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  • 8/18/2019 Investigación Iguala

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    Comisión Nacional de los Derechos Humanos

    Oficina Especial para el “Caso Iguala” 

    ESTADO DE LA INVESTIGACIÓ N DEL “CASO IGUALA” (Observaciones y propuestas formuladas a diversas autoridades) 

    Julio 23 de 2015

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    Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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    CONTENIDO

    I. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN ............... 3 

    II. DILIGENCIAS PRACTICADAS EN EL DESARROLLO DE LA

    INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS

    HUMANOS ................................................................................................. 9 

    1. Entrevistas e Intervenciones Periciales ............................................................... 10 

    2. Revisión de Expedientes y de Intervenciones Periciales..................................... 12 

    3. Visitas .................................................................................................................. 14 

    4. Medidas Cautelares Solicitadas ........................................................................... 16 

    5. Requerimientos de Información .......................................................................... 17 

    III. INTERACCIÓN CON ENTIDADES, ORGANISMOS Y

    ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE DERECHOS

    HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES ....................... 20 

    Entidades Nacionales .............................................................................................. 20 

    Organismos y Representaciones Internacionales: ................................................... 21 

    Organizaciones Nacionales ..................................................................................... 23 

    Organizaciones Internacionales .............................................................................. 25 

    IV. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS QUE FORMULA LA

    COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A

    DIVERSAS AUTORIDADES ................................................................. 25 

    A la Procuraduría General de la República ............................................................. 28 

    A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ................................................... 48 

    A la Fiscalía General del Estado de Guerrero ......................................................... 51 

    Al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia,

    Guerrero .................................................................................................................. 53 

    V. IMPRESIONES FINALES .......................................................................... 54 

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    I. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN

    La colusión de, al menos, autoridades políticas y policiales del Municipio

    de Iguala y policiales de Cocula, Guerrero, con la delincuencia organizada 

    dedicada al tráfico ilícito de drogas y al secuestro, propició que los días 26 y

    27 de septiembre de 2014, se desarrollara en esas demarcaciones una serie de

    hechos que se tradujeron en la violación grave a Derechos Humanos que

    tuvieron como resultado la privación de la vida de seis personas, la lesión

    de otras 33 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural

    “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa: 

    1.  Abel García Hernández

    2.  Abelardo Vázquez Penitén

    3.  Adán Abraján de la Cruz

    4. 

    Alexander Mora Venancio5.  Antonio Santana Maestro

    6.  Benjamín Ascencio Bautista

    7.  Bernardo Flores Alcaraz

    8. 

    Carlos Iván Ramírez Villarreal

    9.  Carlos Lorenzo Hernández Muñoz

    10.  César Manuel González Hernández

    11.  Christian Alfonso Rodríguez Telumbre

    12. 

    Christian Tomás Colón Garnica

    13.  Cutberto Ortiz Ramos

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    14. 

    Doriam González Parral

    15.  Emiliano Alen Gaspar de la Cruz

    16. 

    Everardo Rodríguez Bello17.

     

    Felipe Arnulfo Rosa

    18.  Giovanni Galindrez Guerrero

    19.  Israel Caballero Sánchez

    20. 

    Israel Jacinto Lugardo

    21. 

    Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa

    22. 

    Jonás Trujillo González23.  Jorge Álvarez Nava

    24. 

    Jorge Aníbal Cruz Mendoza

    25. 

    Jorge Antonio Tizapa Legideño

    26.  Jorge Luis González Parral

    27.  José Ángel Campos Cantor

    28.  José Ángel Navarrete González

    29. 

    José Eduardo Bartolo Tlatempa

    30.  José Luis Luna Torres

    31.  Jhosivani Guerrero de la Cruz

    32. 

    Julio César López Patolzin

    33. 

    Leonel Castro Abarca

    34.  Luis Ángel Abarca Carrillo

    35. 

    Luis Ángel Francisco Arzola36.

     

    Magdaleno Rubén Lauro Villegas

    37. 

    Marcial Pablo Baranda

    38.  Marco Antonio Gómez Molina

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    39.  Martín Getsemany Sánchez García

    40.  Mauricio Ortega Valerio

    41. 

    Miguel Ángel Hernández Martínez42.  Miguel Ángel Mendoza Zacarías

    43.  Saúl Bruno García

    La CNDH se comprometió con las víctimas y con los familiares de los

    normalistas a contribuir en la búsqueda de la verdad, a lograr que los derechos

    de las víctimas sean reparados, a que los responsables sean sancionados y a

    exigir que se garantice la no repetición de hechos de esa naturaleza.

    Como consecuencia de estos acontecimientos, desde el mismo 27 de

    septiembre de 2014, este Organismo Nacional inició de oficio un

    expediente de queja  con objeto de investigar presuntas violaciones a

    derechos fundamentales que se habrían cometido. Asimismo, ejerció su

    facultad de atracción respecto a los expedientes iniciados por la entoncesComisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, hoy

    Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

    Desde el día 5 de octubre de 2014, la CNDH continúa el trámite de la queja

    como una investigación de Violaciones Graves

    de Derechos Humanos  bajo el número de expediente

    CNDH/1/2014/6432/Q/VG.

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    Esta Comisión ha reconocido la magnitud de los hechos violatorios a los

    Derechos Humanos en el “Caso Iguala”. Se trata de actos que entrañan una

     profunda agresión a la dignidad humana. En el mismo sentido, esteOrganismo Nacional ha señalado las implicaciones sociales del problema.

    Para atender el asunto en específico, en diciembre de 2014, la Comisión

     Nacional de los Derechos Humanos creó la “Oficina Especial para el Caso

    Iguala”.

    La Oficina Especial recibió la instrucción de mantener comunicación directa

    con los familiares de los estudiantes desaparecidos, sus representantes, así

    como con las organizaciones que los acompañan; determinar conductas u

    omisiones violatorias de derechos humanos; impulsar la integración del

    expediente de queja; analizar las constancias que obren en las averiguaciones

     previas y cerciorarse de que las autoridades agoten todas las líneas de

    investigación que, conforme a derecho, procedan en términos del Derecho

    Humano de Acceso a la Justicia.

    Se estableció que las investigaciones estarían orientadas a la revisión,

    evaluación y determinación de las acciones u omisiones en las que

    pudieron haber incurrido, autoridades municipales, estatales y

    federales, antes, durante y después de los hechos del 26 y 27 deseptiembre de 2014, a efecto de asegurar los derechos a la verdad y a la

     justicia que asisten a las víctimas, de dar respuesta al interés legítimo de la

    sociedad por conocer lo que pasó, de procurar la reparación integral del daño

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    a las víctimas y de propiciar que se garantice la no repetición de estos hechos

    en lo sucesivo.

    Consecuentemente, en la estrategia dispuesta para atender el caso está

    considerada la investigación de los antecedentes que contribuyeron a crear

    las condiciones que provocaron lo sucedido en Iguala, la investigación de los

     propios hechos del 26 y 27 de septiembre, así como la revisión de las acciones

    u omisiones posteriores de las autoridades que pudieran ser violatorias de

    Derechos Humanos.

    Para este Organismo Nacional es importante puntualizar que la investigación

    que realiza está orientada a la determinación de violación a Derechos

    Humanos. La CNDH no investiga delitos, ni efectúa indagaciones paralelas

    a las de la Procuraduría General de la República, ni las sustituye.

    El día de hoy la CNDH da a conocer el presente “Estado de la Investigación”,

    de manera anticipada a sus Recomendaciones Formales, por las siguientes

    razones:

    a)  Para obsequiar públicamente la solicitud de los familiares de los

    estudiantes desaparecidos, de las víctimas y ofendidos y de sus

    representantes, de que se les mantenga al tanto de la evolución de esta

    investigación y, al mismo tiempo, compartirles a ellos, a los grupos

    defensores de Derechos Humanos que los acompañan, a las

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    organizaciones de la sociedad y a la sociedad en general, de los

    resultados parciales alcanzados hasta este momento.

    Una copia íntegra de este documento fue compartida el día de ayer con

    los familiares de las víctimas y ofendidos con quienes se sostuvo una

    reunión informativa en días pasados.

     b) 

    Para que las autoridades e instancias a las que se alude puedan realizar

    las acciones que se proponen de manera oportuna y antes de que sevuelvan de muy difícil o imposible materialización, cuestión que haría

    mucho más complejo el esclarecimiento de los hechos y de sus

    circunstancias.

    c)  Para que su contenido pueda ser tomado en cuenta desde ahora a fin de

     preservar y garantizar los Derechos Humanos de las víctimas que

     pudieran ser vulnerados de manera irreparable por acciones u

    omisiones de las autoridades.

