poder judicial defensoría pública · 2006-03-22 · (esperanza y la modelo), por parte de los...

Poder Judicial Defensoría Pública

DEFENSORIA PÚBLICA DE NICARAGUA

INFORME ANUAL 2005.-

El presente documento tiene por objeto informar a la Presidencia de la

Corte Suprema de Justicia y Secretaria General Administrativa CSJ, sobre

las gestiones y actividades realizadas por la Defensoría Pública durante el

año 2005, teniendo como referencia el Plan Operativo Global del Poder

Judicial 2003-2007, dentro del componente de Acceso a la Justicia.

En orden temático, detallare a continuación las principales actividades

realizadas, aclaro que este documento comprende el informe presentado

en el primer semestre 2005, más el respectivo al segundo semestre:

De previo es importante tener en cuenta, el incremento significativo de 27

nuevos defensores (as) que iniciaron labor a partir del 10 de Enero,

tratando de tener un tendido en los municipios de nuestro país, es de

señalar que atendiendo a las necesidades reales del servicio y a la

autonomía funcional que la LOPJ nos concede, se han llevados acciones

en aras de optimizar los recursos humanos con que contamos, por lo cual

considero oportuno señalar que en esta línea se ha decidido

funcionalmente:

• El Defensor Publico nombrado para San Lucas, atiende dos días de la

semana ese municipio, un día Las Sabanas y los otros dos días San

José de Cusmapa.

• El Defensor nombrado para El Viejo atiende en la semana por las

tardes Chichigalpa y por la mañanas Posoltega.

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• El Defensor nombrado para Camoapa atiende los días miércoles y

viernes el municipio de San Lorenzo.

• El Defensor nombrado para Juigalpa atiende los días viernes el

municipio de Cuapa.

Dicho esfuerzo demanda un mayor apoyo de la parte administrativa, la

que hasta la fecha no se ha podido obtener, para estos compañeros.

I.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ESTADÍSTICAS RELEVANTES:

I.1.- INGRESO DE CASOS

Durante el año 2005, se recepcionaron un total de 11,823 solicitudes de

defensor publico, las que significan 7, 719 casos más que el año anterior

2004.

INGRESO DE CASOS 2004-2005

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.000

Serie1 4.104 11.823

AÑO 2004 AÑO 2005

De este total, 483 pertenecen a la Unidad de Familia, que inicio en abril del

2005 y que solo brinda servicio en la sede central, Managua. (Ver Anexo 1,

Desglose por mes)

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El incremento se expresa en un 288 %, que se produce a consecuencia del

nombramiento de veintiséis defensores públicos más, para los juzgados

locales que históricamente han los sido despachos con mayor número de

casos, además la ampliación del servicio en materia de familia (solo en la

sede central en Managua). Esto nos revela que existe una latente

demanda, ya que frente a la apertura del servicio siempre la población

hace uso de ella.

Continua siendo relevante destacar que la mayor demanda del servicio se

experimenta en Managua, con 2,718 solicitudes, correspondiente al 23 %

de la demanda nacional, en orden decreciente le sigue Masaya con 2,154

solicitudes penales siendo el 18.2 %, Matagalpa con 966 casos representa

el 8.1 %, Chinandega informa 658 que es igual al 5.5 %, en quinto orden

Granada que tuvo 549 ingresos representando el 4.6 % y en sexta posición

Juigalpa con 433 equivalente al 3.6 %. Estas seis delegaciones, han

mostrado la constante de recepcionar el mayor número de caso, y en

todas se observa un incremento significativo en relación al año anterior

2004.

0

500

10001500

2000

25003000

Man

agua

Mas

aya

Mat

agal

pa

Chin

ande

ga

Gra

nada

Juig

alpa

AÑO 2005AÑO 2004

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I.2.- ASISTENCIA A AUDIENCIAS Y JUICIOS:

Se realizaron: 2,025 audiencias preliminares; 3,761 audiencias iniciales; 315

audiencias preparatorias; 2,129 audiencias especiales; 1,379 juicios y 390

indagatorias, en las que se garantizó la participación de los defensores

públicos a nivel nacional.

0500

1000150020002500300035004000

1

AudienciasPreliminares AudienciasInicialesAudienciasPreparatoriasAudienciasEspecialesJuicios

Indagatorias

Nótese que las audiencias de mayor incidencia son las iniciales, considero

que esto se debe a la falta de defensor disponible al momento preciso en

que se realizan las mismas, ya que debido al número de casos y al

desarrollo de las labores de la defensa, es muy probable que el defensor

público en esos momentos esté asistiendo en otro despacho judicial o se

encuentre fuera de la oficina realizando labores de investigación y de

gestión ante otras instituciones como Ministerio Público, Policía, Centros

Penitenciarios, entre otros. Cabe destacar que todavía persiste la

asistencia a indagatorias, ya que aún se reciben solicitudes de los juzgados

que tramitan con el viejo Código de Instrucción Criminal y por el

procedimiento de adolescente.


