los retos del nuevo gobierno en materia educativa …

REVISTA DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

AÑO 8 NÚMERO 38NUEVA ÉPOCA

LOS RETOS DEL NUEVO GOBIERNO EN MATERIA EDUCATIVA

Número especial monográfico

OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

REVISTA DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

AÑO 8 NÚMERO 38NUEVA ÉPOCA

LOS RETOS DEL NUEVO GOBIERNO EN MATERIA EDUCATIVA

Número especial monográfico

OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

Es una publicación trimestral delInstituto Belisario Domínguez del Senado de la República

Presidente del IBDSenador Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario Técnico del IBDRodrigo Ávila Barreiro

Directora General de Difusión y PublicacionesMartha Patricia Patiño Fierro

Directora de PluralidadyConsensoMagda Olalde Martínez

Coordinación editorialDora Cecilia Martínez Garcés

PluralidadyConsenso

PluralidadyConsenso, Año 8, No. 38, octubre-diciembre 2018 es una publicación trimestral del Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez, con domicilio en DoncelesNo. 14, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, México D.F., Tel. 57224824, www.ibd.senado.gob.mx; @IBDSenado , IBDSenado ; pluralidadyconsenso.ibd@senado. gob.mx Reserva de Derecho al uso exclusivo 04-2014-111909344900-102 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN 2395-8138. Certi�cado de Licitud de Título y Contenido 16413 otorgado por la Comisión Cali�cadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.Impresa en Tlalnepantla, Estado de México. México, en el mes de diciembre de 2018 con un tiraje de 800 ejemplares.Editada y distribuida por el Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez.Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente re�ejan la postura del editor de la publicación.Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez.Representante Legal y Editorial: Enrique Antonio Netzahualpilli de Icaza Pro

Publicación a cargo de la Dirección General de Difusión y Publicaciones

La idea original, la coordinación y el cuidado editorial de este número especial estuvieron a cargo de Rodolfo Ramírez Raymundo y Concepción Torres Ramírez, investigadores del Área de Equidad y derechos sociales de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD.

I. EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN

II. LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Índice

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La educación ante los grandes problemas de la naciónGilberto Guevara Niebla

Los retos del nuevo gobierno en materia educativa

Hacia una política del desarrollo integral temprano: avances, deficiencias y propuestasRobert Myers

Reforma educativa, privatización y equidad de la educación públicaElsie Rockwell

Potenciar la educación preescolarEva Moreno Sánchez

Educación Media Superior para poblaciones pobresConcepción Torres Ramírez

Propuestas para mejorar la atención educativa a poblaciones rurales en MéxicoRed Temática de Investigación de Educación Rural

Pueblos indígenas y educación en MéxicoJavier López Sánchez

La educación, la cultura y la palabraManuel Pérez Rocha

¿Quiénes se quedan fuera de la educación obligatoria?Francisco Rodríguez Padrón

El daño patrimonial a los erarios estatales por el inequitativo financiamiento de la educación básicaJosé Raúl Trujillo

Defender y fortalecer la escuela pública, una de las grandes tareas del magisterio nacionalRoberto Gabriel Gómez Jiménez

Los retos en materia de Educación Media SuperiorJuan Pablo Arroyo Ortíz

Desafíos de la educación escolar indígenapara el Siglo XXI Gabriela Czarny Gisela Salinas

La infraestructura educativa en nivel básico y la política de gasto del gobierno federal 2013-2018 Sandra Oralia Maya HernándezAlejandra Huerta Pineda

Los cambios legislativos necesarios para el fortalecimiento de la educación pública en MéxicoSenador Rubén Rocha Moya

Reflexiones sobre la reforma en materia educativaDiputada Adela Piña Bernal

Inclusión y educaciónSenadora Beatriz Paredes Rangel

8Palabras pronunciadas en la presentación de la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucionalEsteban Moctezuma Barragán

IV. EDUCACIÓN SUPERIOR

III. FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS MAESTROS

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Seis problemas fundamentales de la educación superior en MéxicoGermán Álvarez Mendiola

La formación inicial de maestros y el nuevo proyecto educativo nacionalRuth Mercado Maldonado

Aprendizaje profesional docente: propuesta de acuerdo legislativoGraciela Cordero Arroyo

El cambio de paradigmas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticasAlejandro Javier Díaz Barriga Casales

Para devolver la universidad a la nación Hugo Aboites

La crisis en el financiamiento de las universidades públicas estatales y la creación de 100 nuevas universidades en el paísMiguel Ángel Estrada García

Problemas actuales de la formación inicial de maestros y alternativas de soluciónGrupo de maestros, alumnos y personal de apoyo de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros

El papel de la Universidad Pedagógica Nacionalen la formación inicial y continua para profesores: retos y oportunidadesAdalberto Rangel Ruíz de la PeñaJ. Javier González Monroy

La enseñanza del cambio climático desde la cienciaWendy García Calderón

EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 EL EJECUTIVO federal presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 3º de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, mediante la cual se busca establecer las bases de lo que será la política educativa para el periodo 2018-2024.

La definición de un nuevo proyecto educativo nacional implica el análisis cuidadoso de la si-tuación actual de los diferentes niveles y mo-dalidades educativas, la valoración equilibrada de los resultados de las acciones puestas en práctica por los gobiernos anteriores —para definir las que deben continuar, reorientarse o eliminarse— pero, sobre todo, implica asumir la complejidad de los problemas existentes para diseñar estrategias y acciones pertinentes y viables. En este sentido, resulta indispensable escuchar la opinión de los principales actores de la educación en México.


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PRESENTACIÓN

En este número especial de Pluralidad y Consenso, el Instituto Belisario Domínguez se propuso recoger la opinión de especialistas en educación (maestros e investigadores), legisladores y funcionarios del nuevo gobierno, quienes —desde diferentes perspectivas— plantean reflexiones, problemas específi-cos y prevenciones, e incluso alternativas de acción a considerar en la nueva política educativa.

En la primera sección de este volumen, Gilberto Guevara Niebla y Manuel Pérez Rocha reflexionan sobre el sentido de la educación en el mundo actual y sobre cuáles debían ser las prioridades forma-tivas del Estado respecto a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

En esta sección se incluyen dos artículos escritos por la Diputada Adela Piña y el Senador Rubén Rocha —presidentes de las comisiones de educación en sus respectivas cámaras—, y uno más de la Senadora Beatriz Paredes, que muestran diferentes puntos de vista sobre la educación y el rumbo que ésta debe tomar a partir de una reforma legislativa.

Aquí se presenta también el discurso del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en la presentación de la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional.

La segunda sección se dedica a la educación inicial y a la educación obligatoria. Robert Myers rea-liza un balance de los servicios públicos de educación inicial ofrecidos en los últimos años y, con esa base, realiza propuestas para su mejora. Francisco Rodríguez ofrece un análisis estadístico de la población en edad escolar que se encuentra fuera de las escuelas de nivel obligatorio. Eva Moreno formula recomendaciones de política para fortalecer la educación preescolar y, con ello, asegurar una atención que propicie en los niños y las niñas el desarrollo de capacidades fundamentales indis-pensables para seguir aprendiendo e integrarse a la vida social.

Roberto Gómez, por su parte, expone algunas necesidades en las escuelas primarias de Ciudad de México y plantea propuestas para su atención. La educación dirigida a las poblaciones más vulne-rables del país —la rural y la indígena— es analizada en tres artículos escritos por la Red temática de investigación de educación rural, Gabriela Czarny y Gisela Salinas, y Javier López.

El estado de la infraestructura escolar en la educación primaria es examinado por Sandra Maya y Ale-jandra Huerta; las autoras aportan elementos para un balance de las principales políticas de fortale-cimiento de la infraestructura escolar e identifican los retos que se enfrentan. Con base en el análisis del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) entre 2014 y 2018, José Raúl Trujillo explica el origen de las dificultades que enfrentan algunos estados para cubrir el costo de la educación pública, en particular la nómina magisterial.

Elsie Rockwell propone el análisis de la reforma educativa de 2013 desde el punto de vista de la equi-dad y agrega una serie de recomendaciones para legisladores y autoridades educativas frente al fenó-meno de privatización de la educación pública que —sostiene— se ha registrado en los últimos años.

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Sobre la Educación Media Superior se incluyen dos artículos. En el primero de ellos, Concepción To-rres sistematiza la información existente sobre las características de los servicios de este nivel dirigi-dos a la población de localidades rurales pequeñas —los Telebachilleratos, los Centros de Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD) y los Telebachilleratos comunitarios—, y plantea la necesidad de reconsiderar su continuidad en las mismas condiciones. En el segundo artículo, Juan Pablo Arroyo Ortiz esboza las líneas de la política educativa para la media superior en la administración que inicia.

La tercera sección está dedicada a la formación inicial y continua de los profesores. Ruth Mercado re-flexiona sobre los contenidos de la formación inicial, sobre su vinculación con la educación básica y la formación continua, así como sobre los cambios que introdujo en las normales el Servicio Profesio-nal Docente (SPD), y plantea algunas recomendaciones. Sobre el mismo tema, un grupo de maestros y alumnos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros enumera los principales problemas que aquejan a su institución —lo mismo que a otras Normales— y señala las condiciones que, a su juicio, son indispensables para una verdadera transformación institucional.

Graciela Cordero sostiene que, si la política hacia los maestros 2019-2014 estará centrada en su formación, es indispensable evitar las modalidades formativas que reiteradamente han mostrado sus limitaciones y priorizar, en cambio, las oportunidades que tiene el maestro para su aprendizaje permanente a lo largo de su carrera profesional. Adalberto Rangel y Javier González exploran las posibilidades de fortalecimiento de la Universidad Pedagógica Nacional, de cara a los retos que ac-tualmente se enfrentan en materia de formación inicial y continua de profesores.

En esta sección se han incluido dos artículos que recuperan experiencias de formación continua de profesores de secundaria y media superior. La primera de ellas la presenta Alejandro Díaz Barriga, quien desde la Universidad Nacional Autónoma de México ha impartido cursos y talleres sobre la enseñanza de las matemáticas; la segunda corresponde a Wendy García, quien describe la propuesta del Centro Mario Molina para la enseñanza del cambio climático desde la ciencia.

La cuarta sección se dedica a la educación superior. En el primer artículo, Germán Álvarez llama la atención sobre los que —a su parecer— son los principales problemas de este nivel educativo y la forma en que deberían atenderse; en la misma línea, Hugo Aboites escribe seis propuestas especí-ficas para fortalecer a la universidad pública.

En esta sección se ha incluido también un artículo de Miguel Ángel Estrada, en el que analiza el ori-gen de la crisis financiera por la que atraviesan algunas universidades públicas estatales.

El Instituto Belisario Domínguez espera que este material aporte elementos para enriquecer la delibe-ración legislativa y contribuya a fundamentar las reformas constitucional y legales en materia educativa necesarias para la construcción del proyecto educativo equitativo e incluyente que nuestro país necesita.

Senador Miguel Ángel Osorio ChongPresidente del Instituto Belisario Domínguez

I. El sentido de la educación

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MUY BUENOS DÍAS SEÑOR PRESIDENTE DE LA república, Andrés Manuel López Obrador. Du-rante su campaña usted recogió el enorme anhelo que hay en el país por una educación con equidad y con calidad. Y, al mismo tiempo, recogió la frustración de que las expectativas sembradas con la reforama educativa no pro-dujeron un incremento en el aprovechamiento escolar de las niñas, los niños, los jóvenes y sí, en cambio, provocaron un estrés e injusticias muy importantes al magisterio nacional.

Fue, sin lugar a dudas, muy injusto que se haya culpado a los maestros como los únicos res-ponsables de los problemas de la educación pública. El resultado en el gremio magisterial lo podemos ver de manera muy tangible cuando analizamos que, en los últimos tres años, 150 mil maestros y maestras de México pidieron su prejubilación o su jubilación.

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Palabras pronunciadas en la presentación de la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional

Esteban Moctezuma Barragán*

Y, por otra parte, se dio una caída en la matrícula en las Normales públicas y privadas también, en promedio en todo el país de un 23 por ciento. Y en el sur del país de un 50 por ciento. Este fue un daño enorme que se le hizo a la profesión magisterial, que debe ser orgullo de todo nuestro país.

Y, sin lugar a dudas, un problema fundamental fue lo que usted acaba de comentar, de que se dio esa reforma como una decisión unilateral, sin la participación de la sociedad. Y eso lo llevó a usted en la campaña a afirmar que nunca más habrá una reforma educativa sin la participación del magisterio.

Nos solicitó, ya en la época de la transición, realizar una amplia consulta para conocer el sentir de maestras, maestros, expertos, padres de familia, académicos, sociedad civil organizada, alumnos. Y lo que sucedió fue que, al abrir puertas y ventanas en esta gran consulta nacional, la participación fue enorme. Tan solo en la plataforma digital tenemos registradas, y se pueden consultar por cualquier persona, más de 64 mil ponencias para indicar mejoras que se pueden incorporar al sector educativo.

En los foros educativos, más de 80 mil personas participaron de manera presencial en todas las en-tidades federativas. Y el grupo de jóvenes que voluntariamente realizó entrevistas y diálogos en las calles y hogares en México, levantó un millón 700 mil entrevistas.

Esto habla de un esfuerzo enorme, y de una cosecha todavía más grande de resultados sobre el sentir nacional alrededor de la educación, que nos llevó también a enviarle a todos los directores del país un cuestionario que respondieron 110 mil directores y docentes. Lo curioso es que nunca antes se le había preguntado a un director sobre su trabajo.

* Secretario de Educación Pública. Presentación de la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018.

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EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN

Esta consulta nos llevó a muchos hallazgos de los cuales destaco solo algunos. En primer lugar, te-nemos que reconocer que la mayor riqueza de nuestro sistema educativo está, sin duda, en nuestras maestras y maestros. Tenemos un magisterio experimentado, estudioso y, sobre todo, comprometi-do de cuerpo y alma con su tarea. Un segundo hallazgo, es que los maestros están convencidos de que no están formando solamente empleados, sino que están formando ciudadanos, ciudadanos con conciencia social, con solidaridad y conciencia sobre su comunidad; ciudadanos que respetan el medio ambiente y que buscan, sobre todo, ser buenos mexicanos.

Otro hallazgo muy importante es que múltiples demandas magisteriales se derivan de rezagos ad-ministrativos, cuya solución concierne a la autoridad educativa, que debe ya atenderlos.

Por ello, toda esta consulta a la base nos llevó a proponer la iniciativa legal que usted acaba de firmar, y que será precisamente la plataforma para la construcción ahora de un gran acuerdo educativo. No será una reforma que parta exclusivamente del sector educativo, sino un acuerdo en donde se va a invitar a toda la sociedad, porque es tarea de todos la educación, a participar en ella, para fortalecer el Estado de bienestar que usted promueve.

Esta iniciativa contiene, entre otros aspectos, en primer lugar, la revaloración del magisterio. En esta iniciativa se reconoce, por primera ocasión, al docente como agente de cambio en México y se ga-rantiza su servicio a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio.

En el texto del artículo tercero constitucional, por primera vez, aparece el concepto de las niñas, ni-ños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. El foco de la educación, serán ellos.

A los principios tradicionales de la educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia, como principios básicos de la educación pública que imparte el Estado.

Al hablar de equidad estamos conscientes de que, en México, la educación más pobre se les da a los más pobres. Y eso tiene que cambiar, tenemos que hacer un esfuerzo de fortalecer el sistema educa-tivo para que rompa una de las causas de la pobreza en el país.

Se consagra el principio de la obligatoriedad de la educación superior.

Asimismo, el derecho a los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y for-mación continua. Este nuevo servicio de carrera profesional del magisterio se basará en una perma-nente capacitación a los maestros.

Queremos mejores maestros, y la buena noticia es que quien más lo desea son ellos mismos. Es unos de los gremios que más se prepara y más capacitación tiene en el país.

La reforma consagra al fortalecimiento de las escuelas Normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente, para mejorar sus métodos de enseñanza y mejorar la cali-dad de la educación.

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No podemos cambiar la educación si no nos vamos al origen, y el origen precisamente de la forma-ción magisterial, son las Normales a las que se les va a apoyar.

Se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el arte —en especial la música—, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. A eso es a lo que llamamos educación integral.

Se introduce la visión regional que promoverá la formulación de contenidos y políticas diferencia-das. Un país pluriétnico, pluricultural, como México, debe tener una política diferenciada en materia educativa, y permitirles a las regiones expresarse a través del sistema educativo.

El principio de equidad que se establece permitirá, también, una política incluyente adecuada a esta diversidad cultural y étnica, la cual incorpora un énfasis en educación indígena, en educación indíge-na bilingüe y bicultural, a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales.

En escuelas de educación básica en zonas vulnerables se implementarán acciones de carácter ali-mentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja.

El Estado asume la responsabilidad de implementar políticas, como el caso del sistema de becas “Benito Juárez”, para evitar la deserción y fomentar la permanencia.

Se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educa-ción, al que se le dota de más amplias competencias entre las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación de desempeño de instituciones y autoridades y actores de la educación, para utilizar toda esta información y emitir los lineamientos para la capa-citación magisterial y la formación docente, así como la formación profesional de la gestión escolar para directores y supervisores. Además de la realización de estudios, mediciones e investigaciones especializadas.

Estas tareas van a llevar a medir los resultados no solo del magisterio, señor presidente, sino del siste-ma educativo y de las autoridades educativas. El organismo contará con un Consejo Consultivo de la mayor representatividad que, de manera permanente, apoyará al sector educativo. Y con una visión de futuro, realizará un programa indicativo del más largo aliento como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, un programa a 30, 40 años, que permitirá darle continuidad a la política educativa de Estado.

Lo anterior conlleva a la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La educación debe reconciliarnos a todos los mexicanos, igualarnos e integrarnos. Por ello, es que esta educación será incluyente y considerará siempre las diferencias regionales, pero con una visión también de nacionalidad.

El hecho de trabajar cerca de los maestros, cerca de las organizaciones sindicales, no implica otra cosa más que estar juntos en el objetivo último que es el aprendizaje de las niñas y de los niños.

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Los sindicatos no renuncian, al trabajar junto con la autoridad educativa, a defender los derechos laborales de sus agremiados.

La autoridad educativa tampoco renuncia a ser el rector de la educación pública al trabajar cerca de ellos, pero todo el trabajo educativo se hará siempre considerando la opinión de las maestras, los maestros, la sociedad, los padres de familia y los alumnos.

En los diálogos, señor presidente, con los directores y los docentes fue recurrente una frase: nos la pasamos, en vez de educando, defendiéndonos de la autoridad educativa. Lo que viene por delante, es que se trabajará con unidad educativa en favor de las niñas y los niños, revalorando el magisterio como la pieza fundamental de nuestro sector.

Usted acaba de decir: la educación debe ser un derecho de todos y no el privilegio de unos cuantos. Esto es la norma básica que guiará una educación de equidad con calidad en México y con esta iniciativa, sin duda, vamos a dar un paso crucial para avanzar en la cuarta transformación con una es-cuela abierta a la sociedad que sea el centro de aprendizaje comunitario. La nueva escuela mexicana y con una pedagogía que también será la nueva pedagogía mexicana.

Muchas gracias.

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¿ EDUCACIÓN PARA QUÉ? PARA ATENDER LOS grandes problemas de México, es la respuesta lógica. Dichos problemas deben ser el marco de referencia que oriente la acción educativa. ¿Cuáles son estos problemas? El primero, es la pobreza y la desigualdad; el segundo, la violen-cia y la ilegalidad; el tercero, las carencias de la democracia y, el cuarto, la falta de un desarro-llo económico con equidad.

Para atender cada uno de estos problemas son necesarios cambios sustantivos al sistema edu-cativo. El anhelo de cambio se manifestó en la elección del 1 de julio. Mucha gente honesta, bien intencionada y sin antecedentes políticos fue colocada por el voto popular en cargos de representación política, lo que se traduce en un bono a favor de la nueva administración. El presidente de la república resume en dos pala-bras la gran transformación que pretende en-cabezar: honestidad y justicia.

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La educación ante los grandes problemas de la nación

Gilberto Guevara Niebla*

* Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

El sistema educativo y la justicia social

La segunda palabra, justicia, simboliza el problema central de México. ¿Cómo organizar el Sistema Educativo Nacional (SEN) para impulsar la construcción de una sociedad más igualitaria y equitati-va? De entrada, se necesitan cambios en la base de la pirámide educativa. Por ejemplo, las maestras de preescolar saben que cuando los alumnos llegan a la escuela sus capacidades físico-motoras, emocionales o intelectuales son muy distintas entre ellos. Hay pequeños que están dotados satisfac-toriamente; otros muestran dificultades para expresarse, para moverse o para socializar. Los mejor provistos suelen provenir de familias con mejores condiciones económicas; los niños rezagados, en cambio, vienen de familias con muchas carencias.

Atender la desigualdad desde esas edades es fundamental porque de no hacerlo se perpetuarán a lo largo de las trayectorias escolares de los alumnos. La investigación ha demostrado la importancia de actuar con estimulación temprana durante la crianza de los niños (0-3 años), como una forma de potenciar su futuro desarrollo.

Una vez que han ingresado al sistema educativo se observa que hay un porcentaje importante de alumnos que no logran aprender; por más esfuerzos que realicen no logran alcanzar niveles óptimos de aprendizaje. Es el efecto de retraso que producen las deficiencias originales. Los sociólogos (Ber-nstein, Bourdieu) señalan que las diferencias en el aprendizaje tienen como principal explicación las diferencias sociales y culturales, el medio de origen.

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Por ejemplo, los niños que provienen de clase obrera tienen más dificultades para acceder al pensa-miento abstracto, aunque se manejan muy bien en el pensamiento concreto. Esto conduce a que la escuela (que se ordena en torno al pensamiento abstracto) se convierta en una máquina de selec-ción, sobre todo cuando se ha demostrado que los niños con un pensamiento abstracto más desa-rrollado son los que más prosperan y aprenden con mayor facilidad. Esto genera una desigualdad que persiste a lo largo de la escolaridad obligatoria.

¿Qué se necesita para lograr que la escuela —en vez de actuar como un aparato de selección— se con-vierta en una institución igualadora, justiciera y que promueva la movilidad social? Lo que se requiere es cambiar las prácticas educativas porque lo que ha dominado en el sistema educativo, sobre todo en primaria y secundaria, es una pedagogía tradicional, que enseña solo para una minoría que aprende y no presta atención al que no aprende, que se preocupa por el aprendizaje, pero no por el no aprendiza-je. Una pedagogía equitativa sería aquella que se preocupe porque todos aprendan. Existen pedago-gías desarrolladas que atienden la diversidad de los alumnos y que buscan resolver la desigualdad en el aprendizaje. Por ejemplo, la pedagogía diferenciada de Philippe Perrenoud. Estas pedagogías son bien conocidas en otros países como Estados Unidos, Francia y Bélgica. Se trata de que el maestro atienda alumno por alumno y no lance un discurso al colectivo que sea desigualmente entendido.

Otro elemento por considerar para alcanzar la justicia social es atender con prioridad a la parte más lastima-da del sistema, es decir, la educación indígena, la rural, y las escuelas ubicadas en áreas urbanas deterioradas. Siempre se tendrán malos resultados educativos si no se atienden y para ello es necesario ponerlas a la altura del resto del sistema educativo, por medio, por ejemplo de inversiones diferenciadas (compensatorias) y a través de sistemas de estímulos que induzcan a los buenos maestros a trabajar en ellas.

Estos son solo algunos de los cambios que se requieren para detener la reproducción de la desigual-dad y para generar movilidad e igualdad social.

Educación y violencia

Desde el sistema educativo debe pensarse sobre lo que pasa sobre todo en la base de la pirámide. La violencia se asocia con la soledad, el desamparo y la frustración. Los niños que no reciben afecto, ni de sus padres ni de sus profesores, suelen ser más propensos a la violencia. Desde la escuela se debe promover un ambiente de respeto hacia el profesorado, mejorar las relaciones en la vida es-colar y, entre los niños, promover la empatía, el diálogo, la tolerancia y valores que enriquezcan la convivencia escolar. Se requiere que la escuela sea un ambiente amable, rico en estímulos para los niños, y atractivo para ellos y para sus profesores. Esto exige asimismo, solucionar los problemas de infraestructura y equipamiento de los planteles.

En la relación maestro-alumno debe promoverse la no estigmatización de los alumnos. Es un grave error que el docente o el padre de familia apliquen estereotipos al alumno por su bajo rendimiento escolar. El alumno requiere escuchar, por el contrario, expresiones de reconocimiento y aliento que refuercen su motivación y su autoestima.

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La baja autoestima y el desaliento son los disparadores de la frustración y la amargura que están en la base de las conductas violentas. Un buen docente debe impedir que se establezcan entre sus alumnos relaciones de competencia porque, a la larga, éstas contribuyen a dañar la convivencia y, en el fondo, conducen a la rivalidad y a la violencia escolar.

Otro elemento, sobre todo para los estudiantes de secundaria y bachillerato, es que la escuela se vuelve aburrida. En bachillerato muchos alumnos desertan porque no les gusta la escuela y por el hecho demostrable de que muchos de los contenidos que se les ofrecen están poco relacionados con sus vidas. En secundaria los contenidos suelen ser calificados de áridos dado que los estudiantes no perciben que lo que se les enseña tenga algún valor para la vida, lo que induce la deserción y a la postre a la violencia. La deserción, el abandono de la escuela, tiene efectos perturbadores para la vida de los jóvenes: generan desamparo, frustración y sentimientos de autodevaluación que los acercan, peligrosamente, a la frontera de la delincuencia.

Educación y democracia

El sistema educativo debe enseñar que la democracia no solo es un medio —las elecciones— sino tam-bién un fin, un modo de vida, como dice el Artículo Tercero. Un modo de vida en colectividad que se funda en la ética de los valores democráticos —autonomía, solidaridad, participación, diálogo— y en el respeto irrestricto a las leyes. La ética y la legalidad son los cimientos de la democracia. La educación debe encargarse de formar al ciudadano, la unidad política de la democracia. El primer actor político es el ciudadano. Los ciudadanos son agentes políticos, no solo los representantes. Es decir, el cuerpo político lo integran tanto los ciudadanos como sus representantes. Una tarea esencial del profesor al enseñar civismo es que los alumnos adquieran un compromiso vital con su comunidad nacional. En algunos casos —comunidades indígenas— los maestros deben enseñar a guardar respeto por los usos y costumbres que rigen en sus comunidades. En otras palabras, la formación ciudadana debe combatir las conductas egocéntricas y mezquinas y promover la responsabilidad social. Se trata de que los alum-nos se asuman como miembros de un sistema político democrático y que, por tanto, se informen, se preocupen y se comprometan con los problemas de su colectividad.

Educación y economía

El sistema educativo debe reconstruirse con el objetivo de atender las grandes demandas del desa-rrollo económico. Por un lado, debe proveer a los futuros ciudadanos de conocimientos y habilidades generales y básicas que les permitan incorporarse con éxito al mundo del trabajo. Claro, la escuela no influye en la demanda de trabajadores, pero la calidad de los recursos humanos que forma puede a la larga —a través de la formación de masas críticas— influir decisivamente en la productividad y la eficacia del sistema económico. La preparación para el trabajo obliga al maestro, de cualquier nivel educativo, a promover en sus alumnos el desarrollo de valores fundamentales como la autodiscipli-na, la perseverancia, la honestidad, la puntualidad, el rigor, la creatividad y el trabajo en equipo.

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En las últimas décadas, bajo el impacto de la globalización y las políticas económicas neoliberales, los mercados de trabajo se han multiplicado y diversificado, pero algunos estudios indican que en el futuro la demanda de fuerza de trabajo con habilidades relacionadas con la ciencia y la tecnología aumentará significativamente. Por otro lado, es deseable que el SEN se reoriente —sobre todo en educación superior— para enfrentar el desafío de la sociedad del conocimiento y desarrollar así los índices de productividad del país.

La educación debe ayudar a construir el país que queremos. Es una poderosa palanca para el cambio: no olvidemos que nuestro sistema educativo tiene 35 millones de alumnos, 300 mil escuelas y más de 2 millones de maestros; un 30% de la población mexicana participa en este sistema. Es el quin-to sistema educativo más grande del mundo. El tamaño gigantesco del sistema hace dudar de su eficacia. ¿Es posible articular en una dirección ese enorme aparato? ¿El sistema educativo funciona realmente como sistema? ¿Cómo movilizar este ejército de alumnos, maestros, padres de familia y autoridades hacia la atención de los grandes problemas nacionales? Responder a estas preguntas y avanzar en la transformación del sistema es parte del reto del nuevo gobierno para hacer posible el cambio educativo.

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TODO PROYECTO EDUCATIVO QUE PRETENDA “desarrollar armónicamente todas las faculta-des del ser humano”, como señala la Consti-tución Política de nuestro país, debe partir, en primer lugar, de la consideración acuciosa de la naturaleza del ser humano, naturaleza que es resultado no solo de la evolución biológica, sino también de la evolución cultural. Algunos de los resultados de estos procesos evolutivos son la aspiración de libertad, de realización personal en una vida con sentido, de conviven-cia pacífica y creativa con sus semejantes, de crecimiento intelectual, de expresión produc-tiva, estética; todo proyecto educativo debe reconocer, también, el hecho fundamental de que los seres humanos somos extraordinaria-mente complejos, cambiantes, casi siempre es-cindidos internamente.

Muchas de las acciones en el campo educativo ignoran, irresponsablemente, esta compleji-dad y alto desarrollo de la naturaleza humana.

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La educación, la cultura y la palabra

Manuel Pérez Rocha*

* Investigador independiente. Rector fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Esta desatención no tendría importancia en un espacio en el cual, mediante la fuerza, se pretendiera que los seres humanos se comporten como máquinas, como medios para lograr otras cosas, como piezas sin valor intrínseco de las cuales se puede prescindir, como soldados disciplinados, como me-ros “ciudadanos responsables”. En el campo educativo tal descuido es inaceptable y ha conducido a una crisis no solamente de la operación, sino del sentido mismo de los sistemas educativos.

La discusión acerca de los fines y valores de la educación se ha relegado. Una de las más nefastas consecuencias del neoliberalismo ha sido la deshumanización de los sistemas educativos y la desa-tención insensata de los fines de la educación. El dictum de Thatcher y Reagan —“no hay otro cami-no”— se impuso no solamente en el ámbito de los negocios, de la “economía”; causando destrozos incalculables, también arrasó a la cultura y la educación. “No pierdan el tiempo discutiendo los fines, los valores; la educación debe ser de calidad, pertinente, eficiente”; palabrería hueca que anula el pensamiento (véase en el diccionario el significado inane de estas palabrejas con las que se saturan las “reformas educativas”), e impone un catálogo interminable de ocurrencias, medidas tecnocráti-cas, sistemas de control, reformas y contrarreformas. Ninguna consistencia añade la palabra ahora de moda —“equidad”—, pues aun aceptando que significara “dar más al que más necesita”, el camino por recorrer es largo: ¿Necesita para qué? ¿Cómo definir las necesidades? ¿Cómo jerarquizarlas?

Debe quedar claro, toda acción educativa tiene que ver, aunque no se tenga conciencia de ello, con el desarrollo de las facultades del ser humano; esto es, con la cultura, el cultivo del pensamiento, el cultivo de los sentimientos, el cultivo de la sensibilidad estética, el cultivo de la responsabilidad

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ética y la construcción de relaciones sociales y comunitarias. Todos estos son retos que los proyectos educativos deben enfrentar considerando que no actúan en el vacío, sino más bien en un entorno material, intelectual, espiritual y político que constituye lo que hoy se denomina una “ecología cultu-ral”. La ignorancia de esta compleja realidad se traduce en una serie de frenéticas y caóticas “reformas educativas” impulsadas por intereses políticos oportunistas, al extremo de que un secretario de Edu-cación Pública puede declarar con desenfado “no tengo tiempo para la cultura”.

Vivimos procesos culturales generados por cambios tecnológicos, materiales, demográficos y otros, de “gran calado”, muchos de ellos directamente relacionados con las tareas educativas. Las tecno-logías de la información, por ejemplo, tienen un impacto directo no solamente en la cantidad y variedad de información disponible, también han alterado diversos procesos de pensamiento, po-tenciando e inhibiendo algunas facultades mentales.

El predominio de la imagen sobre la palabra, de la palabra hablada sobre la palabra escrita, el bom-bardeo incesante de estímulos visuales y auditivos, constituyen un “medioambiente” cultural que de-termina las posibilidades y límites de la acción escolar. Hemos de felicitarnos por disponer de medios que nos permiten ver imágenes maravillosas. Sin duda una imagen dice más que mil palabras; claro, si se trata por ejemplo de un autorretrato de Rembrandt, pero hoy las palabras son reemplazadas por “emojis” y signos elementales.

¿Hay mucha preocupación porque los niños y jóvenes no aprenden a leer y a entender lo que leen? Es-túdiese esa “ecología cultural” en la cual viven los niños y jóvenes, sus familias y sus amigos. Las invencio-nes de las escrituras, y el desarrollo de la lectoescritura fueron resultado de amplios procesos sociales y culturales. Hoy, diversos procesos los amenazan. La propuesta sensata no es dar marcha atrás y combatir los avances y cambios que determinan las posibilidades de la educación, sino partir de ellos para revisar los fines de la educación, sus metas, sus valores… y después los medios, los programas, los instrumentos.

A continuación, presento nueve propuestas concretas de reforma educativa que parten de la consi-deración de algunas de las condiciones materiales y culturales actuales, y de las previsibles. Preten-den atender, antes que nada, a algunos de los retos culturales contemporáneos.

1. Fomentar la escritura (además de la lectura).

2. Hacer de la escuela un espacio de expresión (libre, verbal, artística), no de silencio impuesto.

3. Implantar la pedagogía de la pregunta y cultivar la discusión (verbal y escrita) como principal método de conocimiento para superar el predomino de la “lección”, la clase.

4. Aplicar como regla de comportamiento la cooperación y excluir la competencia y la rivalidad.

5. Reconocer al error como vía del aprendizaje, en vez de castigarlo.

6. Poner en el centro de la motivación de los estudiantes los valores de uso del conocimiento en vez de los valores de cambio.

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7. Fomentar la motivación intrínseca en vez de la extrínseca, y por tanto prohibir las calificacio-nes, los premios, los castigos, los concursos y las distinciones (y las humillaciones).

8. Eliminar la confusión ideológica e injusta de logros con méritos, para propiciar la equidad.

9. Fortalecer las humanidades, especialmente la literatura por sus valores estéticos, éticos, his-tóricos y sociales, no por su utilidad instrumental, y la historia por la riqueza que aporta a todo conocimiento.

Estas nueve propuestas de reforma educativa —que recojo de sesenta años de lecturas y experien-cias— las sustento y desarrollo en “Motivaciones y valores de la educación” (Paidós, 2018). No per-tenecen al extremismo de algún partido de izquierda contemporáneo, se inspiran en un programa sencillamente liberal. Por supuesto no se trata del liberalismo de “Letras Libres” o “Nexos”; por el contrario, se inspiran en un liberalismo semejante al del Partido Liberal Mexicano, un liberalismo que reconoce a la fraternidad y la igualdad como los valores esenciales que le dan sentido a la libertad.

Como puede observarse, materia nuclear de esta propuesta son la palabra, y el silencio voluntaria-mente elegido, que abre la puerta al lenguaje interno.

La palabra es sustancia básica de nuestra cultura, lo son la palabra hablada y la palabra escrita. Octa-vio Paz lo ha dicho espléndidamente “somos hijos de la palabra, ella es nuestra creación y también es nuestra creadora…”. Del murmullo y el gruñido, al canto y la poesía, a lo largo de los siglos los hom-bres se han hecho hombres a sí mismos con la palabra. Pero en ocasiones, muchas, da la impresión de que vamos desandando el camino: los anuncios comerciales, los gritos de los vendedores en los “medios”, los aullidos en los estadios de futbol, la cháchara que por razones mercantiles rellena el tiempo y espacio de publicaciones, radio y televisión no son verdadera palabra.

En diversas iniciativas de reforma educativa hay sin duda una valoración de la palabra, por ejemplo, en actividades para promover la lectura y la enseñanza de la lectura; en las múltiples pruebas y eva-luaciones que se aplican a los estudiantes, con un criterio esencialmente pragmático, la lectura es un rubro central. Sin embargo, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con la mejora y enriquecimiento de la expresión oral, o con el desarrollo de la escritura. Se pasa así por alto que lectura y escritura son dos caras de una misma moneda, y que la expresión oral es la experiencia más general y cotidiana.

La escritura es la revolución cultural más importante en la historia de la humanidad. Sin la escritura no existirían ni la ciencia ni la cultura ni la tecnología moderna. Como ningún otro medio, la escritura permite concatenar ideas una tras otra, generándose así textos, argumentaciones y discursos sólidos y coherentes, lo cual hace posible un conocimiento integrado y profundo de los fenómenos y las cosas (Walter Ong). La escritura es una maravillosa y fecunda tecnología de la palabra, esto se tiene presente. Pero no se valora el que la escritura es también una “tecnología del pensamiento” e incluso una “tecnología de la conciencia”. Se reconoce a la escritura como un medio valiosísimo y eficacísimo para almacenar y transmitir información (en el espacio y en el tiempo), pero se olvida que enriquece de manera considerable la reflexión y la introspección.

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La escritura nos ayuda incluso a aclarar, entender y valorar nuestras propias experiencias, emociones y sentimientos. La escritura nos ayuda a atender el sapientísimo consejo “conócete a ti mismo”. Sin titubeo, muchos escritores afirman: “escribo para conocerme”. Octavio Paz, nuevamente: “cuando en esa hora solitaria, frente a la página en blanco, mi mano escribe ¿quién la inspira? ¿quién la guía?”.

La escritura ha tenido y seguirá teniendo efectos amplios no solo en la dimensión cultural de la vida social e individual, también son indiscutibles sus enormes implicaciones en los ámbitos económico y político. En este último, la práctica regular de la escritura es apoyo importante de las élites dominan-tes y su ausencia es decisiva en las condiciones de marginación y sumisión de amplios sectores de la población, pues la escritura determina, enriquece y potencia las formas de pensamiento y expresión, tanto escrita como oral, de quienes leen y escriben sistemáticamente; y también regula, pero de ma-nera subordinada, equívoca e inconsciente, la de quienes no lo hacen.

En una sociedad democrática, la alfabetización universal debe entenderse no simplemente como el logro de la capacidad de leer y escribir de manera elemental, sino como la incorporación de la lectura y la escritura en la vida cotidiana de todos, como instrumento de trabajo y como medio de enriquecimiento personal.

El silencio impuesto es la norma número uno en la escuela tradicional dominante. Hablar en clase o “en filas” es falta mayor que se castiga con puntos menos en el renglón “conducta” de la libreta de “calificaciones”. Este silencio impuesto en la escuela se proyecta simbiótico, en la vida pública, como instrumento de control y enajenación.

En cambio, el silencio elegido voluntariamente es de gran valor, imprescindible para escuchar a los otros, y para escucharnos a nosotros mismos. Tanto el silencio impuesto burocráticamente, como el aturdimiento que provocan los variados instrumentos de información modernos, dificultan valorar adecuadamente al silencio.

La verdadera y urgente reforma educativa consiste en hacer de las escuelas espacios de desarrollo de las capacidades de expresión oral, escrita, argumentativa y artística, refugios donde la necesidad de ser escuchado se aleje del barullo del mundo de hoy. Los reglamentos escolares deben revisarse para garantizar la libertad de expresión, y el derecho al silencio cuando este es una necesidad, una opción libre. Solamente de esta forma se podrá hacer renacer la vida interior que ha sido avasallada por la conexión obsesiva a las pantallas y los móviles. Una consigna urgente a los niños y jóvenes sería: ¡desconéctense! ¡Sin miedo, platiquen, en silencio, con ustedes mismos!

Las reformas educativas dominantes implican varias desviaciones en el uso del lenguaje y en el pen-samiento.

La mayor parte de las pruebas estandarizadas suponen que el estudiante debe aprender a responder “con precisión” preguntas que otros han formulado, desprecia la capacidad y necesidad que tienen

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los jóvenes de aprender a expresar sus propias inquietudes e intereses en forma de preguntas pro-pias. Nuevamente, como resultado de su matriz positivista y autoritaria, estas pruebas cometen el gravísimo error de hacer creer que para cada pregunta hay solamente una respuesta correcta, y esta es la que determinó la autoridad.

Internet no solo nos ayuda a responder en fracciones de segundo innumerables preguntas, hasta las más intrascendentes, nos da información por encima de la que necesitamos o solicitamos. La dificultad es seleccionar la que es relevante. Internet, sin duda, es una poderosa herramienta para la educación, pero su aprovechamiento implica tener preguntas y criterios para encontrar lo valioso. Además, como bien se sabe, también ofrece innumerables espacios de enajenación y deformación.

¿Se resuelve el problema educativo regalando computadoras y “conectividad”? Las computadoras e internet nos dan acceso a respuestas, las preguntas las tenemos que hacer nosotros. Hay muchas clases de preguntas y la mejor educación que puede impartirse es la que motiva a hacer preguntas y enseña a formularlas, valorarlas e investigar para responderlas.

Humanizar la vida escolar, hacerla coincidir con “la naturaleza humana” —objetivo esencial de la urgente reforma educativa— implicaría hacer de la pregunta propia el punto de partida de todo aprendizaje. Nacemos con una curiosidad casi obsesiva. Por tanto, la tarea de la escuela debería ser estimular la pregunta, enseñar a hacer preguntas, preguntas importantes, preguntas pertinentes, preguntas originales, preguntas atrevidas, preguntas provocadoras, preguntas y más preguntas.

Una educación completa debe atender la capacidad no solamente de preguntar, sino de “preguntar-se uno a sí mismo”, y de desarrollar la capacidad de asombro ante las intrigantes realidades que a la humanidad no le ha sido dado comprender. En inglés existe un concepto muy valioso para designar esta forma de pregunta: to wonder. No he encontrado equivalente en nuestra lengua.

La mayor parte de la cultura, de los conocimientos científicos, históricos, artísticos son producto de una larga discusión, o de largas discusiones. La educación y la cultura son un espacio de discusión, más que de debate. La palabra debate es pariente de combate, de embate, debatir es competir. El debate deviene en espectáculo, los rivales aspiran a ganar adeptos, para que uno gane y otro pierda. En cambio, la discusión es flujo ordenado de ideas, de discursos, de un discurrir que sustentado en la cooperación busca acercarse a la verdad, a lo cierto, o a lo más probable. Con la discusión todos ganan. En vez de adeptos, en la buena discusión se buscan colaboradores.

La buena discusión obliga a informarse, a escuchar, a analizar, a juzgar, a construir argumentos; y por supuesto, para que sea productiva, debe seguir un método y ante todo guiarse por el compromiso honesto de aprender, y de tener el valor de reconocer la verdad cuando se le encuentra, tenga las consecuencias que tenga aun en la vida propia, como decía Bertolt Brecht.

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EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA supone necesariamente que hay una educa-ción no inclusiva, o sea, una educación excluyente. La intención de este texto es clarificar si el pro-pósito original de la educación pública mexicana, tal y como la establece el artículo tercero cons-titucional, fue el de generar políticas educativas que excluyeran, o si ha sido el contexto social, la compleja realidad mexicana, y las propias limi-tantes conceptuales de los mismos modelos edu-cativos que se han aplicado a través de los años, los que han generado la exclusión.

Partimos del texto original del artículo tercero constitucional:

Art. 3o.- La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se impar-ta en los establecimientos particulares……… En los establecimientos oficiales se impar-tirá gratuitamente la enseñanza primaria.

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Inclusión y educación

Beatriz Paredes Rangel*

La premisa establecida por la Constitución es que la educación primaria será pública y gratuita, y que el Estado deberá proveerla. Desde el texto constitucional se propone, entonces, un planteamiento igualador, una propuesta tendiente a igualar a la sociedad mexicana en su conjunto, en cuanto a que la educación primaria será gratuita, y con la reforma de 1934, es obligatoria. Desde la perspectiva del legislador, no puede haber una aseveración más incluyente: se trata de que todos los niños, sin distingo de sexo, religión, raza o condición social, puedan recibir educación primaria de manera gra-tuita. Además, al Estado se le establece la obligatoriedad de proporcionarla.

Para el momento histórico en el que se establece el artículo tercero constitucional, esta posición fue vanguardista y de una acentuada definición de carácter social. Se establecía la simiente de un vigo-roso sistema de educación pública que comprendía que el acceso a la educación era el mecanismo igualador por excelencia, el que permitía que, a través de la educación, las personas pudieran desa-rrollar sus habilidades, acceder al conocimiento, y vivir con dignidad.

Esta propuesta se enfrentó a la realidad de un país con una extrema diferenciación social, con la mayoría de la población sumergida en la pobreza, que se acababa de desgastar en una prolongada guerra civil —la Revolución Mexicana de 1910-1917—, y que se encontraba en un proceso de pacifi-cación que continuó, cuando menos, hasta 1924.

El paradigma educativo del Constituyente, en cuanto a la educación primaria generadora de opor-tunidades de aprendizaje para todos los niños mexicanos en edad escolar, se encontró ante varias realidades devastadoras:

* Senadora en la LXIV Legislatura, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología e integrante de la Comisión de Educación.

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a) La precariedad y/o limitación de los recursos del Estado para atender la magnitud del proble-ma, lo que repercutió en cobertura insuficiente.

b) La estratificación de la sociedad mexicana, con una mayoría poblacional campesina que ha-bitaba en poblaciones rurales, en condiciones de pobreza, y en ella, numerosas poblaciones indígenas que hablaban diversas lenguas y no comprendían el castellano.

c) Una tradición cultural conservadora, y una idiosincrasia que hacía que en muchas familias se considerara que las niñas no tenían que ir a la escuela, por prejuicios sostenidos por la convic-ción de que ellas deberían dedicarse a procrear y a las labores del hogar.

d) La imposibilidad de atender de manera especializada a los niños que presentaban una disca-pacidad grave.