    Relacionado con el Estado de la Investigación se informa sobre las

    diligencias que se han practicado en los últimos siete meses por el equipo

    multidisciplinario a cargo del asunto.

    La CNDH, a través de la Oficina Especial para la atención del “Caso Iguala”,

    desarrolla “focalizaciones de investigación” pertinentes y consecuentes a la

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    determinación de violaciones a Derechos Humanos en el ámbito de su

    competencia.

    Para la CNDH las pruebas irrefutables son elementos indispensables a la

     provisión de certeza a las víctimas y a la ciudadanía. Al propio tiempo, son

    cimientos sobre los que se fincan las responsabilidades para evitar que hechos

    como los acontecidos en Iguala queden impunes. Con esa orientación la

    CNDH práctica sus diligencias y desarrolla sus investigaciones.

    Ante todo, la Comisión Nacional se plantea como fin último: decir la verdad

    en sus conclusiones con base en las pruebas que emanen del expediente, sin

    cortapisa alguna y con independencia de otras opiniones; lograr que en el

    caso se haga una justicia total; que las víctimas sean debidamente resarcidas

    y que sus conclusiones y recomendaciones sean un referente nacional para

    que hechos de esta naturaleza no se repitan nunca más en nuestro país.

    II. DILIGENCIAS PRACTICADAS EN EL DESARROLLO DE LA

    INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

    La CNDH ha realizado investigaciones documentales y de campo, así comovisitas y entrevistas; ha formulado solicitudes de medidas cautelares y

    requerimientos de información; y ha efectuado actividades de interacción con

    distintas entidades, organismos y organizaciones de la sociedad.

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    Hasta la fecha, la práctica de estas diligencias constan en un expediente de

    209 tomos, integrado por 120, 578 fojas.

    En el expediente se encuentran documentadas y agregadas:

    1. Entrevistas e Intervenciones Periciales

    En el transcurso de la investigación se han realizado 548 entrevistas que sedesglosan de la siguiente manera:

      63 a víctimas.

      176 a familiares de víctimas.

      130 a autoridades Municipales, Estatales y Federales.

      68 a inculpados: 47 pertenecían a la Policía Municipal de Iguala, 14 a

    la de Cocula y 7  integrantes del grupo delictivo denominado

    “Guerreros Unidos”.

      111 a las siguientes personas: integrantes del entorno de la comunidad

    normalista de Ayotzinapa; miembros del equipo de futbol “Avispones” 

    de Chilpancingo y sus familiares; y demás personas en tránsito

    víctimas sobrevivientes de los hechos en que fueron agredidos los

    futbolistas.

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    Este acervo se complementa con 85 formatos de encuesta sobre seguridad

    aplicados a la población del Municipio de Iguala por parte de los Visitadores

    Adjuntos de esta Comisión Nacional.

    Se han realizado un total de 194 intervenciones periciales referentes a:

      44 certificaciones médicas.

      30 dictaminaciones en mecánicas de lesiones.

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho seguimiento al

    estado de salud de las 33 personas que resultaron lesionadas en los

    acontecimientos de Iguala y hoy puede informarse que 30 fueron dadas de

    alta por mejoría clínica, 2 reciben tratamiento de rehabilitación y una, por

    encontrarse en “Estado Neurovegetativo Persistente” secundario a impacto

    de proyectil disparado por arma de fuego, recibe atención especializada en el

    Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”,

    sobre la que el pasado sábado 11 de julio se hicieron peticiones concretas a

    la Subsecretaría de Derechos Humanos a instancia de uno de sus familiares.

      120 atenciones psicológicas a víctimas y familiares.

      77 intervenciones psicológicas en crisis.

      43 acompañamientos a víctimas y familiares.

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    Relacionado con la atención victimológica se informa que, al día siguiente

    de ocurridos los hechos de Iguala, personal de Atención a Víctimas de la

    Comisión Nacional estableció contacto con los demás estudiantes quefueron agredidos y con familiares de los desaparecidos para brindarles,

    en lo inmediato, el apoyo psicológico y victimológico indispensable en la

    situación prevaleciente. Por decisión de los familiares, posteriormente, el

    acompañamiento fue asumido por la Organización Internacional “Médicos

    sin Fronteras”, instancia con la que se ha mantenido comunicación. Sería

     pertinente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con los apoyosdisponibles, pudiera coordinar y retomar de manera armónica, sistemática e

    integral, el apoyo psicológico a las víctimas, sensibilizando a los padres y

    familiares de los desaparecidos y a sus representantes de su importancia,

    considerando que se trata de un proceso que requiere ser instaurado de

    manera paulatina para salvaguardar el estado emocional de las víctimas y sus

    familiares y, de esta manera, evitar su revictimización.

    2. Revisión de Expedientes y de Intervenciones Periciales

    Revisión de Expedientes

    Se ha revisado un total de 366 tomos, correspondientes a 13 expedientes:

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    De la Procuraduría General de la República:

     

    116 tomos de la Averiguación Previa PGR /SEIDO/UEIDMS/01/2015.

      1 tomo de la Averiguación Previa PGR /GRO/IGU/MI/064/2010.

      1 tomo de la Averiguación Previa PGR /SEIDO/UEIDMS/020/2015.

      1 tomo de la Averiguación Previa PGR /SEIDO/UEIDMS/216/2015.

      1 tomo de la Averiguación Previa PGR /SEIDO/UEIDMS/305/2015.

    De Juzgados Federales:

    Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en

    el Estado de Tamaulipas:

     

    16 tomos de la causa 100/2014.  80 tomos y 2 anexos de la causa 123/2014-II.

    Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el

    Estado de Tamaulipas:

      22 tomos de la causa 22/2014.

      91 tomos, 13 anexos y 4 cuadernillos de la causa 01/2015.

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    Juzgados Locales:

    Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del

    Distrito Judicial de Hidalgo en el Estado de Guerrero:

      6 tomos de la causa 212/2014-II.

      2 tomos de la causa 214/2014.

     

    6 tomos de la causa 216/2014.  4 tomos de la causa 217/2014.

    Revisión de Intervenciones Periciales

    Se ha efectuado la revisión de 1158 intervenciones periciales:

      1043 dictaminadas por personal de la Procuraduría General de la

    República. 

      115 realizadas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 

    3. Visitas

    Se han efectuado un total de 352 visitas a los siguientes lugares:

      8 al lugar de los hechos.

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      17 a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

      47 a hospitales.

     

    35 al Servicio Médico Forense de Iguala (Secretaría de

    Salud del Estado de Guerrero).

      14 a lugares donde se localizaron fosas clandestinas.

      27 a domicilios particulares.

      25 a la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

      104 a la Procuraduría General de la República.

     

    21 a Instituciones de Gobierno Municipales, Estatales y Federales.

      29 a Municipios del Estado de Guerrero.

      14 a Iguala de la Independencia.

      11 a Cocula.

      Una a Cuetzala del Progreso.

      Una a Tixtla.

     

    Una a Acapulco de Juárez.  Una a Buenavista de Cuéllar.

      5 al Estado de Morelos.

      Una a las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles

    de Derechos Humanos, ubicada en Chilpancingo, Guerrero.

      3 al CEFERESO Número 4 de Tepic, Nayarit.

     

    3 al CEFERESO Número 1 del Altiplano, Estado de México.

      Una al CEFERESO Número 2 de Puente Grande, Jalisco.

      2 al CEFERESO Número 5 de Villa Aldama, Veracruz.

      Una al CERESO de Iguala, Guerrero.

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    Una al Juzgado Primero en Materia de Procesos Penales Federales, en

    Tamaulipas.

     

    Una al Juzgado Tercero en Materia de Procesos Penales Federales, en

    Tamaulipas.

     

    2  al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del

    Distrito Judicial de Hidalgo en el Estado de Guerrero.

      Una al Congreso del Estado de Guerrero.

      2 a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

    del Estado de Guerrero.  2 a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del

    Estado de Guerrero.

    4. Medidas Cautelares Solicitadas

    En el desarrollo de la investigación, esta Institución Defensora de Derechos

    Humanos formuló ocho solicitudes de medidas cautelares a las instancias

    siguientes:

     

    3 al Gobierno del Estado de Guerrero.

     

    Una a la Procuraduría General de la República.  Una a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de

    la Secretaría de Gobernación.

      Una al Comisionado Nacional de la Policía Federal.

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      Una al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

      Una al Ayuntamiento de Iguala de la Independencia.

    Las medidas cautelares fueron aceptadas por dichas autoridades.

