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AMPARO EN REVISIÓN 812/2018 QUEJOSO Y RECURRENTE: NATALIO RICARDO DÁVILA MOREIRA.
PONENTE: MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ SECRETARIA AUXILIAR: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ
Colaboró: Jeraldyn Gonsen Flores
Vo.Bo.
MINISTRO:
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos
mil diecinueve.
COTEJADO:
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de
Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Natalio Ricardo Dávila
Moreira, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión
contra las autoridades responsables y los actos reclamados que a
continuación se precisan:
Autoridades responsables:
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A. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
B. Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
C. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila
de Zaragoza.
Actos reclamados a las autoridades responsables:
A. Del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Coahuila de Zaragoza: el cumplimiento del acuerdo C-
337/2015, a través del cual se le concedió la pensión por
retiro voluntario en su calidad de magistrado numerario del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
En dicho acuerdo se determinó que la pensión sería con las
remuneraciones constitucionales a que se refiere el artículo
Décimo del acuerdo C-36/2005-C del Consejo de la
Judicatura, que establece el Régimen para el Otorgamiento
de la Remuneración Constitucional de los Magistrados y
Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
B. De la Oficialía Mayor del Poder Judicial y la Secretaría de
Finanzas, ambas del Estado de Coahuila: el pago de las
sumas de dinero no pagadas desde el día en que el Consejo
de la Judicatura del Estado emitió el acuerdo C-110/2017, en
el que otorga a los magistrados en activo la cifra de **********
por apoyo por exceso de carga de trabajo; y, de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado, el pago de dicha
cantidad en el futuro y de todas las que le dejen de liquidar
hasta la resolución definitiva.
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SEGUNDO. Admisión. De dicha demanda conoció inicialmente
el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza,
con residencia en Saltillo, quien determino declinar su competencia al
Juzgado Segundo de Distrito en dicha entidad por conocimiento
previo. Dicho órgano jurisdiccional, mediante auto de treinta de agosto
de dos mil diecisiete, aceptó la competencia y se avocó al trámite de
la demanda de amparo, la registró con el número 1143/2017, señaló
fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y
solicitó informe justificado a las autoridades responsables.
TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional y
sentencia. El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el Juez de
Distrito celebró la audiencia constitucional, en la que emitió la
sentencia recurrida, que terminó de engrosar el veintiséis de febrero
de dos mil dieciocho, con los resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1143/2017
promovido por Natalio Ricardo Dávila Moreira, respecto del acto
y autoridad precisados en el considerando tercero de esta
sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en ese
mismo apartado.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a
Natalio Ricardo Dávila Moreira, en contra de los actos y
autoridades identificados en el considerando segundo, por los
razonamientos asentados en el apartado sexto de esta
sentencia.”
CUARTO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme
con la anterior resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión.
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Correspondió conocer del recurso al Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Por auto de veinte de marzo de dos mil
dieciocho, el Presidente del Tribunal lo radicó y admitió a trámite como
amparo en revisión 257/2018.
Por proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dicho
tribunal colegiado remitió el asunto al Cuarto Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, quien lo registró con
el número de expediente auxiliar 391/2018 y en sesión de diecisiete de
agosto de dos mil dieciocho lo resolvió de la siguiente forma:
“PRIMERO. En la materia competencia de este Tribunal
Colegiado Auxiliar, se modifica la sentencia recurrida respecto
del sobreseimiento decretado en contra de los actos atribuidos al
Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en términos del considerando quinto de esta
ejecutoria.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 1143/2017,
promovido por Natalio Ricardo Dávila Moreira, respecto del acto
reclamado al Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de
Zaragoza, con residencia en Saltillo, en términos del
considerando cuarto de esta ejecutoria.
TERCERO. Se declara la incompetencia legal de este órgano
colegiado para conocer del recurso de revisión interpuesto por
Natalio Ricardo Dávila Moreira, en contra de la sentencia de
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, terminada de engrosar
el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio
de amparo indirecto 1143/2017 por el titular del Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con
residencia en Saltillo.
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CUARTO. Remítanse los autos del presente recurso a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para lo que tenga a bien
determinar en relación con el examen de constitucionalidad
subsistente en el presente asunto.”
Los agravios que fueron hechos valer en tal escrito serán
desarrollados más adelante en la presente sentencia, a efecto de dar
respuesta a los argumentos formulados en contra de la sentencia
recurrida.
QUINTO. Radicación en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. En acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho,
el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que este Tribunal reasumía su competencia originaria para
conocer del recurso de revisión, y lo registró con el número de amparo
en revisión 812/2018. Además turnó el asunto al Ministro Eduardo
Medina Mora I., así como a la Sala de su adscripción.
SEXTO. Radicación en Sala. Mediante acuerdo de siete de
noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el asunto en la Sala y
ordenó remitir los autos con el Ministro Ponente.
SÉPTIMO. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia
relativo a este asunto, se publicó en términos de los artículos 73,
párrafo segundo, y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así
como del Acuerdo General Plenario 7/2016.
