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- Historia de España - Transición
ARG. Curso: 2018-2019 1
IES Enrique Nieto. ARG
Introducción
Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, que había gobernado España de manera dictatorial durante treinta y seis años, se adivinaban grandes cambios. El recuerdo de la Guerra Civil, aunque lejano, y el deseo de paz, hicieron que la mayor parte de la población se inclinara porque esos cambios fuesen llevados a cabo pacíficamente. Se abría, pues, una nueva etapa de gran trascendencia que requería de grandes dosis de buena voluntad.
Las fuerzas políticas de derechas y de izquierdas, conscientes de ello, se avinieron a realizar una Transición política a la democracia de manera pacífica, en la que se impuso el diálogo y el consenso, a pesar de la grave crisis económica de la época.
El paso de un régimen autoritario a otro democrático, la Transición, se produjo por la vía del pacto, la tolerancia y la reconciliación. La aprobación en referéndum de la Constitución de 1978 dotó a España de un sistema democrático con la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
A partir de aquel momento se inicia uno de los períodos de libertad y democracia más largos e intensos de nuestra historia contemporánea, todo ello acompañado de una gran modernización socioeconómica y cultural.
Don Juan Carlos I Don Juan Carlos nació en Roma en 1938. Eran los años del exilio
de su familia y de la Guerra Civil. Su padre era don Juan de Borbón y su abuelo Alfonso XIII. Tras un acuerdo entre su padre y
el general Franco, llegó a España en 1948 para iniciar su formación
intelectual y militar. En 1962 contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Grecia y, en
1969, Franco le nombró sucesor en la jefatura del Estado. A la
muerte de éste el 20 de noviembre de 1975 fue nombrado capitán general del Ejército y proclamado Rey.
En 1981 tuvo que hacer frente a un intento de golpe de Estado. Su
actitud en aquel momento fue radicalmente diferente a la de su abuelo Alfonso XIII ante el golpe de Estado que protagonizara
Miguel Primo de Rivera.
El reconocimiento internacional del papel jugado por el Rey en el proceso de transición democrática ha desembocado en la concesión
de numerosos premios internacionales, como el premio
Carlomango, en 1982, entre otros.
- Imagen izquierda. El príncipe don Juan Carlos jura “lealtad al jefe del Estado (Franco) y fidelidad a los principios fundamentales
del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del reino”.
- Imagen derecha. Don Juan Carlos, en su discurso ante el jefe del Estado, Francisco Franco, asegura recibir la legitimidad política
surgida el 18 de julio de 1936 y se compromete en la defensa de los
principios y leyes del régimen
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1. De la Transición a la Democracia (1975-1978)
Muerto Franco, el príncipe Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975. A partir de entonces se inició un delicado proceso de restablecimiento de las libertades, tras casi cuarenta años de dictadura, y de cambio de régimen conocido como: la Transición española.
Para hacer posible este cambio, o transición, se impuso el consenso, esto es: la
derecha tuvo que ceder y aceptar la apertura democrática y la izquierda acabó por aceptar la monarquía.
En un primer momento, Juan Carlos, dispuso que Carlos Arias Navarro continuara al
frente del gobierno. De su gabinete se esperaba un programa reformador que condujera a la progresiva democratización del sistema político, pero Arias Navarro se limitó a proponer unos mínimos cambios que fueron rechazados por la oposición, al tiempo que decepcionaba a los propios franquistas.
La oposición tomo la iniciativa y fusionó sus dos plataformas, la Junta Democrática
(PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE) en la nueva Coordinación Democrática, más conocida como la “Platajunta” (26 de marzo de 1976). Su propuesta se basaba en la formación de un Gobierno provisional y en la realización de elecciones libres de carácter constituyente.
La Platajunta “Los pueblos del Estado Español llevan casi cuarenta años sometidos a un régimen antidemocrático, que ha impedido a los ciudadanos el
ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana. Las graves cuestiones de carácter político, socioeconómico y cultural, que tanto en el orden interno cuanto en el de las relaciones internacionales tiene planteadas el estado Español, obligan a un esfuerzo de
clarificación al servicio de nuestros pueblos y a una acción común de todas las fuerzas políticas y sindicales democráticas. El momento
histórico que atravesamos, de descomposición de la dictadura y el firme rechazo del Régimen y de su prevista continuidad en la
Monarquía establecida en las leyes sucesorias obligan a todas las fuerzas democráticas de una acción en común.
