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Jueves 20 de Octubre de 2016

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Dispuesto a acelerar el trámite parlamentario, el gobierno bonaerense resolvió que la semana próxima comience el desfile de ministros por la Legislatura para explicar los alcances tanto del Presupuesto como de la ley Impositiva. La intención oficial es que la incursión de los funcionarios por las comisiones culmine este mes, de manera que el proyecto pueda quedar sancionado en noviembre. De acuerdo al cronograma previsto por el oficialismo, el próximo martes irá a las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras, que se reunirán en forma conjunta, el titular de Economía, Hernán Lacunza. El miércoles será el turno de los titulares de Desarrollo Social y Educación, Santiago López Medrano y Alejandro Finocchiaro, respectivamente. El jueves, en tanto, el que se entrevistará con

los legisladores será el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón. Si bien no se descarta la concurrencia a la Legislatura de otros funcionarios -los titulares de Salud o Seguridad, por caso-, la idea oficial es apurar el trámite para encarar luego una negociación política crucial: la búsqueda de consenso para conseguir los dos tercios de los votos necesarios para sancionar la total del proyecto.

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Allí vuelve a emerger la figura de Sergio Massa. En las últimas horas, luego de que Cambiemos parecía concentrarse en ir hacia un cierre con el peronismo en sus distintas vertientes para conseguir los dos tercios que le permitiera votar el endeudamiento, la mira del oficialismo pareció dirigirse otra vez hacia el Frente Renovador. Hay quienes en ese sentido, anotan un gesto de la propia María Eugenia Vidal: le entregó en persona al presidente de la Cámara baja Jorge Sarghini, el proyecto de Presupuesto antes de que se girara al Parlamento. El massista Sarghini llegó a la presidencia producto del acuerdo de gobernabilidad que sellaron la Gobernadora y el tigrense. Esa señal va en sintonía con las especulaciones que se trazaban ayer en la Legislatura, donde el oficialismo sumaba a los legisladores propios, los massistas y los del GEN de Margarita Stolbizer para calcular cuántos legisladores del peronismo le alcanzarían para sancionar la iniciativa oficial y en especial el endeudamiento que requiere de los dos tercios. Serían 7 en Diputados y 5 en el Senado. Un nuevo cierre con los intendentes del Grupo Esmeralda acaso le bastaría al oficialismo para sacar el proyecto. Claro que deberá ceder en varios cambios, por caso, más recursos para obras. En ese sentido, no pasó desapercibida la reunión que mantuvieron ayer esos alcaldes con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Si bien juran que el tema del Presupuesto bonaerense no se trató, las especulaciones se lanzaron a rodar rápidamente. Sí quedó en claro, la buena sintonía de esos jefes comunales liderados por Martín Insaurralde y Gabriel Kataopodis con sectores del oficialismo. De hecho hablaron de conformar una agencia de municipios que quedaron afuera de la FAM, el organismo nacional que cayó en manos de la matancera Verónica Magario, duramente enfrentada a los Esmeralda. CONCLAVE RADICAL En tanto, intendentes y legisladores radicales se reunieron ayer con el vicegobernador Daniel Salvador para analizar el proyecto de Presupuesto. En ese marco surgieron algunos planteos de los alcaldes en torno del fondo de infraestructura que rige este año por unos 10 mil millones de pesos y que no está previsto en la iniciativa. También se avanzó en una posición común tendiente a que se otorgue más libertad a las comunas para disponer los recursos del fondo de seguridad. Finalmente se convino que los legisladores sean los voceros de esas inquietudes.

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Asambleas de inundados y familiares de víctimas de la tragedia del 2 de abril fueron recibidos ayer por la gobernadora María Eugenia Vidal, en un encuentro del que también participaron el intendente

Julio Garro y el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón.

Los asambleístas se reunieron primero con Garro y luego se trasladaron a la Gobernación, donde le pidieron a Vidal celeridad en la finalización de las obras hidráulicas. Según pudo saber este diario, la mandataria reiteró que la primera etapa de las obras terminará a fines de 2017 y comprometió encuentros con varios ministros. En ese marco, asambleístas expresaron su malestar por la posible designación del ex intendente Pablo Bruera como síndico de una de las empresas del Grupo Bapro como parte de un acuerdo politico con sectores del PJ. De todas formas no se conoce aún si Bruera asumirá el cargo.

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Ayer, las asambleas de inundados y familiares de víctimas de la tragedia platense ocurrida el 2 de abril de 2013 fueron recibidos por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el intendente Julio Garro, en el marco de una reunión conjunta realizada en la Gobernación de calle 6. En el encuentro -del que también participaron el senador provincial Juan Pablo Allan, el titular de la

Bicameral de seguimiento de Obras Hidráulicas, Gabriel Monzó, y ministros como el titular de Infraestructura, Edgardo Cenzón-, los damnificados expresaron su preocupación por la “falta de un tratamiento integral a la problemática”, al mismo tiempo que abogaron porque haya un “seguimiento de las obras”. El cónclave ocurrió días después de que diario Hoy revelara la subejecución en la cartera que conduce Cenzón, que en lo que va del año implementó apenas el 12,9% del presupuesto, mientras que gastó apenas el 11,93% en Control de Inundaciones y, según trascendió, los trabajos hidráulicos para la región estarían en apenas un 44% del total. Justamente, el ministro -cuya renuncia se concretaría antes de fin de año-, fue el principal apuntado por los asambleístas. “Claridad sobre los planes de contingencia y emergencia, sobre las obras que se piensan hacer, y reuniones periódicas”. Así sintetizaron sus inquietudes representantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, Asamblea Inundados de Tolosa, Reservorio Los Hornos, Vecinos Autoconvocados de Tolosa, Asamblea Parque Castelli y Asamblea Barrio Norte. Por su lado, Vidal se comprometió a “atender las demandas”, a “cumplir con las obras en articulación con el Municipio” y a convocar a un nuevo encuentro para el mes que viene, mientras que se le puso fecha a la próxima reunión con Cenzón (quizá la última como ministro): el 15 de noviembre. En tanto, Garro se comprometió a dar continuidad a las obras complementarias, “como es el caso de los reservorios, entre ellos uno para Los Hornos”, completaron desde su entorno. Además, el intendente informó que el mes próximo la Comuna lanzará un plan de contingencia junto al SAME local, y se comprometió a incluir en el presupuesto municipal 2017 el dinero para los subsidios de familiares de víctimas que aún restan cobrar. “Acá todos perseguimos lo mismo. Queremos ejecutar las obras necesarias que nos permitan volver a vivir tranquilos, y poder tener un Estado presente y una ciudadanía mejor preparada. Por ello, a la par de las obras estamos capacitando al personal y definiendo el plan de emergencias, para que todos sepan cómo actuar”, subrayó el mandatario municipal.

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El plan de mitigación de inundaciones en la cuenca del río Luján avanza en Pilar. Anteayer se dio el primer paso cuando el country Pilará se comprometió a realizar varias obras dentro del predio para evitar el anegamiento de poblaciones vulnerables que residen aguas abajo. La convocatoria, denominada Diálogos Hídricos, reúne a expertos en hidrología, funcionarios y representantes de más de 50 barrios cerrados del distrito. Comenzó hace seis meses en busca de consensos para paliar situaciones de lluvias extremas, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático. Según un estudio de la UBA realizado en 2015 sobre la cuenca baja del río Luján (Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana, Escobar), el riesgo de inundación alcanza en esta zona el valor máximo. "La llanura de inundación en el límite Pilar-Campana pasó de tener un ancho inicial de 4593 metros a 2573 metros, ya que fue ocupada en Pilar por las urbanizaciones cerradas. Esta pérdida representa una disminución del 44% en aproximadamente seis kilómetros", indicó en noviembre pasado la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río Luján. Encajonado por estos emprendimientos, con menos espacio para que se disperse el agua en forma normal, el río busca nuevos caminos, se acumula e inunda otras zonas, con el consecuente un costo ambiental y social. En el partido de Pilar, hay 208 barrios cerrados que ocupan el 23% del territorio municipal. Pilará acordó construir dos minirrepresas (azudes), que inundarán sectores del campo de golf y funcionarán como reservorios ante la caída abundante de agua; adicionalmente, realizará una conexión de las lagunas internas dentro de Pilará y el manejo de un reservorio temporario, en especial para mitigar el avance de las crecidas del Luján en las inmediaciones. "Como tercera medida se instalarán tres reglas para medir el caudal del río y una estación meteorológica con monitoreo por cámaras para obtener datos duros que permitan anticipar medidas y trabajar a futuro. El municipio, en tanto, no sólo mantendrá zanjas y zanjones, sino que también ampliará el puente sobre la calle Los Naranjos, que hoy obstruye el escurrimiento del agua", indicó Javier Corcuera, secretario de Ambiente del municipio. "Este modelo de acuerdo permite reunir sectores sociales muy distanciados en recursos y formas, y trabajar juntos en objetivos comunes", agregó. Coincidió Adolfo Díaz Alberdi, CEO de Pilará: "Es reconfortante ver que el sector privado y el público pueden trabajar en conjunto buscando soluciones y sin pasarnos facturas. Nuestro aporte es muy localizado, pero tiene un impacto muy importante en lo simbólico", dijo. La inversión del barrio privado, según cálculos preliminares, no será inferior al $ 1.500.000. Las obras comenzarían antes de fin de año. De las 208 urbanizaciones, 50 fueron seleccionadas para participar de la iniciativa, a partir de ciertos criterios: estar situado en área de influencia de un curso de agua, tener al menos un barrio vecino vulnerable con datos objetivos de evacuados y haber recibido reclamos o denuncias sobre el impacto del emprendimiento. Cada diálogo iniciado consta de visitas técnicas de relevamiento para identificar las zonas que más frecuentemente se inundan, análisis de la información hidrológica e hidráulica, determinación de problemas y causas, diseño de acciones a instrumentar en función de los planes Maestro Integral