C O N S I D E R A N D O:
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PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer
el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los
artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de
Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, en relación con lo previsto en el punto tercero del
Acuerdo General Plenario 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la
Federación de trece de mayo de dos mil trece, porque fue interpuesto
en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional en la
que subsiste el problema de constitucionalidad respecto de la
interpretación directa del artículo 127, fracción I, de la Constitución
Política de los estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Ambos requisitos
procesales fueron analizados por el Tribunal Colegiado de Circuito
remitente, según se advierte en los considerandos segundo y tercero
de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.
TERCERO. Sobreseimiento. No es materia de este recurso de
revisión, el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, respecto
de la autoridad responsable Secretario de Finanzas, toda vez que de
conformidad con lo establecido en el punto Cuarto, fracción I, inciso
A), del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil
trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación1, dicha resolución corresponde conocer a los Tribunales
Colegiados.
1 “CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con
las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: - - -I. Los recursos de revisión en contra de
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Por otra parte, debe quedar firme la consideración decretada por
el Tribunal Colegiado respecto de la modificación de la sentencia que
se revisa, al dejar de considerar inexistente el acto impugnado al
Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado, debido a que la parte a
quien le perjudica no se inconformó respecto a dicha determinación.
CUARTO. Causas de improcedencia. Esta Segunda Sala no
advierte que se actualice causa de improcedencia diversa a las
analizadas por el Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado, de ahí que
proceda a estudiar los agravios hechos valer por el quejoso en el
recurso de revisión.
QUINTO. Elementos necesarios para la resolución del presente
asunto.
I. Antecedentes.
Natalio Ricardo Dávila Moreira señaló que el 21 de diciembre de
2005, le fue otorgado el nombramiento de magistrado numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila para el periodo
comprendido del 30 de diciembre de 2005 al 29 de diciembre de 2011
(6 años).
Por decreto 310 publicado el 22 de junio de 2007, en el Periódico
oficial del Estado, se reformó y adicionó el artículo 135 de la sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: - - -A) No
obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia. - - -Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación;…"
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Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el
cual se amplió a 15 años el periodo en funciones de los magistrados
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Mediante acuerdo C-337/20015 de 8 de diciembre de 2015, el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, determinó
otorgarle al actor la pensión por retiro voluntario al haber reunido los
requisitos a que se refiere el artículo Décimo del acuerdo C-36/2005-C
emitido el 15 de abril de 2005, por el cual se establece el “Régimen
para el otorgamiento de la remuneración constitucional de los
Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza”.
El quejoso señaló que el 11 de agosto de 2017, conoció que a
partir de la segunda quincena de mayo de ese mismo año, se otorgó a
los magistrados en activo, mediante acuerdo C-110/2017 emitido por
el Consejo de la Judicatura de ese estado, un aumento en su
remuneración mensual por la cantidad de ********** como apoyo neto
por exceso de carga de trabajo, sin que dicho aumento se viera
reflejado en su remuneración como magistrado pensionado, de
conformidad con lo que establecen el acuerdo C-36/2005-C y el
artículo 153, segundo párrafo, de la Constitución Local del Estado.
Con motivo de lo anterior, el 25 de agosto de 2017 el actor
presentó demanda de amparo en la cual reclamó el pago de las sumas
de dinero que se le han dejado de pagar desde el día en que se emitió
el acuerdo C-110/2017 referido, mediante el cual el Consejo de la
Judicatura acordó otorgarles a los magistrados en activo la cantidad
de ********** por “apoyo neto por exceso de carga de trabajo”.
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De dicha demanda de amparo conoció inicialmente el Juzgado
Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, quien
declinó su competencia para conocer del asunto y remitió los autos al
Juzgado Segundo de Distrito, de ese mismo estado quien aceptó la
competencia y se avocó a conocer del asunto.
En audiencia de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dicho
órgano jurisdiccional emitió sentencia terminada de engrosar el
veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante la cual resolvió,
por una parte, sobreseer el juicio respecto de los acto reclamado al
Oficial Mayor del Poder Judicial y al Secretario de Finanzas, ambos
del Estado de Coahuila de Zaragoza, y por otra parte, determinó negar
el amparo solicitado.
II. Consideraciones de la sentencia. Entre las principales
razonamientos que sostuvo el juzgador se encuentran las siguientes:
Que el acuerdo C-110/2017, de veintiséis de abril de dos
mil diecisiete, mediante el cual se determinó otorgar un apoyo neto por
exceso de cargas de trabajo a partir de la segunda quincena de mayo
de dos mil diecisiete, no trasgrede el principio de igualdad.
Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha determinado que un primer criterio para analizar el principio
de igualdad, consiste en elegir el término de comparación apropiado,
que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de
vista y, con base en este, establecer si se encuentra o no en una
situación de igualdad.
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Que el principio de igualdad puede ser estudiado a partir
de dos subconceptos del mismo: el principio de igualdad ante la ley y
el principio de igualdad en la ley.