    5. Requerimientos de Información

    Con el fin de allegarse elementos y evidencias en la integración del

    expediente de queja, hasta este momento se han realizado 504

    requerimientos de información, en  80 oficios, a autoridades de los tres

     poderes de los tres niveles de gobierno y a particulares, conforme a lo

    siguiente:

    Entidades Federales

      24 a la Secretaría de la Defensa Nacional en 3 oficios.

      6 a la Secretaría de Marina en 2 oficios.

      74 a la Procuraduría General de la República en 11 oficios.

      8 a la Comisión Nacional de Seguridad en 2 oficios.

      6 al Instituto Mexicano del Seguro Social en 1 oficio.

      10 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

    del Estado en 3 oficios.

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    12  a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, LXII

    Legislatura en 1 oficio.

     

    4 al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el

    Estado de Tamaulipas en 2 oficios.

     

    5 al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en elEstado de Tamaulipas en 2 oficios.

    Entidades Locales

     

    6 a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

    del Estado de Guerrero en 2 oficios.

      1 a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de

    Guerrero en 1 oficio.

      1 a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero en 3 oficios.

      7 a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del

    Estado de Guerrero en 4 oficios.

      1 al Hospital General de Iguala de la Secretaría de Salud “Dr. Jorge

    Soberón Acevedo” en 1 oficio.

      3 al Servicio Médico Forense, SEMEFO, de la Secretaría de Salud en

    Iguala en 2 oficios.

     

    15 al Congreso del Estado de Guerrero en 3 oficios. 

     

    4  al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal delDistrito Judicial de Tabares, en el Estado de Guerrero en 1 oficio.

      10  al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del

    Distrito Judicial de Hidalgo en el Estado de Guerrero en 2 oficios.

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    Órgano Público Autónomo (Local)

      112 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, hoy

    Fiscalía General del Estado de Guerrero en 8 oficios.

    Organismo Autónomo (Local)

     

    1 a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de

    Guerrero, hoy Comisión de los Derechos Humanos del Estado de

    Guerrero en 2 oficios. 

    Entidades Municipales

      130 al Ayuntamiento de Iguala, Guerrero en 11 oficios.

      33 al Ayuntamiento de Cocula, Guerrero en 3 oficios.

      8 a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Iguala en 1

    oficio.

    Particulares

     

    8 al Hospital “Centro Médico Integral Santa Fe” en 2 oficios.

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    7 al Hospital “Reforma Iguala” en 3 oficios.

      6 a la Cruz Roja de Iguala en 2 oficios.

     

    1 al Hospital “Cristina” de Iguala, Guerrero en 1 oficio.

      1 al Representante Legal de Autotransportes “Estrella Roja del Sur” en

    1 oficio.

    III. INTERACCIÓN CON ENTIDADES, ORGANISMOS Y

    ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE DERECHOS

    HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mantenido interacción

    con distintas entidades, organismos y organizaciones nacionales e

    internacionales con fines de diálogo e intercambio de puntos de vista sobre

    la atención y seguimiento al “Caso Iguala”. 

    De esta forma, se han celebrado reuniones de trabajo:

    Entidades Nacionales 

      2 con la “Comisión Especial para el Seguimiento a las

    investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala,

    Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa

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    Oficina Especial para el “Caso Iguala” 

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    ‘Raúl Isidro Burgos‘, de la H. Cámara de Diputados, LXII

    Legislatura”, con objeto de dar seguimiento a las investigaciones del

    caso.

      Una con la Procuraduría General de la República en la que, entre

    otros asuntos, se abordó lo concerniente al “Caso Iguala” con respecto

    a mantener abiertos los canales de interlocución para que la PGR

    atienda con diligencia las peticiones de la Oficina Especial.

     

    Una con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaríade Gobernación para abordar, entre otros asuntos, el relacionado con

    el “Caso Iguala” y la atención a solicitudes formuladas por la Oficina

    Especial.

    Organismos y Representaciones Internacionales: 

     No escapa a la atención de la CNDH el que la gravedad de los hechos

    ocurridos en Iguala provocó que organismos internacionales solicitaran de

    inmediato participar en las investigaciones. La CNDH reitera el profundo

    respeto que tiene por los organismos y organizaciones con las que ha venido

    compartiendo impresiones sobre el caso a lo largo de estos meses en la

    medida que lo permiten las leyes que reglamentan su funcionamiento. Es

    importante ratificar que este documento y las recomendaciones finales que,

    en su caso, se lleguen a emitir, son totalmente independientes a las de

    cualquier otro organismo nacional o internacional y son, por tanto, de su

    exclusiva incumbencia y responsabilidad.

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    Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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      5 con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

    designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

    CIDH, fundamentalmente enfocadas a intercambiar puntos de vistasobre el estado que guarda la investigación, formas de intervención y

    respecto de las quejas por presuntos hechos violatorios a Derechos

    Humanos, relativas a detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o

    degradante en la detención y tortura presentadas ante este Organismo

     Nacional por diversos inculpados en el caso. La colaboración e

    intercambio de información con el grupo de expertos se da con granapertura y disposición. Acceden plenamente a datos específicos del

    caso y realizan consultas al expediente de la CNDH.

    En relación con su mandato, el Grupo Interdisciplinario de Expertos

    Independientes designado por la CIDH ha formulado una serie de

     planteamientos al Gobierno Federal, esta Comisión Nacional pide

    respetuosamente a las instancias gubernamentales den respuesta puntual a ellos.

      Una con el Representante Especial para los Derechos Humanos de

    la Unión Europea, señor Stavros Lambrinidis, durante su visita de

    trabajo a México. Entre otros, se abordó el asunto de los estudiantes

    desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de

    Ayotzinapa, en el marco de la quinta edición del Diálogo Bilateral deAlto Nivel en Materia de Derechos Humanos entre México y la Unión

    Europea.

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    Oficina Especial para el “Caso Iguala” 

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      Una con la representación del Senado de la República de Chile ,

    Vicepresidente, Senador Alejandro Navarro Brain.

      Una con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de

    las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

      Intervención del Presidente de la CNDH ante el Comité Contra la

    Desaparación Forzada de la Organización de Naciones Unidas, en

    Ginebra, Suiza, durante su Octavo Periodo de Sesiones, espacio en el

    que se abordó el asunto de la Desaparición Forzada de los 43estudiantes normalistas.

    Organizaciones Nacionales 

      2 con los padres y familiares de los normalistas desaparecidos y

    sus representantes, una realizada en la Escuela Normal Rural “Raúl

    Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la otra en las Instalaciones del “Centro

    de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez”. La primera de

    ellas estuvo orientada al acercamiento primario con los familiares de

    los estudiantes desaparecidos y sus representantes, mientras la segunda

    se realizó para comentar e intercambiar puntos de vista sobre el estado

    que guardaba la investigación en ese momento.

    Con independencia de las reuniones arriba descritas, se mantiene

    comunicación con los representantes de los familiares de los

    desaparecidos.

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    La CNDH ha brindado acompañamiento a los familiares de los

    desaparecidos y a las organizaciones y actores que los asisten en las

    acciones de búsqueda de los normalistas ausentes.

    En su calidad de organización que representa a los padres de familia

    de los estudiantes desaparecidos, se mantiene también contacto con la

    organización “Servicios y Asesoría para la Paz”, SERAPAZ.

      3 con integrantes de la organización “Centro de Derechos

    Humanos Miguel Agustín Pro Juárez”, con el propósito de

    intercambiar puntos de vista sobre la investigación del caso. Se han

    abierto cauces de apoyo a esa organización a efecto de que sus

    abogados consulten el expediente integrado en la CNDH . Se han

    concretado 63 consultas comprendidas del 10 de abril al 22 de julio de

    2015.

     

    Una con el grupo de padres de familia de los integrantes del equipode futbol los “Avispones” de Chilpancingo.  Se brindó

    acompañamiento a la madre del integrante del equipo que fue privado

    de la vida. Visitadores Adjuntos de la Oficina Especial mantienen

    contacto con la representación del grupo de padres.

      Se han sostenido reuniones de trabajo con otras organizaciones

    defensoras de derechos humanos.

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    Oficina Especial para el “Caso Iguala” 

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    Organizaciones Internacionales 

      Una con representantes de la Organización International “Crisis

    Group”.

