reglamento del congreso de la república....ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa...

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—Esta es una publicación provisional (sin acta).

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2017

26.ª SESIÓN (Matinal)

Texto Borrador)

MARTES 9 DE ENERO DE 2018

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MARIO MANTILLA MEDINA

Y

LUIS GALARRETA VELARDE

SUMARIO

Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 9.ª sesión celebrada el 7 de setiembre de 2017.— Se aprueba el texto del Proyecto de Resolución Legislativa 2279/2017-CR, que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar.— Se aprueba el dictamen unánime de la Comisión de Constitución y Reglamento, que recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos.— Se aprueba la Resolución Legislativa 2220/2017-PE, que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, correspondiente al año 2018.— En debate el texto sustitutorio, contenido en el dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, sobre los proyectos de Ley 218/2016-CR,

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1248/2016-CR, 1967/2017-CR, 2041/2017-CG, 2083/2017-CR y 2107/2017-CR, que propone la Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, la Presidencia acepta la solicitud del señor Reátegui Flores para que la iniciativa pase a un cuarto intermedio.— Se aprueban las mociones de saludo por el nacimiento del sabio Santiago Antúnez de Mayolo Gomero; al distrito de Lahuaytambo; al distrito de El Porvenir (dos), provincia de Trujillo; al distrito de Chócope; al distrito de Chao; al distrito de Vítor, provincia de Arequipa; al distrito de Pativilca; al distrito de La Esperanza (dos), provincia de Trujillo; al distrito de San Pablo, provincia de Bellavista; al distrito de San Luis, provincia de Lima; al distrito de La Primavera, provincia de Bolognesi; al distrito de Víctor Larco Herrera (dos); al distrito de Uchumayo; al distrito de San Andrés de Tupicocha; al distrito de Casa Grande (dos), provincia de Ascope; al distrito de Tayabamba, provincia de Pataz; al distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz; al distrito de Alto Biavo, provincia de Bellavista; al distrito de Santa Rosa de Quives; a la provincia de Huancabamba (dos); al distrito de Cátac, provincia de Recuay; al distrito de El Agustino; al distrito de Santiago de Tuna, provincia de Huarochirí; al distrito de Ocoña; al distrito de San Antonio, acta al conmemorar el 73 aniversario de su creación como distrito; a la Marina Mercante del Perú; al distrito de Chala, de la provincia de Caravelí; al distrito de Pacarán, provincia de Cañete; al distrito de Lachaqui; al distrito de Moche, provincia de Trujillo; a Ciudad de Lima; al distrito de Supe, provincia de Barranca; al distrito de Mollendo; al distrito de Chicama, provincia de Ascope.— Se rechaza el Proyecto de Ley 2073/2017-CR, dictaminado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que propone prorrogar la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas.— Vencido el cuarto intermedio, se aprueba en primera votación, con modificaciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control; seguidamente, a pedido del señor Reátegui Flores, se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se admite la reconsideración sobre la votación recaída en el Proyecto de Ley 2073/2017-CR.— Se aprueba el dictamen en mayoría de la Comisión Agraria, que recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la República, que modifica la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas.— Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 58/2016-CR, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, que otorga el grado inmediato superior a los Oficiales de Servicio PNP comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005-IN y regulariza la transferencia de portes a la Caja de Pensiones Militar-Policial; seguidamente, a pedido del señor Velásquez Quesquén, se acuerda exonerarlo de segunda votación.— En debate el texto sustitutorio, contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda y Construcción, recaído en los proyectos de Ley 323/2016-CR, 1352/2016-CR, 1749/2017-CR y 1857/2017-CR, que propone modificar la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos para implementar programas municipales de vivienda, la Presidencia, a solicitud de la señora Espinoza Cruz, dispone que pase a un cuarto intermedio.— Se aprueba en segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1301/2016-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de San Joaquín, en la provincia de Ica, del departamento de Ica.— Se aprueba en segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1846/2017-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Gran Pajonal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.— Se aprueba en segunda votación el

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texto sustitutorio del Proyecto de Ley 986/2016-CR, Ley que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1195, Ley General de Acuicultura.— Se aprueba el Proyecto de Resolución Legislativa 2234, que incorpora un último párrafo al artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República.— Se aprueba la distribución proporcional de grupos parlamentarios para la Comisión Permanente.— Con modificaciones, se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que modifica la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para la implementar programas municipales de vivienda; seguidamente, a pedido de la señora Espinoza Cruz, se acuerda exonerarlo de segunda votación.— Se aprueba la modificación al Cuadro de Comisiones: acta Comisión Investigadora sobre los hechos producidos en la Base Contrasubversiva Madre Mía, Comisión Investigadora Multipartidaria Lava Jato y Comisión Especial encargada del seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático por el período parlamentario 2016-2021.— Se levanta la sesión.

—A las 11 horas y 7 minutos, bajo la Presidencia del señor Mario Mantilla Medina e integrando la Mesa Directiva el señor Mauricio Mulder Bedoya, el Relator pasa lista, a la que responden los señores congresistas: Miguel Grau Seminario1,

El señor PRESIDENTE (Mario Mantilla Medina).— Buenos días, señoras y señores congresistas.

Se va a pasar lista para computar el quórum.

El RELATOR pasa lista:

—Asume la Presidencia el señor congresista Luis Galarreta Velarde.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia por medio del sistema digital para verificar el quórum.

—Además de contestar a la lista, los señores congresistas registran su asistencia por medio del sistema digital para verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Han registrado su asistencia 88 señores congresistas. El quórum de la presente sesión es de 60 congresistas.

Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión.

Se pone en observación el acta de la 9.ª sesión.

Si algún señor congresista tiene alguna observación, sírvase plantearlo; de lo contrario, se dará por aprobada.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado

Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo

enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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Ha sido aprobada el acta.

—Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 9.ª sesión celebrada el 7 de setiembre de 2017.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Dejo constancia de que la Comisión de Inteligencia está sesionando, por lo cual se considera con licencia a sus integrantes.

Se aprueba el texto del Proyecto de Resolución Legislativa 2279/2017-CR, que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Señor Relator, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Legislativa.

El RELATOR da lectura:

Resolución Legislativa del Congreso 006-2017-2018-CR.

El Presidente del Congreso de la República

Por cuanto:

El Congreso de la República;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente:

Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar.

Artículo 1. Materias y plazo de la delegación.

Delégase en la Comisión Permanente del Congreso de la República, según lo establecido en el inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la ampliación de la Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2017-2018, hasta el 28 de febrero de 2018, sobre los siguientes asuntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en la agenda del Pleno del Congreso al 12 de enero de 2018, y aquellos que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

2. Las disposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

3. Los proyectos de ley y de resolución legislativa vinculados con la Agenda Legislativa 2017-2018, aprobada mediante Resolución Legislativa del Congreso 004-2017-2018-CR.

Artículo 2. Limitaciones.

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Exclúyense de los asuntos a que se refiere el artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente no procede, según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú.

Publíquese, comuníquese, y cúmplase.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Muchas gracias.

Vamos a proceder a marcar asistencia para votar el Proyecto de Resolución Legislativa por el cual se delega facultades a la Comisión Permanente a partir del día 13 de enero, en que termina la legislatura.

Registrar su asistencia, por favor, señores congresistas.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Han registrado su asistencia 82 señores congresistas.

Al voto.

Ya estamos en votación. Después le doy el uso de la palabra.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 67 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, el texto del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Han votado a favor 67 señores congresistas, en contra seis y se abstienen seis.

acta Más el voto a favor de los congresistas Vásquez, Vieira, Dávila, Mantilla, Ticlla, Cuadros, Bartra, López, Ávila; y los votos en contra de los congresistas Arana y Castro Bravo. Total: 76 a favor, 8 en contra y 6 abstenciones.

Ha sido aprobado el Proyecto de Resolución Legislativa para que se delegue a la Comisión Permanente del Congreso de la República la facultad de legislar desde el día siguiente del término de la ampliación de la Primera Legislatura Ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2017-2018 hasta el 28 de febrero de 2018.

—El texto aprobado es el siguiente:

(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Dammert.

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El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— Señor Presidente, queremos presentar, como bancada de Nuevo Perú, una cuestión de orden.

En la Junta de Portavoces del día de hoy se ha discutido un tema de derechos de los congresistas.

Como es conocido por el país y por el Congreso, la bancada de Nuevo Perú está reconocida como tal: participamos en las comisiones, tenemos responsabilidades en las comisiones, tenemos el funcionamiento de una bancada en el Congreso. Los procesos cómo se llega a esta bancada es parte de la historia, pero ya estamos funcionando así.

Cuando se convoca a la Comisión Permanente, es porque el Pleno del Congreso entra en receso, pero las funciones del Congreso siguen activas. Por lo tanto, la única bancada que no tiene representantes en la Comisión Permanente es la de Nuevo Perú. Eso es un procedimiento inconstitucional e ilegal.

Otra cosa es la discusión con la aplicación de una modificación al Reglamento que genera otras situaciones sobre bancadas. Eso es distinto. En nuestro caso, está en el registro oficial del Congreso...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Para que culmine, por favor, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— ...está en la participación activa en las comisiones, está en los proyectos de ley que presentamos; por tanto, estamos plenamente reconocidos como bancada y estamos funcionando adecuadamente como bancada, de acuerdo al funcionamiento del Congreso.

Es muy extraño que, por arte de birlibirloque, ahora resulte que, cuando el Congreso se va a constreñir a la Comisión Permanente, la única bancada que no tiene representación es la de Nuevo Perú.

Nosotros hemos pedido en la Comisión Permanente que se vea este tema. En la Junta de Portavoces ha habido opiniones distintas. Algunas opiniones dicen que no, que no corresponde, cuando ya hay informe legal —que lo tiene la Mesa Directiva— que señala que nos corresponden todos los derechos como bancada, incluyendo la de participar en la Comisión Permanente.

Por lo tanto, señor Presidente, si se estaba planteando la delegación de un conjunto de temas, que están pendientes en el Congreso, para a que pasen a la Comisión Permanente, no puede ser que al mismo tiempo no se trate la resolución de este tema que está aparentemente en discrepancia, cuando debería ser un tema planteado.

Por eso, como cuestión previa, planteamos que se defina claramente la participación de la bancada de Nuevo Perú en la Comisión Permanente para responder a sus derechos, que están reconocidos ya por el Pleno y por el funcionamiento del Congreso, y que no pueden cercenarse.

Planteamos esto como cuestión previa.

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El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Muchas gracias, congresista.

Bueno, sobre la cuestión previa, no hay nada en debate.

Ahora, todos los portavoces hemos estado reunidos. Entiendo su pedido. Es más, creo que los cambios de comisiones se ven casi al final de la sesión.

Yo les voy a pedir, por favor, a los portavoces que de una vez se pueda resolver este tema, porque creo que el pedido del congresista Dammert, en representación de la bancada de Nuevo Perú, debe verse, pues su grupo tiene la facultad de participar cuando haya receso.

Hemos quedado con los portavoces que, por favor, se reúnan. Es más, la propia bancada de Peruanos por el Kambio va a hacer una recomposición en general en la Comisión Permanente, así que yo espero que ese cuadro lo podamos tener en el transcurso del día. Pero quiero dejar constancia de que no hay nada en debate.

Se aprueba el dictamen unánime de la Comisión de Constitución y Reglamento, que recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— El siguiente tema, por favor.


Allanamiento, de la Comisión de Constitución y Reglamento. Proyectos de Ley 616/2016-CR, 641/2016-CR, 1225/2016-CR y 2076/2017-CR. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone modificar la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones; la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales; y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos.(*)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por diez minutos, para sustentar el dictamen de allanamiento.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, Presidente.

Presentamos el dictamen de allanamiento, aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución y Reglamento, a la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos, más conocida como la ley sobre impedimentos para ser candidatos.

La finalidad de la misma es impedir que estas personas, que han sido condenadas por gravísimos delitos como terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas,

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violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios, y hayan sido inhabilitados, puedan acceder a cargos públicos.

El Poder Ejecutivo observó, única y exclusivamente, el extremo relativo a la inclusión del indulto razonado o especial. Nos explicamos.

Con motivo de una inquietud expresada por el congresista del grupo parlamentario —en ese entonces— de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde, se dispuso que el impedimento antes descrito no resultaría aplicable a las personas que hubiesen recibido un indulto razonado o especial.

El indulto razonado o especial, según el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 9 de la Sentencia 1277-1999-AC/TC, señala que el indulto “es el que opera, no por decisión de los jueces tras la presencia de un proceso penal de revisión, sino por las autoridades políticas, cuando la persona o personas condenadas lo han sido no obstante ser inocente o presumírsele tal condición”.

Esta categoría jurídica es extraída, por el supremo intérprete de la Constitución, del numeral 6) del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que alude al indulto en el que se ha producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial.

La observación del Poder Ejecutivo considera que no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico —en concreto, en el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales— la figura del indulto razonado o especial, ya que para ellos solo existen dos tipos de indulto.

Pese, señor Presidente, a que no compartimos —quizás— el sustento de la observación y en aras de que esta ley —que este Pleno del Congreso de la República aprobó— esté vigente en las elecciones de 2018, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó un dictamen de allanamiento que propone suprimir, de todos los preceptos legales que regulan impedimentos para ser candidato, la frase "dicho impedimento no resulta aplicable a quienes hubiesen recibido indulto razonado o especial".

Ante la proximidad del cierre de la Legislatura y de la convocatoria del proceso de Elecciones Regionales y Municipales de 2018, solicito, señor Presidente, se someta a votación del Pleno el allanamiento presentado.

Gracias.


Este ha sido un proyecto aprobado por unanimidad. De acuerdo al Reglamento, se dará dos minutos por bancada. Pero me ha pedido la palabra un congresista no agrupado, el congresista De Belaunde. Voy a empezar a hacer la lista.

Pero, antes de entrar al tema, me había pedido la palabra la congresista Tania Pariona. Aunque creo que no es sobre el mismo tema, tratemos de regresar inmediatamente al debate.

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Congresista Pariona.

La señora PARIONA TARQUI (NP).— Gracias, Presidente.

Saludo a toda la Representación Nacional.

Si bien no es el tema de discusión en este momento, yo quiero llamar la atención de este Parlamento y, también, del país.

En estos momentos, Presidente, más de tres mil agricultores productores de papa se están movilizando en Ayacucho, en Arequipa, en Junín, en Huancavelica, en Apurímac, en La Libertad.

Los agricultores están elevando una plataforma, importante en nuestro país, que tiene que ver con el costo de la papa, pues esta está llegando a costar 25 céntimos.

No hay un apoyo de soporte técnico ni financiero a los agricultores.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Quedó clara la observación.

La señora PARIONA TARQUI (NP).— Esta movilización, Presidente, nos tiene que conducir a que en este Parlamento prioricemos, también, los cambios y las medidas legales. El Estado ha descuidado el agro y la atención a los agricultores.


Vamos al tema de debate y, después de que termine este tema, congresista Foronda, le daré el tiempo para que pueda hacer su intervención, que entiendo que será sobre otro asunto.

Congresista De Belaunde, ahora sí, puede intervenir. Después, el congresista Javier Velásquez, que está en la lista.

Congresista De Belaunde.

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS.— Gracias, Presidente.

Yo lamento mucho la observación hecha por el Ejecutivo a esta autógrafa de ley.

Como recordarán mis colegas parlamentarios, cuando discutimos esto en el Pleno, la presidenta de la Comisión, mi colega Úrsula Letona, tuvo a bien recoger una inquietud: ¿qué sucedía con aquellas personas que habían sido indultadas porque habían sido injustamente sentenciadas por terrorismo?

Y la figura que se encontró —también en coordinación con mi colega Miguel Torres— fue la de incluir expresamente la exclusión de indulto razonado.

Pero el Ejecutivo, sin hacer ningún tipo de consulta —yo en ese momento era congresista oficialista—, procedió a observar esta norma, ignorando la sentencia del Tribunal Constitucional —que bien ha citado la Presidenta de la Comisión, ignorando también lo

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que expresamente señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —que, como sabemos, tiene rango constitucional—, e ignorando lo que ya han tenido que sufrir peruanos y peruanas que fueron tratados como terroristas siendo inocentes.

Si no vamos por la insistencia y nos allanamos a esta observación, estamos nuevamente tratando como terroristas a personas que son inocentes.

Hoy quiero rendir homenaje a Hubert Lanssiers, aquel peruano que se preocupó por los cientos de inocentes en las cárceles del Perú. Hubert Lanssiers se pregunta ¿cuántos metros cúbicos tendrá la celda de un inocente? ¿Una docena? Es asombroso cómo un espacio tan reducido puede contener tanta pena.

No permitamos, Presidente, que esa pena renazca y que estas personas, que son inocentes, no puedan postular a cargos públicos en su comunidad o a nivel nacional. El Congreso no puede volver a cometer una injusticia que tanto costó en el Perú, que el Estado pueda resarcirla…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, por favor, congresista De Belaunde.

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS.— …que pueda resarcirla a tantos peruanos y peruanas.

Tenemos el deber, como Parlamento, de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Tomar el camino de la insistencia toma exactamente el mismo tiempo que nos tomaría el allanarnos a la observación.

Yo entiendo que hay una preocupación por los tiempos y por la posibilidad de que se convoque a elecciones antes de que se haga esta modificación. Lo comparto plenamente: ningún terrorista debe postular este año ni en las siguientes elecciones. Eso está clarísimo.

Pero veamos la posibilidad, ya sea con la insistencia o con la aprobación, hoy mismo, de un proyecto de ley que está presentando la congresista Marisa Glave…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista De Belaunde, por favor, para que culmine, porque son dos minutos por bancada.

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS.— Soy nuevo en esto de No Agrupado, Presidente. Le pido disculpas.

¿Cuál de estos mecanismos —con los que contamos como Parlamento— podemos seguir para, por un lado, asegurar que en este proceso electoral y en los siguientes ningún terrorista postule, y evitar, por otro lado, que personas inocentes sean consideradas como tales?

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Javier Velásquez.

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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente: Yo estoy de acuerdo con las dos observaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo.

Hice esa observación porque el famoso argumento del indulto razonado responde a una circunstancia de tipo político.

Todos debemos recordar que en el año 98, después de que se desmontó toda esta organización criminal de terroristas que asolaron al país, evidentemente, había algunos excesos, que se corrigieron instalando la Comisión Lanssiers.

Pero de ninguna manera esta comisión —y ustedes vean las facultades que se le dio a ella— era para evaluar los procesos de indulto y reemplazar al Poder Judicial para declarar a inocentes, como lo dice la doctrina en el caso de los indultos razonados, señor Presidente.

Acá no le podemos hacer el juego al terrorismo. Acá, cuando hablamos de indulto razonado, me parece que la observación del Ejecutivo es coherente.

Nosotros estamos diciendo que un alcalde condenado por peculado —por haber usado la camioneta para llegar a su hijo al colegio o a su mujer al mercado— ya no puede volver a postular a pesar de haber cumplido su condena y haber sido rehabilitado.

Pero, a un condenado por terrorismo —porque el indulto es el perdón a la pena—, las comisiones políticas de ninguna manera evalúan los hechos y dicen que lo declaran inocente.

El indulto es para los que han sido condenados. Esta famosa figura del indulto razonado siempre resulta creaciones doctrinarias de aquellos que ven a los terroristas como adversarios políticos. No. Aquí hubo una horda de criminales que azotó el país.

Lo que pretendía la norma era que para ellos —solo para ellos, los que habían sido condenados por terrorismo y que habían sido indultados— hay un doble premio: ustedes, que han sido condenados por haber cometido delito de terrorismo y que fueron indultados por este proceso político que vivió el país, sí tienen derecho a postular. Ese fue el famoso indulto razonado, al que yo me opuse.

Por eso, hoy día voy a votar a favor de este allanamiento, porque estamos corrigiendo un hecho que resulta, incluso, desproporcional. Repito: un modesto alcalde de un pueblo lejano del país —no justifica su conducta ilegal—, que ha sido condenado y que ha cumplido su pena, ya no puede postular.

Entonces, me parece muy bien la observación que ha hecho el Poder Ejecutivo: la famosa figura del indulto razonado no es que más que una creación de un sector de la doctrina que no nos obliga, de ninguna manera.

Si queremos ser firmes para impedir que los que han sido condenados por corrupción no sean nuevamente autoridades políticas elegidas por el voto popular, ¿por qué a los indultados por terrorismo —que muchos de ellos ni siquiera han tenido la posibilidad de

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arrepentirse siguen actuando—los vamos a habilitar para que sean candidatos? No, Presidente.

Nosotros vamos a votar a favor del allanamiento, porque el Poder Ejecutivo ha corregido un exceso que cometió en su momento el Congreso, al permitir que los famosos indultados razonadamente puedan si ser candidatos a elecciones populares.

No les hagamos el juego a Sendero ni a los terroristas, que ahora están en un proceso, nuevamente, de retroalimentarse socialmente para seguir socavando la democracia.

La democracia no puede seguir siendo boba y permitir que los espacios democráticos y de representación puedan estar en manos de aquellos que no creen en los valores que inspiran la democracia.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Alcorta, haga uso de la interrupción.

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, Presidente.

No solamente coincido en todo lo que ha explicado el congresista Javier Velásquez, sino también insisto en la situación: es increíble ver autoridades —alcaldes, gobernadores— que han saqueado, que han robado, como el Gobernador de Tumbes y el Alcalde de Chiclayo, con la plata entre los calzoncillos y los zapatos. En el caso de Áncash, ya es una cuestión que no tiene ni siquiera nombre ni explicación.

En el caso del terrorismo, tendríamos que ser lo suficientemente severos para no permitir la fotografía de Peter Cárdenas Schulte, saliendo por todas partes y no sabe si se va a un frente o se va al otro frente de izquierda; porque las únicas alternativas que hay para este país es lo que este terrorista maldecido y maldito ha logrado con la cantidad de asesinatos. Han hecho sangrar al país con el dolor de los hijos, de los padres, de los hermanos, que los arrancaron de la vida.

Eso no lo podemos permitir nunca más, de ninguna manera. Esta bancada tampoco va a aceptar esas propuestas

Vamos allanarnos a lo que ha propuesto el Ejecutivo, porque coincidimos plenamente con la situación de que el terrorismo en este país nunca más, y no hemos aprendido la lección…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias, congresista.

Tiene la palabra la congresista Marisa Glave, por Nuevo Perú.

La señora GLAVE REMY (NP).— Me pide una interrupción la congresista Huilca, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Huilca, tiene la interrupción.

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La señora HUILCA FLORES (NP).— Gracias, congresista Glave; gracias, Presidente.

Vosotros vamos a ratificar la posición que adoptó nuestra bancada en el primer debate de esta norma.

Como dijimos en su momento, Presidente, la reforma electoral que conveníamos tenía que tener un carácter integral y que permitiera calificar de mejor manera el perfil de los candidatos a los cargos públicos de elección popular; y que tenía que, efectivamente, incorporar no solamente esta prohibición a quienes han sido sentenciados por delitos graves, como el terrorismo en nuestro país.

Evidentemente, esta prohibición también requiere mirar con preocupación este aumento y este incremento de los casos y denuncias por corrupción de funcionarios que estamos viendo día a día. Por eso, Presidente, la importancia de que este proyecto se debata de manera integral.

De la misma forma fue una propuesta y un aporte de nuestra bancada la incorporación de los sentenciados por delitos graves de violencia sexual, porque el país vive, efectivamente, una crisis en relación a la violencia contra las mujeres y poblaciones vulnerables...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, congresista Huilca.

La señora HUILCA FLORES (NP).— Por eso, Presidente, nosotros ratificamos nuestro voto en este proyecto, porque queremos que, efectivamente, empiece a entrar en vigencia esta norma para los procesos electorales que se avecinan en el país.

Sin embargo, también sabemos que hay una materia de discusión que ha sido planteada con la observación del Ejecutivo.

Por eso, estamos planteando una fórmula alternativa que permita subsanar cualquier tipo de restricción a los derechos políticos que puedan darse de quienes, ojo, fueron encontrados inocentes de procesos que no se llevaron siguiendo el debido proceso en su momento. Eso es algo que no vamos a poder modificar con el debate que tengamos acá, porque fue algo se determinó a través...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culminó la interrupción.

Inicie su intervención, congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (NP).— Gracias, Presidente.

Lo que nosotros estamos planteando a la Presidenta de la Comisión de Constitución es que, en el artículo 107 y en artículo 113, en el párrafo final del inciso i), se pueda señalar, punto seguido: “Dicho impedimento no resulta aplicable a los beneficiarios de la Ley 26655 y de la Ley 26940”.

Se plantea no para entrar en una discusión si hubiera otros indultos motivados o razonados o cualquier discusión que pueda generarse, sino por un hecho bien simple.

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¿Qué cosa dice el artículo 1 de la Ley 26655? Que esta comisión se crea para plantear que, de manera presumible y razonable, las personas que vayan a ser sujetos de este indulto no hayan tenido ningún tipo de vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas.

¿Por qué se planteó eso? Porque antes del año 1996, en que se aprueba esta norma, el propio señor Fujimori y el señor Jorge Santistevan de Noriega, en ese momento Defensor del Pueblo, señalaron que personas civiles habían sido juzgadas a través de procesos militares, en tribunales militares, o por jueces sin rostros, y que, a base de puro testimonio sin mayor fundamento, muchísimas personas inocentes habían sido acusadas y sentenciadas sin el debido proceso.

Eso nos colocó en una situación de precarización de los derechos humanos en el país. Así, una de las maneras de subsanar lo que fue una política de violación de derechos humanos fue reconociendo, desde la Defensoría del Pueblo y desde el propio Ejecutivo, la formación en el país de una comisión ad hoc a cargo de Hubert Lanssiers.

Yo conocí al padre Lanssiers, Presidente. Fui alumna suya, y lo vi en los penales tratando de sacar a gente inocente. Y lo único que se está pidiendo en este caso no es sacar a nadie que sea culpable, sino que esta ley se apliqué, precisamente, a los culpables.

Lo que se está exigiendo es que esta norma no sea aplicable, específicamente, a quienes hayan sido beneficiarios de la Ley 26655 y de la Ley 26940.

Eso nos permitiría tener una norma que sanciona a corruptos, que sanciona a terroristas, y que impide que estén participando electoralmente; pero que no va por encima de personas que, además de inocentes, fueron en su momento sentenciadas y sufrieron cárcel injusta, y que después están tratando de recuperar sus vidas, Presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta, por Peruanos por el Kambio.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Me pide una interrupción el congresista Velásquez Quesquén.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Velásquez, tiene la interrupción.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, diré dos cosas concluyentemente.

Un indulto es el perdón de la pena; a diferencia de una amnistía, que perdona la pena y el delito. Por eso, la amnistía la tiene que dar el Congreso.

Entonces, no pueda haber —es elemental— una comisión política —como la de Lanssiers, que respeto— que, utilizando la figura del indulto, diga que tal persona es inocente. No se puede, pues, no es posible, señor Presidente. No le hagamos el juego a quienes no creen en la democracia.

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Gracias, congresista violeta.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Puede empezar su intervención, congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— La congresista Alcorta me pide otra interrupción.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Puede interrumpir la congresista Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, Presidente; gracias, congresista.

Lo que pasa es que no nos podemos olvidar ni tapar los ojos: el Movadef sale mañana, tarde y noche, y desfila por todo el mundo con sus pancartas haciendo apología.

Se habla de los jueces sin rostro. Claro, bien fácil es ser valiente en pellejo ajeno. Pero esos jueces tenían que sentenciar a terroristas.

Quisiera preguntar si alguien ha leído acá, acá, a la Comisión de la Verdad, y cuál es el año en que ha habido la mayor cantidad de muertos por el terrorismo.

¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha leído las 170 conclusiones de la Comisión de la Verdad? ¿En qué año acusan que ha habido la cantidad de muertos por el terrorismo?

Los jueces sin rostro, con el temor que puede tener cualquier ser humano, han tenido que sentenciar; porque es bien fácil hablar hoy día de los jueces sin rostros, cuando tenían al frente a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos amenazados de muerte por el mismo Sendero Luminoso.

¡Qué poca vergüenza, qué poca dignidad y qué poca amor por el Perú!

El terrorismo no se debe repetir nunca más. Tenemos que oponernos todos, acá no hay color. Todos estamos contra el terrorismo para que esta historia de la década del 80, nunca más se repita. Aceptemos que hasta el día de hoy exista el terrorismo contaminado...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Violeta, ahora sí puede iniciar su participación.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Disculpe. Por excepción, ¿permitiría que el congresista Vicente Zeballos tenga una nueva interrupción?

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Pero quiero dejar constancia de que me había pedido la palabra.

Son dos minutos por bancada. Obviamente, la Mesa es tolerante. Este es un tema importante, por favor, congresista. El que habló por los no agrupados ha sido el congresista De Belaunde, y ha hablado por cuatro minutos.

Tiene la interrupción el congresista Zeballos.

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El señor ZEBALLOS SALINAS.— Presidente, gracias.

Creo que estamos equivocados en la percepción del problema. No se trata de terrorismo. Terrorismo con responsabilidad, bien sancionado y bien sentenciado.

El Parlamento, mediante la Ley 26655, creó una comisión ad hoc, y mediante una ley dada por este Parlamento habilitó los indultos razonados. ¿Correcto? Habilitó.

Y —lo segundo— la propia Presidenta de la Comisión de Constitución ha hecho alusión a la Sentencia 1277; y voy a dictar textualmente lo que dice esta sentencia, en el fundamento jurídico 11: “puesto que no se trata de un indulto común o general, que, como lo define la doctrina, es un beneficio que supone la condonación de la apena respecto de quien efectivamente ha cometido un delito y por tal motivo ha sido sancionado”. ¿Okey? Terrorismo bien sancionado.

Pero nos referimos al indulto razonado, que es de un tipo sui géneris de beneficio, procedente exclusivamente respecto de los casos en que se ha condenado a una persona inocente o respecto de quien se le presume como tal.

En buen castellano, Presidente, el indulto razonado se justifica, está habilitado normativamente por una ley dada por este Congreso respecto a aquellas personas que han sido injusta, arbitraria y sin prueba alguna condenadas. Entonces, una ley de este Parlamento habilita ese indulto razonado, Presidente, el cual hace suyo el propio Tribunal Constitucional.

Gracias, congresista.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Ahora sí, inicie su intervención, congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Gracias, Presidente.

Lo primero que habría que señalar es que mañana se vence el plazo para que el Poder Ejecutivo haga la convocatoria elecciones municipales y regionales, conforme al nuevo cronograma que aprobó este propio Reglamento.

