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C on s e jo d e Mi n i s t ro s 1

Consejo de Ministros

26 de Julio de 2013


26 de Julio de 2013

SUMARIO

ASUNTOS GENERALES

Presidencia

ACUERDO por el que se modifican los importes y anualidades previstos en el Acuerdo de 24 de julio de 2009 por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para la apertura de una línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico Plan FuturE.

ACUERDO por el que se modifica, en lo relativo a previsión de gastos financieros del Instituto de Crédito Oficial y su financiación, el Acuerdo de 29 de mayo de 2009, que modificó la normativa reguladora de los préstamos previstos en el Plan de renovación de instalaciones turísticas Plan Renove Turismo 2009, y amplió su dotación económica.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.

ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, y se solicita su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas mediante la Resolución MEPC.203(62).

ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2010 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), adoptadas mediante la Resolución MSC.294(87).

ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2011 a la parte B del Código internacional de estabilidad sin avería, 2008 (Código IS 2008), adoptadas mediante la Resolución MSC.319(89).

Justicia

ACUERDO por el que se toma conocimiento de la memoria anual de actividades del miembro nacional de Eurojust y se acuerda su remisión al Congreso de los Diputados y al Senado.

ACUERDO por el que se autoriza el traslado a España de Antonio García Vidriel, de nacionalidad española, para prosecución del cumplimiento de la condena impuesta por las Autoridades Judiciales de Marruecos.

Hacienda y Administraciones Públicas

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.


REAL DECRETO LEY por el que se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa, y suplementos de crédito para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

REAL DECRETO de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Real Decreto 301/1984, de 25 de enero, en materia de cultura.

REAL DECRETO de modificación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Real Decreto 3408/1983, de 21 de diciembre, en materia de tiempo libre.

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 514.150.000 euros (segundo tramo).

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura a formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro y emitir deuda pública por un importe máximo de 61.211.228 euros (segundo tramo).

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro y emitir deuda pública por un importe máximo de 171.795.223,24 (segundo tramo).

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro y emitir deuda pública por un importe máximo de 80.320.000 euros (segundo tramo).

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 701.000.000 de euros (segundo tramo).

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunitat Valenciana a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 356.775.000 euros (segundo tramo).

ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 97.500.000 euros (segundo tramo) y a realizar, hasta el 30 de septiembre de 2013, las operaciones de endeudamiento autorizadas por el Acuerdo de 21 de diciembre de 2012, prorrogadas hasta el 30 de junio de 2013 por el Acuerdo de 22 de marzo de 2013, por el importe pendiente de formalizar, hasta un máximo de 113.000.000 euros.

Interior

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Industria, Energía y Turismo

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3).

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la reparación de los daños derivados de las inundaciones en la cuenca del río Guadiana, en el periodo del 27 de marzo al 4 de abril, 2ª fase, por un importe de hasta 3.500.000 euros.


ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico para paliar los efectos de las avenidas de marzo y abril de 2013 en las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Cantabria. Relación complementaria a la autorizada el 25 de abril de 2013, por un importe de hasta 2.660.000 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia por los daños causados por las lluvias torrenciales y avenidas del mes de marzo de 2013 en las infraestructuras de las zonas regables y presas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en Cuenca, Madrid, Toledo, Cáceres, Ávila y Salamanca, por un importe de hasta 2.650.000 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la reparación de los daños derivados de las inundaciones de los meses de marzo y abril de 2013 en la cuenca del río Segura, 2ª actuación, por un importe de hasta 1.640.000 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la recuperación de la sección de desagüe y reparación de motas tras las avenidas durante el actual año hidrológico en la cuenca del río Ebro, por un importe de hasta 2.400.000 euros.

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Economía y Competitividad

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Memoria anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2012 y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

ACUERDO por el que se aprueban el balance y cuentas del ejercicio 2012 del Banco de España y se dispone la aplicación de los beneficios pendientes de distribución.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

REAL DECRETO por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.

REAL DECRETO por el que se establecen medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

REAL DECRETO por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y se modifica el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016.

ACUERDOS DE PERSONAL Asuntos Exteriores y de Cooperación

REAL DECRETO por el que se designa embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra a D. VICTORIO REDONDO BALDRICH.


REAL DECRETO por el que se designa embajador en Misión Especial-Director de la Unidad de Emergencia Consular a D. RAMIRO FERNÁNDEZ BACHILLER.

CONDECORACIONES


REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social a CÁRITAS ESPAÑOLA.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, a título póstumo, a Dª MERCEDES DE LA MERCED MONGE.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, a título póstumo, a Dª CONCEPCIÓN GARCÍA CAMPOY.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES Hacienda y Administraciones Públicas

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

• Se acaba con las competencias impropias de los Ayuntamientos, al regular por primera vez, y de forma precisa, sus competencias propias

• Se potencia a las Diputaciones provinciales para la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes

• Se incentivan las fusiones voluntarias, se aumentan las trabas para la escisión o creación de nuevos municipios y ya no habrá convenios entre Administraciones sin financiación

• Los ayuntamientos deberán publicar el coste efectivo de sus servicios. Se reducen y ordenan sueldos, así como el personal eventual

• La reforma prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2013-2019

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y lo ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Esta norma, inspirada en el principio de 'Una Administración, una competencia', responde al compromiso electoral del presidente del Gobierno de clarificar las competencias municipales con el fin de evitar duplicidades y garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria, reconocidos por la Constitución en su artículo 135.

La Ley tiene los siguientes cuatro objetivos:

• Clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones

• Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio presupuestario

• Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso

• Favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras


Clarificación competencial precisa

Hasta ahora los Ayuntamientos no han tenido una definición precisa y acotada de sus competencias, lo que, en la práctica, permite que realicen actividades fuera del ámbito de competencias de los municipios. Es lo que se denomina competencias impropias. La consecuencia es que han proliferado, de forma ineficiente, actividades que se duplican con otras ejercidas con otras Administraciones, con el consiguiente aumento del gasto público municipal en 13.223 millones, según el Instituto de Estudios Fiscales.

Por primera vez, se definen tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Es decir, sólo se permite que los Ayuntamientos ejerzan las competencias que están previstas en la Ley.

Únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, sea sostenible financieramente y no se incurra en duplicidad, se podrán prestar otros servicios no obligatorios. La delegación de competencias debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual con una cobertura del cien por cien del coste del servicio y su cobro garantizado.

La delegación de competencias por convenio al municipio irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma. Sin financiación, no hay convenio.

Se limitan el alcance de las competencias a temas de interés exclusivamente local en materia de vivienda, turismo, servicios sociales (evaluación e información de situaciones de necesidad social o atención inmediata por exclusión social), sanidad (protección de la salubridad pública y relacionadas con cementerios y servicios funerarios) y educación (participar en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes).

Además, se produce una reordenación de competencias que hasta ahora se atribuían a los municipios. En materia de salud, las competencias relativas a la participación en la gestión de la atención primaria de la salud corresponden a las Comunidades Autónomas, proceso que se instrumentaliza en un periodo de cinco años.

Las competencias relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y de reinserción social corresponden a las Comunidades Autónomas, proceso que se articula en el plazo de un año. Y en materia de servicios de inspección sanitaria, corresponde a las Comunidades Autónomas en el plazo de seis meses prestar los servicios relacionados con el control sanitario de mataderos, industrias de alimentos y bebidas que hasta ahora prestaban algunos municipios de mayor tamaño.

Racionalización de las estructuras locales

El Proyecto de Ley racionaliza la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia. Se adoptan las siguientes medidas:

• Potenciación de las Diputaciones Provinciales. Se potencia el papel de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, que podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes, mediante su prestación por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas, a menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el de aquellas. Además, podrán asistir a los municipios en las facultades de gestión de la recaudación tributaria, la gestión financiera, la Administración electrónica y la contratación centralizada.

• Entes Locales de ámbito inferior al municipio. Deberán, en un plazo de tres meses, presentar sus cuentas ante el Estado y Comunidades Autónomas.

Si no presentan cuentas, se disuelven y se integran en los Ayuntamientos de los que dependan como organización desconcentrada y corresponderá al municipio la prestación del mismo, carentes de personalidad jurídica. En todo caso, no se permite la creación de nuevas entidades locales menores con personalidad jurídica propia, y se mantendrán únicamente las existentes, si se presentan sus cuentas, y aquellas que hayan iniciado su procedimiento para su constitución antes del 1 de enero de 2013.


• Incentivo a las fusiones municipales voluntarias. Se incluye la propuesta del Consejo de Estado de alentar, sin obligar, las fusiones voluntarias de municipios que sean colindantes y estén dentro de la misma provincia. Para ello, se establecen una serie de incentivos para el nuevo municipio fusionado, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones. El número de concejales del municipio resultante sería temporalmente el resultado de la suma de los fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica Electoral General.

