revista patacrítica - edición 1

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Para qué Patacrítica/ 5

La unidad nacional, una falacia eficaz / 10CAMILO CASTELLANOS

Libre comercio y pragmatismo / 22LOURDES CASTRO GARCÍA

El nuevo contexto del conflicto y la paz / 32CARLOS SALGADO ARAMÉNDEZ

La agenda del gobierno de Santos y los derechos de las mujeres / 38CECILIA BARRAZA M.

Juan Manuel Santos y los pueblos indígenas: dilemas de la concertación / 44DIANA GRANADOS

La política minero-energética de Santos más de lo mismo / 53GERMÁN CORREDOR

Locura y razón del totalitarismo / 64ALEJANDRO MANTILLA QUIJANO

200 años de caciquismo en Colombia / 81CARLOS ANDRÉS ZAPATA C.

Los avatares de la escuela: entre el autoritarismo y la democracia / 96ERIKA MORENO CADAVID

La promesa del salvaje noble / 105MAURICIO CAVIEDES

“El Estado soy yo” / 116LILIANA MARÍA URIBE TIRADO

Sector agropecuario: es necesario un nuevo camino / 134HÉCTOR MONDRAGÓN

Tatuando la urbe / 156JUAN SÁNCHEZ

REVISTA SOBRE LA CULTURA POLÍTICA

CORPORACIÓN ENSAYOSISSN: 2248-6909 / $15.000 / SEPTIEMBRE DE 2011

01SEPTIEMBRE DE 2011

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2 PATACRÍTICA Nº 1, septiembre 2011

PATACRíTICA

ISSN: 2248-6909

Corporación EnsayosCalle 30A Nº 6- 22 Of. 2702Bogotá, ColombiaTel.: (57-1) 338 [email protected]

Editora: Elena Rey, Asamblea Corporación Ensayos

Diseño básico: Juan Sánchez

Preparación editorial: Marta Rojas

Revisión de textos: María José Díaz Granados

Fotografías: Juan Sánchez

Impresión: Ediciones Antropos Ltda. Cra. 100B Nº 75D- 05, Bogotá D.C. ColombiaPBX: (57-1) 433 7701

Se autoriza su reproducción parcial o total citando la fuente.

Se agradece enviar copia.

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ContenidoPara qué Patacrítica/ 5

PRIMERA PARTELa unidad nacional, una falacia eficaz / 10Camilo Castellanos

Libre comercio y pragmatismo / 22Notas sobre la política exterior y comercial de Colombia en el tiempo de la prosperidad democráticaLourdes Castro García

El nuevo contexto del conflicto y la paz / 32Carlos Salgado Araméndez

La agenda del gobierno de Santos y los derechos de las mujeres / 38Cecilia Barraza M.

Juan Manuel Santosy los pueblos indígenas: dilemas de la concertación / 44Diana Granados

La política minero-energética de Santos más de lo mismo / 53Germán Corredor

SEGUNDA PARTELocura y razón del totalitarismo / 64Alejandro Mantilla Quijano

200 años de caciquismo en Colombia / 81Algunas reflexiones sobre la cultura políticaCarlos Andrés Zapata C.

Los avatares de la escuela: entre el autoritarismo y la democracia / 96Erika Moreno Cadavid

La promesa del salvaje noble / 105Mauricio Caviedes

SEPTIEMBRE DE 201101


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“Vale más un pájaro soñando que ciento durmiendo”, así termina el so-ciólogo Jesús Ibáñez (1997) el artículo titulado “El sueño de hierro”. En él, el autor presenta una reflexión crítica que relaciona la novela de cien-cia ficción del mismo título y el análisis de la realidad política española del momento. Según Ibáñez, hay cuestiones en la agenda política que se plantean en términos más o menos, esto es, que pueden ser discutibles o negociables; pero hay otras cuestiones que se plantean de sí o no y, por tanto, son no discutibles o no negociables. Del primer orden son los salarios que pueden subir más o menos. Del segundo, el precepto “no se puede torturar a un detenido”. Estas aseveraciones, que podrían parecer de una lógica aplastante, han sido transformadas en las últimas décadas por imposiciones de la practicidad según las cuales las posiciones éticas —que deberían ser las prevalecientes— son cosa superada.

Patacrítica es una invitación a compartir una reflexión crítica de la realidad social y política en la que vivimos. Desde una perspectiva en la que sí existen diferencias entre lo bello y lo feo, entre lo verdadero y lo falso, Patacrítica pretende reflexionar teniendo como eje inspirador la imaginación.

Imaginación que fue la base para la patafísica, creación vinculada al surrealismo del francés Alfred Jarry que propone leer el mundo desde el humor crítico y el azar, para deconstruirlo y reformularlo de otra mane-ra. La patafísica, conocida como la ciencia de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones, tuvo diferentes seguidores, entre ellos, el italiano Enrico Baj. Para Baj (2007), la patafísica es “anarquis-ta, surreal, escandalosa, absurda [...]”. Y es “el triunfo de la imaginación frente al racionalismo economicista, el humor que desafía y desnuda al poder, la alegría de vivir pese a todo y contra todo”.

Para qué Patacrítica

“El Estado soy yo” / 116En la defensa de los intereses supremos del Estado y de los bienes superiores del pueblo. ¿Dónde está la justicia?Liliana María Uribe Tirado

Sector agropecuario: es necesario un nuevo camino / 134Héctor Mondragón

Tatuando la urbe / 156Juan Sánchez

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Para el sociólogo estadounidense Wright Mills (1961), cualesquiera sean los problemas del analista social clásico, por limitados o amplios que sean los rasgos de la realidad social que examine, quienes se han comportado con imaginación se han formulando tres tipos de pregun-tas: En primer lugar, ¿cuál es la estructura de esa sociedad particular en su conjunto? ¿Cuáles son sus componentes esenciales, y cómo se rela-cionan entre sí? ¿En qué se diferencian de otras formas de organización social? ¿Cuál es, dentro de ella, el significado de todo rasgo particular para su continuidad o para su cambio?

En segundo lugar, ¿qué lugar ocupa esta sociedad en la historia hu-mana? ¿Cuál es el mecanismo por el que está cambiando? ¿Cuál es su lugar en el desenvolvimiento del conjunto de la humanidad y su signifi-cado? ¿Cómo afectan los rasgos particulares que se están examinando al periodo histórico en que tiene lugar y cómo son afectados? ¿Cuáles son las características esenciales de este periodo? ¿En qué difieren de otros periodos? ¿Cuáles son sus modos característicos de hacer historia?

Y en tercer lugar, ¿qué variedades de mujeres y hombres prevalecen en esta sociedad y en este periodo? ¿De qué manera son las personas seleccionadas y formadas, las liberadas y reprimidas, las sensibilizadas y embotadas? ¿Qué clases de “naturaleza humana” se revelan en la con-ducta y el carácter que observamos en esta sociedad y en este periodo? ¿Y cuál es el significado para la “naturaleza humana” de todos y cada uno de los rasgos de la sociedad que examinamos?

Estas y otras preguntas siguen vigentes para realizar un análisis críti-co de la realidad social del momento.

Las masivas movilizaciones que están ocurriendo en el mundo hoy en día están cuestionando tanto a las “modernas” democracias como a los regímenes dictatoriales, los gobiernos nacidos de elecciones y los surgi-dos de golpes de Estado, los gobiernos del llamado primer mundo y los del tercero. Según el periodista uruguayo Raúl Zibechi (2001), estas mo-vilizaciones desbordan los cimientos de los partidos socialdemócratas y de izquierda en sus más diversas variantes. Los movimientos en curso cuestionan y no se identifican con la idea de que es necesaria una orga-nización de especialistas para pensar, planificar y dirigir al movimiento; y eso, siguiendo a Zibechi, está produciendo desconcierto y desconfianza entre las viejas guardias revolucionarias que reclaman organización sóli-da, programa con objetivos alcanzables y caminos para conseguirlos (pa-recido al marco lógico que solicitan las agencias de cooperación). Pero este desencuentro entre el movimiento social y la teórica dirigencia de izquierdas se ha venido acrecentado en las últimas décadas.

Abanderada bajo conceptos como la ética de la responsabilidad, esta dirigencia no consiguió ni defender los modelos de la famosa sociedad del bienestar por la que intercambiaron posibles revoluciones, ni hacer propuestas imaginativas para una realidad social cada vez con tenden-cias más dispares e injustas. También favoreció una despolitización de la sociedad ya que tampoco supo desmarcarse de las dictaduras comunis-tas que finalmente sucumbieron y que pusieron al descubierto modelos autoritarios y monolíticos. ¿Qué tenía Marx para provocar al tiempo tan buenas ideas entre los intelectuales como malos sentimientos entre los políticos?, se preguntaba Ibáñez (1997).

Para Zibechi (2011), en el último medio siglo han sucedido dos nue-vas oleadas de los de abajo: las revoluciones de 1968 y las actuales. In-sertos en estas oleadas, hay hechos muy importantes que modifican los principios de la estática dirigencia de la izquierda: el fracaso del socialis-mo soviético, la descolonización del tercer mundo y, sobre todo, las re-vueltas de las mujeres, de los jóvenes y de los obreros; y se podría añadir la resistencia de pueblos indígenas y afros en los diferentes continentes. Es evidente que estos movimientos pertenecen a un mismo proceso que puede resumirse en la crisis de la autoridad, del macho, del jerarca y del capataz (Zibechi, 2011).

Esta crisis del modelo se vuelve incontrolable ante la crisis económi-ca. Hoy se generaliza el rechazo a las fórmulas neoliberales para salir de esta. Los Estados invierten astronómicos recursos para salvar los bancos, mientras a las personas trabajadoras se les recortan los salarios y se las priva de elementales conquistas. El gasto social se adelgaza hasta hacer-se casi invisible para salvar las economías. Esto es lo que indigna hoy a las mujeres y a los hombres de Europa, un descontento que está lejos de agotarse, como está lejos de remontarse la crisis. Es la crítica de la calle y de las plazas que renace luego del conformismo y la apatía.

Que esta crítica pueda ser creída depende de que arrase sin compa-sión con el sentido común y la conformidad imperantes. Para que pueda ser atendida y gane el interés de la gente de a pie debe asumir la fuerza del humor, la ironía y la irreverencia. Y es que más allá de la crítica debe haber otras realidades, virtuales, en ciernes, potenciales si se quiere, pero reales. La crítica que va más allá del sentido común, de los tópicos, del pensar de memoria y con rutina, tiene que lanzarse con audacia e imaginación a romper la costra que, como el caparazón de una tortuga, se calcificó en torno a las mentes de la gente.

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Con la ayuda de quienes la usen en su reflexión para construir otros caminos, esta publicación andará por los senderos de la utopía que no se marchita, con los pies sobre la tierra y la cabeza en las estrellas.

Para acabar con quien comenzó esta presentación de Patacrítica: “Las cosas no son como son, son como pueden ser. Lo real solo se puede construir desde lo imaginario. Solo desde la utopía —sueño de carne, ética ideológica— se puede mover la realidad —sueño de hierro, ética de la responsabilidad— (para mover la realidad hay que situarse más allá de la realidad, la utopía es el punto de apoyo arquimédico)”, decía Ibáñez (1997).

REFERENCIASBAJ, Enrico (2007). ¿Qué es la Patafísica? Pepitas de Calabaza Ediciones.

IBÁÑEZ, Jesús (1997). Por una sociología de la vida cotidiana. Madrid: Siglo

Veintiuno Editores.

WRIGHT MILLS, Charles (1961). La imaginación sociológica. México: Fondo de

Cultura Económica.

ZIBECHI, Raúl (2011). Las revoluciones contra las vanguardias. La Jornada,

México, 17 de junio.

Primera parte

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La unidad nacional,

una falacia eficazCAMILO CASTELLANOSDirector de la Corporación Minga

Se dice que en Colombia estamos ahora en un régimen político de uni-dad nacional. ¿Será porque las encuestas muestran que un 90 por ciento de las personas entrevistadas se declara en favor del actual gobierno, o tal vez porque la oposición está arrinconada con menos del diez por ciento de la representación parlamentaria? Quién sabe. Pero, ante una realidad que aparece apabullante, cabe preguntarse qué es una política de unidad nacional, pero sobre todo, qué se entiende en Colombia por este tipo de iniciativa y cuál es el vacío que se colma con el enunciado de tal unidad.

Veamos. Una invasión extranjera, una crisis económica, una catás-trofe natural de inmensas proporciones, una situación de división en las cumbres políticas y sociales que amenaza la supervivencia del orden constituido, son los grandes desafíos que se pueden enfrentar mediante el recurso de la unidad nacional. En estas coyunturas se apela a todas las reservas sociales, a todas las instancias institucionales, a todas las fuer-zas que conforman la comunidad nacional para que, una vez ganado un sentido común, y orientadas hacia un mismo objetivo, puedan sortear las grandes dificultades.

La estrategia política de la unidad nacional supone, entonces:• El ser un recurso extraordinario.• La existencia de la comunidad nacional. • La convergencia de todas las fuerzas de dicha comunidad.• El encuentro en un gran propósito.

EL PODER DE LA COSTUMBREHabría que decir, en primer término, que en Colombia la unidad nacional es un expediente tan socorrido que se repite con rutina desde antes de existir la nación que hoy se llama colombiana hasta nuestros días.1

Cuando Santafé era un miserable villorrio de no más de cien ranchos, donde los franciscanos se cascaban con los dominicos; donde en las no-ches, a la luz mortecina de los hachones, se jugaba a los dados el botín ensangrentado de las entradas, cuando el grito desesperado de las víc-timas atormentaba el insomnio de la codicia, en la Santafé de entonces, los curas de todas las órdenes y de todos los desórdenes, los ganadores y los perdedores de todos los garitos, los victimarios de todos los colores cerraron filas para defenderse del eventual levantamiento de la indiada. Así fuera el rumor sordo que llegaba desde los rincones de la sabana, o

1 Un estudio clásico sobre la política de unidad nacional —que sirvió de estímulo a esta reflexión— es el trabajo de Fernando Guillén Martínez (1986).

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la alucinación generada desde el miedo y la culpa. El hecho era que la nación se unía contra el asedio.2

Es la misma unidad nacional en torno al arzobispo virrey y perjuro que unió a los hacendados y a los comerciantes, a los mayordomos y a los funcionarios de la Corona para enfrentar a los comuneros amenazan-tes que llegaban al Puente del Común.3

La misma unidad que para derrotar el poder de los artesanos enca-bezados por José María Melo fundió en el mismo frente a cuatro ex-presidentes (Mosquera, Herrán, José Hilario López y Márquez) a los que deben agregarse Julio Arboleda y otros caudillos conservadores.

La misma que se forjó en la noche aciaga del 9 de abril de 1948, sobre las ruinas humeantes de la ilusión traicionada.4

2 En 1581, los encomenderos están hartos del visitador Juan Bautista de Monzón, según relata Rodríguez Freyle en El Carnero. El hecho es que tienen que salir de Monzón. Para ello urden la intriga de que don Diego de Torres, cacique de Turmequé, “con gran número de indios, caribes de los llanos, mulatos, mestizos y negros intentaba el alzamiento”, que contaba con la ayuda de los ingleses y que entraría desde el Llano a tomarse Tunja, para seguir a Santafé. Monzón estaría detrás del alzamiento de don Diego de Torres. “Con esto se ardía esta ciudad y toda la tierra, y no se veía el fuego sino el gigante del miedo y temor que causaba el nombre del alzamiento. Estaba esta ciudad muy disgustosa, porque los buenos bien conocían el engaño y falsedad; los malos, que eran el mayor bando, gustaban del bullicio y alzaban lo de punto”. El éxito de esta farsa está en que se logró una movilización general de los encomenderos contra el supuesto adalid de los pueblos indígenas y se lo apresó igual que a Monzón a quien se sindicaba de cómplice del levantamiento (Rodríguez Freyle, 1979, cap. XIII).

3 Una vez llegó la noticia de que los Comuneros, en número de más de 15 mil, estaban a las puertas de Santafé, el 11 de marzo de 1781, el visitador Gutiérrez de Piñeres convocó a Junta de Tribunales, esto es a reunión de todos los que tenían mando en la ciudad para acordar una conducta común frente a la emergencia. Dicha Junta lo autorizó para ponerse a resguardo en Honda y le dio poderes a una comisión que luego reforzó el arzobispo para que llegara a algún tipo de compromiso que disolviera el movimiento.

Dos días después, la Audiencia encargó al oidor Pedro Catan la organización de la defensa de Santafé, hizo vista general de vecinos para conformar dos compañías de milicias, una de patricios y otra de forasteros españoles, con dos cuerpos más de mestizos. Pareciéndole insuficiente lo anterior, organizó un destacamento de coraceros, compuesto de “la gente de mayor distinción” y más de trescientos hombres de a caballo, enviados por los corregidores de Bosa y Bogotá, la actual Funza, que no son otra cosa que dependientes de las haciendas de la Sabana. Esta fue la nación que salió en defensa de sí misma frente a “la tropa de rebeldes, compuesta de la ínfima y más despreciable plebe”, como la denominó el dicho Visitador (Friede, 1981; Briceño, 1881).

4 En 1946, fue elegido presidente de Colombia Mariano Ospina Pérez. Se impuso aprovechando la división liberal entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán. Igual que Olaya en 1930, su programa electoral planteaba que su gobierno sería de unión

Pareciera ser efectivamente el recurso para afrontar emergencias —solo que el enemigo que las genera, en estos casos, está en el mismo cuerpo nacional— pero se da también la apelación a la unidad nacional ante la ruinosa división del poder cupular: la Regeneración, el gobierno de Carlos E. Restrepo, la Concentración Nacional de Olaya o el reciente Frente Nacional. Tan monótona repetición hace pensar que lejos de ser un recurso extraordinario, parece más un verso que las elites recitan de memoria con oportunidad o sin ella, como salían los refranes por la boca del buen Sancho.

Pero la monótona repetición hace pensar también que es un recurso de probada eficacia. Ante la unidad nacional pasan a un segundo plano las interpelaciones radicales o con planes de radicalizarse, ante ella solo queda la imagen de un desafío real o imaginado, frente al cual lo demás es traición, incivilidad y estridencia.

Quizás lo peor de todo es que cada vez que se repite con relativo éxi-to el sainete nacional unitario se reafirma que la nación efectivamente son los que caben en la escena, y que quienes la dirigen son por lo me-nos genios de la política.

SE REQUIERE QUE HAYA NACIÓNSin embargo, es necesario tomar distancia de la específica historia co-lombiana para verla desde una perspectiva menos particular. El hecho es que el presupuesto elemental para que exista una auténtica política de unidad nacional es, ni más ni menos, que la nación exista. El marxista austriaco Otto Bauer (1979) definió la nación como “el conjunto de los seres humanos vinculados por unidad de destino en una comunidad de carácter”. Pero la nación no es un dato de la naturaleza como un panal o un hormiguero. Es una construcción histórica cruzada por diferencias de intereses económicos o políticos, de rasgos particulares que se configu-ran en todo tipo de conflictos, incluso de guerras interminables.

nacional. En efecto, los primeros meses de su administración obedecieron a este concepto, solo que los liberales, dirigidos por Gaitán se retiraron del gobierno. En la noche del 11 de abril, el presidente Ospina explicaría al país: “[…] el programa de Unión Nacional, que ha sido norma invariable de mi gobierno, recibe hoy, frente a estos trágicos sucesos que avergüenzan a la República, la adhesión y el apoyo de ilustres e importantes figuras de los dos partidos tradicionales, fortaleciéndose así una tesis que he venido predicando desde el día que acepté la candidatura presidencial, y que es la única capaz de salvar, en estos momentos, la paz pública, el orden jurídico y el propio decoro de nuestra democracia” (Estrada Monsalve, 1948).

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El proceso de conformación de las naciones de nuestros días no es otro que el de la unificación de territorios y comunidades heterogéneas en un territorio y una comunidad homogeneizados. La superación de los particularismos implicó superar las fronteras que impedían la circulación de las mercancías y las personas dentro del territorio habitado por el conjunto de seres humanos que conformarían la nación, como hizo ne-cesario que una de las lenguas habladas en el territorio se hiciera lengua franca hasta derivar en lengua nacional, como fue preciso en algunos casos la unificación forzada en materia religiosa. Pero quizás el princi-pal curso homogeneizador fue la abrogación de las diferencias de cuna o de sangre, al punto que todos terminaron allanándose con mayor o menor comodidad en la condición de nacionales (patriotismo de nación) y más adelante con el surgimiento del Estado-nación en la condición de ciudadanos. Sin este proceso nivelador no hubiera sido posible llegar al Estado-nación de nuestros días.

Es precisamente sobre estas condiciones materiales y culturales que es dable constituir la comunidad nacional, fundamento de la unidad de destino y la unidad de carácter. Cabe precisar que el que se den estas condiciones materiales y culturales no implica necesariamente el surgi-miento de la nación. Esta solo se explica por la existencia de una clase que en términos de Bauer (1979) sirva de paradigma para la unificación cultural, una clase que sea capaz de hacer un relato convincente del pa-sado en función del proyecto de futuro, en una palabra, con la capacidad de hegemonía de la(s) clase(s) dominante(s).

La configuración del Estado-nación es, ciertamente, la prueba feha-ciente de la existencia de una clase hegemónica que ha sabido conducir la homogeneización de la comunidad nacional y la unificación en un pro-yecto común (la comunidad de destino baueriana). La política de unidad nacional sería la expresión específica de esta hegemonía en un período determinado.

LA NACIÓN ESTÁ CRUDAAhora bien, en América Latina, los Estados nacionales recién instalados adoptaron las formas republicanas que maduraron con la Revolución francesa. Fue una manifestación de precocidad, como efecto de una suerte de voluntad que forzaba la realidad para hacer viable una doctri-na. Por dicha precocidad se obviaba el hecho de no contar con las con-diciones materiales y culturales para la existencia cabal de las naciones. Dicho de otra manera, se erigieron Estados-nación sin nación propia-mente dicha.

En la inexistencia de la comunidad nacional influyeron tres factores: la existencia de una sociedad segmentada, cuyos componentes no solo se diferenciaban por razones de orden económico (clasistas en términos generales), sino que a estas diferencias se superponían diferenciaciones de orden racista referidas a la supuesta superioridad de los “blancos” provenientes de Europa sobre indígenas y afrodescendientes. Las rela-ciones de esclavitud, servidumbre o dependencia que estructuraban las sociedades salidas de la Colonia debieron abolirse para crear una co-munidad en la que los nacionales y los ciudadanos se pudieran nivelar o igualar con fundamento más allá de la predicada igualdad ante la ley. Sin embargo, no fue posible romper con esta herencia colonial y, aún hoy, pesa en la cultura de nuestros países el racismo y la exclusión que de él se deriva, y se viven ciudadanías de diferente calidad. Lo grave de esta situación es que resulta imposible llegar a una comunidad de des-tino, cuando la minoría de la sociedad considera inferiores a las mayo-rías —en ocasiones tratadas como seres sin derechos, menos que seres humanos—.

En el caso colombiano, la condición irreductiblemente segmentada de la sociedad se acentuaba con el hecho de una población exigua, dis-persa en el territorio y separada por accidentes geográficos descomuna-les entonces superables con máxima dificultad. El territorio colombiano tenía la apariencia de un archipiélago, cuyas islas estaban separadas por selvas vírgenes con raros asentamientos, por lo que eran espacios eco-nómicamente desarticulados y cada uno autosuficiente. Tal desarticula-ción se completaba por la inexistencia de un centro con peso económico y demográfico significativo. Bogotá, colgado en lo alto de la cordillera oriental, era un centro político cuya significación derivaba más de la formalidad administrativa que de su importancia real. De otra manera, tampoco había condiciones materiales para la integración en una comu-nidad nacional.

El tercer factor que determina este déficit es la ausencia de una real voluntad política de construir una comunidad nacional. Como si la de-bilidad de un centro capaz de hacer gravitar todo el territorio en torno suyo fuera la expresión espacial de la inexistencia de un interés de tal

magnitud que lograra que en torno suyo se congre-garan los grupos llamados a estructurar la nación. Este faltante de conducción se refleja en la preca-riedad del proyecto nacional, compensada con los llamados al clero para que haga las veces de clase hegemónica y el propósito de erigir la religión cató-

“Resulta imposible llegar a una comunidad de destino, cuando la minoría de la sociedad considera inferiores a las mayorías

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lica como sustituto del proyecto propio, o la apelación a una civilización asumida en abstracto para abatir la barbarie de las mayorías.

LAS COMPENSACIONESLa incapacidad de adelantar las transformaciones sociales necesarias para hacer viable la comunidad nacional se compensa con el recurso vo-luntarista al poder estatal para lograr resultados semejantes, o movien-do las pasiones banderizas más primarias. Quizás la mejor representa-ción de este sinsentido sea el grabado en el que un grupo de conscriptos es llevado de manera forzada al combate, amarrados por el cuello, como una cuerda de galeotes. La misma situación que revela esta anécdota de la guerra de los Mil Días: luego de la batalla de Palonegro marcha-ba el general Vargas Santos junto con su ejército diezmado. Ya al final de ese éxodo interminable, los soldados —exhaustos del cuerpo y con las convicciones agotadas, si alguna vez las tuvieron— abandonan sus armas apenas pueden. Como el anciano general se encuentra con que algunos todavía los portan, los felicita alborozado: “ustedes son dignos de una recompensa porque no han tirado las armas como otros”. “¡Por pendejos!”, replica una mujer que marcha entre el cortejo melancólico (Grillo, 2008).

Porque carecen de un proyecto nacional, a quienes por siempre han detentado el poder en nuestro país los define más el rasgo de la domina-ción que el de la hegemonía. Más que realizar el interés del conjunto de los nacionales, de conducirlos a su conquista, su preocupación exclusiva es la permanencia inalterada de su poderío. Cuando este se halla en pe-ligro o amenaza debilitarse de manera sustancial, como en la coyuntura del Frente Nacional, deponen sus diferencias, los sectarismos pasan a un segundo plano, y lo que eran odios cainitas se tornan civilizadas za-lemas, por las que el basilisco5 deviene en cándida paloma y el mons-

5 "En Colombia se habla todavía del partido liberal para designar una masa amorfa, informe y contradictoria que solo puede compararse o calificarse como creación imaginaria de épocas pretéritas: el basilisco. El basilisco era un monstruo que reproducía la cabeza de una especie animal, de otra la cara, de una distinta los brazos y los pies de otra cosa deforme, para formar un ser amedrentador y terrible del cual se decía que mataba con la mirada. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia con un inmenso estómago oligárquico, con un pecho de ira, con brazos masónicos y con una diminuta pequeña cabeza comunista, pero que es la cabeza; y así tenemos que el fenómeno mayor que ha ocurrido en los últimos tiempos, el 9 de abril, fue un fenómeno típicamente comunista ejecutado por el basilisco, la cabeza pequeña

truo6 en apacible cordero, entre ellos se repartirán milimétricamente la administración pública, el aparato jurisdiccional y la representación parlamentaria, y se alternarán en el gobierno durante dieciséis años de manera tediosa y ordenada. El monstruo y el basilisco son entonces la nación colombiana, y los intereses de la minoría que acaudillan, son los intereses de la nación.

Esta distorsión llega al punto de que sus negocios privados se con-vierten en asuntos de todos, por ejemplo, servicios públicos que no pue-den ser afectados por la huelga de los trabajadores que ocupan, o son definitivamente instituciones como dijera Luis Eduardo Nieto Caballero del periódico El Tiempo.7 El hecho es que ante sí y ante el mundo esta minoría dice ser la nación colombiana e impone que la satisfacción de su codicia es el interés de la nación. Lo que explicaría la obsesión colombia-na por este tipo de gobiernos, lejos de la experiencia de constitución de frentes multipartidistas en otros países.

LA PLACENTA DE SANTOSLo curioso de la historia reciente es que la unidad nacional ya no es el encuentro de los antagonistas partidos tradicionales, ahora la unidad nacional es un líquido viscoso, en el que “vivimos revolcaos… y en un mismo lodo todos manoseaos”, como escribiera el inmortal Discépolo. Resultaría interesante precisar cómo se llegó a este resultado, determi-nante del éxito del actual gobernante. Dicho de otro modo, Juan Manuel Santos es el culmen de la evolución de la política colombiana de las últi-mas décadas, razón que hace pertinente este recorrido.

Durante más de un siglo, la política colombiana estuvo marcada por el bipartidismo. La representación se repartía entre liberales y conserva-dores, y los partidos eran las expresiones nacionales que lograban agru-par la dispersión de la sociedad colombiana.

Aunque en el liberalismo había dos alas —como lo estudió el maestro Gerardo Molina (1970)—, una, aristocrática, elitista y gradualista, que parece admiradora del liberalismo británico y, otra, más cercana a lo popular, entre socialista y jacobina, amiga de las transformaciones pro-

e imperceptible lo dispuso y el cuerpo lo llevó a cabo para vergüenza nacional". Laureano Gómez, Discurso plaza de Berrío, 25 de junio de 1949.

6 El Monstruo fue el mote con que calificaron los liberales a Laureano Gómez. 7 Escribió el señor Nieto Caballero que El Tiempo era algo más que su dueño porque

“El Tiempo es una institución”. La historia de “El Tiempo —escribirá veinte días después— es la historia de Colombia durante medio siglo” (Nieto Caballero, 1957, pp. 24 y 37).

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fundas. Unos y otros coincidieron en la necesidad de romper el orden colonial, hacer un Estado laico, fortalecer la autonomía individual, así hubiera diferencias en otros campos y sobre todo en los procedimientos.

El campo conservador tampoco ha sido homogéneo. Si bien ha ha-bido expresiones integristas, que reniegan del Estado liberal y de la Re-volución francesa, y levantan altares a la sociedad jerárquica de los ór-denes a la manera de Donoso Cortés, hay otros que aceptan el estado liberal acaso como un mal necesario y asumen el valor de la propiedad en los términos liberales, por lo que acaban contemporizando con ma-yor facilidad con sus adversarios. Unos y otros se arropaban bajo la mis-ma bandera de la autoridad y el orden, la defensa de la Iglesia católica y la promoción de su protagonismo en la sociedad y la política, por lo que terminaban partidarios de un Estado confesional.

En el siglo XIX la disputa entre liberales y conservadores tuvo por centro el laicismo. Fue bronca la disputa por la educación, que era el vehículo preferido por el liberalismo para quebrar el control clerical. El clero incursionaba en todos los ámbitos de la vida pública y privada en defensa de la moral, como un poder por encima del Estado. Contra el absolutismo de la jerarquía católica y su depósito de la verdad salvadora, los liberales levantaban el libre examen, la libertad de crítica y el pensar sin las muletas de las autoridades. Parecían dos órdenes normativos irre-conciliables, aunque tuvieran momentos apacibles de unidad nacional.

Pero no todo era ideología, había motivaciones más terrenales en juego. No que uno fuera el partido de los terratenientes y el otro el de los comerciantes y manufactureros. Los hay de unos y otros en ambos partidos. Los que cuentan son los intereses regionales y de clanes fami-liares, sobre todo por el control del aparato del Estado. Esta indiferencia-ción en materia de las posiciones en la vida económica sin duda facilita la aproximación y los acuerdos de cara a la unidad nacional.

Otro punto de coincidencia fuerte es el antisocialismo o anticomunis-mo, que a la postre están más determinados por una defensa a ultranza de la propiedad y una fobia antipopular que se nutre del miedo atávico a los subalternos. Es una idea fija, una terca obsesión que cohesiona a los más recalcitrantes de uno y otro bando. En la puja entre librecambistas y defensores de la producción nacional, los artesanos de entonces encon-traron en los socialistas de 1848 los argumentos y las actitudes que ne-cesitaban; desde entonces, en la ideología de los sectores mayoritarios colombianos hay una profunda propensión al socialismo. Los enemigos del socialismo, por su parte, se lanzan voraces sobre las propiedades comunes (los ejidos), al tiempo que abren el país a todo tipo de impor-

taciones en desmedro del trabajo de los artesanos… el discurso contra la anarquía los sintonizaba en la misma frecuencia.

En materia internacional, los liberales eran amigos del pluralismo re-ligioso, por lo que favorecieron la introducción de la Sociedad Bíblica y la llegada de misioneros protestantes, lo que parecía acercarlos a los Estados Unidos. El partido conservador, defensor de la religión de la Na-ción, parecía hacer causa común con el catolicismo contra la potencia del Norte, por lo que miraba hacia España, actitud que se acentuará con el respaldo a la España franquista. Sin embargo, igual admiración por los Estados Unidos es la del liberal Salvador Camacho y la del conservador Marco Fidel Suárez. Como la actitud antiyanqui de José María Vargas Vila (“Ante los bárbaros - El yanqui: he ahí el enemigo”) se prolonga en los editoriales antiimperialistas de Eduardo Santos en la coyuntura de la ocupación de Nicaragua.

La llamada Violencia —la guerra entre liberales y conservadores— no empezó en 1948 con la muerte de Gaitán como algunos creen. El hecho es que en los años treinta, sectores del liberalismo pretendieron conso-lidar la nueva realidad política, forzando la correlación entre los partidos para lo cual municipios de tradición conservadora debían transformar-se en mayoritariamente liberales. Algunos conservadores respondieron con la llamada acción intrépida, una apelación al terror. En el año 1944, con el retorno del conservatismo al gobierno, este partido pretendió ha-cer lo que los liberales hicieron en los años treinta. Gaitán es asesinado en medio de esta confrontación, y lo que sigue a su muerte es el designio de acabar hasta con la semilla de sus seguidores.

¿POR QUÉ EN LA NACIÓN NO ESTÁN TODOS LOS QUE DEBEN ESTAR? ¿Cómo se explica que luego de casi tres décadas de feroz confrontación, a finales de los años cincuenta liberales y conservadores se fundieran en el estrecho abrazo que fue el Frente Nacional? Sin duda es un subpro-ducto de la llamada Guerra Fría. Cuando el presidente Truman decidió que el enemigo de la humanidad estaba en el Este, y era el materialismo

ateo de los comunistas, muchas cosas cambiaron en el mundo: la Iglesia católica se sumó a la defen-sa de la cultura occidental y cristiana sin importar que el cristianismo fuera un producto de Oriente, valga el caso; la defensa de la democracia se en-riqueció con el apoyo a dictadores sanguinarios como Franco y Trujillo, y el derrocamiento de regí-menes surgidos de elecciones como en Guatemala.

“Los que cuentan son los intereses regionales y de clanes familiares, sobre todo por el control del aparato del Estado.

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Dentro de estas curiosas mutaciones tenemos que Laureano Gómez se sintió compelido a enviar soldados a Corea con la misión de defender la democracia y la cultura occidental y cristiana, igual que el general Rojas Pinilla bombardeó Villarrica para enfrentar el peligro comunista. Ahora, liberales y conservadores fueron alentados a reconocer la barbarie de su confrontación y a deponer los rencores para enfrentar el enemigo común: el comunismo, actitud que se exacerbó con la victoria de los cubanos antibatistianos y la radicalización de su proceso.

Fue este un cambio fundamental en la política colombiana. Se aca-baron los matices: año tras año los liberales consagraban cumplidamen-te el país al Corazón de Jesús, en tanto que los conservadores dejaron de quejarse por la presencia de misioneros protestantes. Ahora, unos y otros aceptaban sumisos los dictados del imperio al tiempo que se uni-ficaron en el disfrute voluptuoso del presupuesto y de la nómina. A falta de diferencias de fondo, el Estado pasó a ser la canoa en la que unos y otros comían porcinamente.

Ese Estado-canoa es la unidad nacional que vivimos hasta hoy, defi-nido por rasgos tan caracterizados como la obediencia a la voz del amo —que lo mismo manda bloquear a Cuba, achicar el Estado, hacer la gue-rra al narco o atender dócilmente los requerimientos de las transnacio-nales—; el aparente fin de las ideologías terminó en un discurso pétreo: el pensamiento único y la implantación de dos o tres ideas absolutas (mercado, democracia, antiterrorismo), al tiempo que se implantó como realidad total el autoritarismo y el control de todos los ámbitos de la vida social, los derechos humanos devinieron en la prédica políticamente co-rrecta, y Colombia se tornó un único cementerio de fosas comunes.

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Libre comercio y

pragmatismoNotas sobre la política exterior y comercial de Colombia en el tiempo de la prosperidad democrática

LOURDES CASTRO GARCÍAResponsable de Incidencia de la Red ONGD Europeas Grupo Sur

“Colombia es un buen negocio” (Embajada de Colombia en España, 2010), dijo el vicepresidente Angelino Garzón, el pasado mes de octu-bre en el marco de su gira por Europa que buscaba promover la pronta ratificación del TLC entre la Unión Europea (UE) y Colombia. En cinco palabras, el vicepresidente sintetizaba la orientación de un gobierno ca-racterizado por el libre mercado en lo económico y el pragmatismo en lo político.

