garantías constitucionales en el nuevo proceso penal
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“GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL NUEVO PROCESO PENAL”
Guillermo Evaristo Medina Sanjinez1.
I. introducción, II. Consideraciones Generales, III. Garantías. IV. Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. 4.1. Garantías Genéricas. 4.2. Garantías Específicas. V. Garantías de la Jurisdicción. VI. Garantías Internacionales sobre Derechos Humanos.
I- INTRODUCCION:
En nuestro país se esta aplicando de manera progresiva un nuevo orden
institucional, con clara vocación democrática y de profundo respeto por las garantías
constitucionales conforme a las condiciones de un estado derecho. Es por eso que según
algunos el Nuevo Proceso Penal Peruano es en la actualidad, el centro de atención de la
sociedad peruana e incluso de la comunidad internacional.
Pues la reforma del Proceso Penal ha dejado de lado al Código de Procedimientos
Penales que tenia características inquisitivas (reserva del proceso, donde prima la
escritura), al contrario del nuevo proceso penal con rasgos acusatorio - garantista
(publicidad del proceso donde prima la oralidad) que va a conllevar a estar acorde con la
Constitución y las Normas Internacionales ratificados por el Perú conforme a ley.
Con la llegada de la reforma del proceso penal esto va a significar cambios
importantes, ya que los principios consignados en el nuevo proceso penal tienen
connotación constitucional, hecho que va a favorecer para que se respeten las garantías
constitucionales en el proceso penal y cualquier otro acto que implique el respeto de los
derechos constitucionales de las personas que estén de una u otra manera inmersos en un
proceso penal.
Es muy usual que en los textos jurídicos se señale conceptos como Derechos
Fundamentales, Derechos Fundamentales Procesales, Derechos Humanos, Principios
Procesales, Garantías Institucionales, entre otros conceptos, para referirse por lo general a
lo mismo a: “Las Garantías Procesales Penales Constitucionales”, que se encuentran
inmersas dentro de la normativa que regula el nuevo proceso penal con rasgos acusatorio
adversarial.
1 Guillermo Evaristo Medina Sanjinez, Abogado egresado por la Universidad Privada San Pedro, especialización en Argumentación Jurídica y Litigación Oral por la Corporación Americana de Desarrollo-CAD, Abogado Asistente de la Oficina de Asesoría Legal de la Universidad Los Angeles de Chimbote, miembro asociado del Instituto de Investigación Jurídica “IURIS PERT TOTEM”.
Las garantías constitucionales se encuentran previstas y reguladas en el título
preliminar y los demás articulados del Nuevo Código Procesal Penal, además toda la
normatividad que regula en proceso penal se encuentra sistematizado en un solo cuerpo
normativo que garantiza la uniformidad y coherencia de su contenido, de donde se aprecia
claramente un contenido respetuoso de la Constitución Política del Estado y Tratados
Internacionales de los Derechos Humanos que nuestro país de encuentra suscrito y
ratificado.
II- CONSIDERACIONES GENERALES:
El proceso penal constituye el medio para que el Estado a través del Ius Puniendi y
mediante un procedimiento donde se respeten las garantías constitucionales de los
individuos que forman parte de la relación procesal, se sancionen conductas que vulneran
bienes jurídicos penalmente relevantes protegidos por el Estado para evitar que atenten
contra la convivencia social.
Claus Rocín, considera que el derecho procesal penal es el sismógrafo de la
constitución del Estado, reside en ello su actualidad política, la cual significa, al mismo
tiempo, que cada cambio esencial en la estructura política (sobre todo una modificación de
la estructura del Estado) también conduce a transformaciones del proceso penal2.
Debemos ser concientes que el poder político una vez que toma posición en el
Estado, para poder gobernar siempre realiza cambios, tales como modificar leyes,
reglamentos y otros; pues lo que no se debe de perder como sendero es que todo cambio de
normativa tiene que tener legitimidad social, y ser siempre concientes de la gran
importancia y necesidad del respeto de los derechos de las personas que viven en un
espacio territorial dividido por líneas imaginarias que constituyen un estado.