En consecuencia, es obvio que este tema no se podía dilatar más en la Comisión de Constitución y teníamos que tomar una medida.

La norma puede ser imperfecta, y seguro que la podemos seguir debatiendo, pero lo cierto es que tenemos que tomar una decisión.

Tenemos que resaltar lo esencial, lo básico, de esta norma. ¿Qué cosa es lo que busca esta ley? Lo que estamos buscando es que exista un claro impedimento a ser candidatas aquellas personas condenadas por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción y violaciones sexuales. Esa es la esencia de la norma.

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Lo que luego se discute es si se puede generar una excepción en relación aquellas personas que, habiendo sido condenadas por terrorismo, fueron pasibles, beneficiarias, de un indulto por la Comisión Lanssiers.

Pero aquí hay que diferenciar dos aspectos. Primero, la Comisión Lanssiers, no es un juzgado, un tribunal o una corte que genere sentencia o razonamiento legal de una naturaleza en particular; era una comisión que hacia un razonamiento de casos humanitarios para situaciones específicas.

Y el segundo aspecto, que si es enteramente jurídico, es para poder hacer notar, a nuestros colegas que han presentado esta justa —puede ser— observación, que no necesariamente se pone en perjuicio el derecho de aquellos ciudadanos que, considerando una situación de inocencia, podrían querer ser candidatos.

¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo intérprete en materia constitucional en asuntos vinculados a procesos electorales.

En consecuencia, si un ciudadano equis que ha sido materia de un indulto, como se ha indicado aquí, quiere ser candidato y considera que su derecho está siendo vulnerado, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal, hará una interpretación —como lo hace un juez: de intérprete de la Constitución— en el caso específico y, por interpretación de la Constitución, inaplicará determinado aspecto de la norma, si ese fuese el caso.

De tal suerte que el derecho constitucional de ese ciudadano a participar en un proceso electoral, en el caso de que realmente tenga el derecho de participar, no se vería perjudicado.

Por lo tanto, Presidente, ni por el lado del procedimiento ni por el lado del aspecto de fondo, que podría verse vulnerado y al cual han hecho alusión, habría un perjuicio para no aprobar esta norma.

Hacemos una invocación para que, en todo caso, vayamos a una votación como corresponde y podamos aprobar esta ley que permita, insisto, los sentenciados por violación, por terrorismo, por tráfico ilícito de drogas y por corrupción no sean candidatos.

No podemos hacerle el juego a quiénes quieren utilizar artimañas legales para seguir participando en política y, al final, darle mala calidad de gobernantes a nuestro país.



Solamente, para información de los señores parlamentarios, en el caso de aprobarse el allanamiento, se lo va a tramitar rápidamente para que, en una separata adicional de El Peruano, hoy día mismo se publique. Eso ya lo hemos coordinado con los portavoces.

Tiene la palabra el congresista Rozas, por el Frente Amplio.

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Previamente, hay un pedido de interrupción de la congresista Foronda.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, congresista Rozas.

El tema que estamos debatiendo es vital para iniciar un proceso de reconciliación con justicia, un proceso en el que la verdad se imponga por encima de la tiranía de un poder que fue abusivo contra los derechos humanos. Miles de víctimas inocentes en cárcel.

Frontalmente, ningún terrorista puede postular, pero tampoco ningún corrupto. Esa es una posición clarísima. Pero sí deslindamos en aquellas personas que fueron víctimas de la violencia política de Estado en ese momento y que fueron acusadas injustamente.

El Tribunal de Garantías Constitucionales —no este Congreso— dio el indulto, y fue reconocido por el Congreso de la República.

Por lo tanto, no neguemos la posibilidad a miles de personas inocentes que fueron a las cárceles víctimas de la violencia política de Estado, y que ahora no puedan participar en un proceso electoral...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Haga uso de la siguiente interrupción, congresista Foronda.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Sí, tenemos que ser muy claros en este proceso y tenemos que tener claridad al momento de tomar decisiones; y dar un mensaje de paz con justicia, con reparación y con verdad.

Ningún terrorista puede ocupar un cargo público, pero tampoco ningún corrupto. Es lo que quería plantear, señor Presidente, en nombre de las miles de víctimas políticas inocentes, que estuvieron en la cárcel sin tener ninguna prueba y que fueron acusadas injustamente, y después indultadas.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias.

Congresista Rozas, puede iniciar su participación, por dos minutos.

El señor ROZAS BELTRÁN (FA).— Presidente, colegas parlamentarios: Este proyecto de ley, que busca restringir el derecho pleno de postular a las personas que han sido sentenciadas por terrorismo, corrupción, narcotráfico, violencia sexual, ya ha sido aprobado por unanimidad, pero esto ha sido observado por el Ejecutivo.

El planteamiento del Frente Amplio es que esto lo tengamos que aprobar no por allanamiento, sino más bien por insistencia.

El Frente Amplio plantea ni terrorismo ni corrupción nunca más en cuestiones electorales, pero eso no significa tengamos que castigar doblemente a inocentes que han sido acusados por terrorismo.

Precisamente, esta comisión encabezada por el sacerdote Hubert Lanssiers vio que había gente inocente acusada. Todo el país sabe que en momentos de violencia lo que había era jueces sin rostro, había los llamados arrepentidos, que tenían la capacidad de

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vengarse de cualquier inocente, y acusaban por terrorismo. Eso lo sabemos todos, conocemos y sabemos que existe esa situación.

Por esa razón, señor Presidente, a estos inocentes no se les puede acusar otra vez —una— por estos arrepentidos y jueces sin rostro, y —otra— por esta ley.

Por esa razón, Presidente, nosotros creemos que de ninguna manera se puede volver a castigar porque, repito, se cometería una injusticia con ellos en este momento.

Pero también, Presidente, lo que tenemos que ver es cuál es la situación de estas personas. ¿Por qué? En un primer momento se planteó que era un indulto razonable, pero nos están diciendo que eso no existe y que, por lo tanto, es un indulto común o es un indulto humanitario

Pero, precisamente, lo que se planteó en esa oportunidad es el indulto razonable para estos inocentes y eso es lo que debería primar, Presidente; porque de lo contrario vamos a tener que juzgar doblemente a gente inocente

El Congreso no puede fallar. Por esa razón, les planteo aprobar esto por insistencia, y no por allanamiento, Presidente.

Muchas gracias.


Congresista Edwin Donayre, creo que le pidió una interrupción el congresista Costa.

Haga uso de las dos interrupciones, congresista Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA.— Gracias, Presidente; muchas gracias, colega.

Yo tuve el honor de ser el secretario ejecutivo de la Comisión Ad Hoc de Indultos, creada el año 96, y por eso pido la palabra.

A pesar de que se han dado los argumentos a favor de la insistencia, quiero dar fe de que esta fue una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, negociada por el Defensor del Pueblo, el padre Lanssiers y el presidente de la República de entonces, Alberto Fujimori.

Fue en virtud de esa ley que se estableció, en el artículo primero, que la Comisión Ad Hoc le recomendaría al Presidente la concesión del indulto para las personas condenadas o procesadas por delito de traición a la patria que, razonablemente, la Comisión presumiría que no habrían tenido ningún tipo de vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas.

O sea, estaba claro que los indultados eran personas que, a criterio de esa comisión, creada por ese gobierno en negociaciones con la Defensoría del Pueblo y el padre Lanssiers, eran personas que no tenían ninguna vinculación con el terrorismo.

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Así se hizo, y durante el gobierno de Fujimori fueron indultados exactamente el 65% de todos los indultados en este periodo. Estamos hablando de un universo ya cerrado. Fueron 713 indultados entre 1996 y el año 2002.

No ha habido después más indultados, y no tendría sentido volver a tener nuevos indultados en un universo cerrado: 713 personas indultadas y 51 con derecho de gracia. Ninguno de ellos ha vuelto a ser detenido o la Policía ha encontrado que estaba vinculado a organizaciones terroristas, porque el trabajo de la Comisión se hizo en estrecho contacto con la Policía antiterrorista, y tuvimos muchísimo cuidado en que no ocurriera eso.

De manera que no mezclemos. Estos no son terroristas. Son personas que había sido acreditadas que no tenían vinculaciones. Los años posteriores han demostrado que, en efecto, ninguno de ellos volvió a las actividades o volvió a tener algún...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene treinta segundos para que culmine, congresista Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA.— Incluso, Presidente, el único conocido de estos indultados es el señor Yehude Simon, que fue primer ministro del gobierno del señor Alan García. Entiendo que no hay otros políticos conocidos entre ellos.

O sea, lo que se está haciendo acá es reconocer los hechos históricos tal como fueron, y hacer justicia a esas personas que fueron injustamente condenadas.

En virtud de esa ley, en 1998 se dio otra ley, Presidente, que es la 26994, que estableció los efectos jurídicos del indulto...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene treinta segundos para que culmine, congresista Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA.— ...definitivo, anulación de los antecedentes policiales, penales y judiciales, condonación de la multa, etcétera, etcétera. Entonces, Presidente, esto no es terrorismo, es una excepción.

El Tribunal Constitucional, refiriéndose a este proceso ya cerrado, ocurrido entre 1996 y 2002, dijo que eso es indulto razonado; y eso es lo que recoge el proyecto de ley que aprobamos y, por eso, creemos que la insistencia es lo que corresponde, Presidente.

Gracias.


Congresista Donayre, creo que el congresista Velásquez, por excepción, le pide una interrupción. ¿Lo permite?

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— Sí.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Puede interrumpir el congresista Velásquez.

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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente: Ya lo dijo el congresista Gino Costa. El Parlamento no puede legislar con nombre propio. Pero quiero leer la ley que crea la Comisión Lanssiers. Hay que leer la ley completa, pues.

Una comisión, por importante que sea, declara un indulto, no absuelve; tanto es así, que la propia ley lo dice. Voy a leer el artículo 7, y con eso termino mi intervención.

"Además de las funciones contempladas en los artículos 1 y 2, la Comisión podrá recomendar un procedimiento extraordinario de revisión de las sentencias condenatorias en los delitos de terrorismo o traición a la patria, de acuerdo a ley, cuando a criterio de la Comisión subsistan dudas sobre la vinculación que los condenados hubieran podido tener con elementos, actividades u organizaciones terroristas".

Más claro que el agua. Un indulto no podía declarar a una persona inocente. Hay un procedimiento que se debió utilizar.

Entonces, sí se pueden acoger a la postulación todos aquellos casos que la Comisión recomendó que revisara al Poder Judicial y los declararan inocentes. Eso está en el artículo 7, y el Tribunal nunca lo declaró inconstitucional, señor Presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Donayre, ahora sí puede empezar su participación.

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— Gracias, señor Presidente.

Creo que acá todos debemos hablar con la verdad, porque las medias verdades son las grandes mentiras.

Muchos o pocos de lo que están acá son aquellos que verdaderamente han estado en el frente de batalla y saben lo que ha sucedido. El resto es blablabla o expresiones de segunda o de tercera mano. Es inaceptable, inconcebible, que se quiera defender a esos terroristas genocidas que han desangrado el país.

Espere un ratito. Déjeme terminar. Yo no he interrumpido a usted cuando estaba hablando.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— A la Mesa, por favor.

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— ¿Dicen inocentes? Ha habido más de cien mil operativos en la guerra contrasubversiva, más de cien mil. ¿Cuántos casos aislados ha habido en los que se les pasó la mano por la cobardía de muchos jueces y fiscales incapaces de sentenciar a un terrorista? Menos del 1%.

Y eso no significa que ha habido una orden del Presidente ni de ningún general, ni un aniquilamiento sistemático sobre los peruanos. Es mentira. Y es mentira lo que manifiesta la Comisión de la Verdad; o, mejor dicho, la comisión de la mentira y de la revancha. Deberíamos traerlos acá por haber gastado dieciséis millones y no haber encontrado la

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verdad ni la reconciliación. ¿O acaso se van a llevar la plata si yo doy una tarea y no la cumplen? No, señores. Acá, al Pleno, tiene que venir todos los de la Comisión de la Verdad y decir dónde está la verdad. ¿La han encontrado?

En segundo lugar, señores, también es inconcebible que haya acá miembros en el Congreso que, habiendo sido victimados sus familiares por terroristas, defienden a esos desgraciados. Es inconcebible.

Claro, qué fácil es hablar, qué fácil es juzgar después de 20 años. Analicemos el contexto en que se dieron los hechos.

Ahora hablan de lesa humanidad, de autoridad mediata. Esa es la gran leguleyada y la gran alcahuetería para perseguir. Eso sí ha sucedido. A gente inocente uniformada la han buscado por estas seudo organizaciones de derechos humanos para perseguir a los miembros de la Fuerza Armada, que ha ido al frente cumpliendo una misión, una tarea, dejando a su familia. Primero, fue la familia de los inocentes campesinos.

Esa es, señores, la verdad. Eso es lo que realmente ha sucedido. Y hasta un presidente...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Para que culmine, por favor, congresista Donayre.

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— Hasta un presidente… Disculpen.

Yo no soy del grupo parlamentario que me está mirando al frente, pero ¿por qué no hablamos con la verdad, por qué ajustician a un inocente?

Inocente es al que le aplican una ley que el Estado peruano no había aun suscrito los delitos de lesa humanidad. Recién se dieron en 2002. ¿Y por qué van a ajusticiar a un peruano por delito de lesa humanidad o por autoridad mediata? Otra gran leguleyada.

Con todo respeto, el año pasado han matado a un campesino en Las Bambas. ¿Tendrían que meter al señor PPK a la cárcel por autoridad mediata? Entonces, propóngalo.

Lori Berenson sale a marchas. Nadie reclama. Se zurra, se va a los United States. No paga los 60 mil soles, y toma 35 mil dólares para que se pasee por Cancún, luego de haber venido acá a desangrar a los peruanos.

Gracias, señor Presidente. No quiero seguir, porque de nuevo me voy a ir a la clínica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el señor congresista Héctor Becerril.

Entiendo que hay algunos pedidos de interrupción.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Me pide una interrupción la congresista Saavedra.

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El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Cómo no. Y creo que, después, la congresista Salgado.

Puede interrumpir la congresista Esther Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (FP).— Muchas gracias, Presidente.

Muy buenos días a todos mis colegas. Un feliz año. Feliz de estar nuevamente con ustedes.

Ya estaba muy preocupada en nombre del país. No está hablando Esther Saavedra, sino estoy hablando en nombre del país, tan golpeado que está en estos momentos.

Estaba muy preocupada porque no pasaba a ser debatido este proyecto, que es tan importante. Por eso es que le pido, Presidente, que aquí no debe pasar ningún candidato terrorista ni corrupto, porque acá tiene que venir gente proba, gente con buen perfil y gente evaluada por su propio pueblo; y no venir a mentir, porque acá tenemos que venir a servir y no a servirnos, porque estos delitos son los que hacen daño al país.

Es lamentable que existan candidatos con sentencia e, incluso, que ya cumplieron condena que pretenden llegar al poder. De esto tengo conocimiento. Conozco quiénes están intentando llegar para 2018. Después el país va en picada.

¿Ustedes no han llegado a pensar en sus hijos, en sus nietos, y en que nos está cercando el terrorismo nuevamente? ¿Y ustedes vienen a avalar la corrupción?

Por eso, Presidente, por intermedio suyo, solicito que hoy mismo sea publicado en la edición especial del diario El Peruano, porque esto es lo que preocupa al pueblo. Esto es lo que nos preocupa, porque acá yo dije Señor mío, el 21 de diciembre...".

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Para que culmine, por favor, congresista Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (FP).— Estaba al margen luchando con mi pueblo, escuchando tantas obras inconclusas por culpa de la corrupción, por culpa de tener autoridades que solamente en época de campaña vienen a engañar al pueblo; y me dije qué lamentable que el 21 de diciembre se va a celebrar el día de la corrupción, que venden hasta su alma por defender la corrupción, y no defienden que sus pueblos, que están muriéndose con tantas necesidades.

Es por eso, Presidente, que estoy orgullosa de estar en una bancada que me permite trabajar, de luchar contra la corrupción. En 2011 no me dejaban trabajar. Pero ahora sí, Esther Saavedra está hablando. Yo no voy a avalar la corrupción.

Yo respeto cuando hablan. A mí me han enseñado a respetar en el pueblo, cuando he crecido, porque yo no interrumpo. Allá los ignorantes, que su conciencia hace que culpen a otros.

Muchas gracias, Presidente.

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El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Héctor Becerril, le pide la segunda interrupción la congresista Luz Salgado.

Congresista Salgado.

La señora SALGADO RUBIANES (FP).— Gracias, Presidente; gracias, congresista Becerril.

Hoy tenemos que dar esta norma, antes que se convoque a elecciones. No podemos correr ningún riesgo. El Gobierno ha hecho una observación. Acatamos esa observación.

Nosotros sabemos que ni el terrorismo ni la corrupción deben estar integrando ahora parte de las autoridades que se van a elegir. No podemos dejar que la democracia sea boba.

Sabemos que Sendero Luminoso actúa a través de Movadef. Hay información de que se están moviendo desde el extranjero —Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Alemania, Rusia, Francia e Italia— para hacer presión en el Perú. Solamente en el año 2017, han ocurrido diversas manifestaciones del Movadef para que se suelten a los que están prisioneros y tratar de introducirse a través de una estrategia de su Coordinadora Internacional de solidaridad por la libertad de los presos políticos, revolucionarios del mundo. No, pues, señor.

Hay un montón de nombres que ya lo tienen catalogados la Policía y sabemos que se están moviendo en el extranjero, que están presionando, incluso, ante la Corte Interamericana para hacerse ver como inocentes a aquellos que han desangrado al Perú.

Ahora nosotros, que tenemos la posibilidad de dar esta norma, tenemos la responsabilidad de decirles que no van a ser autoridades en nuestro país. Es por eso que hoy día es hora de definiciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Becerril, puede iniciar su participación.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, Presidente.

En primer lugar, quisiera saludar a la Mesa Directiva y a este Congreso porque por fin estamos poniendo coto a la participación de terroristas en la vida política del país.

Y acá permítame recordar que este proyecto de ley, que prohíbe de manera permanente a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de terrorismo y apología al terrorismo a postular a cargos de elección popular, pertenece a la bancada de Fuerza Popular.

En esta bancada, fiel a nuestros principios, no comulgamos con el terrorismo. Al terrorismo siempre vamos a decirle que no, porque a aquellas personas que intentaron petardear el Estado con dinamita y Anfo no les podemos dar la oportunidad de que,

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desde adentro de las esferas del poder, hagan lo que nosotros les impedimos que hagan en los años 90.

Yo entiendo que la Comisión Lanssiers indultó a algunos terroristas, pero el indulto solamente perdona la pena, no el delito; no es como la amnistía.

Acá, que estamos juntos, sabemos perfectamente quién le hace el juego al terrorismo y quienes trabajamos y luchamos fuertemente contra el terror.

Es claro que algunas bancadas, cuando hablan del terrorismo, nos hablan de un mensaje de paz, de un mensaje de reconciliación. Pero ¿por qué solamente quieren paz y reconciliación con los terroristas?, ¿por qué no quieren paz y reconciliación con los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales?

A ellos sí hay que perseguirlos. Con ellos no quieren la paz y la reconciliación. Se entiende, pues, el sesgo político que los une con esa ideología terrorista.

Hace poco nomás, han comenzado a salir los cabecillas terroristas Martha Huatay, Peter Cárdenas Schulte, Maritza Garrido Lecca; pero aquellas bancadas que le hacen juego al terrorismo no se inmutan, no dicen nada, salen sin pagar reparaciones civiles. Pero nosotros, Fuerza Popular, siempre vamos a estar cuidando a la patria, cuidando al Estado, para evitar que esas hordas asesinas quieran reagruparse y atentar otra vez contra el Estado.

Por eso, Presidente, colegas, el día de hoy esta bancada, fiel a sus principios, va a allanarse a esta observación del Ejecutivo, porque no hay tiempo ni es momento para dilaciones; es el momento de tomar acciones, es el momento de saber quién es quién en este Parlamento y en el país. Y nosotros sabemos claramente quiénes somos.



Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Letona Pereyra, presidenta de la Comisión de Constitución.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Presidente, me pide una interrupción la congresista Alcorta y el congresista Arana.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Haga uso de la interrupción el congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, Presidente; gracias, congresista Úrsula Letona, por la interrupción.

Nosotros, como bancada del Frente Amplio, señalamos que, además de la búsqueda de tener un filtro efectivo para que quienes ensangrentaron el país y violaron derechos humanos no puedan burlar los mecanismo electorales y proceder a situaciones en el país

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que permitieran ocupar cargos de alta representación política, era necesario añadir otros delitos.

En ese sentido, saludamos que se hayan acogido los planteamientos del Frente Amplio sobre los delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas, violación de libertad sexual. También planteamos que se incluya la figura de secuestro agravado, desaparición forzada, pero esto no ha sido recogido.

Lo que estamos planteando, Presidente, como cuestión previa, es que pueda votarse el tema de la insistencia.

Se me explica desde la Comisión que habría algunas restricciones por los plazos que están corriendo, pero la bancada del Frente Amplio no tiene nada que ver con el discurso demagógico, sulfuroso, de quienes consideran que se trata de abrir las puertas para que quienes han cometido delitos de lesa humanidad —como es el terrorismo de Estado o el terrorismo subversivo— puedan efectivamente burlar la ley y burlar la democracia.

Sí, hubiéramos querido que se incluyan estas otras figuras…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine. Está en una interrupción, congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— …pueda votar por insistencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Correcto. No hay cuestión previa en interrupción, pero está en su derecho de dar su punto de vista.

La siguiente interrupción es para la congresista Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, Presidente.

Voy a leer un pedacito nomás de la carta que le dirige la terrorista sanguinaria de Liliana Iparraguirre, integrante de la cúpula, al Papa. Está llena de una serie de cosas, como “mi delito es haber dirigido una guerra popular marxista-leninista-maoísta —mi delito—, pensamiento Gonzalo entre 1980 y 1992, lo que es llamado oficialmente en el país como terrorismo”. O sea, una santa paloma.

Bastantes problemas tenemos en este Pleno, en este Congreso, con una gente que opina de forma diferente como para cargar aparte con una situación tan clara y tan contundente, como ha sido el terrorismo.

Todo el mundo habla de las víctimas, habla de Pativilca, habla una cosa, habla la otra. Pero ¿quién menciona a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que también son víctimas; que perdieron a sus familias; que los arrancaron de la vida a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a los amigos? Nadie los menciona. Esos nos sirven. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, qué importa.

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Jueces sin rostro bien valientes, bien machos, para ser valientes en pellejo ajeno. ¿Quién de ustedes hubiera podido sentenciar a un terrorista cuando tenía a toda la familia amenazada con un atentado en cualquier parte de su casa, de su vivienda, de su colegio? ¿Dónde? ¿Cuándo?

No me hables a mí, porque yo estoy discrepando completamente de tu forma de pensar.

Las cosas las tenemos claras: en este país, nunca más la lucha con el tema con el terrorismo. La lucha es frontal, Presidente.

Y a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, honor y gloria para ellos. Pusieron el pecho para salvarnos de esta lacra, que hoy día trasmite mi único delito fue hacer un pensamiento leninista, marxista, pensamiento Gonzalo. ¡Miserable! Bien presa que está.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Letona.


Me pide una interrupción, por excepción, el congresista Vergara.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— La tercera y última interrupción para el congresista Vergara.

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, Presidente.

Esta es una ley oportuna. El Estado peruano se tiene que proteger. Y, más aún, Presidente, tenemos al señor Peter Cárdenas Schulte, el segundo hombre más importante del MRTA.

Esta persona que liberó a los 48 terroristas del Penal Castro Castro, que dio la orden para asesinar al ex ministro de Defensa Enrique López Albújar, me dice que va a marchar este jueves con los señores de Frente Amplio.

Por eso, espero que los señores de Frente Amplio deslinden de una vez con este señor, porque en una entrevista dice que va a hacer política y que el partido que lo va a acoger es el Frente Amplio.

Por favor, Presidente, necesitamos cerrarles las puertas a estas personas que han destruido al país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Letona, inicie su intervención.


Yo agradezco las intervenciones de los colegas.

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Como ya lo había señalado, priorizando la necesidad de que esta norma se aplique en las elecciones municipales y regionales de 2018, pido que someta al voto el dictamen aprobado por unanimidad para el allanamiento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Vamos a registrar la asistencia para proceder a votar el proyecto del dictamen, tal como lo ha planteado la Presidenta de la Comisión de Constitución.

Registrar su asistencia. Es un proyecto de allanamiento.



Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 90 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el texto sustitutorio, propuesto por la Comisión de Constitución y Reglamento, en virtud del cual se allana a la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de elecciones, la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley 26864, Ley de elecciones municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Han votado a favor 90 señores congresistas, en contra nueve y una abstención.

Acta Más el voto a favor de los congresistas Figueroa, Tania Pariona y Glave.

Total: 93 votos a favor, nueve en contra y una abstención.

Ha sido aprobado el texto sustitutorio, se trata de un proyecto de ley que modifica una ley orgánica.



El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Vamos a proceder, más bien, a solicitar la dispensa del trámite de aprobación del acta para poder ejecutar este acuerdo, e ir a una separata adicional.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

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—Efectuada la votación, se acuerda tramitar los asuntos tratados hasta este momento en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Ha sido aprobada la dispensa del trámite de aprobación del acta.

Se aprueba la Resolución Legislativa 2220/2017-PE, que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, correspondiente al año 2018

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Siguiente tema, por favor.


Proyecto de Resolución Legislativa 2220/2017-PE. Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, correspondiente al año 2018.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Javier Velásquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa, hasta por 10 minutos.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, pongo a vuestra disposición el acuerdo tomado en la décima tercera sesión ordinaria, del 18 de diciembre pasado, en que aprobamos por unanimidad el Proyecto de Ley 2220/2017-PE, que propone autorizar el ingreso al territorio de la República de las unidades navales y de personal militar extranjero, de acuerdo a un programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras, correspondiente al año 2018.

La Comisión ha verificado que este ingreso de tropas al país es regular todos los años. Son intercambios con otros estados que no afectan la integridad del territorio y tampoco autoriza la instalación de bases militares, que son los dos únicos supuestos por los cuales nos hubiéramos opuesto a este intercambio que hay entre las Fuerzas Armadas del Perú con otros países.

De tal manera, Presidente, de conformidad con el inciso 8 del artículo 102 de la Constitución, así como lo que establece la Ley 27856 y sus modificaciones aprobadas mediante las leyes 28899 y 30209, la Comisión ha considerado conveniente que se debe autorizar el ingreso al territorio de la República de las unidades navales y personal militar extranjero de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales, que están contenidas en el anexo 1 que acompaña al dictamen que el día de hoy vamos a aprobar.

El segundo artículo de esta iniciativa también autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través de resolución suprema refrendada por el Ministerio de Defensa, pueda modificar, cuando existan causas imprevistas, el plazo de ejecución de las actividades operacionales a que hace referencia el artículo 1 de dicha norma, siempre que dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido en el anexo correspondiente de la Resolución Legislativa.

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Por lo demás, Presidente, estas son normas casi de rutina, que tienen que ver con fortalecer el intercambio interoperacional de nuestras Fuerzas Armadas con otras fuerzas armadas de otros países.

Este dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Pongo a vuestra consideración y del Pleno la aprobación de dicho dictamen.



Como el tema ha sido aprobado por unanimidad, son dos minutos por cada grupo parlamentario.

Creo que es un tema bastante simple, salvo que alguien tenga alguna observación.

Si nadie tiene ninguna opinión, vamos a registrar asistencia para proceder a votar el Proyecto de Resolución Legislativa.

Registrar asistencia, por favor.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Velásquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente: Quiero dejar constancia, porque los colegas pueden revisar el anexo número 1, donde se detallan las actividades interoperacionales que van a hacer nuestras Fuerzas Armadas con las fuerzas armadas de otro país, y ahí se habla de un cronograma que se inicia el 1 de enero del año 2018.

Por razones que todos conocemos, evidentemente dejo constancia de lo mismo, porque el artículo 2 del dictamen que vamos aprobar el día de hoy autoriza que este cronograma pueda ser adecuado por resolución suprema, refrendada por el Ministro de Defensa.

Solamente quiero dejar constancia de eso, porque el cronograma que está en el anexo número 1 hace referencia al 1 de enero de 2018. Al aprobarse el día de hoy la norma, evidentemente que va a haber una adecuación, la cual hará el Ministerio de Defensa en base a lo que establece el artículo 2 de dicho dictamen.

Gracias.


Se procede a cerrar el registro de asistencia.

Han registrado su asistencia 98 señores congresistas.

Al voto.

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—Efectuada la votación, se aprueba, por 79 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, el texto del Proyecto de Resolución Legislativa 2220/2017-PE, resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, correspondiente al año 2018.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Han votado a favor 79 señores congresistas, en contra 17 y ninguna abstención.

Acta Más el voto a favor de los congresistas Roy Ventura, Ponce, Letona, Acuña, Villanueva, Oliva y García.

Total: 86 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Ha sido aprobado el Proyecto de Resolución Legislativa 2230. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación.



En debate el texto sustitutorio, contenido en el dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, sobre los proyectos de Ley 218/2016-CR, 1248/2016-CR, 1967/2017-CR, 2041/2017-CG, 2083/2017-CR y 2107/2017-CR, que propone la Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, la Presidencia acepta la solicitud del señor Reátegui Flores para que la iniciativa pase a un cuarto intermedio

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Siguiente tema.


De la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Proyectos de Ley 218/2016-CR, 1248/2016-CR, 1967/2017-CR, 2041/2017-CG, 2083/2017-CR, 2107/2017-CR. Se propone la ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.(*)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Rolando Reátegui, hasta por 10 minutos.

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Señor Presidente, señores congresistas, muy buenas tardes.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría de la República del Perú, en su sesión pasada, aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de Ley 2041 —de la Contraloría General—, 218, 1248, 1967, 2083 y 2107 —del Congreso de la República—, los que proponen modificar la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema

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Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, para el fortalecimiento de la misma.

La deficiente eficacia en la ejecución de resultados en el control gubernamental, aunado a la pérdida de su efectividad para luchar contra la corrupción y para contribuir en la gestión pública, fundamentan la urgente necesidad de fortalecer el control gubernamental para implementar las medidas que aseguren el cumplimiento de la misión y funciones previstas en los artículos 81 y 82 de la Constitución Política del Perú, pues estos marcan los alcances de la enorme responsabilidad que la Nación ha puesto en la Contraloría General y en el Sistema Nacional de Control.

