momento ii referente teÓrico
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MOMENTO II
REFERENTE TEÓRICO
De acuerdo con, Tamayo y Tamayo (2001), sostienen que el marco
teórico amplía la descripción del problema e integra la teoría con la práctica
en la investigación. Constituye el marco de referencia teórica del problema:
Por esa razón es procedente relacionarlo concretamente con el problema y
no con la temática donde este se enmarque. En ese sentido se presentan a
continuación los antecedentes relacionados con el estudio así como la teoría
que sustenta la investigación.
1. INVESTIGACIONES PREVIAS En primer lugar se presenta la investigación publicada en la Universidad
Nacional Abierta, por Pérez (2011), titulada, Marco teórico conceptual de las migraciones internacionales a la luz de las normas y sistemas vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, para optar al título de Doctor en Derechos Humamos.
Esta investigación, se centra en el estudio de la sociedad internacional contemporánea, las migraciones internacionales son un tema recurrente, durante las últimas décadas, el movimiento de personas en el marco de la globalización adquirió unas características particulares, que ha conllevado a la formación de unas tendencias o patrones migratorios que inciden, no sólo en las economías de los países receptores, sino también en todos los ámbitos de la sociedad.
En la actualidad, se calcula que la cifra de migrantes internacionales en el mundo asciende a 214 millones de personas: representan el 3,1 por ciento de la población mundial.
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La migración interregional, partiendo de una vecindad geográfica y de
una proximidad cultural acompañó distintas etapas del desarrollo de los
países de América Latina, así como la aceleración de los procesos de
descolonización y liberación de los llamados países del Tercer Mundo.
Venezuela, ha sido tradicionalmente un país abierto a las migraciones.
En las distintas etapas de su desarrollo, fomentaron la creación de una
legislación amplia sobre la materia. Desde el punto de vista nacional,
podemos partir de que el marco jurídico se ha enriquecido, adaptándose a
las nuevas realidades que como país enfrenta. No obstante, sería de suma
importancia determinar, si Venezuela cuenta con un aparato institucional que
se configure con estas realidades, en respeto de los derechos humanos de
los extranjeros en nuestro país.
El presente estudio representa una herramienta de observación
relevante puesto que muestra evidencias acerca de presentar de las
migraciones de Colombia hacia Venezuela, y el marco legal que este último
país ha implementado a raíz de la nueva realidad que enfrenta, así como el
desenvolvimiento continuo de la zona fronteriza colombo-venezolana.
Seguidamente, Gutiérrez y Rosales (2013) realizaron un estudio titulado
“La integración y las relaciones económicas entre Venezuela y Colombia:
evolución reciente y perspectivas”, en la Universidad Simón Bolívar, el
presente artículo analiza las relaciones económicas y el proceso de
integración económica entre Venezuela y Colombia antes y después de
1999.
En este particular, Venezuela a partir del mencionado año comenzó un
proceso de cambios con nuevas orientaciones ideológicas, modelo de
desarrollo y estrategias de inserción internacional, marcadamente diferentes
a las de Colombia. Esto ha generado controversias de carácter diplomático,
comercial, de inversión e integración. No obstante, han existido períodos de
fuerte intensificación de los intercambios comerciales, aunque la inversión
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binacional se ha estancado en los últimos años. Finalmente, se presentan las
perspectivas futuras de la integración económica binacional para discusión.
En definitiva, lo sustantivo en las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia en el presente es que tienen marcadas diferencias en sus estrategias de desarrollo, en las políticas económicas, en el marco institucional, en la ideología que orienta sus acciones políticas, en la forma de relacionarse con la potencia dominante (Estados Unidos), en su visión geopolítica del mundo y en la forma de insertarse en la economía internacional. En ese contexto es muy difícil que se desarrolle una agenda común destinada a fortalecer la integración económica. Sin embargo, existen realidades que pudieran abrir espacios para el entendimiento y el pragmatismo.
La investigación revela, Venezuela y Colombia están unidas por la geografía, la historia y la cultura. Los últimos veinte años han demostrado que también pueden estar unidos en sus relaciones económicas, con amplios beneficios para ambos países. Los gobiernos de Venezuela y Colombia deben apostar por el fortalecimiento de la integración aún en medio de las diferencias ideológicas y de estrategias de desarrollo.
Por su parte, Tobón (2015), en la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, se realizó una investigación titulada “Relaciones colombo-venezolanas ¿permeadas por intereses estadounidenses? El “caso Granda”, así como las fuertes acusaciones de Condoleezza Rice a Chávez y la presunta acción encubierta, por parte de Estados Unidos, para asesinar al dirigente venezolano, han suscitado una enorme controversia. De esta manera, se ponen de manifiesto las continuas pugnas entre Colombia y Venezuela, así como la constante intromisión norteamericana en asuntos que desbordan, en teoría, su campo de acción.
En otras palabras, implica analizar en qué medida la injerencia
norteamericana acentúa, o disminuye, las tensiones de índole bilateral. Si
nos remontamos a la historia y tomamos en cuenta el Modus Operandi de
Estados Unidos en cuanto a su política exterior y su actuación en América
Latina, se puede apreciar cómo su injerencia lleva a que las confrontaciones
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bilaterales entre Venezuela y Colombia cobren un alcance hemisférico,
resaltando así, el desplazamiento que sufre el eje del conflicto. En un
principio se ve liderado por Bogotá Caracas, para luego dar paso al relevo
ejercido por Estados Unidos que lleva a que el asunto pase a ser discutido
por Washington Caracas.
Dicha investigación representa una herramienta fundamental como aporte a la investigación ya que a partir de allí se pretende analizar además el papel de las relaciones colombo-venezolanas en el marco de las rivalidades geopolíticas regionales de América Latina y de la influencia estadounidense Hemisferio Occidental contemporáneo así como la posición ante las alianzas emprendidas por las naciones.
Al respecto, Ardila (2013), en el artículo publicado en Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, titulado “Relaciones colombo-venezolanas. Una cooperación vacilante entre potencias regionales secundarias” en la Universidad de Los Andes, donde se examina las relaciones colombo-venezolanas durante los últimos diez años. Ambos países son calificados como Potencias Regionales Secundarias y su agenda bilateral es muy amplia.
En ella inciden elementos históricos, domésticos, idiosincráticos, fronterizos, multilaterales y de actores externos como Estados Unidos y Brasil. Estas relaciones se han caracterizado por el Presidencialismo y la desconfianza, en la coyuntura actual atraviesa una cooperación vacilante. El documento enfatiza en tres niveles: el bilateral, el fronterizo y el regional vinculándolos con las principales etapas de la política exterior de Colombia y Venezuela. Temas como seguridad fronteriza, inversión, comercio y migración son prioritarios, y se encuentran vinculados con el conflicto interno colombiano.
La contribución de dicha investigación al presente trabajo es la vinculación del tema económico, afín con el comercio y la inversión, aspectos relevantes a pesar de las tensiones políticas, además de los diferentes vaivenes en las tendencias hacia las exportaciones, razón por la cual Colombia ha buscado otros mercados.
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Por su parte, Briceño (2013), en el artículo publicado en Cuadernos
sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, titulado “La
Política Exterior de Venezuela en los Tiempos del Socialismo del Siglo XXI:
Entre la autonomía y la subordinación al capitalismo global”, en la
Universidad de Los Andes, en donde se plantea sintetizar la visión de la
política exterior de Venezuela desde los lineamientos del socialismo del siglo
XXI, abordando cómo la nueva estructura diplomática petrolera busca tener
una influencia política en América Latina; para lo cual el trabajo se estructura
con el siguiente esquema:
1. Orientaciones de la política exterior del socialismo del siglo XXI; 2.
Las relaciones colombo-venezolanas; 3. Petrocaribe y su perspectiva
geopolítica; 4. La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en la
perspectiva de la política exterior venezolana; 5. Las relaciones
geoestratégicas de Rusia – Venezuela; 6. Las relaciones entre Irán y
Venezuela; 7. La guerra en Libia y la respaldo solitario del gobierno
venezolano; y 8. Consideraciones finales.
Al respecto, el aporte de dicho artículo al presente trabajo es plantear sobre los gobiernos democráticos sus dictámenes de política internacional, la cuales consecuencia de un proceso complejo, en el cual intervienen diversos niveles decisorios con participación de los diferentes grupos que hacen vida política nacional.
Ahora bien, Llerena (2014), en su investigación titulada “La política exterior de Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde se señala que previo al gobierno de Hugo Chávez, la sociedad venezolana se encontraba en búsqueda de un cambio por la excesiva corrupción e inequidad por lo que al presentarse Hugo Chávez como candidato presidencial, ofreciendo un cambio en la política venezolana, tuvo el apoyo del 56.2% de votantes.
Durante el gobierno de Hugo Chávez se aplicó en Venezuela el
Socialismo del Siglo XXI lo que tuvo repercusión en la política exterior de
este país. Las relaciones políticas con los países latinoamericanos de
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izquierda se afianzaron, las relaciones con Estados Unidos tuvieron varios
impases a nivel diplomático por la política venezolana antiimperialista, y se
buscaron nuevos países aliados para eliminar la dependencia de Estados
Unidos.
Pese a que se mantuvo desde su anuncio oficial en 2005 al Socialismo
del Siglo XXI como teoría para la política venezolana, hubo contradicciones
entre la teoría y las acciones durante su gobierno. Tales como la persistente
dependencia económica estadounidense que no pudo ser remplazada por
los nuevos aliados estratégicos; Rusia, China e Irán, por la baja ganancia
que dejaron las exportaciones en virtud de la lejanía de dichos países,
algunos acuerdos de cooperación en materia petrolífera con países de la
región latinoamericana que no favorecieron a Venezuela, la salida de la CAN
y las sospechas de que Venezuela había comenzado una carrera
armamentista.
El aporte que brindó dicho estudio a la presente investigación fue el
estudio de las relaciones de Venezuela con otros países latinoamericanos en
especial Colombia, en lo referente a la fundamentación teórica y los
diferentes autores que muestran diferentes posturas acerca del tema desde
la perspectiva de las relaciones bilaterales de política internacional.
Por consiguiente, Beltrán (2014), en el artículo arbitrado, Bloques
regionales y globales y política exterior de Colombia, de la Universidad
Sergio Arboleda, en donde, se hace un estudio exhaustivo sobre la
integración regional por la vía de los diferentes tratados es exigente. No solo
habrá que seguir apostando en el campo de la estabilidad económica de
nuestros mercados, esto es, seguir trabajando en mejorar nuestros
indicadores de déficit fiscal, inflación y tipos de cambio.
También en políticas sistémicas de competitividad como son, entre
otros, la utilización de los modelos de investigación, desarrollo e innovación;
el fomento a la creación de redes de producción, el uso y transferencia de las
tecnologías, el apoyo a los emprendimientos, todos encaminados a mejorar
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nuestras exportaciones en el contexto internacional. No son menos
relevantes las políticas de integración con nuestros vecinos y los acuerdos
que se deben dar para que la integración sea un negocio del “gana a gana”.
Dentro del contexto anterior, actualmente se presentan cinco grandes
bloques comerciales a donde se dirige la política comercial de integración
colombiana, la cual busca crear nuevos mercados y consolidar los que ya se
tienen. A lo largo de los trabajos, nuestros autores nos muestran las ventajas
y desventajas de estar en uno u otro bloque, los acuerdos y la negociación; y
lo que es más importante, los estados de los procesos de integración
comercial, que, más allá del ámbito económico, transcienden a aspectos
políticos, culturales y sociales.
Para, Morales y Morales (2013), en su artículo titulado “Vecindad,
Integración y Desarrollo: Referencia a la frontera Colombo-Venezolana”.
Publicada en la Universidad de los Andes, en donde se concluyó que la
vecindad colombo-venezolana, entraña la existencia de una realidad común
a ambos países que requiere de un tratamiento especial basado en unas
relaciones bilaterales de cooperación, diálogo y acuerdos.
Desde este punto de vista, este trabajo presenta las distintas
perspectivas de esa vecindad y las potencialidades de esas zonas
transfronterizas para el desarrollo de ambas naciones, en el marco del
proceso de integración regional que comparten ambas naciones dentro de la
Comunidad Andina (CAN). La presente investigación es útil como
antecedente porque la misma analiza las relaciones colombo-venezolana
desde el punto de vista de la frontera, el cual guarda una relevante
significancia con respecto a la categoría de estudio, además de contar con
unas abundantes referencias bibliográficas.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La estructura de contenido de las bases teóricas varía de acuerdo al
problema objeto de estudio que se plantee en cada investigación. Su
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estructura surge de acuerdo al conjunto de variables que nazcan de la temática, del enfoque de la investigación, del enunciado del problema, del sistema de objetivos, del sistema de preguntas que se exprese en la formulación del problema. Por lo anterior expuesto, en base al enunciado de la problemática, la información obtenida se toma de fuentes secundarias que en su momento describieron los sucesos, situaciones y análisis y que son los que permiten que esta investigación refleje una visión acorde a realidades suscitadas en cada fecha histórica.
2.1. Política migratoria fronteriza
Sánchez (2013), señala que la regulación del movimiento de personas a
través de sus fronteras ha sido, al menos desde el siglo XIX, una de las preocupaciones de los Estados. Con tal propósito se han diseñado políticas que buscan, entre otros fines, la guarda de la seguridad e integridad de las fronteras, la determinación de los derechos de los habitantes del territorio, la protección de un determinado modelo económico y el manejo de las relaciones internacionales.
En este sentido, las Políticas migratorias son las reglamentaciones que implementan los gobiernos frente a las personas que quieren entrar a un país, para quedarse a trabajar y a vivir, por lo que pueden ser políticas muy elásticas, o políticas muy rígidas.
Otálvora (2003) lo describe como un novedoso “diseño estratégico para la región” en su momento, pues en él se resumió la adjudicación del Permiso Fronterizo para cruzar o permanecer temporalmente en el país vecino por motivos personales, educativos, económicos, profesionales o religiosos. Asimismo, el Estatuto permitiría regular la circulación de vehículos, el uso de los cursos de aguas compartidos, la caza, pesca, el apoyo y la cooperación de las autoridades policiales de ambos países para frenar el delito en la región fronteriza.
Al respecto, Linares (2002), señala que la visión dual ha estado presente en la interacción de Venezuela y Colombia, es decir se demuestra en el trabajo de las comisiones binacionales las cuales se han centrado en la
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discusión de temas relacionados con la situación de conflicto presente en la frontera y el tratamiento de problemas relacionados con actos ilegales que involucra diferencias y conflictos asociados a las diferencias culturales, nacionalismos, centralismos existentes entre los grupos humanos asentados en la frontera.
Al comparar estas evidencias, se asume que el establecimiento de ejes
prioritarios para la asociación de los municipios debe irreparablemente partir
de la aprobación de la gente que hace vida en el lugar, es decir, los actores y
agentes locales y regionales en coordinación con los agentes nacionales.
Dichos ejes deben guardar correspondencia con las estrategias de equilibrio
territorial.
