75 incs. 12 y 13, 121, 122, 123 y 126 de la C.N.).

En las antípodas de esta postura, conforme lo sintetiza con su habitual maestría el

Profesor Julio Maier, Ricardo C. Núñez procuró distinguir ontológicamente la

contravención del delito, como infracciones de naturaleza o calidad distintas: el delito

se referiría a los derechos tanto individuales como sociales de los miembros de la

sociedad civil; la contravención estaría ligada a la Administración pública como

creadora de un ámbito de orden para la realización práctica de nuestros derechos en

la vida cotidiana. “En forma más tangible, el delito lesiona lo que es nuestro; la

contravención, lo que es del gobierno. Nuestros son la vida, la integridad física, el

honor, la libertad, la honestidad o libertad sexual, el estado civil, etc. y, como

individuos asociados, la protección básica de la salud pública, de la fe pública, de la

seguridad pública y hasta la incolumnidad de la Administración pública, afectada por

hechos de los ciudadanos o de los funcionarios. Ligado a la Administración pública se

halla el ejercicio del poder de policía en un sinnúmero de ámbitos como las

profesiones y oficios, la elaboración y comercialización o liberación de productos en el

mercado, la conservación del medio ambiente, la reglamentación del tránsito ordenado

por la vía pública, la reglamentación de la convivencia entre vecinos y hasta la

reglamentación de la actividad procesal en materia judicial, que también puede sufrir

obstaculizaciones por parte de los administrados que deben colaborar con ella

(piénsese en el poder de policía de la audiencia ejercido por el presidente del tribunal,

en la conducción forzada de testigos y hasta en el arresto de personas que no

cumplan con la citación a comparecer)”3.

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La toma de postura en uno u otro sentido tiene consecuencias prácticas innegables en

nuestro ámbito, toda vez que -de aceptarse la distinción sustancial u ontológica-

debería someterse a previo escrutinio de validez toda legislación de carácter represivo

desde una perspectiva que examine si los órganos legislativos que fungen de fuente

de producción de esas normas (Congreso federal, Legislaturas Provinciales,

ConcejosDeliberantes, etc.) han ejercido válidamente (esto es, dentro del ámbito de

competencia constitucionalmente asignado) tal facultad legisferante.

En el tratamiento de la cuestión, Soler parte de la premisa de que las provincias –

como estados autónomos- tienen la facultad de legislar (y la correlativa de sancionar

el incumplimiento de tales normas), limitada por diversos principios que derivan de la

Constitución Nacional. (conf. arts. 18 y 19 de la C.N.)

Entonces, la facultad de legislar sobre faltas será nacional o provincial según sea el

poder o facultad que esas normas tutelen (delegado en la Nación o reservado por las

Provincias).

Esta premisa conceptual (que tiene como sustento las normas constitucionales que

delimitan el ámbito de competencias federales, provinciales, de la Ciudad Autónoma y

de los municipios) es fundamental para comprender los alcances de las reflexiones

que siguen.

Con este piso de marcha, y si se aceptara la competencia provincial, de los municipios

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (al menos concurrente con el Estado

federal) en materia contravencional las opiniones se dividen:

a) para Rivarola y Ramos el Código Penal debe legislar sobre faltas,

distinguiéndose entre las de carácter general o nacional y las de policía. Soler

entiende que este criterio es inaceptable porque si es difícil establecer

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diferencias entre delito y contravención, más difícil resultaría subdividir esa

especie.

b) para Rodolfo Moreno el Código Penal debe limitarse a señalar el

máximo de pena imponible por parte de las provincias, criterio éste que se

plasmó en los proyectos de 1891 (art. 6) y 1917 (art. 4). Soler rechaza esta

limitación y hace propias las observaciones de González Roura en cuanto a

que si la legislación de faltas correspondía al Congreso Nacional, no podía ser

delegada a las provincias y que, en caso contrario, las limitaciones que se

pretendían imponer a las legislaturas provinciales eran de dudosa

constitucionalidad (conf. arts. 121, 122, 123 y 126 de la C.N.)