La exigencia de la modernización del modelo de gestión de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control debe conducir no solo a contar con nuevos instrumentos en materia de control gubernamental, sino también a fortalecer los existentes, y fijar la ruta y la gradualidad para concretar, en el periodo más corto posible, la puesta en valor de una matriz de control con énfasis en la auditoría de desempeño y en el control preventivo.

Esto es, justamente, lo que provoca esta modificación y reestructuración de la ley, sobre todo, para dotar a la Contraloría General de la República de las herramientas y los requisitos indispensables para ejercer mejor el control preventivo.

La dificultad del monitoreo y la fijación de la gestión de riesgos en las instituciones, señor Presidente, requieren que la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional, lidere el control institucional en las instituciones; para lo cual requiere incorporar, en su ámbito de dirección, a los órganos de control de los tres niveles del Estado, lo que ayudará a elevar la calidad de gestión del Estado en su conjunto, así como modernizar el control gubernamental con énfasis en el control interno y la autoría de desempeño.

A través del mandato legal de la autorización para la reorganización de la Contraloría General de la República, se incluye la necesidad de fortalecer el sistema organizativo, los instrumentos de gestión y el marco normativo, tendiente a una gestión moderna, eficaz y eficiente de los recursos que administra la Contraloría General de la República para ejercer de manera adecuada el control gubernamental.

En ese sentido, se propone lo siguiente:

-La reorganización institucional de la Contraloría General de la República, facultándola para que apruebe su nueva estructura orgánica, reglamento de organización y funciones y cuadro de puestos de la entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su fortalecimiento y modernización.

-Que los jefes de los órganos de control institucional de todas las entidades sujetas a control sean designados directamente por la Contraloría General de la República.

-Dinamizar el ejercicio de control gubernamental a través del acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a la base de datos, sistemas informáticos y cualquier otro mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, siempre y cuando no

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violen la libertad individual ni el derecho a la reserva de información personal, sujetas a las limitaciones señaladas en la Constitución y la legislación vigente.

-Para la realización de labores de control posterior externo, las sociedades de auditoría, entendidas como personas jurídicas calificadas e independientes, son designadas previo concurso público de méritos y contratadas directamente por la Contraloría General de la República.

-La incorporación de causales de impedimento y vacancia para cargo de control general por funciones públicas previas a la incompatibilidad, por intereses particulares y por falta de idoneidad moral y ética en el cargo.

Es necesario destacar, señor Presidente, que la presente propuesta legislativa permitirá fortalecer la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de la República con el objeto de velar por la correcta administración pública y un buen gobierno de una manera oportuna, efectiva y eficiente.

Pongo en consideración el dictamen presentado para su debate ante la Representación Nacional y, sobre todo, los comentarios y las modificaciones que los señores congresistas y las bancadas respectivas pueden hacer respecto del dictamen presentado.


—Reasume la Presidencia el señor Mario Mantilla Medina e inmediatamente reasume la Presidencia el señor Luis Galarreta Velarde.


Vamos a iniciar el rol de oradores.

Tiene la palabra el congresista Javier Velásquez, primero en la lista; luego, el congresista Arce y la congresista Glave.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muchas gracias, Presidente.

Esta era una iniciativa que se estaba esperando hace algunas semanas atrás. Después de los graves sucesos que conocimos a través de la Contraloría General de la República, se procedió a nombrar a un nuevo contralor y, como lo había manifestado en la Comisión Permanente, hay dos medidas —que son muy importantes— que tiene que ponerse en marcha para poder reorganizar y relanzar el Sistema Nacional de Control.

El dictamen que se ha aprobado tiene que ver con autorizar una nueva estructura —moderna— que sea compatible con la nueva estructura institucional que tiene el país. Asimismo, la norma está estableciendo mecanismos modernos, como el uso de la notificación electrónica.

También me parece muy importante que ahora se pongan claramente cuáles son las prohibiciones e incompatibilidades que tiene el Contralor General de la República, para efectos de que, en el futuro, las personas que aspiren a estar al frente de esta importante

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institución tenga que tener en claro cuáles son los requisitos para poder asumir esta importante función. De tal manera que este es un avance muy importante.

La aprobación de este dictamen también está permitiendo que los órganos de control institucional de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y demás instituciones vayan progresivamente siendo incorporados al Sistema Nacional de Control, dirigido por la Contraloría, no solamente en sus funciones, sino también acompañado de las partidas presupuestales correspondientes para poder integrar el sistema.

Pero yo quisiera hacer una sugerencia, Presidente. En los principios del dictamen que se ha aprobado, resulta conveniente hacer un agregado al principio que está en el artículo 9. ¿De qué se trata? Lo voy a explicar brevemente.

La Contraloría, cuando realiza un examen de control a una institución, es obvio que todo el proceso del examen tiene carácter de reserva. Pero, una vez que este ha terminado y se notifica a la institución y a los funcionarios involucrados, el examen de control no tiene por qué seguir siendo reservado.

Entonces, lo que hay que afianzar acá es el principio de transparencia. Una vez que el informe de control sea notificado a la institución y a los involucrados, debe ser puesta en la página web de la Contraloría General para que todo el país pueda tener conocimiento de los alcances de este informe.

Hoy, por una norma interna dejada por el contralor anterior, los informes del sistema no pueden ser públicos, y esto es absolutamente controvertido, por decir lo menos.

Por eso, quiero proponer que en el artículo 9 —principios de control gubernamental— se confirme, en efecto, que se encuentra prohibido durante la ejecución del examen; pero, culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, el mismo adquiere naturaleza pública y debe ser publicado en la página web de la Contraloría General de la República. Eso es por transparencia.

Le voy a pedir al Presidente de la Comisión de Fiscalización que recoja esta sugerencia, para la Contraloría, una vez que realice un examen de control, cumpla con el debido proceso, le notifique a la entidad y a los interesados, pueda estar autorizada por ley a que inmediatamente la cuelgue en su página web para que todos los ciudadanos podamos ver el resultado de ese trabajo. Eso es transparencia.

Por eso, Presidente, quisiera alcanzar esta sugerencia al Presidente de la Comisión de Fiscalización, a ver si puede incorporar en el artículo 9 este agregado, que sería muy importante para seguir afianzando la transparencia en el Sistema Nacional de Control.

Por lo demás, Presidente, me parece muy bien que hoy día aprobemos esta iniciativa, que tiene como propósito modernizar el Sistema Nacional de Control.



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Tiene la palabra el congresista Richard Arce.

El señor ARCE CÁCERES (NP).— Gracias, señor Presidente.

Saludo a la Representación Nacional.

Este proyecto de ley va a ayudar a que la Contraloría sea mucho más eficiente en la lucha contra la corrupción, pero para ello se requiere aún muchas mejoras.

En realidad, en las disposiciones complementarias finales, en el punto tercero, se menciona la transferencia financiera hacia la Contraloría de parte de los órganos de gobierno, tanto nacionales como subnacionales: gobiernos regionales, municipios.

Esto es muy importante, señor Presidente, porque esto va a ayudar a garantizar que haya la independencia en el trabajo de control interno que se realiza en cada una de estas instituciones.

Como es de conocimiento, los titulares de pliego son los que contratan a los funcionarios encargados del control interno y, evidentemente, eso genera un conflicto de intereses; porque, si la persona que te va a pagar es la persona a la que vas a fiscalizar, a la que vas a controlar, a la que vas a denunciar, va a ser bastante complejo.

Esta posibilidad de tener independencia financiera va a garantizar que se tenga la total independencia en la lucha contra la corrupción.

En realidad, se necesita otros mecanismos adicionales, y lo que quisiera resaltar es la necesidad de la relación de la Contraloría con la Fiscalía.

Los casos de corrupción son emblemáticos en diferentes lugares. Particularmente, en la región Apurímac se tiene a la Contraloría, por ejemplo, en el Municipio Provincial de Andahuaylas desde aproximadamente cuatro meses trabajando un proceso de auditoría; pero los avances que se van obteniendo tienen que tener una correlación directa con el trabajo de la Fiscalía, porque las deficiencias o, mejor dicho, los delitos detectados inmediatamente tienen que ser transferidos a la Fiscalía para que se levante una carpeta fiscal. Entonces, allá hay un problema si es que no se tiene la coordinación y la independencia correspondiente.

Por eso, mi sugerencia sería ver de qué manera podemos incorporar dentro del proyecto de ley la posibilidad de que se tenga una relación mucho más directa con la Fiscalía; y que, en casos evidentes de flagrancia, se tenga inmediatamente la participación de la institución responsable de la parte punitiva, como es el caso de la Fiscalía, porque la Contraloría va a reportar informes, pero no tiene la capacidad, por ejemplo, de poder sancionar.

Entonces, señor Presidente, lo que quisiera expresar es la necesidad de fortalecer el trabajo de la Contraloría. Pero, en este proceso de transferencia de presupuestos, queremos que garantice también la selección de ese personal que se va a encargar de hacer la actividad de control interno en cada una de estas instituciones; para que no solamente sea financiera, sino también sea operativa la responsabilidad que tenga la

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Contraloría y la independencia que se requiere en los gobiernos subnacionales, tanto gobierno regionales como municipales, o diferentes entidades del Estado.

Es un deber…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene 30 segundos para que termine, congresista Arce.


En el marco de fortalecer el trabajo de la Contraloría, dentro de los roles que tenemos los congresistas, otra sugerencia adicional es esta: la labor de fiscalización.

Por ende, al tener a la Contraloría como entidad encargada de levantar la información, las auditorías correspondientes a nivel contable, financiero, deberíamos tener mecanismos de trabajo mucho más estrechos entre el Congreso de la República y la Contraloría.

Nosotros representamos a diferentes regiones, y una de las principales demandas que tenemos de nuestras poblaciones es la lucha contra la corrupción.

En ese marco, señor Presidente, requerimos que la Contraloría trabaje de la mano con el Congreso de la República…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista, tenemos varios temas.

Voy a pedirles que cada orador trate de concentrarse en los tres minutos que tiene.

Tiene 30 segundos para que culmine, congresista Arce.


Le estaba mencionando la necesidad de ver de qué modo podemos relacionarnos de manera más estrecha con la Contraloría y que ello garantice este trabajo de fiscalización.

Así, las denuncias que llegan a nuestros despachos permitirían a la Contraloría ser mucho más eficiente, pero siempre y cuando haya una respuesta inmediata de la Contraloría para hacer una intervención directa en un gobierno regional, en un municipio.

Lamentablemente, la corrupción ha llegado a extremos, como es el caso específico de Apurímac, donde tenemos al gobernador regional en la cárcel, al alcalde…


Tiene la palabra el congresista Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Gracias, señor Presidente; colegas parlamentarios, buenos días.

Plenamente solidario con las expresiones y las fundamentaciones que ha hecho el Presidente de la Comisión de Fiscalización.

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Como autor de uno de los proyectos, del Frente Amplio, tenemos que no redundar en los fundamentos de por qué es necesario aprobar esta iniciativa.

Si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que dar el instrumento necesario a la entidad que tiene a su cargo el control. Específicamente, creemos que es preciso que la Contraloría cuente con el presupuesto necesario, porque no solamente requiere que se contrate personal, sino también de dotarlo de infraestructura.

Tenemos que entender, señor Presidente, que la mayoría de las oficinas de la Contraloría de la República —excepto la de Lima, que tiene un palacio— no tienen sino pequeñas oficinas en las provincias o regiones donde los empleados e inspectores se encuentran hacinados.

Si queremos luchar contra la corrupción con sinceridad, con claridad, tenemos que dotar a la Contraloría de todas las atribuciones necesarias para que pueda encaminar su lucha contra la corrupción.

Sin embargo, queremos ser más explícitos en el artículo 9, donde no solamente se debe decir que estará facultado para pedir los informes a las entidades de control, sino también que se especifique el problema de las regiones y, también, de los gobiernos locales.

En ese sentido, nosotros, el Frente Amplio, vamos a votar a favor; pero, seamos claros, si no tenemos una Contraloría con autonomía, con capacidad de decisión, estaremos vendiendo ilusiones a la población.

Por eso, señor Presidente, va nuestro voto a favor de estos proyectos, que se han presentado acumulados en ese dictamen.


Tiene la palabra la congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, por tres minutos.

La señora GLAVE REMY (NP).— Sí, señor Presidente, hay varios elementos importantes en esta norma; elementos que, además, el propio contralor planteo la primera vez que vino, y que conversó con varios representantes de este Parlamento, señalando la necesidad de fortalecer el rol de la Contraloría.

Sin embargo, quisiera hacer una sugerencia al Presidente de la Comisión para que se incluya en el artículo 9, en principios de control gubernamental, en el inciso n), un tema que va en la línea de lo que también ha señalado el congresista Velásquez Quesquén.

El literal n) plantea la necesidad de la reserva. La reserva durante el proceso es absolutamente entendible. Es un tiempo en el cual los órganos de control solicitan información a las distintas entidades públicas y, para ello, tienen derecho a contestar, a revisar y a hacer todo el proceso de control.

Sin embargo, una vez que termina el proceso de revisión y la Contraloría emite un informe, estos informes son difíciles de acceder por parte de la sociedad civil, de la

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prensa e, incluso, de otros alcaldes o de otros gobiernos locales o, incluso, de entidades públicas.

Es públicamente conocido que hay algunos sinvergüenzas que van saltando de gobierno local en gobierno local, porque precisamente el resultado de estos informes no llega a ser público.

Entonces, se sugiere un texto sustitutorio —congresista Reátegui, a través de la Presidencia— para que en el literal n) se añada: culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, el mismo, de manera integral, adquiere naturaleza pública y debe ser publicado en la página web de la Contraloría General de la Republica, de manera tal que podamos garantizar a la ciudadanía transparencia y acceso a la información.



Tiene la palabra el congresista Segura, de Fuerza Popular, por tres minutos.

El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Gracias, Presidente.

Saludo a la Representación Nacional y, cómo no, al congresista Reátegui, por esta importante iniciativa legal.

Dentro del proceso de reorganización de la Contraloría General de la República, que el proyecto de ley busca aprobar, se ha previsto la reincorporación de los órganos de control institucional a la estructura de esta institución, de modo que la Contraloría General de la República tendrá a su cargo no solo funcional sino administrativamente alrededor de 900 órganos de control institucional a nivel nacional.

La aprobación de esta nueva estructura genera un impacto importante dentro de la gestión de la Contraloría General de la República.

Entonces, resulta necesario adoptar la actual estructura orgánica a la Contraloría a fin de que el proceso de reorganización cumpla con los objetivos planteados, que son, ulteriormente, mejorar el Sistema Nacional del Control bajo criterios de calidad en el servicio, celeridad procedimental, modernización de la gestión, eficiencia en el uso de los recursos, tanto logísticos como humanos, como bien ha dicho el congresista Apaza.

En este sentido, la propuesta la modificación del artículo 33 de la Ley 27785, relativo a la facultad concedida al Contralor General de la República para nombrar cuanto menos dos vice contralores, atiende la envergadura del proceso de transformación al que se encuentra sometida esta contraloría por la incorporación progresiva de los órganos de control institucional de las entidades de los tres niveles de gobierno.

Esta medida guarda coherencia con el cambio que asume la institución, así como el objetivo de concertar la función y contar con un proceso de ejecución, supervisión,

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monitoreo y evaluación de las actividades de estos órganos, que permitan una mejor, eficaz y eficiente operatividad del sistema de ejercicio de control gubernamental.

La modificación prevé que para el nombramiento de los vicecontralores se les deba aplicar los mismos requisitos e impedimentos que le alcanza al Contralor General de la República. Con ello, se busca salvaguardar un tratamiento uniforme con los funcionarios que tienen a su cargo la gestión del Sistema Nacional de Control, impidiendo la designación impropia que ponga en riesgo la institucionalidad de la Contraloría.

Cabe precisar que la medida no aplica un mayor gasto o una demanda de recursos adicionales al tesoro público, toda vez que aquellos gastos que demande su funcionamiento serían producto de la reorientación de los recursos de la propia Contraloría General y de la reformulación de la estructura orgánica de la entidad, lo cual se ejecutaría con cargo al crédito presupuestario aprobado para el pliego en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, Ley 30693.

Asimismo, señor Presidente, se ha reformulado el texto del artículo 56 del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. En este sentido, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas está integrado por tres miembros elegidos por concurso público de méritos, a cargo de la Contraloría General de la República, para la resolución de esta instancia.

La elevada carga procesal y el incremento constante de los pasivos pendientes de resolución —requiero más tiempo, señor Presidente— hacen necesario que se tomen medidas de gestión urgentes y acordes a la realidad procesal del Tribunal Superior, en base a buenas prácticas gubernamentales y metodología de selección de vocales para fines de mejorar la eficacia y celeridad de los procedimientos sancionadores, a efecto de no caer en la caducidad de la acción administrativa, la reducción del número de integrantes de la Sala del Tribunal Superior — pasando de cinco a tres miembros—, además de adecuarse al estándar del funcionamiento a los tribunales administrativos con funciones similares.

También proporciona los siguientes beneficios: primero, mayor disposición de quorum; segundo, mayor uniformidad de criterio; tercero, mayor dinámica entre los colegiados y su secretaria técnica; y, por último, mayor celeridad en la toma de resoluciones adicionalmente.

No genera costos mayores, pues se insertará en las funciones que la actual cumple el Tribunal Superior, adecuándose a su realidad procesal y a la disponibilidad presupuestal de la Contraloría General.

Asimismo, considerando la necesidad de establecer un plazo preventorio para el suministro de la información que es requerida por el Tribunal Superior, en procura de la celeridad de los procesos sancionadores, se propone establecer en el artículo 56 de la Ley 27785 que sus pedidos deberán ser atendidos “en un periodo máximo de siete días hábiles, bajo responsabilidad administrativa funcional en el caso de que los funcionarios o servidores públicos, o con sujeción a la potestad sancionadora por infracciones al ejercicio del control en el caso de las personas naturales o jurídicas privadas”.

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Asimismo, estandarizar el número de miembros de los tribunales que se han constituido en las diferentes entidades públicas, pues se ha tomado como referencia otros con funciones similares, además de adecuarse al estándar los tres miembros del Tribunal, que proporcionarían mayor disposición de quorum, uniformidad de criterios, celeridad en la toma de decisiones y mayor eficacia y sostenibilidad en la toma de decisiones de esta naturaleza. Se prevé que la designación sea por tres años, renovables por única vez.

Estos temas se lo vamos a hacer llegar, señor Presidente, al Presidente de la Comisión de Fiscalización.

Muchas gracias.


Tiene la palabra el congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— Señor Presidente: Este proyecto de ley tiene una gran ventaja, porque plantea tratar de modificar lo que es actualmente el Sistema Nacional de Control, donde existe, a niveles municipales y regionales, órganos de control que son en la práctica financiados, organizados y casi casi nombrados por sus jefes; o sea, aquellos que tienen que ser controlados manejan los órganos de control y también le asignan el presupuesto. Entonces, no hay en el Perú, realmente, un sistema de control.

Lo que se está planteando es un cambio, al que me parece que está faltando algunas cosas claves. Acabo de escuchar una parte de ellas, que es lo que se refiere al sistema organizativo. Pero quisiera empezar con la parte presupuestal.

Se da la impresión de que aquí se está hablando de dos ejes centrales para la Contraloría: la Contraloría a nivel central y sus cuadros, y las sociedades de auditoría.

¿Cuál es uno de los problemas que tiene actualmente el Sistema de Control? Que tiene que subcontratar a llamadas sociedades auditoría o auditores privados para que hagan las labores de control público, y ahí es donde está gran parte del fracaso de la Contraloría nacional. No totalmente, pero gran parte.

Esa forma de trabajar sin tener un cuerpo público especializado, altamente dedicado y con financiamiento real hace que la Contraloría no exista, más aun cuando los contralores de la localidad son puestos por los jefes para que los controlen. De ahí que prácticamente no haya sistema de control en el Perú.

Se ha reducido al envío de personas a un lado y a otro que presentan documentos, o a un grupo central muy hábil, muy inteligente, que se mueve mucho, pero que no tiene efectividad en corregir los problemas de la Contraloría.

De ahí que me parece que el salto que se está planteando con esta ley es interesante, es importante, pero falta ajustar dos temas claves.

El primer tema clave es señalar el presupuesto. Tiene que hacerse explícito en los artículos 19 y 20 que la Contraloría va a tener un presupuesto asignado nacionalmente; pero es

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un presupuesto no solamente en función de contratar a las sociedades de auditoría, sino para que la Contraloría —el órgano de control— sea quien designe a los equipos que van a trabajar, sea quien contrate a los que sean jefes de las áreas, sea quien tenga la decisión sobre el manejo presupuestal de los órganos y todas las dependencias que tenga la Contraloría en todos los niveles del Estado. Si eso no está garantizado presupuestalmente, no hay sistema de control que valga.

Creo que, en ese sentido, en ambos artículos que están agregados, el 19 y el 20, debería señalarse expresamente —por ejemplo, al final de la primera parte del artículo 19— que designa a los jefes de los órganos de control institucional de las entidades sujetas a control nacional, sectorial, regional y local, que son…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Continúe, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— …los órganos que tienen que ser dependientes del Sistema de control. No vaya a ser que lo nacional, lo sectorial, lo regional y lo local sea dado a las sociedades de auditoría, con lo cual estamos privatizando el Sistema de Control, que sería la manera más absurda de tener un sistema de control público. Sería una manera, más bien, de generalizar la corruptela.

Además, en la misma parte final del artículo 19 se dice: “Las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General”.

Se agregaría lo siguiente: “con personal propio y recursos establecidos en el Presupuesto Nacional de la República”; de tal forma que la Contraloría, el jefe de la Contraloría, los encargados de la Contraloría, tengan un presupuesto anual y tengan, también, los rangos de contratación para poder hacer las actividades respectivas a su plan nacional de control, a su plan regional, a su plan local; de lo contrario, estamos hablando de que va a ser la sociedad de auditoría la que va a reemplazar al órgano de la Contraloría.

Por último, en el artículo 20 se habla de que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales realizarán transferencias financieras a favor de la Contraloría General para los gastos que deriven de la contratación de las sociedades de auditoría.

No puede ser que la Contraloría se financie con el presupuesto que le dan aquellos que van a controlar a partir de sociedades de auditoría. Ese esquema sí es privatizar la Contraloría, privatizar el sistema de control. Ese esquema ha fracasado en todo el mundo. Lo que genera ese esquema es mayor corruptela.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene 30 segundos para que concluya, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— Planteo que en el artículo 20 se señale, expresamente, “a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de sus actividades propias de control y de la contratación de las sociedades de auditoría”. Esto es para garantizar que tengamos un sistema público de Contraloría y no tengamos un sistema privatizado, con un equipo nacional que actúa

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distribuyendo el recurso, distribuyendo responsabilidades, pero no garantizando el sistema de control.


Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra, por tres minutos.

La señora SAAVEDRA VELA (FP).— Muchas gracias, Presidente.

Me aúno al pedido del congresista Velásquez Quesquén, respecto al nuevo texto en el literal 9) de la Ley 27785.

Hemos coordinado con el Presidente de la Comisión de Fiscalización para que se modifique el dictamen y, de esa manera, tener la seguridad de hacer transparente el manejo y la utilización de dinero del tesoro público.

Además, de esta manera, los ciudadanos estaríamos más involucrados en las acciones de control. Así, lograríamos más participación de la sociedad civil, puesto que ellos son nuestra columna vertebral en esta lucha contra esta lacra, que es la corrupción. Son ellos los mejores aliados para luchar contra todo acto de corrupción dentro de las obras. Debemos defender la plata, que le pertenece a todos los peruanos, de los malos funcionarios que abusan y hacen un pésimo uso de los recursos públicos.

No dejo de felicitar a la Contraloría de la República por el trabajo coordinado que venimos haciendo en mi región San Martín y también el trabajo que hicieron coordinadamente con el Presidente de la Comisión de Fiscalización.

Es por eso, Presidente, que reitero mi pedido al Presidente de la Comisión para que se modifique el dictamen acerca de que, culminado el servicio de control, el mismo adquiera naturaleza pública y ser publicado en la página web de la Contraloría General de la República, con la finalidad de que todos los peruanos tengan acceso a ello para controlar lo que es el presupuesto y la plata de todos nosotros.



Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro, por tres minutos, de APP.

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, señor Presidente; gracias, colegas.

Solamente para insistir en la modificación del artículo 56 de la Ley Orgánica 27785, debido a que la Presidencia de la Comisión de Fiscalización no la ha recogido.

Resulta sumamente importante y pertinente insistir en incluir esta modificación, que mejor, por cuestiones de tiempo, se las alcanzo.

Pero sí debo reconocer las bondades de la reducción del número de integrantes de la sala del Tribunal Superior, pasando de cinco a tres miembros. ¿Por qué? Porque ello va a

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permitir, en primer lugar, mayor disposición para el quórum, mayor uniformidad de criterios en las resoluciones, mayor dinámica entre el colegiado y la secretaría técnica, mayor celeridad en la toma de resoluciones, además de la reducción de costos.

Lo que necesitamos es que, a pesar de la inmensa carga procesal, esto sea mucho más ágil, dinámico, eficiente y transparente.

Gracias, señor Presidente.


Tiene la palabra el congresista Lescano, por tres minutos, de Acción Popular.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Señor Presidente, buenas tardes.

Este es el primer Pleno después de producirse una severa crisis política en el Perú. El señor Kuczynski vino a defenderse de una vacancia. El Parlamento, obviamente, no aprobó la vacancia, y luego vino un indulto absolutamente irregular, a favor del señor Alberto Fujimori, en una componenda.

Sin embargo, el Parlamento nacional ha seguido normalmente con su agenda y sin tocar esta crisis severa que vive el país desde el punto de vista político.

Yo quiero, simplemente, señor Presidente, dejar constancia eso está sucediendo: nos ponemos de costado ante la situación que vive el Perú. Creo que esto es un asunto que debió discutirse, y no se discute en un gran órgano del poder del Estado que tiene facultades de control, de fiscalización, que es el Parlamento nacional.

No se toca los temas, no pasa nada con esos temas. Estamos en la estratosfera viendo otros temas que son, obviamente, de Estado, pero que hay prioridades que no las hemos tocado hoy día y que no se van a tocar nunca, seguramente, en este Parlamento, porque hay, obviamente, grupos políticos beneficiados con esta crisis política. Eso, señor, porque hay que decirlo y hay que dejar constancia de lo que nosotros pensamos desde Acción Popular.

Tratando del tema de la Contraloría, yo quisiera proponer que el artículo 56, que habla sobre el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, sea modificado.

En la Contraloría hay un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que está compuesto por abogados que reciben cerca de treinta mil soles en dietas por la Contraloría y además tienen estudios abiertos. Es decir, ahí son juez y parte: van a defender a sus estudios y luego regresan por un rato a la Contraloría, y ganan treinta mil soles en dietas.

Eso no puede seguir sucediendo. Eso es parte de la corrupción que se presenta con privados controlando cuestiones de Estado.

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Yo creo que los miembros de este Tribunal tienen que ser miembros a tiempo completo y a dedicación exclusiva, porque lo otro se presta a corrupción. Estoy un ratito en la Contraloría, en el tribunal, y me voy a mi estudio de abogados.

Yo tengo aquí el texto, que se lo voy a alcanzar al Presidente de la Comisión de Fiscalización para que pueda considerarlo, en que, incluso, se establece que tienen que ser designados por concurso público y por el plazo de tres años. Esa es una primera propuesta.

Una segunda propuesta es referente a las sociedades auditoras. La Contraloría, como bien se ha dicho, ahora va a contratar, como ha venido sucediendo, a empresas para que puedan auditar las obras si están haciendo bien o no, pero la contratación de estas empresas por parte de la Contraloría va a depender solo y únicamente de la Contraloría.

No hay ninguna ley para regular, ninguna norma que diga cómo se tiene que contratar a estas empresas. La contratación de empresa solamente va a depender de la decisión del Contralor o de los funcionarios que trabajan en la Contraloría.

Eso también se puede prestar para la corrupción. Voy a contratar a mis amigos, a mis allegados, ahora que está de moda. Por eso la ley en el Perú no rige. No hay vigencia del estado de derecho. Aquí hay una prepotencia, una imposición de la arbitrariedad, ahora que está de moda contratar hermanos, cuñados, esposos de funcionarios públicos y de congresistas, y no pasa nada. En el Estado...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene un minuto para que culmine, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Están siendo contratados, incluso, parientes de congresistas de la República en la misma Contraloría. ¿Eso podría ser posible? No es posible, y se pasan por alto la Ley de nepotismo.

Yo pido al Presidente de la Comisión de Fiscalización que ponga algo sobre la contratación de sociedades y también de personas, porque se está violando descaradamente la ley.

Un tercer punto, señor Presidente, es respecto a los impedimentos para ocupar el cargo de Contralor General. Ponen los sentenciados por terrorismo, los sentenciados por violación. Está bien, no pueden ser funcionarios públicos, y menos en la Contraloría.

Pero no ponen los sentenciados por corrupción, por lavado de activos. Con mayor razón, si van a verificar casos de dinero, de obras. No está, porque aquí, en el artículo 29, apartado...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— …tener sentencia firme por delito de terrorismo, apología de terrorismo, violación contra la libertad sexual. Punto final. Sobre corrupción de funcionarios, malversación, no hay nada. Le hago llegar al Presidente de la Comisión esa omisión.

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Finalmente, señor Presidente, hay unas disposiciones complementarias que se están poniendo. Está bien, hay que dar facilidades a la Contraloría para que pueda trabajar bien, pero una disposición complementaria final dice que la Contraloría está exonerada de toda medida de austeridad, de disciplina y calidad en gasto público.

O sea, la Contraloría va a tener un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. No le controlan la disciplina, no le controlan el gasto, no le controlan nada.

La Contraloría es la entidad que más debe observar disciplina y calidad en el gasto. Por eso, esa parte hay que eliminarla, y no solamente en ese dispositivo, sino hay otro dispositivo complementario que también habría que corregirlo.

Muchas gracias, señor Presidente.


Congresista Domínguez, tiene el uso de la palabra.

El señor DOMÍNGUEZ HERRERA (FP).— Presidente, me pide una interrupción el colega Gilbert Violeta.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Violeta, tiene la interrupción.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Gracias, congresista Domínguez; gracias, Presidente.

Solamente para adherirme al pedido último, señalado por el congresista Lescano, en relación a la disposición complementaria y final que contiene este proyecto de ley, que, dicho sea de paso, apoyamos.