    IV. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS QUE FORMULA LA

    COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A

    DIVERSAS AUTORIDADES 

    Con base en las diligencias practicadas en el desarrollo de la investigación de

    acuerdo a la “Estrategia para la Atención del Caso Iguala”, en la revisión y

    análisis exhaustivo del contenido del expediente de la Procuraduría General

    de la República efectuado hasta el 22 de julio de 2015, y con base en el

    estudio de las actuaciones que corresponden a los procesos penales iniciadosen el fuero común y en el fuero federal, se puede apreciar que no se ha

    desahogado un conjunto de diligencias que se estiman indispensables en la

    investigación ministerial. De igual forma, de las constancias agregadas al

    expediente de este Organismo Nacional Autónomo se advierte la existencia

    de circunstancias que han dificultado la adecuada atención médica,

     psicológica y de acompañamiento a las víctimas. Asimismo, de su análisis sedesprende una serie de omisiones de la Autoridad Municipal que han

    impedido el restablecimiento de las condiciones óptimas de seguridad en

    Iguala.

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    Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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    El acceso de las víctimas a la justicia implica la celeridad en la determinación

    de responsabilidad de quienes violentaron sus derechos, situación que en gran

    medida depende del oportuno y diligente desahogo de actuaciones tendentesa la demostración de la culpabilidad de quienes transgredieron la Ley en

     perjuicio de las personas que fueron privadas de la vida, desaparecidas y

    lesionadas en este caso.

    Por ministerio de Ley, la autoridad encargada de procurar justicia debe

    desahogar las diligencias de investigación necesarias para acreditar el delitoy la probable responsabilidad de los inculpados, preservar los indicios del

    delito a fin de asegurar que sus líneas de investigación puedan agotarse,

     propiciar los análisis e intervenciones periciales pertinentes y dictar las

    medidas de auxilio y protección a las víctimas, señaladamente en casos, como

    éste, de desaparición forzada de personas.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en las

    investigaciones sobre desaparición forzada de personas las directrices que

    rigen la investigación se deben de implementar sin dilación para hacer

    efectiva la búsqueda de la persona desaparecida, como una medida tendente

    a proteger la vida y la libertad personal. Además, se ha considerado que se

    debe establecer un trabajo coordinado entre los diferentes cuerpos de

    seguridad para dar con el paradero de la persona, eliminar cualquier obstáculoque le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio, así

    como asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de

    cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda y priorizar

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    las acciones en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la

     persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades.

    En ese sentido, la insuficiente actuación de la autoridad ministerial

    responsable de una investigación, conlleva a que se violen los derechos

    humanos de las víctimas, afectando el derecho que tienen de conocer la

    verdad de los hechos, acceder a la justicia, a que se repare íntegramente el

    daño causado y que se garantice la no repetición del acto.

    En atención a ello, con independencia de que en el pronunciamiento final

    sobre el caso se dé cuenta del conjunto de resultados obtenidos y a fin de

     preservar y garantizar Derechos Humanos de las víctimas que pudieran ser

    vulnerados de manera irreparable, esta Comisión Nacional, de acuerdo con

    la información a la que ha podido acceder, considera oportuno sugerir a la

    Procuraduría General de la República, a la Comisión Ejecutiva de Atención

    a Víctimas,  a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y al H.

    Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia,

    Guerrero, la implementación de las siguientes OBSERVACIONES  y 

    PROPUESTAS:

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    A la Procuraduría General de la República

    1.  Integrar las fichas de identificación  para comparación y

    establecimiento de los perfiles de identidad de los estudiantes

    desaparecidos a partir de las evidencias existentes y de los testimonios de

    su entorno familiar y social. Se considera que las acciones de búsqueda

    de los estudiantes desaparecidos que se pudiera llevar a cabo sin contar

    con sus fichas de identificación, disminuyen sensiblemente las

     posibilidades de éxito. La ficha de identificación es una herramienta

     básica en los procedimientos de búsqueda, pues, además de incluir los

    datos generales de la persona a localizar, comprende datos específicos

    como el tipo de sangre, el uso de algún aparato terapéutico, la referencia

    de intervenciones quirúrgicas, la ficha odontológica, señas particulares,

    tatuajes, cicatrices, la huella digital, entre otros.

    2. 

    Continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el

    paradero de los estudiantes desaparecidos. Además,  a efecto de

     procurar certidumbre a los familiares de las víctimas, agotar todas las

    líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de

    los estudiantes: a) la que afirma que algunos estudiantes se encuentran

    en municipios de la Sierra del Estado de Guerrero, b) la que afirma que

    en Apango “ya apareció uno con vida” y c) otra que afirma que “están

    autosecuestrados”. Para mayor certeza en las tareas de búsqueda, se 

    aplique en todos los casos “El Protocolo para el Tratamiento e

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    Identificación Forense” publicado en el Diario Oficial de la Federación

    el 3 de marzo de 2015, que derivó del “Protocolo de Minnesota” adoptado

     por la Organización de las Naciones Unidas. Sugerencia que se haceextensiva a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quien en el

    desarrollo de investigaciones de su competencia pudiera recabar indicios

    importantes para la investigación del “Caso Iguala”. La naturaleza de la

    averiguación exige que toda información que pudiera conducir a la

    localización de los normalistas desaparecidos se investigue

    exhaustivamente sin descartar ninguna hipótesis sobre el lugar en el quese les pudiera localizar. Respecto a la aplicación del Protocolo, es de vital

    importancia que en la búsqueda e identificación de personas

    desaparecidas, los indicios se manejen bajo el rigor de los procedimientos

    establecidos para evitar que se contaminen, alteren o destruyan y pierdan

    su valor probatorio para la investigación y para el fincamiento de

    responsabilidad a los inculpados.

    3.  Obtener la georreferenciación y los datos generales siguientes:

    a)  De las líneas de los teléfonos celulares de 2 estudiantes desaparecidos

    de los que, presuntamente, cada uno habría enviado un mensaje de

    texto a personas cercanas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, de

    acuerdo a lo manifestado por familiares, en el primer caso, en

    entrevista realizada por Visitadores Adjuntos de esta Comisión y, en el

    segundo, en declaración ante el Ministerio Público.

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    b) 

    De la línea del teléfono celular de un estudiante desaparecido del que,

    supuestamente, se habría enviado un mensaje a un familiar el 27 de

    septiembre de 2014, referencia hecha ante Visitadores Adjuntos de estaComisión Nacional.

    c)  De la línea telefónica móvil de un estudiante desaparecido del que,

    aparentemente, se habría hecho una llamada telefónica a una persona

    cercana el 26 de septiembre de 2014, referencia hecha ante Visitadores

    Adjuntos de esta Comisión Nacional.

    Se estima que la información de las comunicaciones telefónicas que

     por voz y datos pudieron haber sostenido los alumnos desaparecidos,

    realizadas precisamente el 26 y 27 de septiembre de 2014, son

    fundamentales para la investigación de la “Ruta de Desaparición”. La

    determinación del área en la que se sostuvieron las comunicaciones así

    como la fijación y corroboración de las fechas y horas en que fueron

    efectuadas, permitiría a los investigadores orientar las acciones de

     búsqueda de los estudiantes.

    4. 

    Investigar ¿Por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a

    la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?, ¿quién los llevó? y ¿por

    qué precisamente a los alumnos de primer grado? Cuestionamientos quefueron manifiestos de manera legítima y enérgica por algunos de los

     padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en

    reunión sostenida con la CNDH el pasado 18 de febrero de 2015. Un

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    aspecto esencial que debe agotar y aclarar la investigación, son las

    razones que llevaron a los alumnos hasta Iguala. Consecuentemente, sería

    muy importante conocer cómo se conformó el grupo, quiénes losorganizaron, por qué era marcadamente mayor el número de alumnos de

     primer grado, tuvieron injerencia o no en todo esto las autoridades

    escolares de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Todas estas preguntas

    formuladas por algunos de los familiares de los desaparecidos deben

    tener respuesta en la investigación practicada por la Procuraduría General

    de la República.

    Sobre la temática destacada en este punto se han generado varias

    versiones que, desde luego, deben ser igualmente investigadas por la

    autoridad ministerial.

    5.  Cumplir con los mandamientos judiciales de detención pendientes de

    ejecutar. Adicionalmente, profundizar en sus investigaciones  para

    establecer la identidad de otros involucrados y, de ser procedente

    consignarlos. Estas propuestas tienen que ver, en lo específico, por un

    lado, con los segmentos de incineración de cuerpos y disipación de restos,

     propios de la “Ruta de Desaparición” de los estudiantes de acuerdo a lo

    sostenido por la Procuraduría General de la República, y, por otro, con

    los hechos -hasta ahora no investigados suficientemente- aludidos por la

    representación legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos,

    ocurridos en “Pueblo Viejo” y “Cerro la Parota”. 