En los primeros 100 días, el gobierno de Santos planteó con toda cla-ridad su objetivo de buscar un mayor crecimiento económico, a partir de una mayor inserción de Colombia en el mercado global, basado en una estrategia que se compone de tres ejes:

• Consolidar una economía más competitiva.• Garantizar el acceso a nuevos mercados.• Desarrollar una dinámica agenda en materia de política exterior.1

La meta es exportar 40 mil millones de dólares y duplicar las exporta-ciones en los cuatro años de su gobierno.2 Este propósito se fundamenta en la hipótesis de que el crecimiento del sector exportador abrirá las puertas a la generación de empleo, componente esencial de la política de prosperidad democrática. Está por ver si la estrategia económica fa-vorece la dimensión social de la estrategia política.

COMPETITIVIDAD: COLOMBIA, UN PAÍS FÁCIL PARA HACER NEGOCIOSTodo indica que la “confianza al inversionista”, principio rector de la po-lítica económica del presidente Álvaro Uribe, durante sus ocho años de mandato, se va a mantener e incrementar en el actual gobierno. Ello conlleva continuar trabajando en una serie de estímulos para atraer la inversión extranjera que ya están en marcha y que comprenden: mayor protección jurídica a los inversionistas, reformas legales que permitan agilizar trámites, obras de infraestructura que posibiliten reducir costos, y revisión arancelaria orientada a una baja de aranceles de importación que beneficien la producción o bien la eliminación de aranceles conside-rados negativos.3

Para el presidente Santos, las bondades de esta política se evidencian en el hecho de que Colombia ha desbancado a Chile en términos de las facilidades ofrecidas para hacer negocios. Según el Banco Mundial, en su

1 Palabras del presidente Juan Manuel Santos durante la instalación del XXII Congreso Nacional de Exportadores Analdex, Medellín, 8 de septiembre 2010.

2 Idem.3 Idem.

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informe “Doing Bussines 2010”, Colombia figura como líder en América Latina (Banco Mundial, 2010). En el informe del 2011, la puntuación del país en cuanto a protección de las inversiones y en comparación con las otras economías seleccionadas para efectuarla es de 8.3, solamente superada por Nueva Zelanda cuya puntuación es de 9.7 (Banco Mundial, 2011).

Para el actual gobierno, es necesario lograr más y mejores mercados para la economía colombiana a partir de tres orientaciones claves:

1. Lograr el ingreso de Colombia a la Organización para la Coopera-ción y Desarrollo Económico (OCDE), foro integrado por 34 países identificados y comprometidos con el libre comercio y la democra-cia, del que hacen parte algunas de las economías de mayor peso: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido.

“Vamos a pensar en grande”, ha dicho el presidente Santos.4 Su primera gira como presidente electo tuvo como rumbo Europa y como objetivo cumplido, lograr el aval para su ingreso en este se-lecto foro de David Cameron, Angela Merkel, Nicolás Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero.

México y Chile son los únicos países latinoamericanos miembros de la OCDE. El ser admitido como miembro le permitirá a Colombia contar con una importante credencial para ampliar sus mercados y mejorar la competitividad.

2. Consolidar y avanzar en materia de tratados de libre comercio. El presidente Santos ha expresado en varias oportunidades que su modelo a seguir en esta materia es Chile, valorando los resultados de su desempeño. Chile tiene actualmente 21 Tratados de Libre Co-mercio en vigencia que abarcan más de 50 países y las economías de mayor peso: China, Japón, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los países del EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Is-landia).

En realidad, sus aspiraciones van más allá pues pretende perfilar a Colombia como una potencia económica intermedia. Tal aspiración podría tener respaldo en la proyecciones contenidas en el informe realizado por el HSBC —banco privado más importante del mun-do— que considera que si Colombia mantiene en las próximas cua-tro décadas un crecimiento anual por encima del cuatro por ciento, estará en capacidad de ingresar en el grupo de las 30 mayores eco-nomías del mundo (Portafolio, 2011).

4 Idem.

Según el informe del ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados, en el marco de los primeros 100 días de gobierno, el 2010 “fue un buen año en materia de Tratados de Libre Comercio”:- Se dejaron listos acuerdos que entrarán en vigencia en el 2011

con Canadá y los países del Triangulo del Norte (Guatemala, Hon-duras y El Salvador).

- Se concluyeron las negociaciones con la Unión Europea.- El Acuerdo con EFTA (European Free Trade Association) ya fue

ratificado por los parlamentos de Suiza y Liechtenstein. No obstante el optimismo ministerial, el año cerró con el lunar de

la falta de ratificación por parte del Congreso estadounidense del TLC con Colombia. El gobierno de Santos confía en que los cambios producidos en dicho Congreso, y el efecto que pueda causar la en-trada en vigencia del acuerdo con Canadá contribuyan a sacarlo del congelador.

En relación con el Acuerdo negociado con la Unión Europea, que se encuentra en proceso de revisión legal, está por definirse si debe ser ratificado solamente por el Parlamento Europeo o también por cada uno de los parlamentos de los 27 países miembros. Esta de-cisión está en manos del Consejo de la Unión Europea y deberá adoptarse en el transcurso del año.

El gobierno colombiano es consciente de que esta es una decisión política trascendental y, por tanto, ha encomendado al vicepresi-dente desplegar todos los esfuerzos para garantizar que el Acuerdo sea ratificado a la mayor brevedad. Ese fue el objetivo de la intensa agenda europea encomendada al vicepresidente Angelino Garzón en el mes de octubre de 2010.

Para el gobierno, el prestigio de que goza su segundo, como di-rigente sindical y líder de izquierda, es un activo a su favor que debe orientarse a disipar las preocupaciones sobre la situación de derechos en Colombia, y a zanjar la polémica desatada en los círcu-los políticos europeos sobre la pertinencia de adoptar un acuerdo

comercial con un país como Colombia, que ostenta el más oprobioso récord de violaciones de los dere-chos humanos. La estrategia se centra en recabar apoyos para su propuesta de crear una Comisión Conjunta que se ocupe del seguimiento a la cláu-sula democrática contenida en el Acuerdo. Con ello el gobierno se propone dar una señal clara de su compromiso con los derechos humanos y de su

“Santos ha expresado en varias oportunidades que su modelo a seguir en esta materia es Chile, valorando los resultados de su desempeño

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transparencia en el manejo del tema. “En el mundo de hoy no solo se globalizaron los negocios y el comercio sino también se globali-zaron los derechos”,5 es otra frase acuñada por el vicepresidente en su gira otoñal por Europa.

Aunque el vicepresidente obtuvo el respaldo del comisario de Co-mercio, de la comisaria de Justicia y de los presidentes de los prin-cipales grupos políticos de la Eurocámara (populares, socialistas y liberales, entre otros), la discusión aún no está cerrada. Hay otras opiniones —incluso entre las principales fuerzas políticas— suma-das a las de los Verdes e Izquierda Unida que siguen oponiéndose al Tratado y consideran no solamente que la cláusula de derechos humanos carece de eficacia real para garantizar la protección de los mismos, sino también que la propuesta colombiana de la Comisión de Seguimiento no es más que un sofisma de distracción.

En el mes de diciembre un grupo de eurodiputados de distintos grupos políticos hizo pública una declaración en la que expresan su preocupación por la persistencia de graves violaciones de los dere-chos humanos en el actual gobierno, y reiteran “que es inaceptable para la Unión Europea comprometerse en un Tratado de Libre Co-mercio con un país que no pone fin a tan claras violaciones de los derechos humanos y de los derechos sindicales”.6 Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil europea siguen movilizándose por la no ratificación del Acuerdo.

Si bien es cierto que para el Gobierno colombiano es de suma im-portancia la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, su proyección estratégica se orienta hacia otras latitudes. Concretamente, hacia Brasil y Asia-Pacífico. Para el presidente Santos, las posibilidades de mercado que ofrece Brasil han sido “subutilizadas”,7 y en rela-ción con Asia-Pacífico, el gobierno aspira avanzar en su ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y agilizar las negociaciones comerciales con el continente bien sea a través de tratados de inversiones o de tratados de libre comercio. En este

5 Ver intervención de Angelino Garzón en el Foro de la nueva Economía, Madrid, 8 de octubre de 2010, y también en su intervención en la Plenaria de la XVII Reunión Americana de la OIT, 11 de diciembre de 2010.

6 Ver declaración completa en: http://www.gruposur.eu.org/Declaracion-conjunta-de-diputados.html

7 Intervención de Juan Manuel Santos durante la instalación del XXII Congreso Nacional de Exportadores, Analdex.

marco se inscribe la negociación en curso con Japón de un tratado de protección recíproca de inversiones que allane el camino hacia un TLC.

3. La producción de alimentos. El actual gobierno, valorando las ven-tajas que ofrece el país para la producción de alimentos (tierra y agua suficientes), desea entrar a competir con fuerza en este mer-cado. De ahí la importancia asignada al agro como una de las loco-motoras para el desarrollo del país.8 Para el presidente la demanda creciente de alimentos en el mundo ofrece una gran oportunidad comercial para el país, que además puede revertirse en la supera-ción de la pobreza, tomando como ejemplo la experiencia de Brasil.9

EL VIRAJE PRAGMÁTICO DE LA POLÍTICA EXTERIORLos analistas coinciden en valorar positivamente el giro dado a la política exterior durante los primeros 100 días de gobierno. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Ecuador, el cambio de actitud frente a América Latina, su acercamiento a Europa y otro planteamiento para las relaciones con Estados Unidos, marcan la pauta de los cambios que han demostrado su éxito con la elección de Colombia al Consejo de Seguri-dad de las Naciones Unidas.

Este giro tiene también un profundo sentido en términos económicos y comerciales, y pone de manifiesto el pragmatismo del que hace gala al presidente con miras a posibilitar buenos negocios que le permitirán cumplir su meta de crecimiento económico sobre la base del libre co-mercio.

El énfasis en el discurso de lucha contra el terrorismo, piedra angular de la política exterior desarrollada por el gobierno anterior, ha sido sus-tituido por el del “buen negocio”, centrado en exaltar las posibilidades para el comercio y la inversión que ofrece el país. Otra proyección del actual gobierno es adquirir un liderazgo en América Latina que le permi-ta ubicarse en una buena posición, aprovechando el potencial agrícola, energético y ambiental de la región. En ese marco se inscribe la aspira-ción expresada por el presidente Santos en su discurso ante la Asamblea

8 El plan de desarrollo titulado: “Hacia una sola Colombia: camino a la prosperidad democrática”, identifica cinco locomotoras para el crecimiento sostenible: innovación, impulso al sector agropecuario, vivienda, infraestructura de trasporte y comunicaciones, impulso a la minería y energía.

9 Intervención de Juan Manuel Santos durante la instalación del XXII Congreso Nacional de Exportadores, Analdex.

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General de las Naciones Unidas de convertir a la región en la “provee-dora de los bienes que la humanidad necesita para su supervivencia”.10

Por tanto, la recomposición de las relaciones con los países vecinos, y sobre todo con Venezuela, debe leerse también en clave económica: recuperar el dinamismo de las relaciones comerciales de frontera que otorgan a Colombia el beneficio de proporcionar la exportación de pro-ductos con mayor valor agregado. La crisis con Venezuela generó una caída significativa de las exportaciones no tradicionales del país que a julio del 2010 se calculaba en un 13% en los últimos 12 meses (Reina, 2010).

Siguiendo la misma línea, el acercamiento al conjunto de América Latina ofrece las oportunidades de:

• Consolidar un mercado con Brasil.• Fortalecer la dimensión económica de la Unión de Naciones Sura-

mericanas (Unasur) como paso obligado para materializar su aspi-ración de ofrecer al mercado el potencial conjunto de recursos que la región tiene para ofrecer.

De otra parte, en su primera visita a Barack Obama, el presidente Santos dijo: “Vamos a hablar de tú a tú”. Más más allá de lo coloquial que pueda resultar la frase, sin duda expresa un cambio significativo del sen-tido de las relaciones con los Estados Unidos. Ahora se privilegia el “ca-rácter de socios” en temas comerciales y de inversión, dejando un tanto de lado el de “aliados en la lucha contra el terrorismo”, predominante en el periodo anterior, y que hacía prevalecer la ayuda militar.

En cuanto a las relaciones con Europa, el que la primera visita del pre-sidente electo haya sido al viejo continente es una señal contundente de la conciencia del actual gobierno sobre la necesidad de diversificar sus relaciones internacionales como paso necesario para la diversificación de su mercado, que además tiene como valores añadidos:

• Obtener su respaldo para su ingreso a la OCDE.• Acelerar la ratificación del TLC, mostrándose comprometido y

transparente en materia de derechos humanos.• Buscar apoyo y cooperación de los socios comunitarios para su pro-

grama de prosperidad democrática.

10 Intervención del presidente Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su 65 Periodo de Sesiones Ordinarias, Nueva York, 24 de septiembre 2010. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Septiembre/Paginas/20100924_07.aspx

ALGUNAS OBSERVACIONES FINALESLa lectura en clave económica y comercial de los lineamientos de la polí-tica del actual gobierno evidencia el deseo de ignorar las lecciones que la crisis económica global ha arrojado sobre el libre comercio. Esto, a pesar de las recomendaciones de organismos especializados, que sin ubicarse en el bando de los críticos, han llamado la atención sobre cómo la crisis ha develado las limitaciones de las estrategias de crecimiento basadas en las exportaciones. Según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) del año pasado, los países en desarrollo deben “reconsiderar sus políticas de apoyo a un progreso económico duradero, si sus estrategias de crecimiento y generación de empleo se basan en gran medida en la expansión de las exportaciones”. A partir de esta consideración, el informe advierte sobre la necesidad de buscar el equilibrio entre la demanda interna y la externa.11

La estrategia gubernamental hace caso omiso, igualmente, de los previsibles impactos económicos, sociales y ambientales que traen con-sigo los tratados de libre comercio y los tratados de protección recíproca a las inversiones documentados y analizados por destacados economis-tas. Las obligaciones derivadas de este tipo de acuerdos tienden a:

• Restringir el margen de maniobra de los Estados para definir su modelo de desarrollo de manera autónoma.

• Reafirmar y profundizar la matriz primario-exportadora de las eco-nomías en desarrollo.

• Establecer condiciones de protección jurídica a los operadores eco-nómicos e inversionistas que van en detrimento de la protección social y medioambiental establecida por estándares internaciona-les.

• Desplazar la economía campesina en favor de la agroindustria, afectando la seguridad y la soberanía alimentaria.

• Limitar las posibilidades de acceso universal a los servicios públi-cos.

• Eliminar medidas de protección a la producción nacional y despla-zamiento de la misma en el mercado interno.

La estrategia ignora también la propia experiencia del país, sobre el hecho de que el crecimiento económico no se ha revertido en mayor equidad social. Por el contrario, la brecha de las desigualdades se man-tiene. Según el economista Alfredo Sarmiento (Salazar, 2009), Colombia “está en los mismos niveles de inequidad que en 1990”.

11 UNCTAD/PRESS/PR/2030/030, 14/09/10. ver en: http://www.unctad.org/

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De la misma manera, cabe dudar de la compatibilidad de la estrategia económica con el plan de desarrollo:

• El plan de desarrollo otorga un peso fundamental al estímulo y de-sarrollo del sector agropecuario, que resulta comprensible desde el interés del gobierno de perfilarse como competidor en el mercado de alimentos. Sin embargo, su compatibilidad con la estrategia de multiplicación de los tratados de libre comercio se difumina al to-mar en cuenta que en términos de acceso a mercados, estos tien-den a favorecer la importación de alimentos. Resulta un buen ejem-plo de ello lo negociado entre Colombia y la Unión Europea para el sector lechero, que ha generado una fuerte reacción del gremio.

• El impulso a la minería y la energía, previsto también como loco-motora de desarrollo, puede resultar compatible con una estrate-gia de crecimiento económico basada en la matriz primario-expor-tadora que privilegia los tratados de libre comercio, pero no así con la reconversión productiva planteada para el agro. Algunas razones lo explican:- Los intereses de los operadores económicos en uno y en otro

sector pueden provocar un choque de las locomotoras.- El modelo extractivista y los intereses de la industria agroalimen-

taria pueden exacerbar conflictos sociales existentes en distintos territorios.

- Los impactos ambientales y sociales de un desarrollo agrícola concebido “hacia fuera” pueden terminar afectando su propia sostenibilidad y, por ende, la seguridad y soberanía alimentaria del país (González, 2010).

En conclusión, la prosperidad democrática en clave de libre comercio no permite alimentar muchas esperanzas sobre sus posibilidades de éxi-to en materia de combate contra la pobreza y la inequidad social, gene-ración de empleo y protección efectiva de los derechos humanos.

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El nuevo

contexto del conflicto y la pazCARLOS SALGADO ARAMÉNDEZDirector del Proyecto Planeta Paz.

El primer hecho relevante de la administración Santos es la recuperación del control del gobierno por parte de la élite del centro del país. Este control fue asumido en el 2002 por Álvaro Uribe y se discute si su emer-gencia significó una ruptura en la sucesión “bogotana” del poder, o fue una cesión de las élites centrales para tratar de recomponer el estado de cosas en las regiones, salido de control con el fortalecimiento de las guerrillas y los paramilitares.

Se argumenta también que, a finales de los años noventa, frente a una institucionalidad y un ejército debilitados, era necesario sentarse con las FARC en tanto se lograba recomponer las relaciones de poder, en particular, la capacidad del ejército. ¿Fue un error de la guerrilla sentarse a la negociación del Caguán sin demandar una agenda clara al gobierno?

Hoy día la correlación es a la inversa: las guerrillas debilitadas al me-nos en su capacidad política y un ejército más sólido, que aun así no logra derrotarlas en lo militar. ¿Se reestructurarán las FARC y el ELN? ¿Sus generales de relevo podrán desarrollar estrategias para confrontar esta situación bien sea en lo político-militar o abrirán las puertas a la negociación del conflicto?

Hay varias versiones sobre lo que significa el gobierno de Juan Ma-nuel Santos:

• Es la continuidad del gobierno Uribe y está subordinado a su pro-yecto político.

• Es un gobierno que busca confundir con algunas estrategias políti-cas, pero en el fondo es el mismo régimen neoliberal dominado por los Estados Unidos.

• Es un gobierno que ha sorprendido con una agenda que rescata te-mas olvidados y abre una puerta para nuevas formas de la política.

• Es un gobierno burgués conservador que aspira a poner orden en casa, sin cambiar la casa.

Tras estas versiones, hay varias preguntas que pueden guiar la discu-sión en torno a las posibilidades para la paz: ¿Cuáles son las rupturas y cuáles las continuidades que plantea Santos? ¿Hay fisuras para tener en cuenta en la derecha? ¿Cuáles son los horizontes del gobierno en lo que respecta a los derechos de la población y a la construcción de la paz?

Un primer elemento de ruptura apunta a un cambio en la fracción dominante en lo económico y lo político. Por ejemplo, de un equipo de gobierno más político que técnico en la administración Uribe se vuelve a un equipo técnico, específicamente de la Universidad de Los Andes. Se argumenta que ello le da solidez al gobierno, lo que es posible; la pre-gunta es si le da solidez al país y a la democracia pues al fin de cuentas

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los equipos técnicos de los años setenta, finales de los ochenta y comien-zos de los noventa son en buena medida responsables del estado del país.

El cambio propuesto por Santos se basa en cinco apuestas: unidad del régimen político, legitimación nacional e internacional, cambio de acento en lo económico, agenda de unidad nacional y llaves en la mano para la paz. No es claro qué van a hacer con la oposición y las minorías políticas, más allá del estatuto de la oposición, si bien la agenda política sí va a implicar un elevado nivel de cooptación para dar una base de apoyo al gobierno.

En principio, hay claras diferencias con Uribe en la forma como se busca legitimar una estrategia de paz. El gobierno ha manifestado es-tar dispuesto a abrir diálogos con las guerrillas bajo tres condiciones: liberación unilateral de secuestrados, no más ataques a poblaciones y deslinde del narcotráfico. Ha eliminado de su propuesta para iniciar con-versaciones demandas como cese unilateral del fuego, desarme, con-centración de tropas, etc.

El gobierno también asume la iniciativa sobre temas que han sido sustanciales para el debate sobre la paz: tierra, víctimas, reforma políti-ca, respeto a la justicia, estatuto de la oposición y derechos humanos, si bien la dimensión de sus propuestas dista de lo esperado por las organi-zaciones sociales populares. Esta iniciativa se da en un contexto de cam-bios en la cultura política reflejados en la manera de hacer política por su relación con los partidos, el respeto a la separación de poderes, un lenguaje mediático menos agresivo y una aparente oportunidad política para la oposición en términos de aceptar su existencia sin deslegitimarla. ¿Busca el gobierno centrar en esta agenda y actitud una estrategia de paz? Por lo pronto, varios partidos han anunciado la presentación con-junta de una propuesta de paz, algo imposible hace apenas siete meses.

El gobierno mantiene también la predominancia de la lógica bélica montada en la ilusión de la derrota de las guerrillas, bajo el viejo ar-gumento de doblegarlas para llevarlas debilitadas a una negociación. En este punto, la innovación es la mayor capacidad del ejército para adaptarse a los cambios de la guerra —minas y francotiradores— y una fuerte concentración de acciones sobre los liderazgos, en particular, de las FARC; el ELN no es motivo de atención mayor. Con estas acciones el gobierno busca, además, calmar a sectores radicales de derecha al darle continuidad a la “seguridad democrática” y lograr éxitos que derrumben la moral de las tropas guerrilleras. Frente a anteriores gobiernos que anun-ciaron terminar con las guerrillas en dieciocho meses o cuatro años, este gobierno se planta con una paciencia que confunde a muchos sectores.

La derecha se encuentra en una situación contradictoria. Acostum-brada al férreo control de Uribe, debe decidir hoy cómo integra la lógica que propone Santos, o si separa de la propuesta de unidad. El partido de gobierno es una curiosa colcha de retazos inquieta por la incertidumbre de sus referentes ante el poder del ejecutivo. La oposición parece no existir, excepto para algunos órdenes temáticos, sin que avizore cómo comportarse ante los cambios y las continuidades, mucho menos frente a los caminos para la paz. Estamos entonces en una situación en la cual la derecha acepta la cesión de una porción X de derechos a quienes fue-ron seriamente vulnerados por el uribismo y el viejo conflicto (víctimas, oposición, justicia, organizaciones sociales), o impone sus mecanismos de poder y coerción para restablecer el orden anterior a partir de la recu-peración del control local en las próximas elecciones. Por ello, el mesías parece estar dispuesto a volverse tallerista. ¿Logrará Santos consolidar la unidad nacional bajo las tensiones que se crean entre el poder central y las élites regionales que ascendieron en la escala del poder, y la heren-cia que asumió? ¿Cuáles serán las fracturas o recomposiciones en las élites regionales que emergieron en el anterior gobierno y su significado para el manejo de los conflictos territoriales y la posibilidad de la paz? El caso del departamento del Magdalena es interesante, porque con la propuesta de designar al general Bonnet como gobernador parece darse un pulso entre el gobierno y una de las élites locales más comprometi-da con el conflicto y la corrupción. Si este pulso lo gana el gobierno se podría pensar en una extensión de la recomposición del grupo actual de poder más allá del Palacio de Nariño, con un atisbo de posibilidad para la paz en cuanto desvertebra grupos seriamente comprometidos en el férreo control de los recursos locales y, según la justicia, en la violencia.

La eventualidad de las fracturas en la coalición uribista puede llegar a modificar el cuadro de la agenda de paz de Santos, puesto que la aplica-ción concreta de la legislación propuesta para tierras, víctimas y regalías incide directamente en las regiones. Entonces, el gran problema que se enfrenta es que la paz no es solo una cuestión por resolver con las gue-rrillas sino también con una derecha muy activa en sus poderes de coer-ción, control social, político y económico. Si es así, ¿cómo y hasta dónde ampliar el horizonte de la paz? ¿Qué papel dinámico pueden jugar los sectores sociales populares locales con sus agendas y en el proceso elec-toral que se avecina en términos de demandar acciones concretas para transformar los conflictos y retomar la discusión sobre la paz?

Las FARC expusieron en el último video de Alfonso Cano cinco pun-tos para la negociación del conflicto (tierra y reforma agraria, justicia,

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cierre de las bases militares a los Estados Unidos, reforma política y de-rechos humanos) que significaron una reducción sustancial frente a los once puntos tradicionales; dejaron por fuera temas como el despeje, el intercambio humanitario y las reformas estructurales. ¿Es esta una coincidencia afortunada o desafortunada entre el gobierno y la guerri-la guerri-lla? Afortunada porque podría mostrar una “unidad” de intereses que pueden aprovecharse como oportunidad política para promover el diá-logo. De hecho, Alfonso Cano manifestó que si la restitución de tierras se desarrolla bien, es un paso adelante en la conquista de la paz. Infortuna-da, porque si las partes no lo entienden así —como una oportunidad—, redundará en una disputa por el contenido y la ejecución de las propues-á en una disputa por el contenido y la ejecución de las propues- en una disputa por el contenido y la ejecución de las propues-tas, y creará un campo de polarización político muy fuerte. ¿Pueden las iniciativas de paz realizar un tipo de mediación que abra un debate que redireccione el sentido de la negociación, por ejemplo, con la agenda como punto de llegada y no necesariamente de partida?

Parece haber elementos nuevos en el escenario de la guerra y la paz: una agenda temática posicionada por el gobierno que coincide parcial-mente con la de las FARC, al menos, en sus enunciados; una oferta ini-maginable hace seis meses sobre la “llave de la negociación”; la oferta de las FARC de liberación unilateral de varios rehenes, y un ambiente político menos tenso. Estos elementos operan sobre la continuidad de las acciones militares propia de los conflictos en curso, una derecha acti-va y unas guerrillas beligerantes. Se tiene entonces un cuadro en el que ambas estrategias —la del gobierno y las guerrillas— buscan ganar legiti-midad a través de un pulso por el control de la forma como se promueve la agenda para la paz.

Otro tema pertinente para el momento es el de un vínculo más estre-cho entre conflicto, paz y desarrollo. Los territorios en pugna plantean restricciones para las locomotoras propuestas por el gobierno, pues de entrada pueden acrecentar las rentas a favor de los ilegales por meca-nismos de extorsión. En este sentido, el régimen tiene unos límites en su reorganización, que son del siguiente orden:

• Ambientales: hay muchas dudas sobre los impactos ambientales de las locomotoras, en particular, la minera; esta última es una amenaza seria para la disponibilidad de agua y la estabilidad de procesos productivos agrícolas y humanos.

• Territorial: la reforma a las regalías se hace sin una propuesta de reorganización territorial, de tal manera que el flujo de los recursos seguirá estando al arbitrio de la relación entre el poder central y los poderes locales. La democracia local puede entonces ser perdedora.

• Social: en términos de la manera como pretendan dar cumplimien-to a los derechos de la población, pues los mecanismos de coopta-ción y vulneración de las organizaciones pueden acrecentarse.

• Político: la disputa entre lo local y nacional por las rentas de la loco-motoras, aún más con la reforma a las regalías.

• Violencia: por el incremento de sus múltiples expresiones urbanas y rurales, tratándose de controlar territorios para explotar sus re-cursos.

• El conflicto armado mismo, pues los actores armados se activarán para disputar los controles locales, captar rentas y dominar los te-rritorios.

Estos límites abren un debate para ser enfrentado con argumentos muy sólidos construidos con las organizaciones sociales tanto porque pueden ser las más afectadas en términos de su calidad de vida como porque tendrán un impacto directo en sus territorios, la transformación del conflicto y la construcción de la agenda de paz.

El conflicto armado y la paz han ido adquiriendo aristas más críticas con el incremento de la acción de las fuerzas armadas. Se ha discutido en particular si la muerte de Jojoy resquebraja a las FARC o si ellas pue-den asimilarlo con una renovación de sus cuadros en el Bloque Oriental. En principio, se estima que las FARC tendrán que sostener una dinámi-ca bélica para demostrar su fortaleza y superar el golpe moral. La pre- bélica para demostrar su fortaleza y superar el golpe moral. La pre-para demostrar su fortaleza y superar el golpe moral. La pre-gunta es si la combinación de agendas relativamente coincidentes, más las implicaciones previstas de la acción militar y de las locomotoras de desarrollo debieran constituirse en elementos que renueven la discu-sión sobre la negociación del conflicto. ¿Cómo llevar esta discusión a las organizaciones sociales y cómo tramitarla con el gobierno y los actores amados? ¿Cómo se trata el tema de la negociación hoy día a la luz de los cambios señalados?

Por último, es necesario reconocer que las organizaciones popula-res corren riesgos por la puesta en marcha de la agenda gubernamental —cooptación, escasa o nula consulta, polarización—, así como también tienen oportunidades en términos de participar en el debate público y cualificar sus programas. El cruce de la agenda gubernamental con vie-jas reivindicaciones populares muestra que es necesario ir más allá de las conquistas de las víctimas, pues el movimiento social encierra una diversidad muy grande de propuestas. Por consiguiente, se puede jugar un papel importante con las acciones populares para ayudar a romper las estrategias que tienden a fragmentar el mundo de lo popular y con-centrar la paz en las decisiones de pocos actores.

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La agenda del gobierno de Santos y los derechos

de las mujeres CECILIA BARRAZA M.Directora de la Corporación Humanas, Colombia.

Han pasado ya los primeros seis meses del gobierno del presidente San-tos y, a pesar de haber creado la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, aún no se ha nombrado a nadie en ese cargo. En este tiempo, el gobierno ya definió con claridad los temas prioritarios de la agenda pú-blica tanto a través de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo como de iniciativas que cursan en el Congreso relacionadas con la reparación de las víctimas del conflicto armado y la política de seguridad, reformas a la justicia y la salud, y las conducentes a enfrentar las calamidades de-jadas por la dura ola invernal que afecta a gran parte del país.

Históricamente, para las diversas expresiones del movimiento de mu-jeres, no sólo de Colombia sino del mundo, ha sido muy difícil articular y armonizar la agenda de derechos de las mujeres con la agenda pública del país. Es decir, han existido serias dificultades para incorporar los pro-blemas y las afectaciones particulares de las mujeres en el tratamiento de los grandes temas y obstáculos nacionales para que los problemas que afectan principalmente a las mujeres sean reconocidos como de in-terés general. Esta situación se debe, en parte, a que el movimiento de mujeres ha logrado avanzar significativamente en el ejercicio de la de-mocracia en términos de participación y reconocimiento de su existencia como actoras sociales pero muy poco en las actuaciones políticas que exige la gobernabilidad, entendida como la capacidad del movimiento de mujeres de hacer exigibles sus demandas frente al Estado.

En ese contexto un nuevo gobierno, y en particular su agenda, se convierten en un gran desafío para las diversas expresiones organizadas del movimiento de mujeres. Más aún cuando en los ocho años de Uribe no fue posible permear una agenda centrada en la guerra para que im-plementara una política pública para las mujeres, y las cifras mostraron que la situación de derechos de las mujeres no obtuvo avances signifi-cativos y, en algunas áreas, como por ejemplo la participación política, empeoró.

Más allá de las diferencias que puedan tener las agendas políticas que han elaborado las diversas plataformas de mujeres, estas son coinci-dentes en tres puntos: la necesidad de una política pública que enfrente las violencias que afectan a las mujeres, su baja participación política en cargos de decisión, y la apuesta por una salida negociada del conflicto armado que incorpore en el proceso activamente y desde el comienzo a las mujeres.

Esos tres puntos están profundamente vinculados con la agenda po-lítica nacional que se discutirá en estos meses. Por ejemplo, si la ley de víctimas no da un tratamiento diferenciado a la afectación que han sufri-

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do las mujeres como consecuencia del conflicto armado, será muy difícil decir que dicha ley se ajusta a los estándares internacionales de dere-chos humanos. Así, no sólo las mujeres organizadas tienen el desafío de poner la transversalidad de género en la ley, sino los y las congresistas tendrán el deber de leer las leyes con lentes de género.

Otro ejemplo tiene relación con la política de seguridad, no solo es necesario tomar en cuenta las especificidades de las violencias de género que ocurren en el ámbito de lo público, sino también pensar la seguridad en el ámbito de lo privado. Es decir, la violencia doméstica —que afecta mayoritariamente a las mujeres— es tan importante como la violencia política generada por el conflicto armado interno que tiene el país, am-bas son temas centrales de la seguridad. Asimismo, una reforma seria a la justicia deber enfocarse en ambas violencias contra las mujeres pues los delitos por violencias de género suelen tratarse como delitos meno-res negando así el acceso a la justicia de las mujeres. Por ello, cualquier reforma a la justicia que se plantee debe tomar en cuenta dicha realidad.

De la misma manera, la recién aprobada reforma política, que ha in-corporado un mínimo de participación de las mujeres en los espacios de decisión, no logra nivelarse con las apuestas de paridad que se están planteando en Latinoamérica. Tampoco se ha avanzado en leyes y polí-ticas públicas que permitan armonizar la vida laboral y familiar, con el propósito de modificar las estructuras de roles al interior de las familias que impiden la igualdad real de las mujeres frente a los hombres, con-dición para generar paridad en la vida pública. La expedición de la Ley 1413 de 2010,1 que regula la economía del cuidado y su inclusión en el sistema nacional de cuentas, es solo el inicio de la construcción de la paridad en el país.

En lo que tiene que ver con las demandas de salida negociada al con-flicto armado, todo indica que la agenda en los próximos años apunta-rá a la construcción de la paz en Colombia desde diversas iniciativas. Sin embargo, no pareciera haber un especial interés del Estado ni de las agencias de cooperación en promover la participación de las mujeres en dichos procesos ni de apostarle a un pacto de igualdad entre hombres y mujeres como base de la construcción de la paz. Es decir, los problemas estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres no parecen ha-ber permeado la agenda pública a pesar de que con frecuencia se cite la incorporación de la perspectiva de género en documentos públicos.

1 Expedida el 11 de noviembre de 2010. La iniciativa parlamentaria fue de Cecilia López, exsenadora por el Partido Liberal.

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que está siendo debatido por el Congreso, contiene un capítulo sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional, que si bien propone un enfoque diferencial así como garantizar acceso a la justicia y lucha contra la impunidad y aplicación de los principios de igualdad y no discrimina-ción, no bastará con incorporar la transversalidad de género en el diseño de la política. Es necesaria una política pública específica para las muje-res en estas temáticas.

En el mismo documento se incluye el subcapítulo, “Políticas diferen-ciadas para la inclusión social”, con un aparte sobre género en el que se analiza de manera general (sin que se haga un diagnóstico de la situación de los derechos de las mujeres, sin que se consideren sus diversidades, y sin que se parta de los aprendizajes y resultados institucionales en ma-teria de políticas o programas de igualdad para las mujeres) la discrimi-nación en el mercado de trabajo y en el acceso a los servicios sociales y los efectos perversos en el bienestar, la equidad y la violencia de género. Aunque se anuncia la transversalización del enfoque de género, en la re-visión del documento se observa que, salvo algunas cifras en materia de salud, en el resto de las acciones no hay una desagregación de informa-ción ni de metas que permitan un impacto diferenciado (Tamayo, 2011).

Los planes de desarrollo en Colombia —y este no es la excepción— no han buscado poner en marcha una política pública en favor del ade-lanto de las mujeres articuladas a las políticas sociales y a las estrategias de otras entidades estatales. Por tanto, su impacto es bajo y en la mayo-ría de los casos no supera un enfoque asistencial.

El hecho de que hasta la fecha no se haya nombrado una Alta Con-sejera Presidencial para la Equidad de las Mujeres, y que el tema en el actual gobierno haya sido asumido por la esposa del vicepresidente, no sólo debilita la institucionalidad sino que es un claro signo de la poca trascendencia que el tema tiene para el actual gobierno. Que temas de importancia nacional queden subsumidos en las actividades de personas que no hacen parte de las entidades estatales —como es el cas de una vice primera dama— implica un fuerte retroceso. A este respecto, me-diante sentencia constitucional C-089A de 1994, ya existe un pronuncia-miento de la Corte sobre la legalidad y competencia en la administración pública del ejercicio de dichas funciones, destacando que las primeras damas no son funcionarias públicas. Situación que obviamente hoy es extensiva y vigente para la esposa del vicepresidente.

Durante los ocho años de gobierno del expresidente Uribe la polí-tica pública que adelantó la Consejería Presidencial para la Equidad de

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la Mujer careció de un enfoque de derechos, se centró en acciones de bajo impacto tanto en la inversión como en el número de beneficiarias, estuvo desarticulada de la política nacional y emprendió acciones que reforzaron roles o percepciones sociales tradicionales sobre el papel que juegan las mujeres en la sociedad. Tampoco propició un diálogo con las organizaciones de mujeres ni generó espacios de rendición de cuentas.

De los datos suministrados por la propia Consejería mediante de-recho de petición de julio de 2010, se sabe que dicha entidad invirtió anualmente, en promedio en los últimos cuatro años, 2.252.717.595 pe-sos colombianos, que tomando en cuenta la población de mujeres ma-yores de 15 años en el país,2 corresponde a algo más de $155 pesos al año por colombiana.