La Dictadura no es reformable. La Libertad no se puede negociar.
En esta situación:
1. Las organizaciones políticas y sindicales abajo firmantes forman una Plataforma de Convergencia Democrática abierta a todos los
partidos y organizaciones de carácter democrático de los diversos pueblos del Estado Español, sin exclusión alguna, que se compromete al
restablecimiento y consolidación de la soberanía popular mediante la indispensable ruptura con el régimen actual y la apertura de un proceso constituyente.
2. La Plataforma de Convergencia Democrática se compromete a luchar por:
- El establecimiento y organización de un régimen democrático y pluralista con estructura federal del Estado. - La inmediata liberación de presos políticos y sindicales y el retorno de exiliados.
- La libertad de asociación sindical y el derecho de huelga.
- Las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación y demás derechos reconocidos en los textos de organismos internacionales.
- La supresión de los Tribunales especiales y de todos aquellos organismos y medios de carácter represivo, incompatibles con una sociedad
democrática. 3. La forma de gobierno debe quedar sujeta a la decisión de la voluntad popular expresada en elecciones (…)”.
Manifiesto de la Plataforma de Convergencia Democrática. Las fuerzas antifranquistas también promovieron una serie de movilizaciones
populares (manifestaciones, huelgas, campañas reivindicativas, etc.) que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos; los conflictos laborales también aumentaron. En Cataluña y en el País Vasco se impulsaron diversas huelgas generales y, en Madrid, varios sectores (metal y construcción) permanecieron en huelga durante semanas. Todo ello contribuyó a desacreditar el proyecto continuista de Arias Navarro.
Dentro de las fuerzas procedentes del franquismo, se produjo una división entre los
reformistas, que se sentían decepcionados, y los inmovilistas que sólo aceptaban la continuación del régimen anterior y exigían mayor represión policial.
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Por si la situación no fuese ya de por sí compleja, se vinieron a sumar los sucesos de
Vitoria y Montejurra (marzo y mayo de 1976), y los atentados terroristas de la ETA y del GRAPO, que contribuían a soliviantar los ánimos de los inmovilistas.
Vitoria Los sucesos de Vitoria tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en Vitoria (Álava, País Vasco), pocos meses
después de la muerte del dictador Francisco Franco en
plena Transición española. Los hechos se iniciaron cuando la Policía Armada desalojó de
la iglesia de San Francisco de Asís a 4.000 trabajadores en
huelga, reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia y
disparó con fuego real y pelotas de goma a las personas que
salían del recinto. Murieron cinco personas y fueron heridas más de ciento
cincuenta.
Imagen de los Sucesos de Vitoria (Álava, País Vasco. 1976).
Montejurra Los sucesos de Montejurra (Navarra, 9 de mayo de 1976).
En este monte navarro se celebraba una ascensión en la que se
conmemoraba una victoria carlista frente a las tropas liberales. En el momento de su celebración, año 1976, el carlismo había
evolucionado y se oponía al régimen de Franco y a su
“continuidad” en la persona de Juan Carlos I. En el transcurso de su celebración tuvieron lugar unos
acontecimientos oscuros. El bando carlista encabezado por el
ultraderechista Sixto de Borbón, pretendió acabar con el otro bando carlista que era progresista y estaba encabezado por su
hermano, Carlos Hugo de Borbón, a su vez presidente del
partido carlista y pretendiente al trono de España. El bando ultraderechista disparó y asesinó a dos personas a lo
largo de dos jornadas en las que la policía y la Guardia Civil, ni
intervino ni detuvo a nadie. Este acontecimiento pasó factura al gobierno, acusado de inacción.
Descenso de heridos tras los tiroteos acaecidos en la cima del
Montejurra (Navarra, 9 de mayo de 1976).
Por todo ello, el 1 de julio de 1976, el rey Juan Carlos y sus colaboradores forzaron la
dimisión de Arias Navarro, desacreditado por responder mediante la vía de la represión, y nombró a Adolfo Suárez, un político reformista, nuevo presidente del Gobierno. Inicialmente, Suárez no era visto como la persona apropiada para realizar las reformas pertinentes por proceder de las mismas filas del franquismo.
