Séptima Conferencia de Trabajo Social Forense Universidad Interamericana

Recinto de Bayamón

D e l M a l t r a t o a M e n o r e s a l a D e l i n c u e n c i a J u v e n i l

P o r : L c d a . P a u l a L e b r ó n L ó p e z

La familia es considerada la base de la sociedad. En esta se desarrolla el ser humano y se satisfacen sus necesidades básicas: alimento, abrigo, sostén, cuidado, amor, entre otras. Tiene el deber social de procurar la seguridad, el bienestar y la protección integral de sus miembros. También, ocurre el aprendizaje vivencial de las reglas que necesitan conocer para integrarse, satisfactoriamente, en el mundo que les tocará vivir. Es necesario el apoyo de la comunidad, de los diferentes sectores sociales y del Estado para cumplir con sus funciones La familia con sus creencias, roles e identidades individuales es capaz de implementar soluciones a las dificultades y problemas de la vida cotidiana, correctas o equivocadas. En las circunstancias en que se resuelven incorrectamente pueden propiciar las conductas disfuncionales. De esta manera, en su interior ocurre una de las manifestaciones más serias de la violencia que es el maltrato a menores. Miles de niños, niñas y adolescentes son víctimas de este mal social en Puerto Rico. Este produce efectos devastadores en sus vidas y constituye una amenaza continua a la sana convivencia y el respeto a la dignidad de los seres humanos. La violencia, es una conducta que usa el maltrato o el daño para ejercer coerción sobre otra persona. Es un comportamiento deliberado que se utiliza para resolver conflictos o diferencias que provoca o puede provocar daños físicos o sicológicos a otros seres. Se asocia con la agresión física, aunque puede ser sicológica o emocional. Es multicausal, pero tiene el componente del aprendizaje. La exposición a las manifestaciones de violencia en la sociedad propicia su aprendizaje como una forma aceptable de relacionarse en la familia, de resolver conflictos, lidiar con las tensiones y ejercer el control sobre otras personas. Tienden a repetir dichos patrones, convirtiéndose en nuevas víctimas y victimarios (as). Se plantean dos vertientes, que no son necesariamente excluyentes. Una es que los seres humanos nacemos libres de violencia y aprendemos en la sociedad a conducirnos violentamente. Otra es que las tendencias agresivas forman parte de nuestra naturaleza e instintos de supervivencia. Aprendemos a controlarlas, contenerlas y

2

2

sublimarlas en el proceso de socialización. Esta se logra, principalmente, a través de las relaciones entre ambos subsistemas familiares: el parental y el filial. La familia es como una pequeña red social de continencia, en la que aprendemos a convivir con nuestros padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas y otros. Si los padres están inseguros en su función, difícilmente podrán encarar esta tarea. Igualmente si están divididos, compiten en vez de complementarse o no son capaces de tolerar el estrés que genera el disciplinar a un hijo o hija. Ante la realidad de la violencia que enfrenta la población menor de edad se ha promulgado legislación para atender el maltrato a menores. La Ley Núm. 388 del 31 de diciembre de 1998, conocida como la Carta de Derechos de los Niños reconoce la responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico de propiciar su máximo desarrollo emocional y social. Además, establece que tienen iguales derechos a la vida y la felicidad que las personas adultas. Como reconocimiento a esta responsabilidad se ha integrado la política pública que promueve el bienestar y la protección integral de la niñez. A esta responde la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada.

Maltrato a menores El maltrato a menores es un problema universal que se remonta a civilizaciones antiguas. No hace distinción entre sociedad y personas. Está estrechamente vinculado a otras manifestaciones violentas en el nivel intrafamiliar, comunitario, social y cultural. Muchas veces coexiste con la violencia doméstica. En el siglo XX con la Declaración de los Derechos del Niño (O.N.U. 1959) se le considera como un delito con profundas repercusiones sicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. La investigación norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial cuando investigadores como Kempe, Silverman, Steele y otros (1962) denominaron el síndrome del niño maltratado. El maltrato infantil es un problema serio con graves consecuencias en el desarrollo del ser humano. A pesar de que los medios de comunicación muestran casos extremos y trágicos, muchos menores viven en circunstancias con poco interés periodístico, pero igualmente alarmantes. Definición y clasificación del maltrato infantil No existe una definición única de maltrato infantil. Podría resumirse como las acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del (la) menor, cometidas por personas, instituciones o la sociedad. Esto supone la existencia

3

3

de maltrato físico, negligencia, maltrato sicológico o abuso sexual (NCCAN, 1988). Esta definición está en concordancia con la existente en el manual de siquiatría DSM-IV. La Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada define el maltrato como un acto u omisión intencional en el que incurre el padre, madre o la persona responsable del (la) menor que le ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física, mental o emocional, inclusive abuso sexual. También, incluye:

• conducta obscena • utilización de un (a) menor para ejecutar la conducta obscena • abandono voluntario • explotación • conducta constitutiva de delito contra la salud e integridad física, mental y emocional • abuso sexual

Se considera maltrato si el padre, madre o persona responsable incurre en violencia doméstica en presencia del (la) menor.

1. Maltrato físico • actos perpetrados donde se utiliza la fuerza física de modo inapropiado y

excesivo • conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por personas adultas

(padres, madres, tutores, maestros/as) que originan en el (la) menor un daño físico o enfermedad manifiesta. Incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas y otros.

2. Negligencia • falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante las

necesidades para la supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o tutores

• comprende una supervisión deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación y otros

• faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de proveer adecuadamente los alimentos, ropa, albergue, educación o atención de salud a un(a) menor, no visitarlo o no haber mantenido contacto o comunicación frecuente

4

4

3. Maltrato emocional

• conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y destructivas que amenazan el desarrollo sicológico normal del(la) menor

• comprende insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas y toda clase de hostilidad verbal hacia el(la) menor

• ocasiona que en los primeros años no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y en los años posteriores se sienta excluido (a) del ambiente familiar y social

• afecta la autoestima y las habilidades sociales

4. Abuso sexual • conducta sexual en presencia de un(a) menor • utilizar a un (a) menor voluntaria o involuntariamente para ejecutar

conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que de procesarse constituiría delito de violación sodomía actos lascivos o impúdicos incesto exposiciones deshonestas proposiciones obscenas envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o

posesión de material obsceno espectáculos obscenos

• relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña (menor de 18 años) con una persona adulta o con un(a) niño de más edad, para las que no está preparado (a) evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima

5. Maltrato institucional • acto u omisión en el que incurre un (a) operador(a) de un hogar de

crianza, empleado (a) o funcionario(a) de una institución pública o privada que ofrezca servicios de cuido, tenga bajo su control o custodia a un(a) menor para su educación, tratamiento o detención