c) quienes consideran que la legislación de faltas corresponde en general,

a las provincias y que el Congreso no tiene facultad para fijar el límite máximo

de esa potestad. Soler se adscribe a esta posición y cita precedentes de la

C.S.J.N. en cuanto a que las provincias conservan su soberanía en lo relativo a

los poderes no delegados, por lo que no podría ser globalmente limitada por

ningún poder. El principio podría resumirse en que aquellas acciones que

vulneren bienes jurídicos cuya tutela corresponde al Estado Federal (al

que se ha delegado la facultad de dictar el Código Penal -art. 75 inc. 12 de

la C.N.-, entendido –a estos efectos- como un conjunto de figuras

delictivas) no pueden ser materia de faltas provinciales y que, en cambio,

cuando se afecten bienes jurídicos cuya tutela corresponde al las

provincias (en ejercicio del poder de policía en materia de seguridad,

buenas costumbres, etc.), estos estados –en virtud de su autonomía

política-, podrían dictar legislación represiva, sin que esta potestad pueda

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colmar los espacios existentes en las discontinuidades de ilicitudes

establecida por el Código Penal. (art. 19 de la C.N.)

Delineando con más precisión su postura, Soler menciona limitaciones a esa

reconocida facultad provincial y sostiene que, además de las que derivan de la materia

sobre la que versan, no pueden modificar las figuras específicas del Código Penal, ni

su régimen represivo, ni imponer penas repudiadas por la C.N. (ej: azotes) ni

arrogarse facultades que corresponden al Congreso Nacional, ni legislar de

manera que queden prohibidas como contravenciones ciertas acciones que el

legislador ha querido dejar como lícitas, al trazar las figuras delictivas.

Sostiene Soler que la principal acción de las provincias no está fuera de las figuras

delictivas sino, en el sentido de ellas, en la prevención de los delitos que el Código de

fondo prevé y, entonces, en el ejercicio del poder de policía preventivo de los delitos

(pone como ejemplo el abigeato) no es posible incriminar actos preparatorios impunes,

castigándolos con mayor rigor que el previsto en el Código Penal para el delito

consumado.

Concluye sus reflexiones ponderando que, en definitiva, la pena conminada es un

índice importante para saber si un hecho juzgado es delictivo o contravencional y hace

un llamado a la prudencia en el ejercicio de las facultades que reconoce a las

provincias para evitar que, la contravención se transforme en delito por el monto de la

pena.

Considero que es pertinente, más allá de la inercia histórica y la costumbre arraigada

en nuestro ámbito jurídico, reexaminar la cuestión y someter a severo escrutinio la

validez de las normas penales desde la perspectiva de la fuente de producción de las

mismas.

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En efecto, debemos interrogarnos acerca de si la “inflación” en materia represiva que

impacta en la proliferación de delitos de peligro abstracto, la punición de actos

preparatorios y la creación de bienes juridicos colectivos “espiritualizdos” no sería -en

muchos casos- el resultado de la invasión del legislador federal en materias

reservadas a las provincias, la ciudad autónoma y los municipios derivadas del

ejercicio del poder de policía en ámbitos tales como la salud pública, la reglamentación

del comercio y la industria, el tránsito vial, la preservación del ambiente, la

reglamentación del ejercicio de las profesiones que requieren título habilitante, entre

otras muchas.

Desde esta perspectiva, acaso, se podría proponer, de un lado, una reducción del

ámbito de los delitos (lato sensu) a aquellas conductas que lesionan o ponen en

peligro concreto el ejercicio de derechos referido a bienes jurídicos individuales o

sociales.

Y, de otro, deferir a la legislación contravencional (provincial, de la ciudad de Buenos

Aires y de los municipios) la sanción de incumplimientos de regímenes especificos

derivados del ejercicio del poder de policía no delegado, sin que ello implique la

punición de ámbitos de libertad definidos por el legislador federal al establecer el

sistema discontinuo de ilicitudes, según la feliz expresión doctrinaria que permite -en

algún sentido- sintetizar los principios de legalidad y reserva.