Estas condicionantes de la realidad, determinaron procesos de exclusión que no correspondieron a la intencionalidad del Estado y que se manifestaron de manera diversa:

I.- Cobertura insuficiente. La cobertura en el país, en cuanto a la educación primaria, evolucionó de la siguiente manera:

Tabla 1. Población con educación primaria de 1921 a 2010

Año Población total Población con primaria % respecto a población total1921 14,334,780 868,040 6.1

1930 16,552,722 1,299,899 7.9

1940 19,652,552 1 277 714 6.5

1950 25,791,017 2,997,054 11.6

1960 34,923,129 2,566,714 7.3

1970 48,225,238 9,248,200 19.2

1980 66,846,833 19,375,231 29.0

1990 81,249,645 34,610,317 42.6

2000 97,483,412 57,817,412 59.3

2010 112,336,538 78,588,446 70.0

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, https://www.inegi.org.mx/dtos/?ps=Programas

Si revisamos las regiones donde se presenta rezago, descubriremos que son las áreas más escarpadas y de difícil acceso, muchas de ellas donde se encuentran las poblaciones indígenas. Se desarrollaron diversas modalidades de atención para estas regiones alejadas, dentro de ellas las escuelas unitarias.

El debate que surgió fue si la enseñanza en estas regiones era de la misma calidad que en las escuelas que se encontraban en zonas urbanas y que disponían de un maestro para cada grado, así como de mejores condiciones de infraestructura.

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II.- Rezago en la educación básica dirigida a las poblaciones de origen indígena, en virtud de que no hablaban castellano, y que no había un número suficiente de maestros bilingües, castellano/lengua indígena específica.

Este es un tema de la mayor importancia, pues derivado de ello y de una filosofía de integración, la estrategia educativa para las comunidades indígenas partió de la decisión de castellanizar a los niños y niñas indígenas, y de atenderlos con los mismos programas de estudio utilizados con la población mestiza de las áreas rurales.

La política educativa serviría también para integrar y constituir a la “Nación Mexicana” desde la pers-pectiva de un modelo integrador del país, después de la Revolución.

Coincidiendo con este esfuerzo, de 1960 a 1970 se desarrolla el Plan de Once Años que está en con-sonancia con la UNESCO a partir de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la Enseñanza, París, 1960, que en su artículo primero establece:

ARTICULO 1

1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políti-cas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;

b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;

c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o

d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.

Así, con los esfuerzos educativos, en la década de 1960 a 1970 se logra pasar de 7.3% de población con primaria a un 19.2%, continuándose con los esfuerzos de equidad para llegar a 1990 al 42.6% de población con primaria, e iniciar el nuevo siglo con 59.3%.

III.- En relación a la idiosincrasia de muchas comunidades (asunto cultural que se presenta en todos los estratos sociales, con mayor incidencia en las personas de escasos recursos) en cuanto a la dis-criminación a las niñas para que asistan a la escuela o permanezcan en la misma —además de un indispensable cambio cultural— hay que realizar acciones positivas que favorezcan la participación en la escuela de las niñas. De allí que la entrega de becas con enfoque de género, en determinados núcleos sociales, puede ser un instrumento valioso para estimular el cumplimiento de la responsabi-lidad familiar de enviar a las niñas a las escuelas.

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Afortunadamente la situación está cambiando, y la exigencia de las mujeres de igualdad de opor-tunidades es directamente beneficiosa para las niñas en edad escolar. Es allí donde la política del Estado mexicano coincide con el planteamiento de la UNESCO plasmado en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990):

3. La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación para niños y mujeres y en suprimir cuantos obstáculos se opongan a su participación activa. Deben eliminarse de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos. (UNESCO: 1990; 10)

IV.- Un tema sumamente complejo, es el de la atención pertinente a los discapacitados, para que tengan acceso a la educación en condiciones que garanticen su aprendizaje. En ese sentido, el sis-tema educativo mexicano ha pretendido alinearse a los planteamientos de la UNESCO, que en 2005 publicó el documento Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, donde define la inclusión como:

La inclusión es vista como un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos mediante el aumento de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en el con-tenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que cubre a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. (UNESCO; 2005:14)

La inclusión se ocupa de proporcionar respuestas adecuadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje en entornos educativos formales y no formales. En lugar de ser un tema marginal sobre cómo algunos estudiantes pueden integrarse en la educación general, la educación inclusiva es un enfoque que analiza cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a la diversidad de los estudiantes. Apunta hacia facilitar a los profesores y alumnos sentirse cómodos con la diversidad y verla como un desafío y enriquecimiento del entorno de aprendizaje, en lugar de un problema. La inclusión hace hincapié en brindar oportunidades para la participación igua-litaria de personas con discapacidades (físicas, sociales y/o emocionales) siempre que sea posible en la educación general, pero deja abierta la posibilidad de opciones personales y opciones de asistencia especial e instalaciones para aquellos que lo necesitan. (UNESCO; 2005:14)

Con diversas modificaciones y en consonancia con las nuevas concepciones la Ley General de Edu-cación se ha adecuado para responder a los compromisos internacionales signados por nuestra na-ción, incluido el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 propuesto para 2030 y que implica “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje perma-nente para todos”.1

Por ello el actual artículo 41 de la Ley General de Educación establece que:

1 UNESCO: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

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Artículo 41.- La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con disca-pacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y produc-tiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de Educación Media Superior y superior.

La formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competen-cias necesarias para su adecuada atención.

Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los linea-mientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media su-perior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

…

… La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad sustantiva. Esta edu-cación abarcará la capacitación y orientación a los padres o tutores; así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes.

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las dispo-siciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.” Hasta aquí el artículo.

Comentarios finales

La filosofía educativa que ha inspirado al Estado mexicano siempre ha tenido el propósito de la in-clusión, a partir de un modelo igualador que impartiera una educación idéntica en contenidos y programas de estudio a toda la población atendida, independientemente de raza, sexo, religión o

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condición social. Esta conceptualización, no discriminatoria, se enfrentó al hecho de escasez de re-cursos, lo que generó disparidades en la calidad de la infraestructura educativa de las áreas urbanas en relación con las áreas rurales, y en cuanto a la permanencia y número de maestros que prestaban el servicio docente. El esquema pretendía homogeneizar al país, creando una noción de “lo mexica-no” más bien uniforme que diferenciada. Se trataba de impulsar una sociedad que compartiera los valores y paradigmas de la sociedad mestiza mexicana, derivada de la Revolución. Si bien es cierto que surgió la Dirección de Educación Indígena, y que tanto esta área de la SEP como el Instituto Na-cional Indigenista realizaban esfuerzos extraordinarios de formación de docentes indígenas y edu-cación bicultural, estos eran esfuerzos cuantitativamente marginales en relación con la orientación general del sistema educativo.

No fue sino hasta décadas recientes —mucho por el influjo de las corrientes pedagógicas internacio-nales y el reflejo de Conmemoraciones cómo la de los 500 años del Encuentro entre Dos Mundos— que los criterios se han movido, y hay una convicción casi generalizada en las autoridades educativas de aplicar modelos educativos que reconozcan y respeten la diversidad (concepto de educación inclu-siva, que no de inclusión en la educación): en el caso de comunidades indígenas, de realizar procesos de educación bilingüe y bicultural (en la lengua originaria de que se trate, y en castellano) y, en el caso de niños con discapacidad, de que se integren a las escuelas regulares. Ambas directrices en-contrarán los obstáculos que presenta la realidad del sistema educativo, y se estarán dando procesos de adaptación y ajustes sobre la marcha.

Afortunadamente, en lo que toca a la participación de las niñas en la educación, al menos en su ac-ceso a la educación primaria, hay un cambio cualitativo, positivo, de la sociedad mexicana, y muchas niñas asisten hoy a la escuela, aumentando significativamente su proporción, comparativamente a lo que sucedía hace algunos lustros.

ReferenciasCámara de Diputados, Ley General de Educación, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf

______, Ley General de Educación, 13 de julio de 1993, en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4759065&fe-cha=13/07/1993

______, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917, en http://www.diputados.gob.mx/Le-yesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf

INEGI, Diversas estadísticas de población y educativas, en https://www.inegi.org.mx/dtos/?ps=Programas

UNESCO (1960), Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, París, en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114583_spa.page=119

_______ (1990), Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, en http://www.unesco.org/education/pdf/JOM-TIE_S.PDF

_______ (2005), Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224

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EN LA MUY RECIENTE CAMPAÑA ELECTORAL por la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la nación, así como de poderes locales en un buen número de entidades fede-rativas, los mexicanos fuimos testigos de una profunda y rica discusión política e ideológica en la disputa por los destinos del país.

Formalmente a los ciudadanos se les ofrecie-ron tres grandes proyectos de nación, aunque en realidad se trataba de dos visiones notable-mente distintas. Una, la de la continuidad, que intentaba convencernos que el sistema políti-co mexicano, en sus circunstancias actuales, es un modelo vigente y que —decían— con tan solo algunas reformas aisladas, el país transi-taría por caminos del cambio. Esta visión, aun-que desde dos posiciones electorales, estuvo representada por el PRI y por el PAN.

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Los cambios legislativos necesarios para el fortalecimiento de la educación pública en México

Rubén Rocha Moya*

El otro frente fue el encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que postu-la una transformación nacional para cambiar radicalmente el régimen político, el cual desde los años ochenta del siglo pasado ha conducido al país hacia la ruina moral, económica y social en detrimento de las grandes mayorías.

Los electores conocimos las particularidades de cada una de las propuestas. Una de ellas, que generó grandes controversias, fue precisamente la del modelo educativo que la nación reclama para hacer de la educación el factor que verdaderamente contribuya al desarrollo nacional.

Bajo esas y otras premisas los ciudadanos acudimos a las urnas y mediante el voto soberano y se-creto, una aplastante mayoría optamos por los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” liderada por su candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, otorgán-dole el triunfo a él y a la mayoría de los candidatos de su fórmula postulados tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores.

Ya en ejercicio el nuevo Congreso de la Unión, ha quedado de manifiesto que la agenda de los dis-tintos representantes de MORENA incluye una diversidad de propuestas, entre las que sobresalen las relativas a la seguridad y a la educación nacionales. La mejor evidencia de ello es que tanto para la seguridad como para la problemática educativa, a estas fechas, se han realizado foros de consulta popular en la mayoría de las entidades federativas.

* Senador por el estado de Sinaloa en la LXIV Legislatura, presidente de la Comisión de Educación.

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En la cámara baja, así también en la de senadores, el tema reforma educativa, atendiendo al mandato de las urnas, empieza a perfilarse como uno de los asuntos del mayor interés para los legisladores. De ahí la importancia que el Instituto Belisario Domínguez, promueva, como lo ha venido haciendo, el análisis y debate para éste, a la vez que también lo hace para otros temas de la agenda legislativa.

Ayer como hoy, en el diseño del modelo educativo que debemos adoptar y desarrollar los mexica-nos en cada uno de los momentos reformistas más significativos de la historia nacional, los poderes legislativos, lo mismo el federal que los locales, han sido actores sobresalientes en la definición de las políticas educativas, sobre todo en lo referido a la filosofía y a los fundamento s jurídicos en que de-ben sustentarse. El período que hoy se inicia, con un gobierno dispuesto a conquistar un profundo cambio en el sistema político mexicano, no será la excepción.

Políticas educativas en México: del cardenismo al peñanietismo

1. Reforma cardenista

Las reformas educativas en el México posrevolucionario nos han enseñado que cuando se impul-san con amplios consensos sociales —desde visiones incluyentes y atendiendo los intereses de la nación, en tanto que conciernen a toda la sociedad— han contribuido en mayor o menor medida a potenciar el desarrollo educativo y cultural de sucesivas generaciones de mexicanos.

Todo intento reformista, en éste y otros períodos de la historia más reciente de México, por más que atienda a los postulados antes referidos, ha enfrentado dificultades producto de la resistencia de los sectores que con razones o sin ellas se han sentido afectados.

Tal es el caso, por ejemplo, de las políticas educativas del período cardenista (1934-1940) que aun cuando se proponían hacer efectivos los principios jurídicos y filosóficos plasmados en la Constitu-ción de 1917 en materia educativa, enfrentaron un tenaz rechazo de quienes se oponían a las aspi-raciones legítimas de progreso, justicia y libertad por los que las masas campesinas habían luchado en la propia Revolución Mexicana.

Y es que, según apunta la investigadora Susana Quintanilla (2002):

Lázaro Cárdenas le confirió a la educación un papel decisivo en el cumplimiento de la política guberna-mental. Congruente con ello, intervino más que ningún otro presidente de la república en los asuntos educativos, amplió los recursos financieros y los apoyos destinados a la educación y asignó a los maes-tros y a las escuelas importantes funciones en la transformación de la sociedad mexicana. Ellos debían ser agentes del cambio y guías de las organizaciones populares en la lucha en contra de las fuerzas conservadoras y en favor de una sociedad más justa, democrática y autónoma

Por ello, y muy a pesar de las resistencias referidas, el juicio de la historia colocó al presidente Cárde-nas como el gran reformador de la educación del siglo XX mexicano, porque fue capaz de interpretar

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y atender los anhelos de las mayorías y, además, porque sentó las bases para que nuestra educación se perfilara como la palanca del desarrollo económico y social ulterior de la nación.

Baste decir, parafraseando a la propia autora Quintanilla, que lo sustantivo de la política educativa cardenista fue dar prioridad a las distintas modalidades de la educación rural…. (escuelas rurales federales, que impartían instrucción elemental a niños y adultos, y las Regionales Campesinas, en-cargadas de formar y capacitar maestros y técnicos agrícolas); …erigir una escuela inspirada en la doctrina de la Revolución Mexicana; …formar al maestro rural como el personaje más importante del México del momento…. (otorgándole) a la escuela un valor excepcional para el logro de las de-mandas más sentidas del pueblo.

2. Plan para el mejoramiento y la expansión de la educación primaria en México

En 1959, Jaime Torres Bodet, secretario de Educación por segundo mandato, anuncia la puesta en marcha del Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria, mejor cono-cido como Plan de Once Años, el cual contempló la creación de cuatro escuelas Normales regionales, la apertura gradual de plazas magisteriales, la construcción de nuevos espacios educativos y el incre-mento de mobiliario y equipo de trabajo.

Si para 1959 las estadísticas registran un total aproximado de 34 mil 500 escuelas primarias, para 1970, producto de aquel Plan, la cantidad casi se duplicó, registrándose una cantidad superior a las 54 mil 900 instituciones. Lo mismo sucedió con el número de alumnos y maestros, al pasar de 5.3 a 11.5 millones de alumnos, y de 134 mil 670 a 332 mil 548 profesores.

No omito dos hechos de la mayor trascendencia reformadora, en tanto que se convertirían en fac-tores sustantivos del desarrollo educativo nacional. Me refiero a la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El primero significó la aparición del libro de texto gratuito que, como señala la UNESCO, no solo transmite conocimiento sino también valores sociales y una mayor comprensión de la historia y del mundo, amén de que en nuestro país por mucho tiempo han sido los únicos libros que entran a la mayoría de los hogares mexicanos; y, el segundo, porque aún no siendo el ISSSTE una línea propiamente constitutiva de la reforma educativa, su puesta en marcha tuvo un amplio sentido social y fue un definitivo componente para garantizar la salud y la seguridad de los docentes y sus familias.

3. Reforma peñanietista

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, reformar significa “modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo”. Por la esencia de este apartado es pertinente empezar diciendo que el “Pacto por México”, suscrito en los inicios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con los

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partidos PRI, PAN y PRD, representó el compromiso del gobierno y los institutos políticos firmantes de impulsar reformas, tales como la educativa, la de telecomunicaciones y la financiera, pero que en su diseño e implementación, en esencia, no se ajustaron al espíritu del enunciado.

Muy pronto una buena parte de la opinión pública nacional advertiría que aquellas reformas, más que modificar para mejorar en esas esferas del sistema político mexicano en beneficio de las ma-yorías, apuntaban a producir cambios tanto educativos como económicos, pero en beneficio sobre todo de las burocracias de los partidos firmantes y de las élites empresariales y trasnacionales. De ahí que, quienes las acordaron, las operaron y aplaudieron con desmedido entusiasmo y de espaldas a los intereses de los más amplios sectores de la ciudadanía mexicana.

La llamada Reforma Educativa —que se encuadró en los Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades, y cuyos principales rubros son Sistema de información y gestión educativa, Consoli-dación del sistema nacional de evaluación educativa, Escuelas de tiempo completo, Servicio Profe-sional Docente, Programa Nacional de Becas— desde un principio generó fuertes controversias y resistencias en el sector magisterial y sus organizaciones gremiales, demostrando que los partidos y el gobierno que le dieron forma no consideraron aspectos básicos que deben estar contenidos en todo intento reformista, entre los que figuran la consulta y acuerdo con los sectores directamente implicados, en busca del respaldo necesario para acometerlas. Más aún, que en este caso el proyecto suponía afectar derechos laborales de los trabajadores de la educación.

De ahí que la tan llevada y traída reforma educativa —al no considerar la noción que le es consustan-cial, consistente en modificar el sistema educativo con el objetivo de mejorarlo— se convirtiera en uno de los temas centrales en la campaña electoral próxima pasada para la renovación de los pode-res ejecutivo y legislativo federales, y que a la postre contribuyera en forma importante en el triunfo contundente de las fuerzas político-electorales que cuestionaron sus debilidades y que proponían no solo modificarla parcialmente para corregirla, sino incluso cancelarla por completo.

La propuesta de Peña Nieto se planteó —y así lo hizo— la modificación de los artículos tercero y 73 de la Constitución, para dar lugar al Servicio Profesional Docente (SPD) para que promoviera la eva-luación continua de profesores y alumnos con el fin de mejorar su rendimiento. Bueno, eso fue lo que declararon. Aunque su interés primordial, luego se supo con certeza, era perseguir, reprimir y hasta despedir de su trabajo a las y los maestros, bajo el insidioso supuesto de que la crisis que padecía la educación en México se debía a los propios docentes.

Esa fue la motivación principal para dotar de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que se encargaría de sustanciar a su manera los contenidos y criterios punitivos de la evaluación Y es que la reforma modificó nada menos que el mítico artículo tercero de nuestra Carta Magna, otorgándole rango constitucional, plena autonomía y supremas potestades a ese instituto.

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Desde su nacimiento mismo, la iniciativa peñanietista fue objeto tanto de apoyos como de severas crí-ticas por investigadores y analistas de todos los colores. Por ejemplo, el investigador Manuel Gil Antón ha venido señalando que contiene elementos legislativos, políticos y judiciales-punitivos, pero carece absolutamente de contenidos propiamente educativos,1 lo que ya de por sí la muestra controvertida. Por eso Gil Antón (2018) se pronuncia por la inconveniencia de mantener al INEE: “un instituto autó-nomo sí, pero no así”. Esto porque al organismo se le dio la tarea de expedir los lineamientos a las que se sujetan las autoridades federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Es decir, al INEE se le faculta para decirle al patrón como hacer la tarea persecutoria, y de ese modo se le inmiscuyó en el terreno laboral, ayudando así a legitimar los procedimientos contractuales que no pocas veces concluyeron en sanciones para los docentes. Por eso los maestros lo identifican como el instrumento que el Estado usó para reprimirlos.

Por otra parte, estimo importante resaltar el interesante análisis que —desde distintas perspectivas pero con amplia complementariedad entre sí— en 2018 realizó un conjunto de académicos especia-listas en asuntos educativos: La Reforma Educativa a Revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024, del cual extraigo las ideas siguientes:

• Alejandro Navarro y Erika Gómez refieren que, al subestimar el estratégico liderazgo de los profesores, la actual reforma debió enfrentar el rechazo de la inmensa mayoría de los mismos.

• Ha llegado el momento, a decir de Samana Vergara-Lope y Felipe J. Hevia, de que los demás actores intervengan en la solución; cualquier estrategia que no llame a la participación de los padres y madres de familia, la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y los ciuda-danos en general no puede tener éxito en el contexto mexicano.

• Abelardo Carro afirma que al reducir la solución de nuestros rezagos a la figura del docente, en tanto causa principal de nuestros lastres de acuerdo al sentido laboralista y punitivo que se dio a la actual reforma, el primer adversario que Peña Nieto encontró para su propuesta fue paradójicamente el magisterio.

• Para Carlos Rafael Rodríguez, la construcción de una sociedad más justa es importante asegu-rar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la población. También señala que no hay avances en la reducción de las desigualdades porque la cantidad de recur-sos humanos y materiales destinados a los grupos más desfavorecidos no se incrementaron, sino que más bien se disminuyeron, con lo que la práctica de “dar a los pobres una educación llena de carencias que tiende a perpetuar su condición” sigue vigente.

• Rosa Guadalupe Mendoza apunta que la reforma no consideró una educación cultural y lin-güísticamente pertinente para los niños indígenas de México, de manera que la educación de estos grupos marginales y vulnerables se proyecte a planos incluyentes y equitativos.

1 Algo que sonaba atractivo de aquella iniciativa reformista era la creación de hasta cuarenta mil escuelas de tiempo completo en el sexenio, con jornadas de seis a ocho horas diarias para aprovechar mejor el tiempo y con suministro de alimentos, lo cual, no siendo el centro del interés de los impulsores de la referida política educativa, se ha desatendido convirtiéndose en un segmento muy demandante, dados los incumplimientos que en todos los sentidos se han tenido con maestros, alumnos y padres de familia de ese sistema.

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• Francisco Cabrera dice que, en el caso del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, si bien se observan algunas fallas se hace evidente que la nueva reforma debe superar sus limitacio-nes y enriquecer el programa que ha probado ser una alternativa para avanzar en la equidad.

En el caso de la educación nacional, como lo refleja la diversidad de opiniones de la obra citada, es importante entender, y así lo asumimos, que no empezamos de cero y que la historia de la misma no se inicia con el nuevo gobierno, pero que el evidente fracaso de la reforma en cuestión y la situación ruinosa de la educación mexicana obliga a plantearnos cambios profundos e incluyentes que res-pondan a los legítimos intereses de todos los mexicanos.

4. La Reforma Educativa para la Cuarta Transformación

“Volver a formar, rehacer”, es otra de las acepciones que el diccionario de la lengua española le asigna al concepto “reforma”. Justamente, en el nuevo gobierno nacional nos proponemos rehacer lo que, por la mayoría de los electores, en el pasado proceso comicial se nos mandató: revisar para su correc-ción y si es el caso cancelación de la reforma educativa en cuestión.

La Cuarta Transformación de México, que supone rescatar a nuestro país del modelo neoliberal, re-quiere de una educación humanista y de alta calidad pedagógica que se constituya en un derecho universal, que responda a las necesidades de los mexicanos, que se rija por la filosofía y principios consagrados en la Carta Magna, y que reconozca a los niños y a los jóvenes como sujetos de su propio aprendizaje y poseedores de iniciativa, curiosidad intelectual y creatividad. De igual manera, debe reconocer en los docentes la fuerza y el esfuerzo en los quehaceres escolares, y la fuente de la calidad de la enseñanza; por eso merecen el pleno respeto a sus derechos humanos y laborales. La evaluación en el proceso de formación, ingreso y retención de los profesores —concebida no en la lógica punitiva evidente de la reforma que realizó este último gobierno priísta— permite enriquecer la formación del maestro, elevar la calidad de su instrucción y propiciar el diálogo de los saberes, la competitividad y la función educativa.

Se trata de proponer una educación integral que les sirva a los educandos y al desarrollo del país y no a las lógicas pragmáticas inherentes a los procesos de mercantilización absoluta derivadas del neoliberalismo. Necesitamos una educación que posibilite otro México, un país con mayor justicia, menor desigualdad y mayores oportunidades para todos, con una mejor distribución de la riqueza y con un rostro más solidario, más cohesionado y más humanista. Un país que hace de la educación un derecho universal para todos los mexicanos.

De eso se trata: educar desde la escuela para la ciudadanía. Esto es, en los valores de toda sociedad democrática —la libertad, la tolerancia, el respeto a la diversidad en todos los ámbitos de la vida per-sonal, social, política y cultural, el rechazo a toda forma de exclusión y discriminación— para garanti-zar desde el Estado los derechos de las mayorías y de las minorías, de la colectividad y sobre todo de los individuos. No olvidemos que el Estado es para los ciudadanos, no los ciudadanos para el Estado.

Como es sabido, el presidente Enrique Peña Nieto, promovió la reforma de los artículos 3 y 73 de nues-

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tra Constitución y de la Ley General de Educación, e impulsó la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De acuerdo con el mandato que recibimos el 1 de julio, el Congreso de la Unión deberá reformar la Constitución —en particular las fracciones III, VIII y IX del artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73— y la Ley General de Educa-ción —eliminando cualquier referencia a la Ley General del Servicio Profesional Docente y al sistema de evaluación educativa, y haciéndola coherente con las modificaciones constitucionales—, así como abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Debemos eliminar al INEE, creando un nuevo órgano constitucional autónomo —que pudiera deno-minarse Centro Nacional de Mejoramiento de la Educación y la Escuela, CNMEE— que se encargue justamente de evaluar a la educación y a la escuela, de formular y sustanciar las políticas de capaci-tación y actualización docente con base en la evaluación diagnóstica, de la promoción y del recono-cimiento de las y los profesores, a través un programa de estímulos debidamente establecido. Con ello dignificaremos la figura del maestro y daremos fin a la evaluación punitiva que ha reprimido, lastimado en su esencia y degradado a nuestros mentores; generaremos una nueva concepción de la evaluación, soportada en un sentido pedagógico, científico y humanista.

Las reformas tienen dos dimensiones: la política y la pedagógica. La primera está determinada por la movilización docente reclamando una nueva reforma educativa, y la segunda supone el sentido filosófico y pedagógico de la educación en correspondencia a los intereses nacionales. Se reivindica la rectoría del Estado sobre la educación, claramente definida en la Constitución Política y en la Ley General de Educación —no es cierto que, como lo ha venido repitiendo hasta el hartazgo la clase gobernante neoliberal, su reforma les permitió “rescatar” tal rectoría—; el Estado, a través de sus instituciones respectivas, vigilará el estricto cumplimiento de los principios filosóficos y jurídicos, claramente establecidos en el artículo tercero de nuestra Carta Magna.

De acuerdo con estos principios, la educación mexicana debe convertirse en medio para desarrollar las capacidades humanas y fomentar el progreso económico, social y científico, y en instrumento de lucha contra la ignorancia; debe mantener el principio de laicidad para garantizar la separación Estado-Iglesias y asegurar así el respeto a la libertad de creencias. No debe omitirse que la educación modela la identidad y la conciencia nacionales, ni su contenido democrático, su gratuidad y equidad en todos los niveles educativos.

Referencias Quintanilla, Susana, La Educación en México Durante el Periodo de Lázaro Cárdenas 1934-1940, en Diccionario de Historia de la Educación en México, UNAM, 2002, en http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_31.htm

Gil Antón, Manuel (2018), INEEcesario, en El Universal online, 20 de octubre, en https://www.eluniversal.com.mx/articulo/manuel-gil-anton/nacion/ineecesario

Bordón, Arcelia y Alejandro Navarro, coord., (2018), La Reforma Educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024, México, Instituto Belisario Domínguez.

s/d, 1959. El plan de rescate educativo, en Revista Siglo Mexicano, recuperado el 21 de noviembre de 2018 desde http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/mexico/contenidos/recursos/revista2/1959.htm

s/d, La importancia y la necesidad de los libros de texto, en Blog Con Licencia, 29 de diciembre de 2016, en http://blogcon-licencia.com/importancia-necesidad-de-los-libros-de-texto/

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SIN DUDA ALGUNA, UNA DE LAS COMISIONES con mayores retos en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados es la Comisión de Educa-ción, y lo expreso así no solo porque el proceso educativo es uno de los pilares del desarrollo de cualquier sociedad y un eje que todo go-bierno que inicia su gestión considera trascen-dental para sentar las bases de cambio, sino también porque, conjuntamente con la Comi-sión de Puntos Constitucionales, tendremos la enorme tarea de analizar, discutir y elaborar el proyecto de dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexica-nos que presentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, con fecha 12 de diciembre de 2018.

Junto a las reformas a la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la reforma

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Reflexiones sobre la reforma en materia educativa

Adela Piña Bernal*

para eliminar el fuero y la que crea la Guardia Nacional, esta iniciativa representa uno de los más importantes compromisos que adquirió el presidente de la república durante la campaña, ante miles de maestras y maestros a lo largo y ancho del país.

Durante casi seis años, las profesoras y profesores manifestaron que la reforma educativa impuesta en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto afectaba directamente a sus derechos y es-tabilidad laborales, ganados en el transcurso del proceso histórico, y lo acusaron a él, a los medios de comunicación y a algunas organizaciones de la sociedad civil, de emprender una campaña de desprestigio en su contra. Reclamaron también no haber sido tomados en cuenta para el diseño de la reforma y ser señalados como los únicos responsables del fracaso educativo.

A partir de la aprobación de la reforma en 2013 y hasta la fecha, se ha desarrollado un amplio debate con respecto a las prioridades que deben ser consideradas en la política educativa del Estado. El an-tagonismo entre autoridad y magisterio llegó a graves consecuencias, desde paros en las escuelas, movilizaciones masivas en las entidades federativas y hasta detenidos y muertos por el enfrenta-miento con las autoridades policiacas. A la par, los resultados de la reforma emprendida por el ante-rior gobierno no dieron los resultados que se habían prometido y la calidad de la educación básica sigue siendo insatisfactoria, de acuerdo a los propios resultados de los procesos de evaluación de las pruebas estandarizadas, como la del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes-PISA, por sus siglas en inglés.

* Diputada federal por Ciudad de México en la LXIV Legislatura, presidenta de la Comisión de Educación.

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A sabiendas de este contexto y considerando la responsabilidad a la que nos enfrentamos, la Comi-sión de Educación se instaló en octubre del año pasado como un espacio abierto y plural. Nuestra misión es coadyuvar a que la H. Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales de elaborar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, tendientes a mejorar el marco jurídico en materia educativa, con el propósito de fortalecer al Sistema Educativo Nacional en todos sus tipos, niveles y modalidades, y de que se garantice el derecho que todas y todos tienen a la edu-cación en términos del artículo 3° constitucional.

Nuestra tarea es analizar, proponer e impulsar los cambios legislativos necesarios para contar con un marco jurídico eficiente, eficaz, legítimo y confiable, acorde a la realidad y necesidades de nuestro país y de cada una de sus regiones, a través de la discusión, el debate y el consenso, reconociendo, además, que la educación es la base esencial para lograr el desarrollo de la nación y que, en este sentido, debe constituirse en el eje central de su progreso.

Por esta razón en estos meses hemos escuchado a cientos de docentes; hemos dialogado con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), con la Coordinadora Nacional de Tra-bajadores de la Educación (CNTE), con bases magisteriales, con Maestros por México, con Mexicanos Primero, con los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y con pro-fesores de distintas partes del país, de los diferentes tipos, modalidades y niveles educativos. Hemos escuchando un sinfín de problemas académicos, profesionales y laborales que les preocupan. Este intercambio de opiniones y cúmulo de experiencias nos ha permitido comprender la importancia de generar los consensos necesarios entre las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas para aprobar un nuevo marco jurídico en materia educativa.

Considero que la reforma que propone el Ejecutivo federal tiene como objetivo hacer un replan-teamiento de la política educativa del Estado y volver a poner en el centro de la misma el recono-cimiento de la función magisterial, afectada por la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto y por la campaña de desprestigio en los medios de comunicación. Se trata de establecer un nuevo Sistema de Carrera Profesional del Magisterio, que sirva como una herramienta real para garantizar la excelencia en la educación de las niñas, niños y jóvenes y que, a través de mecanismos de estímulo y valoración del trabajo docente, se destierre la visión establecida por la reforma educativa de 2013 de castigo y punibilidad, fundada en la desconfianza hacia las maestras y los maestros.

La propuesta establece principios básicos que determinan el nuevo rumbo de la política educativa tales como: ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática. integral, equitativa y de excelencia, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación en todos sus tipos y niveles.

Un aspecto digno de resaltar es el concepto de integralidad de la educación, que se refiere a la bús-queda del desarrollo armónico de las facultades humanas, en cuanto a lo intelectual, lo cultural, lo social y lo moral. También se integra al artículo tercero la obligación de que los planes y programas incluyan la promoción de valores, el deporte, el conocimiento de la historia y las lenguas originarias, la cultura, el arte y el respeto al medio ambiente.

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Reflexiones sobre la reforma en materia educativa

Se propone la creación de un Centro de revaloración magisterial y formación continua con autono-mía técnica, que sustituya al INEE, con la intención de que se encargue de la elaboración de estudios, mediciones e investigaciones para generar indicadores que permitan mejorar el desempeño docen-te y escolar desde un enfoque integral. Al mismo tiempo se fortalecerá la formación inicial del ma-gisterio a través de las escuelas Normales y se brindará a las y los maestros, instrumentos necesarios para su formación y capacitación.

Es importante señalar que la Comisión de Educación, en el ámbito de sus atribuciones, reintegra-rá algunos aspectos que consideramos importantes y que no están contemplados en la propuesta presentada, como es la fracción séptima del artículo 3° constitucional vigente, donde se establece el reconocimiento de la autonomía de las universidades.

Otro tema que considero debe retomar la reforma es la inclusión de la educación inicial, que corres-ponde a la edad temprana de las niñas y los niños y que debe abarcar desde el nacimiento, hasta el ingreso a la educación prescolar, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las capacidades psico-motrices, habilidades de aprendizaje y personalidad de los infantes.

Las y los diputados que conformamos la Comisión de Educación consideramos que para lograr los consensos necesarios que nos permitan llevar a buen término la reforma presentada por el presiden-te, debemos generar los acuerdos con todas las fuerzas políticas a partir del diálogo y de escuchar las voces de todos los actores del sistema educativo, sin distingo.

A partir del mes de febrero de 2019 iniciaremos el proceso de análisis y discusión de la reforma, bajo el principio de parlamento abierto, con el objetivo de enriquecer la propuesta con base en las opi-niones, comentarios y puntos de vista que se expresen, en un ambiente de respeto a todas las formas de pensamiento.

II. La educación inicial y la educación obligatoria

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TODAVÍA NO EXISTE UNA POLÍTICA NACIONAL en México respecto al desarrollo infantil tem-prano (DIT) y es difícil identificar avances signi-ficativos en los programas públicos durante el sexenio que acaba de terminar dirigidas a mejo-rar el DIT de niñas y niños mexicanos. Al mismo tiempo, se pueden notar pequeños cambios y logros que, en conjunto con nuevas iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, pueden llevar a algo más significativo en el futuro próxi-mo. El nuevo gobierno no ha expresado públi-camente mayor interés en el tema.

Avances y deficiencias, 2013-2018En el discurso político

Plan Nacional 2013-2018. Desarrollo Infantil Temprano está mencionado como parte de la construcción de “México inclusivo”, no apare-ce en la sección del plan titulado “México con Educación de Calidad” ni en los que abordan productividad o género.

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Hacia una política del desarrollo integral temprano: avances, deficiencias y propuestas

Robert Myers*

Programa Sectorial de Educación 2013-2018. DIT no figura en los objetivos. Tampoco especifica in-dicadores para dar seguimiento a la educación inicial. Sin embargo, incluye una sección que propone “Impulsar la educación inicial en diversas modalidades que brindan este servicio con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables” con siete estrategias.

Modelo Educativo 2017. No incluye educación inicial porque no es “obligatoria.”

En la cobertura

Los programas dirigidos a mejorar el DIT de niños y niñas menores de tres años son de dos tipos principalmente, los que atienden a ellos en centros fuera de la casa y los que trabajan con familias para mejorar prácticas de crianza. La tabla 1 muestra la matrícula entre 2007-2008 y 2017-2018 en diferentes programas de atención fuera de la casa (ciclos seleccionados).

* Director de Proyectos de Hacia una Cultura Democrática, A.C. (ACUDE)

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LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Tabla 1. Matrícula en principales programas de atención, cuidado y desarrollo infantil (ciclos escolares seleccionados)

Servicio 2007 -2008 2012 -2013 2015 -2016 2017- 2018SEDESOL/DIF–Estancias infantiles 125,359 294,242 330,377 310,628

IMSS – Guarderías 214,894 203,511 196,709 196,301

ISSSTE – Estancias de Desarrollo 34,047 35,977 35,268 29,375

Fuente: Anexos del Informe Presidencial 2018.

Los datos de la tabla 1 muestran que hubo poco crecimiento en cobertura durante la administración pasada en Estancias Sedesol-DIF y pequeñas reducciones en la cobertura para IMSS e ISSSTE. Si se incluye matrícula en CENDIS, CADIs, CAICs y otros, es probable que la cobertura alcance a más de 800,000 niñas/os, lo que representa una cobertura de entre 10% y 25% de la población de menores de tres años; la estimación depende de la cifra de población total que se toma como base para la comparación. En cualquier caso, falta mucho para cubrir “todas y todos”.

Vale notar que, de los 317,723 matriculados en Estancias en 2017, solamente 5008 (1.6%) son niñas y niños con discapacidad.

En la cobertura en Educación Inicial, SEP y CONAFE

1. SEP, Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil (2007 al presente). Este programa fue creado con los siguientes propósitos: a) articular a las instituciones que ofrecen educación inicial en las distintas modalidades proponiendo a la Subsecretaría de Educación Básica como eje articulador y b) fortalecer el componente educativo con la crea-ción de un modelo de atención general para todas las instituciones y modalidades. Logró negociar y publicar (al inicio de este sexenio) un Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial (MAEI). Hubo participación de muchas instituciones, pero poca arti-culación. En 2018 se publicó una nueva versión del MAEI.

Problemas: Los fondos incluidos para educación inicial en el presupuesto nacional no siempre llegan a Educación Inicial de la SEP. Una evaluación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2014) no arrojó resultados positivos sobre este programa.

2. Programa de Educación de Padres de Familia, Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Llega a entre 400,000 y 450,000 niñas/os en comunidades rurales pequeñas por medio de sesiones con sus cuidadores. Lleva casi 25 años de operación. Según la evaluación del Centro de Investigación y (CIDE) y el Banco Mundial los resultados son “modestos” (Evans, 2015). Dificultades: asistencia de participantes muy reducida durante el ciclo, bajo financia-miento y baja remuneración de promotoras, rotación de personal, dificultades de supervisión vinculadas a distancias, seguridad y una orientación administrativa, politización del CONAFE, entre otros.

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Iniciativas

¡Hay muchas! Incluyen entre otras las siguientes acciones:

• El Instituto Nacional de Salud Pública ya incluye en su Encuesta Nacional de Salud y Nutrición datos sobre el desarrollo integral y sobre prácticas de crianza.

• El Hospital Federico Gómez ha desarrollado y está aplicando una Escala de Desarrollo Infantil (a niños/as 0-5) para identificar los más rezagados. Se aplica y utiliza en una variedad de es-tados y programas.

• Un proyecto del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) incluye un diagnóstico de la atención ofrecida a niños/as de la primera infancia en diferentes sectores.

• La Fundación LEGO financia proyectos para mejorar el currículo y capacitación, cédula de supervisión y acompañamiento de estancias.

• Con fondos del Banco Mundial, el CONAFE busca mejorar prácticas de crianza.

• Un Pacto para la Primera Infancia entre 390 organizaciones de la Sociedad Civil estableció acuerdos con nuevos gobernadores.

Avances y deficiencias en calidad

• Si se mide la calidad de los centros por resultados de encuestas de satisfacción de las familias cuyos niños están matriculados, la calidad es de hasta 98%, aunque varía por modelo. Pero si se mide la calidad por estándares de protección y por las interacciones y actividades que promuevan el desarrollo y aprendizaje, la calidad es mucho más baja.

• Falta una buena definición de calidad y un sistema para evaluarla. En general, las observacio-nes de supervisores están enfocadas en salud, nutrición y protección, con poca atención a desarrollo integral, juego y aprendizaje.

Problemas generales

A pesar de la presencia de un discurso que empieza a reconocer la importancia de la educación inicial y la existencia de más acciones dirigidas a extenderla y mejorarla, así como la presencia de elementos de normatividad que permitirían avances en esta área de educación, se observan los si-guientes problemas:

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• Queda al margen de la política y no existe una política nacional.

• Cuenta con pocos recursos disponibles (los niños no votan...).

• Está muy dispersa y es difícil de coordinar; varias entidades pretenden coordinar esfuerzos sin tener éxito.

• Muestra enormes diferencias entre programas en rubros como financiamiento, reglas de ope-ración, existencia de personal calificado e infraestructura.

• No cubre la demanda existente para servicios de atención en centros.

• Explota mano de obra de mujeres, muchas están mal pagadas.

• Varía mucho en cuanto a la calidad de los servicios; incrementa la inequidad social por incluir “programas pobres para pobres”.

• Sigue con servicios de atención enfocados en protección en vez de desarrollo integral.

• Falta incluir muchas niñas/os con discapacidad.

• Es débil respecto al acompañamiento y educación de madres, padres y cuidadores en el ho-gar, especialmente en el primer año de la vida.

• No cuenta con indicadores adecuados y evaluaciones que permitirían dar seguimiento y/o promover el mejoramiento de los programas existentes al nivel nacional.

Acciones por considerar

• Asegurar que el Desarrollo Infantil Temprano se incluya en el programa del nuevo gobierno, así como en planes sectoriales de salud, educación y desarrollo social.

• Consolidar en un lugar institucional (¿en la presidencia de la república?) la responsabilidad principal para la administración de los múltiples servicios de atención, cuidado y desarrollo integral en centros.

• Juntar los esfuerzos del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cui-dado y Desarrollo Integral Infantil del SIPINNA y de la SEP para definir una política nacional sobre la atención integral de niñas y niños durante sus primeros años (0 a 3).

• Promover legislación para extender el tiempo (hasta seis meses o más) que una madre y/o padre puede estar ausente de su trabajo, con pago parcial y sin perjuicio a de perder el traba-jo, para atender de manera integral al recién nacido en casa.

• Incrementar el presupuesto para educación inicial en la SEP; especialmente, utilizar fondos para los propósitos estipulados y fortalecer la auditoría de los mismos.

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• Fortalecer el programa de educación inicial de CONAFE y coordinar el programa con iniciati-vas de PROSPERA (o como se llame) y salud dirigidas a mejorar prácticas de crianza en áreas rurales.

• Montar un esfuerzo para ampliar la cobertura de servicios de atención en centros, así como para mejorar y emparejar la calidad, con énfasis en el desarrollo integral. Como parte clave de este proceso es necesario redefinir, reorganizar y ampliar los sistemas de supervisión y capacitación.

• Crear indicadores para dar seguimiento a la calidad de “servicios de atención, cuidado y de-sarrollo integral infantil”, en todos los órdenes de gobierno, así como por centros individuales para mejorarlos. Capacitar a los supervisores para acompañar a responsables y cuidadoras.

• Dejar de hablar de “guarderías”; dejar el énfasis casi exclusivo en salud, nutrición y protección, y poner más énfasis en “interacción” que “estimulación”.

ReferenciasConsejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014), Informe de la Evaluación Específica de Desempeño, 2014-2015. Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil. Valoración de la Información sobre desempeño presentada por el programa, México, CONEVAL.

Evans, David (2015), Presentación de los resultados de la Evaluación de impacto al Programa de Educación Inicial No Escolariza-do del CONAFE, presentación en reunión pública organizada por CONAFE y Banco Mundial en Ciudad de México, Auditorio de Nacional Financiera, martes 17 de noviembre de 2015.

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EN MÉXICO UNA FUENTE PARA CONOCER EL número de personas que no asisten a la escue-la —y las razones por las que esto sucede— es el Módulo de Trabajo Infantil (MTI), que el Insti-tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levanta cada dos años junto con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Para este artículo se compara la información sobre asistencia escolar de la población de 5 a 17 años registrada en el MTI de 2007 y de 2017. Ambos ejercicios estadísticos tienen represen-tatividad nacional, por entidad federativa, así como en las áreas más urbanizadas —locali-dades de 100 mil y más habitantes— y menos urbanizadas —localidades con menos de 100 mil habitantes— (INEGI, 2008 y 2018). Para co-nocer las razones de no asistencia escolar se utilizó el MTI de 2017; también se utilizó infor-mación de La educación obligatoria en México. Informe 2018, elaborado por el Instituto Nacio-nal para la Evaluación de la Educación (INEE).

55

¿Quiénes se quedan fuera de la educación obligatoria?

Francisco Rodríguez Padrón*

Los que no asisten a la escuela: 2007 vs 2017

En el grupo de población de 5 a 17 años, entre 2007 y 2017 la proporción de no asistencia escolar pasó de 10.53% a 7.24%. La comparación de cada edad se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Porcentaje de población de 5 a 17 años que no asiste a la escuela, por edad (2007 y 2017)

Fuente: elaboración propia con información de los MTI 2007 y 2017 (INEGI).

* Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

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2007 2017

56


Entre los dos años de comparación, el menor porcentaje de asistencia escolar se presentó en la po-blación de 14 a 17 años. En términos absolutos, para todas las edades del grupo 5-17 años se observó una reducción de 950 mil personas en la no asistencia (tabla 1).