La reforma política de Adolfo Suárez El nuevo gobierno de Adolfo Suárez tomó la iniciativa y, tras establecer contacto con
las fuerzas democráticas, propuso la Ley de Reforma Política que reconocía los derechos fundamentales de las personas, confería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular preveía un sistema democrático.
Suárez logró que las Cortes franquistas aprobaran la Ley de
Reforma Política presentándola como un cambio político de una legalidad a otra y no como una ruptura, pese a que suponía el desmantelamiento de las instituciones franquistas. De todas maneras establecía unas claras garantías: no era negociable la corona y no se exigirían responsabilidades políticas.
Adolfo Suárez tras la aprobación de la LRP.
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Adolfo Suárez Adolfo Suárez (Cebreros, Ávila, 1932-Madrid, 23 de marzo del 2014). Abogado, se formó en la burocracia franquista. En el primer gobierno de la monarquía fue ministro secretario
general del Movimiento. En 1976, el rey Juan Carlos le nombró presidente del Gobierno en
sustitución de Arias Navarro. Era un desconocido para el conjunto de españoles y su nombramiento despertó escaso entusiasmo.
Con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda logró la autodisolución de las Cortes
franquistas y sacar adelante el proyecto de Reforma Política (LRP), que sometió a referéndum más adelante.
Legalizó los partidos políticos (PCE) y convocó las primeras elecciones democráticas de
1977 que ganó su partido, UCD. Elaborada la Constitución disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones que,
nuevamente, volvió a ganar.
Las disensiones en el seno de su propio partido lo llevaron a dimitir como presidente del gobierno en el año 1981.
Posteriormente fundó CDS con el que concurrió a las elecciones de 1982, 1986 y 1989.
Fue, sin duda, un político clave en la recuperación de la democracia en España después de largos años de dictadura.
Portada de la revista Time dedicada a la
Transición española (1977).
La Ley de Reforma Política, que establecía un sistema bicameral (Congreso y
Senado) elegido por sufragio universal, fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y aprobada por el 81% de los votantes.
Inmediatamente, el gobierno de Suárez dictó una serie de disposiciones que
significaban la desaparición de las instituciones del franquismo y negoció con la oposición las bases para la celebración de unas elecciones democráticas (indulto a presos políticos, libertad sindical, legalización de partidos políticos, ley electoral, etc.).
La difícil situación que vivió el país en los primeros
meses de 1977 puso en peligro la transición a la democracia. Así, grupos extremistas iniciaron una campaña de desestabilización del nuevo régimen La extrema derecha asesinó en enero a cinco abogados laboristas vinculados al PCE, en lo que pasó a la historia como “la matanza de Atocha”. Las manifestaciones por la muerte de estos abogados fueron multitudinarias y permitieron la salida masiva a la luz pública de la organización del Partido Comunista.
En el otro extremo del arco político, tanto ETA (Euskadi ta Askatasuna, grupo
terrorista independentista vaso) como los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre, vinculado a la extrema izquierda) secuestraron a militares y asesinaron a miembros de la policía y de las instituciones del Estado. El Gobierno intentó salvar la situación y no se dejó arrastrar por las provocaciones del terrorismo.
El gobierno legalizó los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Sólo quedaba un
obstáculo para que la oposición democrática, representada en la “Platajunta”, aceptara el proceso de reforma política: la legalización del Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo.
A pesar de las fuertes presiones en contra por parte de los militares,
en abril de 1977, en plena Semana Santa, Adolfo Suárez tomó la decisión personal de legalizar el PCE, lo que provocó una crisis de gobierno y el enfrentamiento con mandos militares. Los comunistas, por su parte, moderaron sus posiciones y aceptaron la monarquía como forma de Estado y la bandera bicolor.
El PCE aceptando la monarquía, la unidad de España.
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“La matanza de Atocha” (1977), El País
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Ante las primeras elecciones libres se fue configurando un nuevo panorama político:
por un lado, los partidos de izquierdas, que habían destacado por la oposición al régimen de Franco: PCE y PSOE; por otro, una nueva organización de derechas, Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga Iribarne y otros extremismos franquistas; y desde el Gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático o UCD, bajo la dirección de Adolfo Suárez, una coalición que incluía 15 grupos diferentes de centro (entre los que había democristianos, socialdemócratas y evolucionistas del régimen franquista). A estas formaciones se sumaron más de un centenar de partidos más.