La consecuencia práctica de estas reflexiones conduciría a la derogación lisa y llana

de los Códigos Contravencionales (cuyo principal riesgo en términos político-

criminales es punir -precisamente- las zonas de libertad definidas por exclusión por el

legislador federal) y atribuir a las provincias la facultad de sancionar el incumplimiento

de las normas dictadas en ejercicio de su poder de policía no delegado en los

múltiples ámbitos que correspondan y atendiendo a las particularidades de cada uno

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A título ejemplificativo, y para invertir el habitual esquema de análisis de la cuestión en

que se parte de la idea de que la delegación del art. 75 inc. 12 de la Constitución

Nacional, torna “sospechosa” (por invadir competencia delegada) la legislacion

provincial que tipifica contravenciones, corresponde indicar que -respecto del art. 208

del Código Penal que pena el ejercicio ilegal de la medicina- el legislador federal

estaría invadiendo la esfera propia del poder de policía provincial en materia de

regulación del ejercicio de las profesiones, sin que resulte disparatado postular que

cuestiones de esa índole debería regularse en las leyes provinciales de ejercicio

profesional, en el capítulo sancionatorio de sus infracciones. De tal modo, extrañado

del Código Penal, la cuestión quedaría deferida a la reglamentación contravencional

federal (para el ámbito interjurisdiccional) y provincial (en el ámbito del territorio de

cada uno de las provincias federadas) sin que ello implique ningún vacío escandaloso

de punibilidad, cubierto por las sanciones conminadas en la legislación

contravencional que resulte aplicable y en la medida en que la inhabilitación

profesional se inscriba en un Registro de alcance nacional.

Adviértase, por ejemplo, que la ley 25.086 elevó a la categoría de delito (art. 189 bis,

párrafo tercero) una “clásica” contravención como es la portación de arma de fuego de

uso civil sin autorización y además, incorporó en el texto de la ley nacional de armas,

como contravención “federal” (cuya constitucionalidad podría discutirse por invadir la

esfera de competencia provincial en materia de faltas), la simple tenencia de dicha

categoría de armas (art. 42 bis de la ley 20.249).

Más tarde, en el marco de la irracionalidad del legislador, la simple tenencia de arma

de uso civil sin autorización pasó de ser una contravención a delito merced a la

sanción de la ley 25.886.

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Ello nos demuestra que, en definitiva, -si se renuncia a una distinción ontológica entre

“delito” y “contravención”- la categoría de “delito” de determinada conducta (v. gr. la

portación o tenencia de arma de uso civil, sin la debida autorización) es una decisión

del puro arbitrio del Legislador Nacional que por su mera inclusión en el Código Penal

desplazaría sin posibilidad de discusión alguna la potestad provincial sobre la materia,

lo cual dota a esta cuestión de un inaceptable ámbito de inseguridad jurídica respecto

del ejercicio legítimo o ilegítimo de las facultades legisferantes derivadas del reparto

de competencias en el marco de la forma federal de Estado adoptada por nuestra

Constitución.

BREVES CONSIDERACIONES FINALES

Considero que las figuras contravencionales (so pretexto del ejercicio de facultades no

delegadas) no podrían cubrir ámbitos de libertad dispuestos por decisión del legislador

nacional.

Su validez constitucional sólo podría hallar justificación si la figura contravencional se

fundamentara en el ejercicio de la facultad provincial, de la Ciudad Autónoma y de los

municipios, de legislar en materia de faltas en los ámbitos emergentes del poder de

policía no delegado, por resultar materia inherente al poder de los estados autónomos.

Sin perjuicio de las dificultades prácticas que ello genere, corresponde activar un

escrutinio constitucional tanto de los delitos como de las contravenciones en función

de la legitimidad constitucional de la fuente de producción de las normas, como así

también, respecto de las contravenciones en cuanto a si se dilatan indebidamente las

conductas punibles –ingresando en el ámbito de libertad derivado del principio de

reserva, art. 19 de la C.N.

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En síntesis estimo pertinente examinar la cuestión con las siguientes premisas.