• Gestión coordinada de servicios de los municipios. Se promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación.

• Se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.

• Racionalización del sector público local. Se revisan en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes, que habían crecido exponencialmente en los últimos años, con el objetivo de racionalizar su número y estructura, lo que generará ahorros importantes. Igualmente, se limitan las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local.

• Transparencia en la gestión pública local. La actuación pública tendrá la máxima transparencia y rigor en la gestión de los recursos. Para ello, se aborda el régimen retributivo de los cargos públicos fijando como criterios la población y las retribuciones que reciben los Secretarios de Estado (cien mil euros brutos anuales).

Habitantes Referencia

Más de 500.000 Secretario de Estado

300.001 a 500.000 Secretario de Estado - 10%



50.001 a 75.000 Secretario de Estado -35%






Igualmente, se fijan límites, en función de criterios poblacionales, al número de cargos representativos locales que pueden ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Habitantes Referencia

Menos de 1.500 hab. Ninguno

Entre 1.500 y 2.000 hab. 1

Entre 2.001 y 3.000 hab. 2

Entre 3.000 y 10.000 hab. 3

Entre 10.000 y 15.000 hab. 5

Entre 15.000 y 20.000 hab. 7

Entre 20.000 y 35.000 hab. 10

Entre 35.000 y 50.000 hab. 11

Entre 50.000 y 100.000 hab. 15

Entre 100.000 y 300.000 hab. 18

Entre 300.000 y 500.000 hab. 20

Entre 500.000 y 700.000 hab. 22


Entre 700.000 y 1.000.000 hab. 25

Madrid 45

Barcelona 32

También se limita el número de personal eventual al servicio de las entidades locales, que no podrá superar un determinado número en función de la población del municipio. En cuanto al personal eventual, se publicará el número de puestos reservados a este tipo de personal en la sede electrónica de la entidad local, el boletín de la provincia o en el de la Comunidad Autónoma uniprovincial.

• Profesionalización del empleo público local. Se consagra la profesionalización de los empleados públicos locales, mediante la preferencia por los funcionarios de carrera. Se reservan a funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de coordinadores generales y directores generales de municipios, así como el personal directivo de Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.

Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso

Se refuerza la función interventora en las entidades locales respecto a su función fiscalizadora y de comunicación de información con carácter anual al Tribunal de Cuentas. Se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. También se regula el régimen de los funcionarios con habilitación nacional que serán seleccionados, formados y sancionados, en los casos más graves, por el Estado.

• Coste efectivo de los servicios. Todas las entidades locales deberán publicar el coste efectivo de sus servicios. Este criterio viene avalado por la notable mejora demostrada por la planta municipal española al comparar su liquidación presupuestaria del año 2011 y 2012, con un ahorro de 4.200 millones de euros, un 9,2 por 100 menos del gasto liquidado en 2011.

• Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Se añade como contenido mínimo del Plan Económico-Financiero de las entidades locales que estén en déficit, la supresión de sus competencias impropias, de entidades locales menores, incluir una propuesta de fusión con otro municipio y gestionar de forma integrada diferentes servicios para lo que contarán con la asistencia de las Diputaciones.

Favorecer la actividad económica local

Se introducen medidas liberalizadoras que favorezcan la actividad económica local. El ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia, salvo en los casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios que venían heredados del pasado, como lonjas y mercados.

Ahorros y memoria económica

La memoria económica que acompaña al Proyecto de Ley prevé un escenario de ahorro, según el modelo de coste de 8.024 millones de euros para el periodo 2013-2019.

Interior

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO PARA REFORMAR LA LEY DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

• Los menores de dieciocho años deberán llevar casco obligatoriamente para circular en bicicleta por cualquier tipo de vía

• La sanción económica por conducir con presencia de drogas en el organismo, o con tasas de alcohol superior a las establecidas, pasa de quinientos a mil euros

• Se fija la saliva como muestra para efectuar controles de drogas

• Se prohíben los detectores de radar por considerar que su venta y uso persiguen el incumplimiento de los límites de velocidad.


El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley para la modificación parcial del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. Esta modificación obedece a la necesidad de adaptar dicha normativa no sólo a las necesidades de los conductores, sino también a los cambios que se producen en los vehículos y las vías, factores determinantes en la producción de accidentes y que con una regulación adecuada pueden ayudar a mejorar la seguridad vial.

Entre las modificaciones más importantes del Anteproyecto de Ley destaca la referida al uso del casco. El nuevo texto recoge que los menores de dieciocho años deberán llevar casco obligatoriamente cuando circulen en bicicleta por cualquier tipo de vía urbana, interurbana o travesía. Por su parte, se mantiene la obligatoriedad de llevar casco para mayores de dieciocho años que circulen en bicicleta en vías interurbanas. El futuro Reglamento acabará por determinar si habrá alguna obligación adicional sobre el uso del casco.

Alcohol y drogas: mayor control y sanción

Otro de los aspectos que se modifican es el artículo relativo a alcohol y drogas, especialmente la regulación de la presencia de drogas en la conducción. En los últimos años se ha constatado, a través de los controles de detección de estas sustancias, que la presencia de drogas durante la conducción es uno de los problemas más graves para la seguridad vial.

Por este motivo, la modificación de este precepto en la Ley diferencia de forma muy clara entre la sanción administrativa (que castiga la mera presencia de drogas en el organismo del conductor) y penal (que tipifica la influencia de las drogas en la conducción) recogida en el artículo 379.2 del Código Penal.

También se explicita por primera vez en dicha Ley (ya lo estaba en la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que la detección de drogas se realizará a través de una prueba salival mediante dispositivo autorizado y posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente. Estos dispositivos han demostrado ser seguros jurídicamente, poco intrusivos para los conductores y viables policialmente.

Además, conscientes de que el alcohol y las drogas están detrás de un porcentaje muy alto de accidentes graves y de que es necesario aumentar el reproche hacia este tipo de conductas, la multa por conducir con tasas de alcohol superiores a las establecidas, o con presencia en el organismo de drogas pasará de quinientos a mil euros. Esta misma sanción administrativa tendrán los conductores de vehículos y demás usuarios de la vía, cuando estén implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido una infracción y se nieguen a someterse a las pruebas de detección de alcohol o presencia de drogas en el organismo.

Detectores de radar

En relación con los límites de velocidad, la reforma de la Ley simplifica su redacción con objeto de que sea el Reglamento General de Circulación el que fije de forma concreta las velocidades máximas y mínimas que se establecen no sólo para las vías, sino también para los distintos tipos de conductores y para los distintos tipos de vehículos.

Lo que sí recoge el anexo IV de la Ley es la actualización de los tramos sancionadores y de detracción de puntos ante las posibles modificaciones de las velocidades.

Otra de las novedades que se incluye en esta reforma de la Ley es el de la prohibición de los sistemas de detección de radares, mecanismos que se utilizan para eludir el cumplimiento de los límites de velocidad. Además, la prohibición se complementa con la pérdida de puntos. Los excesos de velocidad y las velocidades inadecuadas son los principales factores concurrentes en la accidentalidad, por lo que es un contrasentido permitir el uso de mecanismos que tienen como principal finalidad eludir los controles de velocidad.

Sistemas de retención infantil

El Anteproyecto de Ley también se refiere a los sistemas de seguridad de conductores y ocupantes de los vehículos. Establece la posibilidad de prohibir a los menores la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo en función de su talla, medida que deberá ser concretada posteriormente en el Reglamento General de Circulación. Esta modificación legal responde a la necesidad de que el futuro Reglamento General de Circulación se adapte a las disposiciones que va elaborando la Unión Europea en esta materia, en función de los continuos avances de seguridad que se vayan incorporando.


Otros cambios

Se establece también la obligatoriedad, para quienes van a realizar obras en las vías, de comunicar las mismas a las autoridades encargadas de la gestión y regulación del tráfico. De esta manera, se mejorará la coordinación sobre aspectos básicos que tienen lugar en las carreteras, evitando que una intervención en una vía pueda afectar a los conductores o a una prueba deportiva u otro evento autorizado.

Procedimiento sancionador

Aunque el procedimiento sancionador no es objeto de modificación expresa, algunos de los cambios realizados en este proyecto de modificación de ley hacen necesaria una mínima adaptación. Los más importantes son:

Se establece de forma expresa como causa de inmovilización conducir un vehículo para el que se precisa de permiso de conducir de la clase D (autobús) o C (camión) sin tener la correspondiente autorización. La constatación de algunos casos de infracciones que causan gran alarma ha motivado la introducción de esta causa de inmovilización

También se califica como muy grave circular con un vehículo cuya carga vaya cayendo a la vía por su mal acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de usuarios. Hasta ahora, la normativa tipificaba la mala estiba de la carga que causara peligro, pero no se refería a los casos en los que esa mala estiba cayera en la vía, que es todavía más peligroso para los conductores.


APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE CÁMARAS DE COMERCIO

• No habrá pagos obligatorios a las Cámaras y se refuerza el régimen de control y trasparencia de sus ingresos y gastos

• Se elaborará un código de buenas prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de las funciones público-administrativas

• La Cámara de Comercio de España sustituye al actual Consejo Superior de Cámaras

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que permitirá la continuidad del sistema cameral en España y convertirá al Consejo Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España. La norma pretende reforzar el papel de la Cámaras como instrumentos para la internacionalización de las empresas españolas en colaboración con la Administración del Estado y las comunidades autónomas.

La Cámara de Comercio de España será una herramienta fundamental para abrir puertas a las Pymes en los mercados internacionales. Con esta nueva norma se mejorará sensiblemente el funcionamiento y la coordinación de la presencia institucional comercial de España en el exterior.

El Gobierno promueve con esta Ley un nuevo marco regulador, que constituye un mínimo común denominador para todas las cámaras españolas en aras de la seguridad jurídica. Así lo han venido demandando las propias Cámaras, las Comunidades Autónomas -las que tutelan las Cámaras de su territorio- y las organizaciones empresariales tras la supresión desde 2010 del recurso cameral permanente sin la creación en paralelo de un nuevo marco legal orientado a la prestación de servicios.

Planes Camerales

Las Cámaras desarrollarán el Plan Cameral de Internacionalización, que sustituye al plan anterior y se aprobara anualmente por el Ministerio de Economía y Competitividad, y un nuevo Plan Cameral de Competitividad, que incluirá el conjunto de las funciones públicas que deben desarrollar estos organismos para apoyar a las empresas españolas, especialmente a las Pymes.

Entre las novedades destaca la implantación de la formación profesional dual, fundamental para la generación de empleo, siguiendo un modelo similar al de las Cámaras alemanas. Así, las Cámaras participarán con las Administraciones competentes en la organización de la formación en los centros de trabajo incluida en las


enseñanzas de la formación profesional, en especial en la selección y validación de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación.

Financiación y transparencia

El texto legal establece que la financiación de las Cámaras se basará en los ingresos que se generen por los servicios que presten y por las aportaciones voluntarias de empresas y no contempla la recuperación del recurso cameral permanente. La Ley permite a las Cámaras incentivar las contribuciones voluntarias.

Deberán hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y deberán depositar sus cuentas anuales en los Registros Mercantiles de sus localidades correspondientes. Se establece la obligación de que las Cámaras de Comercio elaboren un Código de Buenas Prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el ejercicio de las funciones público-administrativas

En el Proyecto se diferencia con mayor claridad las actividades de carácter privado que las Cámaras podrán llevar a cabo en régimen de libre competencia de las funciones público-administrativas. Se establece la exigencia de contabilidades separadas en relación con las actividades públicas y privadas para diferenciar claramente entre ellas sin perjuicio del principio de unicidad de sus cuentas anuales. Las actividades del ámbito privado no podrán recibir en ningún caso recursos públicos que supongan una competencia desleal con entidades privadas.

Distribución territorial

Se elimina la obligación de que haya una Cámara por provincia. Las Comunidades Autónomas podrán adecuar la demarcación territorial de sus cámaras territoriales a su realidad empresarial y se fija un sistema de adscripción universal de todas las empresas en las cámaras, aunque no conlleva obligación económica ni de ningún otro tipo. Esta adscripción responde a la necesidad de que las Cámaras representen los intereses generales del comercio y no los de un determinado sector, asociación o colectivo de empresas y permitirá que todas las empresas tengan acceso en condiciones de igualdad de oportunidades y de calidad y proximidad a los servicios de las Cámaras.

Se establece que serán los representantes de las Cámaras de Comercio, uno por Comunidad Autónoma y las Ciudades Autónomas, los que estén representados en el pleno. En la Cámara de España, tanto en el Pleno como en el Comité Ejecutivo, estarán representados asimismo las organizaciones empresariales, las empresas y los autónomos. Tras el proceso de audiencia pública, se da mayor representatividad a las organizaciones de autónomos, que aumentan su participación en el pleno y se incorporan al Comité Ejecutivo. En España hay más de tres millones de autónomos, de los cuales 1,9 millones son empresarios autónomos personas físicas.


AUTORIZADOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS PARA COMPROMISOS DE GASTO EN INDUSTRIA, EMPLEO Y DEFENSA

• Se trata de financiar la extensión del programa PIVE de ayuda a la industria del automóvil y atender a la cobertura de las prestaciones por desempleo e inversiones de Defensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley por el que se conceden dos créditos extraordinarios y un suplemento de crédito para atender a diferentes compromisos de gasto ministeriales.

Industria

Concretamente, el Real Decreto Ley autoriza un crédito extraordinario por valor de setenta millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El Gobierno considera necesario continuar con el citado Programa PIVE, dados los resultados favorables que se están teniendo en términos de mejora de la balanza comercial y de generación de actividad económica y empleo en el sector del automóvil e industrias auxiliares. De hecho, la buena acogida del PIVE-2 ha hecho que la dotación de 150 millones de euros habilitada por el IDAE no sea suficiente para extender los efectos del programa hasta fin de 2013.


Empleo

Por otro lado, el Ejecutivo autoriza un suplemento de crédito por 5.850 millones de euros para atender obligaciones del Servicio de Empleo Estatal. Se trata de dar cobertura a gastos por prestaciones por desempleo y a la financiación de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento del empleo por contratación laboral. Servirá también para compensar la disminución de la recaudación por cotizaciones por desempleo y formación profesional.

Defensa

Además, en el Real Decreto Ley figura la autorización de un crédito extraordinario por 877 millones de euros para diferentes inversiones con cargo al Ministerio de Defensa. Se trata de atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material de ejercicios anteriores. El pago de estas obligaciones es ineludible para la Administración, pues se trata de entregas ya realizadas y compromisos de pago ya adquiridos en consorcios internacionales y con la industria de defensa nacional.


APROBADO EL PLAN PIVE-3, QUE APOYARÁ LA COMPRA DE VEHÍCULOS EFICIENTES CON 70 MILLONES DE EUROS

• Tiene por objetivo la sustitución de 70.000 turismos y comerciales ligeros y favorecer la compra de vehículos con menores consumos de combustible.

• Se apoyará la compra con hasta 3.000 euros, al igual que en el plan anterior, aportados a partes iguales por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el fabricante o punto de venta.

• El éxito del PIVE-2, cuyos fondos se han agotado este mes, ha permitido la sustitución de cerca de 150.000 vehículos y unos ahorros anuales de 78 millones de litros de combustible, y reducción de 262 mil toneladas de CO2.

El Consejo de Ministros ha aprobado la puesta en marcha de la tercera convocatoria del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3) después de que la elevada demanda de la edición anterior haya agotado los más de 150 millones de euros de fondos disponibles, cinco meses después de su aprobación. El PIVE-3 nace con un presupuesto de 70 millones de euros, que se financiarán mediante un crédito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), con el objetivo de sustituir vehículos, turismos y comerciales ligeros, con más de diez años y siete años de antigüedad, respectivamente, por modelos de alta eficiencia energética, de menor consumo de combustibles y emisiones de CO2.

El Plan PIVE-3 mantiene las principales características de la edición anterior, que logró la sustitución de cerca de 150.000 vehículos y unos ahorros anuales de 78 millones de litros de combustible y 262.000 toneladas de CO2. En la primera fase, que contaba con un presupuesto de 75 millones de euros, se sustituyeron cerca de 75.000 vehículos. En total, el Gobierno ha destinado casi 300 millones de euros a las tres convocatorias de este Programa de incentivos a la compra de vehículos de mayor eficiencia energética.

Los programas de apoyo a la renovación del parque de vehículos se han mostrado como una de las medidas más efectivas para la reducción del consumo energético, con efectos adicionales positivos en materia ambiental y de seguridad vial.

El Plan PIVE 3 estará vigente desde el 28 de julio de 2013 y tendrá una vigencia de un año de duración o hasta el agotamiento de los fondos. Según cálculos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el ahorro energético asociado a esta nueva convocatoria del Programa PIVE, ascenderá a unos ahorros anuales de 36 millones de litros de combustible y 122 mil toneladas de CO2.

Beneficiarios y cuantía de las ayudas

Podrán beneficiarse de las ayudas del Plan PIVE-3 particulares, profesionales autónomos, microempresas y PYMES.

El beneficiario obtendrá la subvención directamente mediante el descuento correspondiente en el punto de adquisición del nuevo vehículo, que deberá estar adherido al Plan mediante un procedimiento regulado y publicado


en la página web www.idae.es. Aquellos concesionarios ya adheridos a la segunda convocatoria lo estarán automáticamente en esta tercera. Los ciudadanos podrán consultar el listado de establecimientos adheridos en esa misma página.