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para la cuenca del río Luján e Hidráulico Municipal. Luego de firmarse el convenio, el municipio realiza un intenso seguimiento de los puntos acordados. Los countries Martindale, Sociedad Hebraica Argentina y Sausalito ya comenzaron con el proceso de entendimiento con el municipio. Los próximos serán San Sebastián, Pilar del Este, Campo Chico, Campo Grande, La Lomada y La Cañada. Y más adelante se sumarán otros 40. "Dimos un paso muy importante. Estoy enormemente agradecido con la gente de Pilará por este esfuerzo, que será un ejemplo no sólo para los demás barrios sino para toda la provincia", indicó Nicolás Ducoté, intendente de Pilar. La UBA también señaló las responsabilidades del Estado al denunciar "la falta de un sistema de alerta que permita anticipar acciones, la ausencia de un plan de contingencia, la falta de regulación en el uso del suelo y la falta de obras de infraestructura". En ese sentido, el municipio diseña un sistema de monitoreo y alerta temprana, al tiempo que conformó una comisión de seguimiento de las obras con vecinos damnificados.

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Cuatro meses, y contando. A pesar de múltiples órdenes emitidas por la Justicia, el desalojo de cuatro hectáreas de tierras privadas que permanecen usurpadas en Melchor Romero se demora; en procura de destrabar la situación, los propietarios del solar se encontraron con legisladores y funcionarios durante una charla que tuvo lugar en la Cámara de Diputados bonaerense. En el encuentro organizado por el Observatorio Social Legislativo de Diputados, junto a los inversores inmobiliarios y su abogado Ricardo Bianchi estuvieron diputados y autoridades de Desarrollo Social -bonaerense y local-, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Social, el área de Tierras platense y Economía Social de la Provincia. Los lotes están ubicados entre las calles 526, 528 -arroyo El Gato-, 159 y 161. De acuerdo con sus titulares, “en la reunión constatamos que quienes pidieron y lograron la suspensión de los desalojos desconocen los detalles y las incongruencias de los relevamientos realizados”. “Se falseó la cantidad de gente, y se hizo figurar a familias que tienen su casa en otros partidos” precisaron los propietarios: “estamos evaluando denunciar penalmente por asociación ilícita a dirigentes del Movimiento Evita y algún funcionario”. El desalojo fue aplazado hasta el 17 de noviembre; no obstante, las partes volverán a reunirse el 8 de ese mes para intentar destrabar la situación.

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“Los nombramientos en el sector público que reconozcan como única causa el parentesco o afinidad con el funcionario que realiza la designación, resultan contrarios a la ética que debe guiar los actos y conducta de todo servidor o funcionario público”. Con esos argumentos, un diputado provincial del oficialismo presentó un proyecto para prohibir las designaciones de hijos y parientes en todos los poderes del Estado. La iniciativa promete generar ruido. Su autor es el legislador de Cambiemos, Guillermo Castello, un dirigente de la Coalición Cívica, el sector que lidera Elisa Carrió. Y se basa en situaciones que se registran en diversos estamentos oficiales donde muchos funcionarios recurren a sus parientes para ocupar cargos de relevancia en la gestión pública. En Bragado, por ejemplo, el intendente oficialista Vicente Gatica colocó al frente de la secretaría de Desarrollo Social a su hija Natalia. Y el marido de ésta Mauricio Tomasino, es el secretario de Gobierno. No es el único caso. En Hipólito Yrigoyen, el peronista Jorge Cortés nombró a su esposa Sonia Gallinotti como directora del Centro Regional Universitario. Su hermano, José Cortés, está al mando de la Secretaría de Seguridad. Y la hija del alcalde trabaja en el servicio local de Minoridad. Los casos se multiplican por toda la Provincia. En Mercedes, por ejemplo, el intendente camporista Juan Ignacio Ustarroz, medio hermano del diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro y sobrino del ex diputado provincial Alberto España, tiene a varios de los suyos en el equipo municipal. El mejor ubicado es su hermano Gerónimo, quien se desempeña como jefe de Gabinete. Antes, vale recordar, fue director general de la Administración del Ministerio de Justicia y funcionario del Consejo de la Magistratura y de la Secretaría General de la Presidencia. Aderroz colocó a su hermano Gerónimo como jefe de Gabinete. Su suegra, Silvia Respuela, trabaja en la rirección de Cultura junto a su tía, Claudia Révora. Para el diputado Castello, hay que ponerle freno a esta situación. No hay antecedentes de una legislación antinepotismo en el país a excepción de un intento fallido en Chubut. “Avanzó una ley en ese sentido pero fue vetada por el gobernador Mario Das Neves”, apuntó el diputado. En cambio, otros países como Paraguay y Perú cuentan con normativas que prohíben la designación de parientes de funcionarios. La iniciativa de Castello prohíbe el nombramiento de parientes propios “en razón de la naturaleza (consanguíneos) en línea recta (ascendiente o descendiente) en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado”; cónyuges; parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad; pareja conviviente y parientes de esa pareja. “La prohibición no se aplicará en los casos en los que mediaren procesos de selección competitivos y meritocráticos”, aclara. SANCIONES El proyecto establece sanciones para quienes contraten parientes. Quien lo hiciere será sancionado con inhabilitación para ejercer la función pública por hasta cinco años.

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“El beneficiado con el nombramiento o contratación en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será castigado con la misma pena prevista para el autor. Ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente responsables por la devolución de los salarios cobrados indebidamente”, se indica en la iniciativa. También se establece que los titulares de los órganos dependientes de los tres poderes deberán remover o restituir a su cargo original a los agentes públicos en situación de nepotismo, a partir de que tomen conocimiento del hecho, o requerir igual diligencia a la autoridad encargada de nombrar, designar o contratar. Y concluye que los nombramientos provisorios o contratos realizados con anterioridad a la vigencia de la norma, no podrán ser renovados. Para Castello, el nepotismo significa “un abuso de poder realizado en beneficio de parientes y amigos” y supone un “desvío de la buena administración”. “Es un caso especial de conflicto de intereses en la medida que se utilizan y distribuyen recursos del Estado en interés de unos pocos en detrimento del interés general, a la vez que restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública”, acotó. Para Castello, esta práctica extendida en diversas áreas “entorpece la formación de un funcionariado profesional y competente”. Y añadió: “Es también una variante de clientelismo con la que se persigue garantizar el control político del aparato estatal y resentir la obligación republicana de rendir cuentas”. La iniciativa no contempla el caso del armado de listas de candidatos con parientes. “Estudiamos ese caso y creemos que para avanzar habría que modificar la Constitución”, dijo el legislador.

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Trabajadores estatales, judiciales y médicos de la Provincia volverán a parar hoy, en reclamo de mejoras laborales y salariales. Enrolados en los gremios de la CTA, ATE, AJB y Cicop, los tres sectores de la Provincia se movilizarán al mediodía a la Legislatura provincial en contra del proyecto de Presupuesto 2017, del que consideran “baja las partidas en Salud y en todas las áreas estatales”, al Instituto de Previsión Social (IPS), en 47 entre 5 y 6, y al ministerio de Economía, en 7 entre 45 y 46, “para pedir la continuidad de la paritaria, aumento salarial y el resto de las cuestiones que estamos planteando”. Los médicos, que también pararon ayer, vienen de rechazar el viernes pasado en asambleas la propuesta paritaria formulada por la Provincia “por ser similar a la anterior, siendo ya ese el cuarto encuentro del segundo semestre”, en tanto que la AJB reclama la reapertura de la paritaria, entre otras reivindicaciones. Respecto a ATE, el reclamo de negociaciones salariales que hace el sector se combina con el plan de la administración de Vidal de llamar en los próximos días a los gremios que representan a los trabajadores enmarcados en la Ley 10.430, para analizar una pauta para los tres últimos meses del año.

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REELIGEN A ZUBIETA EN EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA El secretario general del Sindicato de Salud Pública, Miguel Zubieta, fue reelecto para conducir el gremio por un nuevo período de 4 años. Según se informó, participaron de la elección unos 18 mil afiliados. “Quiero agradecer a todos nuestros compañeros por seguir brindándonos su apoyo. Estamos sorprendidos por la cantidad de afiliados que se acercaron a votar, teniendo en cuenta que era una lista única”, dijo Zubieta. La Lista Azul se alzo con 17.955 votos, sobre un total de 18.020.