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    Del análisis de las constancias del expediente que tienen que ver con la

    “Ruta de Desaparición” de los estudiantes, particularmente de las

    relacionadas con el segmento de la incineración, se advierte: la participación activa de 3 indiciados que cuentan con órdenes de

    aprehensión pendientes de cumplimentar; la intervención en los hechos

    de 2 probables responsables cuya situación jurídica debiera, en su caso,

    determinarse conforme a las pruebas existentes; y, la coparticipación de

    11 inculpados, únicamente mencionados por su apodo, que aún no han

    sido investigados ni determinada su identidad.

    Por otra parte, en relación con lo manifestado por la representación legal

    de los padres de los desaparecidos respecto a la posibilidad de que se

    hubiera actuado en contra de los estudiantes en “Pueblo Viejo” y “Cerro

    la Parota”, en el expediente existen referencias de un individuo

     perfectamente identificado quien podría aportar información relativa a la

    vinculación o no de los hechos de la desaparición de los estudiantes con

    los hechos perpetrados en “Pueblo Viejo” y “Cerro la Parota”. Sobre esta

     persona la autoridad ministerial tendría que analizar los elementos

    constantes en la investigación y resolver lo conducente. Del mismo

    modo, obran en actuaciones ministeriales datos e información sobre la

     participación en los hechos de “Pueblo Viejo” y “Cerro la Parota”, de 2

    sujetos más, referidos por sobrenombre y que no han sido investigados.En todo caso, la autoridad debiera indagar sobre su identidad y resolver,

    respecto de ellos, lo que en derecho proceda. Existe la posibilidad de que

    estas personas también pudieran informar sobre la posible vinculación o

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    no de los hechos de la desaparición de los estudiantes con los perpetrados

    en los parajes referidos.

    Esta Comisión Nacional reitera que el agotamiento de las investigaciones

    tendentes a establecer la identidad y corroborar la participación de otros

     probables responsables en los hechos de Iguala, es fundamental para no

     permitir la impunidad.

    6. 

    Coordinar las acciones necesarias tendentes a la ejecución de lasórdenes de aprehensión que la autoridad judicial libró en contra de

    diversas personas que participaron en los hechos de Iguala y, en ese

    sentido, solicitar la colaboración de instancias internacionales  con

    objeto de evitar que inculpados del caso evadan la acción de la justicia

     buscando ocultarse en otros países.

    7.  Establecer la identidad de los ocupantes de inmuebles aledaños al

    lugar de los hechos  (Calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte de la

    ciudad de Iguala). Los testimonios de estas personas se consideran de

    especial valía para la investigación del caso, pues en el expediente se

    aprecian declaraciones de estudiantes en el sentido de que el 26 de

    septiembre de 2014, con motivo de la agresión de que fueron objeto, se

    resguardaron en domicilios cercanos. Las declaraciones de estas personas

     pudieran aportar datos sobre la identidad de los estudiantes resguardados

    que, a la postre, pudieran haber sido desaparecidos.

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    8.  Recabar declaraciones y ampliaciones de declaración de algunos

    elementos de las Policías, Estatal, Ministerial del Estado de Guerrero

    y Federal y de elementos militares, destacamentados en las ciudadesde Iguala y Cocula, a efecto de que rindan testimonio relacionado con

    las acciones que pudieron haber desarrollado en sus respectivas

    dependencias en la sucesión de los hechos investigados. 

    Se estima necesario que como parte de la investigación se cuente con la

    declaración de los elementos de la Policía Estatal y Ministerial del Estadodestacamentados en Iguala y Cocula, para establecer cuáles fueron los

    actos de servicio que realizaron los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

    De igual manera, se considera pertinente la ampliación de las

    declaraciones de los oficiales de la Policía Federal para que profundicen

    en la narrativa de las acciones que realizaron luego de arribar al lugar en

    el que fueron agredidos los integrantes del equipo de futbol “Avispones”

    de Chilpancingo, considerando que, precisamente, fueron ellos los

     primeros en llegar al sitio y en tomar contacto con las víctimas.

    En seguimiento a la dinámica de comparecencias de personal militar en

    este asunto, se estima que, respecto de 4 elementos cuya actividad estaba

    enfocada a la recepción de información sobre el acontecer cotidiano en lavía pública relacionado con la seguridad, sería conveniente su

    comparecencia porque, a través de sus testimonios, podría precisarse el

    contenido de los reportes generados en la sucesión de los hechos que se

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    Oficina Especial para el “Caso Iguala” 

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    investigan. En similar sentido, se considera que las comparecencias de

    los 3 militares que con posterioridad acudieron a los lugares de las

    agresiones, pudieran aportar mayor información relacionada con larecolección de evidencias de los hechos. Adicionalmente, se sugiere la

    comparecencia de 2 elementos militares, uno que rendiría testimonio

    relacionado con actos del entorno prevaleciente la tarde-noche en que

    sucedieron los hechos y, otro, que podría rendir declaración sobre las

    circunstancias tangenciales en que acontecieron pero que pudieran tener

    relevancia para la investigación.

    9. 

    Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información  sobre

    quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenecen o han

     pertenecido al Ejército. Los datos que se proporcionen podrían ser útiles

    en la integración de las fichas de identificación de los estudiantes,

    fundamentales en cualquier acción de búsqueda.

    10.  Obtener las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que,

    de acuerdo a las actuaciones, participaron en la búsqueda de evidencias

    en el “Río San Juan”, con objeto de que precisen las circunstancias en las

    que se efectuaron los hallazgos, su manejo y preservación. Esta diligencia

    resulta relevante para corroborar o descartar información sobre el

    segmento de la “Ruta de Desaparición” que tiene que ver con la

    incineración y la disipación de los restos de acuerdo a lo sostenido en la

    versión oficial. También podría contribuir a atender las inquietudes

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    generadas en el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre la

    recuperación de las evidencias.

    11. 

    Solicitar a instancias nacionales e internacionales, por ejemplo,  al

    Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía e Instituto de

    Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y a la Administración Nacional

    de la Aeronáutica y del Espacio NASA de los E.U.A., información sobre

    las condiciones climatológicas y ambientales prevalentes del 25 al 28 de

    septiembre de 2014, en las regiones de Iguala y, específicamente, en el basurero de Cocula, para que esta información se tome en consideración

    al momento de dictaminar sobre el segmento de la “Ruta de

    Desaparición” de los estudiantes relativa a la incineración de acuerdo a

    lo que ha sostenido la Procuraduría General de la República. La diligencia

     permitiría, particularmente, establecer si existieron las condiciones para

    generar la incineración de cadáveres en el sitio señalado.

    12.  Realizar peritaciones en materia de Edafología para, de acuerdo a lo

    que ha sostenido la Procuraduría General de la República, comparar la

    tierra extraída de la bolsa recuperada del “Río San Juan”, con la tierra del

     basurero de Cocula. En relación con la “Ruta de Desaparición”  se

    mencionan actos encaminados al ocultamiento de las evidencias en bolsas

    de plástico que fueron arrojadas y disipadas en el “Río San Juan”, poresta razón, las dictaminaciones propuestas permitirían establecer las

    características físicas y químicas de la tierra extraída de la bolsa que, de

    acuerdo a las constancias, fue recuperada del “Río San Juan”. De igual

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    Oficina Especial para el “Caso Iguala” 

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    manera, se conocerían los componentes físicos y químicos de la tierra del

     basurero de Cocula. El dictamen comparativo posibilitaría saber si ambas

    muestras se corresponden o no en todos sus elementos y confirmar odescartar que la tierra localizada en la bolsa proviene del basurero, de

    acuerdo a lo sostenido por la Procuraduría General de la República.

    13.  Realizar las dictaminaciones en materia de química forense

    ordenadas ministerialmente para, de acuerdo a lo que ha sostenido la

    Procuraduría General de la República, comparar los elementos químicos presentes en los diversos materiales sólidos extraídos de la bolsa hallada

    del “Río San Juan”, con los detectados en los objetos embalados del

     basurero de Cocula, como, por ejemplo, los componentes de los residuos

    de neumáticos que pudieran encontrarse en los botones, hebillas y otros

    objetos localizados. El resultado del dictamen confirmaría o descartaría

    si los elementos presentes en los materiales que fueron localizados en la

     bolsa recuperada del “Río San Juan” junto con los restos de los

    estudiantes desaparecidos, conforme a lo determinado por la

    Procuraduría General de la República, corresponden con los propios

    hallados en los materiales recolectados en el basurero de Cocula.

    Se requeriría dictaminar químicamente si en la tierra contenida en la bolsa

    recuperada del “Río San Juan”, se detectan componentes de combustible.