• causar daño o poner en riesgo a un(a) menor de sufrir daño en su integridad física, mental o emocional, inclusive el abuso sexual

5

5

• incurrir en conducta obscena o utilización del (la) menor para ejecutarla, que sucede como resultado de la política, prácticas o condiciones imperantes en la institución

• explotación de un (a) menor • vulnerar los derechos básicos del (la) menor

6. Abandono

• dejadez o descuido voluntario de las responsabilidades que tiene el padre, la madre o persona responsable del (la) menor

• considera la edad y la necesidad de cuidado por una persona adulta Otro tipo de maltrato infantil es el llamado Síndrome de Münchausen, por poderes. Consiste en inventar una enfermedad en el (la) menor o producirla por la administración de sustancias y medicamentos no prescritos. Generalmente se trata de un niño o niña en la edad lactante-preescolar (media de tres años). Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia de la madre (habitualmente la perpetradora del abuso). Su causa inexplicable y los exámenes complementarios no aclaran el diagnóstico. Este síndrome presenta una mortalidad entre 10 a 20%, y su impacto a largo plazo puede causar desórdenes sicológicos, emocionales y conductuales. Además, el maltrato prenatal influye negativa y patológicamente en el embarazo, el parto y repercute en el feto. Consiste en el rechazo del embarazo, falta de control y tratamiento médico, negligencia personal en la alimentación e higiene, medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de alcohol, drogas, tabaco, exposición a radiaciones y otras. Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presenta indicadores físicos y conductuales en el (la) menor maltratado(a), así como indicadores y actitudes de la persona que maltrata. Causas del maltrato infantil

Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su aparición y mantenimiento con diversos modelos. Algunos de estos son:

1. Sociológico- considera que el abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social (Wolock y Horowitz, 1984);

6

6

2. Cognitivo- situación de desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los progenitores/cuidadores en relación con los menores a su cargo (Larrance, 1983);

3. Siquiátrico- consecuencia de la existencia de sicopatología en los padres o

madres (Polansky, 1985); 4. Procesamiento de la información- plantea la existencia de un estilo peculiar de

procesamiento en las familias con menores en situación de abandono físico o negligencia infantil (Crittender, 1993);

7. Afrontamiento del estrés- referencia a la forma de evaluar y percibir las

situaciones y sucesos estresantes por parte de estas familias (Hilson y Kuiper, 1994);

8. Etiopatogénico- considera la existencia de diferentes niveles ecológicos, unos dentro de otros que interactúan en una dimensión temporal. Existen factores compensatorios que impiden que los estresores que se producen en las familias desencadenen una respuesta agresiva hacia sus miembros.

• La disminución de los factores compensatorios podría explicar la espiral de violencia intrafamiliar que se produce en el maltrato infantil.

• Algunos factores compensatorios son: armonía marital, planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego materno/paterno al hijo o hija, apoyo social, buena condición financiera, acceso a programas de salud adecuados y otros.

• Los factores estresores incluyen: historial familiar de abuso, desarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y síquicos en los padres, farmacodependencia, hijos (as) no deseados (as), padre no biológico, madre o padre no protector/a, ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social o económico, promiscuidad y otros.

Factores de riesgo Una cantidad significativa de investigaciones han identificado varios factores de riesgo y de protección. Es más probable que los factores de riesgo múltiples aumenten las posibilidades del maltrato.

• La falta de preparación o conocimiento de las exigencias de ser padre o madre pueden llevar a una crianza basada en el maltrato o abandono.

7

7

• Los padres o madres pueden desconocer las etapas de desarrollo de los hijos e hijas y tener expectativas poco razonables con respecto a sus habilidades y comportamientos.

• El desconocimiento de los padres o madres de la disciplina efectiva y alternativas para el castigo corporal, además de las necesidades nutricionales, de higiene y de salud de sus hijos e hijas.

• Los individuos con dificultades para la crianza como padres o madres solos, con problemas para controlar el coraje en las relaciones, los que tienen problemas de abuso de sustancias adictivas o de salud mental, dificultades en sus finanzas o problemas de vivienda pueden no estar interesados en el cuidado de sus hijos e hijas y están en riesgo de incurrir en comportamiento abusivo.

Factores de protección Algunos niños y niñas podrán manejar la situación de forma más adaptativa que otros (as). Entre los factores de protección se incluyen:

• características individuales tales como optimismo, buena autoestima, inteligencia, creatividad, humor e independencia

• disponibilidad de apoyo social y una relación con una persona adulta que se preocupe por el (la) menor

• bienestar en la comunidad, la estabilidad en el vecindario y el acceso a la atención médica

Consecuencias del maltrato infantil

Independientemente de los efectos físicos que desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil resultan en trastornos conductuales, emocionales y sociales. La importancia, severidad y cronicidad depende de:

• la intensidad y frecuencia del maltrato • las características del (la) menor (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento,

habilidades sociales) • el uso de la violencia física • la relación del (la) menor con la persona agresora • el apoyo intrafamiliar a la víctima • el acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, sicológica y social

En las primeras etapas del desarrollo evolutivo se observan repercusiones negativas en las capacidades de apego y en la autoestima del (la) menor. Surgen las pesadillas,

8

8

problemas del sueño, cambios de hábitos de comida, pérdidas del control de esfínteres, deficiencias sicomotoras y trastornos sicosomáticos. En escolares y adolescentes se observan:

• fugas del hogar • conductas auto lesivas • hiperactividad o aislamiento • bajo rendimiento académico • deficiencias intelectuales • fracaso escolar • trastorno disociativo de identidad • delincuencia juvenil • consumo de drogas y alcohol • miedo generalizado • depresión • rechazo al propio cuerpo • culpa y vergüenza • agresividad y problemas de relaciones interpersonales

La negligencia paterna o materna también está relacionada con los desórdenes de la personalidad y a los comportamientos violentos (Schore, 2003). Los efectos emocionales inmediatos del maltrato infantil—aislamiento, miedo, desconfianza—pueden tener consecuencias para toda la vida como la baja autoestima, la depresión y las dificultades interpersonales. El Centro Nacional de Intercambio de Información acerca del Abuso y Abandono Infantil (National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information) menciona las siguientes consecuencias del maltrato y el abandono de menores:

1. Salud física • efectos físicos inmediatos que pueden ser relativamente leves

(moretones o cortes) o graves (fracturas de huesos, hemorragia e incluso la muerte).

• síndrome del bebé sacudido, que puede causar vómitos, conmoción cerebral, problemas respiratorios, hemorragia en el cerebro o en los ojos, daños a la espina dorsal, el cuello, las costillas o fracturas de huesos, convulsiones o la muerte

• daño en el desarrollo cerebral, que puede causar que algunas regiones importantes no se formen correctamente, afectándose las habilidades para procesar información, hablar y sobresalir en la escuela (Watts-English, Fortson, Gibler, Hooper, & De Bellis, 2006).