Tabla 1. Población de 5 a 17 años por edad y condición de asistencia escolar, 2007 y 2017

2007 2017 Asiste No asiste Total Asiste No asiste Total

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7 2,252,507 28,501 2,281,008 2,249,346 20,166 2,269,512

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10 2,132,061 24,923 2,156,984 2,202,945 17,846 2,220,791

11 2,148,944 40,979 2,189,923 2,281,223 33,575 2,314,798

12 2,255,832 75,836 2,331,668 2,192,899 62,055 2,254,954

13 2,216,884 174,009 2,390,893 2,144,651 103,826 2,248,477

14 1,991,131 304,075 2,295,206 2,110,195 204,302 2,314,497

15 1,846,725 563,207 2,409,932 1,973,332 391,452 2,364,784

16 1,537,995 739,993 2,277,988 1,779,551 500,352 2,279,903

17 1,286,466 915,348 2,201,814 1,621,740 688,324 2,310,064

5-17 26,128,403 3,074,991 29,203,394 27,219,988 2,124,557 29,344,545

Fuente: elaboración propia con información de los MTI 2007 y 2017 del INEGI.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las edades típicas para cada nivel educativo son las siguientes: preescolar 3 a 5 años; primaria 6 a 11; secundaria 12 a 14; y media superior 15 a 17 años. Al respecto, los 2.1 millones de personas de entre 5 y 17 años que no asistían a la escuela en el periodo de referencia se distribuyeron de la siguiente manera: 2.3% no asistía a preescolar, 5.9% a la primaria, 17.4% a la secundaria y 74.4% a la media superior. Como se aprecia, el problema de no asistencia se concentró en el grupo de edad que debería cursar la Educación Media Superior.

57


Las cifras por estado

De acuerdo con los datos del MTI, entre 2007 y 2017 en todas las entidades hubo una reducción del porcentaje de no asistencia escolar. En los dos años Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato fueron los estados con menor porcentaje de asistencia escolar para el grupo de 5 a 17 años (tabla 2).

Tabla 2. Entidades con mayor porcentaje de población de 5 a 17 años que no asiste a la escuela, 2007 y 2017

2007 2017Chiapas 17.71 Chiapas 14.00

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Oaxaca 13.93 Oaxaca 9.91

Guanajuato 13.10 Guanajuato 9.83

Zacatecas 12.59 San Luis Potosí 9.13

Jalisco 12.45 Guerrero 8.67

Chihuahua 12.08 Zacatecas 8.19

Puebla 11.95 Morelos 8.11

Guerrero 11.93 Veracruz 7.98

Veracruz 11.75 Campeche 7.95

Fuente: elaboración propia con información de los MTI 2007 y 2017 del INEGI.

¿Quiénes son los excluidos de la educación obligatoria?

Las desigualdades existentes en México también se reflejan en el sistema educativo. Entre las enti-dades federativas, por ejemplo, el porcentaje de población de 5 a 17 años que no asistía a la escuela en 2017 en Chiapas fue de 14% y en Ciudad de México de 2.8%, mientras que a nivel nacional llegó a 7.24% (Gráfica 1).

Las diferencias entre entidades también se encuentran al analizar la tasa de asistencia escolar por edades típicas para cada nivel educativo. Aunque existen avances en todos los estados en la cober-tura de la educación obligatoria, algunos de ellos deben realizar mayores esfuerzos para incrementar las probabilidades de que su población de 5 a 17 años asista a la escuela.

58


Gráfica 1. Porcentaje de población de 5 a 17 años que no asiste a la escuela, por estado (2017)

Fuente: elaboración propia con información del MTI 2017 del INEGI.

Con base en la información de la Encuesta Intercensal 2015 el INEE (2018, p. 115) estimó las tasas de asistencia escolar por grupos de edad típica en cada nivel educativo, detectando que los grupos poblaciones con menor tasa de asistencia fueron los siguientes:

• Comunidades de menos de 2,500 habitantes

• Comunidades de alta marginación

• Hablantes de lengua indígena

• Con discapacidad

• Los hogares que tienen como jefe del hogar a una persona sin instrucción

• El quintil de menor ingreso

• Las personas en pobreza extrema

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59


Las razones de no asistencia escolar en 2017

Además de los determinantes sociales de asistencia escolar, con la información del MTI también se pueden conocer las razones de no asistencia escolar.

Para la población de 5 a 17 años las cinco principales razones de no asistencia escolar son las siguien-tes: falta de interés o aptitud para la escuela (38.8%), falta de recursos económicos (13.7%), búsqueda de trabajo para la población de 12 a 17 años (6.5%), enfermedad, accidente y/o discapacidad (5.78%) y realizar los quehaceres o cuidar a personas de su propio hogar (5.2%).

En el análisis por sexo (tabla 3), en el caso de los hombres se encontró que las primeras cinco razones de no asistencia escolar son las siguientes: falta de interés o aptitud para la escuela (44.9%), falta de re-cursos económicos (12%), búsqueda de trabajo para la población de 12 a 17 años (9.6%), enfermedad, accidente y/o discapacidad (5.5%), y por ayudar con o sin pago en las tierras de un familiar o de otra persona (4.2%). Para el caso de las mujeres, las razones fueron la falta de interés o aptitud para la escue-la (32.1%), falta de recursos económicos (15.6%), realizar los quehaceres o cuidar a personas de su pro-pio hogar (9.1%), casarse o unirse en pareja (8.8%), y por enfermedad, accidente y/o discapacidad (6%).

La falta de recursos económicos y la falta de interés o aptitud para la escuela son las principales ra-zones (1ª para secundaria y media superior) de no asistencia escolar para ambos sexos en todos los niveles educativos.

Para los pequeños de 5 años también se destaca el no cumplir con los requisitos de ingreso a la escuela.

En el grupo de personas con la edad típica para la educación superior, además de las razones ya mencionadas aparecen la búsqueda de trabajo (tercera para hombres y mujeres, y segunda para hombres) y casarse o vivir en pareja (cuarta para ambos sexos y tercera para mujeres).

60


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62


Conclusiones y recomendaciones

El MTI permite confirmar que existen razones socioeconómicas que influyen en la no asistencia esco-lar, como la falta de recursos económicos, la no existencia o lejanía de una escuela, el casarse o vivir en pareja para el grupo de 15 a 17 años, el embarazo para las mujeres en edad para cursar media superior y la búsqueda de trabajo.

También existen otros factores determinantes de la no asistencia escolar. Por ejemplo, en el grupo de 5 a 17 años, el 38% de quienes no asisten a la escuela señalan como razón la falta de interés o aptitud para la escuela; este porcentaje es de 40.2% para quienes están en las edades típicas para cursar la media superior, 46.1% para la secundaria y 12.2% para la primaria. Esto debe convertirse en un foco de atención sobre todo para la Educación Media Superior, que ha sido el nivel con menor porcentaje de asistencia escolar para la población en edad típica. Estos porcentajes se incrementan para los hombres con edad de estar en la secundaria (50.9% contra el 40.2% en mujeres) y en bachillerato (47.1%, mujeres es del 33%).

El fenómeno de la no asistencia escolar es complejo, con dimensiones asimétricas entre entidades federativas y con un origen multicausal, por ello es importante contar con políticas públicas tendien-tes a atender las relacionadas con las condiciones socioeconómicas y poner atención en aquellas que pueden no ser tan evidentes, como la falta de interés o aptitud para la escuela.

ReferenciasInstituto Nacional de Estadística y Geografía (2008), Módulo de Trabajo Infantil 2007. Encuesta Nacional de Ocupación y Em-pleo 2007. Documento Metodológico, recuperado de http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/metodologia_mti.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), Módulo de Trabajo Infantil 2017: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: documento metodológico, recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/mti/2017/doc/mti17_metodologico.pdf

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2018), La educación obligatoria en México. Informe 2018, México, INEE, recuperado de http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/243/P1I243.pdf

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LA EDUCACIÓN PREESCOLAR COBRA CRECIENTE relevancia y reconocimiento social porque in-terviene en los primeros años de vida de los niños, periodo en el que desarrollan su iden-tidad personal, adquieren capacidades funda-mentales de diversos órdenes y aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. En el Jardín de niños, según la riqueza de las ex-periencias en las que participen, adquieren se-guridad y confianza en sí mismos, fortalecen su curiosidad, sus capacidades de observar, prestar atención, formular preguntas y explicaciones; asimismo, aprenden a reconocer sus capacida-des propias, a procesar información, y desarro-llan su imaginación y creatividad. (SEP, 2004).

En el desarrollo de estas capacidades se cen-tran los propósitos de la educación preescolar y, por lo tanto, el trabajo de las educadoras que atienden a los pequeños de tres a cinco años en los Jardines de niños.

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Potenciar la educación preescolar

Eva Moreno Sánchez*

A partir de 2002, mediante múltiples acciones, en México comenzó a impulsarse un proceso de trans-formación y mejoramiento del trabajo pedagógico con los niños pequeños. Al paso del tiempo, mu-chos esfuerzos de mejoramiento —que en mayor o menor medida sostuvieron una gran cantidad de educadoras en el país— se han venido diluyendo como resultado de las definiciones de política edu-cativa (reformas curriculares, lineamientos que rigen la gestión de las escuelas de educación básica y el ejercicio de la función directiva y de supervisión). Muchas exigencias actuales de las instancias superiores del sistema hacia las maestras y a las directoras se contraponen a los objetivos propios de este nivel educativo y se convierten en un obstáculo para un trabajo docente enfocado realmente en las características y necesidades de los niños pequeños.

A continuación, presento algunas propuestas que, a la luz de una revisión puntual de las condiciones reales en las que funcionan los Jardines de Niños, pueden resultar importantes para enriquecer la experiencia formativa de los alumnos y dar a las educadoras mejores condiciones y herramientas para el desempeño profesional de su tarea.

Fortalecer la calidad del servicio educativo que se brinda a los niños de tres años, como parte de la educación preescolar. En 2002 se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar y se fijaron plazos para su entrada en vigor; a partir de 2008 toda la población de tres años debería cursar el primer grado de preescolar. Se ha realizado un esfuerzo importante por extender el servicio, pero el desafío resultó enorme y la aspiración de universalizarlo aún no se logra.

* Maestra e investigadora independiente especializada en educación preescolar.

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Los datos estadísticos actuales muestran que la cobertura a nivel nacional para los niños de 3 años es de 774,283 lo cual representa el 48% de la población. La atención a los niños de 4 años alcanza 91.5%; en el caso de 5 hay prácticamente atención universal: 81.1% se encuentra en preescolar y el resto en el primer grado de educación primaria. (SEP, 2018).

A casi diez años de obligatoriedad no se cuenta con la capacidad instalada para una oferta educativa pertinente para los niños de tres años: educadoras formadas profesionalmente para el trabajo peda-gógico con los niños de esa edad, personal de asistencia, espacios amplios para juego, actividades físicas, reposo y alimentación, necesarios por su edad. Además, hay que tomar en cuenta que entre más pequeños son los niños demandan mayor atención personalizada, lo cual se dificulta sobrema-nera cuando las maestras atienden a más de 15 en el grupo.

La prioridad a la educación de los más pequeños, que se reconoce frecuentemente en los discursos oficiales, debe traducirse en servicios educativos y para el bienestar de niñas y niños, con la calidad que ellos y sus familias requieren. No basta con abrir centros para la atención de los niños de 3 años a cargo de madres de familia voluntarias, es necesario garantizar que tales centros cuenten con infraestructura segura y suficiente (espacios para alimentación, trabajo, descanso y esparcimiento), recursos materia-les y, principalmente, con personal profesionalmente formado para tan trascendental tarea.

Una posible alternativa a analizar, es la factibilidad, y las ventajas que representaría para los niños y sus familias, eliminar la obligatoriedad de cursar el primer grado de preescolar e incorporar normativamen-te, la atención a los niños de tres años, al servicio de educación inicial.

Esta medida permitiría que cada familia opte por llevar a su hijo a un centro de educación inicial, o bien, atenderlo en casa si se cuenta con las condiciones favorables al desarrollo y aprendizaje de su pequeño (un ambiente afectivo y de comunicación, con adultos sensibles y atentos a las necesidades del niño y tiempo disponible para el juego, etcétera). Estas condiciones, podrían apoyarse además con orienta-ciones específicas que la propia SEP pueda ofrecer a las familias de los niños.

Establecer la jornada de tiempo completo en Jardines de Niños en zonas urbanas con alta densidad de mujeres en edad reproductiva incorporadas al mercado laboral, como los barrios o ciudades dormito-rio. La demanda de espacios educativos con horarios prolongados responde a la necesidad apremiante de madres y padres que trabajan y carecen del apoyo de algún familiar que atienda a los pequeños du-rante el tiempo en que ellos están ausentes. En las condiciones en que muchos niños se desenvuelven actualmente (con espacios vitales reducidos y escasas oportunidades para la convivencia y el juego con pares) la educación preescolar puede representar la gran opción para que, además de desarrollar capa-cidades fundamentales, los niños tengan oportunidades para enriquecer su formación mediante la ex-presión y apreciación artísticas, el juego, el ejercicio físico y el acceso a actividades culturales y creadoras.

La extensión del horario de estos planteles no debe implicar el incremento del volumen del currículo. Es preciso definir criterios de trabajo sustentados en las características de desarrollo infantil y en las

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condiciones que hacen del Jardín de Niños un ambiente estimulante desde el punto de vista cogniti-vo, afectivo y social. En estos Jardines pueden tener sentido y factibilidad los “clubes” que de manera obligatoria se han echado a andar como parte de la “autonomía curricular” establecida en el plan de estudios de educación básica del llamado “nuevo modelo educativo”.

Revisión de la política de articulación de la educación básica. Es válida la aspiración de orientar a los tres niveles que constituyen la educación básica hacia fines comunes, centrales y prioritarios. Sin embargo, en aras de este objetivo, desde la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) se han de-finido acciones cuyo cumplimiento se exige por igual en preescolar, primaria y secundaria, sin tener en cuenta que la educación preescolar tiene objetivos propios y particularidades asociados con las características de los niños pequeños.

El propósito de articulación de los niveles educativos se ha traducido en una obsesión por unificar la nomenclatura y homogeneizar acciones en aspectos como organización curricular, normatividad y sesiones de los consejos técnicos, entre otras tareas; más que atender a la articulación entre niveles educativos, se manifiesta una fuerte tendencia a subordinar la educación preescolar a necesidades de la educación primaria o secundaria (sean estas reales o supuestas por la autoridad) o a incluirla en me-didas que alteran fuertemente su identidad educativa. A continuación, menciono algunos ejemplos:

La evaluación de los aprendizajes

El Acuerdo 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación bási-ca, establece en la fracción II del artículo 12, que “en la educación preescolar se acreditará el grado escolar utilizando solo el criterio de al menos 80% de asistencia”. Ello implica que si un niño de primer o segundo grado tuvo 20% de inasistencias tendría que repetir el grado. ¿Tiene sentido que un pequeño de 3, 4 o 5 años no acredite el grado de preescolar que cursa y deba repetirlo? ¿Qué consecuencias traerá ese hecho? Las causas para el ausentismo son muy variadas: enfermedades y malestares frecuentes de los niños pe-queños, el trabajo de los padres que puede ocasionar cambios de localidad y hasta de entidad, etcétera.

Para tercer grado de preescolar se incluyen 4 niveles de desempeño en el Formato para Informe de calificaciones (insuficiente, básico, satisfactorio y sobresaliente), al igual que en el Reporte de evalua-ción; por cierto, ambos instrumentos han generado incertidumbre y confusión en las educadoras, porque siendo distintos, las maestras no tienen claridad en cuanto a cuál es el que debieron utilizar para registrar los resultados del primer periodo de evaluación (fines del mes de noviembre, 2018).

Entre los 2 años 8 meses y los 5 años de edad, periodo en el que los niños cursan la educación prees-colar, ¿cómo puede exigirse que logren ciertos parámetros de aprendizaje que sean medibles, para ser considerados como parte de una evaluación formal que incluso se defina en niveles de desempeño?1

1 Véase http://www.controlescolar.sep.gob.mx/es/controlescolar/Formatos. Para consultar el Reporte de evaluación, ver ht-tps://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-descargas-ppt.html

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En la educación preescolar el programa de estudios está enfocado a propiciar experiencias retadoras al intelecto de los niños, que los hagan usar las capacidades que poseen para aprender más de lo que saben; la educadora debe concentrar sus esfuerzos en crear las oportunidades para que los niños in-crementen su curiosidad por descubrir el mundo y que en interacción con sus pares, las situaciones y actividades los hagan razonar, dialogar, buscar formas de proceder para resolver sencillos proble-mas, discutir sus ideas infantiles, expresarse mediante distintos lenguajes, etcétera.

En experiencias de este tipo, cada niño avanzará, logrará expresarse paulatinamente con mayor cla-ridad, irán aprendiendo conforme tienen más y variadas experiencias, pero a su corta edad la evalua-ción debe ser cualitativa. No hay razón para intentar calificarlos con la formalidad que implican los resultados en niveles de desempeño y menos aún, en números:

En esta etapa tiene todavía menos sentido considerar que la evaluación únicamente tiene la finalidad de emitir juicios o acreditar, lo cual a menudo comporta el peligro de etiquetar y de condicionar dema-siado las posibilidades de la niña o del niño (Bassedas, 2008).

A partir de 2011 han sido reiteradas las exigencias por la evaluación de los aprendizajes de los niños de preescolar a través de instrumentos que también se exigen, entre los cuales las rúbricas se han convertido en una de las tareas que se pide a las educadoras diseñar (cada vez con mayor insistencia) para evaluar a sus alumnos. Asimismo, desde que inició la aplicación de exámenes estandarizados en el nivel de preescolar (Excale 00, aplicado por el INEE en 2011) y más aún, de que las educadoras son evaluadas para el ingreso, permanencia y promoción, se ha manifestado la exigencia de reunir evidencias del trabajo de los niños. Las implicaciones son serias, pues se ha manifestado una tenden-cia creciente a trabajar con los niños para obtener las “evidencias” (fotografías, dibujos, intentos de escritura, ejercicios de diversos tipos, con frecuencia extraídos de libros comerciales) que la maestra requiere para cumplir con los requisitos de su evaluación profesional. Reina la obsesión por la eva-luación, y como efecto se descuida la tarea sustancial que le corresponde: propiciar que los niños aprendan y estar atenta a sus reacciones, inquietudes, dificultades y todo lo que implican los proce-sos de aprendizaje.

En relación con tan delicado asunto, como es la evaluación, es necesario y urgente, que se establezcan criterios diferenciados con respecto a la educación primaria, criterios que sean congruentes con las características de los niños pequeños, y factibles de atender por las educadoras, considerando que no cualquier instrumento sirve para evaluar sus procesos de avance en las experiencias escolares.

El Sistema de Alerta Temprana (SisAT). El énfasis en la lectura, escritura y cálculo quedó establecido por la SEP como una de las prioridades que deben atenderse en la educación básica y en torno a la cual se han emprendido varias acciones con el afán de propiciar los aprendizajes fundamentales en los alumnos y atender oportunamente las posibles deficiencias que presenten, para evitar el rezago educativo y el abandono escolar. Esta finalidad tiene el SisAT. En función de los resultados de las pruebas PLANEA 2015 y 2017, y Pisa 2015, se justifica la necesidad de “identificar oportunamente y dar seguimiento a aquellos alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes espera-dos…”. (SEP, 2018a). Como instrumento para aplicarse con los alumnos de tercero de preescolar, se

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emitió recientemente el Manual de exploración de habilidades básicas en lectura, escritura y conteo. Se trata de un instrumento más para “verificar” a través de indicadores, si los niños hacen o no hacen lo que en ellos se registra: por ejemplo, “Escribe su nombre (cuántas letras pertinentes a su nombre puede incorporar)”, “lee lo que escribe”, “identifica una palabra escrita por la letra o sílaba inicial”.

Para el caso de conteo se indica puntualmente qué debe hacer la maestra para que los niños vayan respondiendo a la situación y registre el tipo de respuestas que dan. Los datos se registran en una ta-bla de resultados a partir de la cual se identifica el Nivel esperado (si el niño obtiene de 8 a 10 puntos), En desarrollo (de 5 a 7 puntos), o Requiere apoyo (de 0 a 4 puntos).

¿Hay en preescolar riesgo de que los niños no alcancen los aprendizajes esperados que establece el programa de estudios? ¿Acaso dichos aprendizajes están considerados para que invariablemente los logren los niños a cabalidad en determinado periodo o al terminar el nivel? No olvidemos que están iniciando su trayecto de vida escolar y que en el propio programa se considera que el aprendizaje de la lectura y la escritura se consolida en segundo grado de primaria. Bajo estas consideraciones, lo que vale la pena es fortalecer a toda costa las condiciones para que el tiempo se dedique efectivamente al trabajo pedagógico, y no al llenado de instrumentos.

Los lineamientos que rigen la autonomía curricular y la puesta en marcha de los clubes

En la educación preescolar no se justifica la exigencia de los espacios destinados a la “autonomía cu-rricular” bajo los mismos criterios y denominación que tienen para primaria y secundaria. A partir de la disposición de que se cumpla con dichos lineamientos, desde el inicio del presente ciclo escolar las educadoras han tenido que atender varias tareas adicionales; por ejemplo, el diseño del programa o los programas para los clubes que se decida ofrecer en cada plantel; la impartición del club en un grupo distinto al que tiene asignado como educadora titular, la evaluación específica de los niños que integran el club, adicional también a la que es inherente al trabajo cotidiano con sus alumnos. El cumplimiento obligatorio del tiempo destinado a los clubes necesariamente implica disminución del tiempo pedagógico de la jornada regular de los jardines de niños, que es de tres horas diarias.

Inglés obligatorio. El aprendizaje del inglés en tercer grado de preescolar se incluyó en el plan de estudios de educación básica desde 2011. No obstante, a la fecha no se cuenta con las condiciones necesarias en todos los jardines de niños del país como para que todos los alumnos cuenten con maestras(os) preparados para su enseñanza a niños pequeños. El hecho de que aparezca en el mapa curricular de educación preescolar está provocando que las autoridades educativas locales, en oca-siones a nivel de zona escolar, exijan a las educadoras que atienden tercer grado, que impartan la asignatura de inglés, sin que ello signifique que hayan recibido la formación profesional que esta tarea requiere. En otros casos, ante la inminente llegada del primer corte de evaluación que debe registrarse en el informe de calificaciones, se exige a las educadoras registrar evaluación, aunque los

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niños no hayan recibido clases. En un Jardín de Niños la profesora de inglés recibió la indicación de calificar con niveles de desempeño a los niños (porque el reporte de evaluación lo exige), pidiendo que los niños digan 10 nombres de frutas, 10 números y el saludo en inglés. Simulación total.

La creciente burocratización del trabajo de las directoras y del personal docente

La queja es generalizada: ¡no hay simplificación administrativa! Por el contrario, cada vez se incre-mentan más los programas que desde la propia SEP se piden para operarlos en la escuela. Además de los programas de carácter nacional, se implementan otros estatales que obligan a las directoras a rendir informes diversos, registrando información en plataformas digitales, según me comentó una directora, datos como los siguientes:

… datos de los niños, sus vacunas, talla, tipo de sangre, es información extra de la salud de los niños, su estado nutricional, club al que asisten. Además, para Control Escolar, hay que llenar el formato Nove-cientos once… Aparte de los clubes, a las directoras nos piden los proyectos, los revisan y los regresan varias veces. En programas como PNCE y el PRONI, hay que mencionar horarios para “justificar” que se trabaja. Hay que integrar los comités de participación social, las agendas, recuperar las minutas, tomar fotografías, armar buzones de sugerencias, integrar carpetas. También el comité de Seguridad y emer-gencia escolar, protección civil, práctica en caso de emergencia, de todo eso hay que llenar formatos y actas. Las directoras somos secretarias, todo el día estamos pegadas a la computadora…

La multiplicidad de tareas como las enunciadas, prácticamente anula la posibilidad de una labor académica de las directoras, de apoyo y acompañamiento técnico pedagógico a las educadoras que, dicho sea de paso, es precisamente la función que se destaca como fundamental en los documentos de orden académico que emite la Subsecretaría de Educación Básica (como las guías para el Consejo Técnico Escolar).

La actualización profesional

Es necesario construir una oferta de actualización específica para las educadoras para el fortaleci-miento de la competencia didáctica que demanda el enfoque para el trabajo pedagógico con los niños pequeños en cada uno de los campos establecidos en el programa de estudios. Esta propuesta no tiene la intención de desarticular la formación en servicio de las educadoras con respecto a la que reciben los profesores de primaria o secundaria, sino atender las necesidades específicas que impo-ne el trabajo con los niños pequeños.

Actualmente, la oferta de actualización está vinculada al Servicio Profesional Docente (véase la Es-trategia Nacional de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional. Educación Básica), a prepararse para las evaluaciones correspondientes y los tópicos propuestos para la actualización

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a través de cursos y diplomados aluden a temas generales (principios pedagógicos, educación para la paz, evaluación del aprendizaje, entre otros temas) dirigidos a personal docente de preescolar, primaria o secundaria, o bien, se ofrecen cursos para aprender a hacer un proyecto de enseñanza, porque este es uno de los requisitos a atender como parte de la evaluación de las docentes.

Las educadoras demandan de manera explícita, orientación y asesoría pedagógica en relación con las necesidades reales que implica el trabajo con los niños pequeños: la didáctica centrada en la resolución de problemas, cómo propiciar en los pequeños el pensamiento reflexivo, la construcción de propues-tas para crear en los niños el entusiasmo y gusto por la lectura e iniciarlos en la práctica de la escritura; estrategias para la atención de casos de niños con discapacidades. Estos son, entre muchos otros, te-mas importantes en torno a los cuales pueden emprenderse acciones que involucren a las educadoras en procesos de estudio y reflexión sobre la práctica, para propiciar el aprendizaje profesional.

ReferenciasBassedas, Eulalia, Teresa Hugget e Isabel Solé (2008), ¿Para qué se evalúa?, en Aprender y enseñar en educación infantil, Bi-blioteca de Infantil, 14, Madrid, Graó, p. 194.

Secretaría de Educación Pública (2004), El aprendizaje infantil y la importancia de la educación preescolar, en Programa de Educación Preescolar, México, SEP, pp. 12.

_________ (2018), Principales cifras del sistema educativo nacional 2017-2018, México, SEP.

_________ (2018a), Introducción, en Manual de Exploración de habilidades básicas en lectura, escritura y conteo. Herramienta para la escuela. Educación preescolar, México, SEP.

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UNA CONSIGNA CENTRAL QUE ADOPTAMOS los docentes de la Coordinadora Nacional de Tra-bajadores de la Educación (CNTE) para enfrentar la mal llamada reforma educativa, fue la de luchar no solo por los derechos laborales, sino fundamental-mente por defender y mejorar la escuela pública.

Desde luego porque se trata de nuestra fuente de trabajo, pero además porque gracias a la escuela pública, la inmensa mayoría de quienes confor-mamos el gremio magisterial somos maestros de profesión. Luego entonces, lo menos que podemos hacer es luchar para que el acceso a la educación siga siendo gratuito para todo el pueblo de México.

De ninguna manera nos convence ni aceptamos la estrategia de mercantilización de la educa-ción pública que demandan los grupos empre-sariales y los organismos financieros como la Organización para la Cooperación y el Desarro-llo Económicos (OCDE), ni tampoco que se tras-lade a los padres de familia la responsabilidad de sufragar los gastos de sus escuelas. El Estado tiene la obligación de asumir el financiamien-to completo de la educación pública y con ello preservar la soberanía nacional en la materia.

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Defender y fortalecer la escuela pública, una de las grandes tareas del magisterio nacional

Roberto Gabriel Gómez Jiménez*

La abrogación de la mal llamada reforma educativa, en el corto plazo, será determinante para fijar el rumbo de la educación en el país en los primeros años del sexenio. Sin la cancelación, el conflicto ma-gisterial creado por la anterior administración persistirá y el potencial transformador de los docentes mexicanos difícilmente se desplegará con toda plenitud.

Por el bien de la educación pública, primero la abrogación, la liberación de los maestros y maestras privados de su libertad, la reinstalación de los docentes cesados, la anulación del nuevo modelo edu-cativo y la eliminación de cualquier tipo de sanción para los docentes que decidieron no someterse a la cuarta etapa de la evaluación punitiva.

Sin la participación comprometida de los docentes, la escuela pública no se transformará. Las refor-mas se pueden imponer, pero eso no hará que las cosas cambien. La mal llamada reforma educativa no es más que un lamentable ejemplo de ello.

La resistencia magisterial brotó por todos lados y quienes no se opusieron recurrieron a múltiples prácticas de simulación para evadir la confrontación con las autoridades.

Pese a todo, los docentes, al igual que amplios sectores de la sociedad mexicana, estamos convenci-dos de que la escuela pública debe y puede cambiar para mejorar.

Asumimos que la transformación no se dan de la noche a la mañana, sino de manera paulatina. No ocu-rren por decreto. Son resultado de procesos de construcción que están sustentados en el consenso con las comunidades escolares. Tampoco son cambios que partan de cero. Los docentes han desarrollado experiencias para resolver a pequeña escala problemas que aquejan al grueso de las escuelas públicas.

* Profesor de educación primaria en la zona oriente de Ciudad de México.

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Incluso en condiciones de acoso extremo, muchos colectivos docentes han sido capaces de diseñar estrategias para mantener a flote sus escuelas en condiciones dignas; habría que recuperar y difundir esas estrategias para crear espacios pertinentes de socialización. Los cambios se tienen que construir desde abajo con los maestros y maestras de carne y hueso, con tiempos liberados y con plena liber-tad para deliberar. Queremos cambios que no sean producto de la improvisación, sino sustentados en procesos de investigación, de reflexión y de formación docente del más alto nivel.

Los cambios en materia educativa sin duda tendrán más posibilidades de éxito si se parte de una revisión exhaustiva y crítica de lo que son actualmente las escuelas públicas.

Un paso importante para mejorar es que las escuelas se conviertan en espacios dignos, seguros y fun-cionales. Hay que desterrar la nefasta idea de que a los pobres hay que darles escuelas pobres. Habría que crear un plan maestro para incrementar, centralizar y distribuir de manera racional, equitativa y justa los recursos destinados a las escuelas, mismos que hasta ahora han estado diseminados en distin-tas dependencias y niveles de gobierno (SEP, Inifed, gobiernos locales, municipios, alcaldías, etcétera).

En una escuela pública todo debe funcionar bien, empezando por lo elemental: aulas, sanitarios, instalaciones hidráulicas y eléctricas. Es inadmisible que el mantenimiento a los planteles se brinde a cuentagotas dejando que el deterioro de las instalaciones se acumule hasta situaciones irreme-diables, como se pudo constatar en centenas de escuelas de ciudad de México con los sismos de septiembre del 2017. Hay que hacer realidad el planteamiento que señala que en un país lo último que debiera caerse en casos de siniestro son las escuelas.

Las aulas deben estar dotadas de algo más que gis y pizarrón para estar a tono con las nuevas formas de comunicación y socialización del conocimiento. Los programas de equipamiento tecnológico se tienen que rediseñar de tal manera que los alumnos y docentes tengan acceso suficiente y consti-tuyan un soporte eficaz para desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Su funciona-miento debe garantizarse en plazos razonablemente largos, lo cual implica asegurar la renovación periódica de los equipos y de los contenidos. No es difícil encontrar en Ciudad de México escuelas en las que los equipos de cómputo están arrumbados; se usaron un tiempo, pero las comunidades no cuentan con recursos para su reparación.

Los alumnos y los docentes requieren y merecen mobiliario digno. En muchas escuelas es necesario sustituir mesas y sillas para los alumnos; escritorios, sillas, estantes y libreros para los docentes.

Es verdad que muchas escuelas no cuentan con aulas para biblioteca ni con acervos amplios ni diver-sos. Hay que construirlas y equiparlas de manera decorosa para asegurar su buen funcionamiento y que los niños disfruten su estancia en esos espacios.

En la vía de los hechos, las bibliotecas escolares dejaron de ser una quimera desde que diversas institu-ciones del Estado destinaron parte de sus recursos a la producción de libros especialmente escritos y diseñados para niños: la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el programa Libros del rincón, el Fon-do de Cultura Económica (FCE) con la colección A la orilla del viento, el Consejo Nacional de Fomento

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Educativo (Conafe) con la colección de literatura, entre otros. En este sexenio sería deseable que todas esas instituciones se articulen para desarrollar programas que consoliden los incipientes proyectos de bibliotecas existentes en las escuelas públicas.

También es necesaria la creación de más librerías. En la alcaldía de Iztapalapa, con alrededor de 2 millones de habitantes, solo se cuenta con 2 o 3 librerías —una de ellas fue inaugurada en agosto de 2018 por el FCE. Una librería puede ser el eje de un complejo cultural que brinde diversas posibilida-des de esparcimiento gratuito a las familias con ingresos raquíticos.

Por cuestiones económicas difícilmente los niños y las niñas de las escuelas públicas acuden a eventos culturales y artísticos. Sin embargo, sabemos por experiencia que cuando estos eventos se hacen pre-sentes en los planteles los alumnos los viven como acontecimientos relevantes que rompen la rutina escolar y enriquecen la formación de cada uno de ellos. Es de suma importancia que se instauren pro-gramas que lleven las artes a los planteles públicos y coadyuven a la formación integral de los alumnos. Esto incluye crear espacios en la radio, la televisión y el cine directamente vinculados a las escuelas.

Urge que se incremente el número y el monto de las becas de los alumnos. Actualmente el monto de las becas en las escuelas primarias es de $1,536.90 semestrales, es decir 8.5 pesos diarios, suficientes para comprar dos taquitos a la hora del recreo y no más. Durante varios años, de forma inexplica-ble, se redujo el número de becas: existen escuelas con 600 alumnos y solo 10 magras becas. A los consejos técnicos escolares no les queda otra opción que asignar las becas a los más pobres entre los pobres. Los niños deben tener garantizado no solo el derecho a la educación, sino también a la alimentación, a la salud y a la recreación.

Es necesario que las escuelas cuenten con las plantillas docentes completas desde el inicio hasta el fin de cursos. En los últimos años, en cada inicio de ciclo escolar miles de alumnos se han quedado sin clases durante varias semanas debido a que las escuelas no cuentan con la plantilla de docentes completa. Esto ha ocurrido no tanto por la falta de maestros, sino por la existencia de un régimen de contratos temporales que cada 6 meses separa a los docentes interinos de sus grupos escolares y muchos de ellos no vuelven a ser recontratados hasta después de varias quincenas. El problema no es menor; los docentes que se encuentran en esta situación de inseguridad laboral suman alrededor de 15 mil tan solo en la sección 9; muchos con más de 10 años cubriendo interinatos.

Es apremiante que este problema se resuelva estableciendo un programa de basificación en la doble pla-za. La mal llamada reforma educativa apresuró la jubilación de miles de docentes, con lo cual se genera-ron vacantes definitivas de las cuales solo una parte se pusieron a concurso. Por lo tanto, están disponibles para basificar a quienes laboran sujetos al régimen de contrato temporal en una segunda plaza.

Desde luego, la mejor alternativa no es que los docentes laboren el doble turno, pero la precariedad salarial obliga a ello.

Actualmente el sueldo quincenal neto de un docente con plaza inicial en Ciudad de México es de 8 mil 200 pesos mensuales. Es decir, muy lejos de los 220 mil pesos de lo que recibía el anterior se-

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cretario de educación pública o de los más de 200 mil pesos que recibe un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La estabilidad laboral de los docentes repercutirá de manera favorable en el trabajo escolar. Con el personal completo desde el inicio de cada curso escolar ningún alumno sufrirá la pérdida de clases y los colectivos podrán concretar en mejores condiciones los planes de trabajo que se propongan.

A los diputados y senadores se les pueden reducir sus ingresos a la mitad y no por ello dejarán de vivir con decoro. A los maestros, un descuento indebido o un gasto inesperado les trastoca la sobre-vivencia. Si los maestros y maestras son el eje de la transformación de la educación, lo elemental y justo es que se les pague mucho mejor. Queda en manos de los legisladores autorizar un incremento sustancial al presupuesto educativo y con ello hacer posible el incremento de los salarios de los docentes en activo. Ello sin olvidar a los siempre olvidados docentes jubilados, que subsisten con pensiones prácticamente congeladas.

En los últimos años las autoridades de la SEP decidieron cerrar los turnos vespertinos de muchas escuelas argumentando la reducción de la matrícula escolar, no obstante, jamás se han preocupado por resolver la saturación de los grupos en los turnos matutinos. Es irracional que se vacíen los turnos vespertinos mientras en los turnos matutino los docentes trabajan con más de 50 alumnos por gru-po, sobre todo en las secundarias. La distribución de la matrícula se tiene que equilibrar y favorecer una mejor atención para todos los alumnos.

Es necesario revisar a fondo la función real de las autoridades de los distintos niveles del sistema educativo de ciudad de México. Resulta lamentable que los directivos que realmente respaldan los esfuerzos para mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos sean una minoría.

El resto de los directores e inspectores están sujetos a una red cuyo propósito central es mantener el control de los docentes y de los padres de familia. Una de sus funciones reales es evitar todo brote de inconformidad por la precariedad en las que subsisten los planteles. No toleran el más mínimo indicio de autonomía de las escuelas y obstaculizan las iniciativas que se adoptan para dinamizar el trabajo escolar o la gestión de recursos.

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Los altos mandos de la estructura solo se ponen en contacto con las escuelas cuando la inconfor-midad rebasa a los directores e inspectores. Es entonces cuando se hacen presentes. Pero no para resolver sino para castigar. La insensibilidad e incapacidad de los mandos directivos se mostró con toda crudeza después de los sismos de septiembre del 2017. Prácticamente desaparecieron. Se atrin-cheraron en sus oficinas. Sistemáticamente se negaron a atender a los docentes y padres de familia de las escuelas dañadas.

A un año y dos meses de ocurridos los sismos, la reparación de las escuelas no ha culminado. Algu-nas no pasan de ser meros escombros y cientos de alumnos siguen tomando clases en aulas prefa-bricadas, utilizando baños móviles o letrinas que resultan insalubres. El nuevo gobierno tiene que atender de manera emergente todos los casos existentes en Ciudad de México y en el conjunto de los estados afectados.

Es indispensable, por lo tanto, que los funcionarios que ocuparán los cargos principales de los ser-vicios educativos en Ciudad de México, las direcciones operativas y las direcciones regionales, por lo menos sean personas comprometidas con la escuela pública y respetuosas de las comunidades escolares. Que efectivamente destierren la corrupción, la venta de plazas, los aviadores y la mal-versación del presupuesto educativo y cualquier tipo de compromiso faccioso con las huestes del charrismo sindical. La transparencia en el manejo de los recursos tiene que ser obligatoria y toda la información tiene que ponerse a disposición de la sociedad de manera sistemática.

Hay más cosas que requieren revisión. No obstante, es menester reiterar que en este país no cual-quiera puede ser docente. Es un imperativo que deje de criminalizarse a las escuelas Normales, sobre todo a las rurales. Tienen que fortalecerse las escuelas formadoras de docentes de tal manera que to-dos los que egresen de sus aulas estén debidamente formados y no se les someta a los burocráticos exámenes de ingreso al servicio.

El primero de julio de 2018 votamos por el cambio y no debiéramos descansar hasta lograrlo. Que nuestro hartazgo y nuestros anhelos no se queden guardados y olvidados en las urnas.

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EN AGOSTO DE 2018 TUVO LUGAR EL FORO “Propuestas para la educación rural para el se-xenio 2018-2024”, convocado por Diego Juárez Bolaños, académico del Instituto de Investiga-ciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana, y respon-sable de la Red Temática de Investigación de Educación Rural del CONACYT (RIER). El evento contó con la participación de cuatro panelistas y alrededor de 50 asistentes.1 Como fruto del encuentro se elaboró este texto, que reúne una serie de ideas y propuestas que consideramos relevantes en el diseño e implementación de acciones y programas educativos dirigidos a la población rural.

1 Carlota Guzmán (UNAM), Alejandro Juárez (investiga-dor independiente), Guadalupe Mendoza (Universidad Veracruzana) y Valeria Rebolledo (CREFAL). La informa-ción del Foro fue procesada y sistematizada por Graciela Messina, a quien le agradecemos la elaboración de la mayor parte de este documento, el cual recibió valiosos comentarios de Paola Arteaga (investigadora indepen-diente), Amanda Cano (Normal Veracruzana) y Cenobio Popoca (Benemérita Escuela Nacional de Maestros).

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Propuestas para mejorar la atención educativa a poblaciones rurales en México

Red Temática de Investigación de Educación Rural*

Diagnóstico

• A pesar de que más de la mitad de las escuelas de educación básica en México se ubican en localidades rurales, su población continúa siendo la más excluida en el ámbito educativo (en particular, las localidades aisladas), tanto por los recursos que reciben, como por la infraestruc-tura y equipamiento disponibles; procesos de gestión, supervisión y acompañamiento escola-res poco adecuados; carencia de modelos pedagógicos pertinentes diseñados específicamente para atender la diversidad sociocultural existente en los territorios rurales, así como por la mar-ginación, pobreza, exclusión y violencia que se viven en algunos de estos territorios.

• Las fronteras entre lo urbano y lo rural se han modificado, ya que algunos territorios rurales se han urbanizado y deteriorado en términos ambientales, mientras la población rural ha perdi-do su condición campesina, con la desaparición creciente del pequeño productor y el auge de los trabajos informales por parte de los pobladores rurales en las ciudades intermedias y grandes; mientras en las áreas urbanas viven ciudadanos que son campesinos en primera, segunda o tercera generación y conservan sus patrones culturales.

• Aunque se ha ampliado la cobertura de establecimientos escolares de educación obligatoria en las zonas rurales, ello se ha hecho sin generar proyectos integrales de educación rural. Varias de las modalidades, como la educación comunitaria del CONAFE, telesecundarias multigrado o telebachilleratos han trabajado con enormes dificultades presupuestales y limitados recur-

* Los datos de la Red se localizan en: http://rededucacionrural.mx/ Contacto: Diego Juárez Bolaños, [email protected]

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sos físicos y humanos, situación que no ha permitido el cumplimiento de lineamientos legales básicos, tales como: a) Artículo 3º constitucional: “El Estado garantizará la calidad en la educa-ción obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máxi-mo logro de aprendizaje de los educandos”; b) Artículo 38 de la Ley General de Educación: “La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios”, por mencionar un par.

• La formación inicial y continua de los docentes oferta contados programas especializados, cursos para el multigrado o la ruralidad. Solo 24 escuelas ofertan la licenciatura en educación indígena intercultural y bilingüe, mientras un par de ellas ha incluido el enfoque multigrado a nivel de algunas asignaturas dispersas, que son además de carácter optativo. Aún más, desde hace varias décadas las Normales Rurales dejaron de estar en la agenda de la política edu-cativa. Asimismo, en las propuestas de actualización para los docentes en servicio imperan programas uniformes que pocas veces contemplan la diversidad de los contextos escolares y socioculturales de los territorios rurales.

• Muchos procesos de enseñanza se han subordinado a las evaluaciones estandarizadas y en gran escala de docentes y de estudiantes, mientras se busca el rendimiento escolar observa-ble y medible en términos de indicadores de logro definidos según modelos urbanos, antes que la construcción de criterios de reflexión y crítica por parte de los niños y jóvenes. Además, los docentes no han sido tomados en cuenta en la construcción y aplicación de evaluaciones al desempeño.

• Tanto la reforma educativa del 2013, como el Nuevo Modelo Pedagógico han invisibilizado a la educación rural, mediante el planteamiento de un currículum que no toma en cuenta sus par-ticularidades ni se han elaborado materiales contextualizados. Además, está ausente una pers-pectiva intercultural transversal en los programas de estudio de todos los niveles educativos.

• El desarrollo de programas (como Escuela al Centro) parten de la premisa de que todas las es-cuelas cuentan con figuras administrativas, desconociendo la existencia de decenas de miles escuelas multigrado donde los docentes deben realizar labores directivas al mismo tiempo que imparten clases.

• La población estudiantil con necesidades educativas especiales del medio rural está prácticamen-te olvidada por las autoridades: no existen programas de atención dirigidos hacia ellos, no cuen-tan con acceso a las USAER o a los Centros de Atención Múltiple (CAM), además que los docentes no cuentan con alguna formación específica, ni se ofertan becas o apoyos extras al alumnado.

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• La política de cierre de las escuelas rurales, destinada a concentrar a los estudiantes en los planteles de organización completa, impulsada durante la presente administración federal por el CONAFE y la SEP, no se acompañó con la difusión pública de los estudios técnicos me-diante los cuales se fundamentaron tales acciones, que incorporan: a) el diagnóstico, plan de acción y los niveles educativos que fueron incluidos; b) criterios para seleccionar y número de escuelas que fueron cerradas; c) recursos asignados, actores e instituciones implicados; d) valoración de las consecuencias pedagógicas, económicas, sociales, culturales tanto en las localidades de origen como de destino de los estudiantes; e) medidas para garantizar la seguridad en el traslado de los estudiantes a los establecimientos de acogida; f ) participación de padres y madres de familia en la planeación, desarrollo y valoración de la política; g) uso que se dio a los espacios escolares que fueron cerrados. Así, los procesos de cierre de escue-las rurales han sido poco transparentes y las comunidades no han sido consideradas en los procesos de toma de decisiones, planeación, ejecución y evaluación de tales medidas, como sugiere la literatura especializada que debe realizarse.

En este marco se recomienda:

1. Diseñar y poner en marcha acciones públicas de educación rural desde el enfoque de dere-chos, la interculturalidad, la interdisciplinariedad, la perspectiva de género y la investigación educativa, en un doble sentido: a) recuperando los resultados de los estudios disponibles, y b) consolidando una actitud investigativa, dispuesta a pensar otras alternativas.

2. Equidad en las oportunidades para los estudiantes: diseñar políticas para garantizar la tra-yectoria educativa de los estudiantes rurales en condiciones equitativas, en particular el acce-so, la permanencia y la continuidad entre todos los niveles y modalidades.

3. Continuidad entre la educación básica, media superior y superior: promover la articulación entre el tercer ciclo de la educación básica, la media superior y la superior, las cuales siguen operando como niveles independientes entre sí, con el consecuente abandono escolar.