    Los resultados podrían ser comparados con los propios del dictamen

    similar practicado sobre la tierra del basurero en el que se hallaron

    residuos de combustible.

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    Las dictaminaciones propuestas tendrían relevancia en la problemática

    de la identificación de los estudiantes desaparecidos y significado

     particular en el entrelazamiento o no de los segmentos de la “Ruta de

    Desaparición” que iría de la referida incineración de los cuerpos en el

     basurero de Cocula a la disipación de los restos en el “Río San Juan”, de

    acuerdo con las afirmaciones de la Procuraduría General de la República.

    Respecto de botones, hebillas y otros objetos localizados en la bolsa

    recuperada y en el basurero de Cocula que pudieron haber sido de uso personal de los desaparecidos, sería importante que la autoridad

    ministerial pudiese poner a la vista de sus familiares y de sus compañeros

    normalistas, dichos objetos para que, en su caso, sean identificados como

     posible pertenencia de los jóvenes ausentes.

    14. 

    Dictaminar en materia de Balística Forense a fin de hacer la

    confronta de los elementos balísticos localizados en el basurero de

    Cocula con los obtenidos de las armas relacionadas con los hechos de

    Iguala. En este caso, el resultado del dictamen aportaría un indicio más

    sobre las armas de fuego que pudieron haberse disparado en el basurero

    de Cocula y estar en posibilidad de relacionarlas con quien las hubiese

     portado y disparado ya sea se trate de algún elemento de un cuerpo de

    seguridad o de miembros de la delincuencia organizada.

    15.  Determinar pericialmente la presencia de indicios biológicos como

    secreciones y pelo en el conjunto de prendas (8 playeras -incluida la

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    que presenta probable maculación hemática-, 1 suéter y 1 pañuelo) 

    localizado a 5 metros del autobús “Estrella de Oro”, con número

    económico 1531, mismo que fue ubicado bajo el puente conocido como“El Chipote”, frente al Palacio de Justicia de Iguala, sobre la carretera

    México-Acapulco, tramo Iguala-Mezcala, Guerrero, vehículo que se

    desplazaba adelantado a la caravana de 4 camiones -de los 6 utilizados-

    en los que viajaban los estudiantes la noche en que fueron agredidos y

     posteriormente desaparecidos.

    La relevancia de la dictaminación estriba en la posibilidad de establecer

    la identidad -e indiciariamente el número- de quienes vestían las prendas

    descritas, cuestión que podría relacionarse, en su caso, con la o las rutas

    de desaparición de los 43 normalistas. La pericial sugerida es importante

    también, pues a través de ella podría probarse la presencia de algunos de

    los desaparecidos en el lugar citado. Asimismo, la dictaminación sería

    útil para orientar los planes de búsqueda de los desaparecidos, sobre todo,

    si se concatena con la identificación de ropas que pudieran hacer los

    familiares y los estudiantes sobrevivientes al momento de ponérselas a la

    vista en diligencia ministerial ordenada ex-profeso.

    16. 

    Dictaminar pericialmente en materia de genética para establecer

    correspondencia entre el perfil genético que se obtenga de la

    maculación hemática presente en una playera -en caso de que se confirme

    que se trata de sangre- y el de los familiares de los desaparecidos. La

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     prenda fue localizada cerca del autobús de la línea “Estrella de Oro”, en

    las circunstancias y condiciones descritas.

    El resultado del dictamen del perfil genético es muy importante porque,

    desde luego, permitiría establecer si la muestra hemática pertenece a

    alguno de los 43 estudiantes desaparecidos y, al propio tiempo, en caso

    negativo, cuando menos aportaría elementos para la determinación de la

    identidad de la persona que, entonces, maculó con su sangre la playera.

    De ser el caso, la peritación, junto con otras evidencias contenidas en el

    expediente, indicaría que la persona a quien corresponde la muestra

    hemática objeto de análisis, muy probablemente estuvo en el lugar

    señalado el día y la hora en que ocurrieron los hechos, circunstancia que

    daría mayor certeza en el establecimiento del inicio de la “R uta de su

    Desaparición”. Sin duda, el resultado de esta prueba, adminiculada con

    las demás que derivan de las constancias, podría orientar las acciones de

     búsqueda de la autoridad investigadora y de los familiares.

    El resultado de la prueba, en su caso, sería decisivo para establecer si,

    además del lugar en que se suscitaron los hechos por todos conocidos en

    la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, de la ciudad de Iguala

    Guerrero, existió otro del cual también pudieron ser sustraídos losestudiantes normalistas, situación que podría constituir otra “Ruta de

    Desaparición”. 

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    Adicional a los análisis genéticos, la presencia de sangre en la citada

     playera, en todo caso, tendría que ser analizada desde el ámbito de la

    criminalística para establecer la mecánica de producción de lasmaculaciones que se observan en la prenda. El análisis criminalístico

    sugerido sería útil en la determinación de las circunstancias en las que se

    hubieren producido, en su caso, la o las lesiones que provocaron la

     profusión de líquido hemático.

    17. 

    Realizar peritación en materia de genética  para llevar a cabo laconfronta de los perfiles genéticos de las muestras hemáticas

    recabadas en los lugares en los que acontecieron las agresiones y los

     propios de las recabadas de los autobuses, patrullas y demás vehículos

    relacionados con los hechos, contra los perfiles genéticos de los

    familiares de los estudiantes desaparecidos. En los casos de desaparición

    forzada de personas la búsqueda de todos los elementos que pudieran

    llevar a establecer el último sitio de ubicación conocida de la persona

    resulta esencial. Por ello, el rastreo hemático en los lugares en que

    ocurrieron los hechos, las muestras recabadas y los perfiles genéticos que

    de ellas se obtengan, son datos ciertos y contundentes para

     presumiblemente ubicar a la persona en el sitio. Posteriormente, la

    confronta de estos perfiles contra los de los familiares posibilitará

    confirmar o descartar la identidad de alguno o algunos de los estudiantes

    desaparecidos.

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    18.  Ordenar dictaminaciones periciales en materia de antropología y

    odontología forense  a la totalidad de los fragmentos óseos y

    odontológicos que, de acuerdo a las constancias, se localizaron en el basurero de Cocula y en el “Río San Juan”. Se estima que el resultado de

    estas experticias es fundamental en el proceso de identificación de

     posibles víctimas.

    En consideración de este Organismo Nacional, de acuerdo a la ciencia

    antropológica forense, el primer paso en el establecimiento de laidentidad de fragmentos óseos es la determinación de su especie, es decir,

    saber si son de origen humano. En razón de ello, sería de la mayor

    relevancia que el Ministerio Público de la Federación ordenara la

    ampliación del “Dictamen en Antropología” emitido en relación con los

    restos óseos recuperados en el “Río San Juan” de fecha 21 de enero de

    2015, a efecto de que aclare la evidente contradicción entre lo señalado

    en el apartado que se identifica como “Desarrollo del Análisis”, en el que

    se dice que los fragmentos óseos analizados son de origen humano, con

    la conclusión “Quinta”, punto en el que, respecto de los mismos

    fragmentos, se afirma que “ (…) no se puede determinar su origen”. Es

    decir, debe aclararse si los fragmentos óseos recuperados son o no de

    origen humano.

    Se considera también fundamental llevar a cabo la dictaminación de los

    restos odontológicos que se refiere fueron recuperados del “Río   San

    Juan” y del basurero de Cocula, pues el estudio de las piezas dentales y

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    de sus características particulares proporcionan altos márgenes de certeza

     para lograr la identificación de personas.

    19.  Resolver lo que en derecho proceda respecto a las circunstancias en

    que se dio el deceso científicamente probado de quien en vida

    respondió al nombre de Alexander Mora Venancio,

    originalmente desaparecido con  42 de sus compañeros

    normalistas. Determinación ministerial que puede dictarse con base en

    los resultados de los estudios científicos que demostraron la

    correspondencia de los perfiles genéticos de los familiares con los

    fragmentos óseos recuperados.

    20.  Investigar lo que la Representación de los padres de familia, planteó

     públicamente al dar “Diez razones por las que no se puede cerrar el ‘Caso

    Iguala‘, el día 27 de enero de 2015, que a la letra dice: 

    “Hay versiones encontradas sobre el lugar de ejecución y donde (sic)

     fueron calcinados los estudiantes del caso ‘ Ayotzinapa‘. Hay

    inconsistencia en el expediente porque hay un conjunto de personas, por

    lo menos 20 de los 99, que declaran que los compañeros habían sido

    asesinados y enterrados en Cocula. Dos conjuntos de investigaciones que

    necesitarían confrontarse porque existen las fosas de Cerro Viejo, Cerro

    de la Parota y luego Cocula. Se necesita un esclarecimiento pleno, si no

    es incertidumbre para las víctimas. Qué pasa con estas declaraciones, en

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    términos judiciales se tienen que dilucidar y contrastar el primer

    conjunto con el segundo”.