9

9

• salud física débil, que puede persistir por el resto de la vida 2. Efectos sicológicos

• efectos emocionales pueden persistir y contribuir a una frágil salud mental y emocional

• vulnerabilidad a la depresión, la ansiedad, los desórdenes alimenticios e intentos de suicidio

• trastorno de angustia, neurosis, el trastorno de hiperactividad o déficit de atención

• estrés postraumático y los trastornos reactivos de la vinculación • dificultades en la adultez con la cercanía física, las caricias, la intimidad

y la confianza • dificultades cognitivas, del desarrollo del lenguaje y aprovechamiento

académico • dificultades sociales para establecer relaciones seguras con pares y

personas adultas En un estudio a largo plazo con jóvenes abusados, más del 80 por ciento fueron diagnosticados con un desorden sicológico al cumplir los 21 años. Estos jóvenes tenían problemas con la depresión, la ansiedad, los desórdenes alimenticios y muchos intentaron suicidarse (Silverman, Reinherz, & Giaconia, 1996). Otras condiciones sicológicas y emocionales asociadas al abuso y a la negligencia son el pánico, la depresión, la ira, el trastorno disociativo, el estrés postraumático, los trastornos afectivos y el déficit de atención e hiperactividad (Teicher, 2000; De Bellis & Thomas, 2003; Springer, Sheridan, Kuo, & Carnes, 2007).

3. Comportamiento • dificultades durante la adolescencia • 25 por ciento más de posibilidades de experimentar problemas como

delincuencia, embarazos durante la adolescencia, bajo aprovechamiento académico, uso de drogas y problemas de salud mental (Kelley, Thornberry, & Smith, 1997)

• delincuencia juvenil y criminalidad en la adultez • probabilidades de arriesgarse sexualmente al llegar a la adolescencia y

contraer una enfermedad de transmisión sexual (Johnson, Rew & Sternglanz, 2006).

• más probabilidades de arrestos por actos criminales antes de llegar a la mayoría de edad (Instituto Nacional de Justicia)

• arrestos por actos violentos o criminales en la adultez y más probabilidades de ser arrestados por crimen violento como adultos o menores de edad (English, Widom, & Brandford, 2004).

10

10

• aumenta la probabilidad de comportamiento delictivo en adultos en un 28 por ciento y de delito violento en un 30 por ciento

• abuso de alcohol, cigarrillo y drogas (Dube et al., 2001) • dos tercios de las personas en programas de tratamiento por uso de

drogas mencionaron que fueron maltratadas en la niñez (Swan, 1998) • comportamiento abusivo en la adultez • más problemas de comportamiento de los menores en hogares

sustitutos que los niños en la población general (Administración para los Niños y las Familias, 2004)

• más probabilidades de desarrollar hábitos y rasgos antisociales 4. Consecuencias para la sociedad

• costos directos para mantener un sistema de bienestar para los niños y niñas, investigar e intervenir en casos de maltrato de menores

• costos judiciales, médicos, de salud mental e imposición del cumplimiento de la ley (Prevent Child Abuse America de 2001 estima que ascienden a más de $24,000 millones al año)

• costos indirectos que incluyen consecuencias económicas a largo plazo tales como actividad delictiva juvenil y adulta, enfermedades mentales, abuso de sustancias adictivas y violencia doméstica

• pérdidas en la productividad por el desempleo o subempleo, el costo de servicios especiales de educación y el uso frecuente del sistema de salud (Prevent Child Abuse America estima que estos costos ascienden a más de $69,000 millones al año)

• pérdida del potencial sin explotar de un (a) menor que es víctima del maltrato

Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a la siguiente. Esto significa que un (a) menor maltratado (a) tiene alto riesgo de perpetuar el maltrato en la etapa adulta. Se estima que aproximadamente una tercera parte eventualmente causarán daño a los hijos e hijas (Prevent Child Abuse New York, 2003). Por esto, la identificación y el tratamiento temprano marcan una diferencia. Los niños y niñas que son víctimas de maltrato pueden manifestar lo siguiente:

• demostraciones sexuales • imagen poco valorada de sí mismos • incapacidad para confiar en los demás o amarlos • comportamientos agresivos, desordenados y a veces ilegales • coraje e ira • comportamientos autodestructivos y auto abusivos • pensamientos suicida

11

11

• comportamiento dependiente, retraimiento y pasividad • miedo de comenzar nuevas relaciones o actividades • ansiedad y temores • bajo aprovechamiento académico o problemas en la escuela • sentimientos de tristeza u otros síntomas de depresión • retrospección • abuso de drogas o alcohol • incapacidad para mantenerse despierto o concentrarse por largos períodos

Los niños o niñas son más vulnerables a sufrir problemas sicológicos en las siguientes condiciones:

• víctimas de maltrato en reiteradas ocasiones, crónicamente, con daño físico y por múltiples personas maltratantes

• son pequeños al momento en que el maltrato o el abandono comienzan • tienen una relación cercana con la persona maltratante • no se desempeñaban correctamente antes del maltrato • se culpan a sí mismos por el maltrato y por sus consecuencias • ven el mundo como un lugar peligroso

Estadísticas La situación del maltrato a menores en Puerto Rico es alarmante al considerar el impacto de esta conducta en su desarrollo y funcionamiento social. Las estadísticas del 2009 reflejaron que se refirieron 27,578 casos al Departamento de la Familia. En promedio, cada Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) (ubicadas en San Juan, Bayamón, Carolina, Humacao, Guayama, Ponce, Caguas, Mayagüez, Arecibo y Aguadilla) tenía 3,000 referidos a través de la línea de maltrato. Esto incluye abuso sexual, maltrato físico, maltrato emocional, violencia doméstica, negligencia, entre otras. Se atienden alrededor de 200 casos cada mes, pero diariamente, al menos 10 son referidos en cada región de la UIE. En siete meses transcurridos del 2011, diez infantes, menores de dos años, fallecieron en la Isla por negligencia, agresiones o circunstancias naturales. Más de una decena de los asesinatos han sido de menores de 18 años. El factor común ha sido la negligencia de las personas obligadas a velar por estos (as). En Estados Unidos, en promedio se denuncia un caso de maltrato a menores cada 10 segundos. Sin embargo, se estima que la incidencia real es tres veces mayor que el