En febrero de 2007, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) gene-ró una serie de recomendaciones al Estado colombiano para el cumpli-miento de la Convención. Entre ellas señala:

Al Comité le preocupa que la Consejería Presidencial para la Equidad de

la Mujer no tenga capacidad y recursos suficientes para coordinar efecti-

vamente la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva

de género en todos los sectores del Gobierno y, en particular, para coor-

dinar efectivamente la aplicación de las políticas y los programas nacio-

nales en los departamentos y los municipios desde una perspectiva de

género (Comité CEDAW, 2007).

En febrero de este año (2011), el Estado colombiano debería haber presentado su octavo informe periódico ante el Comité, respondiendo a las preocupaciones planteadas en el informe del 2007. Sin embargo, no lo presentó, situación que hace aún más evidente la inexistencia de voluntad política sobre la temática por parte del actual gobierno.

A nivel de otras instancias del Estado, la presencia de una mujer en la Fiscalía General de la Nación puede generar el interés por la imple-mentación de la Resolución 03788 del 21 de julio de 2009, con la cual se conforma un Grupo de Trabajo en la Fiscalía para que aborde y formule estrategias investigativas y asistenciales destinadas a las víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, que puede contribuir en la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia de las mujeres. No obstante, por otro lado, las actuaciones del procurador general de

2 La población femenina en Colombia mayor de 15 años es de 14.527.159 mujeres según el Censo de 2005.

la Nación, Alejandro Ordoñez, en contra de la aplicación de los tres ca-sos autorizados por la Corte Constitucional de despenalización del abor-to, pueden ocasionar un retroceso en materia de avances en derechos sexuales y reproductivos.

Hasta la fecha, el papel de la sociedad civil y, en especial, de las orga-nizaciones de mujeres y de derechos humanos ha sido fundamental para visibilizar nacional e internacionalmente el estado de cosas en el país en materia de derechos de las mujeres, sin embargo, los avances en materia de política pública han sido insuficientes; desde esa perspectiva, el esce-nario político continúa presentando una oportunidad limitada para las demandas de las mujeres. Incluso si existiera una voluntad política del gobierno nacional en adelantar políticas públicas a favor de las mujeres, en materia de inversión el panorama no es alentador. Los cambios en los recursos financieros provocados por los altos costos derivados de la ola invernal, con más de 2 millones de personas damnificadas, la inversión real que debe hacerse para dar cumplimiento a la ley de víctimas, así como la atención a la población en condiciones de pobreza, no permite augurar una dedicación con enfoque de derechos destinada a superar la discriminación y desigualdad que afecta a las mujeres.

Así, el Estado colombiano seguirá en deuda con las mujeres y sin posibilidades reales de construir normas y políticas que reconozcan las diferentes afectaciones que tienen los problemas sociales en la vida de hombres y mujeres, y crear respuestas y mecanismos que garanticen el ejercicio de la igualdad y no discriminación, imperativo si queremos una Colombia democrática en paz que incluya a más de la mitad de su po-blación.

REFERENCIASCEDAW (2007). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer. Colombia, 2 de febrero de 2007.

CEDAW/C/COL/CO/6

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TAMAYO, M. (2011). Informe de derechos humanos de las mujeres en

Colombia 2008-2010. Bogotá: Corporación Humanas.

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indígenas: El presente artículo plantea algunos elementos de análisis en torno a las relaciones entre el movimiento indígena y el gobierno nacional, re-tomando las dinámicas de concertación y las acciones y propuestas del gobierno de Juan Manuel Santos hacia los pueblos indígenas.

El presidente Santos, como ningún otro, se posesionó en la Sierra Nevada de Santa Marta, allí le fueron entregados de manos de algunos indígenas de esta región un bastón y otros símbolos de importancia es-piritual. Aún es difícil decir qué podrían significar estas acciones: ¿Res-peto a los derechos de los pueblos indígenas o cambios en la política gubernamental hacia mismos?, ¿cumplimiento de los acuerdos hechos por gobiernos anteriores con las organizaciones indígenas para garanti-zar sus derechos?

Inmediatamente después de la posesión del presidente, el gobierno convocó la Mesa Permanente de Concertación con las organizaciones indígenas para concertar las políticas que pueden afectarlos, así como los mecanismos de evaluación y seguimiento de los acuerdos que se de-cidan entre las partes (Decreto 1397/1996).

De este modo, la Mesa Permanente de Concertación se constituye en un escenario importante para analizar las relaciones entre el gobierno y las organizaciones, más aún cuando se trata del comienzo de un nuevo periodo presidencial y la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que regirá los próximos cuatro años. La ley de víctimas y restitu-ción de tierras, la política minera y de medioambiente, la administración de la educación, y la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas son algunos de los temas centrales de la dis-cusión en la Mesa de Concertación.

¿EL PRESIDENTE DE LOS INDÍGENAS?La unidad nacional planteada por el gobierno Santos pareciera buscar caminos de concertación y diálogo con los pueblos indígenas a fin de invitarlos a ser parte de su ambicioso proyecto: “Prosperidad para to-dos”, por lo menos así lo ha reiterado en varios de sus discursos. Estos mensajes han estado acompañados de grandes estrategias mediáticas que han dejado en la opinión pública la sensación de que este podría ser el “Presidente de los indígenas” (Diario Crítico, 2010).

Gestos como este también han sido dirigidos a otros sectores socia-les. Un ejemplo de ello es el nombramiento del exgobernador del Valle y otrora sindicalista Angelino Garzón como vicepresidente de la repú-blica, buscando disminuir tensiones con los sindicatos, agudizadas en el gobierno pasado, cuando las denuncias sobre violación de derechos a

Juan Manuel Santos y los

pueblosdilemas de la concertaciónDIANA GRANADOSInvestigadora y Junta Directiva de la Corporación Ensayos

Archivo ACIN.

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los sindicalistas generaron obstáculos para el gobierno en el propósito estratégico de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

Además de este tono menos agresivo y más concertador con los sec-tores sociales y organizaciones no gubernamentales, la presentación de varios proyectos legislativos ante el Congreso (a pesar de no haber logra-do total consenso en la bancada del gobierno) resultan de cierta manera progresistas con relación a la política de los anteriores ocho años bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Proyectos como la ley de víctimas y restitución de tierras, y la ley orgánica de ordenamiento territorial, reco-nocen parcialmente la situación de despojo territorial y violencia de la que fueron y son objeto miles de colombianos y colombianas.

No obstante, no hay que descuidar del análisis lo que permanece, y justamente el mismo Santos ha expresado que en su mandato cuidará los “huevos” puestos por el expresidente Uribe: la seguridad democrá-tica, la confianza inversionista y la cohesión social (El Universal, 2010; Lara, 2011).

Reafirmar los proyectos que constituyeron el núcleo de las críticas y movilizaciones de las organizaciones sociales y populares en el gobier-no de Uribe no significa de ninguna manera un cambio de fondo en el modelo económico y, en consecuencia, de respeto hacia las propuestas de autonomía comunitaria y existencia de territorios colectivos. Basta revisar los mapas de concesiones y solicitudes de explotación minera e hidrocarburos, así como los de parques naturales en contraste con los territorios de indígenas y afrocolombianos (Houghton, 2008) para com-probar que no existe una política diferente de respeto y protección de los derechos de las comunidades.

Considerando lo anterior, no se deben subestimar las acciones que en estos meses ha venido planteando el gobierno en relación con los pueblos indígenas. Posterior a la posesión presidencial en territorio in-dígena, Santos hizo acto de presencia en el congreso del pueblo embera celebrado en el municipio del Dovio, departamento del Valle del Cauca. Allí, además de reafirmar su política de respeto a la diversidad, anunció la creación de dos programas de la presidencia para pueblos afrocolom-bianos e indígenas, y de una comisión de alto nivel para hacer recomen-daciones al gobierno en materia de acatamiento de “los compromisos del Estado” hacia los grupos étnicos (sig.gov.co, 2010). En este mismo escenario, el presidente hizo alusión a los acuerdos realizados en la pri-mera Mesa de Concertación entre su gabinete y las organizaciones indí-genas, y entre otros temas destacó como conclusiones: 1) la realización

de la consulta previa para todas las iniciativas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas; 2) la realización de un censo, teniendo en cuenta la cifra de 102 pueblos indígenas presentada por la Organiza-ción Nacional Indígena de Colombia (ONIC), para mejorar la atención de las comunidades por parte del Estado a través de un enfoque diferencial (sig.gov.co, 2010).

Al tiempo que el presidente hacía estos anuncio en el Congreso Embera, 220 organizaciones sociales, populares e indígenas, y más de 15.000 personas sesionaban en el marco del Congreso de los Pueblos en la ciudad de Bogotá, proponiendo cambios y transformaciones de fondo en el modelo social, político y económico actual.

El Congreso de los Pueblos fue un escenario producto de las movi-lizaciones desarrolladas en el marco de la minga social y comunitaria, como un paso más en la propuesta de construir un país incluyente, un orden social justo y desde abajo. La minga fue liderada inicialmente por el movimiento indígena, y en el año 2008 contó con la participación de otras organizaciones sociales y populares que se movilizaron en varias regiones del país.

No es de sorprender que un presidente frecuente espacios de en-cuentro de las organizaciones sociales en un acto demagógico o populis-ta para mostrar su buena voluntad y compromiso con los excluidos. Sin embargo, lo que queda claro es que las agendas populares y del conjun-to del movimiento indígena todavía no logran plena articulación para movilizarse conjuntamente, y que el interés del gobierno es más bien fragmentarlas, intentando hacer ciertas concesiones y demostraciones de apoyo y reconocimiento político a determinados sectores, sin medi-das efectivas y reales para la realización de sus derechos.

LA CONCERTACIÓNLa Mesa Permanente de Concertación, creada mediante el Decreto 1396/1397 de 1996, como fruto de una acción de hecho que implicó la toma de la sede de la Conferencia Episcopal por parte de los indí-genas, tiene el mandato de consultar a estos pueblos sus opiniones y propuestas frente a las políticas que los afectan. Así las cosas, no puede considerarse como un acto de voluntad de parte del gobierno asegurar la realización de la Mesa de Concertación y de los procesos de consulta previa frente a cualquier acto legislativo que los afecte, porque sencilla-mente la consulta previa, libre e informada es un derecho reconocido a nivel internacional e incorporado por la legislación colombiana. De esta manera, la Mesa de Concertación es un derecho y no una concesión.

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Ahora bien, el primer tema de la Mesa de Concertación bajo el go-bierno de Santos ha sido el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prospe-ridad para todos 2011-2014”. El gobierno propuso como parte del PND el diseño y la implementación de un Plan Nacional de Tierras para la titulación, ampliación, saneamiento y clarificación de la propiedad de las comunidades indígenas, estrategias de articulación entre el sistema educativo del Estado, la propuesta del Sistema Educativo Indígena Pro-pio (SEIP), y “armonización” entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria (Presidencia, diciembre 2010).

Estas propuestas fueron presentadas en una de las reuniones de la Mesa, como fragmentos del capítulo para pueblos indígenas del PND. Ante los cuestionamientos por parte de las organizaciones indígenas por presentar estas propuestas sin su participación, se acordaron los pasos metodológicos para avanzar en la concertación e inclusión de las mismas en el PND, fijando una agenda que debe propender por un proceso con-sultivo y de carácter amplio, sin dejar pasar los plazos requeridos para ser tenidas en cuenta (Mitiacanoy, 2010).

En este caso, el llamado a la concertación del PND no representa un cambio en las actitudes del gobierno, se trata más bien del cumplimien-to del derecho a la consulta, mencionado anteriormente.

De la misma manera, aunque el proceso de concertación haya in-cluido temas relevantes para los pueblos indígenas como la política de tierras o las perspectivas en torno a la promoción del sistema educativo indígena propio, la concreción de estos dependerá de la destinación pre-supuestal y la voluntad política para llevarlos a cabo.

ENCRUCIJADAS DE LOS ACUERDOS: EL FRACASO DE LA POLÍTICA TERRITORIALAún cuando varios de los acuerdos generados en la Mesa de Concer-tación permitieron que algunas de las propuestas presentadas por las organizaciones indígenas fueran incluidas en el PND,1 llaman la atención dos elementos centrales en el proceso de concertación. De una parte, frente a la Ley de víctimas y restitución de tierras se acordó la emisión de un decreto con fuerza de ley que regule los derechos y las garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afro-colombianos. Estos pueblos fueron excluidos de la ley que cursa actual-mente en el Congreso por considerar que deberían tener un tratamien-to especial que pase por la consulta previa. Además, las organizaciones

1 www.gerardojumi.com

indígenas lo consideraron prudente para no impedir que la ley siguiera su curso, y que los indígenas y afrocolombianos no se convirtieran en un obstáculo para el avance de la misma.

Algunos análisis plantean que aunque el mecanismo del decreto con fuerza de ley permite que la iniciativa legislativa continúe, y que los in-dígenas y afrocolombianos tengan un proceso de consulta previa dife-rencial, no es tan cierto que sus derechos no se vayan a ver afectados con la ley en curso. Un ejemplo que da cuenta de ello es que en el actual proyecto legislativo se puede disponer de tierras sobre la cuales tanto indígenas como afrocolombianos tienen o pueden tener expectativas.

De esta manera, expedir el decreto ley posterior a la promulgación de la ley no sería un mecanismo efectivo para proteger el ámbito territorial de los pueblos indígenas y afrocolombianos para la restitución de tierras (Houghton, 2010).

Asimismo, en el acuerdo entre las organizaciones indígenas y el go-bierno nacional para el mecanismo del decreto ley no se reconoce la condición de víctimas colectivas de los pueblos indígenas, sino que se refieren a individuos pertenecientes a pueblos y comunidades, descono-ciendo lo planteado en mecanismos internacionales de protección de los derechos de los pueblos. Tal es el caso de la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el carác-ter colectivo de los pueblos en los procesos de reparación y restitución de tierras (Houghton, 2010).

De otra parte, en el proceso de concertación no fue aceptado el re-conocimiento de la autoridad ambiental de los pueblos indígenas como un mecanismo que garantice la protección de sus territorios y el control de los mismos a partir de sus propias instituciones. Este elemento es un gran fracaso teniendo en cuenta que una de las políticas centrales de Santos es el desarrollo de la minería y la adecuación de la ley para que esta sea posible a gran escala. Como se mencionó, muchos de los territo-rios indígenas son objeto de solicitudes y concesiones mineras por parte de las empresas multinacionales.

¿CONCENTRACIÓN?Uno de los antecedentes de las buenas intenciones derivadas en fracasos frente al tema de la concerta-ción entre el gobierno y los pueblos indígenas tuvo lugar en el 2001. Esa vez, la ONIC decidió levantarse de la Mesa Nacional de Concertación aduciendo la manipulación que hacía el gobierno nacional de los

“la desconfianza es mejor que la confianza ante tan reiterada e histórica manipulación y falta a la palabra de los gobiernos nacionales

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procesos de consulta previa para “legitimar una decisión”, en este caso se referían al código minero aprobado por el gobierno de Andrés Pas-trana. La ONIC señaló aquella vez que sus propuestas nunca iban a ser tenidas en cuenta cuando estas se oponían a los megaproyectos que afectan los territorios y favorecen los intereses de las multinacionales (ONIC, 1999).

Así, no resulta nada nuevo para los indígenas que los procesos de apertura y convocatoria para ser parte del proyecto de nación pluriétni-ca y multicultural que profesa la Constitución tengan siempre trabas en torno al reconocimiento pleno de sus derechos y de una real y menos formal autonomía. En este sentido, la buena voluntad debería leerse con sospecha, como lo reitera uno de los líderes indígenas refiriéndose al ac-tual proceso de concertación: “la desconfianza es mejor que la confianza ante tan reiterada e histórica manipulación y falta a la palabra de los gobiernos nacionales” (Muelas, 2010).

LA AGENDA DE CONCERTACIÓN FRENTE A LA AGENDA DE MOVILIZACIÓNTodo parece indicar que la Minga de resistencia social y comunitaria que promovió el Congreso de los Pueblos para construir “una propuesta de país para la vida digna” poco tiene que ver con la “Minga por la prospe-ridad social… la gran minga por la prosperidad democrática” (SIG, 12 de octubre 2011) a la que la unidad nacional convoca, justamente porque no se puede hacer unidad y trabajo colectivo para el beneficio de unos pocos, los de siempre.

En este sentido, el éxito del camino de la concertación y el logro de políticas que detengan el etnocidio y la extinción acelerada de los pue-blos indígenas seguirá dependiendo en gran medida de los consensos que se den en las propias organizaciones frente a los temas neurálgicos para su pervivencia: titulación, saneamiento y ampliación de resguar-dos, política minera, reconocimiento de la autoridad ambiental indíge-na, entre otros. Se trata de generar prioridades en los temas que con-vocan al movimiento indígena y de hacer prevalecer los principios de consentimiento libre, previo e informado para ser incorporados como política, aún teniendo en cuenta que las estrategias del actual gobierno distan de cambios estructurales en el modelo económico.

Igualmente, la concertación política con el gobierno no puede igno-rar la discusión por el tipo de unidad nacional que las partes quieren. ¿Unidos con quiénes? ¿Unidos para qué? Y ante ello, la agenda popular ha venido trazando insistentemente algunos caminos: propuesta de país para una vida digna (Congreso de los Pueblos, 2010). De hecho, valdría

la pena pensar de qué manera el movimiento indígena, en sus propios espacios de concertación e interlocución con el gobierno, incorpora ejes de las agendas construidas con otras organizaciones, dado que las po-líticas que se discuten no solo afectan a los pueblos indígenas sino en general al pueblo colombiano.

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fue-investido-como-presidente-por-los-indigenas.html

La política minero-energética de Santos:

más de lo mismoGERMÁN CORREDORDirector Observatorio Colombiano de Energía, Universidad Nacional.

55


El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha puesto énfasis en el desarrollo económico a través de lo que él ha llamado las “locomotoras del crecimiento”. Estas locomotoras son: i) los nuevos sectores basados en la innovación, ii) la agricultura y el desarrollo rural, iii) la infraestruc-tura de transporte, iv) el desarrollo minero y la expansión energética, y v) la vivienda y el desarrollo de ciudades amables.

Es indudable que este Gobierno tiene la intención de darle más énfa-sis al crecimiento de la economía que a la seguridad, aunque no dismi-nuirá la presión sobre los grupos armados ilegales ni los recursos presu-puestales destinados a la defensa.

Los pilares del modelo tendrán continuidad y, en ese sentido, las lo-comotoras del crecimiento son de cierta manera un desarrollo más aca-bado de la “confianza inversionista” del Gobierno Uribe.

¿BONANZA MINERA?Colombia, como todos los pueblos de América, tiene una tradición mi-nera de siglos. Desde antes del descubrimiento, los pueblos indígenas trabajaron el oro y la plata, y fue precisamente esa riqueza la que originó el despojo de los colonizadores europeos, y fue base de la esclavitud negra como requerimiento de mano de obra abundante y barata para la extracción de estos minerales, ante el diezmo en estos socavones de la población indígena poco acostumbrada a jornadas y condiciones de trabajo tan difíciles.

Sin embargo, y a pesar de los enormes recursos que han sido extraí-dos del subsuelo, el país ha mirado con desdén esta actividad, la cual ha sido adelantada en muchas regiones y para muchos minerales en condi-ciones artesanales y tan difíciles como lo hacían nuestros antepasados indígenas y negros.

El carbón, las esmeraldas, el oro, los materiales de construcción son ejemplos de este tipo de minería que se ha extendido a lo largo y ancho del territorio nacional, casi sin que el país se dé cuenta de lo que pasa. En esto llevamos muchísimos años. Colombia ha sido un país minero.

Pero solo la llegada de la gran minería y de las grandes compañías multinacionales mineras ha llamado la atención de los gobiernos y de los medios, bien sea por su tecnología, por los niveles de producción, pero la mayor parte de las veces por los conflictos con la población y la afectación del medioambiente. Es el caso de la Gold Mining en Antioquia y Chocó; la catástrofe ambiental en muchas de las zonas petroleras y auríferas, especialmente en las primeras concesiones dadas a grandes empresas; su participación en el conflicto o las tragedias en los socavo-

nes son los hechos que de cuando en cuando ocupan la atención de la opinión. Sin embargo, los mineros del carbón, los esmeralderos en per-manente tensión, los explotadores de arena y piedra han estado ahí por años y años sin ser vistos ni oídos por el país.

En los años ochenta, la llegada de la Exxon a la mina de El Cerrejón, y posteriormente la explotación de níquel en el departamento de Córdo-ba, hicieron que la minería, diferente a la explotación de hidrocarburos empezara a ocupar un lugar destacado en la balanza comercial colom-biana. Sin embargo, se trataba únicamente de dos casos que parecían aislados frente a todas las demás actividades industriales, agrícolas y de servicios (especialmente financieros) del país.

A comienzos del presente siglo se da un incremento importante en el precio del oro, que se acentúa en los últimos años ante la crisis finan-ciera mundial, hecho que despierta el apetito de las grandes empresas mineras del mundo por buscar este mineral en todos los rincones del mundo. Esa fiebre llega a nuestro país. Por lo menos dos proyectos gi-gantes de oro inician procesos de exploración y obtención de licencias con el fin de explotarlo de manera masiva en los departamentos de San-tander y Tolima.

Igualmente, por razones similares, el alto precio del petróleo ha he-cho incrementar la inversión en exploración en el mundo entero. Los crudos pesados, que antes no eran tan rentables, ahora sí lo son, y en Colombia se empieza a producir este tipo de crudos en cantidades im-portantes, especialmente en los Llanos Orientales.

Gráfica 1. Miles de toneladas de carbón por total producido y total dedicado a las exportaciones por trimestres entre 2007-2010.

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010

Exportaciones Total producido

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La producción de carbón, con destino a los mercados internacionales, ha tenido un aumento importante en los últimos años, especialmente con la explotación de las minas del Cesar y de Córdoba. Los niveles de exportación muestran un crecimiento sostenido y, como se observa en la gráfica 1, más del 90% de la producción se destina a las exportaciones.

En ese contexto, el Gobierno ha identificado a este sector como uno de los que puede jalonar el crecimiento, vía inversión extranjera en gran-des proyectos de minería. La política consiste entonces en hacer atrac-tiva a las grandes compañías la inversión en el país para la explotación de minerales, especialmente oro, carbón, petróleo, gas y, posiblemente, cobre y bauxita.

Visto exclusivamente desde la perspectiva del crecimiento de la eco-nomía, la explotación de recursos con destino a la exportación contribuye a este incremento pero, sin lugar a dudas, no es la manera más apropiada para que el país logre una mejor distribución de sus riquezas. No se trata solo de crecer, sino fundamentalmente de distribuir mejor ese crecimiento.

La política se enfoca a profundizar el esquema de producción de bie-nes primarios sin mucho valor agregado y sin una transferencia de recur-sos a la población, pues en general este tipo de proyectos, si bien son intensivos en capital, no lo son en mano de obra, es decir, ni siquiera el empleo se verá beneficiado en forma importante con esta estrategia. Lo que económicamente le queda al país son las regalías que en algunos casos como las esmeraldas, el oro o los materiales de construcción son realmente mínimas e insuficientes para reparar los impactos ambienta-les que estos proyectos producen.

La denominada bonanza minera es entonces producto de una situa-ción externa de precios que atrae a las compañías mineras más podero-sas del mundo. El gobierno espera que en los próximos años lleguen al país vía inversión extranjera cerca de US$50.000 millones, cifra realmen-te importante para un país como Colombia pero relativamente menor a la que esperan países como Perú o Chile.

El cuadro 1 muestra que desde el año 2000 la inversión externa en los sectores minero y petrole-ro representa un altísimo porcentaje de la inversión extranjera total en el país.

La pregunta pertinente es qué tipo de bonanza es la que se espera de estos proyectos. Sin lugar a dudas habrá inversión externa y mayores exporta-ciones y se generará algún empleo. ¿Pero los im-pactos en las corrientes de agua, en las comunida-

des aledañas, en el paisaje, en los ecosistemas, podrán ser mitigados al punto que para el país sea benéfico el desarrollo de estos proyectos?

En particular, los dos proyectos auríferos de Santander y de Tolima han recibido numerosas críticas desde el punto de vista ambiental. El primero por afectar una zona de páramo que legalmente debe ser prote-gida, y el segundo por tener un impacto muy negativo en las fuentes de agua que utilizan los habitantes vecinos al proyecto.

LA INSTITUCIONALIDAD MINERAEl país ha venido desmontando gradualmente la institucionalidad mine-ra, lo cual pone de presente la poca importancia que desde el Estado se le ha dado al sector.

Se eliminó la empresa encargada de administrar el carbón, Ecocar-bón, que además cumplía una labor importante en materia de salvamen-to minero y capacitación a los pequeños mineros. Se eliminó igualmente Mineralco, empresa encargada de administrar los recursos mineros dife-rentes a los hidrocarburos y al carbón. Se eliminó el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (INEA), entidad encargada de admi-nistrar y regular los asuntos nucleares. Toda la labor de administración minera se le entregó al Ingeominas, entidad que fue creada como un instituto de investigación y estudio geológico.

Este proceso de desmantelamiento institucional, ocurrido funda-mentalmente en la década de los noventa, explica la poca capacidad del

Cuadro 1. Total de inversión extranjera directa por sectores entre los años 2000-2009

Sector 2000 2004 2008 2009

Porcentajes

Sector petrolero -15,8 16,4 32 36,6

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 0 0,1 0,4 0,2

Minas y canteras (incluye carbón) 20,8 41,3 17 43

Manufactureras 22,8 6,2 16,5 7,4

Electricidad, gas y agua 0,5 2,9 1,5 -13,6

Construcción -0,9 2,4 3,6 4

Comercio, restaurantes y hoteles 0,4 6,7 9,9 8,9

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 36 16 8,1 4,7

Establecimientos financieros 32,5 8,1 10,3 7,6

Servicios comunales 3,6 -0,2 0,7 1,2

Total inversión extranjera directa (USD millones) 2436 3016 110583 7201

FUENTE: DANE, disponible en http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_ent&view=article&id=

“La política se enfoca a profundizar el esquema

de producción de bienes primarios sin mucho valor

agregado y sin una transferencia

de recursos a la población

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Estado para vigilar las condiciones de seguridad de las explotaciones mi-neras, lo que genera un mayor riesgo de accidentes como lo demuestran las tragedias presentadas en los últimos meses.

Ingeominas tampoco tiene la capacidad técnica para administrar efi-cientemente el recurso minero. Ello ha llevado a una feria de entrega de permisos para explotación minera. En los últimos años del gobierno de Uribe el Ingeominas otorgó más de 3.000 permisos, lo cual formaba parte de la política de confianza inversionista.

LA EXPANSIÓN ENERGÉTICAEl otro elemento de la locomotora del crecimiento del actual Gobierno es la expansión energética. En este contexto, el sector energético lo com-ponen fundamentalmente: el petróleo y sus derivados, el gas natural, la energía eléctrica las fuentes alternas de energía y los biocombustibles.

En materia de petróleo y derivados, la expansión en la exploración y producción del crudo se basa por una parte en darle mayores facilidades al capital privado para obtener contratos con la Agencia Nacional de Hi-drocarburos (ANH)1 y, por otro, en el fortalecimiento de la capacidad de Ecopetrol para realizar directamente este proceso.

Dentro de este último objetivo se procederá a aumentar la participa-ción privada de la estatal petrolera, lo cual le dará mayores posibilidades financieras a la empresa y también le generará recursos a la nación para ayudar a financiar el Plan de Desarrollo.

Los precios del petróleo se han mantenido por más de un año en niveles cercanos o superiores a los US$80 por barril. Este precio es sufi-cientemente atractivo para que las compañías destinen importantes re-cursos para la exploración petrolera. Esta situación explica en gran parte el incremento del número de pozos exploratorios en el país, que en los últimos años ha llegado a niveles cercanos a los cien por año, cifra muy superior a la de finales de los años noventa, cuando se hacían entre 10 y 20 pozos, mientras el precio del petróleo era inferior a los US$20 por barril (gráfica 2).

En materia de producción de combustibles derivados, la expansión de la refinería de Cartagena constituye el principal proyecto para la am-pliación de la producción especialmente de gasolina y ACPM para el con-sumo interno.

1 Entidad que desde el año 2003 es la responsable de la administración de los hidrocarburos en Colombia.

La política del gas natural en cuanto a la producción está atada a la política petrolera y el esquema de contratación de áreas promisorias es igual al del petróleo. Lo que se proyecta en los próximos años es la am-pliación de la red de gasoductos, cuya incapacidad se vio reflejada en el racionamiento de gas que vivió el país a finales de 2009 y comienzos de 2010 con ocasión del fenómeno del Niño.

En el sector eléctrico, desde el año 2008 se definieron los grandes proyectos que deben entrar antes de 2018. Dentro de estos proyectos se encuentran las hidroeléctricas de Ituango y Porce IV en Antioquia, Soga-moso en Santander y El Quimbo en el Huila. Estos grandes proyectos han sido objeto de polémica por los efectos ambientales y el desplazamiento de comunidades, especialmente en el caso de Porce IV.

En este último proyecto el conflicto entre la comunidad y la empre-sa ejecutora (EPM) ha sido de tal magnitud que esta última ha decidi-

do suspender la ejecución, lo que significa que el Gobierno deberá tomar la decisión respecto a si el proyecto se hace o se reemplaza por otro.

En cuanto al sistema de contribuciones y sub-sidios que ha permitido que sectores de bajos in-gresos paguen la energía a precios inferiores y, por tanto, tengan acceso a su uso, el Gobierno plantea un cambio en cuanto a disminuir las contribuciones del sector industrial, con lo cual el déficit en ma-

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WTI Brent Carbón

Gráfica 2 . Precio del barril de petróleo 2000 - 2010

FUENTE: Agencia de Energía de EE.UU. y Banco Mundial.Nota: el precio del carbón es de referencia térmico australiano.

“En los últimos años del gobierno de Uribe el Ingeominas otorgó más de 3.000 permisos, lo cual formaba parte de la política de confianza inversionista.

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teria de subsidios puede llegar a ser inmanejable por parte del Estado. Esta situación podría llevar en los próximos años a disminuir el nivel de susidios, afectando a los más pobres del país.

Los proyectos que utilizan fuentes alternas o no convencionales como el viento, la energía solar o la biomasa están relegados, por sus altos cos-tos, a las regiones más aisladas donde la interconexión eléctrica resulta demasiado costosa. El país no posee una política de incentivos para el desarrollo de estas fuentes, por lo que será muy difícil su construcción en tamaños importantes en los próximos años.

El cuadro 2 muestra los proyectos de expansión eléctrica proyectados para los próximos años.

Cuadro 2. Proyectos de expansión eléctrica 2011 - 2018

Central MW Fecha de entrada

Amoya 78 01/12/2011

Gecelca 150 01/12/2012

Termocol 204 01/12/2012

Sogamoso 800 01/12/2014

Mile II 135 01/12/2014

Cucuana 60 01/12/2014

El Quimbo 395 01/12/2014

Porce IV 400 01/12/2015

Pescadero-Ituango 1.200 01/12/2018

Total 3.422

FUENTE: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), disponible en http://www1.upme.gov.co/

La expansión esperada equivale al 25% de la capacidad de generación con la que actualmente cuenta el país.

EL APORTE A LAS FINANZAS PÚBLICAS El sector minero energético, en la medida en que ha venido creciendo, ha adquirido importancia dentro del contexto fiscal de la nación. En tér-minos de participación en el total del impuesto a la renta, los sectores minero y petrolero representan cerca del 30% del total de impuestos recibidos por este concepto.

La gráfica 3 muestra la participación de diferentes sectores económi-cos al impuesto de la renta en el año 2009.

En materia de regalías, los ingresos a los departamentos productores de petróleo y minerales, son enormes y constituyen la principal fuente

Carbón y derivadosExtracción de petróleo crudo y de gas naturalGeneración y suministro de electricidad, gas y aguaProductos químicosOtras actividades no energéticas FUENTE: Superintendencia de Sociedades, 2010.

71%

7%

7%

15%

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Gráfica 3. Participación de diferentes sectores económicos en el impuesto de renta, 2009

Tolima

Córdoba

Santander

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Arauca

Cesar

La Guajira

Casanare

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109136

151151

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210274

307279

389315

594400

693687

487771

2010 2009

Gráfica 4. Ingresos de las regalías por Departamentos 2009 - 2010

FUENTE: Dirección de Regalías DNP, disponible en http://www.dnp.gov.co/Programas/Regal%C3%ADas.aspx

de recursos pero también, infortunadamente, la principal fuente de co-rrupción. En el 2009 los ingresos por regalías para los departamentos productores fueron de 3,3 billones, mientras que en 2010 se proyecta-ban en un valor cercano a 3,2 billones. Las cifras por departamentos se muestran en la gráfica 4.

La distribución de estos recursos genera enorme polémica en el país, especialmente porque los departamentos que no poseen recursos mine-ros no tienen suficientes ingresos para su desarrollo. También, la corrup-ción que se presenta en la ultilización de estos recursos ha planteado la discusión de cómo manejarlos.

El Gobierno de Santos ha presentado una reforma a la Ley de Rega-lías, que básicamente pretende una mejor distribución regional de los recursos, y crea un fondo de ahorro para el manejo de las divisas, con lo

63


cual los recursos que recibirán las regiones se desplazarán en el tiempo. La reforma no toca dos problemas centrales en el manejo de estos dine-ros: la corrupción y la definición de proyectos prioritarios.

En efecto, no se modifican los procesos de contratación, ni se esta-blecen mecanismos de veeduría ciudadana para su control ni mecanis-mos participativos para la definición de proyectos prioritarios. Ello hace pensar que seguiremos viendo megaobras inútiles y proyectos sin nin-gún impacto social como ha ocurrido hasta ahora con buena parte de estos recursos.

CONCLUSIONESComo se deduce de este breve resumen de la política minero-energética del Gobierno actual, existe una continuidad en las políticas con leves reformas en materia de regalías y, posiblemente, en el tratamiento de las licencias ambientales que se otorguen a los grandes proyectos que desarrollará el sector.

Por lo demás, las facilidades a la inversión extranjera, la distribución ineficiente de las regalías y la dificultad de financiación de los subsidios al consumo de energía (electricidad y gas) continuarán como se venían manejando en los gobiernos anteriores.

Se espera, al menos, mayor pulcritud en la contratación y la participa-ción de actores menos involucrados con sectores del narcotráfico y del paramilitarismo como tuvimos que presenciar en el gobierno de Uribe.

REFERENCIASAgencia de Energía de EE.UU. y Banco Mundial. disponible en http://datos.

bancomundial.org/tema/energia-y-mineria

DANE Balanza comercial, disponible en http://www.dane.gov.co/daneweb_

V09/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Item

id=56

DNP, Dirección de Regalías, disponible en http://www.dnp.gov.co/Programas/

Regal%C3%ADas.aspx

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), disponible en http://www1.

upme.gov.co/

Segunda parte

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“El fascismo es algo más que el fenómeno histórico que llamamos hitlerismo:

es una batalla hermenéutica en torno al costo de la historia”.

Reyes Mate

EL NACIMIENTO COMO SEPARACIÓNLa Razón es una invención. Hay un momento de ruptura, pero sobre todo, de separación. La palabra articulada es la señal y el vehículo de la Razón, por eso los humanos dotados de razón hablan, tienen lógos, mientras los animales que emiten sonidos tienen phoné.

Los motivos de la filosofía griega coinciden en este punto con la reli-gión cristiana. La insistencia de Heráclito sobre un lógos que se identifica con la naturaleza de todas las cosas, con la ley divina y con un relato ge-neral (Barnes 2000, pp. 73 y ss.) es transmitida al cristianismo gracias al judío Filón de Alejandría, hasta llegar al evangelio de Juan, que empieza con la sentencia: “en el principio estaba el lógos”; en el principio está la Palabra o el Verbo, que en Tomás de Aquino se entiende como “palabra interior de la mente” o “Concepto” que la mente produce. El pensamien-to occidental, filosófico y religioso, en buena medida se articula apoyado en la polivalencia del lógos.

No nos confundamos. Darwin confirmó una sospecha muy antigua: los humanos somos animales con algunas características especiales, en-tre ellas un pulgar oponible y un lenguaje articulado; pero no es lo mis-mo decir que unos animales pueden hablar y otros no, a decir que los humanos tienen discurso y los no humanos apenas emiten sonidos. La etiqueta de no-humano persigue a la política occidental. Para Aristóte-les, el no-humano no habla con propiedad, apenas tiene una voz (phoné) que logra indicar sensaciones de dolor o agrado (Rancière 2007, pp. 35 y ss.; Agamben 2003, p. 17); pero la voz no se liga con la Razón, mientras el lógos es el indicador y el vehículo del pensamiento racional.