La cuantía de la ayuda pública aportada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo es de mil euros por vehículo, a los que se sumará el descuento que ha de aplicar el fabricante o punto de venta del nuevo vehículo incentivable en la factura de compraventa y que será, como mínimo, de otros mil euros.

Para el caso de familias numerosas y exclusivamente para vehículos con más de cinco plazas, se eleva la ayuda pública a 1.500 euros, así como el descuento que ha de aplicar el punto de venta, con lo que resulta una cuantía para los beneficiarios de al menos 3.000 euros.

Requisitos para acogerse a las ayudas

Los vehículos susceptibles de acogerse al programa serán nuevos y deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- Vehículos de turismo (categoría M1):

• Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida (propulsados total o parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos), que a la fecha de solicitud de la ayuda se encuentren clasificados como clase A o B en la "Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 de coches nuevos" según recoge el Real Decreto 837/2002 y la Directiva 1999/94/CE de etiquetado de turismos.

• Eléctricos puros.

• Propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás -GLP- y Gas Natural) que figuren en la Base de Datos del IDAE de consumo de carburantes y emisiones de CO2 de coches nuevos, y además, acrediten contar con emisiones de CO2 homologadas no superiores a 160 g/km (gramos por kilómetro).

2.- Vehículos comerciales ligeros (categoría N1):

• Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida propulsados total o parcialmente por medio de motores de combustión interna de gasolina, gasóleo, GLP y Gas Natural que, además, acrediten contar con emisiones de CO2 homologadas no superiores a 160 g/km (gramos por kilómetro).

• Eléctricos puros.

3.- Los vehículos turismos (M1) y comerciales (N1) con emisiones de CO2 iguales o inferiores a 120 g/km clasificados como clase A, B, C o D, en la citada base de datos.

4.- Sólo en el caso de que el solicitante, persona física, sea integrante de familia numerosa, los vehículos turismos (M1) dotados con más de cinco plazas podrán estar clasificados como clase A, B y C en la citada base de datos.

5.- Es requisito necesario dar de baja definitiva en Tráfico, por parte del centro autorizado al efecto, cualquier vehículo de categoría M1 o N1 propiedad del beneficiario, con una antigüedad mínima de diez años (M1) / siete años (N1) desde su primera matriculación.

6.- El precio de los vehículos adquiridos, antes de IVA, no puede ser superior a los 25.000 euros, excepto para los vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de autonomía extendida. Exclusivamente para el caso de familias numerosas y vehículos con más de cinco plazas señalados anteriormente, se eleva el límite de precio de estos vehículos hasta los 30.000 euros, antes de IVA.

El Programa PIVE 3 surtirá efectos al día siguiente de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. El sistema informático y de reserva de presupuesto estará operativo el lunes 29 de julio de 2013.


Resultados de la segunda convocatoria del Programa

A 26 de julio se han producido 157.666 reservas de presupuesto, lo que supone el 103,21 por 100 del objetivo del programa PIVE 2 (152.763 reservas). De estas reservas se han anulado, antes de su evaluación, 5.179 a demanda del punto de venta y el solicitante de la ayuda, y 882 por no cumplir los requisitos establecidos en las bases. Por tanto, las reservas válidas se elevan a 151.605, lo que supone que el presupuesto está comprometido en un 99,2 por 100 del objetivo (152,7 millones de euros).

En el IDAE se han registrado 113.669 expedientes para su evaluación, de los que se han evaluado 102.179 y validado 100.720. Finalmente, se han pagado 99.694 expedientes, un 99 por 100 de los expedientes validados.

El transporte, principal consumidor de energía final

El sector del transporte en España es el principal consumidor de energía final (37,4 por 100 en 2010), así como el principal emisor de gases de efecto invernadero (29,5 por 100 del total en el mismo año), enfrentándose a un importante reto en los próximos años para conseguir que nuestro país cumpla con los compromisos internacionales en cuanto a sostenibilidad ambiental y limpieza de aire en las ciudades.

El sector se caracteriza, además, por tener una estructura de consumo dominada por productos petrolíferos importados prácticamente en su totalidad, lo que contribuye a nuestra elevada dependencia energética del exterior, muy superior a la media europea, con los consecuentes efectos en el déficit exterior y en la inflación.

Por otro lado, la continuidad en la caída de ventas de vehículos registrada en España en los últimos años ha provocado un envejecimiento del parque de vehículos de nuestros país que implica que sea menos eficiente y seguro y, por tanto, más costoso.


INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO QUE REGULA LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

• Potenciará la interlocución con el sector y su participación en las políticas agroalimentarias.

• El próximo año se llevará a cabo una consulta nacional para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

• La Ley contempla la creación de un Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. También contempla la creación del Consejo Agrario, con el objetivo de potenciar una interlocución eficaz con el sector y garantizar la participación de los agricultores en los asuntos públicos y en las políticas agroalimentarias. La primera consulta directa y simultánea tendrá lugar el próximo año. Esta nueva normativa deroga la Ley hasta ahora vigente en esta materia, que no permitía obtener datos fiables sobre la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

El Anteproyecto de Ley establece la realización de una consulta nacional para determinar las organizaciones profesionales agrarias más representativas, que estará precedida por la elaboración, por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de un censo que incluirá a las personas físicas y jurídicas que acrediten su actividad agraria.

Para acceder a ese censo se contemplan tres vías: por afiliación a la Seguridad Social por actividades empresariales agrarias, por la obtención de ayudas agrícolas de la Unión Europa superiores a una determinada cantidad, y por la declaración de rentas agrarias iguales o superiores al 25 por 100 de la renta total. Para la elaboración del censo se contará con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).


En el caso de las personas jurídicas, deberán reunir determinados requisitos como ser sociedades mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria, no estar acogidas al régimen fiscal de atribución de rentas, y acreditar una facturación mínima de diez mil euros en, al menos, uno de los ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.

Los inscritos en el censo podrán participar en la consulta que se realizará en todo el territorio nacional de forma simultánea para determinar las organizaciones profesionales agrarias más representativas. Esta participación podrán ejercerla los electores bien por correo o de modo presencial en la Mesa correspondiente a su demarcación territorial, que se constituirá en cada Subdelegación del Gobierno, o Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las Ciudades Autónomas.

Se considerarán organizaciones profesionales más representativas aquellas que obtengan, al menos, un 15 por 100 de los votos emitidos en la consulta nacional y que consigan, además, al menos, un 5 por 100 de los votos en tres Comunidades Autónomas.

La consulta se celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario.

Consejo Agrario

La Ley también contempla la creación de un Consejo Agrario como órgano consultivo adscrito al Ministerio, cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.

Este órgano, que sustituirá al actual Comité Asesor Agrario, estará compuesto por diez consejeros nombrados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ostentará la presidencia del mismo. Estos nombramientos se harán de acuerdo con las propuestas de las organizaciones profesionales más representativas establecidas según los resultados obtenidos en la consulta. Tal como recoge la Ley, se respetarán criterios de equilibrio en la representación entre mujeres y hombres.

El Consejo Agrario tendrá, entre otras funciones, la de informar sobre los proyectos normativos del Departamento en materia de agricultura y desarrollo rural que sean sometidos a su consideración, así como conocer e informar sobre las medidas de política agrícola común y estatal, y sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario, formulando recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se consideren necesarias para la mejora de la calidad de vida del sector agrario.

También formarán parte de sus competencias la presentación de sugerencias sobre las políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad agraria, especialmente las relativas a la fiscalidad de las explotaciones, los seguros, la legislación laboral, la normativa sobre seguridad Social y financiación, y la propuesta de políticas que contribuyan a mejorar las condiciones de los profesionales agrarios.


APROBADA LA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2013-2016

• Promoverá códigos de autorregulación publicitaria para prevenir conductas machistas y contiene más de 250 medidas articuladas, con una asignación presupuestaria de 1.539 millones de euros para los próximos tres años.

• Se trata del primer texto "integrador" en España en el campo de los malos tratos y convierte a España en un país de vanguardia en lo que a esta lucha se refiere.

• Gracias a las actuaciones recogidas en la Estrategia, la protección de la mujer sale fortalecida, al tiempo que se estrecha el cerco sobre el maltratador con la ampliación de la libertad vigilada y la tipificación como delitos del acoso, hostigamiento o manipulación de brazaletes electrónicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres 2013-2016, un documento sin precedentes que recoge alrededor de 260 medidas destinadas a combatir los malos tratos. Estructurado en varios ejes de actuación, el texto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se propone para los próximos tres años apuntalar actuaciones en los campos de la prevención, la detección de malos tratos, la sensibilización, la atención personalizada, la coordinación administrativa e institucional y la asistencia a los


grupos más vulnerables, en especial los menores y las mujeres inmigrantes, mayores, con discapacidad o residentes en núcleos rurales. La asignación presupuestaria supera los 1.530 millones de euros, de los que 1.200 proceden de los ministerios implicados y el resto de las Comunidades Autónomas.