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I.3.- APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD:

Para este año se esperaba un fuerte incremento en la utilización de todas

las variantes que presenta el principio de oportunidad, ya que con la

implementación de la segunda parte del Código Procesal Penal que

comprendía el procedimiento para delitos menos graves y faltas, este

principio resulta ser de mayor aplicación.

Sin embargo, el incremento a gran escala solo fue experimentado, en las

Mediaciones Previas, que alcanzaron la cifra de 4, 544, seguidas por las

Mediaciones durante el proceso con 742, acuerdos 67, prescindencia de la

acción penal 31 y suspensión de la persecución penal 29.

0500

100015002000250030003500400045005000

Acuerd

o

AÑO 2005

Este aspecto comprende los nuevos servicios en tres de las estaciones de

la policía en Managua, y que a continuación detallo.


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1.4.- NUEVOS SERVICIOS EN ESTACIONES DE POLICIA III, V Y VI DE LA POLICIA

DE MANAGUA.

A partir de este año se presta atención en tres delegaciones de policía en

Managua, estas son las estaciones III, V y VI que fueron seleccionadas por

ser las de mayor demanda. El desempeño de las defensoras publicas se ha

concentrado en la Mediación Previa dando una respuesta a la necesidad

de que se aplique dicho principio de oportunidad y evitar el

congestionamiento en los despachos judiciales.

Los resultados han sido altamente satisfactorios, se reportan un total de

2,158 tramites de mediación previa.

0 200 400 600 800

Delegación enEstación III

Delegación enEstación V

Delegación enEstación VI

Año 2005

Por otro lado, como resultado de nuestra buena labor el Jefe de la Policía

de Managua mediante una misiva dirigida a la Dirección, que en su

momento hice del conocimiento del Consejo Nacional de Administración,

solicitó que se asignaran defensores públicos en las estaciones II y IV de

Managua. A esta petición también se sumo el Ministerio Publico que

expuso tal necesidad ante la Comisión Interinstitucional.

Además, la delegación policial de Granada solicito se le designará un

defensor en la sede a fin de que realice mediaciones previas, por su parte


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la Señora Juez Local Único de Ticuantepe se comunicó vía telefónica y nos

manifestó la necesidad de que se asigne un defensor público ya que en la

localidad no cuenta con abogados disponibles para hacer

nombramientos en los casos de personas de escasos recursos que son la

mayoría de los ciudadanos sometidos a proceso en su despacho judicial.

I.5.- VISITAS CARCELARIAS

En este mismo orden es importante señalar que se realizaron durante este

mismo período visitas carcelarias a los centros penitenciarios de Managua

(Esperanza y La Modelo), por parte de los defensores públicos

atendiéndose un total de 666 privados de libertad, en el caso de los demás

centros penitenciarios al interior del país la atención fue de 459 privados de

libertad, para un total a nivel nacional de 1,125 internos (as) entrevistados

en Centros Penitenciarios. Cabe hacer mención que en muchos lugares

del país, sigue siendo un problema poder garantizar dichas visitas, ya que

en su mayoría dichos centros penales quedan fuera de las ciudades o en

otros municipios de la sede del defensor y es la fecha no se nos ha

garantizado por las delegaciones administrativas de la CSJ, los viáticos

correspondientes que implica el traslado a los mismos. (Ver anexo 2)

De igual manera se registro la atención al público en la oficina central de

Managua, entre familiares, y usuarios del servicio de la DP, un total de

4,728 personas atendidas por todo el equipo de esta sede central. (Ver

anexo 3)

Es necesario aclarar que las cifras de las delegaciones departamentales

exceptuando la sede en Managua, presentan algunas imprecisiones en

tanto que no se reportan casos en algunas delegaciones debido a las Todos los Derechos Reservados© Copyright 2005-2006 Corte Suprema de Justicia Republica de Nicaragua - Managua -

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dificultades que se han mantenido en cuanto a que no se tienen los

recursos económicos para garantizar los medios de comunicación para la

remisión de los informes a la Dirección ubicada en Managua, además de

algunas dificultades que se han presentado con algunos funcionarios que

incumplen las normativas de la institución.