Que al realizar un análisis del término de comparación
adecuado a través de la teoría de los derechos adquiridos, la cual
sostiene que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta
derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no se viola
la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el primer párrafo
del artículo 14 de la Constitución Federal.
Que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o
destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la
vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el
patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado y no cuando se aplica
a meras expectativas de derecho.
Que el apoyo fue otorgado por las cargas de trabajo de la
entidad y debido al número de juzgadores que existen, empero, dadas
las limitaciones presupuestales del Estado de Coahuila de Zaragoza,
se propuso otorgar el citado apoyo económico en los términos del
artículo 127 fracción I de la Constitución.
Que dicho apoyo no forma parte de la retribución
constitucional, sino que es con motivo de las excesivas cargas de
trabajo y el cual quedaría sujeto a las variaciones estadísticas.
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Que no se dispuso que dicho apoyo fuera pagado a los
magistrados que se encuentren en situación de pensión por retiro
voluntario, por lo que no implica que se viole el derecho de igualdad.
Que la fracción I, del artículo 127, constitucional, indica que
el concepto de remuneración de los servidores públicos, es toda
percepción en efectivo o en especie, que incluye sueldo, aguinaldos,
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones,
compensaciones y cualquier otra, sin incluir los apoyos y los gastos
sujetos a comprobación.
Que el artículo 116 constitucional, indica que el salario
nominal representa la contraprestación directa por el ejercicio activo
de los cargos de Magistrados y Jueces y, por ende, no deben ser
considerados para el cálculo de la pensión jubilatoria los apoyos
sujetos a comprobación.
Que contrario a lo que aduce el quejoso, el contenido del
acuerdo se encuentra limitado por lo dispuesto en el artículo 127
fracción I de la Constitución, pues el apoyo autorizado en el acuerdo
C-110/2017 fue otorgado por la comprobación estadística de las
cargas de trabajo.
Que de acuerdo a su naturaleza de apoyo, no forma parte
de la remuneración ni genera un derecho en lo futuro, siendo que su
monto quedará sujeto a las variaciones estadísticas y a aquéllas que
mediante las visitas ordinarias se observen en las cargas de trabajo de
los órganos jurisdiccionales, quedando sujeta a la disponibilidad
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presupuestal y dispersión de recursos, por lo que podría variarse la
fecha de su depósito.
Que es infundado el dicho del quejoso al referir que se
incumple lo dispuesto en el artículo 153, de la Constitución del Estado
de Coahuila, pues dispone que los juzgadores recibirán como
remuneración en la pensión el pago de las prestaciones que percibían
cuando estaban en activo, lo cual debe entenderse en el sentido de
que lo referente a los apoyos no están comprendidos, por lo que no
procede el pago de la prestación de “apoyo por exceso de carga de
trabajo” pues no está dentro del parámetro de remuneraciones.
Que otorgar el apoyo se encuentra condicionado a las
variaciones estadísticas y aquellas que mediante las visitas ordinarias
se observen en las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales
por lo que no es una obligación.
Que para que una prestación se tome como integrante de
la remuneración y forme parte de la pensión por retiro voluntario de un
magistrado, se debe percibir de forma ordinaria y no eventual, lo que
no podría el Poder Judicial asegurar, por lo que no le es aplicable a las
cantidades entregadas a los magistrados en activo por concepto de
apoyo, por lo que no pueden considerarse como parte de la
remuneración constitucional de los magistrados, toda vez que el pago
en cuestión dependerá de condiciones que no siempre podrán
repetirse.
Que no se está violando la garantía de pensión decorosa
por retiro voluntario del quejoso, pues no ha creado, modificado, ni
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restringido los derechos de pensión que fueron previamente
reconocidos mediante Acuerdo C-036/2005-C, pues cubre la
remuneración constitucional que comprende la percepción neta
mensual que reciben los magistrados en activo por prima vacacional,
aguinaldo, entre otras, de conformidad con el artículo 153 de la
Constitución local, sin vulnerar los principios de igualdad y no
discriminación, pues no existe ninguna determinación que señale
cualquier exclusión de beneficios y/o retribuciones que el quejoso
deba percibir como magistrado pensionado por retiro voluntario.
III. Recurso de Revisión. En contra de dicha determinación el
quejoso interpuso recurso de revisión el cual tocó conocer al Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito quien
por proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho remitió para su
auxilio al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de
la Décima Región, quien en sentencia de 17 de agosto de 2018,
resolvió: 1) modificar la sentencia respecto del sobreseimiento
decretado en contra de los actos reclamados al Oficial Mayor del
Poder Judicial del Estado de Coahuila; 2) sobreseer respecto del acto
reclamado al Secretario de Finanzas del Estado; 3) declararse
incompetente para conocer del recurso de revisión; y 4) dejar a salvo
la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al subsistir
el análisis de la interpretación directa del artículo 127, fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Agravios. El recurrente expuso los siguientes agravios:
Primero. Le causa agravio la resolución recurrida debido a que
el juzgador indebidamente consideró que el apoyo neto por exceso de
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carga de trabajo, al tener la naturaleza de apoyo no formaba parte de
la remuneración, además de que su monto quedó sujeto a variaciones
estadísticas y a visitas ordinarias quedando sujeto a disponibilidad
presupuestal y dispersión de recursos, esto es, consideró que es un
pago extraordinario, variable y eventual, por lo que impide que se
pueda cubrir como parte de su pensión.