La Estrategia contra la violencia de género coloca a España en la vanguardia de esta lucha, no sólo en la Unión Europea, sino en todo el mundo, pues, entre otros fines, se plantea la configuración de un registro de información que, partiendo de lo ya existente, se enriquecerá con nuevos parámetros, sobre todo en el ámbito de las mujeres heridas o lesionadas por malos tratos. La pretensión de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es abarcar a todas las mujeres agredidas a través de un proceso escalonado y progresivo, ya que hasta la fecha no se ha hecho nada en este campo.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda que en lo que va de año son ya 29 las mujeres asesinadas y 28 los menores huérfanos (precisamente una nueva estadística creada esta Legislatura). Según ha afirmado en multitud de ocasiones la ministra, el Gobierno "no descansará mientras haya una sola muerte por violencia de género y mientras una sola mujer sea maltratada".

La lucha contra la violencia de género es "una prioridad de prioridades" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y así, cada una de las actuaciones al respecto se han guiado por dos principios: el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, y la lucha contra la desigualdad, ya que aquí radica el origen de la violencia que sufren las mujeres.

La Estrategia Nacional compila todas las medidas hechas y todas las que el Ministerio quiere llevar a cabo, y dentro de un marco de consenso, toda vez que el texto ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas, los Entes Locales, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de mujeres.

Los ejes de dicha Estrategia son:

Prevención y educación

La denuncia es la llave que permite a la Administración, con todos sus recursos operativos, entrar en una situación de malos tratos. La eficacia en la lucha contra la violencia de género se consigue mediante la ruptura del silencio que viven muchas mujeres, temerosas de denunciar la situación por la posible represalia de su pareja o expareja, o por la incertidumbre con sus hijos. De acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno, el 72 por 100 de las mujeres que denuncian, salen al final de la espiral de la violencia de género.

Para animar a la denuncia, bien de la propia víctima, bien de su entorno, hay que incentivar el conocimiento, la información y la sensibilización. El Gobierno ha puesto en marcha la plataforma "Hay Salida" y recientemente estrenó una aplicación de telefonía móvil dirigida a prevenir y detectar casos de maltrato de los que quizá la mujer no es consciente. También se desarrollará una versión en Internet del teléfono 016, en la que se podrán realizar consultas y comunicar denuncias y obtener, en respuesta, una atención personalizada.

La colaboración de los medios de comunicación resulta esencial y, por ello, el Ministerio promoverá códigos de autorregulación publicitaria con líneas de prevención de conductas machistas.

Lo mismo puede aducirse del personal sanitario, cuya implicación es fundamental. Que un médico o profesional de la sanidad detecte temprano que una mujer está siendo maltratada resultará clave para ayudar a esa mujer. Por ello, habrá materias específicas sobre la violencia a la mujer en el contenido formativo troncal de las especialidades médicas.

Asistencia personalizada

Informar a la víctima de manera cercana se erige en una prioridad. Una de las tareas que se ha marcado el Ministerio consiste en informar a las mujeres de su derecho a una asistencia jurídica gratuita desde el mismo momento en que decide interponer una denuncia. La asistencia continuará durante todo el proceso, y siempre sin pagar tasa alguna.

Gracias a la Plataforma "Hay Salida", se ha consolidado la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género en dos direcciones: para sensibilización y para inserción laboral, consciente como es el Ministerio de que la


independencia económica es factor indispensable para que una mujer deje atrás los malos tratos. Hasta la fecha, en el marco de la Red 463 mujeres han podido acceder a un puesto de trabajo.

Asimismo, se extenderá la libertad vigilada hasta un máximo de cinco años, se fortalecerá el seguimiento de los reclusos condenados por violencia de género cuando dispongan de algún permiso penitenciario y se tipificará como delito la manipulación de los brazaletes electrónicos.

Atención a grupos vulnerables

Un 70 por 100 de las mujeres que sufren malos tratos tiene hijos menores a su cargo. Para proteger también a los menores de esta lacra, el Gobierno cambiará la Ley Integral para incluirlos como víctimas de la violencia de género, algo que no se había acometido nunca. Las asistencias social y psicológica a los menores será, por tanto, una prioridad en la Estrategia, tal y como consta, además, en el Plan de Infancia ya aprobado.

Asimismo, el uso del 016 será accesible para las mujeres con discapacidad, se repartirán las campañas y el material didáctico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género entre las asociaciones de mujeres inmigrantes (el 30 por 100 de las víctimas mortales de este año) y se dará formación especializada al personal sanitario de los núcleos rurales, lo que ayudará a las mujeres que residen en estas zonas.

Para atajar conductas machistas entre la población joven, pues son origen en muchas ocasiones de situaciones de violencia de género, se ha creado la aplicación de telefonía móvil, "Libres", y se impartirán nociones al cuerpo docente sobre cómo detectar posibles casos de chicas maltratadas. La educación es fundamental.

Otras formas de violencia de género

El nuevo Código Penal considerará delito los matrimonios forzados, algo que consta en la Estrategia, así como el hostigamiento o acoso a la mujer. Pero además, por primera vez en España, se desarrollará un protocolo sanitario específico contra la mutilación genital femenina.

Coordinación institucional

La coordinación entre administraciones e instituciones cristalizará, entre otros instrumentos, en la Red Nacional de Casas de Acogida, cuyo funcionamiento estará regido por la atención personalizada. Así, un protocolo de derivación tendrá en cuenta las circunstancias de la mujer para decidir un destino u otro, y sobre todo, permitirá que los casos más graves se resuelvan en un máximo de 24 horas.

Información y visibilidad

La lucha contra la violencia de género cuenta con un elenco estadístico muy amplio que el Gobierno, no obstante, quiere seguir aumentando. Cuanta más información exista, mayor visibilidad se le otorgará a esta lacra y, en consecuencia, mayor sensibilización se generará en la sociedad. La lucha contra la violencia de género es una lucha de todos los ciudadanos.

Por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se efectuarán encuestas periódicas y se irán añadiendo nuevos parámetros. Ya incluidas las estadísticas sobre los menores huérfanos y los menores asesinados, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se propone profundizar en un campo que nunca antes se ha abordado: el de las mujeres heridas. El objetivo consiste en abarcar a todas mediante un proceso de recopilación paulatina de la información, y así, paso a paso, se irán añadiendo nuevos indicadores. Desde que comenzó a registrarse estadísticamente la violencia de género, nunca nadie computó a las mujeres heridas por malos tratos.

También se promoverán estudios sobre el ciberacoso, la exposición de los menores a la violencia de género o la creación de una base de datos de buenas prácticas sanitarias.



FIRMA DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Consejo de Ministros ha aprobado la firma "ad referéndum" del Convenio de Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

El Convenio, del 11 de mayo de 2011, se hizo, con el propósito de condenar toda forma de violencia contra la mujer y de violencia doméstica, partiendo de otros textos legales como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos o el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual. También se tuvo en cuenta el conjunto de recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europea sobre Protección de Mujeres, así como la amplia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Se reconocía que la violencia contra las mujeres es uno de los caminos sociales cruciales por los que se mantiene a la mujer en una posición de subordinación respecto al hombre y que le violencia doméstica afecta a las mujeres de forma desproporcionada, aunque también los hombres pueden ser víctimas de ella. Igualmente se reconocía la necesidad de proteger de este tipo de violencia a los niños, que podían ser víctimas incluso como testigos de determinados actos dentro de la familia.

Contenido

El texto aspira a proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, promoviendo la cooperación internacional para ello. Los países firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia.

Además, se dedicarán recursos financieros y humanos a la correcta aplicación de políticas dirigidas a prevenir y combatir toda forma de violencia incluida en el ámbito de aplicación del Convenio y, entre otras medidas se esforzaran en recoger los datos estadísticos que sea útiles para ello.

También, se tomarán medidas para promover los cambios que sean necesarios en los modos de comportamiento socio-culturales, incluyendo acciones en el sistema educativo y en el de formación de los profesionales pertinentes. Se establecen las pautas sobre prevención en sus ámbitos de sensibilización, educación, formación y programas preventivos, así como sobre participación de los medios de comunicación.

Los Estados velarán por que se dé cooperación eficaz en la lucha contra la violencia por parte de todas las Agencias Estatales. Informarán de los servicios de apoyo a la población y facilitarán asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas. La prestación de estos servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra autores de los delitos.

Tipificación de delitos

Se proporcionará a las víctimas recursos adecuados contra el autor del delito. El Estado deberá conceder indemnizaciones adecuadas a quienes hayan sufrido graves daños contra su integridad física, en la medida que el perjuicio no esté cubierto por otras fuentes o, principalmente, por el autor del delito.

Se establece que deberán tipificarse como delito, prevenirse y castigarse acciones como el acoso (de todo tipo), la violencia física o sexual, las mutilaciones genitales femeninas, la esterilización o el aborto forzoso o el matrimonio forzoso. También habrá medidas de índole penal que deberán tomar los Estados, como el establecimiento de circunstancias agravantes.