EX JUEZ ASUMIÓ EN LA ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO El ex juez Marcelo López Mesa asumió ayer como Asesor General del Gobierno de la Provincia. “Viví mucho tiempo en la Patagonia y cuando recibí la convocatoria de la señora gobernadora para sumarme a este proyecto, me emocioné mucho y lo sentí como la vuelta a mi provincia natal, a mis raíces, a mi casa”, dijo el flamante funcionario durante el acto de asunción, realizado en Casa de Gobierno. López Mesa es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y profesor en numerosas universidades argentinas y extranjeras. Nació en Coronel Dorrego y estudió en la Universidad de La Plata. Fue puesto en funciones por el vicegobernador Daniel Salvador.

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“No quiero caminar con miedo, quiero andar tranquila pensando que nadie me hará daño”. “No nos maten más”. “Somos el grito de las que no tienen voz”. “Tocan a una y saltamos todas”. “Juntas somos infinitas”. Las mujeres se vistieron de negro, pintaron carteles, tomaron las calles, cantaron. La impaciencia y el hartazgo ante el horror de los femicidios cotidianos las volvieron a reunir en el grito terminal de ¡Ni una menos, vivas nos queremos! Grito que se repite sin que nada cambie. Ya hubo dos marchas multitudinarias y los asesinatos siguen. Ayer las mujeres volvieron a decir basta y armaron la primera huelga de mujeres en Latinoamérica. De 13 a 14 hicieron paro. Y a la tarde se movilizaron en todo el país. En Buenos Aires, las mujeres caminaron desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo, que quedó desbordada a pesar de la lluvia, del viento. La saña en el asesinato de Lucía Pérez fue el colmo. A esta chica de 16 años la drogaron, la violaron, la empalaron y la dejaron en una guardia simulando una sobredosis diez días atrás. Fue en Mar del Plata, en el mismo momento en que más de 70.000 mujeres se reunían en Rosario tratando de construir otro futuro desde la educación, el diálogo y la lucha. Porque lo que reclaman las mujeres desde hace muchos años es igualdad, equidad. Pero esos reclamos quedan tapados ante la violencia de los golpes y los asesinatos. Hay un femicidio cada 30 horas en Argentina. Ayer mismo hubo uno en Tucumán. Una mujer de 42 años fue asesinada por su ex: la esperó a que saliera del trabajo, le pegó con un palo y la apuñaló dos veces. “Esto nos atraviesa cotidianamente, no podemos permitirlo más. Estas marchas están muy bien porque visibilizan el conflicto”, dice Larisa, 40 años, empleada del Ministerio de Cultura, productora de teatro, investigadora. Maia, de 7 años, no le suelta la mano. La nena ve la tele, escucha, pregunta. “Es difícil hablar de estos temas con los hijos, pero yo le hablo, le cuento”, dice Larisa. También está su mamá, la abuela, Débora, 63 años, empleada de un banco: “Hay que tomar

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conciencia. Las mujeres somos las que criamos a los hijos, a los machistas también. Va a llevar tiempo pero tenemos que cambiar las cosas”. Las tres, vestidas de negro, se pierden entre la multitud de este miércoles negro. Ese color ayer pintó labios, rostros, calles y avenidas. “Un aplauso para nosotras mismas”, dijo una de las organizadoras cuando ya eran más de las siete de la tarde y la plaza eran un enjambre. Para ellas, había 100 mil mujeres; para la Policía, fueron unas 25 mil. Como sea, las mujeres salieron a las calles sin pedir permiso: el paro y la movilización se replicó en varios países latinoamericanos, como México, Chile y Uruguay. “Estoy acá porque no quiero ni una menos. Debe ser un cambio cultural y de la sociedad. Las mujeres quieren avanzar y los machistas no se lo bancan, están asesinando más que nunca”, dice a Clarín Gustavo Melman con la foto como collar de su hija Natalia, asesinada en Miramar cuando tenía 15 años. Ayer marcharon maestras, desempleadas, amas de casa, investigadoras. Muchas muy jóvenes. Hubo hombres también, menos, acompañando. El “Ni Una menos, vivas nos queremos” es lo urgente. Como otras consignas que también luchan contra la muerte: “Aborto legal para no morir” o “Sin clientes no hay trata”. Por debajo están los reclamos históricos: las mujeres ganan un 27% menos que los varones por el mismo trabajo, el 76% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres. “Estamos de luto pero estamos en lucha”, dijeron las organizadoras de una jornada que estuvo acompañada por más de 50 organizaciones sociales, sindicales y artísticas. Las oradoras hablaron desde un escenario montado en la caja de un camión. En la cabina lucía una frase color rosa que enfureció a un grupo que intentó borrarla sin éxito: “Capacidad máxima: 2 putas, 100% mujeriego”. Falta mucho.

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Con 152 votos a favor, 75 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados le dio media sanción esta madrugada al proyecto de ley de reforma electoral, que instaura el voto con boleta única electrónica en todo el país a partir del año que viene. Como parte de la reforma, se aprobó la paridad de género en la conformación de las listas de diputados, senadores nacionales, y parlamentarios del Mercosur, elevando de esta manera el cupo femenino actualmente del 30 por ciento. La votación del artículo de paridad con 214 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, fue coronada con un largo aplauso. Pero el oficialismo -en particular el macrismo, ya que entre los radicales había algunos disidentes con este punto- fracasó en el intento de imponer cambios a las PASO para hacerlas “cerradas”, es decir, que sólo se pueda votar en las internas de un solo partido o frente electoral. Por ser ley electoral se necesitaba mayoría absoluta de 129 votos positivos, tanto para la ley en general como para aprobar cada uno de los artículos. El proyecto impulsado por el Gobierno y que fue promesa electoral de Mauricio Macri, tuvo el apoyo de Cambiemos, el Frente Renovador/UNA de Sergio Massa, el peronismo del Bloque Justicialista (BJ) y el FAP entre otros. En contra votaron el FpV, el Movimiento Evita y la izquierda. El kirchnerismo basó su rechazo en el argumento de la vulnerabilidad del sistema, aunque junto con el Evita, acompañaron la paridad de género en la votación particular. El proyecto pasa ahora al Senado, y se afirma que podría ser ley en dos semanas.

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El Gobierno confirmó que hubo un acuerdo entre empresarios y gremios para otorgar un bono de fin de año de -al menos- 2 mil pesos para los trabajadores privados. Fue al cabo de la reunión tripartita en la Casa Rosada en la que confluyeron empresarios del denominado grupo de los seis y líderes de la CGT. El Gobierno, como facilitador de la mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, se hizo cargo del anuncio, en una conferencia de prensa en la que sólo estuvieron funcionarios. "Se acordó como referencia base un monto de $2.000 por trabajador", apuntó el jefe de Gabinete Marcos Peña, que estuvo secundado por su vice Mario Quintana y los ministros Jorge Triaca (Trabajo), Francisco Cabrera (Producción) y Alfonso Prat Gay (Hacienda y Finanzas). "Trabajadores y empresarios -agregó Peña- acordaron abrir una discusión por sector", que podrá redundar en un bono aún mayor. Este, precisamente, era uno de los principales puntos que reclamaban los gremios antes de desembarcar en el Museo de Casa Rosada. "¿El bono va a ser obligatorio?", se le repreguntó a Peña. “El documento es una declaración política, no es un decreto o una orden oficial: pero sí manifiesta el acuerdo de todos los que fueron hoy a este espacio de diálogo”, aclaró. Peña leyó los ejes del acuerdo que suscribieron los gremios y los empresarios. "Tiene tres puntos centrales: la primera es institucionalizar el 'Diálogo para la Producción y el Trabajo', que se volverá a reunir la primera quincena de noviembre y diciembre de este año. En segundo lugar, tiene que ser un diálogo abierto que llegue a todos los rincones del país. Pero también que valoricen las instituciones que hoy representaron a las distintas partes en el diálogo", explicó Peña. El tercer punto que se acordó es "utilizar como eje articulador de la agenda de trabajo conjunta los 8 lineamientos del Plan Productivo Nacional", desarrollado por el Gobierno. Esto incluye estrategias