El respeto de las garantías constitucionales, es el reflejo de un estado moderno y
democrático, donde los derechos fundamentales consagrados en la constitución y tratados
internacionales suscritos y ratificados por los países primen por encima de cualquier
decisión política, y se respete la independencia de la estructura del Estado, donde ninguno
incida sobre las decisiones del otro.
Nuestro país ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de incorporar en
nuestra normatividad aquellas garantías previstas en nuestra Constitución Política del
Estado, y con ello hacer presente a los aplicadores del derecho que estos derechos no deben
2 Roxin, Claus; Derecho Procesal Constitucional, 3ra Reimpresión, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2006, p. 10.
ser conculcados ni violentados, por cuanto constituyen garantías de los individuos que son
parte de una relación procesal.
El nuevo proceso penal es una clara evidencia del cambio de paradigmas que se
esta suscitando en nuestro país, y la manera como las garantías constitucionales son los
pilares del cual se ha elaborado, demostrándose de este modo que la mejor manera del
Estado de brindar seguridad jurídica es impartiendo una administración de justicia donde
se respeten las garantías de los ciudadanos.
III- GARANTÍAS:
Institución procedimental de seguridad y de protección a favor del
individuo, la sociedad o el Estado para que dispongan de medios que hagan efectivo el
goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean desconocidos.
Entonces, una garantía puede proteger al individuo de castigo del Estado, o puede
también proteger a la sociedad o al Estado de las actitudes del individuo que pudieran
desestabilizar el régimen establecido.
Constituye un mecanismo jurídico dirigido a hacer realidad el cumplimento
efectivo de toda la constitución como un todo unitario en general (garantías
Constitucionales), y el cumplimiento efectivo sólo de una parte de la misma, precisamente
recoge los derechos de las personas (garantías de derechos constitucionales)3.
IV- GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL INDIVIDUO EN EL PROCESO
PENAL:
Institución procedimental de seguridad y de protección creado a favor de las
personas que enfrentan un proceso penal para que dispongan de medios que hacen efectivo
el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean desconocidos4.
La Constitución, al tiempo de reconocer una serie de derechos constitucionales,
también ha creado diversos mecanismos procesales con el objeto de tutelarlos. A la
3 Castillo Córdova, Luis, Los Derechos Constitucionales, Elementos para una Teoría General, Tercera Edición, Palestra Editores, Lima, 2007, p. 403. 4 http://ermoquisbert.tripod.com/ Garantías Constitucionales del Individuo en el Proceso Penal.
condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores
materiales de nuestro ordenamiento jurídico, le es consustancial el establecimiento de
mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías no son
sino afirmaciones programáticas desprovistas de valor normativo. Por ello, puede decirse
que detrás de la constitucionalización de procesos como el hábeas corpus, el amparo o el
hábeas data, nuestra Carta Magna ha reconocido el derecho (subjetivo constitucional) a la
protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales5.
Nuestra Carta Magna ha incorporado un conjunto de garantías genéricas y una
extensa relación de garantías específicas. Como garantías genéricas se consideran la
presunción de inocencia , el derecho de defensa, el debido proceso y el derecho a la tutela
jurisdiccional; estas garantías refuerzan e incluso dan origen a las específicas como la
garantía del juez natural, de la publicidad, de la pluralidad de instancia, de cosa juzgada,
etcétera6.
4.1. GARANTIAS GENERICAS:
4.1.1. Presunción de Inocencia.
La Presunción de Inocencia es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares
del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona conservar un estado de “no
autor” mientras no se expida una resolución judicial firme. La afirmación de que toda
persona es inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad es una de las
mas importantes conquistas de los últimos tiempos.
