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DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2014.

-SUMARIO-

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

DECRETO 224/2014

POR EL QUE SE REGULAN LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE DETERMINAN SUS COMPETENCIAS.................................. 3

DECRETO 225/2014

POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE YUCATÁN....................................................................................................... 12

DECRETO 226/2014

POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA PARA EL REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO-GANADERO................................................ 36

MÉRIDA, YUC., LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2014. DIARIO OFICIAL PÁGINA 3

Decreto 224/2014 por el que se regulan las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y se determinan sus Competencias

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 622 de la Ley Federal del Trabajo; 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14, fracciones VI, VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, y

Considerando:

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su artículo 123, apartado A, fracción XX, que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje que estará integrada por un representante del Gobierno y por igual número de representantes de los trabajadores y patronos.

Segundo. Que la Ley Federal del Trabajo establece, en su artículo 621, que en cada una de las entidades federativas funcionarán juntas locales de conciliación y arbitraje para conocer y resolver conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Tercero. Que la ley antes referida establece, en sus artículos 606, párrafo primero, y 623, párrafo segundo, que las juntas locales de conciliación y arbitraje funcionarán en pleno o en juntas especiales.

Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Número 88 por el que se fijan las Competencias de las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, publicado el 28 de septiembre de 2006 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán se integra con las juntas especiales números uno, dos, tres y cuatro.

Quinto. Que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado el 30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, derogó, entre otros, el artículo 593 que regulaba las juntas de conciliación permanente. De conformidad con su artículo décimo segundo transitorio, dicha supresión entró en vigor a los noventa días naturales de la publicación del decreto. En este sentido, desde su entrada en vigor, se suprimió la junta de conciliación permanente con sede en la ciudad de Valladolid, la cual conocía los conflictos laborales de los municipios del oriente del estado, zona de gran actividad laboral y flujo económico.

Sexto. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en el eje del desarrollo Yucatán Competitivo, establece el tema Empleo y Desarrollo Empresarial, cuyo objetivo número 3 es “Mejorar la calidad del empleo en el estado”. Entre las estrategias para cumplir con dicho objetivo se encuentra la de “Hacer más eficientes los sistemas de impartición de justicia laboral.”

Séptimo. Que el propio plan, en el eje del desarrollo Yucatán Seguro, establece el tema Procuración de Justicia, cuyo objetivo número 1 es “Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del estado”. Entre las estrategias para cumplir con dicho objetivo se encuentra la de “Modernizar integralmente la infraestructura y procesos de las instancias pertinentes, con el fin de contar con una justicia laboral más ágil y eficiente.”


Octavo. Que la Ley Federal del Trabajo dispone, en sus artículos 622 y 623, párrafo segundo, que el Gobernador, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más juntas de conciliación y arbitraje, cuya integración y funcionamiento se regirán por las disposiciones relativas a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contenidas en el capítulo XXII de su título once, fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial. Por su parte, la propia ley señala, en su artículo 606, párrafo segundo, que cuando se establezcan juntas especiales fuera de la capital el estado les corresponderá el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas y actividades de competencia estatal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne, con excepción de los conflictos colectivos.

Noveno. Que actualmente, debido a la creación de nuevas fuentes de empleo en las ciudades del estado con mayor flujo económico, existen actividades que no se encuentran específicamente asignadas a la competencia de las juntas especiales, lo cual reduce la certeza jurídica en la materia y obstaculiza la resolución de los conflictos laborales.

Décimo. Que de la experiencia de operación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán se ha detectado que la distribución de las ramas de la industria y las actividades laborales entre las juntas especiales resulta desequilibrada, lo cual genera rezago en la resolución de los asuntos, particularmente en las juntas especiales números tres y cuatro.

Décimo primero. Que en este sentido, resulta necesario redistribuir las ramas y actividades laborales que corresponden a la competencia de las juntas especiales y regular una nueva para atender los conflictos laborales que se susciten en los municipios del oriente del estado, lo cual agilizará la procuración de la justicia laboral y facilitará el acceso de los ciudadanos a esta.

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente:

Decreto 224/2014 por el que se regulan las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y se determinan sus Competencias

Artículo 1. Objeto del decreto

Este decreto tiene por objeto regular las juntas especiales que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y determinar las ramas de la industria y las actividades laborales que serán materia de su competencia.

Artículo 2. Juntas especiales

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, para el desempeño de las funciones que le corresponden, contará con las siguientes juntas especiales:

I. Junta Especial Número Uno.

II. Junta Especial Número Dos.

III. Junta Especial Número Tres.

IV. Junta Especial Número Cuatro.


V. Junta Especial Número Cinco.

Las juntas especiales números uno, dos, tres y cuatro tendrán residencia en Mérida y la número cinco, en Valladolid.

Artículo 3. Integración y funcionamiento

Las juntas especiales se integrarán y funcionarán de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 4. Junta Especial Número Uno

La Junta Especial Número Uno será competente para conocer sobre conflictos laborales relacionados con:

I. Trabajos del campo:

a) Haciendas, granjas y demás empresas agrícolas.

b) Carga o descarga de productos del campo.

c) Ranchos ganaderos, establos y otras empresas dedicadas a la cría y cuidado de ganado en sus diversas especies.

d) Empresas dedicadas a la cría y cuidado de animales diferentes al ganado, como caballos, cocodrilos y productos del mar.

e) Carnicerías, abastos de carnes, manteca u otros subproductos derivados de animales.

f) Fruterías.

g) Florerías.

II. Ramas diversas:

a) Empresas dedicadas a la distribución o comercialización de productos lácteos.

b) Empresas dedicadas a la elaboración o comercialización de hielo, paletas o helados.

c) Empresas dedicadas a la distribución y comercialización de agua purificada.

d) Expendios y distribuidoras de refrescos, cervezas, licores y otros productos embotellados.

e) Empresas dedicadas a la molienda de granos.

f) Empresas dedicadas a la distribución y venta de cemento, cal, polvo de piedra, grava y, en general, productos extraídos de la piedra; así como las marmolerías.

g) Empresas dedicadas a la construcción, pavimentación o a trabajos de terracería.

h) Empresas dedicadas a la compra y venta de bienes raíces.


i) Empresas dedicadas a la fabricación, venta y reparación de estructuras metálicas.

j) Empresas dedicadas a la limpieza de pozos, aljibes, sumideros o albercas.

k) Empresas dedicadas a las industrias ladrillera, mosaiquera, trituradora o bloquera.

l) Empresas dedicadas a la renta de maquinaria para la construcción y choferes de grúas, trascabos y otros vehículos relacionados con la materia.

m) Empresas dedicadas a la fabricación, venta o distribución de espejos.

n) Empresas dedicadas a la fabricación, venta o instalación de sistemas de riego en general.

ñ) Empresas dedicadas a la fabricación de juguetes.

o) Empresas dedicadas a la fabricación de objetos de plástico en general.

p) Empresas dedicadas a la pintura artística, doméstica o de cualquier otro tipo.

q) Carpinterías, madererías, mueblerías, empresas dedicadas a la fabricación de carrocerías y objetos de madera en general, así como las dedicadas a la compra y venta de productos de madera.

r) Tintorerías, lavanderías y planchadurías.

s) Salones de belleza, estética y peluquerías.

t) Establecimientos dedicados a la estética y cuidado de animales, incluyendo pensiones y clínicas veterinarias.

Artículo 5. Junta Especial Número Dos

La Junta Especial Número Dos será competente para conocer sobre conflictos laborales relacionados con:

I. Establecimientos en general:

a) Fábricas de artículos de papel o cartón, así como cajas y artefactos de cartón o celulosa.

b) Fábricas de jabones, velas, veladoras y fósforos.

c) Fábricas de tubos, clavos y tornillos.

d) Fábricas y maquiladoras dedicadas a la industria del vestido en general, así como fábricas de gorras, corseterías, sastrerías y modistas.

e) Empresas dedicadas a la artesanía, orfebrería, platería y joyería; fábricas de objetos de concha y de carey, así como la transformación de estos y su comercialización.


f) Empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de bolsas y portafolios.

g) Empresas dedicadas a la fabricación y venta de calzado.

h) Empresas dedicadas a dar servicios de limpieza y recolección de basura en general.

i) Empresas dedicadas al mantenimiento, vigilancia, limpieza o decoración de establecimientos o edificios.

j) Empresas dedicadas a la fabricación, venta, distribución o reparación de aires acondicionados.

k) Ferreterías, tlapalerías y empresas dedicadas a la venta de material eléctrico y plomería.

l) Alfarerías y empresas dedicadas a la fabricación o reparación de objetos de cerámica y yeso.

m) Empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de prótesis dentales.

n) Curtidurías y empresas dedicadas a la fabricación de objetos de hueso y cuerno.

II. Ramas diversas:

a) Despachos jurídicos y contables.

b) Gimnasios, espás, clínicas de masajes y reductivas.

c) Guarderías.

d) Academias, escuelas y universidades.

e) Iglesias.

f) Empresas dedicadas al reclutamiento de personal.

g) Editoriales, imprentas, librerías, papelerías, centros de copiado, hemerotecas, bibliotecas, pinacotecas, empresas dedicadas a la litografía o a las artes gráficas, a la encuadernación, estudios fotográficos, de grabados, fotograbados y fotocopiadoras.

h) Museos.

i) Organismos públicos descentralizados de la Administración Pública estatal y otros organismos públicos, cuando la legislación aplicable así lo establezca.

Artículo 6. Junta Especial Número Tres

La Junta Especial Número Tres será competente para conocer sobre conflictos laborales relacionados con:

I. Comercio en general:

a) Establecimientos comerciales y representantes de empresas comerciales.


b) Empresas dedicadas a la venta de abarrotes como son supermercados, tiendas, tendejones, minisúperes y tiendas de autoservicio.

c) Tiendas departamentales.

d) Expendios de baratillos.

e) Aseguradoras, casas de cambio, cajas de ahorro, mutualidades, financieras y casas de empeño.

f) Empresas dedicadas a la venta de artículos eléctricos.

II. Ramas diversas:

a) Empresas dedicadas a la venta o renta de vehículos.

b) Empresas dedicadas a la venta de refacciones en general, incluyendo a los deshuesaderos.

c) Lavaderos y empresas dedicadas a la restauración y cuidado de vehículos.

d) Empresas dedicadas a la vitalización de llantas.

e) Expendios de gasolina y lubricantes, incluyendo las empresas distribuidoras de gas licuado del petróleo.

f) Empresas dedicadas a la reparación de vehículos y talleres mecánicos en general.

g) Empresas dedicadas a la herrería, tornerías en general, paileras y talleres de hojalatería.

h) Empresas dedicadas a la fabricación y reparación de armas.

i) Talleres de electricidad.

j) Empresas de niquelado, cromado y cobrizado.

k) Empresas dedicadas a la compra, venta o distribución de telefonía celular, así como a las telecomunicaciones, que no cuenten con permiso o concesión federal.

l) Empresas dedicadas al cuidado y reparación de los gasógenos, canteras, motores, desfibradoras, lavadoras de fibra, cepilladoras y otras máquinas destinadas a la industria.