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para lograr equidad y eficiencia fiscal; la desburocratización y simplificación de procesos y disminución de la litigiosidad; la búsqueda de la mejora de la competencia y de los consumidores; facilidades en el acceso al crédito y al capital; desarrollo en materia de infraestructura y energía; el fomento a la innovación y el emprendedorismo; y la búsqueda de una inserción inteligente al mundo. Aunque fue invitada por el Gobierno tras la visita de Mauricio Macri al Papa, la Iglesia no participó. Sin embargo, envió una carta que fue leída por el jefe de Gabinete Marcos Peña antes de que comenzara el encuentro. Firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal José María Arancedo y el obispo de Chascomús, Carlos Balza; la nota destaca que las partes "han asumido un camino de encuentro y de diálogo, que la Argentina espera y necesita". No obstante advirtió que "es un momento de responsabilidad en la clase dirigente", a la que instó "a generar fuentes de trabajo que promuevan la libertad y la dignidad de las personas". Y agregó: "No nos olvidemos que la mayor pobreza es no tener trabajo". "Nuestra mirada privilegia a los que menos tienen y necesitan del compromiso político y social de quienes tienen en sus manos la posibilidad de crear un desarrollo integral", remarca la misiva, donde la Iglesia, por último, se muestra expectante de que "el diálogo social se profundice al servicio del bien común". El Gobierno, a través de Peña, agradeció a la Iglesia por "el acompañamiento". Por el lado de los gremios, encabezó la comitiva el triunvirato unificado: Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento) y Carlos Acuña (empleados de estaciones de servicio). Fuentes oficiales habían informado sobre la presencia del camionero Pablo Moyano, uno de los más críticos del Gobierno, pero luego el hijo del ex líder de la CGT no apareció. "Había confirmado pero se bajó 10 minutos antes del arranque", se justificó luego. Moyano fue, precisamente, uno de los que más críticos se mostró en la previa, incluso luego de que el Gobierno anunciara el bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la AUH, medida que calificó como "una migaja". Del mismo modo, tampoco estuvieron Armando Cavalieri (Comercio) y Roberto Fernández, de la UTA. En cambio, también dijeron presente Gerardo Martínez, de la UOCRA, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Omar Maturano (maquinistas) Jorge Sola (Seguro), Francisco Gutiérrez (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación) y.el jefe de UPCN Andrés Rodríguez, quien insiste por un bono para estatales nacionales, asunto sobre el que Triaca dijo que "está en evaluación" por parte del Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra. Desde el sector empresario, suscribieron el acuerdo los vices de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina y Nicolás Pino; por la UIA Adrian Kaufman y Daniel Funes de Rioja; Juan Chediack y Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Daniel Llambias (ADEBA), Jorge Di Fiori y Gonzalo de León (Cámara Argentina de Comercio) y Adelmo Gabbi y Guillermo Carracedo (Bolsa de Comercio). Para el Gobierno, el saldo de la reunión fue "muy positivo". “Lo que hemos vivido es un hecho histórico: no ha habido muchos antecedentes en la Argentina de que el Estado, el sector empresarial y los trabajadores estén en una misma mesa”, concluyó Peña. Esto, sabe el Gobierno, no desactiva cualquier posibilidad de un paro, ya que las negociaciones dejaron en evidencia ciertas disputas dentro de la CGT. Pero Peña se mostró confiado en que, tras el acuerdo, los gremios van a "superar esa discusión".

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La polémica posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Cámara de Diputados, de los actuales 257 a más 300, resurgió inesperadamente esta noche, en negociaciones paralelas con el debate en el recinto de la Cámara del proyecto de reforma electoral para implantar la boleta única electrónica. Las negociaciones tuvieron epicentro en el despacho del titular de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, un abierto defensor de la ampliación del cuerpo para responder a la proporcionalidad de representación según el último Censo de 2010, según lo establece la Constitución. “Sergio Massa tiró el tema, y todos se prendieron”, indicó una fuente legislativa. En el cónclave participó también el jefe del bloque de PRO, Nicolás Massot. Se barajó la posibilidad de incluirlo como cláusula transitoria, o como artículo del proyecto de reforma. “Si se hiciera, la condición es hacerlo con el mismo presupuesto actual de la Cámara”, se atajaron cerca de Massa, ante lo que se estima sería la crítica más firme a la iniciativa, “el gasto de la política” en tiempos siempre de crisis. Pero en el massismo desmintieron que su líder hubiera sido impulsor o participado de una negociación por este asunto. Aunque hubo “poroteo” a ver si reunían las voluntades para llevar el tema al recinto, los números no dieron. Los radicales se pararon de manos: aún los bonaerenses -que en líneas generales coinciden con la ampliación-, consideraron que era “totalmente inoportuno, fuera de lugar” plantear el tema de esta manera. Así lo hizo saber a Monzó el jefe del bloque radical, Mario Negri. “Con la crisis que hay, aunque corresponda la ampliación, no es momento. ¿Qué nos va a decir la gente?”, le dijo a Clarín un radical bonaerense. En el macrismo admitieron que el asunto no caminó, pero aseguraron que volverán a plantearlo “para fin de año”. La ampliación de unos 70 legisladores más, beneficiaría ante todo a la Provincia de Buenos Aires, que pasaría de los actuales 70 a por lo menos 100 legisladores. Sobre la ampliación hay proyectos de la kirchnerista Diana Conti, de Margarita Stolbizer y también de Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda. Las fuerzas chicas consideran que se verán favorecidas si se respeta la proporcionalidad porque hoy hay provincias como Buenos Aires, subrrepresentadas.

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La película de la FAM no terminó. La pulseada entre la Casa Rosada y parte del PJ por el control de la entidad que reúne a intendencias de todo el país, sumó otro capítulo: Rogelio Frigerio blanqueó el plan para crear una Agencia de Municpios. Al principio, fue una amenaza política. En medio de la discusión por la conducción de la Federación Argentina de Municpios, el ministro avisó que si el PJ quería imponer a Verónica Magario como jefa única y no compartir la conducción en un triunvirato, los alcaldes de Cambiemos "vaciarían" la FAM. Fue lo que ocurrió. El PJ rechazó la propuesta de una jefatura tripartita y los intendentes de la UCR, el PRO, vecinalistas y del Frente Renovador no participaron de la asamblea que el 6 de octubre eligió a la intendente de La Matanza. Frigerio decidió, entonces, avanzar con la creación de una FAM "paralela" y se lo trasmitió a un grupo de intendentes del PJ bonaerense con los que se reunió en Casa Rosada. "La FAM se convirtió en una extensión del FpV porque Magario lo decidió así" le dijo a Clarín el viceministro de Interior, Sebastián García de Luca. Lucas Delfino, subsecretario de Asuntos Municpales, fue encomendado por Frigerio para bosquejar un proyecto de la Agencia de Municipios. Analizará modelos que existen en países de América Latina y Europa y perfilará un organismo que Frigerio quiere presentar antes de fin de año, anticipan en el Gobierno. "La idea es que no haya un presidente sino un cuerpo colegiado de entre 5 y 7 integrantes" explicaron en Interior.

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“Compartimos con un grupo de intendentes la imperiosa necesidad de que exista una agencia de municipios que nuclee a los más de de 2200 municipios que quedaron afuera de la FAM" dijo Delfino. Frigerio le contó esos detalles a un grupo de intendentes bonaerenses que lo visitaron en Casa Rosada entre los que estaban Martín Insaurralde (Lomas), Juan Zabaletsa (Hurlingham), Mariano Cascallares (Brown), Fernando Gray (Echeverría), Juan Pablo de Jesús (La Costa) y Eduardo "Bali" Bucca, Bolívar. El ministro contó que participó de la "Tercera Cumbre de Vivienda y Urbanismo" organizada por la ONU en Quito, Ecuador, y allí vio como funcionan las organizaciones que nuclean a los municipios de otros países.

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Algunos funcionarios del Ministerio del Interior hicieron en los últimos días una llamativa apuesta que involucra fondos por miles de millones de pesos. El desafío consiste en gastar en lo que resta del año los $ 9592, 1 millones que tiene disponibles la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo de Domingo Amaya. Aunque el sueño de todo funcionario es contar con fondos abundantes para volcar a su tarea, no se trata de una tarea sencilla. Sucede que en la primera parte del año el gasto en viviendas y mejoramiento del hábitat, al igual que en otras áreas del Estado, quedó frenado por los avatares de la transición política. El objetivo para los próximos dos meses es agotar los recursos disponibles, que representan el 43 por ciento del presupuesto del área para este año. En otros términos: la cartera de Amaya deberá volcar a la calle en poco más de dos meses y medio la misma cantidad que debería destinar en más de cinco meses si hiciera un uso cronológico de los recursos. Ese es el motivo por el que algunos funcionarios apostaron en contra. En lo que resta del año el Gobierno destinará $ 6250,5 millones a la puesta en marcha y el avance de casas sociales, una tarea cuya gestión está a cargo de los institutos de la vivienda provinciales y, en algunos casos, de los municipios. Otros $ 3341 millones los volcará a la mejora del hábitat, que apunta principalmente a instalar servicios básicos en villas y asentamientos precarios. La provincia de Buenos Aires será uno de los territorios privilegiados de la inversión pública en viviendas. La semana próxima se anunciará, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el lanzamiento de un plan para construir 25.000 nuevas casas en territorio bonaerense, y se les sumarán anuncios por otras 15.000 en las provincias. Desde la mirada política, es lógico el apuro de Amaya por avanzar en la utilización de los fondos disponibles. El plan de Macri es concretar una inversión de $ 100.000 millones hasta el final de su mandato para construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y otorgar créditos con parte del capital o tasas subsidiadas para construir o mejorar otras 456.000 casas. Esos trabajos permitirían sacar de la crisis habitacional a unas cuatro millones de personas, una tercera parte de los 12 millones que viven en situación precaria. Si logra completar el plan, podrá decir que financió unas 30.000 viviendas por año, casi el doble de las 16.000 por año que hizo el kirchnerismo, pese a que había prometido hacer más del triple que la administración actual. Desde el punto de vista político, se trataría de una carta ganadora de cara a los comicios presidenciales. A través de diversos ajustes, los fondos destinados a viviendas y mejoramiento del hábitat se incrementaron en casi $ 190 millones en el año. En la primera parte del año, Amaya firmó más de 20 convenios con gobernadores y 60 acuerdos específicos con provincias y municipios para establecer pautas concretas de la inversión pública en vivienda. Se fijaron plazos de ejecución, montos a desembolsar y la cantidad de habitantes que serán alcanzados por el proyecto.