El nacimiento de la razón discursiva incorpora una distinción ontoló-gica, pero esa distinción es previa y anterior a Occidente. El antropólogo Pierre Clastres planteó que toda cultura es etnocéntrica pues las socie-dades indígenas tienden a denominarse a sí mismas como los hombres, los humanos, la gente o las personas, mientras etiquetan como enemi-gos a sus vecinos:

Locuray razón del totalitarismo ALEJANDRO MANTILLA QUIJANOAsamblea Corporación Ensayos

67


[…] los indios guaraníes se llaman Ava, que significa

‘los Hombres’; que los guayaki dicen que son Aché,

las ‘Personas’; que los Aika de Venezuela se procla-

man Yanomami, la ‘Gente’ […] Por el contrario cada

sociedad designa sistemáticamente a sus vecinos con

nombres peyorativos, cargados de desprecio, inju-

riantes. (Clastres, 2001, p. 58.)

En la historia del lógos, en la historia que la Ra-zón se ha contado a sí misma, el nacimiento de la filosofía occidental se liga con la separación y el reemplazo del mito. El mito es el lugar de la sabiduría, mientras la Razón es la brújula para su inalcanzable búsqueda; la sabiduría, a su vez, se identifica con la locura: locura poética, proféti-ca, mistérica y erótica (Colli, 2005, pp. 21 y ss.). El propio Nietzsche, no precisamente conocido por su confianza en la Razón de Occidente, se apoya en la separación: Tales de Mileto es el primer filósofo y el último sabio: “Tales se diferencia de ellos [los sabios] porque es no mítico. Su contemplación se basa en conceptos […] Él establece relaciones, aspira al todo, a una imagen de mundo” (Nietzsche, 2003, p. 22). Los sabios cuentan mitos, los filósofos trabajan con conceptos.

Entramos entonces en dos paradojas. En primer lugar, el pretendido rechazo racional de los mitos se constituye en el mito más efectivo. La atrevida tesis de Giorgio Colli sobre el nacimiento de la filosofía lo ex-presa con claridad: la filosofía es un género literario que nació con el dramaturgo Platón, escritor de diálogos (Colli, 2005, pp. 113 y ss.); la lucidez racional depende de la locura poética. Más adelante volveremos sobre los otros tipos de locura, pero por ahora observemos una aprecia-ción de Heidegger, quien también supo resumir este problema: “Creer que el mito fue destruido por el lógos es un prejuicio de la historia y de la filología, un prejuicio que, sobre la base del platonismo, estos to-maron del racionalismo moderno” (Heidegger, 2005, p. 22). En segundo lugar, encontramos que la Razón política occidental, en su separación entre phoné y lógos, coincide con las elaboraciones míticas de algunos pueblos indígenas: lo humano es lo propio, lo no-humano es lo foráneo pero conocido. La identidad pasa por desconocer lo que está afuera de la comunidad; así como el lenguaje racional de los griegos es el lenguaje de la polis que califica peyorativamente como meros sonidos al lenguaje de los que no califican para ser ciudadanos.

Todo nacimiento implica una separación entre dos entidades que ya están vivas. El nacimiento del mito es la narración del origen de los

pueblos que se juzgan a sí mismos como humanos para separarse de quienes no lo son. El nacimiento de la filosofía es la separación entre el lenguaje racional y la narración mítica, que coincide con la distancia entre los humanos y los no-humanos. El nacimiento de la política es la separación entre grupos humanos que o bien se relacionan, o bien se re-pelen en antagonismo. El nacimiento de toda política totalitaria implica reducir la política a la presunta diferencia entre humanos y no-humanos.

¡JUDÍOS, JUDÍOS POR TODAS PARTES!Decir que la Razón es una invención implica afirmar dos tesis: en primer lugar, la Razón no es natural, no se identifica con la mente o con la con-ciencia, la razón es un principio metafísico, al menos en tres sentidos: aquello que se constituye como la primera causa o principio, aquello que está más allá de las cosas físicas y aquello que es incondicionado, es decir, que no tiene condición fuera de sí mismo (Meléndez, 2003; Gron-din, 2006).

En segundo lugar, la primacía de la Razón no es inherente a la con-ciencia humana, es más, la Razón bien puede entenderse como un des-bordar de la vida humana para constituirse en el patrón de evaluación de su experiencia en su totalidad histórica. En Hegel encontramos el cul-men de este pensamiento, la Razón es “un hacer o un actuar conforme a un fin […] y por de pronto la expulsión o el destierro de los fines ex-ternos o del finalismo externo” (Hegel, 2006, p. 126). El lógos hegeliano se constituye como un dinamismo racional que se forja como absoluto; el vehículo de su movimiento será el concepto, entendido como conoci-miento que caracteriza a una época y que no puede ser superado hasta que no haya agotado todas sus potencialidades, solo en ese momento se pueden determinar los límites del concepto y el sentido de su supe-ración. El agotamiento de las potencialidades del concepto recorre el camino del fin intrínseco de la Razón, que traza una ruta escrita como Historia Universal. Como escribe en el número 549 de la Enciclopedia:

Se ha llamado apriorística a la contemplación de la historia que presupo-

ne en ella un fin que está-siendo en y para sí y [que presupone también]

las determinaciones que se desarrollan desde ese fin con arreglo al con-

cepto; y a la filosofía se le ha hecho el reproche de escribir historia aprio-

rísticamente; sobre este asunto y sobre escribir historia en general hay

que hacer una advertencia más precisa. Que en el fondo de la historia,

y precisamente de manera esencial en el fondo de la historia universal,

resida un fin final en y para sí y que este fin se haya efectivamente reali-

zado y se realice en ella (el plan de la Providencia) que en la historia en

“El nacimiento del mito es la narración del origen

de los pueblos que se juzgan a sí mismos como humanos

para separarse de quienes no lo son.

69


general haya razón ha de decidirse de suyo filosóficamente y por tanto

como cosa necesaria en sí misma y de por sí (Hegel, 2008; p. 566, § 549).

Esa expresión de la Historia debe tener, necesariamente, una clave política ineludible, la formación del Estado como resultado del movi-miento de la Razón:

Por lo que se refiere a la existencia de un pueblo, el fin sustancial consis-

te en ser un Estado y mantenerse como tal; un pueblo sin organización

estatal (una nación como tal) no tiene propiamente historia, como no

la tuvieron los pueblos que existieron antes de la formación de sus res-

pectivos Estados, ni la tienen los que existen hoy todavía como naciones

salvajes. Lo que le sucede a un pueblo y ocurre en él tiene su significado

esencial en relación al Estado; las meras particularidades de los indivi-

duos son lo más lejano al objeto pertinente de la historia (Hegel, 2008,

p. 568, § 549).

El Estado, al igual que el concepto, son vehículos del lógos que se expresa históricamente. Los individuos y los pueblos sin Estado tienen Historia, la padecen. Son pueblos e individuos abandonados por la pro-videncia, de ahí que la Razón hegeliana se mueva en el mismo plano de la locura profética. El filósofo judío Karl Löwith (2007) sostuvo que la filo-sofía de la historia occidental podía comprenderse como una interpreta-ción sistemática de la historia del mundo donde todos los hechos acae-cidos podían comprenderse referidos a un sentido último, un fin interno, un telos. El acierto de Löwith radica en mostrar cómo esa elaboración no era exclusiva de Hegel, sino que tenía su lejano origen en una inter-pretación teológica que se remontaba a los profetas bíblicos: la historia tiene sentido porque debe culminar en la salvación, y en esa línea la idea moderna de progreso puede bien concebirse como una secularización de una revelación teológica que remonta al pueblo judío que espera al Mesías. Así el lógos judío es más crucial que el griego, pues para los pue-blos helénicos la historia no podía tener un sentido de consumación, ya que el tiempo debía comprenderse como inmutable de manera análoga a la cuidadosa ordenación de los astros.

La locura profética se confunde así con la racionalidad histórica del progreso universal, de la historia que debe consumarse y debe cobrar un precio sobre los pueblos salvajes y los individuos prescindibles; por eso Hegel es una de las expresiones culminantes de la integración entre la Razón y el destino providencial avisado por los profetas. La mayoría de individuos son prescindibles, la Historia bien puede pasar sobre ellos;

pero incluso los individuos que dejan marca, como un César o un Napo-león, son agentes históricos de un curso ascendente que los desborda y los obliga a remar para fortalecer la corriente del río. Desde la Razón his-tórica la humanidad entera puede ser identificada con la no-humanidad, pues la Historia desborda a los humanos.

A principios del siglo XX otro filósofo judío, Franz Rosenzweig, toma-ría a Hegel al pie de la letra para asumir su mensaje con todo lo que im-plica. No se puede salir del universo hegeliano, solamente nos podemos situar en otra perspectiva, por ello es necesaria una doble operación: asumir que la dialéctica de la Historia universal se cumple en el horror de la Guerra Mundial entre los Estados europeos y, al mismo tiempo, pro-clamar la existencia de un Yo individual que busca la redención frente al Dios judío (Mosès, 1997, p. 53). La catástrofe y no la redención profética es el resultado de la Razón histórica. De ahí que Rosenzweig defienda la urgencia de un Nuevo Pensamiento que sustraído de la Razón históri-ca pueda juzgar la catástrofe desde el Yo individual. Debe pensarse una historia por fuera de la Historia, aquella vivida por los pueblos sin Esta-do, por los excluidos de la locura del lógos; para el caso de Rosenzweig, el pueblo judío es la mejor expresión de una exclusión múltiple en dos sentidos. Por un lado, porque la identidad hegeliana entre el Ser y el Conocer implica que los judíos no son reconocidos como un pueblo en el aspecto del Ser, que no hacen parte del lógos universal en el Conocer y que no hacen parte de la Historia. Por otro lado, porque desde el inicio de nuestra era el pueblo judío fue privado de su lengua, su tierra y su ley (Reyes Mate, 2008, p. 96).

Por eso el totalitarismo, como bien recuerda Reyes Mate siguiendo a Rosenzweig, es consecuencia del idealismo. La violencia está ligada a la metafísica:

Tengamos presente, en efecto, que el núcleo originario de este Neues

Denken (Nuevo Pensamiento de Rosenzweig) es de una ambición des-

medida: quiere enfrentarse a la totalidad del pensamiento de Occidente

que se subsume bajo el calificativo de idealismo. Todo el pensar occiden-

tal “desde los jónicos hasta Jena” (es decir, desde los presocráticos hasta

Hegel) es idealista porque reduce la pluralidad de la vida a la unidad del

concepto, como si pensar la realidad fuera pensarse. Tales da la pauta de

la filosofía cuando proclama que “todo es agua”. Eso es muy peligroso

porque si se reduce toda la pluralidad de la vida a un único elemento —

que hoy puede ser el agua y mañana la raza— por exigencias del guión,

es decir, del concepto, que sólo conoce reduciendo la pluralidad a un

único elemento común, que llama esencia, entonces resulta que el tota-

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litarismo y la violencia acompañan necesariamente a nuestro modo de

pensar (Reyes Mate, 2008, p. 196).

El concepto que comprende la totalidad puede expulsar a los huma-nos de lo humano. La raza, la Historia, el progreso, o la mercancía no solo son conceptos que permiten comprender la totalidad de los hechos, también son la palanca que posibilita el sacrificio de quienes se oponen a ellos. No se puede pensar en el totalitarismo sin esta operación. Pero en el seno de la crítica de Rosenzweig se encuentra una paradoja fun-damental: el pueblo judío como fundador de la locura profética de la historia como salvación es una de las víctimas principales de la marcha de la historia.1 Tal vez Rosenzweig era consciente de esa situación al pro-clamar que sus reflexiones buscaban inaugurar un Nuevo Pensamiento judío frente a la propia racionalidad de la tradición judía.

Pero no basta enunciar que el concepto sacrifica a quienes no en-cuadran en él. Tal vez para el totalitarismo ocurre lo contrario, el señala-miento de lo no-humano es la base para que el concepto pueda tomar fuerza. El caso de los judíos es ejemplar al respecto; como lo ha mostra-do Bauman (1997, pp. 49 y ss.), la identidad de la cristiandad se forjó en buena medida gracias al rechazo de los judíos, pero posteriormente se pasó del rechazo del judío efectivo a la postulación del “judío concep-tual” que reunía lo peor de la especie, por eso el orden de la sociedad se apoya en la persistente amenaza del caos y la devastación que se identi-fica con un judío imaginario.

El judío conceptual opera como la concreción del no-humano que se encuentra por fuera del lógos y permite constituirlo. Pero ese no-huma-no tiende a ser escurridizo, pues no puede ubicarse con facilidad: es el capitalista Rothschild, pero también la comunista Rosa Luxemburgo; es el fiel rabino, pero también lo es el excomulgado Spinoza. La indefinición de ese judío conceptual se complementa con su polivalencia: pueden ser los comunistas que amenazan la propiedad privada, los homosexuales

1 En esa línea puede decirse que el sionismo como proyecto político utópico de darle a los judíos un Estado del que carecían, es el proyecto de hacerlos entrar en la Historia hegeliana de la que fueron privados. Los actos criminales del Estado de Israel contra el pueblo palestino no son simplemente el resultado de una desviación de la historia del pueblo judío, sino más bien el resultado del ansia por entrar en la Historia del lógos occidental. Si Rosenzweig pretendía hacer una contrahistoria desde el judaísmo, el proyecto sionista es la negación de la contrahistoria judía para entrar a la Historia Universal.

que atentan contra la familia tradicional, las mujeres que defienden su derecho a decidir, los indígenas que luchan por el territorio.

En ese orden, la política totalitaria oscila entre dos polos que se com-plementan: por un lado defiende el mantenimiento de un orden que se sostiene gracias a la defensa de las amenazas de quien ocupe el lugar del judío conceptual. Por otro, la política es el ejercicio del enfrentamiento entre enemigos para eliminar al anticristo. La formulación más acaba-da y macabra de esta posición la encontramos en el jurista alemán de principios de siglo Carl Schmitt. Una de sus obras fundamentales lleva por título El concepto de lo político, publicada en 1932, un año antes del ascenso de Hitler al cargo de canciller alemán. Para Schmitt, la definición de lo político se delimita en razón de la distinción entre amigo y enemi-go, entendiendo este último como “simplemente el otro; el extranjero” (Schmitt 2001a). El otro, el extranjero, bien puede entenderse como el no-humano, como el no-perteneciente a la comunidad en el análisis de Clastres, o el judío conceptual en la clave de Bauman.

Para Schmitt, el “enemigo es solo el enemigo público, puesto que todo lo que deviene a semejante agrupamiento, y en particular a un pueblo integro, deviene por ello mismo público”; en suma, el enemigo es público porque amenaza el orden y por eso debe ser enfrentado. Ese concepto de enemigo no funciona como simple metáfora pues se dirige a la eliminación física del adversario:

lucha no significa competencia, no se trata de lucha “puramente espiri-

tual” de la discusión, ni del simbólico “luchar” que en última instancia

todo hombre de algún modo realiza siempre, puesto que en realidad la

vida humana es una lucha y todo hombre un “combatiente”. Los concep-

tos de amigo, enemigo y lucha adquieren su significado real por el hecho

de que se refieren de modo específico a la posibilidad real de la elimina-

ción física (Schmitt, 2001a, pp. 182 y 183).

Este adversario se puede definir a partir de criterios variados: “Todo enfrentamiento religioso, moral, económico, étnico, o de otro tipo se transforma en un enfrentamiento político si es lo bastante fuerte como para reagrupar efectivamente a los hombres en amigos y enemigos” (Schmitt, 2001a, p. 186). Por último, aunque ya ha advertido que el enfrentamiento implica la eliminación física, el asesinato del otro, ello no implica que el enemigo sea confundido con el combatiente o con el hombre en armas; el adversario puede ser cualquiera que sea identifi-cado como parte del enemigo, pues: “la movilización total anula la dife-rencia entre el soldado y el paisano […] de igual modo el soldado puede

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convertirse en paisano, el paisano en soldado o am-bos en un tercer tipo nuevo” (p. 143).

DEL PROGRESO COMO GENOCIDIOSi la locura profética generó una concepción de la historia ligada a la providencia, la Ilustración del si-glo XVIII y sus hijos no pretendieron modificar esta posición, sino secularizarla. La salvación ya no podía leerse en clave divina, era necesario sustituir la cla-ve teológica por el sustento material, así se pasa del mito de la providencia al mito del progreso. En esa tesis coinciden los ilustrados Turgot y Condorcet, el anarquista Proudhon y el positivista Comte, todos ellos fervientes ateos para quienes la Histo-ria marcha hacia adelante de manera ininterrumpida, pero no gracias a la revelación profética sino a los avances de la ciencia y la razón. De esta manera, se constituyeron en voceros del mito del progreso como una profunda paradoja en el pensamiento moderno: una idea de claros ante-cedentes teológicos pero sostenida gracias al vigor ateo, “por su origen es cristiana pero, en su tendencia, es anticristiana” (Löwith, 2007, p. 83). Razón y mito siguen de la mano.

Esta paradoja acompaña otro desajuste del pensamiento ilustrado, la problemática sobre la brecha entre modernidad y modernización. Mientras el concepto de modernización se vincula a la idea de progre-so, a los avances tecnológicos y a las grandes revoluciones industriales, el concepto de modernidad se entiende como una mentalidad basada en la centralidad de la subjetividad individual, que exige el pensar por sí mismos, lo que desemboca en un ideal de emancipación entendido como el liberarse de las tutelas externas. En principio, el mito del pro-greso es un entrecruce de la modernidad y la modernización, ya que ambas coinciden en su confianza en el mejoramiento de las condiciones de la humanidad, pues tanto la emancipación humana como los avances tecnológicos son empujados por una razón que se rebela (y se revela) contra el rigor de las autoridades absolutistas.

La confianza en la razón individual implicó la ruptura de la gran cade-na del Ser que inspiró, con matices, a buena parte de la filosofía medie-val; en ese orden ontológico se toma como referencia a Dios entendido como primer principio, mientras el humano es una criatura. La ruptura asume que la Razón humana es un nuevo centro y que el humano ya no es una criatura sino un sujeto, mientras las demás criaturas pasan a ser

objetos. La oposición sujeto-objeto va a ser un motivo fundacional para el pensamiento moderno.

Precisamente, el desajuste entre modernidad y modernización ra-dica en la oposición sujeto-objeto, como bien plantearon Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la ilustración, pues el despertar del sujeto se confundió con el despertar del poder y el quehacer científico bus-có dominar a las criaturas como objetos susceptibles de manipulación. La ciencia moderna dejó de constituirse como fuente de emancipación, para confundirse con la técnica y generarle utilidades al capital (Ador-no y Horkheimer, 2004). Para estos filósofos, el pensamiento ilustrado contiene el germen de su regresión, pues la Ilustración se convierte en el mito del progreso. En esa conversión la producción de mercancías, como motor de la acumulación de capital, pasa a ocupar el motivo ocul-to de la modernización y el progreso. Una reflexión de Adorno de 1931 enmarca este vínculo; para él, la cuestión de la cosa en sí, aquella que resulta incognoscible para el entendimiento humano, coincide con la mercancía (Adorno, 1994, pp. 91 y ss.). El enigma filosófico, aquello que el pensamiento habitual tiende a pasar por alto, es la mercancía como misterio inescrutable. Marx ya había anticipado esta reflexión en su ca-pítulo sobre el fetichismo de la mercancía; la mercancía es el enigma, el misterio, donde las relaciones entre humanos aparecen como la relación fantasmagórica entre cosas (Marx, 2001, pp. 87 y ss.).

El mito del progreso implica la coincidencia entre la locura profética y la locura mistérica: la profecía del progreso y el misterio de la mer-cancía coinciden como excesos de la razón ilustrada. Tres consecuencias complementarias conllevan estos excesos. En primer lugar, encontramos que el misterio de la mercancía es la base de la elevación del capitalis-mo al estatus de religión, como bien lo comprendió Walter Benjamin. El capitalismo es una religión cultural, sin dogmática ni teología, es una religión pagana cuyo ritual no tiene pausa pues todos los días son fes-tivos, el ciclo de producción y consumo no tiene interrupción ni conoce descanso; se trata de un culto que produce culpa y deuda que no está destinado a expiarla, sino a reproducirla. Es una religión que no produce expiación, pues universaliza el endeudamiento, universalizando la culpa. Además, desaparece la referencia trascendente, el capitalismo es la re-ligión de la inmanencia total, apropiándose de los referentes míticos de las religiones pasadas para construir su propio mito, volviendo cáscaras vacías a esas religiones. Benjamin también señala el carácter mítico / mistérico de la lógica económica del capital, que actúa como los ídolos religiosos, pues se trata de artefactos hechos por manos humanas que

“Estabilidad, progreso y decadencia son la ruta que sigue la catástrofe

y el sufrimiento de los individuos

y las comunidades,en ese camino el límite

último será la aniquilación

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adquieren poder sobre sus hacedores (Zamora, 2009). Ese poder religio-so de la mercancía implica una deshumanización de quienes la produ-cen, como planteó Marx en los Manuscritos, de ahí que la metafísica del capital conlleve la deshumanización de una clase social que participa de la producción, en provecho de la humanización de la clase que controla la producción. Las y los trabajadores son no-humanos, al ser concebidos como objetos de la producción, no como sus sujetos. Las personas que trabajan son el objeto sacrificial en la religión del capitalismo, mientras la mercancía y la ganancia son lo sagrado que se enaltece con la producción.

La segunda clave también fue captada por Benjamin, quien contó en-tre sus influencias a la teología judía de Rosenzweig integrándola con su lectura del marxismo. Esta clave tiene como base la crítica del progre-so como mito profético asumido como sustento de la modernización. En contravía de los ilustrados que saludan al progreso como la marcha correcta de la Historia, Benjamin señala al progreso como la fuente de la catástrofe. En las Tesis de filosofía de la historia el progreso no es el cumplimiento de una promesa de liberación, este es análogo al huracán que cobra vidas humanas y deja nuestro presente en ruinas. El ángel de la historia no mira al futuro, su rostro está orientado hacia el pasado, busca despertar a las víctimas del progreso: a las víctimas de la guerra imperialista asesinadas con armas químicas, a los pueblos indígenas víc-timas de la masacre de la colonización, a las trabajadoras y trabajadores sacrificados por el capitalismo, e incluso a la propia naturaleza destruida por la modernización industrial (Benjamin, 1994; Löwy, 2005). Aunque el filósofo escribe este texto en 1940, anuncia tanto los campos de concen-tración nazis, como la bomba de Hiroshima y la catástrofe de Chernobil, donde el progreso tecnológico fue agente de destrucción.

En un texto anterior, Dirección única, Benjamin hace coincidir al pro-greso y a la decadencia como dos formas de miseria estabilizada. La salvación, la revolución, la redención, sólo se encontrarán en un gesto extraordinario que prefigura lo que luego llamaría la ruptura del conti-nuum de la historia. Estabilidad, progreso y decadencia son la ruta que sigue la catástrofe y el sufrimiento de los individuos y las comunidades, en ese camino el límite último será la aniquilación (Benjamin, 1987, p. 28). La lucidez de esta reflexión no radica en su carácter de avisador de incendios o de profeta de la catástrofe concretada en el genocidio; su brillantez radica en mostrarnos cómo el nacional-socialismo y su proyec-to de aniquilación de judíos, comunistas, homosexuales, gitanos y dis-capacitados no fue resultado de un plan extraordinario, sino una conse-cuencia esperable del curso estable de la historia moderna. Igualmente,

podemos inferir que el estalinismo es precisamente la estabilización de lo que otrora fue extraordinario.

La tercera clave es la comprensión de la modernización como la apertura de una ingeniería social que posibilita la matanza sistemática de individuos y comunidades. Como bien lo muestra Bauman (1997), el holocausto puede entenderse como resultado de la organización social burocrática aunada a la tecnología como posibilitadora de un proceso masivo de exterminio. Las SS eran una tropa de asesinos, pero el depar-tamento de la oficina central de esa tropa de criminales se denominaba “Sección de administración y economía”. En la base del genocidio con-tra los judíos estaba la organización racional / burocrática de la política moderna. Un buen burócrata entiende la sociedad como un bien que se debe administrar y como una serie de problemas por resolver. En ese orden, las personas son objetos para manipular, máxime si han sido re-legadas al plano de la no-humanidad.

En su ensayo sobre el juicio del criminal nazi Adolf Eichmann, la filóso-fa Hannah Arendt llamó la atención sobre la personalidad del genocida: para los psiquiatras israelíes Eichmann era un hombre como cualquiera; el comportamiento con su familia más que normal, era ejemplar. No era un fanático antisemita, ni siquiera sentía un particular odio contra los judíos. En muchas ocasiones afirmó ante el tribunal: “Ninguna relación tuve con la matanza de judíos. Jamás di órdenes de matar a un judío, ni a una persona no judía. Sencillamente no tuve que hacerlo”. Pero dejó claro que hubiera matado a su propio padre si se lo hubieran ordenado. Los nazis seleccionados para ser jefes no eran sádicos, ni homicidas por naturaleza, por el contrario, los jefes hacían un esfuerzo sistemático por

eliminar de las organizaciones a aquellos que expe-rimentaban placer al cumplir su misión. Los asesi-nos no encontraban placer al ejecutar los crímenes, por el contrario, decían: “Qué horribles espectácu-los tengo que contemplar para cumplir mi misión” (Arendt, 2006).

Bauman encuentra en el relato de Arendt el re-sumen de la ingeniería social moderna esbozada en la sociología de Weber: los nazis no eran unos simples asesinos psicópatas, los nazis eran unos bu-rócratas cuyo oficio era asesinar; es precisamente eso lo que los hacía monstruosos, lejos de mostrar-se como resultado de una patología, eran resultado de la racionalización de la burocracia moderna. Lo

“El hitlerismo es resultado de la locura de la razón metafísica, de la fuerza del lógos que muta en unaprofética de la Historia, de la ansiedad modernizadora de dominar las criaturas tratándolas como objetos, y del progreso como mito racional que posibilita una ingeniería social genocida.

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aterrador de los crímenes nazis es la coincidencia entre lo normal y lo patológico, pues la distancia entre ambos momentos se desvanece. Lo normal del quehacer burocrático se liga con lo patológico de la aniqui-lación. Lo antierótico de la función burocrática es complementado con la erótica de la raza aria. La locura erótica coincide con la racionalidad instrumental, eros y thanatos se funden para posibilitar la masacre. Mar-gareth Canovan, inspirada en Hannah Arendt, lo analizó de manera bri-llante:

Aunque esa gente [común y respetable] ni habría soñado con cometer

crímenes mientras vivía en una sociedad en la que tales actividades no

eran frecuentes, se adaptaron sin mayor esfuerzo a un sistema en el que

crímenes descarados contra categorías enteras de personas eran mone-

da corriente. En lugar del “no matarás”, que parecía la más indiscutible

regla de la existencia civil, esa gente no tuvo problemas en aceptar las

normas nazis, según las cuales matar era un deber moral por el bien de

la raza. Principios que habían sido obvios, comportamientos morales que

habían sido “normales” y “decentes” ya no podían darse por sentados

(citada por Bernstein, 2006, 325).

DE BÍOS A ZOÊ, O LA POLÍTICA DEL TERCER CHIMPANCÉGiorgio Agamben (2003) ha escrito una de las obras que con mayor rigor ha indagado sobre estas cuestiones. Una de sus tesis centrales distingue entre bíos y zoê. En la tradición griega, Zoê representa el mero hecho de vivir, mientras bíos es la vida políticamente cualificada. Esta distin-ción, destacada desde Platón y Aristóteles, implica que la vida natural no es asunto de la política. No obstante, los trabajos de Arendt y Foucault mostraron que las técnicas políticas de la modernidad tendieron a redu-cir la diferencia entre bíos y zoê, al desplazar el objeto de la política de la organización de la vida social al ejercicio del poder sobre los cuerpos vivientes de los humanos. Si la Zoê o nuda vida era excluida de la política griega, en la modernidad pasó a ser el principal objeto de gestión. Tam-bién es claro que la oposición entre zoê y bíos se liga a la distinción entre phoné y lógos, pues al entrar en la vida política cualificada, en el bíos, de-bemos despojarnos de la mera phoné para entrar en el terreno del lógos.

El punto crucial radica en el sacrificio. La modernidad ha basado bue-na parte de su discurso en la noción de derechos del humano, así la nuda vida se trata de manera paradójica, pues como vida biológica le puede ser arrebatada a cualquiera, pero al reconocer los derechos por el solo hecho de ser humano, la nuda vida se presume insacrificable. La demo-

cracia moderna ha partido de la reivindicación y liberación de la nuda vida, buscando transformar la zoê en bíos, a la vida biológica en la forma de vida. Esta operación implica, para Agamben, un problema fundamen-tal: “Nuestra política no conoce hoy ningún otro valor (y en consecuen-cia ningún otro disvalor) que la vida, y hasta que las contradicciones que ello implica no se resuelvan, nazismo y fascismo, que habían hecho de la decisión sobre la nuda vida el criterio político supremo seguirán sien-do desgraciadamente actuales”, a lo que añade, “lo que los campos de concentración habían enseñado de verdad a sus moradores era precisa-mente que el poner en entredicho la cualidad del hombre provoca una reacción cuasi biológica de pertenencia a la especie humana” (Agamben, 2003, p. 20).

Esta tesis de Agamben tiene una lejana resonancia en un texto escri-to por Emmanuel Lévinas en 1933, apenas unas semanas después del nombramiento de Hitler como canciller alemán. Para Lévinas, la filosofía de Hitler se basa en despertar sentimientos elementales que a su vez ori-ginan el despertar de la raza alemana. Así el hitlerismo pone en cuestión los principios de la civilización. Si el alma como abstracción nos libera de la realidad concreta, el liberalismo ha secularizado esta visión al en-tregarnos la libertad soberana de la razón. Para la filosofía occidental el cuerpo ha sido sinónimo de una carga, de ahí que el hitlerismo proceda a la anulación biológica del espíritu para anular la autonomía y la libre voluntad (Lévinas, 2001).

Mi argumentación va en un sentido distinto (aunque no contrario) a ambos autores. El hitlerismo no puede ser comprendido simplemente como el despertar de sentimientos elementales, ni como la mera reduc-ción de la vida política a la vida biológica. El hitlerismo es resultado de la locura de la razón metafísica, de la fuerza del lógos que muta en una profética de la Historia, de la ansiedad modernizadora de dominar las criaturas tratándolas como objetos, y del progreso como mito racional que posibilita una ingeniería social genocida.

La cuestión no radica en la oposición entre zoê y bíos, sino en repen-sar nuestra comprensión de la vida biológica para resituar nuestra cons-trucción de la vida política, procurando incluso anular esa separación. Hoy sabemos que hay tres tipos de chimpancé: el chimpancé común u Homo troglodytes, el chimpancé pigmeo u Homo paniscus y el tercer chimpancé, especie que se bautizó a sí misma con el término Homo sa-piens (Diamond, 2007). Saber que somos animales humanos es una de las maneras de asumir una crítica radical del idealismo totalitario desde el materialismo y el realismo. Implica pasar de la metafísica del lógos

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a las relaciones efectivas entre humanos; desmon-tar la odiosa retórica de la oposición sujeto / objeto que esconde relaciones de dominación y explota-ción de la naturaleza; subvertir la historia para darle importancia al tiempo, socavando el mito del pro-greso; cuestionar la omnipotente Razón e indagar por la falible mente humana. Esta política deberá romper el problemático puente entre Hegel y el marxismo, para asumir el inesperado vínculo entre Darwin y Marx.

Con su habitual agudeza, esta preocupación ya ha sido esbozada por David Harvey (2003) y Perry Anderson (1986), y ha tenido una brillante expresión en la filosofía de Noam Chomsky. Cierro con una de sus mejores intervenciones al respecto:

Creo que las ideas políticas de cada cual, o sus ideas sobre la organiza-

ción social, deben basarse en última instancia en algún concepto acerca

de la naturaleza humana y de las necesidades humanas[…] discurriendo

por este camino se puede llegar realmente a constituir una ciencia social

en la que determinado concepto de organización social se halle vincu-

lado a un concepto sobre la naturaleza humana, que esté debidamente

cimentado empíricamente y que de alguna manera incluso lleve a juicios

de valor sobre la forma de sociedad a adoptar, cómo debería cambiar y

cómo habría de ser reconstituida […]

Considero que la verdadera creatividad equivale a la acción libre dentro

del marco de un sistema de reglas […] Me gustaría suponer en el terreno

de lo real, y sobre la base de la esperanza en la especie humana, que

existan estructuras mentales innatas. Si no las hay, si los humanos son

organismos puramente plásticos e informes, entonces son los objetos

ideales para el moldeamiento de la conducta.

En mi opinión entre las características biológicas que determinan la na-

turaleza del organismo humano hay unas que se relacionan con el de-

sarrollo intelectual, unas que se refieren al desarrollo moral, otras al

desarrollo como miembro de la sociedad humana, algunas relacionadas

con las realizaciones estéticas. Presumo que son restrictivas y que puede

afirmarse que todas esas restricciones constituyen la naturaleza humana

(Chomsky, 1971).

El núcleo de la gramática generativa de Chomsky es una intuición abiertamente libertaria: las lenguas humanas tienen un patrón común y sus diferencias son menores al situarlas en ese patrón universal, que

es natural e innato. Considero que esa tesis puede coincidir con las po-siciones de Marx acerca del humano como ser genérico, con la tesis de Spinoza sobre la comprensión del humano como naturaleza naturada, con el empirismo de Hume y su defensa de un sentimentalismo moral, y con la ley de la evolución por selección natural postulada por Darwin.

En todos los casos anteriores no hay lugar para tratar al semejan-te como un no-humano. Ese puede ser un sendero para desmontar la política totalitaria, incluyendo al totalitarismo liberal y el totalitarismo capitalista.

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200 años de

caciquismo en Colombia

Algunas reflexiones sobre la cultura política

CARLOS ANDRÉS ZAPATA C.Junta Directiva de la Corporación Ensayos

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INTRODUCCIÓNEn los últimos años en Colombia ya no es anormal escuchar por los me-dios de comunicación la apertura de procesos y la imposición de conde-nas judiciales contra políticos que han tenido nexos con grupos narco-paramilitares. Más de un centenar de congresistas han tenido que pasar ante la justicia. Los capos paramilitares esporádicamente están denun-ciando sus vínculos con los caciques regionales y con miembros de la fuerza pública, aunque todavía denuncian tímidamente a los políticos del poder central y en nada a los grandes poderes económicos. Este he-cho, conocido como parapolítica, no deja de ser más que la expresión actual del caciquismo y gamonalismo que siempre ha estado presente en la historia política del país.

La parapolítica sintetiza la cultura política colombiana en relación con lo electoral, con prácticas de corrupción, y de compra y venta de vo-tos que van desde los veinte mil pesos en sectores populares hasta las abundantes donaciones de empresas a campañas políticas las cuales, después en el poder, devuelven con creces los favores recibidos con im-portantes concesiones de bienes públicos y una legislación favorable a la rentabilidad segura de la inversión de esos donantes.

La presencia de estos elementos en las prácticas políticas colombia-nas es algo tan antiguo que va mucho más allá de la constitución de la república. El profesor Malcolm Deas (2006, pp. 27-62), en su ensayo “Al-gunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia”, señala cómo desde 1830, cuando aún las estructuras partidistas eran incipientes, se empiezan a confeccionar las artimañas del caciquismo, configurándose desde entonces como uno de los fenómenos que más ha influenciado la participación política en Colombia. Aunque tradicionalmente se ha des-deñado, sobre todo en los círculos de la élite urbana, que este elemento se encuentre tan arraigado a estos pequeños grupos burgueses capitali-nos, tanto que su poder económico y político en los niveles centrales se debe a la capacidad de negociación permanente con esos poderes ejer-cidos desde la provincia, tan molestos pero necesarios para consolidar gobiernos hegemónicos, incluso desde poderes familiares que suenan generación tras generación y que a veces parecieran adquirir el carácter de burdas dinastías.

El gamonal y el cacique son un tema habitual de la literatura costum-

brista, que lo enfoca normalmente con aversión superficial y bipartidis-

ta. De los escritos de los literatos de Bogotá, en su mayoría hacendados

semiabsentistas, se deduce claramente que el gamonal o cacique no es

normalmente un hacendado, en el sentido elegante de la palabra, aun-

que puede ser un importante terrateniente local: no todo tipo de tierras

tienen prestigio social […] El cacique ha sido siempre mirado con despre-

cio desde arriba; el gobierno municipal y quienes lo ejercen han de ser

objeto de burla (Deas, 2006a, p. 212).