II.- PARTICIPACIÓN EN COMISION INTERINSTITUCIONAL

La dirección y la supervisión en atención a lo ordenado por arto. 415 del

Código Procesal Penal, hasta noviembre 2005, fuimos parte de la comisión

interinstitucional en Managua, esto porque la anterior coordinación al

vencerse el periodo no ha vuelto convocar para la nueva elección lo que

es lamentable que esta entidad de coordinación no este funcionando. En

el resto del pais se ha designado a un defensor publico para que integre

parte de las comisiones en todos los departamentos y municipios que existe

una oficina de la DP. Nuestra participación conlleva asistir y participar

activamente en las reuniones que mensualmente se programan, así como

a las extraordinarias que se programan atendiendo a situaciones

particulares que en la mayoría de ellas lo que se persigue es coordinar el

trabajo entre las instituciones.

III.- SUPERVISIÓN

El trabajo de la Supervisión ha consistido en la asistencia técnica a los

defensores públicos de todo el país, labor que encuentra limitaciones ya

que no se cuenta con los medios de comunicación adecuados debido a

que en muchas de nuestras oficinas no contamos con medios de

comunicación que posibiliten la comunicación con los defensores, no


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solo con fines de consultas sino para ejercer un sistema de control

propiamente.

En el transcurso de este año se realizaron veintitrés (23) visitas a diferentes

sedes, quince de ellas fueron posibles en coordinación con la oficina de

informática de la Corte Suprema de Justicia mientras se instalaban los

últimos equipos donados por Checchi. Las restantes ocho visitas se

realizaron con el apoyo del proyecto Estado de Derecho, entrelazando

actividades de dicho proyecto y la DP.

Nuevas visitas de supervisión no han sido posibles ya que el combustible

asignado resulta ser insuficiente para realizar esta tarea, además estas

conllevan la asignación de viáticos de alimentación y alojamiento, ya que

existen sedes en las que no se puede ir y regresar el mismo día, por

ejemplo: Estelí, Jinotega, Juigalpa, Bluefields, San Carlos, entre otros; y no se

puede supervisar el funcionamiento de la delegación en un solo día.

IV.- DIVULGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Es importante señalar que la suscrita directora de la DP ha participado en

distintas actividades públicas celebradas por algunas universidades del

país, como foros, conversatorios, panel, etc. Como expositora nacional,

en la que nuestra participación ha estado dirigida a señalar nuestra

posición como defensa dentro del sistema penal. Al igual he participado

activamente en programas radiales y de televisión, siempre con la

finalidad de dar a conocer el quehacer institucional.


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Cabe resaltar el nombramiento del Licenciado Edgard Solórzano, quien a

partir de finales de noviembre se integro a la defensoría pública como

divulgador de la misma; componente que esperamos llene el vacío que

hasta la fecha existía ya que no contábamos con el recurso humano que

técnicamente relacionara a la instituciones con los medios de

comunicaciones y nos abriera un espacio para dar a conocer nuestro

trabajo.

V.- INTEGRACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE GENERO

De igual manera la suscrita ha participado como parte de la comisión

técnica del Proyecto Justicia y Genero auspiciado por la Agencia

Española AECI, asimismo como coordinadora de los equipos de

facilitadores para los cursos programados a nivel nacional sobre el

Protocolo de Actuaciones en los delitos de Violencia Intrafamiliar y Sexual,

llevados a cabo por la Escuela Judicial.

VI.- PROGRAMA DE AUXILIARES

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder

Judicial hemos suscrito convenios de colaboración con los siguientes

centros de estudios superiores:

Universidad Central de Nicaragua (UCN)

Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)

Universidad del Valle de Nicaragua (UNIVALLE)

Universidad Nacional Autónoma de León (UNAN-LEON)

Universidad Centroamericana (UCA)


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Universidad Católica (UNICA)

Bluefields Indian and Caribbean University(BICU)

Se han recepcionado estudiantes que actualmente se desempeñan

como auxiliares en la oficina de la sede nacional y se están elaborando los

planes de trabajo para iniciar el cumplimiento de dichos convenios en el

resto del país.

VII.- REUNIONES DE COORDINACIÓN CON MAGISTRADOS Y JUECES

En abril 2005, la suscrita tuvo la oportunidad de comparecer ante el

Consejo Nacional de Administración y de Carrera Judicial, a fin de exponer

tanto los logros, como las dificultades y necesidades de la institución. En

dicha audiencia se obtuvieron resultado muy buenos, ya que las

expresiones de los Magistrados fueron favorables ante todas las peticiones

que se expusieron, sin embargo, continuo esperando que algunas de estar

se concreticen.