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La indigestión presupuestaria de la cartera de vivienda se debe en parte a lo que ocurrió en el primer trimestre del año. Tras el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades revisaron la contabilidad de sus antecesores y encontraron irregularidades. Luego iniciaron el pago de unos $ 7000 millones correspondientes al último año de Cristina Kirchner en el poder. Aunque ese trabajo les llevó el primer trimestre, las erogaciones se contabilizarán en el ejercicio del año pasado. Un funcionario de Interior que pidió reserva de su nombre sostuvo, en diálogo con LA NACION, que la utilización de todos los recursos disponibles es una orden del ministro Rogelio Frigerio, el titular de la cartera, que además de la relación con las provincias engloba el gasto en obra pública, la construcción de viviendas y el mejoramiento del hábitat. En parte, se trata de una cuestión de sillas. Semanas atrás, un funcionario de trato frecuente con Frigerio le dijo a LA NACION: "Estamos acá para usar el presupuesto. Si estuviera en otra ministerio podría decirte lo contrario, pero estamos acá para gastar la plata", explicó en referencia tácita al titular de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que tiene entre sus preocupaciones la marcha del déficit fiscal. Son intereses antagónicos: si el gasto aumenta y los ingresos del Estado no acompañan, se agranda el rojo del sector público. De todas maneras, el propio titular de Hacienda cosecha las bondades del gasto público en otros indicadores. Hace dos semanas, en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Prat-Gay sostuvo: "Toda la economía dejó de caer en el tercer trimestre". Cuando dejaba el lugar, amplió su afirmación ante la consulta de LA NACION. Y mencionó, a modo de ejemplo, los valores positivos que mostraron las ventas de asfalto y de cemento, ambos rubros vinculados con la construcción. Al momento de mencionar a los responsables del cambio de tendencia, Prat-Gay nombró al campo y al propio Estado, que multiplicó el gasto en obras.

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Alfonso Prat-Gay aseguró que el tema no se discutió. Jorge Triaca deslindó responsabilidades en su par de Modernización, Andrés Ibarra. El Gobierno intentó ayer dar por superada una discusión que, al menos en público, nunca inició: la del bono de fin de año para los estatales de la administración nacional. "No tratamos hoy el tema del bono estatal. Hicimos un esfuerzo para los más necesitados [que tendrá un costo] de 100.000 millones de pesos, pero no se discutió el pago del bono", esquivó ayer el ministro de Hacienda en la conferencia de prensa posterior a la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno, la CGT y los empresarios. Después de afirmar que es el Ministerio de Modernización y no el de Trabajo el que está al frente de la definición del plus para estatales, Triaca insistió sobre el argumento de la no intromisión en las decisiones de las provincias. "No queremos imponerle a ninguna jurisdicción estos condicionamientos", dijo sobre si los $ 2000 acordados como piso para la compensación a privados podría definir el plus para los estatales. En rigor, y más allá de las evasivas públicas de los ministros, la negociación entre la Casa Rosada y la CGT por el pago de un adicional a los empleados del Estado nacional está en marcha desde hace varias semanas. Las gestiones fueron confirmadas a LA NACION tanto desde el Gobierno como desde la central obrera. ¿A qué responden entonces las elusiones de los hombres del gabinete? Básicamente a que el Gobierno quiere evitar que se filtren cifras que luego no van a prosperar. Además, tiene que asegurarse de que el monto que se fije para los estatales no se convierta en un problema para los gobernadores o para los empresarios que ayer acordaron una compensación de por lo menos 2000 pesos para el sector privado. Para la CGT, esa cifra es desde ayer la base de cualquier arreglo con los estatales. "Con lo de hoy [por ayer] queda claro que el piso es 2000 pesos para todos, estatales y privados", dijo a LA NACION un jefe gremial que está al tanto de la discusión por la compensación para los empleados públicos. De esa negociación participan, además de Triaca e Ibarra, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Prat-Gay. El representante gremial es Andrés Rodríguez, jefe de UPCN. Las dos CTA, que no integran esa ronda ni participaron de la reunión de ayer, siguen el tema de cerca y piensan sumarlo a los reclamos por los que hoy anunciarán un plan de lucha que podría incluir un paro el 28 de este mes. "El Gobierno no puede decir que deja el tema librado a las provincias cuando siempre fue el rector de la política salarial para los estatales", se quejó el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. "Macri va a tener que dar una definición pronto. No puede esconderse", añadió ante la consulta de LA NACION. El manejo de los tiempos es clave. No sólo porque los estatales son los únicos que siguen afuera del mapa de pagos extra para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios por la inflación. También es crucial para un grupo de gobernadores que esperan una decisión del gobierno nacional que guíe las ofertas en sus provincias. Además, es determinante para los mandatarios que ya avisaron que no pueden pagar ningún plus, cualquiera sea su monto. Integran ese último grupo Miguel Lifschitz (Santa Fe), Domingo Peppo (Chaco), Lucía Corpacci (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y hasta la bonaerense María Eugenia Vidal, que lo dejó trascender a través de su ministro de Economía, Hernán Lacunza, entre otros. Son los que, para poder pagar el plus a sus estatales y neutralizar un eventual foco de conflicto de cara a fin de año, necesitarían asistencia financiera del gobierno nacional.

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El promovido paro general de la CGT se desactivó antes de comenzar. El empujón que faltaba para cancelar la medida de fuerza se concretó ayer, con la intervención del Gobierno. El Estado ofició de mediador para que empresarios y sindicalistas pacten una compensación salarial para el sector privado de por lo menos $ 2000. Así, la agenda urgente, guiada por el bono, está zanjada parcialmente. La pulseada continúa por los empleados estatales y para reactivar una suerte de acta compromiso para evitar despidos y suspensiones por 90 días. El acuerdo tripartito se encadena al anuncio de la semana pasada, que contempla para diciembre un paquete de medidas salariales para jubilados y beneficiarios de asignaciones por hijo, y la exención del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo de los salarios brutos de hasta $ 55.000. Juan Carlos Schmid, uno de los tres integrantes del triunvirato de mando de la central obrera, confirmó a LA NACION la cancelación del paro. La determinación no es unánime: hay gremios enrolados en la CGT que se oponen al trato por un motivo: consideran que la salida no era un bono a pagarse en negro, sino la reapertura de las paritarias. Detrás de esta postura se alinean el camionero Pablo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y el docente Sergio Romero. El hijo de Hugo Moyano y Palazzo mantienen abierta una negociación con las dos vertientes de la CTA, que rechazaron el trato con el Gobierno y anunciarán hoy un plan de lucha para diferenciarse. Los jefes ceteístas Pablo Micheli y Hugo Yasky fueron excluidos de la cumbre de ayer. Pero una mayoría de sindicatos de la CGT avaló la negociación del triunvirato y celebró los logros. Los sindicalistas buscarán en la próxima reunión del denominado Diálogo para la Producción y el Trabajo, prevista para el 15 de noviembre, imponer un acta en la que los empresarios y el Estado se comprometan a mantener sus planillas de empleados y evitar despidos y suspensiones por 90 días. Así lo expusieron Schmid y Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Será otro intento de la CGT para contener a sectores que sufren los coletazos de la situación económica y de la apertura de las importaciones, como la industria textil, metalúrgicos y automotrices. En la reunión de ayer, llamativamente, el pico de tensión no involucró a un sindicalista. Sucedió entre Daniel Funes de Rioja, número dos de la Unión Industrial Argentina, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. El empresario cuestionó el acta que establece un piso de $ 2000 para el bono y sugirió que se trató de "algo imperativo". Los sindicalistas asistieron azorados a un inusual cruce retórico. El Gobierno promovió el apretón de manos entre empresarios y sindicalistas por un motivo central: impedir la reapertura de las paritarias. Impulsar el pago del bono es también una manera indirecta de reconocer que la inflación superó las expectativas. Las paritarias promedio cerraron entre un 35 y 40%, muy lejos del pronóstico del "20 o 25%" que había aventurado el presidente Mauricio Macri en enero, desde el frío de Davos. La cruzada del Gobierno para sugerir de manera explícita el pago de un bono al sector privado esconde una estrategia a mediano plazo: disminuir las expectativas salariales para 2017 y que las próximas paritarias estén ajustadas a la inflación proyectada por el presupuesto oficial, que se prevé entre el 15 y 17 por ciento. En el Ministerio de Trabajo se reforzaría el plan con una idea que aún está en carpeta: adelantar a marzo el Consejo del Salario para establecer una pauta salarial general antes de la ronda de negociaciones de los principales gremios. Otra sutil manera de influir. Desactivado el paro, el Gobierno intentará ahora empujar otros proyectos. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tiene varias iniciativas en carpeta: el compromiso a modificar las escalas de Ganancias antes de fin de año; impulsar el programa Primer Empleo; la reforma de las ART; actualizar los convenios colectivos de actividades que necesitan captar inversores; una campaña para promover la registración del personal doméstico, y hasta una audaz modificación en la ley laboral en lo relativo a la licencia por paternidad, que es hoy de 48 horas y podría ampliarse a 14 días. Para todo deberá negociar con la CGT.