12

12

número que se denuncia a las autoridades. Por día mueren más de cuatro niños (as) a causa del maltrato infantil en el hogar. Los tipos que se denuncian incluyen: abandono (61%), maltrato físico (19%), abuso sexual (10%), maltrato psicológico (5%), maltrato médico (2%), y otros (17%). Las consecuencias para los niños, niñas, las familias involucradas y la sociedad son incalculables. Las estadísticas de Estados Unidos reflejan que el 40% al 60% de los hombres que abusa de las mujeres también lo hacen con sus hijos e hijas. En el 25% de los casos los (as) menores están presentes cuando son asesinadas por sus esposos. Alrededor del 45% de las mujeres víctimas de la violencia doméstica tienen hijos e hijas menores de 12 años. Tres millones anualmente se enfrentan a esta de alguna manera. Cada año dos millones de menores son maltratados o abusados por uno o ambos padres o por otro familiar. El 45% de los abusos sexuales fueron cometidos por familiares u hombres que conocían. Una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños es abusado sexualmente, alguna vez en su vida. Ante esta realidad que afecta adversamente a la niñez y la adolescencia es necesaria la prevención. Se requieren esfuerzos concertados de toda la sociedad para evitar este mal social. Prevención del maltrato Es necesario evaluar el contexto del (la) menor, descubrir los obstáculos para la socialización y los recursos saludables disponibles en la familia. Es importante generar una red social en la que se integre la familia extendida, las amistades, vecinos, las instituciones, líderes religiosos, políticos, deportivos, escolares, entre otros. Tenemos la responsabilidad social de aportar nuestro conocimiento y capacidad profesional para la búsqueda efectiva de soluciones. Es evidente la importancia de un trabajo interdisciplinario. Resultan imprescindibles la comunicación y los acuerdos entre los distintos componentes de la red. Se necesita la firmeza y estabilidad estructural de la familia, el acuerdo entre los padres, madres o las personas adultas con autoridad. La disciplina debe ser firme pero afectuosa, coherente y sin contradicciones. Se reconoce que las personas pueden cambiar la conducta. La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles:

1. Prevención primaria- dirigida a la población general con el objetivo de evitar la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los factores protectores del maltrato infantil. Incluyen:

13

13

• sensibilización y formación de profesionales de atención al (la) menor • intervenir en el proceso prenatal • intervenir en las escuelas para padres, promover valores de estima

hacia la infancia, la mujer y la paternidad • prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes,

mediante la educación sexual en centros escolares • búsqueda sistemática de factores de riesgo • evaluar la calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados del (la)

niño (a), actitud de los padres o madres en la aplicación de la autoridad-afecto

• intervenir en las consultas, exponer los derechos de los niños y la inconveniencia de los castigos físicos

• identificar los valores y fortalezas de los padres o madres al reforzar su autoestima

2. Prevención secundaria- dirigida a la población de riesgo con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Su propósito es atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores. Se incluyen:

• reconocer situaciones de maltrato infantil y establecer estrategias de tratamiento

• reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer y buscar soluciones

• reconocer las conductas de maltrato físico o emocional y considerar la ayuda especializada a la familia en el manejo de la ira y la frustración

• referir a tratamiento a padres o madres con problemas de salud mental, de adicción al alcohol y drogas

3. Prevención terciaria- consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para las víctimas como para las personas que maltratan. Se debe disponer de un equipo interdisciplinario (pediatras, siquiatras, sicólogos/as, trabajadores/as sociales, orientadores/as familiares, terapeutas, jueces, juezas, policías y otros).

El maltrato a menores representa un problema de proporciones alarmantes, con graves costos sicológicos y económicos tanto para los individuos involucrados como para la sociedad. La identificación y el tratamiento temprano son importantes para prevenir o minimizar las consecuencias a largo plazo del maltrato. Se ayuda al niño o niña que ha sido maltratado (a) a que recupere su autoestima y confianza, y a la familia para que aprenda nuevas maneras de apoyo y comunicación. Es sumamente importante apoyar

14

14

la investigación continua y actualizada para descubrir estrategias efectivas de prevención e intervención que permitan cambiar las vidas de las víctimas. Tenemos que comprometernos a combatir la violencia y el maltrato familiar, mediante el mensaje de preservar un ambiente de paz y amor en cada hogar de nuestra Isla. Nuestra niñez es el tesoro más valioso con el que cuenta el futuro de nuestro país. El compromiso de la familia puertorriqueña debe dirigirse a procurar su bienestar, mediante una sana convivencia que fomente el amor, el respeto y la paz. Delincuencia Juvenil Las conductas delictivas de jóvenes, adolescentes y niños (as) conmocionan e inquietan a nuestra sociedad por las diversas manifestaciones de la violencia. Constituyen un fenómeno altamente complejo y relacionado con múltiples causas. Una de las explicaciones de este comportamiento lo asocia con una educación familiar deficiente. Responde a la carencia o pobreza de funciones parentales normativas y del proceso de socialización primaria. Este es el aprendizaje o internalización de las reglas o normas sociales. Se requiere una adecuada proporción de las funciones parentales nutritivas y las normativas. Las nutritivas son primarias y esenciales para la supervivencia. Son gratificantes para padres, madres e hijos, y generan apego. Las normativas son secundarias. Limitan las satisfacciones inmediatas, tienden a impulsar el crecimiento y la individuación al requerir el acuerdo y participación conjunta de los progenitores. Su tiempo es el futuro. Exigen más amor parental las normativas que las nutritivas. La evidencia de esto es que la sociedad puertorriqueña se ha criminalizado en forma acelerada y alarmante a partir del 1960. Este proceso de criminalización se ha tornado cada vez más violento (Nevares: 1996). Esta realidad constituye el ambiente social en el cual se desarrolla la juventud. Estudios realizados por Dora Nevares Muñiz, que fueron recogidos en su libro El crimen en Puerto Rico, establecen que las generaciones más jóvenes de transgresores son más violentas que sus predecesores. Esto se vincula a un aumento registrado en varios factores de riesgo, como deserción escolar, violencia doméstica y maltrato infantil. Se señala que la violencia que impera en las generaciones más jóvenes se debe a una multiplicidad de razones. La incidencia de intervenciones con menores por haber cometido actos delictivos ha oscilado entre 16,000 y 18,000 por año, con un promedio anual de 17,384 intervenciones. Representaron una incidencia delictiva de alrededor de un 20% del total. Está relacionada a un aumento alarmante de violencia criminal en el país, reflejado no sólo en términos del aumento de delitos Tipo I, sino de la naturaleza