Sin embargo, que ello es incorrecto debido a que consideró que el
acuerdo C-110/2017, coincide con el contenido del acta de la sesión
celebrada el 26 de abril de 2017, lo cual no es acertado debido a que
del acuerdo sólo se advierte que los consejeros emitieron su voto
para otorgar el citado apoyo, sin que de ese razonamiento se
desprendan las consideraciones que estimó el juez para desestimar su
procedencia, dado que los comentarios realizados por la magistrada
presidenta no fueron incorporados en dicho acuerdo y, por lo tanto, no
constituyeron parte para su aprobación.
Que las aseveraciones realizadas por el juzgador son contrarias a
lo que disponen los artículos 45 y 46 del Reporte sobre la
Independencia Judicial de la Comisión de Viena de 2010, en la cual se
establece que la remuneración de los jueces debe estar garantizada y
debe corresponder a la dignidad de la profesión y la carga de
responsabilidades, la cual se debe hacer extensiva a las pensiones de
retiro. Que la remuneración debe estar basada en un estándar general
y un criterio objetivo y transparente y no en apreciaciones individuales
del rendimiento de un juez, por lo que los beneficios que incluyan un
beneficio discrecional deben ser excluidos.
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Asimismo, señala que no se especifica en qué medida estarán
sujetos esos apoyos a la disponibilidad presupuestal, ni tampoco que
debe entenderse por dispersión de recursos ni los criterios objetivos
por los cuales podría variarse la fecha de su depósito. Además, que se
observa que éste se otorga en cantidades iguales para los
magistrados, sin hacer distinción de la carga de trabajo de cada uno
de ellos, por lo que se puede considerar que la cantidad que se otorga
es fija y no extraordinaria, ni eventual.
Que discrecionalmente de las remuneraciones al denominarlas
“apoyos”, contraviene lo dispuesto en los artículos 116, fracción III,
último párrafo y 127, fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que el juzgador hace una indebida interpretación del
artículo 127, fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lo que transgrede los numerales 73, párrafo
primero, 74 y 75 de la Ley de Amparo debido a que sostiene que el
“apoyo neto por exceso de carga de trabajo”, se excluye de la
remuneración de los servidores públicos debido a que se encuentra en
los supuestos de excepción que se refiere la parte final de la fracción I
del artículo 127, sin considerar que dicho numeral señala que sólo
están excluidos de las remuneraciones los apoyos sujetos a
comprobación. Y que los que no lo están, quedan comprendidos
dentro de la definición “cualquier otra” a que se hace referencia dentro
de las remuneraciones.
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Ello, ya que al señalarse como excepción “los apoyos y los gastos
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo”,
esto es, al existir la conjunción gramatical “y” en su definición, hace
referencia a la exclusión sólo de aquellos apoyos sujetos a
comprobación.
De ahí que si el apoyo otorgado no tiene que comprobarse, éste
se debe considerar dentro de las remuneraciones identificadas como
“cualquier otra” que perciben los magistrados en activo.
SEXTO. Estudio de fondo. En atención al contenido de la
sentencia impugnada y en función de los conceptos de agravios, es
necesario, en primer término analizar los alcances que mantiene el
contenido del principio de remuneración, asignación presupuestaria y
de no disminución, contenidos en el artículo 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al efecto conviene citar lo que dispone el artículo 127, fracciones
I y IV, de la citada legislación.
“Art. 127.- Los servidores públicos de la Federación, de las
entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de
su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser
proporcional a sus responsabilidades.
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Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en
los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes
bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos,
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos,
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades
oficiales.”
[…]
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado."
Al respecto, esta Segunda Sala al resolver el amparo directo en
revisión 2689/2014, en lo que interesa, sostuvo que del contenido del
artículo 127, fracción I Constitucional, se advierte que el Poder
Constituyente estableció el derecho de los servidores públicos a recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por la función, empleo,
cargo o comisión, que desempeñen en la Federación, en los Estados,
en el Distrito Federal, en los Municipios, en las dependencias,
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos
públicos, instituciones y organismos autónomos, o cualquier otro ente
público; asimismo se prevé que esa remuneración deberá ser
proporcional a las responsabilidades del servidor público, que serán
fijados en los presupuestos respectivos y que su cuantía no pueda ser
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disminuida durante la vigencia de éstos, lo que estará sujeto a lo
dispuesto en el artículo 127 de la misma Constitución.