Artículo 7. Junta Especial Número Cuatro

La Junta Especial Número Cuatro será competente para conocer sobre conflictos laborales relacionados con:

I. Transportes terrestres no amparados por concesión federal, agencias de mudanzas y de mensajería y las que transportan productos derivados del petróleo.

II. Empresas dedicadas a la carga y descarga de mercancías en general, con excepción de las señaladas en el inciso b) de la fracción I del artículo 4 de este decreto.


III. Agencias funerarias.

IV. Empresas de auxilio vial.

V. Empresas dedicadas a la industria alimenticia como panaderías, pastelerías, reposterías y empresas dedicadas a la distribución de dulces y chocolates.

VI. Empresas dedicadas a la presentación de deportes, corridas de toros y espectáculos en general como teatros, casinos, clubes, billares y circos.

VII. Hospitales, sanatorios, ópticas, casas de maternidad, consultorios médicos en general, laboratorios clínicos y servicios de enfermeras, así como las empresas dedicadas a prestar servicios de ambulancias.

VIII. Empresas dedicadas a la compra y venta de equipo médico y farmacias.

IX. Agencias aduanales.

X. Agencias de viajes y empresas de turismo.

XI. Hoteles, moteles, casas de huéspedes y empresas dedicadas a dar servicio de hospedaje.

XII. Casas y albergues para personas adultos mayores.

XIII. Servicio doméstico en general, como amas de llaves, jardineros, mozos y todo lo relacionado con el menaje de la casa.

XIV. Centros nocturnos, restaurantes, bares, cantinas, fondas, salones de cervezas, restaurantes, cafés, loncherías, venta de fiambres, pizzerías y rosticerías.

XV. Agencias de modelos y edecanes.

XVI. Empresas dedicadas a la comercialización de mariscos en general.

XVII. Rentadoras de equipos para fiestas, sillas, mesas, manteles, cristalería, juegos inflables, pantallas, equipos de sonido, plantas de ornato, animadores o productos similares.

XVIII. Videoclubes, establecimientos de videojuegos y cibercafés.

XIX. Empresas dedicadas a la organización de eventos sociales y banquetes.

XX. Entidades paraestatales u organismos desconcentrados relacionados con su competencia.

Artículo 8. Junta Especial Número Cinco

La Junta Especial Número Cinco será competente para conocer sobre conflictos laborales relacionados con los asuntos establecidos en los artículos 4 al 7 de este decreto, con excepción de los conflictos colectivos, que se susciten en los municipios de Buctzotz, Calotmul, Cantamayec, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Cuncunul, Dzitás, Espita, Kantunil, Kaua, Panabá, Peto, Quintana Roo, Río Lagartos, San Felipe, Sotuta, Sucilá, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Valladolid y Yaxcabá.


Artículo 9. Otros asuntos

Los asuntos que no se encuentren expresamente conferidos a alguna de las juntas especiales serán conocidos por aquella cuyos asuntos tengan mayor relación con estos, a juicio del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, o por la Junta Especial Número Cinco cuando se trate de conflictos que se susciten en los municipios a que se refiere el artículo anterior.

Artículos transitorios

Primero. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2014.

Segundo. Abrogación

A partir de la entrada en vigor de este decreto quedará abrogado el Acuerdo Número 88 por el que se fijan las Competencias de las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 28 de septiembre de 2006.

Tercero. Asuntos en trámite

Los asuntos que se encuentren en trámite en las juntas especiales números Uno, Dos, Tres y Cuatro, al entrar en vigor este decreto, se seguirán tramitando en estas hasta su conclusión.

Cuarto. Turno de asuntos

Las demandas presentadas ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán que a la entrada en vigor de este decreto no hayan sido turnadas a las juntas especiales, se remitirán conforme a las competencias establecidas en este decreto.

Quinto. Instalación de la Junta Especial Número Cinco

La Junta Especial Número Cinco entrará en funciones de manera simultánea a la entrada en vigor de este decreto.

Sexto. Nombramiento del presidente y designación de representantes

El Gobernador, para los efectos del artículo transitorio anterior, nombrará al Presidente de la Junta Especial Número Cinco y realizará las gestiones necesarias para la elección o designación de los representantes de los trabajadores y los patrones en los términos de las disposiciones legales y normativas aplicables.

Séptimo. Recursos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social proveerá a la Junta Especial Número Cinco de los recursos materiales, humanos y presupuestales necesarios para su funcionamiento, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.


Esta hoja de firmas forma parte del Decreto 224/2014 por el que se regulan las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y se determinan sus Competencias.

Octavo. Derogación tácita

Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en este decreto.

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 21 de octubre de 2014.

( RÚBRICA )

Rolando Rodrigo Zapata Bello Gobernador del Estado de Yucatán

( RÚBRICA ) Víctor Edmundo Caballero Durán Secretario General de Gobierno ( RÚBRICA ) Martín Enrique Castillo Ruz Secretario del Trabajo y Previsión Social


Decreto 225/2014 por el que se emite la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE;

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S:

PRIMERA.- La iniciativa que nos ocupa encuentra sustento en los artículos 35 fracción II y 55 fracción XI, ambos de la Constitución Política del Estado de Yucatán, los cuales establecen el derecho de iniciar leyes o decretos por parte del Gobernador del Estado.

De igual forma, con fundamento en el artículo 43 fracción XII inciso a) de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión Permanente tiene competencia para estudiar, analizar y dictaminar sobre los asuntos relacionados con el trato imparcial de mujeres y hombres de todas las edades, según sus necesidades y la vigilancia de los derechos de los sujetos comprendidos en los grupos vulnerables por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, que se encuentren en una situación de mayor indefensión, así como la protección y defensa de los derechos humanos.

SEGUNDA.- Los adultos mayores constituyen un gran sector de la población que forma parte de los grupos vulnerables de toda sociedad contemporánea, cabe enfatizar que por grupos vulnerables debemos entender aquellos sectores de la población que por su edad, condición económica, características físicas, género, circunstancias culturales o políticas, se sitúan en condiciones de desventaja frente a los demás y eso les impide o restringe el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. También se trata de grupos de personas que son víctimas de maltrato y en general de violencia que proviene de las relaciones interfamiliares y del ámbito externo que los rodea.

En la sociedad y en los distintos ámbitos culturales, el papel de los adultos mayores debe ser reconocido y dignificado, para dar nacimiento a una nueva cultura de integración de los adultos mayores a la sociedad, ya que hoy en día vivimos inmersos en una cultura donde no se nos enseña a envejecer.

En este sentido, es importante diferenciar los aspectos cronológicos de la definición de vejez de lo que es su construcción social. Según el criterio cronológico, establecido por la mayoría de los países de la región en sus respectivas legislaciones, la vejez se inicia a los 60 años, frontera que ha variado más en los últimos tiempos que en toda la historia occidental. A principios del siglo


XIX se era viejo a los 40 años, mientras que hoy en día la edad a partir de la cual se considera mayor a una persona es difícil de determinar taxativamente.

La definición cronológica de la edad es un asunto sociocultural. Cada sociedad establece el límite a partir del cual una persona se considera mayor o de edad avanzada, aunque sin excepciones, la frontera entre la etapa adulta y la vejez está muy vinculada con la edad fisiológica. En general, el inicio cronológico de la vejez se relaciona con la pérdida de ciertas capacidades instrumentales y funcionales para mantener la autonomía y la independencia, lo que si bien es un asunto individual, tiene relación directa con las definiciones normativas que en la cultura se otorga a los cambios ocurridos en el cuerpo, es decir, la edad social.

Una expresión ligada a la edad social es la de “tercera edad”, considerada como una manera amable de referirse a la vejez. Para Ham Chande, este término ha generado históricamente la idea de una edad avanzada, pero dentro de un marco de funcionalidad y autonomía que permite llevar una vida independiente, llena de satisfacción1. Esta noción constituye un estereotipo que se acerca mucho al de la “edad dorada”, luego del retiro de la actividad laboral, que supone que las personas mayores tienen un tiempo de ocio para dedicarlo al placer y la diversión. Para otros autores no es más que un eufemismo para disimular la realidad de la vejez, que es considerada un estigma y que se emplea para alejar la idea de la muerte que se le asocia2

TERCERA.- Estamos conscientes que la vejez puede ser tanto una etapa de pérdidas como de plenitud, todo depende de la combinación de recursos y la estructura de oportunidades individuales y generacionales a la que están expuestas las personas en el transcurso de su vida, de acuerdo a su condición y posición dentro de la sociedad. Esto remite a la conjugación de la edad con otras diferencias que condicionan el acceso y disfrute de los recursos y oportunidades tales como el género, la clase social o el origen étnico.

Es por ello, que debemos considerar que la situación por la que hoy se enfrentan los adultos mayores en la sociedad para tener una "vida digna" es la falta de oportunidades que día con día este grupo de la población se enfrenta, implicando que terminen en el abandono, toda vez que la participación de este sector de la población en la vida económica y social se ve disminuida con la edad, pero también es cierto que constituyen una gran fuente de sabiduría, experiencias y conocimientos, que la sociedad requiere para su desarrollo.

La importancia de los adultos mayores en la comunidad no solo está marcada por el tema de la experiencia y el respeto que ellos merecen, sino por la necesidad de reconocer su aporte en el ámbito social, que se hace visible desde muchos aspectos. Es importante destacar que al legislar en esta materia se busca el reconocimiento de este sector de la sociedad yucateca, a efecto de que puedan seguir integrados a la vida productiva del Estado.

1 Ham Chande, R. (1996), “El envejecimiento. Una nueva dimensión de la salud en México”, Revista de Salud Pública, México. 2 Romieux, M. (1998), “La educación para el adulto mayor y su relación con la sociedad”, Revista Enfoques Educacionales, Vol. 1., Nº 1, Santiago de Chile.


Es por ello, que consideramos que es importante contar con una legislación actualizada, que atienda la problemática que enfrenta este grupo poblacional, creando un medio de defensa de sus derechos individuales y colectivos, contrarrestando los efectos sociales de la vulnerabilidad, toda vez que la aplicación del enfoque de los derechos humanos en los asuntos de las personas mayores implica que las acciones públicas y las instituciones encargadas de su atención deben basarse explícitamente en las normas internacionales sobre derechos humanos, puesto que, con independencia que su situación no esté explícitamente incorporada, los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos de orden vinculante pueden brindar una protección jurídica de los derechos de los adultos mayores si son empleados de manera adecuada.

CUARTA.- Derivado de lo anterior, es menester mencionar que los derechos fundamentales de los adultos mayores, han llegado a una etapa de amplio reconocimiento por la comunidad internacional, quedando plasmados en diversos ordenamientos legales, tratados internacionales y declaraciones, con la finalidad de que su goce y ejercicio sea garantizado por todas las naciones.