15

15

violenta de la misma. La actividad delictiva de los menores se caracteriza por una alta incidencia de faltas del Grupo A, que incluye delitos de violencia personal, contra la propiedad y la sociedad (Consultores en Conducta Humana, Inc., Análisis de la Delincuencia entre Menores de Edad en Puerto Rico, 2002). El estudio Análisis de la Delincuencia entre Menores de Edad en Puerto Rico (2002) reflejó que las intervenciones de menores tienen una tasa mayor (2,257 por cada 100,000 menores, de siete a 17 años) que la tasa del crimen en Puerto Rico, que es de 1,821 delitos Tipo I por cada 100,000 habitantes. Esto implica que tienen una alta propensidad a la incidencia del crimen en Puerto Rico. Las características demográficas de los que han sido intervenidos por actos de delincuencia, tienden a ser principalmente varones (80%), con una edad promedio de 15.2 años y una escolaridad promedio de octavo grado. El menor intervenido vive principalmente con su madre biológica, con o sin padrastro. Solo uno de cada tres convive con ambos padres biológicos. Procede principalmente de áreas de privación económica, como son los barrios, las barriadas y los residenciales públicos (Consultores en Conducta Humana, Inc., 2002). Factores asociados a la criminalidad El Dr. Franco Ferracuti (1965) identificó que la condición familiar y la escuela son altamente responsables para que un(a) menor de edad se convierta en delincuente o se mantenga como responsable y respetuoso (a) de la ley. Una familia integrada y emocionalmente estable tendrá muchas más probabilidades de criar hijos e hijas responsables y respetuosos (as). En ese proceso, la escuela juega un rol extremadamente importante cuando se percibe como relevante, tanto para su bienestar como en su desarrollo futuro. Ferracuti presentó un cuadro patético de las familias puertorriqueñas, en las cuales "el aislamiento, la desintegración familiar, el bajo nivel social, cultural y la ausencia de valores familiares estables se funden con factores criminogénicos personales, donde prevalecen la retardación seria, el alcoholismo y la personalidad inmadura" (Ferracuti 1969). Varios estudios sociológicos en Puerto Rico han revelado que se caracteriza por un alto nivel de desarticulación y de patología social. Una alta proporción lo evidencia en términos de las crecientes manifestaciones de violencia doméstica, maltrato a menores, adicción a drogas, conducta delictiva, experiencias carcelarias de los miembros menores de edad, enfermedades crónicas como el SIDA y otros males sociales (Vales, 1991). A pesar de la percepción generada sobre condiciones agravantes de patología social entre las familias puertorriqueñas, esto ocurre en algunas. La mayoría en nuestra sociedad preserva sus valores, tradiciones, patrones de interacción adecuados y de conducta civilizada (Vales, 1991). Tenemos que fortalecer esta institución básica para

16

16

preservar nuestra calidad de vida y el desarrollo adecuado de los (as) jóvenes. A la comunidad y el Estado le corresponde proveer los recursos económicos y sociales que faciliten la estabilidad y la seguridad de los (as) menores. Todos los científicos sociales coinciden en la gran importancia del medio ambiente (familia, comunidad, escuela y vecindario), como fuente principal en el proceso de socialización del ser humano. Por estas razones la sociedad tiene una obligación ineludible de proteger la sanidad del proceso socializante, a la vez que le provee la dirección normativa esencial, para que logre su condición óptima como ciudadano responsable, obediente de la ley y pueda contribuir al bienestar de su país. El Comité Económico Asesor del Gobernador de Puerto Rico en el 1986 señaló en su informe que desde una perspectiva socio siquiátrica, se identificaron siete tendencias negativas que afectan un segmento de las familias puertorriqueñas. Limitan su desarrollo y responsabilidad dentro de un contexto de conformidad social y legal. Son las siguientes:

1. pérdida de la función socializadora desde bien temprana edad en la vida del niño o niña

2. prevalencia de problemas y modelajes inadecuados (figuras públicas reconocidas, familiares y caracterizaciones en cine y televisión).

3. descomposición familiar (tanto en estructura como en relaciones) 4. dependencia económica en sistemas asistenciales, así como desempleo y

migración 5. creación de rencor y odio en la mente de los (as) niños (as), lo cual se generaliza

a su red de relaciones interpersonales 6. deficiencias en los cinco factores decisivos de la vida familiar:

a. disciplina b. supervisión c. afectividad materna d. afectividad paterna e. cohesión

7. uso excesivo de castigo físico y el maltrato Los cambios observados en el funcionamiento familiar no sólo han desubicado la familia “tradicional”, pero han generado múltiples estilos de convivencia que no siempre son afines ni se orientan de la misma manera a los valores, definiciones, entendidos y normas predominantes en la sociedad puertorriqueña (Vales, 1991). Marín (1969), llegó a la conclusión de que en familias menesterosas con problemas múltiples

17

17

convergían una serie de problemas serios, los cuales tendía a afectar no sólo a los cónyuges, pero sí a sus descendientes. En el 1998-99, un grupo de estudiantes de maestría en justicia criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico realizó una encuesta a través de todo el país para auscultar las experiencias y percepciones sobre la criminalidad y violencia en las familias (Vales, 1999). La muestra consistió de 557 familias procedentes de 56 municipios diferentes. Identificaron siete factores principales considerados responsables por el clima de violencia y criminalidad que existe en el país. Estos son, en orden de importancia:

1. gran cantidad de drogas que se trafican y venden en Puerto Rico (95.4%) 2. pérdida de valores tradicionales de respeto y dignidad (92.9%) 3. cambios en la familia puertorriqueña (90.1%) 4. deterioro de las instituciones educativas (84.2%) 5. gran cantidad de ayudas gubernamentales, estatales y federales, sin requerir

responsabilidades del beneficiario (76.6%) 6. ausencia de empleos o de oportunidades en la fuerza laboral (76.1%) 7. pérdida de efectividad de las iglesias y de los grupos religiosos del país (67.2%)

Las condiciones identificadas ilustran una condición de anomia y desarticulación familiar y social. El ambiente social y emocional de esas familias se afecta por factores exógenos, pero desarrollan procesos deficientes y mal adaptativos o disfuncionales de socialización. La salud mental y factores asociados son aspectos sicológicos importantes para comprender el problema de la delincuencia juvenil en Puerto Rico. Un factor esencial a considerar en la conducta delictiva es la falta de auto-control (Bauermeister, 1999). Gottfredson (1990) en su libro A General Theory of Crime también señala que la conducta delictiva tiende a mostrar pobre auto-control y a desear respuestas percibidas como fáciles y rápidas. La superación económica que pueda provenir de una carrera profesional es percibida como una ruta larga, lenta y difícil. La actividad delictiva puede representar una rápida y corta. Esta percepción puede iniciarse como parte de la conducta de “romper las reglas”, que luego se caracterice por un estilo de vida. Una vez ocurre, se puede generalizar como patrón de conducta delictiva que puede incluir: uso de drogas, robo, asaltos, negligencia al conducir vehículos de motor, embriaguez, peleas, violencia familiar o doméstica, entre otros. Esto hace que los esfuerzos de prevención y los servicios de salud mental sean apremiantes para combatir la delincuencia juvenil. Es importante considerar el análisis de la situación de la salud mental en la población joven de Puerto Rico y los cuatro factores que constituyen barreras en la prestación de servicios:

1. necesidad versus capacidad del gobierno para atender las necesidades

18

18

2. ubicación y acceso geográfico de los servicios de salud mental 3. costo económico de los servicios de salud mental 4. espacios disponible (demanda versus oferta) de los servicios de salud mental y

de rehabilitación

El estudio de Consulta Juvenil VII realizado por la Universidad Central del Caribe para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (2005-2007) reflejó las prevalencias relacionadas con la sintomatología de salud mental. Este fue representativo de los estudiantes de nivel elemental (quinto y sexto), intermedio y superior de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. El abuso de alcohol obtuvo la más alta (19.4 %), seguido por el déficit de atención e hiperactividad (13.1%) y la depresión (11.5%). El trastorno de conducta resultó con la más baja (4.8%). Las féminas presentaron mayor prevalencia en síntomas de depresión que los varones; estos resultaron mayores en las escalas de trastornos de conducta, abuso de alcohol y de drogas. Los estudiantes de nivel superior tuvieron las más altas en todas las escalas, excepto en trastornos de conducta. Se indicó que en la adolescencia, particularmente, los trastornos de conducta tienden a ocurrir con el abuso del alcohol o drogas. El porciento de adolescentes con sintomatología de trastornos mentales fue mayor en presencia de estos (cinco y seis veces más). El impacto del ambiente familiar y social en que se desarrolla la juventud puertorriqueña incide en la conducta delictiva. Los factores internos y externos propician procesos disfuncionales que muchas veces resultan en su ingreso al sistema de justicia juvenil. De esta población se han desarrollado perfiles que demuestran dichas consecuencias. Perfil del menor procesado El estudio realizado por Consultores en Conducta Humana, Análisis de la Delincuencia entre Menores de Edad en Puerto Rico (2002) identificó el perfil del menor procesado según los datos del Departamento de Justicia y de la Administración de Tribunales. Las características fueron las siguientes:

• varón (85.6%) de 15.6 años de edad • asistía a la escuela (67.2%) • no asistía a la escuela (32.8%) • dependía de asistencias económicas públicas (50.0%) • dependía de salarios del padre, madre, ambos padres o de la persona

responsable (48.7% ) • no estaban en la fuerza trabajadora (90% no trabajaba)

19

19

• la mayoría de los (as) menores incursos(as) pasaban por su primera experiencia judicial (98.6%)

• varones reflejaron un historial delictivo más intenso que las mujeres También presentó el perfil de menores institucionalizados en la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) durante el 1997 al 2000. Tenía bajo custodia a 3,024 jóvenes. Evidenció las siguientes características:

• población básicamente masculina (92%) y 8% mujeres. • fluctuó entre los 11 y los 21 años de edad, con un promedio de 17 años • el 92.3% de esa población tenía 15 años o más de edad • tenía una escolaridad promedio de 6.8 años de escuela, lo que implica que

estaba entre sexto y séptimo grado. • nueve de cada diez menores no habían sobrepasado el noveno grado • tenían un rezago académico de entre dos o tres años escolares • seis de cada siete (85.4%) de los (as) menores habían fracasado una o más

veces en la escuela, el 56% múltiples veces y el 29.4% una vez • 92.1% de los menores fueron desertores escolares, además de los fracasos

académicos • Uno (a) de cada dos menores (47.8%) fue identificado (a) con limitaciones

intelectuales (bajo promedio, fronterizo y retardo mental), lo que acrecienta la condición de rezago académico

• las condiciones intelectuales refuerzan la falta de capacidad académica, lo cual induce una condición de marginación con escasas o limitadas posibilidades en el sistema de competencia y tecnología que caracteriza el Siglo XXI

• nueve de cada diez menores eran solteros (as) (87.2%) y uno de cada diez (11.3%) vivía en unión consensual

• la mayoría convivía en arreglos familiares y solo el 2.8% con cónyuge • la mayoría (38.1%) vivía con uno de los padres biológicos, especialmente la

madre, aunque tuviese la presencia de un padrastro o madrastra • uno de cada cinco menores vivía con ambos padres biológicos o con padres

adoptivos, lo que sugiere la ausencia de una estructura biológica o adoptiva integrada por la presencia del padre y la madre

• el área geográfica de procedencia fue principalmente la zona metropolitana de San Juan, que incluye a San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Trujillo Alto y Cataño (38.1%)

• al unir otras áreas metropolitanas (Arecibo, Caguas, Ponce y Mayagüez), se observó la relación entre el urbanismo y el fenómeno delincuencial

20

20

• seis de cada diez (61.8%) menores residía en zonas urbanas y cuatro de cada diez (37.7%) en zonas rurales

• procedían básicamente de niveles socioeconómicos de pobreza; el 79% eran de clase baja, el 17.8% de clase media y el 0.3% de clase alta

• la fuente principal de ingreso de las familias fue no salarial (73.7%) • siete de cada diez familias (69%) con ingresos no salariales dependían

principalmente del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) o del Programa de Asistencia Económica (AE)

• la mayor parte fue procesada en regiones judiciales ubicadas en áreas metropolitanas (73%)

• las regiones judiciales de Bayamón, Ponce, San Juan y Carolina procesaron y sentenciaron a medidas dispositivas a ser cumplidas en la AIJ a la mitad de todos los menores (51%)

• la variación en cifras presentadas por AIJ sobre la población femenina fluctuó alrededor del 10% del total (una mujer por cada nueve varones)

• el comportamiento delictivo de esta población reflejó una relación de casi dos faltas (1.6) por menor

• las faltas predominantes fueron por drogas (22.1%), armas (11.5%), violencia personal (17.8%) y delitos contra la propiedad (21.1%)

• al unir drogas y armas, estas faltas constituyeron la incidencia delictiva predominante de los menores (33.6%)

• eran no reincidentes (primeros ofensores), seis de cada diez jóvenes • tres de cada diez eran reincidentes, fue mayor entre los varones (30.4%) que

entre las féminas (17.8%) Hay que destacar que en el 2000 hubo una tendencia atípica de procesar, encontrar incurso y entregar custodia a una proporción de mujeres que fluctuaba entre dos y tres de cada diez menores. Al describir al (la) menor cuya custodia fue entregada a la AIJ, se resume que era un varón de 17 años de edad, con una escolaridad promedio de sexto grado, con tres años de rezago académico, múltiples fracasos escolares que eventualmente se convirtió en desertor escolar. Era soltero, vivía principalmente en una familia fraccionada (un solo padre biológico), y procedía de áreas metropolitanas, especialmente de zonas urbanas. Era básicamente de clase baja y su familia subsistía a base de ingresos no saláriales, en especial de asistencias económicas. Fue procesado y su custodia fue entregada por el Tribunal Superior, especialmente de las regiones de Bayamón, Ponce, San Juan o Carolina. El comportamiento delictivo por el cual fue sentenciado representaba una incidencia de cerca de dos faltas en promedio, especialmente en delitos de drogas y de armas. Era primer ofensor.