    Resulta indispensable que el Ministerio Público agote esta línea de

    investigación para determinar cómo los eventos delictivos que

     produjeron la muerte de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en

    las 6 fosas localizadas en ambos parajes, pudieran o no estar relacionados

    con los hechos materia de investigación en este caso. Los resultados de

    esta investigación pudieran incidir directamente sobre aspectos torales delas indagaciones relevantes para conocer la verdad de los hechos.

    21.  Desahogar diligencia de reconstrucción de hechos con objeto de que

    aprecie las declaraciones que se han rendido y los dictámenes

    periciales que se han formulado, para lo cual resulta fundamental que

    se practique precisamente a la hora y en el lugar donde sucedieron los

    hechos, con la finalidad de allegarse de evidencias especialmente

    relevantes. Del expediente se advierten recreaciones individuales de un

    segmento de la “Ruta de Desaparición” de acuerdo a testimonios

    singulares de algunos involucrados, diligencias aisladas que, a juicio de

    esta Comisión Nacional no reúnen los requisitos legales para estimarlas

    como una reconstrucción de hechos, de ahí la pertinencia del desahogo

    de una diligencia como la propuesta. Este medio complementario de prueba contribuiría a reconstruir la “Ruta de Desaparición” de los

    estudiantes planteada por la Procuraduría General de la República o a

    descartarla.

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    22.  Ampliar sus líneas de investigación para indagar sobre la posible

    participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal 

    en colusión con las organizaciones criminales “Guerreros Unidos” y “Los

    Rojos”. En el contexto de la averiguación previa que se desarrolla en

    torno a las organizaciones delictivas que operan en el Estado de Guerrero,

    es fundamental tener claridad sobre la forma de operación de las

    organizaciones criminales y sus vínculos con los cuerpos de seguridad

     pública de la entidad y, sobre todo, conocer si esta situación incidió en la

    sucesión de los hechos del 26 y 27 de septiembre.

    23.  Profundizar las Investigaciones que permitan conocer la estructura

    organizacional y el modus operandi  (prioritariamente la colusión con

    autoridades) de la organización criminal autodenominada “Guerreros

    Unidos”, concretamente, en las ciudades de Iguala y Cocula, en el Estado

    de Guerrero. Iniciar, con la celeridad del caso, las propias relativas a

    la organización criminal “Los Rojos”. Se considera que para la

    investigación es fundamental obtener información que permita la

    identificación de los líderes de las organizaciones delictivas “Guerreros

    Unidos” y “Los Rojos”, de los encargados de operar financieramente para

    las organizaciones, sicarios o ejecutores, a quienes desarrollan tareas de

    vigilancia para la organización conocidos como “halcones”, empresas

    utilizadas como fachada para el ocultamiento de recursos ilícitos, así

    como las que se encargan del aprovisionamiento de armas de fuego que

    les permiten, mediante la violencia, mantener su hegemonía, proteger sus

    operaciones y defender su territorio de grupos antagónicos. También se

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    estima que la investigación debe poner especial énfasis en establecer los

    vínculos de estas organizaciones con la estructura institucional del

    Municipio de Iguala y Cocula. Resultaría de utilidad para lasindagaciones, conocer qué servidores públicos formaban parte de estas

    organizaciones, en qué consistió su colaboración y qué autoridades de

    otros municipios formaban o forman parte de las estructuras criminales,

    circunstancias que se deberían conocer para establecer de qué manera

    incidieron en los graves hechos ocurridos en Iguala.

    24.  Ampliar la investigación que realiza por el delito de Operaciones con

    Recursos de Procedencia Ilícita a los servidores públicos que tienen

    el carácter de inculpados en el caso,  así como a miembros de las

    organizaciones delictivas “Guerreros Unidos” y “Los  Rojos” con

     presencia en el Estado de Guerrero. Se considera necesario que la

    investigación sobre el manejo y el flujo de los recursos económicos en el

    Municipio de Iguala, se extienda a la estructura institucional de Seguridad

    Pública involucrada en los hechos y no solo se circunscriba a altos

    funcionarios municipales.

    25. 

    Considerar promover la acumulación, por conexidad, de las 4 causas

     penales relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala instruidas en el

    Poder Judicial del Estado de Guerrero, a los juicios federales seguidos entorno al caso a fin de que no se divida la continencia de la causa, es decir,

    la unidad jurídica en los juicios para que éstos se resuelvan con criterios

    uniformes por los jueces que conocen de los asuntos en el Fuero Federal.

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    En tanto se resuelve sobre la pertinencia de accionar la acumulación, se

    sugiere la atención atingente de la Fiscalía del Estado de Guerrero en el

    seguimiento de dichos procesos.

    26. 

    Constatar que los pliegos de consignación de personas implicadas en

    los hechos de Iguala, guarden relación lógica-jurídica con los hechos

    que se les imputan y reforzar los medios de convicción en los que se

    sustentan los procesos penales  que se instruyen en contra de las

     personas implicadas a efecto de evitar la impunidad, de que losinculpados sean sancionados conforme a la Ley, para garantizar el

    derecho humano a la justicia de las víctimas. Se considera pertinente que

     para cumplir cabalmente con las garantías de legalidad y seguridad

     jurídica previstas en la Constitución, el Ministerio Público de la

    Federación, corrobore cuidadosamente que los hechos imputados en cada

    caso se adecuen a la disposición normativa que contempla el tipo penal,

    con la finalidad de que el ejercicio de la acción penal se encuentre

    debidamente fundada y motivada y con ello garantizar, además, su

    derecho al conocimiento de la verdad y a la reparación del daño.

    Respecto a la serie de Observaciones y Propuestas hasta aquí enunciadas, se

    comunica que hoy por la mañana, oficialmente, la Comisión Nacional de los

    Derechos Humanos proporcionó a la Procuraduría General de la República

    información detallada y complementaria sobre ellas y que no se hace pública

     para no entorpecer su realización.

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    A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

    Las sugerencias a la Comisión Ejecutiva se plantean entendiendo las serias

    complejidades generadas por los propios acontecimientos que han dificultado

    sensiblemente la oportuna intervención institucional para atender las

    necesidades de las víctimas de los lamentables hechos de Iguala a las que, sin

    duda, les asiste el Derecho a la Reparación Integral del Daño que debe

    cuidarse ejerzan sin correr los riesgos de la doble victimización. En ese

    sentido, se propone a la CEAV vigorizar sus intentos de asistencia a las

    víctimas y continuar con las acciones iniciadas en interacción con el Grupo

    Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana

    de Derechos Humanos en la búsqueda de los acercamientos con los familiares

    de los desaparecidos que propicien su atención y la puesta en marcha del plan

    tendente a la reparación integral a las víctimas del “Caso Iguala”.

    Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebra que abriguemos

    coincidencias con el Grupo de Expertos de la CIDH y la CEAV en la visión

    y principios con que rigen su actuación en la atención a las víctimas. Sumado

    a ello, sería deseable que la CEAV, con los medios a su alcance, lograra la

    sensibilización de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos

    sobre la importancia de las acciones que aquí se sugieren.

    27. 

    Realizar un Estudio de Impacto Psicosocial a nivel colectivo, familiar

    e individual generado por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre

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    de 2014, en Iguala de la Independencia, Guerrero, indispensable para

    estar en condiciones de proceder a elaborar un Plan Integral de

    Reparación del Daño a las víctimas. El estudio se considera fundamental para ponderar de manera específica y diferenciada la magnitud del evento

    y sus consecuencias en las esferas, colectiva, familiar e individual.

    Permite además, clarificar las necesidades, visualizar en prospectiva las

    secuelas que existirán necesariamente en estos ámbitos en el corto,

    mediano y largo plazo y establecer los criterios de evaluación. El estudio

    debe elaborarse considerando dos principios fundamentales: Acuerdo conlas víctimas e Integralidad. Respecto de este último, deben incorporarse

    las actuaciones implementadas desde una perspectiva de investigación-

    acción. El Estudio de Impacto Psicosocial, desde luego, tendría que partir

    de los criterios establecidos por los métodos científicos de investigación

    social vigentes.