Algunos de esos tratados internacionales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, entre otros. En dicho Protocolo se determina que toda persona tiene los derechos y libertades consagradas en cada uno de ellos sin importar su condición. En particular, el Protocolo de San Salvador, en el artículo 17, dispone que se adopten medidas concretas a favor de las personas adultas mayores, y compromete a los Estados Parte a proporcionar a ese grupo alimentación y atención médica especializada en caso de carecer de ella, a ejecutar programas laborales específicos y a estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Ahora bien, respecto a la legislación que rige la normatividad en nuestro país, podemos referir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en su artículo primero podemos encontrar de manera clara y contundente el respeto de los derechos humanos que todo individuo gozará de las garantías que otorga dicho mandato, prohibiendo toda discriminación motivada entre otras por la edad o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, estableciendo la obligación para que las autoridades garanticen el respeto de estos derechos.

Acorde a lo establecido en la Organización de las Naciones Unidas en donde se estableció que a partir de los sesenta años toda persona es considerada adulto mayor y debe gozar de derechos especiales, fue que en el año 2002, en México se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

De igual manera, es importante mencionar que en México, los compromisos internacionales se retoman en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y


Eliminar la Discriminación, donde se dispone que no podrán llevarse a cabo conductas discriminatorias contra las personas por razón de su edad, incluidas entre éstas, las personas adultas mayores.

Derivado a ello, no podemos soslayar, que en Yucatán existen diversos ordenamientos e Instituciones que otorgan protección a los adultos mayores en el Estado. Entre las normatividades que los rigen se encuentran: la Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán; Ley para la Protección de la Familia; Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, y el Código de Familia del Estado de Yucatán, todos estos ordenamientos busca garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, a través de medidas y programas.

Asimismo, entre las Instituciones creadas para el cuidado y atención en lo relativo al ejercicio de sus derechos y protección, o en caso de sufrir situaciones de violencia, las principales instituciones creadas en el Estado para tal efecto son: el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Instituto Nacional de Educación para Adultos Mayores, Instituto de Educación para Adultos Mayores del Estado de Yucatán, y el Instituto de Seguro Social.

Sin embargo, a pesar que en Yucatán cuenta con normatividad, programas e instituciones que brindan protección a este sector tan vulnerable de la población, los diputados que integramos esta Comisión Permanente consideramos que es importante fortalecer y actualizar nuestro marco normativo con el objeto de garantizar a cada uno de los adultos mayores que radican en nuestro Estado, una vejez y vida digna de calidad.

QUINTA.- De igual manera, los diputados integrantes de esta Comisión reiteramos la necesidad de restructurar y establecer nuevos lineamientos en el orden jurídico que regula a los adultos mayores en nuestro Estado en atención a que el horizonte demográfico ha cambiado aceleradamente, toda vez que según estimaciones del Consejo Nacional de Población [CONAPO], en el Estado se ha incrementado de manera considerable el número de adultos mayores que actualmente radican en Yucatán, ya que en el año 2010 la población de Adultos Mayores fue de 1,980,778; en el 2011 incrementó a 2,008,676, mientras que en el año 2012 reflejó un crecimiento pasando a tener 2,035,805, durante el año 2013 se incrementó a 2,062,815, y en este año encontramos 2,089,622, como se puede observar en los últimos años ha crecido notablemente este sector de la sociedad.

Por lo anterior y conscientes que debemos de estar atentos a los cambios, demográficos, políticos, culturales y sociales que se van sucediendo con el tiempo en la sociedad, es indiscutible actuar en consecuencia, con el objeto de otorgar a los yucatecos un instrumento jurídico moderno, acorde a los tiempos actuales, que garantice la eficiencia de las políticas públicas para la incorporación y desarrollo social de los adultos mayores, provocando el establecimiento de mejorar las condiciones que permitan dar respuesta oportuna a los problemas que esos cambios conllevan, sobre todo, cuando éstos afectan el goce de los derechos humanos del gobernado y más si se trata de personas de vulnerabilidad como los son los adultos mayores en nuestro Estado.


En tal vertiente, se propone la creación de una nueva Ley que establezca y fortalezca los derechos de los adultos mayores que se encuentren en nuestro Estado con el objeto incrementar el nivel de vida de este sector social, a través de diversas acciones gubernamentales.

SEXTA.- Con la aprobación de la Iniciativa se establecerá un marco normativo de reconocimientos de derechos, protección, atención y ejecución de programas en beneficio de los adultos mayores, así como se les garantizará el pleno ejercicio de sus derechos a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.

En tal vertiente, es de destacar que la presente Iniciativa de Ley fue estudiada y analizada por todos los integrantes de esta Comisión en la que se presentaron diversas propuestas de modificación a dicha Inactiva, con el objeto de enriquecerla y darle una mayor certidumbre y claridad a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, siendo incluidas al dictamen.

Por lo anterior, es importante mencionar que se modificó la denominación de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Yucatán de la Iniciativa que se presentó, por Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, en virtud de que consideramos que es más sencilla, clara y de mayor presencia en la Ley.

Asimismo, se adiciono un artículo a la Ley, con el fin de otorgar obligaciones a los familiares de un adulto mayor, estableciendo la obligación de éstos a proporcionarles alimentos en términos del Código de Familia del Estado así como evitar que se encuentren en una situación de explotación, abandono o marginación.

De igual manera, en la Iniciativa presentada se adicionaron dos artículos con el objeto de otorgar facultades a la procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia quien será la autoridad responsable de realizar la investigación correspondiente cuando reciba una denuncia de que un adulto mayor ha sido víctima de cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos de los adultos mayores.

Por otra parte, se estableció un artículo referente a las infracciones y sanciones que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia podrá imponer, entre las que se encuentran: amonestación o multa, de veinte a cien veces el salario mínimo general vigente, a los familiares de los adultos mayores que les impidan el acceso o ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 5 de la ley o realicen contra ellos cualquier acto que implique explotación, abandono, marginación, discriminación o humillación.

En tal virtud, la Ley para la Protección de los Derechos Adultos Mayores del Estado de Yucatán queda conformada por treinta cinco artículos, divididos en seis capítulos y siete artículos transitorios.

En el Capítulo I, denominado de las “Disposiciones Generales” se prevé que el objeto de la Ley es establecer las bases normativas para garantizar la protección de los derechos de los adultos mayores, así como facilitar su acceso a


servicios que mejore su calidad de vida y promuevan su participación social, desarrollo económico, político y cultural. Asimismo se define que se entenderá por adulto mayor, y se establece las autoridades que les corresponderán la aplicación, seguimiento y vigilancia de la Ley.

Por otro lado, acorde a lo establecido en la Organización de las Naciones Unidas, esta Ley establece que serán consideradas adultos mayores, a los hombres y mujeres que cuenten con sesenta años o más de edad.

Respecto a las autoridades a quienes compete la obligación de la Ley se incorpora a los ayuntamientos del Estado; quienes deberán estar a cargo de la aplicación, seguimiento y vigilancia, para el cumplimiento del objeto de la presente Ley.

En el Capítulo II que se refiere a los Principios rectores y derechos de los adultos mayores, se establece, la Atención preferente, Autonomía y autorrealización, Corresponsabilidad, Equidad, Participación y transferibilidad, es de mencionarse que dichos principios son nuevos conceptos, que contempla esta Ley.

En este orden de ideas, referente a los derechos, se destaca que se prevé que los adultos mayores deberán tener una vida con calidad e independencia en entornos seguros, dignos y decorosos, así como tener el acceso a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita, a una alimentación adecuada, a la salud, especialmente en materia de gerontología y geriatría, a la educación, al trabajo y al acceso a éste con las mismas oportunidades.

El capítulo III denominado de la competencia de las autoridades, se refiere a las Atribuciones que las autoridades deberán realizar. Respecto a la Secretaría de Desarrollo Social se establece que deberá diseñar, coordinar, ejecutar, vincular y evaluar programas sociales encaminados a proteger los derechos de los adultos mayores, promover las medidas necesarias para la defensa y el respeto a los derechos de los adultos mayores, así como la difusión de las disposiciones legales que los contemplen y otorgar estímulos y reconocimientos a los adultos mayores que se distingan en actividades deportivas, científicas, artísticas y culturales, así como cualquier otra que tienda a su superación personal y en el trabajo; con el propósito de que la sociedad reconozca los hechos y actitudes de su desempeño diario.

Referente a las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno se prevé que tendrá a su cargo la tarea de garantizar y vigilar que los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros otorguen el acceso oportuno y seguro a los adultos mayores, así como verificar que las unidades de transporte público estén equipadas con las adaptaciones necesarias que garanticen la seguridad y comodidad para los adultos mayores, promoviendo el establecimiento, en el transporte público, de tarifas preferenciales a los adultos mayores.

Por otra parte, la Secretaría de Salud deberá diseñar los mecanismos que permitan la adecuada prestación de servicios de atención médica, gerontológica y de asistencia social, y fomentará la capacitación en materia de primeros auxilios, terapias de rehabilitación, técnicas de alimentación y tratamiento de los adultos mayores, para las instituciones y familiares que tengan a estos bajo su cuidado.


Asimismo se estipula que dicha Secretaría otorgará a este sector, prótesis, órtesis, sillas de ruedas, bastones, andaderas o cualquier otra que sea necesaria que contribuya mejorar su calidad de vida, con ello el Gobierno del Estado da cumplimiento a los compromisos realizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012- 2018.

Referente al aparatado de las atribuciones de la Secretaría de Educación se establecen nuevas facultades a dicha Secretaría, entre las que se encuentran: fomentar entre los estudiantes una cultura de solidaridad intergeneracional y respeto a los derechos humanos de los adultos mayores; promover y, en su caso, implementar programas de otorgamiento de becas a favor de los adultos mayores que continúen sus estudios, y elaborar material educativo que incorpore información sobre los adultos mayores, para generar una cultura de respeto y no discriminación.

Es importante destacar que en el apartado de las Atribuciones se incorporan a las Secretarías del Trabajo y Prevención Social, Cultura y las Artes, y el Instituto del Deporte. Referente a la Secretaria del Trabajo se estipuló que dicha Secretaría implementará acciones encaminadas a disminuir los índices de desempleo y de marginación ocupacional en los adultos mayores, mediante la aplicación de programas que permitan la evaluación de sus capacidades y aptitudes, procurando su integración e incorporación a la planta laboral, así como formulará operará, difundirá y promoverá los programas de empleo y autoempleo, de igual manera, celebrará convenios de colaboración con empresas, cámaras u organismos, para concentrar una mayor oferta de vacantes a través de la bolsa de trabajo respectiva, y desarrollará ferias de empleo para los adultos mayores, entre otras.