De igual manera, se dijo que dicha norma prevé los principios de
remuneración, de asignación presupuestaria y de no disminución, que
en todo momento debe respetarse a favor de los servidores públicos
citados. Por lo que esos principios constituyen un derecho para los
servidores públicos en activo, no así para aquellos que han sido
dados de baja para obtener una pensión jubilatoria.
Lo anterior, ya que el derecho a obtener una pensión jubilatoria,
se encuentra condicionado a que el trabajador, servidor público, sea
dado de baja del servicio activo, momento a partir del cual, en lugar de
recibir salario o remuneración por sus servicios, percibirá el monto de
una pensión jubilatoria, acorde a las reglas previstas en la legislación
citada; cuya naturaleza es distinta.2
Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la
controversia constitucional 81/2010, en lo que interesa, determinó que
los conceptos comprendidos en la norma constitucional por el término
“remuneración”, se distinguen expresamente de otros conceptos entre
los que se encuentra el haber de retiro, que están claramente
diferenciados del significado de la remuneración.
2 Amparo directo en revisión 2689/2014. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los ministros
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio a. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos.
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De igual manera, se dijo que el haber de retiro de los Magistrados
no forma parte de su remuneración; ya que es un concepto diferente y
específico que debe estar expresamente previsto en una norma
materialmente legislativa para que su otorgamiento sea
constitucionalmente válido.3
De lo anterior, se advierte que el concepto “remuneración” a que
hace referencia el artículo 127, fracción I, distingue expresamente
dicho concepto de otros entre los que se encuentra el haber de retiro,
que están claramente diferenciados del significado de la
remuneración.
Ello, pues dicho concepto hace alusión a aquellas
remuneraciones de los servidores públicos en activo que perciben
con motivo de su trabajo, la cual se integra con toda percepción en
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones,
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones,
compensaciones y cualquier otra, excluyendo de ésta a los apoyos y
los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
Mientras que en relación al haber de retiro, éste encuentra su
fundamento en lo que dispone el artículo 123, apartado B, fracción XI,
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que prevé la jubilación como una de las bases mínimas que se deben
3 Controversia constitucional 81/2010. Poder Judicial del Estado de Zacatecas. 6 de diciembre de 2011.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo Orellana Moyao.
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observar en materia de seguridad social para los trabajadores al
servicio del Estado. Sin embargo, dicha disposición no precisa los
presupuestos de acceso al derecho a la seguridad social, en relación
con la obtención de una pensión jubilatoria ni la forma de calcular el
monto de la misma, con lo que se deja al legislador ordinario la
regulación de tales aspectos, a los cuales se debe acudir a efecto de
determinar lo relativo a dicha prestación.
De ahí que no pueda considerarse que el haber de retiro de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debe
calcularse conforme a los conceptos que integran la “remuneración” a
que hace referencia la fracción I del artículo 127 constitucional, dado
que como ya se ha sostenido por este Alto Tribunal, dicho concepto no
puede ser considerado para la percepción de las pensiones que se
otorguen dada la diferencia en la naturaleza de las prestaciones que
dicho concepto ampara, pues éste únicamente resulta aplicable para
los trabajadores en activo, mientras que para determinar la percepción
a que tienen derecho los jubilados se debe atender precisamente a la
forma, montos y términos que se establezcan en las disposiciones
normativas que expresamente los tengan previstos.
Por lo que no le asiste la razón al quejoso, pues aun cuando el
juzgador realizó una interpretación del artículo 127, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en
ello, determinó que el “apoyo por exceso de cargas de trabajo” no se
encontraba dentro de las remuneraciones a que tienen derecho los
servidores públicos, dado que se encontraban dentro de los casos de
excepción que prevé dicho numeral, se tiene que de conformidad con
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lo sostenido por esta Suprema Corte, las “remuneraciones” a que hace
referencia dicha disposición, no le resultan aplicables al tratarse de un
trabajador en retiro y no a un servidor público en activo y, por lo tanto,
no pueda situarse dentro del concepto aludido para determinar la
procedencia de dicho concepto en el pago de su pensión por retiro.
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, resulta necesario
analizar si el concepto de apoyo por carga excesiva de trabajo debe
formar parte o no de las percepciones que integran la pensión de retiro
como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Coahuila, de conformidad con la normativa que regula dicha
prestación para los citados servidores públicos, así como con el
acuerdo C-337/2015, mediante el cual se le otorgó la pensión
complementaria por retiro voluntario.
En ese sentido, cabe señalar que la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza, establece en su artículo 144 que la
Ley Orgánica del Poder Judicial, la regulación del estatuto jurídico de
los Magistrados y Jueces de carrera y del personal de servicio de la
administración de justicia, así como las condiciones para su ingreso,
formación, permanencia, ascenso y retiro.