2.1.1. Relaciones binacionales de Colombia y Venezuela en el periodo 1999-2010
A nivel mundial, se han registrados varias divergencias puntuales en el
plano hemisférico, en ese sentido Ramírez (2006), manifiesta que, mientras
que en los aspectos fronterizos se daban periodos de predominio de
desencuentros y otros de aumento de las coincidencias. Al respecto se ha
logrado configurar una agenda y emprender negociaciones sobre temas
centrales binacionales como el diferendo sobre, las cuencas hidrográficas,
áreas marinas y submarinas, el robo de vehículos, las migraciones, los
refugiados, el combate al problema de las drogas y otros aspectos dentro de
la vinculación fronteriza. Por consiguiente, señala Ardila (2013), esos acuerdos se han visto
frenados y en algunos casos se ha retrocedido por las divergencias políticas y los cambios recientes en las políticas exteriores y en particular en la posición frente a Estados Unidos, pero sobre todo, por el aumento de los temores mutuos.
De hecho, continua Ramírez (2006), si se comparan las relaciones de los dos países en los dos últimos años con períodos en el pasado reciente, el flujo de incidentes en la frontera es más o menos igual, pero ahora lo que
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pasa es que están afectados por las coyunturas críticas de cada país, las respectivas políticas gubernamentales para hacerles frente y las divergencias políticas entre los gobiernos centrales.
Además, según Ramírez (1999), a las tradicionales tensiones en las
relaciones exteriores de Colombia y Venezuela, en los últimos años, se les
han agregado la mutua incomprensión frente a la respectiva situación interna
y las diferencias en la apreciación de dichas confrontaciones nacionales.
Cada uno de los dos gobiernos caracteriza su situación interna como el
asedio a la democracia y percibe que su vecino en lugar de comprensión le
agrega ingredientes explosivos a la situación.
En referencia, Leal (2003), el colombiano porque siente que el
venezolano no acepta una acción conjunta en la frontera ni el funcionamiento
de mecanismos de vecindad y el venezolano porque cree que el Plan
Colombia desestabiliza la región y amenaza a su propio gobierno. Lo cierto
es que las mutuas denuncias y los problemas de seguridad no se procesan
de manera conjunta y hay ausencia de acción coordinada para controlar las
zonas compartidas lo que permite el tránsito de la droga, el paso o refugio de
guerrillas y autodefensas. El estudio comparado, de acuerdo con Romero (1999), sobre las
relaciones exteriores de Venezuela y Colombia presenta una serie de
dificultades, las cuales se explican por dos razones fundamentales: 1) se da
un escaso desarrollo del tema colombo - venezolano que vaya más allá de lo
fronterizo o lo comercial; 2) las relaciones se han estudiado desde un plano
bilateral y no en cuanto a su actuación frente a terceros.
En este marco, continua el precitado autor, se ansía a igualar cuáles
han sido los principales elementos que han formado el estilo y la práctica de
la política exterior de Venezuela y Colombia a un nivel internacional, las
apreciaciones dominantes desde cada país sobre la actuación internacional
del otro, los encuentros y desencuentros de ambos actores en ese nivel y las
posibilidades de una mayor cooperación entre ellos.
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En cuanto al tipo de política exterior desarrollado entre ambos países
hay que recordar, siguiendo a Henrikson (2006), que hay seis tipos de
diplomacia: la diplomacia tranquila, referida a una diplomacia normal y sin
tropiezos; la diplomacia de protesta la cual descansa en la idea de la
denuncia de un trato injusto, de una asimetría internacional; la diplomacia
grupal, referida a como en un momento determinado varios países
concuerdan en activarse internacionalmente dentro de un esquema
multilateral o bilateral común; la diplomacia de nicho o sectorial, referida a
aquella política exterior que se especializa en uno o dos temas específicos. La diplomacia empresarial, según Henrikson, (1998), descansa en la
idea de una política exterior orientada a la promoción del comercio exterior
del país y la diplomacia regulatoria, referida a la necesidad de implantar y
defender mecanismos jurídicos de carácter internacional.
En el caso de las relaciones internacionales, expresa Romero (1999),
de Venezuela y Colombia la actuación de ambos países se ha mantenido
bajo una combinación de estilos: de protesta a veces (coincidencia en la
necesidad de un nuevo orden económico internacional en los setenta), de
grupo (pertenencia común en la Comunidad Andina); empresarial, al impulsar
su comercio exterior; y regulatoria, al suscribir varios regímenes
internacionales.
Si bien se concluye que estas políticas exteriores han variado, no
necesariamente lo han hecho de la misma manera. Por una parte, la política
exterior de Venezuela desde la década de los sesenta ha sido más activa
que la colombiana y ésta más activa que la venezolana en la década de los
noventa.
En segundo lugar, la diplomacia colombiana ha contado con un apoyo
más permanente de la empresa privada que en el caso venezolano. En
tercer lugar, la diplomacia venezolana ha estado más concentrada en los
temas políticos que la colombiana, está por el contrario, se ha concentrado
más en los temas económicos.
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Dentro de este ángulo, según Alvarez, Giacalone y Sandoval (2010),
cabe destacar que en ambos países prevaleció la perspectiva jurídica en la
década de los sesenta, para pasar a una perspectiva económica en los
primeros años de los setenta, una geopolítica a finales de los setenta y
principios de los ochenta y una posición más orientada hacia lo económico
en los noventa. En las actuales circunstancias, se percibe un fuerte
componente globalista en ambas diplomacias que tiene como premisas
fundamentales: (a) la redefinición de las prioridades en la agenda de ambas políticas
exteriores privilegiando los temas económicos y comerciales en el marco de
los fundamentos del Consenso de Washington; (b) la búsqueda de mecanismos facilitadores de consultas, intercambio
y cooperación entre ambas Fuerzas Armadas; (c) la redefinición del enemigo, que pasa a ser del otro país a tener un
enemigo común: el narcotráfico y la guerrilla; (d) como consecuencia de lo anterior, una distensión bilateral en la
materia del diferendo sobre las áreas marinas y submarinas del Golfo de
Venezuela.
Estos cambios de paradigmas, de acuerdo con Maingon y D¨Elia
(2006), no son originales sino siguen más bien las orientaciones generales
que las políticas exteriores latinoamericanas han puesto en práctica en todos
estos años. Durante la década de los sesenta, la prioridad regional era la
defensa de la democracia; al tenerse un esquema económico a principios de
los setenta, el tema era el nuevo orden económico internacional; al tenerse a
fines de los setenta un esquema geopolítico, la prioridad era la defensa
continental; al avanzar la década de los ochenta y en la actualidad se retorna
a un esquema económico y de seguridad colectiva.
Por su parte, Romero (1999), señala que este puede ser el punto de
partida para comparar a los gobiernos venezolanos con los colombianos:
Betancourt y León Valencia coincidieron en la defensa de la democracia al
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igual que Caldera y Lleras, Restrepo y Pastrana. Carlos Andrés Pérez y
Alfonso López Michelsen coincidieron en el tema del nuevo orden económico
internacional, Herrera Campins y Turbay Ayala coincidieron en el tema
geopolítico, así como Lusinchi, Pérez y Caldera han coincidido en el tema
económico con los presidentes Betancourt, Barco, Gaviria, Samper y
Pastrana. En referencia a lo anterior, esas conductas se han desarrollado en
un escenario internacional determinado: Guerra Fría, distensión, nueva
Guerra Fría y globalización. Al respecto, Álvarez, Giacalone y Sandoval (2010), señalan que en este
proceso de distensión internacional, las políticas bilaterales de ambos países
se han beneficiado en la medida en que se han incrementado medidas de
confianza mutuas a partir del giro que se le dio a las relaciones desde 1989
con el concepto de globalidad y la expansión de la agenda bilateral más allá
de los temas fronterizos. En estos términos, una actitud fundamental fue la
de las coincidencias de ambos países en niveles multilaterales como la
Comunidad Andina, en la OEA, en las Naciones Unidas y en el Movimiento
de Países No Alineados, producto entre otras cosas de una coincidencia en
materia de agendas.
Por ello, como lo señala Romero (1999), si se comparan por ejemplo las
diferentes visiones que tienen Argentina y Brasil sobre el entorno
internacional contemporáneo con las que tienen Venezuela y Colombia, este
último par de países está más cerca de coincidir que los primeros. En este
sentido, en la medida en que Argentina y Brasil se han acercado en el plano
económico, más bien se han alejado de la posibilidad de tener una política
común en su actuación política internacional. En el caso que ocupa, el
acercamiento político y económico ha fortalecido las coincidencias políticas
entre Venezuela y Colombia. Solo en tres ocasiones se pueden percibir unas
divergencias.
En primer término, y siguiendo con el mencionado autor, las diferencias de conducta de ambos países en el caso de la Guerra de las Malvinas; en
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segundo término, la competencia por obtener la secretaria general de la OEA durante el año de 1994, lo cual produjo un estancamiento en las relaciones de Venezuela con Colombia reflejado en la actitud venezolana de acercarse a Brasil; y en tercer término, la política de enfrentamiento colombiano con los Estados Unidos, posición que no fue compartida por Venezuela, entre los años 1995 y 1998.
Desde la perspectiva de Ramírez (2006), a comienzos de 1999 todos
estos elementos han ido incubando una de las mayores crisis binacionales y
en la que cada gobierno atribuye al otro ser la causa de males y disputas en
la frontera.
Las divergencias se han hecho sentir hasta en la posición frente a los
desterrados por la guerra, Venezuela no les ha conferido la condición de
refugiados sino de ciudadanos en tránsito por su territorio mientras Colombia
ha pedido la actuación de los organismos internacionales para atender esas
emergencias humanitarias. En cada país distintos sectores interiorizan el
estado de esas diferencias y las utilizan para fines partidarios y políticos
específicos. De ahí, que los temas específicos de la agenda estén, además,
teñidos de la política interna venezolana y colombiana.
2.1.1.1. Política Exterior de Venezuela
La Política Exterior de Venezuela, de acuerdo a Brewer (2000), está
regida por los fundamentos de la constitución de 1999 de ese país que establece los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención, solución pacífica de los conflictos, cooperación, respeto a los derechos humanos, solidaridad entre los pueblos y la democratización en la toma de decisiones en los organismos internacionales. Según su constitución Venezuela también debe promover y consolidar la integración latinoamericana y caribeña, el desarme nuclear y el equilibrio ecológico.
Por consiguiente, Romero (2010), asegura además, que en el conjunto de las disposiciones constitucionales sobre las relaciones económicas
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internacionales, la Constitución de 1999 introduce cambios en la orientación general de la política económica que podrían llegar a tener enorme relevancia en su proyección internacional: en primer lugar, al hacer al Estado y al sector privado corresponsables del desarrollo económico armónico; y, en segundo lugar, al hacer un compromiso constitucional preciso y amplio con la integración económica.
En consecuencia, Cardozo (2011), señala que la expresión misma de
principios y de reglas se evidencian, sin embargo, importantes
contradicciones entre las cuales la más importante es la que se manifiesta en
un texto muy estimulante, abierto en su concepción y en su compromiso
jurídico con la integración, pero muy regulador, cerrado y hasta contradictorio
en materia de comercio internacional y temas conexos (agricultura,
inversiones y propiedad intelectual) al punto que genera serios obstáculos
para el cumplimiento de compromisos internacionales contraídos por el
Estado venezolano.
Por ende, Romero (2010), manifiesta que la práctica misma de las
relaciones económicas internacionales ha mostrado especialmente en el
surgimiento y tratamiento de conflictos comerciales en la Comunidad Andina
de Naciones y también en la dificultad para desarrollar una visión integral de
la integración tanto subregional, como regional y hemisférica, por ello, la
continuidad de un sistema de economía mixta, pero que ha visto resurgir el
peso del Estado. De manera que, en términos efectivos, la política exterior
económica se ha regido más por la intervención proteccionista del Estado
que por los principios de competencia y productividad enunciados como
parte del régimen económico.
Hay que mencionar, de acuerdo con el Foro de Integración y Comercio
Internacional (1999), en donde se señala que además, en materia comercial
la nueva Constitución de 1999 en su artículo 301, concentra los objetivos de
la política comercial en la protección de empresas nacionales dejando de
lado tanto una visión integral de los objetivos de la política comercial, que
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debería incluir la promoción del desarrollo, la defensa de los consumidores y
el bienestar colectivo, como las reglas y principios de regímenes comerciales
de los que Venezuela es parte, y que limitan las medidas permisibles de
intervención y protección de la actividad productiva por parte del Estado.
Todavía cabe señalar, según Brewer (2000), en materia de integración
económica se encuentran importantes avances respecto, no sólo por la
amplitud de su concepción y la ampliación de su cobertura geográfica, sino
por el compromiso jurídico que expresa Constitución de 1999 en el artículo
155 al señalar expresamente que “la República podrá atribuir a
organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las
competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración”.
Además al acoger, el artículo 153 ejusdem, el principio de la
supranacionalidad, según el cual: “Las normas que se adopten en el marco
de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del
ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la
legislación interna”. Esto resuelve constitucionalmente serios y recurrentes
problemas derivados de la aplicación de normas y la participación en
esquemas de integración.
Por consiguiente, Romero (2010), señala que los dos primeros años del
Gobierno de Chávez determinaron poseer una política exterior que, de cierta
forma, adoptó compromisos históricos de Venezuela, tales como las
relaciones del país con EE UU y Colombia así como, su continuación en
organismos multilaterales y en mecanismos de integración, junto con
posiciones novedosas en términos de aspirar a una política exterior más
cercana al progresismo internacional a Cuba y de aliento a movimientos
populares en América Latina, así como a la promoción de la llamada
democracia participativa, entendida ésta como un modelo contrario a la
considerada incompleta democracia representativa.
De cualquier modo, señala Romero (2002), en la medida en que
pasaba el tiempo, el presidente Chávez ahondó a partir de esa fecha algunas
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desvíos en la política exterior venezolana, como lo son el hiperactivismo
(muchos viajes y compromisos adquiridos) y el personalismo presidencial
(pronunciamientos informales que indican, en su caso, una orientación
radical), conducido por un progresivo menoscabo del consenso entre el
Gobierno y los factores políticos, empresariales, burocráticos e intelectuales
que no sólo insinuaban sobre las consecuencias negativas de ese proceder,
sino también sobre el giro hacia la izquierda que da la política exterior del
naciente gobierno.
Dentro de este contexto, y continuando con el anterior autor, la
comunidad internacional, tanto a nivel mundial como hemisférico y
subregional consintió con ciertas dudas la aparición de un gobierno diferente
en Venezuela, dado que, la legitimación de la victoria electoral de Chávez y
sus partidarios, el apoyo popular, la debilidad de una oposición
desconcertada y de unos factores de poder limitados, dada la crisis general
del país, más la propia habilidad del Gobierno de determinar sus novedosas
iniciativas diplomáticas, sin llegar a la ruptura con tradiciones heredadas,
permitieron a Chávez penetrar en el escenario internacional con pocos
estorbos.
De hecho, algunos gobiernos europeos y latinoamericanos simpatizan
con el nuevo gobierno; el Gobierno de EEUU prefirió esperar y ver y otros
gobiernos de izquierda, acotando que fue el gobierno de Cuba el principal en
aplaudir la llegada de un nuevo socio. En este sentido, los años 1999 y
2000 presentan como consecuencia de lo anterior algunas líneas maestra y
algunos casos específicos que permiten ilustrar cómo la diplomacia de
Chávez combinaron elementos, tanto del pasado como del presente,
elementos tradicionales como no tradicionales.