Respecto a la Secretaría de la Cultura y las Artes se estipula que dicha Secretaría deberá promover el acceso al desarrollo de la cultura y las artes a los adultos mayores, fomentará la realización de actividades culturales a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, e impulsará que se otorguen descuentos a los adultos mayores que acudan a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas, sociales y privadas.

En el ámbito del deporte, se dispone que el Instituto del Deporte del Estado deberá acondicionar las instalaciones y espacios deportivos, de acuerdo a las necesidades de los adultos mayores, organizar programas especiales de activación física, deportiva y recreativa, a efecto de impulsar el desarrollo de la cultura física y promover la creación y asignación de apoyos para motivar y estimular a los adultos mayores en la activación física y el deporte.

Asimismo, entre las atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se encuentran que ésta deberá proteger a los adultos mayores que se encuentren en situación de violencia, abandono u otra condición que atente contra su integridad y dignidad, así como promoverá la creación de instituciones de atención a los adultos mayores o deberá realizar gestiones ante las instituciones de asistencia privada para satisfacer sus necesidades básicas cuando carezcan de hogar y familia.

Referente a las atribuciones de los ayuntamientos se establece que éstos deberán fomentar la creación de parques, centros o espacios recreativos,


culturales y deportivos para los adultos mayores, así como deberán revisar sus instalaciones y darles el mantenimiento adecuado para facilitar el acceso de los adultos mayores. De igual manera deberán promover programas de descuentos preferenciales de los adultos mayores en la gestión de trámites y servicios administrativos que tengan a su cargo, y deberán brindarles atención y asesoría jurídica gratuita.

El capítulo IV denominado Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores se establece que será un órgano consultivo que tendrá por objeto realizar funciones de coordinación, vigilancia, supervisión y evaluación de las medidas, acciones y programas dirigidos a promover y fomentar el desarrollo físico, mental social y cultural de los adultos mayores.

Este Consejo estará conformado por el Secretario de Desarrollo Social, quien será el presidente, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Salud, el Secretario de Educación, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Secretario de la Cultura y las Artes, el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, el Director General del Instituto del Deporte del Estado, el Director General del Instituto de Educación para Adultos del Estado, el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, un representante del Instituto Nacional de los adultos mayores en el Estado, previa invitación del presidente, dos profesionales de reconocido prestigio, especializados en geriatría y gerontología, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de apoyo a los adultos mayores, y dos representantes de cámaras empresariales con presencia en el estado.

Entre las atribuciones de este Consejo se encuentran, proponer la implementación de políticas públicas, así como la creación y modificación de programas de protección de los derechos de los adultos mayores, dar seguimiento y promover acciones de mejora de los programas y acciones que implementen las dependencias y entidades para el cumplimiento del objeto de esta ley, y propiciar la comunicación y vinculación entre las dependencias y entidades relacionadas con la protección de los derechos de los adultos mayores.

En el capítulo V referente a las Instituciones de atención a los adultas mayores se refiere que serán aquellas instituciones públicas, privadas o sociales constituidas exclusivamente para su beneficio que tendrán por obligación cubrir las necesidades de alimentación, habitación y atención médica o cualquier otra que requieran los adultos mayores, procurando el mejoramiento de la salud física y psicológica de los adultos mayores a su cuidado, así como su integración social, asimismo deberán proporcionar actividades culturales y recreativas que contribuyan a su desarrollo social y físico, e Integrar un expediente personal con la historia clínica que contenga los datos relativos al estado de salud y tratamientos que haya recibido, así como su evolución.

Por último respecto al capítulo VI denominado Quejas y denuncias se estipula que toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos que establece esta ley, u otros ordenamientos legales a favor de los adultos mayores.


Referente a los artículos transitorios se establece que el decreto de Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; asimismo se prevé que a partir de la entrada en vigor del decreto, quedará abrogada la Ley Para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán, promulgada mediante Decreto 214 del Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 16 de agosto de 1999. De igual manera se estipula que a partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará derogado el Capítulo V denominado de las personas en edad senescente o con discapacidad, así como el artículo 63 a que se refiere la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán.

Por otro lado, el Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores deberá instalarse dentro de los noventa días naturales siguientes contados a partir de la entrada en vigor del decreto. El Presidente del Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores, deberá expedir la convocatoria para la designación de los representantes a que se refiere el artículo 17 de la Ley, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Asimismo, el Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores deberá aprobar su reglamento interno en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su instalación, y por último se estipula que se derogan todas las disposiciones legales y normativas de igual o menor jerarquía que se opongan al contenido de este decreto.

Con la aprobación de la presente Ley fortaleceremos la política social de este sector de la población, ampliando las oportunidades para que éstos puedan ejercer cada uno de los derechos otorgados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en la Constitución del Estado y todas las leyes que regulan la materia, estableciendo en este instrumento jurídico, normas de protección para que puedan integrarse en la vida social, productiva, laboral y educativa en el Estado.

Cabe mencionar que esta iniciativa Ley fue consensada y aprobada por el Pleno del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, así como de diversas Instituciones relacionadas a la protección de derechos de los adultos mayores.

SÉPTIMA.- Por todo lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de esta Comisión Permanente de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, consideramos que Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, debe ser aprobada por los razonamientos antes expresados.

En tal virtud, con fundamento en el artículo 30 fracción V de la Constitución Política, y artículos 18, 43 fracción XII inciso a) y 44 fracción VIII de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, y 71 fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente proyecto de:


Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

Esta ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del estado de Yucatán y tiene por objeto establecer las bases normativas para garantizar la protección de los derechos de los adultos mayores, así como facilitar su acceso a servicios que mejoren su calidad de vida y promuevan su participación social, desarrollo económico, político y cultural.

Artículo 2. Definición de adultos mayores

Para los efectos de esta ley se entenderá, por adultos mayores a las mujeres y hombres que cuenten con sesenta años o más de edad y se encuentren domiciliadas o de paso en el estado.

Artículo 3. Aplicación

La aplicación, seguimiento y vigilancia de esta ley corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Ejecutivo del estado, por conducto de sus dependencias y entidades, a los ayuntamientos, al Poder Judicial, a los organismos constitucionales autónomos del estado. Los familiares de los adultos mayores y las organizaciones de la sociedad civil coadyuvarán en su aplicación.

Capítulo II Principios rectores y derechos de los adultos mayores

Artículo 4. Principios rectores

Son principios rectores para la observación y aplicación de esta ley, los siguientes:

I. Atención preferente: el establecimiento de políticas que beneficien a los adultos mayores en la aplicación de programas y ejecución de acciones públicas, independientemente de la naturaleza de estas.

II. Autonomía y autorrealización: las acciones que se realicen en beneficio de los adultos mayores estarán orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de decisión, y su desarrollo personal.

III. Corresponsabilidad: la colaboración de los sectores público, privado y social, en especial con sus familias y comunidades, para la consecución del objeto de esta ley.

IV. Equidad: el trato justo a los adultos mayores, tomando en consideración sus condiciones particulares.

V. Participación: la inclusión y participación de los adultos mayores deberá favorecerse en todos los órdenes de la vida pública.


VI. Transversalidad: la obligación de las autoridades para coordinarse en el ámbito de sus respectivas competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los adultos mayores.

Artículo 5. Derechos de los adultos mayores

De manera enunciativa, más no limitativa, esta ley reconoce como derechos de los adultos mayores los siguientes:

I. La vida con calidad e independencia en entornos seguros, dignos y decorosos.

II. La integridad personal y la dignidad.

III. El acceso a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita.

IV. Una alimentación adecuada.

V. La salud, especialmente en materia de gerontología y geriatría.

VI. La educación.

VII. El trabajo y el acceso a este con las mismas oportunidades.

VIII. La atención preferente y diferenciada.

IX. El acceso a los servicios de asistencia social y a los programas sociales.

X. Una vida libre de violencia.

XI. La participación social y política.

XII. No discriminación.

Artículo 6. Obligaciones de los familiares

Los familiares de los adultos mayores están obligados a proporcionarles alimentos en términos del Código de Familia para el Estado de Yucatán así como evitar que caigan en una situación de explotación, abandono o marginación.

Capítulo III Competencias de las autoridades

Artículo 7. Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar, coordinar, ejecutar, vincular y evaluar programas sociales encaminados a proteger los derechos de los adultos mayores.

II. Presidir el Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los derechos de los adultos mayores.


III. Promover las medidas necesarias para la defensa y el respeto a los derechos de los adultos mayores, así como la difusión de las disposiciones legales que los contemplen.

IV. Fomentar la participación de los adultos mayores y de los sectores social y privado en el diseño, promoción, seguimiento y financiamiento de los programas de atención a estos.

V. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para realizar acciones de atención dirigidas a los adultos mayores.

VI. Impulsar la participación de los adultos mayores en la toma de decisiones con respecto a su entorno social.

VII. Realizar acciones de sensibilización y difusión dirigidas a la sociedad para crear, fortalecer y promover una cultura de respeto a los derechos y la dignidad de los adultos mayores, así como difundir los programas sociales en su beneficio.

VIII. Verificar que las instituciones de atención a los adultos mayores cumplan con la normatividad en la materia.

IX. Promover la realización de convenios con el sector privado para que los adultos mayores puedan acceder a beneficios económicos, laborales y sociales.

X. Fomentar la implementación de beneficios y estímulos económicos y fiscales para los adultos mayores y para las Instituciones especializadas en su atención y cuidado.

XI. Impulsar programas de pensiones no contributivas para beneficiar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

XII. Otorgar estímulos y reconocimientos a los adultos mayores que se distingan en actividades deportivas, científicas, artísticas y culturales, así como cualquier otra que tienda a su superación personal y en el trabajo; con el propósito de que la sociedad reconozca los hechos y actitudes de su desempeño diario.

XIIII Promover programas sociales para entregar a las familias de escasos recursos apoyos económicos para gastos funerarios.

XIV. Promover la participación de los ayuntamientos en la ejecución de programas, estrategias y acciones en beneficio de los adultos mayores.

XV. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 8. Atribuciones de la Secretaría General de Gobierno

La Secretaría General de Gobierno, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:


I. Garantizar y vigilar que los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros otorguen el acceso oportuno y seguro a los adultos mayores.

II. Verificar que las unidades de transporte público estén equipadas con las adaptaciones necesarias que garanticen la seguridad y comodidad para los adultos mayores.

III. Promover el establecimiento, en el transporte público, de tarifas preferenciales a los adultos mayores.

IV. Concertar convenios con instituciones públicas o privadas para la capacitación continua en materia de atención y sensibilización hacia el trato digno de los adultos mayores.

V. Realizar verificaciones a las instituciones de atención a los adultos mayores para cerciorase de que estas cumplen con las medidas de protección civil necesarias.

VI. Realizar inspecciones a las instituciones de atención para los adultos mayores, y en su caso, sancionar a aquellas que no cumplan con los requerimientos previstos por la legislación y normatividad aplicable.