Las elecciones democráticas de 1977
Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron como resultado un sistema claramente bipartidista integrado por dos grandes partidos: la UCD de Adolfo Suárez, que logró 166 diputados y más de 6 mill./votos, y el PSOE de Felipe González, que consiguió 118 y más de 5 mill./de votos. Como tercera fuerza, a mucha distancia, quedó el PCE de Santiago Carrillo, con 19 escaños, y Alianza Popular de Manuel Fraga, que tan solo obtuvo 16.
Los grupos nacionalistas obtuvieron importantes resultados. En el País Vasco, el PNV
(Partido Nacionalista Vasco) fue el partido más votado. En Cataluña, el Pacte Democràtic per Catalunya, donde se había integrado Convergencia Democràtica de Catalunya (futura CiU) fue la segunda fuerza más votada tras el PSC (Partit Socialista de Catalunya). ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) aún no legalizada a causa de su republicanismo, se presentó a las elecciones como EC (Esquerra de Catalunya).
La extrema derecha, representada sobre todo por Fuerza Nueva y dirigida por
Blas Piñar, se presentó sin éxito a los comicios. Las elecciones dieron, por tanto, el triunfo a los partidos que utilizaron un lenguaje
moderado y que no se mostraron radicales. Los resultados muestran, por tanto, la opción moderada del pueblo español, que rechazaba tanto a la extrema derecha franquista como a la izquierda revolucionaria. Al mismo tiempo, desapareció el peligro de caer en un atomismo de pequeños partidos y se configuró, por el contrario, un bipartidismo en torno a la UCD y el PSOE, que aseguraba la estabilidad política.
Santiago Carrillo. Felipe González. Manuel Fraga Iribarne. Adolfo Suárez.
Resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977.
Fuerza Nueva.
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Pese a no tener la mayoría absoluta en el Congreso, compuesto por 350 diputados,
Adolfo Suárez formó el primer Gobierno democrático de España después de la Guerra Civil. El conjunto de la oposición forzó a que esta primera legislatura fuera constituyente, es decir, que su principal misión fuera elaborar una nueva Constitución. Igualmente, la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias acordaron una serie de medidas políticas, sociales y económicas que exigían un amplio acuerdo, lo que inició la etapa del denominado “consenso político”.
Sin embargo, todo este proceso de reformas siempre
se vio amenazado por dos fuerzas antagónicas. Por un lado, la extrema derecha de los Guerrilleros de Cristo Rey o Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar, que propugnaba un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, ETA y GRAPO, que con sus ataques al ejército y a las fuerzas policiales alentaban las posibilidades de un golpe militar.
El primer gobierno de la UCD El gobierno de la UCD surgido de las elecciones de 1977, del que formaban parte
personalidades tan importantes como el general Manuel Gutiérrez Mellado y el economista Enrique Fuentes Quintana, tuvo que hacer frente a tres problemas de suma importancia: dotar al país de una Constitución y de unas leyes que permitiesen el asentamiento de la democracia; realizar una política económica que hiciese frente a la crisis, y por último, solucionar las aspiraciones autonomistas de nacionalidades y regiones. Para llevar adelante estas tareas se consiguió un consenso político, es decir, un acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias.
Manuel Gutiérrez Melledo Manuel Gutiérrez Mellado fue un militar y político español,
vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la
Defensa y ministro de Defensa durante la Transición. Sin duda, la imagen más conocida de Gutiérrez Mellado se
produjo durante el intento de golpe de Estado del 23 de
febrero de 1981. Gracias a las cámaras de RTVE, España entera contempló,
atónita, cómo una frágil figura de casi setenta años, en la que
la mayoría de los españoles probablemente nunca había reparado, se levantaba intrépidamente de su escaño y hacía
frente a unos guardias civiles que
empuñaban pistolas y subfusiles, que intentaron derribarle y que, al no lograrlo, abrieron fuego para impedir que desde
otros escaños se imitase su gesto.
La reiterada retransmisión del momento en que se alzó en solitario para defender la ganada libertad de los españoles,
convertiría al general Gutiérrez Mellado en un mito.