Ahora bien, para Fundación Polar (2000), en el matiz económico y
desde el ángulo comercial, la política exterior de Venezuela es menos radical
y menos confusa durante el periodo 1999-2002, por ende, a nivel mundial
Venezuela honró la deuda externa, la amortización de la misma y el pago de
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intereses, promovió las inversiones extranjeras privadas en el país, en
especial en las ramas energéticas, de telecomunicaciones y áreas conexas a
las industrias del hierro y el aluminio.
Conjuntamente, el Gobierno mantuvo y adquirió nuevos compromisos
de cooperación y financiamiento con organismos multilaterales y diversos
gobiernos y desarrolló una agenda común con los lineamientos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), a excepción de algunos
pronunciamientos en contra de la apertura de la economía y del comercio en
las áreas energética y agrícola.
A saber, Romero (2002), sitúa que en el hemisferio la situación es de
mayor tensión, ya que ha estado centrada en la negativa de Venezuela en
apoyar plenamente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en
promover una discusión sobre el papel de los organismos multilaterales de
carácter financiero, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), en la ejecución de los esquemas neoliberales en las economías
nacionales y en la ayuda especial en materia energética y comercial a Cuba.
Por consiguiente, en el plano subregional, los países andinos
reclamaron la actitud poco cooperativa de Venezuela en el proceso de
integración comercial, las restricciones venezolanas a ciertos productos
agrícolas, la implementación de cláusulas de salvaguardia a ciertos acuerdos
comerciales, por la poca actuación proactiva del Gobierno de Chávez, en
cuanto a las negociaciones dentro del ALCA y con el Mercado Común
Suramericano (Mercosur), y la incertidumbre sobre el marco jurídico y
político, lo que aumentó el riesgo-país de Venezuela.
Es oportuno ahora, señalar que en el año 2001 se consideró como un
año definitorio en la política exterior de Venezuela, fue el comienzo del
primer período de Chávez dentro de la nueva Constitución lo que generó
muchas controversias. En principio, los sectores reformistas y moderados
dentro de la alianza que apoyó a Chávez en las elecciones de 1998, la cual
participó con él en las labores de gobierno empezó a reducirse, en la medida
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en que, tanto los sectores que apoyaron la candidatura de Arias Cárdenas
que venían del chavismo como algunas deslealtades y renuncias de
colaboradores frustrados, dio pie para que, junto con las elecciones de
gobernadores, alcaldes y otros legisladores regionales y concejales
municipales en 2000, más algunos cambios en la jerarquía militar y en el
propio Gabinete Ejecutivo, fueran ponderando la estructura de poder en
Venezuela.
Por su parte, en el año 2002, Venezuela volvió a ser noticia en el
ámbito diplomático y en el ámbito informativo internacionales, no sólo por lo
apuntado con relación entre las controversias entre el Gobierno y la
oposición que ya se vislumbraba, sino también por los malos augurios con
relación a la materia económica.
Romero (2010), destaca que la reducción de la tasa de inversión
extranjera, referida a la incertidumbre política, la baja en los precios del barril
de petróleo venezolano, la reducción de las reservas internacionales, la
devaluación paulatina del bolívar, un crecimiento negativo calculado en -7
por ciento, los intentos de politización de Pdvsa y la posibilidad de una
inflación en materia de precios y brotes especulativos en contra del bolívar,
una limitación de la capacidad de endeudamiento del Gobierno por la vía
externa (riesgo-país negativo) y por la vía interna (costos de las altas tasas
de interés), una crisis bancaria, el peligro de una maxidevaluación y algunos
indicios de inflación, todo lo cual va a pesar en el ritmo de gasto de los
venezolanos.
En este marco, Cardozo (2011), señala que analistas económicos
coincidieron en que el año 2002 era el primer año malo de la gestión
económica. Como es de suponer, infló aún más el caso Venezuela en el
ámbito internacional. De igual manera, Venezuela en este periodo 1999-
2010, siempre estuvo bajo observación internacional y hemisférica, por ello,
los pronunciamientos del Gobierno de Estado Unidos de Norteamérica, sobre
la falta de apoyo de Venezuela a la lucha antiterrorista (todo lo concerniente
31
al cambio de la política exterior de EE UU, a partir del 11 de septiembre y la
reducción del índice de autonomía de los países problema).
Asimismo, continua la autora explicando que los continuos escándalos
sobre la presunta injerencia venezolana en los asuntos internos de Colombia
a favor de la guerrilla que opera en ese país, los actos de masas de la
oposición, la insubordinación de oficiales de la Fuerza Armada Venezolana y
las presuntas presiones anti Chávez en esa institución, el escrutinio de la
OEA sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.
Además, también sobre la libertad de prensa; éstos y otros puntos,
como el posible aislamiento de Venezuela del sistema interamericano (por
una eventual acusación de violación de la Carta de la OEA firmada por
Venezuela casualmente ese 11 de septiembre de 2002), más otras
consideraciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos,
conforman un estado crítico para el Gobierno de Chávez.
Atendiendo a estas consideraciones, es de resaltar que el papel de
Venezuela en los procesos de integración de América Latina debe
examinarse tanto desde una perspectiva mundial y regional como interna.
Por ende, para Venezuela, fijarse en los cambios globales ha tenido siempre
una respuesta más conservadora que otros países. Esta tendencia
conservadora descansa en una estrategia de desarrollo fuertemente
vinculada con su condición de país petrolero y confiable como proveedor
principal de crudos a Estado Unidos.
En todo caso, es de recordarse que desde el punto de vista de sus
políticas comerciales, el Gobierno de Caldera suspendió en el año 1994 el
esfuerzo iniciado en el año 1989 por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez de
apertura económica, y es sólo luego de dos años de ejercicio constitucional,
en el año 1996, cuando con la puesta en práctica de la llamada Agenda
Venezuela se trató de corregir los errores cometidos en materia de política
monetaria y comercial. Supuestamente, el Gobierno de Chávez en el año
2002, retomó esta política pero con más signos proteccionistas.
32
2.1.1.2. Política Exterior Colombiana
Según, Ramírez (2004), la política exterior colombiana, como la de
muchos de los países latinoamericanos, ha oscilado desde principios del
siglo XX entre Repice Polum o Respice Similla, vale decir entre la alineación
con Estados Unidos o la búsqueda de mayor autonomía relativa. De ahí que
ha conocido momentos de ampliación de sus márgenes de acción
independiente como fue el caso de los presidentes Alfonso López (1974-
1978) y Belisario Betancourt (1982-1986) o de conflicto como fue el periodo
de Ernesto Samper (1994-1998).
En cuanto a la búsqueda de autonomía, esos tres gobiernos actuaron
de manera algo diferente a las administraciones de Julio Cesar Turbay Ayala
(1978-1982) o de Misael Pastrana (1970-1974). Pero paradójicamente, el
desarrollo del problema de las drogas y sus delitos conexos, de la ofensiva
guerrillera, de la militarización de su combate, del medio ambiente y los
derechos humanos, entre otros, al convertirse en temas de interés
hemisférico y global, y al encuadrarse dentro de la agenda de seguridad
norteamericana, fueron presionando el acercamiento de Colombia con
Washington y conduciendo a un aumento progresivo de los nexos
internacionales del conflicto.
Como es general, en el mundo global los problemas internos al
articularse a la agenda global dejan de ser domésticos y esa compleja
relación diluye progresivamente los límites entre los asuntos internos y
externos. De cierta manera, los presidentes Virgilio Barco (1986-1990) y
César Gaviria (1990-1994) fueron abriendo la política exterior a la búsqueda
de múltiples apoyos a nivel internacional, en particular para hacerle frente a
dimensiones de los conflictos internos. Sin embargo, los cambios a nivel mundial en cuanto a política externa
colombiana en los cuatro primeros años se plasman en tres intentos: 1)
propiciar el involucramiento de Estados Unidos con apoyo de carácter
33
económico y militar, 2) articular la política exterior con la de seguridad, 3)
incorporar a la comunidad internacional a la búsqueda de salidas a la
confrontación interna.
Ahora bien, según Ramos (2011), con la llegada de Uribe a la
presidencia armoniza con el contexto posterior a los atentados del 11 de
septiembre de 2011en Estado Unidos y con un cambio significativo en la
agenda internacional, es decir, con lo tocante a la lucha contra el terrorismo.
Este flagelo y todos los temas encadenados se convierten en la prioridad
estatal estadounidense. Por su parte, en Colombia, y después de tres años
de conversaciones con las FARC, el gobierno de Pastrana decide romper
con el proceso y terminar con la zona de distensión.
Al respecto, siguiendo con la anterior autora, la limitación que se tenía
de utilizar los equipos del Plan Colombia únicamente para el control del
narcotráfico se eliminan, es decir, el lazo entre droga, subversión y terrorismo
se había consolidado. Este es el contexto del inicio del primer periodo de
Uribe.
Por otra parte, Tokatlian, (2004), señala que hace falta una política de
Estado en materia internacional, lo cual ha sido la principal razón del por qué
el país ha carecido de una identidad vinculada y de largo aliento sobre su
perfil y rol en el escenario internacional. Es así, como la identidad de
Colombia siempre se ha asociado con la construcción de los perfiles que
cada uno de los gobiernos ha hecho de ella a la luz de la coyuntura y en
función de su grado de alineación con Estados Unidos.
A este respecto, Bonilla, (2004), infiere, que en una época la imagen
distintiva del país neogranadino estuvo asociada con el café, pero en otras lo
ha estado con los problemas que han aquejado al país. Por ende, la imagen
del país ha sido la construcción que han hecho otros a la luz de la compleja
realidad nacional. Es por ello, que en las últimas décadas las percepciones
externas de Colombia han pasado de ser una narco-democracia, un Estado
paria, un Estado colapsado y/o una amenaza regional.
34
Mientras tanto, de acuerdo con, Ramos (2011), al referirse a la constante política internacional del país, desde inicios del siglo XX, la cual ha sido conducir la política exterior bajo la doctrina del Réspice Polum: mirando a la estrella del norte. Por esta razón, Estados Unidos ha sido un país central en la estructuración del comportamiento externo del país. Lo anterior no ha excluido la mirada a los países vecinos, los semejantes bajo la doctrina del Réspice Similia que se planteó en la década de los sesenta.
Dentro de este marco, Le Dantec, (2006), apunta que la realidad de la política exterior de Colombia ha oscilado entre ambas miradas, y en unos gobiernos más que en otros se ha privilegiado una u otra. Al respecto, ha dependido de los estudios de política exterior de los distintos gobiernos tengan como variables de análisis los niveles de autonomía que se alcanzaron, los de dependencia, los de asistencia, los de intervención de la potencia en los asuntos internos, y/o los de diversificación de las relaciones exteriores del país.
Con referencia, a lo expresado Tickner, (2008), la relación con Estados Unidos ha sido una constante, pues en el caso del gobierno de Uribe como ha sido un aliado incondicional de Washington, es decir, el gobierno de Colombia fue de los únicos en América Latina que se sumó a la coalición que respaldó la guerra en Iraq, además, ha coincidido con las posiciones estadounidenses en todos los foros hemisféricos sobre seguridad, y fue participe en facilitar la presencia de Estados Unidos en Sudamérica para neutralizar el creciente antiamericanismo de sus gobernantes y sociedades, y más aún, la influencia regional de Hugo Chávez.
Igualmente, Tickner (2008), al tratar el tema de la autonomía de la política exterior de Uribe no tiene mayor pertinencia, pues ni la autonomía, ni la diversificación como tal, fueron de su interés, por su parte, la autonomía estaba empeñada en la asistencia militar de Estados Unidos, lo cual era considerada vital, para la derrota de la guerrilla y el narcotráfico.
En este sentido, y como argumenta el precitado autor “es rentable
cultivar la injerencia estadounidense en los asuntos internos del país y que
ésta ha arrojado beneficios tangibles que superan sus potenciales costos”.
35
Por consiguiente, existe un ánimo de que en la Política exterior colombiana
hubo un mayor involucramiento de los Estados Unidos en los asuntos del
país. Ello hizo parte de la estrategia política de Uribe.
De igual manera, Ramos (2011), señala que fue un éxito de la política
exterior de Pastrana y de Uribe, lograr que Colombia se ubicara como un
actor de interés estratégico para Estados Unidos, pues, Colombia a lo largo
de la última década se convirtió en el país de la región andina que mayor ayuda recibió de los Estados Unidos como se puede apreciar en el gráfico 1;
y a nivel mundial en el tercer receptor después de Israel y Egipto. En total el
país ha recibido la cuantía de unos 6.000 millones de dólares.
Gráfico 1. Repartición total de la asistencia de Estados Unidos a los
países andinos (Millones de dólares)
Fuente: U.S.Loverseas Loans and Grants (2010)
Continua, la citada autora argumentado, que en cuanto a la
transformación de las relaciones políticas, durante los 8 años de gestión del
presidente Uribe (2002-2010), el resultado no es favorable. Si bien en los
documentos oficiales se definen como países o regiones estratégicas,
además de Estados Unidos, los países vecinos, la Unión Europea y la región
de Asia-Pacífico, los resultados con las otras áreas regionales, a excepción
de Estados Unidos, son pobres.
36
En este sentido, para Carvajal (2006), al señalar que la política exterior
con Europa, primó el desinterés por desarrollar relaciones políticas, por su parte, con Asia Pacífico no se materializaron los propósitos planteados. Y en lo que respecta, con los países vecinos la agenda liderada por el país fue
monotemática y restringida, concentrándose en la lucha contra el terrorismo y el problema mundial de las drogas. En resumen, estos fueron los temas de la
gran mayoría de foros multilaterales en los que participó Colombia, pero así mismo de las reuniones de vecindad que mantuvo con varios países de América Latina y el Caribe, además de las visitas oficiales del presidente.
Al tener en cuenta, que el principal objetivo del gobierno fue sumar elementos de respaldo a la política de seguridad democrática y de cooperación en materia de seguridad en la región, hay que establecer una mención especial para los casos de Venezuela y Ecuador, aliados comerciales importantes, y con quienes se tuvieron severas crisis diplomáticas.
Después de las consideraciones anteriores, es preciso señalar, según Ramos (2011), que en épocas recientes Colombia no había vivido tantas crisis y tensiones diplomáticas conjuntas como las que tuvo en los años de la gestión presidencial de Uribe (2002-2010), por ello, merece una especial alusión éste aspecto, por ser Venezuela y Ecuador vecinos significativos por la frontera compartida, es decir, 2219 kilómetros con uno y 1642 con el otro, y las complejidades que la caracterizan y habitan, en consecuencia, hay poca presencia estatal, comunidades binacionales, sociedades interdependientes, narcotráfico, guerrilla, paramilitares, nuevas bandas criminales, desplazados, contrabando, secuestros, extorsión además de los estrechos vínculos comerciales.
En ese mismo sentido, esta situación llevó a que el país en pocos años viviera múltiples crisis y tensiones diplomáticas agravadas aún más por el estilo de los mandatarios de los tres países, es decir, mediáticos, personalistas y caudillistas. Por ello, teniendo en cuenta la vecindad es inevitable, que el presidente Uribe, haya privilegiado en materia de política internacional la confrontación y la denuncia pública en foros multilaterales.