21

21

El estudio señala que la asociación de la delincuencia con la vida urbana y con pobreza tiende a sustentarse con datos de la AIJ, que indican que ocho de cada diez menores eran de clase económica baja (78.9%). Se debe considerar, además, el poder económico que le ofrece el Estado benefactor a la madre con jefatura de hogar y el valor de la participación en la economía subterránea, de otros miembros del hogar. El menor, en la mayor proporción de las veces, fue fuente de ingresos incursionado por las drogas.

Con una escolaridad de 6.8 años promedio, las opciones de empleo se limitan a actividades económicas que no requieren alto grado de preparación académica. En ausencia de destrezas o empleos manuales no diestros o diestros que no requieren un mayor grado de aprovechamiento académico, la legitimación de su estatus de persona adulta en el rol económico, se limita seriamente. Al estar fuera del sistema escolar y confrontarse con un entorno que le impone expectativas de adulto (a), es susceptible a involucrarse en el trabajo del punto de drogas.

Otro factor relacionado con la criminalidad es el alto nivel de estudiantes con problemas de aprendizaje. Cuando no se diagnostica, desarrollan lagunas educativas que los llevan a fracasos frecuentes y frustraciones que desembocan en problemas de conducta, baja autoestima y deserción escolar. Al no ser atendidos a tiempo, se crea una situación idónea para el desarrollo criminal (Edna Vázquez- Bonet, 2004). En Puerto Rico se invierte $4,300 anuales para educar a un niño o niña, mientras que se gasta $62,000 en mantener a un(a) adolescente en una institución juvenil, sin contar la inversión en la seguridad y salud como consecuencia de los problemas de la delincuencia.

La pobreza como condición asociada a la delincuencia debe de entenderse dentro del contexto de una sociedad que se caracteriza por la valoración del “dime cuánto tienes, te diré cuánto vales”. El criterio de poder económico y de consumo se emplea para desvalorar y discriminar al de escasos recursos. La pobreza, el color de piel, el género sexual, la edad, tiene consecuencias en función de su debilidad o de la desvaloración que sufren en su interacción con los agentes de control social. El perfil de los menores internados en AIJ es uno de escasos recursos. Sin embargo, también delinquen menores y mayores de edad de otras clases sociales superiores. Es relevante señalar que la tasa de menores que vive bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico representa el 55%. Esta cifra es tres veces la que se reflejaba en Estados Unidos (Kids Count Data Book, 2009). Esto sugiere que su bienestar enfrenta mayores amenazas que los estadounidenses. Nueve de los 10 indicadores claves superaron negativamente a los EE.UU. Entre estos se destacan:

22

22

1. nacimientos con bajo peso 2. mortalidad infantil 3. tasa de nacimientos en adolescentes 4. desertores escolares 5. tasa de mortalidad en adolescentes entre 15 y 19 años 6. la percentila de menores que viven en familias monoparentales 7. menores en familias en que ninguno de los padres trabaja a tiempo

completo

Otro aspecto a considerar en la realidad de Puerto Rico es el aumento de menores involucrados en el narcotráfico. Son considerados empleados “baratos”, eficientes y fáciles de sustituir. Participan en acciones violentas de ese negocio ilegal. Vigilan los puntos de ventas de drogas, la empacan y transportan. Una cantidad significativa de preadolescentes son contratados para asesinar y algunos son dueños de los puntos de drogas. Desde el 1990 al 2005, la Policía intervino con 248,863 menores que cometieron faltas. Un total de 21, 985 faltas estaban relacionadas con las drogas ilegales. La participación en la venta de sustancias controladas es más atractiva y lucrativa que otras actividades criminales. El varón tiene mayor riesgo de delinquir. Al asumir el rol productivo a nivel económico, aún ilegitimo, es quien resultará intervenido judicialmente.

En el 2004, 89 menores de 20 años fueron asesinados. Se calcula que el 70% de todos los asesinatos en Puerto Rico están vinculados al trasiego de drogas. Las gangas identificadas en el país reclutan a menores de edad y los adiestran como gatilleros, vigilantes, vendedores y transportadores de drogas. El reclutamiento se fundamenta en la vulnerabilidad y fragilidad de la población con limitaciones académicas. También se aprovechan de las necesidades económicas de los menores y la ausencia de medios lícitos para lograrlas. Esto lo reflejó el Análisis de Delincuencia entre Menores de Edad en Puerto Rico, informe preparado para la Oficina de Asuntos de la Juventud (2002). Las estadísticas de la Policía de 2011 reflejan que la violencia en el país se ha incrementado. Los asesinatos evidencian un panorama común. La víctima es un varón entre 20 a 24 años, asesinado durante la madrugada de un fin de semana por un problema relacionado con el narcotráfico La actividad criminal no se concentra tanto en las zonas urbanas y se ha esparcido a otros lugares. En el 85% se utilizó un arma de fuego.

23

23

Estudio de factores de riesgo y su intensidad, asociados a menores adjudicados en el Tribunal de Primera Instancia: Año Fiscal 2007 La Oficina de Servicios Sociales (OSSO) de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) promovió este estudio para actualizar la información sobre los factores de riesgo y su intensidad de menores adjudicados en el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Permitió conocer el tipo de población de menores con la cual la judicatura y los profesionales del derecho, la conducta humana y del trabajo social tienen que relacionarse cotidianamente. Sirvió de base para elaborar estrategias de intervención y servicios dirigidos a prevenir la delincuencia juvenil. La muestra consistió de 1,096 casos de menores adjudicados en el Tribunal de Primera Instancia durante el año fiscal 2007 (julio de 2006 a junio de 2007).

1. El perfil del menor típico del estudio fue: • un varón primer ofensor; • cuya ofensa es del tipo menos grave contra la persona,; • cometió su primera falta después de los 15 años (media es de 15.6 años); • encausado por 4 faltas o menos; • no se le ha diagnosticado disturbios de conducta agresiva,; • no es un desertor escolar; • proviene de un hogar de padre y madre divorciados; • no acata u obedece los controles y la supervisión en el hogar; • es indiferente o desafiante a las figuras de autoridad; • proviene de una comunidad con moderada o alta incidencia delictiva; • tiene amistades de comportamiento antisocial; • ha sido beneficiado con libertad condicional exclusivamente; y • no experimenta, usa o distribuye drogas.