4. Atención de la diversidad: poner a disposición de los docentes programas formativos y re-cursos pedagógicos para que puedan implementar estrategias y acciones de atención de la diversidad, desde las diferencias según género y edad, hasta las singularidades sociales, culturales, lingüísticas, y de aprendizaje, asociadas con localización, pertenencia, clase social y distinciones individuales.

5. Articulación entre políticas de educación rural y políticas de educación intercultural y bi-lingüe, en todas las asignaturas y en la vida cotidiana del centro educativo, sin limitarse al área de “lengua materna”. Ofrecer educación intercultural en todas las escuelas rurales, tanto en zonas indígenas como mestizas.

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6. Modelos pedagógicos multigrado: diseñar modelos pedagógicos multigrado, aprovechan-do sus potencialidades, ya que: a) favorecen el trabajo colaborativo y una mayor autonomía de los estudiantes; b) al distanciarse de la clasificación por grados, los maestros organizan sus grupos acorde con las características, intereses y avances de los estudiantes; c) la interacción de los alumnos de diferentes edades propicia conocimientos y conversaciones que fortale-cen, cuestionan y transforman sus saberes previos, así como los acercan a nuevos saberes y habilidades.

7. Aprendizaje colaborativo: promover comunidades de aprendizaje, así como experiencias colaborativas, en particular las tutorías, tanto individuales como colectivas, en todos los nive-les y modalidades de la educación rural: tutorías de docentes a estudiantes y viceversa, entre profesores y entre estudiantes.

8. Diseño de estrategias didácticas situadas: establecer criterios para el diseño de estrategias didácticas que permitan desde su condición de actividades situadas en los contextos rura-les: a) aprovechar los recursos diversos que ofrecen las localidades en la vida cotidiana; b) orientarse hacia situaciones y problemas comunitarios; c) ser compartidas e involucrar a las personas de las poblaciones rurales; d) ser significativas para los entornos de los estudiantes; e) aprovechar los saberes previos de estudiantes y docentes; f ) ser realizadas en el aula, o por cuenta propia, tanto dentro como fuera de la escuela; g) promover los procesos diversos de aprender, en congruencia con los hallazgos del constructivismo; h) emplear materiales múl-tiples, concretos, económicos y accesibles en las comunidades; i) innovar, creando variantes que crecen en complejidad en forma gradual.

9. Repensar un currículo flexible, tanto para la organización escolar graduada como para mul-tigrado.

10. Desarrollar programas para atender de manera específica a población estudiantil con necesi-dades educativas especiales del medio rural.

11. Gestión centrada en la escuela y en el aprendizaje: a) fortalecer la gestión escolar como un proceso de co-diseño con las escuelas evitando la toma de decisiones desde los ámbitos es-tatal o federal; b) centrar la gestión escolar en la dimensión académica y no en la dimensión administrativa; c) reducir la carga burocrática-administrativa de los directores, los superviso-res y los Asesores Técnico Pedagógicos; d) reemplazar la práctica de la supervisión por la de acompañamiento, centrada en el diálogo de saberes y la reflexión desde la experiencia, en vistas de crear comunidades de aprendizaje; e) explorar alternativas para “descargar” o liberar a los docentes del desempeño simultáneo de la función directiva, por ejemplo mediante la figura de los directores itinerantes; f ) reducir el tiempo que dedican los docentes a labores administrativas, a fin de generar las condiciones necesarias para que dediquen el mayor tiem-po a las actividades de enseñanza y aprendizaje.

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12. Materiales de aprendizaje de producción local: propiciar la elaboración de a) materiales impre-sos y digitales, generados preferentemente en forma descentralizada y local; b) materiales en todas las lenguas indígenas y para todos los niveles educativos; c) materiales con elementos co-munes a nivel nacional, en vistas de promover el diálogo y los análisis comparados; d) materiales contextualizados, como cuadernos de trabajo y otros que faciliten el aprendizaje autónomo.

13. Distribución de los docentes: asignar a los docentes en planteles cercanos a su lugar de resi-dencia, así como distribuir a los maestros en las asignaturas de acuerdo con su formación inicial.

14. Personal docente especializado en las escuelas rurales: promover la presencia de profeso-res de diferentes disciplinas y bajo distintos regímenes: educación física, artística, tecnologías de la información, necesidades educativas especiales, nutriólogos y psicólogos; estos actores pueden estar designados en una sola escuela o pueden ser itinerantes y atender a varios es-tablecimientos escolares a la vez.

15. Educación artística y científica en el sector rural: acercar a las escuelas rurales experiencias culturales y científicas y visitas a museos. Aprovechar el servicio social de algunas profesiones para enriquecer las experiencias educativas de los estudiantes de estos contextos.

16. Programas de formación docente y de figuras educativas de acompañamiento y supervi-sión: a) propiciar programas de formación docente que promuevan la autonomía y la capa-cidad de investigar desde la experiencia; b) formación de carácter pedagógico crítico, que promueva la reflexión de la práctica, a partir de la investigación, así como permita compren-der la lógica de los modelos que orientan su acción; c) formación para todos los actores esco-lares, desde los docentes al personal directivo, supervisores y Asesores Técnico Pedagógicos, en temas como procesos de aprendizaje y enseñanza en los grupos multigrado, atención de la ruralidad y con grupos indígenas y población jornalera agrícola migrante.

17. Condiciones para la formación: a) crear condiciones favorables para la asistencia de los docentes y otras figuras educativas a cursos presenciales de formación continua, desde la “descarga laboral”, horarios viables, pago de viáticos, entre otros; b) crear condiciones para la participación de los maestros y otras figuras en los cursos de formación continua en línea, tales como: equipo y acceso a internet en las escuelas; c) facilitar las condiciones para que los profesores rurales continúen estudios de posgrado, participen en pasantías en otros estados de México, así como en programas internacionales de movilidad; d) favorecer el involucra-miento de las Instituciones de Educación Superior locales o regionales en procesos de forma-ción continua a docentes de contextos rurales.

18. Salarios docentes y de otras figuras: generar salarios equivalentes para los diferentes nive-les educativos y asegurar el pago a tiempo. Explorar la pertinencia de pagos complementa-rios o estímulos de diversa índole, asignados a la comunidad, para los docentes del medio rural, considerando criterios como el grado de marginación, aislamiento y seguridad de las comunidades.

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19. Enfoque comunitario: a) promover que las escuelas rurales adopten un enfoque comunita-rio, contribuyendo al fortalecimiento de las localidades en las cuales se insertan; b) fomentar relaciones solidarias, equitativas y horizontales entre los centros educativos y los habitantes de las comunidades, mediante esquemas locales de participación social.

20. Innovación: recuperar y aprender de experiencias innovadoras y de las buenas prácticas edu-cativas desarrolladas en el ámbito rural, a nivel regional, nacional, e internacional.

21. Infraestructura y equipamientos escolares pertinentes: formular políticas de construcción, mejora y mantenimiento de la infraestructura educativa en el medio rural, en particular: a) crear condiciones para que los planteles cuenten con servicios básicos de agua, electricidad, inter-net, dispositivos digitales suficientes y actualizados, así como instalaciones en buen estado, con buena ubicación, ventilación, y adaptadas al clima; b) garantizar que las Reglas de Operación de los programas de equipamiento e infraestructura consideren entre su población objetivo a las escuelas rurales de manera prioritaria; c) garantizar instalaciones para funciones múltiples, sin limitarse a las aulas, en particular servicios sanitarios suficientes y en buen estado; d) construir planteles propios para los telebachilleratos, dadas las dificultades que presenta el préstamo de las instalaciones por parte de las telesecundarias; e) dotar equipamiento escolar pertinente y adecuado a los contextos rurales. Las políticas referidas a infraestructura y equipamiento son condición necesaria pero no suficiente para una educación rural inclusiva.

22. Educación y trabajo: articular la educación en zonas rurales con propuestas de acercamiento al mundo del trabajo, sin un horizonte de empleabilidad en el corto plazo. La escuela rural no debe ser definida desde las condiciones del mundo laboral.

23. No cerrar escuelas rurales, dejar de lado la opción de transportar a los alumnos de sus co-munidades de origen a una escuela de mayor tamaño. Por el contrario, fortalecer el derecho a la existencia de escuelas ubicadas en las comunidades rurales, ya que son un espacio de convivencia, generan un vínculo pedagógico centrado en los estudiantes, permiten más vin-culación con la comunidad y potencian su identidad cultural.

24. Fortalecer la investigación dirigida la educación rural. La Red Temática de Investigación de Educación Rural es uno de los pocos espacios en nuestro país para realizar esta labor, pero sus acciones son insuficientes ante la dimensión, complejidad y diversidad de la educación rural.

25. Definir la educación rural como responsabilidad tanto del sistema educativo y de la socie-dad en su conjunto y no solo de los maestros rurales. Crear un área específica en la SEP que atienda las particularidades pedagógicas, de gestión, supervisión, acompañamiento, infraes-tructura, equipamiento, materiales, condiciones de trabajo de las escuelas rurales.

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ESTE ARTÍCULO ANALIZA ALGUNOS DESAFÍOS DE la educación escolar para pueblos y comuni-dades indígenas, a partir de un acercamiento a lo ocurrido, y también a lo que no, en este campo, por impulso del Estado mexicano en las últimas décadas. Sin el afán de hacer un balance, la intención es dar cuenta de algunas problemáticas, organizadas en tres ejes, para contribuir a la discusión entre actores diversos.

En México, la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) señala que uno de cada diez mexicanos es indígena y que según datos de la Encuesta Intercensal INEGI (2015), más de 25 millones de personas recono-cen su identidad indígena; de ellos, siete millo-nes hablan una lengua indígena, de los cuales casi el 88% son bilingües en lengua indígena y español, el 12% restante es monolingüe en lengua indígena. Sin embargo, bajo la denomi-nación de indígena muchos pueblos presentan modos diversos de plantear sus proyectos de vida, lo que incluye el derecho a la educación con equidad, pertinencia y justicia sociocultural.

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Desafíos de la educación escolar indígena para el Siglo XXI

Gabriela Czarny*Gisela Salinas**

Concepciones sobre lo indígena en el campo educativo

En las políticas educativas dirigidas a la población indígena existe un modo de concebir a los pueblos en el que han sido tratados como una población que requiere una atención diferenciada y, con ello, como sujetos beneficiarios de interés público y no como sujetos de derecho. El tema de la relación entre el Estado nacional y los pueblos indígenas ha ocupado una parte importante del trabajo de investigadores, así como el desarrollo de políticas específicas conocidas como indigenistas, dirigidas a la integración e incorporación de los indígenas a la nación. Pero es a partir de la suscripción en 1990 por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y después con la modificación del artículo 2º Constitucional en 2001, cuando inicia un nuevo periodo donde los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se visibilizan. Lo anterior modificó paulatinamen-te los marcos legales, tanto en el tema educativo como en el social, aunque no siempre ha conducido a respetar los derechos, que promueven la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria a través de políticas y acciones diseñadas y operadas conjuntamente, entre la federación, las entidades federativas, los municipios y los pueblos indígenas.1

* Profesora-investigadora, Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco.

** Profesora-investigadora, Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco.

1 De conformidad con el Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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El levantamiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas marcó un antes y un después de la última parte de la historia contemporánea de los pueblos indígenas, recor-dándole a la nación que existen y que han planteado “nunca más un México sin nosotros”. Esa irrup-ción no ha tenido ecos para la instalación de un verdadero diálogo, sino que ha generado políticas adversas bajo los tintes del multiculturalismo neoliberal.

La imagen folclorizada en las políticas sobre “lo indígena” —campesinos con atributos específicos— niega la condición multifacética de los pueblos, los que desde hace varias décadas residen y viven también en diversos centros urbanos, congregados bajo diferentes modalidades. Este cambio de residencia —debido a dinámicas económicas que incluyen la pérdida de sus tierras, así como cues-tiones políticas y religiosas, entre otras— ha contribuido a la reconfiguración de nuevas formas de identidad y pertenencia a sus pueblos y comunidades. La percepción sobre quiénes son los deno-minados indígenas mantiene elementos de viejas tradiciones antropológicas que los definieron por hablar una lengua originaria, vestirse con trajes tradicionales, y vivir bajo formas de organización social específicas (Díaz Couder, Gigante, Czarny y Salinas, 2017).

A partir de los años setenta, la educación escolar indígena en México, al igual que en la mayoría de los países de Centro y Sur América, en los niveles de preescolar y primaria se orientó bajo enfoques bilingües-biculturales, y desde hace dos décadas, interculturales-bilingües. En años recientes, éstas últimas se han modificado bajo la perspectiva de educación inclusiva. Así, los indígenas pasan a for-mar parte de la atención a la población vulnerable, que prioriza lo individual sobre lo colectivo, pero fundamentalmente, niega el derecho a la diferencia cultural.

El debate sobre educación intercultural ha ganado un importante terreno en la región, y se reconoce que existe multiplicidad de significados. No es lo mismo que se plantee educación intercultural solo para los pueblos indígenas desde el Estado, que cuando las organizaciones y comunidades lo reto-man como perspectiva para sus propios proyectos.

Pueblos indígenas y escolarización

En nuestro país se ha desarrollado el subsistema de educación indígena a través de la Dirección Ge-neral de Educación Indígena (DGEI), desde el cual, con base en el currículo nacional y orientaciones bajo el enfoque intercultural bilingüe, se atiende la educación preescolar y primaria indígena, que opera principalmente en áreas rurales y en modalidad multigrado.2 Antes de la DGEI (1978), la caste-llanización ocupó el lugar central en el contexto de la política educativa; después de su creación, las lenguas indígenas y la elaboración de libros de texto en éstas, comenzaron a tener un lugar que no siempre ha alcanzado los resultados esperados.

En la educación básica actual y bajo la perspectiva de identificación por ser hablante de una lengua indígena (HLI), tenemos que una alta proporción de niñas y niños indígenas se ubican en el nivel de

2 De acuerdo con datos del INEE (2017), los servicios de educación indígena son multigrado en más del 80% en entidades como Durango, Campeche, Quintana Roo y en más del 60% en Chiapas y San Luis Potosí.

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preescolar y primaria indígena (68% y 54%); otro sector se encuentra en las escuelas de preescolar y primarias de tipo general (23% y 43%), mientras que en la secundaria, la mayor proporción de jóvenes indígenas se encuentran en telesecundaria (52.4%), en secundarias técnicas (23.3%) y en secundarias de tipo general (21.4%) (INEE, 2017).

Esta demarcación entre escuelas de educación indígena (para indígenas) y escuelas generales, tam-bién se ha extendido en el nivel de la educación superior, con las universidades interculturales. Sin embargo, entre la educación básica y la superior hay varias brechas que inciden en la continuidad escolar, entre ellas: a) las condiciones socioeconómicas de las familias; b) el impacto de la discrimina-ción que viven en escenarios escolares y fuera de las comunidades. c) las habilidades académicas no adquiridas para poder hacer frente a las demandas universitarias y d) la perspectiva sociocultural en torno al género para el acceso de las mujeres a mayores niveles escolares. No es de extrañar que solo el 3% de la población indígena llega a la educación superior (INEE, 2017).

La desigual gestación e implementación de políticas educativas dirigidas a los pueblos indígenas ha mantenido las siguientes dificultades:

1. Las condiciones materiales de las escuelas.

2. Los procesos formativos de los docentes.

3. La ausencia de un currículo con pertinencia que recupere el derecho y la perspectiva de los pueblos, y que tenga como base un enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación situados.

4. La resistencia al uso de las lenguas indígenas por causas de discriminación y la desubicación lingüística de los maestros en las escuelas indígenas.

5. Las estrategias pedagógicas pertinentes para el trabajo en contextos escolares multigrado.

6. Los apoyos escolares que van desde libros de texto y materiales educativos hasta asesorías, acompañamientos, tutorías, servicio de apoyo técnico a las escuelas, entre otros.

Al mismo tiempo, en este complejo escenario, se han construido experiencias que documentan me-joras y logros en los aprendizajes escolares, y en los procesos de desarrollo bilingüe de niñas, niños y jóvenes indígenas, a partir del trabajo conjunto entre docentes y comunidades, acompañados en ocasiones por especialistas.

Formación y profesionalización de docentes de educación indígena en escenarios de reforma educativa

La reforma educativa (2013) ha tenido impactos también en las escuelas del medio indígena y en los procesos de formación y profesionalización.

3 De acuerdo con datos de la DGEI, en el subsistema de educación indígena en el ciclo escolar 2016-2017 contaba con 60 mil 477 docentes que atendieron a poco más de 1.3 millones de niñas y niños indígenas y en situación de movilidad en 22 mil escuelas. Actualmente, cerca de 15 mil docentes de educación indígena no cuentan con título de licenciatura.

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Desde los primeros promotores culturales (a mediados de los años sesenta) hasta los actuales maestros indígenas3 se ha privilegiado, desde el sistema educativo, una concepción de técnico y no de profesio-nal, por lo que la perspectiva de “capacitación” forma parte de las acciones y políticas formativas, mien-tras que el fortalecimiento de la formación inicial y el desarrollo profesional para estos docentes tiene menor peso. Recordemos que, hasta hace pocos años, “hacerse maestro de educación indígena” tenía como requisitos hablar una lengua indígena y tomar un curso de inducción a la docencia.

Entre los programas e instituciones vigentes para formar profesionales y docentes para el campo de la educación indígena, con diversas mallas curriculares y condiciones de operación, se encuentran la Licenciatura en Educación Indígena (LEI) en la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Na-cional (UPN), dirigida a la formación de profesionales para la educación indígena; las Licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria para el Medio Indígena (LEP y LEMI) impartidas en Unidades y Subsedes de la UPN en más de 20 entidades federativas, orientadas a nivelar y profesio-nalizar a los docentes frente a grupo, sin estudios de licenciatura; y las Licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe en algunas escuelas Normales, orientadas a la formación inicial de los futuros docentes de educación indígena. Los procesos de for-mación y profesionalización han impactado favorablemente en los jóvenes y sus comunidades. Así, hoy tenemos un conjunto de egresados, muchos de ellos con posgrado, que bien podrían contribuir al campo educativo, no solo en la educación indígena sino en el sistema educativo general, en lo referido a las perspectivas sobre la diversidad cultural y lingüística, y para el mismo desarrollo de las lenguas originarias en la escuela, u otras instancias.4

La reforma educativa y su marcada concentración en la evaluación del desempeño, en el marco del Ser-vicio Profesional Docente (SPD), produjeron un debilitamiento de las instituciones formadoras. A partir de señalar que “cualquiera puede ser maestro” (Nuño, 2016) —y con ello, la apertura de la docencia a otras profesiones— la incorporación de jóvenes indígenas y no indígenas interesados en formarse como docentes en las escuelas Normales, se redujo. Las orientaciones educativas en el contexto del llamado “nuevo modelo educativo” han reducido los procesos de enseñanza y aprendizaje a un ejercicio técnico de evaluación. La preocupación por el seguimiento y control del trabajo docente a través de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) y de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (COPASE) orientó a una burocratización del trabajo colegiado en las escuelas y trastocó su relación con las comuni-dades. La promoción de espacios como la autonomía curricular ha resultado una estrategia que reafirma la inequidad educativa; por sus condiciones de operación diversas y las posibilidades reales del trabajo docente en las escuelas de educación indígena que tienen menos posibilidades ejercer tal autonomía.

Los contextos y circunstancias específicas de cada escuela y región deben ser el punto de partida para fortalecer procesos reales de enseñanza y aprendizaje situados, aspectos que no se pueden me-dir solo a través de modelos de evaluación centralizados, como base para la mejora en las escuelas.

4 La formación docente para una educación bilingüe —con las lenguas originarias y el español— es una asignatura pendiente. El discurso recurrente resalta que el problema para la enseñanza bilingüe es la carencia en “métodos específicos”, aspecto que se reduce a una dimensión más bien técnica, sin reconocer y apuntar a la ausente operación de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

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Algunos desafíos para la educación escolar indígena

• Reconocer a los indígenas como sujetos de derechos individuales y colectivos, frente a los múltiples escenarios de adscripciones identitarias de los pueblos y comunidades.

� Considerar la participación directa y horizontal de los pueblos para la construcción de po-líticas, propuestas, planes, programas, materiales y estrategias para el campo educativo.

� Reconocer la diversidad de situaciones sobre el bilingüismo y plurilingüismo en diferen-tes contextos y favorecer su presencia en ámbitos distintos.

• Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes de educación indí-gena y del sistema educativo general, así como de las instituciones responsables, desde una perspectiva que incorpore la diversidad en todas sus dimensiones y para todos los contextos y niveles educativos.

• Fortalecer las condiciones de trabajo docente en las escuelas multigrado que se ubican en contextos indígenas y rurales, así como la infraestructura escolar.

• Privilegiar la contratación de profesionales formados y hablantes de lenguas originarias para escuelas de educación indígena y para el sistema educativo general.

• Apoyar el desarrollo de proyectos elaborados por colectivos de docentes y comunidades, acompañados por diversos actores, que recuperen las fortalezas, debilidades y propuestas para mejorar la educación escolar indígena en diferentes contextos.

Referencias Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2015), Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239941/02-numeralia-indicadores-so-cioeconomicos-2015.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (14 de agosto de 2001), México, Cámara de Diputados del H. Con-greso de la Unión.

Díaz Couder, E., Gigante, E., Czarny, G. y Salinas, G. (2017), Proyecto Formación docente para una educación intercultural del siglo XXI, México, CGEIB/CONACYT/UPN.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2017), Breve panorama educativo de la población indígena, México, INEE.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), Encuesta Intercensal 2015, México, INEGI, recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/ especiales/intercensal/

Nuño A., en Robles, L. (22 de marzo de 2016), Cualquiera puede ser maestro, en Excélsior, p. A1, México.

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HACE NO MUCHO TIEMPO, UN SABIO MAYA tseltal, mi viejo abuelo, explicaba a propósito de la educación: “Pareciera que hoy es necesario pensar seriamente la necesidad de formar los co-razones y los pensares de los niños. Pareciera que algo saben de lo que la escuela les enseña, y, a decir verdad, no entienden ni saben enfrentar la vida, eso sí, pareciera que han aprendido a ser or-gullosos, duros de corazón y duros en su pensar”.

En una línea, probablemente parecida, el pen-sador Edgar Morin (2015, p. 41) nos dice: “La es-cuela, hoy, sobre todo para la adolescencia, no aporta el viático bienhechor para la aventura de vida de cada uno. No aporta las defensas para afrontar las incertidumbres de la existencia, no aporta las defensas contra el error, la ilusión, la ce-guera. No aporta, [… …] los medios que permiti-rían conocerse y comprender al otro. No aporta la preocupación, la interrogación, la reflexión sobre la vida buena o el buen vivir. No enseña más que muy incompletamente a vivir, fallando en lo que debería ser su misión esencial.”

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Pueblos indígenas y educación en MéxicoJavier López Sánchez*

Curiosamente, en ambos casos, no aparece el sujeto maestro, que en los últimos años ha sido anu-lado, desacreditado y desprestigiado, al que se ha lastimado su dignidad y lacerado sus derechos. Se responsabiliza al maestro de todos los males de la educación, y se niega que, en lo subyacente a todo ello, se encuentra un sistema caduco que no responde a la realidad y a la exigencia social actual.

Si las percepciones del sabio y del pensador citados corresponden a la realidad educativa de hoy es imperativo reflexionar sobre el sentido de las políticas educativas, así como su posible articulación con las múltiples direccionalidades en el futuro inmediato y prospectivo en México.

Caracterización general de la educación en México

México es una nación multidiversa, multicultural y multilingüe; esas han sido sus características de siempre, negadas durante siglos. La visión del Estado-Nación mexicano se construyó desde el para-digma de la unicidad y la homogeneidad, lo cual ha excluido a toda diversidad, particularmente a los pueblos indígenas. Así, las políticas de “Estado”, las políticas “públicas” en general, y específicamente, las educativas, se han implementado de modo monocultural, monolingüe y asimilacionista.

Los efectos de la mirada pobre, integracionista y castellanizadora de la educación ofrecida a los pue-blos indígenas, están a la vista: de los poco más de 25 millones de personas que se autoadscriben como tales, solamente hablan alguna lengua indígena cerca de 7 millones de personas.

* Investigador independiente. Fue director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Te smelelul jkóp kaýejtike ma stak ́ya swalpatinbey skóp yaýej te yantik otániletike melel, jun pajal ay yetálul, jun pajal ay stoyolul, jun pajal ay skóplalul te jkópkaýejtike.

[“La verdad de nuestra palabra y pensamiento, no puede darle la espalda a la ver-dad de la palabra y pensamiento de los otros corazones, porque cada cual tiene

su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia importancia”]

Pensamiento maya-tseltal.

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Con tristeza, se observa que hoy muchos niños y jóvenes ya no expresan sus sentimientos y pensa-mientos, ni nombran al mundo tierra con sus lenguas.

El ingreso de los niños y jóvenes indígenas a la escuela llamada “formal” siempre es un duro sufri-miento, pues no entender y menos comprender lo que el maestro “enseña” por el uso del español, causa tremenda tortura psicológica y, en consecuencia, ocurren la deserción, reprobación, repeti-ción y los bajos niveles de aprendizaje. Es menester reconocer que ha existido siempre una mala calidad de la educación ofrecida a los pueblos indígenas, pues nunca ha sido inclusiva, equitativa ni pertinente cultural y lingüísticamente. La educación llamada indígena, se ha caracterizado, además, por su infraestructura pobre.

Por su visión unilineal, homogénea y positivista, el Sistema Educativo Nacional (SEN) ha segado tam-bién la mirada de todos los mexicanos, al “educarlos” en la unicultura y la unilengua, al educarlos bajo una sola historia. La consecuencia de dicha visión educativa se refleja también en la violencia, la dis-criminación y el racismo tanto social como institucional que se vive, situación que el nuevo gobierno está llamado éticamente a transformar.

Así pues, México ha sufrido los efectos de la dominación colonial unilineal y, hay que decirlo, el contex-to postcolonial acentuó las relaciones de dominación e imposición, y produjo la enorme desigualdad social, cultural, económica y política que, hasta hoy día, los pueblos indígenas siguen padeciendo. La llamada nación mexicana es producto de la imaginación colonial y postcolonial que, lejos de su preten-dida unidad, ha provocado más bien la descohesión y la descomposición intra e interétnica.

Ante tales circunstancias, nos preguntamos: ¿qué camino seguir? ¿Cuál es el rumbo educativo a tomar, que permita la regeneración de la vida indígena y de la sociedad mexicana en general? ¿Qué tipo de educación debe ofrecer el nuevo gobierno para indígenas, afrodescendientes y mestizos, entre otros?

El nuevo rumbo posible de la educación

Se dice que la educación es motor de desarrollo de toda sociedad; pensemos que eso es cierto, sin embargo, hemos de decir que no puede serlo si no es democrática, plural e incluyente. De acuerdo con Luis Villoro (2007), tres son los grandes retos de la sociedad por venir o por construir: justicia, democracia e interculturalidad, retos que la educación está llamada a atender.

Algunos puntos clave a considerar:

• La educación debe ser prioridad en y para el Estado mexicano. Se debe creer seriamente que es motor de desarrollo de la sociedad, para lo cual, es de la más alta importancia pensar en el país que es México y su gente, y cómo lo queremos ver, luego entonces, repensar los fines de la educación mexicana.

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Pueblos indígenas y educación en México

• Lo anterior, exige cambios sustantivos en el SEN. Es impostergable impulsar un sistema con enfoque intercultural para todos los mexicanos, desde la primera infancia hasta la educación superior, toda vez que la filosofía intercultural busca en lo ético-filosófico, la validez y legiti-midad de todos los pueblos, todas las culturas con sus lenguas y sus modos particulares de construir conocimiento, de mujeres y hombres en sus diferencias, es decir, una educación en y para la diversidad, la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos; en lo epistemológico y pedagógico-didáctico, la construcción de sentido mediante la elaboración de situaciones auténticas de aprendizaje de modo situado, contextualizado y reflexivo mediante el dialogo de saberes; y en lo ético-político, la construcción y búsqueda de la justicia social. Se necesita un SEN que propicie la unidad en la diversidad, considerando los diversos contextos y parti-cularidades de cada pueblo y región del país (contexto indígena, rural, urbano, migración).

• El SEN planteado requiere del componente de calidad, lo que implica pensarlo no solo en términos de la infraestructura ni solo de la cobertura, sino, de modo articulado con lo que supone una educación de calidad con equidad, incluyente y pertinente. México, como se dijo líneas arriba, es un país multicultural y multilingüe, por lo que para los pueblos indígenas no habrá justicia, democracia y calidad si su educación no es equitativa, incluyente ni pertinente. Para ello, la educación de y para los pueblos indígenas, requiere de una institucionalidad fuerte, que articule y transversalice sus acciones educativas a favor de los pueblos indígenas a nivel federal, estatal, municipal y comunitaria. Es necesaria la creación de un Consejo Nacio-nal de Educación para los Pueblos Indígenas, mismo que debe estar conformado por los 68 pueblos indígenas y afrodescendientes de México.

• La educación en México requiere no solo de un cambio de percepciones sino fundamentalmen-te de valores como la honestidad y la justicia, por ello, la relevancia de la filosofía intercultural. Esto exige la puntual revisión y construcción de los currículos del SEN con enfoque intercultural (pluralista, incluyente, articulador y flexible), el diseño de los libros de texto y los dispositivos pedagógicos considerando la diversidad, la formación docente situada y reflexiva.

• En el campo de la educación intercultural y actualmente desde las posturas decoloniales se ha avanzado en la construcción de nuevas epistemologías, más propicias para atender la diver-sidad en los procesos educativos y en todas las dimensiones de la vida en sociedad (Mignolo, 2000). Una pedagogía diferenciada y contextualizada supone una acción docente reflexiva que contribuye a la reconstitución de identidades trastocadas por una educación homogeneizante. Estamos pues ante la necesidad de un constructivismo identitario mediante la educación inter-cultural, esto es, formar niñas y niños indígenas seguros de sí mismos y abiertos al mundo, a la otredad desde lo que supone la autoidentidad, la autoafirmación y la exoidentidad, la intra y la intercultura (López Sánchez, et al. 2006), reconociendo los conflictos y complejidades, y a la vez, la riqueza de estar y ser parte de la diversidad, lo cual, sucede dentro de las dinámicas sociopo-líticas marcadas por el reconocimiento válido y legítimo de los sujetos.

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• La comprensión de la relevancia de una práctica educativa situada o contextualizada debe acompañarse de lo que muchos investigadores y profesionales han llamado docencia reflexi-va. Se trata de la búsqueda de nuevos y mejores caminos sociales y pedagógicos desde la propia práctica profesional, sin hipotecar la construcción de la autonomía profesional, lo que supone sentido y proyecto en la profesión docente.

• La apuesta de formación docente que aquí planteamos busca lograr un futuro posible, un sendero sencillo, quizá espinoso, como aquel al que aluden los grandes relatos cosmogóni-cos en donde lo escabroso y accidentado del territorio que se pisa, es la anunciación de un nuevo horizonte; el sinuoso, pero asombroso y esperanzador sendero de la autonomía y la dignidad profesional docente, lo cual, lo potencia para la elegibilidad ética de su acción.

• La evaluación pedagógica para los aprendizajes y la propia evaluación docente deben estar orientados con clara perspectiva de mejora de los procesos de enseñanza y de aprendiza-je, con pertinencia cultural y lingüística. Se requiere también la conformación de un equipo técnico pedagógico para el Acompañamiento, Apoyo y Asesoría in situ (AAA), en y desde las escuelas (probablemente itinerantes), la conformación de un cuerpo directivo con liderazgo, el involucramiento de las autoridades locales, comunitarias y padres de familia.

• Ante la vivencia y transformaciones tecnológicas que se viven hoy, sin duda, el uso del cibe-respacio y la inteligencia digital debe ser considerada como una herramienta para la forma-ción en la educación.

• Construir el SEN con enfoque intercultural de modo consensuado con todos los actores de la sociedad, y particularmente con los maestros, pues son actores claves como sujetos interac-tuantes de la política y del proceso educativo.

Para finalizar, hemos de decir que considerar la reconstrucción de la sociedad mexicana, es posible si emprendemos una educación más humana e intercultural, con sentido y proyecto de vida para todos los mexicanos, si atendemos con lucidez su rica diversidad. Hoy se presenta la oportunidad de penetrar en los profundos laberintos de la realidad educativa y social de México, cuya dialéctica histórica consiste en un encuentro de las profundas raíces milenarias de las culturas de nuestros pueblos originarios y sus dioses aliados, en la aventura mítica de los seres transitorios que hemos sido y estamos siendo en este tiempo del mundo tierra, y el galope de la modernidad, también con sus propias y distintas aventuras míticas; encuentro desde donde emerge un vigoroso fuste arbóreo cuyas ramas económicas, políticas, sociales y culturales, se extienden como laberíntica sombra sobre nuestro México, dando forma y contenido a nuestro presente social, lo cual, es estratégico para la co-hesión, la paz social y el buen vivir en la nación mexicana, reto que el nuevo gobierno ha de afrontar.

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Pueblos indígenas y educación en México

ReferenciasMignolo, W. (2007), La idea de América Latina. La herida colonial y la noción decolonial, Barcelona, Gedisa.

Morín, Edgar (2015), Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación, Buenos Aires, Nueva visión.

López Sánchez, Javier et al. (2008), El enfoque intercultural en la educación. Orientaciones para maestros de primaria, CGEIB-SEP, México.

López Sánchez, Javier (2013), Perspectivas de la Inclusión y equidad desde las escuelas. V Congreso Internacional de Educa-ción: Formación docente para una sociedad incluyente, Oaxaca, IME.

López Sánchez, Javier et al. (2018), Especialización en educación intercultural bilingüe, Paraguay, OEI-MEC.

Villoro, Luís (2007), Los retos de la sociedad por venir. Ensayo sobre justicia, democracia y multiculturalismo, México, FCE.

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UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL sistema educativo de cualquier país son las escuelas o centros educativos, que deben cumplir condiciones mínimas de seguridad, espacio y servicios básicos, además de contar con el equipamiento necesario para que la labor de enseñanza y el aprendizaje por parte de los alumnos se lleven a cabo de manera óptima.

Diversos estudios han señalado la importancia de las instalaciones educativas en el aprendi-zaje de los alumnos en diferentes partes del mundo. Hoyos et al. (2012) presentan eviden-cia de que algunas características de la in-fraestructura influyen en el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables, principalmente en los países en los que existe una mayor des-igualdad. Duarte et al. (2011) concluyen que un mejoramiento de la infraestructura se asocia con mejores aprendizajes de los estudiantes en América Latina.

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La infraestructura educativa en nivel básico y la política de gasto del gobierno federal 2013-2018

Sandra Oralia Maya Hernández*Alejandra Huerta Pineda**

En el caso de nuestro país, la necesidad de avanzar en la mejora de la infraestructura educativa que-dó plasmada en la meta III del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México con Educación de Calidad”, el cual estableció entre sus objetivos modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos y ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. De igual manera, en el Programa Sectorial 2013-2018 se reconoció que una debili-dad del sistema educativo que se señala reiteradamente es el estado que guarda la infraestructura educativa, no solo por las carencias básicas sino también por la falta de acceso a tecnologías de la información y comunicaciones.

En este contexto, el gobierno federal planteó una estrategia que consistió, por un lado, en diagnosti-car las necesidades de mejoramiento de las escuelas del país y, por el otro, ampliar el gasto de inver-sión en el sector. Para cumplir el primer objetivo el Ejecutivo Federal mandató al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizar el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), del cual se presentaron los primeros resultados en marzo de 2014 (Presidencia, 2014). Para lograr lo segundo, en 2015 anunció una estrategia para modernizar la infraestructura de los planteles de educación básica más rezagados, a través de los programas de la Reforma Educati-va,1 Escuelas de Calidad y Escuelas Dignas (Presidencia, 2015). Además, en 2015 se implementó una estrategia aún más ambiciosa para que los estados accedieran de forma adelantada a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples a través del Programa Escuelas al CIEN, que continuaría hasta 2015.

* Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.

** Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda.

1 Originalmente llamado Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, publicado en el Diario Oficial de la Federal (DOF) el 18 de junio de 2014.

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De esta manera, tanto el gobierno federal como los estatales se propusieron ampliar la inversión en la modernización de las instalaciones —eléctricas e hidrosanitarias—, equipamiento y, en general, mejorar las condiciones físicas de las escuelas públicas, dando prioridad a la educación básica.

El presente artículo tiene como propósito mostrar los resultados relacionados con las características básicas de los inmuebles mediante la construcción de un índice que contempla los requisitos míni-mos que debe cumplir una escuela para poder operar, tales como la construcción del inmueble con materiales duraderos, el acceso a servicios básicos, la existencia de sanitarios, así como del mobiliario suficiente y en buenas condiciones para alumnos y maestros dentro de los salones de clase.

Índice de Rezago de Infraestructura Educativa y el gasto público

Para cumplir con el objetivo del diagnóstico, el CEMABE recabó información de 236,973 centros de trabajo, sobre la situación de sus inmuebles, acceso a servicios básicos, equipamiento básico, acce-so a tecnologías, número de alumnos, docentes, personal administrativo, entre otros elementos de operación de las escuelas en el nivel básico a nivel nacional. Cabe destacar que, debido al boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 24,658 centros en Oaxaca, Chia-pas y Michoacán no fueron censados, pese a lo cual los resultados a nivel nacional no se ven limita-dos pues se trata solo de poco más del 10% del total de centros de trabajo en el país.

Con base en los resultados del Censo es posible conocer las condiciones de las escuelas del país en sus diferentes modalidades: escuelas públicas o privadas, escuelas indígenas, por nivel educativo, entre otros. También es posible construir un indicador que englobe diversas características de las es-cuelas en un solo número. En el Índice de Rezago en Infraestructura Educativa Básica elaborado con base en información del CEMABE (Huerta y Maya, 2018) se analizan cuatro aspectos fundamentales para el funcionamiento de una escuela: los servicios básicos, el estado del inmueble, el mobiliario dentro de los salones de clase y el estado y suficiencia del servicio sanitario. El indicador global mide la situación de rezago o carencia en las escuelas en cada uno de los aspectos mencionados, en una escala de 0 a 1; el valor de 1 significa que la escuela se encuentra en carencia total y 0 indica que la escuela no tiene carencia o rezago alguno.2 La gráfica 1 muestra los resultados del índice para cada uno de los elementos y por modalidad de la escuela.

2 Para mayor detalle sobre la construcción de este índice y otros indicadores de infraestructura en las escuelas de nivel básico ver Huerta y Maya, 2018.

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Gráfica 1. Rezago de infraestructura física básica en el nivel básico, por nivel y modalidad

Fuente: Elaboración propia con base en el CEMABE

De acuerdo con este indicador, el rezago más importante que presentan las escuelas en los distintos ni-veles educativos es el mobiliario básico, que contempla sillas y mesas para alumnos y maestros, así como pizarrones en buen estado dentro del salón de clase. En el nivel primaria se aprecian las necesidades más grandes en relación con el mobiliario dentro de los salones, seguido por el nivel secundaria y los Centros de Atención Múltiple (CAM). A nivel nacional las escuelas necesitan renovar o reparar el 28% del mobilia-rio dentro del salón, y en nivel primaria este porcentaje sube a 30%. Esto evidentemente es un promedio de todo el país, y puede ser mucho mayor en ciertos estados o municipios, como se verá más adelante.

La segunda necesidad más apremiante es la del servicio sanitario suficiente y en condiciones óp-timas para los alumnos, pues el 24% del total de escuelas y el 26% de las primarias carecen de un número mínimo de tazas sanitarias que funcionen y que cuenten con servicio de agua, en relación con el número de alumnos.

El tercer rezago en importancia lo constituyen los servicios básicos (luz, agua y drenaje), con un valor de 0.21. Las características del edificio en donde se encuentra la escuela, que se refiere al material con que están construidos los techos, los muros y el piso, se ubica en cuarto lugar con un índice de 0.07. Como se puede apreciar el valor promedio en este indicador es mucho menor que el de los otros indicadores, lo cual sugiere que no se trata de un rezago tan apremiante en las escuelas en comparación con el mobiliario o con el servicio sanitario.

Educación especial

Primaria

Secundaria

CAM

Promedio

Preescolar

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35Promedio Servicio sanitario Mobiliario Básico Servicios básicos Condiciones del inmueble

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Ahora bien, estos indicadores son muy diferentes entre regiones. En Chiapas, por ejemplo, el indi-cador del mobiliario básico es de 0.46; en Guerrero y Tabasco de 0.41, respectivamente; y en Oaxaca y Veracruz de 0.39; es decir, en el sur del país las escuelas tienen en promedio un déficit de más del 40% en el mobiliario básico de los salones, mientras que a nivel nacional es del 28%.

Por su parte, el indicador del servicio sanitario asciende a 0.45 en Guerrero, 0.41 en Tabasco, 0.36 en Veracruz y 0.35 en Campeche, en tanto que el promedio nacional es de 0.24. En otras palabras, en los estados del sur se observa un déficit de tazas sanitarias para alumnos de entre 35% y 45%.

Esto es consistente con los resultados de otros estudios que han señalado que las carencias en las escuelas son mayores en las localidades con mayores índices de marginación, y como es bien sa-bido el sur del país presenta condiciones de marginación más altas que el resto de los estados.3 En efecto, el Índice de Rezago en Infraestructura Educativa guarda una relación muy estrecha con el Índice de Rezago Social 2015 elaborado por el Coneval, el cual mide carencias en educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos de la vivienda a nivel estatal y municipal (ver gráfica 2). Es decir, las condiciones de rezago en las escuelas son un reflejo de las condiciones de rezago en general que presenta el municipio.

Gráfica 2. Índice de Rezago Social 2015 vs Índice de Infraestructura Física Educativa Básica 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Coneval y Huerta y Maya, 2018.

0

0

-2

0

-2

-4

0.2 0.4 0.6 0.8 1

3 El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2007 encuentra que en aquellas localidades cuyos índices de marginalidad son los más altos, es donde se encuentran las escuelas con menor cantidad de servicios básicos y donde acuden los alumnos con los niveles socioeconómicos más bajos, en promedio, es donde se ubican las escuelas más precariamente dotadas.

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Los mapas 1 y 2 muestran las diferencias que existen entre municipios en los índices de rezago en mobiliario básico y en sanitarios. Como puede apreciarse, se reafirma la tendencia de que en el sur del país se encuentran los municipios con los índices más altos de rezago en infraestructura básica escolar —en algunos municipios el rezago es incluso mayor al 50%—, pero resalta también que existen municipios en estados del norte y centro —como Sonora, Chihuahua, o Baja California Sur— que muestran niveles de rezago similares a los que se observan en el sur, lo que sugiere que en estas entidades existe una desigualdad importante en la dotación de la infraestructura de las escuelas, y coexisten escuelas con un déficit importante de infraestructura con otras con pocas necesidades en este tema. También se observan estados como Baja California Norte, Ciudad de México o el estado de México que mantienen condiciones de rezagos bajos y relativamente homogéneos al interior de sus territorios, al menos en estos indicadores básicos.

Mapa 1. Índice de rezago en mobiliario básico por municipio 2014

Fuente: Elaboración propia con base en el CEMABE

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Mapa 2. Índice de rezago en servicio sanitario por municipio 2014

Fuente: Elaboración propia con base en el CEMAB

En este contexto de rezago de infraestructura de las escuelas, el gobierno federal propuso aumentar los recursos destinados a la inversión en este rubro. En este nivel de gobierno existen varios progra-mas presupuestarios que dedican parte o el total de su presupuesto a inversión en infraestructura educativa. La Figura 1 muestra en forma esquemática los diferentes programas con componentes para infraestructura educativa. Lo primero que resalta es que coexisten dos tipos de programas: los que se dedican de manera exclusiva a la inversión en infraestructura educativa y los que destinan los recursos a distintos objetivos en educación, entre ellos la infraestructura. La administración 2013-2018 fusionó distintos programas de infraestructura y de promoción de la gestión escolar en el Pro-grama de la Reforma Educativa que, junto con Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas al CIEN, concentran la mayor parte de los recursos con algún componente destinado a infraestructura edu-cativa. Además, existen otros fondos y programas que pueden destinar parte de sus recursos (sin un monto determinado) a inversión en infraestructura educativa, de los cuales el mayor es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

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Figura 1. Programas y recursos federalizados con objetivos de infraestructura educativa entre 2013 y 2018

Fuente: Elaboración propia

La gráfica 3 muestra los recursos ejercidos entre 2013 y 2018 en educación básica, tanto de progra-mas federales como del FAM. Como puede observarse en 2014 se alcanzó el mayor nivel, en gran parte porque en ese año se destinó el monto más grande de su historia al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, aunque como ya se mostró en la Figura 1, tiene otros destinos además de la infraestructura física. Tanto para este programa en particular como para el Programa de la Reforma Educativa no es posible determinar, con la información pública, el monto de recursos que se destina exclusivamente a infraestructura. Sin embargo se puede resaltar que el gasto de los programas con componentes de infraestructura básica ha disminuido en términos reales en los últimos años.

Escuelasdignas

(Hasta 2015)

Programa dela ReformaEducativa

Fondo de Aportaciones Múltiples para laInfraestructura educativa básica

Ramo 33

Escuelas alCIEN

Programa deInfraestructura

a FísicaEducativa

Proyectos deInfraestructura

a social delsector educativo

Mantenimientode

Infraestructura

Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social

Ramo 33(objs: educación, salud, servicios

básicos, urbanización, entre otros)

Escuelas de Calidad

(Hasta 2015)

Escuelas deTiempo

completo

Solo infraestructura educativa Infraestructura educativa y otros componentes

106


Gráfica 3. Recursos fiscales ejercidos en programas con objetivos de infraestructura física educativa (mdp de 2018)

Fuente: Elaboración propia con base en Cuenta Pública y PEF 2018.