A la presunción de inocencia le podemos dar triple significación, primero, que
nadie tiene que construir su inocencia; segundo, que la culpabilidad se declara a través de
un sentencia firme que cumpla con las condiciones de una resolución judicial; Tercero,
5 Tribunal Constitucional. Caso Tineo Cabrera. Exp. Nº 1230-2002-HC/TC, 20 de Junio del 2002. 6 Cubas Villanueva, Víctor. El Nuevo Código Procesal ¿Revolución Penal? Justicia Viva, Pág. 30.
Nadie debe ser tratado como culpable mientras no exista sentencia condenatoria que así lo
determine.
Este derecho esta reconocido por el articulo 2º , inciso 22, apartado e) del la CPE y
los Tratados Internacionales, pues lo encontramos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto
de San José de Costa Rica y en el articulo II del Titulo Preliminar del CPP.
Mediante esta garantía se reconoce el derecho de la persona que viene siendo sujeto
de una persecución criminal de ser considerado y tratado como inocente por el
ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que no exista un pronunciamiento judicial
firme en el sentido de que el sujeto ha realizado un comportamiento delictivo.
El derecho a la presunción de inocencia no solo es una garantía que impone la
consideración al imputado como inocente, sino que su efecto mas importante lo produce en
cuando exige que la persona que viene afrontando un procedimiento criminal sea tratada,
en los diversos sectores del ordenamiento jurídico y la vida social, como a una persona de
la que aun no se ha comprobado responsabilidad penal alguna.
En cuanto a la consideración como inocente, uno de los sectores más importantes
en los que debe actuar esta garantía lo encontramos en la información que se debe
proporcionar sobre el estado del imputado en el proceso, tanto por los sujetos procesales,
como, especialmente, por los agentes de los medios de comunicación.
Un Ejemplo y con gran experiencia podemos referirnos a los medios de
comunicación, que son quienes a diario infringen o vulneran esta garantía, al realizar
titulares llamativos utilizando afirmaciones que atribuyen responsabilidad a un detenido o
procesado, donde incluso piden se imponga el máximo de la pena o la pena de muerte
cuando este tipo de penas no están consideradas en nuestro ordenamiento jurídico.
4.1.2. Derecho de Defensa:
Esta garantía se encuentra consagrado expresamente en el artículo 139º inciso 14 de
la CPE, y prevista en el CPP en el artículo IX del Titulo Preliminar. Pues figura como uno
de los principios rectores del proceso, de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso, que toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la
causa o las razones de su detención, del derecho a comunicarse personalmente con un
defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por
cualquier autoridad.
Es el derecho a defenderse de la demanda de un tercero o acusación policial, fiscal
o judicial, mediante la asistencia de un abogado. Este derecho a su vez se descompone en
el derecho a ser oído, derecho a elegir a su defensor, obligatoriedad del defensor y si es el
caso de contar con un defensor de oficio y con una defensa eficaz, facultades
comprendidas en el inciso 14 del artículo 139' de la Constitución.
Se entiende por derecho de defensa a la garantía constitucional que le asiste a toda
persona que posea un interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder
comparecer ante los órganos de persecución pertinentes, a lo largo de todo el proceso, a fin
de poder resguardar con eficacia sus intereses de juego.
En esta perspectiva amplia todos los sujetos participantes del proceso penal, sean
imputados o no, poseen una garantía constitucional de defensa. Siendo eso si necesario
advertir que el Ministerio Publico no posee un derecho de defensa, sino un conjunto de
facultades o armas para cumplir con su función persecutoria.
La regulación que hace el nuevo Código permitirá superar las deficiencias y las
limitaciones actuales. No habrá pretextos para que policías, fiscales y jueces, según un mal
entendido concepto de reserva, secuestren los expedientes y con ello vulneren el ejercicio
de este derecho fundamental.