    28.  Observar que las acciones de atención a víctimas que se desarrollan,

    se encuentren dentro del marco de un Plan Integral de Reparación

    del Daño, articulándolo, de manera armónica y en línea, con los

    objetivos y estrategias planteadas en el Programa de Atención

    Integral a Víctimas 2014-2018, publicado el 16 de julio de 2015, en el

    Diario Oficial de la Federación; considerando para su especificidad la

     participación de las víctimas en su diseño, implementación y evaluación,con la finalidad de prevenir, en todo momento, su revictimización y

     brindar acompañamiento constante a las víctimas durante todo el proceso

    reparatorio, con la finalidad de salvaguardar su dignidad y evitar que se

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    desvirtué el objetivo de la reparación. Se deben considerar las secuelas

    de corto, mediano y largo plazo propiciadas en las esferas colectiva,

    familiar e individual generadas por los eventos de Iguala, por lo queresulta imprescindible contar con un Plan Integral de Reparación del

    Daño que sea el eje rector para articular y equilibrar las acciones efectivas

    de reparación hasta su plena satisfacción.

    Es de la mayor importancia que las estrategias y acciones derivadas de la

    implementación del Plan Integral de Reparación del Daño: a) consideren

    las condiciones socioculturales, contextuales y regionales de maneradiferenciada de todas las víctimas directas e indirectas, evitando las

    aplicaciones estandarizadas; b) permitan diversas modalidades de

    atención (grupal, familiar e individual); c) estén siempre en congruencia

    con los resultados del Estudio de Impacto Psicosocial para evaluar sus

    efectos; d) sean lo suficientemente flexibles, para que vayan de acuerdo

    a las necesidades, circunstancias y ritmos de las víctimas y familiares; e)

    se encuentren siempre disponibles, hasta la finalización y completa

    satisfacción del proceso de reparación y f) se fundamenten en la alta

    formación y especialización del personal que intervenga.

    29.  Prestar especial atención a la reparación colectiva, particularmente,

     para revertir las transformaciones negativas en el contexto social,

    comunitario y cultural, asociadas al deterioro del tejido social y la

    desesperanza para afrontar el futuro, con especial énfasis en proteger los

    Derechos Humanos a la verdad, a la justicia y a la garantía de no

    repetición del acto.

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    A la Fiscalía General del Estado de Guerrero

    30. 

    Determinar, en definitiva, a través  de un dictamen en materia de

    mecánica de lesiones, el origen de las lesiones que presentó el rostro

    de Julio César Mondragón Fontes,  quien fuera estudiante de la

    escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, a efecto de

    establecer si dichas lesiones corresponden a una acción intencional de

    desollamiento o pudieran ser consecuencia de la intrusión de la fauna de

    la zona en que fue abandonado el cadáver. En el expediente integrado por

    la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, se

    encuentran agregados dos peritajes contradictorios entre sí respecto del

    agente productor de las lesiones referidas. En el dictamen de necropsia se

    establece que dichas lesiones post-mortem son producto de la intrusión

    de la fauna. Un dictamen en materia de criminalística determina que las

    lesiones se produjeron con un instrumento cortante.

    En el caso de que la Procuraduría General de la República decidiera tomar

    en consideración la sugerencia planteada por esta Comisión Nacional en

    el sentido de promover la acumulación de las causas penales por

    conexidad, la observación estaría destinada, para su atención, a la

    autoridad ministerial federal.

    31.  Reforzar los medios de convicción que sustentan los procesos penales

    212/2014, 214/2014, 216/2014 y 217/2014, radicados en el Juzgado

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    Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de

    Hidalgo del Estado de Guerrero y que se instruyen contra 22 agentes de

    la Policía Municipal de Iguala y otros, por su probable responsabilidaden la comisión de los delitos de Homicidio Calificado de 6 personas y

    Tentativa de Homicidio, derivados de los hechos ocurridos el 26 y 27 de

    septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Del análisis de la información

    con que se cuenta y de las constancias del caso, se arriba a la

    consideración de que sería conveniente que, en el ámbito de las

    atribuciones de la Institución del Ministerio Público, se estudiarafortalecer las acusaciones a fin de que los inculpados, en su caso, sean

    sancionados conforme a la Ley, evitar la impunidad y, de esta forma, se

    garantice a las víctimas y a sus familiares el Derecho Humano a la

    Justicia.

    Esta propuesta se plantea para la Fiscalía Estatal hasta en tanto el

    Ministerio Público de la Federación, de ser el caso, promueva la

    acumulación de las causas penales tal y como se sugiere por esta

    Comisión Nacional.

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    Al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de

    la Independencia, Guerrero

    32.  Restaurar, en lo inmediato, la estructura de Seguridad Pública

    Municipal, en coordinación con la Federación y con el Estado de

    Guerrero, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de

    Seguridad Pública; expida los Bandos de Policía y Buen Gobierno y

    los Reglamentos de Observancia General. De igual manera, se sugiere

    que el Comité de Consulta y Participación Ciudadana cumpla con los

    objetivos para los que fue creado y además de ser instalado, desarrolle

    las actividades que le corresponden. La inseguridad que imperaba en la

    ciudad de Iguala antes del 26 y 27 de septiembre de 2014, contribuyó, sin

    duda, a la generación de las condiciones que propiciaron los hechos de

    Iguala que pusieron al descubierto la colusión de autoridades municipales

    con miembros de la delincuencia organizada. Por esta razón, a

    consideración de este Organismo Nacional, es imperativo que las

    instituciones encargadas de la seguridad pública municipal de Iguala

    operen en condiciones óptimas que les permitan contar con elementos

     policiales que cumplan con los requisitos de capacitación y permanencia

     previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,

    con la finalidad de restaurar la seguridad y recuperar la confianza de lasociedad igualense. Conjuntamente con estas medidas, es urgente que se

    expidan los Bandos de Policía y Buen Gobierno y los Reglamentos de

    Observancia General, disposiciones legales que inciden en el correcto

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    funcionamiento del Municipio. No basta que el Municipio haya instalado

    formalmente el Comité de Consulta y Participación Ciudadana, es

    imperativo que empiece a desarrollar sus funciones de inmediato.

    V. IMPRESIONES FINALES

    La Comisión Nacional refrenda su compromiso con la verdad y, de acuerdo

    con ella, acompañará y colaborará con los padres y familiares de losnormalistas desaparecidos y con las víctimas, de los lamentables hechos de

    Iguala y manifiesta que se mantendrá a su lado exigiendo se conozca el

     paradero de los jóvenes ausentes.

    La Institución procurará mantener el intercambio con los organismos y

    organizaciones nacionales e internacionales pendientes del caso,

    especialmente con las organizaciones que acompañan a los familiares y a las

    víctimas de los hechos de Iguala.

    La Comisión Nacional insiste en la necesidad de que la persecución de los

    delitos se lleve a cabo con respeto a los derechos fundamentales de las

     personas y en el marco de la Ley, razón por la cual, seguirá atendiendo con

    especial diligencia las quejas por presuntos hechos violatorios a Derechos

    Humanos relativas a detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o

    degradante en la detención y tortura, presentadas por algunos de los

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    inculpados de los hechos de Iguala. Una vez concluidas las investigaciones,

    se informará del resultado de las mismas.

    Se hace un respetuoso pero firme llamado a:

      La Procuraduría General de la República.

      La Fiscalía General del Estado de Guerrero.

     

    La Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública del

    Estado de Guerrero.  El H. Ayuntamiento Municipal de Iguala.

      El H. Ayuntamiento Municipal de Cocula

     para que complementen los informes remitidos a este organismo

    nacional en atención a las solicitudes que al efecto se les formuló y

    cumplan íntegramente con los requerimientos de información

     planteados.

    Las acciones desarrolladas por este Organismo Nacional tratan de responder

    a un asunto evidentemente complejo; a un caso que entraña graves y

    trascendentes hechos atentatorios a la dignidad humana que deben ser

    investigados a profundidad; a una investigación en la que aparecenmultiplicidad de actores; a un expediente de queja voluminoso; y a un asunto

    que plantea particularidades cuya atención exige el máximo rigor.

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    Comisión Nacional de los Derechos Humanos

    Los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 necesitan ser

    totalmente esclarecidos y todos los responsables, independientemente de su

    modo de participación, sancionados en los términos que establecen las leyes.Únicamente con la verdad y la justicia podrá haber alivio para los ofendidos,

    las víctimas y sus familiares. Sólo con esos valores se podrá conseguir la

    recuperación del tejido social ante la indignación de la colectividad que sigue

     profundamente conmovida por tan lamentables acontecimientos.

    Para este Organismo Nacional la investigación sobre el “Caso Iguala” noha concluido y, en su oportunidad, formulará el pronunciamiento

    definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de los derechos

    humanos.