Al igual se han llevado a cabo reuniones de coordinación en algunas

circunscripciones judiciales con magistrados de tribunales de apelación,

jueces y defensores, en aras de fortalecer dichas relaciones y lograr

resultados positivos. Estableciéndose prioridades, por ejemplo en el caso

de Puerto Cabezas, Juigalpa, Bluefields, Siuna, entre otros.

VIII.- NECESIDAD DE OFICINAS Y SUMINISTROS

Continuamos, sin tener respuesta para la defensora ubicada en Ocotal, ya

que es la fecha y aún no tiene una oficina propia que le permita


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desarrollar su trabajo en las condiciones mínimas necesarias que un

funcionario de la DP requiere, en igual situación se encuentra el Defensor

Público que atiende Chichigalpa y Posoltega.

Permanece la constante dentro de nuestras dificultades no solo la

carencia de recursos humanos, sino de recursos materiales que

conllevarían a garantizar condiciones mínimas para el desarrollo del

trabajo de los defensores públicos a nivel nacional, ya que si bien es cierto

se incremento el número de defensores, a los mismos no se les ha

garantizado en la mayor parte de las delegaciones el suministro de

papelería, mobiliario para la atención de los usuarios, apoyo logístico para

facilitar la comunicación de los mismos con otras dependencias partes del

sistema y con la sede nacional, de igual manera el hecho de no

garantizarles viáticos para trasladarse dentro de la circunscripción judicial

en que laboran, limita en gran medida el desarrollo de su función.

De manera urgente expongo nuevamente la problemática de la sede

central en Managua, ya que la casa que actualmente ocupamos, no

tiene el tamaño suficiente para el número de personas que laboramos en

esta institución , además que tampoco existe espacio físico para

reacondicionar o construir algún anexo; por lo que solicito se ponga

atención a este aspecto ya que en la actualidad hay defensores que

están dos en un cubículo y cuatro en una oficina que como se

comprenderá es imposible que se den las condiciones mínimas para

siquiera entrevistarse con el usuario.


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IX.- COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE DERECHO HUMANOS

De igual manera la DP, continua manteniendo una proyección con

distintos organismos de la sociedad civil, con los cuales se ha venido

trabajando ya sea en apoyo con el servicio institucional, así como

proporcionar información para la elaboración de diversos diagnósticos y

estudios, tales es el caso de CENIDH, Procuraduría de Derechos Humanos

especialmente con las Procuradurías especiales de la Niñez y de la Mujer;

IPADE; FUNPRODE; Casa Alianza; por citar algunos de ellos.

X.- EXPOSITORES EN LA FERIA DEL FACILITADOR JUDICIAL RURAL

Dicha feria se efectuó los días 12 y 13 de mayo de este año, en la

Universidad Centroamericana de Managua. Nuestra participación en esta

feria consistió en mantener un stand en el cual se exhibió información sobre

la DP, en el mismo se mantuvieron un equipo de defensores que brindaba

todo tipo se información a los asistentes a la feria. Además la suscrita

Directora participó como expositora en una de las conferencias que se

realizaban de manera simultánea.

XI.-ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA D.P.

Es importante señalar que dentro del Plan Operativo Global, se ubica a la

Defensoría Pública como uno de los componentes sin financiamiento, por

lo que continua siendo un logro significativo el hecho de que la Defensoría

Pública forma parte del nuevo Proyecto de Estado de Derecho que

financia USAID y que esta siendo ejecutado por Checchi & Cía. Igualmente


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se dio inicio a partir de abril del 2005 el Proyecto de Familia, el cual es

financiado por AECI. Y en este primer semestre del 2005, concluye su

segundo año de ejecución el Proyecto de Acceso a la Justicia a las

personas de escasos recursos económicos del Departamento de Masaya, y

al cual ya le fue aprobado el tercer año de su ejecución.

Cabe destacar que por gestión nuestra y con el aval del Presidente de la

Corte Suprema de Justicia Dr. Manuel Martínez Sevilla, hemos formulado

un proyecto similar al hasta ahora desarrollado en Masaya , para el

departamento de Matagalpa, el que ha sido canalizado con los

compañeros de la Asociación Catalanes de Profesionales para la

Cooperación (ACPC), del cual con mucha satisfacción hago referencia de

que ha sido aprobado y dará inicio en Enero 2006.

De igual manera se llevaron a cabo gestiones por la Defensoría Publica

con el Grupo de Ética y Transparencia, así como el IPADE, para que nos

co-auspiciaran el Primer Encuentro de Acceso a la Justicia, Defensoría

Publica y Sociedad Civil, dicha cooperación fue de aproximadamente de

U$ 3,000.00 (tres mil dólares norteamericanos).