Debe terminar también la mala costumbre de los secretarios de preguntar al
imputado si desea ser asesorados por un abogado y, sin siquiera esperar su respuesta,
anotar: “Contesto que no, por estar en capacitado para hacerlo por si mismo”. Esto ocurre
debido a que el artículo 121º del CPP permite renunciar a la asistencia de abogado, cuando
la defensa es un derecho irrenunciable.
También debe terminar la práctica inquisitiva de pretender arrancar el procesado
una declaración autoinculpatorio. El imputado tiene el poder de decisión sobre su propia
declaración; solo él determinara lo que quiere o lo que no le interesa declarar; luego, del
silencio del imputado; de su negativa a declarar o de su mentira no se pueden extraer
argumentos contrario sensu. El imputado puede negarse a declarar; sin que su silencio
produzca efecto alguno sobre el proceso; también podrá declarar cuantas veces quiera,
porque es el quien domina la oportunidad y el contenido de la información que desea
introducir.
4.1.3. Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva: Esta garantía se encuentra consagrada
en el Inc. 3 del art. 139 de la Constitución Política de 1993. Se trata de una institución
procesal de reciente data en el derecho comparado. Su origen se encuentra en el inc. 1
del art. 24 de la Constitución Española de 1978.
Lo reciente de su historia a hecho que, en un inicio, su contenido no se
encuentre determinado con precisión; siendo merito del Tribunal Constitucional
Español la paulatina fijación de sus alcances. Sin embargo, incluso ahora no existe un
total acuerdo respecto de su real contenido, sobre todo en cuanto se le pretenda
distinguir del otro baremo central de los sistemas procesales de influencia hispánica en
el que coexisten ambos derechos, el derecho a un debido proceso.
Este derecho comprende: i) El derecho de acceso a los tribunales, ii) El
derecho a obtener una sentencia fundada en derecho, iii) El derecho a la
efectividad de las resoluciones judiciales, iiii) El derecho a un recurso legalmente
efectivo.
4.1.4. Derecho al Debido Proceso:
El debido proceso tiene su origen en el due proceso of law anglosajón, se
descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes
contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, referido a las
garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. Su incorporación al
constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, señalando que el debido
proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí
mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el debido proceso adjetivo alude al
cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a
una solución judicial mediante la sentencia.
Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el
debido proceso es un derecho fundamental de toda persona -peruana o extranjera, natural o
jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En
esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales:
es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, es un derecho objetivo en
tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva
implícito los fines sociales y colectivos de justicia.
Nuestra doctrina acepta que el debido proceso legal es la institución del Derecho
Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos
que debe reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia
y legitimidad de su resultado.
Podemos considerar que dentro de esta garantía, para que un proceso sea debido,
debe ser respetuoso de cada una de los derechos de las partes que participan en el proceso,
podemos considerar que dentro de este principio existen ciertas garantías específicas que
son:
4.2. GARANTIAS GENÉRICAS:
4.2.1. Juez Legal: El Pacto de San José de Costa Rica, utiliza una expresión amplia, juez
o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la
ley. Esta garantía es reconocida por la CPE, en el artículo 139º, Inc. 3.
4.2.2. Duración razonable del proceso: Este derecho se encuentra previsto en el Inc. 1 del
Art. I del Título Preliminar del C.P.P. Pues el proceso penal debe realizarse en un plazo
razonable; para que se resuelva la situación procesal del imputado, quien tiene derecho
a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la
situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el
enjuiciamiento penal. El TC entiende que “Razonable es un termino que expresa una
exigencia de equilibrio en el cual están moderados armoniosamente, por un lado la
instancia de una justicia administrada sin retardos y; por otro, la instancia de una
justicia no apresurada y sumaria”. Los tratados de derechos a ser juzgada en un plazo
razonable o, a ser puesta en libertad. Al respecto, en la sentencia emitida en el
expediente 696-2000-HC/TC el TC ha señalado:
“El hecho de no haberse decretado la libertad inmediata del accionante de la
presente causa tras la culminación de los treinta meses de detención, obligándole por el
contrario a que permanezca detenido ad infinitud, so pretexto de un equivocado
concepto de la tramitación procesal, solo puede significar que se ha transgredido todas
las previsiones jurídicas que garantizan un proceso debido o regular y que dicha
situación ha comprometido en particular la eficacia o la existencia de uno de aquellos
derechos innominados constitucionalmente pero a la par consustanciales a los
principios del Estado Democrático de Derecho y la dignidad de la persona reconocida
en el articulo 3º de la Constitución Política del Estado, como lo es sin duda el derecho
a un plazo razonable en la administración de justicia”.