Asimismo, el artículo 153, párrafo segundo, de dicha legislación
señala la forma en que se les debe cubrir la remuneración a los
magistrados y jueces que disfruten de una pensión, jubilación, retiro
obligatorio e incapacidad declarada. De manera textual cita lo
siguiente:
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“Artículo 153.- Los Magistrados y Jueces recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser
disminuida durante su encargo.
Esta remuneración les será cubierta en los términos que
establezcan las leyes, con todas las prestaciones y en igual
cantidad como si estuviesen en activo, en los casos de
pensión, jubilación, retiro obligatorio e incapacidad declarada. En
caso de defunción, de ella disfrutarán sus beneficiarios.”
Por su parte, la Ley de Pensiones Complementarias para
Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza, establece en sus artículos tercero y cuarto transitorios lo
siguiente:
“ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos de esta Ley los
Magistrados o Jueces designados conforme a los periodos
establecidos en la legislación aplicable hasta antes de la
publicación de la misma, serán considerados Magistrados o
Jueces en ejercicio constitucional.
Las pensiones de los Magistrados y Jueces en ejercicio
constitucional se integrarán por la pensión que otorga el
Instituto de Pensiones del Estado y por la pensión
complementaria que regula la presente ley, mismas que
sumadas corresponderán al cien por ciento del ingreso mensual
neto.
ARTÍCULO CUARTO.- Los Magistrados o Jueces en ejercicio
constitucional recibirán una pensión complementaria por
jubilación o retiro de conformidad a las bases del Acuerdo C-
36/2005 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, relativo al “Régimen para el
otorgamiento de la remuneración constitucional de los
Magistrados y Jueces del Poder Judicial” publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 31 de Mayo de 2005; incluso
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aquellos magistrados que, sin importar la edad, hubiesen
concluido su periodo constitucional de 15 años. Tomando en
consideración lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
tercero transitorio.
Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su
artículo 62, fracción I, faculta expresamente al Consejo de la
Judicatura del Estado para implementar, entre otros, el sistema de
retiro de los servidores públicos judiciales. Estableciendo lo siguiente:
“ARTICULO 62.- Las condiciones para el ingreso, formación, permanencia, ascenso y retiro del personal de servicio de la administración de justicia se sujetará a las bases siguientes:
I.- El Consejo de la Judicatura vigilará e implementará los sistemas de selección, ingreso, formación, ascenso y retiro del servicio de la judicatura;”
En ese contexto, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Coahuila, de conformidad con las facultades
concedidas emitió el acuerdo C-36/2005-C, en el cual se estableció el
“Régimen para el otorgamiento de la Remuneración Constitucional de
Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza”, cuyo artículo Décimo, establece lo siguiente:
“Artículo Décimo. – INTEGRACION DE LA REMUNERACIÓN CONSTITUCIONAL.- En casos de jubilación pensión, retiro, incapacidad o fallecimiento, la remuneración a que tienen derecho los Magistrados y Jueces, comprenderá la percepción neta mensual que reciban por prima vacacional, aguinaldo, seguro de gastos médicos, y seguro de vida. La remuneración se continuará entregando en los mismos montos y plazos que reciban quienes se encuentren en activo.
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Para los efectos del presente artículo, la percepción neta mensual se integrará con las cantidades correspondientes a sueldo, incentivo, cantidad adicional y cualquier otra que nominalmente perciban Magistrados y Jueces en activo.
De las disposiciones citadas es posible advertir que la prestación
de jubilación por retiro voluntario de los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Coahuila, se encuentra regulada
tanto en la Constitución Local como en la Ley de Pensiones
Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del
Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los diversos acuerdos
emitidos por el Consejo de la Judicatura, de conformidad con las
facultades concedidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho
Estado.
En ese sentido, el artículo 153 de la Constitución local, refiere que
la retribución a la que tienen derecho los Magistrados y Jueces en los
casos de pensión, jubilación, retiro obligatorio e incapacidad
declarada, se cubrirá en los términos que establezcan las leyes, con
todas las prestaciones y en igual cantidad como si estuviesen en
activo.
Asimismo, la Ley de Pensiones Complementarias citada,
establece en sus artículos transitorios que las pensiones de los
magistrados y jueces en ejercicio constitucional, - aquellos designados
antes de la publicación de dicha legislación- se integrara por la
pensión que otorga el Instituto de Pensiones del Estado y por la
pensión complementaria que regula dicha ley, las cuales sumadas
corresponderán al cien por ciento de su ingreso mensual neto.
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De igual manera, dispone que la pensión complementaria se
otorgará de conformidad a las bases señaladas en el “Régimen para el
otorgamiento de la remuneración constitucional de los Magistrados y
Jueces del Poder Judicial”, emitido mediante el acuerdo C-36/2005
citado.
En dicho acuerdo, en específico en su artículo décimo, se
establece que la remuneración a la que tienen derecho los
magistrados y jueces en retiro, comprenderá la percepción neta
mensual que reciban por prima vacacional, aguinaldo, seguro de
gastos médicos, y seguro de vida; misma que se continuará
entregando en los mismos montos y plazos que reciban quienes
se encuentren en activo. Asimismo, establece que la percepción
neta mensual a que se hace referencia, se integrará con las
cantidades correspondientes a sueldo, incentivo, cantidad adicional
y cualquier otra que nominalmente perciban Magistrados y Jueces
en activo.