XI.1.- PROYECTO ESTADO DE DERECHO

Las actividades con dicho proyecto iniciaron a partir de abril del 2005, y

este inicio requiere de constantes reuniones en que la suscrita ha invertido,

mucho tiempo lo que considero valioso ya que para la planificación de las

tareas que se pretenden realizar se han considerado nuestras necesidades

y opiniones en diversos temas.


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Una de las primeras tareas que se han llevado a efecto fueron dos

semanas de capacitación para defensores públicos, uno para los de

nuevo ingreso y el segundo específicamente dirigido a los funcionarios que

atienden los juzgados locales.

Otra de las actividades, fue la elaboración de un Diagnóstico Institucional

de la Defensoría Pública de Nicaragua, el mismo nos sirvió de fundamento

para establecer con mayor claridad las fortalezas así como las debilidades,

estas últimas en su mayoría correspondieron a la necesidad de mas

defensores públicos, de personal de apoyo y carencia de recursos

materiales.

Además, financiaron la realización del VI Encuentro Nacional de

Defensores Públicos, celebrado el día dos de diciembre del dos mil cinco

en el Hotel Princess, en el que una vez más tuvimos la oportunidad de reunir

a todos los defensores del país, y al menos por un día compartimos

actividades de capacitación e intercambio de experiencias.

En coordinación con el Proyecto Estado de Derecho se realizaron visitas a :

Siuna para efectos de supervisar la labor de la defensora; Bluefields para

suscribir convenios de colaboración con la Bluefields Indian and Caribbean

University.

Es necesario señalar que en este caso, si bien es cierto que, existen algunas

restricciones para el Programa Estado de Derecho Checchi USAID, en lo

que refiere a la cooperación al Poder Judicial, ello no ha significado que

nos hayan excluidos de dicha ayuda, hemos consensuado algunos temas


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de prioridad para el fortalecimiento de la institución, los que pretendemos

sean considerados por estos donantes.

XI.2.- PROYECTO DE PILOTO DE ACCESO A LA JUSTICIA A LAS PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA

En junio de 2005, concluyo el segundo año, de ejecución del Proyecto de

Acceso a la Justicia que se desarrolla en el Departamento de Masaya en

conjunto con el Bufete Popular Boris Vega, con el financiamiento del

gobierno de Cataluña a través de la Asociación Catalana de Profesionales

para la Cooperación. Seguidamente, en julio del 2005, inició el tercer año

de dicho proyecto, esto fue posible gracias a que los resultados obtenidos

fueron altamente satisfactorio, manteniendo la confianza de los donantes.

Como parte de las actividades, en el mes de Mayo del corriente año se

llevo a cabo el “I ENCUENTRO NICARAGÜENSE SOBRE ACCESO A LA

JUSTICIA, DEFENSORIA PUBLICA Y SOCIEDAD CIVIL”, en el cual se convoco

a 80 personas, cuyo objetivo principal fue dar a conocer el Proyecto, los

resultados que en estos años se han obtenido y proponer que dicha

experiencia puede ser expandida a nivel nacional. Los convocados fueron

defensores públicos, representantes de organismos de cooperación

internacional y centros jurídicos alternativos.


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Estadísticas de Prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

Sobre cumplimiento de la meta de atención

De enero a diciembre 2005, se recibieron un total de 2,154 casos.

Analizando lo recepcionado en el segundo semestre del 2005 respecto de

ese mismo período del 2004, el incremento en la demanda es del 27.24 %

por lo que se espera sobre cumplir por mucho el tercer año del proyecto,

ya que a la fecha ya tenemos el 62 %.

Media mensual de casos nuevos

La media mensual de casos nuevos recibidos continua fue de 162

durante todo el año, lo cual significa un importante aumento con

relación al primer año, en el que se culminó con 124.

También se observa que a partir de Enero/05, se acrecienta aún más la

demanda de atención, lo que se corresponde con el nombramiento

de una nueva Defensora Pública por la CSJ, para atender defensa

penal en jurisdicción local y sede policial.

Todo ello indica el impacto y arraigo del Proyecto, con lo que sin lugar a

dudas queda evidenciada la gran necesidad, que tiene la población

de este servicio público para acceder a la justicia, en todas las materias

del derecho, por lo que deben buscarse alternativas para mantenerlo y

con ello garantizar sus derechos fundamentales y afianzar el

fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.


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Balance de casos por materias.