En la primera imagen vemos la decida intervención de Gutiérrez Mellado
durante el 23F. En la segunda imagen es felicitado por los diputados.
El consenso económico. Los Pactos de Moncloa La Transición coincidió con la llegada a España de los efectos de una crisis
económica internacional, la crisis del petróleo de 1973 provocada por una gran subida de su precio y que en España tuvo graves repercusiones.
La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial. Por un lado, muchas
empresas quebraron, provocando un gran ascenso del paro. Por otro lado, la inflación llegó a superar el 25%, y la balanza comercial alcanzó un déficit de 3.000 millones de dólares.
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- Euskadi ta Askatasuna, “País Vasco y libertad. - GRAPO, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.
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Así, en 1977 la inflación alcanzó un nivel que se puede considerarse tercermundista,
el paro subía galopantemente, el déficit exterior era alarmante (debido a la disminución de las exportaciones y de las inversiones extranjeras). Además, se produjo un descenso de los ingresos por turismo y el retorno de los emigrantes españoles en Europa, con la consiguiente disminución de sus remesas monetarias.
Para abordar la crisis, el Gobierno buscó un amplio consenso político y social (entre
los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, etc.), que se concretó en los Pactos de la Moncloa (25 octubre de 1977), un ambicioso proyecto para luchar contra el paro (que afectaba a un millón de trabajadores), reactivar la inversión, frenar la inflación y garantizar un límite para los aumentos salariales.
Estos contenían una serie de acuerdos para la reforma y el saneamiento de la
economía y un programa de modificaciones jurídicas y políticas. Sus objetivos fundamentales fueron la reducción de la inflación y la puesta en práctica de reformas para repartir equitativamente los costes de la crisis. Se devaluó la peseta, se diseño una nueva estrategia de control del gasto público, se acordó un programa para racionalizar el consumo de energía y se pactó una generalizada moderación salarial. También se acordó una reforma fiscal en profundidad y un nuevo marco de relaciones laborales, así como una serie de medidas para agilizar la contratación.
La reforma tributaria, que permitió al Estado recaudar mucho más y de forma más
justa, se basaba en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De este modo se pudieron abordar los altos costes sociales de la crisis económica y crear las bases para la construcción del Estado de bienestar. Igualmente se reformó la Seguridad Social, aumentando la financiación pública, lo que permitió la extensión del seguro de desempleo y el incremento de las pensiones.
El profesor Fuentes Quintana planteó un Plan de
Saneamiento y Reforma Económica española, fundamentado en la reforma fiscal, la moderación de las tasas de crecimiento salariales y una muy especial atención al problema del paro. Los logros no se hicieron esperar y las medidas económicas lograron reducir la tasa de inflación. Los Pactos de Moncloa crearon un clima social que posibilitó abordar, sin crispación, la redacción y aprobación de una Constitución
Los Pactos de la Moncloa “La economía española atraviesa en estos momentos por una grave
situación, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales:
1.Una persistente y aguda tasa de inflación.
2.Un desarrollo insatisfactorio de la producción con una caída importante
de las inversiones, lo que ha generado unas cifras de paro elevadas con
repartos geográficos, por edades, por sexos y por ramas de actividad muy desiguales y ha agudizado los problemas que la misma plantea.
3.Un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero.
Estos desequilibrios de la economía española se producen en un contexto económico internacional (crisis del petróleo de 1973) en el que todavía
no han aparecido signos duraderos de recuperación económica.
Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con
representación parlamentaria manifiestan su unánime preocupación
ante esta situación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente
estos problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a la consolidación de la democracia (…)”
Pactos de la Moncloa. Acuerdo sobre el Programa de
Saneamiento y Reforma Económica. 25 de octubre de 1977.
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Enrique Fuentes Quintana.
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ARG. Curso: 2018-2019 8
2. La Constitución de 1978
Establecido el consenso en lo económico, las nuevas Cortes abordaron el segundo de los objetivos planteados: elaborar y aprobar una nueva Constitución. Para ello, se nombró una Comisión integrada por representantes todos los partidos políticos con representación parlamentaria, los llamados “padres de la Constitución”, encargada de redactar un anteproyecto que fue aprobado por las Cortes, tras un largo debate, con tan sólo dos votos en contra y catorce abstenciones (correspondientes a los diputados vascos).