Pero esta disposición, específicamente, tiene que ser corregida, en el sentido que no se puede exonerar a la Contraloría de las normas presupuestarias, que la exonerarían de toda medida de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público.

Creemos que esta disposición complementaria final debería eliminarse, porque el ejemplo comienza en casa. La Contraloría no debería tener esta exoneración específica; en todo caso, tendría que ser materia de la discusión de la Ley de Presupuesto, oportunamente, en el marco de la Ley de Equilibrio Fiscal, pues no corresponde que esté en esta ley.

Gracias, Presidente; gracias, congresista Domínguez.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Domínguez, puede iniciar su participación.

El señor DOMÍNGUEZ HERRERA (FP).— Muchas gracias, Presidente.

De acuerdo con el artículo 94 de nuestra Constitución, el Congreso de la República elabora y aprueba su reglamento, y además nombra y renueva a sus funcionarios y empleados, gobierna su economía, sanciona su presupuesto, además de otras atribuciones que hacen que este poder del Estado sea autónomo.

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En concordancia con este artículo de la Constitución, el Reglamento del Congreso estipula, en sus artículos 1 y 3, la organización y funcionamiento de nuestra institución, y reafirma la autonomía normativa, económica, administrativa y política.

En virtud de ello, en el artículo 39 se especifica que la oficina de Auditoría Interna del Congreso es la entidad especializada que aplica las técnicas y normas de auditoría, realiza el control sobre la contabilidad del Congreso, y es nombrada por la Mesa Directiva de la misma institución.

En ese sentido, señor Presidente, propongo se modifique el artículo 3 del presente dictamen, que modifica diversos artículos de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con el siguiente texto sustitutorio:

“Artículo 19. Designación y separación del Jefe del Órgano de Auditoría Interna.

La Contraloría General, aplicando el principio de carácter técnico y especializado de control, designa a los jefes de los órganos de control institucional de las entidades sujetas a control.

Están exceptuados los jefes y el personal del órgano de control institucional del Congreso de la República cuyo régimen laboral y dependencia funcional se rigen por las normas que estipula este poder del Estado.

Las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General de la República”.

Pido al Presidente de la Comisión de Fiscalización que recoja nuestra propuesta, que se sustenta en la Constitución Política y en nuestro Reglamento.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias a usted.

Congresista Cevallos, tiene el uso de la palabra.

El señor CEVALLOS FLORES (FA).— Señor Presidente: Yo quiero referirme a cuando hablamos de la Contraloría, y uno empieza a pensar realmente cómo está el país en términos de referencia y de presencia de la corrupción, y siente que estamos hablando de un organismo necesario. Pero la verdad es que se parece más a un elefante, por la celeridad con la que actúa, que a lo que necesitamos en el país. Necesitamos un órgano mucho más rápido, que actúe de manera preventiva, ahora que estamos en pleno proceso de reconstrucción, pues, entre comillas.

Entonces, estamos hablando en el caso de Piura, por ejemplo, de más de siete mil 400 millones, que va a ser manejados en este proceso de reconstrucción. Eso significa alrededor de dos mil obras. Entonces, uno se vuelve a preguntar si es que la Contraloría de verdad actúa en forma efectiva en estos procesos o va detrás de los acontecimientos.

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Lo de la descolmatación nos ha mostrado que la Contraloría no actúa de manera preventiva. Se ha gastado los 340 millones en la descolmatación del río Piura, y lo que tenemos es una Contraloría que habla de algunos riesgos. Entonces, hasta ahora hay 124 riesgos en el proceso de reconstrucción, pero la plata se sigue gastando y nadie la controla.

Entonces, ¿dónde está la Fiscalía, cuáles son los niveles de coordinación que realmente tiene la Contraloría con este Ministerio Público?

También nos encontramos con una realidad, que no termina de cambiar, que es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen órganos de control que no son financiados por la Contraloría, pues la mayoría de ellos son financiados por los mismos gobiernos locales y regionales, y ahí se cierra el círculo de la corrupción.

Me pide una interrupción la congresista Foronda, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Puede interrumpir la congresista Foronda.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Este sistema de control que la Contraloría ha diseñado —denominado “control concurrente"— llega, en el caso del fenómeno de El Niño que hemos terminado de enfrentar, solamente para un control concurrente al cien por ciento en obras que están financiadas por el sector público; pero nos damos con la realidad de que casi el 90% de las obras de reconstrucción con cambio son a través de alianzas público-privadas, obras por impuestos; donde la Contraloría llega al final y no al inicio del proceso, generando que este sistema de control concurrente no llegue a quienes van a tener el control del dinero verdadero para la reconstrucción.

Este proceso de control debería ser extensivo no solamente para las instancias públicas, sino que la modificación también debe ser para sistema privado, ya que ahora la mayoría de las obras son a través de la alianza pública-privada, los que nos han llevado a casos escandalosos de corrupción, como lo del aeropuerto de Kuntur Wuasi y otras más.


Congresista Cevallos, continúe.

El señor CEVALLOS FLORES (FA).— Para abreviar, señor Presidente, hay un tema al que se estaba refiriendo la congresista Foronda. Efectivamente, necesitamos fortalecer el rol de la Contraloría en lo que tiene que ver con obras por impuestos.

Esto tiene que ver no solamente con la necesidad de que la Contraloría actúe de manera concurrente en estos procesos, pues al final no solamente la Contraloría tendrá la libertad —como señala el proyecto— de convocar a un concurso público para empresas que puedan realizar estas auditorías.

Entonces, hay que fortalecer a la Contraloría de tal manera de no tener veedores prestados por los gobiernos locales y regionales, sino que en verdad sean veedores financiados por la Contraloría y que puedan cumplir su papel; además, que la

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Contraloría pueda hacer estas auditorías al final y no tener que recurrir siempre mediante concurso público a empresas privadas.

Y hay un elemento final, señor Presidente, que es el tema de las veedurías ciudadanas. No se puede plantear para ver qué ciudadanos quieren fiscalizar, y que se acerquen a la Contraloría.

Necesitamos establecer un mecanismo de control que permita a la Contraloría llegar a esas miles de obras —que ahora, por los presupuestos y el recurso de personal, es imposible— apelando a las organizaciones representativas de las regiones del país —sobre todo de las que están en la reconstrucción—, de tal manera de permita que exista en serio una voz de alarma, pero autorizada a partir de organizaciones representativas.

En este momento y con este esquema, se le va a seguir escapando las tortugas a esta Contraloría. Necesitamos, de verdad, generar una modificación a fondo para que no exista, como ahora, un arca abierta y que esta reconstrucción siga siendo la gran posibilidad, para muchos empresarios y funcionarios inescrupulosos, de lucrar con los dineros del Estado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias a usted.

Tiene la palabra el congresista César Villanueva, por tres minutos, de APP.

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, Presidente.

Venimos haciendo un gran esfuerzo, con este proyecto de Ley 2041 y su modificatoria, para reforzar el tema de la Contraloría General de la República.

Creo que este Congreso tiene que hacer un esfuerzo para reforzar esta propuesta de la Contraloría General de la República, en tanto que lo que estamos buscando es crear un órgano de control que sea confiable y que permita profesionalizar el tema relacionado al control, especialmente de los recursos del Estado y en todo el país.

Esta propuesta de modificación para formar dos vicecontralorías, de acuerdo a la necesidad funcional del sistema, es necesaria porque se arma toda una gran red que necesita una supervisión y un control.

La Contraloría ha sido, en la experiencia que hemos tenido en los gobiernos regionales, insuficiente, deficiente y, muchas veces, perversa en el sistema de control; de tal manera que hacer un esfuerzo hoy para reforzar la Contraloría es reforzar la institución que ayude en la transparencia del manejo de los fondos públicos.

Por lo tanto, Presidente, como ha señalado uno de los colegas congresistas, también es cierto que los gobiernos regionales centralmente han estado financiando las oficinas de Contraloría, no las cabezas de Contraloría. Pero ese mismo hecho generaba una situación de sospecha, de flexibilidad, que hoy día se tiene que ir corrigiendo progresivamente a la dependencia de los recursos que podamos tener.

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En esta oportunidad, a través de mi colega Rolando Reátegui, yo felicito a la Comisión de Fiscalización, que ha dado la prioridad a esta propuesta de modificación de la Ley 27785, para que podamos reforzar la Contraloría con nuestra aprobación. Si hubiese algunas modificatorias, como han señalado nuestros colegas, tenemos que rápidamente ejecutarlas.

Presidente, me pide una interrupción nuestro colega Lapa.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la interrupción, congresista Lapa.

El señor LAPA INGA (FA).— Muchas gracias, colega Villanueva.

Solamente para agregar en el artículo 57 de este proyecto de ley, que señala requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa, el inciso k), que dice: "no tener sentencia firme por delito de terrorismo, apología al terrorismo o violación contra la libertad sexual".

Solicito que se agregue también "los sentenciados por corrupción de funcionarios", como son los caso de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Villanueva, puede continuar.

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, Presidente.

La aprobación de esta nueva estructura va a generar un impacto importante dentro de la gestión de la Contraloría General de la República.

Por eso, en buena hora, he escuchado a diferentes bancadas una opinión positiva para la aprobación de esta propuesta, a la que, obviamente, Alianza para el Progreso se suma.

Esperamos que al final de esta votación, cuando la Comisión de Fiscalización la presente, podamos tener esta ley aprobada.



Tiene la palabra el congresista Lizana.

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Muchas gracias, Presidente; un saludo a la Representación Nacional.

Actualmente, contamos con 56 municipalidades provinciales y mil 522 municipalidades distritales que no cuentan con órganos de auditoría interna, a pesar de que las municipalidades provinciales manejan 850 millones de soles anuales del presupuesto 2016 y las municipalidades distritales, 11 mil millones de soles anuales del presupuesto 2016.

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En los años 2015 y 2016, se ha producido 772 denuncias de las municipalidades provinciales y 997 denuncias de las distritales, lo que ha dado lugar a la intervención tardía de la Contraloría para hacer control posterior; es decir, después de que los supuestos actos indebidos se han consumado.

En las municipalidades rurales del país existe este problema. Muchas veces se eligen a autoridades que tienen poco conocimiento del manejo administrativo y son presa fácil de sus gerentes municipales, de algunos asesores. Finalmente, el alcalde tiene que rendir cuentas ante la Contraloría y tiene problemas. Por eso es que deseamos que sea un control que tenga esto: un control concurrente.

Por eso, solicito al señor Presidente de la Comisión de Fiscalización que se acumule el Proyecto de Ley 1512, que se encuentra en dicha Comisión desde el 15 de junio.



Finalmente, tiene la palabra el congresista Miyashiro, que es el último orador.

El señor MIYASHIRO ARASHIRO (FP).— Gracias, señor Presidente.

Quería hacer recordar la observación que ha hecho el Ministerio de Defensa, que se refiere al artículo 9, principio de control gubernamental.

Así, en su literal m), agregar y especificar que la limitación está dada por la quinta disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este mismo sentido está el artículo 22, en su literal a), en donde hay que hacer presente que una limitación sería la observación a la quinta disposición complementaria modificatoria del Decreto 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Igualmente, en el artículo referido a las facultades del Contralor General, se establece que, en el desempeño de su gestión, el Contralor General de la República se encuentra facultado para solicitar información, documentación a las autoridades, etcétera; asimismo, la observancia de la quinta disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Muchas gracias.


Disculpe, congresista Reátegui, pero, antes de darle la palabra al Presidente de la Comisión de Fiscalización, va a intervenir el congresista Castro para que culmine, por favor, en dos minutos.

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El señor CASTRO BRAVO (FA).— Buenas tardes, señor Presidente; buenas tardes, colegas congresistas.

Este tema es gravitante en la lucha contra la corrupción que debemos entablar todos en el país. Pero aquí tenemos que ser muy claros también con la Contraloría.

En primer lugar, tenemos que ver la calidad de los recursos humanos que tenemos en la Contraloría. No podemos pensar de manera permanente de que nos falta presupuesto. Así, nunca vamos a terminar una tarea, porque toda una vida vamos a tener como excusa que no tenemos los recursos correspondientes.

Eso es falso: tanto el Ministerio Público como la Contraloría son a los que más se han incrementado en sus presupuestos durante los últimos diez años. Es lógico y probable que les falte todavía recursos; pero si a partir de ahí empezamos las cosas, va a ser materialmente imposible ir y solucionar estos problemas.

Yendo al tema de fondo, señor Presidente, aquí hacemos las observaciones en torno a las sociedades de auditoría.

Lamentablemente, uno de los grandes problemas que tiene la Contraloría General de la República es que, simplemente, hace auditorías contables; y, contablemente, ustedes saben que hay precios sobrevaluados, hay obras sobrevaluadas, y todo cuadra.

Esa es una técnica que han adoptado no solamente contratistas: la han adoptado también dentro de la propia Contraloría. De tal manera que nosotros tomamos como que esto fuera válido, que asumimos como que fuera verdadero, y eso es la gran trafa que le hacen al país.

Por eso es que necesitamos —en una oportunidad se conversó de eso con el Contralor— auditorías técnicas, y para eso necesitamos implementar a la Contraloría con personal calificado desde el punto de vista de la ingeniería y en cada uno de los campos de aplicación.

Por eso es que nunca pudimos observar a través de la Contraloría todos los presupuestos absolutamente inflados que se tenían en carreteras, en túneles, en represas, en cada uno de los trabajos y de cada uno de los proyectos que hemos tenido.

Esta situación, señor Presidente, tiene que terminarse. Así, a partir de la legislación que vamos a aprobar —porque la tenemos que aprobar—, las auditorías tienen que ser técnicas desde el punto de vista económico y financiero —no pueden ser de otras características—, y también tienen que ser desde el punto de vista de ingeniería; caso contrario, siempre vamos a caer en el mismo problema de siempre, con proyectos...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Para que culmine, por favor, congresista Castro.

El señor CASTRO BRAVO (FA).— Por otro lado, ¿qué necesitamos nosotros? En este caso, ir a la contratación de auditorías o sería mucho más provechoso tener dentro de la Contraloría un equipo polivalente de profesionales. Ese es uno de los temas.

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El segundo tema, es materialmente imposible cubrir casi dos mil distritos en el país. Para eso, hay una propuesta que puede ser de manera directa y que le puede permitir a la Contraloría actuar casi de manera precisa en cada uno de estos casos.

Tenemos el control ciudadano. ¿Por qué no le damos la facultad —y eso es gratuito— en cada una de las comunidades al interior del país, donde no puede llegar la Contraloría? Se puede incluir dentro de la ley a aquellos lugares donde la Contraloría no tiene acceso para que podamos formar un grupo de tres o cuatro representantes para que ejerzan, como control ciudadano...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene 30 segundos para que culmine, por favor, congresista Castro.

El señor CASTRO BRAVO (FA).— ...de manera gratuita. Estos son mucho más valiosos, incluso, que nuestros propios profesionales.

Simplemente, no queremos tampoco que ellos cubran, mejor dicho, las deficiencias de los profesionales, pero sí pueden constituirse en un mecanismo inmediato de información a la Contraloría para que actué de manera directa, porque es materialmente imposible que la Contraloría pueda tener control interno en los aproximadamente dos mil municipios que tenemos en todo el país. Eso sería, pues, absoluto y va a ser...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias, congresista Castro.

Finalmente, tiene la palabra el congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer a los congresistas Velásquez, Saavedra, Glave, Arce, Segura, Dammert, Domínguez, Lescano, Montenegro, Villanueva, Lizana, Miyashiro, Violeta, Cevallos, Castro, Lapa, Foronda —y demás congresistas que, tal vez, no he podido nombrar—, por los importantes aportes que han dado en esta situación tan importante, con el fin de que el país pueda tener una buena ley que nos permita que el sistema de control en el Perú tenga un control previo, concurrente, y disminuya el grado de corrupción que existe en todas las instituciones a nivel nacional.

Por lo tanto, Presidente, le pido un cuarto intermedio para poder, de alguna manera, poner todas las observaciones que he podido tener y que me parecen muy importantes para que este proyecto de ley salga de la mejor manera.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias, congresista Reátegui.

Concluido el debate, vamos a aceptar el cuarto intermedio que pide el Presidente de la Comisión para regresar después del breve receso.

Más bien, quiero aprovechar en saludar al congresista Juan Carlos del Águila, cuyo onomástico se celebra el día de hoy.

(Aplausos).

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Siendo las 14 horas y 6 minutos, se suspende la sesión hasta tres de la tarde.

—Se suspende la sesión a las 14 horas y 6 minutos.

—Se reanuda la sesión a las 15 horas y 25 minutos.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Señores congresistas, continúa la sesión.

Se aprueban las mociones de saludo por el nacimiento del sabio Santiago Antúnez de Mayolo Gomero; al distrito de Lahuaytambo; al distrito de El Porvenir (dos), provincia de Trujillo; al distrito de Chócope; al distrito de Chao; al distrito de Vítor, provincia de Arequipa; al distrito de Pativilca; al distrito de La Esperanza (dos), provincia de Trujillo; al distrito de San Pablo, provincia de Bellavista; al distrito de San Luis, provincia de Lima; al distrito de La Primavera, provincia de Bolognesi; al distrito de Víctor Larco Herrera (dos); al distrito de Uchumayo; al distrito de San Andrés de Tupicocha; al distrito de Casa Grande (dos), provincia de Ascope; al distrito de Tayabamba, provincia de Pataz; al distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz; al distrito de Alto Biavo, provincia de Bellavista; al distrito de Santa Rosa de Quives; a la provincia de Huancabamba (dos); al distrito de Cátac, provincia de Recuay; al distrito de El Agustino; al distrito de Santiago de Tuna, provincia de Huarochirí; al distrito de Ocoña; al distrito de San Antonio, acta al conmemorar el 73 aniversario de su creación como distrito; a la Marina Mercante del Perú; al distrito de Chala, de la provincia de Caravelí; al distrito de Pacarán, provincia de Cañete; al distrito de Lachaqui; al distrito de Moche, provincia de Trujillo; a Ciudad de Lima; al distrito de Supe, provincia de Barranca; al distrito de Mollendo; al distrito de Chicama, provincia de Ascope

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Se va a dar lectura a la sumilla de varias mociones de saludo.


Mociones de Saludo

De la congresista Foronda Farro. El Congreso de la República acuerda expresar el cordial saludo por los 131 años del nacimiento del sabio Santiago Antúnez de Mayolo Gomero.

De la congresista Robles Uribe. El Congreso de la República acuerda expresar el más cordial y fervoroso saludo al distrito de Lahuaytambo, provincia de Huarochirí, con motivo de conmemorarse el 31 de diciembre el 74 aniversario de creación política.

De la congresista Bartra Barriga. El Congreso de la República acuerda expresar su ferviente saludo al distrito El Porvenir, con motivo de conmemorarse el 8 de enero de 2018 el 53 aniversario de su creación política.

De la congresista Montenegro Figueroa. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento del distrito de Chócope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, al conmemorarse el 2 de enero de 2018 el 161 aniversario de su creación política.

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Del congresista Rodríguez Zavaleta. El Congreso de la República acuerda expresar su ferviente saludo y felicitación al distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad, al conmemorarse el 4 de enero de 2018 su vigésimo tercer aniversario de creación política.

Del congresista Dávila Vizcarra. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Vítor, de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar este 2 de enero su aniversario de fundación.

De la congresista Robles Uribe. El Congreso de la República acuerda expresar el más cordial y fervoroso saludo al distrito de Pativilca, provincia de Barranca, con motivo de conmemorarse el 160 aniversario de su creación política.

Del congresista Yika García. El Congreso de la República acuerda expresar un caluroso y efusivo saludo al distrito de La Esperanza, por conmemorarse el 29 de enero del presente año el 53 aniversario de creación política.

Del congresista Trujillo Zegarra. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín, con motivo de celebrarse el septuagésimo tercer aniversario de creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de San Luis, al conmemorarse este 12 de enero el 47 aniversario de su creación como distrito.

De la congresista Bartra Barriga. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo al distrito de La Primavera, ubicado en la provincia de Bolognesi, departamento de Áncash, al conmemorarse el 161 aniversario de creación política.

De la congresista Montenegro Figueroa. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento al distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, al conmemorarse el 22 de enero de 2018 el 75 aniversario de creación política.

Del congresista Dávila Vizcarra. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Uchumayo, de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar un aniversario más de su fundación.

De la congresista Robles Uribe. El Congreso de la República acuerda expresar el más cordial y fervoroso saludo al distrito de San Andrés de Tupicocha, provincia de Huarochirí, con motivo de conmemorarse el 31 de diciembre del presente año el 74 aniversario de creación política.

Del congresista Rodríguez Zavaleta. El Congreso de la República acuerda expresar su ferviente saludo y felicitación para el distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, región La Libertad, al conmemorarse este 8 de enero de 2018 un aniversario más de creación política.

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Del congresista Yika García. El Congreso de la República acuerda expresar un caluroso y efusivo saludo al distrito de Casagrande, por conmemorarse el 21 de enero del presente año el vigésimo aniversario de creación política.

De la congresista Montenegro Figueroa. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento al distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, al conmemorarse el 161 aniversario de creación política.

De la congresista Bartra Barriga. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo al distrito de Pariacoto, ubicado en la provincia de Huaraz, departamento de Áncash, al conmemorarse el 161 aniversario de creación política.

Del congresista Trujillo Zegarra. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Alto Biavo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín, con motivo de celebrar su septuagésimo tercer aniversario de creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de Santa Rosa de Quives, al conmemorarse este 16 de enero el sexagésimo sexto aniversario de su creación como distrito.

De la congresista García Jiménez. El Congreso de la República acuerda saludar y homenajear a la provincia de Huancabamba, por su 158 aniversario.

Del congresista Domínguez Herrera. El Congreso de la República acuerda expresar el más fervoroso saludo al distrito de Cátac, provincia de Recuay, del departamento de Áncash, al conmemorarse el 8 de enero de 2018 su quincuagésimo tercer aniversario de creación política.

Del congresista Heresi Chicoma. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al distrito de El Agustino, con motivo de conmemorarse el quincuagésimo tercer aniversario de creación política.

De la congresista Robles Uribe. El Congreso de la República acuerda expresar el más cordial y fervoroso saludo al distrito de Santiago de Tuna, provincia de Huarochirí, con motivo de conmemorarse el 31 de diciembre el 74 aniversario de creación política.

Del congresista Dávila Vizcarra. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Ocoña, de la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar un aniversario más de creación.

De la congresista Bartra Barriga. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo al distrito de Casagrande, ubicado en la provincia de Ascope, departamento de La Libertad, al conmemorarse el vigésimo aniversario de su creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de San Antonio, al conmemorar el 73 aniversario de su creación como distrito.

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Del congresista Lizana Santos. El Congreso de la República acuerda expresa su saludo y felicitación a la provincia de Huancabamba, en el departamento de Piura, con motivo de celebrar el 14 de enero el centésimo quincuagésimo tercer aniversario de creación política.

De la congresista Montenegro Figueroa. El Congreso de la República acuerda expresa su más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento al distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, al conmemorarse el 29 de enero del 2018 su 53 aniversario de creación política.

Del congresista Trujillo Zegarra. El Congreso de la República acuerda saludar a la Marina Mercante del Perú, con motivo de conmemorarse el centésimo septuagésimo octavo aniversario de su creación.

Del congresista Dávila Vizcarra. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Chala, de la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar este 2 de enero el 161 aniversario de su fundación.

De la congresista Robles Uribe. El Congreso de la República acuerda expresa su más cordial y fervoroso saludo al distrito de Pacarán, provincia de Cañete, con motivo de conmemorarse el 160 aniversario de creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez. El Congreso de la República acuerda expresa su más ferviente y caluroso saludo al distrito de Lachaqui, al conmemorarse el 66 aniversario de su creación como distrito.

De la congresista Montenegro Figueroa. El Congreso de la República acuerda expresa su más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento al distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, al conmemorarse el 161 aniversario de creación política.

De la congresista Bartra Barriga. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo al distrito de Víctor Larco Herrera, ubicado en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, al conmemorarse este 22 de enero el septuagésimo quinto aniversario de creación política.

Del congresista Trujillo Zegarra. El Congreso de la República acuerda saludar a la ciudad de Lima, con motivo de celebrar su cuadragésimo octogésimo tercer aniversario de fundación.

De la congresista Robles Uribe. El Congreso de la República acuerda expresar el más cordial y fervoroso saludo al distrito de Supe, provincia de Barranca, con motivo de conmemorarse el 160 aniversario de creación política.

Del congresista Dávila Vizcarra. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Mollendo, en la provincia de Islay, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar un aniversario más de fundación.

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De la congresista Montenegro Figueroa. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento al distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, al conmemorar su 161 aniversario de creación política.

Se rechaza el Proyecto de Ley 2073/2017-CR, dictaminado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que propone prorrogar la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Señor Relator, siguiente tema, por favor.


De la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Proyecto de Ley 2073/2017-CR. Se propone prorrogar la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas.(*)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Se va a dar la palabra a la presidenta de la Comisión de Educación, congresista Paloma Noceda, hasta por diez minutos.

La señora NOCEDA CHIANG (FP).— Gracias, Presidente.

El Proyecto de Ley 2073/2017-CR, de iniciativa multipartidaria y presentada por el congresista Vicente Zeballos Salinas, fue decretado en nuestra comisión para estudio, análisis y dictamen el día 2 de noviembre de 2017, como única comisión dictaminadora.

Contando con opinión favorable del Ministerio de Educación y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Sunedu, se sometió a debate en la décima primera sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realizada el día 4 de diciembre de 2017. Finalmente, se acordó aprobar por mayoría el texto sustitutorio de la presente iniciativa legislativa.

El texto sustitutorio aprobado propone prorrogar, por única vez y por un plazo de dos años, la vigencia del artículo 1 de la Ley 29971, Ley que establece la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un período de cinco años.

La Ley 29971, publicada el día 22 de diciembre del año 2012, establecía una moratoria de cinco años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas; asimismo, suspendía, por el mismo período, la creación de filiales de universidades públicas y privadas creadas bajo cualquier modalidad permitida por ley.

Es necesario recordar que, en los últimos veinte años, ha existido un crecimiento exponencial y desordenado del servicio educativo universitario. Por ejemplo, el número de las universidades privadas se incrementó en un 187% y de las públicas, en un 82%. Muchas de esas universidades fueron creadas sin sustento técnico o presupuestal que asegure la calidad educativa, como factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país.

Es por eso que la Ley de moratoria nació con la finalidad de replantear la política de la educación superior universitaria y que ello se exprese en una nueva legislación de la

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educación universitaria, objetivo que se cumplió con la dación de la Ley 30220, Ley Universitaria.

La segunda finalidad de la Ley de moratoria es construir un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas, que garanticen la calidad, la investigación y que el servicio educativo sea pertinente con las necesidades de desarrollo del país.

Este crecimiento antes mencionado dio como resultado la existencia de 147 instituciones pertenecientes al sistema universitario nacional, de las cuales solo una aparece entre las 500 mejores universidades del mundo y otras dos, entre las mil mejores.

Esta situación dista mucho de la de otros países, como es el caso de Chile, en donde solo existen 60 universidades, y 14 de ellas se encuentran dentro del ranking de las mil mejores del mundo.

El déficit en la calidad de la educación universitaria continúa latente en el sistema educativo peruano, y la consolidación de un ordenamiento jurídico que regule adecuadamente el sistema universitario está en desarrollo.

Debido a ello, el sistema universitario peruano aún no se encuentra preparado para dar paso al funcionamiento de nuevas universidades, en la medida que la reforma del sistema educativo universitario es una cuestión compleja que entraña un proceso aún en desarrollo.

En consecuencia, levantar la previsión de la Ley de moratoria significa revisar el vigente proceso de reforma educativa.

En este punto, es importante mencionar que, de las 147 universidades existentes, 136 de ellas —es decir, un 95%— ha acudido a la Sunedu para solicitar su licenciamiento, con el resultado siguiente: 28 universidades se encuentran licenciadas, solamente siete de ellas son públicas; 27 universidades cuentan con un informe de revisión documentaria; 49 universidades cuentan con un informe de observaciones; 29 universidades se encuentran en evaluación; y tres universidades se encuentran en un proceso de verificación presencial.

De lo observado, el licenciamiento institucional se encuentra aún en proceso de ejecución. Por ello, solo el 14% de universidades han logrado completarlo, y la mayoría se encuentra en proceso de adecuación de las condiciones básicas de calidad.

Esta circunstancia resulta preponderante, toda vez que la calidad en la educación superior en nuestro país es bastante baja.

En dicho contexto, resulta contraproducente la creación de más universidades que, para poder funcionar, también necesitan licenciarse, mientras aún no se ha concluido con los procesos de licenciamiento de las ya existentes.

De esta forma, ante las circunstancias dadas por el término de la vigencia de la Ley 29971, Ley que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y

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privadas por un periodo de cinco años, hasta el día 22 de diciembre de 2017, es que subsiste la necesidad de preservar el espíritu de la propuesta de ley, por lo que consideramos que se debe dictar una nueva fórmula legal sobre la moratoria y ya no la prórroga, como se establece en el dictamen presentado el 4 de diciembre de 2017 por la Comisión de Educación.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito a usted que disponga que el señor Relator dé lectura al texto sustitutorio presentado a la Mesa.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Señor Relator, hay un texto sustitutorio al que debe dar lectura.


Texto sustitutorio presentado a las 15:52 horas del día 9 de enero de 2018 por la congresista Paloma Noceda Chang, presidenta de la Comisión de Educación

Ley que establece la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un periodo de dos años.

Artículo Único. Moratoria para la creación de universidades públicas y privadas.

Establécese la moratoria de dos años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Conforme. Sí, congresista Noceda.


Solicito que se someta a debate.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Habiendo concluido la sustentación, vamos a dar inicio al debate.

Proceda, congresista Marco Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, Presidente; buenas tardes, colegas.

Una de las preocupaciones del desarrollo de toda nación tiene que ver con la formación calificada y altamente profesional de su población.

En ese sentido, es muy importante que todo lo relacionado con la mejora de la política educativa, con la mejora de la planificación educativa en materia universitaria, como los centros de investigación y de capacitación tecnológica, merezca el mayor interés y responsabilidad de esta representación parlamentaria.