VII. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 9. Atribuciones de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Desarrollar programas para la prevención, detección y tratamiento de los diferentes tipos de padecimientos y enfermedades más frecuentes en los adultos mayores.

II. Diseñar los mecanismos que permitan la adecuada prestación de servicios de atención médica, gerontológica y de asistencia social a los adultos mayores.

III. Fomentar la capacitación en materia de primeros auxilios, terapias de rehabilitación, técnicas de alimentación y tratamiento de los adultos mayores, para las instituciones y familiares que tengan a estos bajo su cuidado.

IV. Otorgar servicios relativos a la atención gerontológica, medicina geriátrica y atención psicológica.

V. Entregar a los adultos mayores que carezcan de recursos y no sean derechohabientes, prótesis, órtesis, sillas de ruedas, bastones, andaderas o cualquier otra necesaria que contribuya a mejorar su calidad de vida.

VI. Establecer los requisitos y especificaciones que deberán cumplir las instituciones de atención y cuidado de los adultos mayores para poder funcionar.


VII. Realizar inspecciones a las instituciones de atención para los adultos mayores, y en su caso, sancionar a aquellas que no cumplan con los requerimientos previstos por la legislación y normatividad aplicable.

VIII. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 10. Atribuciones de la Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer mecanismos para facilitar a los adultos mayores el acceso a la educación en sus diferentes niveles y modalidades.

II. Coordinar, operar y evaluar la prestación de servicios educativos para los adultos mayores con la participación de las instituciones públicas y sociales especializadas en la educación.

III. Fomentar entre los estudiantes una cultura de solidaridad intergeneracional y respeto a los derechos humanos de los adultos mayores.

IV. Promover y, en su caso, implementar programas de otorgamiento de becas a favor de los adultos mayores que continúen sus estudios.

V. Elaborar material educativo que incorpore información sobre los adultos mayores, para generar una cultura de respeto y no discriminación.

VI. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 11. Atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Implementar acciones encaminadas a disminuir los índices de desempleo y de marginación ocupacional en los adultos mayores, mediante la aplicación de programas que permitan la evaluación de sus capacidades y aptitudes, procurando su integración e incorporación a la planta laboral.

II. Formular, operar, difundir y promover los programas de empleo y autoempleo para los adultos mayores.

III. Celebrar convenios de colaboración con empresas, cámaras u organismos, para concentrar una mayor oferta de vacantes a través de la bolsa de trabajo respectiva.

IV. Desarrollar ferias de empleo para los adultos mayores.

V. Implementar estrategias para que los adultos mayores cuenten con mayores oportunidades en las bolsas de trabajo que organice la secretaría.


VI. Orientar a los adultos mayores para que acudan a talleres de capacitación.

VII. Otorgar asesoría jurídica gratuita a los adultos mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales.

VIII. Otorgar asesoría jurídica gratuita en materia laboral en los términos de la ley federal de trabajo a los adultos mayores.

IX. Promover, en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico, el otorgamiento de incentivos o estímulos para las personas físicas o morales que contraten o consideren un mínimo de empleos para los adultos mayores.

X. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 12. Atribuciones de la Secretaría de la Cultura y las Artes

La Secretaría de la Cultura y las Artes, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover el acceso al desarrollo de la cultura y las artes a los adultos mayores.

II. Fomentar la realización de actividades culturales para adultos mayores a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios.

III. Impulsar que se otorguen descuentos a los adultos mayores que acudan a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas, sociales y privadas.

IV. Fomentar la creación, producción y difusión de libros, publicaciones y obras artísticas elaboradas por los adultos mayores o dirigidas a estos.

V. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 13. Atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proteger a los adultos mayores que se encuentren en situación de violencia, abandono u otra condición que atente contra su integridad y dignidad.

II. Promover la creación de instituciones de atención a los adultos mayores o realizar gestiones ante las instituciones de asistencia privada para satisfacer sus necesidades básicas cuando carezcan de hogar y familia, así como aquellas que no cuentan con los medios indispensables para su subsistencia.

III. Realizar las acciones necesarias que permitan una adecuada prestación de servicios de asistencia social a los adultos mayores.

IV. Prestar orientación y asistencia jurídica a los adultos mayores.


V. Recibir, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia las denuncias y quejas que se relacionen con el abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación o malos tratos a los adultos mayores, así como cualquier otra violación de sus derechos.

VI. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos constitutivos de delito cometidos en contra de los adultos mayores, cuando sean de su conocimiento.

VII. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 14. Atribuciones del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer programas de educación física para los adultos mayores, a efecto de fomentar el hábito del ejercicio en beneficio de su salud física y psicológica.

II. Promover la participación de los adultos mayores en actividades deportivas, así como la adaptación, desarrollo y reglamentación de las diversas disciplinas y modalidades del deporte de acuerdo a su condición física.

III. Impulsar el desarrollo de competencias en las diferentes disciplinas deportivas en las que se fomente la participación y reconocimiento de los adultos mayores.

IV. Acondicionar las instalaciones y espacios deportivos, de acuerdo a las necesidades de los adultos mayores.

V. Organizar programas especiales de activación física, deportiva y recreativa, a efecto de impulsar el desarrollo de la cultura física de los adultos mayores.

VI. Promover la creación y asignación de apoyos para motivar y estimular a los adultos mayores en la activación física y el deporte.

VII. Brindar asesoría e información a los adultos mayores, asociaciones o instituciones que lo requieran, en cuanto a las actividades físicas, de recreación o deportivas que pueden desarrollar de manera segura.


Artículo 15. Atribuciones de los ayuntamientos

Los ayuntamientos, para contribuir con el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Determinar políticas que beneficien a los adultos mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley.


II. Fomentar e impulsar el desarrollo integral de los adultos mayores.

III. Promover y desarrollar programas de atención y protección de los derechos de los adultos mayores.

IV. Celebrar convenios con los sectores público, social y privado en materia de apoyo y atención a los adultos mayores.

V. Fomentar la creación de parques, centros o espacios recreativos, culturales y deportivos para los adultos mayores, así como revisar sus instalaciones y darles el mantenimiento adecuado para facilitar el acceso de los adultos mayores.

VI. Promover programas de descuentos preferenciales a los adultos mayores en la gestión de trámites y servicios administrativos que tengan a su cargo.

VII. Brindar atención y asesoría jurídica gratuita a los adultos mayores.


Capítulo IV Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los

Derechos de los Adultos Mayores

Artículo 16. Objeto del consejo

El Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores, en adelante consejo, es un órgano consultivo que tiene por objeto realizar funciones de coordinación, vigilancia, supervisión y evaluación de las medidas, acciones y programas dirigidos a promover y fomentar el desarrollo físico, mental social y cultural de los adultos mayores, así como la permanencia de estos en la vida productiva del estado.

Artículo 17. Atribuciones del consejo

El consejo, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proponer la implementación de políticas públicas, así como la creación y modificación de programas de protección de los derechos de los adultos mayores.

II. Dar seguimiento y promover acciones de mejora de los programas y acciones que implementen las dependencias y entidades para el cumplimiento del objeto de esta ley.

III. Propiciar la comunicación y vinculación entre las dependencias y entidades relacionadas con la protección de los derechos de los adultos mayores.

IV. Vigilar y supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta ley por las instituciones responsables de su aplicación.

V. Establecer los mecanismos de concertación, coordinación y promoción de programas y acciones entre las instancias que lo integran.


VI. Analizar y concertar el establecimiento de lineamientos técnicos y administrativos aplicables para la atención de los adultos mayores en materia de educación, salud y de desarrollo social.

VII. Recibir y canalizar a las instituciones competentes las quejas y sugerencias sobre la atención que estas brinden a los adultos mayores.

VIII. Promover la captación de recursos destinados al desarrollo de actividades y programas tendientes a estimular las capacidades físicas, mentales y sociales de los adultos mayores.

IX. Realizar de manera periódica diagnósticos de la situación en la que se encuentran los adultos mayores que habitan en el estado.

X. Promover de manera constante la capacitación a los servidores públicos que por el desempeño de sus funciones tienen contacto directo con los adultos mayores.

XI. Presentar de manera anual al titular del Poder Ejecutivo del estado, un informe sobre los avances en materia de atención y protección de los derechos de los adultos mayores.

XII. Aprobar su reglamento interno y demás normatividad interna que requiera para el cumplimiento de su objeto.

XIII. Las demás que le confieran esta ley, su reglamento interno y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 18. Integración del consejo

El consejo se integrará de la siguiente manera:

I. El Secretario de Desarrollo Social, quien será el presidente.

II. El Secretario General de Gobierno.

III. El Secretario de Salud.

IV. El Secretario de Educación.

V. El Secretario del Trabajo y Previsión Social.

VI. El Secretario de la Cultura y las Artes.

VII. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

VIII. El Director General del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.

IX. El Director General del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

X. El Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.


XI. Un representante del Instituto Nacional de los adultos mayores en el estado, previa invitación del presidente.

XII. Dos profesionales de reconocido prestigio, especializados en geriatría y gerontología.

XIII. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de apoyo a los adultos mayores.

XIV. Dos representantes de cámaras empresariales con presencia en el estado.

Los representantes establecidos en las fracciones XII, XIII y XIV serán designados por un período de dos años y podrán ser ratificados. El presidente designará a los representantes en los términos de la convocatoria que para tal efecto expida.

Cuando el Gobernador del estado asista a las sesiones del consejo asumirá el cargo de presidente y el Secretario de Desarrollo Social fungirá como secretario técnico, conservando el derecho a voz y voto.

Artículo 19. Secretario técnico

El consejo contará con un secretario técnico, quien será nombrado por el presidente y participará en las sesiones únicamente con derecho a voz. Cuando el secretario técnico designado forme parte de los integrantes, conservará su derecho a voto.

Artículo 20. Invitados

El presidente podrá invitar a participar en las sesiones del consejo a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los organismos constitucionales autónomos, a los representantes de instituciones académicas u organizaciones civiles o a las personas que tengan reconocido conocimiento o prestigio en la materia que puedan aportar opiniones valiosas y ser de utilidad para este.

Los invitados participarán en las sesiones únicamente con derecho a voz.

Artículo 21. Suplencias

Los integrantes del consejo deberán designar a los funcionarios que los sustituirán en casos de ausencia, los cuales deberán tener, al menos, el rango de director.

Artículo 22. Carácter de los cargos

Los cargos de los integrantes del consejo son de carácter honorífico, por lo tanto, quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño.

Artículo 23. Cuórum

Las sesiones del consejo serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de la mayoría de los integrantes. En todo caso se deberá contar con la presencia del presidente y del secretario técnico.


Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el presidente, a través del secretario técnico, emitirá una segunda convocatoria para realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de los integrantes que asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas veinticuatro horas contadas a partir de la convocatoria.