Los países firmantes adoptarán medidas para que la investigación y los procedimientos judiciales relativos a las formas de violencia incluidas en el Convenio se lleven a cabo sin demoras injustificadas y sin perjuicio del derecho de la víctima a todas las fases del proceso penal. Se establecen en este apartado medidas que deberán adaptarse para caso de especial urgencia o riesgo, o para proteger a las víctimas y los testigos durante los procedimientos judiciales.


En cuanto a migración y asilo, las víctimas cuyo estatuto de residente dependa del de su pareja se les ha de garantizar un permiso de residencia autónomo. Además, habrá procedimientos de acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de asilo.


REQUISITOS PARA EL CONVENIO ESPECIAL DE PRESTACIÓN SANITARIA PARA QUIENES NO SEAN ASEGURADOS NI BENEFICIARIOS

• Los convenios podrán ser suscritos por españoles o extranjeros que no reúnan esa condición de asegurado ni beneficiario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por la que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. Se completa, así, el paquete normativo iniciado con el Real Decreto que regula la condición de asegurado, aprobado en agosto de 2012, y que hace efectiva la universalidad de la asistencia sanitaria pública para todos los españoles.

Los convenios podrán ser suscritos por españoles o extranjeros que no reúnan la condición de asegurado ni beneficiario. En concreto, estarán dirigidos a los siguientes colectivos:

• Españoles que no trabajen y que, sin embargo, tengan ingresos superiores a los cien mil euros al año (rentistas).

• Europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español.

• Nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.

El convenio especial dará acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios por el período de tiempo determinado en el mismo. La contraprestación económica a abonar será de 60 euros mensuales hasta los 65 años y de 157 euros mensuales para los mayores de esa edad.

El Real Decreto, además, establece el sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el Sistema Nacional de Salud, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.


ACTUALIZADA LA REGULACIÓN DE LA FARMACOVIGILANCIA DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

• El objetivo es incrementar las garantías de seguridad en el uso de medicamentos.

• Se refuerza la vigilancia de los nuevos medicamentos y de aquellos en los que se identifique un potencial problema de seguridad. Estos medicamentos llevarán un distintivo y estarán en un listado público.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano. Con él, se adapta a la legislación española una Directiva comunitaria de 2010. Su objetivo es incrementar las garantías de seguridad a los ciudadanos en la utilización de medicamentos, incrementando la cooperación entre países de la Unión Europea en la evaluación de riesgos de los fármacos.

Entre las novedades de la legislación que introduce la nueva normativa europea y que hace propias este Real Decreto destacan las siguientes:


Cooperación europea

• Se refuerza la toma de decisiones sobre la seguridad de los medicamentos con la creación de un nuevo comité europeo, el Comité Europeo para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) en el que participa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

• Se armoniza la toma de decisiones tras la evaluación de los riesgos asociados a los medicamentos para, así, llevar a cabo de una manera simultánea las decisiones en todos los Estados miembros.

• La Comisión Europea auditará las actividades de farmacovigilancia cada dos años, con el fin de garantizar que se cumplan las funciones establecidas. Ello incluye, tanto las funciones en esta materia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como de las Comunidades Autónomas.

Comunicación de los riesgos de los medicamentos

• La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hará públicas sus decisiones en materia de Farmacovigilancia y su motivación. Se refuerzan, así, la transparencia y la comunicación sobre la seguridad de los medicamentos, lo que incrementará la confianza de los ciudadanos y los profesionales sanitarios.

• Se refuerza la vigilancia de los nuevos medicamentos y de aquellos en los que se identifique un potencial problema de seguridad que requiera estudios adicionales o medidas especiales encomendadas a prevenir determinados riesgos. Estos medicamentos bajo seguimiento adicional tendrán un distintivo (▼) en la ficha técnica y en el prospecto para que, tanto el profesional sanitario, como el ciudadano, prioricen la notificación de sospechas de reacciones adversas. Esta lista de medicamentos será pública.

Participación ciudadana

• Los ciudadanos podrán notificar sospechas de reacciones adversas a medicamentos. En España. Los profesionales sanitarios también pueden notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano a través de esta página web.

Farmacovigilancia proactiva

• Se establecen criterios claros acerca de las obligaciones y funciones de las partes responsables implicadas.

• Se refuerzan las obligaciones para la industria encaminadas a identificar potenciales problemas de seguridad de forma proactiva, lo cual se reflejará en un plan de gestión de riesgos que pasará a formar parte de la autorización de comercialización.

• Se incorporan dentro de las actividades de farmacovigilancia aquellas destinadas a evaluar el impacto de las medidas que se adoptan para minimizar los riesgos de los medicamentos.

• Se recoge la posibilidad de imponer a los laboratorios obligaciones para la realización de estudios posautorización sobre la seguridad o eficacia en la práctica médica habitual de los medicamentos.

• Se establece un nuevo procedimiento más ágil para la evaluación de los problemas de seguridad con mayor impacto en la salud pública.



LAS CONVOCATORIAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA INCLUIRÁN UNA RESERVA DE PLAZAS DE, AL MENOS, EL 7 POR 100 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Facilitará la aplicación de la reserva de plazas para acceder a la formación especializada para médicos (MIR), enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, químicos y radiofísicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que establecen medidas de acción positiva para personas con discapacidad que participen en las pruebas de acceso a formación sanitaria especializada. Se trata de las pruebas MIR para médicos y sus equivalentes para enfermeros, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, químicos y radiofísicos. En todas las convocatorias para las pruebas de acceso a esta formación, a partir de la correspondiente al curso 2013-2014 se establecerá una reserva de plazas de, al menos, el 7 por 100 para personas con discapacidad.

Esta reserva de plazas ya se incluyó en la convocatoria anterior, por primera vez, en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con el nuevo Real Decreto se establece que sea permanente y, además, se regula el acceso a las plazas de las personas con discapacidad.

La nueva norma establece las medidas técnicas que facilitarán la aplicación de la reserva del 7 por 100 y el acceso a las plazas para las personas con discapacidad que superen el examen y acrediten que su discapacidad es compatible con el desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta. Estas son algunas de las principales novedades:

• En las solicitudes de participación en las pruebas se hará constar expresamente si se participa por el turno de personas con discapacidad.

• Los servicios de prevención de riesgos laborales, antes de concluir el examen médico que acredite la compatibilidad de las condiciones físicas del adjudicatario con las funciones a desempeñar, podrá solicitar un informe de los órganos competentes en materia de valoración de la discapacidad en la Comunidad Autónoma que corresponda.

• Una vez tomada posesión de la plaza y superado el examen médico, se prevé la posibilidad de que los itinerarios formativos de las personas con discapacidad se adapten a sus especiales condiciones físicas o sensoriales. Se trata de adecuar, en la medida de lo posible, tanto las instalaciones del centro docente, como las características de los escenarios de rotación.

• Se prevé la posibilidad de que, si una persona con discapacidad es valorada como no apta para el desarrollo de la especialidad elegida en el examen médico, solicite el cambio de especialidad en un plazo máximo de seis meses, aun cuando haya sido rescindido su contrato de trabajo por dicha circunstancia.

Sanidad y Servicios Sociales

GRANDES CRUCES DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL PARA CÁRITAS, LA ONCE, MERCEDES DE LA MERCED Y CONCHA GARCÍA CAMPOY

El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro Reales Decretos por el que se conceden otras Grandes Cruces de la Orden Civil de la Solidaridad Social de 2012 a Cáritas Española, la ONCE y, a título póstumo a la política Mercedes de la Merced y a la periodista Concepción García Campoy, recientemente fallecidas.

La Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, cuya concesión propone el Ministerio, está considerada como el reconocimiento más importante de España al trabajo desinteresado a favor del desarrollo, profundización y consolidación de los derechos sociales. Estas distinciones se conceden en las categorías de Gran Cruz, Cruz de Oro y Cruz de Plata, pero sólo la primera se otorga por Real Decreto del Consejo de Ministros. Este año se ha decidido que se otorguen cuatro grandes cruces, dos a entidades del Tercer Sector de Acción Social de prestigio y otras dos a personalidades relevantes de la vida social.


Cáritas

A Cáritas Española (Confederación Oficial de las Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica en España) se le reconoce la labor de apoyo y promoción social a personas y grupos en situación de exclusión social y su dilatada labor de lucha contra la pobreza. Con sus programas de desarrollo social da respuesta a las demandas de alimentación, vivienda, acceso al empleo, a la salud y a la educación de las personas que más lo necesitan. Además, su red de voluntariado permite realizar tareas de acogida y asistencia a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

La ONCE

La ONCE, de cuya creación este año se cumple el 75º aniversario, recibe el reconocimiento por haber contribuido, en su larga trayectoria, a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual, y a su plena integración social. Su labor solidaria también se refleja en el impulso de su Fundación ONCE, que cumple su 25º Aniversario.