En este contexto de recursos reducidos, el gobierno federal diseñó una estrategia financiera para acce-der a 50 mil millones de pesos para inversión en infraestructura educativa al final del sexenio, a la que denominó bonos de infraestructura educativa o programa Escuelas al CIEN, mediante el que se coloca-ron 8,500 mdp en certificados de infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores en 2015. Dichos recur-sos estarían respaldados con los recursos del FAM de las entidades y por tanto deberían ser utilizados para proyectos de infraestructura educativa. Las entidades federativas acceden a dicho financiamiento previo convenio con la SHCP y la SEP, en el cual se compromete el 25% del FAM de infraestructura bási-ca de cada entidad, a una tasa del 8% anual durante los próximos 25 años (ASF, 2018).

Para diciembre de 2017, el total de recursos derivados de la monetización del FAM ascendieron a 33,520 mdp en 2017 (Ídem). La información que reporta el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) permite visualizar los recursos que se han destinado a nivel municipal has-ta lo que va del 2018. En el mapa 3 se puede observar que los municipios con los mayores montos asignados se localizan en los estados de Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Nayarit, estado de México, Guanajuato y Durango, principalmente. Esta distribución de recursos no parece destinar mayores montos a los estados del sur, donde se habían identificado las mayores necesidades de in-fraestructura (ver mapas 1 y 2). De hecho, al contrastar los montos asignados del Programa Escuelas al CIEN a nivel municipal con el Índice de Infraestructura Física Educativa Básica se comprueba que no existe relación entre ambas variables (ver gráfica 4).

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo de Aportaciones Múltiples Programas Federales con objetivos de Infraestructura Educativa

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Es importante resaltar que este análisis sugiere que las asignaciones de recursos del programa no pa-recen guardar relación con los componentes de infraestructura básica (servicios básicos, sanitarios, mobiliario básico o condiciones del inmueble) en las escuelas, lo cual no implica que puedan estar relacionados con alguna otra variable o componente de infraestructura.

Mapa 3. Recursos asignados por el Programa Escuelas al CIEN por municipio, 2015-2018 (millones de pesos de 2018)

Fuente: Elaboración propia con base en información del INIFED

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Gráfica 4. Recursos asignados del Programa Escuelas al CIEN 2015-2018 e Índice de Rezago en Infraestructura Física Educativa 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INIFED y Huerta y Maya, 2018

Más aún, en el análisis que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación sobre la distribución de recursos del programa señala que la selección de Centros de Trabajo no obedece a lo planteado origi-nalmente por el CEMABE, y que la tendencia de la cobertura se amplió en 2017 a entidades federativas con rezago social bajo, específicamente en el estado de México, la entidad con mayor número de cen-tros de trabajo beneficiados; también señala que, a nivel municipal, Mexicali presentó el mayor número de centros de trabajo beneficiados. Además, concluye que, de los ocho componentes del Programa, la colocación de pintura fue la más frecuente, lo cual tampoco es congruente con la identificación de necesidades de infraestructura básica de las escuelas que arrojó el CEMABE (ASF, 2018).

Conclusiones

Existe una considerable disparidad en la dotación de infraestructura educativa al interior del país. En general, los estados del sur presentan el mayor déficit en comparación con el resto del país, aunque también en algunos estados del norte se observan disparidades intraestatales en la dotación de in-fraestructura de las escuelas. Esta distribución de los rezagos es parecida a la distribución del índice de rezago social a nivel municipal, por lo que se puede decir que el rezago de infraestructura de las escuelas es un reflejo de las condiciones de infraestructura y pobreza medidas a través del Índice de Rezago Social del Coneval.

0

0

0.2

100

200

300

400

0.4 0.6 0.8 1

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El gobierno saliente llevó a cabo el levantamiento de un censo sobre el estado de la infraestructura educativa en el país. Sin embargo, a pesar de que los primeros resultados se dieron a conocer en 2014, no parece que fuera utilizado para guiar las decisiones de asignación de recursos de uno de los principales programas para ampliar la infraestructura educativa, Escuelas al CIEN, al menos en relación con las necesidades de servicios básicos, sanitarios o del mobiliario básico en las escuelas.

Dada la evidencia mostrada en este documento y que no es posible contar con información censal de las escuelas año con año, se sugiere que las asignaciones de recursos para infraestructura en las escuelas contemplen entre sus criterios el índice de marginación o de rezago social de los munici-pios, ya que éstos reflejan en gran medida las características de rezago de las escuelas ubicadas en sus territorios.

Referencias Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (2007), Infraestructura Escolar en las primarias y secundarias de México, Mé-xico, INEE.

Hoyos, R., Espino, J. M., y García, V. (2012), Determinantes del logro escolar en México. Primeros resultados utilizan-do la prueba ENLACE media superior, El trimestre económico, 79 (316), 783-811, disponible en http://www.redalyc.org/pdf/313/31340973002.pdf

Duarte, J., Jaureguiberry, F., & Racimo, M. (2017), Suficiencia, equidad y efectividad de la infraestructura escolar en América Latina según el TERCE, Santiago, BID/OREALC.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015), Índice de Rezago Social 2015, disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Indice-de-Rezago- Social-2015.aspx (consultado en octubre de 2018).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013), Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 2013, disponible en: http://cemabe.inegi.org.mx/ (consultado en octubre de 2018).

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2015), Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Tercer Informe de E j e -cución 2015, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/73966/Informe_de_ejecuci_n.pdf (consultado en octubre de 2018).

Secretaría de Educación Pública (2014), Programa Sectorial de Educación 2013-2018, disponible en http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.W_YXHUpFyB8

Huerta, A. y Maya, S. (2018), Rezago en la infraestructura educativa del nivel básico en México. Indicadores y el gasto público de 2013 a 2018, México, IBD/Senado de la República.

Auditoría Superior de la Federación (2018), Programa Escuelas al CIEN. Informe Especial. Resultados de su fiscalización. Cuenta Pública 2017, México.

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LA REFORMA EDUCATIVA DEL SEXENIO 2012-2018 no fue únicamente una reforma laboral, sino, en lo términos mismos del régimen, una “reforma estructural de gran calado”. No re-conocer este hecho llevaría a reducir su can-celación a la eliminación de algunos rubros “punitivos” de la legislación, sin confrontar los procesos profundos que ha desatado la refor-ma en muchos frentes. Es necesario recono-cer la progresiva privatización de los servicios públicos, en particular en el sector educativo. Si no, se corre el riesgo de dejar pasar en la le-gislación conceptos, normas y reglas de ope-ración que facilitan el proyecto privatizador, de manera encubierta. Algunos términos que abren esta posibilidad parecen ser inobjeta-bles, como “autonomía de gestión”, “autonomía curricular”, y “calidad” y/o “excelencia”, “educa-ción inicial”, ya que justifican la creciente trans-ferencia de recursos a empresas privadas, bajo esquemas de licitación de servicios y compras, en lugar de fortalecer las instituciones públicas.

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Reforma educativa, privatización y equidad de la educación pública

Elsie Rockwell Richmond*

En efecto, la reforma educativa de 2013 es del mismo tipo de las que ha generado el neoliberalismo en buena parte del mundo desde 1990. La investigación reciente muestra que lejos de “elevar la ca-lidad educativa”, este modelo de reforma, centrado en la evaluación, transforma de raíz la estructura misma de un sistema de educación pública y gratuita. Es un tipo de reforma orientado a destruir los sistemas públicos y reemplazarlos paulatinamente con sistemas que favorecen los intereses de lucro de diferentes actores, a costa del erario. No se trata tan solo de una reforma orientada a “formar traba-jadores sumisos y obedientes”, como antaño, sino que intenta abrir más vías para la transferencia de recursos públicos a la iniciativa privada, vías que a menudo propician mayor corrupción y dispendio.

Numerosos estudios y evaluaciones de estas reformas educativas en muchos países han mostrado que no conducen a una educación de calidad para todos, sino a una extrema polarización de los sistemas escolares, al institucionalizar y legitimar la segmentación y jerarquización de los servicios educativos. Los servicios públicos de mayor “calidad” se destinan a quienes tienen mayores recursos económicos, y se van abandonando o privatizando los servicios educativos destinados a quienes menos recursos tienen. Bajo la consigna de la “calidad” el modelo de hecho contrarresta el uso equitativo de los recursos públicos para las mayorías, aquellos grupos discriminados por clase social, género, edad, color de piel, discapacidad, necesidades especiales, migración y pertenencia a comunidades rurales e indígenas. Las maneras de lograrlo son múltiples, y a menudo se ocultan bajo términos engañosos.1

* Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV).

1 Sobre las vías de privatización en América Latina, conviene leer: Verger, Antoni, C. Fontdevila & A. Zancajo. 2017. Multiple paths towards education privatization in a globalizing world: a cultural political economy review. Journal of Educational Policy. 32 (6) pp. 757-787. Ver también http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/c/estudios/.

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La polarización del sistema escolar, tendencia creciente en estos modelos, toma distintas formas: puede ser resultado de ranking de escuelas, con lo cual se destinan mayores recursos a las escue-las mejor posicionadas; puede darse en forma de mayor segregación escolar explícita —como el apartheid en Sudáfrica— o implícita, por la zonificación residencial y escolar. También puede derivarse de la subvención a las empresas que venden capacitaciones y certificaciones de dudosa calidad a las personas excluidas de las instituciones públicas.

Otra modalidad es el cierre masivo de escuelas públicas para contratar empresas proveedoras de escuelas charter, que son escuelas subvencionadas, generalmente manejadas por empresas con fines de lucro, y que se reservan el derecho de seleccionar a sus estudiantes, dejando a las escuelas públicas restantes todos los problemas, como la atención a “necesidades especiales”. En algunos casos, se aprovechan los desastres naturales—como en Nueva Orleans y Haití—para ce-rrar todas las escuelas públicas y pasarlas al sistema charter. La abundante investigación sobre las escuelas charter y los sistemas voucher (bonos escolares) en los países anglófonos da cuenta de los mecanismos más explícitos de transferencia de recursos públicos a la “industria de la educación”. Los resultados aparentemente favorables en algunas medidas de rendimiento o “satisfacción del cliente” se deben a su carácter selectivo ya que se emplean fuertes sanciones (como la expulsión) hacia estudiantes con problemas de disciplina o incumplimiento, o con necesidades especiales.2 El negocio busca transferencias masivas de presupuesto público al sector privado, no intenta en-cargarse por completo de la educación pública para todos.3

Otro proceso característico de esta modalidad de reforma es romper los vínculos entre las escuelas y sus comunidades o barrios. Inició con la “consolidación” (concentración) de las pequeñas escue-las rurales, multigrado, en grandes partes de los Estados Unidos hace un siglo, con el traslado de los niños y niñas en autobuses hacia escuelas “completas” en localidades mayores.4 Actualmente, el cierre ocurre sobre todo en las colonias obreras pauperizadas por el cierre de industrias, con el traslado de los alumnos a escuelas lejanas. En ambos casos, esto significa aumentar las horas en que los chicos permanecen en el transporte escolar y reduce el tiempo para su socialización fami-liar y comunitaria y los vínculos entre padres y sus escuelas del barrio.

2 Pese a la propaganda del “choice”, el supuesto derecho de los padres a “escoger” el tipo de escuela para sus hijos, los bonos educativos no permiten a las familias más pobres pagar las altas colegiaturas, y se han convertido en una suerte de reembolso del impuesto educativo que reciben aquellas familias que de por sí pueden pagar escuelas particulares.

3 Un ejemplo: En Los Ángeles, California, se contrató a una empresa charter para operar la mitad de las escuelas públicas del distrito; alguien sugirió que por qué no se encargaban de todas, pero a la empresa no le interesaba, pues siempre resulta útil que el gobierno sostenga escuelas para los jóvenes rechazados o excluidos de sus escuelas.

4 Actualmente, la partida más grande del presupuesto educativo en muchos distritos del país es para pagar el transporte escolar.

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Desde la educación comparada, es claro que existe una tendencia a vender a los países “periféricos” modelos educativos que están siendo desechados en los países donde se desarrollaron hace décadas. Conviene estar alertos para evitar comprar soluciones “modernas” que han fracasado en los países lla-mados desarrollados, y que abren vías para continuar con la “industria educativa” en otras regiones.5

¿Cómo se privatiza la educación en México?

Desde luego ninguna empresa “compraría” los activos de la SEP, incluso debajo de su valor, como ha sido el caso con otras empresas paraestatales. La razón es sencilla; la SEP no produce rentas ni ga-nancias. De hecho, si se hiciera un balance de los costos reales necesarios para “garantizar una esco-larización de calidad y equidad a toda la población”, ello nunca podría ser redituable como negocio. Para que lo fuera, se tendrían que reducir mucho los costos de operación, usar mecanismos como la “flexibilización” del trabajo, reducir la inversión en infraestructura y equipamiento y en insumos pe-dagógicos (maestros, libros, programas), y reducir el tiempo de procesamiento. Con la digitalización se transfiere gran parte del trabajo hacia los consumidores (maestros, estudiantes, padres) quienes proveen tutorías y apoyos gratuitos para el logro de los aprendizajes. Algo de eso ya está sucediendo en el sector educativo público y privado.

“Privatizar la educación” no significa comprarle las escuelas al gobierno sino venderle al gobierno servi-cios y mercancías a gran escala. Ya se ha visto: equipos de cómputo, programas de software, construc-ciones y equipamiento, materiales didácticos, personal formado en “universidades” privadas y sistemas abiertos, evaluación vía exámenes, certificación, luz, internet, comida chatarra y mucho más. El objetivo es aumentar la transferencia de recursos públicos como subvención al negocio de la educación.

Se argumenta que el sistema público de educación siempre ha sido un gran consumidor. Este proceso se está potenciando con la actual reforma, y sobre todo, las decisiones se toman a niveles cada vez más alejados de las escuelas individuales y sus necesidades. El negocio está en la escala de las transacciones, y se argumenta que la decisión centralizada y compra masiva abarata costos individuales y permite con-trolar la corrupción. No obstante, el mecanismo genera posibilidades de corrupción a gran escala y tiende hacia la adquisición de servicios y materiales que carecen de utilidad o sentido a escala de las escuelas. En ocasiones, se generan mayores gastos de parte de docentes y familias, y por tanto violan el derecho cons-titucional a la gratuidad de la educación. Por ejemplo, los envíos masivos de equipos de computo a las escuelas generan gastos de infraestructura, instalación, mantenimiento, conectividad y luz y cortinas no cubiertos por las autoridades, que luego se cubren con “contribuciones voluntarias” de los padres. “Bajar recursos” vía los programas además genera considerable trabajo de gestión administrativa que distrae a los directivos de su tarea fundamental de gestión pedagógica centrada en las necesidades de estudiantes.

5 Ver Donn, Gari y Yahya Al Manthri, eds. 2013. Education in the Broader Middle East: borrowing a baroque arsenal. Oxford: Symposium Book; Viñao, Antonio 200. “Do Education Reforms Fail? A Historian’s Response”. Encounters on Education, vol. 2, p. 27–47; Rockwell, E. 2015. Contradicciones de la evaluación del desempeño docente: lo que muestra la evidencia cuantitativa. Educación, Formación e Investigación, Vol 1, Núm 1.

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Se argumenta que los sistemas privados siempre “han complementado” a la cobertura dada por los sistemas públicos. Sin embargo, el proceso actual de privatización dista mucho del modelo clásico de las escuelas privadas que mantenían proyectos religiosos, alternativos o culturales (como la es-cuela francesa o japonesa) subvencionados por otras instancias y sin afán de lucro. El sector privado actual oferta servicios educativos de dudosa calidad y con fines de lucro a la poblaciónn mas vulne-rable del país, mucha de la cual no encuentra cabida en las instituciones públicas por la restricción del cupo y la clausura de escuelas públicas.

También se dirá que los vecinos, particularmente en las zonas rurales y periféricas, siempre han contribui-do a la construcción y el sostenimiento de las escuelas. Cierto, pero ha sido bajo otra lógica: los terrenos ocupados y las obras emprendidas se sujetaban a acuerdos tomados en asambleas locales y por ello las escuelas rurales han pertenecido a las comunidades. En cambio, ahora se programan construccio-nes determinadas y licitadas desde muy arriba, a costos inflados y sin consideración de las condiciones climáticas y sociales locales. Con ello, se obliga a los padres a cubrir los costos generados por programas decididos sin consulta, y además los vecinos pierden el control e incluso deben ceder el terreno escolar al gobierno federal. En las periferias urbanas, los “candados” (facturación y reglas de operación) de los pro-gramas de infraestructura incrementan los costos de operación. Se eliminan rubros “menores”, como ma-terial de limpieza y reparaciones, y estos gastos se transfieren al bolsillo y al trabajo impago de los padres.

El negocio de los “emprendedores educativos” a menudo aparece bajo la forma de la “filantropía” o “ayuda humanitaria”, una antigua relación. Desde que la Fundación Carnegie diseminó por el mundo la psicometría y los tests masivos, hasta hace poco que la Fundación Gates avaló la evaluación masi-va del desempeño docente,6 los grandes capitales han ingresado al sector educativo.7 Las empresas buscan ampliar los nichos de inversión redituable, para aumentar la subvención pública a negocios privados; por ejemplo promueven la compra de tabletas digitales y servicios como el preescolar obli-gatorio, el inglés obligatorio, la formación docente obligatoria, entre otros dispositivos con los que prometen “mejorar la calidad”.

En México la privatización se niega oficialmente pero sigue caminos disimulados hace años. Algunas evidencias son:

1. El tiempo que servidores públicos dedican a atender o beneficiar a los negocios del sector pri-vado. No me refiero a los cohechos, sino simplemente a la gestión de compras, dictaminación de productos, tramitación de certificaciones y contratos, redición de cuentas y evaluación de resultados. En las aulas, incluye el tiempo de clase que diversos agentes de ventas quitan a los maestros al ofrecer sus productos salón por salón durante la jornada escolar (salvo donde los directores les niegan el acceso).

6 Bill and Melinda Gates Foundation. 2013. Measures of Effective Teaching. http://www.metproject.org/downloads/MET_Ensu-ring_Fair_and_Reliable_Measures_Practitioner_Brief.pdf. Recién publicó un informe reconociendo el fracaso de su recomen-dación, por evidencia de que la evaluación no propicia mejora en la educación.

7 En México, destacan la Fundación Azteca y Mexicanos Primero, entre muchos. No están exentas de esta dinámica muchas ONGs, como Save the Children, Alegría y Pedagogía, o Escuela Nueva.

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2. Las compras masivas por la SEP de equipos tecnológicos de dudosa calidad y utilidad, que rá-pidamente se vuelven obsoletos. El caso más escandaloso fue Enciclomedia, pero no es el úni-co. Además, las escuelas se inundan de una diversidad y dispersión de materiales y artefactos que desvían los esfuerzos docentes de su tarea educativa central o quedan almacenados sin uso por falta de capacitación y tiempo: paquetes de enseñanza de “valores” diseñados por sectas; materiales didácticos caros e inútiles (como las regletas), promoción de programas de otras dependencias, e incluso propaganda electoral. Ello lleva al abandono de contenidos centrales como la historia nacional, las ciencias y la vinculación con los entornos culturales propios, que son parte del patrimonio educativo y de la formación ciudadana.

3. Rubro aparte son las editoriales. El derecho a la lectura obliga a defender la industria edito-rial, sin embargo, no debe apoyarse a costa de la calidad y la equidad educativa, por ello, es esencial mantener la producción pública de excelentes libros de texto gratuitos. Producir libros excelentes requiere una inversión mayor a la que pueden hacer las editoriales y no sería redi-tuable, pues requiere equipos multidisciplinarios de expertos en contenidos y en didáctica, en coordinación estrecha con ilustradores, diseñadores, y revisores de primera, que cuenten con suficiente tiempo para hacer pilotaje, seguimiento y revisión continua de los libros. Esto solo puede ser un proyecto organizado por el Estado, con el objetivo claro de producir los mejores libros de texto gratuitos que se puedan hacer en nuestro país. En cambio, sí es posi-ble apoyar a la industria editorial con la compra de otros insumos impresos y digitales para enriquecer y mantener las bibliotecas de aula, escolares y municipales.

4. Otro renglón que propicia negocios, además de fugas de recursos públicos, es la evaluación y la formación de los maestros. Con la reforma educativa el alto costo de la elaboración y aplicación de exámenes por Ceneval A.C. desplazó todo esfuerzo serio por la formación. No obstante, diversos programas incluían presupuestos significativos para imponer cursos obli-gatorios, que se licitaban a una multitud de consultoras y empresas, algunas con experiencia y otras armadas ad hoc. La calidad y la utilidad de estos cursos ha sido muy cuestionada por los docentes, y su impacto en la práctica docente ha sido casi nula. Mantener una evaluación “diagnóstica” vinculada a una formación obligatoria puede generar una nueva transferencia de cuantiosos recursos públicos a grupos del sector privado que suelen dar una pobre forma-ción, generalmente “a distancia” y orientada a las evaluaciones, a los maestros en servicio. La alternativa a este modelo centralizado y subrogado es el fortalecimiento de las instituciones existentes, las normales y la UPN. Otra vía sería fortalecer las mesas técnicas, liberarlas de tanta burocracia, y ampliar el acompañamiento pedagógico con los mejores docentes (in-cluyendo a jubilados) para que puedan dar respuesta a peticiones precisas hechas desde los colectivos escolares o locales sobre lo que requieren en términos de formación.

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5. Otra señal preocupante es el paulatino aumento de las cuotas a los padres para comprar insumos (gises, útiles consumibles, reposición de libros perdidos, pintura) y de la donación en especie (jabón, cloro, trapeadores, papel de baño); y que pagan alimentos en escuelas de jornada completa, además de ser clientes cautivos de comida chatarra. Ya mencioné los gastos secundarios generados por la compra masiva de TICs. Las contribuciones monetarias (pueden ser de $5 por alumno por semana) no se contabilizan. Además en algunos casos se exigen cuotas de inscripción de mayor monto, a cambio de recibos a nombre del alumno, que deben entregarse como condición para que los acepte la escuela. Los costos indirectos incluyen la contratación de personal (de limpieza, maestro de inglés) y compra de materia-les didácticos adicionales a los autorizados o para los tres “clubes” obligatorios. Tampoco se cotiza la mano de obra que dedican a la limpieza, seguridad, mantenimiento, reparación de muebles, entre otras tareas. En consecuencia, las familias que no pueden hacer estos gastos huyen hacia escuelas públicas más lejanas que “cobren menos” y cuentan con menos servi-cios, o incluso se ven obligados a retirar a algunos hijos de la escuela.

6. En México la señal más preocupante es la clausura de facto de escuelas públicas. Hay rezago enorme en la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos y abandono de escuelas en las zonas de mayor violencia en México, en parte por el desplazamiento forzado de familias, en parte por la inseguridad que enfrentan niños y docentes. Así, se retira el Estado al cerrar una de las pocas instituciones públicas que le dan presencia en esas zonas. De paso, se obliga a los padres a buscar, y pagar, otras opciones. Lo más grave, desde luego, es el programa ofi-cial de clausurar cien mil escuelas que, evidentemente, serían las pequeñas escuelas rurales y multigrado, y trasladar a los alumnos a escuelas “en grande”. Se pilotea en varios estados, con consecuencias previsibles y desastrosas. En localidades indígenas campesinas, este pro-grama destruye la transmisión intergeneracional de las lenguas y saberes locales, violando sus derechos constitucionales. Además, se perpetúa el mito de que la modalidad multigrado es “mala”, cuando en muchas escuelas privilegiadas del “primer” mundo se está adoptando el multigrado por ciclos como la mejor opción pedagógica. Si se resuelve el apoyo a las escuelas multigrado (una malla curricular cíclica, pedagogía multigrado, reducción de papeleo) se po-drían resolver muchos problemas del sistema educativo. La escuela graduada “completa” su-pone grupos homogéneos e impone mallas curriculares, programas y materiales a seguir sin considerar que en cualquier grupo los maestros trabajan con estudiantes muy diversos pero carecen del tiempo y autonomía para poder partir de sus reales necesidades de aprendizaje, por tener que “cubrir los contenidos”. Este modelo produce los rezagos y los bajos resultados encontrados en la evaluación en general.

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Legislar tras este desastre implicaría varios compromisos centrales, entre los cuales destacaría:

1. Eliminar del artículo 3º la fracción IX, y solo incluir preceptos realmente “constitucionales”, in-cluyendo la obligación del Estado de garantizar la gratuidad de la educación con equidad, y el derecho a recibir la educación básica en la localidad de residencia de los niños, niñas y jóvenes.

2. Dar a la equidad el lugar central en las leyes que ha perdido en aras de un concepto de cali-dad que tiende a polarizar y privatizar el sistema escolar, propiciando mayor desigualdad, y anulando la equidad.

3. Dejar a leyes secundarias todo lo referente a las instituciones, modalidades y mecanismos para alcanzar una educación en esos términos, ya que las condiciones cambian con el tiempo.

4. Instalar mayor control y evaluación de las transferencias masivas del presupuesto público a empresas del sector privado, con seguimiento y evaluación de su impacto y pertinencia en el aprendizaje de los alumnos.

5. Respetar y apoyar a todos los docentes de las escuelas públicas también con equidad, sin institucionalizar nuevas jerarquías en la carrera profesional que beneficien a los más privile-giados. Garantizar una formación pertinente significativa y una real autonomía pedagógica a los maestros que trabajan en las condiciones más difíciles del país.

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JUSTICIA COMO EQUIDAD ES LA FRASE USADA por el filósofo John Rawls en su teoría de la justicia social (2010), al referirse en su segundo principio a la justicia social distributiva, y asocia a este concepto que la inequidad solo se justi-fica si permite la ventaja de los más desposeídos, propiciando con equilibrio una justa igualdad de oportunidades y contextualizando sus dife-rencias. En ese orden de ideas, el financiamiento federal de la educación básica en nuestro país ha registrado una injusta distribución durante las dos últimas décadas, ya que ha afectado de manera significativa a la mayoría de los estados del país, en particular, a las entidades que tienen los índices más altos de marginación, frente al in-equitativo beneficio a unos pocos que tienen los índices de mayor desarrollo.

La reforma hacendaria de 2013 incluía, dentro del eje de federalismo, modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de financia-miento educativo que transformaron drásti-

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El daño patrimonial a los erarios estatales por el inequitativo financiamiento de la educación básica

José Raúl Trujillo

camente en México la política para el sostenimiento federal de los servicios de educación básica, descentralizados desde 1992. Ese giro de timón tuvo como propósito central evitar que se continua-ran debilitando los erarios estatales y acentuando las inequidades entre las entidades federativas por las insuficientes transferencias de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que operó desde 1998 hasta 2014 afectando a 21 gobiernos estatales y be-neficiando en forma diferenciada a diez.

A partir de 2015, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se sustituyó al FAEB por el Fon-do de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); de este modo el gobierno de la república re-centralizó, a través de la Tesorería de la Federación, el pago de 686,095 trabajadores, que en aquel año atendían en el país a 15,627,431 alumnos, en 121,218 escuelas federalizadas (SEP, 2017); pero, incongruentemente, se dejó a los gobiernos estatales la responsabilidad de su control y gestión, con la figura de “patrones”.

En los últimos años, en diversos medios de comunicación se ha señalado que las entidades enfren-tan diferentes problemas para pagar la nómina del personal de educación básica; pocas veces nos detenemos a pensar si esta situación se debe solo a malos manejos de los gobiernos estatales o si existe otra razón.

* Director General de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana.

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El fondo del problema es estructural y lo determinan los desequilibrios contenidos en la LCF para la distribución de los recursos del FONE; este fondo representa un promedio del 22% del total del pre-supuesto de las entidades del país, por lo que cualquier reducción o ampliación en el mismo tiene un profundo impacto en los erarios estatales, más aún ante los actuales escenarios de incertidumbre nacionales y macroeconómicos.

El FONE se integra por cuatro sub-fondos para la asignación de recursos del PEF:

1. Servicios personales: para el pago de nómina del personal transferido a los estados desde 1992 y recentralizado en 2015.

2. Otros de Gasto Corriente: cubre el pago parcial de plazas y horas de subsidio federal, creadas y autorizadas por la federación de 1978 a 2001.

3. Gasto de Operación: para la administración y gestión estatal de las 121,218 escuelas federali-zadas distribuidas en 31 entidades.

4. Fondo de Compensación: recursos adicionales a siete entidades que perdieron los beneficios que obtuvieron con el FAEB 2008-2014.

Entre los principales avances y logros de los cambios en el financiamiento educativo de 2013 desta-can los siguientes:

a) Con la recentralización del pago, la federación y los estados conciliaron las plazas transferi-das, sueldos y prestaciones derivadas de la doble negociación sindical que operó de 1999 a 2013; así se evitó seguir impactando los erarios estatales; todo ello, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores.

b) En el 2014 se eliminó la “doble negociación”, fijando la “negociación única nacional”; ello libe-ró de presiones políticas y financieras a los gobiernos estatales.

c) Además, se liberó a las entidades del pago de las prestaciones adicionales que autorizaron para el personal federalizado, favoreciendo su liquidez y propiciando ahorros futuros para darles mayor solvencia.

d) Se determinaron beneficios presupuestales del FONE para siete entidades, a fin de que no reciban menores recursos de los asignados hasta 2014 por el FAEB.

e) Se establecieron reglas para fortalecer la transparencia, el control y la fiscalización de este fondo para favorecer la política de rendición de cuentas a la sociedad.

No obstante, son evidentes los desequilibrios que ha propiciado la LCF, al contrastar dos de los refe-ridos sub-fondos del FONE: el de Otros de Gasto corriente con el Fondo de Compensación.

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A partir del comportamiento presupuestal 2015–2018 del FONE por entidad, se observa el beneficio acumulado que recibieron siete entidades a través del Fondo de Compensación por un monto de $36,547.6 millones; de no modificarse la LCF, los mismos estados obtendrían al año 2030 recursos adicionales por $178,101.5 millones (ver figura 1). Solo el estado de México ha obtenido y podrá captar casi 60% de esas cantidades.

Figura 1. Beneficio del Fondo de Compensación del FONE 2015-2030 a siete estados

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. Proyección a partir de la inflación estimada (3%) por la SCHP en los Criterios Generales de Política Económico para 2018, así como del FONE de 2019 y las subsecuentes actualizaciones.Fuente: Elaboración propia a partir del Resumen por subfondo y entidad federativa del Ramo 33 del PEF de 2015-2018 (http://finanzapublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto).

En contraste, en el periodo 2015-2018, existen graves y diferenciados impactos negativos para 28 estados por un monto global de $65,877.0 millones, por la presupuestación parcial en el sub-fondo Otros de Gasto Corriente de 30,790 plazas y 738,216 horas de subsidio federal, que estaban registra-das en el FAEB y que la federación no las incluyó en el FONE, dejando en indefensión a los gobiernos estatales (ver figura 2).

28.4564.2651.7

789.02,138.0

3,624.27,153.3

21,598.9

0.0

0.0

5,000.0

15,000.0 30,000.0 45,000.0 60,000.0 75,000.0 90,000.0

10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0No distribuible geográ�camente

SonoraYucatán

Baja CaliforniaPuebla

GuanajuatoChiapas

Estado de México

Impacto positivo 2015-2018 a siete entidades del Fondo de Compensación del FONEmillones de pesos corrientes, orden descendente

Impacto positivo acumulado 2019-2030millones de pesos corrientes, orden descendente

No distribuible geográ�camenteSonora

YucatánBaja California

PueblaGuanajuato

ChiapasEstado de México

212.32,183.52,522.33,053.7

8,274.814,026.7

27,685.583,595.0

Recibieron de 2015 a 2018 en conjunto

$ 36,547.6 millones

De no cambiar la LCFobtendrían en forma

acumulada $ 141,553.8millones adicionales

$178,101.5millones

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Figura 2. Impacto acumulado por entidad por la presupuestación integral de las plazas de subsidio del FONE de 2015-2018 (Montos en millones de pesos)

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. Fuente: Cálculos basados en el PEF 2008-2014 y datos de la SEP sobre la aplicación de la fórumula del FAEB y proyec-ción del FAEB sin fórmula a partir de la tendencia 2008-2013 (http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Formula_del_FAEB). SCHP, Resumen por sufondo y entidad federativa del Ramo 33 del PED de 2015-2017 y la información obtenida de la SEP en el Recurso de Revisión 1326/09 del INAI folio: 0001100036809.

Este daño patrimonial al año 2030 por radicaciones deficitarias del PEF, a través del sub-fondo Otros de Gasto Corriente, si no se modifica la LCF sería de un impacto acumulado negativo de $352,642.7 millones a las mismas entidades (ver figura 3).

0.00.00.0

-138.1-206.3

-259.5-555.5-559.9-608.9-614.5

-725.2-796.8

-1,256.7-1,372.5

-1,436.8-1,655.8

-1,926.9-2,042.5

-2,195.4-2,577.3-2,589.9

-3,305.2-3,406.9

-3,686.5-3,761.4

-3,862.3-4,828.7

-4,912.8-5,047.3

-5,137.2-6,410.3

-7,000.0 -6,000.0 -5,000.0 -4,000.0 -3,000.0 -2,000.0 -1,000.0 0.0

Oaxaca

Morelos

Campeche

En el periodo los seisestados más afectados son:Chiapas, Veracruz, Jalisco,

Guanajuato, Nuevo León y Puebla

Baja California Sur

Tlaxcala

Chihuahua

Nayarit

Yucatán

Durango

Guerrero

Sonora

Baja California

Estado de México

Nuevo León

Jalisco

Chiapas

La pérdida acumulada 2015-2018 se estima en $65,877.0 millones

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Figura 3.Proyección del impacto acumulado del FONE de 2019-2030 por la falta de presupuestación integral de las plazas de subsidio federal (Montos en millones de pesos)

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. Proyección a partir de la inflación estimada (3%) por la SCHP en los Criterios Generales de Política Económicoa 2018. Hidalgo, Morelos y Oaxaca no tie-nen asignadas plazas ni horas de subsidio federal.Fuente: SHCP, Resumen por subfondo y entiad federativa del Ramo 33 del PEF de 2015-2018 y la información obteni-da de la SEP mediante Recurso de Revisión 1326/09 del INAI folio: 0001100036809.

Los estados de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Puebla son las entidades más afectadas con pérdidas que variarían a 2030 de $27,528.3 millones a $17,613.3 millones. Estos im-pactos negativos, en una balanza integral de recursos federales, refleja que otras cuatro entidades también son afectadas, aunque son beneficiarias con recursos del Fondo de Compensación.

En síntesis, aunque con los cambios en el financiamiento educativo de 2013 se tuvieron importantes avances en la gestión centralizada de la educación básica del país, aún hay graves asuntos pendien-tes de orden presupuestal y jurídico que demandan urgente atención en la agenda legislativa federal 2018-2024, para abatir el daño patrimonial que se está incrementando cada ejercicio fiscal en 28 erarios estatales por la distribución inequitativa y discriminatoria del FONE.

Ante la ausencia del principio de justicia con equidad de Rawls en la presupuestación del fondo fe-deral en comento, se requiere modificar la LCF, en sus artículos 26, 26-A y los respectivos transitorios con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para evitar que se continúe afectando patrimonialmente a 28 erarios estatales con radicaciones deficitarias federales.

0.00.00.0

-605.1-787.6

-1,130.3-2,120.7

-2,367.4-2,642.3

-2,675.4-3,186.1

-3,297.8-5,240.3

-5,517.7

-6,703.5-6,138.7

-8,741.4-9,752.3

-10,669.4-11,407.9

-12,345.3-13,007.8

14,381.3-16,653.5-16,687.1

-17,613.3-18,436.0

-20,119.3-22,133.8

-24,876.1-27,528.3

-30,000.0 -25,000.0 -20,000.0 -15,000.0 -10,000.0 -5,000.0 0.0

Oaxaca

Morelos

Campeche

Baja California Sur

Tlaxcala

Tamaulipas

Quintana Roo

Yucatán

Durango

Guerrero

San Luis Potosí

Tabasco

Michoacán

Nuevo León

Guanajuato

Chiapas

El impacto 2019-2030 se estima en: $ 286,765.8 millones.

Los seis estados más afectados son: Chiapas, Veracruz, Guanajuato,

Jalisco, Nuevo León y Puebla.

El impacto acumulado 2015-2030 sería de $ 352,642.7 millones.

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La propuesta y justificación para la modificación de la LCF se detalla en el apartado 4.3 del libro El FONE inequidades 2015-2017, mismo que se puede consultar en la siguiente liga electrónica: https://sites.google.com/site/joseraultrujillo/publicaciones.

ReferenciasInstituto Federal de Acceso a la Información Pública (2009), Recurso de revisión 1326/09 de la solicitud de información con folio 0001100036809.

Rawls, J. (2010), Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica.

Secretaría de Educación Pública (2017), Sistema Nacional de Estadística Educativa, recuperado en octubre de 2018 de http://www.snie.sep.gob.mx/Estadistica.html

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018), Criterios Generales de Política Económica, recuperado de https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2018.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018), Resumen por subfondo y entidad federativa del Ramo 33 del PEF, recuperado de https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto

125


126

LA MATRÍCULA ESCOLARIZADA DE EDUCACIÓN Media Superior se incrementó 17.84% entre los ciclos 2012-2013 y 2017-2018, al pasar de 4.4 a 5.2 millones de estudiantes. En este periodo también aumentaron la cobertura y la tasa neta de escolarización en el grupo de edad de 15 a 17 años, mientras que la atención a la deman-da potencial tuvo un incremento de apenas un punto porcentual; la absorción se mantuvo arriba de 100% (gráfica 1).1

1 Este indicador es inexacto porque en media superior pueden inscribirse egresados de secundaria de distintas generaciones.

127

Educación Media Superior para poblaciones pobres

Concepción Torres Ramírez*

Gráfica 1. Matrícula, Atención a la demanda potencial, Absorción, Tasa neta de escolarización y Cobertura, 2012 a 2017

Fuente: elaboración propia con base en SEP, Reporte de indicadores educativos, en http://snie.sep.gob.mx/indicadores.html

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Matrícula Atención a la demanda potencial Absorción Tasa neta de escolarización (15 a 17) Cobertura (15 a 17)

* Investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

128


Aunque se trata de un incremento importante en la matrícula de las modalidades escolarizadas,2 es menor al registrado en periodos anteriores: entre 1994-1995 y 1999-2000 el incremento fue de 23.44%, y entre 2000-2001 y 2005-2006 de 23.78%. La meta de universalización establecida en la Constitución para el ciclo 2021-2022 está lejos de alcanzarse.

El crecimiento desigual de los tipos de servicio

Pese al crecimiento de la matrícula en casi todos los servicios, el incremento ha sido desigual. Los tipos de servicio que incrementaron su peso relativo en la matrícula total son el Bachillerato estatal (BE) y la Educación media superior a distancia (EMSAD), además del Telebachillerato comunitario (TBC) —mediante el que se llegó a atender 2.34% de la matrícula total en solo cuatro ciclos escolares de operación— (tabla 1).

Tabla 1. Peso relativo de la matrícula en los principales servicios respecto a la matrícula total, 2012-2013 y 2016-2017

2012-2013 2016-2017Matrícula total 4,443,792 5,128,518

Matrícula en los principales servicios Abs. % mat. total Abs. % mat. totalSEMS (CETIS, CBETIS, CBTF, CBTA, CETMar, CETAC, CEB) 784,736 17.66 881,830 17.19

Conalep D.F. y Oax. 50,616 1.14 50,911 0.99

Conalep 254,694 5.73 256,941 5.01

COLBACH (CdMx) 85,733 1.93 93,026 1.81

COBACH 665,088 14.97 712,846 13.90

BE 486,111 10.94 609,433 11.88

Telebachillerato 188,998 4.25 187,035 3.65

TBC n/a n/a 120,002 2.34

CEMSAD 118,709 2.67 149,591 2.92

Particular 766,347 17.25 685,067 13.36

Fuente: elaboración propia con base en INEE (2013 y 2017).

En números absolutos, el incremento agregado en la matrícula de las siete modalidades de la Sub-secretaría de Educación Media Superior (SEMS) entre 2012-2013 y 2016-2017, fue 20% menor que el del TBC entre 2013-2014 y 2016-2017.

2 En la modalidad no escolarizada la SEP reporta una matrícula de 403,838 estudiantes en el ciclo 2017-2018, 271,381 menos que en 2012 (SEP, 2013 y 2018).

129


Respecto a los servicios de sostenimiento estatal, en 2012 había 1,973 planteles de Bachillerato estatal y en 2016 se reportaron 58 menos, mientras que los centros de EMSAD (CEMSAD) pasaron de 955 a 1,244. La relación alumnos/plantel y alumnos/docente de estos dos servicios se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Relación alumnos/maestro y alumnos/escuela en bachilleratos estatales y CEMSAD, 2012 y 2016

2012 2016BE CEMSAD BE CEMSAD

Relación alumnos/maestro 15.01 21.60 15.63 21.99

Relación alumnos/escuela 246.38 124.30 318.24 120.25

Fuente: elaboración propia con base en INEE (2013 y 2017).

Los datos indican que, con el propósito de aumentar la matrícula de Educación Media Superior, se han saturado los BE existentes y se han ampliado los servicios de EMSAD. Destaca que estos últimos tienen un promedio de alumnos por maestro 30% mayor que en los bachilleratos estatales.

El TBC y los CEMSAD —junto con el Telebachillerato (TB), que funciona desde 1980— son los ser-vicios creados con la finalidad de atender a los jóvenes egresados de secundaria que viven en pe-queñas localidades rurales en las que no existen planteles de Educación Media Superior y que, por diversas razones, no pueden trasladarse a otro sitio para cursar ese nivel.

Características del TB, la EMSAD y el TBC

Eduardo Weiss (2017) y Carlota Guzmán (2018) realizaron estudios de corte cualitativo sobre estos tres tipos de servicio, con base en entrevistas a responsables, docentes y alumnos de un total de nueve entidades federativas.3 También en 2018, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publicó los resultados de la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en Educación Media Superior.4 A continuación se presenta una caracterización general del Telebachillera-to, los CEMSAD y el TBC, recuperando las principales aportaciones de estos estudios.

3 Eduardo Weiss realizó el trabajo de campo en Veracruz, Chihuahua, México, Aguascalientes y Guanajuato; Carlota Guzmán lo hizo en Morelos, Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán.

4 La información se obtuvo mediante la aplicación de encuestas.

130


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131

Educación Media Superior para poblaciones pobresTB

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132


TBCE

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134


Reflexiones finales

La obligatoriedad de la Educación Media Superior y la meta de universalización establecida en la Constitución en 2012 impuso una acelerada dinámica para la atención del gran número de adoles-centes y jóvenes que logran concluir la educación secundaria. En esta dinámica ha prevalecido el interés por cumplir la meta por encima del de brindar opciones formativas de calidad a la población joven de nuestro país.

De acuerdo con el comportamiento de la matrícula en los últimos años, la universalización implicaría que entre 2018-2019 y 2021-2022 ingresen a primer grado entre 90 y 104 mil estudiantes adicionales a los 2.15 millones que se incorporan actualmente cada ciclo, lo cual —aun aprovechando al máxi-mo los espacios disponibles, como se ha intentado con las telesecundarias— implicaría la creación de suficientes planteles para albergar a 803 grupos de 40 estudiantes (Hernández y Ávila, 2018).5 La meta se antoja difícil, a menos que se destinen recursos extraordinarios o bien se opte, como hasta ahora, por seguir extendiendo servicios como los TB, CEMSAD y TBC, que resultan baratos para el Estado en comparación con los escolarizados porque no implican creación de infraestructura,6 pero cuyos estudiantes se ubican en los niveles más bajos de aprendizaje.

De acuerdo con los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en 2017, el 60.8% de los alumnos de TBC y el 54.4 % de los de TB tienen dificultad para comprender tex-tos extensos y complejos y para explicar su contenido con palabras diferentes a las utilizadas en la lectura. En matemáticas, el 81.6% de los jóvenes que estudian en TBC y el 77.6% de los de TB tienen dificultad para resolver problemas que involucren operaciones con fracciones o variables, o para establecer relaciones entre dos variables.7

Es indudable la importancia de los servicios destinados a atender población que anteriormente no tenía acceso a la educación media. Es alta la valoración que los padres y los mismos alumnos le asig-nan a los servicios de TB, CEMSAD y TBC, pues es muy importante que no tengan que desplazarse a otras localidades. No obstante, como muestran los estudios de Weiss (2017) y Guzmán (2018), estos servicios no son realmente gratuitos, pues en la mayoría debe pagarse inscripción y cuotas mensua-les o semestrales, además de hacer gasto para libros (salvo en TBC), cuadernos o fotocopias.

Como se ha visto, aun entre estos servicios se aprecian diferencias. En general, los CEMSAD parecen contar con mejores condiciones institucionales, mientras que los TBC funcionan en circunstancias más precarias. Weiss señala un problema de diseño de los TBC que no es menor: las horas contrata-das de los tres docentes suman 70 a la semana, mientras que el plan de estudios establece un total de 74 horas con 10 minutos de clase.

5 La demanda no atendida tiene dimensiones distintas por entidad y se ubica principalmente en localidades pequeñas.

6 Weiss señala que el costo mensual del salario neto de los docentes por alumno en un TBC es más alto que el de un CEMSAD, pese a que este último tenga una plantilla mayor.

7 Planea no evalúa CEMSAD.

135


Pese a ser un servicio que fue creado para atender poblaciones rurales, Weiss documenta la existencia de TBC en las orillas de localidades urbanas, que se crearon por cumplir los criterios de no contar con servicios a menos de 5 km de distancia y tener población que no ha logrado ingresar a otros servicios.

Es necesario reconocer que la meta de universalizar la atención no es una carrera contra el tiempo y que carece de sentido cumplirla formalmente, a costa de la calidad de la atención a los jóvenes. Es in-dispensable avanzar en la cobertura con opciones de mayor calidad, aunque sea a un ritmo más lento.