Por ello, desde la bancada del Frente Amplio, hemos visto con mucha preocupación un Estado y una política económica neoliberal —que por décadas ha asfixiado los recursos

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públicos que se destinan a educación de buena calidad y que, además, ha hecho que la educación deje de ser un derecho para convertirse en una simple mercancía— que han permitido que se descuide la inversión pública en universidades y también en escuelas públicas; y ahora vemos a miles de peruanos y peruanas haciendo colas delante de las escuelas y de colegios públicos, porque no hay el número de plazas suficientes.

Algo similar ha ocurrido con nuestras universidades, donde además —lo sabemos bien— se ha venido privilegiando la mercantilización del derecho a la educación universitaria. Eso ha dado pie a que muchas personas, incluso, inescrupulosas hayan visto una oportunidad de negocio en el sector educativo, porque, estando liberado de impuestos, esta se ha convertido en una actividad centrada simplemente en el lucro.

Sabemos bien que hasta en países donde prima la iniciativa privada en la educación universitaria tienen leyes que hacen que lo recaudado en materia de prestación de servicios universitarios tenga que ser reinvertido en la mejora de la calidad educativa, lo que redunda en buenas bibliotecas, en buenos presupuestos para investigación académica y científica, en maestros bien pagados, en infraestructura de último nivel.

Sin embargo, en nuestro país, la precariedad ha llevado a que se le llame universidades, incluso, a corralones, que se llame universidades a lugares donde los maestros no tienen los títulos profesionales o no los han obtenido de manera adecuada y meritocrática, sino que los han obtenido a distancia y, a veces, pueden obtener varios títulos; y no solo ya de maestría, sino de doctorado, que se acumulan sin saber exactamente de qué universidades ni con qué nivel de calidad educativa cuentan.

Por eso, Presidente, se ha presta...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene un minuto adicional, congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— …de crear universidades para generar, incluso, clientelas políticas.

En otros casos, lo sabemos bien, ocurre en varias regiones del país donde, por afanes simplemente electorales, ha habido congresistas —y no quiero ahorrarme el calificativo— irresponsables que han hecho que se creen, hasta en una sola provincia o en un solo distrito, dos universidades estatales y con las mismas carreras profesionales; y, de otro lado, se creen, en el mismo distrito o en la misma provincia, varias universidades privadas más, que se abren, como si se tratara de chinganas, con especialidades con las más raras denominaciones.

Por eso, Presidente, creo que es sumamente importante que esta iniciativa, que ponga en moratoria la creación de nuevas universidades para que no sean congresista que andan buscando clientelas electorales...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Para que culmine, por favor, congresista Arana.

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El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Crean universidades para buscarse una clientela electoral o para hacer negocios lucrativos, sin garantizar una adecuada calidad de servicios. Así, terminan estafando a jóvenes que no pueden tener oportunidades por escasez de recursos económicos o por la mala calidad de la educación previa.

Esta iniciativa, en realidad, Presidente, permite, en cierto modo, ayudar a que la reforma del sistema universitario cualifique la educación, y que no se permita la creación de universidades sin criterio, sin mayor responsabilidad, solo con afán de lucro o por favores políticos, porque no es ese el sentido ni esa es la función de universidades que contribuirán al desarrollo de nuestro país.



Tiene la palabra el congresista Vicente Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS.— Gracias, Presidente.

Yo le rogaría que me permita un tiempo prudente: soy autor del proyecto de ley.

Lo cortés no quita la valiente, Presidente. Primero, yo debo agradecerle a usted por haber priorizado este proyecto de ley. Entiendo que tenía usted la voluntad de verla en diciembre. Lamentablemente, otra agenda nos distrajo.

Agradezco también a la Presidenta de la Comisión de Educación, porque le ha puesto la relevancia que este caso amerita. Y resulta sumamente importante, porque estamos hablando de la calidad formativa a nuestros estudiantes universitarios; detrás de ella, la calidad de universidad que le estamos proponiendo al país.

El antecedente es la Ley 23733, con más de 30 años de vigencia, cuya estructura orgánica era la Autoridad Nacional de Rectores, la ANR, y el Conafu. En esa ley se plasmaba que la ANR solo coordinaba entre universidades.

Ninguna universidad velaba por la calidad, ninguna entidad velaba por la supervisión, ninguna entidad velaba por lo que es la fiscalización. Es decir, con el perdón de la expresión, las universidades era tierra de nadie y dependían de la discrecionalidad de las autoridades rectorales.

Ante ese grave vacío es que se impulsó, en el año 2011, dos proyectos de ley. Un proyecto de ley, denominado moratoria a universidades, para imposibilitar un mayor crecimiento o surgimiento de universidades, y premunidos de un antecedente muy peligroso: al año de 2011, menos de tres años antes, se había creado 39 universidades y, cerrando diciembre de 2011 —que era el primer año de la legislatura anterior—, ya existía en el Parlamento 18 iniciativas legales para crear nuevas universidades.

Fácilmente, en estos momentos, si no hubiera operado la Ley de moratoria, superaríamos las 200 universidades en el país.

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Entonces, la pregunta es ¿a más universidades, mejora la calidad de la universidad en el país?

Esto motivó, con mucho contraste, seguramente, en aquel entonces, que se apruebe la Ley de moratoria, y se aprobó una moratoria por cinco años, cuyo plazo ha vencido justamente el pasado 22 de diciembre de 2017.

Pero en esa moratoria también dijimos ya, durante cinco años no creas más universidades, sean públicas o privadas, indistintamente; ¿qué vas a hacer? Y la respuesta era que tenemos que acudir a una revisión del marco normativo que regula las universidades.

Y justamente nos abocamos por largo tiempo a trabajar, al interior de la Comisión de Educación, la llamada Nueva Ley Universitaria, la Ley 30220.

También generó mucho contraste, Presidente; y, a efectos de ese contraste, fue en cierta forma la creación del Sunedu, Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, cuya prioritaria tarea que se le endosó fue el licenciamiento de las universidades.

Definitivamente, con la moratoria, no podía crearse más universidades, y nos quedamos en 141. Ha incrementado su número a 147 en este último año de trabajo parlamentario, porque diversos institutos técnicos se han elevado a la categoría de universidades. Hoy día no hablamos de 141, sino de 147 universidades.

Pero si la ley data del año 2014, ¿por qué se requiere de una ampliación en la moratoria? Porque, justamente, esta delicada tarea, que le endosamos en aquel entonces al Sunedu, no ha culminado.

Con mucha claridad, la señora Presidenta de la Comisión ha dado cuenta de que, de 147 entidades con nivel universitario, escasamente 28 han sido licenciadas; es decir, ni un 20%.

La respuesta sería, en la lectura inmediata: desidia, incapacidad de gestión, escaso interés. En absoluto, Presidente. Son contradicciones que se han dado en el proceso de aplicación de la ley.

No olvidemos que esta Ley Universitaria estuvo sujeta a cuatro acciones de inconstitucionalidad, la que finalmente fue resuelta por el Tribunal Constitucional, declarando su absoluta constitucionalidad.

Pero, casi en paralelo a esta acción de inconstitucionalidad, se plantearon diversas acciones de amparo, medidas cautelares, medidas de acción popular, las que prácticamente neutralizaron la aplicación integral de esta ley. Es decir, no es que no haya habido interés, sino que lamentablemente se hizo uso y desuso de procedimientos jurisdiccionales para evitar la aplicación de esta ley.

Ya avanzado en el proceso de licenciamiento, que es la tarea inicial y prioritaria que tiene el Sunedu, se han dado pasos importantes y bastante positivos, Presidente.

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Algunas universidades se han visto obligadas, de manera unilateral —caso de la Universidad Alas Peruanas—, a cerrar sus sedes o filiales en distintas provincias y regiones del país.

Obviamente, no es un cliché, es una realidad: muchas facultades funcionaban en cocheras, en terrazas, en patios de descanso; y, definitivamente, el Estado no podría estar renuente a esta cruda realidad.

Creo que es una responsabilidad del Estado proponerles y alcanzarles a los estudiantes universitarios, a nuestra juventud, una formación universitaria de calidad, con competencia. Pero en estas condiciones difícilmente se podía dar.

A efectos de ello, Presidente, nos ganó el tiempo. Llegó el 22 de diciembre, y no se pudo aprobar la prórroga de la moratoria de universidades. Nosotros habíamos planteado, con fecha de noviembre, el Proyecto de Ley 2073, donde alcanzábamos a la Comisión de Educación una propuesta para que se prorrogue por tres años la vigencia de la moratoria de universidades.

Haciendo la evaluación y la deliberación interna de la Comisión de Educación, se acordó que esta sea de dos años, y lo aceptamos. Entendíamos que estos dos años eran más que suficientes.

Pero aquí hablábamos de prórroga, Presidente. Entonces, lamentablemente, llegó el 22, y no la habíamos aprobado. Ya no podíamos hablar de prórroga, porque de aquel entonces, 22, al día de hoy hay una circunstancia de vacatio legis, un vacío normativo.

Es por ello que nos hemos visto obligados —lo cual sugiero a la Presidenta de la Comisión que lo pueda acumular— a proponer el Proyecto de Ley 2280. Y en este proyecto de ley, para actuar con mayor diligencia y precisión en los términos técnico-legales, ya no hablamos de prórroga, y espero que así sea recogido en el dictamen final que pueda alcanzar la presidenta a este pleno.

El artículo 1 dice: "Objeto de la ley

Establézcase la moratoria de dos años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas...”

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene un minuto adicional, congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS.— “Asimismo, suspéndase por el mismo período la creación de filiales de universidades públicas y privadas, sin perjuicio de lo señalado en la única disposición complementaria final".

También añado una disposición complementaria final.

"Creación de filiales.

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Las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional otorgada por la Sunedu pueden solicitar el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. La Sunedu aprueba las disposiciones que regulan la presentación progresiva de dichas solicitudes".

De lo comunicado antes, Presidente, entre la fecha 22 de diciembre a hoy, hay una circunstancia de vacatio legis y muchos interesados, algunas universidades, se han visto motivadas a presentar diversas solicitudes para crear nuevas universidades, para crear nuevas filiales. ¿Y qué hacemos con ello?

Entonces, justamente, ante ese vacío y no dejar con instrumentos normativos que puedan salvar esta circunstancia por parte de Sunedu, estoy proponiendo, a su vez, una disposición complementaria transitoria, a que le voy a dar lectura, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, por favor, congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS.— "Solicitudes de licenciamiento presentadas hasta el vencimiento de la Ley 29971.

Las solicitudes de licenciamiento de universidades o filiales presentadas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán evaluadas por la Sunedu luego del vencimiento y el plazo señalado en el artículo único de la presente ley, excluyendo aquellas vinculadas con la única disposición complementaria final".

Es una tarea bastante difícil trabajar por la calidad universitaria. Hemos dado pasos importantes con la nueva Ley Universitaria, con la Ley de moratoria. Hoy tenemos que dar un paso adicional y, creo, definitivo: por única vez, facultar a que la Sunedu cuente con un instrumento normativo, llamado moratoria, por dos años, para no crear más universidades.

En esos dos años la Sunedu va a tener toda la libertad, toda la actitud, para poder licenciar a las 147 universidades, y no asustarlos con el término “licenciamiento”. Licenciamientos son estándares mínimos de calidad, en que se va a dar una oferta educativa a los estudiantes.

Cualquier universidad, mínimamente, tiene que tener elementos de trabajo sustantivos. Hablo de bibliotecas, hablo de equipamiento, hablo de laboratorios, hablo de aulas.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, por favor, congresista, Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS.— Y, fundamentalmente, hablo de calidad de la docencia universitaria.

Por eso, en esta Ley Universitaria se habla de un vicerrectorado en investigación universitaria y se fortalece al docente investigador. Entonces, ¿cuántos elementos positivos hay detrás de esta ley, Presidente?

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Yo quiero invocar a los señores colegas que nos ayuden con su voto a poder aprobar el día de hoy la moratoria por dos años, porque creo que es una circunstancia crítica pero necesaria para seguir apostando por la calidad educativa universitaria para nuestros estudiantes.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Lucio Ávila, tiene el uso de la palabra.

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Gracias, Presidente.

Si el sistema de la universidad pública continúa con la misma tendencia actual, de desatención por parte de los gobiernos, jamás una universidad púbica llegará a estar ubicada siquiera entre las mil mejores universidades del mundo, porque la historia y los datos nos muestran que hoy solamente una universidad privada está entre esas mil.

Nosotros conocemos el sistema universitario público, y esta Ley Universitaria es una ley que eminentemente favorece a la universidad privada para hagan negocio. Mejor, digamos negociazo, porque se llenan de plata los rectores, que ganan más de un millón de soles mensuales.

¿Y la Sunedu qué hace? La Sunedu está licenciando a sus universidades favoritas. Ha licenciado a una universidad que ni siquiera tenía alumnos ni profesores. ¡Qué tal descaro! Pero aquí muchos congresistas defienden ese sistema.

Esa Ley Universitaria privilegia —con letras mayúsculas— a la universidad privada, y decimos es que no podemos crear más universidades públicas porque, caramba, no hay condiciones. Claro, ¡qué va a haber condiciones!

Para empezar, se exige que para ejercer la docencia en la universidad pública se tenga que tener maestría y doctorado y cinco años de experiencia profesional. ¿Y cuánto se le paga al docente? Mil doscientos soles. ¿Con eso vamos a exigir que vayan profesionales con experiencia, con capacidades, con estudios en el extranjero? No.

Se exige que haya investigación. ¿Cuánto se le da a la universidad pública para que haga investigación, aparte de haber creado pomposamente un vicerrectorado de investigación, que solamente sirve para pregonar que se quiere hacer investigación?

¿Cuánto se le da para laboratorios?, ¿cuánto se le da para bibliotecas?, ¿cuánto se le da para infraestructura? No se le da nada. Pero decimos que hay que esperar y esperar.

Por ejemplo, una universidad pública de mi región, mil postulantes a la carrera profesional de ingeniería civil, recibe a 40, solamente ingresan 40. Y los 960 restantes que no ingresaron, ¿a dónde van a ir?

Las universidades privadas están, como buitres, esperando al pobre postulante que no ingresó para capturarlo y llenarse de plata los bolsillos, sacarle el poco dinero que tienen los padres de familia para que puedan educar a sus hijos.

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Eso es lo que se pretende seguir manteniendo con esta Ley Universitaria, que privilegia la educación privada. Eso no debe continuar. Esa es la preocupación que yo traigo de mi región.

Se dice que ya tienen dos universidades públicas, pero ¿cuánto se les da?

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene un minuto adicional, congresista Ávila.

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— La Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua, ¿cuántos alumnos tiene? Treinta y cinco mil.

Sin ir lejos, México, ¿cuántos alumnos tiene la UNAM, una universidad pública? Tiene 350 mil, diez veces más. Y la población de México no es diez veces mayor a la del Perú. Sin ir lejos, la Universidad de Buenos Aires tiene 150 mil estudiantes, y aquí la más grande tiene solamente 35 mil.

Y en un país pobre —siempre lo hemos mirado por encima de los hombros— un país vecino como Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés tiene cien mil estudiantes, y es una universidad pública. Por eso, muchos de mis paisanos se van a estudiar allá, por ejemplo, la carrera de medicina y otras carreras.

Entonces, ¿cuándo es que el Estado va a asumir la responsabilidad de tener que otorgar una educación universitaria con calidad? Eso va a ocurrir solamente cuando el Estado tenga que otorgar los recursos para pagos de docentes, para laboratorios, para investigación, para infraestructura.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, por favor, congresista Ávila.

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— Vamos a seguir escudándonos y decir no, no hay que crear más universidades.

Yo estoy totalmente de acuerdo con que se cree una moratoria de diez años o veinte años, pero para la creación de universidades privadas. ¿Por qué se tiene que restringir la creación de una universidad pública?

Además, una universidad pública no va a funcionar porque sí. Si el Estado no le asigna, no le da la autorización, simplemente no funciona.

Pero las universidades privadas sí pueden, porque una universidad privada que tiene cien alumnos puede tener diez mil alumnos de la noche a la mañana, pues el sistema universitario está diseñado así. Tenemos que cambiarlo.

Por eso, nosotros, particularmente, pensamos que debería de darse la moratoria de diez años para las universidades privadas, y de solamente un año para las universidades públicas.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias, congresista Ávila.

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Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona.

La señora PARIONA TARQUI (NP).— Gracias, Presidente.

Esta propuesta de moratoria para la creación de nuevas universidades estatales y privadas, Presidente, creo que nos remite a hacer un análisis bastante realista y profundo de la situación de la educación superior en nuestro país, pero también sobre el acceso a la educación superior de cientos y miles de estudiantes que se encuentran en las lejanías, por ejemplo, en la parte amazónica, en la parte andina.

Entendemos claramente los pedidos y las demandas que tiene, por ejemplo, el sur de Ayacucho, que está conformado por las provincias Lucanas, Coracora, Parinacochas, en donde no hay ni una sola universidad; y este sector de población siempre ha estado esperando que los institutos o la propia Universidad San Cristóbal de Huamanga tenga una especialidad que atienda a este sector juvenil que quiere progresar, que quiere seguir formándose en carreras profesionales. Eso, digamos, es una demanda sentida.

Sin embargo, sabemos que la creación numérica de universidades, tanto estatales como privadas, no necesariamente ha garantizado la calidad ni mucho menos la excelencia ni la eficacia en términos de enseñanza y de formación profesional de calidad, como la que requiere hoy el mercado, como la que requiere hoy la sociedad y como la que requiere hoy nuestros pueblos, para apostar a ese desarrollo integral que siempre aspiramos quienes entramos en una universidad.

Pero, Presidente, creo que también sería muy bueno y positivo considerar la propuesta que hace el congresista Zeballos, y ver qué tanto pueden resolver en dos años la Sunedu y el Ministerio de Educación los otros vacíos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las filiales, con las demandas de algunas regiones en relación a la creación de nuevas universidades.

La demanda es cada vez mayor: todos quieren tener una universidad. Pero tiene que haber alguna directiva, tiene que haber normas claras que definan, por ejemplo, en esos dos años, que se culmina el licenciamiento de las universidades que están pendientes y que muy poco acompañamiento técnico in situ tienen en la propia Sunedu. Son las universidades las que tienen que sacar, incluso, de recursos propios para cumplir con los requisitos y subsanar lo que amerite para pasar la evaluación.

Entonces, este proceso de licenciamiento tiene que avanzar lo más rápido posible, digo yo, en términos de garantizar que estas universidades tengan el licenciamiento, tengan el fortalecimiento desde la propia institución que les piden los requisitos para el licenciamiento; pero también el fortalecimiento a las universidades que ya existen y que carecen de presupuesto, que carecen de atención.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Para que culmine, congresista Pariona.

La señora PARIONA TARQUI (NP).— Sí, señor Presidente.

Lo que quiero decir es que podamos ser conscientes que esta moratoria, que hoy se está poniendo en debate, considere las otras aristas que forman parte del problema de la

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educación superior en el país en términos del acceso, de la calidad, de la supervisión antes, después y durante —incluso— del proceso de licenciamiento de una universidad, como es, por ejemplo, lo del fortalecimiento en términos de presupuesto para las universidades.

Se le exige tanto a las universidades públicas para tener mejores docentes y mejores bibliotecas, el comedor universitario, las residencias; pero las universidades de Ayacucho, por ejemplo, no tienen suficiente presupuesto, y ni siquiera han tenido la reparación institucional después de un periodo de violencia. Por ello, hoy carecen de todos esos servicios.

Sin embargo, tienen que distribuirse profesionales en las carreras que están descentralizadas en la zona del VRAEM…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, congresista Pariona.

La señora PARIONA TARQUI (NP).— Para terminar, señor Presidente.

Creo que sí hay una situación que hay que atender y no solo decir la moratoria por dos años, sino que hay una tarea pendiente en relación a fortalecer las capacidades institucionales, que hoy tienen, principalmente, las universidades estatales. Pero lo otro tiene que ver con el acompañamiento técnico in situ de la Sunedu para lograr el licenciamiento de más universidades.

A la fecha, creo que no pasamos de cuatro universidades estatales licenciadas. La universidad de donde yo soy egresada tiene ya buen tiempo esperando el licenciamiento. Pero, si nosotros vamos a ver in situ la realidad, la realidad nos indica que esta universidad necesita más apoyo financiero, apoyo institucional.

Incluso, la reparación institucional después de un periodo de violencia, no se ha dado, porque se ha cometido daños materiales contra la infraestructura. Por ejemplo, la imprenta de la universidad no la tenemos.

Entonces, señor Presidente, seamos conscientes de esta realidad. Yo estoy de acuerdo con este proceso de moratoria, pero teniendo en cuenta que también hay otras aristas por resolver.


Congresista Tubino, tiene la palabra.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (FP).— Gracias, señor Presidente. Un saludo a los colegas.

Es cierto que existe en el país universidades que son seudo universidades —estamos totalmente de acuerdo—, que están, de repente, en los altos de un chifa o lo que fuera.

Pero también existen iniciativas muy positivas que hay que tener consideración. Sin embargo, como está redactada la ley en este momento, no se hace de esa manera.

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Quiero poner como ejemplo el Programa Nopoki, que se desarrolla en la provincia de Atalaya, de la región Ucayali. Este programa es de la Universidad Católica, sede Sapientiae. Nació en el año 2005 para mejorar la calidad educativa intercultural de las comunidades indígenas y el desarrollo de estos pueblos, mediante la formación de maestros bilingües de las etnias Asháninkas, Gines y Shipibos. Comenzó a través de un diálogo intercultural, desde la universidad hacia la sociedad en general.

Luego de 12 años, ¿qué ha sucedido en Atalaya? Me encantaría que fueran los congresistas a conocer esa iniciativa, que es espectacular para las comunidades nativas.

Hoy vemos a los integrantes de estas comunidades nativas que he mencionado y de otras, porque están llegando de diferentes lugares del país y ya no solamente se estudia para ser maestro de educación bilingüe intercultural, sino de ingeniería agraria, de administración. Es lindísimo ver a los nativos tirando números, estudiando administración.

Esa universidad, esa iniciativa, por supuesto, tiene que analizarse sin meterla en el mismo costal con esas universidades que, de repente, están en un chifa y que solamente las tienen para un negocio.

Entonces, yo propongo que se coloque una disposición complementaria en esta ley, que diga lo siguiente:

“Creación y licenciamiento de universidades que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios.

La creación y licenciamiento de universidades que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios serán evaluadas, excepcionalmente y previa verificación en las condiciones básicas de calidad, por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)”.

La Universidad Católica, sede Sapientiae, también tiene iniciativas en Chulucanas, en Tarma, en Nueva Cajamarca. Entonces...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene un minuto adicional, por favor, congresista Tubino.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (FP).— Sí, señor Presidente.

Yo solicito a la Presidenta de la Comisión que se incluya esto, que es en beneficio de nuestro país y, sobre todo, para las iniciativas a los pueblos indígenas u originarios.

Muchas gracias.


Tiene la palabra la congresista Arimborgo.

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Gracias, Presidente.

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En las zonas alejadas de nuestro país vivimos realidades distintas. Esto no es ajeno a los congresistas, principalmente, la zona de la selva, en Loreto, donde podemos encontrar que no hay ninguna universidad licenciada, ni en Iquitos ni en Pucallpa ni en ninguna otra por ahí cerca.

Entonces, si actualmente contamos con 23 universidades licenciadas, que de alguna forma se han esforzado para conseguirlo —hay que entenderlo así—, yo no entiendo por qué castigarlos y no permitir abrir filiales.

En mi región es complicadísimo tener que vivir en un lugar, y trasladarse a otro lugar a estudiar. Entonces, si yo puedo tener una filial de la Universidad Agraria la Molina en una zona agrícola, como es la selva, bienvenido sea; si puedo tener una filial de la UNI en la selva, bienvenido sea.

En ese sentido, Presidente, yo pido que se tome la sugerencia del congresista Zeballos para considerar que las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional, otorgada por la Sunedu, pueden solicitar el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Es todo, Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Bocangel.

El señor BOCANGEL WEYDERT (FP).— Gracias, señor Presidente.

Este es un proyecto que una vez más deja de lado a la universidad pública, que le dice al gobierno no apuestes más presupuesto para la universidad pública.

Hasta la Contraloría interviene a la universidad pública, y le dice en este salón hay 61 alumnos, no debes tener más de 40.

¿Cuántos alumnos se presentan a las universidades públicas? A una carrera simple de contabilidad, de administración, etcétera, más de mil alumnos para 40 o 60 vacantes. Ese hijo de agricultor, de comunero, de campesino jamás podrá acceder a la universidad pública, y peor si es a una privada.

No estoy de acuerdo con que exista una moratoria para la universidad pública, porque es ahí donde el Estado debe comenzar a invertir, en la universidad pública.

Respeto las posiciones de quienes son dueños de las universidades privadas, y que saben que ellos siguen creciendo y creciendo toda una vida.

¿Cuándo has visto que una universidad pública ha crecido? ¿Cuándo has visto que San Marcos ha crecido en la manera que debe crecer; o la UNI, la Hermilio Valdizán, la UNAS, la UNU, la Universidad de Puno, etcétera?

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No crecen porque le estamos diciendo al gobierno no te preocupes de la infraestructura que necesita la universidad estatal para ese ciudadano joven que requiere, realmente, estudiar en una universidad pública.

Es por eso que también se crean filiales de universidades privadas. Aquí está lo escondido, porque son los que se han acreditado y son los que se quieren poner en diferentes lugares para seguir incentivando la inversión privada y que sigamos atrasados en la inversión pública.

Me pide una interrupción, señor Presidente, el congresista Ávila.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Ávila, tiene la interrupción.


¿Qué va a ocurrir con las universidades como San Marcos, la decana, de cientos de años? Si no le dan el licenciamiento, ¿la van a cerrar?

Este licenciamiento es un chiste para mí. Conozco el sistema universitario por 40 años, y no lo conozco porque me contaron o porque lo vi por fuera. Yo lo he vivido.

¿Qué va a pasar con la Universidad de San Agustín de Arequipa si no la licencian? ¿La van a cerrar? ¿Qué va a pasar con la del Cusco, que tiene más de 300 años? ¿La van a cerrar?

Miren lo que pasa. ¿De dónde viene el festín de las universidades privadas? A las universidades públicas sí les dice tiene que fijar vacantes, por ejemplo, para ingeniería civil: 40 vacantes, no puede recibir ni una más.

¿Y quién recibe las 960 restantes? Una universidad de ahí: 500 alumnos, solamente de cachimbos. ¿Cómo no van a tener, pues, sus ingresos?

A la universidad pública si le dicen que el docente tiene que retirarse a los 70 años; y a la privada ¿quién le dice nada? Nadie le dice nada…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Ha culminado su interrupción.

Haga uso de la segunda interrupción, congresista Ávila.

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— …a la universidad privada.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Bocangel, puede terminar.

El señor BOCANGEL WEYDERT (FP).— Gracias, señor Presidente.

Solo culminar para decir que hacer esta moratoria es seguir beneficiando a la inversión privada y a la universidad privada, por lo que solicito que, si hay moratoria, solo debe ser

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para la universidad privada, mas no para la universidad pública, porque el Estado tiene el compromiso de invertir en la universidad pública, como debe ser.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Zeballos Patrón.

El señor ZEBALLOS PATRÓN (NP).— Gracias, Presidente. Saludo a todos los colegas.

Cuando hablamos de la universidad peruana, tenemos que pensar, en realidad, en la calidad de la educación como producto en la formación de nuestros educandos. Ese es el problema. Que haya más universidades o que haya menos universidades, no es el problema. Hay que tener mucho cuidado con ello.

Yo veo, por ejemplo, esta propuesta de ley, y lo que veo es que se está cerrando el acceso a otras universidades que podrían ser más competitivas que las que están actualmente.

Concuerdo con la opinión que claramente se está beneficiando especialmente al grupo de universidades-negocios que ya están instaladas, porque se evita que entren otras instituciones a competir. Eso por un lado.

Por otro lado, yendo en la línea de la calidad, si nosotros hacemos un análisis de las instituciones educativas de nivel universitario, resulta que en el pasado no ha habido ningún sistema de calidad y hacían lo que querían.

Con el tema de la autonomía universitaria hacían y deshacían. Finalmente, no contrataban a los talentos que deberían haber sido contratados, y desgraciadamente se fue perdiendo la calidad académica.

Yo recuerdo, por ejemplo, con mucho orgullo, en el sur del país, que la Universidad Nacional de Puno era la tercera universidad más importante por años en el país. Hoy está en el lugar quince.

San Agustín, la universidad en la que yo estudiaba, era la quinta universidad del país, pero ahora está en el puesto 14 más o menos.

¿Qué es lo que ha pasado y quiénes son las universidades que han desplazado a las universidades públicas? Las han desplazado por la mala gestión de las universidades públicas —eso hay que decirlo—, porque no teníamos instrumentos para medir la calidad de la educación que estábamos brindando. Se llegó a un sistema de libertinaje en el gasto y en el oprobio, y, sinceramente, no funcionaron. Entonces, allí está el gran problema.

¿Qué pasa? ¿Por qué la Católica, privada, es la mejor universidad del país y por qué le sigue Cayetano Heredia? Y San Marcos, con todos los recursos que tiene, con toda la cantidad de estudiantes y de carreras que tiene, ¿por qué es la tercera universidad?,

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cuando debería ser la primera universidad de América porque fue la primera que fue creada. ¿Qué pasó allí?

Son lecciones que tenemos que aprender, porque, en realidad, en materia de educación universitaria hemos hecho todo mal, muy mal, durante años.

Y el tema aquí es la calidad. Si nosotros apostamos por un sistema de calidad, que no tenemos en este momento y que tenemos que trabajarlo, vamos a empezar a resolver el problema.

Pero si seguimos pensando en lo fácil: ya no creo más universidades, ya no invierto en la universidad pública, dejo de gastar como Estado en beneficio a las universidades que ya están —porque, obviamente, hay un beneficio claro allí—, ¿de qué estamos hablando?

Sin embargo, en este momento sí es necesaria una moratoria, porque no tenemos construidos los mecanismos para darle calidad al sistema educativo universitario.

Desgraciadamente, el país ha fracasado en ese sentido y no hay ningún ejemplo notable, porque, si bien hay buenas universidades en el país, miren ustedes en qué lugar estamos, comparados con el ranking internacional.

Para entrar a la docencia universitaria, el MEF nos pone candados, y lo saben los ex rectores...

El señor PRESIDENTE.— Para que culmine, por favor, congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS PATRÓN (NP).— ...les permiten poder contratar a los talentos, que llegan muy bien preparados, con publicaciones, con proyectos, pero no les permiten entrar al más alto nivel. Tienen que entrar a ganar mil 200, mil 400 soles. ¿Díganme qué talento del mundo va a entrar a una universidad pública a ganar mil 200 soles? Entonces, no son receptivas, no son atractivas las universidades públicas.