37
En este sentido, ante los niveles de desconfianza que fueron in crescendo con los gobiernos de Hugo Chávez y de Rafael Correa, el presidente colombiano consideró que las relaciones provechosas de la vecindad debían ser sacrificadas por el máximo interés nacional, que era para su entender, la derrota de las FARC.
Con referencia a lo anterior, y siguiendo con Ramos (2011), el gobierno
del presidente Uribe, exigía de Venezuela y Ecuador exigía que se
comportaran conforme a las obligaciones internacionales de lucha contra el
terrorismo. No obstante, para estos gobiernos las preferencias no eran las
mismas, es decir, sus agendas de seguridad eran distintas, por ello, a falta
de entendimiento y cooperación mutua, el conflicto con los vecinos pasó a
ser otro de los rasgos distintivos de la política exterior del gobierno de Uribe.
Al mismo tiempo, sus conflictos con Ecuador no se limitaron solamente
por el caso de Angosturas, es decir, los temas como los riegos en áreas con
glifosato en la zona fronteriza también generaron situaciones de alta tensión.
Como resultado de los anterior, Ecuador demandó a Colombia, en primera la
demanda fue ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por los
perjuicios ocasionados a ciudadanos ecuatorianos por las fumigaciones con
glifosato en la zona fronteriza; la segunda ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos por la muerte de un ciudadano ecuatoriano en el
ataque a Angosturas.
Si bien con Venezuela, el país históricamente había tenido una relación
dificultosa, primariamente por el tema de la delimitación de áreas marinas y
submarinas en el Golfo de Venezuela, que incluso llevó a una situación
prebélica con en el caso de la Corbeta Caldas en 1987, nunca antes en un
gobierno y por un periodo de tiempo continuo, el país había tenido tal nivel de
convulsión con el vecino.
Por lo tanto, la relación entre Colombia y Venezuela tuvo una fase
agitada, representada por las continuadas crisis diplomáticas entre los dos
países, con advertencias de posibles guerras, que llevaron a la cancelación
38
de reuniones presidenciales, a la parálisis de la labor de las comisiones de
vecindad encargadas de manejar los asuntos bilaterales, y en diversas
ocasiones, al llamado a consulta de los embajadores de los respectivos
países.
Al respecto, Ramos (2010), realiza un diagnóstico de la relación de los
países, en el periodo de los dos gobiernos, una relación de alta tensión, que
trascendió por toda América y Europa, por una serie de incidentes, unos más
graves que otros, los cuales fueron minando los acuerdos a los que se había
llegado en las dos últimas décadas del siglo XX, e hicieron de la
desconfianza entre los dos países, la base sobre la cual se desarrolló la
relación binacional. Ni siquiera el tema comercial, que había sobrevivido a las
tensiones diplomáticas, quedó inmune.
Sarcásticamente, el comercio binacional con Venezuela durante el
gobierno de Chávez pasó de 184 millones de dólares al mes en el año 2000
a 602 millones en 2008, para caer a 154 millones en 2010, pero al final del
periodo entre Uribe y Chávez y luego de varias mediaciones, la relación entre
ambos mandatarios quedó corroída, a su vez, se concibieron entre ellos
como enemigos personales, bajo el ropaje de una diferencia ideológica y de
amenazas a la seguridad nacional, aumentando las mutuas retaliaciones, y
llevando la relación conflictiva a escenarios internacionales como a la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Prospectivamente, para Ramos (2010), en una situación de esas
características, ambos gobiernos no pudieron adelantar los proyectos
binacionales de largo alcance, con excepción del gasoducto “Antonio
Ricaurte”, que plantearon ambos mandatarios en los momentos de
reconciliación, que incluían una posible solución al diferendo limítrofe, y
propuestas como la de una Zona de Integración Fronteriza Norte de
Santander-Táchira. Ahora bien, los principales perjudicados de esta
situación, junto con los empresarios, fueron, sin lugar a dudas, los habitantes
de la extensa frontera
39
En suma, la política exterior de expresidente Uribe persiguió las
principales características estructurales de la política colombiana, con la
única consideración que en ésta ocasión la alineación con Estados Unidos
se aprovechó también de manera más activa y utilitaria para promover y
lograr sus acciones orientadas al combate de la guerrilla, y en su intención
de disuadir al gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez.
De igual manera, el acuerdo militar complementario entre Colombia y
Estados Unidos que permitía la utilización de siete bases militares a personal
militar y civil estadounidense fue uno de los elementos más enmarañados de
la gestión de su gobierno; no sólo con Venezuela, al convertirse en la
estocada final de la deteriorada relación binacional, sino con la vecindad al
despertar preocupaciones en varios de los países sobre sus posibles
implicaciones.
Igualmente, se debe acotar el rompimiento de dos de los principios de
tradición de la política exterior del país neogranadino, como lo es el civilista y
el legalista. El rompimiento de la legalidad internacional para conseguir los
objetivos de la política de lucha contra las FARC conllevó de paso la peor
relación con el vecindario en la historia del país.
2.1.1.3. Acuerdos Bilaterales entre Colombia y Venezuela
De acuerdo con Beltrán y Afanador (2011), las relaciones colombo-
venezolanas han tenido un medio de promoción en las entidades regionales
como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la Comunidad
Andina de Naciones (CAN); la utilización de instrumentos jurídicos en los
cuales se establecieron acuerdos de alcance parcial, que incluso ahora
podrían ayudar a conformar un nuevo acuerdo comercial; la CAN es el
mercado natural de las dos economías, la evolución del bloque regional se
dio por la posición conjunta de los países en los temas de integración
económica y regional.
40
Por su parte, Basombrío (2005), señala que los acuerdos comerciales
no solo contribuyeron a fomentar las relaciones comerciales entre los países,
sino que, mejor aún, este ayudó al entendimiento político y social; el diálogo
conjunto entre Colombia y Venezuela permitió también la promoción de la
integración con más países de América Latina; los avances en materia de
complementación y las agendas puntuales de negociación con terceros.
En el marco del relanzamiento de las relaciones bilaterales, se
reunieron el 2 de noviembre de 2010, en el Palacio de Miraflores, sede de la
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en donde
suscribieron la Declaración de Miraflores, los presidentes de la República de
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, los cuales pasaron revista de forma
detallada a los resultados del trabajo adelantado por las comisiones creadas
el 10 de agosto en la ciudad de Santa Marta, en esta reunión se acordó,
según la memoria y cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela (2011):
a) Crear el Comité Binacional Económico-Productivo, cuyo objeto será
avanzar en el acuerdo de Complementariedad Económica y Productiva, e
impulsar las alianzas productivas sectoriales en sectores tales como: textil,
alimentos (café y cacao), ganadería, vivienda y materiales de construcción,
automotriz y energético. El cronograma y plan de trabajo establecido iniciará
el 8 de noviembre de 2010.
(b) Reconocer el buen avance del proceso de regularización de la
deuda debidamente validada, autorizando el pago de 336 millones de dólares
hasta la fecha.
(c) Instruyeron suscribir un acuerdo para el intercambio de información
sobre el tema de los presuntos ilícitos comerciales, entre la DIAN y el Seniat.
(d) Acordaron generar una base de datos mensual de precios
referenciales de cada país, a fin de evitar a futuro situaciones como los
sobreprecios.
41
(e) Decidieron agilizar los trámites asociados a las exportaciones
colombianas, priorizando en una primera etapa los siguientes sectores:
textil., calzado, medicamentos, producto de higiene personal y limpieza,
alimentos, empaque, repuestos y autopartes. Acordaron la ampliación de
frecuencias y nuevas rutas para el desarrollo bidireccional del turismo.
(f) El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció al
gobierno de Colombia la autorización de 456 certificados de origen para
exportadores venezolanos, con destino a Colombia, en sectores como
química, farmacéuticos, plástico y textil por un monto de 219 millones de
dólares.
(g) El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció al
gobierno de Colombia el compromiso de comprar la producción de la
Cooperativa de Caña de Azúcar del Norte de Santander 2010-2011.
Con respecto a la Comisión para un plan de inversión social en la zona
de frontera:
(a) Decidieron crear las orquestas sinfónicas binacionales juveniles e
infantiles, y el desarrollo de cuatro centros musicales en la regiones de
frontera.
(b) Aprobaron la celebración de un concierto binacional, con la participación de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y las orquestas profesionales de Colombia el 15 de diciembre de 2010, en la ciudad de Bogotá, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel.
En base a la Comisión para el desarrollo conjunto de obras de infraestructura:
(a) Instruyeron iniciar los trabajos necesarios para la construcción del
“Puente de Tienditas” que unirá a ambos países. Las obras iniciarán en enero de 2011, pautando la inauguración para principios de 2012.
(b) Decidieron habilitar el puente José Antonio Páez, que une el estado Apure con el departamento de Arauca, como paso internacional de frontera.
(c) Instruyeron resolver los asuntos que obstaculizan el transporte de carga en la frontera.
42
En lo referente a la Comisión de energía, siguiendo lo señalado en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (2011):
(a) Acordaron restablecer los esquemas de suministro de combustibles venezolanos a los departamentos fronterizos de Zulia-La Guajira (11.518.000 litros al mes), Táchira-Norte de Santander (hasta 19.000.000 litros al mes), Apure-Arauca (4.750.000 litros al mes), Amazona-Vichada y Guainía (2.255.000 litros al mes) para un total de 37.156.800 litros mensuales equivalentes a 7.741 MBD. Para tal efecto Pdvsa suscribirá con Ecopetrol los respectivos contratos.
(b) Decidieron fortalecer los esquemas de control en ambos lados de la
frontera para erradicar el contrabando de combustible y desarrollar programas de reconversión social y laboral.
(c) Acordaron dar inicio a la evaluación técnica, económica y ambiental
que permita el desarrollo del trabajo conjunto de exploración y producción,
entre Pdvsa y Ecopetrol, en los campos maduros de Occidente, actividad de
exploración y producción en la Cuenca Apure-Barinas y la posibilidad de
participación de Ecopetrol en la Faja Petrolífera del Orinoco.
(d) Decidieron avanzar en los estudios del proyecto de extensión a Centroamérica del Gasoducto “Antonio Ricaurte”, y evaluar la posibilidad de extender la interconexión a Ecuador. Igualmente solicitaron adelantar los estudios para la construcción del Oleoducto-Poliducto entre la Faja del Orinoco y el Pacífico colombiano.
(e) El Gobierno colombiano ofreció su experiencia en materia de
gasificación del gas doméstico y Gas Natural Vehicular (GNV), a fin de que
Venezuela pueda implementar programas similares.
En lo relacionado con la Comisión de seguridad, según Ministerio de
Relaciones Exteriores de Venezuela (2011):
(a) Acordaron la creación de un grupo de trabajo de carácter binacional
encargado de negociar y concretar los términos generales de un acuerdo de
cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas.
43
(b) Acordaron llevar a cabo una reunión el próximo 19 de noviembre de
2010 en Cartagena de las autoridades encargadas de la lucha contra el
tráfico de drogas y delitos conexos.
Ambos presidentes ratificaron el interés de reunirse de manera regular,
y de que los equipos de trabajo se mantengan en comunicación permanente.
El presidente Santos agradeció las atenciones del pueblo de Venezuela y
ratificó su invitación al presidente Chávez para que el próximo encuentro se
realice en Colombia, marcando el camino de la unión histórica de estos dos
pueblos.
Según, Carmona (2011), las tensiones y desconfianzas políticas
surgidas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela entre los años 2005 y
2010, y la decisión del gobierno venezolano de apartar al país de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), generaron nefastas consecuencias
sobre las relaciones comerciales, pese a entendimientos pendulares entre
ambos gobiernos. A raíz de la operación que produjo en 2009 la baja en
territorio ecuatoriano del líder guerrillero Raúl Reyes, las relaciones
diplomáticas y comerciales colombo-venezolanas llegaron a su punto más
bajo, en virtud de la retaliación venezolana, que supuso el cierre de fronteras
al comercio y la aplicación de medidas discriminatorias contra Colombia.
En efecto, y siguiendo con Carmona (2011), por primera vez en su
historia, Venezuela optó por un manejo discrecional de la política de
comercio exterior, con objetivos políticos e ideológicos, y un alto nivel de
intervención del Estado, entre otros mediante el control de cambios y la
estatización de gran parte de la economía.
Partiendo de la base, del retiro de Venezuela de la CAN obedeció a
consideraciones políticas, los costos para los dos países son
inconmensurables, en la medida en que han surgido obstáculos y costos en
varios planos: a) Barreras políticas y jurídico-institucionales; b) Barreras
físicas y técnicas; c) Barreras socio-culturales e históricas; d) Barreras
regionales y fronterizas, y e) Barreras fiscales y económicas.
44
Por consiguiente, Sucre (2012), refiere que al denunciar el Acuerdo de
Cartagena, el gobierno venezolano optó por acelerar las negociaciones para
la adhesión al Mercosur, las cuales concluyeron en 2006. Pero el Protocolo
respectivo no ha sido ratificado por el Congreso del Paraguay, y por tanto,
cinco años después, no está vigente. Al respecto, es de señalar que tanto la
decisión de retiro de la CAN y del G-3, como la adhesión al Mercosur, no
contaron con la anuencia de las organizaciones políticas de oposición, ni del
grueso del empresariado nacional. Tienen por tanto la característica de una
decisión polémica, no compartida, y por tanto de una clara debilidad
estructural.
Por su parte, Carmona (2011), asegura que la caída de las
exportaciones colombianas a Venezuela fue en 2009 del orden del 33,5%, al
descender de US$ 6.092 millones en 2008 a US$ 4.050 millones, con un
impacto del 1% en el PIB de Colombia, especialmente en el segundo
semestre del año, cuando se sintieron con mayor profundidad las
restricciones venezolanas. A su vez, las exportaciones de Venezuela a
Colombia disminuyeron en un 53% en 2009 respecto al año anterior, influidas
por la afectación del aparato productivo y la caída global de las
exportaciones no petroleras del país.
Siguiendo con el referido autor, en 2010, los efectos negativos continuaron: las exportaciones de Colombia a Venezuela bajaron en el primer semestre en 72% respecto a igual período de 2009, y en un promedio de 65% para todo el año, con una reducción en valor de US$ 1.423 millones, de los cuales los productos industriales pasaron de US$ 4.752 millones en 2009 a US$ 1.205 millones en 2010 (3.547 millones menos),
Por consiguiente, Carmona (2011), también concluye que en relación con las exportaciones de Venezuela a Colombia, éstas decrecieron de un valor máximo en 2006 de US$ 1.438 millones, a 528 millones en 2009 y a 291 millones en 2010, afectando a la industria básica: siderurgia, aluminio y petroquímica, aunque dicho fenómeno obedeció a la drástica disminución de la producción y de las exportaciones no tradicionales venezolanas.
45
Al respecto, sugiere Cardona (2011), que desde la toma de posesión
del Presidente Santos, en agosto de 2010 se inició una etapa de distensión y de cooperación en temas como la deuda venezolana con los exportadores colombianos, la búsqueda de un acuerdo, cuyo efecto fue creador de varias
comisiones, con resultados fueron limitados. Así, se avanzó parcialmente en el pago de la deuda, pero no así en materia comercial, complementación
económica bilateral, la inversión social en la zona de frontera, el desarrollo de obras de infraestructura y el tema vital de la seguridad.