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Mientras la Cámara de Diputados debatía al cierre de esta edición una reforma electoral que incluye una cláusula similar, el Senado tomó ventaja y aprobó un proyecto de ley que establece la paridad de género en la conformación de las listas legislativas nacionales y de autoridades partidarias. La iniciativa fue votada por 57 votos a favor y tan sólo dos en contra. Las únicas voces disonantes, en un debate abreviado para permitirles a las senadoras sumarse a la marcha del colectivo #NiUnaMenos, fueron la del presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo (Pro-Capital), y la del cordobés Ernesto Martínez (Cambiemos-Córdoba). "Me opongo a cualquier cupo, porque los cupos se reconocen en las organizaciones políticas corporativas", afirmó Martínez, único senador que argumentó en contra de la ley durante el debate. Tras la sesión, Pinedo justificó su rechazo en la inflexibilidad que implica sancionar un cupo por ley. "Creo que hay que dejar un margen para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes más allá de su sexo", explicó en diálogo con periodistas parlamentarios. El proyecto modifica el Código Nacional Electoral y establece la obligatoriedad de intercalar un candidato de cada sexo en las listas legislativas nacionales. La ley vigente, sancionada en 1991, contempla la integración compulsiva en un 30% de mujeres. El texto aprobado ayer amplía los alcances de la norma a las elecciones de autoridades partidarias, que también deberán conformarse en partes iguales por hombres y mujeres. La iniciativa fue impulsada por las mujeres del Senado a pesar de las advertencias acerca de la necesidad de esperar la sanción de una cláusula similar en la Cámara de Diputados. En el debate hablaron casi todas las senadoras, en su mayoría vinculando el proyecto, que reglamenta una cuestión de igualdad de género, con la masiva marcha que pocos minutos después se iba a celebrar en el centro porteño, convocada como un reclamo en contra de la violencia de género y de la sucesión de femicidios. "La paridad tiene que ver con esto, impacta sobre los femicidios", afirmó Marina Riofrío (FPV-San Juan), presidenta de la Banca de la Mujer, que ofició de miembro informante de la iniciativa. "Si no fuera por la ley de cupo estaríamos mucho más atrás de lo que estamos hoy", agregó la legisladora. El apoyo de género atravesó a todas las fuerzas políticas. "Hoy es un día histórico", afirmó la rionegrina Magdalena Odarda (Coalición Cívica-ARI), quien aseguró que "la paridad de género en las listas promoverá el acceso de las mujeres a los cargos más altos de la República". Por su parte, la presidenta del interbloque Pro, Laura Rodríguez Machado (Córdoba), afirmó que la aprobación del proyecto "es más profunda que una cuestión electoral: es un paso que hay que dar porque si no, no vamos a llegar nunca a la bendita paridad de género".

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De acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno, en agosto se recuperaron 6500 puestos de trabajo en el sector de la construcción, mientras que en septiembre se sumaron otros 2500. "Ya recuperamos el 15% del empleo en el sector que se había perdido en el último año, desde julio de 2015", explicó el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado. Los despidos en el sector de la construcción generaron polémica en la primera parte del año. Debido al retraso en el giro de los fondos por parte de la administración de Mauricio Macri, una situación que ya había comenzado en los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner, las empresas suspendieron la construcción de obras, algo que impactó en el empleo. Según números privados, en el primer trimestre hubo 54.000 despidos en el sector. Según la versión del Gobierno, la demora en el giro se fondos se debió a que las nuevas autoridades encontraron una enorme cantidad de irregularidades en las contrataciones de obras públicas que habían hecho sus antecesores. Por eso, la mayoría de los pagos se pospuso hasta que se aclaró la situación de cada expediente. Inflación y obras Ayer se realizó una nueva reunión de la Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de la Obra Pública en donde se analizaron los avances en la reactivación de obras en todo el país. La encabezaron los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Transporte, Guillermo Dietrich. Delgado también fue de la partida, al igual que el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua; su par de Obras Públicas, Jorge Sábato; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack, y representantes del Ministerio de Energía y Minería y de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

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En 2016 la inflación acumulada será de 38%. Más allá del acuerdo por el bono de 2000 pesos que deberían otorgar los sectores privados, la principal definición del encuentro de ayer de la Mesa del Diálogo por la Producción y el Trabajo fue que el Gobierno de Mauricio Macri confirmó que ese porcentaje es el nivel final de aumento de precios que espera en su primer año de gestión. Es un dato que, además de los gremios, era esperado por todos los sectores de la economía (empresas, consultores, analistas y operadores de los mercados financiero y de capitales), que ahora comenzarán a cerrar todas las proyecciones para 2016 con esta nueva información. Y lo más importante hacia delante: la tomarán como un punto de partida de las estimaciones para el próximo año, ejercicio que para el Gobierno habrá un alza de precios de 17%. El 38% final para 2016 fue el número que ayer impuso en la mesa de negociaciones en la Mesa el ministro de producción Francisco Cabrera, llevando a la mesa un número sobre el que ya trabajaban para cerrar el año el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. El primero había hablado de un 37% final hace 15 días durante su participación en la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial. Desde el Banco Central se menciona desde hace un mes en los informes monetarios de los martes que acompañan los resultados de las Lebac que es un hecho que entre noviembre y diciembre la inflación se ubicará cerca de 1,5% mensual; el nivel máximo para cerrar el año en la cifra esperada. El 38% surge de la proyección hacia fin de año en base al resultado de septiembre presentado la semana pasada por el INDEC, y que arrojó un aumento global de 1,1%, con un alza de precios "núcleo" (la estructural) del 1,5%. Si bien para octubre se espera que el alza sea mayor (no menos de 2,5%) debido al impacto que tendrá el demorado primer incremento en las tarifas de gas, para los últimos dos meses del año el Gobierno espera que la variable esté dominada en el 1,5% mensual. Si bien el organismo que dirige Jorge Todesca no midió el IPC todo el año; la comparación cruzada con el alza de los precios en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país acompañan la proyección. El INDEC comenzó en mayo a medir la inflación, con aumentos de 4,2% ese mes, 3,1% en junio; 2% en julio; 0,25 en agosto y el 1,1% de septiembre. La medición que realiza el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, mostró en enero un alza de 4,1%, de 4% en febrero, 3,3% en marzo y 6,5% en abril. Luego, ya con el INDEC calculando el nuevo IPC, las dos mediciones fue arrojando resultados similares, con lo que, hasta septiembre, el acumulado llegó a 31/32% anualizado. Si se tiene en cuenta una inflación de 2,5% para octubre y de 3% sumando noviembre y diciembre, aparece el 37/38% que ya cerró el Gobierno. Siguiendo esta línea de análisis surge además la máxima del Gobierno planteada ayer en la Mesa, que sólo deberían abrir las negociaciones por un bono de fin de año de 2.000 pesos para diciembre, aquellos sectores que hayan negociado paritarias con incrementos salariales de menos de ese nivel porcentual. Por ejemplo, los bancarios y metalúrgicos estarían dentro; mientras que la construcción y comercio estarían fuera. El Gobierno quiere que rápidamente la Mesa (que se reunirá una vez por mes) comience a discutir los primeros datos para 2017, incluyendo la proyección de incrementos salariales para los privados para las paritarias del próximo año. La intención es darles previsibilidad a las empresas cerrando la principal variable flexible en sus balances, y considerando que las otras condicionalidades macro que dependen del Gobierno (como el tipo de cambio que comenzará el año a 16 y cerrará 19 pesos) para encarar los presupuestos para 2017 estarían ya definidas. Para esto se necesitaría que los gremios tomen lo más rápido posible la proyección de una inflación anual de 17% tal como figura en el presupuesto. Si se lograra esta aceptación, desde el oficialismo se asegura que el 2017 comenzará con una pequeña gran victoria económico- política; y que se despejará una de las incógnitas más importantes para los privados para el próximo ejercicio.