Hay temas urgentes que resolver, pero pensemos que tenemos que resolver ese problema en función de la calidad. Entonces, mientras resolvemos el problema de la calidad, obviamente, hay que cerrar la puerta a todas estas —como alguien dijo— universidades en chifas, universidades de media manzana o de una casa, que finalmente no resuelven el problema.

También tenemos que pensar en potenciar la universidad pública, porque en realidad ha habido una serie de problemas. Vayan a ver las universidades que están llenas de los hijos, los primos, de parentelas, etcétera, etcétera, dentro de las universidades, lo que es un problema muy serio que hay que resolver.


El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.

Tiene la palabra el congresista Dammert.

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El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— Señor Presidente: Este es no solamente un tema de una universidad o de un conjunto de universidades. Es un tema del Perú.

En un momento en que se está produciendo una inmensa revolución científico tecnológica, donde el conocimiento es la base para cualquier cambio productivo —ahora, de manera mucho más espectacular que antes—, el que un país abandone su capacidad de generar conocimientos, no desarrolle nuevas tecnologías, no capacite a sus diversos sectores productivos, institucionales, culturales, es un país que se está condenando al fracaso.

Lo que tenemos en el Perú es el fracaso de la educación universitaria y, en general, de todo el sistema educativo; pero en especial de la educación universitaria.

Fracasó la universidad pública cuando no logró incorporar al conjunto de su estamento para volverse competitiva, para generar conocimientos adecuadamente. Pero luego el reemplazo por la privatización del sistema universitario ha sido un fiasco completo.

El sistema universitario en el país produce doctores que matan a sus pacientes, produce ingenieros cuyas casas se caen, produce un conjunto de profesionales que valen menos que los técnicos de las áreas en las cuales van a trabajar y produce un conjunto de desocupados que estafan a sus propios clientes.

Eso no ha producido conocimiento, no ha generado conocimiento, no ha cambiado la base productiva ni las relaciones institucionales en el país. Esa es la crisis universitaria.

Cuando se habla de la crisis universitaria, se habla, ciertamente, de la crisis universitaria pública. Pero eso es responsabilidad, en particular, de los estados, de los gobiernos; también, de las autoridades que han manejado muchas universidades públicas.

Pero, en especial, la universidad pública ha sido premeditadamente secada de recursos, secada de autoridades, secada de docentes y secada de alumnos; y se ha traspasado masivamente a un gran negocio, a un negociazo de en la época, que era la de generar universidades privadas como si fueran la solución mágica al crecimiento de la juventud que requería educación. Ya hemos vivido esa etapa, estamos en esa etapa.

En otros países quisieron, como en el caso de Chile, que las familias y los jóvenes se endeuden durante varios años y que eso sustente la plata de la universidad privada. Por eso hay universidades privadas poderosas, pero una sociedad endeudada en su juventud y en su futuro; y endeudada para nada, porque ahí terminan siendo pequeños núcleos de grandes corporaciones internacionales las que terminan manejando la economía.

Aquí, en el Perú, lo que tenemos son universidades-negocio; universidades donde al alumno —al salir del examen de ingreso para San Marcos, donde lo habían jalado— le decían no te preocupes: aquí tienes la entrada para ir a otra universidad, privada, donde no te vamos a cobrar mucho; además, te mandamos las preguntas por Internet y, si es necesario, también las respuestas.

Ese tipo de formación académico-universitaria está destruyendo el país, pues está generando lo que actualmente es una especie de vorágine, en la cual tenemos más

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recursos naturales que antes, tenemos más posibilidades de poner recursos naturales en el mundo, pero tenemos nula industrialización, tenemos nula productividad.

Hay más gente trabajando en actividades productivas…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, por favor, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— Hay más gente trabajando en actividades productivas y menos elementos reales de avance de la productividad.

Por eso, cuando ahora la solución mágica que se plantea es la moratoria para que creen más universidades, es un autoengaño, es para engañarnos más.

Lo que debería haber es una política pública sobre la universidad, en la cual a las privadas se les dé su rango. Pero, en especial, el Estado, a nombre del conjunto de la sociedad y por encargo del conjunto de la sociedad, tiene que consolidar un sistema público competitivo, eficiente, con calidad, articulado a las necesidades productivas, tecnológicas y científicas del país, lo que se requiere con urgencia.

En la medida que eso se atrase, perdemos; y si eso va a ser reemplazado por una moratoria para más negocio, perdemos todavía más.

Por eso, me parece que este proyecto de ley tiene esas limitaciones, esas complejidades y esas contradicciones con lo que requiere el Perú.


Tiene la palabra el congresista Wilmer Aguilar.

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Presidente: El proyecto de ley preocupa realmente, toda vez que en la provincia que represento, en la región Cajamarca, la única oportunidad que tienen los hijos de cientos y miles de ronderos y agricultores de esa zona es la filial universitaria de Pedro Ruiz Gallo,

Por lo tanto, también comparto la necesidad y as expresiones de los colegas, porque también traen el reclamo justo de los pueblos más lejanos del país. Por ende, si se opta por una moratoria, que en este caso es una prórroga en tal sentido, esta debe ser menor para dar alguna forma de facilidad para poder proyectar y generar la creación de universidades autónomas que, realmente, reúnan las condiciones y los requisitos que se merecen.

No podemos hablar de una educación de calidad cuando por esos pueblos tenemos colegios que se están cayendo por pedazos. Los congresistas palpamos eso, al igual que el tema de las universidades, y lo vemos en carne propia cuando vamos en los viajes de representación.

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Por eso, invoco al Pleno —porque sé que mi pueblo me está viendo y escuchando el día de hoy— que realmente tome conciencia de la decisión que hoy vamos a tomar y analicemos en profundidad el paso que vamos a dar.

Repito: en Cajamarca, especialmente en la provincia de Cutervo, la única oportunidad que tienen nuestros jóvenes es estudiar en la filial universitaria de Pedro Ruiz Gallo, que realmente tiene presencia allá, en la provincia.

Por lo tanto, señor Presidente, esta es la solicitud que también traigo en nombre de mi pueblo.

Muchas gracias.


Tiene la palabra la congresista Indira Huilca.

La señora HUILCA FLORES (NP).— Gracias, Presidente.

Para ratificar nuestro respaldo a esta iniciativa y, sobre todo, para plantear la necesidad de continuar el debate sobre el rol de la universidad en la sociedad. Ese es el debate de fondo que hoy debe llevarnos a asumir con preocupación el que tengamos que aprobar esta moratoria.

Si hoy tenemos, efectivamente, que ampliar este plazo para impedir que se sigan creando universidades públicas o privadas, no es porque nos opongamos al derecho que deberían tener la mayoría de compatriotas nuestros a la educación, como algunos congresistas intentan plantear, creo yo, para confundir los términos de la discusión. Eso es totalmente falso.

La universidad pública en nuestro país se ha desmoronado justamente porque se permitió la creación de empresas privadas con el nombre de universidades con fines de lucro. Esa es la realidad acá, estimados colegas. Permitimos por muchos años que se sigan creando estas universidades. No importa si funcionan en un local u otro. El tema de fondo sigue siendo que esas universidades han perdido completamente el objetivo para el cual fueron creadas y concebidas inicialmente: aportar al desarrollo de la sociedad.

Si realmente alguien quiere cuestionar a esas universidades con fines de lucro, debería empezar planteando modificar el régimen tributario que tienen. Ese es el tema de discusión.

Yo veo acá a colegas preocupados porque esto aparentemente beneficia a universidades privadas. Perfecto, hagamos que el Congreso modifique los beneficios tributarios que tienen estas universidades, que se han enriquecido por décadas, justamente, con esos beneficios que les permiten hasta comprar vehículos de manera privilegiada.

Ese es el fondo del asunto. Aquí queremos confundir y decir que no se van a beneficiar los ciudadanos de diferentes pueblos de nuestro país no accediendo a una universidad pública.

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Pero, perdónenme, si la universidad pública tiene un presupuesto muy bajo es porque esta institución, que es el Congreso de la República, no se ha preocupado de dotar con recursos suficientes para que no tenga que privatizar, en la práctica, sus servicios a través de cursos externos, alquilar la infraestructura educativa.

Las grandes universidades públicas a las que hoy se ha hecho referencia, como San Marcos, como la Universidad Nacional de Ingeniería, como las universidades en las principales regiones del país, tienen que privatizar servicios buscando reemplazar con esto el presupuesto que el Estado no les da.

Entonces, no mintamos al país, señor Presidente. Las universidades públicas requerirán que la reforma que se inició se fortalezca —por supuesto que sí— y que esa reforma venga con un presupuesto adecuado para poder funcionar sin privatizar sus servicios, sin hacer que hoy miles de estudiantes, que optaron por la universidad pública, tengan que hacer malabares para conseguir, de alguna manera, terminar la carrera en buenas condiciones.

Entonces, si queremos realmente poner a la universidad pública en el lugar que se merece, empecemos cuestionando el negocio de los servicios educativos, al cual le han puesto de nombre universidad con fines de lucro.

Cambiemos esos beneficios que les permiten...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, por favor, congresista Huilca.

La señora HUILCA FLORES (NP).— Varias universidades con fines de lucro —a varias empresas, en realidad— han tenido, incluso, la posibilidad de contar con el respaldo de quienes, en algún momento, han sido integrantes de este Congreso de la República, y han tenido beneficios tributarios para compra de terrenos, beneficios tributarios para compra de vehículos, beneficios tributarios de diverso tipo.

Son millones de soles en un año que ganan estas universidades y que, sencillamente, no aportan a los fines superiores que tiene que cumplir la universidad, que es la promoción de la investigación y la promoción del conocimiento.

¿Qué universidad con fines de lucro en este país tiene como objetivo principal la promoción de la investigación? Si alguien me puede responder eso, yo estaría encantada de que esta moratoria no se apruebe. Pero eso es totalmente falso.

Entonces, no vengamos acá con falsos argumentos a querer interrumpir una reforma que, seguramente, tiene muchas limitaciones, pero que ya empezó y que debe procurar devolverle a la universidad pública el lugar que tuvo alguna vez en el país, que es la promoción de conocimientos y, sobre todo, el progreso de las mayorías sociales…


Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, muchas gracias.

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En la Comisión de Educación, hemos apoyado este dictamen, pero hay razones de peso. El Perú tiene 154 universidades. Somos más de 30 millones de peruanos, pero tenemos 154 universidades: 52 públicas y 102 privadas.

Después de Brasil, somos en América Latina el país que más universidades tiene. Pero la diferencia es que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, y nosotros tenemos 33 millones de habitantes. Primero.

Segundo, somos el país que está en el último lugar en la asignación de recursos por alumnos, con relación al PBI, para la formación universitaria.

Tercero, Presidente, de las 154 universidades, hasta el momento, creo, aproximadamente 28 universidades han logrado su licenciamiento. La Ley Universitaria, que se puso en vigencia el 9 de junio de 2014, todavía no ha podido cumplir con los objetivos que se había trazado.

Todos sabemos que lo que persigue el licenciamiento es establecer las condiciones básicas de calidad de la educación que se tiene que de dar. Por eso es que estoy de acuerdo con que prorroguemos la moratoria, pero a mí me parece que dos años es absolutamente insuficiente.

¿Dónde está la razón para lo cual yo debo cuestionar que el plazo de dos años es muy corto? En los propios fundamentos de la exposición de motivos.

Cuando voy a ver la exposición de motivos, el fundamento del dictamen, los argumentos —que yo comparto, dígase de paso— de la prórroga considera en dos años, pero ni siquiera uno de los tres requisitos, para poder autorizar la creación de una nueva universidad pública o privada, se va a poder cumplir en ese lapso.

Primero, a tres años de la vigencia de la nueva Ley Universitaria —que reemplazó, dígase de paso, a la Ley 23707, la Ley Universitaria que ya tenía más de 30 años de vigencia—, uno de los fundamentos que plantea el dictamen para justificar la prórroga es que tiene que haber un estudio de la situación educativa universitaria en el país.

Segundo, que la oferta educativa sea compatible con la demanda laboral. Y eso es importante, porque hemos hecho, lamentablemente, de parte del sistema universitario, una fábrica de profesionales que lo único que hacen es deambular en las calles buscando un puesto de trabajo y, en otros casos, dedicándose a actividades para las cuales no fueron formados.

Entonces, ahí el Estado pierde doblemente, hay una doble inversión que se pierde: primero, el presupuesto que asignamos para formar a ese profesional y, segundo, ese recurso humano está sirviendo en una actividad para la cual el Estado no se formó.

El tercer fundamento de la prorroga —en que estoy de acuerdo— es que tiene que acreditarse las condiciones académicas y económicas para poder poner en funcionamiento una universidad. Si hay algún esfuerzo que tenemos que hacer, queridos colegas...

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Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Lucio Ávila.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Puede interrumpir el congresista Ávila.


Se ha manipulado groseramente el concepto de calidad: moratoria igual a calidad. También se ha manipulado groseramente la idea de que las universidades funcionan en chifas, en garajes, en discotecas. Yo pregunto ¿qué universidad pública funciona en chifas, garajes y discotecas?

Hay más de 100 universidades privadas. Nuestro respeto a las cuatro o cinco universidades privadas de mucho prestigio. Me saco el sombrero ante ellas, porque dan una educación de calidad. Pero, del resto, muchas de ellas son las que funcionan en chifas, discotecas. En este Congreso se maneja el doble discurso, protegiendo a ese tipo de universidades. Yo creo que aquí el mensaje es para el pueblo.

Seguramente, no se va a aprobar esa petición de que la moratoria no sea para las universidades públicas...

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Continúe, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente: Salvo que esté equivocado, el dictamen plantea ampliar la moratoria por dos años para universidades públicas y privadas. Ese tiene que ser el concepto.

Es para públicas y privadas, porque yo creo que es un momento de hacer un alto. Nos encontramos con dos problemas recurrentes y no necesitamos ser expertos en educación universitaria porque los vemos día a día.

A nuestras universidades públicas se les ha obligado a un licenciamiento que no ha ido acompañado con el financiamiento del Estado para que puedan tener esas condiciones básicas de calidad que exige la Ley Universitaria. Entonces, se les ha puesto en una situación de asimetría frente a las universidades privadas.

Entonces, mi apreciación como alumno de una universidad pública, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, es que debemos hacer un esfuerzo común para exigir que el gobierno atienda a las universidades públicas para que cumplan con estas condiciones básicas de calidad para poner en marcha un licenciamiento.

Eso lo digo como una crítica constructiva al fujimorismo, que, cuando hemos planteado modificaciones a la Ley Universitaria, se han chupado. Le tuvieron miedo al exministro Saavedra, y se chuparon.

Alguno de los que participan conmigo en la Comisión de Educación lo saben: nosotros firmamos el proyecto para desaparecer a este organismo burocrático, innecesario,

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defectuoso, como es la Sunedu. Si la Sunedu sigue existiendo con sus privilegios, es porque acá la mayoría parlamentaria lo ha permitido.

Pero, volviendo al tema, Presidente, creo que dos años no justifican. Además, yo le pediría a la Presidenta de la Comisión que explique dónde está el estudio que justifique que en dos años...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Continúe, por favor, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— ¿Se va a poder cumplir con estos tres elementos que hoy día están condicionando o, mejor dicho, están justificando la prórroga?

Tenemos que hacer, de verdad, una evaluación y un diagnóstico muy claro de la realidad universitaria en el país, y vincular si la oferta educativa que estamos planteando a través de estas 154 universidades, de las cuales solo 28 están licenciadas, satisfacen esa oferta educativa y si hay verdaderamente un mercado que pueda absorber a todos esos profesionales que salen de las universidades.

Pero hay algo más que quiero argumentar a favor de esta prórroga, que creo que es insuficiente que sea por dos años.

No se ha dicho nada de que también se ha puesto en marcha la nueva Ley de institutos superiores tecnológicos y pedagógicos, que va a coexistir con el sistema universitario. Todo eso me lleva a la conclusión de que sería poco serio que nosotros no autoricemos esta prórroga y que dejemos que nuevamente los más fuertes venzan a los más débiles.

Acá se ha cuestionado a las universidades privadas. Yo no defiendo a las universidades privadas, pero si hay algo que hay que saludar de las universidades privadas: han permitido que, por lo menos, se horizontalice la oferta educativa.

Entonces, lo que hay que hacer ahora es ir a una segunda etapa. Hay que hacer un buen licenciamiento, hay que hacer una buena acreditación universitaria, para que en el sistema queden las universidades que verdaderamente hagan, creen y recreen ciencia; y, segundo, que todos los privilegios que el Estado da al sistema universitario, para que pueda reinvertir sus rentas en la mejora de la calidad educativa, se puedan cumplir.

Se supone que tiene que haber un buen control y una buena regulación para ello. En tanto esa situación no se dé, Presidente, no hay ninguna posibilidad...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— A ver, culmine, por favor, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Por más buenos deseos que tengan algunos colegas, de que ya no haya prórroga y seguir creando universidades, ya sea públicas o privadas, lo único que estamos haciendo es crear falsas expectativas a una juventud que necesita que su clase dirigente le pueda señalar un horizonte claro.

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En ese sentido, planteo que en su momento la Presidenta de la Comisión pueda poner en votación el plazo de la prórroga por separado: que no sean dos años, que sean —mínimo— tres años, para que pueda justificar los tres argumentos de la prórroga de creación de nuevas universidades públicas y privadas.

Por lo demás, Presidente, solamente diré que, en el caso de las filiales, hay un principio: que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Cómo vamos a decir que no autorizamos la creación de nuevas universidades pero que sí autorizamos la creación de filiales? Entonces, desvestir un santo para vestir otro. Me parece que hay que ser coherente, Presidente, y que la forma como viene el dictamen es la más apropiada.

Lo único que sí quiero sugerir es que el plazo mínimo de la prórroga tiene que ser de tres años.

Gracias.


Tiene la palabra la congresista Foronda.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Presidente: Ciertamente, el tema educación no es un tema de mercancía, no es un tema de mercado. Desde la bancada del Frente Amplio, para nosotros el tema de la educación es un tema de derechos y también de servicios.

Por lo tanto, el acceso a la educación, incluyendo la educación universitaria, tiene que tener las precondiciones que requiere el acceso a la educación de manera gratuita y universal, como existen en otros países de América Latina, como México y en otros lugares, donde no se necesita pagar un centavo para ingresar a una universidad nacional, donde los estudios son de buenísima calidad.

Se requiere tener un nivel de educación certificado para que quienes egresen de estas universidades no solamente obtengan un grado académico, como se adquiere ahora de una manera casi casi virtual, sino que respondan a las condiciones de mercado, de la oferta de empleo en el Perú; y no generar miles de abogados —o sociólogo, si quieren referirse a mi profesión— que después terminan siendo taxistas o terminan siendo vendedores ambulantes, porque el mercado local no privilegia la oferta de trabajo para las universidades nacionales.

Por otro lado, los datos que nos entrega aquí la Comisión son bastante contundentes, al señalar la cantidad de universidades que han logrado su licenciamiento o certificación de calidad: de las 140 universidades, 136 —95%— han acudido a la Sunedu para su licenciamiento, y solamente 23, entre nacionales y privadas, han logrado este licenciamiento.

El trámite es engorroso, demora mucho tiempo, etcétera, lo que quieran decir, pero lo concreto que no se puede ver la certificación como un instrumento de evaluación para poder tener universidades de mejor calidad. Eso está teniendo también problemas por lo engorroso que puede ser su proceso, pero requieren que las universidades —el tercer

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argumento— estén asociadas no solo al mercado, sino también a las condiciones de desarrollo del país.

Se supone que tenemos una política educativa nacional, y la educación superior no es ajena a esa política educativa, pues tiene que estar articulada a la sociedad.

Muchas tesis que se hace en la universidad no tienen nada que ver con las realidades que pretendemos transformar. La articulación entre Estado, universidad, sociedad civil y empresas no existe, cada uno anda por un carril distinto.

Finalmente, nosotros estaríamos de acuerdo con la prórroga, pero que además de eso reexaminemos las competencias de la Sunedu, porque hace poco en el caso de...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Continúe, por favor, congresista Foronda.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Para terminar, señor Presidente.

Ha habido no solamente problemas de deficiencia en la calidad educativa, sino actos de corrupción: rectores sentenciados en segunda instancia, acudiendo a medidas de casación para evadir a la justicia por actos de corrupción; universidades secuestradas por la corrupción y algunos malos rectores, que hacen y deshacen lo que les da la gana dentro de algunas universidades privadas.

Y cuando hemos ido a la Sunedu, la Sunedu nos dice: es que, congresista, discúlpeme, nosotros no tenemos competencia para intervenir universidades de esta naturaleza; por la modificatoria que hubo de la Ley Universitaria, no podemos hacer una intervención directa en este tipo de casos.

Entonces, el tema de las universidades privadas —y supongo que también hay actos de corrupción en algunas de las nacionales— tiene que ser un elemento que también se tome en consideración cuando hablemos de...

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Culmine, por favor, congresista Foronda.

La señora FORONDA FARRO (FA).— …no solamente hay prorrogar por tiempo, sino luchar por la calidad educativa, que tenga el acceso a todos los rincones del país; pero a donde la población reciba una formación integral, humanista; donde la gente reciba una formación técnica, pero también con valores.

Es en esta perspectiva que nosotros proponemos la prórroga, porque requerimos una revisión profunda del sistema educativo, pero también de la política educativa. No son cosas que están aisladas, no es una sin la otra. Tiene coherencia una reforma si es que hay una reforma integral del sistema educativo que vaya a la par de una asignación presupuestaria.

Es una vergüenza que el Perú sea uno de los países que esté a la cola en asignación presupuestaria para la educación superior. Así no vamos a poder tener un futuro

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profesional y un desarrollo que realmente requerimos, con profesionales calificados de primer nivel.



Tiene la palabra el congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Gracias, Presidente.

En realidad, yo creo que una prórroga para que haya una moratoria a la creación de universidades públicas y privadas es hacerles un favor a las que ya están: no promover competencia, no promover más capacidades para que las universidades puedan crecer.

Aquí el gran problema no es que haya una institución como la Sunedu, que es la mala de la película. Yo creo que acá falta un mejor regulador, porque universidades que no tienen las capacidades para poder funcionar y para sacar gente de calidad, simplemente, debe ser cerradas, porque todos los pueblos del Perú anhelan tener una universidad.

Cuando uno va al sur del Perú, todos los pueblos de Puno quieren una universidad; cuando va a Cusco, todos quieren universidad; cuando va al oriente peruano, todos los pueblos quieren una universidad, porque los padres de familia anhelan que sus hijos sean mejores y que vayan a la universidad.

Pero claramente eso no depende de que haya más o menos, sino de las capacidades que puedan tener cuando uno pone una universidad. Entonces, los requisitos para una universidad deben estar bien regulados por un regulador que sí funcione, que haga cumplir la ley. Pero, en todo caso, si nosotros queremos una prórroga para que no haya más universidades, estamos haciendo que las que existen sean peores. Un solo ejemplo para ver esto.

La Sunat requiere profesionales de todas las universidades del Perú que manejen Big Data. Se necesitan matemáticos puros, físicos, estadísticos, economistas, ingenieros de sistemas y todo. Ninguna universidad pública o privada ha ido a la Sunat para querer hacer este manejo grande, importante, del manejo de Big Data. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Falta de capacidades.

Las universidades públicas —como la UNI, la Universidad Nacional Agraria La Molina, por ejemplo— generan sus recursos con unos laboratorios de primera y que son un ejemplo, pero pocas universidades emulan a estas universidades públicas. Entonces, hay algo que está pasando que no deja que estas universidades compitan de lo mejor.

Cuando se creó la Universidad Nacional de San Martín, en base a un esfuerzo extraordinario de la gente, con luchas sociales, se le dio todas las capacidades.

Se le dio fundos enormes; incluso, más de mil cabezas de ganado de un fundo que se lo quitaron a un narco. Sin embargo, a los pocos años no existía ni una sola cabeza de

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ganado. En vez de hacerlo de lo mejor, prosperar, hacer que esto sea un centro de investigación para tener las mejores capacidades, destruyeron todo. Ese es el problema.

Acá hay un problema, y no solo en la educación. No solamente se le debe ver como un derecho humano fundamental, sino también un deber de las autoridades en controlar.

Yo creo, Presidente, que no es bueno que haya moratoria. Yo creo que aquellas personas o aquella entidad pública o algún pueblo que quiera tener una buena universidad y que cumpla con todas las condiciones que la ley exige y, sobre todo, bajo un buen regulador…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Continúe, por favor, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— …tiene ese derecho, Presidente, a tener su universidad, porque no se lo podemos quitar.

Se verá la forma de financiar, se verá la forma de qué incentivos puede tener una universidad pública para tener ingresos propios e ir mejorando poco a poco. Y si tiene más ingresos propios, yo como Estado premio a esa universidad.

Tiene que haber mecanismos que permitan que, si la universidad pública tiene mejores ingresos y resultados, el Estado la premie para que haya una competencia sana y pueda tener mejores profesionales. De lo contrario, Presidente, solamente el sector público no puede funcionar en un país. Tiene que haber también el sector privado.

El sector público pide título universitario para que uno entre a laborar; o sea, en todo se requiere de título universitario. Entonces, es tan difícil entrar al sector público que los padres de familia hacen un esfuerzo enorme.

¿Acaso los que no han tenido la capacidad económica de ir a una universidad pública son desadaptados, son personas que no tienen capacidades? ¿Acaso el no haber podido llegar a una universidad te hace menos en este país? Esto es lo que está sucediendo: te hace menos.

Tenemos que cambiar la óptica de la educación peruana con políticas públicas capaces de revalorar no solamente la cuestión humanística. Perdóneme. Tenemos que fundamentar la matemática pura, la física pura, la química pura. Las ciencias básicas han hecho que otros países se desarrollen. Por eso, básicamente, son desarrollados los demás países, y nosotros no priorizamos eso.

Ahora no se enseña matemática pura en ninguna universidad, salvo en la de San Marcos. Física pura, San Marcos. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque no quieren desarrollar el talento y las capacidades humanas para poder crear un país rico, un país grande.

Ese es el problema de la educación peruana. Han cambiado los objetivos, han cambiado toda la estructura; porque sin ciencias básicas y si ciencias humanas capaces de poder desarrollar el intelecto del ciudadano, el hombre que quiere realmente desde abajo surgir, no vamos a poder tener un país libre y tampoco equitativo.

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El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra la congresista Montenegro.

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, señor Presidente; gracias, colegas.

Creo que tenemos que centrar el tema en la propuesta del proyecto. El proyecto nos habla de dos años de moratoria para alinear a las 147 universidades en el orden del licenciamiento. Pero estas 147 universidades se traducen en 450 establecimientos educativos, si es que consideramos además las filiales.

Entre las universidades, tanto públicas como privadas, hay muy buenas, buenas, como también las hay malas. ¿Quién elige dónde estudiar? Lamentablemente, no es el estudiante quien elige dónde estudiar, sino el bolsillo de los padres de familia.

En ese contexto, hay mucho por hacer, mucho por trabajar; de tal manera que no solamente busquemos una universidad por la calidad, sino también por la pertinencia, por la ubicación, por la carrera que queremos desarrollar.

Hay carreras sobresaturadas, como hay cientos de carreras que no responden a la realidad nacional, y hay cientos de alumnos que terminan una carrera sin haber encontrado su vocación.

En ese contexto, esos no son los problemas de ahora. Es que esas 147 universidades, que se traducen en 450 establecimientos educativos, encuentren en estos dos años la certeza de que van a obtener su licenciamiento para abrir las puertas hacia las otras universidades.

Paralelamente, miremos que nuestro país posiblemente, sí, en algunas zonas, requiera universidades. Pero de algo estamos seguros: se requiere mucho más de educación técnica y se requiere mucho más de institutos especializados que respondan al mercado nacional e internacional. Para esto tenemos que prepararnos.

Desde Alianza para el Progreso, respaldamos esta moratoria como una necesidad de ordenarnos, pero no solamente en la calidad, en la pertinencia, sino, sobre todo, en encontrar el camino para que todos los jóvenes tengan dónde estudiar y cómo trabajar.



Tiene la palabra el congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Gracias, señor Presidente.

Hay universidades como la Garcilaso, cuyo rector ganaba un millón de soles al mes. Es decir que se podría comprar dos casas o una casa mensualmente.

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Y cuando nosotros pedíamos la intervención de las autoridades —sea en el Congreso o del Ejecutivo—, nos decían que no podían intervenir porque son entidades privadas. La Garcilaso, incluso, era una asociación sin fines de lucro, pero el rector ganaba un millón. ¿La Sunedu ha hecho algo sobre el particular? Nada. Aquí se hizo una investigación. ¿Resultado? Nada.

Hay una universidad que funciona con acción de amparo. No tiene autorización de los entes correspondientes. La Universidad Alas Peruanas funciona con acción de amparo. ¿Cómo va a funcionar una universidad, que tiene filiales por todo el Perú, con una acción de amparo? ¿La Sunedu ha hecho algo? No ha hecho nada, no ha tomado ninguna medida correctiva.

Hay universidades que cobran mil 500, dos mil, tres mil dólares a los alumnos, y no enseñan nada. Nosotros hemos querido regular todas estas artimañas que van en contra de la universidad, en contra de la educación superior en el Perú, y nos decían no se metan, esto es control de precios, la iniciativa privada no se puede limitar, el Estado no puede intervenir. Esa era la respuesta, señores congresistas.

De manera tal que, en estos temas, el Estado no ha hecho nada so pretexto de la iniciativa privada.

Ahí había una posición de las entidades que tienen que ver con la educación. No toquen esto; es la inversión privada, la iniciativa privada; el Estado controlista no debe intervenir, pero nosotros pensamos que el Estado sí debe regular todo esto.

Ahora, cambió el discurso, porque ahora decimos, más bien, la iniciativa privada la podemos detener, no se pueden crear universidades, no pueden funcionar universidades. Es decir, hay una contradicción en lo que dice el Estado, en lo que dice el Congreso, en lo que dice el gobierno.

Por un lado dice no intervengan la iniciativa privada, aunque le estén ahorcando al padre de familia y aunque le estén estafando a los chicos. Y por el otro dicen tratándose de universidades, sí puede intervenir el Estado, sí puede controlar el Estado, sí puede evitar la creación de nuevas universidades". ¿En qué quedamos, señores congresistas?