En efecto, Drekonja (2011), sostiene que no ha sido posible definir un
marco jurídico sustitutivo del régimen de la CAN, sino que se han prorrogado
temporalmente las preferencias arancelarias a partir de su expiración el 26
de abril de 2011, sin que se perciba por ahora un arreglo, pues las
propuestas venezolanas plantean un régimen de comercio administrado,
aranceles variables y normas de duración limitada, que no sería un buen
sustituto del libre comercio que imperaba bajo el régimen de la CAN, pese a
los obstáculos impuestos por Venezuela.
Considerando que, según Carmona (2011), señala que persiste, por la situación antes descrita en el párrafo anterior, un ambiente de escepticismo, que ha obligado al gobierno y a los exportadores colombianos a impulsar una estrategia de diversificación de mercados, permitiendo que el monto total de las exportaciones continúe creciendo hasta niveles que superaron el año 2010 los US$ 50.000 millones.
Dado que, los mercados recíprocos resultan insustituibles, dada la
cercanía geográfica, lo cual permite utilizar medios de transporte terrestre, el
carácter natural de ambos mercados y la excepcional composición cualitativa
del intercambio, con predominio de productos industriales.
Por esta razón, Carmona (2011), señala que en el primer trimestre de
2011, las importaciones colombianas desde Venezuela aumentaron en 126%
respecto a igual período del año 2010, al alcanzar US$ 156 millones, cifra
aún modesta comparada con la de años anteriores. Pero en cuanto a las
exportaciones colombianas a Venezuela la situación es más grave, pues
46
para el lapso enero-julio de 2011, pese a los acercamientos políticos, las
exportaciones siguen contrayéndose, como se evidencia de la cifra
alcanzada de US$ 742 millones, es decir 2,3% menos que el ya deprimido
año 2010. De dicha cifra, hubo un crecimiento del 11,6% en la exportación de
productos primarios, y una caída del 14% en productos industriales,
marcando un sensible deterioro en su composición cualitativa. En suma, todo indica que las cifras de comercio bilateral no regresarán
a los niveles de 2008, con un daño profundo y alta destrucción de valor que recae sobre los países, pueblos y empresarios, daño sólo reparable el día en que Venezuela rectifique, vuelva al seno de la CAN, de la cual nunca debió salir, que los agentes económicos privados recuperen su papel principal en el comercio, la inversión y el desarrollo, y que las poblaciones fronterizas, que constituyen espacios de gran vitalidad e interacción, logren una participación más protagónica, por encima del centralismo y del estatismo macro cefálico prevaleciente en Venezuela.
2.1.2. Acuerdos de integración fronterizos
Con arreglo a, Socorro y Herrera (2012), la integración económica (IE)
consiste en la eliminación de fronteras económicas entre dos o más
economías. Una frontera es una demarcación que limita la movilidad de bienes, servicios y factores. A ambos lados la determinación de los precios, la calidad de productos y factores solo resultan marginalmente influidos por
los flujos entre ambos lados. Por su parte, Guerra, (2000), señala que las relaciones internacionales
buscan fortalecer la soberanía nacional además de promover un mundo
multipolar, diversificando las modalidades de relación y redefiniendo el
modelo de seguridad hemisférica. Igualmente, los procesos de integración
económica se describen por la supresión de barreras económicas entre los Estados interesados y por un estatus jurídico especial, a través del cual cada
Estado hace concesiones desde su ejercicio soberano, de forma que facilite
la puesta en marcha de dichos procesos
47
Asimismo, Ledesma, (2002, citado por Aguirre y Manasia, 2006),
manifiestan que es así como estos procesos de integración reúnen
elementos necesarios que los hacen viables como son los de índole cultural,
la vecindad geográfica, los de tipo económico, orientados en la aproximación
del desarrollo científico y técnico.
De acuerdo con Balassa (1994), la integración económica de países adyacentes significa la remoción de las barreras artificiales que obstruyen la actividad económica fluida que se da a través de las fronteras nacionales, lo cual influye en la reubicación de la producción y de las aglomeraciones regionales. Respecto por qué algunas regiones se benefician o se desarrollan más que otras, poco se ha avanzado en el sentido de particularizar el razonamiento desde la perspectiva de la integración regional.
En esencia, se sigue el pensamiento de las teorías de la localización y de la geografía económica desarrolladas por Weber, Marshall, Young, Christaller, Losch, Gendarme y Boudeville (Hansen, 1977), estudios empíricos con base en las teorías del comercio internacional y las observaciones de los cambios producidos en las sociedades debido a los desarrollos tecnológicos. En consecuencia, las regiones de frontera que se encuentren aisladas de los puertos, de centros de comercio importantes y participen escasa o nulamente en el comercio internacional tienen serias limitaciones para poder desarrollarse.
Para, Gutiérrez y Rosales (2011), toda la política de integración y de inserción internacional de Venezuela se ejecutó en un contexto nacional de conflictividad política, con importantes victorias electorales para el gobierno del Presidente Chávez, salvo en el referéndum constitucional de diciembre 2007, es decir, de políticas económicas y cambios institucionales poco propicios para cumplir con los compromisos que implica la integración y con marcadas diferencias con las estrategias de desarrollo económico de sus principales socios comerciales.
Inversamente, a Venezuela, Colombia, según Esguerra (2010) impulsó un modelo de desarrollo que le dio prioridad al funcionamiento de los mercados y a la creación de condiciones favorables para la inversión
48
nacional y extranjera, por ello, en el plano de la política interna, Colombia intensifico la lucha contra los grupos guerrilleros (FARC y ELN), y en su política exterior mantuvo una firme alianza estratégica con Estados Unidos. Por ende, en su política comercial Colombia mantuvo una posición favorable al libre comercio.
En este contexto, Gutiérrez (2001), Colombia concluyó en 2005 las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el cual tardó bastante en ser ratificado por el Congreso de ese país. No obstante, en mayo de 2010 firmó un TLC con la Unión Europea. Por ende, la estrategia de desarrollo nacional de Colombia, la orientación ideológica de su gobierno y la estrategia de inserción internacional es radicalmente diferente de la que planteó Venezuela.
Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones expresadas por Gutiérrez y Rosales (2011), estos dicen que el proceso de integración económica y las relaciones económicas entre Venezuela y Colombia retrocedieran en comparación con lo que se logró en los 1990s. Paralelamente, a pesar de las diferencias en estrategias de desarrollo y de las controversias de toda naturaleza que han surgido entre los dos gobiernos han existido períodos de fuerte intensificación de los intercambios comerciales, aunque los flujos binacionales de inversión se estancaron.
En consecuencia, el proceso de integración económica binacional estuvo y está en crisis debido a las marcadas diferencias ideológicas de los gobiernos de Colombia y Venezuela, además de sus estrategias de inserción internacional, así como de sus modelos de desarrollo. No obstante, la fuerte unificación e intensidad del comercio que se conformó en los años 90 y la vecindad geográfica estimularon el crecimiento del comercio colombo venezolano en aquellos períodos en que los dos países han tenido crecimiento de su economía, como lo fue el período 2004-2008.
2.1.2.1. Mercosur
Almandoz y Cortez (2009), señalan que el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), nació como un acuerdo de alcance parcial entre Brasil y
49
Argentina. Entró en vigencia en 1991. En la actualidad son países miembro: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Su objetivo principal es el de establecer un arancel externo común. Debido a que algunos de estos países son miembros de la ALADI, para Colombia este acuerdo implica mejores condiciones de acceso al mercado.
De acuerdo con Ávila (2004), para el beneficio de sus metas se pactó el impulso de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos,
mediante la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier medida equivalente, el establecimiento de un arancel externo común y la aceptación
de una política comercial común con respecto a otros estados además de la coordinación de posiciones en foros económicos, comerciales, regionales e internacionales.
Por su parte, Requeijo (2005), hace mención que el MERCOSUR
actualmente, es uno de los procesos de integración más trascendentales debido a la reciprocidad de bienes y servicios que de él se derivan, con lo
cual está integrado por países de cierto grado de estabilidad económica y
con comercios donde las transacciones son cuantiosas debido a la
diversidad de sus economías, número de habitantes, entre otros aspectos
relevantes.
Por último, en los más de cincuenta años de iniciado los procesos de
integración en América Latina, y después de varios intentos fallidos, hay resultados beneficiosos, puesto que en sus áreas de preferencias
económicas permite a los países que la conforman amparar posibilidades de
cooperación e integración en lo referente al financiamiento externo, obras de
infraestructura física, formación e intercambio de recursos humanos y
tecnológicos, empresas conjuntas, entre otros.
2.1.2.2. Comunidad Andina
De acuerdo con, Álvarez (2011), señala que la Comunidad Andina es
una organización subregional de integración conformada por Colombia,
50
Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, su origen se remonta al Acuerdo de
Cartagena en 1969, cuando se creó el Pacto Andino, al respecto, por virtud
del Protocolo de Trujillo en 1996, su estructura fue modificada creando de
esta manera los órganos e instituciones que conforman el Sistema Andino de
Integración (SAI). En la actualidad, la Comunidad Andina cuenta con una
Zona de Libre Comercio y un Arancel Externo Común, que le ha permitido
alcanzar flujos de comercio intraregionales cercanos a los US$ 7.000
millones.
Cabe señalar, que para Colombia la Comunidad Andina representa el
espacio de integración no sólo por permitir el acceso a un mercado ampliado
con una población superior a los 105 millones de habitantes, y un Producto
Interno Bruto de US$185 mil millones, sino también por constituirse en un
actor válido y de primer orden en el ámbito internacional.
Por su parte, Colina (2004), señala que la práctica del Ejecutivo
Nacional venezolano, nunca se comprometió a cabalidad con los principales
postulados del Acuerdo andino. Desde el inicio de la administración del
presidente Chávez se expresaron opiniones en contra de la forma como se
conducía el Acuerdo. El cierre de la frontera occidental en 1999 y la
prohibición del paso de camiones colombianos fue el primer caso donde se
evidenció la ausencia de compromiso por parte del Ejecutivo venezolano con
la institucionalidad andina.
Al respecto, Sainz (2007), manifiesta acerca de los lineamientos de
política internacional de la administración Chávez tienen dos niveles básicos:
políticos y económicos. En el primero parecen señalar la voluntad
indeclinable del Presidente de la República de no regresar a la Comunidad
Andina en el corto plazo, pero tampoco cerrar de manera definitiva la
cooperación con la misma.
Asimismo, continuando con el anterior autor, en el segundo nivel estas
instrucciones aseguran la participación de Venezuela en el proceso andino
de integración económica, permitiendo a los empresarios y exportadores
51
aprovechar en el mediano plazo un marco normativo estable. En el largo
plazo la forma de implementación de la adhesión con el Mercosur y con el
resto de los compromisos internacionales en la materia será un tema de gran
relevancia.
2.1.2.3. ALBA
De acuerdo con, Socorro y Herrera (2012), los cuales expresan que la
Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), se
fundamenta en la creación de mecanismos para fomentar ventajas
cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías
existentes entre los países del hemisferio.
Asimismo, pretende atacar los obstáculos que impiden la verdadera
integración como sería la pobreza, la exclusión social, el intercambio
desigual y las condiciones inequitativas de las relaciones internacionales, el
acceso a la información, a la tecnología y al conocimiento, también esta
organización aspira a construir consensos para repensar los acuerdos de
integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y
regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y
asegure una creciente calidad de vida para los pueblos.
Según, la Unidad de Formación, Información y Comunicación UFIC-
ANEP, (2008), los países miembros del ALBA son: Venezuela, Cuba, Bolivia,
Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Islas Granadinas, Antigua y
Barbuda. Este acuerdo da sus primeros pasos de conformación en el año
2006 en el Palacio de La Habana, Cuba.
Al respecto, el ALBA le confiere prioridad a la integración
latinoamericana y a la negociación en bloques subregionales. Se basa en los
siguientes principios, según la página oficial del ALBA-TCP (http://www.alba-
tcp.org):
(a) El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos.
52
(b) Trato especial y diferenciado, que considere el nivel de desarrollo de
los diversos países y la dimensión de sus economías.
(c) La complementariedad económica y la cooperación entre los países
participantes y la competencia entre países y producciones.
(d) Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los países menos desarrollados de la región.
(e) Creación del Fondo de Emergencia Social.
(f) Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los
países latinoamericanos y caribeños.
g) Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante
normas que protejan el medio ambiente.
(h) Integración energética entre los países de la región.
(i) Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la
propia América Latina y el Caribe.
(j) Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de
los pueblos de la región.
(k) Medidas para las normas de propiedad intelectual.
(l) Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los
procesos de negociación de todo tipo de países y bloques de otras regiones,
incluida la lucha por la democratización y la transparencia en los órganos
internacionales, particularmente en las Naciones Unidas y sus órganos.
Por otra parte, López (2011), manifiesta que esta organización desde el
punto de vista económico, no ha tenido un impacto importante en el
crecimiento de la economía venezolana ni en la diversificación de sus
exportaciones.
En relación con las implicaciones anteriores, es posible afirmar que el
ALBA ha sido un mecanismo de cooperación entre países que comparten
ideologías de izquierda y su creación obedece fundamentalmente al deseo
de establecer un nuevo grupo político aliado. En efecto, se asimila al
Consejo de Ayuda Económica Mutua formado en torno a la Unión Soviética
53
en 1949, por ende, siendo Venezuela el soporte financiero del ALBA, su
futuro dependerá del comportamiento del precio del petróleo.
Por último, llama la atención que en las negociaciones del ALBA no
participó el empresariado venezolano, otra muestra de la poca importancia
que Chávez atribuyó a la integración regional como mecanismo para
impulsar las exportaciones no tradicionales, así como de su mala relación
con el sector privado de la economía.
2.1.2.4. UNASUR
De acuerdo con Socorro y Herrera (2012), la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), se refiere a un organismo de ámbito regional que
tiene como objetivo construir una identidad y ciudadanía suramericanas y
desarrollar un espacio regional integrado. Está formada por doce estados de
Suramérica, es decir, Uruguay que se sumó a las de Argentina, Perú, Chile,
Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia, la entidad entró en plena
vigencia y cobró vida jurídica el 11 de marzo de 2011 después de cumplirse
el requisito de que, al menos, los legislativos de nueve países hubieran
suscrito ese convenio.
Según, (http://www.unasursg.org/), la Unión de Naciones Sudamericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social,
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del
fortalecimiento de la soberanía y la independencia de los Estados. Según, Serbin (2011), señala que la confrontación de Venezuela con
Colombia en Unasur, desde el 2008, buscaba polarizar a Sudamérica frente
a Estados Unidos, luego del fin de la polarización anti-ALCA, por esta razón,
54
se esperaba de esta forma ponderar los ejes que el discurso venezolano
destacaba en la región, existiendo dos ejes contrapuestos bien definidos en
la región, Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Ese es el eje sobre el cual corren
vientos fuertes de cambio con mucha fuerza y el otro eje, Bogotá-Quito-Lima
La Paz-Santiago de Chile, ese eje está dominado por el Pentágono, es el eje
monroista.
Ahora bien, para Chávez, (2004, citado en Muñoz Bata, 2005), era clara
que la estrategia era quebrar ese eje monroista y conformar la unidad
suramericana. La confrontación se dio cuando comenzaban a descender los
precios internacionales del petróleo. Pero, si para ello se contaba con
involucrar a Unasur, el intento fracasó.