Es necesario postular criterios de distinción ontológica entre delitos y

contravenciones en la medida en que la forma federal de Estado adoptada por

nuestro país confiere competencia legislativa federal o local (comprensiva de la

porvincial, Ciudad Autónoma de Buenos o municipal) según se trate de legislar

en materia de delitos o de contravenciones.

Que, sin desconocer las dificultades inherentes a esa distinción conceptual,

debe postularse una linea demarcatoria que reserve a los delitos la protección

de la disponibilidad de bienes jurídicos (individuales o colectivos) por la vía de

incriminación de comportamientos que los lesiones o pongan en peligro

concreto y a las contravenciones las sanciones ligadas a normas

administrativas que propendan a la creación de un ámbito de orden para la

realización práctica de nuestros derechos en la vida cotidiana, que no implique

lesión ni peligro concreto y, sí, acaso, peligro abstracto.

Para evitar que los Códigos Contravencionales prevean penas respecto de

espacios de libertad emergentes del principio de libertad y de reserva, se

propone la derogación de dichos Códigos y su reemplazo por capítulos

sancionatorios en las leyes locales que se deriven del ejercicio del poder de

policia (ej: regulación de las profesiones, del comercio y la industria, etc.) con

una normativa procedimental común a todo el ámbito contravencional local. En

síntesis, se propone un único procedimiento para los diversos regímenes

sancionatorios contravencionales locales y la derogación de corpus represivos

locales que -en la práctica merced a la constante superposición y/o anticipación

de la punición en la relación que las contravenciones guardan con los delitos-

constituyen permisos formales de intervención de la agencia policial en la vida

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de los habitantes en ámbitos que el legislador federal ha considerado inocuos.

Todo ello sin perjuicio del ejercicio de la coerción directa administrativa que

resulte menester frente a situaciones que así lo ameriten y que, desactivada la

situación que la legitima, no tiene por qué implicar la iniciación de un proceso.4

Considero que, de tal modo, se revalorizaría el federalismo argentino,

atendiendo a las particularidades que lo caracterizan merced a la competencia

asignada al Congreso federal para la legislación del derecho común (art. 75

inc. 12, C.N.) al tiempo que cobrarían relevancia las singularidades de cada

ámbito local para el ejercicio adecuado de las facultades sancionatorias

derivadas del poder de policía no delegado.

En síntesis, las propuestas antes esbozadas apuntan a dotar de certeza, racionalidad

y proporcionalidad a la legislación punitiva en sentido amplio, comprensiva tanto de los

delitos como de los regímenes contravencionales locales, que -claro está- demandaría

una bateria de reformas legislativas en el ámbito federal y local resultantes de un

diagnóstico compartido y un proceso de diálogo constructivo que culmine con una

propuesta reformadora integral.

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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Maier, Julio B.J. “El Derecho contravencional como Derecho administrativo

sancionatorio”

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/28017-derecho-contravencional-

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1988, Edición actualizada por Guillermo Fierro

Núñez, Ricardo. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. Ed. Marcos Lerner. Editora

Córdoba, 1987

Jiménez de Asúa. Tratado de Derecho Penal. Tomos I, II, III. Ed. Losada, Bs.

As. 1963

1Ernesto Ferreira: Abogado (UNLP), Especialista en Derecho Penal y Criminología (UNLP), Defensor Oficial en el fuero

penal de La Plata. Docente de la Asignatura Derecho Penal I, cátedra 2 (UNLP), publicaciones anteriores:

En la Revista virtual de la Especialización en Derecho Penal y Criminología, Intercambios ISSN 1666-5457. www.jursoc.unlp.edu.ar/intercambios

"El consentimiento del imputado en el Juicio Abreviado" Ernesto Ferreira en coautoría con Manuel Bouchoux y Julián Busteros. Sección "Novedades Jurisprudenciales". Número 5, Noviembre de 2002.

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"Se cuelan los juicios". Ernesto Ferreira en coautoría con Manuel Bouchoux. Comentario al fallo plenario Nº 9496 del Tribunal de Casación de la Pcia. de Bs. As. Número 7 - Sección Novedades Jurisprudenciales. Marzo de 2004.