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En 2015 continuó el proceso de traspaso a escuelas privadas iniciado en 2003. De cada aumento de 100 alumnos en el período 2003-2015 en todo el sistema de educación común obligatorio, 81 alumnos optaron por las escuelas privadas y 19 por las estatales. Los datos surgen de un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (Universidad de Belgrano) que dirige Alieto Guadagni. "En 2015, la matrícula estatal primaria registraba 434 mil alumnos menos que en 2003 (una disminución del 12%); el retroceso de la matrícula estatal en la primaria es particularmente notorio en primer grado, ya que en 2015 se anotaron en estas escuelas un 18% menos de alumnos que en 2003" señala el estudio basado en los datos extraídos del Anuario Estadístico Educativo 2015, publicado recientemente por el Ministerio de Educación. Estos son los puntos principales del trabajo: • Estamos en presencia de un sostenido proceso de éxodo de la escuela estatal. Este fenómeno es la primera vez que ocurre desde la sanción, en 1884, de la Ley 1.420 (de educación común, gratuita y obligatoria). • Entre 2015 y 2014, la escolaridad primaria es la que presenta cifras más llamativas, con una caída interanual del 0,60% en los colegios primarios estatales y un incremento del 1,60% en los privados. El nivel secundario muestra un incremento del 1,29%, pero este crecimiento es muy superior en el ámbito privado, ya que su variación interanual casi cuadruplica el aumento apreciado en el secundario estatal. • Se aprecia que, de cada 100 alumnos adicionales en todo el sistema escolar en 2015, 66 se inscribieron en escuelas privadas y sólo 34 eligieron la educación pública. Si esto se analiza por niveles, la relación es favorable a la escuela pública sólo en inicial, donde se inscriben 69 de cada 100 nuevos alumnos. • También queda de manifiesto el momento crítico que vive la escuela primaria estatal en muchas provincias, ya que sólo en siete (Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, Chubut, Ciudad de Buenos Aires y Río Negro) fue positiva la variación incremental respecto del año anterior. En el resto del país, se produjeron reducciones en la matrícula estatal del nivel primario, de forma tal que la matrícula total disminuyó un 0,60%. • En 2003 comenzó a manifestarse el proceso de privatización del sistema escolar argentino. En el período 1996-2003, la escuela pública había crecido más que la privada: 18% versus 15%. La caída de la matrícula primaria estatal entre 2003 y 2015 alcanzó a 433.549 alumnos. Esto significa que abandonaron el aula primaria estatal casi 12 de cada 100 alumnos. Esta disminución se observa en gran parte de nuestro país, ya que únicamente Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, resto (interior), San Juan y Chubut arrojaron cifras incrementales positivas en cuanto a la evolución de la matrícula primaria estatal.

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Un hogar que antes del aumento del gas pagaba 50 pesos por bimestre ahora pagará en promedio 174 pesos; el que abonaba 85 pesos pasará a afrontar una boleta bimestral de 317 pesos, mientras que la factura de 109 pesos sube a un promedio de 396 pesos. En todos los casos, bajo el supuesto de que se mantiene constante el nivel de consumo de gas. Una pequeña empresa sin utilización intensiva del gas pasará de pagar 833 pesos a 3452, mientras que para una compañía de mayor porte el incremento promedio en el servicio es de 12.110 pesos a 53.472. Esos son algunos de los números que dejó la saga del aumento tarifario del gas. El nuevo capítulo tiene fecha de estreno en abril de 2017, cuando el Gobierno comience la aplicación de una nueva ronda de aumentos semestrales para continuar con el plan de eliminación de subsidios a los servicios públicos. El objetivo final del Ejecutivo se lograría en octubre de 2019, cuando el usuario afronte plenamente el valor del servicio. Salvo en los usuarios residenciales de mayor nivel de consumo, en todos los casos la tarifa social actual es más cara que la tarifa regular anterior. La novela del gas comenzó en abril, cuando el Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren publicó la resolución 28 por la cual estableció las subas tarifarias. El aumento promedio a igual nivel de consumo fue del 200 por ciento para los usuarios residenciales y 697 por ciento para comercios, pymes e industrias. Esos valores llegaban al 539 y 1200 por ciento en los hogares y comercios, respectivamente, de la región patagónica. Sin embargo, el aumento en los hechos fue todavía mucho más violento porque el año pasado fue un otoño cálido y eso permitió a los usuarios aprovechar los incentivos de ahorro otorgados por el Gobierno anterior, con lo que pudieron reducir su boleta en ese período. Este otoño fue frío, con el consiguiente aumento del consumo. Las espectaculares subas tarifarias motivaron reclamos masivos en todo el país, cacerolazos, frazadazos, críticas de la oposición y hasta dentro del Gobierno. La respuesta oficial fue establecer topes del 400 y 500 por ciento a las subas tarifarias que no contentaron a nadie. Encima, Aranguren enfrentaba problemas formales, porque los aumentos se aplicaron sin convocar a audiencia pública previa, como marca la Constitución, lo que alimentó los argumentos judiciales en contra del tarifazo. El punto final de ese proceso fue la anulación definitiva por parte de la Corte Suprema a mediados de agosto. Un mes después se realizó la audiencia pública y posteriormente el Gobierno publicó el nuevo cuadro tarifario. Un informe de la Fundación Generación Sur al que accedió este diario detalla cómo quedó la situación de tarifas del gas. Para los comercios, clubes de barrio, centros culturales e industrias, la factura promedio de la categoría SGP2, que engloba a la mayor cantidad de usuarios no residenciales, pasó de 833 pesos a 7977 pesos en abril y en la actualidad está en 3452 pesos, un aumento final del 314 por ciento. La categoría más alta (SGP3), pasó de 12.110 pesos a 81.878 pesos en abril y ahora ronda los 53.472 pesos, un incremento frente a principios de año del 342 por ciento. La categoría más baja (SGP2) registró un aumento en abril de 141 a 1056 pesos (651 por ciento) que luego quedó en 532 pesos (279 por ciento). Un punto discutido en momentos de anulación del tarifazo original fue el supuesto perjuicio que recibirían los usuarios inscriptos en la tarifa social. Sin embargo, los números desmienten esa versión, incluso con el cuadro tarifario actual que tiene los aumentos “aminorados”. La factura

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promedio de un usuario R1 antes del aumento era de 50 pesos, mientras que por ese mismo nivel de consumo la boleta actual con tarifa social es de 95 pesos. El usuario R12 pasa de 85 pesos sin beneficio a 139 pesos con tarifa social. La categoría R22, de 109 pesos con “tarifa plena” a 179 con el beneficio; y la R23, de 156 a 216 con tarifa social. En cambio, la categoría más alta, la R34, pasa de pagar 1123 pesos de gas con el cuadro tarifario anterior a 758 pesos si recibe la tarifa social. Esta situación se da porque la tarifa social bonifica completamente el precio del gas en la boleta, no así la retribución para el servicio de distribución y transporte. De manera que a medida que aumenta el peso de ese componente en la factura final, mayor es el beneficio de la tarifa social. Entre los usuarios residenciales, una factura de 50 pesos en marzo pasa a 174 pesos, de 85 pesos a 317 pesos, de 109 a 396 pesos, de 152 a 481 pesos, de 261 a 839 pesos, de 381 a 1027, de 603 a 1303 y de 1282 a 2634 pesos. Representan subas que van del 274 al 105 por ciento.

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En un debate áspero, el último y crucial cara a cara entre Hillary Clinton y Donald Trump, el candidato republicano dijo esta noche ante una audiencia expectante que verá en su momento si acepta o no el resultado de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre porque teme un fraude en su contra. Esta advertencia, inédita en la historia de la carrera por la Casa Blanca, fue un punto de inflexión en un debate en el que el magnate comenzó disciplinado y con tono moderado pero no logró doblegar a Hillary, que se desempeñó con solvencia. Sin dudar, la ex secretaria de Estado replicó que el candidato era un “peligro para la democracia”. El tercer y último debate se llevó a cabo ayer en la Universidad de Nevada, en las Vegas, y fue moderado por el periodista Chris Wallace, de la cadena Fox, cuyo fundador, Roger Ailes, asesoró a Trump para el encuentro. De entrada se advirtió que el debate iba a estar tenso: ambos llegaron, saludaron al público y no se estrecharon la mano. Tampoco lo hicieron al final, lo que anticipa el clima de guerra que se verán en estos últimos 20 días que quedan para las elecciones. Trump estuvo moderado al comienzo, disciplinado y con ciertas chicanas que pusieron en apuros a Hillary, que no brilló, pero estuvo sólida, con buen tono en sus ataques y, fundamentalmente no cometió errores. Una encuesta de la CNN dio por ganadora a Hillary por 52% contra 39% de Trump. Pero, más allá de quien haya ganado este debate, Trump necesitaba dar un gran golpe de gracia a su rival y no lo hizo. Precisaba desesperadamente un nocaut para intentar remontar las encuestas que le son desfavorables. Y, más allá de eso, sembró dudas de su actitud ante los resultados. Todo el mundo hablará de eso ahora. De alguna manera, parecería estar preparando el terreno ante una evenutal derrota. Ya el presidente Barack Obama le había advertido que dejara de “lloriquear” por anticipado y se dedicara a juntar votos. El cara a cara había comenzado con tono moderado pero cuando había transcurrido más de la mitad, y ante una pregunta puntual del moderador, Trump evitó comprometerse a aceptar el veredicto de las urnas. “Veré eso en el momento oportuno. Pero lo que he visto hasta ahora es muy malo”, dijo Trump, quien en los últimos días ha insistido en sus discursos en que las elecciones están siendo "manipuladas" para garantizar la victoria de su rival demócrata Hillary Clinton. “Lo voy a mantener en suspenso”, agregó. Y dijo que hay “millones de personas registradas para votar que no deberían estar registradas para votar”, pero no mencionó casos particulares. Las redes sociales estallaron: era la primera vez que se escuchaba decir eso a un candidato antes de las elecciones. Además, contradecía a lo que había dicho su compañero de fórmula, Mike Pence, poco antes. La propia jefa de campaña del magnate, Kellyanne Conway se vio en dificultades en explicar lo que había querido decir su candidato: “Trump aceptará los resultados de las elecciones porque va a ganarlas”, atinó a decir. El choque televisivo comenzó con un tema candente que es el nombramiento del juez de la Corte Suprema que remplazará al ultraconservador Antonin Scalia, fallecido este año y cuya designación inclinaría la balanza del Tribunal hacia los liberales o los conservadores. Trump dijo que eligirá a un magistrado que respete la Segunda Enmienda –que garantiza el derecho a portar armas-- y se jactó de recibir el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle. También dijo que será alguien que se oponga al aborto, garantizado por un fallo de la Corte desde 1973 y atacó a Hillary al decir que la visión de la candidata llevarán a que los niños sean abortados a los nueve meses. “En el noveno mes podrás tomar el bebé y arrancarlo del útero y eso no es aceptable”, expresó. Hillary, en cambio, señaló que eligirá al