Entonces, no hay una sola línea coherente respecto a la educación en el Perú, porque la iniciativa privada no puede ser óbice para que hagan lo que les da la gana. ¿Dónde están los defensores...?

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Continúe, por favor, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— ¿Dónde están los defensores de la iniciativa privada? No se les escucha a los neoliberales, no dicen nada, porque esta es una intromisión del Estado a la iniciativa privada. Un privado no puede hacer una universidad porque, con ley, se le está prohibiendo

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Entonces, señor Presidente, hay problemas graves más allá del licenciamiento; es decir, de que el Estado verifique condiciones mínimas de funcionamiento de las universidades, que el Perú tiene que resolver en materia de educación universitaria.

Universidades desastrosas, que estafan, cuyas autoridades ganan millones, que funcionan irregularmente con resoluciones bamba del Poder Judicial, con acciones de amparo. ¿Eso se está corrigiendo? No, señor. ¿Que se ha hablado en este Congreso? Sí, señor, pero no se ha tomado ninguna medida. Solamente estamos hablando del licenciamiento, de la acreditación. De los demás problemas que tienen los padres de familia y los chicos en las universidades, ¿se está hablando? No se habla nada.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Continúe, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Entonces, hay que definir las cosas bien, hay que hacer las cosas coherentemente; no a veces en un sentido y luego retroceder e irse por el otro lado, porque eso no deja avanzar bien a las políticas públicas, como es la educación en el Perú.

Nosotros, Acción Popular, vamos a apoyar esta iniciativa de moratoria, pero hacemos notar estas contradicciones que tiene el Estado frente a la educación.

En la educación hay muchos problemas. Hay que resolverlos, pero siempre con intervención del Estado, con regulación del Estado. Y no a veces sí y a veces no; cuando nos convenga, sí, y cuando no nos conviene, no. Eso no tiene sentido, señor.

Vamos a apoyar la moratoria. Pero tengamos coherencia, señores congresistas. Cuando se pida algo para defender a los padres de familia y a los educandos, hay que también apoyarlos, y apoyarlos fuertemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Habiendo concluido el rol de oradores...

Disculpe, no lo había visto.

Congresista Curro, tiene el uso de la palabra.

El señor CURRO LÓPEZ (FA).— Gracias, señor Presidente.

El problema de la universidad peruana, sea pública o privada, no es la prórroga de la moratoria de la creación de universidades. El problema fundamental radica en que las universidades peruanas, sean públicas o privadas, deben garantizar la calidad educativa, una buena formación profesional.

Por ejemplo, el Decreto Legislativo 882 ha permitido la creación de las universidades sin condiciones. Como resultado de ello tenemos mayor cantidad de universidades privadas que nacionales.

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Lógicamente, en un país debe haber mayor cantidad de universidades nacionales, públicas, que privadas. Por eso ha venido decayendo la universidad pública, porque el Estado ha dado mayor facilidad y apoyo a las universidades privadas.

En este caso, hay que ver también la situación de la reforma universitaria. Se requiere de una verdadera reforma universitaria.

Por ejemplo, para la formación profesional se estudia en las universidades diferentes carreras, ya que deben estudiar también pedagogía para formar profesionales. El catedrático debe basarse en una pedagogía, además de estudiar para desempeñarse en actividades públicas. Entonces, son dos cosas. Por ello, necesitamos una verdadera reforma universitaria.

Yo creo que a partir de hoy debemos pensar que el Estado debe brindar mayor oportunidad y mejores condiciones para que las universidades tengan esa responsabilidad de formar buenos profesionales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Muchas gracias, congresista Curro.

Ahora sí, tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Educación, congresista Paloma Noceda.

La señora NOCEDA CHIANG (FP).— Presidente, creo que están pidiendo el uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Puede interrumpir, congresista Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (PAP).— Muchísimas gracias, señor Presidente, colegas parlamentarios.

Solamente para hacer una breve precisión. Con fecha 12 de octubre del año pasado, presenté el Proyecto de Ley 1993, del año 2017, titulado Ley que autoriza a la Sunedu el licenciamiento de establecimientos universitarios creados hasta la entrada de vigencia de la Ley 30220.

En ese sentido, solicito a la señora Presidenta de la Comisión de Educación pueda acumular también el presente proyecto, para que pueda figurar en esta discusión y en este dictamen, en lo que le corresponde.

Gracias, señor Presidente; y a la Presidenta, por permitirme la interrupción.


Inicie su intervención, congresista Noceda.


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Habiendo recibido el aporte de diversos congresistas, la Presidencia de la Comisión propone un nuevo texto sustitutorio, el cual presentamos a consideración del Pleno.

Solicito a usted que disponga que el señor Relator dé lectura al nuevo texto sustitutorio y sea sometido a votación.

Asimismo, solicito que se acumulen los proyectos de ley 2280/2017, 2281/2017 y 1993/2017.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Señor relator.


Texto sustitutorio presentado a las 17:17 horas del día 9 de enero de 2018, por la señora congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación.

Ley que establece la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas.

Artículo único. Objeto de la ley.

Establécese la moratoria de dos años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas, sin perjuicio de lo señalado en la primera y segunda disposiciones complementarias finales.

Disposiciones complementarias finales.

Primera. Creación de filiales.

Las universidades públicas y privadas que cuenten con licencia institucional otorgada por la Sunedu pueden solicitar el licenciamiento de nuevas filiales a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. La Sunedu aprueba las disposiciones que regulan la presentación progresiva de dichas solicitudes.

Segunda. Creación y licenciamiento de universidades y filiales que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios.

La creación y licenciamiento de universidades y filiales que brindan servicios educativos a favor de pueblos indígenas u originarios serán evaluadas excepcionalmente y previa verificación de las condiciones básicas de calidad por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Los requisitos, procedimientos e instrumentos específicos son aprobados por Sunedu.


Congresista Noceda.

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La señora NOCEDA CHIANG (FP).— Solicito que vaya al voto, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Perfecto.

Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar.



Congresista Noceda, antes de ir al voto, hay una precisión del congresista Elías Rodríguez. No es una cuestión de orden, porque ya estamos en votación.

Creo que también hay una precisión del congresista Velásquez.

Congresista Elías Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (PAP).— Brevemente, señor Presidente, para hacer la precisión que corresponde.

Yo pedí la acumulación del Proyecto 1993, en lo que corresponde, a la disposición complementaria final. Yo me he acercado y he alcanzado también.

Si me permite, el congresista Javier Velásquez quiere precisar.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Sí, el congresista Velásquez también quiere hacer una precisión.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (PAP).— Muchas gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Después le doy la palabra a la congresista Noceda.

¿Cuál es la precisión, congresista Velásquez?

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente: Quiero llamar la atención de los colegas representantes en esta decisión que vamos a tomar.

¿Qué se nos ha traído en el dictamen? Que no podemos crear más universidades por dos años, pero ahora nos alcanzan un texto donde sí se pueden crear nuevas universidades.

Yo estoy de acuerdo con las comunidades, con los pueblos indígenas y originarios. Si pusiéramos un artículo para que las actuales universidades cobren precios especiales o dieran becas a los indígenas, eso lo apoyaría; pero otra cosa es querer sacar la vuelta a la ley diciendo, en la segunda disposición complementaria, “creación y licenciamiento de universidades y filiales que brindan servicios educativos a favor de los pueblos indígenas”. Esto es contradictorio. De verdad, esto es un contrasentido.

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El gran debate que se ha hecho es por el licenciamiento. Ahora resulta que un empresario puede crear una universidad y las filiales —supuestamente— para los pueblos indígenas, cuando el objetivo —creo que con buena fe de quienes lo han planteado— es que se beneficie a las comunidades indígenas con becas, con premios.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Perdón.

Sobre las dos apreciaciones que ha habido, le voy a pasar la palabra a la Presidenta de la Comisión, porque ya estamos en votación.

Entiendo que es el texto que se ha leído. ¿No es cierto, congresista Noceda?

Ese texto, que se ha leído, es en el que se ha marcado asistencia y es el que estamos votando, señores congresistas. Estamos en votación.

Registrar su votación.

El texto que ha leído el Relator. Puede volver a leerlo, pero eso es lo que ha mandado la Presidenta de la Comisión, congresista, y ya lo leyó el Relator.

Por favor, registrar su votación.

El texto ha sido distribuido y es, entiendo, lo que ha propuesto en la Comisión.

Registrar su votación, señores congresistas.

Vamos a terminar el registro. Por favor, registrar su votación.

Han leído un texto.

Congresista Paloma Noceda, ¿va a hacer alguna precisión?

La señora NOCEDA CHIANG (FP).— Presidente, solicito un cuarto intermedio para poder aclarar esta situación.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Estamos en votación en este momento.

¿Quién falta registrar su votación?

Cerrar la votación.


—Efectuada la votación, se pronuncian a favor del texto del Proyecto de Ley 2073/2017-CR 28 señores congresistas, 38 en contra y 28 se abstienen.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Con 28 votos a favor, 37 en contra y 28 abstenciones, ha sido rechazado.

Si quieren, presentan una reconsideración.

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Acta Se deja constancia del voto en contra de los congresistas Mulder y Lescano.

Total: 28 votos a favor, 39 en contra y 28 abstenciones.

Se deja constancia del voto a favor del congresista Oliva.

Vencido el cuarto intermedio, se aprueba en primera votación, con modificaciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control; seguidamente, a pedido del señor Reátegui Flores, se acuerda exonerarlo de segunda votación

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Siguiente tema, por favor.

Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Reátegui, presidente de la Comisión de Fiscalización, hasta por diez minutos.

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Terminado el cuarto intermedio, se ha incorporado las propuestas de los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Marisa Glave, Esther Saavedra, Marco Miyashiro y la Presidencia de la Comisión de Fiscalización.

En el último párrafo del artículo 9 se ha agregado: “Así como a la capacidad de las herramientas informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la información que se requiera hasta su implementación a cargo de la entidad”.

Asimismo, en el inciso n): “Culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, el mismo adquiere naturaleza pública y debe ser publicado en su integridad en la página web de la Contraloría General de la República”.

Además, en el artículo 22 se ha incorporado: “Son atribuciones de la Contraloría General de la República, las siguientes…

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Reátegui, un momento.

Vencido el cuarto intermedio, señores parlamentarios, está sustentando el Presidente de la Comisión de Fiscalización sobre el Proyecto de Ley de la Contraloría General de la República.

Por favor, presten atención, porque está sustentando las modificaciones que se van a poner a votación dentro de unos minutos.

Puede continuar, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Gracias, Presidente.

Esta es una ley de suma importancia para el desarrollo de las acciones de control y, sobre todo, de la modernización de la Contraloría General de la República. Por eso, hemos incorporado varias de las peticiones hechas por los señores congresistas para que esta norma tenga mayor jerarquía respecto a la transparencia y, también, al control.

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Como le decía, señor Presidente, en el artículo 22, inciso a), se ha aumentado, en el penúltimo párrafo, lo siguiente: “y sujeto a las capacidades de las herramientas informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la información que se requiera hasta su implementación a cargo de la entidad”.

Esto es con respecto de lo que la Contraloría pide que sea la información irrestricta de toda la base de datos, que requiere de cualquier entidad pública y, sobre todo, de algunas entidades privadas respecto a la información que ellos necesitan para hacer un registro previo y, sobre todo, permanente de las acciones de control.

Luego en la quinta disposición complementaria, comisión encarga en evaluar y proponer las acciones destinadas al pago de la deuda de los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República, hubo algunas modificaciones respecto a los 120 días hábiles contados a partir del día siguiente de su instalación.

Se va a hacer una comisión de varios sectores, en la cual se pueda determinar cuál es en realidad la deuda social que tiene la Contraloría respecto a los cesantes y jubilados.

En esto hay que explicar, a todos los señores congresistas, que existe una sentencia internacional que sugiere que se tiene que crear una comisión para determinar la deuda.

Una vez determinada la deuda, esto pasa al Ministerio de Economía y Finanzas para que se proponga una ley para que pueda tener, en el largo plazo, la cantidad que se tiene que pagar a los jubilados y pensionistas de la Contraloría General de la República. Eso no se puede hacer en el corto plazo, porque no existen los fondos para poder pagar. Por lo tanto, se tiene que hacer in extenso.

Respecto a la disposición complementaria octava de financiamiento, se establece: “La implementación de lo establecido en la presente ley, se financia con cargo del presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro Público”.

En la disposición complementaria octava, las disposiciones reglamentarias, se dice: “Autorícese a la Contraloría General de la República para que en el plazo de 90 días calendarios, contados a partir de la publicación de la presente ley, apruebe a través de resolución de su titular el nuevo reglamento de infracciones y sanciones para la determinación de responsabilidad administrativas funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control; luego de lo cual queda derogado el Decreto Supremo 023-2011-PCM y todos los reglamentos que se deriven de la ley”.

La propuesta del congresista Carlos Domínguez, artículo 19, que hace suya esta comisión, es sobre la designación y separación del jefe del órgano de auditoría interna.

“La Contraloría General de la República, aplicando el principio de carácter técnico y especializado del control, designa a los jefes de órganos de control institucional de las entidades sujetas a control.

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Están exceptuados los jefes y el personal del órgano de control institucional del Congreso de la República, cuyo régimen laboral y dependencia funcional se rige por la norma que estipula dicho Poder del Estado.

Las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicta la Contraloría General”.

También se puso la propuesta del congresista Segura, en la cual “la Vicecontraloría General de la República es una unidad orgánica cuyo responsable es el segundo funcionario en rango del sistema. Podrá existir como máximo dos vicecontralorías, las mismas que serán designadas por el Contralor General de la República de acuerdo a la necesidad para la operatividad del sistema”.

Eso es lo que han pedido los señores congresistas. Con la presencia de funcionarios del MEF y de la Contraloría, se hizo un texto consensuado para poder pasar a votar, señor Presidente.

También se agregó, dentro de las causales para no poder ser contralor de la República, el tener sentencias por corrupción. Esto también lo han pedido los señores congresistas.

Por lo tanto, creo que estas son todas las modificaciones al texto sustitutorio de la Comisión de Fiscalización, señor Presidente. Lo que sugiero es que pase al voto, ya que todos los señores tienen en sus manos el texto sustitutorio adicional.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias, señor Presidente de la Comisión de Fiscalización.

Por favor, señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio.


Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 88 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del proyecto de Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta Han votado a favor 88 señores congresistas, ninguno en contra y ninguna abstención.

Más el voto a favor de los congresistas Foronda, Pacori, Huilca, Vieira, Lapa, Beteta, Lescano, Dipas, Vilcatoma, Alcorta, Salaverry, Schaefer, Salgado, Lizana y Velásquez.

Total: 103 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

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Ha sido aprobada por unanimidad la Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control.

Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— ¿El Presidente de la Comisión de Fiscalización va a pedir la exoneración?

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Sí, señor Presidente. Dada la abrumadora mayoría, pido que se exonere de la segunda votación.


Vamos a registrar asistencia, por favor, porque hay como nueve votos adicionales.

Registrar asistencia para votar el pedido de la exoneración de la segunda votación que ha solicitado el Presidente de la Comisión de Fiscalización.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Por si acaso, señores congresistas, el criterio de la Mesa, en este caso, es que probablemente no haya Pleno, salvo que lo tengamos sesión mañana jueves o el viernes, pero hasta ahorita no hay ninguna indicación de que haya Pleno. Entonces, vamos a exonerar de segunda votación porque probablemente no podamos verlo hasta marzo.

Registren asistencia para evitar los votos a mano alzada.


Al voto la solicitud de exoneración de la segunda votación pedida por el Presidente de la Comisión de Fiscalización.

Cerrar votación.

Vamos a tratar de avanzar rápido.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 101 votos a favor, ninguna en contra y ninguna abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

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El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Más el voto a favor de los congresistas Mulder y Castro Grandez.


Ha sido acordada la exoneración de segunda votación.

Siguiente tema, mientras esperamos la reconsideración.

Se admite la reconsideración sobre la votación recaída en el Proyecto de Ley 2073/2017-CR

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Ha llegado a la Mesa una reconsideración.

Por favor, señor Relator, proceda con la lectura.

Tres reconsideraciones.


Acta Lima, 9 de enero de 2018

Señor Presidente del Congreso

De mi mayor consideración:

A través de la presente y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, solicito se admita mi pedido de reconsideración sobre la votación recaída sobre el Proyecto de Ley 2073, toda vez que durante la realización de esta se incorporaron consideraciones que no fueron debidamente discutidas y deliberadas.

Atentamente,

Vicente Zeballos, María Elena Foronda, Gilbert Violeta. Siguen firmas.

Solicitud de reconsideración asimismo de los señores congresistas Huilca, Glave Remy. Siguen firmas.


Para aprobar la reconsideración se requiere la mitad más uno del número legal de congresistas.

Entonces, con la misma asistencia, que ya está registrada, por favor, proceder a votar la reconsideración.

Vamos a proceder a terminar de registrar sus votos.

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—Efectuada la votación, se aprueba, por 94 votos a favor, ocho en contra y una abstención, la reconsideración planteada.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta Han votado a favor 94 señores congresistas, en contra ocho y una abstención.

Más el voto a favor de la congresista Letona, con lo cual serían 95 votos a favor.

Ha sido aprobada la reconsideración.

Se aprueba el dictamen en mayoría de la Comisión Agraria, que recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el Presidente de la República, que modifica la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Siguiente tema, señor relator.


De la Comisión Agraria. Proyectos de Ley 1149/2016-CR, 1368/2016-CR, 1796/2017-CR. Se propone modificar la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas.(*)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta Se deja constancia del voto a favor del congresista Mulder en la consulta anterior. Disculpe usted.

Congresista Foronda, después le doy la palabra.

Estamos en el tema de allanamiento —creo que es— o insistencia, ¿no?

Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade, presidenta de la Comisión Agraria, hasta por diez minutos.

La señora ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ (FP).— Gracias, Presidente.

Autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que acumula los proyectos de Ley 1149/2016-CR, 1368/2016-CR y 1796/2017-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas.

La Comisión Agraria aprobó por unanimidad el allanamiento de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo de la Ley que modifica la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas.

Las dos observaciones del Poder Ejecutivo se aceptaron. En consecuencia, ha quedado expedito el texto para su aprobación.

El allanamiento a las observaciones queda incorporado en el artículo 3, específicamente en el literal c) del artículo 5-A, que se incorpora en la Ley 29446, precisando que el

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Consejo Directivo del Proyecto Especial Chinecas tiene entre sus funciones aprobar su presupuesto.

Asimismo, en una nueva cuarta disposición complementaria final, se establece que el Poder ejecutivo adecua el Decreto Supremo 051-2007-PCM a lo dispuesto por esta ley, de tal manera que no exista dos normas que regulen la constitución del Consejo Directivo ni la designación de sus miembros.

Por lo expuesto, pido a la Representación Nacional su apoyo para aprobar esta importante ley en beneficio de Áncash.

Vayamos al voto.



¿Alguna persona quiere intervenir? Perfecto.

Vamos a registrar la asistencia para proceder a votar la propuesta del dictamen de la Comisión Agraria


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— acta Han registrado su asistencia 99 señores congresistas.

Al voto.


—Efectuada la consulta, acta se aprueba, por 94 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el allanamiento texto del proyecto de Ley que modifica la Ley 29446, Ley que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta Han votado a favor 94 señores congresistas.

Más los votos a favor de los congresistas Donayre Pasquel, Vásquez, Tubino, Chacón, Apaza, León, Mulder, Espinoza Cruz, Elías Rodríguez y Beteta.

Han votado a favor 104 señores congresistas.


(COPIAR TEXTO APROBADO DEL ACTA)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Andrade.

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La señora ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ (FP).— Sí, señor Presidente.

Solicito se exonere la segunda votación, por ser un proyecto tan esperado por el departamento de Áncash.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Perdón. Me dicen que es allanamiento. Por lo tanto, no requiere de segunda votación. Perfecto.

Gracias, congresista Andrade.

Se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 58/2016-CR, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, que otorga el grado inmediato superior a los Oficiales de Servicio PNP comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005-IN y regulariza la transferencia de portes a la Caja de Pensiones Militar-Policial; seguidamente, a pedido del señor Velásquez Quesquén, se acuerda exonerarlo de segunda votación

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Siguiente tema, señor Relator.


De la Comisión de Defensa Nacional. Proyecto de Ley 58/2016-CR. Se propone otorgar el grado inmediato superior a los Oficiales de Servicio PNP comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005-IN y regularizar la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar-Policial.(*)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Velásquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa, por diez minutos, para que pueda sustentar.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muchas gracias, Presidente.

Este es un proyecto de ley que ha sido aprobado por mayoría en la Comisión de Defensa y que tiene como propósito ser un acto estrictamente de justicia con personal profesional de laboratorio clínico y de enfermería que ingresaron a la carrera policial, y que injustamente, en virtud del Decreto Supremo 010-2005-2010, fueron pasados a la condición de civil.

Este proyecto de ley tiene dos precisiones al respecto. Primero, “tiene por objeto otorgar el grado inmediato superior al personal de la Policía comprendido en el Decreto Supremo 010-2005-IN, ‘Incorporan a profesionales en laboratorio clínico y enfermería a la categoría de oficiales de servicios en el grado de teniente PNP’, así mismo como transferir los aportes previsionales realizados” durante el tiempo que han estado indebidamente en la condición de civiles, con la finalidad de que puedan construir su aporte previsional.

Segundo, toda vez que, al habérseles excluido de la carrera policial y haberlos pasado a la condición del servicio civil, les impidieron postular y ascender en grado, el artículo 2 propone “otorgar, por excepción y única vez, el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en actividad, egresado del Centro de Formación Profesional

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de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005-IN”.

Tercero, lo que dije al comienzo, en el fundamento del dictamen, este proyecto autoriza “a la Oficina de Normalización Previsional y a las Administradoras de Fondo de Pensiones a transferir hacia la Caja de Pensiones Militar - Policial los aportes previsionales efectuados por el Estado durante el tiempo que estuvieron en la condición de empleados civiles, al persona comprendido” en el Decreto Supremo 012-2004-IN y en el Decreto Supremo 010-2005-IN.

En el artículo 4 del dictamen también se propone que “el personal de la Policía Nacional del Perú comprendido en el Decreto Supremo 010-2005-IN, beneficiado con lo dispuesto en el artículo segundo de la presente ley, está habilitado además, en forma excepcional, para postular al subsiguiente grado inmediato superior a partir del proceso de ascensos de oficiales del año 2018”.

Esto es coherente, Presidente, porque en la práctica se está haciendo justicia con personal profesional que postuló a la carrera policial y que indebidamente fueron sacados y pasados a ser personal civil.

Hay muchos profesionales de esta naturaleza que, por el mérito de otras leyes, se les ha resarcido su derecho. Pero han quedado estos profesionales de laboratorio y enfermeros, con los cuales cerramos ya la relación de profesionales que fueron pasados al servicio civil indebidamente, porque ellos postularon y estudiaron para ser personal policial.

Entonces, lo que se pretende ahora es resarcir este daño ocasionado, restablecer las cosas e incorporarlos a la carrera policial; y, evidentemente, al estar ya en esta condición del servicio policial, están habilitados meritocráticamente para postular al grado inmediato superior, si es que tuvieran los requisitos, para los concursos que se van a dar el año 2018.

Este es un dictamen que ha sido aprobado por unanimidad, y espero, Presidente, que después del debate pueda ser aprobado este texto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Muchas gracias, señor congresista.

Tiene la palabra el congresista Arce.


Quisiera saludar este proyecto porque permite hacer justicia respecto a un sector muy importante en la Policía, los que dan servicio de salud.

Como lo mencionaba el congresista, ellos postularon a la Policía, pero lamentablemente, por estas imperfecciones que existe en nuestro sistema legislativo, no les permite el reconocimiento, sobre todo de sus pensiones.

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Simplemente sucedió, porque los convirtieron en servidores civiles, no policiales, y estuvieron aportando a las AFP o a la ONP. Ahora, en que muchos de ellos quieren jubilarse porque ya están llegando al periodo que les corresponde, no pueden hacerlo, porque el reconocimiento de la Caja Policial - Militar es de solamente ocho o 10 años.

En consecuencia, este proyecto de ley va a ordenar. Por ello, es muy importante que lo respalde el Parlamento y que esta sea también una lección para todos nosotros, que necesitamos hacer una reestructuración en todos los sistemas de pensiones, porque hay mucha injusticia que perjudica a muchas personas que sirven al Estado y que no tienen los beneficios que les corresponden.

En consecuencia, señor Presidente, es importante que se apruebe este proyecto de ley por ser de justicia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra el congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Señor Presidente: Nosotros vamos a apoyar este proyecto dictaminado por la Comisión de Defensa, puesto que no es la primera vez que el Congreso de la República toma una iniciativa de esta naturaleza, favoreciendo a los servidores públicos.

En el Congreso pasado, incluso, a los miembros de las bandas de músicos de la Policía Nacional, que eran civiles, que no tenían grado, los designaron como suboficiales de la Policía Nacional por una ley de este Congreso; porque ellos cumplen una labor social muy importante, no solamente dentro de su institución —que es la Policía—, sino un servicio que siempre lo hacen a favor de la comunidad, yendo a desfiles de escolares, a eventos deportivos y todo lo demás.

De tal manera que una iniciativa similar es esta, donde personal policial de la Sanidad está siendo promovido en un hospital, y tiene que fortalecerse.

En la Policía y el Ejército hay todavía necesidades, pero hay que estimular al profesional y decirle que tiene que dedicarse, tiene que prestar un buen servicio a favor de los miembros de la Policía y del Ejército.

Entonces, una manera es elevando el grado, dándole estímulo para que pueda cumplir bien su tarea. Este es un tema, incluso, de se tiene que mejorar la infraestructura de los hospitales y los centros de salud.

Me parece una iniciativa muy importante, porque de esta manera apoyamos la salud —que está muy descuidada— con profesionales que van a recibir mejores pagos en un servicio de salud en la Policía y en el Ejército.

Entonces, también es un mensaje a ellos, para que puedan fortalecerse y prestar mejores servicios a favor de todo el personal.

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Nosotros vamos a apoyar. Es importante, aunque casi todas las opiniones no están de acuerdo, pues ya sabemos que siempre no están de acuerdo con la promoción de los trabajadores, pero este Congreso siempre ha dispuesto que los derechos de los trabajadores tengan que ser reconocidos y promovidos para que puedan trabajar a favor del país.

Acción Popular, señor Presidente, va a apoyar adecuadamente esta iniciativa, como siempre lo ha hecho, a favor de los trabajadores.

Gracias.


Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar.

El señor SALAZAR MIRANDA (FP).— Muchas gracias, señor Presidente.

Este es una norma importante, porque otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio que están comprendidos dentro del Decreto Supremo 010, del año 2005, y regulariza la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar-Policial.

Este es un deseo añorado por estos efectivos policiales. Por ello, el Congreso está a la altura de dar justicia. Cuando no se oye en el Poder Ejecutivo con razones o sin razones, obviamente se requiere que el Poder Legislativo tome las razones para que tengamos nosotros que aportar.

En ese sentido, Presidente, yo solicito a todos mis congresistas que podamos aprobar esta norma, que es de suma importancia, porque estamos regularizando situaciones del año 2005 y que se han venido retrasando innecesariamente.



Tiene la palabra el congresista Marco Miyashiro.

El señor MIYASHIRO ARASHIRO (FP).— Gracias, señor Presidente.

Igualmente, me aúno a la invocación que han hecho los colegas congresistas, ya que a través de esta norma legal se va a restituir una situación de injusticia, con la que frecuentemente ha sido maltratado el personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

No quiero abundar en detalles. Ya se han hecho las gestiones ante la Comisión de Defensa. Solamente solicito la aprobación del Pleno del Congreso de la República.

Muchas gracias.


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No habiendo más solicitudes de uso de la palabra, pido a los señores congresistas que se sirvan registrar su asistencia para proceder a votar.



Al voto.


—Efectuada la consulta, se aprueba, en primera votación, por 90 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio PNP comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005-IN y regulariza la transferencia de portes a la Caja de Pensiones Militar-Policial.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta Han votado a favor 90 señores congresistas, ninguno en contra y seis abstenciones.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Vásquez, Saavedra, Herrera, Chihuán, Vilcatoma.

Total: 95 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Ha sido aprobado en primera votación.

Tiene la palabra el congresista Javier Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente: Primero, quiero agradecer a la Representación Nacional por haber hecho este acto de estricta justicia.

Segundo, a los efectos de que se pueda dar cumplimiento al artículo 4 del dictamen que el día de hoy hemos aprobado, necesitamos que este proyecto vaya cuanto antes al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Sé que hay un acuerdo para no se hagan segundas votaciones inmediatas, pero le pido que por excepción, Presidente, a efectos de que la ley se pueda ejecutar y materializar, usted pueda autorizar que se realizar la segunda votación y aprobar este texto.



Congresista Oliva, a favor. ¿Abstención? Abstención Oliva, perfecto. Acta

Vamos, con el mismo registro de asistencia, a proceder a votar la solicitud de la exoneración de la segunda votación.

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Vamos a cerrar el registro de votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 90 votos a favor, cinco en contra y una abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio PNP comprendidos en el Decreto Supremo 010-2005-IN y regulariza la transferencia de portes a la Caja de Pensiones Militar-Policial.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— acta Han votado a favor 90 señores congresistas, cinco en contra y una abstención.

Más el voto a favor de los congresistas Vásquez, García, Saavedra; y el voto en contra del congresista Oliva.

Total: 93 votos a favor, seis en contra y una abstención.

Ha sido acordada la exoneración de segunda votación.

En debate el texto sustitutorio, contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda y Construcción, recaído en los proyectos de Ley 323/2016-CR, 1352/2016-CR, 1749/2017-CR y 1857/2017-CR, que propone modificar la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos para implementar programas municipales de vivienda, la Presidencia, a solicitud de la señora Espinoza Cruz, dispone que pase a un cuarto intermedio



De la Comisión de Vivienda y Construcción. Proyectos de Ley 323/2016-CR, 1352/2016-CR, 1749/2017-CR y 1857/2017-CR. Se propone modificar la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos para implementar programas municipales de vivienda.(*)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Antes de dar la palabra a la vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, congresista Espinoza, va a intervenir la congresista Foronda, que quiere, muy brevemente, hacer un pedido.

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, señor Presidente.

Es una solicitud formal, a través suyo, a los colegas parlamentarios para que se dé un minuto de silencio, porque la semana pasada fue asesinado, de una manera malévola, el Teniente Gobernador del distrito de Chongoyape, sector El Mirador, de la comunidad de Chaparrí; que tuvo como único delito el defender los recursos naturales del área de conservación privada de Chaparrí.