Igualmente, Deas señala que aunque Colombia ha sido un país su-mamente electorero, mucho más que cualquiera de Latinoamérica y Europa, la presencia de la violencia y el fraude también han acompa-ñado históricamente los comicios y señala que son los gamonales y los caciques los encargados de organizar los resultados de cada contienda electoral o, en algunos casos, armada. También resalta que los gamona-les no necesariamente corresponden con lo que se podría llamar la clase aristocrática, o la más alta de la república, de esas que reclaman alto linaje y una descendencia de gran poder político y económico. Como se observa en la anterior cita, los gamonales corresponden a clases sociales de sectores medios y bajos, que pueden tener o no poder económico o, en unos casos, simple liderazgo social. La alta burguesía por lo general no ejerció poderes locales, pero esto no significa que nunca se benefició de ellos, todo lo contrario, siempre usó su poder económico para influir en el poder central o para asignar los funcionarios según sus intereses. El poder central político y económico se ha derivado del mantenimiento de los gamonales, tanto con su poder económico como armado, el cual se mantiene en la actualidad, pero que ha ido mutando según los contextos que atraviesa el país.

Las dos esferas de gobierno, la nacional y la tan gráficamente descrita

por Gutiérrez, parecen muy alejadas entre sí, algunas veces prácticamen-

te inconexas. Pero están conectadas por la cadena del patronazgo que

debe utilizar el gobierno central para sobrevivir, y por una común retóri-

ca partidista que puede variar desde la filosófica hasta la calculada, hasta

la afirmación irreductible de identidad local y personal1 (Deas, 2006a, p.

227).

Pero para que esta relación funcione tiene que construirse un orden hegemónico, una matriz de relaciones seguras, en el que se soporte al menos un esbozo común de una escala de valores, con falsa moral

1 Malcolm Deas se refiere en su ensayo a Rufino Gutiérrez, un inspector del gobierno conservador que escribió después de la regeneración de 1885 la reacción conservadora. Se transcribe de él un escrito en el que se describe la composición social y la participación política en los municipios de las cercanías de Bogotá en las últimas décadas del siglo XIX.

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pero, al fin y al cabo, un rasero para marcar a los que son diferentes, a los que se censura, para esto han servido las constituciones políticas. Es el caso de la Constitución de 1886, que fue construida para la homogeneidad y el unanimismo político. El Esta-do confesional, en vez de un proyecto plural de na-ción, sirvió al partido conservador para construir su propio orden social excluyente de lo diverso, incluso Deas señala que entre 1885 y 1930, época de la de-nominada hegemonía conservadora, la Iglesia fue un instrumento electoral directo del partido conser-vador. Una década después de rota la hegemonía, el país no pudo abrir-se a ideas de diversidad y nuevamente soporta una violencia partidista, un conflicto que termina con remiendos autoritarios en un remedo de democracia, primero una dictadura militar y luego la alternancia del po-der por solo dos partidos de ideas de derecha, pacto cuestionado en la historia reciente del país y conocido como Frente Nacional. Aunque ofi-cialmente este pacto se acaba en 1976, materialmente solo se extingue con las reformas de descentralización, carrera administrativa y elección popular de alcaldes de 1988.

Hasta por lo menos 1991, la historia del poder político del Estado colombiano nos muestra que los marcos jurídicos y los acuerdos entre partidos y grupos de poder que rigieron la república, hasta inicios de la última década del siglo XX, eran excluyentes de la diversidad y pluralidad política, étnica, cultural y regional; mostraban que el poder se configura para aferrarse a él, o en casos de extrema violencia, sin un ganador, para alternarlo pero excluyendo cualquier pensamiento diferente o, tal vez, otra idea de sociedad o de desarrollo económico, como si fuera una re-taliación histórica al pensamiento radical liberal de 1863. La hegemonía del pensamiento político fue la premisa, y la Iglesia, la educación y la clientela gamonal han sido los vehículos siempre recurridos para ello: para dejar las cosas como están.

A partir de la Constitución de 1991 se comienza a configurar un nue-vo marco jurídico e institucional para que una democracia directa, parti-cipativa y educada ejerza la conducción plural de los asuntos del Estado. Es aquí en donde encontramos la pregunta central del desarrollo de este Ensayo. Reconociendo que la Constitución trae una serie de principios, derechos y mecanismos para el ejercicio de la participación directa y representativa de toda la ciudadanía, la pregunta sería: ¿Las reformas constitucionales y legislativas que plantean la conducción de los asuntos

públicos de forma democrática y con la participación directa del pue-blo han logrado también impactar en la cultura política de la ciudadanía colombiana, de tal forma que se pueda observar una base social y una ciudadanía que participa y se moviliza por la justicia, los derechos y los asuntos públicos?

DESDE DÓNDE ENTENDER LA CULTURA POLÍTICA PARA INTERPRETAR EL CACIQUISMO EN COLOMBIALa cultura política muchas veces es vista como una concepción aséptica, como un estadio ideal del mundo de lo político por el cual alcanzan la paz y la convivencia las sociedades. Según la teoría cívica de Almond, existen ciudadanos virtuosos cuando se ocupan racionalmente de sus asuntos privados pero comparten una esfera de construcción de un mundo co-lectivo en el cual el ciudadano participa, respeta las normas y cumple es-trictamente una moral social, fundada en la mayoría de los casos en va-lores patrios y, a veces, confesionales. Esta ha sido la concepción positiva y tradicional para entender la ciudadanía y la educación ciudadana, se trata de formar ciudadanos virtuosos, cívicos e incluso obedientes, pero ¿cómo cuáles? Como los de primer mundo, porque aquí también existe una categorización cultural y es que los países del norte han alcanzado la senda de una ciudadanía civilizada y, en este sentido, los ejercicios ciuda-danos del sur son catalogados como deficitarios (Hurtado et al., 2003).

Aunque esta ha sido la tesis más aceptada por académicos y políticos, no constituye un pensamiento hegemónico y ha tenido críticas desde diferentes corrientes, como los racionalistas. Argumentan que el ser hu-mano es ambicioso, y tal como se comporta en la esfera económica y privada se comporta en la pública. Varias corrientes latinoamericanas, a la cabeza de Fernando Escalante Gonzalbo, han realizado críticas a los referentes positivos de origen europeo para explicar nuestros hechos sociales y políticos, y plantean la construcción del concepto de una ciu-dadanía mestiza, cuyos referentes culturales y sociales no pueden ser los mismos, y con ello se cuestiona una escala cultural que habla de déficit comparativo. Por ello, autoras nacionales como María Teresa Uribe han planteado la necesidad de reconocer los referentes culturales e identita-rios de las naciones latinoamericanas, especialmente en la mestización vista como una amalgama producida por prácticas tradicionales y mo-dernas, como la estructuración del sujeto político colectivo a partir de la fórmula del ciudadano vecino (Uribe, 2001).

En Colombia no podemos decir que se haya presentado una cons-trucción colectiva, según el diverso ethos nacional, de la configuración

“La cultura política muchas veces es vista como una

concepción aséptica,como un estadio ideal

del mundo de lo político por el cual alcanzan la paz

y la convivencia las sociedades.

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de la estructura del Estado, ni en el proyecto político de nación, ni en la adopción del sistema político, en ninguno de ellos se han reconocido las expresiones de la cultura política de la diversidad de ciudadanos vistos desde la pertenencia identitaria a las regiones y a los grupos étnicos. Esto se puede argumentar desde varios hechos, tal como lo relata clara-mente Malcolm Deas en su reconocido ensayo Del poder y la gramática (Deas, 2006b); la dirigencia de la Regeneración de 1885 no solo preten-día aniquilar cualquier idea liberal y la influencia norteamericana en la Constitución Política, sino que pretendía volver al proyecto político, so-cial y cultural instalado por la metrópoli colonial de la Corte española, la pulcra lengua, muy defendida por esta generación de conservadores, la religión y las instituciones políticas y administrativas de la Colonia dan cuenta de ello, incluso la restitución de los resguardos de 1889.

Precisamente en el tema multiétnico y pluricultural radicó otro he-cho que cuestiona la falta de reconocimiento de la diversidad, en el caso de los indígenas y sus pueblos, no fueron considerados como sujetos políticos y, si se quiere, como ciudadanos solo hasta la Constitución de 1991. A pesar de los reconocimientos formales y algún tímido respeto de la normatividad interna de los pueblos, la interculturalidad política no ha tocado para nada el Estado central ni las estructuras territoriales descentralizadas, ni siquiera la sociedad —los indígenas se quejan de ser reconocidos, en el mejor de los casos, como objetos folclóricos—. Asimismo, no se ha reconocido la diversidad desde la relación con las constituciones políticas, casi todas han sido una imposición del vencedor sobre el vencido, no se ha tratado de pactos de paz, por el contrario, han sido condiciones de sometimiento político, social y económico (Valencia Villa, 1987). Tal vez la Constitución de 1991 rompió un poco este molde observado en las constituciones del siglo XIX, ya que hubo una represen-tación plural del país.2

De alguna manera, esa representación de varios factores reales de poder favoreció la inclusión de cambios en la estructura, las institucio-nes y los fines del Estado. Del tradicional Estado de derecho confesio-nal, definido en la Constitución de 1886, se pasó a un Estado social de derecho, democrático, participativo, plural, fundado en el respeto a la

2 Al menos los indígenas estrenaban participación en un espacio como este, desmovilizados de grupos insurgentes y hasta representantes del narcotráfico, esto fue lo que insistentemente repitió el Gobierno anterior como justificación de que la prohibición de extraditar nacionales solicitados por gobiernos extranjeros haya quedado en la Constitución, y este fue el argumento para impulsar la reforma constitucional de 2004 sobre la materia.

dignidad humana, al trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general; así se define el Estado en el artículo primero de la Constitución de 1991. El artículo tercero, referido al poder, plantea que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público y con ello da forma definitiva a los propósitos democráticos del Estado colombiano y a los elementos que deben estar inmersos dentro de una cultura política democrática nacional cuyo poder tiene estrictamente una base popular, tanto en el ejercicio directo como en la delegación de ese poder consiente en representantes capaces y honestos.

A pesar de los propósitos y principios consensuados por el constitu-yente para que el poder y la construcción de lo público emanara de la base ciudadana, después de 20 años esta realidad está bastante lejana en Colombia. Además de la estipulación formal se requería de verdade-ros cambios en las instituciones y en la mentalidad de los políticos profe-sionales y la ciudadanía. Frente a lo primero, si bien hubo cambios, como el fortalecimiento de garantías individuales y los mecanismos definidos en el artículo 103 de la Constitución, estos fueron insuficientes para per-mitir una mayor participación ciudadana, de un lado, porque a pesar de la descentralización administrativa, el Estado siguió con una centralidad política muy concentrada en Bogotá, y del otro, porque el parlamento reglamentó los mecanismos de participación ciudadana en la Ley 134/94 con tantos requisitos y con tan pocos instrumentos de apoyo, que hacen casi imposible impulsar iniciativas ciudadanas populares. Pero lo más preocupante es que en dos décadas aún no se generan cambios positivo en la cultura política de los colombianos, una cultura política en donde cada ciudadano se valore como un poder efectivo y participe democráti-camente en los asuntos públicos; en 200 años esto no ha sido posible en un país que se destaca por su tradición electorera.3

No se trata de comprender la cultura política desde las variables po-sitivas de la cultura cívica que planteaba que los ciudadanos participan en el sistema político desde cálculos racionales e informados: “La cul-tura política de una nación consiste en la particular distribución de las pautas de orientación hacia los objetos políticos entre los miembros de dicha nación” (Almond, citado por Heras, 2002). En este sentido la racio-nalidad, a través de la medición cuantitativa, le permitía a la corriente

3 En 200 años de historia republicana en Colombia, y a pesar de la larga tradición en conflictos armados internos, el poder presidencial solo ha sido tomado por las armas en dos oportunidades, la revolución radical liberal de 1863 y el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla en 1943. Ambos gobiernos duraron relativamente poco, menos de cinco años.

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de política comparativa establecer tres tipos de naciones: las democrá-ticas, las súbditas y las rurales, generando un esquema comparativo de sociedades ideales que refrendaban más los valores de la democracia capitalista y neoliberal, dándolos como por objeto evolutivo natural, y discriminando así la tradición cultural de las naciones, una variable ab-solutamente determinista difícil de compartir actualmente. De hecho, Almond y Verbia revisaron sus tesis en 1980 pero sin desprenderse de las variables que remiten a una cultura mayor, es decir, a categorías que dividen al mundo en dos, entre los que son cultos y los incultos, los que tienen una cultura política con valores y los de una cultura hegemónica que denigra de otra construcción por fuera de los valores de élite de la llamada sociedad occidental moderna.

La política comparativa tiene poco que decir frente a las conductas, los patrones, los significados, las relaciones comunicativas y las actitudes que se construyen en relación con la comprensión y el ejercicio de lo político de los ciudadanos de una nación. Los enfoques derivados de la sociología interpretativa permiten realizar análisis más profundos sobre las raíces del comportamiento político de una sociedad determinada, lejos de esque-mas comparativos positivos: “Según esta corriente, dentro de la investi-gación de cultura política, el rasgo que define la interpretación es un con-cepto de cultura política como significado de la vida política, o el aspecto significativo de la política” (Welch, 1993, p. 5, citado por Heras, 2002).

Desde esta perspectiva, la cultura política es el resultado de los há-bitos y patrones de comportamiento social en la esfera política, lo que determina la acción política de los individuos, incluso en su cotidiani-dad, que en algunos casos se constituye en el origen de las instituciones, en otros no, como el caso colombiano, en donde obedece más a una imposición que a la construcción de un ethos socio-cultural. Pero igual, los patrones culturales subsisten en cada individuo, así se objetiven en acción política o no, de esta forma el comportamiento político de las comunidades se debe a una historia de significantes, valores y sentidos de lo público y la participación.

De manera que la investigación sobre el origen de la cultura política con-

siste en averiguar la estructura histórica específica de los depósitos de sen-

tidos y cuáles han sido las relaciones dominantes, para ir descodificando

los códigos intersubjetivos relevantes en nuestra sociedad bajo estudio.

La interpretación de estos constituye el paso final (Heras, 2002, p. 187).

Desde esta perspectiva, la cultura política deja de ser un listado de los valores y las virtudes de las denominadas sociedades democráticas, pa-

sando a comprender un campo interpretativo mucho más amplio, tanto como la historia de las relaciones políticas de una sociedad, asumiendo también los elementos que la cultura cívica considera como negativos y premodernos, como lo es el caciquismo, el gamonalismo, el caudillismo, el clientelismo, el trasteo y la compra de votos, entre otros, que hacen parte de las históricas expresiones de la vida política colombiana.

CACIQUISMO Y GAMONALISMO EN LA HISTORIA COLOMBIANAEl caciquismo y el gamonalismo han estado presentes en toda la histo-ria republicana de Colombia. Malcolm Deas lo ubica desde el periodo de la denominada Patria Boba, con la conformación de las estructuras clientelares del federalismo y el centralismo. El cacique se ha entendi-do tradicionalmente como una persona que ejerce poder e influencia en una localidad, construyendo redes clientelares que obedecen a sus orientaciones principalmente electorales y burocráticas, el cacique es el intermediario y la cara efectiva para la negociación con el poder central. El caciquismo siempre ha sido observado como una distorsión de la de-mocracia, ya que una persona es la que suplanta la voluntad popular. Por su parte, el gamonal tiene una connotación más o menos similar, tal vez la diferencia radica en que su poder e influencia política tiene relación con la propiedad de la tierra y el mantenimiento de unas relaciones casi feudales con la población sobre la que ejerce la influencia. Algo es claro, ni el cacique ni el gamonal hacen parte de la clase alta, ni de la élite urba-na capitalina, y siempre han sido calificados como una clase ventajosa y que esquilma a los más pobres e ignorantes, así lo describe el ya mencio-nado relato de Rufino Gutiérrez de 1885, transcrito por Malcolm Deas:

La segunda clase, más numerosa que la anterior (los capitalistas), se com-

pone de vecinos del Distrito, blancos, mestizos e indios, entre los que se

ven familias numerosas, muchas de ellas ejemplares en todo sentido;

pero generalmente de allí salen los tenorios de parroquia, corruptores

de toda india que por su gracia se distingue de las demás: los gamonales

o caciques, gente despiadada, que esquilma a los infelices indios y abusa

de ellos sin misericordia: los matones, hombres de botella y revólver, que

dan la ley en las chicherías de la comarca. De esta segunda clase, igno-

rante y escasa de nociones de moral, que es la conocida entre nosotros

con el calificativo de orejones, salen necesariamente las autoridades del

Distrito (Deas, 2006a, p. 216).

El caciquismo y el gamonalismo han sido problemáticos para los di-ferentes proyectos de Estado que se han impuesto en cada periodo his-

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tórico. Lo fue para los republicanos clásicos, para los liberales y para la regeneración conservadora de 1885; lo fue porque el poder central no se po-día imponer directamente con ciudadanos con una fuerte noción de Estado nacional, por eso para ha-cerse a dicho poder ha sido necesaria una tediosa negociación con cada cacique regional o local, que incluso implicó ceder cada tanto el poder central a algún cacique regional y siempre permitir que estos caciques administren la repartición del poder admi-nistrativo y burocrático de su territorio.

El cacique ha sido descrito tradicionalmente por la literatura costumbrista y política del país como una persona proveniente de la clase media, que acumula capital a partir de sus relaciones e influen-cias políticas, de manera legal y en muchos casos ilegal, con corrupción pública u otro tipo de nego-cios no permitidos. Usualmente está asociado a la propiedad de la tierra, pero en muchos casos aparecen como comerciantes. No se le considera depositario de un amplio conocimiento, pero sí de grandes habilidades persuasivas, gracias a ello administra una amplia red de contactos, que son clientelas que se benefician como él, particularmente de los asuntos públicos o, en su defecto, son los clientes a los que simplemente se les compra el voto. En muchas regiones, el cacique está asociado al control o relación directa con grupos armados ilegales. El cacique es considera-do como el mayor corruptor del sistema político democrático y como el verdadero usurpador de la clase popular, pero esto no es impedimento para que los grandes poderes económicos del país y las familias tradicio-nales de la política central negocien con ellos en cada contienda electoral.

Para María Teresa Uribe, este fenómeno presente de manera perma-nente en la cultura política colombiana se debe al proceso de mestiza-ción de las prácticas tradicionales con las prácticas modernas de la polí-tica. Señala que gracias a ello se ha logrado mantener la gobernabilidad a pesar de las convulsiones, la violencia y el conflicto social, pero que igualmente se ha mantenido ese fenómeno del caciquismo como algo inherente al ejercicio de lo político:

Esta mixtura entre formas modernas y tradicionales para entender la ciu-

dadanía, le otorgó, de hecho, a las comunidades y a los notables que las

representaban, un amplio espacio de maniobra para negociar con el Esta-

do y una gran capacidad de intermediación con las cúpulas del poder insti-

tucional y social, dando lugar a formas singulares de acción política como

los caudillismos, los gamonalismos y las clientelas (Uribe, 2001, p. 2002).

Esa mestización de la ciudadanía entre lo tradicional y la estructura modernizadora, para la profesora Uribe, en un primer momento trató de adoptar la ciudanía virtuosa de los republicanos; con el liberalismo radi-cal, una secularización de la ciudadanía y una apertura de los individuos a la política universal, y con la Regeneración se mestizó en una cultura política confesional basada en la moral del buen cristiano. En todas estas apuestas estuvo presente el caciquismo como elemento mediador y di-namizador de la maquinaria política regional, y por ende nacional; este elemento es permanente en la historia del país, aunque cada época trae su matiz particular y los últimos diez años son un buen ejemplo de este comportamiento histórico que hace parte de la cultura política del país.

EL CACIQUISMO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN COLOMBIALas promesas y los principios de ciudadanía, soberanía y vida digna plas-mados en la Constitución Política de 1991, pronto encontraron serios obstáculos para materializarse. Tras las sangrientas elecciones presiden-ciales de 1990, el gobierno fue ejercido por un presidente de tendencia neoliberal, que meses antes ni siquiera figuraba en la lista de los presi-denciables. El gobierno de César Gaviria quiso impulsar las reformas de un Estado social en un marco de reformas neoliberales, generando una política unilateral de libre mercado que golpeó fuertemente el tejido productivo del país. El gobierno siguiente, liberal de estirpe capitalina, tuvo una de las crisis políticas más grandes en la historia reciente del país gracias a un juicio político al presidente Samper por la financiación de narcotraficantes a su campaña. Un presidente que gobernó sin visa estadounidense, con serios cuestionamientos morales y con poco creci-miento económico, le entregó la banda presidencial a un conservador que traía la esperanza de una salida negociada al conflicto armado que vive el país desde hace más de cuatro décadas. Andrés Pastrana no solo no logró la paz, sino que tuvo al país con tasas de crecimiento negativas, recortó los recursos para la educación y la salud, y fue cuestionado seria-mente por su incapacidad de gobernar.

Desde esta historia de desaciertos en los últimos gobiernos del es-quema bipartidista, las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2002 se encontraban en un contexto de recomponer alianzas con los po-deres provinciales, incluso refundiendo partidos. En efecto, ante la de-bacle del gobierno conservador, se preveía que la maquinaria samperis-

“El cacique es considerado como el mayor corruptor del sistema políticodemocrático y como el verdadero usurpador de la clase popular, peroesto no es impedimento para que los grandes poderes económicos del país y las familias tradicionales de la política central negocien con ellosen cada contienda electoral.

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ta volvería a quedarse con el solio presidencial, algo que no le convenía a las élites del poder económico y político debido a las difíciles relaciones con Wash-ington que podría tener una presidencia de Horacio Serpa. De otro lado, los poderes de extrema dere-cha siempre han sido recelosos ante la aparición de un gobierno de izquierda, por eso temían que luego de los diálogos fallidos del Cagúan, las FARC salieran fortalecidas políticamente y con relaciones oxigena-das con el tejido social, algo similar a lo que sucedió con los diálogos de 1985 y la aparición del exterminado partido Unión Patriótica (UP), para eso era necesario expandir rápidamente el paramilitarismo por todo el país y recrudecer la persecución contra la dirigencia social y política de oposición.

Por eso, para mantener el poder y robustecer el proyecto de derecha se requirió realizar un pacto entre los poderes centrales y los caciques regionales. Ese pacto implicaba desbaratar las maquinarias bipartidistas y difuminarlas por una serie de partidos del amplio espectro de derecha, todos conformados por caudillos que llevaron consigo su clientela. Se fortaleció así la estrategia con un caudillo que se vendió mediáticamente como redentor del principal y casi único problema del país: la guerri-lla, configurando así en pleno un orden contrainsurgente de la sociedad colombiana. Esta figura debía estar encarnada por alguien que repre-sentara a todos los que pertenecían a este pacto: élites económicas, poder político central, caciques regionales, paramilitares, terratenientes y, mezclados con todos ellos: narcotraficantes. Es así como un cacique regional, que solo tenía caudal electoral en su propio departamento, se convierte en el centro, casi que unipersonal, de la política nacional del país; a través de Álvaro Uribe el caciquismo regional, y todo lo que él representa, se hace al poder central por ocho años, con una reelección ilegal e inmoral, pero necesaria para mantener el pacto.

Álvaro Uribe es un político que encarna plenamente el prototipo de cacique o gamonal. Hijo de terrateniente, se mofaba de su educación en el campo, en un municipio cafetero del suroeste antioqueño. Del círculo de los millonarios, pero no de los billonarios, es uno de los pocos casos en el país en el que un gobernador departamental sale inmediatamente después elegido como presidente de la república y por un movimiento por fuera de los partidos tradicionales. Otra muestra del cacicazgo en el poder central fue el ministro Fabio Valencia Cossio, último ministro del interior y designado a la presidencia del anterior gobierno, proveniente

de un barrio popular de Medellín y ampliamente reconocido en Antio-quia por su nepotismo al ubicar a toda su familia en importantes cargos públicos regionales; Valencia Cossio ha sido siempre reconocido como uno de los mayores barones electorales de la región.

La provincia en el poder del Estado central se hubiera mantenido por cuatro años más de no haber sido porque ya era hora de volver a los pac-tos de la alianza y esto era devolver el poder a las familias de la capital. No en vano el presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior Germán Vargas Lleras provienen de familia presidencial. Pero en la alian-za existían pactos que ya se habían roto, y uno de ellos fue el de la ex-tradición de los principales cabecillas del narcoparamilitarismo. Este in-cumplimiento ha servido para que los paramilitares entreguen la versión de la urdimbre de la relación con los políticos regionales, más conocida como el escándalo de parapolítica. Todas las denuncias se han realiza-do contra políticos que apoyaron al presidente Uribe, incluso miembros de su familia ya han sido condenados por estos hechos, como su primo segundo Mario Uribe. El narco paramilitarismo se refundió en la estruc-tura cacical y gamonal del país, y en ella se concertó un proyecto con-trainsurgente que también impactó a los sectores sociales y populares. En los últimos 20 años, el esquema cacical correspondía a la clase que en ese momento ejercía el poder territorial, la intimidación armada y la administración de una clientela amedrentada para los fines negociados entre los señores de la guerra y los de la politiquería. Fue muy conocida la afirmación de Mancuso de que en las elecciones de 2006 alcanzaron a controlar más del 35% del Congreso. Esta manera de cacicazgo en el campo, al mejor estilo del siglo XIX, se alimentó de arrebatar tierras a población campesina mediante ejércitos privados y muchas veces en contubernio con autoridades públicas.

A partir de las elecciones presidenciales de 2010, y con el camino despejado sin reelección, las familias tradicionales de Bogotá recupe-ran el poder central y con ello cobran un orden lógico de las alianzas: la alternancia. La implicación directa de este nuevo orden es que la élite oligárquica, que se hace ver como pulcra y lejana a la relación con estos caciques bandidos de provincia, quiere mostrar un gobierno más acorde con los postulados de democracia urbana moderna, y se congracia con los países que tienen inversión externa, pues estos también soportan presiones de la sociedad civil que cuestionan la inversión en países con prácticas violatorias de los derechos humanos y antidemocráticas. Des-prenderse de esas relaciones y activar las relaciones del mercado inter-nacional han sido las prioridades del gobierno Santos, con una fuerte

“para mantener el poder y robustecer el proyecto

de derecha se requirió realizar un pacto entre

los poderes centrales y los caciques regionales.

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ayuda de los escándalos judiciales de los exfuncionarios del gobierno anterior.

Esta política necesariamente genera una reacción de oposición en los poderes provinciales, representados en Uribe, y que se sienten desplaza-dos del poder central. Esta relación está causando una tensión al interior del proyecto de derecha que se puede observar en la coyuntura actual desde dos lugares. De un lado, el gobierno central impulsa una agenda legislativa en la que acumula más poderes centralizados en detrimento de la autonomía regional como: ley de regalías, reformas a las corpora-ciones autónomas regionales medioambientales, ley de ordenamiento territorial, código nacional de policía, entre otras. Del otro, el uribismo organiza una maquinaria con el fin de copar el mayor número posible de gobernaciones y alcaldías para las elecciones de octubre de 2011, a fin de fortalecer una actualizada red de cacicazgos que equilibre los poderes con el nivel central y que permita construir una ruta clientelar para recu-perar para el cacicazgo provincial la presidencia en 2014.

CONCLUSIÓNEl Estado debería ser producto de una sociedad, el problema es que la sociedad sea el producto de un Estado. De de regímenes fascistas, inclu-so pintados de democráticos, ha tenido muchos ejemplos la humanidad. Pero en Colombia se observa una extraña mezcla de los dos fenómenos, problemas imbricados en el Estado como la corrupción, el clientelismo, el lucro a partir de los asuntos públicos, la evasión al cumplimiento de la ley, liderazgos autoritarios, entre otros efectos problemáticos, caracteri-zados tradicionalmente como “déficit de cultura política”, se encuentran igual de enquistados dentro de las prácticas sociales, como prácticas to-lerables o como formas de relación normales de lo público. Claro que en honor a la verdad, estos elementos son vistos por un amplio número de la población como causantes de la apatía e indiferencia frente al ejer-cicio de la participación en lo público, y son claramente manifestados en los altos índices de abstención electoral que superan el cuarenta por ciento del censo.

Mientras no se desmonten los esquemas caudillistas, cacicales, ga-monales y clientelares de la cultura política y del sistema electoral co-lombiano, y mientras la ciudadanía permita que las élites económicas se beneficien de esta relación, difícilmente se podrán alcanzar los precep-tos democráticos y de participación ciudadana definidos en la Constitu-ción Política de 1991.

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Los avatares de la escuela: entre

el autoritarismoy la democracia

ERIKA MORENO CADAVIDMagíster en Educación, Universidad de Antioquia.

INTRODUCCIÓNEl sistema educativo colombiano se enfrenta constantemente con diver-sas situaciones que ponen en evidencia los avatares de la escuela en-tre el autoritarismo y la democracia; por una parte, perviven modelos educativos rígidos, impositivos y homogeneizadores y, por otra, existen esfuerzos por generar mecanismos de participación escolar y de buscar soluciones ante los conflictos inherentes a las dinámicas escolares.

Bajo este panorama, el presente artículo pretende dar cuenta no solo de algunas limitaciones para la democratización en la escuela, sino también de una serie de posibles alternativas o iniciativas que lleven a pensar la escuela como un camino hacia la democracia.

Para lograr dicho propósito se abordará en primera instancia un refe-rente general de la educación el cual servirá como horizonte para com-prender algunos preceptos bajo los cuales se enmarca la educación en nuestro país; en segunda instancia, se presentarán una serie de plan-teamientos que visibilizan problemas estructurales que perpetuán el autoritarismo en la escuela; en tercera instancia, el texto dará cuenta de propuestas que ayuden a direccionar la escuela hacia procesos de-mocráticos y, finalmente, se presentan algunas conclusiones generales que, más allá de pretender ser fórmulas para abordar la temática, bus-can abrir la discusión y generar nuevas reflexiones.

LA EDUCACIÓNLa educación se valora desde los diversos estamentos sociales como un aspecto fundamental para el desarrollo del ser humano, y como una he-rramienta de progreso desde ámbitos culturales, económicos, políticos, tecnológicos y de producción de conocimiento. Ésta se enmarca en las Metas del Milenio,1 especialmente desde la Meta 2 a través de la cual se pretende lograr la enseñanza primaria universal, en tanto para la Organi-zación de las Naciones Unidas (ONU) la educación “brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida que desean llevar; les permite, asimismo, expresarse con confianza en sus relaciones personales, en la comunidad y en el trabajo”, y es comprendida a su vez como una estra-tegia para romper los círculos de pobreza.

En el caso particular de Colombia, la educación es definida por la Constitución Política en su artículo 67 como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el

1 Dichas Metas son establecidas desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y comprenden una serie de objetivos que deben alcanzarse en el 2015.

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acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”.

Bajo estos planteamientos, la educación se ha convertido en uno de los objetivos más importantes por alcanzar en algunos países, partien-do no solo desde la participación en convenios nacionales e internacio-nales, sino también en la creación de políticas, programas y proyectos educativos

Dicha educación, desde un marco formal, se materializa a través de instituciones de formación las cuales, desde los primeros años de vida, tienen una oferta para que niños y niñas ingresen al sistema educati-vo, y se le da continuidad a dicho proceso formativo hasta los estudios superiores, cumpliendo así con los lineamientos establecidos en la Ley General de Educación (Ley 115, febrero 8 de 1994).

Desde esta perspectiva la educación en Colombia, reconocida como derecho desde la Constitución Política Nacional de 1991, fundamenta una serie de planes y programas que orientan y delimitan la educación a nivel nacional, departamental y municipal, emitiendo una serie de direc-trices que se enmarcan principalmente en la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación.

Dicha ley concibe la educación desde su artículo 1 como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes [...] que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”.

Desde sus lineamientos generales, la Ley 115 de 1994 establece las regulaciones y disposiciones del servicio público educativo nacional des-de sus diferentes niveles y grados, abordando además lo relacionado con la educación formal, no formal e informal dirigida a diferentes gru-pos sociales: niñas, niños y jóvenes en edad escolar, adultos, campesi-nos, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, entre otros; de esta manera, las instituciones obedecen así no solo a un parámetro legal, sino también a unos lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), por medio de los cuales se de-terminan unos contenidos por aprender, unos tiempos para hacerlo y unas competencias por desarrollar.

Ante este panorama que visibiliza las funciones de la escuela no solo desde los procesos formativos, sino también de transformación social y del ejercicio de relaciones de poder que se perpetuán en sus dinámi-cas cotidianas y se legitiman desde los estándares de calidad, los linea-mientos curriculares, las políticas educativas y el marco legal vigente,

ha puesto un importante interés en las instituciones educativas. En este caso las escuelas son los principales medios para promover desde los primeros años de vida de los sujetos su ingreso a un sistema educativo que difunde de manera estructurada ciertos saberes, conocimientos, ac-titudes, modos de ver la vida y valores que forman un ideal de sujeto.

Bajo estas premisas se evidencian unos lineamientos generales que pretenden ser aplicados a las diversas instituciones, en este caso escuelas, independientemente de sus contextos, de las características particulares de sus estudiantes, docentes y directivos, de sus dinámicas cotidianas, de los intereses y las necesidades específicas, entre otros, re-mitiendo así indudablemente al carácter autoritario de la escuela, cuyo fin principal es preparar a un sujeto para responder a las necesidades productivas de su sociedad, convirtiéndolo en una fuerza de trabajo que se va preparando lentamente para ingresar luego al mercado laboral.

EL AUTORITARISMO EN LA ESCUELAAnte este panorama general de la educación, y las percepciones ante sus funciones, es posible identificar algunas características fundamentales que hacen alusión a situaciones autoritarias a través de las cuales la escue-la se ha valido para anclarse en procesos estáticos, entendiendo el auto-ritarismo como el ejercicio arbitrario de la autoridad mediante relaciones de poder asimétricas y opresivas que no dan lugar a consensos, diálogos e intercambio de posturas y pensamientos. Dichas características son:

• Su carácter homogeneizador: la escuela se ha convertido en el es-cenario por excelencia para evitar la multiplicidad ideológica y para limitar la libertad de pensamiento, en tanto su estructura se basa en procesos homogeneizadores por medio de los cuales los estu-diantes se ven “obligados” a aprender contenidos estandarizados, a regirse por un discurso de competencias, y a ser evaluados per-manentemente a fin de demostrarle al sistema educativo que los contenidos han sido memorizados y que, por ende, son aptos para

continuar su proceso formativo.Dicho carácter homogeneizador, de acuerdo con Martínez (2007, p. 6) “sirve para segregar y dife-renciar a los alumnos que no van con el ritmo de aprendizaje de la mayoría de sus compañeros. Este tipo de práctica educativa hace de la escuela un es-pacio de segregación y discriminación social”.Desde esta característica de la escuela se descono-ce el micromundo que cada persona representa,

“la escuela se ha convertido en el escenario por excelencia para evitar la multiplicidad ideológica y para limitar la libertad de pensamiento.

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sus raíces, su historia personal, sus ritmos y estilos de aprendizaje, entre otros, y no permite el análisis o la crítica reflexiva, ya que quien opine de forma diferente o cuyos ideales divergen de los es-tipulados por el sistema es tildado de conflictivo, problemático e incluso revolucionario.

• Su rigidez curricular: la estructura de los currículos escolares se basa en la fundamentación de los lineamientos establecidos por las entidades denominadas competentes, que en el caso colombiano se enmarcan en los lineamientos del Ministerio de Educación Na-cional, desde estándares de calidad y competitividad al margen de las realidades y los contextos de la comunidad educativa.

Bajo esta perspectiva, Montoya (2003, p. 18) plantea que “la edu-cación como jurisdicción administrativa y política busca otorgar permanentemente a sus subordinados el suficiente significado para que sigan en él. Sus dispositivos desplegados son estrategias de vigilancia: la disciplina, la conducta”, estrategias a través de las cuales la escuela y el maestro forman sujetos en respuesta a las necesida-des del sistema, reprimiendo su pensamiento desde una estructura curricular estática y ajena a los contextos reales de la población.

De esta manera, los currículos son pensados para un sistema que no se deja permear ni transformar por las dinámicas propias de la comunidad educativa, y que a su vez se subordina a las necesida-des del mercado laboral y a los estándares internacionales.

• Su visión adulto-céntrica: la escuela y el sistema educativo en ge-neral se enmarcan en un pensamiento adulto, basado en ideales de formación y en fundamentaciones teóricas construidas desde comunidades denominadas académicas o personas funcionarias gubernamentales, dejando de lado procesos participativos con los estudiantes y los diferentes estamentos que hacen parte de la comunidad educativa, a través de los cuales sea posible indagar acerca de sus intereses, demandas, necesidades y características, tanto desde los contenidos que se deben a abordar como desde las metodologías por implementar durante los procesos de enseñan-za-aprendizaje en el aula.

Lo anterior, a su vez, se ve reflejado en las brechas comunicativas que existen en las dinámicas cotidianas de la escuela entre personal di-rectivo, docente y estudiantes, brechas transversalizadas por relaciones de poder asimétricas, que dan cuenta de la imposición de lineamientos teórico-didácticos y de la invisibilización del estudiantado como agente transformador, capaz de brindar aportes críticos ante su realidad.