ReferenciasGuzmán G., C. (2018), Avances y dificultades en la implementación del Marco Curricular Común. Telebachillerato estatal, Educa-ción media superior a distancia y Telebachillerato comunitario, México, INEE.

Hernández, Daniel y Ávila, Lucía (2018), Consideraciones sobre la universalización de la Educación Media Superior, en Ne-xos. Distancia por tiempos. Blog de educación, recuperado el 12 de diciembre de 2018 de https://educacion.nexos.com.mx/?p=1602

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014), Panorama Educativo de México 2013. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior, México: INEE.

_________________ (2017), Plan nacional para la evaluación de los aprendizajes (Planea). Resultados nacionales 2017. Educa-ción media superior. Lenguaje y comunicación. Matemáticas, México, INEE.

_________________ (2018), Condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje en los planteles de Educación Media Supe-rior en México. Resultados generales, México, INEE.

_________________ (2018), Panorama Educativo de México 2017. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Bá-sica y Media Superior, México, INEE.

Secretaría de Educación Pública (2013), Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras, ciclo escolar 2012-2013, México, SEP.

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Weiss H., E. (2017), Estudio exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y su operación en los estados, México, INEE.

Portales webSistema Nacional de Información Estadística, SEP. Reporte de indicadores educativos, en http://www.snie.sep.gob.mx/indi-cadores.html

136

LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEBE proponerse transformar a un niño en un ciuda-dano, con amor hacia su patria, con deseos y elementos para integrar un proyecto futuro —tanto a nivel individual como con el conjunto de la sociedad— y poseedor de una formación integral que, si así lo decide, le posibilite inclu-so incorporarse al mercado de trabajo.

La actual administración (2018-2024) parte del reconocimiento de las necesidades y condicio-nes de los estudiantes como base para definir al ciudadano que se quiere formar. A partir de esta definición es que podrán trazarse las dife-rentes rutas que permitan nivelar las desigual-dades y cerrar las brechas.

Desde hace algunos años se ha señalado que los grandes retos de la Educación Media Supe-rior son aumentar la matrícula, mejorar la cali-dad y disminuir la deserción escolar. Desde mi punto de vista, para atender esta problemática deben considerarse los siguientes ejes:

137

Los retos en materia de Educación Media Superior

Juan Pablo Arroyo Ortiz*

1. Calidad y equidad

• La educación formará ciudadanos responsables, comprometidos con el bienestar y desarro-llo de sus comunidades y la nación, con un alto sentido cívico y ético; con sólidas bases cien-tíficas, históricas, culturales, tecnológicas, deportivas y sociales que les faciliten el tránsito a la educación superior o su inserción exitosa en el ámbito laboral. Debemos buscar la formación de personas satisfechas y felices por tener una vida digna y por estar integrados a la sociedad, desarrollando una función clara.

• La educación atenderá las brechas y desigualdades existentes entre la población, a través del mejoramiento de la calidad y del incremento de la oferta educativa, para cumplir con la obligación constitucional de garantizar un espacio a toda la población que demande los ser-vicios educativos, con planteles mejor equipados y docentes capacitados y comprometidos con la formación de sus estudiantes.

• También se reforzarán las oportunidades de acceso a los servicios educativos, priorita-riamente a poblaciones vulnerables. Para lo cual se mejorará la infraestructura, el equipa-miento y la conectividad de los planteles, de manera que se garanticen condiciones para la prestación del servicio educativo en todos los subsistemas públicos.

* Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.

138


2. Formación integral de las niñas, niños y jóvenes

• Se fortalecerán los contenidos curriculares recuperando la formación en capacidades bá-sicas de lectura, escritura y matemáticas, propiciando la reflexión mediante preguntas per-tinentes, y fomentando las capacidades para la aplicación práctica del conocimiento. Se enfatizará la integración del individuo como ser social —parte de la nación—, con el civismo, la ética, la historia, la ciencias y tecnología.

• Se dará un renovado impulso a la formación y capacitación para el trabajo, en coordina-ción con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, así como con el sector social y privado, desarrollando proyectos académico-productivos que ofrezca a los jóvenes, inscritos o no dentro de la Educación Media Superior, la oportunidad de adquirir las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para el emprendimiento o para insertarse en el mercado laboral,1 con un alto sentido del desarrollo comunitario, regional y nacional. La formación y capacitación para el trabajo facilitará la reincorporación al sistema educativo de los jóvenes que hayan truncado sus estudios. Desde la formación básica se buscará la apreciación del trabajo técnico y aplicado como una opción digna de vida.

• Se impulsarán actividades deportivas, artísticas y culturales como parte de la formación in-tegral de los jóvenes, con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades socioemocionales. Esto se debe lograr con la participación de las comunidades escolares: estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y personal administrativo.

3. Dignificación docente

• Se buscará re-dignificar el papel del docente dentro de la escuela y en la sociedad, recono-ciéndolo como un líder natural de la comunidad.

• Se fortalecerán las habilidades pedagógicas y disciplinares específicas de los docentes a través de una amplia oferta de formación docente y directiva. Asimismo, se impulsará el trabajo colaborativo y la tutoría entre pares, retomando las mejores prácticas, métodos y materiales educativos, para que los docentes se encuentren en posibilidad de ofrecer una atención adecuada a estudiantes provenientes de diversos contextos económicos, sociales y culturales, y que plantean distintos retos.

• En el artículo 3º de nuestra Constitución Política se destaca la relevancia de los docentes como agentes de mejora educativa, por ello es deseable poner énfasis en el desarrollo profe-sional integral, lo que comprende revisar las condiciones laborales-contractuales en las que se encuentran los profesores en todo el país.

1 Los retos de la Educación Media Superior, incluso en la superior, pasan por empatar el modelo económico con el educativo, pues su atención implica la generación de empleos suficientes para los egresados.

139

Los retos en materia de Educación Media Superior

• Se revisarán los criterios de la evaluación para el ingreso a carrera docente, pues deben estar encaminados al fortalecimiento de las capacidades para la docencia y la creación de incenti-vos, nunca ser punitivos.

4. Gobernanza en la escuela

• Se reposicionará a los directores como líderes de la comunidad escolar para garantizar una adecuada gobernanza al interior de los planteles. Se establecerán mecanismos para el traba-jo colegiado entre directivos de los diferentes subsistemas.

• Se buscarán y reforzarán los mecanismos de coordinación y colaboración entre las diferen-tes autoridades educativas federales, estatales y autónomas, tanto públicas como privadas.

• Los planes de estudio deben atender la diversidad del país, pero debe procurarse contar con un marco referencial para que existan equivalencias y así cualquier alumno, por necesidad o decisión propia, pueda moverse de un subsistema a otro.

Un primer paso para la atención de los retos de la Educación Media Superior consiste en estimar co-rrectamente los requerimientos presupuestales, puesto que es necesario no reducir el presupuesto para salarios, gastos operativos y, sobre todo, infraestructura. Cabe señalar que entre 2015 y 2018 el presupuesto destinado a este nivel se redujo en 35%.

III. Formación inicial y continua de los maestros

142

EL NUEVO PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL que ahora se construye se inscribe en el con-texto de la situación general del país a partir de las “reformas estructurales” implantadas por el gobierno federal desde el Pacto por México en 2013 y desarrolladas por las políticas federales y estatales en cada ramo de la administración pública desde entonces hasta el presente año.

Esas reformas, incluida la de educación, res-pondieron a la filiación manifiesta a la pers-pectiva de libre mercado del gobierno federal y de los que le antecedieron desde los años ochenta, así como de los grupos políticos y fi-nancieros que las promovieron y apoyaron. Las argumentaron como generadoras de desarro-llo económico y social para el país, así como de mejoría para la calidad de la educación, lo cual no ha sido constatado bajo ningún parámetro desde las mismas instancias del aparato educa-tivo nacional.

143

La formación inicial de maestros y el nuevo proyecto educativo nacional

Ruth Mercado Maldonado*

Por ejemplo, se difunden informes de la Auditoría Superior de la Federación (2018) sobre las deficien-cias en la operación de los seis componentes del Programa de la Reforma Educativa (infraestructura, instalación de bebederos, presupuesto para escuelas, entre otros), principalmente su carencia de in-dicadores e información sobre los resultados. Es preciso revertir esta situación mediante las reformas constitucionales y legales necesarias.

Abordo el tema de la formación docente inicial planteando tres cuestiones: primero, sobre los con-tenidos de esa formación profesional; segundo, sobre la vinculación entre formación docente inicial, educación básica y formación continua de maestros; tercero, sobre el riesgo de sobrevivencia de la formación profesional en las Normales ante los cambios que introdujo el nuevo Servicio Profesional Docente (SPD). Finalmente planteo algunas recomendaciones.

Sobre los contenidos de la formación inicial del profesional docente. Afirmo que los contenidos de una formación inicial en cualquier profesión deben orientarse hacia el campo de trabajo donde ejercerán sus egresados; en nuestro caso, los docentes que se desempeñarán como educadores de los niños y adolescentes en el sistema educativo nacional. Este elemental criterio formativo, vigente para cualquier profesión, suele perderse de vista cuando se implantan cambios para la formación inicial de maestros, lo que responde a una suposición generalizada acerca de que la docencia es un trabajo simple que cualquiera podría realizar; no obstante, actualmente sabemos que más bien se trata de un trabajo de la mayor complejidad (Rockwell, 2013).

* Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV)

144

FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS MAESTROS

Sin embargo, las sucesivas reformas curriculares nacionales para la formación docente inicial desa-rrolladas desde los años ochenta, poco o nada han considerado tanto al conocimiento producto de investigación, como al conocimiento construido en la experiencia acumulada en las escuelas Nor-males acerca de esa complejidad.

Igualmente, en los cambios curriculares para la educación Normal de los últimos 20 años se ignora a quienes los llevarán a la práctica, los docentes de las Normales, quienes ineludiblemente los recon-figuran a partir de su experiencia y de las condiciones en que trabajen. No basta en ese aspecto con que autoridades educativas seleccionen a profesores de Normales para que participen en algunas fases de la elaboración de los planes de estudio, como ocurrió con el más recientemente implantado, a última hora, en agosto de 2018, de manera similar a la implantación del plan 2012 (Mercado, 2010).

Docentes normalistas y otros académicos se han manifestado durante la actual administración, ana-lizando y reclamando las razones de los cambios incorporados a esos dos últimos planes de estudio sin encontrar respuestas fehacientes. Se ha cuestionado al plan de 2018, entre otras cosas, por el peso del inglés a lo largo de las mallas curriculares de las diferentes licenciaturas, lo que implica reducción del tiempo dedicado a materias fundamentales en la formación inicial. Se cuestionan asi-mismo decisiones tan drásticas como la de eliminar la licenciatura en Educación Especial en sus dis-tintas variantes lo cual habría requerido, al menos, la más amplia participación de la propia Escuela Normal de Especialización y de otros sectores que intervienen en ese campo. Es el caso también de las expresiones manifestadas por la comunidad docente y estudiantil de la Escuela Superior de Edu-cación Física ante la reforma curricular del 2018.

Por otro lado, las reformas curriculares a la formación inicial pocas veces se han planteado conocer en alguna forma los cambios y transformaciones que los sucesivos planes de estudio sustituidos en cada ocasión han aportado a la formación inicial de docentes, aunque algunos han estado vigentes por más de una década, con notable consolidación de algunas de sus propuestas. ¿Qué queda de ellos?

La especificidad de las Normales como formadoras de profesionales de la docencia. En este con-texto, es de considerar la gravedad de la situación que para la formación inicial se ha generado con los cambios introducidos por el Servicio Profesional Docente que, olvidando la centralidad de la escuela y de los estudiantes para los profesionales que se encargarán de su educación, abre las puertas al ejer-cicio docente a egresados de otras carreras, alejadas en su desarrollo histórico y en sus contenidos del conocimiento y estrecha relación con la educación básica y sus estudiantes en situación de enseñanza.

La educación Normal en México ha desarrollado desde sus inicios a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX una relación orgánica con la educación básica en sus niveles preescolar, primaria y secundaria. Con distintas transformaciones que esa relación ha tenido en el tiempo, se ha construido un vínculo que ha dejado huellas en la formación inicial docente y la escuela básica, su magisterio y alumnado por generaciones. Es esta una relación buscada afanosamente en los países donde la formación de los docentes pasó de las Normales a las universidades, o que siempre se realizó en estas.

145


En esos casos se busca mediante proyectos o programas especiales tanto entre investigadores edu-cativos como docentes formadores de maestros, la “vinculación entre la universidad y la escuela”. Las Normales han contado en sus planes de estudio y en el servicio social de sus estudiantes con esa vin-culación que los inserta formativamente en las tareas cotidianas de docencia, gestión, administración y relación con padres de familia, docentes y directivos de las escuelas en su real acontecer, cercanos a sus carencias y a sus fortalezas. Ha sido una formación centrada en la educación de niños y adolescentes del país en situación escolar de enseñanza, sin duda mejorable, pero orientada en esa dirección.

La formación especializada que los estudiantes de las escuelas Normales reciben, no está presente en los contenidos de otras licenciaturas, aun en aquellas que la reforma 2013 consideró “afines” a la formación pedagógica para que sus egresados accedan al SPD al igual que los de las Normales. No cuestiono solamente el hecho de que egresados de otras carreras concursen para el SPD, sino que este acceso dependa de aprobar un examen que requiere memorizar particularmente documentos normativos sobre la educación básica, sin mostrar algún grado de comprensión sobre lo que requie-ren los alumnos en situación de enseñanza, indispensable para ejercer la docencia. Conocimiento, por otra parte, imposible de identificar mediante exámenes, como se ha planteado reiteradamente en la literatura sobre el tema de cómo definir qué es ser “buen maestro". Se cuestiona el ingreso al SPD cuando no se ha cursado la formación inicial indicada para el magisterio sin pasar, como sucede en casi todo el mundo en esos casos, al menos por una especialización en docencia.

Para ejemplificar al respecto cito un estudio sobre formación docente y acreditación para el servicio en seis países, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Hong Kong, Singapur, Tailandia y Japón donde se dice que:

… en todos los sistemas de estos países el título o acreditación profesional contempla la formación tan-to en la asignatura como en la pedagogía, es decir, experticia en el “qué” y en el “cómo” de la enseñanza. En todos los sistemas, la formación profesional incluye un período de práctica o ejercicio supervisado de la docencia antes del empleo. Como resultado, en ninguno de estos sistemas las reglas estipulan que quienes solo poseen un título en la asignatura (por ejemplo, un título en matemáticas) están calificados para ejercer la docencia (Ingersoll, 2011).

Destaco también la situación de desventaja laboral en que se coloca a las escuelas Normales ante el ingreso al SPD, ya que son instituciones por definición reguladas administrativa y académicamente por el Estado, no así las universidades cuyos egresados compiten en el incipiente mercado laboral de la docencia en educación básica, a la vez que pueden hacerlo para empleos propios de sus carreras universitarias. Se afecta así doblemente a las Normales cuya formación los acredita solamente para emplearse como profesores y porque la matrícula en estas instituciones ha decaído constantemente en los últimos años. De hecho, la que pueden recibir las Normales ha estado limitada por disposición oficial, con reducciones drásticas aun en épocas en que existía sobrada demanda. Por otro lado, los egresados de las Normales encuentran que los contenidos de su formación profesional dirigidos centralmente a la educación infantil y adolescente, no están presentes en los exámenes para ingresar al SPD, donde se espera que desempeñarán esa labor profesional.

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El tratamiento sistémico de la formación docente. Las políticas segmentadas sobre la formación docente inicial y continua presentan inconsistentes variaciones que responden más a reacomodos políticos cupulares que a las reales necesidades de la formación docente y la importancia de conce-birla estrechamente vinculada con la educación básica. Estas variaciones provocan que durante un sexenio se promueva la conformación de un sistema de formación docente para desaparecerlo en el siguiente, con lo cual se ha causado graves daños a la formación de maestros y al sistema educativo, en desmedro de una mejor formación para los estudiantes, los profesores en servicio y los alumnos de la educación básica. En este aspecto, son conocidos los desfases constantes entre las reformas curriculares a la educación básica con las que tardíamente son implantadas en las Normales.

Recomendaciones

Primera: Preservar como fin primordial de la formación inicial (y continua) de profesionales docen-tes la educación de los niños y adolescentes. Por tanto, en cualquier ámbito académico la formación inicial debe responder centralmente a ese fin, como sucede actualmente y debe aún potenciarse en las licenciaturas para educación básica de las escuelas Normales. Ha de evitarse que los cambios curriculares a la formación inicial la orienten hacia cualquier otro campo, como ocurrió con el plan de estudios de 2018 cuya pretensión explícita fue formar maestros bilingües y que debe ser sustituido.

Segunda: Reconocer la especialización educativa que se ha desarrollado históricamente en las Norma-les para la atención a la enseñanza en la escuela básica. Si otros profesionales acceden al SPD deben cursar estudios sobre materias referidas específicamente al ejercicio de la docencia y a los contenidos de la educación básica con formación práctica incluida. La formación de esos profesionales ha de enri-quecerse con el conocimiento que se ha desarrollado en las Normales sobre la formación docente. Por ejemplo, las Normales y la Universidad Pedagógica Nacional podrían impartir especializaciones en do-cencia para quienes aspiren a ingresar al SPD desde otras carreras. Los profesores de Normales pueden también fortalecer su formación en áreas de carreras universitarias y vinculables a la formación inicial.

Tercera: Incorporar necesariamente a los docentes formadores en la definición y producción de los cambios curriculares que se introduzcan a la formación inicial de profesores, no más mediante reformas totales centralizadas, sino de cambios paulatinos que preserven los componentes que se han conso-lidado de reformas anteriores y funcionan en términos formativos al servicio de la docencia con los alumnos de la escuela obligatoria y que releven necesidades regionales, sin perder la perspectiva nacio-nal. Determinar con docentes formadores y otros académicos especializados las actualizaciones curri-culares necesarias dados los desarrollos más recientes en los campos de conocimiento implicados en la formación docente inicial, siempre con la formación integral de la niñez y adolescencia como centro. Es fundamental en este aspecto, recoger el conocimiento que generaciones de profesores formadores han promovido en sus estudiantes para ejercer su posterior materia de trabajo. Académicos de distin-tas generaciones y variedad de escuelas Normales han producido revisiones y propuestas que no en-cuentran adecuados espacios de difusión, es preciso contar con imaginación académica, organizativa, recursos y voluntad política para sistematizarlas e incorporarlas a los nuevos proyectos educativos.

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Cuarta: Considerar la legitimidad de la autonomía para la gestión académica y administrativa de las Normales, ahora completamente sujetas a las determinaciones de autoridades y organismos sin nexo alguno con el campo de la formación docente. Modificar la normatividad para que las comunidades académicas de las Normales participen de manera determinante en la definición de los contenidos académicos de la formación; asimismo, se requiere que los directores sean seleccionados por concurso.

Quinta. Concebir integralmente, a la formación inicial de docentes articulada con los contenidos y prác-ticas de la educación básica donde ejercerán los futuros docentes en sus diferentes niveles y modalida-des, y con la formación continua consistente y sustentada en las necesidades pedagógicas de quienes ya ejercen la docencia. Analizar y realizar los cambios curriculares de la educación básica y los de la formación inicial vinculando entre ambos subsistemas los contenidos pertinentes, para preservar la centralidad de la educación de los niños y los adolescentes. No realizar reformas con años de diferen-cia donde las relaciones necesarias entre la formación docente y la educación básica se desfasan por completo. Subsanar la pérdida gradual de la relación a nivel de subsistemas entre la formación docente inicial y la educación básica desde que la primera se trasladó a la Subsecretaría de Educación Superior. Con visión sistémica considerar los procesos de formación continua como parte del perfeccionamiento docente articulándolos con los contenidos y prácticas de la educación básica y la formación inicial.

Sexta: Subsanar las pésimas condiciones materiales que entorpecen el trabajo académico con los estudiantes de las Normales, reiteradamente expuestas por las plantas académicas sin ser atendi-das. Las carencias son innumerables, incluyendo la falta de Internet aunque los contenidos de los programas “estén en línea”. Es perentorio atender este renglón en todo el sistema de Normales y es un clamor para la educación básica misma, pese a las retóricas declaraciones de que en la pasada administración los niños y sus derechos estarían “al centro”.

La formación de profesores y la educación pública son herederas de una rica tradición educativa nacional documentada en los estudios históricos; aún tenemos riqueza educativa qué preservar y potenciar con los avances recientes. No podemos perder ese patrimonio pese a los graves desafíos que se han enfrentado en este campo particularmente durante los años recientes. Trabajemos juntos para ese fin, por el presente y futuro del país.

ReferenciasAuditoría Superior de la Federación (2018), Informe de la Cuenta Pública 2017.

Ingersoll, Richard, M. (2011), Estudio Comparado sobre la Formación y antecedentes académicos de los docentes en seis nacio-nes, Programa para la Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. (PREAL).

Mercado, Ruth (2010), Un debate actual sobre la formación inicial de docentes en México, en Revista Semestral da Asso-ciação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 14, Número 1, Janeiro/Junho de 2010, 149-157.

Rockwell, Elsie (2013), La complejidad del trabajo docente y los retos de su evaluación: resultados internacionales y pro-cesos nacionales de reforma educativa, en Rodolfo Ramírez Raymundo, coordinador, La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. P. 81.

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EN LAS NORMALES DE CIUDAD DE MÉXICO (CDMX) y en muchas otras del país, en las úl-timas décadas han emergido y se han agudi-zado problemas que obstaculizan o impiden que cumplan cabalmente con su tarea histó-rica de contribuir al fortalecimiento de la edu-cación pública, a través de la formación de una ciudadanía más participativa, consciente y críti-ca; aunque obviamente estos problemas están concatenados, y cada uno es causa y efecto de los otros, destacamos los principales problemas:

Obsolescencia del marco normativo y jurídico

Las Normales, en general, poseen marcos nor-mativos y jurídicos obsoletos que responden a un modelo de escuela rígida, autoritaria e inequitativa, muy distante de los ideales de la escuela que reclama la Cuarta Transformación.

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Problemas actuales de la formación inicial de maestros y alternativas de solución*

Grupo de maestros, alumnos y personal de apoyo de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Por citar un ejemplo, el Reglamento de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) data de los años sesenta. Por lo general, los reglamentos vigentes no contemplan las condiciones y necesidades de escuelas de educación superior ni de la formación actual de los maestros de educación básica, quienes tendrán la responsabilidad de promover nuevas formas organizativas y de vida académica con los niños y jóvenes; hoy, están ausentes normas que garanticen la participación y la contraloría sociales, a través de la toma de decisiones colectivas concernientes a todos los aspectos centrales de la vida institucional (de-signación de directivos, planeación institucional, programación presupuestal, etc.); así como los derechos y obligaciones de los integrantes de su comunidad escolar. La ausencia u obsolescencia de manuales de funciones y organización es común; el reglamento del personal académico se incumple por las autorida-des. A la sombra de estos problemas florece, rampante, la falta de transparencia y la corrupción.

Asfixia y burocracia presupuestales

Uno de los problemas nodales que viven las Normales, y que desencadena otros problemas graves, es el relativo a la asfixia presupuestal a la que se les somete; aunado a la ausencia total de autonomía relativa para la decisión y manejo presupuestarios, a las Normales se les escamotea el presupuesto o, en el mejor de los casos, se destina para su ejercicio en rubros innecesarios, desde instancias supe-riores que desconocen la realidad, al margen de la rendición de cuentas y necesaria transparencia.

* Fragmento del documento entregado en septiembre de 2018 a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura.

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La BENM, por ejemplo, lleva más de cinco años sin recibir presupuesto, al parecer por trabas administra-tivas; no existe el servicio de Internet y la autoridad niega recursos hasta para el pago de una fotocopia; sin embargo, paradójicamente, en los últimos seis años se han realizado obras de infraestructura física y mantenimiento, innecesarias y de dudosa calidad las que, obviamente, se han realizado al margen de la decisión colectiva, de la transparencia y de la contraloría social. Estos problemas, aunados al olvido permanente en la falta de mantenimiento de los edificios de las Normales de CDMX, y de otros estados, han vuelto críticas sus condiciones materiales, al grado que, en las revisiones de los edificios, realizadas por peritos después de los sismos de septiembre de 2017, declararon que el evidente daño a los edifi-cios se debía al descuido y falta de mantenimiento, más que a los sismos en sí.

Estructura autoritaria y control político

En la mayoría de las Normales no existe un marco normativo, de orientación académica, que defina los requisitos y procesos académicos para la designación de sus directivos, como condición para ga-rantizar una vida académica participativa y sinérgica y, con ella, el desarrollo institucional; los directi-vos son designados de manera discrecional sin que medien procesos académicos participativos; en la mayoría de casos nunca se sabe cuándo concluirá el periodo de gestión de los directivos; asimis-mo, la ausencia de manuales de organización y funciones genera desorganización, improvisación y aberraciones de la gestión; lo anterior solo genera vulnerabilidad e inestabilidad institucional.

La tradición de lucha que históricamente ha distinguido a las Normales, en los últimos tiempos ha tratado de ser desaparecida por medio del control político, la intimidación y la represión, ejercidos por el gobierno y la burocracia sindical. En los dos últimos sexenios cualquier brote de inconformi-dad e indicios de organización de maestros y estudiantes normalistas han sido objeto de intimida-ción y represión; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la represión ejercida contra normalistas rurales de otras escuelas son la muestra extrema de esta política. En CDMX, durante los dos últimos sexenios, ante cualquier muestra de inconformidad las autoridades han ejercido estrate-gias de judicialización contra maestros y alumnos normalistas; la más reciente muestra es la intimida-ción abierta que las autoridades manifiestan contra los estudiantes de la Normal de Especialización.

Contrariamente a las recomendaciones para una vida institucional sana y productiva, en las Norma-les de CDMX, y en otras del país, se han instaurado climas organizacionales negativos y desfavora-bles en los que priva la inequidad laboral, la persecución, las prebendas y los favoritismos.

Imposición de un currículo tecnocrático y carente de sentido humanista

Un problema nodal que viven las Normales es la imposición de planes de estudios que desvirtúan el carácter humanista y pedagógico de la formación docente.

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Problemas actuales de la formación inicial de maestros y alternativas de solución

Si la malla curricular de 2012 ya presentaba una inclinación abiertamente de corte neoliberal, la malla 2018 acentuó esta característica, además de que fue impuesta con prisas, de manera incompleta y, reproduciendo los errores de la anterior, con una deficiente y cuestionada estrategia “en cascada” para la preparación de los maestros que iban a iniciar su aplicación. La decisión arbitraria de incluir seis es-pacios curriculares para el inglés, en detrimento de asignaturas como la filosofía, las ciencias sociales, la psicología y de las ciencias de la educación, tiende a una preocupante tecnocratización de la formación docente. En los casos de la Escuela Superior de Educación Física y la Escuela Normal de Especialización la situación fue más grave ya que las nuevas mallas curriculares desnaturalizan la esencia de la educa-ción física, para la primera, y al desaparecer virtualmente la educación especial, tratan de instaurar una concepción de la inclusión que, dadas las condiciones de la escuela regular, en la práctica generaría más exclusión. Todo ello, como ya se dijo, generó un amplio movimiento de rechazo a la nueva malla 2018 que incluye pronunciamientos, manifestaciones y paros realizados por importantes Normales de CDMX y del país.

Junto a esta situación, la falta de autonomía curricular maniata las posibilidades de las Normales para diseñar alternativas curriculares con carácter situado para la formación de sus estudiantes.

Política laboral arbitraria e inequitativa

A pesar de que en las Normales el ingreso y la promoción del personal académico y del personal de apoyo a la docencia están normados por sendos reglamentos, y de que están vigentes diversas pres-taciones a ambos sectores, las autoridades han venido sistemáticamente incumpliendo sus obligacio-nes relativas a estos rubros; en CDMX, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM) y algunos directores, con la complicidad de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), han otorgado, ilegalmente y al margen de los obligados concursos de oposición, una cantidad indeterminada de plazas a personas que, incluso, carecen del perfil profesional como formadores; de igual manera, de manera irregular (sic) han saturado a las escuelas con decenas de maestros comisionados de la DGENAM; por otra parte, de manera inédita, la AEFCM ha recurrido a artimañas jurídicas para negar el pago de prestaciones legales a muchos maestros.

Adocenamiento de la vida académica

La suma de varios de los problemas descritos, aunados a la ausencia de una planeación participativa, de un plan de desarrollo institucional de mediano y largo plazo, y a la burocratización de las funcio-nes sustantivas, entre otros factores, ha propiciado una crisis en la vida académica de las Normales; incluso los programas originalmente destinados a estimular la producción académica (estímulo al desempeño docente, premios a la administración, etc.) han agudizado problemas de simulación, individualismo, meritocracia y competitividad, en detrimento del verdadero desarrollo de las fun-ciones sustantivas; en la BENM, por ejemplo, la docencia se realiza con la buena voluntad de los

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maestros, la investigación no existe con carácter institucional, por falta de planeación y de recursos para la formación en la investigación y para la publicación y difusión; desaparecieron las ofertas de posgrado que existían en la institución, por falta de apoyo de las autoridades; y la difusión se lleva a cabo por la iniciativa y buena voluntad de maestros, alumnos y trabajadores, ya que no existen apo-yos; los escasos intercambios con otras Normales se realizan sin presupuesto ni apoyo de la institu-ción y las autoridades; las actividades deportivas tienen que ser sufragadas por maestros y alumnos; no hay presupuesto alguno para promover conferencias, simposios, congresos o cualquier actividad académica. Lejos de promover las actividades académicas y culturales, en los últimos seis años las autoridades de la BENM se encargaron de erradicarlas: desapareció el prestigiado taller cultural de teatro, se erradicó el importante evento anual “Son para Milo”, desapareció la rondalla, etc. En suma, la vida académica en la BENM se sostiene por la iniciativa de maestros y alumnos, principalmente.

Carencia de programas de apoyo a los estudiantes normalistas

A pesar de que en el discurso oficial y en el currículo se enfatiza, como enfoque, la formación basada en el aprendizaje, lo que implicaría la atención prioritaria de las condiciones del alumno para garantizar su aprendizaje y su formación, las Normales no cuentan con programas específicos para apoyar a los estu-diantes. Los estudiantes normalistas enfrentan condiciones severas para desempeñarse con éxito en su formación; incluso, la nueva composición social del estudiantado normalista reclama acciones congruen-tes para apoyarlo: en CDMX la mayoría ocupa hasta seis horas totales en su traslado de su casa a la escue-la, y viceversa, trabajan en contraturno y en los fines de semana para sostener sus estudios, un porcentaje importante son padres o madres que tienen que cumplir con sus tareas parentales, y la mayoría no dispo-nen de recursos económicos para una alimentación adecuada lo que deriva, a la postre, en problemas de salud, obesidad, etc. En contraste con otras instituciones de educación superior, el subsistema de Norma-les, incluso las rurales, es tratado con inequidad en el apoyo a los estudiantes: en la BENM, por ejemplo, la organización de grupos, horarios y asignación de escuelas de práctica se impone a los estudiantes sin tomar en cuenta su domicilio y necesidades; en otro plano no menos importante, no se brindan apoyos para su alimentación —o se les escamotea y burocratiza, en el caso de las rurales—, tampoco se les brin-dan apoyos materiales para la realización de sus prácticas pedagógicas, las bibliotecas son rudimentarias, no hay servicio de Internet para ellos, tampoco tienen computadoras e impresoras para su uso; el servicio de fotocopiado no resulta muy económico, no disponen de medios de transporte de la institución para realizar visitas, prácticas, etc. Para colmo, ellos tienen que aportar materiales que debiera dar la institución: solo pueden utilizar un proyector si ellos compran el cable de conexión. Para corolario, la BENM no sólo no propicia la necesaria organización de los alumnos para su participación en la toma de decisiones de la vida institucional, sino que ejerce presión para que cualquier intento de organización estudiantil para integrar una representación sea mediatizado; una muestra es que nunca se pide a los alumnos que se in-tegren a los cuerpos colegiados para, por lo menos, emitir su opinión; prevalecen estructuras autoritarias y rígidas que, en la práctica, cierran espacios de organización y expresión estudiantil, indispensables en la formación de un maestro si se considera que su función social será, fundamentalmente, la de formar a los niños y jóvenes para una ciudadanía participativa, consciente y crítica.

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La necesaria e imperiosa transformación de las Normales

Ante los ingentes problemas que aquejan a las escuelas Normales de todos los tipos y modalidades (sic), los maestros y los alumnos hemos planteado, de manera reiterada, las principales demandas y alternativas que, además de solucionar esos problemas, constituyan la plataforma para la verdadera transformación institucional. De manera sintética y genérica a continuación presentamos los princi-pales planteamientos que han hecho algunas Normales para su solución, sin soslayar que, dada su especificidad, cada Normal y cada modalidad viven, además, otros problemas particulares.

Declaratoria oficial del carácter estratégico de la Formación Docente como principio para el desarrollo de la educación y del país

La Cuarta Transformación reclama reconocer el papel prioritario que tienen la formación docente y, con ella, las escuelas Normales y los maestros como factor estratégico para el desarrollo, con sentido y significado sociales, de la educación y del país. Un pronunciamiento así, a nivel programático, re-presenta la base para el diseño de las políticas necesarias que propicien la transformación integral de las Normales, garantizando su funcionamiento óptimo. La Cuarta Transformación implica, también revertir, con todos los medios, el deterioro intencional que se impulsó contra la escuela pública y los maestros, es decir, resulta trascendental desarrollar un proceso de revalorización social del maestro y de la escuela pública.

Realización del Primer Congreso Nacional de Educación Normal “La formación docente y la Cuarta transformación”

Una demanda inveterada y sentida por todo el sector que participa en la formación docente, como alternativa para la construcción de un proyecto consensado y nacional ha sido, y es, la realización de un Congreso Nacional de Educación Normal en el que, como resultado de un proceso de diálogo y análisis informados, participe toda la comunidad normalista del país, se deliberen los problemas de la formación docente y se establezcan los principios filosóficos y pedagógicos, y las grandes líneas estratégicas para la definición de un magno programa nacional de formación docente, inicial y conti-nua. Este Congreso podría realizarse, con sus etapas preparatorias y de análisis, en ocho a diez meses.

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Cancelación inmediata de la malla curricular 2018

Las evidentes inconsistencias que presentan los actuales programas de estudios 2018 hacen impos-tergable su inmediata cancelación, a partir del 1 de diciembre, abrogando el Acuerdo respectivo del Diario Oficial de la Federación (sic); en sustitución, otro acuerdo equivalente debe plantear el proceso para un diagnóstico integral de la formación docente, inicial y continua, así como el análisis y diálogo informado de toda la comunidad involucrada en la formación docente para la definición de las bases de un nuevo proyecto nacional de formación docente que conjugue lo nacional con lo regional; asimismo, dicho acuerdo en su transitorio debe instruir para que la acreditación del primer semestre de este ciclo 2018-2019 se haga con equivalencias del plan 2012.

Una demanda que se ha hecho presente desde hace tiempo es la relativa a la necesidad de que las Normales dispongan de un margen de autonomía curricular, de tal manera que no solo se circuns-criban a los limitados espacios curriculares llamados “optativas”, en los que tampoco deciden; un currículo unificado y diversificado (planteado desde los 90 por Ramiro Reyes) puede ser interpretado a la luz de los nuevos planteamientos curriculares, de tal forma que las Normales, en lo que toca a lo diversificado, tengan mayor margen de decisión para integrar opciones curriculares con carácter situado; incluso deberían tener la opción de determinar los requisitos y procedimientos para el in-greso de sus nuevos alumnos, erradicando el examen de conocimientos como el único requisito para la selección y acudiendo a alternativas más cualitativas y vinculadas con la naturaleza de la carrera.

Asignación de un presupuesto digno para las escuelas Normales

En la programación presupuestaria del nuevo gobierno, que apruebe el Poder Legislativo, debe asig-narse un presupuesto digno que considere las necesidades ingentes de las Normales. De manera complementaria deben definirse los procedimientos para que su asignación y ejercicio se realicen con total transparencia, honestidad y con la obligatoria participación de la contraloría social, no si-mulada. En este rubro, no puede dejarse pasar por alto cómo se ejercieron los recursos económicos asignados a las Normales durante el sexenio 2012-2018; por ello, es impostergable realizar las audi-torías necesarias para revisar e informar públicamente los resultados de dicha revisión.

Otorgamiento de plazas a todos los egresados de las Normales públicas

Reconocidos los efectos negativos y perversos de la evaluación estandarizada aplicada al magisterio, y la aberración que constituyó el desconocimiento de la certificación que las Normales hacen a sus egresados a través del examen profesional —oficialmente legalizado—, el Estado debe reasumir su compromiso y obligación de otorgar plazas de nueva creación a todos los egresados de las Normales públicas, reivindicando el derecho inalienable, como trabajadores al servicio del Estado, a la seguri-dad de la definitividad laboral, con derecho natural a la jubilación y al disfrute de todos los derechos laborales, constitucionalmente consagrados.

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Por otra parte, la necesidad de recuperar el sentido y significado sociales y profesionales del magisterio ha-cen imperativo hacer cambios radicales en los criterios y procedimientos para la selección de los alumnos de nuevo ingreso a las Normales; ello implica, de entrada, eliminar los exámenes estandarizados que se limitan a medir conocimientos o, incluso, actitudes en abstracto; en su lugar, deben privilegiarse criterios y procedi-mientos eminentemente cualitativos, vinculados con la naturaleza social de la carrera magisterial.

Programas de apoyo a los estudiantes

En la programación presupuestaria deberá preverse el suministro económico para la instauración inme-diata de un programa de apoyos para el desarrollo académico y la formación de los estudiantes norma-listas, de tal manera que además de fortalecer las becas existentes, pero previendo su entrega oportuna y directa, se destine lo necesario para que los alumnos se formen de manera integral. Un principio inalie-nable es que la salud es la base del aprendizaje. Por ello, es indispensable que los normalistas dispongan de un buen servicio médico y apoyo psicológico; de Internet en su escuela, de una biblioteca —funcional y acogedora— con riqueza en su acervo bibliográfico; que cuenten con becas alimenticias y comedores dignos, con espacios y equipo para trabajar en computadoras e imprimir gratuitamente o a muy bajo costo, acceso a espacios culturales y de educación física, transporte de la institución, materiales para prác-ticas, acceso real a tutorías académicas, incluso —como se hizo en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, hacia 2001-2009— debe verse la posibilidad de apoyar a las alumnas que son madres para que sus hijos sean atendidos por los CENDIs y primarias cercanos a su escuela Normal. Aunque pa-rezca absurdo, las Normales deben garantizar el acceso de los alumnos a los sanitarios, ya que ni están dis-tribuidos proporcionalmente, ni cuentan siempre con el servicio de agua o incluso permanecen cerrados. En el caso de CDMX y otras megalópolis, deben promoverse los ajustes necesarios para que la estructura de las escuelas, sus horarios de trabajo y los criterios de asignación de escuelas de práctica se flexibilicen, con base en las condiciones de domicilio y traslado de los normalistas.

Elaboración/Actualización del Marco Normativo

A partir de la definición de los principios generales que deben caracterizar la nueva estructura y gestión de las escuelas Normales, y paralelo al proceso organizativo del Congreso, debe desarrollarse un proceso constructivo que permita elaborar, o actualizar en su caso, el Estatuto Orgánico de cada Normal, común en lo que corresponde, a nivel nacional, a los principios filosóficos, éticos, pedagógi-cos y de organización escolar, y particular en lo que corresponde a la características de cada escuela, por su modalidad, y especificidad cultural. De manera complementaria, deberá asumirse el compro-miso para la elaboración/actualización del Manual de Organización y Funciones. Este marco, y los Estatutos orgánicos, deben establecer lo relativo al proceso para elección de los directores y subdi-rectores de las Normales —basado fundamentalmente en la presentación y réplica de proyectos de gestión—, de igual manera deben quedar claramente definidas sus funciones, responsabilidades y periodo máximo de su gestión.

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Nuevo esquema laboral

Una verdadera transformación de las Normales tiene que partir de la revitalización académica de las líneas estratégicas de acción institucional desarrolladas a través de la sinergia de las comunida-des que implica claridad, compromiso y responsabilidad en el logro de las metas; pero ello pasa, necesariamente, por un clima laboral basado en la legalidad y la igualdad. Ello implica, por un lado, el establecimiento de principios laborales que garanticen la premisas del salario digno y del cum-plimiento del lema “a trabajo igual, salario igual”; en consecuencia, debe revisarse el Reglamento interior para el personal académico del subsistema de educación Normal para, en principio, hacer cumplir el procedimiento de concurso de oposición abierto, para el ingreso a la Institución como docente; ello implica hacer los ajustes para que se eviten los vicios que se han generado en los con-cursos realizados; implica además hacer las auditorías para detectar si los nombramientos otorgados por la SEP —para el caso de los maestros de inglés—, o por los directores, se apegan a la legalidad. La tarea será emitir un nuevo reglamento que elimine procesos viciosos y la prevalencia de inequidades y formas de exclusión laboral; ello obliga a revisar, y en su caso redefinir los esquemas de salarios complementarios vinculados a certificaciones por producción académica (por ejemplo, el Estímulo al Desempeño Docente) con el propósito de generar un nuevo esquema laboral que brinde salario digno sobre la base de la igualdad, la colaboración y la producción académica por compromiso, en lugar de los esquemas de salario complementario, exclusivo para los maestros de tiempo completo, y condicionado a la entrega de ciertos productos de la “docencia” que, según investigaciones y la experiencia que vivimos, han generado burocratización de la docencia, simulación, individualismo, competitividad negativa y una acentuada meritocracia. Un nuevo reglamento debe propugnar un compromiso para una vida académica basada en la colaboración, la interdependencia positiva y el compromiso con los ideales y principios de la institución

Revitalización académica de las Normales

Las escuelas Normales requieren no solo de un programa de fortalecimiento académico sino de su transformación integral y de su desarrollo académico e institucional. Para que este ideal se vuelva realidad, entendiendo su complejidad, se requiere un conjunto de acciones decididas de política educativa que tracen una ruta consistente, pertinente y trascendente para definir los retos y traba-jar coherentemente. De entrada y de inmediato es necesario sentar las bases de la organización, la gestión y la gobernanza de las escuelas Normales: el cumplimiento irrestricto de un código de ética que verdaderamente se asuma, y no solo sirva como discurso, el compromiso de promover el trabajo en función de la tarea histórica de la institución y del sentido y significado que le corresponden a la institución y a cada uno, todo ello basado en la construcción colectiva de un plan de desarrollo institucional y una gestión democrática.

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Una condición indispensable para promover esta necesaria revitalización académica radica en una evaluación y autoevaluación cualitativas en torno de las características y logros de la gestión, la pla-neación institucional, la estructura orgánica y participativa y la gobernanza desarrolladas por las ac-tuales autoridades de cada Normal. En el caso de CDMX, en virtud de que las autoridades educativas correspondientes al subsistema de educación Normal —incluyendo a la AEFCM, la DGENAM y los di-rectores de las Normales— llevan ya más de seis años en el cargo, deben ser relevados de inmediato, por motivos elementales de salud institucional y como condición para la revitalización académica.

La fuerte expectativa para la dinamización de la vida académica, reclama estrategias de corto, me-diano y largo plazo en los ámbitos y funciones sustantivas: pensar en este rubro plantea la necesidad imperiosa del desarrollo de grupos de investigación, proyectos editoriales, oferta de posgrados, pro-gramas más amplios e inclusivos de movilidad e intercambio académicos; implica pensar también en un amplio programa de actividades culturales que posibiliten que los futuros docentes de educación básica amplíen y enriquezcan su horizonte cultural.

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EN ENTREVISTAS O DECLARACIONES RECIENTES Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, ha enfatizado que se pondrá fin a pro-cesos de evaluación que impactan la vida laboral del docente (Aristegui Noticias, 2018). Este com-promiso ha sido reiterado ante los maestros en sus intervenciones al cierre de los foros para el Acuerdo Nacional sobre la Educación en el país (Acuerdo Nacional sobre la Educación, 2018). La cancelación de la evaluación del desempeño do-cente con fines de permanencia goza de un am-plio consenso y es ya uno de los puntos clave del acuerdo educativo que se pretende construir.

Se sostiene que, en esta nueva era de la edu-cación mexicana, se partirá de la revalorización del magisterio mexicano. Una de las políticas estratégicas de esta revalorización será priori-zar la “capacitación” docente. Se adelanta que, en el próximo sexenio, la idea será centrar el esfuerzo educativo en tener mejores maestros vía la “capacitación”.

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Aprendizaje profesional docente: propuesta de acuerdo legislativo

Graciela Cordero Arroyo*

En la formulación de un nuevo instrumento que regule la carrera docente es importante considerar que la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) (SEP, 2013) no solo contiene disposi-ciones con respecto a la evaluación docente, también tiene artículos que norman la formación de profesores. En este texto señalaré algunos artículos de la LGSPD que tendrían que ser revisados ante la tarea de definir políticas docentes centradas en la formación del profesorado.

Formación inicial del profesorado

El artículo 24 de la LGSPD estableció que pueden concursar para ingresar al servicio como maestros de preescolar y primaria todas las personas que cumplan con el perfil y requisitos sin demérito de ori-gen, residencia, lugar o formación profesional, poniendo como única condición que esta formación sea en áreas afines a la formación docente pedagógica (SEP, 2013).

En el país existe una gran diversidad de licenciaturas “afines” a la formación pedagógica.1 Sus perfiles profesionales distan del requerido para el trabajo en los niveles educativos ya mencionados. Al tener competencias profesionales distintas, ingresan al SPD con deficiencias en el dominio del plan, pro-gramas de estudio y enfoques curriculares, así como en didácticas específicas y sin un acercamiento sistemático a la práctica docente.

* Investigadora Titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

1 Entre estos perfiles se encuentran, por ejemplo, egresados de licenciaturas en pedagogía, ciencias de la educación, planea-ción educativa, psicología educativa, intervención educativa, entre otras.