Con relación al balance de casos por materia, se muestra que el 50%

de la demanda, fue en materia de defensa penal, y el 51% lo fue en

otras materias, que de descomponen así: 25% derecho de familia, 19%

civil y 6% laboral.

El importante incremento en materia penal, que se produce con

relación al Año I, es debido a 3 de los 7 profesionales que prestan el

servicio de asistencia legal, lo hacen exclusivamente en esa materia, en

tanto, los 4 restantes atienden además en todas las materias, es decir, 7

profesionales dedicados a la defensa penal y sólo cuatro dedicados a

las otras materias; lo que más ha influido para obtener tal elevación en

la demanda, resulta del impacto que ha producido la labor de

divulgación en la comunidad y que a partir de Enero/05, se incorporan

una nueva defensora penal que en exclusiva atiende la sede policial de

Masaya y las jurisdicciones locales en 5 de 8 municipios, así como el

mayor despliegue profesional del nuevo defensor de Masatepe, quien

además de atender la jurisdicción distrital, lo hace en la local y policial.

Aún así, el rango la atención en materias no penales sigue siendo

superior, destacando el derecho de familia (25%), que refleja la gran

necesidad de la población y la indefensión en que se encontraría si

careciera del mismo o si el Proyecto no se prolongara en el tiempo, ya

que se dejaría de cumplir con las previsiones de la ley.


18


Equilibrio en la distribución de la carga de trabajo.

La distribución de expedientes, entre los cuatro profesionales del

Proyecto, en términos generales ha logrado un equilibrio más que

aceptable, ya que entre ellos la diferencia máxima, es del 7%. Por su

lado, los 3 defensores públicos que en exclusiva atienden la materia

penal, también han ido equilibrándose en sus cargas de trabajo, toda

vez que se procedió a una redistribución de la jurisdicción local de los

distintos municipios del departamento.

Balance de casos municipal por domicilio de usuari@s.

Con relación al balance de casos por municipio según domicilio de

usuarios/as, puede observarse que la demanda de pobladores de los

municipios del departamento de Masaya ha aumentado, pasando de

un 24% en el primer año, a un 27% en el 2005. También se ha

incrementado la demanda de pobladores de otros municipios de fuera

del departamento, pasando del 3% durante el primer año, al 5% en el

segundo.

Tales resultados, pueden ser consecuencia de los talleres de inducción

en la comunidad, que se impartieron a líderes de cada uno de los 9

municipios del departamento, así como el efecto multiplicador que los

mismos hayan podido tener, además de que en su propia ejecución, el

Proyecto genera su propia divulgación, pero hay que es conveniente

continuar con la campaña de divulgación en los municipios y

comunidades rurales, para que esos sectores de población tengan

mejor acceso y cobertura.


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Balance de casos según radicación jurisdiccional.

El recuento de casos según radicación jurisdiccional del expediente,

indica que la cabecera departamental –Masaya-, continúa liderando la

mayor demanda de servicios, por su parte en los municipios se ha

mantenido prácticamente el mismo comportamiento que el primer año.

La reforma legal ocurrida en Junio de 2004, que otorgó competencia a

los juzgados locales, en materia de pensiones de alimentos y de

divorcio, hacía prever en los municipios un incremento del rango en

demanda de servicios, lo que hasta el momento sustancialmente no ha

ocurrido, por lo que es conveniente acentuar la divulgación en los

municipios con énfasis en sectores de mujeres.

Balance de casos según el genero.

El balance de casos por genero de usuarios/as sigue inclinándose, y con

aumento, a favor de varones (58%), contra el 42% de mujeres, lo que es

consecuencia del sustancial aumento de atención en materia penal, en

la que la gran mayoría (86%) de usuarios son varones, lo que denota

que la actividad delictiva o agresividad social es mayormente

protagonizada por ellos. Contrariamente, en materia de derecho de

familia, la gran mayoría (79%) de usuarias son mujeres, lo que indica que

la responsabilidad por los hijos y por la situación familiar es asumida

fundamentalmente por ellas. En materia civil se destacan las mujeres, lo

que es coherente con el dato en derecho de familia, siendo ellas

quienes mayormente (62%) se preocupan por las cuestiones de

propiedad, posesión, deudas, etc. Finalmente, en derecho laboral el


20


63% de los usuarios son varones, lo que podría significar que son ellos

quienes tienen mayores niveles de empleo formal.

Balance de casos según la edad.

Con relación a la edad, los/las usuarios/as del servicios son mayormente

(53%) personas adultas entre 26 y 50 años, aunque en este grupo se

comprende una buena cuota (26 %) de jóvenes de entre 18 y 25 años.