Ahora bien, a fin de determinar cuál es la percepción que reciben
nominalmente los magistrados en activo y que por lo tanto, se aplicaría
a los que se encuentren en retiro, resulta conveniente citar lo que
dispone el acuerdo C-187-B/2015 emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, en sesión de diez de agosto de dos mil quince,
por medio del cual se emitió el tabulador salarial, así como el Manual
que regula las percepciones de los servidores públicos del Poder
Judicial del Estado de Coahuila.
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En éste se acordó, entre otras acciones, la creación de cuatro
tabuladores salariales que comprenderían los diferentes cargos de los
servidores públicos que integran Poder Judicial del Estado
(magistrados, jueces, secretarios de sala, de tribunales
especializados, de tribunales distritales, juzgados de primera instancia,
letrados, actuarios, notificadores, cargos administrativos y del instituto
estatal de la defensoría pública).
Asimismo, se determinó que a fin de mejorar las condiciones
salariales de dichos servidores públicos, se establecían beneficios
adicionales, con el objetivo de estimular el desempeño de las
obligaciones y atribuciones a su cargo, las cuales se indicó, también
debían incluirse dentro de los tabuladores salariales.
En ese contexto, por lo que respecta a los servidores públicos con
el cargo de magistrados, se indicó que el salario tabular se integraría
con: 1) percepciones ordinarias (sueldo base, cantidad adicional,
incentivos y despensa); y 2) beneficios adicionales inherentes a su
cargo, consistentes en apoyo de gastos de representación y pago de
riesgos.
De igual manera, en dicho acuerdo se estableció que dentro de
los importes señalados, no se considerarían las cantidades adicionales
que se otorgaran casuísticamente, de conformidad con lo que
disponen la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los
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reglamentos y los acuerdos generales que emanen del Consejo de la
Judicatura.
De lo anterior, se evidencia que si bien el artículo 153 de la
Constitución del Estado de Coahuila, regula la percepción a que tienen
derecho los magistrados en retiro y establece que será en los
términos que establezcan las leyes, con todas las prestaciones y en
igual cantidad como si estuviesen en activo, de conformidad con lo
que disponen las normatividades que la regulan, en específico, la Ley
de Pensiones Complementarias y el Régimen para el Otorgamiento de
la Remuneración Constitucional de los Magistrados y Jueces del
Poder Judicial, emitido mediante el acuerdo C-36/2005, se tiene que
ésta debe corresponder precisamente a los conceptos que son
pagados a dichos servidores públicos en activo (como percepción neta
mensual), en términos de lo que dispone el tabulador salarial que
regula las remuneraciones de dichos trabajadores.
De ahí que si el tabulador y en el Manual de percepciones de los
servidores públicos (en activo), emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado de Coahuila, estipulan los conceptos que nominalmente
perciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia como
retribución por su cargo, esto es, como percepción neta mensual, la
cual se integra por la percepción ordinaria (sueldo base, cantidad
adicional, incentivos y despensa), así como por el pago de beneficios
adicionales inherentes a la función que desempeñan, (apoyo de
gastos de representación y pago de riesgos), resulta claro que, en
términos de lo que disponen el segundo párrafo del artículo 153
Constitucional del Estado de Coahuila, la Ley de Pensiones
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Complementarias, así como el artículo décimo del Régimen para el
Otorgamiento de la Remuneración Constitucional de los Magistrados y
Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza
-acuerdo C-36/2005-C-, sólo dichos conceptos pueden ser
considerados para la cuantificación de la pensión de los magistrados
en retiro, dado que éstos son los únicos elementos reconocidos
nominalmente para aquéllos servidores públicos en activo que
desempeñan dicho cargo y que, por lo tanto, pueden hacerse
extensivos a las pensiones referidas.
Consecuentemente, no le asiste la razón al quejoso al reclamar el
debido cumplimiento del acuerdo C-337/2015 a través del cual se le
otorgó su pensión complementaria por retiro voluntario, así como el
pago de las diferencias surgidas con motivo del apoyo por exceso de
cargas de trabajo otorgado a los magistrados en activo, dado que la
integración de dicha pensión atiende precisamente al contenido de las
legislaciones locales que regulan dicha prestación, mismas que, según
se advierte del propio acuerdo reclamado, constituyeron el fundamento
legal para su procedencia.
Asimismo, resultan infundados sus argumentos en relación a que
el juzgador indebidamente consideró el contenido del acuerdo, al
estimar que es un pago extraordinario, variable y eventual, dado que
dichas manifestaciones fueron emitidas unilateralmente por la
presidenta del tribunal y, por tanto, no formaron parte del acuerdo
aprobado por los firmantes.