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Una consecuencia de la posibilidad de que los egresados universitarios concursen para ser maestros de educación preescolar y primaria generó, entre otros factores, la reducción de la matrícula de las escuelas Normales en el país (Carro, 2017; García-Poyato, Cordero y Jiménez, 2017). Entre los casos más críticos están Sinaloa y Tabasco cuyas escuelas Normales públicas han tenido un descenso de matrícula de más del 40%; en Coahuila y Colima su descenso de matrícula es de más del 50%. En el caso de la licenciatura en educación primaria, los estados que han tenido mayor descenso de matrí-cula de escuelas Normales públicas son Baja California, Guanajuato y Colima (SIBEN, 2017).

Formación del profesorado en servicio

La LGSPD estableció que los procesos de ingreso, promoción y permanencia debían tener esquemas específicos de formación (SEP, 2013). Veamos los casos concretos:

• La formación posterior al ingreso al servicio para los profesores noveles es la tutoría (artículo 22).

• La formación indicada posterior a la promoción en la función directiva es un periodo de in-ducción para cursar programas de desarrollo, liderazgo y gestión (artículo 27).

• La formación posterior a la promoción a la función supervisora son procesos de formación que determinen las Autoridades Educativas Locales (artículo 29).

• La formación indicada para los asesores técnico-pedagógicos (ATP) promocionados son cur-sos de actualización profesional (artículo 41).

• La modalidad formativa posterior a la evaluación del desempeño con fines de permanencia con resultado insuficiente es la regularización con esquema de tutoría (artículo 53).

Un aspecto que no ha sido adecuadamente analizado es cómo todas estas disposiciones de la LGSPD se vieron afectadas por el alto impacto de los resultados de la evaluación docente en la vida laboral del docente. La formación indicada no se impartió en los términos que marca esta ley. En la práctica, la preocupación por la evaluación definió un sentido para la formación que no estaba originalmente previsto. La “capacitación” fue vista como un entrenamiento para pasar un examen, o se le identi-ficó como un castigo por los resultados de una evaluación calificada como insuficiente (Cordero, Jiménez, Navarro-Corona y Vázquez, 2017). Puede observarse también que en ningún artículo de la LGSPD está indicado cursar estudios de posgrado. De ahí que, en el contexto de la reforma educativa actual, los posgrados en educación fueron desestimados.

Otra opción formativa que introdujo la LGSPD fue el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) (artículos 17, 18 y 19). El SATE es el “conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados al personal docente y personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional do-cente y el funcionamiento de la escuela” (SEP, 2013, p. 4). Es una modalidad de formación in situ, es decir, situada en la escuela.

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A pesar de su importancia, este servicio para la mejora escolar, no se pudo concretar por varias razones. Uno de los problemas que más ha afectado el servicio de apoyo a las escuelas es la falta de asesores técnico pedagógicos. La LGSPD posibilitó que por primera vez se reconociera a este personal educati-vo en el marco normativo nacional (artículos 41 y 48) y se especificó que no debían realizar funciones administrativas (artículo décimo transitorio) (SEP, 2013). Sin embargo, en la práctica los asesores han enfrentado problemas en cuanto a sus concursos de promoción a la función asesora y un retraso consi-derable de las autoridades educativas locales para cumplir con sus compromisos de pago, a la vez que ha aumentado su horario de trabajo y funciones (Corral, 2017). Esto ha provocado que participen cada vez menos profesores en los concursos para ser ATP, dado que la función no resulta atractiva.

Acuerdo legislativo a favor del aprendizaje profesional docente

Si en este momento de transición se enfoca la mirada hacia políticas docentes centradas en la forma-ción de los maestros, es preciso buscar alternativas y modalidades formativas que vayan más allá de la “capacitación” que se instrumenta por medio de cursos o talleres (presenciales o en línea).

La inversión del Estado en cursos y talleres no ha dado los resultados deseados. La investigación ha demostrado que estas formas de “capacitación”, basadas en un modelo de entrenamiento tienen un impacto limitado en la mejora del trabajo del aula (Kennedy, 2005). Por otro lado, el concepto mismo de “capacitación”, usado generalmente para denominar a cualquier tipo de formación que se ofrece al maestro, es burdo y reduccionista. Es un concepto denigrante para los maestros si se les concibe como profesionales de la educación.

Como alternativa a estas modalidades ineficaces para actualizar y profesionalizar a los docentes, en los últimos años se ha avanzado en la investigación sobre el aprendizaje en el ámbito de trabajo (Hoekstra, Kuntz y Newton, 2018). La aplicación de estos planteamientos al campo educativo ha perfilado el concepto de aprendizaje profesional docente (APD), el cual enfatiza el carácter activo del profesor en el cambio de sus conocimientos, creencias y prácticas (Bleicher, 2013).

El APD es un proceso articulado con la práctica concreta de los docentes que se produce cuando los maestros:

construyen conocimiento relativo a la práctica, propia o de los demás. Para que dicha construcción se produzca, los docentes trabajan en comunidades de docentes, analizan y teorizan sobre su trabajo y lo conectan con aspectos sociales, culturales y políticos más amplios. En tal sentido asumen su responsa-bilidad en la construcción de un proyecto educativo basado en la igualdad, el respeto a la diversidad, la formación integral de las personas y la confianza en la capacidad de aprendizaje de los alumnos (Lom-bardi y Abrile de Vollmer, 2009, p. 64)

Ejemplos de este tipo de actividades son las siguientes: elaboración conjunta de planeaciones, ta-lleres para el intercambio de experiencias docentes, proyectos de docencia conjunta entre colegas, documentación de experiencias pedagógicas; sesiones de análisis de registros de clase, entre otras.

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De hecho, la LGSPD tuvo un tímido acercamiento a estas modalidades de formación que no pros-peró. En el capítulo “De la Mejora de la Práctica Profesional”, se planteaba la posibilidad de que la escuela organizara espacios físicos y de tiempo para que los maestros intercambiaran experiencias, compartieran proyectos y que hubiera trabajo en conjunto entre las escuelas de cada zona escolar (artículo 16) (SEP, 2013).

En la revalorización de la profesión docente que se impulsa en el sexenio entrante, es importante priorizar las oportunidades que tiene el maestro para su “aprendizaje permanente durante su carrera profesional” (UNESCO, 2014, p.2). El reto es construir un sistema que asegure el aprendizaje profe-sional docente en el marco de una formación inicial especializada de alto nivel académico, de una carrera docente socialmente reconocida y con condiciones dignas de trabajo. Un contexto favorable al APD sería contar con una perspectiva articulada entre formación inicial y formación continua en el ámbito federal y en las entidades federativas, con un sistema de apoyo y asesoramiento al do-cente que sí funcione a cargo de personal altamente especializado, y con tiempo laboral para que los maestros se formen en su contexto de actuación. Estas condiciones permitirán que la profesión docente vuelva a ser atractiva para los jóvenes ya que en el futuro próximo enfrentaremos un grave déficit de profesores de educación básica (INEE, 2015; Robles,13 de noviembre de 2018).

Se requiere un acuerdo legislativo para que la nueva regulación sobre la carrera docente no cargue con vicios que la “capacitación” tuvo en sexenios anteriores. Es importante que la formación no se convierta en moneda de cambio en esquemas de pago al mérito, ni en la obtención de un posgrado barato vía la acumulación de diplomas, ni en una política de “capacitación” que presuma de amplia cobertura sin tener ninguna evidencia de su impacto en el aula.

Si se espera que los maestros sean la base del desarrollo y que la nueva escuela mexicana sea, tal como lo ha señalado el nuevo secretario de Educación Pública, la “catedral del conocimiento, del aprendizaje y la justicia” (Acuerdo Nacional sobre la Educación, 2018, 1:30:26), es necesario que el nuevo instrumento que regule el servicio docente tenga como eje vertebrador el principio del aprendizaje profesional docente.

ReferenciasAcuerdo Nacional sobre la Educación (2018), Foro de Consulta Estatal participativa en Guanajuato 2018 [Video], recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=EQ-DY1kUUqs&t=4876s

Aristegui Noticias, (2018), Gobierno de AMLO no será apoyo ni obstáculo en regreso de Elba Esther: Esteban Moctezuma [Video] , recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=abCSx48gB6I

Bleicher, R.E. (2014), A collaborative action research approach to professional learning, Professional Development in Educa-tion, 40 (5), 802-821.

Carro, A. (15 de noviembre de 2017), Panorama educativo: el desastre que viene, Educación Futura, recuperado de http://www.educacionfutura.org/panorama-educativo-el-desastre-que-viene/

Cordero, G., Jiménez, J.A., Navarro-Corona, C., y Vázquez, M.A. (2017), Diagnóstico de la política pública de formación y desa-rrollo profesional del personal educativo de educación básica de la reforma educativa, México, INEE.

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Corral, O. I. (9 de agosto de 2017), El Asesor Técnico Pedagógico idóneo, en vilo, Educación Futura, recuperado de http://www.educacionfutura.org/el-asesor-tecnico-pedagogico-idoneo-en-vilo/

García-Poyato, J., Cordero, G. y Jiménez, A. (noviembre, 2017), ¿Por qué quiero ser profesor? Estudio exploratorio de las mo-tivaciones de estudiantes normalistas de Baja California. Trabajo presentado en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa, San Luis Potosí, México.

Hoekstra, A., Kuntz, J. y Newton, P. (2018), Professional learning of instructors in vocational and professional education, Professional Development in Education, 44 (2), 237-253.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE] (2015), Los docentes en México, México, INEE.

Kennedy, A. (2005), Models of Continuing Professional Development: a framework for analysis, Journal of In-service Educa-tion, 31(2), 235-250.

Lombardi, G y Abrile de Vollmer, M.I. (2009), La formación docente como sistema: de la formación inicial al desarrollo pro-fesional. Reflexiones a partir de la experiencia argentina, en C. Vélaz de Medrano y D. Vaillant (Coords.), Aprendizaje y desa-rrollo profesional docente, España, OEI-Fundación Santillana.

Robles, I. (13 de noviembre de 2018), Prevén para 2023 déficit de maestros, El Norte, recuperado de https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1538519&urlredirect=https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1538519

Secretaría de Educación Pública (2013), La Ley General del Servicio Profesional Docente, recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013

______________ (2017), Estadísticas del ciclo escolar 2016-2017, Sistema de Información Básica de la Educación Normal [SIBEN], recuperado de http://www.siben.sep.gob.mx/

UNESCO (2014), Políticas docentes como desafío de Educación Para Todos más allá de 2015, recuperado de http://www.unes-co.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Apuntes-2014-n1-carlos-eugenio-beca-esp.pdf

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UNO DE LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS CUALES SE aborda el desarrollo de la formación inicial y continua en esta propuesta es el desarrollo in-tegral del territorio, donde se busca responder a las distintas dimensiones de este, empezan-do por el análisis sobre el individuo y su desa-rrollo personal, seguido por su inserción en la sociedad, lo cual incluye los espacios que ha-bita, su arquitectura, cultura y expresiones ar-tísticas, así como los recursos con que cuenta para su desarrollo, entre otros.

Autores como Boisier (2004) plantean la nece-sidad de modificar el paradigma mediante el cual se analiza el concepto de desarrollo, pa-sando de una visión positivista a un paradigma de la complejidad y el constructivismo, en don-de el desarrollo territorial tiene como principal objetivo potenciar las capacidades cognitivas del individuo para transformarlo en un ser hu-mano íntegro.

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El papel de la Universidad Pedagógica Nacional en la formación inicial y continua para profesores: retos y oportunidades

Adalberto Rangel Ruíz de la Peña*J. Javier González Monroy**

Bajo esta visión, y en el tema que nos ocupa, se requiere dejar de esperar que de alguna manera se articulen la oferta educativa de formación inicial de profesores y de educación continua con la es-tructura productiva que domina la sociedad.

El diseño de políticas públicas en el campo de la formación profesional debe de reconocer que el espacio físico o sea el “territorio” es social porque en él se desarrollan relaciones sociales de produc-ción y es también el espacio de la organización de la familia. Por ello se refiere al espacio como una construcción y un producto social que surge tanto de la urgencia de cubrir las necesidades básicas del individuo en el territorio como de establecer un punto de encuentro entre las personas que habitan el territorio y los procesos que ahí se desarrollan. En esta perspectiva las políticas del nuevo gobierno en torno a la formación de profesores deben responder al contexto tanto de los entornos locales como de los globales.

Para alinear la formación docente con el nuevo modelo educativo, en el inicio del ciclo escolar 2018-2019, se puso en marcha una “Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Norma-les” (SEP, 2017), la cual pone en el centro del debate el tema de la formación inicial de profesores y el de la educación continua. Frente a esa iniciativa surgen las siguientes preguntas, que es importante empezar a discutir: ¿Qué ciudadano se necesita para construir el México del futuro y qué profesor se

* Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco.

** Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, Tijuana, Baja California.

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requiere para formar a ese ciudadano? ¿Qué perfil debe tener el profesor que va a enseñar a apren-der a aprender? ¿Con qué conocimientos y habilidades docentes debe egresar para enfrentar los rezagos que hay en la educación? ¿Cómo formar a las nuevas generaciones en las condiciones de rezago y abandono social en que se encuentran insertas el grueso de las escuelas del país? ¿Cómo involucrar a la familia en la formación de los niños y jóvenes? ¿Qué hacer frente a la descomposición social provocada por la violencia existente en el país?

Además de lo anterior, el Modelo Educativo 2017 (SEP, 2017) establece que el “propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informa-dos, capaces de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y del mundo [...] en un mundo tan cambiante, los pilares de la educación para el siglo XXI son aprender a aprender y a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender hacer”. Difícilmen-te se puede estar en contra de dichos propósitos, pero desafortunadamente estos parecen ser buenos deseos que se quedan en el discurso y en el papel, pues resolver la crisis en la que navega la educación como consecuencia de la aplicación a rajatabla de las políticas neoliberales fue y sigue siendo el motivo principal de los cambios educativos en México y no la necesidad de construir un proyecto de nación que tome en cuenta nuestra historia y cultura, particularmente la que surge de los pueblos originarios, que potencie los recursos naturales y la energía de una generación de jóvenes que se viene perdiendo por las condiciones de desigualdad, exclusión, violencia, delincuencia y falta de oportunidades para una forma-ción integral que les permita insertarse de mejor forma en el mundo globalizado.

Aún y con los aportes conceptuales que hace el nuevo modelo educativo —puesto en práctica de manera muy limitada en este ciclo escolar— se hace necesario someterlo a un profundo proceso de revisión, para marcar de manera clara el rumbo que debe tener la educación en un país con tantos problemas y rezagos sociales, inmerso en una sociedad globalizada y con un desarrollo tecnológico que ha simplificado los procesos productivos, margina la mano de obra no calificada y exige elevar las competencias académicas con especial atención en la formación para insertarse en un mercado laboral estrecho, en detrimento de la formación integral para la vida y para la paz. Así se dará paso a las nuevas profesiones que el mundo actual exige y que tienen que ver con la salud, las artes, el deporte, el entretenimiento y la cultura en general.

Un nuevo modelo debe interpelar a los actores centrales de los procesos de enseñanza y aprendi-zaje (alumnos y profesores) para colocarlos en el centro de la acción educativa. En esa tesitura las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes tienen que jugar un papel central y someter a revisión los planes y programas de estudio en curso, con objeto de reorientar al tipo de profesionales de la educación que es necesario formar. Además, es imperativo actualizar y armonizar las mallas cu-rriculares entre las instituciones formadoras de docentes (Normales), profesionalizadoras (UPN) y de educación continua, esto bajo un esquema de participación colectiva que considere las diferentes regiones del país y sus particularidades. Estas acciones deberán ser abordadas en forma inmediata para darle congruencia a los procesos de formación del magisterio.

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Dado el avance del conocimiento en las últimas décadas se hace imperativo la revisión de fondo del tema de los formadores de docentes. Se requiere revisar cómo y dónde se forman los mismos para identificar sus competencias; para su profesionalización es necesario el establecimiento de criterios y procesos como el concurso de oposición en las escuelas Normales que permitan mejorar los perfiles de los profesores, el desempeño en el aula y establecer cursos de formación y educación continua, considerando diversas disciplinas e instituciones de educación superior y, finalmente, es necesario que para cualquier proceso de promoción se sitúe el criterio de la formación académica por encima del criterio de antigüedad.

En la lógica anterior, la UPN, sus 3 universidades estatales, la Unidad Ajusco y las unidades UPN de la Ciudad de México, las 70 Unidades y sus cerca de 200 subsedes distribuidas en todo el territorio na-cional se han venido preparando para contribuir en la formación de un nuevo ciudadano desde las acciones educativas. A 40 años de la emisión de su decreto de creación, la UPN y el conjunto de sus Unidades están trabajando en su refundación, a través de la propuesta de un nuevo modelo educati-vo, un nuevo proyecto académico y una nueva figura jurídica que le permita autonomía académica, técnica, de gestión y financiera para enfrentar los retos que plantea la educación en nuestro país y que le permitan coadyuvar en la implementación de un nuevo modelo de formación y educación continua del magisterio y de profesionales de la educación que se requiere en este siglo XXI.

Hace 5 años un grupo importante de académicos y directores de las Unidades UPN del país se pro-puso la realización de un conjunto de tareas, tanto académicas como de gestión, para fortalecer a la UPN y sus Unidades. La estrategia que se siguió fue apoyar todas las acciones de fortalecimiento académico que se impulsaron por la autoridad y que son ampliamente reconocidas, siendo esto un claro ejemplo de la voluntad y madurez institucional alcanzada por los académicos y directivos de las Unidades. Otras lo son el Diseño del Programa del Doctorado Regional y el Rediseño de la Maes-tría en Educación Media Superior que se ofertan en la mayoría de las Unidades del país.

En julio de 2017, en el contexto del segundo Congreso Internacional de la Licenciatura en Interven-ción Educativa y de la Red Mexicana de Pedagogía Social, celebrado en Puebla, en reunión con los presidentes de los capítulos y académicos de diversas Unidades, se acordó una ruta de trabajo que empezó con la celebración, en Pachuca, Hidalgo, del Foro Nacional para la Refundación de la UPN, las Universidades estatales y sus 70 Unidades; se continuó con la celebración de reuniones con los respectivos equipos de los candidatos presidenciales, con el propósito de hacer visible a la UPN en la campaña electoral. Finalmente se realizaron una reunión de trabajo en el CREFAL (5 y 6 de julio) y la IX reunión Interregional, en Monterrey, Nuevo León.

Con gran satisfacción podemos afirmar que, gracias al esfuerzo y la capacidad de gestión y organiza-ción que se ha logrado desplegar por el equipo impulsor de estas iniciativas, la UPN y sus Unidades están consideradas dentro de la propuesta del nuevo gobierno, ya que así lo establece el decálogo que presentó Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, en San Pedro Guelatao, Oaxaca, el cual en el punto 5 establece: “Será prioritario fortalecer a las escuelas Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar métodos de enseñanza y aprendizaje y mejorar la calidad de

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la educación” (El Universal, 2018). Asimismo, en su Proyecto de Nación 2018-2024 se establece que “En el cambio del sistema educativo que se propone será indispensable un proceso de formación continua, la participación magisterial en una reforma a fondo de los planes y programas, así como el mejoramiento sustantivo de las condiciones de estudio y de trabajo en las escuelas Normales y las Universidades Pedagógicas” (Proyecto de Nación, 2017). Adicionalmente a este pronunciamiento, Esteban Moctezuma Barragán, manifestó recientemente en el estado de Tabasco que se tendrá que dar un “mejor presupuesto a las escuelas Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional” (SDP noticias.com, 2018). Lo anterior presupone que se ha logrado colocar a la UPN y sus Unidades en la agenda educativa.

A los posicionamientos ya mencionados, hay que agregar que se ha logrado abordar con el hoy Secretario de Educación, un conjunto de temas que incluyen la reflexión sobre la necesidad de for-mar un nuevo ciudadano, una nueva formación inicial y continua de docentes, temas a los cuales se requiere darles seguimiento.

A saber:

• Reflexionar y elaborar, de manera conjunta (SEP, UPN, Normales), la definición del tipo de ciu-dadano(a) que queremos formar, en una estrategia de colaboración interinstitucional.

• Desarrollar una propuesta de formación de formadores y de profesores.

• Trabajar una propuesta para un programa sobre desarrollo infantil.

• Elaborar un proyecto de formación de profesores indígenas, asociado al desarrollo de las len-guas originarias.

• Reorientar la formación de profesionales de la educación en una vinculación más cercana a la sociedad.

• Reconocer el inglés y las lenguas originarias en una condición de igualdad.

• Instrumentar una propuesta para que los dreamers retornados, puedan ser formados como profesores(as) bilingües.

• Propuesta para la formación de directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos.

• Instrumentar dispositivos institucionales y sociales para favorecer la convivencia escolar y social.

• Proponer la participación en los procesos de evaluación del sistema educativo nacional, es-tatal y municipal.

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Por otro lado, en la frontera norte es importante contar con un currículum bilingüe y binacional para la formación de profesores. En esta materia, por ejemplo, la UPN de Tijuana, las Normales, la Univer-sidad de California en San Diego (UCSD) y la Universidad del Estado San Diego (SDSU) vienen traba-jando conjuntamente para hacer realidad ese anhelo y atender a la población estudiantil migrante repatriada, que en la actualidad suman más de 60 mil, solo en el estado de Baja California.

La política educativa del nuevo gobierno y las declaraciones hechas, tanto por el presidente de la república, como por el hoy secretario de Educación Pública, hacen ver menos incierto el futuro de la UPN y sus Unidades. Sin embargo, se requiere seguir desplegando acciones e iniciativas encamina-das a lograr los objetivos planteados en la refundación: contar con un nuevo modelo educativo, un nuevo proyecto académico y un nuevo decreto de creación que dé a la UPN sus Unidades y Univer-sidades estatales estabilidad jurídica y autonomía académica, técnica y de gestión.

ReferenciasBoisier, S. (2004), Una revisión heterodoxa del desarrollo (territorial): Un imperativo categórico, en Revista de Estudios Socia-les, CIAD, enero-Junio, vol.12, Núm. 23, México, p. 36.

El Universal (2018), Este es el decálogo de AMLO por la Educación y el Magisterio, México, 13 /05/2018.

Proyecto de Nación 2018-2024 (2017), Educación, Ciencia y Valores: Educación para todos, México, p. 386.

Secretaría de Educación Pública (2017), Modelo Educativo. Escuelas Normales. Estrategia, fortalecimiento y trasformación, México.

Secretaría de Educación Pública (2017), Modelo Educativo Para la Educación Obligatoria, Educar para La libertad y la creativi-dad, México, pp-58-63.

SDP noticias, (2018), Promete Moctezuma Presupuesto a Normales y UPN, México, 18/09.

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MATEMÁTICAS, ¿PARA QUÉ? ES UNA PREGUNTA central que permanentemente hago a los do-centes con los que tengo la oportunidad de trabajar. Cuando, por ejemplo, me responden que sirven para poder ir al mercado les respon-do, como abogado del diablo, que la matemá-tica necesaria para ir al mercado debería estar clara para un niño de diez años, pero el sistema educativo tiene matemáticas en todo el tra-yecto escolar. Debemos considerar para qué queremos que un joven estudie, por ejemplo, álgebra o geometría analítica.

El matemático Cassius J. Keyser dice “las mate-máticas son la ciencia y el arte del pensamiento riguroso”; podemos decir que la aplicación de las matemáticas es la aplicación del pensamiento riguroso. Mi hijo, el filósofo, pregunta “¿Cuáles son los retos globales, humanos y de interde-pendencia en los que México, y, por lo tanto, los mexicanos pueden impactar desde el uso consciente del arte del pensamiento riguroso?”

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El cambio de paradigmas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas

Alejandro Javier Díaz Barriga Casales*

En las primeras entrevistas que me hacían cuando fui Presidente de la Sociedad Matemática Mexi-cana, afirmaba que el conocimiento de las matemáticas le permite al ser humano ser más feliz. La verdad es que he encontrado varios contraejemplos a esta afirmación, sin embargo, puedo asegurar que el conocimiento matemático proporciona una mejor calidad de vida. Las matemáticas en la for-mación del ser humano deben favorecer la adquisición y el desarrollo de formas del pensamiento. Nuestros jóvenes en el trayecto educativo, además de los contenidos propios de la materia a los que me referiré posteriormente, deben adquirir competencias como conjeturar, argumentar/demostrar, generalizar, modelar y desarrollar estrategias para la solución de problemas. Para abundar en qué consisten estas competencias daré algunos ejemplos.

Un hecho que significó un gran avance en la tecnología ocurrió en Reino Unido en el siglo XIX: el agua comienza a entrar a las minas de carbón debido a la profundidad a la que se está extrayendo, hay que sacar el agua y originalmente se hace manualmente. El ser humano, prácticamente desde que descubrió el fuego, hirvió agua; a alguien se le ocurre hacer una máquina que use la fuerza del vapor para sacar el agua. Posteriormente, alguien más hace una máquina de vapor que jale los vago-nes de pasajeros hasta entonces jalados por caballos.

Otro ejemplo más reciente: a alguien se le ocurrió poder bajar los cristales de los autos con un meca-nismo de engranes y una manivela; tiempo después a alguien más se le ocurre poner un motorcito que haga las veces de la mano que da vuelta a la manivela.

* Investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Como estos ejemplos podemos citar muchos más que no son respuestas a preguntas directas, sino que se observa el entorno y se conjeturan propuestas que simplifican nuestra vida.

Otra manera de conjeturar y que al mismo tiempo me permite ejemplificar el desarrollo de estrate-gias para la solución del problema, es cuando la solución no se encuentra siguiendo un algoritmo. Por ejemplo, si un padre o madre de familia en cita con un psicólogo le comenta que su hijo de 6 años está volviendo a mojar la cama, el psicólogo para encontrar las causas de esta regresión con-ductual tiene que armar una estrategia (entrevistar al padre, a la madre, juntos, separados, jugar con el niño algunos juegos, etc.). Posteriormente tratará de validar sus respuestas al problema y, a lo mejor, simultáneamente irá encontrando formas de solucionarlo.

En mis cursos frecuentemente presento estas igualdades:

1262 = 15876

1163 = 1560896

7161 = 716

166 = 16777216

La primera pregunta es: ¿qué observas? Y oriento para que se enuncien verbalmente las conjeturas; luego les solicito que enuncien la conjetura usando símbolos, es decir, haciendo uso del lenguaje algebraico. Les solicito el enunciado con cierto rigor, dependiendo del nivel educativo en el que estoy. Tienen una proposición que es una conjetura, les pido que digan cómo podemos validarla y solicito argumentaciones, en su caso, hasta la demostración formal usando inducción matemática. En consecuencia esa conjetura ahora ya es un teorema de nuestra teoría.

A continuación les pregunto si es posible generalizarla, es decir, qué pasa con potencias naturales de números naturales terminados en otro dígito; al observar que no se puede generalizar a todos los dígitos, pregunto para cuales dígitos es cierto. Y pregunto si puede encontrarse una conjetura y enunciarse para las potencias naturales de los números naturales terminados en siete. Para ayudar, en ocasiones pregunto en que dígito termina, por ejemplo, 71345.

El lector puede ver que hay que conjeturar, usar correctamente el lenguaje verbal, el algebraico, argumentar, generalizar e ir un poco más allá al responder sobre los naturales terminados en siete.

He tenido estudiantes en el bachillerato que dicen van a estudiar para abogados y no necesitan las matemáticas, que debería aprobarlos y ¡ya!. Les pregunto si saben lo que es un juicio. Un juicio es una argumentación con base en las leyes, reglamentos y casos que hayan causado jurisprudencia para ha-cer ver que a quien representa el abogado tiene la razón. Tendríamos que ver que la argumentación por excelencia es la deductiva, y en matemáticas hay posibilidades de presentar a nuestros estudiantes pequeñas argumentaciones deductivas y es bastante más fácil que argumentar en otros lugares, dado que las matemáticas están basadas en una lógica binaria “y no depende del cristal con que se mire”.

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Adicionalmente, en nuestros cursos cada vez que resolvemos un problema deberíamos primero ha-cer reflexiones sobre la estrategia que utilizamos, y debemos observar si se nos ocurre qué gene-ralizaciones puede tener el trabajo que hemos desarrollado. Es claro que para la gran mayoría de las actividades humanas que realizamos, tener una buena estrategia nos permite ahorrar tiempo, esfuerzo, dinero, etc., de la misma manera cuando tenemos una estrategia o solución a alguna de nuestras actividades debemos ver si es aplicable en otras actividades.

Teniendo en la mira la búsqueda por parte del docente de promover siempre que sea posible la adquisición de estas competencias en nuestros estudiantes, éstas no se pueden adquirir sin ningún contenido matemático, en consecuencia tenemos que elegir los contenidos. Es claro que los conteni-dos deben estar apegados a las necesidades cotidianas de los estudiantes, dependiendo de su edad.

En el vecino país del norte, en el año 2008, el gobierno pidió a diferentes instituciones de educación (como la Universidad de Princeton, el National Council of Teachers of Mathematics, el MIT, entre otras), un estudio sobre el estado de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Este estudio está reportado en el documento The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel. A continua-ción, en forma breve expongo conclusiones a las que se llegó en este estudio:

• En el estudio se encuentran correlacionados el dominio por parte del docente del contenido matemático con los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. También se reporta que no se encontró evidencia de que la forma en que se enseñe (tradicional, constructivista, etc.) esté co-rrelacionada con el aprendizaje, marca que es necesario hacer más estudios en esta dirección.

Es claro, pese a lo que algunos pedagogos o matemáticos educativos afirman, no se puede enseñar lo que no se sabe, la propuesta didáctica debe ser desde la matemática, si se le da el guión a una persona para impartir una sesión de matemáticas y ésta maneja muy bien la pe-dagogía pero no sabe matemáticas, no puede guiar a los estudiantes cuando ellos proponen rutas alternas; algunas de ellas son correctas y el conductor de la sesión debe saber que no hay error en los razonamientos; algunas no lo son, el facilitador debe proponer el contraejem-plo para que el estudiante localice el error en su razonamiento.

• Se encuentra correlación entre el manejo de los contenidos de álgebra (el equivalente en nuestro país con el álgebra del nivel medio superior) por parte del estudiante, con el éxito para terminar una carrera profesional (cualquiera que sea ésta).

Yo tengo la hipótesis de que quien comprende el álgebra, su lenguaje, la teoría y re-suelve problemas, ha realizado conexiones neuronales que le permiten acceder a co-nocimientos posteriores, no nada más de matemáticas. Aclaro que no se afirma el razonamiento inverso, es decir, es posible adquirir estas capacidades sin tener conoci-mientos adecuados de álgebra. Para comprender el lenguaje algebraico es necesario te-ner una buena comprensión del lenguaje materno y a este propósito aprovecho para sugerir el regresar en las escuelas a la lectura de comprensión apoyada en la lectura en voz alta que les ayuda en la entonación y el uso adecuado de los signos gramaticales.

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Países como Francia han considerado, por ejemplo, regresar a hacer dictado en los salones de clase. Adicionalmente, se pueden proponer lecturas de divulgación de la ciencia (se cuenta con una gran cantidad de material impreso y en páginas de internet), solicitar resúmenes y críticas y discusiones sobre estas lecturas.

• La mayoría de los comentarios en matemáticas y ciencia en los Estados Unidos se enfocan en la competitividad económica nacional y el bienestar económico de los ciudadanos y de las empresas. Hay suficientes razones para ocuparse de estos aspectos, pero es aun más funda-mental reconocer que la seguridad de la nación y la calidad de vida (y no solo la prosperidad económica de la nación) están en juego.

• El estudio afirma que un aprendizaje con éxito se favorece cuando:

� Se manejan las matemáticas desde temprana edad. Considero que es importante el tra-bajo que hacen nuestros maestros desde preescolar y en los primeros años de primaria, trabajando en el desarrollo del pensamiento matemático de los niños.

� Se tiene claridad de los conceptos. Una manera (no la única) de favorecer esta claridad es solicitar que se escriban de manera clara y precisa los desarrollos matemáticos que nuestros estudiantes elaboren, además de favorecer que ellos expliquen estos desarro-llos. Lo que escriben y la claridad con la que lo hacen, pone de manifiesto cómo han comprendido estos conceptos.

� Se tiene dominio sobre los procedimientos. No es posible avanzar en el desarrollo de con-ceptos y aplicaciones si no se tiene este dominio; esto implica que hay que realizar varios ejercicios de algunos procedimientos para poder dominarlos. Cuando, por ejemplo, un futbolista quiere jugar bien, tiene que repetir ciertas rutinas de ejercicios para dominar téc-nicas, posiciones corporales, etc. La enseñanza de las matemáticas en algunas ocasiones se ha reducido a explicar el procedimiento y hacer uno o dos ejemplos, esta situación trae como consecuencia que el estudiante no pueda avanzar en el tema siguiente.

� Se efectúan de manera automática las operaciones básicas. Si bien es necesario que el estudiante comprenda el significado de cada una de las operaciones, también es indis-pensable que en cierto momento éstas ya las efectúe no nada más bien, sino en forma automática. Por ejemplo, si cuando uno está estudiando factorización de polinomios y se necesitan dos números enteros que multiplicados den doce y cuya suma sea siete, el estudiante debe manejar las tablas de multiplicar en forma automática y no solamente “de ida”, sino también “de vuelta”, (de ida quiero decir que se sabe las tablas de multi-plicar, de vuelta quiero decir que en automático puede responder si el resultado es 12, ¿cuáles son las posibles parejas de naturales cuyo producto es este número?). Una de las recomendaciones que oí recientemente por parte de la Secretaría de Educación Pública, era que no había que aprender nada de memoria, lo considero un disparate; ya en una plática que le oí a Ángel Díaz Barriga comentar al respecto, dijo “sin memoria no podría-

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mos ni siquiera regresar a nuestra casa cuando salimos de ella”. Si en clase de física es necesario despejar una incógnita en una ecuación y el estudiante no sabe en forma au-tomática realizar estos despejes, él se perderá en este procedimiento y no podrá poner la atención en lo que el profesor esté explicando, o lo que está buscando en la solución de algún problema. En gran cantidad de ocasiones se pierde el estudiante en otras ma-terias, como física, química, biología, ciencias sociales, etc. por no poder efectuar estas operaciones en forma automática.

• Finalmente, el estudio dice que el esfuerzo es fundamental para el aprendizaje. Aquí quiero hacer una consideración que me parece fundamental: se ha insistido en los derechos de los niños y se tiene razón en hacerlo, pero también nuestra sociedad tiene que insistir en las obligaciones que tienen con respecto a la sociedad, por ejemplo, tienen derecho a que se les enseñe, pero tienen obligación de esforzarse para aprender; tienen derecho a que se les respete, desde luego, pero tienen obligación de respetar. Uno de los problemas que va in crescendo en la educación de nuestra niñez es la falta de claridad sobre los derechos y obli-gaciones que tienen ellos para poder convivir en la sociedad. A los docentes les digo, mien-tras un estudiante no está dispuesto a esforzarse, en general a tener una actitud y deseo de aprender, cualquiera que sea la teoría pedagógica que quiera emplear, es inútil. Desde luego que un gran reto que tenemos los docentes es lograr que nuestros estudiantes tengan el de-seo de aprender y estudiar nuestra materia. Esto es de hecho el gran reto de nuestro sistema educativo, tiene que hacer grandes cambios para lograr esto y solicitar a los padres de familia y a la sociedad en general su colaboración para ello.

La evaluación

Sobre la evaluación y acreditación es necesario hacer algunas reflexiones: no encuentro literatura que hable sobre la diferencia entre la acreditación en el nivel básico y el nivel superior. En la formación obli-gatoria considero, por ejemplo, que los estudiantes deben conocer el cuerpo humano, pero que si un estudiante no sabe donde está el apéndice no decidiría eso solamente su acreditación, pero en un es-tudiante que va a ser profesional de la medicina considero grave este desconocimiento. Los estándares de calidad en las universidades se están abatiendo; en el caso particular de la enseñanza de las mate-máticas, en muchos lugares se ha reducido al manejo de software sin haber comprensión del estudian-te de lo que calcula este software. Esto ha traído como consecuencia que muchas veces no tienen lo que se llamaría “sano juicio” en decisiones que vemos en gran cantidad de actividades profesionales.

La acreditación muchas veces se decide como una suma de varias partes, por decir, n1 puntos por trabajos entregados, n2 puntos por asistencia, etc., se cree que el todo es la suma de sus partes; por ejemplo, si una persona quiere ser maestro de matemáticas y tiene diez en pedagogía, ocho en actitud, etc., pero cuatro en matemáticas, no debe aprobar, aunque la suma y/o el promedio dé un resultado aprobatorio. Algo parecido debe pasar en medicina, o en ingeniería.

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Vida cotidiana y matemáticas

Desde mi punto de vista, saber matemáticas es participar del quehacer matemático, estos conoci-mientos y estas competencias en la formación le permiten al ser humano tener forma de analizar de una mejor manera los problemas a los que se enfrenta, ser consciente de su libertad y de la respon-sabilidad que conlleva, apreciar otros valores diferentes a los económicos que le permitan acceder a una forma de vida más plena y tomar decisiones personales desde una perspectiva más amplia. Desde luego que las matemáticas solas no pueden hacer un ser humano con gran valía, otra vez, no es la suma de las partes la que hace un ser humano, son todos los factores que se tienen que dar en el trayecto educativo; afirmo que las matemáticas favorecen enormemente esta formación si no se reducen solamente a la operatoria de las mismas.

Para ello necesitamos de docentes que hayan participado de este quehacer matemático. Ángel Díaz Barriga en una plática a la que asistí dijo: “el maestro no es el problema, el maestro es parte de la so-lución”. La gran mayoría de nuestros docentes está comprometida con su tarea, debemos apoyarnos en su experiencia; solamente necesitamos apoyarlo y a lo mejor proporcionarle la formación que no se le ofreció en su carrera, para lo cual es necesario tener programas de muy diversa índole y temáti-cas, donde libremente puedan acceder a las competencias y conocimiento que consideran les hacen falta para realizar de mejor manera su labor docente.

Vida académica

La vida académica al interior de las escuelas y por zonas escolares debe enriquecerse. Deben pro-moverse reuniones entre docentes de la misma materia y entre docentes del mismo grupo, no sola-mente para discutir temas académico-administrativos, sino sobre el contenido de las materias y su importancia para los estudiantes, y para compartir sus experiencias didácticas.

Detección y seguimiento de talentos

Por último, debo mencionar que nuestro sistema educativo debe tener formas de detección y segui-miento de talentos, esto en diferentes direcciones (ciencia, arte, humanidades). Por ejemplo, en ma-temáticas debemos tener claro lo que queremos que todo ser humano conozca y sea competente, y debemos tener formas de detectar a niños y jóvenes que tienen un talento especial. Talento que no se cultiva es talento que se pierde (alguna doctora en ciencias sociales me decía que a veces es talento que aprovechan las fuerzas del mal, refiriéndose a narcotráfico y otras actividades delictivas). Y debemos tener formas para, una vez detectado ese talento, cultivarlo. En México hay gran talento matemático, en las olimpiadas internacionales de matemáticas para jóvenes de menos de dieciocho años estamos colocados, en los últimos años, en el primer tercio de la tabla de más de cien países participantes.

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En la gran cantidad de concursos internacionales en varias áreas del conocimiento (robótica, infor-mática, física), nuestro país es altamente competitivo. Los científicos que tiene el país tienen recono-cimiento internacional; es necesario aumentar su número para el desarrollo de la nación. Si logramos un sistema de detección y seguimiento de talento, estaremos fortaleciendo el desarrollo nacional a la vez que estaremos logrando que una gran cantidad de jóvenes encuentren flujo y un sentido de vida muy rico para ellos.

A manera de conclusión

Finalmente, debo decir que el objetivo de la educación es formar seres humanos; no es que nuestros jóvenes aprueben pruebas estandarizadas nacionales o internacionales. Países como Finlandia que ocupan los primeros lugares en este tipo de pruebas, no tienen como meta que esto suceda. La edu-cación debe ser en la libertad para la libertad.

ReferenciasCsikszentmihalyi, M. (2011), Fluir (Flow) Una Psicología de la Felicidad, Barcelona, Kairós.

Harari, Y. (2016), Homo Deus: Breve historia del mañana, Barcelona, Penguin Random House.

Laval, C., & Dardot, P. (2012), La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad neoliberal, Barcelona, Gedisa.

Romero Sotelo, M. (2016), Los orígenes del neoliberalismo en México. La escuela austriaca, México, Fondo de Cultura Econó-mica, UNAM/Facultad de Economía.

Yalom, I. (1980), Psicoterapia existencial, Barcelona, Herder.

National Mathematics Advisory Panel. Foundations for Success (2008), The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel, U.S. Department of Education, Washington, DC.

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EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNO DE LOS RETOS actuales más importantes de la humanidad y México es particularmente vulnerable a este fenómeno. Una herramienta fundamental para enfrentarlo es la educación, pues permite ad-quirir una cabal comprensión de sus causas, de sus consecuencias y de las acciones necesarias para resolverlo. Asimismo, la enseñanza de la ciencia es un ingrediente fundamental para crear una ciudadanía que comprenda mejor y participe informadamente en la solución de los problemas del mundo en que vivimos.

Desde 2010 el Centro Mario Molina, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-nología, ha desarrollado materiales didácticos para docentes y estudiantes de secundaria y bachillerato (ecología, química y física), mis-mos que son gratuitos y de acceso libre (http://centromariomolina.org/libro/). Los materiales orientan los contenidos de las asignaturas de ecología, de química y de física hacia el tema

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La enseñanza del cambio climático desde la ciencia

Wendy García Calderón*

del cambio climático, proporcionando al docente una alternativa para acercar a sus estudiantes a co-nocer los conceptos propios de su disciplina, al mismo tiempo que les ofrece las bases para construir el pensamiento crítico: la observación, el registro y el análisis de la evidencia.

Los materiales implican la aplicación del modelo pedagógico indagatorio, el uso de herramientas tec-nológicas y una visión tridimensional de la enseñanza de la ciencia, por lo que se requiere de una mayor instrucción del docente. Por esta razón el Centro desarrolló un diplomado para la enseñanza del cam-bio climático, con una duración de 120 horas y que consta de tres módulos. Aun cuando la mayoría de las actividades son en línea,1 el proceso de inducción presencial es clave para garantizar que todos los participantes cuentan con los conocimientos básicos del manejo de las herramientas digitales; tam-bién se proporciona asesoría telefónica y por otros medios de comunicación, facilitando al docente la apropiación del conocimiento y reforzando su confianza en el uso de las herramientas digitales.

Desde 2013 el Centro ha trabajado con docentes de diferentes modalidades de secundarias públicas en Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, y desde 2016 con docentes de todo el país adscritos a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológi-ca, Industrial y de Servicios (UEMSTIS), antes Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.

* Coordinadora de Educación en Cambio Climático en el Centro Mario Molina.

1 La modalidad en línea permite flexibilidad para los horarios de los docentes, el rápido acceso a la información de los temas a revisar, la ágil y permanente comunicación entre los participantes y facilitadores, la constante retroalimentación a los trabajos elaborados por los participantes, el permanente apoyo técnico para trabajar en la plataforma y el uso eficiente de diversas herramientas como el chat, el foro de discusión y las videoconferencias que, en conjunto, contribuyen a lograr espacios de reflexión grupal y trabajo colaborativo.

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A través de los procesos de acompañamiento permanente en la formación docente y de seguimien-to en la intervención curricular con los estudiantes, se ha comprobado que se refuerzan y desarrollan habilidades y conocimientos para:

• Facilitar la comprensión básica de la ciencia del clima en su práctica educativa.

• Aplicar el modelo pedagógico indagatorio.

• Realizar experimentos que les permiten visualizar alternativas para abordar conceptos com-plejos con sus estudiantes.

• Ejecutar simulaciones interactivas para enriquecer los temas de las lecciones y su aplicación con los estudiantes.

• Reflexionar sobre las consecuencias que el cambio climático genera a la sociedad y a los eco-sistemas.

• Promover acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático.

• Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el cambio climático a su vida cotidiana.

• Colaborar con sus pares sobre las actividades de aprendizaje.

Los elementos del programa educativo

Modelo pedagógico indagatorio (enseñanza activa)

La importancia de la enseñanza de la ciencia es fundamental para que un país transite hacia el desarro-llo económico y cultural de la sociedad del conocimiento (OECD, 1999). Es necesario que la educación científica sea efectiva y relevante para un mayor número de personas y para un sector más amplio y di-verso de la población. En el prefacio del reporte Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8, Carl Wieman y Jean Moon señalan que la educación científica debe ser para “todos” desde niños. Existe un amplio consenso en que todos los niños deben aprender a leer y a escribir, pero es menor cuando se refiere a la “alfabetización científica”. Para lograrla se requiere transformar la manera de pensar de los estudiantes —de manera que puedan entender y usar la ciencia tal como lo hacen los científicos—, tomar en cuenta las aportaciones de las investigaciones sobre cómo aprenden las perso-nas y, particularmente, sobre cómo aprenden ciencias (National Research Council, 2007).

Los hallazgos de la ciencia cognitiva indican que el cerebro humano puede retener como máximo alrededor de siete diferentes tópicos y puede procesar un máximo aproximado de cuatro ideas si-multáneas en la memoria a corto plazo.

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Esta limitada capacidad no es tomada en cuenta en la educación tradicional, en la que se espera que los estudiantes retengan y procesen un número mucho mayor de ideas y conceptos. No hay congruencia entre los resultados de la investigación y los planes y programas educativos, lo que explica que los es-tudiantes solo asimilan una pequeña fracción de lo que se les presenta en clase (Everaert, 2013).