2. Existen también diferencias marcadas entre el estudio de 1995 y el de 2007. El conjunto de menores del estudio de 2007 registró porcentajes más altos de menores:

• féminas (18% vs. 13%); • primeros ofensores (83% vs. 77%); • sin disturbios emocionales (87% vs. 64%); • no-desertores escolares (71.% vs. 46%); • con faltas menos grave (48.5% vs. 40.5%);

24

24

• adjudicados vía libertad condicional exclusivamente (74% vs. 56%);

• agresores contra la persona exclusivamente (62% vs. 45%); y • con 11 ó más factores de riesgo (62% vs. 40%)

3. Los (las) menores actuales presentan menos problemas como estudiantes, aún cuando provienen en mayor proporción de ambientes familiares disfuncionales o conflictivos; y representan una proporción menor de desertores escolares.

4. Las féminas tienden a ser en mayor proporción “ofensoras leves”, ya que tienden a concentrarse en mayor proporción como primeras ofensoras cuyas ofensas son del Tipo I ó II. Se benefician en mayor proporción que los varones con la medida nominal.

5. Las féminas tiende a concentrar sus faltas contra las personas exclusivamente, en mayor proporción que los varones, quienes tienden a incluir “la propiedad” en sus actos ilícitos.

6. Las féminas provienen en mayor proporción que los varones de hogares disfuncionales, ya que en términos relativos tienen mayor representación en hogares:

• padre y madre se han divorciado; • existe negligencia, abandono o muerte del padre o la madre; • existe maltrato físico, emocional o abuso sexual; y • hay historial delictivo o experiencia de cárcel.

7. A pesar del difícil cuadro familiar en que toma lugar la vida de las féminas, éstas tienden a ser mejores estudiantes que los varones.

8. Los varones tienden a ser más preponderantes en términos relativos en las categorías de menores con problemas de aprendizaje y con fracasos en grados o asignaturas.

9. En cuanto a la relación del (de la) menor con su vecindario, las féminas tienden a relacionarse con hostilidad y desafío en mayor proporción que los varones.

10. Los datos de este estudio confirman lo que se acepta intuitivamente, en el sentido que los (las) menores reincidentes están en mayor riesgo de incurrir en faltas que los que cometen la misma por primera vez. Los (as) reincidentes superan a los y las primeros(as) ofensores en la media del número de factores, como en la media de la intensidad.

11. Lo mismo ocurre con los (as) menores que son desertores escolares, quienes parecen estar en mayor riesgo que sus contrapartes no-desertores escolares, al exhibir medias más altas, tanto en el número como en la intensidad acumulada de los factores de riesgo.

12. Los varones tienden a estar en mayor riesgo de incurrir en faltas que las menores. Aunque no hay diferencia significativa en la media de intensidad acumulada entre ambos sexos, sí la hay en cuanto a la media del número de

25

25

factores de riesgo, estando los varones en mayor riesgo que las féminas (media del número de factores:11.1 vs.10.7).

13. A pesar de que en el estudio de 2007 hay una mayor proporción de menores con diagnóstico de disturbios emocionales asociados a conducta agresiva, hay una mayor proporción que no recibe tratamiento.

Estos perfiles de los (as) menores intervenidos por el sistema de justicia juvenil demuestran la necesidad de atender sus necesidades a tiempo y prevenir la conducta delictiva. Es una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Prevención Los trastornos de conducta, en general, transcurren en forma de escalada, incrementándose progresivamente su gravedad. En la delincuencia hay antecedentes de vandalismo, fuga del hogar, deserción escolar, conductas desafiantes y violentas en la casa, entre otros. Es importante solucionar el problema de conducta a tiempo y prevenir la escalada.

Las estrategias de prevención más utilizadas en los programas y esfuerzos auspiciados por los gobiernos municipales, las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro son: consejería, conferencia, actividades recreativas y culturales, sin estar dirigidas a atender un segmento de la población de jóvenes en particular. Las características de las estrategias identificadas como más exitosas son las que muestran las siguientes características:

1. tienen una base de acción comunitaria; 2. incluyen el desarrollo de líderes de la misma comunidad; 3. utilizan pares o intercesores para que medien en el acercamiento a

jóvenes en riesgo e identifiquen individuos y grupos en necesidad de atención y servicio;

4. están dirigidas a una población claramente definida; 5. proveen servicio de seguimiento y evaluación; 6. combinan una variedad de estrategias que incluyen

• el desarrollo y fortalecimiento de las destrezas académicas para reducir la posibilidad de deserción escolar

• proveer acceso a la educación vocacional a jóvenes desertores para que se puedan insertar en el mercado laboral de empleo;

7. promueven el desarrollo de valores relacionados con la honestidad, la responsabilidad social, la autoestima, la acción comunitaria y el deseo por convivir en paz y de tener una mejor calidad de vida; y

26

26

8. parten de una visión positiva del ser humano como un ente capaz de integrarse a una convivencia sana y pacífica

Los programas de prevención deben utilizar las estrategias efectivas en la prestación de servicios. Es necesario desarrollar una política social dirigida a todos los sectores sociales y no limitarla a quienes son intervenidos. Es importante reconocer que mediante la educación podemos transformar la sociedad. No necesitamos vivir con violencia, hostilidad, odio y miedo. Podemos hacer cambios.

Es de vital importancia, implantar estrategias para la prevención de conductas mal adaptativas de los (las) niños(as) y adolescentes, así como la protección contra el maltrato o abandono, con el propósito de desarrollar personas física y mentalmente saludables. Referencias Prevent Child Abuse America http://www.preventchildabuse.org/ ChildhelpUSA http://www.childhelpusa.org/ Información del Centro Nacional de Intercambio de Información acerca del Abuso y Abandono Infantil (National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information) Correo electrónico:nccanch@caliber.com http://nccanch.acf.hhs.gov/ MEDLINEplus: un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (U. S. National Library of Medicine) y de los Institutos Nacionales de Medicina (National Institutes of Health). http://medlineplus.gov/ Child Welfare Information Gateway, Las Consecuencias a Largo Plazo del Maltrato de Menores Díaz Usandivaras, C. Fernández de Cingoni, La violencia y la delincuencia juvenil desde la visión de un terapeuta de familia, C.I.P.A.M.E.R., Buenos Aires

27

27

Hernández González, Eduardo R., El Maltrato Infantil, España Anita Gurian, Ph.D, Abandono y Maltrato de Menores: Una Mirada General, NYU Child Study Center, AboutOurkids.org Muñoz González, Rubén, Estudio de factores de riesgo y su intensidad, asociados a menores adjudicados en el Tribunal de Primera Instancia: Año Fiscal 2007, Oficina de Administración de los Tribunales, San Juan, Puerto Rico Consultores en conducta Humana, Inc., Análisis de la Delincuencia entre menores de edad en Puerto Rico, Informe para la Oficia de Asuntos de la Juventud, octubre 2002 Universidad Central del Caribe, Consulta Juvenil VII, 2005-2007, Estudio realizado para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra La Adicción, San Juan, Puerto Rico