Artículo 24. Validez de los acuerdos

Las decisiones sobre los asuntos que conozca el consejo se aprobarán con el voto de la mayoría de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente. En caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad.

Artículo 25. Reglamento interno

El reglamento interno del consejo deberá establecer lo relativo a la organización y desarrollo las sesiones, las formalidades de las convocatorias y de las actas.

Capítulo V Instituciones de atención a los adultos mayores

Artículo 26. Instituciones

Se consideran instituciones de atención a los adultos mayores, aquellas instituciones públicas, privadas o sociales constituidas exclusivamente para su beneficio.

Artículo 27. Obligaciones de las instituciones

Las instituciones de atención a los adultos mayores están obligadas a:

I. Promover una cultura de aprecio a los adultos mayores para lograr un trato digno, favorecer su revaloración y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones.

II. Cubrir las necesidades de alimentación, habitación y atención médica o cualquier otra que requieran los adultos mayores.

III. Procurar el mejoramiento de la salud física y psicológica de los adultos mayores a su cuidado, así como su integración social.

IV. Proporcionar actividades culturales y recreativas que contribuyan al desarrollo social y físico de los adultos mayores.

V. Integrar un expediente personal con la historia clínica que contenga los datos relativos al estado de salud y tratamientos que haya recibido, así como la evolución de los adultos mayores.

VI. Contar, en su caso, con los nombres, domicilios y teléfonos de los familiares de los adultos mayores.

VII. Coadyuvar con las autoridades en la protección de los derechos de los adultos mayores.


VIII. Participar en los programas públicos que establezcan las autoridades en beneficio de los adultos mayores.

IX. Denunciar a la autoridad competente los casos de discriminación, abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación o violencia a los adultos mayores.

X. Capacitar a su personal en materia de geriatría y gerontología para el mejor desempeño de sus actividades.

XI. Vigilar que los adultos mayores no sean sometidas a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

XII. Proponer mecanismos para simplificar los trámites o diligencias de las dependencias o entidades que los adultos mayores realicen habitualmente.

XIII. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 28. Condiciones de las instituciones

Las instituciones de atención y cuidado de los adultos mayores deberán contar con:

I. Personal especializado para la atención integral de los adultos mayores.

II. Áreas de cocina y comedor para la preparación, elaboración y consumo de alimentos, adecuadas a las necesidades alimenticias de los adultos mayores.

III. Dormitorios apropiados a los requerimientos de los adultos mayores.

IV. Áreas adecuadas para proporcionar servicios médicos especializados, educativos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre de los adultos mayores.

V. Áreas físicas con dimensiones suficientes, ventiladas e iluminadas.

VI. Baños, los cuales contarán con excusados y regaderas con pasamanos tubulares, así como lavamanos asegurados.

VII. Pisos uniformes, con material antiderrapante de fácil limpieza y con iluminación apropiada.

VIII. En general, instalaciones adecuadas y funcionales que faciliten el libre desplazamiento de los adultos mayores, tanto en sus espacios interiores como exteriores.

IX. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 29. Dependencia responsable

La Secretaría de Salud será la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y podrá imponer las sanciones de amonestación o multa, de cincuenta a mil veces el salario mínimo general vigente, a las instituciones de atención y cuidado de los adultos mayores que incumplan las obligaciones o condiciones previstas en los artículos 27 y 28 de esta ley.


En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones II y XI del artículo 27 o de las condiciones previstas en el artículo 28 la Secretaría de Salud podrá sancionar a las instituciones de atención y cuidado de los adultos mayores con su clausura.

Para la imposición de las sanciones por inobservancia de esta ley, se tomarán en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia o habitualidad.

Capítulo VI Quejas y denuncias

Artículo 30. Denuncia popular

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos que establece esta ley, u otros ordenamientos legales a favor de los adultos mayores.

Si la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia no es competente para atender la acción u omisión, motivo de la denuncia, canalizará al denunciante ante la autoridad correspondiente.

Los familiares de la persona adulta mayor, denunciante o cualquier interesado podrán coadyuvar y ser parte del proceso de denuncia.

Artículo 31. Investigación de la procuraduría

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia deberá realizar la investigación correspondiente cuando reciba una denuncia de que un adulto mayor ha sido víctima de cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos de los adultos mayores, para lo cual podrá practicar exámenes médicos y psicológicos, así como realizar todas las acciones conducentes al esclarecimiento del hecho, incluyendo, en su caso, solicitar el auxilio de la fuerza pública.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia deberá informar al adulto mayor de su derecho de separarse del domicilio; prestarle, en su caso, el auxilio correspondiente para canalizarlo a una institución de adulto mayor; e iniciar el trámite judicial para la obtención del derecho de alimentos, en términos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán.

Artículo 32. Infracciones y sanciones

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia podrá imponer las sanciones de amonestación o multa, de veinte a cien veces el salario mínimo general vigente, a los familiares de los adultos mayores que les impidan el acceso o ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 5 de esta ley o realicen contra ellos cualquier acto que implique explotación, abandono, marginación, discriminación o humillación.

Para la imposición de las sanciones por inobservancia de esta ley, se tomarán en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia o habitualidad.


Artículo 33. Servidores públicos

Cuando los servidores públicos sean los responsables del daño o afectación de los derechos de los adultos mayores, se deberá dar aviso al superior jerárquico de manera inmediata para su conocimiento, sujetándolo a la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán.

Los servidores públicos que tuvieren conocimiento en el ejercicio de sus funciones de alguna infracción a la presente Ley, estarán obligados dar aviso a las autoridades correspondientes. Cualquier omisión en este sentido dará lugar a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

Artículo 34. Competencia del Ministerio Público

Los actos constitutivos de delito cometidos en contra de los adultos mayores deberán ser denunciados de manera inmediata ante el Ministerio Público del estado.

Artículo 35. Competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán conocerá las quejas que se presenten sobre las violaciones a los derechos humanos de los adultos mayores, en términos de su propia ley.



Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.


A partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará abrogada la Ley Para la Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán, promulgada mediante Decreto 214 del Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 16 de agosto de 1999.

Tercero. Derogación de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán

A partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará derogado el Capítulo V denominado de las personas en edad senescente o con discapacidad, así como el artículo 63 a que se refiere la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán.

Cuarto. Instalación del consejo

El Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores deberá instalarse dentro de los noventa días naturales siguientes contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto.


Esta hoja de firmas forma parte del Decreto 225/2014 por el que se emite la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán.

Quinto. Expedición de la convocatoria

El Presidente del Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores, para los efectos de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, deberá expedir la convocatoria para la designación de los representantes a que se refiere el artículo 18, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Sexto. Reglamento interno

El Consejo Estatal para la Protección y Atención Integral de los Derechos de los Adultos Mayores deberá aprobar su reglamento interno en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su instalación.

Séptimo. Derogación tácita

Se derogan todas las disposiciones legales y normativas de igual o menor jerarquía que se opongan al contenido de este decreto.

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL CHAN MAGAÑA.- SECRETARIA DIPUTADA FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOZANO POVEDA. RÚBRICA.”

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido cumplimiento.

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a 22 de octubre de 2014.

( RÚBRICA )


( RÚBRICA ) Víctor Edmundo Caballero Durán Secretario General de Gobierno


Decreto 226/2014 por el que se regula el Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, y

Considerando:

Primero. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán establece, en su artículo 2, que se considera de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, la industrialización y la comercialización de los bienes y servicios del medio rural y todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural en el estado de Yucatán.

Segundo. Que la ley antes referida dispone, en su artículo 5, fracción I, que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, impulsará las políticas públicas, programas y acciones en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del estado de Yucatán, las cuales deberán estar orientadas a promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de las organizaciones o asociaciones, mediante la diversificación y la generación de empleo, así como el incremento del ingreso y el mejoramiento de la calidad de vida.

Tercero. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en el eje del desarrollo Yucatán Competitivo, establece el tema Desarrollo Rural y Agroindustrial, cuyo objetivo número 1 es “Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado”. Entre las estrategias para cumplir con este objetivo se encuentra la de “Impulsar el repoblamiento y mejoramiento genético bovino, ovino y de otras especies para la capitalización del sector ganadero.”

Cuarto. Que entre los Compromisos del Gobierno del Estado 2012-2018 se encuentra el identificado con el número 63 referente a “Apoyar a los productores de ganado bovino y ovino con financiamiento y programas de mejoramiento de las praderas, infraestructura, equipo y maquinaria, repoblamiento del hato y mejoramiento genético.”

Quinto. Que la inversión en actividades productivas, especialmente en las agropecuarias, impulsa el desarrollo de la economía local, por ello resulta especialmente relevante implementar acciones que contribuyan a repoblar y mejorar la genética del ganado del estado de Yucatán.

Sexto. Que el repoblamiento y mejoramiento genético-ganadero conlleva un beneficio económico al mejorar la rentabilidad de cada animal, fomenta el autoempleo y fortalece la competitividad del estado en los mercados regional, nacional e internacional.


Séptimo. Que los programas presupuestarios son las políticas públicas que orientan el gasto público, entre los que se encuentra el programa presupuestario “Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial” que tiene como propósito “que la población beneficiada incremente sus capacidades productivas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial” y del cual forma parte, como uno de sus componentes, el Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero.

Octavo. Que, en ese sentido, el Poder Ejecutivo del estado ha decidido establecer un programa, para incrementar, a través de apoyos económicos, la capacidad productiva de los productores ganaderos dedicados a la producción y crianza de especies pecuarias en el estado de Yucatán.

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente:

Decreto 226/2014 por el que se regula el Programa Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del programa

El Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero tiene por objeto contribuir a incrementar la capacidad productiva de los productores ganaderos mediante el otorgamiento de un apoyo económico para adquirir especies pecuarias y material genético.

Artículo 2. Definiciones

Para los efectos de este decreto, se entenderá por:

I. Beneficiarios: las personas que accedan a los apoyos del programa.

II. Material genético: el semen o los embriones de las especies pecuarias.

III. Programa: el Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero.

IV. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Rural.

Artículo 3. Aplicación del programa

El programa se aplicará de manera anual, conforme a lo establecido en este decreto. El Poder Ejecutivo determinará los recursos para la implementación del programa.

La secretaría destinará, al menos, el 30% de los recursos presupuestados para la implementación del programa en el marco de la Feria de Reyes, que se realiza en el municipio de Tizimín, y la Feria Yucatán X’matkuil. El presupuesto restante será distribuido en el año calendario de acuerdo con lo que establezcan las convocatorias que se emitan.


Artículo 4. Población objeto

Podrán acceder a los beneficios del programa, las personas físicas que se dediquen a la producción y crianza de especies pecuarias en el estado.

Artículo 5. Cobertura del programa

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán.

Artículo 6. Dependencia ejecutora

La secretaría será la dependencia encargada de la planeación, presupuestación, organización, ejecución y seguimiento del programa.