Por su parte, Serbin, (2011), manifiesta que para Brasil el desacuerdo al
respecto se había manifestado antes en el rechazo por parte del gobierno
brasileño hacia el reconocimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia FARC, como fuerza política beligerante y no como grupo
terrorista y el rechazo hacia los grupos armados beligerantes se incluyó entre
los principios del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS).
Cuando en el 2008 la Comunidad Sudamericana de Naciones CSN
evolucionó hacia Unasur mantuvo su carácter intergubernamental y de baja
institucionalidad, preferido por Brasil, aunque agregó un tratado constitutivo
con personalidad jurídica y una secretaría general. Este cambio fue
promovido por Venezuela pero el alcance y tenor de la institucionalización
posterior de Unasur no le dio los rasgos que promovía el gobierno
venezolano.
2.1.2.5. CARICOM
Según, Socorro y Herrera (2012), la Comunidad del Caribe (CARICOM),
es un mercado común que en su origen estuvo encargado de promover la
unidad entre los países caribeños y coordinar la política económica y exterior
55
en dicha área. El CARICOM se constituyó en 1973 después de culminados
quince años de negociaciones, mediante la firma del tratado de
Chaguaramas, el cual suprimió los aranceles entre los países miembros,
exceptuando los productos que cada país incluyera en la denominada lista
de reservas.
Por su parte, Aguirre y Manasia, (2006), aseguran que entre los países
miembros del CARICOM destacan: Antigua, Barbados, Belice, La Dominica,
Granada, Jamaica, Monserrat, República Cooperativa de Guayana, Saint-
Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Las Islas Caimán,
México, Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas Holandesas, Bermudas,
República Dominicana y Puerto Rico actúan como entes observadores,
mientras que Islas Vírgenes son miembros asociados.
Asimismo, Muñoz, (2005), dice que el CARICOM está orientado a
cooperar y desarrollar labores prioritarias entre las que destacan: la
cooperación económica a través del Mercado Común del Caribe, la
coordinación de la política exterior y la colaboración en áreas como
agricultura, industria, transporte y telecomunicaciones, salud, enseñanza,
ciencia y tecnología, cultura, deporte y administración fiscal.
Asimismo, Aguirre y Manasia, (2006), señalan que el CARICOM
promueve la construcción de un mercado y economía única; no obstante, ha
establecido acuerdos bilaterales de libre comercio completos o parciales con
Venezuela, Colombia y República Dominicana.
2.1.4.6. Otros Acuerdos Suscritos por Venezuela y Colombia
De acuerdo con la Misión Diplomática de Venezuela (2015), desde el
año 1999, se han firmado un total de 55 acuerdos de los cuales 21 están en
vigor y 34 no aplican: unos por no estar ratificados y otros porque su fecha
de vigor ha expirado. Entre los instrumentos legales vigentes tenemos
veintitrés en las siguientes materias:
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(a) Político
1. Acta de San Carlos entre los Ministros de Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. Suscrito en
la cuidad de Bogotá, D.C., Colombia, el 1 de julio de 2005.
2. Declaración de Principios Chávez Santos. Suscrito en Santa Marta,
Colombia, el 10 de agosto de 2010.
3. Declaración de Miraflores. Suscrito en Caracas, Venezuela, el 2 de
noviembre de 2010.
(b) Limítrofe
1. Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de
Venezuela y de la República de Colombia sobre el Tratamiento de las
Personas Desplazadas en Territorio Colombiano que llegan a la Frontera
venezolana. Suscrito en Puerto Ordaz, Venezuela el 23 de abril de 2003.
(c) Droga
1. Compromiso para el Fortalecimiento de la Coordinación en la Lucha
Contra el Terrorismo y el Problema Mundial de las Drogas y los Delitos
Conexos. Suscrito en Bogotá, D.C. Suscrito en Bogotá, D.C. el 12 de marzo
de 2003.
2. Acta de Compromiso entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia, para la
Cooperación en la Lucha contra el Problema Mundial de las Drogas. Suscrito
en Caracas, el 2 de noviembre de 2010.
(d) Energético
1. Memorándum de Entendimiento en materia de Interconexión
Gasífera entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de
Colombia. Suscrito en Maracaibo, Venezuela, el 14 de julio de 2004.
2. Memorándum de Constitución de un Comité de Negociación en
Materia de Interconexión Gasífera entre la República Bolivariana de
Venezuela, la República de Colombia y la República de Panamá. Suscrito en
Municipio Páez, Estado Zulia, Venezuela, el 8 de julio de 2006.
57
3. Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela, la República de Colombia y la República del Ecuador para la Integración Gasífera. Suscrito en Ballenas, Colombia, el 12 de octubre de 2007.
4. Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia para el Suministro de Energía Eléctrica de Puerto Inírida (Colombia) a San Fernando de Atabapo (Venezuela). Suscrito en Caracas, Venezuela, el 14 de abril de 2009.
5. Memorando de Entendimiento en materia de Interconexión Gasífera entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. Suscrito en Municipio Páez, Estado Zulia, Venezuela, el 8 de julio de 2006.
(e) Salud 1. Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
de Colombia complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Venezuela y la República de Colombia, suscrito el 4 de abril de 1989, para el fortalecimiento de las acciones de Salud en las Áreas Fronterizas. Suscrito en Bogotá D.C., Colombia, el 26 de agosto de 2004.
2. Memorándum de Entendimiento para la Cooperación, entre la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa de la República Bolivariana de Venezuela y la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, de la República de Colombia. Suscrito en Bogotá, República de Colombia, el 26 de mayo de 2006.
(f) Educación 1. Convenio General de Cooperación entre la Universidad Bolivariana
de Venezuela y la Fundación Ver. Suscrito en Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 2007.
(g) Económico Comercial 1. Carta de Intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la
República de Colombia para la Constitución de una Línea de Crédito. Suscrito en Caracas, Venezuela, el 14 de abril de 2009.
58
2. Carta de Intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia para la Constitución de un Fondo Binacional Estratégico Venezolano-Colombiano. Suscrito en Caracas, Venezuela, el 14 de abril de 2009.
3. Carta de Intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la
República de Colombia para la Creación del Comité de Intercambio
Comercial en Monedas Locales. Suscrito en Caracas, Venezuela, el 14 de
abril de 2009.
4. Acta de establecimiento de un Comité Económico Productivo entre la
República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. Suscrito en
Caracas, Venezuela, el 2 de noviembre de 2010.
5. Acta para el establecimiento de una Comisión Interministerial
Colombo-Venezolana en materia de turismo, entre el Ministerio del Poder
Popular para el Turismo de la República Bolivariana de Venezuela y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia.
Suscrito en Caracas, Venezuela, el 2 de noviembre de 2010.
6. Acuerdo de Licencias de Importación para Vehículos provenientes de
Colombia, entre el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de la
República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de la República de Colombia. Suscrito en Caracas, Venezuela, el 14
de abril de 2009.
(g) Infraestructura
1. Acta de Compromiso entre el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia, para la
cooperación en la construcción de un puente internacional en el sector de
Tienditas. Suscrito en Caracas, Venezuela, el 2 de noviembre de 2010.
2.1.3. Convenios emanados por Organismos Internacionales
De acuerdo con, Diez (2003), señala que las organismos
internacionales, son asociaciones voluntarias de Estados establecidas por
59
acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e
independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y
capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de las de sus
miembros.
Ahora bien, siguiendo a Medina (1991), define los organismos
internacionales, como un grupo o asociación que se extiende por encima de
las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente.
De esta definición y continuando con Medina (1991), se desprenden los dos
caracteres esenciales que concurren en toda organización internacional.
Estos son:
1. Internacionalidad. La internacionalidad significa que los miembros
que integran una organización de este género tienen que proceder o formar
parte de distintos estados, lo que les diferencia de aquellos grupos o
colectividades integradas por miembros pertenecientes a un solo Estado, y
por consiguiente, sometidos a los poderes y al derecho interno de éste. Pero
la nota de internacionalidad también cabe predicarla respecto a las
actuaciones y efectos derivados de estas organizaciones. En efecto, su
constitución, desarrollo y extinción afectan directamente al panorama de las
relaciones internacionales, de las que forman parte, porque es en el medio
internacional en el que operan la mayor parte de sus competencias e
instituciones.
2. Estructura orgánica permanente. Pero las organizaciones internacionales vienen singularizadas también, frente a otras formas de relación internacional de carácter esporádico o transitorio, por el hecho de que poseen una serie de órganos, de medios humanos y de recursos financieros y jurídicos de una cierta permanencia temporal. La necesidad de que exista esta estructura orgánica permanente es una resultante de la naturaleza estable y permanente de los fines y objetivos que se pretenden alcanzar mediante la organización internacional.
En suma, las Organizaciones internacionales constituyen uno de los
signos de identidad más característico de la sociedad internacional
60
contemporánea, las cuales nacen de la voluntad soberana de los Estados,
que son sus principales y generalmente exclusivos miembros, estos
responden a la necesidad de hacer frente de modo permanente a los
problemas que plantea la coexistencia y, más aún, la cooperación exigida por
la creciente interdependencia.
Por tanto, las Organizaciones Internacionales son creadas por los
Estados mediante tratados, se las dota de órganos permanentes, con
voluntad propia, jurídicamente distinta de la de los Estados miembros, en el
marco de competencias atribuidas para la consecución de los objetivos
convenidos.
2.1.3.1. Organización de Estados Americanos
De acuerdo con, Aguirre y Manasia (2006), señalan que el 30 de abril de 1948, hace más de 50 años, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada uno de los países.
Al respecto, la OEA se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe y también a Canadá. (http://www.oas.org/), La Organización de los Estados Americanos (OEA) desempeña un papel fundamental en la tarea de alcanzar las metas compartidas por los países de Norte, Centro y Sud América y el Caribe. A través del proceso de la Cumbre de las Américas, los jefes de estado y de gobierno del hemisferio han dotado a la OEA de importantes responsabilidades y mandatos, entre ellos:
1. Fortalecer la libertad de expresión y pensamiento como derecho humano fundamental;
2. Promover una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en todos los niveles del gobierno;
3. Mejorar la cooperación en la lucha contra las drogas ilícitas; 4. Apoyar el proceso de creación de un Área de Libre Comercio de las
Américas.
61
Por su parte, la OEA también reúne a los líderes gubernamentales de
los países miembros para trabajar en las áreas de educación, justicia,
seguridad y otros temas que inciden en la vida diaria de los ciudadanos de
las Américas. Compuesta de 35 países miembros, la OEA es el principal foro
político de la región para el diálogo multilateral y la toma de decisiones. Con
cuatro idiomas oficiales inglés, español, francés y portugués, la Organización
refleja la rica diversidad de la gente y la cultura de las Américas.
Ahora bien, en las etapas de crisis entre Colombia y Venezuela, este
organismo internacional, como lo menciona Alda (2008), la OEA tiene
factores que limitan su capacidad para gestionar las crisis de la región. No
obstante, la raíz de buena parte de ellos es el peso ejercido por el principio
de no intervención.
Por su parte, Gaviria (2004), señala que la importancia se ve justificado
como un medio de protección ante la influencia y el unilateralismo ejercido
por los Estados Unidos a lo largo de la historia de la OEA, como coinciden en
señalar intelectuales, políticos y diplomáticos latinoamericanos. Un aspecto
innegable, aunque no explica del todo el peso adquirido por este principio.
Este principio ha sido empleado frente al resto de los países
latinoamericanos. Como en el resto del mundo la afirmación nacional suele
ser un obstáculo para el desarrollo de instituciones internacionales y/o los
procesos de integración.
Sin embargo, Cruz (2003), hace énfasis en el caso latinoamericano, al
señalar que puede considerarse particularmente acusado, pues esta misma
razón no sólo bloquea el fortalecimiento de la OEA sino también el
funcionamiento y el progreso de los procesos de integración subregionales,
en los que no participa Estados Unidos e incluso podrían ser un instrumento
para neutralizar su influencia.
Al respecto, Gaviria (2004), señala que las limitaciones descritas no
necesariamente son inamovibles o eternas, de hecho pese a la rígida
interpretación que en términos generales comparte la región ha sido
62
indudable un proceso de cambio gracias al cual la OEA ha experimentado la
importante trasformación descrita.
2.1.3.2. Organización de las Naciones Unidas
De acuerdo con, Villamizar y Szanfranki (2001), la Carta de la
Organización de las Naciones Unidas, fue redactada a finales de la segunda guerra mundial, por representantes de 50 Estados reunidos en la Conferencia celebrada en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945.
Según, Álvarez (2000), los principios que inspiraron a las Naciones
Unidas son hoy patrimonio de la comunidad internacional, a saber la solución
pacífica de controversias, el acatamiento del derecho internacional, la
cooperación internacional, la justicia y el respeto de los derechos humanos y
la promoción del derecho social dentro de un concepto amplio de libertad,
constituyen los propósitos con base en los cuales la Organización ha
promovido las relaciones de amistad entre las naciones y el desarrollo de los
pueblos.
Con arreglo a la Carta, pueden ser miembros de las Naciones Unidas
todos los países que acepten las obligaciones previstas en ella y que a juicio
de la Organización sean capaces de cumplir esas obligaciones. En la
actualidad forman parte de las Naciones Unidas 188 Estados. La Carta de la
Organización estableció seis órganos principales para su funcionamiento: La
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social,
el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional 29 de Justicia
y la Secretaría General.
Por su parte, Carrillo (2005), explica que desde el proceso de creación
de la ONU, Colombia ha sido protagonista y partícipe en la evolución de este
foro mundial y se constituyó como miembro fundador de la Organización.
Firmó la Carta el 26 de junio de 1945 que fue aprobada en el país mediante
la Ley 13 del 24 de octubre y ratificada el 5 de noviembre de ese mismo año.
63
Además, Colombia participó activamente en las Conferencias de Ciudad de
México y San Francisco, génesis de las Naciones Unidas, donde esgrimiendo
sus posiciones, actuó como líder y vocero de los países latinoamericanos.
2.1.4. Alcance de las políticas migratorias fronterizas
López (2005), señala que la complejidad de la perspectiva en el análisis
de las migraciones internacionales se debe no sólo a la novedad, sino
también a la variedad de aspectos que comporta el desarrollo de las políticas
migratorias. Es decir, se trata de un tipo de acción en donde confluyen
múltiples intereses y asuntos públicos, que ha llegado a convertirse en
algunos países y en diversos niveles de gobierno en objeto de intervención
transversal y en la que concurren decisiones adoptadas en la arena política
regional, doméstica e internacional. Por lo tanto, este enfoque incorpora en los últimos años otros objetos
de indagación como los lazos entre inmigración y ciudadanía, la acción
colectiva y la movilización de intereses de los inmigrantes, la asignación de
derechos a las minorías socioculturales y la conformación de formas de
identidad e instituciones transnacionales.
Por su parte, también, López (2005), aduce que las políticas
migratorias continúan determinando en cierta medida la cantidad y
composición de los candidatos a la migración, lo que se ha denominado las
condiciones de elegibilidad de los migrantes, pero no se detienen en la
entrada, sino que incorporan a sus objetivos la gestión de los efectos de la
residencia y del establecimiento.