La adolescencia y los adultos mayores tienen una menor

representación, con el 10% y 11%, respectivamente.

Sobre este punto, se considera que para el próximo año debe

procurarse la modificación de la división de los rangos, contemplando la

conveniencia utilizar la nomenclatura adolescentes, señalada en el

Código de la Niñez y Adolescencia, que comprende a personas en

edades comprendidas entre 15 y 18; siguiendo la terminología

establecida en la Ley de la Juventud, denominar jóvenes a quienes se

encuentren situados en los rangos de 19 a 30 años; la de adultos para

los agrupados en edades de entre 31 y 60 años; y adultos mayores para

los que ostenten más de 60 años.

Balance de casos según el nivel escolar.

Según los datos recabados, la escolaridad de los/las usuarios/as del

servicio, sigue encabezada por personas de bajo nivel, que son

analfabetos o con la primaria apenas concluida (42%), porcentaje que

se eleva al 50%, en el grupo de primaria concluida y aunque el 20%


21


aprobó la primaria, no logró concluir la secundaria y de este sólo el 8%

finalizó la secundaria; finalmente, el segmento de técnicos,

profesionales o con estudios universitarios, únicamente representa el 8 %.

Tales manifestaciones, son un claro reflejo de la situación económica y

vulnerabilidad en que se encuentran las personas que acceden al

servicio, igualmente puede anotarse que el porcentaje que representan

los técnicos, universitarios y profesionales, demuestra la situación de crisis

y desempleo de personas, que aún con estudios y preparación

superiores están proletarizados, perteneciendo al rango inferior de la

sociedad, debido a sus muy escasos recursos.

Satisfactoriamente, el Proyecto de Acceso a la Justicia de las Personas

de Escasos Recursos Económicos que se implementa en el

departamento de Masaya avanza sobre su tercer año de ejecución, y

concluye este año 2005 rebasando las metas y cumpliendo a cabalidad

las actividades propuestas.

XI.3.- PROYECTO DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y EVALUACIÓN DE

IMPACTO

Este proyecto, financiado por el Ilustre Colegio de Abogados de

Barcelona, nace estrechamente relacionado al Proyecto Piloto para

Posibilitar el Acceso a la Justicia a los Sectores Sociales con Escasos

Recursos Económicos del Departamento de Masaya, y como su mismo

nombre lo indica, a través de este se pretende garantizar la calidad del

servicio, por medio de la capacitación del personal, en el aspecto de la


22


divulgación se procura dar a conocer la existencia del servicio mediante

Talleres con Lideres Comunales en todo el departamento y el último

componente referido a la evaluación de impacto del proyecto, se

propone medir los efectos que surjan en la administración de justicia y en

la defensa de los derechos de los usuarios.

El mismo ya inicio su ejecución con el Plan de Capacitación, para el cual

ha contado con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma

de Nicaragua (UNAN), que ha facilitado el uso del auditorio “Salomón de

la Selva”, habiéndose realizado cuatro talleres, en materia de familia,

laboral, civil, procesal civil y en procesal penal.

Además, se han distribuido 500 plegables y 300 afiches en todo el

departamento de Masaya, incluyendo el Centro Penitenciario de

Granada, el contenido de los mismos trata sobre la existencia y los servicios

que ofrece el Proyecto de Masaya.

XI.4.- PROYECTO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LAS MUJERES

EN MATERIA DE FAMILIA

Desde el primero de abril del 2005 la defensoría pública, por medio del

programa de “Mejora del Acceso a la Justicia de las Mujeres a la Justicia

en Materia de Familia” amplio sus servicios a la materia civil

específicamente para los casos relacionados a familia y dentro del

municipio de Managua.

Este programa es financiado por la cooperación española, y fue aprobado

como proyecto piloto por dos años, para su funcionamiento se contrataron

cuatro defensores públicos especializados, que fueron nombrados a partir Todos los Derechos Reservados© Copyright 2005-2006 Corte Suprema de Justicia Republica de Nicaragua - Managua -

América Central

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del listado de finalistas del concurso que se realizo en octubre del año

2004. Dichos abogados, pueden promover juicios de adopción, de

alimento, reposición de partidas de nacimiento, reconocimiento de

paternidad y ejecución de sentencias, entre otros.

Para iniciar la ejecución de este proyecto se recibió la donación de

equipos y mobiliario de oficina para los cuatro defensores, así como dos

vehículos, los cuales ya se encuentra en poder de la DP. ( Ver Anexo 4)

En su primer año de apertura el servicio en materia de familia atendió 483

casos.