Artículo 7. Atribuciones de la secretaría

La secretaría, en su carácter de dependencia ejecutora del programa, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones referentes a la operación y logística del programa.

II. Definir las políticas para que las acciones del programa se realicen en forma articulada.

III. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del programa.

IV. Concertar con otras instancias del ámbito federal, estatal o municipal acciones que permitan cumplir el objeto del programa.

V. Registrar y publicar en la página de Internet de la secretaría la lista de beneficiarios del programa.

VI. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con motivo de la aplicación del programa.

VII. Dar publicidad a las reglas de operación del programa.

VIII. Las demás previstas en este decreto y en otras disposiciones legales y normativas aplicables, para cumplir con el objeto del programa.

Artículo 8. Unidad administrativa operadora

La implementación operativa del programa estará a cargo de la Dirección de Ganadería, para lo cual, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Recibir y resguardar las solicitudes y documentación presentada por las personas interesadas en obtener los beneficios del programa.

II. Controlar y supervisar la entrega de los apoyos.

III. Validar técnicamente y autorizar las solicitudes de apoyo.

IV. Proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios del programa.

V. Organizar y supervisar la ejecución de las acciones del programa.


VI. Realizar las campañas de difusión necesarias para dar a conocer el programa.

VII. Entregar los apoyos autorizados.

VIII. Coadyuvar en el seguimiento de los avances del programa.

IX. Las demás previstas en este decreto y en otras disposiciones legales y normativas aplicables, para cumplir con el objeto del programa.

Capítulo II Reglas de operación

Sección primera Planeación

Artículo 9. Convocatoria

La secretaría, para la implementación del programa, deberá expedir las convocatorias que contengan, al menos, lo siguiente:

I. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser beneficiarios y la documentación que deberán presentar para acreditarlos.

II. La dirección, los días y los horarios de atención para consultar el listado de proveedores autorizados por la secretaría y recibir las solicitudes y la documentación requerida.

III. Los conceptos de apoyo autorizados.

IV. El monto máximo de los apoyos por cada concepto.

V. El techo financiero asignado.

La secretaría deberá publicar la convocatoria en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán así como en un periódico de amplia circulación en la entidad.

Artículo 10. Recepción de solicitudes

Las solicitudes de los apoyos y la documentación requerida del programa deberán entregarse en las ventanillas establecidas por la secretaría en la convocatoria.

Artículo 11. Participantes

La secretaría, con objeto de facilitar a los solicitantes el acceso a los beneficios del programa, podrá convenir con los ayuntamientos y las dependencias y entidades de la Administración Pública federal y estatal, lo siguiente:

I. La utilización de espacios para la recepción de solicitudes.

II. La recepción directa de solicitudes a través de su personal en los espacios convenidos.


III. La expedición de la constancia de presentación de la solicitud y el aviso respectivo a la secretaría.

En los lugares convenidos para la recepción de las solicitudes deberá colocarse el emblema del Gobierno del estado así como el de la secretaría y un cartel con el nombre del programa.

Artículo 12. Constancia de presentación de la solicitud

La secretaría o, en su caso, la dependencia, entidad o ayuntamiento que haya suscrito el convenio de participación respectivo, una vez recibida la solicitud y los documentos en los términos de este decreto, expedirá una constancia que contendrá lo siguiente:

I. Nombre del solicitante o del representante de los solicitantes.

II. Fecha y hora de recepción de la solicitud y los documentos.

III. Documentación que se recibe.

IV. Apoyo solicitado.

Artículo 13. Expediente técnico

La Dirección de Ganadería deberá integrar y conservar bajo su resguardo, por un período de cinco años, un expediente técnico que contendrá la solicitud de apoyo y los documentos anexos presentados por el interesado.

Artículo 14. Reporte de visita supervisión

La Dirección de Ganadería realizará visitas domiciliarias de supervisión, de manera aleatoria, para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios. El reporte de las visitas de supervisión deberá contar con un soporte fotográfico.

Sección segunda Apoyos

Artículo 15. Apoyos

El programa incluirá el otorgamiento de un apoyo económico, hasta por la cantidad de $120,000.00 al año por beneficiario, para adquirir sementales, vientres y material genético, de conformidad con lo siguiente:

I. Tratándose de especies bovina, ovina o caprina:

Concepto de apoyo Monto del apoyo Compra máxima Condición

Adquisición de semental bovino con registro genealógico.

Hasta la cantidad de $15,000.00 por animal.

Tres sementales. Contar con, al menos, diez vientres bovinos para la adquisición de un semental; sesenta vientres bovinos para la adquisición de dos


Concepto de apoyo Monto del apoyo Compra máxima Condición sementales; o noventa vientres bovinos para la adquisición de tres sementales.

Adquisición de semental ovino o caprino con registro genealógico.


Tres sementales. Contar con, al menos, diez vientres de la especie de que se trate para la adquisición de un semental; cuarenta vientres de la especie de que se trate para la adquisición de dos sementales; o sesenta vientres de la especie de que se trate para la adquisición de tres sementales.

Adquisición de vientre bovino con registro genealógico.


Diez vientres. Contar con, al menos, veinte vientres.

Adquisición de vientre ovino o caprino con registro genealógico.


Veinte vientres. Contar con, al menos, veinte vientres.

Adquisición de vientre bovino cárnico o doble propósito gestante sin registro.


Diez vientres. Contar con, al menos, cinco vientres.

Adquisición de vientre bovino lechero gestante sin registro.


Diez vientres.

Contar, al menos, cinco vientres.

Adquisición de vientre bovino en edad reproductiva (púbera).


Diez vientres. Contar con, al menos, cinco vientres.

Adquisición de vientre ovino o caprino gestante sin registro.


Veinte vientres. Contar con, al menos, diez vientres.

Adquisición de dosis de semen nacional o importado.

Hasta la cantidad de $200.00 por dosis.

Cien dosis. Contar con, al menos, un vientre registrado ante el Padrón Ganadero Nacional por cada dos dosis.


Concepto de apoyo Monto del apoyo Compra máxima Condición

Adquisición de dosis de semen sexado nacional o importado.

Hasta la cantidad de $300.00 por dosis.

Cien dosis. Contar con, al menos, un vientre registrado ante el Padrón Ganadero Nacional por cada dos dosis.

Adquisición de embriones nacionales o importados.

Hasta la cantidad de $2,000.00 por embrión.

Cincuenta embriones.

Contar con un vientre registrado ante el Padrón Ganadero Nacional por embrión.

Adquisición de embriones sexados nacionales o importados.

Hasta la cantidad de $3,000.00 por embrión.

Cuarenta embriones. Contar con un vientre registrado ante el Padrón Ganadero Nacional por embrión.

II. Tratándose de especies pecuarias diversas a las señaladas en la fracción I, los conceptos, montos del apoyo, compras máximas y condiciones serán determinados en las convocatorias que al efecto se emitan.

En todo caso, los conceptos de apoyo deberán reunir los elementos o especificaciones técnicas que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establezca para los programas que opere en materia ganadera.

Sección tercera Beneficiarios

Artículo 16. Requisitos para ser beneficiario

Las personas que deseen ser beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser productor ganadero.

II. Ser yucateco, estar avecindado o tener residencia en el estado de Yucatán, con una antigüedad de, cuando menos, un año a la fecha de presentación de la solicitud.

III. Adquirir sementales, vientres o material genético de los proveedores autorizados por la secretaría.

IV. Ser propietario de no más de doscientos cincuenta vientres bovinos o su equivalente en otras especies.

V. No haber recibido los apoyos que otorga este programa para el mismo concepto en el último año, excepto cuando no se hayan rebasado los montos máximos establecidos, ni haber incumplido con las obligaciones que se establecen en este decreto en ediciones anteriores del programa.


Artículo 17. Documentación requerida

Los interesados en ser beneficiarios deberán presentar, en original, y copia para su cotejo, la siguiente documentación:

I. Identificación oficial con fotografía vigente del solicitante.

II. Constancia de la Clave Única del Registro de Población, excepto en los casos en los que el solicitante presente identificación oficial que contenga la clave de referencia.

III. Constancia actualizada de la unidad de producción pecuaria y el registro en el padrón ganadero nacional.

IV. Documento con el que acredite la posesión legal del predio en que se ubique la unidad de producción pecuaria.

V. Comprobante de domicilio.

VI. Solicitud de los apoyos, la cual consistirá en el anexo 1 de este decreto o en un escrito libre que deberá contener los siguientes datos:

a) El nombre completo, edad y domicilio del solicitante.

b) El tipo o monto del apoyo que solicita.

c) El número, género y raza de especies pecuarias con los que cuenta.

d) La manifestación de que el solicitante conoce el contenido y alcances del programa, así como la declaración de que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto.

e) La declaración de que el solicitante tiene la capacidad para dar alojamiento y abastecimiento de agua y alimento a los semovientes de su propiedad.

f) La fecha en la que se realiza la solicitud.

g) La firma o huella del solicitante.

Artículo 18. Documentación de la adquisición

Los beneficiarios que obtengan la preautorización a que se refiere el artículo 24 de este decreto deberán de presentar, dentro de los dos días hábiles siguientes a su notificación, en original y copia para su cotejo, el comprobante fiscal o factura que ampare la operación de adquisición del semental, vientre o material genético, así como la siguiente documentación:

I. Tratándose de adquisición de sementales:

a) Registro o certificado de pureza racial o genealógica.


b) Certificado de fertilidad del semental que acredite que es apto para la reproducción.

c) Tarjeta del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.

d) Póliza de seguro de traslado y radicación del animal.

e) Certificado sanitario emitido por un médico veterinario zootecnista calificado con cédula profesional.

f) Constancia de que proviene de un hato libre de tuberculosis y brucelosis.

II. Tratándose de adquisición de vientres:

a) La documentación prevista en los incisos c) d), e) y f) de la fracción anterior.

b) Certificado de registro genealógico, en el caso de los vientres de registro.

c) Certificado de preñez expedido por un médico veterinario zootecnista calificado con cédula profesional, en el caso de vientres gestantes,

III. Tratándose de adquisición de material genético, la constancia de que el semen y los embriones proceden de progenitores con registro genealógico evaluados como sobresalientes, la cual deberá indicar además el lote de su procedencia y la compañía que lo distribuyó.

IV. Tratándose de adquisición de sementales, vientres o material genético de especies pecuarias diversas a las señaladas, la documentación que deberán de proporcionar será la establecida en las convocatorias que al efecto se emitan.

Artículo 19. Criterios de selección de beneficiarios

La secretaría, para la aprobación de las solicitudes de apoyo que presenten los interesados en ser beneficiarios del programa, observará los siguientes aspectos:

I. El cumplimiento de los requisitos.

II. La disponibilidad presupuestal.

III. El dictamen positivo de la solicitud de apoyo por parte de la Dirección de Ganadería.

Artículo 20. Derechos de los beneficiarios

Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos:


I. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de la secretaría.