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Esto no puede quedar en la impunidad. Esperemos que el Ministro del Interior tome cartas en el asunto, porque han sido delincuentes, traficantes de tierras, quienes lo han asesinado y que tienen amenazados a los pobladores de Chaparrí por defender un área de conservación natural.

Por eso, pido un minuto de silencio por el señor Napoleón Tarrillo Astonitas, un luchador ambiental, un defensor de la naturaleza, una autoridad y un luchador de su pueblo.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Se va a guardar un minuto de silencio.

—La Representación Nacional, puesta de pie, guarda un minuto de silencio en memoria del señor teniente gobernador Napoleón Tarrillo Astonitas.


Congresista Marisol Espinoza, ahora sí, tiene sus diez minutos para que pueda sustentar.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Gracias, Presidente.

El dictamen recaído sobre los proyectos de Ley 1857, 1352 y 1749, de los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril, Lizama Santos, básicamente, implica garantizar todo lo que significa el desarrollo y formalización de la propiedad informal vinculada al acceso del suelo y dotación de servicios básicos para implementar programas municipales de vivienda.

El tema de la formalización es una preocupación, sobre todo, en el interior del país, en las zonas donde se han instalado familias que no cuentan con los servicios básicos.

Por eso, la propuesta legislativa es para adjudicar, formalizar y titulación de la propiedad informal de los terrenos del Estado ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales, urbanizaciones populares de interés social u otra forma de posesión, a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 28687, Ley de desarrollo y complementaria de la formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, ocupados con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 hasta el 24 de diciembre de 2010, lo que estará a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal —Cofopri—, a título oneroso y a valor arancelario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1202.

También, en la primera disposición complementaria transitoria, se autoriza la adjudicación de lotes a los damnificados por los fenómenos naturales —en este caso concreto, el fenómeno de El Niño— y se autoriza al Organismo de Formalización de Propiedad Informal para que, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las municipalidades provinciales, adjudiquen, a los afectados y damnificados por los desastres naturales en las zonas declaradas en emergencia a consecuencia del fenómeno de El Niño costero, lotes habilitados con fines de vivienda en terrenos de propiedad privada del Estado, a un precio equivalente al 50% del valor arancelario.

Para ser beneficiario de la adjudicación a que nos hemos referido en las líneas anteriores, se requiere estar inscrito en el Registro de Daños elaborado por Cofopri, conforme lo

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dispone, señor Presidente, el Decreto Supremo 004-2017, de conformidad con lo establecido en la Ley 30556, Ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

También, en el marco de afianzar y apoyar a las familias damnificadas y a las familias que ya están posesionadas en los lotes referidos para los fines de adjudicación y titulación de lotes de esta norma, se exonera al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, Cofopri, del pago de tasas registrales municipales, aranceles y derechos por servicios a la transferencia de información y documentación, así como cualquier otro cobro a cargo de instituciones públicas.

Además, este organismo será el encargado de implementar estas medidas para garantizar la formalización de propiedad de acceso informal, acceso del suelo y dotación de servicios básicos

Esto es fundamental, señor Presidente, porque son áreas donde no se cuenta con agua potable y alcantarillado, lo que es fundamental para garantizar no solamente el desarrollo de estas comunidades, sino también la salud de las familias asentadas en estas zonas.

Por eso se encarga al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que, en el término de 60 días de publicada la presente ley, dicte las normas reglamentarias para poder garantizar a las familias damnificadas y a las familias posesionarias la adjudicación y la formalización de los lotes que estuvieran ocupados.

Solicito que ponga a usted a debate la presente norma, señor Presidente.


Me ha pedido la palabra el congresista Javier Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, muchas gracias.

Como autor de este proyecto, lo que pretendo es hacer justicia con muchos posesionarios. Es gente de escasos recursos económicos que a veces, por la lentitud y la morosidad del aparato del Estado, no pueden tener un título de propiedad para poderse incorporar a la formalidad económica, para que puedan pedir un crédito hipotecario y poder construir. Entonces, se genera la zozobra y la inestabilidad en cientos de miles de asentamientos humanos.

Lo que pretende el proyecto de ley es plantear la modificación en el artículo 16 y en el 20 de la Ley 28687, la Ley de formalización de la propiedad del acceso al suelo y de los servicios de saneamiento.

El planteamiento del dictamen es que permita que las municipalidades, cuyas obligaciones son la formalización del suelo, el acceso, el otorgar a los ciudadanos servicios básicos, puedan tener una autorización en este sentido.

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El segundo aspecto de esta iniciativa, Presidente, pretende autorizar al Cofopri que los damnificados de aquellas zonas que han sido afectadas por el fenómeno de El Niño costero puedan acceder a estos terrenos habilitados con el pago de una tasa de solo el 50% del valor arancelario de los mismos.

El tercer aspecto de esta iniciativa tiene que ver con liberar de pago de los gastos registrales. No tendría sentido que nosotros autoricemos a Cofopri a que pueda sanear y formalizar la propiedad de ciudadanos que tienen la condición económica de casi indigencia y que los dejemos librados a esos resortes burocráticos de los Registros Públicos, que cobran tasas que están vinculadas al metraje y a la ubicación geográfica de estos terrenos.

Por eso me parece muy bien que la Comisión, en un texto sustitutorio, haya incorporado la autorización para que Cofopri, en virtud de la ley, pueda hacer todo el trámite. En el gobierno del expresidente Alan García se hizo lo mismo.

Cuando entregamos título de propiedad, lo hacemos debidamente inscrito en los Registros Públicos; de tal manera que todo este circuito se ve integrado en esta iniciativa legal, que espero que la mayoría de la Representación Nacional pueda apoyarlo.

Se trata de gente que tiene la posesión de hecho durante varios años de terrenos que son del Estado. Cofopri ha iniciado el proceso de formalización.

Entonces, lo que estamos autorizando a través de la norma es que una vez que se formalicen las municipalidades, que tienen la función de instalar los servicios básicos de las viviendas, puedan hacer programas de esta naturaleza y que también pueda participar la iniciativa privada.

Pero me parece muy bien que la Comisión haya incorporado también el que se pueda exonerar de los gastos registrales a estas propiedades cuando se otorguen a las personas que más lo necesiten.

Por lo demás, saludo y agradezco a la Comisión por haber atendido esta iniciativa, que es en favor de la gente más pobre del país.



Tiene la palabra el congresista Lizana.

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Muchas gracias, Presidente.

Hace pocas semanas, debatimos y aprobamos en este pleno una ley que establece medidas complementarias para la promoción y acceso a la propiedad formal, así como la ampliación de facultades excepcionales a Cofopri hasta diciembre de 2021.

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Sin embargo, con el dictamen que hoy debatimos se busca resolver problemas específicos que atraviesan miles de pobladores humildes del Perú que aspiran contar con la seguridad jurídica sobre la propiedad de la vivienda que ya ocupan.

Este dictamen cuenta con legitimidad social, lo que no es frecuente en los procedimientos legislativos, toda vez que la Comisión de Vivienda lo aprobó por unanimidad ante un millar de dirigentes y pobladores de asentamientos humanos y urbanizaciones populares en la primera sesión descentralizada de la Comisión, realizada en la ciudad de Piura, el sábado 20 de octubre.

Un primer problema radica en que el artículo 16 de la Ley 28687, actualmente vigente, establece que los sectores de menores recursos económicos solo pueden acceder a viviendas en terrenos de propiedad privada o del Estado o en comunidades campesinas de la costa, a través de los mecanismos:

"a) Programas municipales de vivienda de interés social y mediante la iniciativa privada".

Al modificar el artículo 16 de la Ley 28687, se incluye otros mecanismos, por ejemplo, como programas especiales a cargo del Estado como Techo Propio y la autoconstrucción asistida técnicamente, para cuyo efecto las municipalidades deben implementar órganos técnicos de asesoramiento a la población.

Un segundo problema reside en que la formalización de la propiedad a cargo de las municipalidades provinciales solo es aplicable para las ocupaciones informales que se produjeron hasta el 31 de diciembre de 2004, no así a las que se constituyeron posteriormente.

Para resolver esta situación, en el artículo 2 del dictamen se autoriza a Cofopri a formalizar, adjudicar y titular aquellas posesiones informales sobre terreno del Estado que se encuentran bajo competencia de las municipalidades provinciales y que se constituyeron con posterioridad al 31 de diciembre de 2004 hasta el 24 de noviembre de 2010.

Asimismo, se establece que la formalización, adjudicación y titulación a cargo de Cofopri se realiza a título oneroso y a valor arancelario, conforme la legislación vigente de Cofopri.

Finalmente, se incluyen dos disposiciones complementarias transitorias: la primera, autorizando a Cofopri que, en coordinación con las municipalidades provinciales, adjudiquen a los damnificados del Fenómeno de El Niño lotes habilitados en terrenos del Estado a un valor equivalente al 50% del valor arancelario; en la segunda, se exonera a Cofopri del pago de las tasas registrales, municipales, aranceles y derechos en el proceso de adjudicación y titulación de lotes habilitados a los damnificados por el Fenómeno de El Niño.

Señor Presidente: Los más pobres del Perú, especialmente de los departamentos que fueron afectados por el Fenómeno de El Niño Costero, están esperando esta ley.

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Por eso, solicito a la Representación Nacional que, en un gesto de solidaridad y de justicia, aprueben este dictamen; que solamente no se deba tener el título, sino que se podrá llevar los servicios básicos a la población de los más pobres de la patria, porque ellos son los que más necesitan.



Tiene la palabra la congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (NP).— Me pide una interrupción el congresista Velásquez.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Velásquez, haga uso de la interrupción.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Muchísimas gracias, Presidente; gracias, congresista Glave.

Solamente quiero hacer una precisión para que la tome en cuenta la Presidenta de la Comisión.

Cuando en el artículo 2 habla de la formalización y adjudicación a través de Cofopri, lo remite al Decreto Legislativo 1202, Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal y sus Modificatorias, está referido a los terrenos nuevos. Entonces, lo que pretende la norma es sanear los terrenos que ya están en posesión de los ciudadanos.

De tal manera que yo voy a plantear que se diga en el artículo 2: "conforme a la Ley 28687 y/o Decreto Legislativo 1202", para que quede precisados los alcances de la norma.

Gracias, congresista Glave.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Congresista Glave, inicie su intervención.

La señora GLAVE REMY (NP).— Gracias, Presidente.

Nosotros quisiéramos plantear que se haga un texto sustitutorio que modifique el artículo 2 y que modifique la primera disposición complementaria.

En el artículo 2 se da a entender que el responsable, en general, de la formalización es Cofopri. Sin embargo, hay que entender que esta competencia sigue siendo, a través de Ley Orgánica de Municipalidades, de las municipalidades, y lo que han hecho las distintas normativas es encargarle al Cofopri la formalización.

Entonces, lo que planteamos es que el artículo 2 quede redactado de la siguiente manera:

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La formalización, adjudicación y titulación de los lotes de las posesiones informales que no pudieron ser incorporadas a la formalización, en el marco de la Ley 28687, por no cumplir con el plazo de antigüedad pueden ser formalizadas en el marco de la ejecución del programa de adjudicación de lotes dispuesto por el Título III del Decreto Legislativo 803, modificado por la Ley 27046, y el Decreto Legislativo 1202, correspondiendo que las adjudicaciones de lote se mantienen a título oneroso y valor arancelario, con la excepción establecida en dicho marco normativo; esto, para evitar cualquier tipo de contravención con la propia legislación nacional.

Y en el caso de la primera disposición complementaria, Presidente, hay dos problemas: un primer problema es que no hay registro de daños, sino lo que hay es formalmente un catastro de daños y, por eso, hay que modificarlo, porque no es un decreto supremo, Presidente, es un decreto de urgencia.

Por eso, planteamos que la redacción sea la adjudicación de los lotes —de los PAL— ubicados en las zonas afectadas por El Niño costero.

“Autorízase a Cofopri para, que en el ámbito de sus competencias en los programas de adjudicación de lotes que desarrolla en las zonas declaradas en emergencia a consecuencia del Fenómeno de El Niño costero, realice la adjudicación onerosa de lotes al precio equivalente de 50% del valor correspondiente, manteniéndose la gratuidad para el acceso de reubicaciones”.

Para ser beneficiario de la adjudicación a que se refiere el párrafo anterior, se requiere que conste en el catastro de daños, a lo que se refiere el Decreto de Urgencia 004-2017 u otro instrumento aprobado por el Sector Vivienda.


Congresista Flores, para que culmine, por favor.

Le pide una interrupción la congresista Schaefer.

El señor FLORES VÍLCHEZ (PPK).— Sí, adelante.


Congresista Schaefer, por favor, haga uso de la interrupción.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Gracias, Presidente; gracias, congresista Clemente Flores.

Este es un proyecto anhelado y esperado desde hace muchos años. La 28687 es una ley importantísima para empoderar a nuestra población de menos recursos.

La titulación de la propiedad es esa herramienta que necesita el peruano o peruana para sacar adelante a su familia o poder ingresar a lo que es el sistema financiero.

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Nosotros hemos recogido con la Comisión de Vivienda esta inquietud a nivel nacional. Por eso, a mí me dio mucha pena que en el gobierno del señor Ollanta Humala —que se llama el gobierno nacionalista— nunca quisieron aprobar esta ley.

Creo que este Congreso de la República tiene una deuda pendiente con ese peruano y peruana pujante, que está esperando la aprobación de esa ley para salir adelante.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Gracias a usted, congresista.

Congresista Flores, para que pueda empezar su intervención.

El señor FLORES VÍLCHEZ (PPK).— Gracias, Presidente.

Nuestra bancada está de acuerdo con este proyecto de ley. Solamente quiero alcanzar algunas precisiones a la Presidenta de la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para hacer algunas modificaciones a los artículos 2 y 16, y a la primera disposición complementaria.



Vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Espinoza, vicepresidenta de la Comisión.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Señor Presidente, muchísimas gracias.

Me pide una interrupción la congresista Schaefer.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Cómo no. Congresista Schaefer, puede interrumpir.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— Gracias, congresista.

Solo para pedir la acumulación del Proyecto de Ley 2167/2017-CR, que estuvo, lamentablemente, desde el gobierno del señor Ollanta Humala y lo he tenido que actualizar.



Congresista Espinoza.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Presidente: Considerando las intervenciones de la congresista Glave, la congresista Schaefer, el congresista Velásquez y el congresista Clemente Cuadros, estamos terminando de precisar el artículo 1 y las modificatorias que han planteado.

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Por ello, solicito un cuarto intermedio para que hoy mismo podamos terminar y pueda ser votada esta ley tan importante para los asentamientos humanos.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Entonces, vamos a dar el cuarto intermedio. Entiendo que es ahorita nomás. Estamos tratando de avanzar.

Se aprueba en segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1301/2016-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de San Joaquín, en la provincia de Ica, del departamento de Ica

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Vamos a votar un par de segundas votaciones para ir avanzando.

Señor Relator, por favor, dé lectura a la primera de ellas.


Proyectos pendientes de segunda votación.

Proyecto de Ley 1301/2016-CR. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de San Joaquín en la provincia de Ica, del departamento de Ica.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Son proyectos de segunda votación.

Por favor, registrar asistencia para proceder a votar.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— En cualquier escaño, congresista Lizana, registre su asistencia.

Correcto, 99 señores congresistas.

Al voto.


—Efectuada la votación, se aprueba en segunda votación, por 93 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de San Joaquín, en la provincia de Ica, del departamento de Ica.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Han votado a favor 93 señores congresistas, en contra ninguno y dos abstenciones.

Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Takayama, Vásquez y Mulder.

Total: 96 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Acta

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El texto sustitutorio ha sido aprobado en segunda votación.



Se aprueba en segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 1846/2017-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Gran Pajonal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali



De la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Proyecto de Ley 1846/2017-CR. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Gran Pajonal, de la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Con la misma asistencia, vamos a proceder a votar la exoneración de la segunda votación.

Por favor, registrar votación.

Convoco a los señores portavoces para tener, terminado el Pleno, una reunión breve.

Cerrar votación.


—Efectuada la votación, se aprueba en segunda votación, por 95 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Gran Pajonal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta Han votado a favor 95 señores congresistas, en contra ninguno y dos abstenciones.

Más los votos a favor de los congresistas Vásquez, Lescano, Takayama y Chacón.

Total: 99 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Ha sido aprobado.



Se aprueba en segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 986/2016-CR, Ley que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1195, Ley General de Acuicultura

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De la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Proyecto de Ley 986/2016-CR. Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo 1195, Ley General de Acuicultura.(*)

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Con la misma asistencia, registrar votación.

Bien, vamos a cerrar la votación.


—Efectuada la votación, se aprueba en segunda votación, por 94 votos a favor, uno en contra y una abstención, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1195, Ley General de Acuicultura.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Acta 94 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Más el voto a favor de los congresistas Vásquez, Chacón, Mártires Lizana, Takayama, Lescano y Espinoza.

Total: 100 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Ha sido aprobado en segunda votación.



Se aprueba el Proyecto de Resolución Legislativa 2234, que incorpora un último párrafo al artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Siguiente tema, señor Relator.

Hay una modificación al Reglamento.

Después vamos a ver rápidamente un tema de la Comisión Permanente.

Señor Relator, lea el proyecto de Resolución Legislativa 2234


Resolución Legislativa del Congreso que incorpora un último párrafo al artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República.

Artículo Único. Incorporación de un último párrafo al artículo 33 del Reglamento del Congreso.

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Incorpórase un último párrafo al artículo 33 del Reglamento del Congreso, en los siguientes términos.

La Mesa Directiva del Congreso

Artículo 33.

[…]

Los acuerdos de la Mesa Directiva constituyen las normas de desarrollo del artículo 3 y del presente artículo del Reglamento del Congreso de la República, relativos a la autonomía y a la dirección administrativa del Parlamento. Es de cumplimiento obligatorio del Oficial Mayor, bajo responsabilidad.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Con la misma asistencia...

Por favor, vamos a registrar la asistencia.

Por favor, congresista Alcalá.

Eso está firmado por casi todos los voceros.

Audio al congresista Alcalá.

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— Señor Presidente: Si bien se están modificando el artículo 33 del Reglamento con la finalidad de mejorar en cuanto a la organización del Congreso de la República, también se están elaborando los nuevos documentos de gestión: el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, el Presupuesto Normativo de Personal y también el Cuadro de Asignación de Personal.

Por ello, pediría que se proponga una disposición complementaria adicional, que sería redactada de la siguiente forma:

“En tanto se aprueben los instrumentos de gestión que requiere la administración del Congreso de la República, se suspende la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario”.

Le pediría, señor Presidente, que se vaya al voto.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— A ver, registrar su asistencia para proceder a votar, con el añadido que ha planteado el congresista Percy Alcalá.

Congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (NP).— ¿Este punto se ha tratado en la coordinación y de pronto sale un añadido, se lee —ni siquiera que ha entendido bien— y se va a incluir y se va a votar?

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En primer lugar, he pedido que, por lo menos, se vote separadamente y, en segundo lugar, que se reparta para que se informe lo que se va a debatir.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Lo que se está planteando es que, mientras están trabajando los instrumentos de gestión, quede en suspenso el Estatuto del Servicio Parlamentario. Es lo que ha planteado el congresista Alcalá. Si gusta, vote en contra. No hay problema.

Registrar asistencia para cerrar.


El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— acta 95 señores congresistas han registrado su asistencia.

Al voto, por favor.

En ello han quedado los congresistas portavoces.

Registrar su votación, por favor.

Dice que es solamente de carácter administrativo.

Ese artículo, que ha sido firmado, que lo ha leído, puede leerlo.

Es autonomía administrativa presupuestal. Ese es el texto.

Allí está yendo el Oficial Mayor.

Esto ya lo han conversado con el Oficial Mayor, lo han conversado con los voceros, por favor.

Bueno, tiene el añadido del congresista Alcalá.

Vamos a cerrar la votación, por favor, congresistas.

Pero se puede abstener, congresista.


—Efectuada la votación, se aprueba, por 74 votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones, el texto del proyecto de la Resolución Legislativa del Congreso que incorpora un último párrafo al artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— acta Han votado a favor 74 señores congresistas, siete en contra y cinco abstenciones.

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Más el voto a favor de los congresistas Vilcatoma, Narváez y Elías Ávalos; y el voto en contra de los congresistas Cevallos Flores, Morales, Arana, Apaza, Tucto, Rozas, Zeballos Patrón, Foronda y Lapa.

Total: 77 votos a favor, 16 en contra y cinco abstenciones.



Se aprueba la distribución proporcional de grupos parlamentarios para la Comisión Permanente


Señores congresistas, se va a dar lectura la composición de la Comisión Permanente, que también es un acuerdo de portavoces que vamos a incorporar.

El Relator va a dar lectura al cuadro de la Comisión Permanente.


Distribución proporcional de grupos parlamentarios para la Comisión Permanente.

Fuerza Popular, 15 integrantes.

Peruanos por el Kambio, tres integrantes.

Frente Amplio, dos integrantes.

Alianza para el Progreso, dos integrantes.

Célula Parlamentaria Aprista, un integrante.

Nuevo Perú, dos integrantes.

Acción Popular, un integrante.

Total, 26 integrantes, más los cuatro miembros natos de la Mesa Directiva.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Vamos a votar el nuevo número de los miembros integrantes de la Permanente.

Simplemente se está añadiendo lo que había quedado en el cuarto intermedio los portavoces: la participación del nuevo bloque parlamentario.

A mano alzada, por favor.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

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—Efectuada la votación, se aprueba la distribución proporcional de grupos parlamentarios para la Comisión Permanente.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Ha sido aprobado el nuevo cuadro de la Comisión Permanente.

Perfecto. Solamente algunos integrantes son los nuevos, porque hay otros que se añadirán la otra semana.

Con modificaciones, se aprueba en primera votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que modifica la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para la implementar programas municipales de vivienda; seguidamente, a pedido de la señora Espinoza Cruz, se acuerda exonerarlo de segunda votación

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra la congresista Espinoza.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Presidente: Recogiendo los aportes, se modifica el artículo 16 y 20 de la Ley 28687, de Desarrollo Complementario de Formalización de la propiedad informal, que queda redactado de la siguiente manera:

“Estos proyectos deberán ejecutarse en el Plan Nacional de Vivienda, mediante la implementación de programas municipales de vivienda, la intervención de programas especiales a cargo del Estado, mediante la participación de la iniciativa privada. Asimismo, las municipalidades están facultadas a promover la construcción asistida por órganos técnicos de asesoramiento en construcción aplicando lo establecido en las Normas Técnicas de Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas de la materia en el marco de la Política Nacional de Vivienda”.

También en el artículo 2 se realiza la siguiente modificación:

“Formalización y adjudicación de los lotes a través de Cofopri.

La formalización, adjudicación y titulación de los lotes de las posesiones informales que no pudieron ser incorporadas en la formalización en el marco de la Ley 28687 por no cumplir el plazo de antigüedad, pueden ser formalizadas en el marco de ejecución de los Programas de Adjudicación de Lotes, dispuestos por el Título III del Decreto Legislativo 803, modificado por la Ley 27046 y el Decreto Legislativo 1202, correspondiendo que la adjudicación de lotes se mantiene a título oneroso y valor arancelario con las excepciones establecidas en dicho marco normativo”.

Asimismo, en las disposiciones complementarias transitorias:

“Primera.- Adjudicación de los lotes en los PAL ubicados en las zonas afectadas por el Niño Costero.

Autorízase a Cofopri para que en el ámbito de sus competencias en los Programas de Adjudicación de Lotes que desarrolle en las zonas declaradas en emergencia a consecuencia del Fenómeno de El Niño Costero, realice la adjudicación onerosa de lotes

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al precio equivalente al 50% del valor correspondiente, manteniéndose la gratuidad para el caso de reubicaciones.

Para ser beneficiario de la adjudicación a que se refiere el párrafo anterior, se requiere que conste, y aquí también está la modificatoria, en el Catastro de Daños a que se refiere el Decreto de Urgencia 004-2017, u otro instrumento aprobado por el sector Vivienda”.

Sobre la exoneración, queda igual:

“Para los fines de la adjudicación y titulación de los lotes a que se refiere la disposición precedente, exonérase al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) del pago de tasas registrales, municipales, aranceles y derechos por servicios de transferencia de información y documentación, así como cualquier otro cobro a cargo de instituciones públicas”.

Y en la disposición final única, normas reglamentarias:

“Encárguese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que en el término de los 60 días de publicada la presente ley dicte las normas reglamentarias necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente ley”.

Señor Presidente, habiéndose recogido las propuestas de los señores congresistas Flores, Cuadros, Schaefer —que acumula el Proyecto de Ley 2167— y Mártires Lizana, le pido a usted que someta a votación la presente propuesta, considerando que los pueblos del interior del país no pueden seguir esperando un tema de titulación.

Además, señor Presidente, se trata sobre todo de las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño y que, más que reconstrucción en estos momentos, necesitan garantizar la posesión y la formalización de sus lotes, para que puedan tener una vivienda digna, con servicios adecuados de agua potable y alcantarillado.

Habiéndose recogido y logrado un consenso sobre esta propuesta legislativa, señor Presidente, solicito que la ponga a votación.


Vamos a registrar, señores congresistas...

Congresista Espinoza, ¿algún tema adicional?

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Hay un error tipográfico, Presidente, en el primer párrafo del texto sustitutorio, que dice “Ley que modifica la Ley 28687, Les”, y debería decir "Ley".

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Perfecto. Muchas gracias.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Gracias, Presidente.

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El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Señores congresistas, vamos a registrar asistencia para poder proceder a votar el texto sustitutorio leído por la Vicepresidenta de la Comisión de Vivienda.

Registrar asistencia, por favor, señores congresistas.


El señor PRESIDENTE.— Quiero aprovechar, mientras tanto, para comunicarle a la Representación Nacional que, en una edición especial de El Peruano, ya ha sido publicada la Ley 30717, que es la Ley que impide la postulación a las próximas elecciones de personas que hayan sido condenadas por delito de corrupción, narcotráfico, terrorismo.

Así que felicitaciones a todos ustedes.

(Aplausos).

Como segundo punto, vuelvo a recordarles a los señores portavoces que, terminada la sesión, vamos a reunirnos unos minutos, pues hay algunos temas pendientes, como el del Poder Judicial, el proyecto de ley de cambio climático, del congresista Arana, y dos temas más.

Así que quiero coordinar —todavía tenemos hasta el viernes— cuál de los dos días podríamos tener un Pleno corto. Eso lo vamos a coordinar con los portavoces.

Vamos a terminar de marcar asistencia para votar.

El texto que se vota es de la 18:59 minutos.

Cerrar el registro de asistencia.


Al voto.

Vamos a cerrar la votación.

Después viene una lectura de cambio de la Comisión Lava Jato, la Comisión Madre Mía y la Comisión Permanente.


—Efectuada la consulta, se aprueba en primera votación, por 95 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que modifica la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para la implementar programas municipales de vivienda.

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El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— acta Han votado a favor 95 señores congresistas, ninguno en contra y ninguna abstención.

Más el voto a favor de los congresistas Ceballos Flores, Elías Rodrígrez, Arimborgo, García Jiménez, Vergara, Mulder y Cuadros.

Total. 102 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Ha sido aprobado por unanimidad.



El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Tiene la palabra la congresista Espinoza.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Muchísimas gracias, Presidente.

Creo que la votación ha sido por unanimidad. Por ello, solicito la exoneración de la segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Con la misma asistencia, vamos a proceder a la exoneración de la segunda votación.

También está pendiente el proyecto del congresista Gino Costa, para verlo en la siguiente sesión.

Proceder a votar, por favor.

Vamos a cerrar la votación.


—Efectuada la votación, se acuerda, por 93 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, exonerar de segunda votación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que modifica la Ley 28687, Ley de desarrollo complementario de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para la implementar programas municipales de vivienda.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— acta Han votado a favor 93 señores congresistas, ninguno en contra y ninguna abstención.

Más el voto a favor de los congresistas Ceballos Flores, Elías Rodríguez, Vásquez, Ponce, Arimborgo, García, Vergara, Cuadros y León.


Ha sido acordada la exoneración de la segunda votación.

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Se aprueba la modificación al Cuadro de Comisiones: acta Comisión Investigadora sobre los hechos producidos en la Base Contrasubversiva Madre Mía, Comisión Investigadora Multipartidaria Lava Jato y Comisión Especial encargada del seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático por el período parlamentario 2016-2021

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Se va a dar cuenta de unas modificaciones a algunos cuadros de comisiones.

Señor Relator.


Comisión investigadora sobre los hechos producidos en la Base Contrasubversiva Madre Mía.

Sale la congresista Letona Pereyra, del Grupo Parlamentario Fuerza Popu1lar, e ingresa el congresista Trujillo Zegarra.

Comisión investigadora multipartidaria Lava Jato.

Sale el congresista Castro Bravo e ingresa el congresista Morales Ramírez.

Sale el congresista Costa Santolalla e ingresa el congresista Gilbert Violeta.

Miembros de la Comisión especial encargada del seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático, por el período parlamentario 2016-2021.

Monterola Abregú (FP), Alcalá Mateo (FP), Melgarejo Paucar (FP), Lombardi Elías (PPK), Arana Zegarra (FA), Zeballos Patrón (Nuevo Perú), León Romero (PAP), Montenegro Figueroa (APP), Román Valdivia (AP).

Comisión Permanente.

Acta Grupo Parlamentario Nuevo Perú, los señores congresistas miembros titulares: Quintanilla Chacón, Glave Remy; y miembros suplentes los señores congresistas Pacori Mamani, Zeballos Patrón y Dammert Ego Aguirre.


Vamos a votar a mano alzada, por favor, las modificaciones al cuadro.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera.

—Efectuada la votación, se aprueba la modificación al cuadro de comisiones: Comisión investigadora sobre los hechos producidos en la Base Contrasubversiva Madre Mía. Comisión investigadora multipartidaria Lava Jato y Comisión especial encargada del

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seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático por el período parlamentario 2016-2021.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Ha sido aprobado.

Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos adoptados.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera.

—Efectuada la votación, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.

El señor PRESIDENTE (Luis Galarreta Velarde).— Ha sido aprobada la dispensa.

Hago recordar a los señores portavoces que nos vamos a reunir inmediatamente por cinco minutos

Se levanta la sesión.

—A las 19 horas y 11 minutos, se levanta la sesión.

reglamento del congreso de la república....ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa...

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