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mismo candidato que propuso el presidente Barack Obama y que está a favor del derecho de las mujeres a elegir y también de limitar –no prohibir- la venta y la portación de armas. Obviamente el tema de los escándalos sexuales que persiguen a Trump surgió. El magnate dijo que las denuncias de mujeres que dicen que fueron abusadas por el son “historias falsas y ya desacreditadas” y responsabilizó a la campaña de Hillary por las acusaciones. “Ni siquiera le pedí perdón a mi mujer porque no hice nada, no las conozco, quieren fama o fue su campaña (la de Hillary) la que lo hizo”, afirmó. Con mucha serenidad, Hillary recordó la secuencia de las denuncias tras el video en el qeu se lo escuchaba jactarse de “hacer lo que quiere con las mujeres”, incluso manosearlas, porque es una estrella. “Oímos lo que Donald Trump dijo que hizo a las mujeres y después las mujeres vinieron y lo dijeron”, apuntó Hillary. “Donald Trump cree que denigrar a las mujeres le hace más grande”. Con tono sombrío, agregó: “No es solo una cosa, es un patrón de división, de muy oscura y peligrosa visión. Espero que más gente se dé cuenta de lo que está en juego en estas elecciones: qué país queremos ser", agregó. En una de las frases más recordadas del este debate, el magnate dijo: “Nadie respeta más a las mujeres que yo”, lo que desperto las risas de la audiencia. Sin embargo, con el correr de los minutos, no dudó en insultar a Hillary: “Que mujer más desagradable”, le dijo sin la menor compustura. También hubo cruces por el tema de la inmigración. Trump defendió su posición: “Quiero el muro, tenemos que detener las drogas. Tenemos a hombres malos que se tienen que ir. Cuando la frontera esté segura vamos a tomar una decisión sobre lo demás”, dijo y acusó a su rival de querer “fronteras abiertas”. Ella negó querer “fronteras abiertas”, tal y como reveló la organización Wikileaks en una de sus filtraciones recientes, y aseguró que lo que pretende es una frontera segura y una reforma migratoria. Y agregó que el plan de Trump de una deportación masiva de millones de inmigrantes en situación irregular “desgarrará” a Estados Unidos. Rápido de reflejos, Trump le recordó que el propio presidente Barack Obama ha practicado “millones de deportaciones” de inmigrantes. “Ella no quiere mencionarlo”, dijo. El presidente ruso Vladimir Putin también estuvo presente en el debate. Trump dijo que Putin “no tienen ningún respeto” por Hillary u Obama, a lo que ella respondió que la razón es que “prefiere tener una marioneta como presidente de Estados Unidos”. En definitiva, este tercer debate no cambiará dramáticamente la carrera por la Casa Blanca, pero agrega un manto de dudas sobre lo que sucederá el 8 de noviembre. ¿Aceptará el magnate una derrota, si los estadoundienses le dan la espalda? Sólo ese día se sabrá.

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-Largamente esperada, e igualmente temida por aliados y enemigos, se produjo por el mediodía del miércoles la prisión del ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Fue el juez Sergio Moro de Curitiba quien tomó la decisión de ponerlo detrás de las rejas. Es que abundan los indicios de corrupción que pesan contra el ex legislador, especialmente aquellos vinculados a la causa de corrupción en Petrobras. Cunha tuvo un papel protagónico en el armado del impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff. Y fueron sus articulaciones, entre los congresistas, lo que alzaron al tope del poder al actual presidente Michel Temer. Es precisamente por eso que la detención generó un auténtico terremoto en Brasilia, lugar que concentra el poder político y donde “se hacen y deshacen” presidentes. Temer, que estaba de viaje en Japón, se apresuró a cancelar actividades y emprender un rápido retorno al país. Ocurre que el ahora prisionero Cunha fundó su reinado parlamentario que duró año y medio, no sólo a base de “distribuir” beneficios entre sus seguidores. También lo hizo por contar con una auténtica “corte” de espías que le permitía conocer al detalle vida y obra de amigos y enemigos, compañeros del Partido del Movimiento Democrático de Brasil y adversarios de la oposición. Eso explica la sobrevivencia del legislador, ahora caído en desgracia. El 29 de marzo pasado, los líderes del PMDB se sacaron una “foto histórica”. Estaban en primer plano Cunha y el senador Romero Jucá, considerado uno de los monjes negros del “proyecto Temer en el Planalto”. Celebraban eufóricos la decisión del partido de abandonar el gobierno de Dilma. Fue la señal que indicó el ingreso en la última fase, del proceso de destitución de Rousseff. A muchos les gustaría ahora borrar aquella imagen, pero esta persiste en internet. Según Folha de Sao Paulo, el Palacio del Planalto sufrió una conmoción después de la prisión de Cunha. ¿El riesgo? Que haga una delación premiada ante el juez Moro y sus fiscales, a cambio de acelerar su libertad. Afirma, Folha, que “en el entorno de Michel Temer no creen que el ex diputado pueda comprometer al presidente. Pero hay recelo entre los miembros del núcleo duro del gobierno”. Se dice que “el ex diputado es incontrolable” y que ya tiene en la mira algunos de los actuales ministros. Sería el caso, según los medios brasileños, de Moreira Franco, el secretario ejecutivo de la Presidencia. Tampoco hay para alegrarse en la oposición actual, donde están todas las fuerzas de izquierda. Se especula que la detención de Cunha podría llegar a ser la antesala de una medida semejante para el ex presidente Lula da Silva. El juez Moro lo ambiciona. Pero antes precisaba desarmar la tesis del PT de que todas sus investigaciones están dirigidas contra el partido. Con el ex parlamentario preso, el magistrado de Curitiba nunca tuvo más a mano la posibilidad de sepultar el “populismo izquierdista” representado por el ex mandatario. Esta oportunidad la expresó con claridad meridiana el jefe del bloque de Demócratas (partido de derecha) Pauderney Avelino. Dijo sin ambages: “Ahora está abierto el camino y las puertas de Curitiba para Lula”. En su visión, después de Cunha “viene enseguida” el ex gobernante petista. Al llevarlo a la capital de Paraná y ponerlo en prisión preventiva, con fecha indeterminada –puede estar años en esa condición—el juez paranaense argumentó que el ex legislador todavía tenía fuerza, sobre todo en Brasilia, como para impedir que avanzara la investigación de sus delitos. En verdad se sabe desde hace tiempo que el ex titular de la Cámara de Diputados de Brasil está involucrado en las coimas por contratos con Petrobras. Aun así, el Supremo Tribunal de Justicia demoró en entablarle el primer proceso: recién lo inició en agosto del año pasado, cuando Cunha era aún presidente de la Cámara Baja. La Corte Suprema a que lo declaró entonces “reo” por los fuertes indicios de “corrupción pasiva y lavado de dinero”.

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La acusación hacía referencia al depósito de fondos ilegales, por 5 millones de dólares, en cuentas en el exterior. Los fiscales de Lava Jato le imputaron después “improbidad administrativa” con lo cual tuvo bloqueados sus bienes dentro y fuera del país. Los fiscales descubrieron, repentinamente, que Cunha “desvirtuó su función parlamentaria que usó para sus intereses particulares espurios”. Hay otra causas que median en la decisión de envíalo a la cárcel: se sospecha que pudo haber recibido casi 20 millones de dólares de manos de un consorcio constructoras integrado por las empresas Odebrecht, OAS y Carioca Ingeniería. El dinero sería un “premio” por el lobby que hizo el ex diputado a favor de un contrato para el “Puerto Maravilla” en Río de Janeiro. Vale la pena remarcar que la prisión del ex diputado ya tuvo consecuencias prácticas: la Cámara Baja debía votar la medida que privatiza la explotación de la llamada capa pre-sal de petróleo –en la plataforma oceánica--. Pero la noticia produjo una desbandada.