Además, agrega que este no es un beneficio procesal cuyo cumplimiento
quede librado a la discrecionalidad del juzgador penal, sino la observancia efectiva de
una norma de contenido imperativo.
En otra sentencia recaída en el expediente 6621-200-HC/TC, señala “(…)
cuando se otorga libertad por exceso de detención, lo que ofrece en realidades un
paliativo a una eventual injusticia ocasionada por la lentitud o ineficacia en la
administración de justicia optando por el mal menor de que un culpable salga libre
mientras espera su condena, frente al mal mayor de que un inocente permanezca
encarcelado en espera de su tardía absolución definitiva. En tales circunstancias es
obvio que hacer prevalecer el derecho de todo individuo a ser juzgado en un tiempo
razonable, es una forma de anteponer la persona el Estado, tal y cual lo proclama el
articulo 1º de la Constitución” 7
4.2.3. Publicidad del proceso: La publicidad de los procesos permite el control de la
eventual actuación parcial de los jueces. Pero, si bien la publicidad permite el control
de la opinión pública a los procesos; podrían existir etapas de un proceso reservadas a
criterio del juez, de acuerdo a ley 17; sin embargo, los procesos judiciales por
responsabilidad de funcionarios públicos, por delitos de prensa o por derechos
fundamentales, son siempre públicos, según establece el inciso 4 del artículo 139' de la
Constitución.
Con ella se asegura la transparencia de las decisiones judiciales, pues así son
sometidas al control popular, y así se concreta uno de los principios del sistema
republicano: la publicidad de los actos del Gobierno. La publicidad tiende a asegurar
la defensa en su sentido más amplio. Esta reconocida por el artículo 139º de la CPE.
7 El Peruano Normas Legales, sábado 20 de enero del 2001, pagina 3904.
Los juicios deben ser públicos porque, como sostiene Binder, no puede existir
credibilidad en la justicia si el trámite de los expedientes es realizado a puertas
cerradas.
4.2.4. Prohibición de doble juzgamiento: Este requisito goza de consagración
constitucional en el inciso 13 del artículo 139º, que establece la prohibición de
revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el
sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada.
Así lo consagra también el artículo II del Titulo Preliminar del CPP que trata de
la interdicción de la persecución penal múltiple.
En su artículo 8º, apartado 4, el Pacto de San José de Costa Rica establece que
el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por
los mismos hechos. El articulo 14º apartado 7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por delito por
el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la
ley y el procedimiento penal de cada país.
Los alcances y efectiva vigencia del principio de ne bis in ídem corresponde
a un ámbito poco estudiado en el Derecho Penal Peruano. Pese a que la doctrina
administrativa, penal y procesal penal viene destacando su trascendencia desde los años
noventa, el reconocimiento legal de este principio ha sido menos rápido, y si bien ahora
puede decirse que la legislación ordinaria, en particular el art. III del Nuevo Código
Procesal Penal (CPP 2004) aprobado mediante el Decreto Legislativo No 957 le
otorgan un adecuado desarrollo, acorde con la STC de 16 de abril de 2003 dictada en el
exp. No 2050-2002-AA/TC, no puede predicarse lo mismo de la legislación
administrativa y menos de la practica sancionadoras de los órganos administrativos y
de la jurisdicción penal.