Mercedes de la Merced

A Mercedes de la Merced Monge, ex teniente de alcalde de Madrid y ex presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, fallecida el pasado 5 de mayo, se le reconoce por su trabajo hacia los más desfavorecidos, que impulsó desde el Ayuntamiento de la capital. También su defensa de las libertades, los derechos y los intereses de las mujeres en todos los ámbitos, el fomento de su participación en la vida pública y su defensa de las víctimas de la violencia de género.

Concha García Campoy

A Concepción García Campoy, reconocida profesional del periodismo fallecida el pasado 10 de julio, se le reconoce su defensa de las causas sociales y los derechos humanos, que impulsó con su trabajo en la ONG Mensajeros de la Paz; también su compromiso con los valores de igualdad de oportunidades y su contribución a fomentar una sociedad más participativa, justa y solidaria.


AUTORIZADAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a formalizar préstamos a largo plazo y a emitir deuda pública a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, correspondientes al segundo tramo del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2013, fijado inicialmente en un déficit del 0,7 por 100 del PIB regional, de acuerdo con la propuesta formulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de objetivos de déficit y deuda para el ejercicio 2013 de cada una de las Comunidades Autónomas, que fue informada favorablemente por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio de 2012.

Estas operaciones podrán ser atendidas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en caso de las cinco Comunidades Autónomas que ya están adheridas a este instrumento de liquidez para las Administraciones Públicas:

Comunidad Autónoma de Andalucía

Se le autoriza a formalizar emisiones de deuda pública u operaciones de crédito por un importe máximo de 514,15 millones de euros.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Puede formalizar bonos u obligaciones por el importe pendiente de formalizar, hasta un máximo de 80,32 millones de euros.


Comunidad Autónoma de Cataluña

Se le autoriza a formalizar préstamos en el interior y el exterior, así como emisiones de bonos y obligaciones, hasta un importe máximo de 701,00 millones de euros.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Puede formalizar préstamos a largo plazo y emitir pagarés, obligaciones y bonos hasta un importe máximo de 97,50 millones de euros.

Asimismo, se autoriza a la Comunidad Autónoma una nueva prórroga, hasta el 30 de septiembre de 2013, de la autorización contenida en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2012, que fue asimismo prorrogada hasta el 30 de junio de 2013 por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2013, por el importe pendiente de formalizar hasta un máximo de 113 millones de euros.

Comunitat Valenciana

Se le autoriza a emitir deuda pública hasta un importe máximo 356,78 millones de euros.

Para las dos Comunidades Autónomas no adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica, éstas son las características de la autorización:

Comunidad Autónoma de Aragón

Se le autoriza a emitir deuda pública y formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro hasta un importe máximo de 171,80 millones de euros.

Comunidad Autónoma de Extremadura

Se le autoriza a emitir deuda pública y formalizar préstamos a largo plazo en monedas distintas del euro hasta un importe máximo de 61,21 millones de euros.


TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA SOBRE EL ENDEUDAMIENTO DEL TESORO PÚBLICO EN 2012

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Memoria anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2012, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

En esta memoria anual se refleja la política de financiación del Estado en el año 2012 y se indican el volumen de emisión bruta efectiva realizada y su distribución por monedas e instrumentos, las amortizaciones de Deuda del Estado y la financiación neta efectiva. Se dedica especial atención a las novedades en la política de financiación del año 2012 y a otras novedades en la gestión financiera del Tesoro Público.


APROBADOS EL BALANCE Y CUENTAS DEL BANCO DE ESPAÑA DURANTE 2012

El Consejo de Ministros ha aprobado el balance y cuentas del ejercicio 2012 del Banco de España, y ha dispuesto la aplicación de los beneficios pendientes de distribución.

Los beneficios del ejercicio 2012 e imputables al Tesoro Público correspondientes al mencionado ejercicio ascienden a 3.845.232.474,87 euros.


De acuerdo con el Real Decreto de 12 de diciembre de 2008 sobre el régimen de ingreso en el Tesoro Público de los beneficios del Banco de España, éste ha efectuado ya dos ingresos a cuenta de los citados beneficios de la siguiente cuantía:

• Ingreso de 1.732.538.611,09 euros el día 3 diciembre de 2012, correspondiente al 70 por 100 de los beneficios generados hasta el 30 de septiembre de 2012, una vez se dedujeron 1.226.063.599,80 euros en aplicación de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 1.1.a) del Real Decreto de 12 de diciembre de 2008.

• Ingreso de 1.728.170.616,29 euros el día 1 de marzo de 2013, correspondiente al 90 por 100 de los beneficios provisionales generados a 31 de diciembre de 2012, descontado el ingreso mencionado anteriormente.

El resto de beneficio imputable al Tesoro Público, que asciende a 384.523.247,49 euros, deberá ser ingresado por el Banco de España en el Tesoro Público con aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado.


TRASPASO DE DOS INMUEBLES A CANARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos para el traspaso de dos inmuebles a la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como fue acordado el pasado 18 de junio en la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias. Los edificios traspasados son los siguientes:

• Balneario José Miguel Delgado Rizo, en Sta. Cruz de Tenerife. Con la ampliación de un Real Decreto del 21 de diciembre de 1983, ahora se traspasa la segunda de las dos fincas registrales que lo conforman, y que había solicitado el Gobierno canario.

• Centro de Cooperación Juvenil San Miguel, en la Laguna. Mediante la ampliación de otro Real Decreto del 25 de enero de 1984, se traspasa un inmueble ubicado en la Avenida de la Trinidad, 57, en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.


REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS ÚLTIMAS INUNDACIONES EN CINCO CUENCAS HIDROGRÁFICAS

• Esta nueva inversión de 12,8 millones de euros se suma a los veintiséis millones autorizados anteriormente para ejecutar distintas obras de emergencia

• De esta nueva partida se beneficiarán las cuencas del Guadiana, Tajo, Ebro, Segura y Cantábrico.

El Consejo de Ministros ha autorizado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destinar 12,85 millones de euros para paliar los daños provocados por las intensas lluvias de los pasados meses de marzo y abril en cinco cuencas hidrográficas

Esta cantidad se suma a los 24,5 millones de euros ya autorizados por el Gobierno el pasado 28 de junio para llevar a cabo diversas obras de emergencia en las nueve cuencas hidrográficas, así como a los 1,5 millones aprobados el pasado 19 de julio, destinados a la cuenca del Júcar y a la del Miño-Sil, con el objetivo de paliar los efectos de estas inundaciones.

Las actuaciones irán destinadas a reparar los múltiples daños causados por las inundaciones en el dominio público hidráulico (desbordamientos de canales, inundaciones de áreas agrícolas, daños en infraestructuras de zonas regables y en presas, entre otras), la restauración de los cauces y la mejora de la capacidad de desagüe de los ríos.

Por cuencas hidrográficas, se invertirán 3,5 millones de euros en la del Guadiana; 2,6 millones, en la del Tajo; 2,4 millones, en la cuenca del Ebro; 1,6 millones, en la del Segura y 2,6 millones, en la cuenca del Cantábrico (Principado de Asturias y Cantabria).


Cuenca del Guadiana

En la cuenca del Guadiana con esta nueva partida se ejecutarán las obras de mejora de las presas de la zona oriental y occidental de la zona regable de Orellana (56.000 hectáreas); de la zona regable del centro de Extremadura (13.000 hectáreas); de la de Zújar (21.000 hectáreas) y de la de Montijo (25.000 hectáreas).

También en esta cuenca está prevista la reparación de daños en plantaciones y masa forestal, la limpieza de arrastres, tapones y viales, las reparaciones de los daños sufridos en el sistema automático de información hidrológica, así como distintas actuaciones para la consolidación de cauces y para minimizar el riesgo de avenidas en la red hidrográfica de las ocho provincias cuyo territorio se enmarca en la cuenca.

Cuenca del Tajo

En el ámbito de la demarcación del Tajo se van a ejecutar una serie de actuaciones destinadas a reparar los daños sufridos por el canal, las acequias y las infraestructuras en la Real Acequia del Jarama en las provincias de Madrid y Toledo, así como en las infraestructuras de la zona regable de Valdecañas (Cáceres).

Igualmente, se repararán los desperfectos sufridos en las compuertas del desagüe de fondo de la presa de Navamuño (Salamanca) y los daños provocados en los sistemas de abastecimiento de los núcleos urbanos de la provincia de Cáceres. Además, se reforzarán los sistemas de alimentación eléctrica de la presa de Navalmoral y otras instalaciones, en Cáceres.

Cuenca del Ebro

En la cuenca del Ebro destacan los trabajos destinados a la limpieza y aperturas localizadas de la sección de desagüe en el eje medio del río Ebro (Comunidades Autónomas de La Rioja, Foral de Navarra y Aragón), consistentes en la retirada de sedimentos de las orillas y/o acreciones de la margen, según los casos.