Dichas brechas acuñan la concepción tradicionalista del docente como poseedor de un saber y del estudiante como agente pasivo e ig-norante, concepción abordada por Freire (1985, p. 71) cuando plantea que: “[…] el educador aparece como agente indiscutible, como sujeto real [de la realidad], cuya tarea indeclinable es ‘llenar’ a los educandos con los contenidos de su narración. Contenidos que solo son retazos de la rea-lidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido”. Esto genera relaciones horizontales, donde no es posible establecer diálogos o situaciones de disertación a partir de la cuales sea posible establecer con-sensos y reconocer la diversidad de pensamientos, ideales y necesidades.

Asimismo, retomando nuevamente los planteamientos de Montoya (2003, p. 17), estas brechas “expresan no solo los ritmos desiguales entre pedagogía y desarrollo de la sociedad sino también la distancia comuni-cativa entre generaciones que se resisten a la tradición o a la innovación”.

Así pues, la escuela se encuentra inmersa en un conflicto intergenera-cional donde el adulto, desde su postura de que “todo lo sabe”, subordi-na la escuela a su propia racionalidad y silencia la voz de los estudiantes, en tanto los concibe implícitamente como incapaces de pensar, aportar, proponer, y cuando lo hacen son señalados desde adjetivos cargados de connotaciones negativas como problemático, inconforme, malagradeci-do e incluso revolucionario.

LA DEMOCRACIA EN LA ESCUELABajo los tres aspectos previamente mencionados, que dan cuenta del autoritarismo en la escuela, es preciso visibilizar algunas estrategias que permitirán direccionar al sistema educativo hacia procesos democráti-cos. Para ello es preciso aclarar que se partirá de una definición de de-mocracia en la escuela desde los aportes de Montoya (2003)

como un sistema de autogobierno, de cooperación intergeneracional

donde los actores escolares son iguales en la diversidad y las decisiones

que competen al desarrollo de la Escuela se concertan protegiendo la

diversidad, la diferencia, el disenso. En su forma más pura la democracia

en la Escuela confiere a los actores escolares la posibilidad de participar

directamente en el proceso de toma de decisiones y en valorar los con-

flictos para-sí y para-nosotros como sucesos potenciales en la construc-

ción de una vida más sensata, más verdaderamente humana (pp. 53-54).

Ante esta definición, se presentan a continuación tres alternativas a través de las cuales es posible fomentar procesos y actitudes democráti-cas al interior de la escuela:

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• Laparticipaciónescolar:es necesario fomen-tar espacios de participación que permitan reducir las brechas comunicacionales e inter-generacionales. Dichos espacios deben tras-cender la figura del personero estudiantil, el representante de grupo y de las reuniones esporádicas donde se involucra la comunidad educativa, para consolidarse en escenarios democráticos que tengan en cuenta el contexto institucional y de la población atendida, donde prevalezca una honesta actitud de escucha y de respeto ante la opinión de los diversos actores invo-lucrados.

De esta manera, la participación en la escuela debe trascender el formalismo de un requisito de ley para convertirse paulatinamente en un ejercicio democrático que visibilice y tenga en cuenta a la comunidad educativa desde espacios públicos de deliberación que permitan la equidad, la participación responsable, la accesibilidad y la inclusión.

Así pues, la participación da cuenta de un elemento esencial de la sociedad: la comunicación, entendida como el medio para la for-mación humana y la dinamización de las relaciones sociales, la cual implica el involucramiento mental y emocional que estimula a los individuos a contribuir en favor de los fines e ideales que los con-vocan, y sobre los cuales sienten un grado de responsabilidad

• Laculturapolíticaenlaescuela:la escuela trasciende una función formativa, por ello es preciso que se deje permear por una cultura política, entendiendo la política más allá del civismo o de un acto patriótico para convertirse en un ejercicio de participación que no está por fuera de los escenarios educativos, y cuya implementación parte de un acto responsable que requiere de un proceso de for-mación crítica y reflexiva.

Desde esta perspectiva, un camino hacia la cultura política inicia con acciones de cooperación intergeneracional como estrategia para romper las barreras entre los actores escolares y comprender el conflicto no desde su connotación negativa sino desde una con-cepción optimista que refleje la convergencia y el respeto por la diferencia.

Asimismo, la cultura política en la escuela posibilitará el intercam-bio permanente entre esta y las realidades históricas, culturales, económicas, religiosas, entre otras, en tanto pone en evidencia una

vez más que la escuela trasciende un espacio físico para convertirse en un contexto formativo, con responsabilidad social y con el com-promiso de preparar para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

• El ejercicio de la ciudadanía escolar: en concordancia con el apar-tado anterior, la escuela debe estar en capacidad de formar para el ejercicio de la ciudadanía; esto implica que tanto administrativos, como directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general conozca y ejerza plenamente sus derechos y deberes, no desde una postura pasiva, sino desde el fomento de una actitud de análisis y reflexión, a través de la cual estén en capacidad de com-prender y transformar su contexto desde una visión crítica y realista.

Así pues, la ciudadanía escolar implica un cambio de paradigma ante las funciones propias de la escuela, en la medida en que debe romper con sus ideales de homogeneización, su visión adulto-céntrica, su rigidez curricular, la transmisión mecanicista de contenidos y las barreras físicas y simbólicas que ha construido para no establecer contacto directo con la comunidad y sus necesidades reales.

De esta manera, la escuela debe promover, innovar, preservar y transmitir un ejercicio de la ciudadanía desde la formación de estudian-tes políticos, críticos y democráticos, dispuestos a asumir un papel activo no solo al interior de su proceso formativo sino también de su rol social.

CONCLUSIONES• Son diversas las situaciones que intervienen en los procesos esco-

lares y en su anclaje hacia el autoritarismo; no obstante, se eviden-cia que uno de los principales factores es la incongruencia entre las demandas sociales y del mercado laboral, y la incapacidad que tiene la escuela para dar respuesta a los gustos, los contextos, las capacidades y los intereses de los estudiantes, incapacidad que se traduce en una visión adulto-céntrica de la escuela, permeada por las políticas educativas y los intereses estatales.

• La escuela como escenario social se ha convertido en un campo de disputa ideológica y de legitimación política en el cual se perciben una serie de conflictos cuyas soluciones, lejos de estar estipuladas en leyes y marcos normativos, deben construirse desde la concer-tación entre el mundo y las lógicas adultas, y las necesidades y de-mandas reales de los estudiantes.

• La democracia, no sólo en la escuela sino en los diversos escenarios de la vida social, implica angustia, transformación, pluralidad y con-vergencia de pensamientos e ideales, de allí que esta aún prevalez-

“la escuela trasciende una función formativa,

por ello es preciso que se deje permear

por una cultura política.

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ca en nuestra sociedad como una utopía encubierta en supuestos escenarios de participación.

• La escuela, más allá de un espacio para la democratización del co-nocimiento y la llamada preparación para el mundo laboral, es un escenario cargado de ideales formativos, de pretensiones políticas y de disputa ideológica, motivo por el cual esta tambalea perma-nentemente entre el autoritarismo y la democracia como estrate-gia para camuflar sus verdaderas intensiones e intereses.

• La democracia en la escuela debe pensarse en términos del esta-blecimiento de oportunidades e igualdad, desde el reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes que permitan el respeto, la solidaridad y la ampliación de los medios de participación, recono-ciendo la existencia de la pluralidad de convicciones, posturas, con-cepciones y pensamientos, y que generen escenarios de reflexión autocrítica, de intercambio dialógico y de construcción conjunta.

• La escuela ha de ser un espacio no solo para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también para resolver las crecien-tes expectativas de los estudiantes, aceptando el desafío planteado por el encuentro intergeneracional y las demandas sociales.

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MONTOYA, J. (2003). Escuela, conflicto intergeneracional y democracia. Serie

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MAURICIO CAVIEDESJunta Directiva de la Corporación Ensayos

salvajeLa promesa del

noble

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Antes de empezar quiero aclarar que este texto no es un artículo, no recoge resultados de investigación ni presenta una conclusión o una afir-mación definitiva y terminante. Si, a veces, este texto llega a acudir a re-ferencias bibliográficas o a mostrar cierta aspiración a imitar el lenguaje intelectual o académico, es sólo debido a una combinación de arrogan-cia y malos hábitos de los cuales yo, el autor del texto, soy víctima. Aun así, prefiero pensar que este texto es lo que suele llamarse un “ensayo”. Su propósito es formular preguntas. Entiendo que se trata de preguntas polémicas y quiero advertirle de ello de una vez por todas a usted, amigo lector. Es posible que la lectura de este texto le genere cierta antipatía. Sin embargo, creo que se trata de preguntas importantes. Por ello, me esforzaré en sugerirlas de manera cuidadosa. Y agradeceré condescen-dencia ante la confesión de mis preguntas que, creo, temerosamente comparto con muchos.

Quiero escribir sobre la manera en que, a lo largo de la historia, las sociedades que se consideran “modernas”, o que desean serlo, buscan en las sociedades indígenas una sabiduría oculta que permita a las pri-meras emanciparse de sí mismas y de su naturaleza opresiva y despó-tica. Como este no es un documento académico o investigativo, no me detendré en precisar qué son las sociedades “modernas”, o en aclarar si ese término es el más adecuado. Yo sé que usted sabe a qué me refie-ro. Sí, es cierto que, posiblemente en ciertos países europeos, muchos países latinoamericanos no sean considerados “modernos”. Y es cierto que, posiblemente, muchas comunidades indígenas de la región andina se ven a sí mismas como “más modernas” que las sociedades indígenas amazónicas, por ejemplo. También es cierto que el de “Sociedades mo-dernas” es un concepto construido históricamente que lleva una carga política y colonial. Está bien. Por ahora dejaremos esta discusión en ma-nos de quienes la han alimentado en la sociología, la antropología, la filosofía y la historia (por ejemplo Moore 1973 [1967]; o Wolf, 1982; o DeCerteau, 1999; o Wachtel, 1972; o Said, 1990; o Asad, 1987). Pero ya sabemos que estamos hablando de quienes creemos, acertada o equi-vocadamente, que nuestras prácticas culturales, nuestro conocimiento del mundo y nuestro lugar político y social en él son el resultado de un proceso evolutivo que empezó en la antigua Grecia, pasó por la revolución francesa y terminó expandiéndose por el mundo, aunque tenga su om-bligo en Nueva York. ¿Ya nos hemos puesto de acuerdo? Muchas gracias.

Yo nací en la atribulada década de los setenta, crecí en la arrogante década de los ochenta viendo películas de ciencia ficción de Hollywood, y esta me escupió en la década siguiente, la década de los noventa, en-

gendro del siglo XX, donde muchas certezas y deseos se derrumbaron cuando el capitalismo venció y el mundo cambió. Durante esta década transité entre la adolescencia y una adultez inconsciente, mientras se acababa la Unión Soviética, Spielberg se ganaba el premio Óscar por La Lista de Schindler, el Pibe Valderrama llevaba a la selección Colombia a un mundial de fútbol en los Estados Unidos, el agente especial del FBI, Fox Mulder, descubría la existencia de extraterrestres en la cadena de televisión de la Twentieth Century Fox, el VIH se extendía inevitablemen-te, un indígena firmaba la Constitución Política de Colombia, un negro e indígena al mismo tiempo se volvía presidente de Sudáfrica al salir de la cárcel, Axel Rose componía canciones románticas y pacifistas después de quemar su propia casa en un ataque maníaco depresivo, Bill Gates se volvía el tipo más rico del mundo, y el EZLN se tomaba el poder en la selva lacandona y (especialmente) en Internet. ¡Ah! Y además, en In-glaterra el partido de los trabajadores se tomaba el poder y empezaba a hacer reformas neoliberales. No es que fuera la primera década en la cual sucedían cosas contradictorias en el mundo, pero esta sí tenía un sa-bor especial, porque algunos fanáticos religiosos proclamaban que el fin del mundo llegaría al final del milenio y en la televisión ponían muchas películas sobre Nostradamus.

No sé si por todo eso, o tal vez porque las guerras se trasladaron del primer mundo al tercero y dejaron de ser frías y se volvieron crueles, o por alguna otra razón, empezó a crecer en algunos lugares una cierta confianza en que el nuevo sistema mundo capitalista que se había im-puesto sobre el socialismo soviético y el chino encontraría algún tipo de resistencia y esperanza, en algún rincón escondido y lejano del mundo.1

De repente, quienes se vieron derrotados por la promesa de un fu-turo emancipador encontraron cierta fe en el regreso a la naturaleza, en la memoria de aquellos que habían sido olvidados por la historia. Hoy como entonces, muchos nos sentimos inspirados por la reivindicación del recuerdo de las verdades ocultas por el poder. En un capítulo de “Los expedientes secretos X”, un indio del pueblo navajo planteaba esa mis-ma idea con profunda claridad:

Hay un viejo dicho indio, según el cual las cosas viven tanto como la

última persona que las recuerda. Mi pueblo ha llegado a confiar en la

memoria por encima de la historia. La memoria, como el fuego, es ra-

diante e inmutable, mientras que la historia sirve sólo a aquellos que

1 Tomo los conceptos de “sistema mundo” y “capitalismo” de la obra de Wallerstein (1974).

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buscan controlarla, aquellos que atenuarán las llamas de la memoria con

la intención de apagar el peligroso fuego de la verdad. Debemos tener

cuidado de ellos, pues son peligrosos también. Y son ignorantes. Su falsa

historia está escrita en la sangre de aquellos que podrían recordar. Y de

aquellos que buscan la verdad (Capítulo II, Tercera temporada).

Aún no sé por cuál razón. Y tal vez mi memoria se encuentra atrapada en mi experiencia posadolescente como estudiante de antropología de una universidad tercermundista de segunda. Pero ese optimismo que suponía que existía una sabiduría escondida que nos salvaría de la opre-sión, me invadió a mí también. No a todo el mundo le llegó igual. Unos la buscaron en Bob Marley, otros en la hipótesis Gaia y el regreso a la na-turaleza, otros en Internet, otros en las cámaras de video y otros en una combinación de todo, pero yo me junté con aquellos que la buscaron entre los pueblos indígenas. Estoy seguro de la influencia de la imagen carismática y mediática de los enmascarados zapatistas, su humor ino-cente y su uso pedagógico de las parábolas como causa de esta inclina-ción entre muchos jóvenes.

Esta larga introducción al tema es para decir que creo que el inte-rés por lo indígena se incrementó lentamente durante la década de los noventa debido a una búsqueda de respuestas a cambios, bien fueran reales o aparentes, que agobiaban al mundo. Aquello que parecía estar en los “márgenes” o “fuera” del conocimiento y las formas de vida del capital parecía una promesa que alimentaría la construcción de lo que muchos empezaron a denominar “resistencias” —concepto definido en la obra de varios autores, entre ellos Tarrow (1997) y Melucci (2002).

EL REGRESO A LA PROMESA DE LA EMANCIPACIÓN SALVAJEEl etnólogo alemán Karl Heinz Kohl había planteado en la década de los noventa que desde los orígenes de la filosofía y la antropología, la lle-gada de los europeos a América había permitido a filósofos, escritores e intelectuales construir una imagen del “buen salvaje” que tenía pre-tensiones de veracidad, pero en realidad, simplemente reflejaba el sur-gimiento de la Ilustración en el pensamiento social y político europeo. Este pensamiento ilustrado, alimentado por la antropología, prometía en la representación del buen salvaje el descubrimiento de sociedades armónicas e igualitarias, ajenas a la explotación, dominación y enaje-nación que había determinado al mundo europeo desde sus orígenes (Kohl, 1986).

Si esto es cierto, entonces también habrá que decir que esa repre-sentación del buen salvaje pervivió en el pensamiento crítico “moder-no”. Alimentó a pensadores influyentes de la filosofía y la antropología, como Levi-Strauss; o bien a autores influyentes de la antropología po-pular como Carlos Castaneda; pero incluso antes pueden encontrarse ideas relacionadas con el buen salvaje en la idea del socialismo primitivo de Engels. Pero no sólo alimentó a la antropología. También a la litera-tura popular, por ejemplo en Tarzán y El libro de la Selva. Sin duda las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury continuaban con esta representa-ción. Jean-Paul Sartre también defendía en las décadas de los sesenta y setenta la violencia como instrumento legítimo de los colonizados no europeos contra los colonizadores. Gandhi, en cambio, desde la acción pacífica, renunció a luchar por una ciudadanía británica para los indios con el argumento según el cual, la cultura tradicional india y su cono-cimiento trascendente del espíritu eran la base de una legítima nación multicultural india, cuya consolidación prometía al ser humano una vida espiritual y materialmente satisfactoria, alejada del lujo, la opulencia y la explotación del capitalismo europeo.

El buen salvaje es, en suma, una especie de deseo vergonzante en el pensamiento crítico de las sociedades “modernas”, porque les permite verse a sí mismas críticamente y recordarse de manera explícita que esa promesa de felicidad sumergida en el capitalismo y el Estado-nación a veces resulta más una trampa que un deseo.

En Colombia, la búsqueda del buen salvaje o el deseo de su existencia han sido más bien marginales. Es posible que ello se deba a la carga racis-ta que históricamente ha atravesado las relaciones sociales en Colombia y que tiene su origen en la Colonia. Pensadores liberales y conservadores plantearon en el siglo XX que la “raza” indígena constituía una amenaza para el progreso en Colombia, pues según los defensores de esta pos-tura, las “razas” indígenas habían cultivado un intrínseco odio hacia las “razas” blancas que les habían invadido y arrebatado los territorios que alguna vez ocuparon con soberanía, y a cuyos últimos rincones se afe-rrarían hoy desesperada y decididamente ante el despojo. Estas ideas fueron divulgadas por líderes políticos liberales y conservadores como Laureano Gómez (1928) y Luis López de Mesa (1934) (ver también Vasco, 2002; Pineda, 1986).

Sin embargo, hubo una permanente preocupación entre los inte-lectuales en Colombia, en concierto con América Latina, a cerca de los pueblos indígenas. Esta reflexión fue mucho más limitada a ciertos in-telectuales, a diferencia de lo que sucedió en otros países como Méxi-

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co. Sin embargo, intelectuales y líderes populares como Ignacio Torres Giraldo, reflexionaron a inicios del siglo XX sobre el lugar de lo indígena en la socie-dad nacional. Al mismo tiempo, en la década de los treinta, líderes indígenas tuvieron un importante lugar entre los sectores populares, especialmente el archifamoso Manuel Quintín Lame. Mientras en América Latina el indigenismo, como reflexión so-bre el lugar de la cultura indígena en las sociedades nacionales, jugó un papel importante en la reflexión sobre el pasado, el origen y la naturaleza del Estado-nación, en Colom-bia esta corriente tuvo impactos limitados. No obstante, el contexto mundial de rechazo y cuestionamiento a las teorías racistas en Europa despertó intereses que buscaron encontrar en el pasado “precolombi-no” la evidencia de la grandeza y la armonía de los pueblos indígenas. Así se despertó el interés del antropólogo Paul Rivet en los pueblos indí-genas de Colombia, y surgieron figuras influyentes como la del historia-dor ucraniano Juan Friede, que insistieron en pensar la importancia de los pueblos indígenas y rechazaron la discriminación racista existente en Colombia (Pineda Camacho, 1986). Se escribieron obras literarias como José Tombé: Novela Costumbrista (Castrillón 1973 [1942]) y obras aca-démicas como El indio en lucha por la tierra (Friede 1944).

Pero en resumen, y para no alargarnos demasiado, la visión racista hacia los indígenas permaneció y marginó al indigenismo. El indigenis-mo fue un asunto de algunos intelectuales. Todavía puede verse la visión de la cultura indígena como causante del subdesarrollo en los primeros trabajos sobre campesinos en el altiplano cundiboyacense del sociólogo Orlando Fals Borda, aunque en la actualidad este autor es reconocido por su postura en favor de las luchas populares, entre otras, la indíge-na (Fals Borda, 1961). Algunos autores piensan que la discriminación racista contra los pueblos indígenas se conserva aún hoy en Colombia, aunque el gobierno se ufane de tener la Constitución más progresista en el tema indígena de toda América Latina (Ramos, 2002).

Y si los indígenas de la región andina fueron vistos como un estorbo para el desarrollo, los indígenas amazónicos llevaron la peor parte de la discriminación, porque ellos aparecían como salvajes que hacían parte de la naturaleza que habrían de colonizar tanto las empresas petrole-ras y madereras, como los mismos campesinos colonos despojados y expulsados de otras regiones a los cuales se les prometieron las tierras indígenas en diferentes reformas agrarias. Tierras que eran considera-

das inhóspitas, oscuras y febriles, como lo argumenta el antropólogo e historiador Augusto Gómez (2005).

No obstante, hoy los movimientos indígenas en Colombia ocupan un lugar de vanguardia entre los movimientos sociales. Las cosas cambia-ron. Los indígenas adquirieron un lugar protagónico desde que Colombia promovió una Asamblea Nacional Constituyente en 1991. No por ello han dejado de sufrir la persecución, la pobreza o los efectos del conflicto armado, es cierto. Pero es indudable que hoy ocupan un lugar diferente (Archila, 2009; González, 2006; Archila y González, 2010).

La antropóloga y geógrafa Astrid Ulloa ha sostenido que, en una alianza política implícita con el movimiento ambientalista mundial, los indígenas de Colombia se han posicionado aprovechando la imaginería del buen salvaje que prevalece entre organizaciones, gobiernos y otras instituciones internacionales (Ulloa, 2004).

Un muy interesante ejemplo de este cambio de lugar de los indíge-nas en la sociedad nacional es que los antropólogos que en el pasado se arrogaban el derecho de hablar por los pueblos indígenas o a cerca de ellos, hoy buscan de manera desesperada y obsesiva otros espacios de trabajo y desprecian el trabajo con pueblos indígenas, porque estos desprecian a los antropólogos ya que pueden negociar por sí mismos proyectos de desarrollo. Muchas veces, los mismos líderes indígenas dis-ponen de títulos universitarios para ejecutar los proyectos. En cambio, los campesinos y otros sectores marginales siguen viendo a los antro-pólogos como personas de una mejor clase social y les siguen diciendo “doctores” (al igual que a otros profesionales de clase media). Si antes los antropólogos eran acusados de ser los ventrílocuos de los indígenas, hoy es al revés (Vasco, 2006).

Las cosas han cambiado también a nivel latinoamericano. Ni qué ha-blar de Evo Morales.

Queda entonces pendiente una pregunta.

INDÍGENAS, DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO¿Qué pasa entonces con lo que llamaba Rousseau el “salvaje noble”?

Deseamos su existencia, porque nos permite anhelar o creer en una sociedad diferente a aquélla opresiva en la que hemos vivido y de cuya creación nos sentimos culpables, aún cuando no seamos capaces de sa-lir del agobio que nuestra propia sociedad moderna nos impone. Nos permite pensar en la posibilidad de una forma de vida humana que no se funde en la explotación de unos seres humanos por el beneficio de otros. Pero la debilidad que despierta nuestro deseo por la existencia del

“ la visión racista hacia los indígenas permaneció y marginó al indigenismo.

El indigenismo fue un asunto

de algunos intelectuales.

113


“salvaje noble”, y nuestra frustración con nuestra propia sociedad “mo-derna” no demuestra que el “salvaje noble” no existe, no nos demuestra que el deseo por el “salvaje noble” sea una falsa creencia.

Entonces... ¿Existe? Esta es una pregunta legítima. Pero al mismo tiempo tramposa.

Al desear la existencia del salvaje noble imponemos sobre las socie-dades indígenas la carga de ser más “democráticos” que nosotros. Más “armónicos”, igualitarios, redistributivos, pacíficos o ambientalistas. Y entonces, al legitimar al buen salvaje como símbolo de una sociedad diferente, cumplimos nuestro destino como sociedad moderna, opresiva y colonizadora. Al igual que Edipo, nuestro deseo por escapar a nuestro destino es la fuerza que nos conduce a realizarlo.

La realidad nos muestra, sin embargo, que los pueblos indígenas se encuentran con los mismos conflictos que sufrimos quienes creemos ha-cer parte de sociedades “modernas”. Nos fastidia, nos frustra y nos cau-sa temor admitir la existencia del machismo, el alcoholismo y otros fenó-menos humanos que nuestras sociedades también viven, pero nuestras leyes y nuestra moral condenan. Nos molesta y nos causa aún más temor admitir la existencia de la corrupción, el clientelismo, el oportunismo y el discurso lastimero victimizado de algunas organizaciones indígenas, por no hablar de las alianzas de las mismas organizaciones con instituciones del Estado o líderes políticos que representan a las clases opresoras que desde hace siglos ostentan el poder y a quienes acusamos de explotar-nos a todos, incluyendo a los mismos pueblos indígenas.

Nos enfurece aún más descubrir que los pueblos indígenas tienen conflictos entre sí, que entre ellos existen indígenas más privilegiados que otros y explotación económica, política, racial y de género. Hacemos oídos sordos a la suposición según la cual sus organizaciones sociales tienen conflictos, diferencias políticas y buscan propósitos diferentes. Y ni hablar de la posibilidad de pensar que los indios pueden estar a favor del sistema capitalista. Se nos eriza la piel.

Al querer negar la suposición colonialista según la cual los pueblos indígenas son salvajes y hay que modernizarlos y democratizarlos, nos convertimos en sus colonizadores, pues nos obligamos a pensar en ellos como armónicos y democráticos.

Pero si el capitalismo es una invención histórica de un grupo de seres humanos y esto demuestra que otras sociedades (o “mundos” si pre-fiere usted la expresión) son posibles, entonces lo mismo sucede con los pueblos indígenas. Nada indica o demuestra que, fuera de las so-ciedades “modernas”, “occidentales” o capitalistas, la explotación y el

...Al desear la existencia del salvaje noble imponemos sobre las sociedades indígenas la carga de ser más “democráticos” que nosotros. Más “armónicos”, igualitarios, redistributivos, pacíficos o ambientalistas...

“

despotismo, el autoritarismo, el racismo y otras formas de opresión sean imposibles o antinaturales.

Nada demuestra que el salvaje noble no existe, aún cuando nada de-muestra que exista.

Entonces ¿qué? ¿Son los pueblos indígenas o no sociedades libres de las relaciones de opresión, aunque sea sólo en algunos y no todos los aspectos de las relaciones políticas y sociales?

Mi opinión al respecto es que esa es una pregunta legítima para plan-tearle a los movimientos y organizaciones indígenas. Es justo y es legíti-mo preguntar. Aún cuando resulte de mal gusto.

Ahora bien, los pueblos indígenas y sus defensores responderían ante esta afirmación que ellos no tienen por qué responder a esta pre-gunta. Y es cierto. No tienen que hacerlo. Excepto cuando ellos mismos aprovechan, usufructúan y alimentan el deseo “moderno” por el buen salvaje, para legitimar sus propias demandas. Cuando su autoridad ante quienes no son indígenas se legitima alimentándose de la representa-ción y el anhelo por encontrar al buen salvaje.

Los movimientos indígenas no han existido en el vacío ni proponen su existencia en aislamiento de otras formas de lucha social. El ambientalis-mo, el sindicalismo, la lucha campesina han sido aliados del movimiento indígena, así como lo ha sido la protesta estudiantil a lo largo del tiem-po, así en Colombia como en otros países. Si la alianza que los pueblos indígenas demandan de otros sectores sociales se basa en esta repre-sentación “moderna”, entonces dichos pueblos sí tienen que discutir de manera abierta su proyecto político con los sectores sociales que no se reconocen como indígenas.

Por eso, no me introduciré aquí en la discusión sobre la naturaleza democrática, igualitaria, libre, o ambientalista de los pueblos indígenas. Pero sí defenderé en este y en otros momentos la posibilidad de pregun-

tarme si las formas de vida de los pueblos indíge-nas son o no menos opresivas que aquellas de las sociedades modernas.

Y estaré dispuesto a escuchar la postura que, frente a ello, planteen los indígenas, como perso-nas, como líderes, como comunidades o como or-ganizaciones.

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117


“El Estado soy yo”En la defensa de los intereses supremos del Estado y de los bienes superiores del pueblo. ¿Dónde está la justicia?

Hemos creído que un Estado nos ofrecería el modelo que deseábamos, y sobre este

fundamento hemos formado uno,el más perfecto que nos ha sido posible,

porque sabíamos bien que la justicia habría de encontrarse necesariamente

en un Estado bien constituido.Platón

La República o el Estado

La política de seguridad y defensa democrática ampliamente irradiada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez desarrolló un conjunto de ideas que determinaron su concepción de los fines del Estado, la democracia, el modelo económico, y las libertades y los derechos de la población colombiana, fundándose en postulados como la recuperación del mono-polio de la fuerza, la restauración del principio de autoridad y la confian-za inversionista, que en principio no deberían desentonar con los inte-reses del Estado y del pueblo a quienes tanto dijo defender durante sus ocho años de mandato y sus deseos siguientes como eterno presidente.

Lo cierto es que fue un presidente que dejó huella en el país aunque por distintas razones y convicciones éticas y políticas. Muchos lo siguen y lo seguirán aunque conozcan los impactos sociales y judiciales de su ejercicio político, porque no les importa o definitivamente lo comparten; para otros, como es mi caso, la huella es nefasta por criminal, injusta y arbitraria.

Este último punto de vista será el asunto de reflexión de este artícu-lo y, más concretamente, pretenderá identificar la discordancia del poder ejecutivo, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su particular estilo de go-bernar, con la justicia como valor intrínseco, los derechos fundamentales de las personas y el órgano jurisdiccional, limitando la vigencia de este principio en sus manifestaciones de acceso a recursos efectivos para las víctimas, de respeto de las garantías judiciales a los procesados y de aca-tamiento a la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados.

DISTORSIÓN DEL VALOR DE LA JUSTICIALa autoridad, o coloquialmente en palabras del gobernante la “mano dura”, se constituyó en el sustrato de su teoría política del poder, asocia-

LILIANA MARÍA URIBE TIRADOAbogada de la Corporación Jurídica Libertad.

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ción que significa una contradicción en palabras de Hanna Arendt (cita-da por Serrano, 2002) cuando revela que: “En principio, el concepto de autoridad parece hacer referencia a una obediencia, por lo que suele ser habitual confundirla con determinadas formas de violencia o de poder. Sin embargo solo se recurre a la fuerza, o a la coacción externa, cuando fracasa la autoridad”. La autoridad se concibe legítima si su origen no es la dominación, la presión y el miedo, y se encuentra basada en el respeto y la garantía de los derechos humanos.

Con la mano dura como fundamento de autoridad, solo pasaron cuatro días desde la posesión presidencial y ya se declaraba mediante Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002 el estado de conmoción interior creando zonas de rehabilitación y consolidación con facultades desmedi-das a la fuerza pública para restringir y limitar los derechos a la libertad, al debido proceso ya la circulación de personas, clasificando formalmen-te a los pobladores bajo la concepción de “amigo-enemigo” de la patria, del Estado y del orden. Premisas bajo las cuales se ha validado el exter-minio del rival,1 por la deshumanización a la que se abandona. Con dicha tesis “el monopolio de lo político le permite al Gobierno imponer un orden, y con ello, convertir al pueblo en una comunidad de amigos. Es la creencia de que el pueblo es una realidad homogeneizable, lo que lleva a mantener la fórmula centralizada del poder = estabilidad del orden = seguridad de los ciudadanos (Serrano, 2002).

Para el ideal de autoridad se necesitó ir más allá de medidas tran-sitorias propias de los estados de excepción y profundizar una reforma constitucional que alterara el orden político y de derechos cediéndoles a los organismos de seguridad del Estado2 facultades que implicaban in-

1 En palabras de Carl Smith sería quien es capaz de tomar una decisión y opción diferente y defenderla.

2 Artículo 4 del texto definitivo al proyecto de ley estatutaria No. 176 de 2004 Senado, 211 de 2004 Cámara. Aprobado en sesión plenaria del Senado de la República el día 13 de mayo, por medio de la cual se desarrolla el acto legislativo no. 2 de 2003. Autoridades. Corresponderá a los comandantes de División y de Brigada y sus equivalentes en las otras fuerzas; así como a los comandantes de Departamentos de Policía y de Policías Metropolitanas, al director de la Dirección de Policía Judicial, al director de la Dirección de Inteligencia de la Policía, al director Operativo de la Policía Nacional y al director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al subdirector del DAS, al director general operativo DAS y a los directores seccionales del DAS, en forma exclusiva, realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial de acuerdo al artículo 28 inciso cuarto de la Constitución Nacional. Corresponderá al comandante General de las Fuerzas Militares, al director general de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al director de la Dijin, al director

jerencia en ámbitos reservados con exclusividad a la administración de justicia. Así pues, además de permitir capturas, allanamientos e inter-ceptaciones de comunicaciones sin autorización judicial, las instancias castrenses y de seguridad dependientes del poder presidencial juzgaban los motivos para disponer a su arbitrio de las libertades y garantías de las personas que se ajustaran al perfil del enemigo del Estado, de la patria o del pueblo.3

Concomitante a la deshumanización de los enemigos, la política de seguridad democrática alinderó a los amigos en ejércitos capaces de de-fender sus ideas y valores. Aumentó exponencialmente la fuerza pública, creó los soldados campesinos, integró redes de informantes mercantili-zando su “testimonio”, y bajo sospecha se sometió a los inconformes o disidentes a la cárcel o la intimidación. Estableció un peligroso sistema de recompensas que fijaba precios y montos de dinero por las bajas o muertes y la pérdida de la libertad.4 Designó espías en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)5 a través de los grupos Especial de Inteligencia 3 (G3) y de Observación Nacional e Internacional (Goni), así como sus similares en la Policía y el Ejército, para controlar, neutralizar y difamar a los contradictores o “enemigos” del Gobierno, y emprendió campañas de desprestigio público y sistemático capaces de provocar el odio colectivo contra quienes propugnaran por la salida política al con-flicto social y armado.

Los grupos o las personas considerados opositores se ampliaban con asombrosa rapidez de acuerdo con el nivel de distanciamiento que fue-ran tomando del mandatario en razón de sus posiciones políticas o de las decisiones que debieran adoptar como funcionarios públicos ciñiendose

de la Dirección de Inteligencia de la Policía y al director de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, en forma exclusiva, realizar interceptaciones y/o registros de correspondencia y demás formas de comunicación privada sin previa orden judicial de acuerdo al artículo 15, inciso cuarto de la Constitución Nacional. Parágrafo. El gobierno nacional, mediante decreto determinará anualmente y de manera diferenciada cuáles de las autoridades contempladas en este artículo podrán ejercer las atribuciones consagradas en el inciso 4 del artículo 15 y en el inciso 4 del artículo 28 de la Constitución Política respectivamente.

3 La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la reforma constitucional propugnada por el Gobierno porque socababa los fundamentos del Estado social de derecho y de las competencias de las ramas del poder público.

4 Decreto 1400 de 2005 y Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa.5 Organismo que depende directamente de la Presidencia de la República y que tiene

como misión producir información privilegiada, conocimiento que produzca acción, y proveer insumos al presidente de la República para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado.

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a la Constitución y la ley. Así por ejemplo, llegó a in-cluirse en esta categoría y ser objeto de acciones de neutralización el entonces senador del partido de coalición Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Lo fueron también los magistrados de la Corte Supre-ma de Justicia, quienes resolvieron asuntos de su competencia que provocaron reveses de algunas di-rectrices del Ejecutivo, como cuando profirieron la sentencia que negó el carácter de delincuentes po-líticos a los paramilitares desmovilizados,6 o se dic-taron medidas en las investigaciones penales por la denominada parapolítica implicando a congresistas que apoyaron al expresidente tanto en su primer mandato como en la reelección,7 o a sus familiares más cercanos,8 o por la condena a la congresista Yi-dis Medina por haber aceptado dádivas del Gobier-no a cambio de su voto para aprobar la primera reelección presidencial.9

Igual calificación de enemigos recibieron los y las defensores de de-rechos humanos en Colombia o en el exterior. La Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, funcionarios de agencias y organismos de las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo, entre otros, fueron blancos de espionaje. A las organizaciones colombianas se las calificó de “estafetas de la guerrilla”, “terroristas vestidos de civil”, entre otras ex-presiones que además de estigmatizar a estas organizaciones pusieron en riesgo la vida y la integridad personal, tal como se ha develado con

6 Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sala de Casación Penal, sentencia del 11 de julio de 2007, segunda instancia 26945, M. P. Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca.

7 Como le ocurrió al magistrado auxiliar de la CSJ Iván Velásquez, sometido a seguimientos, amenazas, intimidación y escarnios públicos a través de maniobras fraudulentas llevabas a cabo desde la Casa de Nariño en el conocido caso conocido como Tasmania.

8 Querella penal contra el magistrado César Julio Valencia Copete por parte del presidente de la República a raíz de la denuncia pública que hizo aquel sobre una llamada telefónica desde la Presidencia de la República, el 24 de enero de 2008, en la que preguntaba sobre la investigación iniciada en la Sala Penal de la CSJ contra el senador Mario Uribe Escobar.

9 En el comunicado público del 8 de junio de 2008 donde el presidente expresó su rechazo a la sentencia y dijo que la Corte aplicaba una “justicia selectiva” y por “prestarse a la trampa del terrorismo agónico”.

la persecución sistemática contra el movimiento social y de derechos humanos.