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Ya que, contrario a lo que señala el quejoso, el acuerdo de
referencia no se emitió de manera aislada sino que éste se aprobó por
los consejeros precisamente a partir de las consideraciones realizadas
por la magistrada presidenta, las cuales sirvieron de fundamento para
votar de manera unánime el otorgamiento de dicho apoyo a los
servidores públicos en activo a partir de la segunda quincena del mes
de mayo de 2017. Ello, pues no es posible considerar que la emisión
del acuerdo sea independiente y ajena a los motivos de hecho
expuestos para su procedencia, máxime que la aprobación de dicho
acuerdo se encuentra dentro del mismo documento en el que se
exponen los motivos indicados para su otorgamiento.
De igual manera resultan infundados los argumentos relacionados
con el análisis que emitió el juzgador en relación al acuerdo C-
110/2005, pues dicho análisis se llevó a cabo precisamente a la luz del
contenido del artículo 127, fracción I de la Constitución Federal que,
como ya se dijo, no le resulta aplicable para determinar los conceptos
que deben integrar su pensión por retiro, pues para ello debe estarse a
lo expresamente dispuesto en las normatividades que regulan lo
relativo a las prestaciones a que tienen derecho los magistrados en
retiro.
Asimismo, cabe señalar que la determinación de la improcedencia
de la inclusión de dicho apoyo al monto de su pensión por retiro,
tampoco transgrede el contenido del artículo 116, fracción III, último
párrafo de la Constitución Federal, así como los numerales 45 y 46 de
la Comisión de Viena, en los cuales se establecen los principios de
remuneración adecuada e irrenunciable, irreductibilidad, así como a
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los de correspondencia a la dignidad de la profesión y la carga de
responsabilidades, los cuales se deben hacer extensivos a las
pensiones de retiro.
Lo anterior, ya que con dicho proceder no se atenta a dichos
principios pues, como ya se dijo, los principios de remuneración y de
no disminución constituyen un derecho para los servidores públicos en
activo mas no así para aquellos que tienen calidad de pensionados.
Máxime que el apoyo por exceso de trabajo, no formó parte de las
prestaciones integrantes de su pensión por retiro, y por lo tanto, al no
incluirse éste, no trae como consecuencia un cambio en las
condiciones en que le fue otorgada su pensión, la cual se le concedió
en base a lo dispuesto en el acuerdo C-36/2005 citado.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.
27/2012, cuyo rubro indica: “IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS
DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES. ESTE PRINCIPIO SE
CIRCUNSCRIBE A LOS RUBROS QUE FORMAN PARTE DEL
CONCEPTO "REMUNERACIONES" A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO
ES EXTENSIVO AL HABER DE RETIRO.”
Asimismo, tampoco se transgrede el principio de no
discrecionalidad, dado que las citadas normas precisan de manera
expresa cuáles son los conceptos que forman parte de las
remuneraciones de dichos servidores públicos en activo, mismos que
de conformidad con las disposiciones que lo regulan, deben ser
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tomados en cuenta para fijar el monto de la pensión de los
magistrados en retiro, esto es, acota su procedencia a los parámetros
preestablecidos en el propio precepto de la Constitución local y del
“Régimen para el otorgamiento de la remuneración constitucional de
magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza” emitido mediante acuerdo C-36/2005-C del Consejo de la
Judicatura.
De igual manera, no le asiste la razón al recurrente al señalar que
si no se especificó cómo debe entenderse la disponibilidad
presupuestal, la dispersión de recursos, los criterios objetivos por los
cuales podría variarse la fecha de su depósito, además de que se
otorga en cantidades iguales sin hacer distinción de la carga de
trabajo, tal prestación se puede considerar fija y no extraordinaria, ni
eventual.
Ello, pues como ya se dijo, el otorgamiento de dicho apoyo no
encuentra fundamento en lo que dispone la normativa estatal que
regula lo relativo a las pensiones de dichos servidores públicos en
retiro. De ahí que lo indicado no impacte en la consideración realizada,
pues aun cuando no se especifique la manera en que éstos van a
estar sujetos a su entrega y que ésta se realice sin hacer distinción de
la carga de trabajo, no resulta procedente su inclusión en las
cantidades que se le otorgan por concepto de pensión por retiro dado
que, como ya se dijo, estos no forman parte de las prestaciones que
nominalmente perciben los magistrados en activo en términos de las
disposiciones aplicables y, por lo tanto, tampoco pueden ser incluidas
como parte integrante de su pensión.
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Consecuentemente al haber resultado infundados los agravios
expuestos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida en los
términos expuestos en la presente ejecutoria, dejar firme el
sobreseimiento decretado y negar el amparo solicitado en contra de
los actos y autoridades, mencionados en el resultando primero de esta
sentencia.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia
recurrida en términos de lo expuesto en esta ejecutoria.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a
NATALIO RICARDO DÁVILA MOREIRA en contra de los actos y
autoridades mencionados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución,
devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad,
archívese el toca como asunto concluido.