Además, se incluyen otras actuaciones para la reparación de daños y desperfectos en las motas de defensa en el Eje Medio del Ebro y sus afluentes (Comunidades Autónomas de La Rioja, Foral de Navarra y Aragón) consistentes en cierre de aperturas y rasanteo de coronación, según los casos.

Cuenca del Segura

En la cuenca del Segura las obras irán destinadas al acondicionamiento de las infraestructuras que resultaron dañadas en la presa de Fuensanta (Albacete), en concreto la red de galerías, el aliviadero y del túnel de desagüe de fondo.

Además, se acometerán un segundo grupo de actuaciones destinadas a recuperar la capacidad hidráulica del río Segura en La Vega Alta (Murcia)

Cuenca del Cantábrico

Por último, en la cuenca del Cantábrico las actuaciones aprobadas corresponden, preferentemente, a conseguir que los ríos recuperen su capacidad de desagüe y su papel como laminador de avenidas en épocas de fuertes lluvias.

En concreto, se llevarán a cabo diversas actuaciones de dragado de cauces y retirada de acarreos que en Asturias afectarán a la cuenca del Nalón, del Aller, del Caudal, del Narcea, del Deva-Cares, de los ríos costeros y de la cuenca del Sella y Piloña. Unas actuaciones que en Cantabria mejorarán la capacidad de desagüe de los cauces en el curso medio de los río Saja, Pas, Besaya y los de la cuenca oriental.

Además, se repararán las infraestructuras que resultaron dañadas por las riadas en ambas Comunidades Autónomas y se reforzarán las defensas afectadas por las lluvias



REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS PARA LUCHAR CONTRA LA EVASIÓN FISCAL

• Se basa en el modelo acordado conjuntamente entre España, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos.

• El objetivo es lograr un sistema multilateral de intercambio de información tributaria que potencie la lucha contra el fraude fiscal.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del acuerdo entre España y Estados Unidos para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras). Además, se solicita su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

En 2010 el Gobierno de Estados Unidos impulsó mediante dicha ley un conjunto de normas por las que se obliga a las entidades financieras de todo el mundo a informar sobre cuentas en el extranjero de personas y entidades de ese país. España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia fijaron un posición común negociadora con Estados Unidos y, a mediados de 2012 se alcanzó un modelo de acuerdo intergubernamental, que ha sido la base para los acuerdos bilaterales de los cincos países con Estados Unidos.

La Firma del acuerdo fue autorizada por el Consejo de Ministros el 12 de abril de 2013 y su firma se produjo el pasado 14 de mayo entre el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el embajador de Estados Unidos en España.

En cumplimiento de este Acuerdo las entidades financieras de España y Estados Unidos deberán comunicar a sus autoridades fiscales información referente a contribuyentes del otro país firmante y, seguidamente, la información se intercambiará entre las autoridades fiscales, de forma automática.

Extensión por toda la Unión Europea

Tanto España, como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia desean que el modelo acordado con Estados Unidos se extienda de forma multilateral a la mayor parte de países, con el fin de potenciar la lucha contra el fraude tributario y los paraísos fiscales. Por ello, el pasado 9 de abril los ministros de Hacienda de los cinco países, incluido el ministro de Hacienda español, enviaron una carta al comisario europeo de Fiscalidad, Aduanas, Lucha contra el Fraude y Auditoría en la que le anunciaron la decisión de trabajar conjuntamente en un instrumento piloto para el intercambio multilateral de información tributaria entre estos cinco países, inspirado por el modelo FATCA, e invitaran a los demás países miembros de la Unión Europea.

Este proyecto piloto ya cuenta con el apoyo de otros doce países de la Unión Europea, así como de Noruega y México. La puesta en marcha de tal iniciativa permitirá que Europa y Estados Unidos encabecen la promoción de un sistema global de intercambio automático de información.


REMISIÓN A LAS CORTES DEL PROTOCOLO CON INDIA SOBRE DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENCIÓN DE EVASIÓN FISCAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, ambos firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993. El Consejo de Ministros autorizó el 7 de septiembre de 2012 la firma del Protocolo.

El texto modifica el artículo de intercambio de información y lo actualiza a los estándares de la OCDE, de manera que incluye la posibilidad de solicitar información bancaria. Permitirá un amplio intercambio de información de trascendencia tributaria.


El protocolo introduce también un artículo para la asistencia en la recaudación de créditos tributarios. Incluye, asimismo, un artículo de limitación de beneficios mediante el que se introducen cláusulas para impedir el uso abusivo del convenio. Se trata de luchar contra la evasión fiscal y la opacidad en los flujos internacionales de capitales.

Justicia

TRASLADO A ESPAÑA DESDE TÁNGER DEL PRESO ANTONIO GARCÍA VIDRIEL

El Consejo de Ministros ha autorizado continuar el traslado a España del preso Antonio García Vidriel, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de seis años de prisión por un delito de tráfico de estupefacientes en un centro penitenciario de Tánger. García Vidriel, de 58 años, tiene problemas de salud y tanto él como su familia han recurrido al Ministerio de Justicia y a diversas instituciones para solicitar que se produjera su traslado con la mayor celeridad.

La solicitud de traslado de García Vidriel se recibió en el Ministerio de Justicia el pasado 12 de abril de 2013 y dos días después se envió a Marruecos la comunicación relativa al inicio del expediente de traslado, solicitando a las autoridades marroquíes el envío de la documentación necesaria para el trámite conforme al convenio bilateral. La respuesta de Marruecos llegó al Ministerio tras el viaje oficial del Rey Juan Carlos al país vecino, donde el Monarca se interesó por la situación que vive este preso español. El pasado 19 de julio las autoridades marroquíes enviaron toda la documentación y la autorización necesarias para poder llevar a cabo el traslado. Entre dicha documentación se encuentra la condena final impuesta, tras resolverse el oportuno recurso de casación, que se reduce a cuatro años de prisión, por lo que García Vidriel terminará de cumplir su condena el 13 de abril de 2016.

El 13 de abril de 2012 García Vidriel acompañaba a su hijo, conductor de un camión, en el puerto de Tánger con destino a Algeciras. Durante una inspección policial de Aduanas al cargamento se descubrieron varios paquetes de droga repartidos entre una carga de sandías. La cantidad de droga aprehendida ascendió a 8.940 kilos.

Justicia

REMISIÓN A LAS CORTES DE LA PRIMERA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST

El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento y remitir al Congreso y al Senado la primera memoria anual de actividades realizada por el miembro nacional de Eurojust, Francisco Jiménez Villarejo.

Eurojust es el órgano de la Unión Europea encargado de reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar, y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros o que deba perseguirse según criterios comunes. Cada Estado está representado por un miembro nacional. En España es nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia entre magistrados o fiscales con, al menos, diez años de servicio en la carrera y una acreditada experiencia en la jurisdicción penal.

La Ley de 2006 regula el Estatuto del miembro nacional de Eurojust establece que elevará un informe anual sobre las actividades que desarrolla y que podrá ser llamado por las Comisiones de Justicia e Interior del Congreso y del Senado para explicar sus conclusiones. La memoria que el Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes es la primera que realiza el miembro nacional de Eurojust.


MODIFICADAS LAS CANTIDADES A ABONAR AL ICO POR LOS PLANES RENOVE Y FUTUR E DE TURISMO

El Consejo de Ministros ha acordado la modificación de las cantidades anuales que deberán ser abonadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por los planes Renove y Futur E de Turismo 2009.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se comprometió a pagar al ICO las cantidades bonificadas por un período que iba más allá de cuatro años, por lo que el Consejo de Ministros aprobó unas sendas de devolución estimadas.


El acuerdo suscrito hoy modifica esos acuerdos y actualiza la previsión de los importes que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debe abonar al ICO, adaptándose a los nuevos techos de gasto plurianuales aprobados por el Gobierno el pasado mes de mayo.

BIOGRAFÍAS Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra.-D. VICTORIO REDONDO BALDRICH.

Nacido el 8 de julio de 1960, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1991 en la Carrera Diplomática.

Después de ocupar diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, estuvo destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Rusia y ante la Unión Europea. Fue vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y actualmente era vocal asesor en el Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europeo.

Embajador en Misión Especial-Director de la Unidad de Emergencia Consular.-D. RAMIRO FERNÁNDEZ BACHILLER.

Nacido el 26 de abril de 1962 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1989 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Rumania, Corea del Sur y Portugal. Ha sido jefe de áreas de Viajes y Visitas Oficiales, y subdirector general de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Órdenes. Fue embajador de España en la República Gabonesa y embajador en Misión Especial para la Presidencia de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Actualmente era vocal asesor en la Unidad de Emergencia Consular.

consejo de ministros · acuerdo por el que se modifican los importes y anualidades previstos en el...

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