Al respecto, Arango y Sandell, (2004), manifiestan que la complejidad
de la política migratoria se compagina con su carácter cambiante de acuerdo
con la volatilidad del fenómeno y las condiciones coyunturales de los países
receptores. Por ello, la permanencia en la agenda política, como pone de
manifiesto el insistente recurso a este aspecto en los programas electorales
y su condición de bien perecedero, sometida a constante evaluación crítica.
64
En sentido estricto, estas diversas esferas no distinguen entre tipos de
migrantes, por lo que las acciones dirigidas a las migraciones forzosas, las
políticas de refugio y las de atención a los desplazados, no conforman una
parte en sí misma, a pesar de la existencia de una regulación propia en el
ámbito nacional e internacional.
Para, Boswell, (2003), las medidas adoptadas en esta materia en los diversos sistemas migratorios han sido muy similares desde mediados de los ochenta. El fortalecimiento de las fronteras, la aplicación de tecnología de última generación y la colaboración multilateral se han ampliado con el uso de mecanismos de control previo y de externalización del control a partir de las concesiones de visado, la firma de acuerdos de readmisión de solicitantes de asilo y el establecimiento de sanciones a las compañías de transporte de pasajeros que convierten en la práctica a los profesionales del trasporte en funcionarios de frontera.
Sin embargo, a pesar de la analogía de la acción y del consenso existente en las administraciones y la opinión pública acerca de la necesidad de controlar los flujos de personas, las asociaciones étnicas y de defensa de los derechos humanos abogan por desarrollar fórmulas que permitan canales legales de entrada y de establecimiento, así como medidas especiales que faciliten la reagrupación familiar y la protección de desplazados y menores.
2.1.4.1. Marco legal
En Colombia, el Documento Conpes 3603 de 2009 cabía pensar que,
en aras de la garantía de derechos a los inmigrantes, la regulación de este
fenómeno daría un giro mediante la formulación de un estatuto que
reconociera derechos a estas personas y estableciera mecanismos para
facilitar su integración en la economía y la sociedad colombiana.
La regulación de la inmigración se encuentra regida por el Decreto 834
de 2013, norma que se ciñe a la tradición, en el sentido de limitarse a
establecer el régimen de visados y permisos de residencia y trabajo, las
condiciones de permanencia en el país, el régimen de control a los
65
extranjeros por parte de la autoridad migratoria, así como el tipo y monto de
sanciones como consecuencia de la transgresión de los procedimientos que
establece.
El Decreto 4000 de 2004, establecía un régimen de inmigración
planificado, en el que el ingreso de extranjeros al país dependía de las
“necesidades sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, de
seguridad, de orden público, sanitario y demás de interés para el Estado
colombiano.
El Decreto 834 de 2013 eliminó estas limitaciones, estableciendo un
régimen abierto de ingreso para los trabajadores extranjeros. Ello fue posible
pues poco tiempo antes la ley 1429 de 2010, modificó el Código Sustantivo
Laboral eliminado todo límite a la contratación de extranjeros por parte de los
empleadores nacionales.
Para, Pérez (2011), países como Venezuela, en las tres últimas
décadas ha consolidado su tradición en la región, de acogida a los
inmigrantes y en este sentido ha enfatizado que las políticas migratorias
deben transformarse en una oportunidad para intensificar en el marco
regional. Cónsona con estos antecedentes el país tiene una importante
legislación nacional que regula la materia, la cual ha procurado normar la
intensa actividad migratoria que confluye en él, particularmente de los países
vecinos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un sentido
amplio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,
vino a introducir una serie de modificaciones en materia de Derecho
Internacional y de relaciones internacionales, convirtiéndose en una de las
constituciones más modernas del continente.
El Artículo 2 de la Constitución Nacional establece la observancia de la
normativa internacional en materia de derechos humanos, con preeminencia
dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En el contenido del Título III, se
desarrolla un amplio marco de protección de los derechos humanos, tanto de
66
aquellos contemplados en su propio texto como los que se encuentran
desarrollados en tratados, pactos o convenios internacionales que Venezuela
ha suscrito y ratificado.
El texto constitucional consagra el derecho de toda persona sin distingo
entre nacionales o extranjeros o cualquiera otra índole, al goce y ejercicio de
los derechos humanos, salvo en casos excepcionales y de los permitidos por
las normas internacionales, como es el caso de los derechos políticos. En
cuanto al régimen internacional en la Constitución, en necesario hacer
mención de las disposiciones que remiten a los tratados internacionales,
como los Artículos 23, 153 y 339.
Por ésta vía, la Constitución hace una doble referencia a los tratados internacionales, en doble sentido como fuente de derecho interno y lo coloca en una ubicación particular. En este sentido, en el sistema venezolano, el Presidente de la República está encargado de manejar las relaciones internacionales, negociar tratados, la celebración y la ratificación.
En la Ley de Extranjería y Migración, tal como se ha señalado, tradicionalmente Venezuela ha sido el destino preferido de población migrante en la región andina, por lo que cuenta con un tratamiento especial en la materia.
Además del marco constitucional referido anteriormente, en el año 2001 se aprobó la Ley de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas y en el 2004, fue oficializada la nueva Ley de Extranjería y Migración. Ésta normativa derogó la Ley de Extranjeros del 31 de julio de 1937, la Ley Sobre Actividades de los Extranjeros en el territorio de Venezuela del 29 de julio de 1942 y la Ley de Inmigración y Colonización del 21 de julio de 1966.
Inicialmente, regula lo referente a la admisión, ingreso, permanencia,
registro, control e información, salida y reingreso de los extranjeros y
extranjeras en Venezuela, así como sus derechos y obligaciones, con la
finalidad de facilitar la “formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas y estrategias que en materia migratoria dicte el Ejecutivo
Nacional”, independientemente de su condición migratoria.
67
La comentada Ley, crea el Registro Nacional de Extranjeros y
Extranjeras Artículo 21 y la Comisión Nacional de Migración Artículo 28, para
asesorar al Ejecutivo. Dicha institución aún no se ha formalizado, y su
relevancia radica en que debería llevar el registro de migrantes y otras
funciones relacionadas con la administración del tema migratorio y aunque
se establece que el Presidente de la República deberá promulgarlo a más
tardar el 24 de julio de 2004, lo cual hasta la fecha se ha efectuado.
Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas:
Venezuela aprobó en el año 2001, la Ley Orgánica sobre Refugiados o
Refugiadas y Asilados o Asiladas, que incorpora el nombramiento de la
Comisión Nacional de Refugiados y una propuesta de creación de
Comisiones Técnicas Regionales para los mismos fines.
Manifiesta, Álvarez (2004), que esta normativa legal coloca a Venezuela
como ejecutor de políticas para la recepción de refugiados, a la vanguardia
de los países garantes de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario. Siendo este punto de gran importancia, debido a
la grave situación política presente en Colombia (y su relación directa en
desplazados y migrantes ilegales) y las alternativas humanitarias, se regula
ampliamente en la materia, ante la grave problemática que viven los
refugiados colombianos, como población vulnerada por su situación interna.
Reglamento para la regularización de los extranjeros y las extranjeras
que se encuentran en territorio nacional del año 2004. Este Reglamento
permitió la regularización de inmigrantes “con base en la justicia social y con
el firme propósito de defender los Derechos Humanos de los migrantes”. En
esta oportunidad se autorizó registrar a los extranjeros y las extranjeras en
condición irregular, que se encontraban en el territorio nacional, con sólo
presentar el comprobante de solicitud de regularización, pasaporte original
con la Visa vigente, si la poseía.
La importancia de este reglamento radica en que la situación legal de
los extranjeros no era una limitación para el beneficio de la naturalización.
68
Aquellos en situación irregular pudieron igualmente consignar la
documentación solicitada para su regularización y otorgarles la condición de
residente en el territorio de Venezuela. La duración del proceso fue de seis
meses a partir de su publicación.
2.1.4.2. Problemas Fronterizos
De acuerdo con, Rondón (2004), Colombia es un país con una extensa
línea limítrofe con sus países vecinos Venezuela, Brasil y Ecuador, en las cuales existe una estrecha relación fronteriza que causa serios problemas de tipo económico, político, militar, social y ecológico.
1. Económico. El primordial problema económico de las fronteras lo constituye el contrabando, este comercio ilegal genera grandes pérdidas económicas a Venezuela y Colombia y en casos provoca desabastecimiento de productos en tierras venezolanas. La extracción clandestina de minerales y piedras como oro y diamantes, que son llevadas del territorio, donde barcos extranjeros agotan los recursos de los mares a través de métodos prohibidos.
2. Social. El problema social es de mayor importancia lo constituye el de los inmigrantes indocumentados que penetran a Venezuela sin ningún tipo de control. Esto provoca diferentes tipos de problemas como seguridad y salud pública.
3. Político y Militar. En las áreas fronterizas se producen acciones armadas protagonizadas por grupos guerrilleros de Colombia que incursionan en Venezuela, y así como se han producido violaciones del territorio generando conflictos y reclamaciones.
4. Ecológico. Constituido por la acción contaminante de los ríos, la deforestación de las selvas, el aniquilamiento de la fauna y el deterioro de los recursos naturales han afectado el equilibrio ecológico en estas zonas.
(A) Plan Colombia
En los Programas de Información Internacional, el apoyo de Estados
Unidos para Colombia (2000), el Departamento de Estado de Estados
69
Unidos el Plan Colombia, se define como, Plan para la paz, la prosperidad y
el fortalecimiento del Estado, es una estrategia integral para enfrentar los
principales desafíos de la Colombia actual, como lo es, la promoción del
proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico, la reactivación de la
economía y el fortalecimiento de los pilares democráticos de la sociedad
colombiana. Su costo estimado es de US$7.558.1 millones, de los cuales,
US$3.525.22 deben provenir de la ayuda internacional y el resto ha de ser
provisto por el gobierno colombiano.
Al respecto, en el documento de presentación del Plan se parte de que
Colombia enfrenta el reto de la recuperación y de la consolidación de las
responsabilidades del Estado, por ello Vargas (2000), dice, que se configura
como la promoción de la democracia, el monopolio de la aplicación de la
justicia, la integridad territorial, la generación de condiciones para el empleo,
el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, y la
conservación del orden público, agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico.
Por consiguiente, continua explicando Vargas (2000), en dichas fuerzas
se quiere explicar el origen de la corrupción económica y política, la violencia
y la intensificación del conflicto armado que atravesó y atraviesa la geografía
colombiana, y por inferencia los graves problemas económicos y sociales
que afectan el país. Para, Estrada (2001), al hablar de los éxitos logrados en la lucha contra
los carteles de la droga y el narcoterrorismo, de una parte, y la capacidad
especialmente limitada del gobierno para resolver el problema, en razón
sobre todo de la peor crisis económica de la historia, sería necesario un plan
de acción sustentado en las siguientes diez estrategias:
1. Una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca la
capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico.
2. Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de
austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de
70
recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros
internacionales.
3. Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz
negociados con la guerrilla, que además deban fortalecer el Estado de
derecho y la lucha contra el narcotráfico.
4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y
modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía, para que éstos recuperen el
Estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional.
5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de
reafirmar el Estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e
imparcial para todos.
6. Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países
involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena..., para combatir
todos los componentes del ciclo de drogas ilícitas, y para impedir el flujo de
los productos de dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla y
otras organizaciones armadas.
7. Una estrategia de desarrollo alternativo, que contempla actividades
de protección ambiental, para conservar las áreas selváticas y poner fin a la
expansión peligrosa de cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica y sobre
los vastos parques naturales, que son a la vez áreas de una biodiversidad
inmensa y de importancia vital para la comunidad internacional.
8. Una estrategia de participación social que apunte a una
concientización colectiva.
9. Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de
salud y educación adecuados para todos los grupos vulnerables.
10. Una estrategia de orientación internacional que conforme los
principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado
para el problema de la droga.
A saber, Vargas (2000), se refiere a las estrategias, las cuales son
explicadas a lo largo de cinco capítulos que conforman la columna vertebral
71
del documento, de dicha lectura, se extrae propósitos más concretos en los
diferentes campos y las intenciones más profundas del Plan Colombia.
Al respecto, Guardiola (2000), explica que del panorama económico, se
pueden considerar tres aspectos principalmente:
1. La visión del gobierno de Pastrana se ciñe en una relación entre las
intenciones del Plan y la transformación de la economía y el reintegro al
equilibrio fiscal;
2. El gobierno colombiano requirió asistencia financiera internacional
para de esta manera fortalecer sus reformas económicas y al mismo tiempo
ampliar el flujo de recursos para financiar el esfuerzo militar y satisfacer
necesidades sociales, de esta manera, reducir al mínimo el impacto negativo
de la consolidación fiscal.
3. El Plan contribuiría a estimular la inversión privada solicitada para la
liberación y la reproducción de empleo, al restituir la confianza en los
inversionistas; accedería a un marco más adecuado para el mejoramiento de
las condiciones para atraer la inversión extranjera y promover la expansión
del comercio, es decir, el cumplimiento de las obligaciones de la Ronda
Uruguay de la OMC incluidas e implicaría el compromiso de Colombia de
“trabajar en conjunto con la comunidad internacional para negociar acuerdos
bilaterales de comercio (BIT) como mecanismo para proteger las inversiones
extranjeras”, entre otros.
En efecto, el Plan Colombia debió ser comprendido como un
componente de la actual estrategia de acumulación, además de su condición
para avanzar en la profundización de la segunda ola de reformas
económicas de corte neoliberal que adelanta la administración Pastrana.
Por su parte, según Estrada (2001), en lo que respecta a la estrategia
antinarcóticos se devela otro gran componente del Plan, el militar, expuesto específicamente en la Declaración de la misión, los objetivos estratégicos y
los focos integrados del Plan. Dice el Plan que la misión nacional consiste
en:
72
Asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la Ley; garantizar la soberanía nacional sobre el territorio; proteger el Estado y a la población civil de amenazas provenientes de los grupos alzados en armas y de las organizaciones criminales; romper los lazos entre estos grupos y la industria de la droga que los apoya.
Ahora bien, siguiendo con Estrada (2001), señala que los objetivos estratégicos parten de una meta de reducción de los cultivos de hoja de coca
en un 50% durante los próximos seis años, lo que se estimaron en cerca de
125.000 hectáreas, así mediante esfuerzos integrales de las Fuerzas
Armadas contra los cultivos ilícitos y el establecimiento del control militar en
zonas álgidas del país, acompañados de acciones de fortalecimiento del
sistema judicial y contra la corrupción; de la neutralización del sistema
financiero de los narcotraficantes y de esfuerzos anticontrabando; de operaciones de acopio de información e inteligencia, en cooperación con
esfuerzos regionales e internacionales; y de planes de desarrollo alternativo.
De esta manera, Emmerich (2002), al expresar que el Plan, fue
concebido para un periodo de tiempo de seis años, el cual contemplaba tres
fases de aplicación: en la fase uno el “esfuerzo judicial, policial y militar de
rango bajo” se apuntará al Putumayo y al sur (1 año); en la fase dos, se
dirige al sureste y las partes centrales del país (2 a 3 años); y en la fase tres,
los “esfuerzos integrados” se extienden a lo largo de la geografía colombiana
(3 a 6 años).