El ejercicio de la autoridad se basó en la implementación de la guerra sin cuartel contra la guerrilla como el más acérrimo enemigo, y justifi-cando el aniquilamiento en la lucha antiterrorista. Puso en vilo la exis-tencia de otras formas de actuar y de pensar de diversos sectores de la sociedad civil, a quienes equiparaba a los primeros, para desacreditarlos y disminuirles su capacidad de crítica, intimidó a quienes debían adop-tar decisiones judiciales acordes con la naturaleza y la gravedad de los crímenes que investigaban, o porque revocaban o hundían directrices del Ejecutivo, cuando se trato de jueces y magistrados. En definitiva, una autoridad que redefinió lo político acorde con el mayor o menor gra-do de confrontación con sus oponentes, y no es que lo político en una democracia elimine los conflictos, muy por el contrario, ellos son inhe-rentes a ese concepto, pero ello no significa el uso arbitrario del poder omnipotente destruyendo la acción justa y prudente que se exige de un gobernante y que, en consecuencia, determina un orden legítimo con eje en la justicia.

Pero en definitiva la realidad sobrepasó el deber ser, se impusieron las razones de Estado que se hicieron comunes en la colectividad, y el autoritarismo se alimentó con una poderosa técnica discursiva, pasó lo que Kertézs (2001), sobreviviente de Auschwitz, dijo: “lo verdaderamen-te irracional y lo que verdaderamente no tiene explicación no es el mal, sino lo contrario: el bien”, refiriendose al poder que es “solo una cues-tión de decisión, de una decisión tomada o no tomada en las vidas indi-viduales, la naturaleza del poder no es ni satánica, ni de una complejidad turbia o fascinante, ni terriblemente cautivadora, no, sino común y co-rriente, ruin, asesina, estúpida e hipócrita, y que incluso, en los tiempos de sus logros más grandes solo está bien organizada”.

LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES DE LA POBLACIÓN RESTRINGIDOS O ELIMINADOSDurante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se implementaron medidas que generaron restricción de derechos y libertades, y graves y sistemá-ticas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho in-ternacional humanitario. La política de “seguridad democrática” se con-cibió como un valor dominante en defensa de los intereses del Estado por encima de los postulados constitucionales que imponen las obliga-ciones de respetar, prevenir y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanos. Es decir, la esencia o el sustrato de las

“La política de “seguridad democrática” se concibiócomo un valor dominante

en defensa de los intereses del Estado por encima de los postulados

constitucionales que imponen las obligaciones

de respetar, prevenir y garantizar los derechos

fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanos.

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obligaciones y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos terminaron en cabeza de los asociados a quienes se les conmi-nó a la defensa del Estado. En el mismo sentido, se abandono el atributo de respeto y protección de la población civil con discutible vulneración del principio de distinción aplicable en los conflictos armados.

Las capturas masivas de pobladores fueron una de las primeras me-didas restrictivas de libertades y derechos de los ciudadanos. En los dos primeros años de Gobierno de Uribe Vélez fueron arbitraria e ilegalmen-te privadas de la libertad 6.332 personas (CCEE, 2006, p. 75). Las Fuerzas Militares emprendieron numerosas operaciones para capturar a masas de pobladores sin fundamentos legales, sin órdenes de captura previas, basados en informantes que integraban las redes que dirigían ellos mis-mos, con la ausencia total de control judicial por parte de la Fiscalía Ge-neral de la Nación (FGN), o esta supeditada al arbitrio militar, para lo cual se sirvieron de Fiscalías destacadas ante brigadas militares o entes po-liciales.10 Esto con el argumento contenido en el Decreto 2002 de 2002 que considera a extensos márgenes de la población como guerrilleros, colaboradores o auxiliadores. La pretendida justificación de dichas medi-das en el freno de la actividad ilegal de las guerrillas, el paramilitarismo y lo que denominan bandas criminales, se desvirtuó con la aún latente capacidad de accionar de la insurgencia y la copiosa criminalidad de los paramilitares, el narcotráfico y los nexos con organismos de seguridad del Estado, encargados de combatirlos.

Las ejecuciones extrajudiciales11 o llamados “falsos positivos” deno-taron la amplitud del Gobierno y las Fuerzas Armadas para calificar como

10 Las Fiscalías destacadas en guarniciones militares y policiales no son una iniciativa de la política de seguridad democrática. Ellas existen desde los primeros años de la década de los noventa, y si bien han sido cuestionadas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y existe una recomendación para su abolición en la Fiscalía, se mantiene esa instancia que es altamente lesiva de la independencia e imparcialidad que debe tener un funcionario judicial, o un órgano jurisdiccional respeto de otros poderes del Estado y en especial de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del mismo.

11 La dinámica fáctica de estos casos está bien documentada, por lo que solo será necesario aquí delinear las pautas generales comunes a todos los departamentos del país. En algunos casos, un "reclutador" pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un exmilitar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez allí, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares, a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control

enemigos a los pobladores. Más de 3.183 víctimas fueron reportadas por las organizaciones de derechos humanos en Colombia12 de ser ase-sinadas con el objeto de mostrar resultados positivos en el combate a las guerrillas y la delincuencia, y de mantener el incontrolado y oneroso sistema de recompensas “secretas” del Ministerio de Defensa Nacional, patrocinando a los perpetradores con recursos públicos. En su informe, luego de la visita a Colombia en junio de 2009, el Relator de las Naciones Unidas, Philip Alston, concluyó con claridad que:

los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han cometido un

número considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemático

de falsos positivos se ha repetido en todo el país. Ha habido demasiados

asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aisla-

dos perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o

“manzanas podridas”.

Y recomienda que “el Gobierno debería examinar y reformar los as-pectos de sus políticas de seguridad que han socavado los objetivos mis-mos que se propone conseguir”.13

El derecho a la intimidad se cercenó a magistrados, jueces, periodis-tas, políticos, defensores de derechos humanos, personajes de la vida nacional e internacional y hasta algunos funcionarios del Gobierno. A

de carretera. Las víctimas también pueden ser escogidas por "informantes" que las señalan como guerrilleros o delincuentes, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas, disparar armas de las manos de las mismas, cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros, o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierran sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes. Entre tanto, los familiares de las víctimas buscan con desesperación a sus seres queridos, a veces durante muchos meses. Cuando los miembros de la familia descubren lo sucedido y toman medidas para tratar de que se haga justicia, por ejemplo, denunciando el caso a las autoridades o señalándolo a la prensa, suelen ser objeto de intimidaciones y amenazas y algunos de ellos han sido asesinados. Informe A/HRC/14/24/Add.2, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, marzo 31 de 2010.

12 Mesa sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

13 Informe A/HRC/14/24/Add.2, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, marzo 31 de 2010.

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estos últimos, tal vez, para asegurar lealtades, pues sino cómo se expli-ca la interceptación de comunicaciones al vicepresidente de entonces Francisco Santos. Los asuntos más íntimos de la vida privada de varias de estas personas fueron escrutados, vigilados, revisados. Inspecciona-ron a sus familias, su economía, su movilidad, sus opiniones, sentimien-tos, sus relaciones personales y laborales, sus fuentes de información. Un Gobierno que tenía la capacidad de conocer de primera mano y a profundidad a sus enemigos y disponía, en consecuencia, de tácticas de ataque a su honra, buen nombre, a su ejercicio profesional y político, de-finitivamente la inteligencia ofensiva utilizada para detectar y neutralizar blancos en las guerras.

LA JUSTICIA ÚTIL Y NECESARIAEn la técnica del poder con selección de amigos y enemigos, ¿qué ór-ganos administradores de justicia son útiles para el país? Esta pregunta tuvo su respuesta, permisiva y retributiva, de penas flexibles, benignas o agravadas según las circunstancias para los ricos y los pobres, con mayor o menor capacidad del Ejecutivo de injerencia en los altos tribunales y, por ende, en sus decisiones cuando se trataba de asegurar sus directrices.

Una de las medidas se concretó con la Ley 1153 de 2007 que se llamó de pequeñas causas,14 que se aplicaría frente a delitos contra el patrimo-nio económico de menor cuantía y tendría un procedimiento oral, abre-viado y de única instancia, con un juez especial juzgando a un culpable con características comunes en los pobres, los excluidos, los marginados, por quienes no se reclama la vulneración de los derechos al debido pro-ceso, a la doble instancia y la presunción de inocencia. Dice el profesor Germán Silva García (2003) que “poco honor se le haría al carácter social del Estado si, so pretexto de descongestionar y abaratar la administra-ción de justicia para atender aquellos asuntos que las élites consideran estratégicos y prioritarios, se abandonara a los sectores sociales más vul-nerables a un modelo de justicia sumaria sin debido proceso”.

Los trabajadores también fueron apretados para defender a la em-presa, y con el fin de “generar empleo” se expidieron la Ley 789 de 2002 o de flexibilizacion laboral, que extendió la luz solar hasta las 10 de la noche para recortar las horas extras, los festivos y dominicales; el Decre-to 933 de 2003 concluyó la precarización de las relaciones laborales que

14 La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley de pequeñas causas, ya que no se ajusta a la Constitución porque todos los delitos, así sean menores, deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación.

venía desde la Ley 50 de 1993, y los jóvenes fueron reclutados a bajos costos y sin garantías en las empresas bajo las redefiniciones del contra-to de aprendizaje.

En la misma dirección de degradar las defensas constitucionales de los sectores sociales más vulnerables se enfocó la reforma a la acción de tutela para sustraer del amparo judicial la viabilidad y efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos tutelados en acatamiento a la caracterización de Colombia como un Es-tado social de derecho. Esa restricción se hace, en primer lugar, por la vía de limitar el mecanismo a los derechos individuales de carácter civil o político y, en segundo lugar, impidiendo a los operadores judiciales afectar el presupuesto nacional, y con ello restando eficacia material a la protección de los derechos de las personas. En resumen, lo que hoy sofisticadamente se denomina “principio de sostenibilidad fiscal” ya se había imaginado por el antecesor de Juan Manuel Santos, eliminándose también las posibilidades de demandar jurídicamente políticas públicas en salud o para la atención de la población desplazada, entre otras, que han sido asuntos fallados por la Corte Constitucional.

El Gobierno también intentó limitar las tutelas frente a particulares, a sabiendas de que la imposición del neoliberalismo en el país consistió en privatizar y mercantilizar la prestación de los servicios públicos esencia-les. En definitiva, lo que prevaleció fue el afán del Ejecutivo de sustraer a los jueces constitucionales, de ceñirse al mínimo al modelo de Estado social de derecho y deslizarlos sobre los intereses del capitalismo ram-pante incapaz por principio de garantizar los derechos económicos, so-ciales, culturales y ambientales, y más propiamente, la vida y la dignidad.

Si se continúa la tendencia del Ejecutivo de restringir la acción de tu-tela se negará a las comunidades indígenas y afrodescendientes la con-sulta previa, libre e informada para la irrupción de multinacionales y me-gaproyectos en sus territorios colectivos como sucedió con la tutela que suspendió la exploración de minerales en el Cerro Carepero en el munici-pio de Murindó porque no se garantizó plenamente ese derecho;15 o los derechos de la comunidad afrodescendiente de La Toma en el municipio de Suárez, Cauca.16

La tutela contra decisiones judiciales ha sido materia de controversia y el Gobierno de la “seguridad democrática” la quiso frenar. Entre otras justificaciones porque ello implicaba “choque de trenes” entre las Altas

15 Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009.16 Corte Constitucional, sentencia T-1045-A de 2011.

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Cortes, desvalorando que el fondo de la cuestión es la protección por protuberantes errores de los jue-ces o lo que la Corte Constitucional ha denominado vías de hecho, que afectan el debido proceso o las garantías judiciales de los ciudadanos. La revisión por vía de tutela de sentencias de los máximos tri-bunales del país les causó molestia, tal como quedó evidenciado en las conclusiones de la Comisión de Alto Nivel creada por el anterior Gobierno para re-formar la justicia,17 que propuso limitarla en tiem-po, adicionarle requisitos, y negar su revisión por la Corte Constitucional.

Pagar por la justicia fue otra de las propuestas gubernamentales con-tenida en el proyecto de enmienda constitucional pues “será obligatorio recuperar para la sociedad, en forma tan completa como se pueda, los costos en que el Estado incurre para administrar justicia”,18 a pesar de que la Constitución consagró la gratuidad para garantizar “el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia”, según reza el ar-tículo 229 de la Carta Política. Esta iniciativa, que alcanzó desarrollo legal a través de la Ley 1395 del 201019 y, en consecuencia, las demandas por reparación por hechos o acciones imputadas al Estado, se verán entorpe-cidas por los impuestos y las erogaciones que le imponen a quienes las in-terpongan, lo que impedirá por asuntos económicos el acceso a la justicia.

Desde la primera reforma constitucional a la justicia se buscaba mo-dificar la estructura diseñada por la Constitución de 1991 sobre el Con-sejo Superior de la Judicatura20 creando una Dirección Ejecutiva de la rama jurisdiccional y un Consejo Superior de la Administración de Jus-ticia. La reforma propugnada por la Comisión de expertos en el 2010

17 Resumen Ejecutivo, Informe preliminar de la Comisión de Reforma a la Justicia del 12 de abril de 2010.

18 Artículo 8 de la reforma a la justicia presentada por el Gobierno.19 Esta ley introduce modificaciones a los códigos civil, penal, laboral, electoral y

contencioso administrativo. Y entre las modificaciones establece unos rubros de dinero que tendrán que pagar los demandantes cuyas pretensiones prosperen, sino prosperan o lo hacen parcialmente deberán cancelar sumas de dinero por haber actuado ante la jurisdicción.

20 Es un órgano de la rama jurisdiccional del Estado creado por la Constitucional Nacional de 1991 con la finalidad de darle mayor autonomía administrativa y presupuestal a esa rama del poder público y separar su dependencia del Ministerio del Justicia. Operativamente funciona con dos salas: Administrativa que define políticas públicas y organiza a sus funcionarios, y la Sala Jurisdiccional que atiende asuntos disciplinarios y resuelve los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones del país.

propuso constituir un Consejo Nacional de la Administración Judicial y en su interior una Dirección General de la Administración Judicial, de índole técnica y ejecutiva.

En la práctica nada de fondo, solo denominaciones diferentes que no hurgan aún en los asuntos esenciales como la impunidad estructural frente a la alta criminalidad nacional, menos aún sobre la relativa a gra-ves violaciones de los derechos humanos, o la descongestión de despa-chos judiciales, que implicaría mayores recursos para el nombramiento definitivo de jueces, fiscales e investigadores, y sin que implique proce-dimientos sumarios o abreviados sin garantías para las partes. En la pri-mera reforma se propuso dar al Congreso y a los partidos y movimientos políticos mayor capacidad nominadora,21 con el “gancho” de permitirles a los funcionarios judiciales elegir directamente otros de los integrantes de las nuevas figuras creadas. Reformar, cambiar o suprimir esta instan-cia fue una obsesión de la era Uribe Vélez, que no se pudo concretar, y en la que continúa en el empeño el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sin que ello signifique acometer el estudio minucioso de las causas de la criminalidad, los factores que retardan injustificadamen-te las investigaciones penales, o las causas civiles, laborales o adminis-trativas, y lograr una recta, pronta y eficaz gestión de la administración de justicia que permita dirimir los conflictos que se desenvuelven en la sociedad colombiana.

También la reforma propuesta por el Ejecutivo pretendió colocar tra-bas al control de constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional, estipulando un plazo perentorio de dos años siguientes a la promulga-ción de las leyes para demandarlas por inconstitucionales, y una más profunda fue la limitación de salvaguarda constitucional con la preten-sión de impedir que se pronunciara sobre el contenido material de los decretos que declaran los estados de excepción, tan utilizados en el país a través de la historia para socavar derechos fundamentales. En definiti-va, aminorar los límites constitucionales al poder del presidente, nece-sarios para la preservación de un Estado democrático de derecho y de garantía de los derechos humanos.

A favor de los criminales de lesa humanidad también se legisló. Pri-mero, el Gobierno les dio estatus político22 a los paramiliares y negoció

21 Actualmente, la Cámara de Representantes tiene la facultad de elegir a los magistrados de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura de ternas enviadas por el presidente de la República.

22 La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 que calificaba como sedición el paramilitarismo. Y la Corte Suprema de

“aminorar los límites constitucionales al poder

del presidente, necesariospara la preservación

de un Estado democrático de derecho y de garantía de los derechos humanos.

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su “desarme y desmovilización”,23 luego se les otorgaron beneficios ju-rídicos para excluir la judicialización y la verdad.24 Más adelante, frente a un limitado número de ellos, se promulgó la Ley 975 de 2005 deno-minada de Justicia y Paz, que facultaba al Gobierno para incluir los pos-tulados al trámite judicial previsto en dicha ley, y luego se autohabilitó para excluirlos desconociendo que existiendo ya la actuación judicial, las decisiones son de ese mismo orden y no gubernativas como lo reguló en el decreto.25

Han pasado seis años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz y solo se ha proferido una sentencia condenatoria, no hay generosidad en las confesiones “plenas y veraces” de los hechos, hacia las víctimas, y en el establecimiento de los autores determinadores y responsables intelec-tuales y beneficiarios de los crímenes. Menos aún, en reparaciones y res-titución de tierras, como lo condicionó la Corte Constitucional cuando declaró la exequibilidad de la citada ley para el otorgamiento de la pena alternativa26 que premiará a los victimarios con penas entre 5 y 8 años. Sin embargo, frente a los demás delitos consagrados en el Código Penal perpetrados por otro tipo de delincuentes, aún de menor gravedad, el Congreso, a iniciativa del Ejecutivo, aumentó las penas privativas de la libertad, estipuló un máximo de cincuenta años y limitó el otorgamiento de beneficios de libertad condicional y suspensión de la pena al pago ín-tegro de una multa impuesta como parte de la sentencia condenatoria.27

Se puede comprender políticamente que una sociedad merece la re-conciliación y, en especial, que explore fórmulas imaginativas para resol-ver sus conflictos, pero lo que no puede concluirse de dicho proceso y sus dimensiones judiciales es que haya facilitado la desintegración de las estructuras paraestatales que las víctimas obtuvieran la verdad, la justi-cia y la reparación, y que el país lograra la paz. ¿Qué intereses se escon-

Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 11 de julio de 2007, segunda instancia 26945, M. P. Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca.

23 Ley 782 de 2002 que modificaba la Ley 418 de 1997 denominada Ley de Orden Público.

24 Decreto 128 de 2003 expedido por el presidente de la República. Luego sería la primera propuesta de Ley de Alternatividad penal presentada por el Gobierno al Congreso.

25 El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1364 de 2008 facultándose a sí mismo para “retirar la postulación que haya remitido a la Fiscalía General de la Nación”, y obligando a la Fiscalía a cesar inmediatamente cualquier actuación en el marco de la Ley 975 de 2005.

26 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2005.27 Artículos 2, 4, 5 y 14 de la Ley 890 de 2004.

dieron detrás de los actos de desmovilización colectiva que se confirmó fueron una farsa? Lo que se concluye es que la tierra usurpada no será recuperada materialmente por los despojados, ni todos los testaferros o tenedores ilegítimos estarán obligados a devolverla, ni siquiera con el proyecto de víctimas del nuevo mandatario.28

Si los paramilitares siguen actuando, ejerciendo control social, políti-co y económico y, además, prestan excelentes “servicios de seguridad” a quienes desde tiempos inveterados los crearon, fortalecieron y arma-ron; si tampoco se aborda el interés de lucro derivado del narcotrafico y su extesión e inclusión en la economía colombiana; si no se ha compren-dido, o más bien se ha negado la articulación finalística del paramilita-rismo con instancias del poder civil y la fuerza pública para la guerra y la economía, no parece que el país logre la paz.

Esa tendencia a favorecer a victimarios de crímenes de lesa humani-dad se vio complementada con la decisión ejecutiva de utilizar a la juris-dicción penal militar29 para investigar los delitos cometidos por integran-tes de las Fuerzas Armadas, contrariando jurisprudencia de organismos internacionales de protección de los derechos humanos y de la Corte Constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho al respecto que:

En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de

tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protec-

ción de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la

ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, solo se debe juzgar a militares

por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten

contra bienes jurídicos propios del orden militar. Cuando la justicia mi-

litar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia

ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido

proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio de-

recho de acceso a la justicia.30

28 De las cerca de 6,6 millones de hectáreas apropiadas ilegalmente, según informe de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Agricultura aspira devolver a los campesinos cerca de 2 millones de hectáreas que podrán ser terrenos baldíos del Estado, mas no necesariamente a través de la recuperación de las tierras despojadas.

29 Dependiente del Ministerio de Defensa que hace parte de la rama ejecutiva del poder público.

30 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006, párr. 131; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005, párr. 202; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, sentencia del 5

131


Lo primero es señalar que se recurre a la juris-dicción penal militar porque actúa con eficiente solidaridad de cuerpo, profiriendo decisiones inhi-bitorias o absoluciones dando plena credibilidad a las versiones de los militares comprometidos en los hechos, desconociendo o desvalorando los testimo-nios de quienes los presenciaron y de los familiares de las víctimas. Ello no solo lo han decidido jueces militares, sino recientemente magistrados del Con-sejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional, integrada por magistrados elegidos por el Congreso de la República de ternas enviadas por el presidente Álvaro Uribe Vélez, quienes con base en esos mismos argumentos envían los procesos a la jurisdicción penal militar.31 Ha sido tan funcional la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura que ha revocado por vía de acción de tutela sentencias condenatorias a parlamentarios comprometidos con el paramilitarismo o que implicaron a altos funcionarios del Gobierno, proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.32

Aún hoy, teniendo en cuenta que el actual mandatario colombiano fue ministro de Defensa del anterior Gobierno, continúan bajo cono-cimiento de la jurisdicción penal militar las investigaciones por ejecu-ciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército y, más grave aún, la Fiscalía General de la Nación está remitiendo casos de violaciones de derechos humanos a los jueces castrenses.33

Lo cierto es que el cuestionamiento de la actuación de la jurisdicción penal militar en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos es innegable, y con el pretendido interés de otorgarle legitimidad se es-tructuró una reforma constitucional para darle autonomía frente al po-der ejecutivo, pero sin modificar la jerarquización militar de sus jueces. Se dictó un nuevo Código Penal Militar que solo debía estipular las faltas o los delitos relacionados con el servicio, pero que incluyó comporta-

de julio de 2004, párr. 165 y 167; Caso Las Palmeras vs. Colombia, sentencia del 6 de diciembre de 2001, párr. 51 y 52.

31 Ejecuciones extrajudiciales de José Alfredo Botero Arias y de Orestes Morales. 32 Por ejemplo, la tutela que revocó la sentencia condenatoria contra Sandra Arabella

Velásquez, o aquella que ordenó suprimir unos párrafos de la sentencia de condena contra Yidis Medina.

33 Entre los años 2007 al 2010 la GN remitió a jueces penales militares 995 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. Oficio DNF 17592 del 16 de septiembre de 2010.

mientos delictivos que se catalogan como crímenes de guerra,34 y adop-tó las figuras de la Fiscalía Militar, Cuerpo Técnico de Investigaciones y Defensoría Pública, a cargo del Estado y su presupuesto. En la práctica, esta última sumándola a la Defensoría Técnica militar (Demil), que actúa como organización no gubernamental cuyo directores y principales órga-nos están en cabeza de altos mandos de las Fuerzas Armadas; adicional-mente, se dotaron de un favorable sistema carcelario o de privación de la libertad recientemente llamado “Tolemaida resort”.

La jurisdicción penal militar, lejos de ser una instancia competente, imparcial e independiente para investigar violaciones de los derechos humanos, provoca la mayor y absoluta impunidad. Esto se ha acompa-ñado con la creación de un aparataje de defensa técnica militar que no protege los derechos a la defensa y el debido proceso de cada uno de sus representados, sino que asegura que los militares implicados no com-prometan a los superiores jerárquicos,35 quienes provocaron las ejecu-ciones extrajudiciales.

PARA CONCLUIREl expresidente gobernante, legislador y juez, y su particular estilo de quebrantar las mínimas y máximas reglas, entre ellas las del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos hu-manos, y la Constitución, refundó un tipo de ideología en el imaginario colectivo donde “todo se vale” por la defensa de su propia definición de los bienes superiores del Estado y los supremos del pueblo llamando a ello autoridad, donde amigos y enemigos recibieron tratamiento dife-renciado, vulnerando garantías y derechos. Limitó y persiguió la admi-

34 Delitos contra la población civil incorporados en el Título VI del Código tales como saqueos, requisición, exacción, contribuciones ilegales, devastación, etc. Y violaciones de los derechos humanos como amenazas a testigos, destrucción y ocultamiento de material probatorio, violación de habitación ajena, abuso de autoridad.

35 La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su último informe señaló al respecto que: “29. Los miembros de la fuerza pública acusados de graves violaciones de los derechos humanos, como todas las personas, tienen derecho a todas las garantías del debido proceso. Estas garantías no parecerían cumplirse cuando los acusados de haber participado en ejecuciones extrajudiciales son representados por la llamada Defensa Militar (Demil). Existen indicios de que la Demil antepone algunos intereses institucionales de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los procesados. Así, por ejemplo, se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pudieron haber tenido otros miembros del Ejército”. Informe A/HRC/16/22 del 3 de febrero de 2011.

“con el pretendido interés de otorgarle legitimidad se

estructuró una reforma constitucional para darle

autonomía frente al poderejecutivo, pero sin

modificar la jerarquización militar de sus jueces.

133


nistración de justicia cuando ella reconoció el Estado social de derecho a favor de poblaciones vulnerables, y como nunca antes investigó y juzgó a criminales de cuello blanco.

Se le reconoce a todo gobernante, en especial a los colombianos, el deber de superar el conflicto armado en razón del derecho a la paz y la convivencia pacífica y digna de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero ello no ha de significar que se exacerbe la guerra a límites que no importan ni a los propios combatientes de las fuerzas del Estado,36 y se multiplique la guerra sucia a amplios sectores sociales solo por sus pen-samientos políticos, sus compromisos sociales y comunitarios, por de-fender los derechos humanos o residir en zonas pobres o marginadas, generalmente estigmatizadas.

La justicia colombiana está urgida de una reforma estructural que desarrolle cabalmente los principios de independencia e imparcialidad frente a otras ramas del Poder público y que a su interior se dote de mayor transparencia en los procedimientos y en la elección de los ope-radores judiciales para que sus decisiones sean justas y desprovistas de injerencias indebidas. Una administración de justicia autónoma y propia, sin modelos foráneos que no interpelan la realidad nacional, tal como sucedió con el sistema penal acusatorio, que está lejos de presentar una solución al problema de la impunidad, débil para investigar graves y sis-temáticas violaciones de los derechos humanos, y que obstaculizó el de-recho de las víctimas a participar en los procesos penales en demanda de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Una justicia penal que se comprometa a esclarecer los crímenes y sancionar a los responsables, en las dimensiones más profundas, per-mitiendo generar precedentes y establecer garantías de no repetición; que no tolere la aplicación de fueros especiales, como el penal militar frente a crímenes de lesa humanidad o de guerra, y esté desprovista de la selectividad de amigos o enemigos, recuperando su autonomía y su valor frente a instancias militares o policiales.

El futuro no es próspero, el acumulado dejado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez quebrantó los principios democráticos y éticos que le dan solidez a una sociedad. El autoritarismo tomó forma y se instaló

36 Se estima que 4.545 soldados y policías han muerto en combates, 14.300 han sido heridos y 4.628 han sido muertos y heridos por minas. Datos de Ministerio de Defensa. Logros de la Política de seguridad democrática. Agosto 2002-Febrero de 2010. Y en el año 2010, la Fundación Nuevo Arco Iris calculó más de 2.500 muertos en combates.

libremente en amplios sectores de la sociedad. El camino por reconstruir es tortuoso pero no se puede abandonar.

REFERENCIASKÈRTSEZ, I. (2001). Kaddish por el hijo no nacido. Barcelona: El Acantilado

Bolsillo.

OBSERVATORIO DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS

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Revista Ópera, 3 (3) (231-265). Bogotá: Universidad Externado de

Colombia.

135


Sector agropecuario: es necesario un nuevo camino

El fracaso de las políticas agropecuarias gubernamentales de los últimos gobiernos se expresa en el total incumplimiento de uno de sus objetivos principales: la competitividad.

Un importante indicador que revela la debilidad del desarrollo de la agricultura capitalista en Colombia es la formación anual de capital fijo, la cual no volvió a alcanzar el nivel de 2002, y en 2009 fue 22% inferior. Estuvo estancada durante ocho años en el sector agropecuario, mientras se duplicaba para el conjunto de la economía. Este dato es especialmen-te grave, pues expresa la incapacidad para lograr una inversión sosteni-da, que pudiera alcanzar la “competitividad” del sector y su moderniza-ción. Además, en Colombia, el 49% de los productores no ha recibido asistencia técnica en los últimos dos años (DNP, 2010).

Así, a pesar del pleno auge cíclico de la economía internacional entre 2003 y 2007, el sector agropecuario colombiano perdió una oportunidad única para crecer rápidamente. Con tasas de crecimiento del producto interno entre el 4,6 y el 7,5% anual, y del producto industrial entre el 5,5 y el 9,5% anual, el sector agropecuario solamente creció entre el 1,8 y el 3,9% anual. La participación del sector en el producto interno bruto (PIB) total bajó del 8% en 2002, a solamente el 6,8% en 2009.

El crecimiento del sector en Colombia contrasta con el resultado ob-tenido por otros países latinoamericanos como podemos apreciar en las gráficas 1 y 2:

Algunos destacan cómo el contexto de elevados precios internaciona-les ha permitido a diversos países latinoamericanos exportar productos

Gráfica 1. Índices de producción agrícola 2007- Base 1999-2000

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FUENTE: Cepal (2010).

HÉCTOR MONDRAGÓNEconomista, asesor de movimientos sociales en Colombia

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agrícolas no tradicionales, propios de la latitud en la que se encuentra cada uno: México es el principal exporta-dor mundial de aguacates, renglón de exportación que no existía en 1970; Perú es ahora el principal exportador de espárragos; Chile de uvas y manza-nas; Costa Rica de piñas, y Brasil es el segundo exportador mundial de soya (Fedesarrollo, 2010, p. 8). Se destaca así lo que al capital transnacional le in-teresa: el mercado mundial.

Resulta que el mismo mercado mundial se encargó de poner patas arriba la visión que puso a importar alimentos a Colombia. Ahora, como

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Cualquiera diría que era el momento para el despegue de la agri-cultura colombiana pero, por el contrario, la crisis alimentaria mundial tomó a Colombia —y en especial al gobierno— por sorpresa: en 2008, el comportamiento del sector agropecuario fue uno de los factores que disparó la crisis económica general. El valor de la producción de los prin-cipales cultivos, según el Ministerio de Agricultura, se redujo 1,6%. Fue un año de estanflación, en la medida que precisamente los precios de los alimentos se elevaron en 13,77%, mientras la producción industrial se redujo en 1,8%.

En 2009, la caída transitoria de precios resultó ruinosa para muchos productores y la recesión se extendió al sector agropecuario, que duran-te el primer semestre registró un PIB inferior al año anterior. En 2010, cuando el conjunto de la economía comenzó a recuperarse y los precios internacionales volvieron a subir rápidamente, el sector agropecuario colombiano volvió a caer: en el primer trimestre cayó 3,4% del PIB con respecto al trimestre anterior, y en el tercer trimestre fue 0,9% del PIB, inferior al del mismo período de 2009. Para los cultivos transitorios la si-tuación se volvió catastrófica, hasta el punto que en el tercer trimestre de 2010 su producción fue 11% inferior a la del mismo período del año ante-rior, profundizando una tendencia que completa dos décadas y, lo que es peor, de acuerdo con estos datos del DANE, los cultivos de cereales, cuyo precio se eleva en el mundo, disminuyeron 18,7% con respecto a 2009.

Resulta entonces que la agricultura colombiana fue totalmente in-capaz de responder al estímulo del mercado mundial de alimentos. La reacción al alza de los precios del café tomó a la caficultura del país en plena crisis, tras drásticos descensos de producción. La caída de las ventas de las flores en Estados Unidos afectó gravemente la floricultura colombiana, en tanto no había ningún programa para volver a cultivar cereales en las tierras excelentes que fueron monopolizadas durante dé-cadas anteriores por la floricultura.

Las causas para la lamentable situación de la agricultura colombina comienzan por la subestimación de la producción nacional de alimentos,

del mercado interno y de la soberanía alimentaria. También debe tenerse en cuenta el desmonte de la institucionalidad agropecuaria que desbarató insti-tutos que habían logrado en los años sesenta, se-tenta y ochenta cierto nivel de crecimiento agrícola capitalista y habían dado un apoyo subsidiario a la economía campesina. Pero hay otro factor que se quiso subestimar en el discurso público: la tierra.

Gráfica 2. Crecimiento anual promedio 2001- 2008

FUENTE: Cepal (2010).

Resulta que el mismo mercado mundial se encargó de poner patas arriba la visión que puso a importaralimentos a Colombia.

“

a comienzos del 2008, hay pánico por el desaforado aumento de los precios internacionales de los alimentos. Aunque la tendencia al incre-mento de los precios venía desde 2001, en 2007 y 2008 el ascenso fue pronunciado. La crisis económica internacional causó un descenso de los precios internacionales desde fines de 2008 y durante 2009, primero por la baja de los precios de los agrocombustibles y luego de todos los productos agropecuarios. Pero en 2010 los precios volvieron a alcanzar el cielo. Por ejemplo, los precios de los futuros de trigo estadounidense ascendieron un 47% durante el año, los del maíz más de un 50% y la soya un 34% (Portafolio, 2011).

Diferentes países han tenido que tomar medidas urgentes para tratar de detener la escalada en los precios de los alimentos, por ejemplo Co-rea del Sur, Rusia y Arabia Saudita. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recordó la crisis alimentaria global del 2008, cuan-do estallaron disturbios en varios países y otros prohibieron las exporta-ciones de alimentos, y reportó que a comienzos de enero sus precios in-ternacionales ya superaban los niveles de ese periodo (Portafolio, 2011).

La carestía de alimentos en el mercado mundial ha hecho que los inversionistas se vuelquen a buscar tierras para producirlos. La FAO es-tima que en el mundo hay cerca 2.600’000.000 de hectáreas aprove-chables para la agricultura, que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900’000.000 están ubicadas en siete países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudán, Argentina, Bolivia y ¡Colombia! (DNP, 2010). Las tierras de Colombia están en la mira de la inversión agropecuaria internacional.

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FACTOR TIERRASegún las bases del Plan de Desarrollo 2010-2012, entre las causas princi-pales de la baja competitividad y productividad está el uso ineficiente de la tierra: “Existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura, lo que se evidencia en que del total de la superficie con vocación agrícola y silvoagrícola, 21’500.000 de hectáreas solo se utilizan 4’900.000” (DNP, 2010, p. 172).

La no utilización de la mayoría de las tierras aptas para la agricultu-ra no es un fenómeno meramente técnico. Se deja de sembrar porque hay un control monopólico especulativo de la propiedad de la tierra: el 0,06% de los propietarios, cada uno con más de 2 mil hectáreas, posee el 53,5% de la tierra registrada (Bonilla y González, 2006, p. 60). Es este pequeño grupo de grandes propietarios que tiene el poder para decidir retirar de la producción agrícola una parte relativamente grande de las tierras aptas para la agricultura, actuando así como un monopolio para subir los precios de la tierra y mantener una renta alta.

El desperdicio de tierra que resulta del comportamiento monopolista del latifundio, aunque incrementado en los últimos años, no es nuevo en la vida colombiana. La reforma constitucional de 1936 creó la base jurídi-ca para enfrentar el desperdicio especulativo de la tierra, cuando declaró que “la propiedad es una función social que implica obligaciones”, crite-rio mantenido por la Constitución de 1991 que agregó que, “como tal, le es inherente una función ecológica” (art. 58).

La Ley 200 de 1936 estableció la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales de más de 300 hectáreas, en los cua-les durante diez años no se realizara explotación económica del suelo. A la vez, facultó al gobierno para determinar “zonas dentro de las cuales deben conservarse y repoblarse los baques, ya sea en baldíos o en pro-piedad particular”. Esta ley realmente se aplicó después de 1961, tras la creación del Incora, y tuvo efectos importantes, pero insuficientes. Hasta 1973, se extinguió el dominio de 3,4 millones de hectáreas no utilizadas económicamente. La Ley 4 de 1973 redujo a 3 años el término para que se extinguiera la propiedad de un predio no utilizado. Eran tiempos de inversiones en la agricultura: algodón, arroz, café, caña de azúcar, bana-no, flores, ajonjolí, soya… Durante los 27 años posteriores, la extinción de predios incultos alcanzó a cerca de 1,4 millones de hectáreas.