4.2.5. Derecho a Declarar Libremente: Este derecho se encuentra incluido en el Art. IX
del Título Preliminar del C.P.P. no sólo es la facultad de declarar sin presión, ni malos
tratos, tratos humillantes degradantes o tortura, sino que las pruebas obtenidas de esta
manera son ilícitas, según lo establece el artículo 2º-24-h de la Constitución. En ese
sentido, estas concesiones o testimonios inconstitucionales, producen la nulidad de un
proceso y si este ha vencido eventualmente a la reapertura del mismo, sin perjuicio de
la indemnización de las víctimas.
4.2.6. Motivación de las Resoluciones Judiciales: Es el derecho de todo procesado a que
las sentencias o resoluciones estén motivadas, es decir que haya un razonamiento
jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican, según dispone el artículo
139'-5 de la Constitución, además este se encuentra inmerso dentro del Art. VI del
Título Preliminar del C.P.P.
V- GARANTÍAS DE LA JURISDICCIÓN:
La jurisdicción se encuentra regulada por principios políticos objetivos y
subjetivos. Los principios subjetivos son entendidos como reglas que regulan la carrera
judicial (independencia y responsabilidad de los jueces), y los objetivos como reglas de
organización y funcionamiento de los órganos encargados de la administración de justicia
(unidad, exclusividad y juez legal). Tanto los principios subjetivos cuanto los objetivos
tienen por fin ultimo el preservar la imparcialidad de los jueces. Estas garantías son las
siguientes: i) Unidad y exclusividad de la jurisdicción, ii) Juez legal o predeterminado por
la ley, iii) imparcialidad e independencia judicial.
5.1. Unidad y exclusividad de la jurisdicción: Tal como señala el profesor Montero
Aroca, es evidente que si la jurisdicción es una potestad que emana de la soberanía
popular, tiene que ser única (Montero Aroca 1995: 72). Esta garantía ha sido incorporada
a nuestra Constitución en el artículo 139º, inciso 1, que lo reconoce como un principio de
la función jurisdiccional.
El principio de la exclusividad de la función jurisdiccional esta reconocido por los
artículos 138º y 139º de la CPE y por la LOPJ, que establecen que la potestad de
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus
órganos jerárquicos. Esta es una función exclusiva. Pues el Estado tiene el monopolio
jurisdiccional, que surge de la división de poderes – Poder Ejecutivo, Poder Legislativo,
Poder Judicial -, cada uno de los cuales ejerce una función estatal por intermedio de sus
diferentes órganos.
5.2. Juez legal o predeterminado por la Ley: Este derecho al Juez legal, en concepto del
profesor Gimeno Sendra, encierra una doble garantía: por un lado, para el justiciable, a
quien se le asegura que no podrá ser juzgado por un órgano distinto de los que integran la
jurisdicción: y por otro lado constituye una garantía propia de la jurisdicción, pues impide
que el Poder Ejecutivo disponga a su antojo la constitución y funcionamiento de los
tribunales.
- Que el órgano judicial haya sido creado previamente, respetando la reserva de ley de la
materia. Imposibilidad de constituirlo past Jactum.
- Que se le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho
motivador del proceso judicial.
- Que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo como un juez ad hoc o
excepcional. Prohibición de jueces extraordinarios o especiales.
- Que la composición del órgano judicial venga determinada por Ley, siguiéndose en
cada caso concreto los procedimientos legalmente establecidos para la designación de
sus miembros8.
8 Estos presupuestos han sido establecidos en la sentencia del TC español 54/1987Ctr. Pico Junay Joan: Las Garantías Constitucionales del proceso
Barcelona Bosch, 1987.