La enseñanza tradicional de la ciencia se concentra en los conocimientos factuales o conceptuales, con el supuesto implícito de que la forma de pensar de los expertos en alguna materia surge es-pontáneamente. Sin embargo, la ciencia cognitiva indica que los estudiantes necesitan desarrollar formas de pensar como expertos, por medio de esfuerzos mentales amplios y enfocados, de manera que logren tener un conocimiento conceptual y una organización mental para recuperar y aplicar de manera efectiva ese conocimiento, así como para autoevaluar su comprensión sobre un tema. Además, la ciencia señala que las nuevas formas de pensamiento siempre se construyen sobre pen-samientos previos del individuo.

Gran parte de la investigación en ciencias educativas y cognitivas se puede reducir en el siguiente principio básico: las personas aprenden creando su propia comprensión o entendimiento. Sin embargo, esto no significa que deban o puedan hacerlo sin ayuda. La enseñanza activa facilita dicha creación al involucrar a los estudiantes en el pensamiento profundo sobre el tema a un nivel apropiado, y luego al monitorear ese pensamiento y guiarlo hacia el que desarrollan los expertos.

En resumen, la enseñanza activa implica interactuar con los estudiantes, no para buscar transmitir el conocimiento del docente, sino para dar respuesta a sus preguntas y necesidades en torno al fenó-meno de estudio. Los estudiantes invierten una cantidad importante del tiempo de clase en activi-dades que requieren que procesen y apliquen activamente la información discutiendo y resolviendo problemas con compañeros (Freeman, 2014). Esta es la razón por la que el proyecto de educación en cambio climático del Centro Mario Molina se desarrolló basado en el modelo pedagógico inda-gatorio, que brinda el enfoque metodológico y las estrategias necesarias para ofrecer a los estudian-tes oportunidades de aprendizaje más efectivas. El diseño de las actividades del aprendizaje activo simula la resolución de problemas auténticos y, por lo tanto, la enseñanza con estos métodos suele requerir más instrucción del docente.

El papel de la tecnología

La experimentación de laboratorio es esencial para la enseñanza activa, además de ser un compo-nente crítico de la educación científica. Varios estudios señalan que puede mejorar las destrezas del proceso científico y el conocimiento del contenido de los estudiantes. Existe un inconveniente con los laboratorios prácticos tradicionales y son los altos costos asociados con el equipo, el espacio y el mantenimiento, sin embargo, existen sitios virtuales públicos con cientos de laboratorios disponi-bles (Galan, 2017).

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La literatura muestra evidencia muy robusta de que las simulaciones enriquecen la instrucción en disciplinas como la física y la química, ya que promueven la exploración, facilitan el razonamiento (cualitativo y cuantitativo, así como hábitos del pensamiento computacional), además de fomentar el trabajo en equipo (Liu Chia-Yu et al., 2017).

Los laboratorios basados en microcomputadoras (LBM) logran reducir el tiempo en la recolección y visualización de datos y ayudan a los estudiantes con el trazado gráfico y la resolución de problemas, lo que aproxima el trabajo de laboratorio a las experiencias de los científicos en el mundo real (Liu Chia-Yu et al., 2017).

Diferentes estudios indican que la combinación de herramientas modernas de adquisición de datos y una herramienta de modelado, proporciona un enfoque alternativo y significativo para hacer la-boratorios a nivel bachillerato. Adicionalmente, estos laboratorios utilizan nuevas tecnologías como smartphones, asistentes digitales personales, Bluetooth o sistemas de información geográfica en ex-perimentos (Liu Chia-Yu et al., 2017) y, de acuerdo con diferentes estudios, permiten a los estudiantes:

1. Experimentar un proceso realista de investigación científica.

2. Dedicar más tiempo y esfuerzos a analizar y explicar resultados experimentales, ahorrando mucho tiempo en la recopilación y el trazado de datos.

3. Fortalecer las habilidades matemáticas, al mostrar en varias representaciones los datos expe-rimentales.

4. Trazar y analizar las variables seleccionadas casi instantáneamente, proporcionando una re-troalimentación rápida.

5. Ajustar sus hipótesis y establecer vínculos entre un fenómeno físico y los datos asociados.

Con estas claves, los estudiantes son capaces de revisar y mejorar la comprensión de los conceptos reduciendo los errores conceptuales y ejerciendo así sus habilidades de modelado científico, al mis-mo tiempo que se aprovechan los avances tecnológicos.

La enseñanza tridimensional de la ciencia

En el reporte Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts and Core Ideas se describe lo que significa ser competente en ciencia, para lo cual se parte de una visión de la ciencia como un cuerpo de conocimientos y como la capacidad de construcción de modelos y teoría basada en la evidencia que continuamente extiende, refina y revisa el conocimiento. Para lograr la compe-tencia en ciencia se destacan tres dimensiones: los conceptos centrales de las disciplinas, los concep-tos transversales y las prácticas de ciencia e ingeniería (National Research Council, 2012).

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Conceptos centrales. Con ellos se busca que los planes de estudio, la instrucción y las evaluaciones se enfoquen en los aspectos más importantes de la ciencia. Para ser considerados centrales, los concep-tos deben cumplir al menos dos de los siguientes criterios (e idealmente los cuatro):

a) Tener importancia en múltiples disciplinas científicas o de ingeniería, o ser un concepto orga-nizador clave de una sola disciplina;

b) Proporcionar una herramienta clave para comprender o investigar ideas más complejas y resolver problemas;

c) Relacionarse con los intereses y las experiencias de vida de los estudiantes, o con inquietudes sociales o personales que requieren conocimiento científico o tecnológico;

d) Tener la posibilidad de enseñarse y aprenderse en múltiples grados, a niveles crecientes de profundidad y sofisticación.

Estos conceptos centrales se agrupan en cuatro dominios: las ciencias físicas, las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra y el espacio, y la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones de la ciencia.

Conceptos transversales. Son aquellos que tienen aplicación en todos los dominios de la ciencia. Incluyen patrones; causa y efecto; escala, proporción y cantidad; sistemas y modelos de sistemas; energía y materia; estructura y función; y estabilidad y cambio. Deben hacerse explícitos para los estudiantes porque proporcionan un esquema organizativo para interrelacionar el conocimiento de diversos campos de la ciencia en una visión del mundo coherente y con base científica.

Prácticas de ciencia e ingeniería. Para investigar, diseñar y construir modelos y teorías sobre el mundo natural se requiere desarrollar las habilidades cognitivas, sociales y físicas que requiere la investiga-ción científica. El fortalecimiento de los aspectos de ingeniería muestra a los estudiantes la relevan-cia que tienen la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en la vida cotidiana.

Resultados

Los cursos de formación docente tienen una eficiencia terminal de 75% en promedio y los docentes que egresan presentan muy buenos resultados, por lo que se puede decir que adquirieren las com-petencias esperadas, alcanzan los objetivos de aprendizaje del tema y adquieren las herramientas para su enseñanza. Posteriormente, cuando estos docentes aplican los contenidos con los estudian-tes también se observan resultados muy favorables:

• El 81% de los estudiantes de secundaria logran los objetivos de aprendizaje propuestos para el curso de cambio climático dentro de la asignatura estatal optativa.2

2 Refiere a las pruebas 2013-2014 y 2016-2017. En el ciclo escolar 2018-2019 se utiliza el material en el espacio curricular deno-minado Autonomía curricular.

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• El 88% de los estudiantes de secundaria reconocen que la principal causa del cambio climáti-co que observamos en nuestros días se debe a la transformación de la composición química de la atmósfera.

• Los docentes de secundaria reportan un cambio positivo en las actitudes de sus estudiantes respecto a la ciencia y al cuidado del ambiente.

• En el bachillerato se observó un incremento en asistencia y participación (12% mayor) de los estudiantes que realizaron el curso de la asignatura con cambio climático, respecto de los estudiantes que llevaron el curso tradicional.

• Los grupos de ecología y física de bachillerato que llevaron la temática de cambio climático presentaron una eficiencia terminal 26% mayor a la de aquellos que llevaron el curso tradi-cional de la asignatura.

• Los grupos de física y química obtuvieron calificaciones más altas (hasta 1.5 puntos por enci-ma del promedio) que los estudiantes que cursaron la materia tradicional.

Todos los estudiantes participantes, tanto de secundaria como de bachillerato, reportaron que la forma de abordar los temas a través de actividades experimentales o de reflexión fue más agradable y divertida que la forma tradicional. Asimismo, indicaron que les gustó mucho poder expresar sus ideas libremente.

Conclusión

La enseñanza del cambio climático presenta una oportunidad para acercar a los niños y jóvenes mexicanos a la ciencia con los enfoques más modernos y efectivos; a su vez, la educación permite adquirir una cabal comprensión de las causas del fenómeno, de sus consecuencias y de las acciones necesarias para resolverlo. El lugar que ocupan los docentes en la evolución de la enseñanza de la ciencia es de máxima relevancia, por lo que los esfuerzos en la creación de capacidades deben ser prioritarios. Relacionar temas de relevancia para la sociedad con los conceptos científicos clave que los explican, proporciona un camino que interesa a los alumnos en su estudio y comprensión.

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Referencias Everaert M. C. (2013), El modelo pedagógico indagatorio para la enseñanza de la ciencia. Su aplicación en México a través del programa SEVIC, Tesis de maestría, Universidad Iberoamericana, México.

Galan, D. R. (2017), The experiment editor: supporting inquiry-based learning with virtual labs, European Journal of Physics, 38 (035702), 1-12.

Liu Chia-Yu et al. (2017), Scientific modeling with mobile devices in high school physics labs, Computers & Education, 105, 44-56.

National Research Council (2007), Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8, Washington, DC, The National Academies Press.

National Research Council (2012), A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas, Committee on a Conceptual Framework for New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, D.C., The National Academies Press.

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Scott Freeman, S. L. (2014), Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics, Procee-dings of the National Academy of Science of the United States, 111(23), 8410-8415.

IV. Educación superior

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EN ESTE BREVE TEXTO PRESENTARÉ UNAS NOTAS sobre seis problemas de la educación superior mexicana que merecen la atención del gobier-no entrante. Solo acciones estratégicas de lar-go aliento pueden hacerles frente, a través de una política de Estado que trascienda las admi-nistraciones sexenales. Hablaré del crecimien-to con equidad de la educación superior; de la necesidad de una reforma a la enseñanza; de la importancia de atender el posgrado; de la ur-gencia de contar con una política de financia-miento público equitativo, creciente y de largo plazo; de la sustitución del paradigma de eva-luación como mecanismos de conducción del sistema; y, finalmente, de la importancia de re-formar la gobernanza de la educación superior.

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Seis problemas fundamentales de la educación superior en México

Germán Álvarez Mendiola*

Crecimiento con equidad y opciones diversificadas de calidad

La educación superior en México está atravesada por la desigualdad en el acceso, en la calidad de las formaciones y los servicios educativos, en los financiamientos, en la infraestructura, en las con-diciones de estudio y en el profesorado de las instituciones. La falta de equidad se origina desde los niveles de escolaridad inicial, básica y media. Por ello, las políticas de equidad educativa deben plantearse con un enfoque sistémico: lograr que la educación inicial se amplíe y que la educación básica y la media eleven su calidad de manera que los estudiantes tengan mejores aprendizajes, no interrumpan los estudios y progresen en los niveles educativos. Se requiere ampliar la demanda de educación superior con estudiantes mejor formados.

Así, una política de equidad debería ofrecer a los estudiantes, especialmente de sectores socioeco-nómicos bajos, oportunidades para estudiar en instituciones que estén a su alcance y a través de diversas ofertas, ya sea que físicamente estén cercanas a los lugares de residencia, que se desplie-guen sistemas eficientes de transporte escolar o que se establezcan casas estudiantiles. Al mismo tiempo, se requiere mejorar las condiciones personales e institucionales de estudio: otorgar becas para apoyar la manutención y las buenas trayectorias académicas de los estudiantes de bajos recur-sos, y ofrecer apoyos materiales para el aprendizaje, como recursos diversificados de información, libros, ofertas culturales y extracurriculares, asesorías, comedores, apoyos legales y de salud, acceso al deporte y al ejercicio.

* Investigador y Jefe del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

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EDUCACIÓN SUPERIOR

La cobertura debe llegar mínimamente al 50% del grupo de edad respectivo en todas las entidades federativas. Las universidades autónomas de los estados están llamadas a atender la mayor parte de ese crecimiento por su experiencia, infraestructura y preferencia de la demanda, pero se debe tam-bién impulsar el crecimiento de otras instituciones, desarrollando esfuerzos para elevar su prestigio y mejorar la percepción pública sobre su importancia y calidad. Se debe evitar que se reproduzca el circuito de la segmentación, que condena a estudiantes de bajos recursos a cursar estudios en instituciones de menor prestigio y calidad. Estas instituciones deberán recibir apoyos adicionales, especialmente en lo que toca a la calidad de su personal docente y de los apoyos estudiantiles.

Dado que la equidad no se logrará sin una adecuada representación de los diversos sectores sociales en la educación superior, es necesario que los deciles de menores ingresos ocupen la mayor parte de la matrícula, revirtiendo el efecto regresivo de los presupuestos públicos que tienden a beneficiar a los sectores más ricos de la población. Un primer paso será rediseñar los sistemas de ingreso para evitar la selección por origen socioeconómico.

Reforma a la enseñanza, los modelos educativos y los programas académicos

Dado que el acceso a la educación superior carece de sentido si no se ofrece una educación de calidad, es imprescindible impulsar la reforma de los procesos educativos y hacer cambios en las concepciones tradicionales de la enseñanza. En general, la educación enfatiza poco las habilidades de pensamien-to crítico, como comprender, aplicar, analizar, contrastar, buscar y crear. Las formas de enseñanza son pertinaces: los currículos son rígidos, centrados en el profesor y en los contenidos disciplinares, con excesiva carga académica, sin lateralidad académica ni convergencia entre escuelas y facultades. La es-cuela tiende a ser autoritaria: exige la ejecución de órdenes y tareas, privilegia la memorización, evalúa mediante exámenes o con “la entrega” de trabajos, sin que haya retroalimentación pedagógica.

En general, las disciplinas y profesiones tradicionales tienden a la obsolescencia y es necesario inser-tarse en la sociedad digital que está cambiando el mundo de la información, del conocimiento, de las finanzas y de los empleos. En ese contexto, necesitamos programas interdisciplinarios y formas de trabajo centradas en equipos de estudiantes donde se enseñen unos a otros y el profesor sea pro-piciador de las interacciones. El conocimiento tiene que ser una experiencia compartida. Ello exige enfoques prácticos para la aplicación de lo aprendido, currículos centrados en el binomio estudian-te-aprendizaje, formaciones de carácter general más que formaciones especializadas desde el inicio de los estudios, flexibilidad de horarios y de ritmos. Al mismo tiempo, las instituciones de educación superior (IES) deben ofrecer opciones formativas diferenciadas para ajustarse a las heterogéneas necesidades, intereses y niveles académicos de los estudiantes.

También es preciso contar con salidas laterales, diplomas intermedios, portabilidad de créditos y un amplio abanico de opciones para acreditar cursos y obtener los títulos. Es urgente volver a discutir la pertinencia de habilidades prioritarias, como capacidad de comunicación, acceso y empleo de la información y las técnicas, lectura y redacción, inglés, usos básicos de las matemáticas, resolución de problemas, trabajo en equipo y sensibilidad ante los problemas de la sociedad y el medio ambiente.

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Todo esto debería traducirse en el desarrollo de la capacidad de argumentación, la inteligencia social, el pensamiento creativo y adaptativo, las competencias interculturales, la interdisciplinariedad, las ap-titudes para el diseño, para la discriminación y filtrado de la información, y para el cambio social.

El posgrado

El posgrado se ha convertido en una importante opción para muchos estudiantes. Este nivel ha te-nido un crecimiento acelerado en los últimos años, fundamentalmente en el sector privado y en áreas sociales y de educación. La ampliación de este mercado de títulos ha recibido impulso de las políticas públicas que estimulan a los docentes de todos los niveles a realizar estudios de posgrado. Sin embargo, las políticas públicas hacia el posgrado están concentradas en el sector de ciencia y tecnología, a través del programa de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-logía (CONACyT). Pero no hay políticas para los posgrados profesionales, por lo tanto, este tipo de posgrado en las IES públicas ha tenido un crecimiento limitado, dejando la vía franca al sector priva-do, cuyos posgrados carecen de regulaciones y muchos se han convertido en fábricas de diplomas.

Se requiere una política pública para el posgrado en su conjunto. Eso implica diseñar un marco regu-latorio, destinar recursos y confeccionar modelos para la formación profesional de posgrado en ins-tituciones públicas, principalmente orientados hacia la solución de problemas como la desigualdad, los efectos del calentamiento global y la emergencia de la sociedad digital.

Problemas financieros

Durante la administración 2012-2018, la educación superior pública sufrió una pérdida sustancial de re-cursos. A partir de 2016 disminuyó el gasto en educación superior —visto como porcentaje del PIB—, lo mismo que el indicador subsidio por alumno. También los recursos de financiamiento extraordinario su-frieron reducciones severas en el sexenio, tras varios años en los que este tipo de financiamiento ganaba importancia para apoyar proyectos de desarrollo institucional, ampliación de matrícula, fortalecimiento del profesorado y saneamiento estructural de universidades. Los recortes presupuestarios agudizaron los problemas de inequidad financiera que se desprenden de la desigual distribución del gasto público entre las instituciones y reforzaron la regresividad del gasto, debido a que la mayor parte de los recursos públicos benefician principalmente a los estudiantes de los deciles de mayor ingreso económico.

La educación superior necesita mayor financiamiento público para atender el crecimiento, la equi-dad y la calidad educativa. Urgen esquemas de distribución equitativa para apoyar las zonas del sistema menos desarrolladas y disminuir las diferencias del subsidio entre las instituciones. El subsi-dio debería asignarse en ministraciones plurianuales, de acuerdo con estrategias de desarrollo del sistema sustentadas en la equidad financiera y en logros de calidad.

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EDUCACIÓN SUPERIOR

Cambiar el sistema de evaluación

Las políticas de evaluación no han producido la calidad que se deseaba. Los indicadores que se emplean, como profesores con posgrado y programas acreditados, no garantizan en sí mismos la mejora educativa. La evaluación de individuos se ha concentrado en una reducida proporción de profesores, los de tiempo completo, quienes pautan su actividad hacia la producción de textos. En algunos casos se ha desarrollado la capacidad científica, pero en muchos otros se ha reproducido un comportamiento de simulación. Los profesores beneficiados por los estímulos extrasalariales suelen carecer de interés para dedicarse a la docencia en licenciatura.

La evaluación de instituciones está diluida y sirve para el ingreso a la Asociación Nacional de Univer-sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) o a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), sin que eso represente en sí mismo una mejoría en los niveles de calidad institucional. Los programas de financiamientos extraordinarios, como el Progra-ma Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), luego Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), basados en ejercicios de planeación estratégica y con la supuesta participación de los actores universitarios, han producido incentivos para mejorar indica-dores, pero no procesos de mejora educativa y administrativa. La acreditación, en muchos casos, ha dado cierto orden a los programas académicos, pero al no estar centrada en los procesos educativos ni en los resultados académicos de los estudiantes, no ha contribuido a modificar las prácticas do-centes ni los hábitos de estudio. Además, la evaluación ha implicado un crecimiento de la burocracia y una pérdida de tiempo en las plataformas, los formatos y la acumulación de “evidencias”.

Los esquemas de evaluación expresan una desconfianza hacia el personal académico, los programas y las instituciones. Han representado una vía para que los gobiernos puedan controlar la conducción del sistema de educación superior. Sin embargo, han llegado a un límite después del cual es imposi-ble mejorar la calidad. Los subsidios extraordinarios deberían regularizarse, los estímulos extrasala-riales tendrían que pasar a formar parte del salario y las becas del Sistema Nacional de Investigadores habrían de descentralizarse y ser administradas por consejos estatales de ciencia y tecnología.

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Gobernanza

La forma como se gobierna el sistema de educación superior impide su integración nacional y es-tatal. Es un sistema heterogéneo que produce poca sinergia para lograr un desarrollo armónico. No hay coordinación sistémica para determinar las necesidades, permitir la transferencia de créditos, compartir recursos y potenciar su uso, desarrollar programas interinstitucionales e intercambiar es-tudiantes y profesores. Las decisiones están excesivamente concentradas en la Subsecretaría de Edu-cación Superior y la participación de las instituciones en el diseño de políticas públicas y programas específicos, así como de su puesta en práctica y evaluación, es muy limitada. Adicionalmente, la intervención de sectores sociales interesados en la educación superior, como las comunidades, los empleadores y las organizaciones de la sociedad civil, es pobre, esporádica y poco relevante para la toma de decisiones.

Por tanto, se requiere un esquema participativo de gobernanza, que incluya a las diversas instituciones y a otros actores sociales, nacional y estatalmente. La propuesta de la ANUIES de constituir un Consejo Nacional de Educación Superior, Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior y los Consejos Sociales de Educación Superior deberá ser considerada por el gobierno entrante.

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EN 1917 SE FUNDA LA PRIMERA UNIVERSIDAD autónoma en México (la Michoacana), pero apenas dos años más tarde, porque el gobier-no tenía otro proyecto de educación, se le suprimió su independencia. Comenzó así lo que serían cien largos años de desencuentros pues, a pesar de la retórica, el Estado mexicano nunca ha reconocido y tratado como suya la educación superior y especialmente la que es independiente. Y eso se ha convertido en una importante limitación para toda la educación superior pública, autónoma o no. Cristina Ba-rros, académica, hija del rector de la Universi-dad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1968, decía hace poco que “el gobierno si-gue viendo a la Universidad como un espacio lejano, ajeno, a veces hostil, y no como parte importante de la vida nacional”. Este desen-cuentro y, particularmente, las razones que lo sustentan han limitado severamente los alcances y el horizonte de las universidades durante un siglo.

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Para devolver la universidad a la nación

Hugo Aboites*

La insistencia gubernamental en una educación superior que le sea subordinada hasta en detalles tales como definir quién debe el titular, y, por momentos, hasta qué orientación académica y qué expresiones políticas debe tener su comunidad, ya en el siglo veinte y ahora todavía más es comple-tamente anacrónica.

Si no se resuelve de raíz este gravísimo desfase histórico con la universidad y la educación superior, y se aprende a convivir con una educación superior independiente, cualquier intento por transformar al país, no solo quedará acotado, sino que privará a la sociedad de lo que puede ser un importante baluarte de reflexión crítica que amplíe el horizonte de los cambios. La profundidad del cambio en México tendrá uno de sus indicadores más importantes y profundos en la capacidad que demuestre para establecer una relación horizontal y de mutuo respeto con la educación superior.

Mientras esto no ocurra seguirá siendo parte del presente toda la historia del siglo pasado: la re-sistencia constante del Estado a las demandas de autonomía en los años veinte, los intentos por someterla (durante la administración cardenista se llegó a plantear como ruta dejarla sin subsidio y “dejar… que muriera”), la intervención presidencial directa (como en 1944-45 para cambiar la Ley Orgánica y en el 2000 para sustituir a un rector, ambos en la UNAM), la ocupación de las instalaciones universitarias por fuerzas federales (militares en 1968 y policía en el 2000), y la sangrienta represión para someter estudiantes en el 68. Y, finalmente, en los noventa se añade al tercero constitucional (fracción V) que, a diferencia de la responsabilidad que asume en otros niveles, en la educación su-perior, el Estado solo “promoverá y atenderá”.

* Profesor-investigador en el Departamento de Educación, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

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EDUCACIÓN SUPERIOR

Universidad intervenida

Coincidentemente, a partir de los noventa, en nombre de la calidad y eficiencia, los gobiernos deci-den intervenir con fuerza en la educación superior y especialmente en la autónoma, con una serie de iniciativas de carácter restrictivo y privatizador. Siguen con esto, su adhesión a la agenda de cambio en la educación proveniente del Fondo Monetario Internacional en los ochenta, del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en los noventa. La reducción de hasta la mitad en los presupuestos de las instituciones hizo posible que los gobiernos neoliberales impulsaran programas en los que, a cambio de algún magro financiamiento, se aceptara realizar cambios institucionales.

Educación superior restringida

Junto con la caída de los presupuestos, el énfasis clasista de educar solo a los mejores privilegió el uso nacional y centralizado de exámenes de selección. Estos sirvieron, además, para contener la creciente demanda por educación superior. Esta política combinada pronto mostró sus resultados. Una educación superior que en los años setenta había crecido en un 200%, en los ochenta colapsó a 35% y en instituciones como la UNAM se redujo sustancialmente la matrícula, misma que luego tardó veintisiete años en recuperar el nivel de 1979. No sorprende entonces que México haya llega-do a tener una baja proporción de jóvenes en la educación superior, inferior a Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Cuba. Argentina tiene cerca del 80% de cobertura, México 37%.

Paradójicamente, la calidad de la educación superior también sufrió un profundo deterioro, pues al optar los gobiernos neoliberales por un modelo de país maquilador, el Estado se concentró en el impulso a una educación técnica de cuestionable calidad: se crearon cien “universidades tecnológi-cas” (y ni una sola autónoma federal) con carreras de dos años, incomparables con la profundidad y visión de la formación superior en instituciones como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropo-litana (UAM) y la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México, solo en la capital del país. Con esto, la educación superior se hizo ajena a las y los jóvenes que buscaban altos niveles de pre-paración para su crecimiento y bienestar futuro. Y, hoy, quienes no consiguen lugar en las mejores instituciones públicas solo tienen la opción de ir a una privada de discutible calidad y alto costo o una institución tipo universidad tecnológica. En ambos casos, la educación que pueden construirse es muy limitada. La mejor educación queda entonces disponible solo en una delgada franja de insti-tuciones privadas de alto nivel y costo y en las universidades autónomas más grandes y reconocidas en el país. En consecuencia, estas instituciones se van elitizando y cada vez más quedan fuera de ellas las y los hijos de empleados, trabajadores, maestros, técnicos, campesinos, obreros. Si en 1991 la UNAM admitía a 21.1% de los aspirantes provenientes del Colegio de Bachilleres, en 2017 ya solo admite al 16.3%. Y en la UAM, en el 2008 se admitía al 12% pero en el 2016 al 10.5%.

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Para devolver la universidad a la Nación

Educación superior privatizada

Además de restringir el crecimiento de la matrícula, queda claro que en estas tres décadas se ha dado un proceso de fuerte privatización de la educación superior. Esta consiste en el sustancial crecimien-to de la matrícula en las escuelas particulares, pero también en la privatización de la orientación y el sentido mismo de la educación pública. Las instituciones asumen cada vez más rasgos de educación privada, como altas colegiaturas, exámenes de selección clasistas y machistas, creciente prevalencia de visiones empresariales de la sociedad, educación por competencias, además de procesos de ad-misión de estudiantes y acreditación de programas de estudio a cargo de agencias privadas, pagos por productividad al personal académico, búsqueda de comercialización intensiva en investigacio-nes, asesorías y otros servicios a disposición de empresas. Finalmente, ejercicio gerencial del poder y privilegios económicos a los mandos medios y superiores. En las universidades tecnológicas, empre-sarios participan ya formalmente en los órganos de conducción institucionales.

Propuestas

Es impostergable que desde el Congreso de la Unión se promueva una discusión a fondo sobre cómo recuperar la universidad para el bien de la nación y de los jóvenes y las mayorías del país. Nada cambiará para los jóvenes y las necesidades de conocimiento de las regiones del país y sus numero-sos y distintos pueblos, culturas y economías, si el Congreso y el gobierno federal no hacen lo que corresponde para borrar estos treinta años de rumbo equivocado. Permitir un mayor acceso de los jóvenes a la educación superior, hacer crecer a la educación superior, eliminar los dispositivos de res-tricción como colegiaturas y exámenes anacrónicos y clasistas, son ejemplos de tareas de urgencia inmediata. Si se posponen, desde las esperanzas de cambio de los jóvenes no habrá para ellos un mensaje de que viene una importante transformación.

Para ese efecto, pueden considerarse puntos de acuerdo como los siguientes, mediante los cuales se solicita al gobierno federal y a los de las entidades federativas:

1. Que en las instituciones en las que tienen competencia directa, establezcan la gratuidad total de los servicios educativos. Asimismo se exhorta a las universidades autónomas a cancelar o reducir a un nivel simbólico los pagos por todos los servicios educativos a estudiantes.

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EDUCACIÓN SUPERIOR

2. La ampliación de los espacios disponibles para los jóvenes que quieran cursar los estudios de educación superior, mediante el reforzamiento y ampliación sustancial de las instituciones actuales o la creación de nuevas, incluyendo autónomas. Asimismo, que para esos propósitos se contemple la contratación de personal de tiempo completo dando preferencia a quienes han venido realizando esas funciones. En los mismos sentidos se exhorta a las instituciones autónomas por ley.

3. Que en las dependencias e instituciones a su cargo, no utilicen los servicios de las agencias pri-vadas que realizan evaluaciones de aspirantes mediante exámenes de selección y que acredi-tan carreras e instituciones en la educación pública y privada. Asimismo que, en comunicación con especialistas diseñen métodos alternativos de ingreso a las instituciones y de acreditación de programas. En el mismo sentido se exhorta a las instituciones autónomas por ley.

4. Que en las instituciones a su cargo, y para ampliar los recursos disponibles para la extensión de la cobertura, establezcan un régimen de austeridad que elimine o reduzca sustancialmen-te los gastos no esenciales para las funciones sustantivas de las instituciones, incluyendo las retribuciones altas a mandos medios y superiores y a segmentos de profesores-investigado-res, sin afectar las prestaciones y salarios objeto del pacto bilateral. En el mismo sentido se exhorta a las instituciones autónomas por ley.

5. Que sus dependencias e instituciones establezcan vínculos especiales con las instituciones de Educación Media Superior, particularmente las que no se encuentran orgánicamente vin-culadas a una institución de educación superior, a fin de que sea posible que sus egresados accedan de manera directa a la educación superior. En el mismo sentido se exhorta a las instituciones autónomas por ley respecto de las escuelas públicas de nivel medio superior de donde provengan la mayoría de sus aspirantes.

6. Destinar recursos para mantener y ampliar los programas de becas de manutención sobre todo para los estudiantes que provengan de los más bajos estratos socioeconómicos.

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Para devolver la universidad a la Nación

200

LA PRINCIPAL ESTRATEGIA DEL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador para ampliar la cobertura de los servicios de educación su-perior en México, consiste en crear 100 nue-vas universidades públicas en todo el país (Poy, 2018); ante esa decisión, como ciudada-nos cabe preguntarnos ¿Es esta acción eficaz, cuando existe una quiebra financiera en diez Universidades Públicas Estatales (UPES)?

En ese sentido, es necesario destacar que el ar-tículo 3° de la Constitución mandata al Estado Mexicano para promover y atender todos los ti-pos y modalidades educativas —incluyendo a la educación superior— necesarios para el desarro-llo de la Nación. Asimismo, se establece que debe alentar el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura, así como apoyar la investigación científi-ca y tecnológica, que son tareas sustantivas de las Instituciones de Educación Superior (IES).

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La crisis en el financiamiento de las universidades públicas estatales y la creación de 100 nuevas universidades en el país

Miguel Ángel Estrada García*

En las últimas décadas se han impulsado políticas públicas dirigidas a ampliar la oferta educativa, promoviendo la creación de nuevas opciones a la vanguardia del conocimiento científico y tecnoló-gico (Muñoz, 2014: 64). Las UPES requieren de los recursos públicos que se les asignan para cumplir con su responsabilidad social, pero necesitan, a su vez, construir claras fronteras para legitimarse como instituciones autónomas y consolidar su desarrollo con sentido de futuro (Muñoz, 2014: 339).

La Subsecretaría de Educación Superior identifica 34 UPES autónomas (SEP, 2018). Durante las últimas dos décadas varias de estas instituciones han presentado serios problemas de financiamiento; en oc-tubre de 2017 se hizo evidente la crisis en siete de ellas, pues no contaban con recursos para cubrir sus nóminas (Valadez y Valadez, 2017). En agosto de 2018 se sumaron tres instituciones más, haciendo un total de diez universidades públicas autónomas en quiebra financiera (Blancas, 2018): Morelos, Zacate-cas, estado de México, Nayarit, Juárez de Tabasco, Benito Juárez de Oaxaca, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como las de Chiapas, Sinaloa y la Veracruzana. Estas UPES, en conjunto, atienden a más de 380 mil estudiantes del país, a través de 1,671 programas académicos.

La crisis tiene origen en insuficiencias presupuestales y radicaciones deficitarias de la Federación, pero también en otras causas que han intrincado la situación, tales como la autorización de prestaciones económicas y sociales —ejemplo de ello es que 18 universidades tienen sistema pensionario propio o doble sistema de jubilación (ASF, 2013:105)—, así como aumentos salariales por arriba de los valores o criterios determinados por la Federación en distintos ejercicios fiscales. A ello se suman deficiencias u opacidades administrativas o insuficientes gestiones institucionales.

* Académico en la Universidad Pedagógica Veracruzana.

202

EDUCACIÓN SUPERIOR

Esta situación, junto con otros problemas estructurales, ponen en riesgo la viabilidad futura de estas instituciones. Más aún, de continuar esta tendencia la actual crisis financiera se extenderá a un mayor número de UPES.

A continuación se presenta un análisis de la evolución del financiamiento público de las 34 UPES entre 2013 y 2018. La información se obtuvo mediante dos requerimientos formulados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del gobierno federal.

En el periodo de referencia, el presupuesto total creció 15.9% en términos reales, al pasar de $75,390.9 millones en 2013 a $87,359.9 millones en 2018. Destaca lo siguiente:

• Ocho universidades tuvieron un incremento del 20% o más.

• La Universidad de Guanajuato tuvo el mayor crecimiento con 28.1%, seguida de la Universi-dad Juárez Autónoma de Tabasco con 27.8%.

• En términos absolutos, la Universidad de Guadalajara refleja el mayor incremento —$1,514.9 millones—, aunque su variación porcentual fue del 15.8%.

• En contraste, seis universidades tuvieron incrementos porcentuales bajos, que varían del 9.2% al 5.1% (tabla 1).

A partir de ese comportamiento presupuestal, se presenta la correlación entre el financiamiento pú-blico y la matrícula 2017-2018 de las 34 UPES (tabla 2), a efectos de derivar el costo promedio anual por alumno en cada una de ellas. Destaca lo siguiente:

• A nivel nacional el costo por alumno ascendió a $73,542.

• Los mayores costos por alumno al año se registraron en las universidades de Colima, Yucatán y Tamaulipas, que oscilan entre $137,785 y $109, 910.

• Los costos por alumno menores los tuvieron las universidades de Tlaxcala, Ciudad Juárez y Baja California (entre $44,158 y $48,473).

Los datos reflejan las inequidades en la asignación de los recursos públicos y las diferencias en el costo por alumno a nivel nacional, independientemente de que los programas académicos de varias UPES estén certificados por su calidad.

El anuncio de creación de diez universidades exige pensar en las UPES declaradas en quiebra. Es necesario analizar primero la inequidad que existe en el sistema, pues si bien es cierto que con las nuevas universidades se diversificaría el servicio, también lo es que se incrementarían los costos.

Asimismo, se debe incorporar en forma integral al debate nacional y a las correspondientes agendas de los poderes ejecutivo y legislativo, la problemática de la distribución presupuestal y la urgente atención de la crisis financiera de las UPES, en la búsqueda de soluciones con equidad y justicia, considerando las recomendaciones internacionales y nacionales para darle viabilidad y sentido de futuro a la responsabilidad social de estas universidades públicas.

203


Al no realizar acción correctiva alguna, el Estado mexicano incumpliría con el mandato constitucio-nal de atender a todas las modalidades educativas; pero, indiscutiblemente las principales afectacio-nes serán en el orden social, ya que, un importante número de UPES están en la posibilidad de cerrar sus puertas y dejar de formar profesionales.

En ese contexto, uno de los principales desafíos y tareas que se derivan, es establecer por Ley un completo y sistémico seguimiento de evaluación de la política de financiamiento de las UPES, con el objetivo de fortalecer y potenciar los servicios de este tipo de educación.

Tabla 1. Variación de 2013 a 2018 del financiamiento público de la UPES Montos en pesos reales (julio de 2018=100). Orden descendente con base a la variación porcentual

No. UPESTotal / público Variación real

2013 2018 Absoluta Porcentual1 Universidad de Guanajuato 1,988,008,053 2,547,568,832 559,560,779 28.1%

2Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

1,561,043,387 1,995,187,172 434,143,785 27.8%

3 Universidad Autónoma de Guerrero 2,021,153,388 2,570,660,313 549,506,925 27.2%

4 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,494,152,768 1,844,805,840 350,653,072 23.5%

5 Universidad Autónoma de Tamaulipas 3,110,170,547 3,813,005,261 702,834,714 22.6%

6 Universidad de Quintana Roo 355,126,986 434,721,472 79,594,486 22.4%

7 Universidad Autónoma de Coahuila 2,232,748,457 2,710,031,676 477,283,219 21.4%

8Universidad Autónoma de Baja California

2,634,358,263 3,161,105,167 526,746,904 20.0%

9 Universidad Autónoma de Chiapas 1,177,360,471 1,411,727,920 234,367,449 19.9%

10 Instituto Tecnológico de Sonora 795,377,300 943,651,476 148,274,176 18.6%

11Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

5,055,173,500 5,993,394,012 938,220,512 18.6%

12Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

2,305,734,106 2,726,310,443 420,576,337 18.2%

13Universidad Autónoma de Aguascalientes

930,526,910 1,099,047,441 168,520,531 18.1%

14Universidad Autónoma del Estado de México

3,242,216,867 3,807,291,633 565,074,766 17.4%

15 Universidad Autónoma del Carmen 432,117,354 502,948,022 70,830,668 16.4%

16 Universidad de Guadalajara 9,563,307,789 11,078,227,040 1,514,919,251 15.8%

17 Universidad de Colima 1,594,735,021 1,847,280,595 252,545,574 15.8%

18 Universidad Autónoma de Querétaro 1,445,983,596 1,672,733,492 226,749,896 15.7%

204

EDUCACIÓN SUPERIOR

No. UPESTotal / público Variación real

2013 2018 Absoluta Porcentual

19Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

1,522,559,040 1,752,456,313 229,897,273 15.1%

20Universidad Juárez del Estado de Durango

1,329,447,215 1,528,776,022 199,328,807 15.0%

21 Universidad Autónoma de Yucatán 1,872,589,136 2,147,414,587 274,825,451 14.7%

22Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

1,284,104,430 1,470,647,270 186,542,840 14.5%

23Universidad Autónoma de Baja California Sur

488,811,020 557,395,514 68,584,494 14.0%

24 Universidad Autónoma de Nayarit 1,429,727,370 1,630,010,249 200,282,879 14.0%

25 Universidad de Sonora 1,972,779,927 2,240,599,280 267,819,353 13.6%

26 Universidad Autónoma de Sinaloa 5,145,348,683 5,824,215,607 678,866,924 13.2%

27Universidad Autónoma de San Luis Potosí

1,882,214,802 2,102,776,904 220,562,102 11.7%

28 Universidad Autónoma de Nuevo León 6,377,998,592 7,047,467,438 669,468,846 10.5%

29 Universidad Autónoma de Tlaxcala 663,409,137 724,638,921 61,229,783 9.2%

30 Universidad Veracruzana 4,764,370,213 5,145,044,762 380,674,549 8.0%

31 Universidad Autónoma de Chihuahua 1,329,325,883 1,435,439,798 106,113,915 8.0%

32Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca

963,446,918 1,039,082,258 75,635,340 7.9%

33 Universidad Autónoma de Campeche 763,011,180 807,397,251 44,386,071 5.8%

34Universidad Autónoma del Estado de Morelos

1,662,517,729 1,746,843,636 84,325,907 5.1%

Total de las 34 UPES 75,390,956,040 87,359,903,616 11,968,947,577 15.9%

Promedio 2,217,381,060 2,569,408,930 352,027,870 16.1%

Notas: Los recursos 2015 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas son iguales a los de 2014 toda vez que la SEP proporcionó el Convenio de Apoyo Financiero de 2014 para 2015.

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. Siete Universidades señaladas en quiebra en octubre de 2017 por ANUIES-SEP. Consultado en: http://lajornada-sanluis.com.mx/nacional/quiebra-tecnica-siete-universidades-publicas-rectores/

Tres universidades más se señalan en quiebra en agosto de 2018. http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1090632.htmlEl financiamiento no incluye la inversión de recursos propios.Fuentes: SEP, Convenios de Apoyo Financiero 2013 y anexo único obtenidos del INAI a través de la solicitud de infor-mación No. 0001100488418. SEP, Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2016 y Anexos de Ejecución 2018 obtenidos del INAI a través de la solicitud de información No. 0001100488518. Fecha de actualización: 21 de noviembre de 2018

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Tabla 2. Gasto público 2018 por alumno en las UPESMontos en pesos. Orden descendente con base en el gasto por alumno

No. UPES Financiamiento público 2018 1/

Matrícula 2017-2018 2/

Gasto por Alumno (pesos)

1 Universidad de Colima 1,847,280,595 13,407 137,785

2 Universidad Autónoma de Yucatán 2,147,414,587 16,888 127,156

3 Universidad Autónoma de Tamaulipas 3,813,005,261 34,692 109,910

4 Universidad Autónoma de Campeche 807,397,251 7,346 109,910

5 Universidad Autónoma de Coahuila 2,710,031,676 25,322 107,023

6 Universidad Juárez del Estado de Durango 1,528,776,022 15,261 100,175

7 Universidad de Guanajuato 2,547,568,832 26,034 97,855

8 Universidad Autónoma de Nayarit 1,630,010,249 17,998 90,566

9 Universidad de Guadalajara 11,078,227,040 123,932 89,390

10 Universidad Autónoma del Carmen 502,948,022 5,891 85,376

11 Universidad Veracruzana 5,145,044,762 63,069 81,578

12 Universidad Autónoma de Baja California Sur 557,395,514 6,993 79,708

13 Universidad de Quintana Roo 434,721,472 5,585 77,837

14 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 5,993,394,012 78,761 76,096

15 Universidad de Sonora 2,240,599,280 29,921 74,884

16 Universidad Autónoma de Querétaro 1,672,733,492 22,595 74,031

Suma / promedio nacional 87,359,903,616 1,187,889 73,542

17 Universidad Autónoma de Guerrero 2,570,660,313 35,004 73,439

18 Universidad Autónoma de Sinaloa 5,824,215,607 81,473 71,486

19 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,844,805,840 26,170 70,493

20 Universidad Autónoma de Aguascalientes 1,099,047,441 16,249 67,638

21 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2,726,310,443 40,381 67,515

22 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2,102,776,904 31,173 67,455

23 Universidad Autónoma de Nuevo León 7,047,467,438 111,474 63,221

24 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,995,187,172 31,632 63,075

25 Universidad Autónoma del Estado de México 3,807,291,633 61,752 61,655

26 Universidad Autónoma de Chiapas 1,411,727,920 22,961 61,484

27 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1,746,843,636 28,493 61,308

28 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 1,752,456,313 30,696 57,091

29 Instituto Tecnológico de Sonora 943,651,476 16,569 56,953

30 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 1,039,082,258 19,261 53,947

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EDUCACIÓN SUPERIOR

No. UPES Financiamiento público 2018 1/

Matrícula 2017-2018 2/

Gasto por Alumno (pesos)

31 Universidad Autónoma de Chihuahua 1,435,439,798 28,652 50,099

32 Universidad Autónoma de Baja California 3,161,105,167 65,214 48,473

33 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1,470,647,270 30,630 48,013

34 Universidad Autónoma de Tlaxcala 724,638,921 16,410 44,158

Notas: Siete Universidades señaladas en quiebra en octubre de 2017 por ANUIES-SEP. http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/quiebra-tecnica-siete-universidades-publicas-rectores/Tres universidades más se señalan en quiebra en agosto de 2018. http://www.cronica.com.mx/no-tas/2018/1090632.html

El financiamiento no incluye la inversión de recursos propios.Fuentes: 1/ SEP, Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2016 y Anexos de Ejecución 2018 obtenidos del INAI a través de la solicitud de información No. 0001100488518. 2/ ANUIES. Anuarios Estadísticos de Educación Superior del ciclo escolar 2017-2018. Dato al 31 de julio de 2018. http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadisti-co-de-educacion-superiorFecha de actualización: 06 de octubre de 2018

ReferenciasASF (2013), Evaluación número 1203 “Evaluación de la política pública de pensiones y jubilaciones”, obtenido de http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1203_a.pdf

Blancas Madrigal, D. (16 de agosto de 2018), Diez universidades del país, en quiebra financiera. Obtenido de Crónica: http://www.cronica.com.mx/nt.php?id_nota=1090632

Convenios de Apoyo Financiero 2013 a 2015 del Fondo Ordinario Federal para el sostenimiento de los servicios educativos de cada una de las 34 Universidades Públicas Estatales. Obtenidos a través del INAI.

Convenios Marco de Colaboración del 13 de enero 2016 y sus Anexos de Ejecución 2016, así como los derivados 2017-2018, para el apoyo financiero a cada una de las 34 Universidades Públicas Estatales. Obtenidos a través del INAI.

Muñoz García, H. (2014), La universidad pública en México. Análisis reflexiones y perspectivas, México, MAPorrúa.

Poy Solano, L. (27 de julio de 2018), El nuevo gobierno abrirá 100 universidades en municipios sin educación superior, obtenido de La Jornada: https://www.jornada.com.mx/2018/07/27/sociedad/034n1soc#

SEP (12 de 03 de 2018), Subsecretaría de Educación Superior, Universidades públicas estatales, obtenido de https://www.ses.sep.gob.mx/publicas_estatales.html

Valadez, N. y Valadez, A. (22 de octubre de 2017), La SEP y la ANUIES, al rescate de universidades en quiebra técnica, La Jornada en Línea, obtenido de: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/22/sociedad/029n1soc

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