Sin embargo, la ley falló al no relacionar la utilización económica con las diferentes clases de suelos. El monopolio de la tierra se continuó ejer-ciendo, pues simplemente viró de la no utilización total de las tierras agrícolas a su dedicación a la ganadería extensiva de baja productividad

y de muy baja inversión. Según un estudio del Instituto Geográfico Agus-tín Codazzi (IGAC), la ganadería ocupa el 37,3% del territorio nacional, aunque solamente el 12,5% tiene vocación ganadera (Portafolio, 2010): se dedican a la ganadería 38,6 millones de hectáreas, aunque solamente 19,3 millones son adecuadas para tal fin.

Solamente 5 millones de hectáreas ganaderas tienen pastos mejo-rados. Actualmente, una hectárea en agricultura genera 12 veces más valor que una en ganadería (Restrepo, 2010). Estos datos muestran que hay que distinguir bien, de una parte, aquellos verdaderos ganaderos cuyos ingresos dependen de esta actividad, algunos empresarios y otros pequeños inversionistas que arriendan a los grandes propietarios y, de otra parte, aquellos grandes propietarios para los cuales la ganadería ex-tensiva apenas es una actividad para evitar la extinción de dominio, pero cuyas rentas dependen de la valorización de los predios, aprovechando gratuitamente el desarrollo social.

De hecho, lo que vemos en Colombia es cómo la otra cara de la mo-neda de la subutilización de grandes extensiones de suelo es la sobreuti-lización de muchas áreas, donde los más pobres se ven obligados a pro-ducir sin tener tierras adecuadas. Mientras las tierras que deberían ser sembradas no lo son, otras se cultivan causando deforestación, erosión y otros daños ecológicos y agrológicos.

Así, el 15,6% del área total registrada en el país presenta algún grado de subutilización, son 17’790.116 hectáreas, que con respecto al total de tierras intervenidas, equivalen al 29,6%. De este total, 4’767.866 hectá-reas presentan un grado de subutilización severo (Igac-Corpoica, 2002, pp. 60-61). De otra parte, 19’652.641 hectáreas presentan conflicto por sobreutilización, de las cuales 13’349.178 están en alto riesgo de sufrir degradación o pérdida de sus cualidades y las tierras con sobreutiliza-ción severa cubren una extensión de 7.713.598 hectáreas, correspon-dientes al 12,8% del área intervenida (p. 63). El latifundio especulativo es un lastre para el desarrollo económico y, por lo mismo, es la principal causa que empuja la deforestación y el daño de los suelos.

La llamada “apertura económica”, al facilitar la importación de pro-ductos agropecuarios, lejos de lograr que la competencia estimulara mediante las leyes del mercado la competitividad al sector agropecua-rio colombiano, consiguió todo lo contrario. El área cosechada anual se redujo hasta en 22% con respecto a 1990, y siempre ha sido 15% inferior a ese año. El problema de la tierra desperdiciada se agudizó, debido a las importaciones.

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La apertura económica produjo, además, un cambio en las fuentes de la renta de la tierra. El descenso de la rentabilidad del sector agropecua-rio condujo, por una parte, a los grandes propietarios a tratar de obte-ner rentas diferenciales de ubicación en las zonas donde se efectuaban inversiones de otros sectores, como la construcción de vías, hidroeléc-tricas y otros megaproyectos, y las explotaciones petroleras y mineras.

La tierra agrícola se está desperdiciando, porque el latifundio no la quiere para producir, sino para “engordar”, para que su precio aumente, como resultado de la inversión del Estado, y la minería y las explotacio-nes petroleras. Es decir, los grandes propietarios de tierra quieren ganar más sin invertir más, de las rentas monopolísticas y de las ventajas de la localización de los predios. En Colombia, en términos de Keynes (1936, p. 232), se ha producido una situación en que la “prima” de propiedad de la tierra supera la rentabilidad de la inversión agropecuaria e impide que el mercado por sí mismo ajuste la economía.

Por otra parte, la política agrícola abandonó cualquier camino de soberanía alimentaria y tomó el de las plantaciones tropicales, que se suponían tenían ventajas comparativas, pero que terminaron siendo sostenidas por numerosos subsidios, exenciones y leyes, que tuvieron su máxima expresión en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Es el caso también de la caña de azúcar para producir etanol. La Ley 693 del 19 de septiembre de 2001 ordenó que a partir de septiembre de 2006 la gasolina en las ciudades colombianas de más de 500 mil habi-tantes debía contener etanol. Esta imposición, sustentada con supuestas motivaciones ecológicas y sociales, es decisiva pues el costo de produc-ción del etanol es superior al de la gasolina (Serrano, 2006). La maquina-ria de las plantas no paga impuestos de aduana. Para completar, la Ley 788 de 2002 exoneró al etanol del impuesto al valor agregado IVA y de los impuestos y las sobretasas a los combustibles, exenciones que cues-tan al Estado 100 millones de dólares por año (Suárez, 2006).

A pesar de todos los privilegios que tiene la producción de etanol, es imposible exportar una gota, porque su costo de producción es cerca de 50% mayor que el de los países exportadores. La principal razón: tierras demasiado caras. La firma LMC International realizó un estudio que de-mostró que en Colombia se paga uno de los precios más altos del mundo por hectárea de caña cosechada, 82% más que en China, 75% más que en Brasil, 63% más que en Guatemala, 42% más alto que en Tailandia; 28% más que en Australia y 6% más que en Sudáfrica. El presidente de Procaña, José Vicente Irurtia informó que los precios de la tierra, y par-ticularmente en el Valle del Cauca, son de los más elevados del mundo (El País, 2007).

De acuerdo con las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2012, el pro-blema del costo de producción como barrera para la competitividad no es exclusivo de la caña y el etanol. Producir aceite de palma en Colombia cuesta 40% más que en Malasia. La producción de leche cuesta 143% más que en Nueva Zelanda, la de maíz 118% más que en Estados Unidos (DNP, 2010, p. 172). Aunque el precio del algodón en el mercado mun-dial en el momento sea excelente, Colombia no participa de la bonanza, porque sus costos son 36% superiores y, a la vez, se abrió por años el mercado a las importaciones: en 1977 había 370.000 hectáreas sembra-das de algodón en Colombia, que produjeron 485.000 toneladas, hoy apenas se siembran 14.000 hectáreas con una producción aproximada de 36.000 toneladas (Tobar, 2010).

Si bien las Bases del Plan de Desarrollo callan sobre el problema del alto precio de la tierra como una de las causas principales del encareci-miento de los costos de producción, la Sociedad de Agricultores de Co-lombia (SAC), que agrupa a los empresarios, realizó un estudio compa-rativo de los costos en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil. El estudio encontró que los precios de los fertilizantes y los fletes influyen en los altos costos, pero encontró además que a pesar de que Colombia podría

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Gráfica 3. Área cosechada 1990- 2010

FUENTE: MADR Anuarios Agropecuarios disponibles en http://www.agronet.gov.co/agronetweb/

143


ser el país donde es más barata la tierra, por sus condiciones de violencia, resultó todo lo contario: es mucho más cara y hasta 4 y 5 veces más en con-diciones similares (Portafolio, 2009).

La SAC propone: “Desarrollar acciones y políti-cas que permitan corregir la grave distorsión que aqueja la competitividad de la producción por efec-to de los altos costos de la tierra, por ende se debe atacar el mercado especulativo de tierra” (Mejía, 2010). El empresariado agropecuario mira aquí su interés, frente al obstáculo evidente que significa la alta renta de la tierra para conseguir invertir capital con rentabilidad en el sector.

Sin embargo, como históricamente ha ocurrido cuando se trata de enfrentar el gran obstáculo que el latifundio especulativo significa para el desarrollo agropecuario capitalista, el presidente de la SAC señala que el gobierno “no debe centrar su acción en la política tierras y de esa manera descuidar el resto de los factores relacionados con el sector” (Portafolio, 2010). La SAC considera, también de acuerdo al interés de los grandes empresarios, que es necesario “realizar ajustes normativos

que promuevan y faciliten el desarrollo de proyectos agroindustriales de grandes extensiones”, crear mecanismos legales que permitan un trámi-te expedito y de bajo costo en el saneamiento de la propiedad, y que se debe fortalecer la institucionalidad pública para que ejerza una labor de saneamiento (Mejía, 2010).

El empresario, ante la alta renta de la tierra, históricamente ha opta-do por descargarla sobre los hombros de sus trabajadores y de los con-sumidores. Como observó hace más de un siglo Marx (1894, p. 586): “las altas rentas territoriales se identifican directamente con salarios bajos […] el alto nivel del precio de la tierra coincidirá con el bajo nivel del precio del trabajo”. El latifundio especulativo está detrás de las diferen-tes formas que tratan de ocultar la relación laboral para superexplotar al obrero rural: las mal llamadas “cooperativas de trabajo asociado” o “contratos sindicales”.

El sector agropecuario colombiano sufrió las consecuencias de una política económica que renunció a la soberanía alimentaria y despreció

El sector agropecuario colombiano sufrió las consecuencias

de una política económica que renunció a la soberanía

alimentaria y despreció el papel de los campesinos.

“

LA ACCIÓN ESTATAL PARA DOTAR DE TIERRAS a los campesinos, que adquirió

importancia después de la creación del Incora en 1961, ha decaí-

do en forma sostenida desde 1998. Según registros oficiales (Incora

2001, pp. 174, 190; Benítez, 2005, p. 49).

1. Entre 1962 y 1967 el Incora compró en promedio 16 mil ha al año,

y el resto de su fondo de tierras se constituyó con cesiones de estas,

que en su mayoría no fueron o no eran aptas para ser distribuidas.

Más importante fue la aplicación de la Ley 200 de 1936 con la

extinción de 2,18 millones de ha, más de 367 al año en promedio.

2. Entre la Ley 1 de 1968 y la Ley 4 de 1973, el Incora adquirió,

en promedio, algo más de 50 mil ha anuales, de las cuales 5 mil

fueron expropiadas anualmente, siendo 1970 el año de mayor

actividad con 80.705 ha compradas y más 9.573 expropiadas.

Sólo en 1968 se decretó la extinción de dominio sobre un millón

de ha. El promedio anual de extinciones fue de 385 mil ha. Estas

cifras fueron obtenidas aprovechando las posibilidades de la ley

aprobada y presionadas por las movilizaciones de la Asociación

Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

3. Entre la Ley 4 de 1973 y la Ley 35 de 1982, el Incora adquirió

11.260 ha al año, de las cuales más de 3 mil fueron expropiadas

anualmente. El promedio anual de extinción de dominio bajó a

70 mil ha. La reducción en la adquisición de tierras se explicó por

la contrarreforma legal y la división de la organización campesi-

na. El Incora se dedicó durante este período a formalizar la entre-

ga de parcelas en predios adquiridos en el período anterior y que

en general ya estaban ocupados por los campesinos beneficiarios.


cerca de 27 mil ha anuales, de las cuales 20 mil en promedio por

año estaban dentro de las áreas del Plan Nacional de Rehabili-

tación (PNR), en las que se autorizaban compras con precios no

limitados por los avalúos previos, lo cual condujo a una elevación

de los precios pagados por el Instituto, pese a lo cual en tres áreas

del país se continuó con las normas anteriores para la compra de

un número más reducido de ha, y se llegaron a expropiar un pro-

medio de 620 ha por año. Las extinciones de dominio alcanzaron

93 mil ha anuales en promedio.


un promedio de 82.046 ha al año, de la cuales el 19% estaba en

áreas del PNR y el 81% en el resto del país. Como se ve, la activi-

dad del Incora en esos años superó la del período de 1968-1973, lo

145


el papel de los campesinos. El modelo seguido en Colombia durante los últimos años, lejos de provocar un auge del agronegocio como asegu-raban sus autores, se concentró en el fomento de plantaciones de caña y palma para producir agrocombustibles, mediante normas, subsidios, exenciones y la sobreexplotación de los trabajadores de la palma aceite-ra y los corteros de caña con las “cooperativas de trabajo asociado”. Tal vez el desastroso resultado de la política agropecuaria de los últimos 20 años sea el toque de campana para buscar otra ruta.

CAMPESINOS, TIERRA Y ALIMENTOSEn la práctica, en Colombia, la producción agropecuaria no depende so-lamente del latifundio y las empresas capitalistas, sino de multitud de pequeñas parcelas. Se trata de la producción del campesinado, de los pueblos indígenas, de las comunidades afrocolombianas y de los raizales de San Andrés y Providencia.

Si alguien duda de la importancia del campesinado para Colombia, basta recordar su contribución decisiva a la alimentación de los colom-bianos. Predominantemente campesinos son el plátano, la panela, la yuca, la papa, los frutales, el fríjol, el cacao, el ñame y el 74% de la pro-

ducción nacional de maíz. El café, tras la crisis del mercado internacional del grano, pasó a ser de nuevo netamente campesino (Forero, 2002).

La participación campesina en la producción de frutas es muy impor-tante, y cultivos como mora, lulo, curuba o granadilla han tenido una importante expansión y han demostrado, como en otros casos, las po-sibilidades de la parcela campesina para incorporar nuevas tecnologías. Junto con pequeños y medianos empresarios los campesinos han con-seguido aumentar también el área sembrada de arveja, fríjol, tomate y de varias hortalizas. Asimismo, han logrado realizar experiencias piloto de mercadeo exitosas, como los mercados campesinos en Bogotá o Medellín.

El censo de 2005 registró 1’741.362 viviendas familiares en la zona rural, de las cuales 916.549 estaban asociadas a unidades de producción agrícola, pecuaria, forestal o piscícola. Estas cifras pueden ser un acerca-miento al total de familias campesinas, aunque hay que tener en cuenta que especialmente en la región del Caribe y en algunas otras partes los campesinos viven en la cabecera municipal y laboran en sus parcelas

cual fue posible en primer lugar porque las diferentes organizacio-

nes campesinas e indígenas realizaron acuerdos y movilizaciones

unitarias y actuaron conjuntamente frente al gobierno y al Congre-

so; facilitó la actuación del Instituto y estipuló un sistema de pago

de contado de las mejoras y con bonos a cinco pagos anuales del

resto de la tierra, que facilitó las negociaciones, y en tercer lugar,

porque había una voluntad política de hacer efectiva la ley. Gracias

a esta ley el Incora pudo, además, realizar una labor más adecua-

da para adquirir tierras para las comunidades indígenas y para

reconocer la propiedad de los territorios que ocupaban inmemo-

rialmente. Sin embargo, esta misma ley obstaculizó y encareció las

expropiaciones, solo 179 ha en promedio al año, concentradas en

contados casos y en dos años, lo cual encareció las negociaciones

para las adquisiciones del Incora. Por otra parte, esta ley descuidó

las acciones y normas necesarias para que los predios entregados

mantuvieran un desempeño económico adecuado y permanecieran

en poder los campesinos beneficiarios. Las extinciones de dominio

alcanzaron un promedio de algo más de 117 mil ha por año.

6. Desde la vigencia de la Ley 160 de 1994 hasta 1998, se sustitu-

yó la adquisición de tierras para campesinos por el programa de

mercado subsidiado de tierras propuesto por el Banco Mundial

en diferentes países. En sus primeros 4 años, este programa sub-

sidió la adquisición de un promedio de 38.625 ha al año, con un

mayor alcance en 1996, año en que fue subsidiada la compra de

71.616 ha para 4.633 familias. Durante este período fue expedi-

do el Decreto 1777 de 1996 que abrió el paso a los programas de

reservas campesinas. Como el Instituto continuó el programa de

adquisición de tierras para comunidades indígenas y comenzó los

programas con desplazados, en promedio fueron adquiridas otras

28.943 ha por año, para un promedio total de 67.568 anuales.

7. Desde 1999 se produjo el marchitamiento de los programas de re-

distribución de tierras, hasta el intento de desaparición definitiva

de los mismos. El gobierno de Andrés Pastrana buscó desde 1998

sustituir el programa de subsidio para compra de tierras por lo que

llamó “alianzas estratégicas” entre pequeños y grandes propieta-

rios. En 1999 el Incora subsidió la adquisición de 10.454 ha para

845 familias, y los programas de adquisición del Instituto suma-

ron 18.018 ha; en 2000 solamente subsidió la compra de 7.088

ha para 646 familias, y las adquisiciones totales sumaron apenas

15.212. La actividad del Instituto se dirigió principalmente a titu-

147


y, por otro lado, que una parte de estas viviendas corresponden a familias indígenas o afro.

Para apoyar la producción de esta masa de po-blación la acción del Estado es mínima y ha tendido a minimizarse; sus esfuerzos se dedicaron, en cam-bio, a incentivar la gran propiedad. Según un estu-dio de Cega y Uniandes sobre los incentivos en el agro, si en el 2000 el 1% de los beneficiarios recibía el 17% de los recursos del Incentivo a la Capitaliza-ción Rural (ICR), para 2007 el mismo 1% recibía el 45% de los recursos; el 1% de los beneficiarios se quedó con el 71% de los créditos redes contados por Finagro; el 1% tomó el 45% del respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías. En Agro Ingreso Seguro, 161 beneficiarios recibieron en créditos la misma plata que 79 mil ($420 mil millones) y en ICR, 1.100 tomaron lo mismo que 75 mil ($320 mil millones).

Una investigación realizada por Jaime Leibovich, Laura Estrada y Her-nando Vásquez (2009), demostró que las políticas agropecuarias han es-

tado sesgadas en beneficio del “capital”, y que el Estado debe promover el mayor uso de la tierra y el trabajo y no subsidiar el capital. Los resul-tados econométricos de esta investigación pueden entenderse cuando se percibe el escaso acceso a los recursos que tienen quienes trabajan la tierra y, en especial, el escaso acceso a las tierras de buena calidad, mientras la mayoría de ellas siguen desperdiciadas.

El 86,6% de los propietarios tienen menos de 20 hectáreas, y sus par-celas en total apenas abarcan el 8,8% de la tierra registrada. El 58,3% de los propietarios tiene solo el 1,7% de la tierra (Bonilla y González, 2006, p. 60). Mientras la tierra agrícola es desperdiciada en las grandes propiedades, miles de campesinos se ven obligados a sembrar en tierras que no son aptas.

La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 1152 el 18 de marzo de 2009, y la evidencia en 2010 del total fracaso de la política agropecua-ria, son hechos que pueden marcar nuevos rumbos.

Los altos precios del oro, como los

de los combustibles y los de cualquier

producto de “bonanza”, son coyunturales. Estas

economías colonialesde “bonanza” no han

conducido a ningún país a una situación económica

sólida y estable.

“

lar resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades

negras y a la constitución de 5 reservas campesinas. En 2002 se re-

dujo el presupuesto ejecutado para comunidades indígenas en más

del 80%. El gobierno de Álvaro Uribe expidió el Decreto 1300 de

2003 que unificó al Incora con otros tres institutos en el Incoder,

destinándole a la nueva entidad menor presupuesto que el que te-

nía solo el Incora. Las drásticas reducciones del presupuesto para

indígenas impidieron cumplir los compromisos del Estado y causa-

ron las grandes movilizaciones de “liberación de la madre tierra”

en 2005 y 2006.

8. La Ley 1152 de 2007 o Estatuto Rural, intentó demoler las con-

quistas campesinas e indígenas obtenidas desde 1926. Por ejemplo,

estableció la validez de las escrituras no originadas en el Estado,

fabricadas hasta 1997, con lo cual permitía legalizar despojos de

tierras hechos por grandes propietarios; ordenó adquirir grandes

predios incultos a los cuales se podía aplicar la extinción de domi-

nio y, en cambió, permitió aplicarla a los predios menores de 300

ha. Le retiró al Incoder las funciones relacionadas con extinción de

dominio, adjudicación de baldíos, deslinde y clarificación de pro-

piedad, así como la constitución y ampliación de resguardos y te-

rritorios colectivos de comunidades negras. En 2008, 16.009 fami-

lias presentaron solicitud al Incoder para 1.254 proyectos subsidia-

dos; fueron seleccionadas apenas 768 familias con 134 proyectos

productivos para la adquisición de 7.221 hectáreas. En cuanto a

los desplazados, 5.534 familias lograron presentar su solicitud, de

las más de medio millón de familias campesinas que se encuentran

desplazadas por la violencia. Solicitaron 402 proyectos. Los técni-

cos únicamente encontraron como elegibles 68 de estos proyectos

en beneficio de apenas 562 familias. Pero, tragedia, los recursos

presupuestados solamente alcanzaron para 37 proyectos de 357

familias, apenas el 6,45% de las familias solicitantes y el 0,06% de

las desplazadas por la violencia (Sintraincoder, 2009).

Los datos presentados muestran que la acción reformista para redis-

tribuir la tierra, cuando existió, fue relativamente pequeña para ter-

minar con el latifundio especulativo, aunque haya sido un estímulo

para el uso económico de los predios, que contribuyó al desarrollo

empresarial de la agricultura hasta comienzos de la década de los

noventa. Pese a sus grandes limitaciones esta acción fue rechazada,

desmontada y prácticamente eliminada por el poder del latifundio.

149


Proponer la redistribución de la tierra mediante el desarrollo serio de programas de reforma agraria es proponer que el campesinado abra las puertas del desarrollo agropecuario. Según datos de 2002, los campesi-nos mantenían el 67,3% del área sembrada del país en cultivos legales, y el 62,9% del valor de la producción agrícola (Forero, 2002). El 43% del área sembrada corresponde a explotaciones de menos de 20 hectáreas, a pesar de que las fincas de menos de 20 apenas tienen menos del 9% de la tierra en propiedad.

A pesar de la claridad de esta realidad, se impuso una ideología se-gún la cual el desarrollo agropecuario provendría solo de la gran propie-dad y de las grandes inversiones, y se convirtió en realidad la propuesta de Lauchlin Currie (1966), quien recomendaba un programa deliberado de movilidad acelerada para provocar la emigración del campo, “no me-diante las fuerzas económicas naturales sino por un programa de cho-que”, resultando una verdadero rompimiento (breakthrough). Currie recordaba la recomendación de John Coppock de reducir anualmente en 4% el número de personas dedicadas a la agricultura, que para Co-lombia significaba 800 mil agricultores menos en diez años. Según él, en ese caso podríamos “hablar con confianza de un despegue garantizado”.

Pero en vez de despegue, lo que consiguieron sus discípulos fue un mal resultado, frente al cual es necesario seguir otro camino.

Desde el año 2000, al menos 385 mil familias rurales abandonaron cer-ca de 5,5 millones de hectáreas, equivalentes al 10,8% del área agrope-cuaria del país, tierra que pasó al dominio de otros, constituyendo una ex-propiación de hecho (Codhes, 2009, pp. 3-4). El reintegro de la tierra es un derecho de cada desplazado, pero además es un derecho del país que, de concretarse, habría dado un paso para revertir el proceso de concentra-ción especulativa acelerada de la propiedad de la tierra, para controlar su precio y para que puedan usarse 17 millones de hectáreas desperdiciadas.

Hay que ir más allá. Hay que reconocer que para las comunidades rurales la tierra es la vida y la ruralidad es concebida como derecho a la tierra y a la territorialidad. Las reservas campesinas pueden establecer la territorialidad campesina y realizar planes de desarrollo de las comarcas. Se trata de reorganizar los territorios de acuerdo con las necesidades, la cultura y las decisiones propias de la población rural organizada y sus planes de vida. Así resulta la construcción endógena de una nueva eco-nomía como camino para interrelacionarse con la economía regional, nacional, latinoamericana y mundial. Es una vía exactamente inversa, que incluye la soberanía alimentaria como única garantía de la autono-mía de las comunidades y de la soberanía nacional.

Otro paso es entonces proponerse como objetivo la soberanía ali-mentaria. Esto significa: reforma agraria, institucionalidad agropecuaria apropiada (generación de tecnología, crédito de fomento, procesamien-to, mercadeo) y protección de la producción nacional en el momento en que los países desarrollados fortalecen los subsidios y devalúan sus monedas. Si los colombianos se movilizan con sus campesinas y campe-sinos, esto será posible.

LEY AGRARIAEl nuevo gobierno ha anunciado un proyecto de ley de tierras, también las organizaciones campesinas. El debate comenzará cuando los respec-tivos proyectos sean consultados a los pueblos indígenas y a las comuni-dades negras. Es necesario tener en cuenta que una ley de tierras sola-mente puede ser exitosa como parte de una modificación del conjunto de la política agropecuaria.

Para un cambio en el sector es clave la generación de tecnología pro-pia, lo cual implica también tecnología para la pequeña producción y, especialmente, para los ecosistemas propios. Colombia no puede seguir dependiendo de la tecnología de transnacionales que mediante las pa-tentes aspiran a controlar la producción agropecuaria mundial. El país requiere de entidades que garanticen la generación y transferencia de tecnología de acuerdo con sus necesidades.

Por otra parte, la situación del agro no hace parte solamente de un modelo agropecuario sino del modelo neoliberal, que en el caso de Co-lombia ha deprimido al sector agropecuario y desbaratado la sobera-nía alimentaria. Actualmente, las “ventajas comparativas” dictaminadas para Colombia se concentran en el sector minero. La minería, y en parti-cular la del oro, significa una doble competencia, generalmente ruinosa, para el sector agropecuario. Por una parte, la competencia territorial de la gran minería, peor cuando es a cielo abierto, que arrebata no solo las tierras sobre las cuales están las minas, sino cuencas y ecosistemas enteros. Además, como se ve en el caso de La Toma, en el Cauca, se quie-re desplazar a los pequeños mineros artesanales o borrarlos del mapa como en Marmato. Por otra parte está el efecto macroeconómico, pues las nuevas divisas presionan una mayor revaluación del peso, que a su vez aumenta las importaciones de alimentos y otros productos agrope-cuarios, y dificulta las exportaciones.

Los altos precios del oro, como los de los combustibles y los de cual-quier producto de “bonanza”, son coyunturales. Estas economías colo-niales de “bonanza” no han conducido a ningún país a una situación eco-

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nómica sólida y estable, y mucho menos han garantizado el bienestar de la mayoría de la población y su buen vivir. Los grandes capitales obtienen grandes utilidades y se marchan dejando el hueco.

Un viraje profundo conllevaría un cambio de prioridades que garan-tice la soberanía alimentaria, respete la diversidad étnica y cultural, y proteja el ambiente y los ecosistemas, y una gestión macroeconómica anticíclica que proteja la economía nacional de la volatilidad de las “bo-nanzas”.

Por el contrario, los tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea colocan los derechos de los inversionistas transnacionales por encima de los derechos colectivos y por sobre la sostenibilidad de la economía nacional, y abren los mercados a más im-portaciones, como las que amenazan a la avicultura y a varios productos agrícolas en el caso del TLC con Estados Unidos y a la leche nacional en el caso del tratado con la Unión Europea.

Los límites de los cambios van a depender tanto de normas legales que realmente las hagan viables, como de la capacidad práctica institu-cional y social para aplicarlas. A su vez, ambas cosas dependen funda-mentalmente de que las organizaciones propias del campesinado, los indígenas y afros se fortalezcan, hasta el punto de sacar adelante tanto una nueva institucionalidad que apoye la agricultura familiar, como una redistribución de tierras exitosa en lo productivo, en lo social y en lo ambiental. Si no se produce una apertura a la organización popular ru-ral, a la organización del millón de familias agricultoras familiares, estos cambios se van a quedar en intenciones.

En cuanto a las normas sobre redistribución de tierras, para que sobrepasen los límites impuestos al Incora e Incoder es necesario, pri-

Lo que quieren es que les regalen las tierrasSobre la propuesta de inversionistas extranjeros para eliminar el límite de la Unidad Agrícola Familiar (UAF)

Leyendo los artículos de Portafolio, “Altillanura está en los planes de empresas extranjeras para el cultivo de palma de aceite, maíz, soya y caña” (29 de agosto de 2010) y “Unidad Agrícola Familiar (UAF) marginó a grupo Los Grobo” (10 de junio de 2010), parece

que en todo el ataque a las UAF hay una trampa mayor que la que

sugiere el hecho de que quieren romper el límite de adjudicación de

tierras baldías, que en la altillanura es de 900 ha promedio.

La trampa mayor consiste en lo siguiente: las informaciones de

prensa dicen que los diferentes inversionistas quieren comprar las

tierras y que no pueden, porque hay un límite de tamaño. En rea-

lidad, quieren que se las regalen. La ley vigente no es tan santa ni

mucho menos de “izquierda” como ciertos artículos hacen aparecer,

y permite vender o entregar en usufructo grandes extensiones.

Según la ley, las únicas tierras que no se cobran son aquellos bal-

díos que no sobrepasan la extensión de la UAF (art. 66 de la Ley

160 de 1994) y que han sido ocupadas previamente y trabajadas al

menos en dos terceras partes y por 5 años (arts. 69). Quienes tienen

en producción una tierra pueden comprar más allá de la UAF, y el

límite lo fija el consejo directivo del Incoder, es decir, no necesitarían

cambiar la ley, pues el gobierno tiene mayoría garantizada en ese

consejo. Pero así suban el límite, no pueden entregar gratuitamente

el baldío, sino que deben hacer el avalúo comercial y cobrar todo lo

que exceda la UAF.

Pero ¿qué pasa si no tienen aún en producción la tierra? Pueden acu-

dir al artículo 83 de la Ley 160 de 1994 y solicitar la creación de una

zona de desarrollo empresarial, que no está limitada por la UAF, sino

que está al arbitrio de lo que fije el consejo directivo de Incoder; según

esta, al principio el beneficiario no recibe en propiedad sino según

un contrato en que se obliga a una actividad agrícola o ganadera y,

si cumple el contrato, a los 7 años puede comprar la tierra. Entonces,

con esta ley podrían comprar lo que quieran, pero no lo han hecho.

El primero de los artículos de Portafolio da pistas de por qué no han

“invertido” más: los precios de la tierra son cada vez más altos, “la

demanda de tierras aumentó los precios” por la llegada de inversionis-

tas extranjeros, la carretera y la dedicación de predios al turismo. Y

podríamos añadir, por la expectativa por el megaproyecto Gaviotas

2, parte de IIRSA. Entonces, ni siquiera quieren pagar la tierra a pre-

cios comerciales, como han hecho en otros países, ni contentarse con

el usufructo, estos tipos quieren tierra gratis que, inmediatamente

pase a manos de ellos, va a ser muy cara. Solución: que les regalen la

tierra sin límite, comprometiéndose a invertir en cualquier cosa y así

se apoderan de la valorización de la misma.

Por otra parte, la ley actual tiene unas restricciones ambientales a

las zonas empresariales: “que sean en zonas ya intervenidas, que

153


mero, garantizar la adquisición de predios aptos para la agricultura y que los mismos no se van a adquirir a precios exagerados, mediante la incorporación de procedimientos de expropiación por vía administrati-va, como los dispuestos por los decretos 1185 de 1984 y 4628 de 2010, para atender a los damnificados por el terremoto en el Cauca y por las inundaciones en todo el país, respectivamente. Resulta patético que una norma igual no haya sido expedida y aplicada para los desplazados por la violencia ya que es necesaria para posibilitar cualquier redistribución exitosa de tierras aptas para la agricultura.

También es necesario fortalecer las reservas campesinas para prote-ger a los campesinos del desplazamiento, dar vida a su territorialidad y a su toma de decisiones sobre el desarrollo local, a la vez que impedir que los predios terminen otra vez en manos de quienes concentran la propiedad de la tierra.

Los indígenas exigen con razón que todos los resguardos con títulos originarios coloniales sean reconocidos por el gobierno. Esto debería ser una realidad con las normas vigentes, pero ya que los últimos dos go-biernos se han negado a hacerlo, se requiere una norma que establezca este punto.

Por otra parte, para convertirse en reforma agraria, la redistribución de tierras debe crear los mecanismos que faciliten la generación y adop-ción de tecnologías nuevas, la calificación, el procesamiento y la comer-cialización por los propios pequeños productores. Experiencias como los mercados campesinos o las empresas de procesamiento de lácteos y frutas de los indígenas del Cauca requieren ser extendidas y articuladas con la redistribución de tierra.

desarrollen sistemas de producción sustentables” y que conserven

el equilibrio con la “oferta ambiental” (art. 82). Estas condiciones

le dan alergia a los inversionistas internacionales porque saben el

daño ecológico que han hecho y el gobierno anterior propuso qui-

tarlas en el texto del primer proyecto del Estatuto Rural pero fue una

de las pocas cosas que no les aprobó el Congreso (es decir, fue de lo

poco que cayó antes de que la Corte tumbara todo el Estatuto).

Conclusión: la eliminación de las UAF operaría en las adjudicacio-

nes de baldíos y busca específicamente que a los “inversionistas” les

regalen tierra cara.

Es lo que el país conoce como “Modelo Carimagua”, que se quiere

implantar especialmente en los llanos orientales. Valiéndose de que

Carimagua es una propiedad del Estado, el gobierno anterior quiso

arrendarla por sumas irrisorias a inversionistas para plantaciones

de palma aceitera, para finalmente entregarlas en propiedad a la

empresa beneficiaria. La ideología oficial determinaba que los cam-

pesinos no podrían aprovechar eficientemente, en cambio “en ma-

nos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos […]

es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados,

mientras que para los desplazados es un mal negocio […] en manos

privadas genera más rentabilidad que entregarlos a los desplazados”.

No obstante, los estudios científicos concienzudos realizados por el

Centro Interamericano de Agricultura Tropical (CIAT) y el Instituto

Colombiano Agropecuario (ICA), demostraron que Carimagua y

terrenos similares del Llano pueden usarse por pequeños produc-

tores en arreglos agroforestales y agropastoriles y encontraron va-

riedades de arroz, yuca, soya, sorgo, maíz y pastos adecuadas a sus

suelos; por ejemplo, las variedades de arroz Sabana 6, Sabana 7 y

los pastos Andropogón, Llanero y Libertad, y además la tecnología

comercial de sembrar el pasto asociado con el arroz, para que este

último financiara los costos de la implantación de la pradera.*

Por el contrario, destinar tierras como las de Carimagua a gran-

des plantaciones de palma africana no tiene hasta el momento jus-

tificación científica o técnica. Tiene sí una justificación económica

diferente y sin relación alguna con la agrológica: el río Meta es el

escenario de un megaproyecto, su proyectada privatización dentro

del marco de la Infraestructura Regional de Suramérica y el estable-

cimiento de Puerto López como puerto de comercio principal para

Bogotá. El negocio no es la palma ni la palma dará empleo allí, el

negocio es la especulación con el incremento de los precios de la tie-

rra por el desarrollo de un megaproyecto vial y comercial.

Para que tanto la economía campesina como la empresa agrícola

puedan crecer, es precisamente el modelo del latifundio especulativo

y la importación de alimentos lo que hay que sustituir, no el límite

de la UAF para adjudicar baldíos.

* Vergara, Francisco 2008 ¿Para qué era Carimagua?. El Tiempo, 24 de febrero de 2008.

155


En resumen, es posible tomar una ruta cierta para el sector agrope-cuario, con una nueva política de soberanía alimentaria que incluye la reforma agraria.

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Tatuando la urbeEn memoria de Diego Felipe Becerra,

joven graffitero bogotano muerto a manos de la policía.

Las imágenes que ilustran este primer número de Patacrítica son al-gunos de los graffitis que podemos encontrar a diario en los muros de Bogotá. Algunos de ellos pertenecen a la Ciudad Universitaria, sede de la Universidad Nacional de Colombia, a donde llegaron para quedarse como un elemento visual de identidad, en lucha constante con el blanco de sus muros.

Los reproducimos al azar, que es la forma como generalmente apa-recen y desaparecen de las paredes de la ciudad. No obstante eso, te-nemos que señalar que han logrado imponerse como una forma de ex-presión contracultural, a la que no sólo se dedican investigaciones que tratan de reconocer en ellos una manifestación de la relación de los habitantes con la ciudad, sino que, a medida que sus autores definen un estilo, lo depuran y dan coherencia conceptual, logran arribar a los museos y galerías de arte.

Este arte de la calle, probablemente tanto o más que otras manifestaciones estéticas, es un hijo de la globalización de la cultura promovida por los medios audiovisuales y potenciada por la internet. Es prácticamente imposible diferenciar un muro de Sao Paulo, Nueva York, Londres, Tokio o Bogotá. Las formas migran, cruzando las fronteras sin necesidad de pasaporte y se establecen lazos de identidad entre jóvenes –sí, entre jóvenes, pues los mayores de treinta años tienden a ser excluidos de esta práctica subversiva urbana– cuya única señal de pertenencia al grupo es una caperuza que oculta el rostro y un poderoso aerosol.

Algunos firman, a la manera de los artistas consagrados, subrayando su individualidad, pero la mayoría son autores anónimos y regalan su obra a los ojos del transeúnte sin esperar mayor satisfacción que el capturar su mirada, y provocar una sonrisa, un gesto sorpresa o una reflexión.

A todos ellos, gracias por su generosidad.

Juan Sánchez R. Profesor de Diseño Gráfico Universidad Nacional de Colombia

revista patacrítica - edición 1

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