5.3. Imparcialidad e independencia judicial: El derecho del procesado a ser juzgado por
jueces imparciales esta consagrado en diversos tratados internacionales y es reconocido
como constitutivo de la jurisdicción, ya que la esencia misma de esta supone que el juez no
puede ser parte en el conflicto que se somete a su decisión. En toda actuación
jurisdiccional deben existir dos partes en conflicto, que acuden a un tercero imparcial que
es el titular de las potestades, es decir, el juez o magistrado. Esta calidad de no parte ha
sido denominada imparcialidad.
La condición de tercero es uno de los requisitos básicos estructurales que debe
cumplir cualquier juez para ser considerado como tal. La imparcialidad es exigencia
ineludible para desempeñar un papel superpartes como corresponde al juez en esta
formula heterocompositiva de resolución de conflictos.
La independencia del juez significa, además, que este solo esta sometido a la
Constitución, a la ley y a su criterio de conciencia. Esto ocurre porque el Poder Judicial,
en esencia, tiene una función de equilibrio entre los otros poderes y esta facultado para
controlar y limitar el ejercicio del poder del Estado, por ello se le otorga la facultad de
control constitucional difuso como consecuencia de reconocer la supremacía de la
Constitución sobre las demás normas legales. Un Juez en el Perú, esta obligado por
mandato imperativo a declarar inaplicable una ley que viole la. Constitución, conforme a
lo dispuesto por los artículos 51º y 139º de la Carta Magna.
La independencia jurisdiccional de los jueces, establecida en los artículos 139º
inciso 2 y 186º de la Constitución y de la LOPJ, respectivamente, significa que ninguna
autoridad, ni siquiera los magistrados de instancias superiores, puede interferir en su
actuación. Estas disposiciones complementan las normas antes citadas pero la
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional esta muy lejos de alcanzarse en
nuestro país. Para reforzar esta garantía, se ha establecido como derecho de los
magistrados gozar de inamovilidad en el cargo. El ascenso, traslado o cambio de
colocación debe hacerse con su conocimiento y consentimiento.
VI- GARANTIAS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS:
En primer lugar toda norma internacional que represente la afectación de derechos
fundamentales de las personas debe ser garantizada o mejor dicho ratificados por nuestra
Constitución Política de 1993
El articulo 55 de nuestra ley fundamental señala que “los tratados celebrados por
el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. Asimismo, el articulo 56 del
mismo cuerpo normativo nos menciona que “los tratados deben ser aprobados por el
Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la Republica, siempre que versen
sobre las siguientes materias: 1) Derechos Humanos.
De estos artículos se deduce que las normas internacionales ratificados por el Perú
forman también parte de nuestro ordenamiento jurídico y por ende deben de ser observados
por nuestros jueces penales cuando estén frente a un caso que represente la restricción de la
libertad o derecho al libre transito de cualquier ciudadano que se encuentre dentro de un
proceso penal.
6.1. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: Suscrita en
San Jose de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969, en la conferencia especializada
interamericana sobre derechos humanos.
El artículo 8 de la presente convención nos señala algunas garantías judiciales que
va a representar algunas nociones al respeto que tiene todo procesado cuando se encuentre
inmerso en un proceso penal.
* Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación
de su defensa.
derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.
derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
* La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza.
* El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por
los mismos hechos.
* El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los
intereses de la justicia.
6.2. La Declaración Universal de Derechos Humanos: Suscrita y proclamada en Paris el
10 de Diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU y aprobada por
resolución legislativa 13282 del 15 de Diciembre de 1959.
6.3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Adoptado y abierto a la
firma, ratificación y adhesión por la ONU mediante resolución 2200 A (XXI) del 16 de
Diciembre de 1966, y aprobado por decreto ley 22128 (12 de abril de 1978).
6.4. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Aprobada en la
novena Conferencia Internacional Americana de Bogota el 2 d mayo de 1948.
6.5. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes: Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General de la ONU el 10 de diciembre de 1984 y aprobada por resolución legislativa
24815 del 12 de mayo de 1988.
6.6. La Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura:
Suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 y aprobada por
resolución legislativa 25286 del 4 de diciembre de 1990.