La Constitución de 1978 adquirió un carácter progresista, aunque presentaba cierta
ambigüedad (ver artículo 2), producto del consenso, que permitía su posterior desarrollo legislativo y fuera aceptada tanto por la izquierda como por la derecha, así como por los partidos nacionalistas.
Una vez aprobada por las Cortes, el 6 de diciembre de 1978, el texto constitucional
fue sometido a referéndum y aprobado con un 87,8% de los votos a favor y un 7,8% de votos en contra. Desde un punto de vista internacional, resulta una Constitución homologable a las constituciones del resto de los países democráticos de europeos, de las que recibe influencias.
La Constitución define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, establece la soberanía nacional y que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria (ver artículo 1); la Corona tiene una función representativa y las fuerzas armadas están sometidas al poder civil.
Regula la separación de poderes e instaura el Tribunal Constitucional como
instancia suprema. Se desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas, que establecen la no discriminación por razones de edad, sexo, raza y religión, y se fija el derecho a voto a partir de los 18 años.
La Constitución instauró un sistema político y administrativo descentralizado con la
creación de Comunidades Autónomas en todo el territorio español. Todas las Comunidades se regularon mediante estatutos que incluyen sus órganos legislativos, elegidos por sufragio (parlamentos), ejecutivos (gobiernos) y que fijan sus competencias. Se establecieron dos procedimientos para llegar a la autonomía: uno más rápido y completo (artículo 151), al que pudieron acceder las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco) y las que lo ratificaron mediante un referéndum (Andalucía); y otro procedimiento más lento (artículo 143).
Días más tarde, el presidente del Gobierno anunciaba la convocatoria de elecciones
generales para marzo de 1979, y con el fin de crear un buen clima social y terminar con los fantasmas del pasado, se decretó una amnistía total a todos los exiliados políticos.
Papeletas del referéndum constitucional.
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ARG. Curso: 2018-2019 9
Análisis de la Constitución de 1978 Esta consta de 169 artículos estructurados en 11 títulos (el primero de ellos
preliminar) que tratan sobre los derechos y deberes, la Corona, las Cortes Generales, del Gobierno y de la Administración, del Poder Judicial, la Economía y Hacienda, la Organización Territorial del Estado, etc.
A estos títulos, se añaden al final del texto constitucional, cuatro disposiciones
adicionales, nueve disposiciones transitorias (la quinta menciona a Ceuta y Melilla), una disposición derogatoria y una disposición final. Como puede deducirse, la Constitución, a lo largo de su articulado lo abarca todo: la organización política, territorial, económica, judicial, etc.
Título Preliminar
Portada de la Constitución
española de 1978.
Artículo 1.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Artículo 3.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas
de acuerdo con sus Estatutos (…)
Artículo 4. 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la
amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas.
Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Artículo 5.
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Artículo 6.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. (…)
Artículo 8.
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional (…)
Artículo 9.
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico. (…)
Título I. De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10-55) La Constitución reconoce una amplia declaración de derechos, como son: la mayoría
de edad a los 18 años (art. 12); la igualdad ante la ley (art. 14); el derecho a la vida y la integridad física y moral (art. 15); se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16); derechos de reunión, asociación y participación en los asuntos públicos (art. 21-23); derecho a la educación (art. 27); derecho a la propiedad privada (art. 33), etc.
Artículo 27. 1. Todos tienen derecho a la educación (…) 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita (…)
Entre los, pocos, deberes: el derecho y el deber de defender a España (art. 30); contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31); el deber de trabajar el derecho al trabajo (art. 35), etc.
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ARG. Curso: 2018-2019 10
Título II. De la Corona (artículos 56-65) El Rey es el Jefe del Estado, asume la más alta representación del
Estado español en las relaciones internacionales, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, ostenta el mando supremo de las Fuerzas armadas, etc. Su persona inviolable.
Funciones del Rey Artículo 56
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera
el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del
Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la
Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos
estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de
validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.
Artículo 62
Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos
previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así
como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos
civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. (…) h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. (…)
Don Juan Carlos firmando la Constitución en el
Congreso de los Diputados. Artículo 63
1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes
extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente por medio de tratados, de
conformidad con la Constitución y las leyes. 3. Al Rey corresponde, previa autorización de las
Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Título III. De las Cortes Generales (artículos 66-96) Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen demás competencias que atribuye la Constitución.