XII.- CONCLUSIONES

De manera general en el presente informe se han detallado las dificultades

en cada uno de los aspectos abordados, esperando que estas mismas

sean reconsideradas en las decisiones de futuro por la Corte Suprema de

Justicia. Me permito, reproducir mi preocupación al concluir el año 2004,

en torno a la ampliación del número de defensores a nivel nacional, los

que ascienden a un total de 78 defensores propietarios, más 26 defensores

suplentes, incremento que conlleva a fortalecer los niveles de control y

seguimiento del personal, lo que con la estructura que actualmente

tenemos se hace difícil dicho manejo, por lo que es necesario crear al

menos dos plazas de supervisores, así como crear una estructura de

subdelegación administrativa con el personal que conlleva la misma; es

necesario contar con un vehículo que se encuentre en buen estado y

que sea de doble tracción ya que el que actualmente tiene asignado la


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dirección permanecen mas en los talleres que en la oficina, lo cual genera

mayores gastos para el Poder Judicial.

Renuevo mi solicitud en que reconsidere la asignación de fondos para la

caja chica, ya que con C$ 5,000. es totalmente insuficiente para cubrir los

gastos que pueden ser contemplados por la normativa de la

administración, para esos efectos.

Por otro lado, les trasmito mis inquietudes en cuanto a la necesidad de

que la CSJ nos continúe apoyando en la búsqueda de fuentes de

cooperación internacional, ya que esta ha sido un factor importantísimo

para la capacitación, apoyo a la dirección, equipamiento y la asistencia

técnica en diversos aspectos que son prioridad para el desarrollo de una

organización relativamente joven dentro del Poder Judicial.

Para concluir, considero que este periodo de gestión y de actividades

realizadas por la Defensoría Pública ha sido muy bueno en cuanto a

logros obtenidos, al servicio prestado a nuestro pueblo, los recursos

humanos y materiales obtenidos; y en general considero hemos cumplido

ampliamente con las metas propuestas para este año 2005.

Consideramos que es de suma importancia que la Administración Central

de la Corte Suprema de Justicia, tome en consideración para la

elaboración del presupuesto del Poder Judicial del próximo año, la

propuesta que esta Dirección en conjunto con consultores de USAID

elaboramos en el año 2004, de un Plan de Cobertura a nivel nacional para

la Defensoría Publica, el cual fue debidamente presentado a la Corte y


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Administración Central, y que lamentablemente no fue tomado en

consideración.

Si bien es cierto que en dicho plan se plantea la necesidad de

201defensores, la misma es una propuesta muy modesta basada en las

necesidades reales, y sin embargo, también se presento una propuesta

alterna en donde el numero de defensores que se establecen es de 144,

considero que ambas propuesta son válidas, y que si en este momento es

muy difícil pensar en los 200 compañeros(as), debemos tratar de incidir vía

presupuesto en que al menos cada año pensemos en incluir aunque sea

50 defensores paulatinamente.

Ahora bien, para la suscrita directora este tema es de prioridad, por que

desde el año pasado se han hecho cabildeos en la Asamblea Nacional y

existe al menos algunos diputados con el interés de apoyar, en este

semestre ya se han realizados contactos que tienen disposición en

coadyuvar en este esfuerzo, incluso se acordó con el Procurador de

Derechos Humanos Dr. Omar Cabezas llevar algunas acciones en común

en aras de incidir ante la Asamblea Nacional para el presupuesto del

Poder Judicial.

No obstante si dicha solicitud no es considerada en la elaboración del

presupuesto a presentar por el Poder Judicial ante la AN, no tendríamos

ningún elemento para insistir sobre dicha problemática, lo cual afectaría

siempre el desarrollo institucional de la D.P. y de igual manera la

posibilidades del Poder Judicial de incidir en este crecimiento institucional.


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De manera general, finalizo destacando que el esfuerzo del equipo de la

Defensoría Publica ha sido muy satisfactorio, de cara a nuestra

responsabilidad inmediata, que en este caso son nuestros usuarios que a

diario demanda de nuestro servicio, y esto conlleva a señalar que la

mayoría de los defensores están muy apropiados de su rol de trabajo como

funcionarios públicos, con mucha disposición, no obstante un aspecto a

valorar y el cual debe atenderse con mucho cuidado, y es una constante

preocupación, es la carga de trabajo de los mismos, que se corrobora en

las estadísticas presentadas, carga que atenta contra la calidad del

servicio, y que solo con la vocación y la entrega en el servicio hemos

logrado mantener.


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poder judicial defensoría pública · 2006-03-22 · (esperanza y la modelo), por parte de los...

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