“Sobre el delito imposible y el alcance de la sentencia casatoria” Ernesto Julián Ferreira, en coautoría con Manuel Bouchoux. Comentario al fallo Nº 10.312 del Tribunal de Casación de la Pcia. de Bs. As. Número 8 - Sección Novedades Jurisprudenciales. Septiembre de 2004

“El espinoso dialogo entre saberes. un posible ensayo de abordaje interdisciplinar” Autor: Ernesto Julián Ferreira. Número 8 – Sección Aportes y Producciones. Septiembre de 2004.

“Paradigmas políticos y criminales. Reflexiones iniciales sobre la reforma del art. 55 y 67 del Código Penal” Ernesto Julián Ferreira, en coautoría con Manuel Bouchoux. Número 9. Marzo-Abril de 2005.

“Crítica a la pura (sin) razón legislativa. El nuevo art. 41 bis del C.P.”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. Número 9. Marzo-Abril de 2005.

“Principio de Congruencia y Ne bis in Ídem. La Casación ante un dilema”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. Número 10. Octubre de 2005.

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“El error sobre los supuestos fácticos de una causa de justificación. Su abordaje por la dogmática penal”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. Número 11. Noviembre de 2006.

“Prisión preventiva y reincidencia: El fallo “Mannini” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una solución justa con fundamentos inasibles”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. Número 13. Mayo de 2009.

“Reflexiones acerca de los fallos “Vazquez Ferrá” y “Prieto” de la Corte Suprema de Justicia. De aporías y principios superadores”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. Número 14. Abril de 2010.

“Algunos apuntes acerca del curso de Derechos Humanos dictado para el personal del servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires” Autor: Ernesto Julián Ferreira. Número 14. Abril de 2010.

Artículos: “Nociones básicas de Teoría Política” (págs. 29/37) y “La Construcción de la Identidad Nacional: Orígenes y Desafíos” (págs. 133/156) en “La Nueva Política. Del pensamiento a la Acción 1”. de la Escuela Superior de Dirigentes de la Provincia de Buenos Aires. AA.VV. Edulp.

Artículo “Principio de congruencia y ne bis in idem. La casación ante un dilema”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. En la sección Doctrina de la Revista “El Derecho Penal” de la Universidad Católica Argentina. Mayo de 2009- Revista Nº 5. (ISSN 1667-1805). Págs. 5/47

Artículo “Análisis de algunos de los problemas de atribución de responsabilidad penal en estructuras empresariales con relación a los delitos especiales en supuestos de intervención plural de sujetos”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. En la sección Doctrina de la Revista “El Derecho Penal” de la Universidad Católica Argentina. Mayo de 2009- Revista Nº 5. (ISSN 1667-1805). Págs. 5/37

Artículo “Derecho a la intimidad y filmaciones encubiertas (cámaras ocultas) en los procesos penales”. Autor: Ernesto Julián Ferreira. En la sección Doctrina de la Revista “El Derecho Penal” de la Universidad Católica Argentina. Junio de 2009- Revista Nº 6. (ISSN 1667-1805). Págs. 5/22

Artículo “Una aproximación a la reciente reforma al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires” en el Nº 1 de la Revista Vínculos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Sección “Palabra Autorizada”

2 Un extenso análisis de la cuestión puede encontrarse en JIMÉNEZ DE ASÚA, LUIS Tratado de Derecho Penal. Ed.

Losada, Bs. As. 1963, Tomo I, págs. 44 a 64, Tomo II. Págs. 681 a 713, Tomo III, págs. 131 á 163. 3 Maier, Julio B.J. “El Derecho contravencional como Derecho administrativo sancionatorio”

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/28017-derecho-contravencional-derecho-administrativo-sancionatorio 4 Piénsese, en este sentido, en intervenciones de auténticas policías comunales de proximidad que -con debido

entrenamiento- podrían mediar sobre el terreno evitando que simples disputas vecinales pasen a mayores y sin necesidad de que ello implique la rutinaria confección de actas e “iniciación de actuaciones en la dependencia”.

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