El Congreso se compone en la actualidad por 350 diputados elegidos mediante
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Es elegido por cuatro años. El Senado es la Cámara de representación territorial y es elegido por cuatro años.
Título IV. Del Gobierno y la Administración (artículos 97-107) El gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar, y la
defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y está compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros.
El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los miembros
del Gobierno. El Gobierno responde de su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputaos, fachada e interior. El Senado, fachada e interior.
Adolfo Suárez es nombrado por el rey Presidente del Gobierno.
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ARG. Curso: 2018-2019 11
Tribunal Supremo.
Título VI. Del Poder Judicial (artículos 117-127) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey
por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones.
El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el
órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia constitucional.
Título VIII. De la Organización Territorial del Estado (artículos 137-158) La Constitución instauró un sistema político y administrativo descentralizado con la
creación de Comunidades Autónomas en todo el territorio nacional.
Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
El artículo 148 delimita las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas: instituciones, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés de la Comunidad, sanidad, etc. Por su parte, mediante el artículo 149 se atribuyen hasta 32 competencias exclusivas del Estado, como son: Defensa y Fuerzas Armadas, Administración de la Justicia; legislación, civil, penal, laboral, etc.; Hacienda, autorización de referéndum, etc.
Todas la Comunidades se regulan mediante Estatutos, que incluyen sus órganos
legislativos (parlamento) elegidos por sufragio universal, ejecutivos (gobiernos) y que fijan sus competencias. Se establecieron dos procedimientos para llegar a la autonomía: uno más rápido y completo (artículo 151), al que pudieron acceder las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y las que lo ratificaron mediante un referéndum, caso de Andalucía (1980); y otro procedimiento más lento (artículo 143).
Artículo 155. 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Disposiciones transitorias. Quinta Quinta.
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos
Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de
sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.
Estatuto de Autonomía de Melilla
Consta de seis títulos y de 41 artículos. En el Estatuto se recogen la organización institucional de la Ciudad, las competencias de la Ciudad,
el régimen jurídico, económico, etc.
Artículo 1
Melilla, como parte integrante de la Nación española y dentro de su
indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno y goza de
autonomía para la gestión de sus intereses (…)
Estatuto y bandera de Melilla.
Artículo 3
La bandera de la ciudad de Melilla es la tradicional de color azul con el escudo de la Ciudad en el centro (…)
Doc
ument
o 10
- Historia de España - Transición
ARG. Curso: 2018-2019 12
IES Enrique Nieto. ARG
Título IX. Del Tribunal Constitucional (artículos 159-165) Se compone de doce miembros nombrados por el rey (cuatro a
propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial). Son designados por un período de nueve años. Tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:
o Recursos de inconstitucionalidad contra Leyes. o Violación de los derechos y libertades. o Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Título X. De la reforma Constitucional (artículos 166-169) Finalmente, los proyectos de reforma Constitucional deberán ser aprobados por una
mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras y por un referéndum.
Conclusión A pesar de todas las dificultades, el resultado final de la Transición fue posible y
gracias a un pacto, o consenso, entre los políticos reformistas salidos del franquismo y la gran mayoría de la oposición democrática, que reflejaba la voluntad mayoritaria de los españoles de construir un sistema democrático.
Con la Constitución se consiguió un equilibrio entre la tradición y las nuevas
corrientes, todo lo cual posibilitó la convivencia pacífica de todos los españoles y dio lugar, como decíamos en la introducción, a uno de los períodos de libertad y democracia más largos e intensos de nuestra historia contemporánea, junto a una gran modernización socioeconómica y cultural.
Solamente en nuestros días, recién cumplidos sus cuarenta años de vigencia, se ha
puesto de manifiesto la necesidad de reformarla en alguno de sus aspectos.
Bibliografía VV.AA. Historia. Bachillerato. Anaya. 2005
VV.AA. Historia de España. Algaida. 2009. VV.AA. Historia de España. Vicens Vives. 2016.
Constitución de 1978. Tecnos.
Webgrafía www.wikipedi.org
www.etb.eus www.rtve.es
www.boe.es
Tribunal Constitucional.