II. Solicitar y recibir información respecto al avance de su solicitud de apoyo, así como de su aprobación o suspensión y las razones.

III. Recibir los apoyos que ofrece el programa conforme a lo dispuesto en este decreto y en las convocatorias que se emitan.

IV. Realizar la adquisición con el proveedor que libremente elija de entre los autorizados por la secretaría en los términos de este decreto.

V. Designar a la persona que, en su nombre y representación, podrá recibir el apoyo autorizado.

Artículo 21. Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios tendrán las obligaciones siguientes:

I. Informar con veracidad sobre los datos que se les soliciten para la obtención de los apoyos.

II. Conservar a los sementales o vientres en la unidad de producción pecuaria declarada en la solicitud durante, al menos, treinta y seis meses en el caso de bovinos, y doce meses en el caso de ovinos y caprinos, siempre y cuando no representen un riesgo sanitario o la secretaría haya autorizado por escrito su movilización.

III. Informar por escrito a la secretaría, en caso de baja de sementales o vientres, dentro de los primeros diez días hábiles posteriores al hecho.

IV. Aceptar, facilitar y atender verificaciones, supervisiones, auditorías, inspecciones y las solicitudes de información por parte de la secretaría y demás autoridades competentes, con el fin de observar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de este decreto.

V. Abstenerse de presentar su solicitud para ser proveedor por el mismo concepto de apoyo solicitado.

Sección cuarta Adquisición de los apoyos

Artículo 22. Proveedores

Las personas físicas o morales dedicadas al comercio de sementales de registro, vientres o material genético que deseen participar en el programa como proveedores de sementales, vientres o material genético deberán registrarse ante la secretaría y cumplir con los siguientes requisitos:

I. Llenar el formato de registro.

II. Presentar copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.


III. Acreditar, por parte del representante legal en el caso de las personas morales, sus facultades de representación y la constitución legal de su representada; si se trata de persona física deberá presentar identificación oficial vigente.

IV. Acreditar, para el caso de los proveedores de sementales, su afiliación a alguna asociación nacional de criadores de ganado de registro.

V. Presentar la relación de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado de los semovientes que vaya a ofertar y especificar si son de registro o no. Dicha relación deberá actualizarse previo a la formalización de cualquier adquisición por los beneficiarios.

VI. Presentar la constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis.

En el caso de ser proveedores foráneos de sementales únicamente podrán registrarse cuando participen en exhibiciones ganaderas de ferias o exposiciones del estado.

Artículo 23. Cancelación de registro de proveedores

La secretaría podrá cancelar el registro de proveedores cuando:

I. Presenten una solicitud para ser beneficiario del programa en los conceptos de apoyo de los que es proveedor.

II. Falten a la veracidad en los datos sanitarios, genealógicos o productivos de los animales o material genético que comercialicen.

III. Incumpla con los requisitos normativos zoosanitarios vigentes o cualquier otra disposición aplicable a la materia.

Sección quinta Operación del programa

Artículo 24. Dictamen y determinación de los apoyos

La Dirección de Ganadería será la encargada de dictaminar y, en su caso, autorizar las solicitudes de apoyo que se presenten, conforme a las siguientes fases:

I. Preautorización: consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos y la documentación a que se refieren los artículos 16 y 17 de este decreto, dictaminar la elegibilidad con base en los criterios de selección y realizar la reserva presupuestal de los recursos que correspondan a los apoyos solicitados.

II. Autorización: consiste en declarar la procedencia de las solicitudes preautorizadas con base en la documentación a que se refiere el artículo 18 de este decreto.


Cuando no se presente la documentación en el plazo indicado en el artículo 18, se cancelarán los apoyos preautorizados y, consecuentemente, la reserva presupuestal de los recursos, por lo que podrán ser reasignados a otros beneficiarios.

Artículo 25. Entrega de los apoyos

Los apoyos serán entregados mediante cheques nominativos a favor de los beneficiarios o del representante que válidamente designe mediante poder notarial o carta poder, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la autorización.

Sección sexta Seguimiento y evaluación del programa

Artículo 26. Seguimiento del programa

El seguimiento del programa se llevará de manera anual y será responsabilidad de la Dirección de Ganadería en coordinación con la Dirección de Planeación, Financiamiento y Coordinación Sectorial, de la secretaría.

Artículo 27. Indicadores del programa

La secretaría realizará anualmente el seguimiento del programa con base en los siguientes indicadores:

I. Variación porcentual de la producción pecuaria, el cual se calculará con la fórmula:

((Producción pecuaria en el año actual - producción pecuaria en el año base) / producción pecuaria en el año base)) * 100

II. Porcentaje de productores apoyados, el cual se calculará con la fórmula:

(Productores apoyados / total de productores que solicitaron el apoyo) * 100

III. Variación porcentual de los sementales entregados, el cual se calculará con la fórmula:

((Sementales entregados en el período actual - sementales entregados en el período base) / sementales entregados en el periodo base)) * 100

IV. Variación porcentual de vientres entregados, el cual se calculará con la fórmula:

((Vientres entregados en el período actual -vientres entregados en el período base) / vientres entregados en el periodo base)) * 100

Para la medición del indicador previsto en la fracción I se tomarán los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.


Para la medición de los indicadores previstos en las fracciones II, III y IV se utilizarán los registros administrativos de la Dirección de Ganadería.

Artículo 28. Publicación del padrón de beneficiarios

La secretaría deberá publicar anualmente en su página de Internet los resultados obtenidos del seguimiento de los indicadores.

Artículo 29. Evaluación del programa

La evaluación del programa estará a cargo de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación y se realizará conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Sección séptima Auditoría

Artículo 30. Auditoría

La Secretaría de la Contraloría General será la dependencia encargada de las funciones de auditoría del programa, de conformidad con las facultades y procedimientos establecidos en las disposiciones legales y normativas aplicables.

Sección octava Disposiciones complementarias

Artículo 31. Publicidad del programa

En la papelería, empaques y publicidad del programa, se deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, queda prohibido su uso para fines partidistas, de promoción personal o cualquier otro ajeno al propio programa.”

Artículo 32. Suspensión de apoyos

Los beneficiarios que incumplan con las disposiciones de este decreto o de la convocatoria respectiva para cada edición, serán sancionados con la suspensión de entrega de los apoyos del programa.

Artículo 33. Quejas y denuncias

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, el ciudadano podrá optar entre promover la queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General o asistir ante el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción a presentar su queja, quien la tramitará en términos de las disposiciones legales que lo regulan.

En la secretaría se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por


incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción.

Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa deberá incluirse una dirección y un número telefónico donde cualquier ciudadano pueda solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este decreto.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público. No se considerarán como tales los escritos que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las solicitudes, cuya resolución les corresponda determinar a la propia secretaría o las instancias jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán o las demás disposiciones legales que regulan los medios de impugnación; en estos casos la autoridad que tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano sobre la autoridad competente que deba conocer del asunto.

Artículo 34. Responsabilidades de los servidores públicos

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este decreto serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, con independencia de las responsabilidades penales en que puedan incurrir.



Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.


A partir de la entrada en vigor de este decreto quedarán abrogados el Decreto 107/2008 que crea el Programa “Fondo X´matkuil-Reyes” y el Decreto 288/2010 por el que se crea el Programa para el Mejoramiento Genético Ganadero, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán los días 15 de agosto de 2008 y 14 de abril de 2010, respectivamente.

Tercero. Medición de indicador

La medición del indicador previsto en la fracción IV del artículo 25 iniciará a partir del segundo año de aplicación de este programa debido a que actualmente no se cuenta con los registros para realizar el cálculo.

Cuarto. Derogación tácita

Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en este decreto.


Esta hoja de firma forma parte del Decreto 226/2014 por el que se regula el Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero.

Quinto. Vigencia del decreto

Este decreto estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2018.

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a 30 de octubre de 2014.

( RÚBRICA )


( RÚBRICA ) Víctor Edmundo Caballero Durán Secretario General de Gobierno

( RÚBRICA ) Roberto Antonio Rodríguez Asaf Secretario de Administración y Finanzas

( RÚBRICA ) Felipe Cervera Hernández Secretario de Desarrollo Rural

( RÚBRICA ) Miguel Antonio Fernández Vargas Secretario de la Contraloría General


Anexo 1

Fecha:

El que suscribe, productor ganadero en el estado de Yucatán, he conocido de los apoyos que ofrece el Gobierno del Estado de Yucatán para impulsar la producción ganadera, por lo que me permito solicitar a usted(es) se me autorice a participar de los beneficios que otorga el Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero, para el cual proporciono mis datos y documentos requeridos, manifestando que son verídicos, comprometiéndome a cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación vigentes, lineamientos y demás aplicables en términos de ley.

Datos generales

Nombre: No. Ident. oficial

Edad:

Dirección:

Localidad: Municipio:

Código Postal:

Teléfono

Datos U.P.P.

Nombre: No. U.P.P.: Superficie total

(Ha): Empastada: Con riego:

Ubicación:

Localidad: Municipio:

Gobierno del Estado de Yucatán

Solicitud única de apoyo del Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero


Inventario de animales

Bovino Ovino Otras especies Tipo de animal Raza Cantidad Raza Cantidad Raza Cantidad

Vientres (cb)

Sementales (cb)

Crías (cb)

En engorda (cb)

Total

Apoyo Solicitado

Concepto de apoyo Proveedor Unidad Unidades $/Unid Importe total

Total

Documentación recibida

Solicitud persona física Identificación oficial CURP Comprobante de domicilio U.P.P. y P.G.N.

Croquis de localización de la U.P.P.


Consciente de los requisitos del Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero: bajo protesta de decir la verdad, declaro que no he recibido apoyo de otros programas para el mismo componente; asimismo, expreso mi compromiso para efectuar las inversiones y comprobaciones complementarias; que conozco el contenido y alcances del programa, y declaro que me comprometo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus reglas de operación. De igual forma, declaro que cuento con la instalación que proporciona alojamiento y abastecimiento de agua y alimento para los semovientes de mi propiedad y para mantenerlos en explotación durante su ciclo productivo; que cumpliré con las campañas zoosanitarias vigentes y con las disposiciones en materia ambiental; así como que proporcionaré las facilidades e información requerida para el seguimiento, control y evaluación del programa.

Huella

Vo.Bo. Gobierno del Estado de Yucatán Solicitante

Nombre y firma Nombre y firma (o huella en caso de no poder firmar)

Firma a ruego y súplica en lugar del beneficiado


No. Talón para el solicitante que debe conservar y presentar

Solicitante Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Datos y firma del funcionario receptor en ventanilla y sello de la dependencia

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Denuncia el abuso o corrupción, ante la autoridad competente, que cometa cualquier funcionario a: Secretaría de la Controlaría General. Teléfono (999) 9-30-38-00.

(Firma y sello)


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