Para, Estrada (2001), al referirse a la estrategia antinarcóticos del Plan
Colombia, señala que comprende acciones para “asegurar la protección de la
democracia y los derechos humanos”, también al desarrollo de operaciones
aéreas, fluviales y marítimas y el aumento de la capacidad operacional de las
Fuerzas Armadas a través
Del mayor uso de operaciones conjuntas con la Policía Antinarcóticos; fortalecer los esfuerzos conjuntos entre Colombia y Estados Unidos; mejorar la protección de nuestras propias
73
fuerzas; integrar las fuerzas para la obtención y análisis de inteligencia; aumentar el número de tropas empleadas en operaciones; aumentar la movilidad en las selvas, con énfasis en operaciones aéreas y fluviales; mejorar las capacidad de las unidades para realizar operaciones conjuntas.
También, incluía pruebas y desarrollo de agentes de control biológico,
ambientalmente seguros y confiables, con el objetivo de localizar nuevas
tecnologías de erradicación de los sembradíos de coca, es decir, la maniobra
antinarcóticos descubre que el Plan Colombia es además un plan
esencialmente militar, que debió ser concebido como parte de una más
amplia estrategia de dominación basada en el uso de la fuerza, el cual
empezó en el sur de Colombia, el cual era territorio de control insurgente y
se extendió en seis años a todo el país.
Según, López (2002), al señalar que la estrategia antinarcóticos se
basó en gran medida en las lecturas que el Banco Mundial fue elaborando
sobre los conflictos armados tras el derrumbe del socialismo soviético y de
Europa del Este, es decir, tras dichos conflictos, antes que propósitos
altruistas de los rebeldes, se configuró en industrias criminales altamente
rentables.
Por su parte, Estrada (2001), señala que asimismo de la faceta militar,
el Plan Colombia tiene otras caras: primera, una para enfrentar el
cuestionamiento al ordenamiento jurídico y a las permanentes violaciones de
los derechos humanos por parte del Estado colombiano en el marco del
conflicto social y político armado.
Seguidamente, continúa el citado autor, explicando que en el Plan se
habló del forzoso fortalecimiento del Estado de derecho, de la
responsabilidad del sistema judicial, de la promoción, respeto y protección de
los derechos humanos, de eliminar la corrupción, de privar a los delincuentes
del producto de sus actividades, de combatir el contrabando y de fortalecer la
interdicción de narcóticos.
74
Igualmente, también señala Estrada (2001), que este plan suponía la asistencia a las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado interno, mediante la democratización y el desarrollo social. Es lo referente, al compromiso social de dicho Plan, que comprendía estrategias de desarrollo alternativo en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos y el conflicto armado.
En suma, de acuerdo al criterio de la autora de la investigación, el Plan Colombia, presumió la salida militar a través de una estrategia antinarcóticos, creando una gran estabilidad al Plan, pero que no soluciono realmente los dos problemas que intentó acabar como lo siguen constituyendo en los actuales momentos, como lo son, la insurgencia y el narcotráfico, ya que solamente lo que hizo fue producir el desplazamiento de dichos problemas hacia otros territorios de Colombia y hacia los de las fronteras con los países vecinos.
Por consiguiente, la realización de fumigaciones de los cultivos ilícitos, dejó sin fuentes de trabajo a muchos colombianos, con lo cual se aumentó los índices de delincuencia común, además de engrosar las filas de los grupos insurgentes, a no ser que los programas de generación de empleo se incrementen.
Pero, en consecuencia, la realidad nacional, es otra al demostrarse que crecen las dificultades para llevar a cabo estos programas en las áreas rurales, asediadas por condiciones inseguras. Por otra parte, en las ciudades el desempleo aumenta con la reducción de las nóminas de las empresas estatales, y con todas las reformas laborales que se llevaron a cabo. De manera que el panorama laboral y económico para Colombia es todavía muy incierto. Peor lo que sí es cierto es que universalmente está demostrado que para ningún país la guerra conlleva progreso y que éste sólo puede empezar a construirse cuando se logra la paz.
(B) Adquisición de Armamento y Flota Militares
De acuerdo con Battaglino (2008), en Suramérica se ha adquirido varios equipos bélicos desde el presente milenio, con equipamiento como: aviones
75
de combate, tanques, submarinos y buques, los que han sido incorporados a las fuerzas armadas de cada país. Por ende, algunos países poseen más adquisiciones de armamento como Chile, Brasil y Venezuela; dos de estos países, Venezuela y Chile, mantienen conflictos previos con países de la región que ocasionalmente causan enfrentamientos diplomáticos.
Siguiendo, con el citado autor, a lo anterior se suma la consumación de
nuevo equipamiento armamenticio, con lo cual se fue creando el escenario
perfecto para que se vea una carrera armamentista y un empeoramiento de
los dilemas de seguridad regionales. No obstante, los países que tienen
conflictos no han respondido a las compras de armamento; es decir mantiene
sus capacidad de armamento, siendo los países con mayor capacidad de
mayor a menor: Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, Perú y en sexto lugar
Colombia.
Por su parte, Nueva Mayoría (2013), señala que en la región
suramericana, se encuentran bajo conflicto interestatal por lo que las
compras por millones de dólares de armamento es fácil de interpretar como
el comienzo de una carrera armamentista ya que no se lo pone en proporción
a las necesidades de cada nación.
Al respecto, Battaglino (2008), dice que Venezuela, reestructuró sus
fuerzas armadas, pues ante la posible amenaza a la que este país se podría
enfrentar es EEUU por las diferencias y conflictos diplomáticos previos.
Además de estos problemas, el país se sintió amenazado por las bases que
EEUU tiene en varios países de Sudamérica; las más cercanas son las
bases establecidas en Colombia y Curazao.
Continua, Battaglino (2008), señalando que las Fuerzas Armadas
Venezolanas, tuvieron un cambio radical de su estructura la cual estaba
creada para contrarrestar amenazas regionales, para ahora, estar preparada
contra posibles ataques o invasiones marítimas, lo que requiere la
adquisición de nueva tecnología, es decir, el país compró en el gobierno de
Hugo Chávez helicópteros de doble función, aviones de combate Sukhoi,
76
aviones transporte y lanchas guardacostas, fusiles AK-103 y cohetes
antiaéreos, pero la cantidad de armamento comprado no representa una real
amenaza para EEUU o para ningún país de la región, por ende, solo se
renovó la tecnología con el fin de tener armas defensivas para disuadir a
posibles agresores.
Por ello, Sipri (2013), añade que América del sur es una región con bajo
nivel de conflicto interestatal y el gasto en armamento responde a esta
situación, por ende, esta región suramericana en promedio gasta en defensa
1,3% del PIB, la mitad del promedio mundial 2.6% del PIB. Es más, el gasto
se ha reducido desde 1995, que alcanzaba el 1,77% del PIB. Esto se ve
soportado en los esfuerzos regionales por fomentar la cooperación.
Grafico 2. Gasto militar en relación al PIB. Fuente: Stockholm Internacional Peace Researrch Instituten (2012)
Al revisar el gráfico 6, se puede apreciar el gasto en armamento de
Venezuela en el gobierno de Hugo Chávez frente a otros países es menor;
es mucho menor al de Colombia, con quien mantuvo varios problemas
diplomáticos, o a Brasil su otro vecino; se puede apreciar que en al año
77
2012, Venezuela gastó el 1% del PIB frente a Brasil que gastó de su
1,5%PIB en armamento.
Asimismo, según SIPRI (2013), también asegura que las adquisiciones
de armamento durante el periodo de Chávez procedieron de tres países
principalmente, el 66% de Rusia, el 12% de España y el 12% de China para
el año 2012, por lo tanto, esto se debió al embargo impuesto por Estados
Unidos a los miembros de la OTAN de vender armamento a Venezuela.
Pues bien, a pesar de mantener el discurso pacifista el llamado
Socialismo del siglo XXI y los países que han optado por acoger este sistema
no dejan de comprar armamento bélico, es decir, Venezuela, no es el único
país que continuo comprando armas, que aun cuando dice que son para
defensa de su soberanía no van de acuerdo a la teoría del Socialismo del
Siglo XXI, sino que Bolivia y Ecuador, que también apostaron por una política
similar, han continuado con la compra de armas.
De manera que, la teoría mantuvo y mantiene aún hoy en día en dar
prioridad a la unión regional, pero con la renovación del equipo bélico
venezolano, países como Colombia se preocuparon por el inicio de una
carrera armamentista, lo que diplomáticamente tuvo efecto negativo por la
amenaza que produce una posible invasión y peor aún, con las acusaciones
de que Hugo Chávez apoyó ideológicamente, económicamente y con
armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
(C) Apoyo a Grupo Insurgentes
De acuerdo con, Delgado (2011), señala que existió una gran simpatía
del presidente Chávez por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), esta surge a través de la identidad ideológica con la
organización guerrillera, la cual sirve de referente estratégico para
fundamentar su concepción de la guerra asimétrica bajo la cual creó el
modelo de milicia bolivariana.
78
En consecuencia, según Ruiz (2011), al hacer un énfasis al modelo de
relacionamiento que el presidente Chávez y las FARC adoptaron en
circunstancias especiales, particularmente, en principio el gobierno de
Chávez sólo buscaba limitar la actividad de las FARC cuando se hacía lo
suficientemente obvio para construir un riesgo político, o cuando los
intereses a corto plazo del gobierno hacían de otro modo que dicha
intervención fuera de las FARC.
Al respecto, Llerena (2014), explica que el gobierno del presidente
Chávez solamente llegó hasta determinar un límite estratégico para las
FARC y no una restricción total y absoluta en territorio venezolano, por lo
tanto, para el grupo guerrillero es una forma de acuerdo tácito que explica,
entre otros, la capacidad criminal que tienen dentro del territorio venezolano.
A fin de cuentas, y después de lo dicho por los anteriores autores, se
hace evidente la presencia, la fácil movilidad y la capacidad operativa y
armada de las fuerzas insurgentes colombianas en territorio venezolano, sin
que las autoridades de ese país controlen su accionar delictivo. Todo lo
anterior demuestra que las FARC y el ELN conservan en la actualidad
condiciones de favorabilidad estratégica en territorio venezolano, con lo que
se continúa afectando gravemente la seguridad en Colombia, recibiendo el
mayor impacto las fronteras entre el Arauca y Norte de Santander.
(D) Refugiados y desplazados
Álvarez (2009), señala que de los siete departamentos colombianos que
comparten frontera con Venezuela, cada uno de ellos sufren el impacto del
conflicto armado que se libra desde hace décadas en este territorio. La
posición geoestratégica de los departamentos fronterizos, su proximidad con
el límite internacional facilita la instauración de una dinámica alrededor de
estos espacios.
Al respecto, Santana (2004), estipula que Colombia a partir de la
década de los 90 comenzó a figurar con una economía ilegal diversificada,
79
desarrollada en virtud de la producción, industrialización y comercialización
de drogas como cocaína, amapola y marihuana. Por consiguiente, la
totalidad de los departamentos fronterizos colombianos con Venezuela
presentan un comportamiento similar en relación al flagelo del narcotráfico, la
comercialización y distribución de drogas con fuerte repercusión en la
dinámica de la frontera.
Por ello, este fenómeno provoca de manera frecuente el enfrentamiento entre los grupos armados, y la contra escalada militar del ejército colombiano, que se expande y profundiza en casi la totalidad de los municipios y departamentos colombianos, con efectos inmediatos en el desplazamiento forzado, tal situación impacta de manera severa por los efectos diferenciales a las poblaciones más vulnerables como los indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y niños.
El CODHES (2002), señala que en el caso de los pueblos indígenas, la situación es altamente preocupante debido a la presencia de los grupos armados y la fuerza pública colombiana, a razón de esto, se observa un exterminio indiscriminado de estos grupos vulnerables y una elevada migración forzada hacia otros destinos como Venezuela. Comunidades de los departamentos fronterizos de la Guajira, Cesar, Norte de Santander, a raíz de la arremetida de los actores armados se ven forzados a abandonar sus territorios ancestrales, trasladándose hacia las cabeceras municipales, centros urbanos e incluso hasta las principales ciudades colombianas y, cuando las circunstancias lo permiten se desplazan hacia territorio venezolano en la búsqueda de protección y refugio.
Es así, como la presencia de un número considerable de desplazados por la violencia en la frontera venezolana indica que se está frente a un nuevo patrón del fenómeno migratorio colombo-venezolano, donde a la continuidad de los flujos por motivos laborales se añade esta nueva modalidad determinada por los refugiados.
Según, Castles (2005), manifiesta que la migración forzada crece en volumen e importancia como resultado de endémicas violencias y violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, quienes diseñan las políticas
80
intentan instrumentar políticas diferenciales para diversas categorías de migrantes, por ello, existe una competencia global para traer migrantes altamente calificados, pero los refugiados, los migrantes no calificados y sus familias no son bienvenidos, asimismo, aumenta la comprensión de que la migración tanto económica como forzada es parte integral de los procesos de integración económica, global y regional.
Queda claro, que los inmigrantes no simplemente se asimilan en las
sociedades receptoras, sino que en cambio tienden a formar comunidades y
a conservar sus propios idiomas, religiones y culturas. Finalmente la
migración se ha tornado altamente politizada y es ahora un tema total de la
política tanto nacional, como internacional.
3. Sistema de Categorías
3.1. Definición Nominal
Política migratoria fronteriza
3.2. Definición Conceptual
Otálvora (2003) lo describe como un novedoso “diseño estratégico para
la región” en su momento, pues en él se resumió la adjudicación del Permiso
Fronterizo para cruzar o permanecer temporalmente en el país vecino por
motivos personales, educativos, económicos, profesionales o religiosos.
Asimismo, el Estatuto permitiría regular la circulación de vehículos, el uso de
los cursos de aguas compartidos, la caza, pesca, el apoyo y la cooperación
de las autoridades policiales de ambos países para frenar el delito en la
región fronteriza.
81
Cuadro 1 Sistematización de la categoría
PROPOSITO GENERAL: Analizar comparativamente la política migratoria fronteriza entre Colombia y Venezuela en el periodo comprendida desde 1999 hasta 2010
PROPOSITOS ESPECÍFICOS
CATEGORIA SUBCATEGORIA UNIDAD DE ANALISIS
Examinar las relaciones binacionales de Colombia y Venezuela en el periodo 1999-2010
Política migratoria fronteriza
Relaciones
binacionales
-Política exterior de Venezuela -Política exterior de Colombia -Acuerdos bilaterales entre Colombia y Venezuela
Describir los acuerdos de integración fronterizos que sostienen Venezuela y Colombia en el periodo 1999-2010.
Acuerdos de integración fronterizos
-MERCOSUR -Comunidad Andina -ALBA -UNASUR -CARICOM -Otros acuerdos suscritos
Analizar los convenios emanados por Organismos Internacionales aplicables a las políticas fronterizas entre Venezuela y Colombia en el periodo 1999-2010.
Convenios emanados por Organismos
Internacionales
-OEA -ONU
Comprender el alcance de las políticas migratorias fronterizas entre Colombia y Venezuela en el periodo comprendida desde 1999 hasta 2010
Alcance de las políticas
migratorias fronterizas
-Marco legal migratorio entre Colombia y Venezuela -Problemas fronterizos
Fuente: Mieles (2015)